Res. 01695-2022 Sala Constitucional — Access to file and response to qualified environmental complaintAcceso al expediente y respuesta a denuncia ambiental calificada

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Sala Constitucional

Resolución Nº 01695 - 2022

Fecha de la Resolución: 21 de Enero del 2022 a las 09:15

Expediente: 21-025565-0007-CO

Redactado por: Paul Rueda Leal

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 21-025565-0007-CO

Res. Nº 2022001695

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintiuno de enero de dos mil veintidos .

 Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-025565-0007-CO, interpuesto por MELIXANDER ARTURO ABARCA HIDALGO, cédula de identidad 0204190665, contra la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT.

Resultando:

 1.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 10:50 horas del 14 de diciembre de 2021, el recurrente interpone recurso de amparo. Expone que el 1° de setiembre de 2021 puso en conocimiento del alcalde y del Concejo Municipal de Curridabat “hechos en apariencia regulares por cuanto se aportó prueba de la Dirección de Aguas, Setena, INVU, donde se indica que no hay permisos para hacer labores en el cause (sic) y la agencia VOLKSWAGEN representada por PURDY MOTOR S.A; en el cantón construyó un puente privado donde circulan vehículo, generando con esto un posible daño ambiental, entre otras cosas”. Detalla que, el 22 de setiembre de 2021, el Concejo Municipal le envió un oficio al alcalde, en donde acordó que se investigaran los hechos. Añade que el 19 de octubre de 2021 le solicitó a la secretaria de la Alcaldía “el estado del proceso e indica que la respuesta sale el viernes sin mayor detalle y la respuesta nunca llegó”. Añade que el 9 de noviembre de 2021 planteó una gestión ante el alcalde recurrido, pero no ha obtenido respuesta alguna. Sostiene que los hechos que denunció son de su interés, debido a que afectan al ambiente. Alude que en su gestión le solicitó al alcalde lo siguiente: “De conformidad con todos los hechos expuestos y la prueba aportada, solicito a su autoridad en calidad de jerarca de esta institución pública, iniciar una investigación interna- en el DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO- y externa- respecto a las obras y una eventual invasión a una zona de protección. En igual sentido, se ponga en conocimiento a las entidades administrativas ambientales y jurisdiccionales del posible daño ambiental generado, para que se investigue los eventuales responsables. Tome nota esta autoridad que esto no es facultativo de su persona sino es su obligación y su omisión podría devengar en responsabilidad según el articulo (sic) 339 del Código Penal”. Solicita que se declare con lugar el recurso.

2.- Mediante resolución de las 13:21 horas del 15 de diciembre de 2021, la Presidencia de la Sala dio curso al amparo. Asimismo, se solicitó informe al alcalde de Curridabat.

3.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 17:47 horas del 7 de enero de 2022, rinde informe bajo juramento Jimmy Cruz Jiménez, en su condición de alcalde de Curridabat. Expone: “(…)  1. SOBRE LOS HECHOS QUE SE ALEGAN EN EL RECURSO DE AMPARO HECHO PRIMERO: Es cierto, con la precisión de que el trámite dado a la gestión presentada es por necesidad de verificación del ordenamiento jurídico por la envergadura de la obra a realizar. HECHO SEGUNDO: Es cierto. HECHO TERCERO: Se rechaza por ser manifestaciones subjetivas por parte del amparado sin prueba alguna que lo sustente. HECHO CUARTO: Se rechaza por ser acciones de un TERCERO que no forma parte del Recurso y ante otra Institución pública. HECHO QUINTO: Se rechaza por ser acciones de un TERCERO que no forma parte del Recurso y ante otra Institución pública. HECHO SEXTO: Se rechaza por ser acciones de un TERCERO que no forma parte del Recurso y ante otra Institución pública. HECHO SÉTIMO: Se rechaza por ser acciones de un TERCERO que no forma parte del Recurso y ante otra institución pública. HECHO OCTAVO: Es cierto. HECHO NOVENO: Se acepta en cuanto a la narración de hecho, pero no en cuanto a las manifestaciones subjetivas del amparado. 2. SOBRE EL FONDO En el fondo del caso que nos ocupa, el recurrente lo que pretende es una aplicación errónea del principio de igualdad, pues para situaciones diferentes aspira que se brinden tratos idénticos, recordemos: "situaciones desiguales requieren tratos desiguales". Adicionalmente, es importante señalar (tomando en cuenta el propio alegato del recurrente) que las obras en la agencia de la Volkswagen, son una zona diferente a aquella en donde se ubica la propiedad que originó su trámite inicial, siendo que por la diferencia de la zona apnea un plan regulador diferente al que le aplica al amparado según el lugar en donde está asentada el inmueble de su propiedad, lo que implica una serie de modificaciones y requerimientos diferentes en función del ordenamiento territorial establecido para las diferentes zonas del cantón de Curridabat. Alega el recurrente un supuesto abuso en su contra por parte de las autoridades municipales, sin embargo, no detalla cuál es el abuso que reclama llevado a cabo en su contra, y sólo se limita a alegar una serie de supuestas acciones y gestiones por (se reitera) un tercero ajeno del proceso que nos ocupa que se llevaron a cabo ante terceras instituciones que no tienen competencia en los trámites municipales. Además, cita el reiterado principio de coordinación que se le impone al ente municipal, sin embargo dicho principio NO es de aplicación para el caso que nos ocupa, pues en esta situación se relatan hechos y acciones meramente de competencia municipal, y en lo que se refiere a lo señalado en los hechos 8 y 9 del reclamo, lo cierto es que cada departamento interno de esta institución, tienen sus competencias asignadas y por principio de legalidad, NO pueden ser asumidas por otro departamento o funcionario, so pena de quedar viciado de nulidad. Por último, en lo que se podría señalar como un posible problema de falta de respuesta, la verdad es que en fecha 30 de noviembre del 2021, se emitió el documento MC-DDCU-500-11-2021 dirigido al amparado, brindándole Información y respuesta sobre lo concerniente a su propiedad, garantizando así el derecho de respuesta por parte del ciudadano. (…)”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

 I.- Sobre la excepción del artículo 41 de la Constitución Política. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una gestión en materia ambiental, la cual se acusa que no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta reclamada en este amparo.

II.- Objeto del recurso. El recurrente expone que el 1° de setiembre de 2021, puso en conocimiento del alcalde y del Concejo Municipal de Curridabat “hechos en apariencia regulares por cuanto se aportó prueba de la Dirección de Aguas, Setena, INVU, donde se indica que no hay permisos para hacer labores en el cause (sic) y la agencia VOLKSWAGEN representada por PURDY MOTOR S.A; en el cantón construyó un puente privado donde circulan vehículo, generando con esto un posible daño ambiental, entre otras cosas”; empero, tal denuncia no ha sido resuelta. Además, acusa que el 9 de noviembre de 2021 planteó una gestión ante el alcalde recurrido, pero no ha obtenido respuesta alguna.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

a)    En fecha indeterminada, el accionante planteó una denuncia ante la Municipalidad de Curridabat, en la que señaló:

“(…) PRIMERO: Desde el mes de octubre del año 2020 mi representada INVERSIONES ALF-KGM SOCIEDAD ANONIMA, está solicitando al DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO los permisos para hacer una remodelación de fachada con material liviano, cambio de instalación electrica (sic), de piso y de techo en la propiedad finca número matricula folio real 1-079496-000.

No es hasta julio del 2021, que luego de mil obstaculos (sic) y requsitos (sic) sin sentido nos otrogan (sic) los permisos; esto después de solicitarnos el alineamiento del río ante el INVU y el trámite respectivo ante CFIA, todo esto exigido por parte del señor JUAN CARLOS HIDALGO VÍQUEZ, encargado del DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO, es decir tuvimos que esperar 10 meses para poder hacer los arreglos, este departamento fue sumamente riguroso al punto que los inspectores llegaron en reiteradas ocasiones a revisar que todo se estuviese haciendo acorde con lo solicitado.

SEGUNDO: A inicios del mes de agosto del 2021 en la propiedad, finca matricula (sic) 1-437413-000, PLANO: SJ-0180550-1994 ubicada en San José, cantón de Curridabat, Distrito Curridabat, con ubicación frente al Cementerio Montesacro, nos percatamos que abrieron la agencia VOLKSWAGEN representada por PURDY MOTOR S.A; iniciando labores de remodelación en donde hicieron una sala de exhibición una sala de espera y remodelaron la fachada, cubiculos (sic) de oficinas, cambio de malla a la orilla del río, inclusive cambiaron laminas (sic) de los rótulos de la fachada, los cuales colindan con el río.

TERCERO: Los trabajos realizados en la propiedad vecina se tornaron aparentemente anómalas por cuanto nosotros tuvios (sic) que trámitar (sic) permisos durante diez meses y en la zona se han realizado dos obras importantes, una contrucción (sic) diagonal al local comercial EPA y la segunda una remodelación frente a Montesacro, ambas fueron constuidas (sic) a vista y paciendia (sic) a plena luz del día y las dos versan con relación a agencias de vehículos, inclusive el día que le realizaron la inspección a mi representada se encontraban laborando y no le hicieron inspeccón (sic) al vecino.

Ante esta situación notamos que la propiedad vecina cuenta con un puente vehícular (sic) que se aprecia desde la carretera y que atraviesa el río Pruses a la parte trasera de la finca. Dicha situación fue de conocimiento de la ASOCIACIÓN VICTIMAS DEL ESTADO y mediante derechos de petición se hizo las consultas a varias instituciones para conocer si los permisos de construcción y remodelación se habían gestionado por parte de la propiedad matricula 1-437413-000, PLANO: SJ-0180550-1994.

CUARTO: En fecha 10 de agosto del 2021 la ASOCIACIÓN VICTIMAS DEL ESTADO hizo consulta mediante Derecho de Petición al INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU), sobre el alineamiento que tuvo que realizar la propiedad para poder efectuar los trámites de remodelacón (sic).

Mediante el oficio consecutivo DU-UFIS-097-2021 notificado el 11 de agosto, firmado por la ING. ANA M. SANCHO MCQUIDDY, TOP. JUAN J. DELGADO CERVANTES AMBOS DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y MAG. JORGE MORA RAMÍREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO le contestaron a dicha asociación lo siguiente: (…)

Como se desprende de la respuesta de esta institución rectora en la materia de alineamiento del río, el último alineamiento efectuado en la propiedad fue otorgado en fecha 26 de agosto del 2014 y estos tienen un plazo de vigencia de un año, no se registran alineamientos recientes de parte de la propiedad en cuestión.

QUINTO: En fecha 10 de agosto del 2021 la ASOCIACIÓN VICTIMAS DEL ESTADO hizo consulta mediante Derecho de Petición al COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE COSTA RICA (CFIA), respecto a si dicha propiedad finca matricula (sic) 1-437413-000, PLANO: SJ-0180550-1994, había gestionado los permisos respectivos. Para lo cual la señora LAURA CRUZ nos responde el día 12 de agosto: (…)

Tal como se desprende de la respuesta del CFIA, la propiedad no cuenta con el trámite aprobado. (…) SEXTO: En fecha 10 de agosto del 2021 la ASOCIACIÓN VICTIMAS DEL ESTADO hizo consulta mediante Derecho de Petición a la SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA), sobre los permisos que efectúo la propiedad para poder construir un puente en el río Pruses a lo cual respondieron mediante oficio SETENA-DT-EDUCA-0268-2021 el día 12 de agosto del 2021, lo siguiente: (…)

SÉPTIMO: En fecha 10 de agosto del 2021 la ASOCIACIÓN VICTIMAS DEL ESTADO hizo consulta mediante Derecho de Petición a la DIRECCIÓN DE AGUAS sobre los permisos gestionados en la propiedad para realizar una obra en cause, específicamente un puente para que circulen vehículos dentro de su propiedad la cual atraviesa el río Pruses y mediante oficio DA-1311-2021 se les dío (sic) la siguiente repuesta: (…)

OCTAVO: En fecha 17 de agosto del 2021 el señor ANGEL ARIEL JIMENEZ ALFARO, mediante correo eléctronico (sic) comunicó al señor JUAN CARLOS HIDALGO VÍQUEZ, del Departamento de Desarrollo y Control Urbano de esta corporación municipal, así como a la Secretaria de la Alcaldía, sobre los hechos de remodelaciones que se estaban realizando en la propiedad finca matricula (sic) 1-437413-000, PLANO: SJ-0180550-1994, la cual colinda con el río Pruses, para que procedan con la investigación respectiva.

Ese mismo día el señor JUAN CARLOS remite el correo a un señor JULIO RAMOS y le indica que lo remite para lo que corresponde, sin hacer mayor acción u observación sobre el tema.

El día 18 de agosto de este año, se le solicitó por parte del señor JIMENEZ ALFARO al señor JULIO RAMOS, indicara en que estado se encontraba el caso. El mismo responde ese mismo día que mediante plataforma de servicios se asignó a inspección.

De parte de la Alcaldía la señora XINIA DURAN le consultó al señor JIMENEZ ALFARO si se estaban haciendo obras en el cause (sic) del río, a lo que él respondió que no es técnico en la materia y que por eso solo pone en conocimiento que estan (sic) haciendo labores de remodelación en el local.

La señora XINIA DURAN en correo del 23 de agosto del 2021, contesta al señor JIMENEZ ALFARO que es el señor JUAN CARLOS quién otorga esos permisos y que el (sic) fue copiado en el correo, sino con el departamento de inspecciones el señor JULIO RAMOS.

NOVENO: En fecha 26 de agosto del 2021 el señor JIMENEZ ALFARO vuelve a poner en conocimiento al señor Juan Carlos, Julio Ramos y Xinia Duran sobre la continuidad de las labores de remodelación en la propiedad, a lo cual el señor JULIO RAMOS responde el 27 de agosto: (…)

Los hechos anteriormente narrados, no solo son de aparente gravedad, por lo complacientes y desiguales de los funcionarios municipales con dicha propiedad, sino que llama también la atención que se permita la venta de vehículos en una propiedad cuyo plan regulador supuestamente lo prohibe (sic). Señore Alcalde, resulta improcedente como se han venido dado los hechos y el manejo desigual que se le dan a los administrados, en el presente caso no solo existe un aparente daño ambiental, de confrmidad (sic) con lo manifestado por SETENA, sino también existe una aparente omisión de parte del Departamento de Desarrollo y Control Urbano para ejercer la ficalización (sic) respectiva.

Es improcedente que el señor JUAN CARLOS no proceda de inmediato con la clausura de las obras y del local en cuestión máxime que tal como lo indica la señora XINIA DURAN, él es quién otorga los permisos de construcción y por ende el tiene conocimiento si fue otorgado el permiso o no.

Es de conocimiento de del Departamento de Desarrollo y Control Urbano el estado de la edificación en la zona por cuanto este es el que otorga los permisos de uso de suelo y de construcción, a la fecha la propiedad cuenta con varias actividades e incluso consta que el inspector JULIO RAMOS llegó hacer una visita, por lo cual tienen conocimiento de un puente, que según SETENA no tienen datos de que se hayan obtenido los permisos del mismo.

Esta situación como contribuyente y como ciudadano me preocupa por cuanto en el presente caso hay una omisión a un claro impacto ambiental y una estructura tan evidente como lo es un puente que de cemento para que vehículos atraviecen (sic) de un lado al otro de la propiedad, no puede pasar desapercibido, máxime si se encuentra a vista y paciendia (sic) de todos.  (…)

En el presente caso de conformidad con los Derechos de Petición efectuados

por una asociación que se dedica a defender los abusos e injustiacias (sic) de parte del Estado, queda demostrado que en la base de datos de el INVU, SETENA y CFIA, no existen datos con relación a estas obras y confirman que el responsable fiscalizador es el Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Curridabat.

Tal como se indica en la sentencia citada la Munipalidad (sic) tiene la obligación de coordinar con otras intituciones (sic) las acciones para resguardar la integridad de los habitantes del cantón y además se encuentran en la obligación de proteger el ambiente por imperativo del ordinal 50 de la Constitución Política. 

PETITORIA

De conformidad con todos los hechos expuestos y la prueba aportada, solicito a su autoridad en calidad de jerarca de esta institución pública, iniciar una investigación interna- en el DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO- y externa- respecto a las obras y una eventual invasión a una zona de protección.

En igual sentido, se ponga en conocimiento a las entidades administrativas ambientales y jurisdiccionales del posible daño ambiental generado, para que se investigue los eventuales responsables.

Tome nota esta autoridad que esto no es facultativo de su persona sino es su obligación y su omisión podría devengar en responsabilidad según el articulo (sic) 339 del Código Penal (…)”. (Ver prueba documental).

b)    La secretaria del Concejo Municipal de Curridabat, por oficio MC-CM 386-09-2021 del 22 de setiembre de 2021, dirigido al alcalde de Curridabat, señaló:

“(…)

19:23 ACUERDO Nro. 20. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACIÓN DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS N.o –CAJ 103-09-2021.- A las diecinueve horas con veintiún minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno y sometido a votación el dictamen presentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aprueba:

a) Trasladar la presente denuncia a la Alcaldía Municipal y solicitar respetuosamente se instauren las acciones investigativas correspondientes a los fines de atender lo denunciado.

b) Informar al denunciante en el correo señalado.

19:24 ACUERDO Nro. 21. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las diecinueve horas con veinticuatro minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo 45 del Código Municipal (…)”. (Ver prueba documental).

c)     El 9 de noviembre de 2021, el recurrente remitió un correo electrónico a las cuentas [email protected] y [email protected]. En tal correo electrónico se adjuntó una gestión dirigida al alcalde de Curridabat, en la que se indicó:

“(…) Con relación a los hechos que puse en conocimiento en fecha 01 de setiembre del 2021, ante esta autoridad, mismos que fueron conocidos por el Consejo Municipal de Curridabat y al respecto dicha autoridad recomendó trasladar la presente denuncia a la Alcaldía Municipal y solicitar respetuosamente se instauren las acciones investigativas correspondientes a los fines de atender lo denunciado. En ese sentido solicito respetuosamente repuesta a las siguientes preguntas:

• Se me indique cuál es el número de expediente y él funcionario responsable dela (sic) investigación? (sic)

• Solicito se me facilite copia del expediente? (sic)

• Agradezco me indiquen cuáles han sido las medidas tomadas a partir del conocimiento de los hechos y cuál es el estado actual del expediente? (sic) (…)”. (Ver prueba documental).

d)    El director de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Curridabat, por oficio MC-DDCU-500-11-2021 del 30 de noviembre de 2021 dirigido al recurrente, consignó:

“(…) Sirva la presente para saludarlo y en respuesta a su trámite #12010, se informa los siguiente: Con fecha del 10 de setiembre del 2020, por medio del trámite 8485, solicitaron un uso de suelo por medio de la plataforma de servicios, para VENTA DE BATERIAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVIL, que en la propiedad plano de catastro SJ-714233-1987, a nombre de Proyectos Internacionales AK S.A. El día 21/09/2020, esta Dirección respondió que la propiedad se ubica en ZONA URBANA CENTRAL y el uso se le otorga CONDICIONADO, condicionado a presentar un anteproyecto donde se indique los espacios de parqueo, que se le recuerda que los parqueos frontales no están autorizados y que debe cumplir con un espacio de parqueo por cada 50m2 de área comercial.

El día 9 de octubre del 2020, el interesado reingresa la solicitud de uso de suelo para análisis técnico nuevamente y el día 15/10/2020, se otorga el uso de suelo PERMITIDO para VENTA E INSTALACION (sic) DE ACCESORIOS PARA AUTOMOVIL, en la ZONA URBANA CENTRAL, PERMITIDO, SEGUN (sic) NOTA ADJUNTA, esta nota (que se adjunta a este oficio al igual que el uso otorgado), la cual fue presentado por el interesado NO indica que se van a reparar baterías ni llantas, que es justamente la actividad que usted señala que no permite el Plan Regulador de la zona.

Cabe señalar, que el Plan Regulador vigente en la zona de la propiedad SJ-714233-1987, permite los lubricentros y servicios rápidos automotrices, así como la venta e instalación de accesorios automotrices.

Por todo lo anterior consideramos que el uso de suelo 8485, se otorgó correctamente, en todos sus extremos. (…)”. (Ver prueba documental).

e)     La denuncia planteada por el recurrente no ha sido resuelta. (Hecho incontrovertido).

f)      La gestión planteada por el accionante el 9 de noviembre de 2021 no ha sido atendida por la autoridad recurrida. (Hecho incontrovertido).

IV.- Hechos no probados. De importancia para la decisión de este asunto, no se estima como debidamente demostrado que el oficio MC-DDCU-500-11-2021 haya sido notificado o puesto en conocimiento del recurrente.

V.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, el recurrente expone que el 1° de setiembre de 2021, puso en conocimiento del alcalde y del Concejo Municipal de Curridabat “hechos en apariencia regulares por cuanto se aportó prueba de la Dirección de Aguas, Setena, INVU, donde se indica que no hay permisos para hacer labores en el cause (sic) y la agencia VOLKSWAGEN representada por PURDY MOTOR S.A; en el cantón construyó un puente privado donde circulan vehículo, generando con esto un posible daño ambiental, entre otras cosas”; empero, tal denuncia no ha sido resuelta. Además, acusa que el 9 de noviembre de 2021 planteó una gestión ante el alcalde recurrido, pero no ha obtenido respuesta alguna.

Al respecto, de los autos se desprende que, en fecha indeterminada, el accionante planteó una denuncia ante la Municipalidad de Curridabat, en donde señaló: “(…) PRIMERO: Desde el mes de octubre del año 2020 mi representada INVERSIONES ALF-KGM SOCIEDAD ANONIMA, está solicitando al DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO los permisos para hacer una remodelación de fachada con material liviano, cambio de instalación electrica (sic), de piso y de techo en la propiedad finca número matricula folio real 1-079496-000. No es hasta julio del 2021, que luego de mil obstaculos (sic) y requsitos (sic) sin sentido nos otrogan (sic) los permisos; esto después de solicitarnos el alineamiento del río ante el INVU y el trámite respectivo ante CFIA, todo esto exigido por parte del señor JUAN CARLOS HIDALGO VÍQUEZ, encargado del DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO, es decir tuvimos que esperar 10 meses para poder hacer los arreglos, este departamento fue sumamente riguroso al punto que los inspectores llegaron en reiteradas ocasiones a revisar que todo se estuviese haciendo acorde con lo solicitado. SEGUNDO: A inicios del mes de agosto del 2021 en la propiedad, finca matricula (sic) 1-437413-000, PLANO: SJ-0180550-1994 ubicada en San José, cantón de Curridabat, Distrito Curridabat, con ubicación frente al Cementerio Montesacro, nos percatamos que abrieron la agencia VOLKSWAGEN representada por PURDY MOTOR S.A; iniciando labores de remodelación en donde hicieron una sala de exhibición una sala de espera y remodelaron la fachada, cubiculos (sic) de oficinas, cambio de malla a la orilla del río, inclusive cambiaron laminas (sic) de los rótulos de la fachada, los cuales colindan con el río. TERCERO: Los trabajos realizados en la propiedad vecina se tornaron aparentemente anómalas por cuanto nosotros tuvios (sic) que trámitar (sic) permisos durante diez meses y en la zona se han realizado dos obras importantes, una contrucción (sic) diagonal al local comercial EPA y la segunda una remodelación frente a Montesacro, ambas fueron constuidas (sic) a vista y paciendia (sic) a plena luz del día y las dos versan con relación a agencias de vehículos, inclusive el día que le realizaron la inspección a mi representada se encontraban laborando y no le hicieron inspeccón (sic) al vecino. Ante esta situación notamos que la propiedad vecina cuenta con un puente vehícular (sic) que se aprecia desde la carretera y que atraviesa el río Pruses a la parte trasera de la finca. Dicha situación fue de conocimiento de la ASOCIACIÓN VICTIMAS DEL ESTADO y mediante derechos de petición se hizo las consultas a varias instituciones para conocer si los permisos de construcción y remodelación se habían gestionado por parte de la propiedad matricula 1-437413-000, PLANO: SJ-0180550-1994. CUARTO: En fecha 10 de agosto del 2021 la ASOCIACIÓN VICTIMAS DEL ESTADO hizo consulta mediante Derecho de Petición al INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU), sobre el alineamiento que tuvo que realizar la propiedad para poder efectuar los trámites de remodelacón (sic). Mediante el oficio consecutivo DU-UFIS-097-2021 notificado el 11 de agosto, firmado por la ING. ANA M. SANCHO MCQUIDDY, TOP. JUAN J. DELGADO CERVANTES AMBOS DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y MAG. JORGE MORA RAMÍREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO le contestaron a dicha asociación lo siguiente: (…) Como se desprende de la respuesta de esta institución rectora en la materia de alineamiento del río, el último alineamiento efectuado en la propiedad fue otorgado en fecha 26 de agosto del 2014 y estos tienen un plazo de vigencia de un año, no se registran alineamientos recientes de parte de la propiedad en cuestión. QUINTO: En fecha 10 de agosto del 2021 la ASOCIACIÓN VICTIMAS DEL ESTADO hizo consulta mediante Derecho de Petición al COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE COSTA RICA (CFIA), respecto a si dicha propiedad finca matricula (sic) 1-437413-000, PLANO: SJ-0180550-1994, había gestionado los permisos respectivos. Para lo cual la señora LAURA CRUZ nos responde el día 12 de agosto: (…) Tal como se desprende de la respuesta del CFIA, la propiedad no cuenta con el trámite aprobado. (…) SEXTO: En fecha 10 de agosto del 2021 la ASOCIACIÓN VICTIMAS DEL ESTADO hizo consulta mediante Derecho de Petición a la SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA), sobre los permisos que efectúo la propiedad para poder construir un puente en el río Pruses a lo cual respondieron mediante oficio SETENA-DT-EDUCA-0268-2021 el día 12 de agosto del 2021, lo siguiente: (…) SÉPTIMO: En fecha 10 de agosto del 2021 la ASOCIACIÓN VICTIMAS DEL ESTADO hizo consulta mediante Derecho de Petición a la DIRECCIÓN DE AGUAS sobre los permisos gestionados en la propiedad para realizar una obra en cause, específicamente un puente para que circulen vehículos dentro de su propiedad la cual atraviesa el río Pruses y mediante oficio DA-1311-2021 se les dío (sic) la siguiente repuesta: (…)  OCTAVO: En fecha 17 de agosto del 2021 el señor ANGEL ARIEL JIMENEZ ALFARO, mediante correo eléctronico (sic) comunicó al señor JUAN CARLOS HIDALGO VÍQUEZ, del Departamento de Desarrollo y Control Urbano de esta corporación municipal, así como a la Secretaria de la Alcaldía, sobre los hechos de remodelaciones que se estaban realizando en la propiedad finca matricula (sic) 1-437413-000, PLANO: SJ-0180550-1994, la cual colinda con el río Pruses, para que procedan con la investigación respectiva.  Ese mismo día el señor JUAN CARLOS remite el correo a un señor JULIO RAMOS y le indica que lo remite para lo que corresponde, sin hacer mayor acción u observación sobre el tema. El día 18 de agosto de este año, se le solicitó por parte del señor JIMENEZ ALFARO al señor JULIO RAMOS, indicara en que estado se encontraba el caso. El mismo responde ese mismo día que mediante plataforma de servicios se asignó a inspección.  De parte de la Alcaldía la señora XINIA DURAN le consultó al señor JIMENEZ ALFARO si se estaban haciendo obras en el cause (sic) del río, a lo que él respondió que no es técnico en la materia y que por eso solo pone en conocimiento que estan (sic) haciendo labores de remodelación en el local. La señora XINIA DURAN en correo del 23 de agosto del 2021, contesta al señor JIMENEZ ALFARO que es el señor JUAN CARLOS quién otorga esos permisos y que el (sic) fue copiado en el correo, sino con el departamento de inspecciones el señor JULIO RAMOS. NOVENO: En fecha 26 de agosto del 2021 el señor JIMENEZ ALFARO vuelve a poner en conocimiento al señor Juan Carlos, Julio Ramos y Xinia Duran sobre la continuidad de las labores de remodelación en la propiedad, a lo cual el señor JULIO RAMOS responde el 27 de agosto: (…) Los hechos anteriormente narrados, no solo son de aparente gravedad, por lo complacientes y desiguales de los funcionarios municipales con dicha propiedad, sino que llama también la atención que se permita la venta de vehículos en una propiedad cuyo plan regulador supuestamente lo prohibe (sic). Señore Alcalde, resulta improcedente como se han venido dado los hechos y el manejo desigual que se le dan a los administrados, en el presente caso no solo existe un aparente daño ambiental, de confrmidad (sic) con lo manifestado por SETENA, sino también existe una aparente omisión de parte del Departamento de Desarrollo y Control Urbano para ejercer la ficalización (sic) respectiva.  Es improcedente que el señor JUAN CARLOS no proceda de inmediato con la clausura de las obras y del local en cuestión máxime que tal como lo indica la señora XINIA DURAN, él es quién otorga los permisos de construcción y por ende el tiene conocimiento si fue otorgado el permiso o no. Es de conocimiento de del Departamento de Desarrollo y Control Urbano el estado de la edificación en la zona por cuanto este es el que otorga los permisos de uso de suelo y de construcción, a la fecha la propiedad cuenta con varias actividades e incluso consta que el inspector JULIO RAMOS llegó hacer una visita, por lo cual tienen conocimiento de un puente, que según SETENA no tienen datos de que se hayan obtenido los permisos del mismo. Esta situación como contribuyente y como ciudadano me preocupa por cuanto en el presente caso hay una omisión a un claro impacto ambiental y una estructura tan evidente como lo es un puente que de cemento para que vehículos atraviecen (sic) de un lado al otro de la propiedad, no puede pasar desapercibido, máxime si se encuentra a vista y paciendia (sic) de todos.  (…) En el presente caso de conformidad con los Derechos de Petición efectuados por una asociación que se dedica a defender los abusos e injustiacias (sic) de parte del Estado, queda demostrado que en la base de datos de el INVU, SETENA y CFIA, no existen datos con relación a estas obras y confirman que el responsable fiscalizador es el Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Curridabat. Tal como se indica en la sentencia citada la Munipalidad (sic) tiene la obligación de coordinar con otras intituciones (sic) las acciones para resguardar la integridad de los habitantes del cantón y además se encuentran en la obligación de proteger el ambiente por imperativo del ordinal 50 de la Constitución Política.   PETITORIA De conformidad con todos los hechos expuestos y la prueba aportada, solicito a su autoridad en calidad de jerarca de esta institución pública, iniciar una investigación interna- en el DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO- y externa- respecto a las obras y una eventual invasión a una zona de protección. En igual sentido, se ponga en conocimiento a las entidades administrativas ambientales y jurisdiccionales del posible daño ambiental generado, para que se investigue los eventuales responsables. Tome nota esta autoridad que esto no es facultativo de su persona sino es su obligación y su omisión podría devengar en responsabilidad según el articulo (sic) 339 del Código Penal (…)” (el énfasis es suplido).

Asimismo, se comprueba que la secretaria del Concejo Municipal de Curridabat, por oficio MC-CM 386-09-2021 del 22 de setiembre de 2021, dirigido al alcalde de Curridabat, señaló: “(…) 19:23 ACUERDO Nro. 20. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACIÓN DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS N.o –CAJ 103-09-2021.- A las diecinueve horas con veintiún minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno y sometido a votación el dictamen presentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia, se aprueba: a) Trasladar la presente denuncia a la Alcaldía Municipal y solicitar respetuosamente se instauren las acciones investigativas correspondientes a los fines de atender lo denunciado.  b) Informar al denunciante en el correo señalado. 19:24 ACUERDO Nro. 21. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las diecinueve horas con veinticuatro minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo 45 del Código Municipal (…)”.

Posteriormente, el 9 de noviembre de 2021, el recurrente remitió un correo electrónico a las cuentas [email protected] y [email protected]. En tal comunicación electrónica se adjuntó una gestión dirigida al alcalde de Curridabat, en la que se indicó: “(…) Con relación a los hechos que puse en conocimiento en fecha 01 de setiembre del 2021, ante esta autoridad, mismos que fueron conocidos por el Consejo Municipal de Curridabat y al respecto dicha autoridad recomendó trasladar la presente denuncia a la Alcaldía Municipal y solicitar respetuosamente se instauren las acciones investigativas correspondientes a los fines de atender lo denunciado. En ese sentido solicito respetuosamente repuesta a las siguientes preguntas: • Se me indique cuál es el número de expediente y él funcionario responsable dela (sic) investigación? (sic) • Solicito se me facilite copia del expediente? (sic) • Agradezco me indiquen cuáles han sido las medidas tomadas a partir del conocimiento de los hechos y cuál es el estado actual del expediente? (sic) (…)”.

Por otra parte, el recurrido sostiene en su informe -bajo las solemnidades y responsabilidades que ello conlleva-, que: “Por último, en lo que se podría señalar como un posible problema de falta de respuesta, la verdad es que en fecha 30 de noviembre del 2021, se emitió el documento MC-DDCU-500-11-2021 dirigido al amparado, brindándole Información y respuesta sobre lo concerniente a su propiedad, garantizando así el derecho de respuesta por parte del ciudadano”. Sobre el particular, se aprecia que el director de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Curridabat, por oficio MC-DDCU-500-11-2021 del 30 de noviembre de 2021 dirigido al recurrente, consignó: “(…) Sirva la presente para saludarlo y en respuesta a su trámite #12010, se informa los siguiente: Con fecha del 10 de setiembre del 2020, por medio del trámite 8485, solicitaron un uso de suelo por medio de la plataforma de servicios, para VENTA DE BATERIAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVIL, que en la propiedad plano de catastro SJ-714233-1987, a nombre de Proyectos Internacionales AK S.A. El día 21/09/2020, esta Dirección respondió que la propiedad se ubica en ZONA URBANA CENTRAL y el uso se le otorga CONDICIONADO, condicionado a presentar un anteproyecto donde se indique los espacios de parqueo, que se le recuerda que los parqueos frontales no están autorizados y que debe cumplir con un espacio de parqueo por cada 50m2 de área comercial.  El día 9 de octubre del 2020, el interesado reingresa la solicitud de uso de suelo para análisis técnico nuevamente y el día 15/10/2020, se otorga el uso de suelo PERMITIDO para VENTA E INSTALACION (sic) DE ACCESORIOS PARA AUTOMOVIL, en la ZONA URBANA CENTRAL, PERMITIDO, SEGUN (sic) NOTA ADJUNTA, esta nota (que se adjunta a este oficio al igual que el uso otorgado), la cual fue presentado por el interesado NO indica que se van a reparar baterías ni llantas, que es justamente la actividad que usted señala que no permite el Plan Regulador de la zona. Cabe señalar, que el Plan Regulador vigente en la zona de la propiedad SJ-714233-1987, permite los lubricentros y servicios rápidos automotrices, así como la venta e instalación de accesorios automotrices. Por todo lo anterior consideramos que el uso de suelo 8485, se otorgó correctamente, en todos sus extremos. (…)”. No obstante, se advierte que de los autos no se desprende material probatorio alguno que permita tener por demostrado que el oficio MC-DDCU-500-11-2021 haya sido notificado o puesto en conocimiento del recurrente.

Así las cosas, en primer término, este Tribunal tiene como incontrovertido que la denuncia planteada por el recurrente objeto de este amparo no ha sido debidamente resuelta por el gobierno local accionado, de ahí que proceda acoger el recurso en lo que a este extremo atañe.

VI.- Por otra parte, la Sala observa que lo requerido por el recurrente en la gestión del 9 de noviembre de 2021 fue: “(…) Con relación a los hechos que puse en conocimiento en fecha 01 de setiembre del 2021, ante esta autoridad, mismos que fueron conocidos por el Consejo Municipal de Curridabat y al respecto dicha autoridad recomendó trasladar la presente denuncia a la Alcaldía Municipal y solicitar respetuosamente se instauren las acciones investigativas correspondientes a los fines de atender lo denunciado. En ese sentido solicito respetuosamente repuesta a las siguientes preguntas: • Se me indique cuál es el número de expediente y él funcionario responsable dela (sic) investigación? (sic) • Solicito se me facilite copia del expediente? (sic) • Agradezco me indiquen cuáles han sido las medidas tomadas a partir del conocimiento de los hechos y cuál es el estado actual del expediente? (sic) (…)”.

Al respecto, en el sub lite se tiene por incontrovertido que lo solicitado por el accionante, atinente a “(…) • Se me indique cuál es el número de expediente y él funcionario responsable dela (sic) investigación? (sic) (…) • Agradezco me indiquen cuáles han sido las medidas tomadas a partir del conocimiento de los hechos y cuál es el estado actual del expediente? (sic) (…)”, no ha sido atendido por la autoridad recurrida.

Además, el Tribunal aprecia que en la gestión de marras el recurrente también indicó: “(…) • Solicito se me facilite copia del expediente? (sic) (…)”; empero, de los autos que constan en el expediente tampoco se desprende que tales documentos le hayan sido brindados al accionante. Sobre el particular, resulta menester indicar que el sub iudice, la denuncia planteada por el tutelado versa sobre la aparente construcción de un puente privado sin permisos que podría generar un posible daño ambiental, de ahí que el accionante debe ser considerado como un denunciante cualificado, quien sí tiene un interés legítimo en la tramitación y el resultado de la denuncia interpuesto.

Al respecto, conviene traer a colación lo dispuesto en sentencia n.° 2021017933 de las 9:20 horas del 13 de agosto de 2021:

IV.- En cuanto a lo segundo, esta Sala ha realizado la siguiente distinción, que es importante para pronunciarse sobre lo planteado. Entre otras, en sentencia número 2021009702 de las 9:15 horas del 14 de mayo del 2021:

“Sobre el simple denunciante y el denunciante cualificado en procedimientos administrativos. Sobre el tema, esta Sala, mediante sentencia N° 2014-003717, de las 11:42 horas del 14 de marzo de 2014, cambió el criterio que había sostenido, en el sentido de que, al denunciante, en un procedimiento administrativo disciplinario, no se le tiene como parte principal dentro del expediente y solo se debe reconocer su derecho a ser informado del resultado del procedimiento. Como sustento para ello se diferenció entre el simple denunciante y el denunciante cualificado en los siguientes términos: “… cuando un administrado presenta una denuncia ante un órgano o ente administrativo, para poner en conocimiento de estos una situación o conducta irregular, a fin de que se inicien, de oficio, las investigaciones o procedimientos administrativos disciplinarios o sancionadores del caso para sentar responsabilidades pertinentes, puede asumir dos posiciones claramente diferenciadas. La primera de simple denunciante, en cuanto los hechos y circunstancias que denuncia no le atañen directamente y no obtiene ningún beneficio como consecuencia de la eventual sanción y la segunda de denunciante cualificado, en cuanto ha experimentado los efectos nocivos de la conducta o situación irregular y puede obtener, aunque sea indirectamente, una situación ventajosa o, incluso, un derecho. El denunciante cualificado puede ser titular de un interés legítimo o de un derecho subjetivo de modo que, de acuerdo con la más moderna doctrina del Derecho administrativo, debe reputársele, para todo efecto, como parte interesada en el procedimiento administrativo respectivo. Ese denunciante cualificado, al tener la condición de parte interesada, le asisten todos los derechos de tal y, específicamente, los derechos al debido proceso y la defensa, de modo que debe contar con la posibilidad efectiva de presentar alegatos, ofrecer prueba, participar en la producción de esta y de recurrir cualquier resolución de trámite de efectos propios o final que se dicte. Negarle al denunciante cualificado la condición de parte y, por consiguiente, la posibilidad de ejercer el debido proceso y la defensa vulnera flagrantemente el Derecho de la Constitución…” (lo destacado no corresponde al original).

En este caso concreto, dado que el recurrente denuncia el uso ilegítimo de un bien demanial, sí tiene un interés legítimo en la tramitación y el resultado de la denuncia interpuesta. Ahora bien, parte de los derechos que asisten al denunciante cualificado es el acceso al expediente y a obtener copias de este, que es lo que reclama aquí el recurrente. Se demostró que, en efecto, en la nota del 10 de julio del 2021, solicitó copia del expediente. Sin embargo, no consta que el AYA se la hubiera entregado o que la hubiera puesto a su disposición, lo que, de conformidad con lo expuesto, sí lesiona sus derechos y, en cuanto a este punto se refiere, el amparo es procedente”. (El énfasis es suplido).

En consecuencia, dado que en el sub iudice no se tiene por acreditado que la Municipalidad de Curridabat le haya facilitado al amparado la copia del expediente administrativo requerido en la gestión del 9 de noviembre de 2021, ni que hubiera atendido los demás extremos de tal memorial, procede acoger este amparo en los términos que se dirán en la parte dispositiva de este pronunciamiento. 

VI.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Jimmy Cruz Jiménez, en su condición de alcalde de Curridabat, o a quien ocupe el cargo, que coordine lo necesario, gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que: 1) dentro del plazo de 24 HORAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, ponga a disposición del recurrente las copias del  expediente solicitadas en el punto 2 de la gestión del 9 de noviembre de 2021; y,  en caso de incurrirse en algún costo producto de las copias requeridas, el mismo correrá a cargo de la parte interesada; 2) dentro del plazo de CINCO DÍAS, contado a partir de la notificación de este voto, atienda como en derecho corresponde los puntos 1 y 3 de la gestión planteada por el amparado el 9 de noviembre de 2021 y le notifique lo resuelto; y, 3) dentro del plazo de DOS MESES, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, resuelva en definitiva la denuncia formulada por el recurrente que es objeto de este recurso y le notifique lo correspondiente al medio señalado para ese fin. Lo anterior se dicta con el apercibimiento de que con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Curridabat al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese.

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ana María Picado B.




Ronald Salazar Murillo

	

 

	

Jorge Isaac Solano A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 PZFPXATXQGG61

EXPEDIENTE N° 21-025565-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 17:04:34.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Constitutional Chamber**

**Resolution No. 01695 - 2022**

**Date of Resolution:** January 21, 2022, at 09:15

**Expediente:** 21-025565-0007-CO

**Drafted by:** Paul Rueda Leal

**Type of matter:** Amparo remedy

**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER

**Text of the Resolution**



Exp: 21-025565-0007-CO

Res. No. 2022001695

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours fifteen minutes on the twenty-first of January, two thousand twenty-two.

An amparo remedy processed under expediente number 21-025565-0007-CO, filed by MELIXANDER ARTURO ABARCA HIDALGO, identity card number 0204190665, against the MUNICIPALITY OF CURRIDABAT.

**Whereas:**

**1.-** Through a document incorporated into the digital expediente at 10:50 hours on December 14, 2021, the petitioner files an amparo remedy. He states that on September 1, 2021, he brought to the attention of the mayor and the Municipal Council of Curridabat “acts that are apparently irregular in that evidence was provided from the Dirección de Aguas, Setena, INVU, indicating that there are no permits to carry out works in the riverbed (sic) and the VOLKSWAGEN dealership represented by PURDY MOTOR S.A. in the canton built a private bridge where vehicles circulate, thereby generating possible environmental damage, among other things.” He details that, on September 22, 2021, the Municipal Council sent an official letter to the mayor, in which it agreed that the facts should be investigated. He adds that on October 19, 2021, he requested from the secretary of the Mayor's Office “the status of the process and she indicates that the response will be issued on Friday without further detail, and the response never arrived.” He adds that on November 9, 2021, he filed a petition before the respondent mayor, but has not obtained any response. He maintains that the facts he reported are of interest to him because they affect the environment. He mentions that in his petition he requested the following from the mayor: “In accordance with all the facts set forth and the evidence provided, I request your authority in your capacity as head of this public institution, to initiate an internal investigation—in the DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND URBAN CONTROL—and an external one—regarding the works and a potential encroachment on a protection zone (zona de protección). In the same vein, that the matter be brought to the attention of the environmental and jurisdictional administrative entities regarding the possible environmental damage generated, so that the potential responsible parties may be investigated. Let this authority take note that this is not optional on your part but rather your obligation, and your omission could result in liability according to article (sic) 339 of the Penal Code.” He requests that the remedy be granted.

**2.-** By resolution at 13:21 hours on December 15, 2021, the Presidency of the Chamber admitted the amparo. Likewise, a report was requested from the mayor of Curridabat.

**3.-** Through a document incorporated into the digital expediente at 17:47 hours on January 7, 2022, Jimmy Cruz Jiménez, in his capacity as mayor of Curridabat, renders a report under oath. He states: “(…) 1. REGARDING THE FACTS ALLEGED IN THE AMPARO REMEDY FACT ONE: It is true, with the clarification that the processing given to the petition filed is out of necessity to verify the legal framework due to the scale of the work to be carried out. FACT TWO: It is true. FACT THREE: It is rejected as being subjective statements by the amparo petitioner without any supporting evidence. FACT FOUR: It is rejected as being actions of a THIRD PARTY that is not part of the Remedy and before another public Institution. FACT FIVE: It is rejected as being actions of a THIRD PARTY that is not part of the Remedy and before another public Institution. FACT SIX: It is rejected as being actions of a THIRD PARTY that is not part of the Remedy and before another public Institution. FACT SEVEN: It is rejected as being actions of a THIRD PARTY that is not part of the Remedy and before another public institution. FACT EIGHT: It is true. FACT NINE: It is accepted regarding the narration of the fact, but not regarding the subjective statements of the amparo petitioner. 2. ON THE MERITS On the merits of the case at hand, what the petitioner seeks is an erroneous application of the principle of equality, since for different situations he expects identical treatment. Let us remember: 'unequal situations require unequal treatment'. Additionally, it is important to point out (taking into account the petitioner’s own argument) that the works at the Volkswagen dealership are in a different zone from the one where the property that originated his initial petition is located. Given the difference in zone, a different regulatory plan (plan regulador) applies than the one that applies to the amparo petitioner according to the location where his property is situated, which implies a series of different modifications and requirements depending on the territorial planning established for the different zones of the canton of Curridabat. The petitioner alleges a supposed abuse against him by the municipal authorities; however, he does not detail what the abuse he claims was carried out against him consists of, and merely limits himself to alleging a series of supposed actions and procedures by (it is reiterated) a third party unrelated to the process at hand, which were carried out before third-party institutions that do not have jurisdiction over municipal procedures. Furthermore, he cites the reiterated principle of coordination imposed on the municipal entity; however, said principle is NOT applicable to the case at hand, since this situation relates facts and actions that are merely within municipal jurisdiction. And regarding what is indicated in facts 8 and 9 of the claim, the truth is that each internal department of this institution has its assigned competencies and, by the principle of legality, they CANNOT be assumed by another department or official, under penalty of being vitiated by nullity. Finally, regarding what could be pointed out as a possible problem of lack of response, the truth is that on November 30, 2021, document MC-DDCU-500-11-2021 was issued, addressed to the amparo petitioner, providing him with information and a response regarding matters concerning his property, thus guaranteeing the citizen’s right to a response. (…)” He requests that the remedy be dismissed.

**4.-** In the proceedings followed, the legal provisions have been observed.

Drafted by Magistrate Rueda Leal; and,

**Considering:**

**I.- Regarding the exception to Article 41 of the Political Constitution.** Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, based on judgment number 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the Public Administration has complied or not with the deadlines established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the pertinent administrative remedies. Precisely, in the case sub lite, an exception applies, since this concerns a petition on environmental matters, which is accused of not having been resolved within a reasonable time. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation claimed in this amparo.

**II.- Purpose of the remedy.** The petitioner states that on September 1, 2021, he brought to the attention of the mayor and the Municipal Council of Curridabat “acts that are apparently irregular in that evidence was provided from the Dirección de Aguas, Setena, INVU, indicating that there are no permits to carry out works in the riverbed (sic) and the VOLKSWAGEN dealership represented by PURDY MOTOR S.A. in the canton built a private bridge where vehicles circulate, thereby generating possible environmental damage, among other things”; however, said complaint has not been resolved. Furthermore, he alleges that on November 9, 2021, he filed a petition before the respondent mayor, but has not obtained any response.

**III.- Proven facts.** Of importance for the decision in this matter, the following facts are considered duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent authority has failed to refer to them, as provided in the initial order:

a) On an undetermined date, the claimant filed a complaint before the Municipality of Curridabat, in which he indicated:

“(…) FIRST: Since the month of October 2020, my principal INVERSIONES ALF-KGM SOCIEDAD ANONIMA has been requesting from the DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND URBAN CONTROL the permits to carry out a facade remodel with lightweight material, change of electrical (sic) installation, flooring, and roofing on the property identified by real folio registration number 1-079496-000.

It was not until July 2021 that, after a thousand obstacles (sic) and senseless requirements (sic), they grant (sic) us the permits; this after they requested the river alignment (alineamiento del río) from the INVU and the respective procedure before the CFIA, all of this demanded by Mr. JUAN CARLOS HIDALGO VÍQUEZ, head of the DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND URBAN CONTROL, meaning we had to wait 10 months to be able to make the repairs; this department was extremely rigorous to the point that inspectors arrived on multiple occasions to check that everything was being done in accordance with what was requested.

SECOND: At the beginning of August 2021, at the property with registration (sic) 1-437413-000, PLAN: SJ-0180550-1994, located in San José, canton of Curridabat, District Curridabat, with a location in front of the Montesacro Cemetery, we noticed that they opened the VOLKSWAGEN dealership represented by PURDY MOTOR S.A.; beginning remodel works where they built a showroom, a waiting room, and remodeled the facade, office cubicles (sic), changed the mesh along the riverbank, and even changed the sheets (sic) of the signs on the facade, which adjoin the river.

THIRD: The works carried out on the neighboring property appeared to be anomalous because we had (sic) to process (sic) permits for ten months, and in the area two major works have been carried out: one construction (sic) diagonal to the EPA commercial premises and the second, a remodel in front of Montesacro; both were built (sic) in plain sight and with patience (sic) in broad daylight, and both relate to vehicle dealerships. Even on the day they carried out the inspection on my principal, they were working and did not perform an inspection (sic) on the neighbor.

Given this situation, we noticed that the neighboring property has a vehicular bridge (sic) that is visible from the road and that crosses the Pruses River to the back part of the property. This situation became known to the ASOCIACIÓN VICTIMAS DEL ESTADO, and through rights of petition, inquiries were made to several institutions to find out if the construction and remodel permits had been processed by the property with registration 1-437413-000, PLAN: SJ-0180550-1994.

FOURTH: On August 10, 2021, the ASOCIACIÓN VICTIMAS DEL ESTADO made an inquiry through a Right of Petition to the INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU), regarding the alignment that the property had to carry out in order to process the remodel (sic) procedures.

Through consecutive official letter DU-UFIS-097-2021, notified on August 11, signed by ING. ANA M. SANCHO MCQUIDDY, TOP. JUAN J. DELGADO CERVANTES, BOTH FROM THE FISCALIZATION UNIT, and MAG. JORGE MORA RAMÍREZ, HEAD OF THE URBANISM DEPARTMENT, they responded to said association as follows: (…)

As can be deduced from the response of this governing institution in the matter of river alignment, the last alignment carried out on the property was granted on August 26, 2014, and these have a validity period of one year. No recent alignments are registered by the property in question.

FIFTH: On August 10, 2021, the ASOCIACIÓN VICTIMAS DEL ESTADO made an inquiry through a Right of Petition to the COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE COSTA RICA (CFIA), regarding whether said property with registration (sic) 1-437413-000, PLAN: SJ-0180550-1994, had processed the respective permits. To which Mrs. LAURA CRUZ responded on August 12: (…)

As can be deduced from the CFIA response, the property does not have the approved procedure. (…) SIXTH: On August 10, 2021, the ASOCIACIÓN VICTIMAS DEL ESTADO made an inquiry through a Right of Petition to the SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA), regarding the permits that the property processed to be able to build a bridge on the Pruses River, to which they responded through official letter SETENA-DT-EDUCA-0268-2021 on August 12, 2021, as follows: (…)

SEVENTH: On August 10, 2021, the ASOCIACIÓN VICTIMAS DEL ESTADO made an inquiry through a Right of Petition to the DIRECCIÓN DE AGUAS regarding the permits processed for the property to carry out works in the riverbed (cause), specifically a bridge for vehicles to circulate within the property that crosses the Pruses River, and through official letter DA-1311-2021 they gave (sic) the following response: (…)

EIGHTH: On August 17, 2021, Mr. ANGEL ARIEL JIMENEZ ALFARO, through electronic mail (sic), communicated to Mr. JUAN CARLOS HIDALGO VÍQUEZ, of the Department of Development and Urban Control of this municipal corporation, as well as to the Secretary of the Mayor's Office, about the remodel works being carried out on the property with registration (sic) 1-437413-000, PLAN: SJ-0180550-1994, which adjoins the Pruses River, so that they may proceed with the respective investigation.

That same day, Mr. JUAN CARLOS forwarded the email to a Mr. JULIO RAMOS and indicates that he is forwarding it for the appropriate action, without taking any further action or observation on the matter.

On August 18 of this year, Mr. JIMENEZ ALFARO requested that Mr. JULIO RAMOS indicate the status of the case. He responded that same day that it was assigned for inspection via the services platform.

From the Mayor's Office, Mrs. XINIA DURAN asked Mr. JIMENEZ ALFARO if works were being carried out in the riverbed (cause) (sic), to which he responded that he is not a technician in the matter and that is why he is only reporting that renovation works are (sic) being carried out at the premises.

Mrs. XINIA DURAN, in an email dated August 23, 2021, responds to Mr. JIMENEZ ALFARO that it is Mr. JUAN CARLOS who grants those permits and that he (sic) was copied on the email, otherwise with the inspections department Mr. JULIO RAMOS.

NINTH: On August 26, 2021, Mr. JIMENEZ ALFARO once again brings to the attention of Mr. Juan Carlos, Julio Ramos, and Xinia Duran the continuity of the remodel works on the property, to which Mr. JULIO RAMOS responds on August 27: (…)

The facts narrated above are not only apparently serious, due to the complacency and unequal treatment by municipal officials towards said property, but it also calls attention that the sale of vehicles is permitted on a property whose regulatory plan supposedly prohibits (sic) it. Mr. Mayor, the way the facts have been occurring and the unequal treatment given to the administered parties is improper. In the present case, there is not only apparent environmental damage, according (sic) to what was stated by SETENA, but there is also an apparent omission on the part of the Department of Development and Urban Control to exercise the respective fiscalization (sic).

It is improper that Mr. JUAN CARLOS does not immediately proceed with the closure of the works and the premises in question, especially since, as Mrs. XINIA DURAN indicates, he is the one who grants construction permits and, therefore, he would know whether the permit was granted or not.

The Department of Development and Urban Control is aware of the state of the building in the area, since it is the one that grants the land use (uso de suelo) and construction permits. To date, the property has several activities, and it is recorded that inspector JULIO RAMOS came to conduct a visit, thus they are aware of a bridge, which according to SETENA, there is no record of permits having been obtained for it.

This situation, as a taxpayer and as a citizen, worries me because in the present case there is an omission regarding a clear environmental impact and a structure as evident as a concrete bridge for vehicles to cross (sic) from one side of the property to the other, which cannot go unnoticed, especially if it is in plain sight and with the patience (sic) of everyone. (…)

In the present case, in accordance with the Rights of Petition made by an association dedicated to defending against abuses and injustices (sic) by the State, it is demonstrated that in the databases of the INVU, SETENA, and CFIA, there is no data related to these works, and they confirm that the responsible oversight body is the Department of Development and Urban Control of the Municipality of Curridabat.

As indicated in the cited judgment, the Municipality (sic) has the obligation to coordinate with other institutions (sic) actions to safeguard the integrity of the canton's inhabitants and is also obliged to protect the environment by imperative of section 50 of the Political Constitution.

PRAYER FOR RELIEF

In accordance with all the facts set forth and the evidence provided, I request your authority in your capacity as head of this public institution, to initiate an internal investigation—in the DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND URBAN CONTROL—and an external one—regarding the works and a potential encroachment on a protection zone.

In the same vein, that the matter be brought to the attention of the environmental and jurisdictional administrative entities regarding the possible environmental damage generated, so that the potential responsible parties may be investigated.

Let this authority take note that this is not optional on your part but rather your obligation, and your omission could result in liability according to article (sic) 339 of the Penal Code (…)” (See documentary evidence).

b) The secretary of the Municipal Council of Curridabat, through official letter MC-CM 386-09-2021 of September 22, 2021, addressed to the mayor of Curridabat, stated:

“(…)
19:23 AGREEMENT No. 20. - COUNCIL OF CURRIDABAT- APPROVAL OF THE OPINION OF THE LEGAL AFFAIRS COMMISSION No. –CAJ 103-09-2021.- At nineteen hours and twenty-one minutes on the twenty-third of September, two thousand twenty-one, and submitted to a vote the presented opinion, it was approved unanimously; consequently, it is approved:

a) To forward this complaint to the Municipal Mayor's Office and respectfully request that the corresponding investigative actions be instituted in order to address the reported matter.

b) To inform the complainant at the indicated email address.

19:24 AGREEMENT No. 21. - COUNCIL OF CURRIDABAT-DECLARATION OF FINALITY. - At nineteen hours and twenty-four minutes on the twenty-first of September, two thousand twenty-one. Unanimously, the preceding agreement is declared DEFINITIVELY APPROVED, in accordance with the provisions of article 45 of the Municipal Code (…)” (See documentary evidence).

c) On November 9, 2021, the petitioner sent an email to the accounts [email protected] and [email protected]. Attached to said email was a petition addressed to the mayor of Curridabat, which stated:

“(…) Regarding the facts that I brought to the attention of this authority on September 1, 2021, which were made known to the Municipal Council of Curridabat, and in that regard, said authority recommended forwarding this complaint to the Municipal Mayor's Office and respectfully requesting that the corresponding investigative actions be instituted to address the reported matter. In that sense, I respectfully request a response to the following questions:

• Please indicate the expediente number and the official responsible for the (sic) investigation (sic)?

• I request that a copy of the expediente be provided to me (sic)?

• I would appreciate it if you could indicate what measures have been taken since becoming aware of the facts and what is the current status of the expediente (sic) (…)” (See documentary evidence).

d) The Director of Development and Urban Control of the Municipality of Curridabat, through official letter MC-DDCU-500-11-2021 of November 30, 2021, addressed to the petitioner, recorded:

“(…) I hope this message finds you well and, in response to your proceeding #12010, the following is reported: On September 10, 2020, through proceeding 8485, a land use permit was requested through the services platform for SALE OF BATTERIES AND AUTOMOBILE ACCESSORIES, on the property identified by cadastral plan SJ-714233-1987, in the name of Proyectos Internacionales AK S.A. On 09/21/2020, this Directorate responded that the property is located in the CENTRAL URBAN ZONE and the use is granted CONDITIONALLY, conditional on submitting a preliminary project indicating the parking spaces, reminding that front parking is not authorized, and that it must comply with one parking space per every 50m2 of commercial area.

On October 9, 2020, the interested party resubmitted the land use application for technical analysis again, and on 10/15/2020, the land use was granted as PERMITTED for SALE AND INSTALLATION (sic) OF AUTOMOBILE ACCESSORIES, in the CENTRAL URBAN ZONE, PERMITTED, ACCORDING (sic) TO ATTACHED NOTE. This note (which is attached to this official letter, as is the granted use permit), which was submitted by the interested party, does NOT indicate that batteries or tires will be repaired, which is precisely the activity that you point out that the Regulatory Plan for the zone does not permit.

It should be noted that the Regulatory Plan in force for the zone of property SJ-714233-1987 permits quick-lube shops and rapid automotive services, as well as the sale and installation of automotive accessories.

For all the above reasons, we consider that land use permit 8485 was correctly granted, in all its respects. (…)” (See documentary evidence).

e) The complaint filed by the petitioner has not been resolved. (Uncontroverted fact).

f) The petition filed by the claimant on November 9, 2021, has not been addressed by the respondent authority. (Uncontroverted fact).

**IV.- Unproven facts.** Of importance for the decision in this matter, it is not considered duly demonstrated that official letter MC-DDCU-500-11-2021 was notified or brought to the attention of the petitioner.

**V.- Regarding the specific case.** In the case sub examine, the petitioner states that on September 1, 2021, he brought to the attention of the mayor and the Municipal Council of Curridabat “acts that are apparently irregular in that evidence was provided from the Dirección de Aguas, Setena, INVU, indicating that there are no permits to carry out works in the riverbed (sic) and the VOLKSWAGEN dealership represented by PURDY MOTOR S.A. in the canton built a private bridge where vehicles circulate, thereby generating possible environmental damage, among other things”; however, said complaint has not been resolved. Furthermore, he alleges that on November 9, 2021, he filed a petition before the respondent mayor, but has not obtained any response.

In this regard, it is evident from the record that, on an undetermined date, the claimant filed a complaint before the Municipality of Curridabat, in which he stated: “(…) FIRST: Since the month of October 2020, my principal INVERSIONES ALF-KGM SOCIEDAD ANONIMA has been requesting from the DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND URBAN CONTROL the permits to carry out a facade remodel with lightweight material, change of electrical (sic) installation, flooring, and roofing on the property identified by real folio registration number 1-079496-000. It was not until July 2021 that, after a thousand obstacles (sic) and senseless requirements (sic), they grant (sic) us the permits; this after they requested the river alignment from the INVU and the respective procedure before the CFIA, all of this demanded by Mr. JUAN CARLOS HIDALGO VÍQUEZ, head of the DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND URBAN CONTROL, meaning we had to wait 10 months to be able to make the repairs; this department was extremely rigorous to the point that inspectors arrived on multiple occasions to check that everything was being done in accordance with what was requested. SECOND: At the beginning of August 2021, at the property with registration (sic) 1-437413-000, PLAN: SJ-0180550-1994, located in San José, canton of Curridabat, District Curridabat, with a location in front of the Montesacro Cemetery, we noticed that they opened the VOLKSWAGEN dealership represented by PURDY MOTOR S.A.; beginning remodel works where they built a showroom, a waiting room, and remodeled the facade, office cubicles (sic), changed the mesh along the riverbank, and even changed the sheets (sic) of the signs on the facade, which adjoin the river. THIRD: The works carried out on the neighboring property appeared to be anomalous because we had (sic) to process (sic) permits for ten months, and in the area two major works have been carried out: one construction (sic) diagonal to the EPA commercial premises and the second, a remodel in front of Montesacro; both were built (sic) in plain sight and with patience (sic) in broad daylight, and both relate to vehicle dealerships. Even on the day they carried out the inspection on my principal, they were working and did not perform an inspection (sic) on the neighbor. Given this situation, we noticed that the neighboring property has a vehicular bridge (sic) that is visible from the road and that crosses the Pruses River to the back part of the property. This situation became known to the ASOCIACIÓN VICTIMAS DEL ESTADO, and through rights of petition, inquiries were made to several institutions to find out if the construction and remodel permits had been processed by the property with registration 1-437413-000, PLAN: SJ-0180550-1994. FOURTH: On August 10, 2021, the ASOCIACIÓN VICTIMAS DEL ESTADO made an inquiry through a Right of Petition to the INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU), regarding the alignment that the property had to carry out in order to process the remodel (sic) procedures. Through consecutive official letter DU-UFIS-097-2021, notified on August 11, signed by ING. ANA M. SANCHO MCQUIDDY, TOP. JUAN J. DELGADO CERVANTES, BOTH FROM THE FISCALIZATION UNIT, and MAG. JORGE MORA RAMÍREZ, HEAD OF THE URBANISM DEPARTMENT, they responded to said association as follows: (…) As can be deduced from the response of this governing institution in the matter of river alignment, the last alignment carried out on the property was granted on August 26, 2014, and these have a validity period of one year. No recent alignments are registered by the property in question. FIFTH: On August 10, 2021, the ASOCIACIÓN VICTIMAS DEL ESTADO made an inquiry through a Right of Petition to the COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE COSTA RICA (CFIA), regarding whether said property with registration (sic) 1-437413-000, PLAN: SJ-0180550-1994, had processed the respective permits. To which Mrs. LAURA CRUZ responded on August 12: (…) As can be deduced from the CFIA response, the property does not have the approved procedure. (…) SIXTH: On August 10, 2021, the ASOCIACIÓN VICTIMAS DEL ESTADO made an inquiry through a Right of Petition to the SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA), regarding the permits that the property processed to be able to build a bridge on the Pruses River, to which they responded through official letter SETENA-DT-EDUCA-0268-2021 on August 12, 2021, as follows: (…) SEVENTH: On August 10, 2021, the ASOCIACIÓN VICTIMAS DEL ESTADO made an inquiry through a Right of Petition to the DIRECCIÓN DE AGUAS regarding the permits processed for the property to carry out works in the riverbed, specifically a bridge for vehicles to circulate within the property that crosses the Pruses River, and through official letter DA-1311-2021 they gave (sic) the following response: (…) EIGHTH: On August 17, 2021, Mr. ANGEL ARIEL JIMENEZ ALFARO, through electronic mail (sic), communicated to Mr. JUAN CARLOS HIDALGO VÍQUEZ, of the Department of Development and Urban Control of this municipal corporation, as well as to the Secretary of the Mayor's Office, about the remodel works being carried out on the property with registration (sic) 1-437413-000, PLAN: SJ-0180550-1994, which adjoins the Pruses River, so that they may proceed with the respective investigation. That same day, Mr. JUAN CARLOS forwarded the email to a Mr. JULIO RAMOS and indicates that he is forwarding it for the appropriate action, without taking any further action or observation on the matter. On August 18 of this year, Mr. JIMENEZ ALFARO requested that Mr. JULIO RAMOS indicate the status of the case. He responded that same day that it was assigned for inspection via the services platform. From the Mayor's Office, Mrs. XINIA DURAN asked Mr. JIMENEZ ALFARO if works were being carried out in the riverbed (sic), to which he responded that he is not a technician in the matter and that is why he is only reporting that renovation works are (sic) being carried out at the premises. Mrs. XINIA DURAN, in an email dated August 23, 2021, responds to Mr. JIMENEZ ALFARO that it is Mr. JUAN CARLOS who grants those permits and that he (sic) was copied on the email, otherwise with the inspections department Mr. JULIO RAMOS. NINTH: On August 26, 2021, Mr. JIMENEZ ALFARO once again brings to the attention of Mr. Juan Carlos, Julio Ramos, and Xinia Duran the continuity of the remodel works on the property, to which Mr. JULIO RAMOS responds on August 27: (…) The facts narrated above are not only apparently serious, due to the complacency and unequal treatment by municipal officials towards said property, but it also calls attention that the sale of vehicles is permitted on a property whose regulatory plan supposedly prohibits (sic) it. Mr. Mayor, the way the facts have been occurring and the unequal treatment given to the administered parties is improper. In the present case, there is not only apparent environmental damage, according (sic) to what was stated by SETENA, but there is also an apparent omission on the part of the Department of Development and Urban Control to exercise the respective fiscalization (sic). It is improper that Mr. JUAN CARLOS does not immediately proceed with the closure of the works and the premises in question, especially since, as Mrs. XINIA DURAN indicates, he is the one who grants construction permits and, therefore, he would know whether the permit was granted or not. The Department of Development and Urban Control is aware of the state of the building in the area, since it is the one that grants the land use and construction permits. To date, the property has several activities, and it is recorded that inspector JULIO RAMOS came to conduct a visit, thus they are aware of a bridge, which according to SETENA, there is no record of permits having been obtained for it. This situation, as a taxpayer and as a citizen, worries me because in the present case there is an omission regarding a clear environmental impact and a structure as evident as a concrete bridge for vehicles to cross (sic) from one side of the property to the other, which cannot go unnoticed, especially if it is in plain sight and with the patience (sic) of everyone. (…) In the present case, in accordance with the Rights of Petition made by an association dedicated to defending against abuses and injustices (sic) by the State, it is demonstrated that in the databases of the INVU, SETENA, and CFIA, there is no data related to these works, and they confirm that the responsible oversight body is the Department of Development and Urban Control of the Municipality of Curridabat. As indicated in the cited judgment, the Municipality (sic) has the obligation to coordinate with other institutions (sic) actions to safeguard the integrity of the canton's inhabitants and is also obliged to protect the environment by imperative of section 50 of the Political Constitution. PRAYER FOR RELIEF: In accordance with all the facts set forth and the evidence provided, I request your authority in your capacity as head of this public institution, to initiate an internal investigation—in the DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND URBAN CONTROL—and an external one—regarding the works and a potential encroachment on a protection zone. In the same vein, that the matter be brought to the attention of the environmental and jurisdictional administrative entities regarding the possible environmental damage generated, so that the potential responsible parties may be investigated. Let this authority take note that this is not optional on your part but rather your obligation, and your omission could result in liability according to article (sic) 339 of the Penal Code (…)”. (See documentary evidence).

From the Mayor's Office, Ms. XINIA DURAN asked Mr. JIMENEZ ALFARO whether works were being carried out in the riverbed (cause, sic), to which he responded that he is not a technician in the matter and that therefore he is only reporting that remodeling works are being carried out on the premises. Ms. XINIA DURAN, in an email dated August 23, 2021, replied to Mr. JIMENEZ ALFARO that it is Mr. JUAN CARLOS who grants those permits and that he (sic) was copied on the email, but rather with the inspections department, Mr. JULIO RAMOS. NINTH: On August 26, 2021, Mr. JIMENEZ ALFARO again reported to Mr. Juan Carlos, Julio Ramos, and Xinia Duran regarding the continuation of the remodeling works on the property, to which Mr. JULIO RAMOS responded on August 27: (…) The facts narrated above are not only apparently serious, due to the complacent and unequal treatment by municipal officials with said property, but it also draws attention that the sale of vehicles is permitted on a property whose regulatory plan supposedly prohibits it. Mr. Mayor, the way the facts have been unfolding and the unequal treatment given to the administered parties is improper; in the present case, not only is there apparent environmental damage, according to what was stated by SETENA, but there is also an apparent omission on the part of the Department of Development and Urban Control to exercise the respective oversight. It is improper that Mr. JUAN CARLOS does not immediately proceed with the closure of the works and the premises in question, especially since, as Ms. XINIA DURAN indicates, he is the one who grants construction permits and therefore he knows whether the permit was granted or not. The Department of Development and Urban Control is aware of the state of the building in the area, as it is this department that grants land use (uso de suelo) and construction permits; to date the property has several activities and it is even recorded that Inspector JULIO RAMOS made a visit, therefore they are aware of a bridge, which according to SETENA has no data indicating that permits for it have been obtained. This situation, as a taxpayer and as a citizen, concerns me because in the present case there is an omission regarding a clear environmental impact and a structure as evident as a concrete bridge for vehicles to cross from one side of the property to the other cannot go unnoticed, especially if it is in plain sight and with the patience (sight and patience, sic) of all. (…) In the present case, in accordance with the Rights of Petition filed by an association dedicated to defending against abuses and injustices (sic) by the State, it is demonstrated that in the database of INVU, SETENA, and CFIA, there is no data related to these works, and they confirm that the responsible oversight body is the Department of Development and Urban Control of the Municipality of Curridabat. As indicated in the cited judgment, the Municipality (sic) has the obligation to coordinate with other institutions (sic) actions to safeguard the integrity of the inhabitants of the canton and is also under the obligation to protect the environment by imperative of article 50 of the Political Constitution. PETITION In accordance with all the facts presented and the evidence provided, I request your authority, as head of this public institution, to initiate an internal investigation in the DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND URBAN CONTROL and an external one regarding the works and a potential encroachment into a protection zone. In the same vein, bring to the attention of the environmental administrative and jurisdictional entities the possible environmental damage generated, so that the potentially responsible parties may be investigated. Let this authority note that this is not optional for you but is your obligation, and your omission could result in liability according to article (sic) 339 of the Penal Code (…)” (emphasis supplied).

Likewise, it is verified that the secretary of the Municipal Council of Curridabat, by official letter MC-CM 386-09-2021 of September 22, 2021, addressed to the mayor of Curridabat, stated: “(…) 19:23 AGREEMENT No. 20. - COUNCIL OF CURRIDABAT- APPROVAL OF THE LEGAL AFFAIRS COMMISSION OPINION No. –CAJ 103-09-2021.- At nineteen hours and twenty-one minutes on September twenty-third, two thousand twenty-one, and the presented opinion being put to a vote, it is approved unanimously; consequently, it is approved: a) To forward the present complaint to the Municipal Mayor's Office and respectfully request that the corresponding investigative actions be initiated for the purpose of addressing the matter reported. b) To inform the complainant at the indicated email address. 19:24 AGREEMENT No. 21. - COUNCIL OF CURRIDABAT-DECLARATION OF FINALITY. - At nineteen hours and twenty-four minutes on September twenty-first, two thousand twenty-one. Unanimously, the preceding agreement is declared DEFINITIVELY APPROVED, as established by article 45 of the Municipal Code (…)”.

Subsequently, on November 9, 2021, the petitioner sent an email to the accounts [email protected] and [email protected]. Attached to such electronic communication was a filing addressed to the mayor of Curridabat, in which it was indicated: “(…) In relation to the facts that I brought to your attention on September 1, 2021, before this authority, which were made known to the Municipal Council of Curridabat and regarding which said authority recommended forwarding the present complaint to the Municipal Mayor's Office and respectfully requesting that the corresponding investigative actions be initiated for the purpose of addressing the matter reported. In that sense, I respectfully request an answer to the following questions: • Please indicate the case file number and the official responsible for the (sic) investigation? (sic) • I request that a copy of the case file be provided to me? (sic) • I would appreciate you indicating what measures have been taken since becoming aware of the facts and what is the current status of the case file? (sic) (…)”.

On the other hand, the respondent states in his report - under the solemnities and responsibilities that this entails - that: “Finally, regarding what could be pointed out as a possible problem of lack of response, the truth is that on November 30, 2021, document MC-DDCU-500-11-2021 was issued addressed to the amparo petitioner, providing him with Information and response concerning his property, thus guaranteeing the citizen's right of reply.” On this matter, it is observed that the director of Development and Urban Control of the Municipality of Curridabat, by official letter MC-DDCU-500-11-2021 of November 30, 2021, addressed to the petitioner, stated: “(…) This serves to greet you and in response to your procedure #12010, the following is reported: On September 10, 2020, through procedure 8485, you requested a land use (uso de suelo) through the services platform, for SALE OF BATTERIES AND ACCESSORIES FOR AUTOMOBILES, on the property with cadastral map SJ-714233-1987, in the name of Proyectos Internacionales AK S.A. On 09/21/2020, this Directorate responded that the property is located in a CENTRAL URBAN ZONE and the use is granted CONDITIONED, conditioned upon presenting a preliminary draft indicating the parking spaces, reminding you that front parking is not authorized and that you must comply with one parking space for every 50m2 of commercial area. On October 9, 2020, the interested party resubmitted the land use (uso de suelo) request for technical analysis again, and on 10/15/2020, the land use (uso de suelo) was granted as PERMITTED for SALE AND INSTALLATION (sic) OF ACCESSORIES FOR AUTOMOBILES, in the CENTRAL URBAN ZONE, PERMITTED, ACCORDING (sic) TO THE ATTACHED NOTE, this note (which is attached to this official letter as well as the granted use), which was presented by the interested party, DOES NOT indicate that batteries or tires will be repaired, which is precisely the activity that you indicate is not permitted by the Regulatory Plan for the zone. It bears noting that the Regulatory Plan in force in the zone of property SJ-714233-1987 permits lubrication centers and quick automotive services, as well as the sale and installation of automotive accessories. For all the above, we consider that land use (uso de suelo) permit 8485 was granted correctly, in all its aspects. (…)”. However, it is noted that no evidentiary material emerges from the proceedings that would allow it to be taken as proven that official letter MC-DDCU-500-11-2021 was notified to or brought to the attention of the petitioner.

Thus, in the first place, this Court considers it uncontroverted that the complaint raised by the petitioner that is the subject of this amparo has not been duly resolved by the respondent local government, hence it is proper to grant the amparo petition in what pertains to this aspect.

VI.- On the other hand, the Chamber observes that what was requested by the petitioner in the filing of November 9, 2021, was: “(…) In relation to the facts that I brought to your attention on September 1, 2021, before this authority, which were made known to the Municipal Council of Curridabat and regarding which said authority recommended forwarding the present complaint to the Municipal Mayor's Office and respectfully requesting that the corresponding investigative actions be initiated for the purpose of addressing the matter reported. In that sense, I respectfully request an answer to the following questions: • Please indicate the case file number and the official responsible for the (sic) investigation? (sic) • I request that a copy of the case file be provided to me? (sic) • I would appreciate you indicating what measures have been taken since becoming aware of the facts and what is the current status of the case file? (sic) (…)”.

In this regard, in the sub lite it is considered uncontroverted that what was requested by the claimant, pertaining to “(…) • Please indicate the case file number and the official responsible for the (sic) investigation? (sic) (…) • I would appreciate you indicating what measures have been taken since becoming aware of the facts and what is the current status of the case file? (sic) (…)”, has not been addressed by the respondent authority.

Furthermore, the Court observes that in the filing in question, the petitioner also stated: “(…) • I request that a copy of the case file be provided to me? (sic) (…)”; however, neither does it emerge from the proceedings on file that such documents were provided to the claimant. On this point, it is necessary to indicate that in the sub iudice, the complaint raised by the amparo petitioner concerns the apparent construction of a private bridge without permits that could generate possible environmental damage, hence the claimant must be considered a qualified complainant (denunciante cualificado), who does have a legitimate interest in the processing and outcome of the complaint filed.

In this regard, it is appropriate to bring up what is provided in ruling No. 2021017933 of 9:20 a.m. on August 13, 2021:

IV.- Regarding the second point, this Chamber has made the following distinction, which is important for ruling on what was raised. Among others, in ruling number 2021009702 of 9:15 a.m. on May 14, 2021:

“On the simple complainant and the qualified complainant (denunciante cualificado) in administrative procedures. On the subject, this Chamber, through ruling No. 2014-003717, of 11:42 a.m. on March 14, 2014, changed the criterion it had previously held, in the sense that the complainant, in a disciplinary administrative procedure, is not considered a principal party within the file and only their right to be informed of the outcome of the procedure should be recognized. As support for this, a distinction was made between the simple complainant and the qualified complainant (denunciante cualificado) in the following terms: “… when an administered party files a complaint before an administrative body or entity, to bring to their attention an irregular situation or conduct, so that the pertinent investigative or disciplinary or sanctioning administrative procedures may be initiated ex officio to establish relevant responsibilities, they may assume two clearly differentiated positions. The first is that of a simple complainant, in that the facts and circumstances they report do not directly concern them and they obtain no benefit as a consequence of the eventual sanction; and the second is that of a qualified complainant (denunciante cualificado), in that they have experienced the harmful effects of the irregular conduct or situation and may obtain, albeit indirectly, an advantageous situation or even a right. The qualified complainant (denunciante cualificado) may be the holder of a legitimate interest or a subjective right so that, in accordance with the most modern doctrine of Administrative Law, they must be deemed, for all purposes, as an interested party in the respective administrative procedure. That qualified complainant (denunciante cualificado), having the status of an interested party, is entitled to all the rights thereof and, specifically, the rights to due process and defense, so that they must have the effective possibility to present arguments, offer evidence, participate in the production thereof, and to appeal any procedural ruling with its own effects or final ruling that is issued. Denying the qualified complainant (denunciante cualificado) the status of party and, consequently, the possibility of exercising due process and defense flagrantly violates the Right of the Constitution…” (the highlighting does not correspond to the original).

In this specific case, given that the petitioner reports the illegitimate use of a public domain asset, they do have a legitimate interest in the processing and outcome of the complaint filed. Now, part of the rights to which the qualified complainant (denunciante cualificado) is entitled is access to the file and to obtain copies thereof, which is what the petitioner claims here. It was demonstrated that, in fact, in the note of July 10, 2021, they requested a copy of the file. However, it is not on record that AYA delivered it to them or made it available to them, which, in accordance with the foregoing, does violate their rights, and, as far as this point is concerned, the amparo is admissible.” (The emphasis is supplied).

Consequently, given that in the sub iudice it is not proven that the Municipality of Curridabat provided the amparo petitioner with the copy of the administrative file requested in the filing of November 9, 2021, nor that it addressed the other points of such memorial, it is proper to grant this amparo petition in the terms that will be stated in the operative part of this pronouncement.

VI.- Documentation provided to the file. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this ruling. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:

The appeal is granted. It is ordered that Jimmy Cruz Jiménez, in his capacity as mayor of Curridabat, or whoever holds the office, coordinate what is necessary, issue the pertinent orders, and carry out all actions that are within the scope of his competencies so that: 1) within a period of 24 HOURS, counted from the notification of this ruling, make available to the petitioner the copies of the file requested in point 2 of the filing of November 9, 2021; and, should any cost be incurred as a result of the required copies, it shall be borne by the interested party; 2) within a period of FIVE DAYS, counted from the notification of this vote, address points 1 and 3 of the filing submitted by the amparo petitioner on November 9, 2021, as legally appropriate, and notify them of the resolution; and, 3) within a period of TWO MONTHS, counted from the notification of this pronouncement, definitively resolve the complaint made by the petitioner that is the subject of this appeal and notify them of the corresponding decision via the means indicated for that purpose. The foregoing is issued with the warning that, based on what is established in article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on those who receive an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo proceeding, and who do not comply with it or do not enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The Municipality of Curridabat is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative court. Notify.

 

 

   

Fernando Castillo V.

President

   

 





Paul Rueda L.

   

 

   

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

   

 

   

Ana María Picado B.




Ronald Salazar Murillo

   

 

   

Jorge Isaac Solano A.

 

 

Digitally Signed Document

-- Verification Code --

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EXPEDIENTE No. 21-025565-0007-CO

 

Phones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 and 21, avenidas 8 and 6

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 17:04:34.

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