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Res. 03168-2022 Sala Constitucional — TAA compliance by issuing final act after amparo orderCumplimiento del TAA al dictar acto final tras orden de amparo

constitutional decision Sala Constitucional 11/02/2022 Topic: procedural-environmental

Summary

English
The Constitutional Chamber resolves a second contempt proceeding brought by the petitioner against the Environmental Administrative Tribunal (TAA) for failing to issue the final act in the case concerning the reconstruction of Route 606 Guácima–Santa Elena, as ordered in judgment 2020-009220. Although in a previous proceeding (2021) the Chamber found gross inaction by the TAA and partially upheld the contempt, in this new proceeding the Chamber verifies that the TAA, through resolution 135-2022-TAA dated February 2, 2022—prior to this ruling—had already issued the final act. In that resolution, the TAA held CONAVI responsible for carrying out road widening and improvement works without an approved and valid environmental impact assessment before SETENA, reprimanded it, ordered it to prepare an Environmental Diagnostic Study and submit it to SETENA, and absolved MOPT. Since the final act was already issued and notified, the Chamber declares the contempt proceeding unfounded, as the ordered action has been fulfilled.
Español
La Sala Constitucional resuelve una segunda gestión de desobediencia planteada por el recurrente contra el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) por no haber dictado el acto final en el expediente relativo a la reconstrucción de la vía 606 Guácima–Santa Elena, tal como se ordenó en la sentencia 2020-009220. Aunque en una gestión anterior (2021) la Sala constató una grosera inacción del TAA y acogió parcialmente la desobediencia, en esta nueva gestión la Sala verifica que el TAA, mediante resolución 135-2022-TAA del 2 de febrero de 2022 —previa a esta resolución—, ya había emitido el acto final. En esa resolución, el TAA declaró responsable a CONAVI por realizar obras de ampliación y mejoramiento de la ruta sin contar con evaluación de impacto ambiental aprobada y vigente ante SETENA, le amonestó y le ordenó realizar un Estudio de Diagnóstico Ambiental y presentarlo ante SETENA. Asimismo, absolvió al MOPT. Dado que el acto final ya fue dictado y notificado, la Sala declara sin lugar la gestión de desobediencia, al haberse cumplido lo ordenado.

Key excerpt

Español (source)
Por consiguiente, al momento de resolver esta gestión, la autoridad accionada ya había cumplido lo ordenado por la Sala en cuanto a dictar el acto final respecto a las denuncias tramitadas en el expediente administrativo n.° [Valor 001]. En mérito de lo expuesto, prima facie se descarta alguna situación que, en este momento, amerite la intervención de la Sala y, por ello, no ha lugar a la gestión formulada.
English (translation)
Consequently, at the time of resolving this proceeding, the respondent authority had already complied with what was ordered by the Chamber regarding issuing the final act for the complaints processed in administrative file No. [Value 001]. In view of the above, prima facie, any situation that, at this moment, merits the intervention of the Chamber is ruled out, and therefore, the motion filed is dismissed.

Outcome

Denied

English
The Constitutional Chamber denies the contempt proceeding against the Environmental Administrative Tribunal because it had already issued and notified the final act ordered in the amparo judgment.
Español
La Sala Constitucional declara sin lugar la gestión de desobediencia contra el Tribunal Ambiental Administrativo porque ya había dictado y notificado el acto final ordenado en la sentencia de amparo.

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Sala Constitucional

Resolución Nº 03168 - 2022

Fecha de la Resolución: 11 de Febrero del 2022 a las 09:30

Expediente: 20-006448-0007-CO

Redactado por: Paul Rueda Leal

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

*200064480007CO*

Exp: 20-006448-0007-CO

Res. Nº 2022003168

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del once de febrero de dos mil veintidos .

 

Gestión posterior planteada por [Nombre 001] , en relación con la sentencia n.° 2020-009220 de las 9:15 horas del 22 de mayo de 2020.

Resultando:

 

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 12:25 horas del 28 de enero de 2022, el recurrente plantea gestión de desobediencia en relación con la sentencia n.° 2020-009220 de las 9:15 horas del 22 de mayo de 2020. Recrimina que la Sala le ordenó al Tribunal Ambiental Administrativo que resolviera el expediente [Valor 001], correspondiente a la reconstrucción de la vía 606 Guácima-Santa Elena. Recrimina que ya ha transcurrido el plazo otorgado, sin que el tribunal accionado haya resuelto el citado expediente. Solicita que se apliquen las sanciones correspondientes.

2.- Mediante resolución de magistrado instructor de las 8:09 horas del 31 de enero de 2022, se confirió audiencia a Maricé Navarro Montoya, en su condición de presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quien en su lugar ocupe el cargo, para que se refiriera y aportara las pruebas correspondientes respecto a los hechos y omisiones que se le atribuyen.

3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:00 horas del 3 de febrero de 2022, rinde informe Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñónez. Detalla: “PRIMERO: Que el 1° de octubre de 2018 se recibe una copia del Oficio N° SETENA-DT-ASA-0545-2018 del 29 de agosto de 2018, el cual aduce ser firmado digitalmente por el M.Sc. Víctor Villalobos Rodríguez, Coordinador ASA de SETENA, remitiendo un escrito recibido en la SETENA, que consiste en oposición al aseverado Mejoramiento de la Ruta Nacional N° 606, Sección Guacimal - Santa Elena, por cuanto el mismo no cuenta con expediente en la SETENA (folio 1 del expediente N° [Valor 001]). A dicho oficio se adjunta un escrito, sin rúbrica conocida, atribuido a la Asociación Conservacionista de Guacimal, Santa Elena y Monteverde, fechado el 12 de agosto sin especificar año, aduciendo lo siguiente: Les preocupa que a la fecha el CONAVI no haya solicitado la viabilidad ambiental del proyecto indicado, ante la SETENA, habiéndose ya iniciado las obras (folios 2 y 3). Asimismo, por Oficio N° SETENA-DT-ASA-548-208, se adjunta otro escrito sin firma conocida (la firma que consta no indica que corresponda a una persona concreta), fechado el 4 de julio de 2018, el mismo se dirige a varias instituciones, se atribuye a la misma Asociación, haciendo referencia al Proyecto 2016CD-000014-0006000001 Guacimal Monteverde, el mismo asevera lo siguiente: Relacionado con el proyecto antes indicado, el Consorcio Grupo Orosí "conformada por Grupo Orosí y Transportes Orosí Siglo XXI", realiza extracción ilegal "...en una propiedad ubicada aproximadamente a 26 km del Cruce de la Ruta N° 1 con el camino a Monteverde que pasa por Sardinal, coordenadas según Google Earth 10°14`50.04" Norte, 84°50'29.48" Oeste" (folio 6), sin ser evitada por el MINAE, DGM, SETENA, ni por el Ingeniero Director de Obras de CONAVI a cargo del proyecto, quien ha sido presuntamente omiso en su vigilancia, según la denuncia (folios 5 a 8). A la denuncia se le asignó el expediente administrativo No. [Valor 001] SEGUNDO: Que mediante Resolución No. 1656-2020-TAA de las trece horas con dieciséis minutos del veintinueve de mayo de dos mil veinte, mediante la cual este Tribunal resuelve: "Único Con fundamental en lo señalado en los Considerandos de esta Resolución, se desestima parcialmente la denuncia tramitada en el expediente No. [Valor 001], en el sentido de que se desestima el aspecto de la denuncia que alega la supuesta extracción ilegal de materiales en el Cantón de Puntarenas, Distrito Monteverde, a 26 kilómetros del Cruce de la Ruta NO. 1 con el camino a Monteverde que pasa por Sardinal, coordenadas según Google Earth 10° 14.50.04" Norte, 84° 5029.48" Oeste..." (visible a folios 239 a 242) TERCERO: Que mediante Resolución No. 1657-2020-TAA de las trece horas con veintiún minutos del día veintinueve de mayo de dos mil veinte, se ordena la apertura del procedimiento ordinario administrativo y se cita a audiencia oral y pública para el día 16 de setiembre de 2020. (visible a folios 256 a 259 del expediente administrativo) CUARTO: Que mediante Resolución No. 2417-2020-TAA de las siete horas veinte minutos del veintiocho de agosto de dos mil veinte, folios 367 a 368, este Tribunal resuelve: "PRIMERO: SE tiene como apersonado al proceso al señor Eladio Araya Mena, en calidad de coadyuvante activos... SEGUNDO: SE suspende la audiencia oral y pública convocada por la Resolución N° 1657-2020-TAA para el 16 de setiembre de 2020 a las 13:30 horas y se reprograma la audiencia oral del proceso ordinario administrativo para el día 4 de noviembre del 2020 a las 13:30 horas. " QUINTO: Que en fecha 04 de noviembre de 2020, se llevó acabo (sic) la audiencia oral y pública relativa al expediente administrativo No. [Valor 001], quedando a la espera de la presentación de conclusiones. Conforme consta en acta de audiencia oral y pública visible a folio 675 y 576 del expediente administrativo. SEXTO: Que mediante Resolución 1266-2021-TAA de fecha 27 de setiembre de 2021, folios 643 a 646 este Tribunal resolvió: "...como prueba para mejor resolver, resuelve solicitar: 1. al Sr. Alexander Solís Delgado, en su condición de Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias o a quien ocupe su cargo: a. Si la construcción y/o ampliación y/o mejoramiento de la Ruta Nacional 606, sección Guacimal - Santa Elena, se encuentra amparada dentro de lo establecido en el Decreto Ejecutivo 36201-MP de fecha 30 de setiembre de dos mil diez, modificado mediante Decreto Ejecutivo No. 36426-MP de fecha 1 7 de diciembre de dos mil diez, o en el Decreto Ejecutivo No. 37305-MP del 24 de setiembre de 2012, en caso afirmativo indicar: i. Si la construcción y/o ampliación y/o mejoramiento de la Ruta Nacional 606, sección Guacimal - Santa Elena, consta dentro del Plan General de Emergencia, así como lo indica el artículo 3 de los citados decretos ejecutivos. ii. Que (sic) tipo de obras se encontraban permitidas en el desarrollo de este proyecto. iii. Cuál era el plazo para desarrollar las obras, inicio y finalización iv. Si la citada obra debia (sic) concluir antes de la declaración de cesación del estado de emergencia de los citados Decretos Ejecutivos. v. Cualquier otro dato o información de interés. Lo anterior en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente hábil a la notificación de la presente resolución. 2. A la MSC. Cynthia Barzuna, en su condición de Secretaria General de SETENA o a quien ocupe su cargo que informe: a. Si las actividades que se encuentran enmarcadas dentro de un Decreto de Emergencia Nacional, se excluyen del trámite de Evaluación de Impacto Ambiental. En caso afirmativo: i. Si el proyecto de Mejoramiento de la Ruta Nacional 606, sección Guacimal - Santa Elena, expediente D1-402-2008-SETENA, de conformidad con la Resolución No. 2629-2013-SETENA, se encuentra excluida de presentar el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental. ii. Si el Proyecto Mejoramiento de la Ruta Nacional 606, sección Guacimal Santa Elena, expediente D1-402-2008-SETENA, contaba con Evaluación de Impacto Ambiental, aprobada por SETENA. iii. Cualquier otro dato o información de interés. Lo anterior en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente hábil a la notificación de la presente resolución (…) SEPTIMO: Que mediante Resolución No. 1311-2021-TAA de las diez horas con cuarenta minutos del día seis de octubre de dos mil veintiuno (visible a folios 678 a 680 del expediente administrative) este Tribunal resolvió: “...De conformidad con la prueba para mejor resolver dictada por este Tribunal, se resuelve poner en conocimiento a las partes de los Oficios... para que en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente hábil a la notificación de la presente resolución para que se refieran a lo establecido en la citada documentación.. OCTAVO: Que mediante Resolución No. 135-2022-TAA de las siete horas del día dos de febrero de dos mil veintidós, este Tribunal procedió dictar el acto final del expediente administrative No. [Valor 001], (folios 764 a 790 del expediente administrative). Dicha resolución en su parte resolutiva indica: “(...)POR TANTO...De conformidad con lo dispuesto en los artículos 46, 50 y 89 de la Constitución Política, artículos 1, 2, 17, 48, 50, 51, 52, 61, 99, 101, 103, 106, 108, 110 y 111 de la Ley Orgánica del Ambiente, artículos 1, 2, 4, 6 Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) N° 31849 -MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, artículos 218, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 345 y 346 de la Ley General de Administración Publica, así como los artículos 1, 11, 20 y siguientes del Decreto Ejecutivo numero 34136-MINAE, y concordantes y en relación con las pruebas que constan en el expediente, el Tribunal Ambiental Administrativo RESUELVE: I. Se declare responsable al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), cedula jurídica 3-007-231686, representado por la Ing. Hannia Rosales Hernández, Directora Ejecutiva del CONAVI o quien ocupe el cargo, por realizar la ampliación y/o mejoramiento de la Ruta Nacional 606, sección Guacimal - Santa Elena, la cual se encuentra en el Cantón de Puntarenas en el Distrito de Guacimal y el Distrito de Monte Verde sin contar con evaluación de impacto ambiental aprobada y vigente ante la SETENA. II. Se amonesta al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), cedula jurídica 3- 007-231686, la Ing. Hannia Rosales Hernández, Directora Ejecutiva del CONAVI o quien ocupe el cargo. III. Se le ordena al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), cedula jurídica 3-007-231686, representado por la Ing. Hannia Rosales Hernández, Directora Ejecutiva del CONAVI o quien ocupe el cargo la realización de un Estudio de Diagnostico Ambiental de la Ruta Nacional 606, sección Guacimal - Santa Elena, que se encuentra en el Cantón de Puntarenas en el Distrito de Guacimal y el Distrito de Monte Verde y presentarlo ante la Secretaria Técnica Nacional Ambiental y realizar todas las acciones pertinentes hasta la aprobación del mismo. Lo anterior en el plazo de sesenta días hábiles contados a partir del día siguiente hábil a la notificación de la presente resolución. IV. De conformidad con el artículo 150 de la Ley General de la Administración Publica se intima por primera vez al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), cedula jurídica 3-007-231686, representado por la Ing. Hannia Rosales Hernández, Directora Ejecutiva del CONAVI o quien ocupe el cargo, para que proceda al cumplimiento de la presente Resolución en todos sus extremos. V. Se declare sin lugar la denuncia en contra del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), cedula jurídica 2-100-042008, representada por el Ing. Rodolfo Méndez Mata, cedula 1-0264-0650, en calidad de Ministro del MOPT o quien ocupe el cargo, por la realización de la ampliación y/o mejoramiento de la Ruta Nacional 606, sección Guacimal - Santa Elena, la cual se encuentra en el Cantón de Puntarenas en el Distrito de Guacimal y el Distrito de Monte Verde sin contar con evaluación de impacto ambiental aprobada y vigente ante la SETENA. VI. De conformidad con el artículo 345 y 346 de la Ley General de la Administración Publica contra la presente Resolución cabe interponer el Recurso Ordinario de Revocatoria en el plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la notificación de la presente Resolución. VII. Se les advierte que en case de incumplir total o parcialmente la presente resolución, podrían incurrir en los delitos de desobediencia a la autoridad (castigado por el artículo 314 del Código Penal con la prisión de seis meses a tres años) o de Incumplimiento de deberes (reprimido por el artículo 339 del Código Penal con la pena de inhabilitación de uno a cuatro años), tan pronto como se constate la falta de cumplimiento de la presente. Sin condenatoria en costas. Notifíquese.. Sobre el fondo del asunto: Que así y como lo había ordenado la Honorable Sala Constitucional, mediante Resolución No. 2021022975 de las nueve horas quince minutos del quince de octubre de dos mil veintiuno, (visible a folio 739 a 746 y 747 a 754 del expediente administrative), este Tribunal procedió a dictar el Acto Final del Procedimiento Ordinario Administrative, tramitado bajo el Expediente No. [Valor 001], mediante Resolución No. 135-2022-TAA, de las siete horas del día dos de febrero de dos mil veintidós (folios 764 a 790 del expediente administrative) misma que fue notificada a las partes conforme consta a folio 791 a 798 del expediente administrative; en razón de lo anterior este Tribunal solicita muy respetuosamente, se declare sin lugar la gestión de desobediencia planteada por el Sr. [Nombre 001] , cedula de identidad No. 0-107000218, y notificada a este Tribunal en fecha 31 de enero de 2022”.

4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

  Redacta la Magistrada Alvarado Paniagua ; y,

  Considerando:

 

I.- En la sentencia n.° 2020-009220 de las 9:15 horas del 22 de mayo de 2020, se dispuso:
“Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Maricé Navarro Montoya, en su condición de Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quien en su lugar ocupe el cargo, que realice las gestiones necesarias dentro del ámbito de sus competencias, a efectos de que dentro del plazo de 5 días, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, conteste lo que en derecho corresponde y entregue la información solicitada por el recurrente en la gestión del 10 de marzo de 2020. Además, deberá efectuar las coordinaciones pertinentes y realizar las gestiones necesarias dentro del ámbito de sus competencias, a efectos de que dentro del plazo de 4 meses, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se resuelva y dicte el acto final respecto a las denuncias tramitadas en el expediente administrativo n.° [Valor 001]. Todo lo anterior se dicta con la advertencia que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá pena de prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta día multa a quien reciba una orden de esta Sala que deba cumplir o hacer cumplir y la inobserve, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese. El Magistrado Salazar Alvarado salva el voto en forma parcial y declara sin lugar el recurso, en cuanto a la acusada violación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.
  Tal pronunciamiento fue notificado a la autoridad recurrida el 26 de mayo de 2020.
  II.- Mediante sentencia interlocutoria n.° 2021022975 de las 9:15 horas del 15 de octubre de 2021, se dispuso:
“(…) II.- SOBRE LA GESTIÓN PLANTEADA. En el sub examine, el recurrente plantea gestión de desobediencia en relación con la sentencia n.° 2020-009220 de las 9:15 horas del 22 de mayo de 2020. Recrimina que la Sala le ordenó al Tribunal Ambiental Administrativo que resolviera el expediente [Valor 001], correspondiente a la reconstrucción de la vía 606 Guácima-Santa Elena. Recrimina que ya ha transcurrido el plazo otorgado, sin que el tribunal accionado haya resuelto el citado expediente. Solicita que se apliquen las sanciones correspondientes.
Ahora bien, la Sala observa que en la sentencia n.° 2020-009220 de las 9:15 horas del 22 de mayo de 2020, se emitieron diversas órdenes, a saber: “que dentro del plazo de 5 días, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, conteste lo que en derecho corresponde y entregue la información solicitada por el recurrente en la gestión del 10 de marzo de 2020. Además, deberá efectuar las coordinaciones pertinentes y realizar las gestiones necesarias dentro del ámbito de sus competencias, a efectos de que dentro del plazo de 4 meses, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se resuelva y dicte el acto final respecto a las denuncias tramitadas en el expediente administrativo n.° [Valor 001] ”; empero, en el sub examine, el gestionante solo formuló la gestión de desobediencia en relación con la orden concerniente a “Además, deberá efectuar las coordinaciones pertinentes y realizar las gestiones necesarias dentro del ámbito de sus competencias, a efectos de que dentro del plazo de 4 meses, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se resuelva y dicte el acto final respecto a las denuncias tramitadas en el expediente administrativo n.° [Valor 001]”, por lo que el análisis se circunscribe a la pretensión del gestionante.
Aclara lo anterior, la Sala observa que con posterioridad a que las autoridades fueran notificadas del pronunciamiento n.° 2020-009220 de las 9:15 horas del 22 de mayo de 2020 (hecho que acaeció el 26 de mayo de 2020), el Tribunal Ambiental Administrativo, mediante resolución n.° 1656-2020-TAA del 29 de mayo de 2020 resolvió: “Con fundamento en los Considerandos de esta Resolución, se desestima parcialmente la denuncia tramitada en el expediente N° [Valor 001] , en el sentido de que se desestima el aspecto de la denuncia que alega la supuesta extracción ilegal de materiales en el Cantón Puntarenas, Distrito Monteverde, a 26 kilómetros del Cruce de la Ruta N° 1 con el camino a Monteverde que pasa por Sardinal, coordenadas según Google Earth 10°14’50.04 Norte, 84°50’29.48 Oeste”. Tal resolución fue notificada al tutelado del 3 de junio de 2020.
Asimismo, por resolución administrativa n.° 1657-2020-TAA del 29 de mayo de 2020, el Tribunal Ambiental Administrativo convocó a las partes a la audiencia oral y pública, programada para el 16 de setiembre de 2020, situación que le fue notificada al accionante el 3 de junio de 2020. Posteriormente, por resolución n.° 2417-2020-TAA del 28 de agosto de 2020, el Tribunal Ambiental Administrativo suspendió la audiencia programada para el 16 de setiembre de 2020 y la reprogramó para el 4 de noviembre de 2020. Tal resolución fue notificada al tutelado el 15 de setiembre de 2020.
Posteriormente, el 4 de noviembre de 2020 se celebró la audiencia oral y pública. El 9 de noviembre de 2020, las partes del procedimiento aportaron las conclusiones respectivas. El 26 de noviembre y 8 de diciembre de 2020, así como el 9 de enero, 16 de marzo y 28 de julio de 2021, la Asociación Conservacionista Guacimal, Santa Elena y Monteverde aportó escritos al expediente.
De otra parte, la Sala observa que si bien la audiencia oral y pública fue celebrada el 4 de noviembre de 2020 y las partes rindieron las conclusiones por escrito desde el 9 de noviembre de 2020, no menos cierto es que no fue sino hasta el 27 de setiembre de 2021 (con ocasión de la audiencia de desobediencia), que el Tribunal Ambiental Administrativo consideró que era necesario solicitar prueba para mejor resolver y por ello, mediante resolución n.° 1266-2021-TAA del 27 de setiembre de 2021 solicitó: “1. al Sr. Alexander Solís Delgado, en su condición de Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias o a quien ocupe su cargo: a. Si la construcción y/o ampliación y/o mejoramiento de la Ruta Nacional 606, sección Guacimal - Santa Elena, se encuentra amparada dentro de lo establecido en el Decreto Ejecutivo 36201-MP de fecha 30 de setiembre de dos mil diez, modificado mediante Decreto Ejecutivo No. 36426-MP de fecha 1 7 de diciembre de dos mil diez, o en el Decreto Ejecutivo No. 37305-MP del 24 de setiembre de 2012, en caso afirmativo indicar: i. Si la construcción y/o ampliación y/o mejoramiento de la Ruta Nacional 606, sección Guacimal - Santa Elena, consta dentro del Plan General de Emergencia, así como lo indica el artículo 3 de los citados decretos ejecutivos. ii. Que (sic) tipo de obras se encontraban permitidas en el desarrollo de este proyecto. iii. Cuál era el plazo para desarrollar las obras, inicio y finalización iv. Si la citada obra debia (sic) concluir antes de la declaración de cesación del estado de emergencia de los citados Decretos Ejecutivos. v. Cualquier otro dato o información de interés. Lo anterior en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente hábil a la notificación de la presente resolución. 2. A la MSC. Cynthia Barzuna, en su condición de Secretaria General de SETENA o a quien ocupe su cargo que informe: a. Si las actividades que se encuentran enmarcadas dentro de un Decreto de Emergencia Nacional, se excluyen del trámite de Evaluación de Impacto Ambiental. En caso afirmativo: i. Si el proyecto de Mejoramiento de la Ruta Nacional 606, sección Guacimal - Santa Elena, expediente D1-402-2008-SETENA, de conformidad con la Resolución No. 2629-2013-SETENA, se encuentra excluida de presentar el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental. ii. Si el Proyecto Mejoramiento de la Ruta Nacional 606, sección Guacimal Santa Elena, expediente D1-402-2008-SETENA, contaba con Evaluación de Impacto Ambiental, aprobada por SETENA. iii. Cualquier otro dato o información de interés. Lo anterior en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente hábil a la notificación de la presente resolución”.
Desde este panorama, la Sala observa que el plazo ordenado al Tribunal Ambiental Administrativo para resolver las denuncias tramitadas en el expediente administrativo n.° [Valor 001] feneció en setiembre de 2020; empero, no fue sino hasta setiembre de 2021, transcurrido casi un año desde el vencimiento del plazo otorgado por este Tribunal y tras más de diez meses de celebrada la audiencia oral y pública, que el Tribunal Ambiental Administrativo estimó conveniente solicitar prueba para mejor resolver, por lo que a la fecha no consta que se haya dictado el acto final. Ergo, la Sala constata una grosera inacción de parte de la autoridad recurrida en darle cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia n.° 2020-009220 de las 9:15 horas del 22 de mayo de 2020, en lo atinente a “Además, deberá efectuar las coordinaciones pertinentes y realizar las gestiones necesarias dentro del ámbito de sus competencias, a efectos de que dentro del plazo de 4 meses, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se resuelva y dicte el acto final respecto a las denuncias tramitadas en el expediente administrativo n.° [Valor 001] ”, de ahí que este Tribunal acredite el incumplimiento acusado.
Por las razones esbozadas, es que resulta improcedente la solicitud de prórroga formulada por la autoridad accionada con ocasión de la audiencia de desobediencia, toda vez que la misma fue formulada casi un año después de fenecido el plazo originalmente otorgado por la Sala y tras un plazo de inactividad del Tribunal Ambiental Administrativo en relación con el expediente n.° [Valor 001] .
En consecuencia, se desestima la solicitud de prórroga de plazo solicitada por el Tribunal Ambiental Administrativo y se acoge la gestión de desobediencia en los términos que se dirán en la parte dispositiva de este pronunciamiento.
Ahora bien, visto que la persona que actualmente ocupa el cargo de presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo es Adriana Bejarano Alfaro y no Maricé Navarro Montoya, a quien se le emitió la orden en la sentencia n.° 2020-009220 de las 9:15 horas del 22 de mayo de 2020, lo procedente es ordenar el cumplimiento de lo ahí dispuesto a la actual persona que ocupa el cargo. (…)
Por tanto:

Se acoge parcialmente la gestión de desobediencia formulada en relación con la sentencia n.° 2020-009220 de las 9:15 horas del 22 de mayo de 2020, en lo atinente a “Además, deberá efectuar las coordinaciones pertinentes y realizar las gestiones necesarias dentro del ámbito de sus competencias, a efectos de que dentro del plazo de 4 meses, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se resuelva y dicte el acto final respecto a las denuncias tramitadas en el expediente administrativo n.° [Valor 001] ”. Se ordena a Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, el cumplimiento inmediato de lo dispuesto en la sentencia n.° 2020-009220 de las 9:15 horas del 22 de mayo de 2020, en lo atinente a “Además, deberá efectuar las coordinaciones pertinentes y realizar las gestiones necesarias dentro del ámbito de sus competencias, a efectos de que dentro del plazo de 4 meses, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se resuelva y dicte el acto final respecto a las denuncias tramitadas en el expediente administrativo n.° [Valor 001] ”. Se advierte al recurrido que, según los términos del artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. En todo lo demás, no ha lugar a la gestión formulada. Notifíquese esta resolución a Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, en forma personal”. 

III.- SOBRE LA GESTIÓN PLANTEADA. En el sub lite, el recurrente plantea gestión de desobediencia en relación con la sentencia n.° 2020-009220 de las 9:15 horas del 22 de mayo de 2020. Recrimina que la Sala le ordenó al Tribunal Ambiental Administrativo que resolviera el expediente [Valor 001], correspondiente a la reconstrucción de la vía 606 Guácima-Santa Elena. Recrimina que ya ha transcurrido el plazo otorgado, sin que el tribunal accionado haya resuelto el citado expediente. Solicita que se apliquen las sanciones correspondientes.
Ahora bien, la Sala observa que en la sentencia n.° 2020-009220 de las 9:15 horas del 22 de mayo de 2020, se emitieron diversas órdenes, a saber: “que dentro del plazo de 5 días, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, conteste lo que en derecho corresponde y entregue la información solicitada por el recurrente en la gestión del 10 de marzo de 2020. Además, deberá efectuar las coordinaciones pertinentes y realizar las gestiones necesarias dentro del ámbito de sus competencias, a efectos de que dentro del plazo de 4 meses, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se resuelva y dicte el acto final respecto a las denuncias tramitadas en el expediente administrativo n.° [Valor 001]” ; empero, en el sub examine , el gestionante solo formuló la gestión de desobediencia en relación con la orden concerniente a “Además, deberá efectuar las coordinaciones pertinentes y realizar las gestiones necesarias dentro del ámbito de sus competencias, a efectos de que dentro del plazo de 4 meses, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se resuelva y dicte el acto final respecto a las denuncias tramitadas en el expediente administrativo n.° [Valor 001] ”, por lo que el análisis se circunscribe a la pretensión del gestionante.
Aclarado lo anterior, la Sala observa que el Tribunal Ambiental Administrativo, mediante resolución n.° 135-2022-TAA de las 7:00 horas del 2 de febrero de 2022 resolvió: “(...)POR TANTO...De conformidad con lo dispuesto en los artículos 46, 50 y 89 de la Constitución Política, artículos 1, 2, 17, 48, 50, 51, 52, 61, 99, 101, 103, 106, 108, 110 y 111 de la Ley Orgánica del Ambiente, artículos 1, 2, 4, 6 Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) N° 31849 -MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, artículos 218, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 345 y 346 de la Ley General de Administración Publica, así como los artículos 1, 11, 20 y siguientes del Decreto Ejecutivo numero 34136-MINAE, y concordantes y en relación con las pruebas que constan en el expediente, el Tribunal Ambiental Administrativo RESUELVE: I. Se declare responsable al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), cedula jurídica 3-007-231686, representado por la Ing. Hannia Rosales Hernández, Directora Ejecutiva del CONAVI o quien ocupe el cargo, por realizar la ampliación y/o mejoramiento de la Ruta Nacional 606, sección Guacimal - Santa Elena, la cual se encuentra en el Cantón de Puntarenas en el Distrito de Guacimal y el Distrito de Monte Verde sin contar con evaluación de impacto ambiental aprobada y vigente ante la SETENA. II. Se amonesta al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), cedula jurídica 3- 007-231686, la Ing. Hannia Rosales Hernández, Directora Ejecutiva del CONAVI o quien ocupe el cargo. III. Se le ordena al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), cedula jurídica 3-007-231686, representado por la Ing. Hannia Rosales Hernández, Directora Ejecutiva del CONAVI o quien ocupe el cargo la realización de un Estudio de Diagnostico Ambiental de la Ruta Nacional 606, sección Guacimal - Santa Elena, que se encuentra en el Cantón de Puntarenas en el Distrito de Guacimal y el Distrito de Monte Verde y presentarlo ante la Secretaria Técnica Nacional Ambiental y realizar todas las acciones pertinentes hasta la aprobación del mismo. Lo anterior en el plazo de sesenta días hábiles contados a partir del día siguiente hábil a la notificación de la presente resolución. IV. De conformidad con el artículo 150 de la Ley General de la Administración Publica se intima por primera vez al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), cedula jurídica 3-007-231686, representado por la Ing. Hannia Rosales Hernández, Directora Ejecutiva del CONAVI o quien ocupe el cargo, para que proceda al cumplimiento de la presente Resolución en todos sus extremos. V. Se declare sin lugar la denuncia en contra del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), cedula jurídica 2-100-042008, representada por el Ing. Rodolfo Méndez Mata, cedula 1-0264-0650, en calidad de Ministro del MOPT o quien ocupe el cargo, por la realización de la ampliación y/o mejoramiento de la Ruta Nacional 606, sección Guacimal - Santa Elena, la cual se encuentra en el Cantón de Puntarenas en el Distrito de Guacimal y el Distrito de Monte Verde sin contar con evaluación de impacto ambiental aprobada y vigente ante la SETENA. VI. De conformidad con el artículo 345 y 346 de la Ley General de la Administración Publica contra la presente Resolución cabe interponer el Recurso Ordinario de Revocatoria en el plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la notificación de la presente Resolución. VII. Se les advierte que en case de incumplir total o parcialmente la presente resolución, podrían incurrir en los delitos de desobediencia a la autoridad (castigado por el artículo 314 del Código Penal con la prisión de seis meses a tres años) o de Incumplimiento de deberes (reprimido por el artículo 339 del Código Penal con la pena de inhabilitación de uno a cuatro años), tan pronto como se constate la falta de cumplimiento de la presente. Sin condenatoria en costas. Notifíquese (…)”. Asimismo, tal pronunciamiento fue notificado a las partes del procedimiento el 2 de febrero de 2022.
Por consiguiente, al momento de resolver esta gestión, la autoridad accionada ya había cumplido lo ordenado por la Sala en cuanto a dictar el acto final respecto a las denuncias tramitadas en el expediente administrativo n.° [Valor 001].
En mérito de lo expuesto, prima facie se descarta alguna situación que, en este momento, amerite la intervención de la Sala y, por ello, no ha lugar a la gestión formulada.
IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

 

Por tanto:

 

No ha lugar a la gestión formulada.

 

 

 
	
Fernando Castillo V.
Presidente
	
 


Luis Fdo. Salazar A.
	
 
	
Jorge Araya G.


Anamari Garro V.
	
 
	
Ana María Picado B.


Jorge Isaac Solano A.
	
 
	
Alexandra Alvarado P.

 

 

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EXPEDIENTE N° 20-006448-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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SCIJ de Hacienda
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Sala Constitucional

Resolution No. 03168 - 2022

Date of Resolution: February 11, 2022, at 09:30

Case File: 20-006448-0007-CO

Drafted by: Paul Rueda Leal

Type of Matter: Amparo Action

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL

Judgment with protected data, in accordance with current regulations

Text of the resolution

*200064480007CO*

Exp: 20-006448-0007-CO

Res. No. 2022003168

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours thirty minutes on February eleventh, two thousand twenty-two.

Subsequent proceeding filed by [Name 001], in relation to judgment No. 2020-009220 of 9:15 hours on May 22, 2020.

Whereas:

1.- By document received in the Secretariat of the Chamber at 12:25 hours on January 28, 2022, the petitioner files a contempt proceeding in relation to judgment No. 2020-009220 of 9:15 hours on May 22, 2020. He complains that the Chamber ordered the Tribunal Ambiental Administrativo to resolve case file [Value 001], corresponding to the reconstruction of route 606 Guácima-Santa Elena. He complains that the granted deadline has already passed without the respondent tribunal having resolved the aforementioned case file. He requests that the corresponding sanctions be applied.

2.- By resolution of the instructing magistrate at 8:09 hours on January 31, 2022, a hearing was granted to Maricé Navarro Montoya, in her capacity as president of the Tribunal Ambiental Administrativo, or to whoever holds the position in her place, so that she could comment and provide the corresponding evidence regarding the facts and omissions attributed to her.

3.- By document received in the Secretariat of the Chamber at 16:00 hours on February 3, 2022, Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñónez submits a report. She details: “FIRST: That on October 1, 2018, a copy of Official Letter No. SETENA-DT-ASA-0545-2018 of August 29, 2018, was received, which is stated to be digitally signed by M.Sc. Víctor Villalobos Rodríguez, ASA Coordinator of SETENA, forwarding a document received at SETENA, which consists of opposition to the asserted Improvement of Ruta Nacional No. 606, Section Guacimal - Santa Elena, as it does not have a case file at SETENA (folio 1 of case file No. [Value 001]). Attached to said official letter is a document, without a known signature, attributed to the Asociación Conservacionista de Guacimal, Santa Elena y Monteverde, dated August 12 without specifying the year, stating the following: They are concerned that to date CONAVI has not requested the environmental feasibility of the indicated project from SETENA, although works have already begun (folios 2 and 3). Likewise, by Official Letter No. SETENA-DT-ASA-548-208, another document is attached without a known signature (the signature appearing does not indicate that it corresponds to a specific person), dated July 4, 2018, it is addressed to several institutions, it is attributed to the same Association, making reference to Project 2016CD-000014-0006000001 Guacimal Monteverde, it states the following: Related to the aforementioned project, the Consorcio Grupo Orosí 'comprising Grupo Orosí and Transportes Orosí Siglo XXI', carries out illegal extraction '...on a property located approximately 26 km from the Junction of Ruta No. 1 with the road to Monteverde that passes through Sardinal, coordinates according to Google Earth 10°14`50.04" North, 84°50'29.48" West' (folio 6), without being prevented by MINAE, DGM, SETENA, nor by the Works Director Engineer from CONAVI in charge of the project, who has been allegedly negligent in his oversight, according to the complaint (folios 5 to 8). The complaint was assigned administrative case file No. [Value 001]. SECOND: That through Resolution No. 1656-2020-TAA of thirteen hours and sixteen minutes on May twenty-ninth, two thousand twenty, by which this Tribunal resolves: 'Sole: Based on what is indicated in the Considering clauses of this Resolution, the complaint processed in case file No. [Value 001] is partially dismissed, in the sense that the aspect of the complaint alleging the supposed illegal extraction of materials in the Canton of Puntarenas, District Monteverde, at 26 kilometers from the Junction of Ruta No. 1 with the road to Monteverde that passes through Sardinal, coordinates according to Google Earth 10° 14.50.04" North, 84° 5029.48" West is dismissed...' (visible at folios 239 to 242) THIRD: That through Resolution No. 1657-2020-TAA of thirteen hours and twenty-one minutes on May twenty-ninth, two thousand twenty, the opening of the ordinary administrative procedure was ordered, and an oral and public hearing was scheduled for September 16, 2020. (visible at folios 256 to 259 of the administrative file) FOURTH: That through Resolution No. 2417-2020-TAA of seven hours twenty minutes on August twenty-eighth, two thousand twenty, folios 367 to 368, this Tribunal resolves: 'FIRST: Mr. Eladio Araya Mena is admitted as having appeared in the proceeding, as an active coadjuvant... SECOND: The oral and public hearing convened by Resolution No. 1657-2020-TAA for September 16, 2020, at 13:30 hours is SUSPENDED, and the oral hearing of the ordinary administrative procedure is rescheduled for November 4, 2020, at 13:30 hours.' FIFTH: That on November 4, 2020, the oral and public hearing related to administrative case file No. [Value 001] took place, pending the submission of conclusions. As recorded in the oral and public hearing minutes visible at folio 675 and 576 of the administrative file. SIXTH: That through Resolution 1266-2021-TAA dated September 27, 2021, folios 643 to 646, this Tribunal resolved: '...as evidence for a better resolution, resolves to request: 1. from Mr. Alexander Solís Delgado, in his capacity as Executive President of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias or whoever holds his position: a. Whether the construction and/or expansion and/or improvement of Ruta Nacional 606, section Guacimal - Santa Elena, is covered within the provisions of Decreto Ejecutivo 36201-MP dated September 30, two thousand ten, modified by Decreto Ejecutivo No. 36426-MP dated January 7, two thousand ten, or in Decreto Ejecutivo No. 37305-MP of September 24, 2012; if affirmative, indicate: i. Whether the construction and/or expansion and/or improvement of Ruta Nacional 606, section Guacimal - Santa Elena, appears within the Plan General de Emergencia, as indicated by Article 3 of the cited executive decrees. ii. What type of works were permitted in the development of this project. iii. What was the deadline to carry out the works, start and completion. iv. Whether the cited work had to conclude before the declaration of cessation of the state of emergency of the cited Decretos Ejecutivos. v. Any other data or information of interest. The foregoing within a period of three business days counted from the business day following the notification of this resolution. 2. To MSC. Cynthia Barzuna, in her capacity as General Secretary of SETENA or whoever holds her position, to inform: a. Whether activities that are framed within a National Emergency Decree are excluded from the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) process. If affirmative: i. Whether the project for the Improvement of Ruta Nacional 606, section Guacimal - Santa Elena, file D1-402-2008-SETENA, in accordance with Resolution No. 2629-2013-SETENA, is excluded from submitting the environmental impact assessment process. ii. Whether the Project for the Improvement of Ruta Nacional 606, section Guacimal Santa Elena, file D1-402-2008-SETENA, had an environmental impact assessment approved by SETENA. iii. Any other data or information of interest. The foregoing within a period of three business days counted from the business day following the notification of this resolution (…) SEVENTH: That through Resolution No. 1311-2021-TAA of ten hours and forty minutes on October sixth, two thousand twenty-one (visible at folios 678 to 680 of the administrative file) this Tribunal resolved: “...In accordance with the evidence for a better resolution ordered by this Tribunal, it is resolved to inform the parties of the Official Letters... so that within a period of three business days counted from the business day following the notification of this resolution, they may comment on what is established in the cited documentation... EIGHTH: That through Resolution No. 135-2022-TAA of seven hours on February second, two thousand twenty-two, this Tribunal proceeded to issue the final act of administrative case file No. [Value 001], (folios 764 to 790 of the administrative file). Said resolution in its operative part indicates: “(...)THEREFORE... In accordance with the provisions of Articles 46, 50 and 89 of the Constitución Política, Articles 1, 2, 17, 48, 50, 51, 52, 61, 99, 101, 103, 106, 108, 110 and 111 of the Ley Orgánica del Ambiente, Articles 1, 2, 4, 6 Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) N° 31849 -MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, Articles 218, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 345 and 346 of the Ley General de Administración Publica, as well as Articles 1, 11, 20 et seq. of Decreto Ejecutivo number 34136-MINAE, and concordant provisions, and in relation to the evidence contained in the file, the Tribunal Ambiental Administrativo RESOLVES: I. It is declared that the Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), legal ID 3-007-231686, represented by Engineer Hannia Rosales Hernández, Executive Director of CONAVI or whoever holds the position, is responsible for carrying out the expansion and/or improvement of Ruta Nacional 606, section Guacimal - Santa Elena, which is located in the Canton of Puntarenas in the District of Guacimal and the District of Monte Verde without having an approved and current environmental impact assessment before SETENA. II. The Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), legal ID 3-007-231686, Engineer Hannia Rosales Hernández, Executive Director of CONAVI or whoever holds the position, is admonished. III. The Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), legal ID 3-007-231686, represented by Engineer Hannia Rosales Hernández, Executive Director of CONAVI or whoever holds the position, is ordered to carry out an Environmental Diagnostic Study of Ruta Nacional 606, section Guacimal - Santa Elena, which is located in the Canton of Puntarenas in the District of Guacimal and the District of Monte Verde, and present it before the Secretaría Técnica Nacional Ambiental and carry out all pertinent actions until its approval. The foregoing within a period of sixty business days counted from the business day following the notification of this resolution. IV. In accordance with Article 150 of the Ley General de la Administración Publica, the Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), legal ID 3-007-231686, represented by Engineer Hannia Rosales Hernández, Executive Director of CONAVI or whoever holds the position, is notified for the first time to proceed with compliance with this Resolution in all its aspects. V. The complaint against the Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), legal ID 2-100-042008, represented by Engineer Rodolfo Méndez Mata, ID 1-0264-0650, as Minister of MOPT or whoever holds the position, is dismissed, for carrying out the expansion and/or improvement of Ruta Nacional 606, section Guacimal - Santa Elena, which is located in the Canton of Puntarenas in the District of Guacimal and the District of Monte Verde without having an approved and current environmental impact assessment before SETENA. VI. In accordance with Articles 345 and 346 of the Ley General de la Administración Publica, against this Resolution, the Ordinary Appeal for Revocation may be filed within a period of three business days, counted from the business day immediately following the notification of this Resolution. VII. They are warned that in case of total or partial non-compliance with this resolution, they could incur the crimes of disobedience to authority (punished by Article 314 of the Código Penal with imprisonment from six months to three years) or Non-compliance with duties (punished by Article 339 of the Código Penal with a penalty of disqualification from one to four years), as soon as the lack of compliance herewith is verified. No award as to costs. Let it be notified. On the merits of the matter: That thus and as had been ordered by the Honorable Sala Constitucional, through Resolution No. 2021022975 of nine hours fifteen minutes on October fifteenth, two thousand twenty-one, (visible at folio 739 to 746 and 747 to 754 of the administrative file), this Tribunal proceeded to issue the Final Act of the Ordinary Administrative Procedure, processed under Case File No. [Value 001], through Resolution No. 135-2022-TAA, of seven hours on February second, two thousand twenty-two (folios 764 to 790 of the administrative file), which was notified to the parties as recorded at folio 791 to 798 of the administrative file; by reason of the foregoing, this Tribunal very respectfully requests that the contempt proceeding filed by Mr. [Name 001], identity card No. 0-107000218, and notified to this Tribunal on January 31, 2022, be dismissed.”

4.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.

Drafted by Magistrate Alvarado Paniagua; and,

Considering:

I.- In judgment No. 2020-009220 of 9:15 hours on May 22, 2020, it was ordered:
“The amparo action is granted. Maricé Navarro Montoya, in her capacity as President of the Tribunal Ambiental Administrativo, or whoever holds the position in her place, is ordered to take the necessary steps within the scope of her powers, so that within a period of 5 days, counted from the notification of this ruling, she responds as legally appropriate and delivers the information requested by the petitioner in the proceeding of March 10, 2020. Furthermore, she must make the pertinent arrangements and take the necessary steps within the scope of her powers, so that within a period of 4 months, counted from the notification of this ruling, the final act regarding the complaints processed in administrative case file No. [Value 001] is resolved and issued. All of the foregoing is ordered with the warning that, in accordance with Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison sentence of three months to two years or a fine of twenty to sixty days will be imposed on anyone who receives an order from this Chamber that must be complied with or enforced and disregards it, provided that the crime is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of the sentence in the administrative contentious jurisdiction. Let it be notified. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents and dismisses the action, regarding the alleged violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.”.
Said ruling was notified to the respondent authority on May 26, 2020.
II.- By means of interlocutory judgment No. 2021022975 of 9:15 hours on October 15, 2021, it was ordered:
“(…) II.- REGARDING THE PROCEEDING FILED. In the sub examine, the petitioner files a contempt proceeding in relation to judgment No. 2020-009220 of 9:15 hours on May 22, 2020. He complains that the Chamber ordered the Tribunal Ambiental Administrativo to resolve case file [Value 001], corresponding to the reconstruction of route 606 Guácima-Santa Elena. He complains that the granted deadline has already passed without the respondent tribunal having resolved the aforementioned case file. He requests that the corresponding sanctions be applied.
Now, the Chamber observes that in judgment No. 2020-009220 of 9:15 hours on May 22, 2020, various orders were issued, namely: 'that within a period of 5 days, counted from the notification of this ruling, respond as legally appropriate and deliver the information requested by the petitioner in the proceeding of March 10, 2020. Furthermore, must make the pertinent arrangements and take the necessary steps within the scope of her powers, so that within a period of 4 months, counted from the notification of this ruling, the final act regarding the complaints processed in administrative case file No. [Value 001] is resolved and issued'; however, in the sub examine, the petitioner only filed the contempt proceeding in relation to the order concerning 'Furthermore, must make the pertinent arrangements and take the necessary steps within the scope of her powers, so that within a period of 4 months, counted from the notification of this ruling, the final act regarding the complaints processed in administrative case file No. [Value 001] is resolved and issued', so the analysis is limited to the petitioner's claim.
Having clarified the above, the Chamber observes that after the authorities were notified of ruling No. 2020-009220 of 9:15 hours on May 22, 2020 (an event that occurred on May 26, 2020), the Tribunal Ambiental Administrativo, through resolution No. 1656-2020-TAA of May 29, 2020, resolved: 'Based on the Considering clauses of this Resolution, the complaint processed in case file No. [Value 001] is partially dismissed, in the sense that the aspect of the complaint alleging the supposed illegal extraction of materials in the Canton of Puntarenas, District Monteverde, at 26 kilometers from the Junction of Ruta No. 1 with the road to Monteverde that passes through Sardinal, coordinates according to Google Earth 10°14’50.04 North, 84°50’29.48 West is dismissed.' This resolution was notified to the protected party on June 3, 2020.
Likewise, by administrative resolution No. 1657-2020-TAA of May 29, 2020, the Tribunal Ambiental Administrativo summoned the parties to the oral and public hearing, scheduled for September 16, 2020, a situation that was notified to the petitioner on June 3, 2020. Subsequently, by resolution No. 2417-2020-TAA of August 28, 2020, the Tribunal Ambiental Administrativo suspended the hearing scheduled for September 16, 2020, and rescheduled it for November 4, 2020. Said resolution was notified to the protected party on September 15, 2020.
Subsequently, on November 4, 2020, the oral and public hearing was held. On November 9, 2020, the parties to the procedure submitted their respective conclusions. On November 26 and December 8, 2020, as well as January 9, March 16, and July 28, 2021, the Asociación Conservacionista Guacimal, Santa Elena y Monteverde submitted documents to the case file.
On the other hand, the Chamber observes that although the oral and public hearing was held on November 4, 2020, and the parties submitted their conclusions in writing as of November 9, 2020, it is no less true that it was not until September 27, 2021 (on the occasion of the contempt hearing), that the Tribunal Ambiental Administrativo considered it necessary to request evidence for a better resolution and therefore, through resolution No. 1266-2021-TAA of September 27, 2021, requested: '1. from Mr. Alexander Solís Delgado, in his capacity as Executive President of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias or whoever holds his position: a. Whether the construction and/or expansion and/or improvement of Ruta Nacional 606, section Guacimal - Santa Elena, is covered within the provisions of Decreto Ejecutivo 36201-MP dated September 30, two thousand ten, modified by Decreto Ejecutivo No. 36426-MP dated January 7, two thousand ten, or in Decreto Ejecutivo No. 37305-MP of September 24, 2012; if affirmative, indicate: i. Whether the construction and/or expansion and/or improvement of Ruta Nacional 606, section Guacimal - Santa Elena, appears within the Plan General de Emergencia, as indicated by Article 3 of the cited executive decrees. ii. What type of works were permitted in the development of this project. iii. What was the deadline to carry out the works, start and completion. iv. Whether the cited work had to conclude before the declaration of cessation of the state of emergency of the cited Decretos Ejecutivos. v. Any other data or information of interest. The foregoing within a period of three business days counted from the business day following the notification of this resolution. 2. To MSC. Cynthia Barzuna, in her capacity as General Secretary of SETENA or whoever holds her position, to inform: a. Whether activities that are framed within a National Emergency Decree are excluded from the environmental impact assessment process. If affirmative: i. Whether the project for the Improvement of Ruta Nacional 606, section Guacimal - Santa Elena, file D1-402-2008-SETENA, in accordance with Resolution No. 2629-2013-SETENA, is excluded from submitting the environmental impact assessment process. ii. Whether the Project for the Improvement of Ruta Nacional 606, section Guacimal Santa Elena, file D1-402-2008-SETENA, had an environmental impact assessment approved by SETENA. iii. Any other data or information of interest. The foregoing within a period of three business days counted from the business day following the notification of this resolution.'
From this perspective, the Chamber observes that the period ordered to the Tribunal Ambiental Administrativo to resolve the complaints processed in administrative case file No. [Value 001] expired in September 2020; however, it was not until September 2021, almost a year after the expiration of the period granted by this Tribunal and more than ten months after the oral and public hearing was held, that the Tribunal Ambiental Administrativo deemed it appropriate to request evidence for a better resolution, so to date there is no record that the final act has been issued. Therefore, the Chamber verifies a gross inaction on the part of the respondent authority in complying with what was ordered in judgment No. 2020-009220 of 9:15 hours on May 22, 2020, regarding 'Furthermore, must make the pertinent arrangements and take the necessary steps within the scope of her powers, so that within a period of 4 months, counted from the notification of this ruling, the final act regarding the complaints processed in administrative case file No. [Value 001] is resolved and issued', hence this Tribunal certifies the alleged non-compliance.
For the reasons outlined, the extension request made by the respondent authority on the occasion of the contempt hearing is improper, since it was made almost a year after the period originally granted by the Chamber expired and after a period of inactivity by the Tribunal Ambiental Administrativo regarding case file No. [Value 001].
Consequently, the extension request sought by the Tribunal Ambiental Administrativo is denied, and the contempt proceeding is granted in the terms that will be stated in the operative part of this ruling.
Now, given that the person who currently holds the position of president of the Tribunal Ambiental Administrativo is Adriana Bejarano Alfaro and not Maricé Navarro Montoya, to whom the order in judgment No. 2020-009220 of 9:15 hours on May 22, 2020, was issued, the appropriate course is to order compliance with what was ordered therein to the current person holding the position. (…)
Therefore:

The contempt proceeding filed in relation to judgment No. 2020-009220 of 9:15 hours on May 22, 2020, is partially granted, regarding 'Furthermore, must make the pertinent arrangements and take the necessary steps within the scope of her powers, so that within a period of 4 months, counted from the notification of this ruling, the final act regarding the complaints processed in administrative case file No. [Value 001] is resolved and issued'. Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as president of the Tribunal Ambiental Administrativo, or whoever holds that position in her place, is ordered to immediately comply with what was ordered in judgment No. 2020-009220 of 9:15 hours on May 22, 2020, regarding 'Furthermore, must make the pertinent arrangements and take the necessary steps within the scope of her powers, so that within a period of 4 months, counted from the notification of this ruling, the final act regarding the complaints processed in administrative case file No. [Value 001] is resolved and issued'. The respondent is warned that, according to the terms of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, an imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo action and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished. In all other respects, the proceeding filed is dismissed. Let this resolution be notified to Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as president of the Tribunal Ambiental Administrativo, or to whoever holds that position in her place, personally.”

III.- REGARDING THE PROCEEDING FILED. In the sub lite, the petitioner files a contempt proceeding in relation to judgment No. 2020-009220 of 9:15 hours on May 22, 2020. He complains that the Chamber ordered the Tribunal Ambiental Administrativo to resolve case file [Value 001], corresponding to the reconstruction of route 606 Guácima-Santa Elena. He complains that the granted deadline has already passed without the respondent tribunal having resolved the aforementioned case file. He requests that the corresponding sanctions be applied.
Now, the Chamber observes that in judgment No. 2020-009220 of 9:15 hours on May 22, 2020, various orders were issued, namely: 'that within a period of 5 days, counted from the notification of this ruling, respond as legally appropriate and deliver the information requested by the petitioner in the proceeding of March 10, 2020. Furthermore, must make the pertinent arrangements and take the necessary steps within the scope of her powers, so that within a period of 4 months, counted from the notification of this ruling, the final act regarding the complaints processed in administrative case file No. [Value 001] is resolved and issued'; however, in the sub examine, the petitioner only filed the contempt proceeding in relation to the order concerning 'Furthermore, must make the pertinent arrangements and take the necessary steps within the scope of her powers, so that within a period of 4 months, counted from the notification of this ruling, the final act regarding the complaints processed in administrative case file No. [Value 001] is resolved and issued', so the analysis is limited to the petitioner's claim.
Having clarified the above, the Chamber observes that the Tribunal Ambiental Administrativo, through resolution No. 135-2022-TAA of 7:00 hours on February 2, 2022, resolved: “(...)THEREFORE... In accordance with the provisions of Articles 46, 50 and 89 of the Constitución Política, Articles 1, 2, 17, 48, 50, 51, 52, 61, 99, 101, 103, 106, 108, 110 and 111 of the Ley Orgánica del Ambiente, Articles 1, 2, 4, 6 Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) N° 31849 -MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, Articles 218, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 345 and 346 of the Ley General de Administración Publica, as well as Articles 1, 11, 20 et seq. of Decreto Ejecutivo number 34136-MINAE, and concordant provisions, and in relation to the evidence contained in the file, the Tribunal Ambiental Administrativo RESOLVES: I. It is declared that the Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), legal ID 3-007-231686, represented by Engineer Hannia Rosales Hernández, Executive Director of CONAVI or whoever holds the position, is responsible for carrying out the expansion and/or improvement of Ruta Nacional 606, section Guacimal - Santa Elena, which is located in the Canton of Puntarenas in the District of Guacimal and the District of Monte Verde without having an approved and current environmental impact assessment before SETENA. II. The Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), legal ID 3-007-231686, Engineer Hannia Rosales Hernández, Executive Director of CONAVI or whoever holds the position, is admonished. III. The Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), legal ID 3-007-231686, represented by Engineer Hannia Rosales Hernández, Executive Director of CONAVI or whoever holds the position, is ordered to carry out an Environmental Diagnostic Study of Ruta Nacional 606, section Guacimal - Santa Elena, which is located in the Canton of Puntarenas in the District of Guacimal and the District of Monte Verde, and present it before the Secretaría Técnica Nacional Ambiental and carry out all pertinent actions until its approval. The foregoing within a period of sixty business days counted from the business day following the notification of this resolution. IV. In accordance with Article 150 of the Ley General de la Administración Publica, the Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), legal ID 3-007-231686, represented by Engineer Hannia Rosales Hernández, Executive Director of CONAVI or whoever holds the position, is notified for the first time to proceed with compliance with this Resolution in all its aspects. V. The complaint against the Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), legal ID 2-100-042008, represented by Engineer Rodolfo Méndez Mata, ID 1-0264-0650, as Minister of MOPT or whoever holds the position, is dismissed, for carrying out the expansion and/or improvement of Ruta Nacional 606, section Guacimal - Santa Elena, which is located in the Canton of Puntarenas in the District of Guacimal and the District of Monte Verde without having an approved and current environmental impact assessment before SETENA. VI. In accordance with Articles 345 and 346 of the Ley General de la Administración Publica, against this Resolution, the Ordinary Appeal for Revocation may be filed within a period of three business days, counted from the business day immediately following the notification of this Resolution. VII. They are warned that in case of total or partial non-compliance with this resolution, they could incur the crimes of disobedience to authority (punished by Article 314 of the Código Penal with imprisonment from six months to three years) or Non-compliance with duties (punished by Article 339 of the Código Penal with a penalty of disqualification from one to four years), as soon as the lack of compliance herewith is verified. No award as to costs. Let it be notified. On the merits of the matter: That thus and as had been ordered by the Honorable Sala Constitucional…” (the preceding text corresponds to paragraphs I to VII of the operative part and the initial part of the merits section of resolution No. 135-2022-TAA, which are fully transcribed in that resolution at folios 788 and 789 of the administrative file).
Thus, with the issuance of the final act within administrative case file No. [Value 001] through resolution No. 135-2022-TAA of 7:00 hours on February 2, 2022 (folios 764 to 790), it appears that the respondent authority has proceeded to comply with the order issued in judgment No. 2020-009220 of 9:15 hours on May 22, 2020, regarding 'Furthermore, must make the pertinent arrangements and take the necessary steps within the scope of her powers, so that within a period of 4 months, counted from the notification of this ruling, the final act regarding the complaints processed in administrative case file No. [Value 001] is resolved and issued', and reiterated in the interlocutory judgment No. 2021022975 of 9:15 hours on October 15, 2021. Therefore, what is appropriate is to dismiss the contempt proceeding filed.

IV.- Having resolved in that sense, the imposition of sanctions under Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional is not applicable at this time, under the terms of the ruling. Therefore, the corresponding proceeding file should be archived.

Therefore:

The contempt proceeding filed is dismissed.

Archived as indicated.

Let it be notified.

Fernando Castillo V.
President

Paul Rueda L.
Marta Eugenia Esquivel R.
Luis Fernando Salazar A.
Aracelly Pacheco S.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.

Hannia Rosales Hernández, Executive Director of CONAVI or whoever holds the position, to conduct an Environmental Diagnostic Study (Estudio de Diagnostico Ambiental) of National Route 606, Guacimal – Santa Elena section, located in the Canton of Puntarenas in the District of Guacimal and the District of Monte Verde, and to submit it to the National Environmental Technical Secretariat (Secretaria Técnica Nacional Ambiental) and to take all pertinent actions until its approval. The foregoing within a period of sixty business days counted from the business day following notification of this resolution. IV. In accordance with Article 150 of the General Public Administration Act (Ley General de la Administración Publica), the National Highway Council (Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI), legal identification number 3-007-231686, represented by Eng. Hannia Rosales Hernández, Executive Director of CONAVI or whoever holds the position, is hereby formally demanded for the first time to comply with this Resolution in all its terms. V. The complaint against the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOPT), legal identification number 2-100-042008, represented by Eng. Rodolfo Méndez Mata, identification number 1-0264-0650, in his capacity as Minister of MOPT or whoever holds the position, is declared without merit, regarding the expansion and/or improvement of National Route 606, Guacimal – Santa Elena section, which is located in the Canton of Puntarenas in the District of Guacimal and the District of Monte Verde, without having an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) approved and in force before SETENA. VI. In accordance with Articles 345 and 346 of the General Public Administration Act, an Ordinary Motion for Revocation (Recurso Ordinario de Revocatoria) may be filed against this Resolution within a period of three business days, counted from the business day immediately following notification of this Resolution. VII. They are warned that in the event of total or partial non-compliance with this resolution, they could incur the crimes of disobedience to authority (punished by Article 314 of the Penal Code (Código Penal) with imprisonment of six months to three years) or dereliction of duty (punished by Article 339 of the Penal Code with a penalty of disqualification from one to four years), as soon as the failure to comply is verified. No order as to costs. Let it be notified (…)”. Likewise, said pronouncement was notified to the parties to the proceeding on February 2, 2022.

Consequently, at the time of deciding this request, the respondent authority had already complied with what was ordered by the Chamber regarding issuing the final act with respect to the complaints processed in administrative file No. [Value 001].

By virtue of the foregoing, prima facie any situation is dismissed that, at this moment, warrants the intervention of the Chamber and, therefore, the request filed has no legal grounds.

IV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are forewarned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on Electronic Files before the Judiciary (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial)", approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

 

Therefore:

 

The request filed has no legal grounds.

 

 

 
	
Fernando Castillo V.
President
	
 

 
Luis Fdo. Salazar A.
	
 
	
Jorge Araya G.

 
Anamari Garro V.
	
 
	
Ana María Picado B.

 
Jorge Isaac Solano A.
	
 
	
Alexandra Alvarado P.

 

 

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