Res. 03192-2022 Sala Constitucional — Municipal Failure to Oversee Illegal Construction and Activities in Water Protection ZoneOmisión Municipal en Fiscalización de Construcciones y Actividades Ilegales en Zona de Protección Hídrica

Grande
Normal
Pequeña
Sala Constitucional

Resolución Nº 03192 - 2022

Fecha de la Resolución: 11 de Febrero del 2022 a las 09:30

Expediente: 21-023717-0007-CO

Redactado por: Alexandra Alvarado Paniagua

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con Voto Salvado

Sentencia con nota separada

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencias Relacionadas


Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

003192-22. MUNICIPALIDAD. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, QUE COORDINEN LO CORRESPONDIENTE, GIREN LAS ÓRDENES PERTINENTES Y LLEVEN A CABO TODAS LAS ACTUACIONES QUE ESTÉN DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, PARA QUE, EN EL PLAZO MÁXIMO DE TRES MESES, SE REALICEN LAS DILIGENCIAS NECESARIAS Y SE LLEVEN A CABO LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LOS EFECTOS DE SOLUCIONAR: 1) LA SITUACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES ILEGALES EN LOS INMUEBLES ALUDIDOS EN ESTE RECURSO, CON EL OBJETO DE QUE SEAN AJUSTADAS A DERECHO; 2) LA CUESTIÓN DEL MANEJO DE LAS AGUAS PLUVIALES Y NEGRAS EN EL SITIO, ASÍ COMO OTROS PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA Y AFECTACIÓN AL AMBIENTE PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES Y CONSTRUCCIONES IRREGULARES SUPRA CITADAS.

“(…) De este modo, se aprecia que actualmente persisten situaciones en los sitios aludidos (inmuebles 280191-000 y 14824-000 de la provincia de Alajuela) y que la municipalidad recurrida no ha sido lo suficientemente diligente en su labor de fiscalización y de dar seguimiento al problema evidenciado desde años atrás, en detrimento de un ambiente sano y de la salud y seguridad de las personas, pues no se han adoptado medidas efectivas y definitivas para corregir la situación denunciada. En tal sentido, véase que no fue sino hasta la notificación del curso de este proceso que se emitieron las boletas n.os 013013 y 013012, respecto a actividades comerciales ilegales que se dan en el sitio; no obstante, como se evidencia en el informe y en los oficios antes aludidos, persisten aún situaciones que deben ser atendidas por la autoridad accionada a los efectos del resguardo de los derechos fundamentales de las personas que habitan en la comunidad de marras.

En virtud de lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso, en los términos que se indicarán en la parte dispositiva de este pronunciamiento. (…)” VCG03/2022

... Ver más
Sentencias Relacionadas
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

IV.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa que es vecino del Residencial La Giralda, en Desamparados de Alajuela, donde existe un inmueble que realiza actividades comerciales industriales y se han efectuado construcciones sin permisos o licencias municipales, los cuales generan contaminación sónica, acuífera y ambiental. Además, se acumula la basura. Lo anterior, en violación al derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

VCG03/2022

... Ver más
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto salvado

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

V.- VOTO SALVADO PARCIAL RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero parcialmente sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, específicamente en cuanto a los procedimientos y acciones correspondientes para solucionar la situación de actividades comerciales y construcciones irregulares en los inmuebles aludidos en este recurso, así como la situación del manejo de las aguas pluviales y negras en el sitio, lo anterior debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.

VCG03/2022

... Ver más
Texto de la resolución



Exp: 21-023717-0007-CO

Res. Nº 2022003192

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del once de febrero de dos mil veintidos .

 

Recurso de amparo que se tramita en expediente n.o 21-023717-0007-CO, interpuesto por MANUEL ÁNGEL MORERA PIEDRA, cédula de identidad 0202800227, contra la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA.

 

Resultando:

 

1.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 9:58 horas de 21 de noviembre de 2021, la parte accionante interpone recurso de amparo. Manifiesta que es vecino de Alajuela, Desamparados, Residencial La Giralda. El lote 6-T bajo la matricula registral Alajuela-280191-000, cuya naturaleza es terreno para construir, con plano catastrado número A-0159655-1993 se ubica en Alajuela, Desamparados, Residencial La Giralda. Así mismo, la finca matrícula Alajuela -14824-00, se ubica en la parte posterior del Lote 6-T, y este terreno colinda con el Residencial La Cataluña. Actualmente el Lote 6-T es utilizado como vía de paso y calle pública. Se le da un uso distinto al autorizado por el Plan Regulador, sea terreno para construir. En dichos terrenos se realizan actividades comerciales industriales, viviendas y construcciones, todos ilegales ya que no cuentan con los permisos, autorizaciones y licencias de funcionamiento y municipales correspondientes. Las actividades ilegales no son acordes con el plan regulador urbano, no cuentan con los permisos de construcción, generan contaminación sónica, acuífera y ambiental. Además, se ejecutan actividades industriales y comerciales en una zona residencial y de protección acuífera, inclusive a altas horas de la noche. Dado que las actividades y construcciones son ilegales no cuentan con el servicio de recolección de basura municipal, la basura se acumula en la zona del Residencial La Giralda. Las actividades y construcciones ilegales no cuentan con alcantarillado pluvial, ni sanitario, ni cuentan con aceras, caños, ni cordones, por lo que las aguas lodo, lastre y basura discurren por la vía pública del residencial La Giralda. En los inmuebles donde se ejecutan las actividades y construcciones ilegales es una zona de protección absoluta de carga hídrica y su área de flujo (acuífero), artículo 193 de la Ley Forestal. Sin embargo, pese al área de protección existen construcciones ilegales con pozo séptico que contamina los acuíferos. Otras construcciones ilegales cuentan con pozos ilegales que extraen agua del acuífero. En dicho inmueble se han instalado más de 20 servicios eléctricos del Instituto Costarricense de Electricidad y sus respectivos tendidos eléctricos para actividades y construcciones ilegales, los cuales están amontonados y en este momento en muy mal estado, lo cual pone en riesgo de incendio las viviendas colindantes del residencial La Giralda. El inmueble referido no cumple con los deberes de los munícipes de estar debidamente cerrado, cercado y limpio el lote (artículo 75 del Código Municipal). Las construcciones ilegales se abastecen de agua potable con conexiones ilegales de la red de distribución del servicio municipal, y se aprovecha también del servicio de recolección de basura del Residencial La Giralda. Por lo anterior, los vecinos de la urbanización presentaron denuncias ante la municipalidad que se han conocido desde el año 2009, sin que al día que acude a la Sala, se le haya brindado solución alguna. Detalla que el Concejo Municipal de Alajuela mediante Sesión Ordinaria No. 19-09 del 12 de mayo de 2009 puso en conocimiento de la situación a la alcaldía por medio del oficio No. DR-772-SM-09 de fecha 20 de mayo de 2009 (véase el documento aportado como prueba). Reitera que al día en que se interpone el presente amparo, la autoridad recurrida no ha brindado solución oportuna alguna ni ha tomado acciones tendientes a proteger el ambiente.

2.-Mediante resolución de las 16:40 horas de 22 de noviembre de 2021, se le efectuó una prevención al recurrente.

3.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 14:40 horas de 23 de noviembre de 2021, el accionante cumple la prevención.

4.- Mediante la resolución de las 11:29 horas de 26 de noviembre de 2021, se le dio curso al proceso y se le solicitó informe al alcalde, al presidente del Concejo y al jefe del Departamento de Gestión Vial, todos de la Municipalidad de Alajuela.

5.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 16:42 horas de 7 de diciembre de 2021, Sofía Marcela González Barquero, Leslye Rubén Bojorges León y Luis Fernando Moya Chavarría, por su orden, alcaldesa, presidente del Concejo y coordinador del Subproceso de Gestión Vial, todos de la Municipalidad de Alajuela, rindieron informe bajo juramento. Señalan que, mediante el oficio n.° MA-SGV-914-202103 de 3 de diciembre de 2021, el coordinador a.i. del Subproceso de Gestión Vial señala que la finca en cuestión no corresponde a una vía pública de hecho, sino que se trata de una propiedad privada inscrita a nombre de particulares. Al respecto, aducen que en el oficio se indicó: “(…) Con respecto a las construcciones, viviendas y actividades comerciales que se realizan en la finca #14824 no corresponde a este Sub-Proceso emitir criterio”. Exponen que el Ing. Roy Delgado Alpízar, MPM, Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, por medio del oficio n.° MA-PPCI-0797-2021 de 3 de diciembre de 2021, consignó: “(…) Efectivamente, el terreno señalado se trata de un terreno para construir que es el lote 6-T de urbanización La Giralda, descrito mediante plano catastrado A-159655-1993 y con número de finca 0280191-000, con frente de 7,50 metros, naturaleza para construir no para acceso, pues no cumple ni con dimensiones mínimas de ancho de vía, ni cuenta con infraestructura ni está reflejado de esa manera en el mapa oficial que es el mosaico general de catastro de Urbanización La Giralda aprobado por el INVU y el Concejo Municipal. Es por eso que se han emprendido esfuerzos para la notificación y regularización de esta actividad a todas luces anómala e ilegal a nivel municipal, situación que sobrepasa las facultades del Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura y debe ser coordinado con el Proceso Control Fiscal y Urbano en conjunto con la Policía Municipal y otras autoridades gubernamentales como el Ministerio de Salud, MINAE y el IMAS. Se recomienda emprender un esfuerzo para regularizar y corregir estas anomalías ya que se están generando problemas de salud además de un mal manejo de las aguas pluviales y aguas negras, entre otros que son producto de la ausencia de infraestructura derivada de la ilegalidad y desapego a la reglamentación vigente (…)”. Acotan que, por medio del oficio n.° MA-AAP-0974-2021 de 3 de diciembre de 2021, el Ing. Lawrence Chacón Soto, coordinador de Alcantarillado Pluvial, indicó: “(…) 1. Que, con respecto al manejo de las aguas pluviales del casería o lotificación que se ubica al sureste del bloque T de la urbanización La Giralda , el mismo no contó en su momento con ninguna aprobación o visto bueno por parte de la Actividad Alcantarillado Pluvial, por lo cual se desconoce la forma o las valoraciones que se llevaron a cabo en materia pluvial para la autorización del desarrollo urbano de finca madre (folio real N° 2-014824-000). 2 Que, el diseño pluvial de la urbanización La Giralda no contempla los aportes la propiedad donde se llevó a cabo el desarrollo urbanístico, esto por cuanto en los diseños de sitio no se establece ningún tipo de paso de agua o servidumbre desde la propiedad con folio real N° 2-014851 hasta el sistema pluvial de la urbanización La Giralda, por lo que es adecuado señalar que técnicamente no tendría sentido dejar prevista la tubería para el caudal que se genera en la finca mencionada. 3. Debido a lo señalado anteriormente, podemos afirmar que al momento de presentarse lluvias con intensidades medias (o superiores), el sistema pluvial sufre colapso por el aumento en el caudal que debe manejar. Se desconoce la forma en que las viviendas construidas en la finca con folio real N° 2-014851-000 realizan la disposición de las aguas pluviales, ya que no se cuenta con la información debido a la forma en que las edificaciones fueron realizadas, por lo que no se puede afirmar que todas las aguas generadas en dicha finca sean dispuestas a través del lote 6-T de la urbanización La Giralda, pero si podemos afirmar que por medio del lote en cuestión se dispone de un caudal considerable que satura el sistema pluvial de la urbanización.”. Aducen que, a través del oficio n.° MA-ACC-4828-2021 de 7 de diciembre de 2021, suscrito por el coordinador de la Actividad de Control Constructivo, se indicó: “En atención al oficio No MA-PSJ-2433-20211 donde nos solicita remitir informe sobre la situación planteada por el Sr. Manuel Ángel Morera Piedra referente al hecho denunciado sobre la utilización del lote 6-T plano catastrado A-01596551993 ubicado en Residencial La Giralda, al respecto le indico que se procedió a revisar si sobre el lote denunciado se han realizado solicitudes de uso de suelo o permisos de construcción; lo que se pudo verificar que sobre la finca en cuestión no existen solicitudes de ese tipo; por lo que el lote se encuentra en verde. Ahora bien, verificando la información aportada referente a la finca matrícula 2-014824-000 terreno colindante con el lote 6-T, al respecto se verificó que tampoco cuenta con solicitudes de uso de suelo, disponibilidad y visado, alineamiento; sin embargo, no se lograron encontrar solicitudes de permiso de construcción que tuvieran relación con la finca de marras; véase registro de trámites del Sistema Visión2020 en formato PDF. Con respecto a las irregularidades denunciadas, deberán ser los compañeros de Control Fiscal y Urbano quienes den seguimiento y soliciten los documentos correspondientes que avalen tanto las construcciones como las actividades comerciales ubicadas en sitio”. Añaden que la coordinadora a.i. de Actividad Deberes de los Munícipes, mediante el oficio n.° MA-ADM-1681-2021 de 6 de diciembre de 2021, señaló: “(…) Referente a la finca 2-280191- derechos 001 al 008 plano catastrado A-0159655-1993 ubicada en el distrito de Desamparados, La Giralda lote 6-T, mediante actas de notificación 1371-2010 del 03 de diciembre del 2010, se procedió a solicitar a los propietarios registrales Limpiar y cercar lotes baldíos y construcción y mantenimiento de aceras, se brindó un plazo de 5 días para realizar las obras solicitadas según el artículo 6 inciso a del Reglamento al artículo 75 del Código Municipal.  Dentro de las competencias de esta dependencia cumplido el plazo otorgado, se procedió a realizar inspección y se logró verificar que no cumplieron con las obras solicitadas, por lo que, se procedió a realizar la inclusión de la multa por incumplimiento de deberes incisos b) Cercar y limpiar tanto lotes baldíos y D) Construcción y Mantenimiento de aceras a la finca en mención. Mediante solicitud de reinspección 24865-2017 del 14 de noviembre de 2017 se visitó el sitio y se verifico (sic) que cumplieron con las obras solicitada. Es importante aclarar que a la fecha el departamento de deberes de los Munícipes no ha recibidos (sic) nuevas denuncias, sin embargo, se procedió a realizar nueva inspección en la zona señalada el 03 de diciembre del 2021, verificado que el cercado fue dañado. Por lo que esta dependencia procederá a realizar las nuevas actas de notificación para la finca 2-280191-derechos 001 al 008. Con relación a las actividades comerciales in permiso y al uso como vía de paso y calle pública, este departamento no tiene competencia.”. Esgrimen que, por medio del oficio n.° MA-AAAS-677-2021, suscrito por el coordinador de la Actividad de Administración del Acueducto y Saneamiento, se anotó: “(…) ● Que de acuerdo a inspección realizada por el funcionario municipal Mario Bolaños a la propiedad N° 280191-000, según plano catastrado A-0159655-1993, se logró determinar que es un lote baldío y no posee ninguna conexión de agua potable. ● Referente a la finca N° 14828-000, me permito informarle que mediante inspección realizada igualmente por el funcionario Bolaños, se logró determinar que existen instalados 26 hidrómetros de agua potable municipal y estos se encuentran debidamente registrados en el Sistema Tributario de Cobro. Además, se logró determinar que, en este inmueble, existe la construcción de un pozo artesanal de agua potable que es administrado por un tercero y abastece 18 apartamentos, 8 viviendas y un taller de enderezado y pintura. Cabe indicar que se procedió a realizar pruebas en la red de distribución de agua potable municipal y no se logró determinar que existiera alguna conexión irregular.”. Exponen que, por medio del oficio n.° MA-AGIRS-1557-2021, suscrito por la coordinadora de la Actividad Gestión Integral de Residuos Sólidos, se indicó: “1- Realizada la inspección al Inmueble N° 014824 se verifica que este no posee actividad generadora de residuos por lo que carece del cobro por el servicio, se verifica en momento, que la zona se encuentra limpia y sin residuos acumulados dentro o en la vía pública. 2- El inmueble N° 280191 cuenta con una calle oficialmente parte de la red vial cantonal, así acordado por el Concejo Municipal (ver oficio MA-SCM-246-2020). En esta se presta el servicio de manejo de residuos sólidos ordinarios en la modalidad puerta a puerta tal y como lo requiere la legislación vigente. 3- Como parte de las labores ordinarias de esta dependencia se procederá a la revisión y actualización de los cargos correspondientes a los propietarios de los inmuebles allí ubicados según la cantidad y tipo de actividad generadora que realicen, tal y como lo dispone el Reglamento municipal.”. Estiman que el recurrente incurre en contradicciones al manifestar: “Dado que las actividades y construcciones son ilegales no cuentan con el servicio de recolección de basura municipal, la basura se acumula en la zona del Residencial La Giralda”; no obstante, luego señala: “Las construcciones ilegales se abastecen de agua potable con conexiones ilegales de la red de distribución del servicio municipal, y se aprovecha también del servicio de recolección de basura del Residencial La Giralda.”. Acotan que, al momento de la inspección efectuada, la zona se encontró limpia y sin residuos acumulados dentro o en la vía pública; además, por ser una calle oficialmente parte de la red vial cantonal, se presenta el servicio de manejo de residuos sólidos ordinarios. Apuntan que, mediante el oficio n.° MA-PCFU-2071-2021 de 3 de diciembre de 2021, el encargado del Proceso de Control Fiscal y Urbano, adujo: “Como se desprende del amparo, sobre el inmueble finca folio real N° 2-14824-000, el cual actualmente consta de 64 derechos, entre ellos sociedades anónimas, se han realizado ya varias diligencias. Que efectivamente como lo indica en (sic) recurrente, un lote que forma parte del Residencial La Giralda es utilizado como medio de acceso al inmueble mencionado anteriormente, que sobre ese lote se colocó un portón en malla electrosoldada y un área para la colocación de medidores eléctricos de la empresa I.C.E, y entre ellas un acceso peatonal y se realizó una acera como acceso al inmueble. Que actualmente sobre el inmueble folio real N° 2-14824-000, existen varias viviendas entre ellas departamentos, los cuales se han realizado sin permisos de construcción, sobre las cuales ya se han efectuado varios procesos de clausura durante su realización, los cuales se están en proceso de realizarles el procedimiento normal de notificación, establecidos en los artículos 93 y 94 del Reglamento de Construcciones. Entre las obras, las cuales no cuentan con permiso de construcción, se han realizado las siguientes actas: 179-2021, 95-2020, 128-2019, 451-2017, 388-2017, 387-2017, 94-2017, 73-2017, 130-2016, 196-2016, 139-2016, 136-2016, 137-2016, 138-2016, 129-2016, 54-2016, 55-2016, entre otras. En la inspección al sitio, se logró identificar que ya las viviendas en el inmueble en mención cuentan con el servicio de agua potable. En lo que respecta a las actividades comerciales en el inmueble, es importante recalcar que en el sitio durante varios años se han colocado actividades como talleres mecánicos, fábrica de tamales, pulperías, etc, los cuales una vez que son clausurados, se les realiza la violación de sellos por no poder obtener la patente y una vez que son apercibidos por el juzgado por el proceso que se les realizan, los mismo son eliminados por los mismo (sic) propietarios de las actividades, esto previo a ser juzgados. Actualmente en el sitio, se realizan dos actividades sin su respectiva patente municipal, un taller de ebanistería el cual fue notificado mediante la boleta de notificación N° 013013 y taller de elaboración de artículos de metal, notificado mediante la boleta N° 013012, a los cuales, una vez vencido el plazo de los 8 días hábiles otorgados, que otorga la Ley de Patentes de esta Municipalidad, se les procederá con la respectiva clausura y darle seguimiento a cada caso.”. Finalmente, señalan: “En virtud de lo mencionado por el recurrente, referente al acuerdo del Concejo Municipal supra citado, es de suma relevancia mencionar que, este Municipio por medio del departamento de Obras de Inversión Pública, intervino en el lugar y se colocó en una primera ocasión, una tapia prefabricada, que fue removida por los mismos vecinos, y en dos ocasiones posteriores, se colocó en el sitio maya electrosoldada cumpliendo con los (sic) estipulado por el Honorable Concejo Municipal. Por todo lo expuesto, la Municipalidad de Alajuela, ha venido realizando múltiples acciones a lo largo de años, incluso se han ejecutado acuerdo del Concejo Municipal y se han realizado obras en el lugar, tendientes a regular la manera más adecuada la situación, considerando que el caserío que fue construido en esa propiedad, no cuenta con los permisos respectivos, sin embargo, a los largo del tiempo, se han practicado sendas actuaciones municipales para atender cada uno de los aspectos señalados por el amparado, y más recientemente, se procedió nuevamente con las notificaciones de actas respectivas por parte del Proceso de Control Fiscal y Urbano, a las que se le dará el seguimiento respectivo, cumpliendo con los términos de ley. Con relación a la participación del Concejo Municipal, se han tomado acuerdos ajustados a derechos, los que han sido ejecutados por la Administración, considerando que, en todo caso, la materia trasciende las competencias del Concejo Municipal, al ser temas administrativos, cuya atención le son propios al Alcalde Municipal, según lo establecen los artículos 13, 14 y 17 del Código Municipal, de manera que no tienen (sic) ningún sentido el presente amparo en contra del Presidente del Concejo Municipla (sic). En cuanto a los demás funcionarios, tampoco resulta procedente el amparo, ya que como se explicó abundantemente, la mayoría de actuación son de otras áreas, y no de la señalada por el recurrente, siendo improcedente el amparo en su contra. Pero tómese en cuenta, que en virtud de lo anterior, y por las acciones realizadas por esta Municipalidad, el amparo en general no lleva razón de ser pues no se han vulnerado derechos constitucionales del Sr. Morera Piedra, ya que la Municipalidad ha realizado todas las acciones pertinentes para tratar de regular la situación en el sitio (…)”.

6.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 14:28 horas de 10 de diciembre de 2021, Leslye Rubén Bojorges León, presidente del Concejo Municipal de Alajuela, remite nuevamente el informe antes aludido.

7.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Alvarado Paniagua; y,

Considerando:

 

 

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que es vecino de Alajuela, Desamparados, Residencial La Giralda. Indica que en ese sitio se ubica el lote 6-T, bajo la matricula registral Alajuela-280191-000, con plano catastrado número A-0159655-1993 y cuya naturaleza es terreno para construir. Asimismo, en la parte posterior de ese lote se encuentra la finca n.° 14824-00, que colinda con el Residencial La Cataluña. Alega que actualmente el lote 6-T es utilizado como vía de paso y calle pública, por lo que se le da un uso distinto al autorizado por el Plan Regulador. Acusa que en los inmuebles aludidos se realizan actividades comerciales industriales y se han efectuado construcciones, todas ilegales, pues no cuentan con los permisos, autorizaciones y licencias municipales correspondientes. Acusa que las actividades ilegales que se desarrollan en el lugar generan contaminación sónica, acuífera y ambiental. Agrega que, dado que las actividades y construcciones son ilegales, no cuentan con el servicio de recolección de basura, por lo que esta se acumula en la zona residencial; además, señala que no hay alcantarillado pluvial ni sanitario, ni se cuenta en el sitio con aceras, caños, ni cordones, por lo que las aguas lodo, lastre y basura discurren por la vía pública del residencial La Giralda. Recalca que las actividades y construcciones ilegales se efectúan en esta zona que es de “protección absoluta de carga hídrica y su área de flujo (acuífero)”; empero, existen pozos sépticos que contaminan los acuíferos y otras construcciones han hecho pozos ilegales que extraen agua del acuífero. Añade que en el inmueble se han instalado más de 20 servicios eléctricos del ICE para las actividades y las construcciones ilegales, los cuales están amontonados y en mal estado, lo cual genera un riesgo de incendio. Expone, también, que el inmueble no está debidamente cerrado, cercado y limpio, de acuerdo con el artículo 75 del Código Municipal. Sostiene que, debido a la situación descrita, desde el 2009 los vecinos de la urbanización han presentado denuncias ante la municipalidad; sin embargo, no se ha brindado solución alguna.

II.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

a)     La Auditoría Interna de la Municipalidad de Alajuela, mediante el informe 6-2015, concluyó: “De conformidad con los resultados obtenidos en la investigación efectuada, esta Auditoría Interna concluye, que ante la queja de los vecinos de la Urbanización La Giralda, con respecto al lote 6T, de la cual tuvo conocimiento la Administración desde el año 2007, a la fecha del presente estudio, no se le ha dado solución alguna, sino por el contrario, la situación podría haberse agravado, dadas las condiciones de la finca posterior al lote 6T, la gran cantidad de medidores de electricidad en un área de 150 m2, contiguo a las casas del residencial La Giralda y al constante tránsito por una “vía”, que no es más que un lote residencial que a la fecha se encuentra baldío. Lo anterior sin perjuicio del legajo obtenido por parte de esta Oficina de la documentación que al respecto se ha tramitado interna y externamente (oficios, actas de apercibimiento, notificaciones, directrices de la Alcaldía Municipal, entre otros), que no se materializaron en acciones concretas que pusieran un punto final a la situación del lote 6T, cuya consecuencia es la imagen de un Gobierno Local sin el empoderamiento necesario para hacer valer su jerarquía ante la organización interna municipal y hacia los munícipes, toda vez que el Código Municipal claramente dispone las obligaciones tanto de los munícipes como de los gobiernos locales, cuyas omisiones, podría generar demandas a los funcionarios municipales responsables solidariamente con los propietarios del inmueble (…) Con relación a la finca posterior al lote 6T, esta Auditoría Interna determinó la existencia de edificaciones que al parecer no contaron con los permisos municipales, dado que se acuerdo con el mapa de zonificación, no es posible la construcción de viviendas y comercio en esa zona por considerarse en su mayoría, zona de recarga absoluta de nacientes. Asimismo, no se evidenciaron labores de inspección por parte del Proceso de Control Fiscal y Urbano, con la excepción del taller mecánico, que pese a las notificaciones y procesos legales iniciados por esta Institución, continúa ejerciendo su actividad sin la patente comercial respectiva. Lo anterior tiene como consecuencia, a aparte del eventual incumplimiento al Plan Regular Urbano y a la Ley de Construcciones por parte de los propietarios del inmueble, el crecimiento urbano desordenado que no cuenta con los servicios municipales básicos tales como recolección de desechos sólidos y alcantarillado pluvial, y que a su vez, afecta a los vecinos de urbanizaciones como La Giralda, en temas de urbanismo, salud y ornato.”. (Prueba documental).

b)    Mediante el oficio n.° MA-SGV-914-202103 de 3 de diciembre de 2021, el coordinador a.i. del Subproceso de Gestión Vial de la Municipalidad de Alajuela, indica: “El Lote 6-T con el número de finca 280191 no corresponde a una vía pública de hecho, se trata de una propiedad privada inscrita a nombre de particulares. Con respecto a las construcciones, viviendas y actividades comerciales que se realizan en la finca #14824 no corresponde a este Sub-Proceso emitir criterio”. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).

c)     El director del Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura de la municipalidad accionada, por medio del oficio n.° MA-PPCI-0797-2021 de 3 de diciembre de 2021, consignó: “(…) Efectivamente, el terreno señalado se trata de un terreno para construir que es el lote 6-T de urbanización La Giralda, descrito mediante plano catastrado A-159655-1993 y con número de finca 0280191-000, con frente de 7,50 metros, naturaleza para construir no para acceso, pues no cumple ni con dimensiones mínimas de ancho de vía, ni cuenta con infraestructura ni está reflejado de esa manera en el mapa oficial que es el mosaico general de catastro de Urbanización La Giralda aprobado por el INVU y el Concejo Municipal. Es por eso que se han emprendido esfuerzos para la notificación y regularización de esta actividad a todas luces anómala e ilegal a nivel municipal, situación que sobrepasa las facultades del Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura y debe ser coordinado con el Proceso Control Fiscal y Urbano en conjunto con la Policía Municipal y otras autoridades gubernamentales como el Ministerio de Salud, MINAE y el IMAS. Se recomienda emprender un esfuerzo para regularizar y corregir estas anomalías ya que se están generando problemas de salud además de un mal manejo de las aguas pluviales y aguas negras, entre otros que son producto de la ausencia de infraestructura derivada de la ilegalidad y desapego a la reglamentación vigente (…)”. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).

d)    Por medio del oficio n.° MA-AAP-0974-2021 de 3 de diciembre de 2021, el Ing. Lawrence Chacón Soto, coordinador de Alcantarillado Pluvial de la Municipalidad de Alajuela, señaló: “(…) 1. Que, con respecto al manejo de las aguas pluviales del casería o lotificación que se ubica al sureste del bloque T de la urbanización La Giralda , el mismo no contó en su momento con ninguna aprobación o visto bueno por parte de la Actividad Alcantarillado Pluvial, por lo cual se desconoce la forma o las valoraciones que se llevaron a cabo en materia pluvial para la autorización del desarrollo urbano de finca madre (folio real N° 2-014824-000). 2 Que, el diseño pluvial de la urbanización La Giralda no contempla los aportes la propiedad donde se llevó a cabo el desarrollo urbanístico, esto por cuanto en los diseños de sitio no se establece ningún tipo de paso de agua o servidumbre desde la propiedad con folio real N° 2-014851 hasta el sistema pluvial de la urbanización La Giralda, por lo que es adecuado señalar que técnicamente no tendría sentido dejar prevista la tubería para el caudal que se genera en la finca mencionada. 3. Debido a lo señalado anteriormente, podemos afirmar que al momento de presentarse lluvias con intensidades medias (o superiores), el sistema pluvial sufre colapso por el aumento en el caudal que debe manejar. 4. Se desconoce la forma en que las viviendas construidas en la finca con folio real N° 2-014851-000 realizan la disposición de las aguas pluviales, ya que no se cuenta con la información debido a la forma en que las edificaciones fueron realizadas, por lo que no se puede afirmar que todas las aguas generadas en dicha finca sean dispuestas a través del lote 6-T de la urbanización La Giralda, pero si podemos afirmar que por medio del lote en cuestión se dispone de un caudal considerable que satura el sistema pluvial de la urbanización.”. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).

e)     El coordinador de Actividad de Control Constructivo de la municipalidad accionada, mediante el oficio n.° MA-ACC-4828-2021 de 7 de diciembre de 2021, apuntó:  “En atención al oficio No MA-PSJ-2433-20211 donde nos solicita remitir informe sobre la situación planteada por el Sr. Manuel Ángel Morera Piedra referente al hecho denunciado sobre la utilización del lote 6-T plano catastrado A-01596551993 ubicado en Residencial La Giralda, al respecto le indico que se procedió a revisar si sobre el lote denunciado se han realizado solicitudes de uso de suelo o permisos de construcción; lo que se pudo verificar que sobre la finca en cuestión no existen solicitudes de ese tipo; por lo que el lote se encuentra en verde. Ahora bien, verificando la información aportada referente a la finca matrícula 2-014824-000 terreno colindante con el lote 6-T, al respecto se verificó que tampoco cuenta con solicitudes de uso de suelo, disponibilidad y visado, alineamiento; sin embargo, no se lograron encontrar solicitudes de permiso de construcción que tuvieran relación con la finca de marras; véase registro de trámites del Sistema Visión2020 en formato PDF. Con respecto a las irregularidades denunciadas, deberán ser los compañeros de Control Fiscal y Urbano quienes den seguimiento y soliciten los documentos correspondientes que avalen tanto las construcciones como las actividades comerciales ubicadas en sitio”. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).

f)      Mediante el oficio n.° MA-ADM-1681-2021 de 6 de diciembre de 2021, la coordinadora a.i. de Actividad Deberes de los Munícipes, detalló: “(…) Referente a la finca 2-280191- derechos 001 al 008 plano catastrado A-0159655-1993 ubicada en el distrito de Desamparados, La Giralda lote 6-T, mediante actas de notificación 1371-2010 del 03 de diciembre del 2010, se procedió a solicitar a los propietarios registrales Limpiar y cercar lotes baldíos y construcción y mantenimiento de aceras, se brindó un plazo de 5 días para realizar las obras solicitadas según el artículo 6 inciso a del Reglamento al artículo 75 del Código Municipal.  Dentro de las competencias de esta dependencia cumplido el plazo otorgado, se procedió a realizar inspección y se logró verificar que no cumplieron con las obras solicitadas, por lo que, se procedió a realizar la inclusión de la multa por incumplimiento de deberes incisos b) Cercar y limpiar tanto lotes baldíos y D) Construcción y Mantenimiento de aceras a la finca en mención. Mediante solicitud de reinspección 24865-2017 del 14 de noviembre de 2017 se visitó el sitio y se verifico (sic) que cumplieron con las obras solicitada. Es importante aclarar que a la fecha el departamento de deberes de los Munícipes no ha recibidos (sic) nuevas denuncias, sin embargo, se procedió a realizar nueva inspección en la zona señalada el 03 de diciembre del 2021, verificado que el cercado fue dañado (…) Por lo que esta dependencia procederá a realizar las nuevas actas de notificación para la finca 2-280191-derechos 001 al 008. Con relación a las actividades comerciales in permiso y al uso como vía de paso y calle pública, este departamento no tiene competencia.”. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).

g)    El coordinador de la Actividad de Administración del Acueducto y Saneamiento de la Municipalidad de Alajuela, por medio del oficio n.°MA-AAAS-677-2021, manifestó: “(…) ● Que de acuerdo a inspección realizada por el funcionario municipal Mario Bolaños a la propiedad N° 280191-000, según plano catastrado A-0159655-1993, se logró determinar que es un lote baldío y no posee ninguna conexión de agua potable. ● Referente a la finca N° 14828-000, me permito informarle que mediante inspección realizada igualmente por el funcionario Bolaños, se logró determinar que existen instalados 26 hidrómetros de agua potable municipal y estos se encuentran debidamente registrados en el Sistema Tributario de Cobro. Además, se logró determinar que, en este inmueble, existe la construcción de un pozo artesanal de agua potable que es administrado por un tercero y abastece 18 apartamentos, 8 viviendas y un taller de enderezado y pintura. Cabe indicar que se procedió a realizar pruebas en la red de distribución de agua potable municipal y no se logró determinar que existiera alguna conexión irregular.”. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).

h)    La coordinadora de la Actividad Gestión Integral de Residuos Sólidos de la municipalidad accionada, por medio del oficio n.° MA-AGIRS-1557-2021, adujo: “(…) procedo a informarle según lo observado por nuestro inspector el señor Julio Acuña Salas en visita realizada el día de hoy lunes 06 de diciembre del año en curso al lugar indicado: 1- Realizada la inspección al Inmueble N° 014824 se verifica que este no posee actividad generadora de residuos por lo que carece del cobro por el servicio, se verifica en momento, que la zona se encuentra limpia y sin residuos acumulados dentro o en la vía pública. 2- El inmueble N° 280191 cuenta con una calle oficialmente parte de la red vial cantonal, así acordado por el Concejo Municipal (ver oficio MA-SCM-246-2020). En esta se presta el servicio de manejo de residuos sólidos ordinarios en la modalidad puerta a puerta tal y como lo requiere la legislación vigente. 3- Como parte de las labores ordinarias de esta dependencia se procederá a la revisión y actualización de los cargos correspondientes a los propietarios de los inmuebles allí ubicados según la cantidad y tipo de actividad generadora que realicen, tal y como lo dispone el Reglamento municipal.”. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).

i)      Mediante el oficio n.° MA-PCFU-2071-2021 de 3 de diciembre de 2021, el encargado del Proceso de Control Fiscal y Urbano de la Municipalidad de Alajuela, sostuvo: “Como se desprende del amparo, sobre el inmueble finca folio real N° 2-14824-000, el cual actualmente consta de 64 derechos, entre ellos sociedades anónimas, se han realizado ya varias diligencias. Que efectivamente como lo indica en (sic) recurrente, un lote que forma parte del Residencial La Giralda es utilizado como medio de acceso al inmueble mencionado anteriormente, que sobre ese lote se colocó un portón en malla electrosoldada y un área para la colocación de medidores eléctricos de la empresa I.C.E, y entre ellas un acceso peatonal y se realizó una acera como acceso al inmueble. Que actualmente sobre el inmueble folio real N° 2-14824-000, existen varias viviendas entre ellas departamentos, los cuales se han realizado sin permisos de construcción, sobre las cuales ya se han efectuado varios procesos de clausura durante su realización, los cuales se están en proceso de realizarles el procedimiento normal de notificación, establecidos en los artículos 93 y 94 del Reglamento de Construcciones. Entre las obras, las cuales no cuentan con permiso de construcción, se han realizado las siguientes actas: 179-2021, 95-2020, 128-2019, 451-2017, 388-2017, 387-2017, 94-2017, 73-2017, 130-2016, 196-2016, 139-2016, 136-2016, 137-2016, 138-2016, 129-2016, 54-2016, 55-2016, entre otras. En la inspección al sitio, se logró identificar que ya las viviendas en el inmueble en mención cuentan con el servicio de agua potable. En lo que respecta a las actividades comerciales en el inmueble, es importante recalcar que en el sitio durante varios años se han colocado actividades como talleres mecánicos, fábrica de tamales, pulperías, etc, los cuales una vez que son clausurados, se les realiza la violación de sellos por no poder obtener la patente y una vez que son apercibidos por el juzgado por el proceso que se les realizan, los mismo son eliminados por los mismo (sic) propietarios de las actividades, esto previo a ser juzgados. Actualmente en el sitio, se realizan dos actividades sin su respectiva patente municipal, un taller de ebanistería el cual fue notificado mediante la boleta de notificación N° 013013 y taller de elaboración de artículos de metal, notificado mediante la boleta N° 013012, a los cuales, una vez vencido el plazo de los 8 días hábiles otorgados, que otorga la Ley de Patentes de esta Municipalidad, se les procederá con la respectiva clausura y darle seguimiento a cada caso.”. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).

j)      El alcalde y el jefe del Departamento de Gestión Vial, ambos de la Municipalidad de Alajuela, fueron notificados de la resolución de curso de este proceso el 2 de diciembre de 2021. (Actas de notificación agregadas al expediente).

k)    El 3 de diciembre de 2021, la municipalidad recurrida emitió la boleta n.° 013012, en la que se consignó: “Elaboración artículos metal (…) Jhony M Castrillo (…) EN INSPECCION REALIZADA AL ESTABLECIMIENTO, SE CONSTATO LO SIGUIENTE a. No cuenta con licencia municipal (Art. 1 Ley 8236) X (…) Se le apercibe que en un plazo de 08 días hábiles debe poner a derecho la situación del establecimiento comercial, caso contrario se procederá a la clausura del local y/o al decomiso del licor, conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y siguientes de la Ley 8236 del Impuestos Municipales del Cantón Central de Alajuela y los artículos 79, 81 bis y 83 del Código Municipal y la Ley de Licores (…) Finca 14824.”. (Prueba documental).

l)      El 3 de diciembre de 2021, la municipalidad recurrida emitió la boleta n.° 013013, en la que se indicó: “Taller ebanistería (…) Franklin Flores Espinoza (…) actividad comercial (…) EN INSPECCION REALIZADA AL ESTABLECIMIENTO, SE CONSTATO LO SIGUIENTE a. No cuenta con licencia municipal (Art. 1 Ley 8236) X (…) Se le apercibe que en un plazo de 08 días hábiles debe poner a derecho la situación del establecimiento comercial, caso contrario se procederá a la clausura del local y/o al decomiso del licor, conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y siguientes de la Ley 8236 del Impuestos Municipales del Cantón Central de Alajuela y los artículos 79, 81 bis y 83 del Código Municipal y la Ley de Licores (…) Finca 14824.”. (Prueba documental).

m)  El presidente del Concejo Municipal de Alajuela fue notificado de la resolución de curso de este proceso el 7 de diciembre de 2021. (Actas de notificación agregadas al expediente).

III.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO. En el sub lite, el recurrente manifiesta que es vecino de Alajuela, Desamparados, Residencial La Giralda. Indica que en ese sitio se ubica el lote 6-T, bajo la matricula registral Alajuela-280191-000, con plano catastrado número A-0159655-1993 y cuya naturaleza es terreno para construir. Asimismo, en la parte posterior de ese lote se encuentra la finca n.° 14824-00, que colinda con el Residencial La Cataluña. Alega que actualmente el lote 6-T es utilizado como vía de paso y calle pública, por lo que se le da un uso distinto al autorizado por el Plan Regulador. Acusa que en los inmuebles aludidos se realizan actividades comerciales industriales y se han efectuado construcciones, todas ilegales, pues no cuentan con los permisos, autorizaciones y licencias municipales correspondientes. Acusa que las actividades ilegales que se desarrollan en el lugar generan contaminación sónica, acuífera y ambiental. Agrega que, dado que las actividades y construcciones son ilegales, no cuentan con el servicio de recolección de basura, por lo que esta se acumula en la zona residencial; además, señala que no hay alcantarillado pluvial ni sanitario, ni se cuenta en el sitio con aceras, caños, ni cordones, por lo que las aguas lodo, lastre y basura discurren por la vía pública del residencial La Giralda. Recalca que las actividades y construcciones ilegales se efectúan en esta zona que es de “protección absoluta de carga hídrica y su área de flujo (acuífero)”; empero, existen pozos sépticos que contaminan los acuíferos y otras construcciones han hecho pozos ilegales que extraen agua del acuífero. Añade que en el inmueble se han instalado más de 20 servicios eléctricos del ICE para las actividades y las construcciones ilegales, los cuales están amontonados y en mal estado, lo cual genera un riesgo de incendio. Expone, también, que el inmueble no está debidamente cerrado, cercado y limpio, de acuerdo con el artículo 75 del Código Municipal. Sostiene que, debido a la situación descrita, desde el 2009 los vecinos de la urbanización han presentado denuncias ante la municipalidad; sin embargo, no se ha brindado solución alguna.

Del estudio de los autos se tiene por demostrado, que la Auditoría Interna de la Municipalidad de Alajuela, mediante el informe 6-2015, concluyó: “De conformidad con los resultados obtenidos en la investigación efectuada, esta Auditoría Interna concluye, que ante la queja de los vecinos de la Urbanización La Giralda, con respecto al lote 6T, de la cual tuvo conocimiento la Administración desde el año 2007, a la fecha del presente estudio, no se le ha dado solución alguna, sino por el contrario, la situación podría haberse agravado, dadas las condiciones de la finca posterior al lote 6T, la gran cantidad de medidores de electricidad en un área de 150 m2, contiguo a las casas del residencial La Giralda y al constante tránsito por una “vía”, que no es más que un lote residencial que a la fecha se encuentra baldío. Lo anterior sin perjuicio del legajo obtenido por parte de esta Oficina de la documentación que al respecto se ha tramitado interna y externamente (oficios, actas de apercibimiento, notificaciones, directrices de la Alcaldía Municipal, entre otros), que no se materializaron en acciones concretas que pusieran un punto final a la situación del lote 6T, cuya consecuencia es la imagen de un Gobierno Local sin el empoderamiento necesario para hacer valer su jerarquía ante la organización interna municipal y hacia los munícipes, toda vez que el Código Municipal claramente dispone las obligaciones tanto de los munícipes como de los gobiernos locales, cuyas omisiones, podría generar demandas a los funcionarios municipales responsables solidariamente con los propietarios del inmueble (…) Con relación a la finca posterior al lote 6T, esta Auditoría Interna determinó la existencia de edificaciones que al parecer no contaron con los permisos municipales, dado que se acuerdo con el mapa de zonificación, no es posible la construcción de viviendas y comercio en esa zona por considerarse en su mayoría, zona de recarga absoluta de nacientes. Asimismo, no se evidenciaron labores de inspección por parte del Proceso de Control Fiscal y Urbano, con la excepción del taller mecánico, que pese a las notificaciones y procesos legales iniciados por esta Institución, continúa ejerciendo su actividad sin la patente comercial respectiva. Lo anterior tiene como consecuencia, a aparte del eventual incumplimiento al Plan Regular Urbano y a la Ley de Construcciones por parte de los propietarios del inmueble, el crecimiento urbano desordenado que no cuenta con los servicios municipales básicos tales como recolección de desechos sólidos y alcantarillado pluvial, y que a su vez, afecta a los vecinos de urbanizaciones como La Giralda, en temas de urbanismo, salud y ornato.”. Mediante el oficio n.° MA-SGV-914-202103 de 3 de diciembre de 2021, el coordinador a.i. del Subproceso de Gestión Vial de la Municipalidad de Alajuela, indica: “El Lote 6-T con el número de finca 280191 no corresponde a una vía pública de hecho, se trata de una propiedad privada inscrita a nombre de particulares. Con respecto a las construcciones, viviendas y actividades comerciales que se realizan en la finca #14824 no corresponde a este Sub-Proceso emitir criterio”. El director del Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura de la municipalidad accionada, por medio del oficio n.° MA-PPCI-0797-2021 de 3 de diciembre de 2021, consignó: “(…) Efectivamente, el terreno señalado se trata de un terreno para construir que es el lote 6-T de urbanización La Giralda, descrito mediante plano catastrado A-159655-1993 y con número de finca 0280191-000, con frente de 7,50 metros, naturaleza para construir no para acceso, pues no cumple ni con dimensiones mínimas de ancho de vía, ni cuenta con infraestructura ni está reflejado de esa manera en el mapa oficial que es el mosaico general de catastro de Urbanización La Giralda aprobado por el INVU y el Concejo Municipal. Es por eso que se han emprendido esfuerzos para la notificación y regularización de esta actividad a todas luces anómala e ilegal a nivel municipal, situación que sobrepasa las facultades del Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura y debe ser coordinado con el Proceso Control Fiscal y Urbano en conjunto con la Policía Municipal y otras autoridades gubernamentales como el Ministerio de Salud, MINAE y el IMAS. Se recomienda emprender un esfuerzo para regularizar y corregir estas anomalías ya que se están generando problemas de salud además de un mal manejo de las aguas pluviales y aguas negras, entre otros que son producto de la ausencia de infraestructura derivada de la ilegalidad y desapego a la reglamentación vigente (…)”. Por medio del oficio n.° MA-AAP-0974-2021 de 3 de diciembre de 2021, el Ing. Lawrence Chacón Soto, coordinador de Alcantarillado Pluvial de la Municipalidad de Alajuela, señaló: “(…) 1. Que, con respecto al manejo de las aguas pluviales del casería o lotificación que se ubica al sureste del bloque T de la urbanización La Giralda , el mismo no contó en su momento con ninguna aprobación o visto bueno por parte de la Actividad Alcantarillado Pluvial, por lo cual se desconoce la forma o las valoraciones que se llevaron a cabo en materia pluvial para la autorización del desarrollo urbano de finca madre (folio real N° 2-014824-000). 2 Que, el diseño pluvial de la urbanización La Giralda no contempla los aportes la propiedad donde se llevó a cabo el desarrollo urbanístico, esto por cuanto en los diseños de sitio no se establece ningún tipo de paso de agua o servidumbre desde la propiedad con folio real N° 2-014851 hasta el sistema pluvial de la urbanización La Giralda, por lo que es adecuado señalar que técnicamente no tendría sentido dejar prevista la tubería para el caudal que se genera en la finca mencionada. 3. Debido a lo señalado anteriormente, podemos afirmar que al momento de presentarse lluvias con intensidades medias (o superiores), el sistema pluvial sufre colapso por el aumento en el caudal que debe manejar. 4. Se desconoce la forma en que las viviendas construidas en la finca con folio real N° 2-014851-000 realizan la disposición de las aguas pluviales, ya que no se cuenta con la información debido a la forma en que las edificaciones fueron realizadas, por lo que no se puede afirmar que todas las aguas generadas en dicha finca sean dispuestas a través del lote 6-T de la urbanización La Giralda, pero si podemos afirmar que por medio del lote en cuestión se dispone de un caudal considerable que satura el sistema pluvial de la urbanización.”. El coordinador de Actividad de Control Constructivo de la municipalidad accionada, mediante el oficio n.° MA-ACC-4828-2021 de 7 de diciembre de 2021, apuntó:  “En atención al oficio No MA-PSJ-2433-20211 donde nos solicita remitir informe sobre la situación planteada por el Sr. Manuel Ángel Morera Piedra referente al hecho denunciado sobre la utilización del lote 6-T plano catastrado A-01596551993 ubicado en Residencial La Giralda, al respecto le indico que se procedió a revisar si sobre el lote denunciado se han realizado solicitudes de uso de suelo o permisos de construcción; lo que se pudo verificar que sobre la finca en cuestión no existen solicitudes de ese tipo; por lo que el lote se encuentra en verde. Ahora bien, verificando la información aportada referente a la finca matrícula 2-014824-000 terreno colindante con el lote 6-T, al respecto se verificó que tampoco cuenta con solicitudes de uso de suelo, disponibilidad y visado, alineamiento; sin embargo, no se lograron encontrar solicitudes de permiso de construcción que tuvieran relación con la finca de marras; véase registro de trámites del Sistema Visión2020 en formato PDF. Con respecto a las irregularidades denunciadas, deberán ser los compañeros de Control Fiscal y Urbano quienes den seguimiento y soliciten los documentos correspondientes que avalen tanto las construcciones como las actividades comerciales ubicadas en sitio”. Mediante el oficio n.° MA-ADM-1681-2021 de 6 de diciembre de 2021, la coordinadora a.i. de Actividad Deberes de los Munícipes, detalló: “(…) Referente a la finca 2-280191- derechos 001 al 008 plano catastrado A-0159655-1993 ubicada en el distrito de Desamparados, La Giralda lote 6-T, mediante actas de notificación 1371-2010 del 03 de diciembre del 2010, se procedió a solicitar a los propietarios registrales Limpiar y cercar lotes baldíos y construcción y mantenimiento de aceras, se brindó un plazo de 5 días para realizar las obras solicitadas según el artículo 6 inciso a del Reglamento al artículo 75 del Código Municipal.  Dentro de las competencias de esta dependencia cumplido el plazo otorgado, se procedió a realizar inspección y se logró verificar que no cumplieron con las obras solicitadas, por lo que, se procedió a realizar la inclusión de la multa por incumplimiento de deberes incisos b) Cercar y limpiar tanto lotes baldíos y D) Construcción y Mantenimiento de aceras a la finca en mención. Mediante solicitud de reinspección 24865-2017 del 14 de noviembre de 2017 se visitó el sitio y se verifico (sic) que cumplieron con las obras solicitada. Es importante aclarar que a la fecha el departamento de deberes de los Munícipes no ha recibidos (sic) nuevas denuncias, sin embargo, se procedió a realizar nueva inspección en la zona señalada el 03 de diciembre del 2021, verificado que el cercado fue dañado (…) Por lo que esta dependencia procederá a realizar las nuevas actas de notificación para la finca 2-280191-derechos 001 al 008. Con relación a las actividades comerciales in permiso y al uso como vía de paso y calle pública, este departamento no tiene competencia.”. El coordinador de la Actividad de Administración del Acueducto y Saneamiento de la Municipalidad de Alajuela, por medio del oficio n.°MA-AAAS-677-2021, manifestó: “(…) ● Que de acuerdo a inspección realizada por el funcionario municipal Mario Bolaños a la propiedad N° 280191-000, según plano catastrado A-0159655-1993, se logró determinar que es un lote baldío y no posee ninguna conexión de agua potable. ● Referente a la finca N° 14828-000, me permito informarle que mediante inspección realizada igualmente por el funcionario Bolaños, se logró determinar que existen instalados 26 hidrómetros de agua potable municipal y estos se encuentran debidamente registrados en el Sistema Tributario de Cobro. Además, se logró determinar que, en este inmueble, existe la construcción de un pozo artesanal de agua potable que es administrado por un tercero y abastece 18 apartamentos, 8 viviendas y un taller de enderezado y pintura. Cabe indicar que se procedió a realizar pruebas en la red de distribución de agua potable municipal y no se logró determinar que existiera alguna conexión irregular.”. La coordinadora de la Actividad Gestión Integral de Residuos Sólidos de la municipalidad accionada, por medio del oficio n.° MA-AGIRS-1557-2021, adujo: “(…) procedo a informarle según lo observado por nuestro inspector el señor Julio Acuña Salas en visita realizada el día de hoy lunes 06 de diciembre del año en curso al lugar indicado: 1- Realizada la inspección al Inmueble N° 014824 se verifica que este no posee actividad generadora de residuos por lo que carece del cobro por el servicio, se verifica en momento, que la zona se encuentra limpia y sin residuos acumulados dentro o en la vía pública. 2- El inmueble N° 280191 cuenta con una calle oficialmente parte de la red vial cantonal, así acordado por el Concejo Municipal (ver oficio MA-SCM-246-2020). En esta se presta el servicio de manejo de residuos sólidos ordinarios en la modalidad puerta a puerta tal y como lo requiere la legislación vigente. 3- Como parte de las labores ordinarias de esta dependencia se procederá a la revisión y actualización de los cargos correspondientes a los propietarios de los inmuebles allí ubicados según la cantidad y tipo de actividad generadora que realicen, tal y como lo dispone el Reglamento municipal.”. Mediante el oficio n.° MA-PCFU-2071-2021 de 3 de diciembre de 2021, el encargado del Proceso de Control Fiscal y Urbano de la Municipalidad de Alajuela, sostuvo: “Como se desprende del amparo, sobre el inmueble finca folio real N° 2-14824-000, el cual actualmente consta de 64 derechos, entre ellos sociedades anónimas, se han realizado ya varias diligencias. Que efectivamente como lo indica en (sic) recurrente, un lote que forma parte del Residencial La Giralda es utilizado como medio de acceso al inmueble mencionado anteriormente, que sobre ese lote se colocó un portón en malla electrosoldada y un área para la colocación de medidores eléctricos de la empresa I.C.E, y entre ellas un acceso peatonal y se realizó una acera como acceso al inmueble. Que actualmente sobre el inmueble folio real N° 2-14824-000, existen varias viviendas entre ellas departamentos, los cuales se han realizado sin permisos de construcción, sobre las cuales ya se han efectuado varios procesos de clausura durante su realización, los cuales se están en proceso de realizarles el procedimiento normal de notificación, establecidos en los artículos 93 y 94 del Reglamento de Construcciones. Entre las obras, las cuales no cuentan con permiso de construcción, se han realizado las siguientes actas: 179-2021, 95-2020, 128-2019, 451-2017, 388-2017, 387-2017, 94-2017, 73-2017, 130-2016, 196-2016, 139-2016, 136-2016, 137-2016, 138-2016, 129-2016, 54-2016, 55-2016, entre otras. En la inspección al sitio, se logró identificar que ya las viviendas en el inmueble en mención cuentan con el servicio de agua potable. En lo que respecta a las actividades comerciales en el inmueble, es importante recalcar que en el sitio durante varios años se han colocado actividades como talleres mecánicos, fábrica de tamales, pulperías, etc, los cuales una vez que son clausurados, se les realiza la violación de sellos por no poder obtener la patente y una vez que son apercibidos por el juzgado por el proceso que se les realizan, los mismo son eliminados por los mismo (sic) propietarios de las actividades, esto previo a ser juzgados. Actualmente en el sitio, se realizan dos actividades sin su respectiva patente municipal, un taller de ebanistería el cual fue notificado mediante la boleta de notificación N° 013013 y taller de elaboración de artículos de metal, notificado mediante la boleta N° 013012, a los cuales, una vez vencido el plazo de los 8 días hábiles otorgados, que otorga la Ley de Patentes de esta Municipalidad, se les procederá con la respectiva clausura y darle seguimiento a cada caso.”. El alcalde y el jefe del Departamento de Gestión Vial, ambos de la Municipalidad de Alajuela, fueron notificados de la resolución de curso de este proceso el 2 de diciembre de 2021. El 3 de diciembre de 2021, la municipalidad recurrida emitió la boleta n.° 013012, en la que se consignó: “Elaboración artículos metal (…) Jhony M Castrillo (…) EN INSPECCION REALIZADA AL ESTABLECIMIENTO, SE CONSTATO LO SIGUIENTE a. No cuenta con licencia municipal (Art. 1 Ley 8236) X (…) Se le apercibe que en un plazo de 08 días hábiles debe poner a derecho la situación del establecimiento comercial, caso contrario se procederá a la clausura del local y/o al decomiso del licor, conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y siguientes de la Ley 8236 del Impuestos Municipales del Cantón Central de Alajuela y los artículos 79, 81 bis y 83 del Código Municipal y la Ley de Licores (…) Finca 14824.”. El 3 de diciembre de 2021, la municipalidad recurrida emitió la boleta n.° 013013, en la que se indicó: “Taller ebanistería (…) Franklin Flores Espinoza (…) actividad comercial (…) EN INSPECCION REALIZADA AL ESTABLECIMIENTO, SE CONSTATO LO SIGUIENTE a. No cuenta con licencia municipal (Art. 1 Ley 8236) X (…) Se le apercibe que en un plazo de 08 días hábiles debe poner a derecho la situación del establecimiento comercial, caso contrario se procederá a la clausura del local y/o al decomiso del licor, conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y siguientes de la Ley 8236 del Impuestos Municipales del Cantón Central de Alajuela y los artículos 79, 81 bis y 83 del Código Municipal y la Ley de Licores (…) Finca 14824.”. El presidente del Concejo Municipal de Alajuela fue notificado de la resolución de curso de este proceso el 7 de diciembre de 2021.

Sobre el particular, interesa traer a colación lo dispuesto por este Tribunal en la sentencia n.° 2019021889 de las 9:45 horas de 8 de noviembre de 2019:

 II.- Objeto del recurso. Los recurrentes estiman lesionados sus derechos fundamentales, ya que en los cerros de la Carpintera, los cuales se encuentran protegidos por medio del decreto ejecutivo n.º 6112-A-MAG, se han realizado construcciones sin permisos municipales, que incumplen los requisitos mínimos de ingeniería y dañan el ambiente, pues están ubicadas en una zona de amortiguamiento, lo que, además, genera riesgos de deslizamiento y es un peligro para vidas humanas. Señalan que el 13 de junio de 2019 remitieron gestiones al Alcalde de la Unión respecto al caso; sin embargo, el recurrido no ha tomado acciones concretas para atender y dar respuesta a sus denuncias (…)

Se recuerda al recurrido, que este Tribunal ha indicado que el derecho a un ambiente sano y equilibrado obliga al Estado a procurar una protección adecuada al ambiente, esto es, a tomar las medidas necesarias para evitar que las alteraciones producidas por la actividad humana constituyan una lesión al ambiente. De esa forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible al ambiente -o una duda fundada al respecto-, los principios rectores del Derecho al Ambiente exigen medidas de prevención o precaución para que esa afectación no se produzca o se posponga la actividad de que se trate, por cuanto de producirse las consecuencias biológicas y sociales nocivas, una resolución a posteriori resultaría ineficaz y se limitaría a una trascendencia moral. En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo requiere que cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante debe ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables. Este principio se puede aplicar cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero existen elementos suficientes para preveer eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio se refiere a los casos en los que, según el principio 15 de la Declaración de Río, existe falta de certeza científica sobre los riesgos y sus impactos de cierta actividad. En general, se indica que la diferencia entre el principio preventivo y precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra genere. El principio precautorio solo aplica si existe tal estado de duda resultado de determinada información científica, estudios técnicos, etc., que estén disponibles o se hayan realizado. Así, el Estado costarricense se encuentra obligado a velar y a adoptar las medidas que garanticen la defensa y preservación efectiva del medio ambiente. El Derecho a la Constitución exige utilizar todos los medios disponibles -sean estos jurídicos o fácticos- para preservar el ambiente. En materia ambiental, tanto la Administración como la ciudadanía en general tienen la obligación de velar por su protección, de forma que un funcionario no se puede limitar simplemente a declararse incompetente y menos aún, omitir cumplir con sus deberes de fiscalización y restablecimiento del ordenamiento jurídico. El artículo 50 constitucional obliga al Estado y demás instituciones públicas a intervenir activamente en la protección del ambiente (ver sentencia número 2011-010889 de las 15:22 horas del 16 de agosto del 2011). En aplicación de tales principios y cuando así resulte procedente, la administración debe abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En el sub examine, la omisión del recurrido apuntada por los recurrentes y constatada por este Tribunal es inaceptable, tomando en consideración que el municipio es el primer llamado a atender los problemas de su localidad, ya que la problemática descrita se ha debido a la falta de previsiones y controles necesarios de previo a las construcciones autorizadas. Tales deberes han sido precisados por este Tribunal en su jurisprudencia:

 “Sobre la tutela de los intereses locales enmarcada en el artículo 169 de la Constitución Política. En otras ocasiones, esta Sala ha señalado que dicho artículo establece que la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal. Los intereses y servicios locales han sido definidos por la Sala como conceptos jurídicos indeterminados, donde la ley no resuelve con exactitud su contenido para su aplicación a casos concretos, por lo que resulta necesario acudir a criterios de valor y de experiencia, por parte de quien le corresponde aplicarlo, para determinar su contenido (ver en ese sentido la resolución Nº 2007-002402). Estos intereses y servicios locales, si bien a quien corresponde tutelarlos de manera genérica es al Gobierno Municipal, este puede distribuir sus tareas en diferentes funcionarios con el fin de buscar la manera más efectiva de protección de dichos intereses; es decir, el Gobierno Municipal, incluidos el Alcalde y los regidores municipales, tienen a su disposición todo un cuerpo de funcionarios que tienen la potestad de tomar una serie de decisiones con el fin de dividir funciones y tareas, reducir trabajo, y principalmente por criterios de especialidad, ya que existen funcionarios técnica y académicamente más capacitados que otros para la toma de ciertas decisiones” (ver sentencias número 2008-001604 y 2015-11089)

 “VII.- El papel de las municipalidades en materia ambiental. De conformidad con lo dicho, las municipalidades, como parte integrante del todo que es el Estado, tienen dentro del ámbito de sus competencias y obligaciones una alta dosis de responsabilidad en materia ambiental, sea mediante la aprobación directa de permisos o licencias para las cuales se exija el previo cumplimiento de requisitos que acrediten ante otras instancias del poder público el adecuado manejo ambiental, como mediante inspecciones regulares y canalización de situaciones de riesgo ante las instancias con mayor competencia de intervención. Ha quedado establecido ya que a los gobiernos locales les alcanza la obligación de coordinación y prevención en materia ambiental dentro del ámbito de su jurisdicción territorial, de donde resulta que ciertamente las municipalidades son actores importantes en la tarea de protección al ambiente. Es indubitable la facultad de los gobiernos locales para darse su propia ordenación territorial a través de los planes reguladores; pero la existencia de éstos -que en su mayoría carecen de complementos de ordenación desde el punto de vista del ambiente sano y ecológicamente equilibrado- no produce la desaplicación de la legislación tutelar ambiental. Por el contrario, estima la Sala que debe ser requisito fundamental, que no atenta contra el principio constitucional de la autonomía municipal, el que todo plan regulador deba considerar, de previo a ser aprobado y desarrollado, con un examen del impacto ambiental desde la perspectiva que da el artículo 50 constitucional, para que el ordenamiento del suelo y sus diversos regímenes sean compatibles con los alcances de la norma superior, sobre todo, valorando que esta disposición establece el derecho de todos los habitantes a obtener una respuesta ambiental de todas las autoridades públicas y ello incluye, sin duda,  a las municipalidades, quienes no están exentas de la aplicación de la norma constitucional y de su legislación de desarrollo. Es evidente que en este caso, es totalmente coincidente el interés nacional y el local, y por ello los gobiernos locales pueden y deben exigir el cumplimiento de requisitos ambientales en su territorio, y en caso de conflicto con las autoridades rectoras de la materia ambiental, pueden someter las controversias al contralor jurisdiccional que corresponda según la naturaleza de la infracción. Es por lo anterior que las normas tutelares del ambiente no son incompatibles, desde el punto de vista constitucional, con las facultades y competencias de las municipalidades, las que están obligadas, por imperativo del artículo 50 de la Constitución Política, a prodigarse en la protección del ambiente –ver, en este sentido, sentencia número 2006-7994, de las ocho horas cincuenta y siete minutos del 2 de junio de 2006- (sentencia No. 2016-2830).” (Sentencias reiteradas en la No. 2016-5319 de las 9:05 horas del 22 de abril de 2016)

 En este caso, la Municipalidad de La Unión incumplió su labor de fiscalización, y de dar seguimiento a un problema evidenciado desde el año 2014, en detrimento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de la seguridad de las personas, pues a pesar del tiempo transcurrido y de lo ya resuelto en firme, no ha adoptado medidas efectivas para corregir la situación denunciada. Por consiguiente, también procede acoger el recurso por violación a los artículos 21 y 50 constitucionales.”.

 Así las cosas, en el sub examine se verifican situaciones que ameritan la injerencia de esta Sala.

 Al respecto, se tuvo por demostrado que la municipalidad accionada ha tenido conocimiento de situaciones irregulares que se producen en los sitios señalados por la parte accionante, al menos desde el año 2007, según lo consignado en el informe de la Auditoría Interna de esa corporación del año 2015. Sin embargo, del informe rendido bajo juramento y de los oficios de distintas dependencias de la municipalidad recurrida que fueron aportados a los autos, se desprende que aún persisten situaciones que están ocasionando una afectación a la salud y al ambiente.

 Así pues, véase en primer lugar que, en el mismo informe de auditoría aludido, se indicó: “(…) Con relación a la finca posterior al lote 6T, esta Auditoría Interna determinó la existencia de edificaciones que al parecer no contaron con los permisos municipales, dado que se acuerdo con el mapa de zonificación, no es posible la construcción de viviendas y comercio en esa zona por considerarse en su mayoría, zona de recarga absoluta de nacientes. Asimismo, no se evidenciaron labores de inspección por parte del Proceso de Control Fiscal y Urbano, con la excepción del taller mecánico, que pese a las notificaciones y procesos legales iniciados por esta Institución, continúa ejerciendo su actividad sin la patente comercial respectiva. Lo anterior tiene como consecuencia, a aparte del eventual incumplimiento al Plan Regular Urbano y a la Ley de Construcciones por parte de los propietarios del inmueble, el crecimiento urbano desordenado que no cuenta con los servicios municipales básicos tales como recolección de desechos sólidos y alcantarillado pluvial, y que a su vez, afecta a los vecinos de urbanizaciones como La Giralda, en temas de urbanismo, salud y ornato.”. Asimismo, en el oficio n.° MA-PPCI-0797-2021, se indicó: el terreno señalado se trata de un terreno para construir que es el lote 6-T de urbanización La Giralda, descrito mediante plano catastrado A-159655-1993 y con número de finca 0280191-000, con frente de 7,50 metros, naturaleza para construir no para acceso, pues no cumple ni con dimensiones mínimas de ancho de vía, ni cuenta con infraestructura ni está reflejado de esa manera en el mapa oficial que es el mosaico general de catastro de Urbanización La Giralda aprobado por el INVU y el Concejo Municipal. Es por eso que se han emprendido esfuerzos para la notificación y regularización de esta actividad a todas luces anómala e ilegal a nivel municipal, situación que sobrepasa las facultades del Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura y debe ser coordinado con el Proceso Control Fiscal y Urbano en conjunto con la Policía Municipal y otras autoridades gubernamentales como el Ministerio de Salud, MINAE y el IMAS. Se recomienda emprender un esfuerzo para regularizar y corregir estas anomalías ya que se están generando problemas de salud además de un mal manejo de las aguas pluviales y aguas negras, entre otros que son producto de la ausencia de infraestructura derivada de la ilegalidad y desapego a la reglamentación vigente (…)”. También, en el oficio n.° MA-AAP-0974-2021, se detalló: “(…) podemos afirmar que al momento de presentarse lluvias con intensidades medias (o superiores), el sistema pluvial sufre colapso por el aumento en el caudal que debe manejar. 4. Se desconoce la forma en que las viviendas construidas en la finca con folio real N° 2-014851-000 realizan la disposición de las aguas pluviales, ya que no se cuenta con la información debido a la forma en que las edificaciones fueron realizadas, por lo que no se puede afirmar que todas las aguas generadas en dicha finca sean dispuestas a través del lote 6-T de la urbanización La Giralda, pero si podemos afirmar que por medio del lote en cuestión se dispone de un caudal considerable que satura el sistema pluvial de la urbanización.”. Asimismo, véase lo señalado en el oficio n.° MA-ADM-1681-2021: “(…) Referente a la finca 2-280191- derechos 001 al 008 plano catastrado A-0159655-1993 ubicada en el distrito de Desamparados, La Giralda lote 6-T, mediante actas de notificación 1371-2010 del 03 de diciembre del 2010, se procedió a solicitar a los propietarios registrales Limpiar y cercar lotes baldíos y construcción y mantenimiento de aceras, se brindó un plazo de 5 días para realizar las obras solicitadas según el artículo 6 inciso a del Reglamento al artículo 75 del Código Municipal.  Dentro de las competencias de esta dependencia cumplido el plazo otorgado, se procedió a realizar inspección y se logró verificar que no cumplieron con las obras solicitadas, por lo que, se procedió a realizar la inclusión de la multa por incumplimiento de deberes incisos b) Cercar y limpiar tanto lotes baldíos y D) Construcción y Mantenimiento de aceras a la finca en mención. Mediante solicitud de reinspección 24865-2017 del 14 de noviembre de 2017 se visitó el sitio y se verifico (sic) que cumplieron con las obras solicitada. Es importante aclarar que a la fecha el departamento de deberes de los Munícipes no ha recibidos (sic) nuevas denuncias, sin embargo, se procedió a realizar nueva inspección en la zona señalada el 03 de diciembre del 2021, verificado que el cercado fue dañado (…) Por lo que esta dependencia procederá a realizar las nuevas actas de notificación para la finca 2-280191-derechos 001 al 008. Con relación a las actividades comerciales in permiso y al uso como vía de paso y calle pública, este departamento no tiene competencia.”. También, en el oficio n.° MA-PCFU-2071-2021 de 3 de diciembre de 2021, se anotó: “(…) Que efectivamente como lo indica en (sic) recurrente, un lote que forma parte del Residencial La Giralda es utilizado como medio de acceso al inmueble mencionado anteriormente, que sobre ese lote se colocó un portón en malla electrosoldada y un área para la colocación de medidores eléctricos de la empresa I.C.E, y entre ellas un acceso peatonal y se realizó una acera como acceso al inmueble. Que actualmente sobre el inmueble folio real N° 2-14824-000, existen varias viviendas entre ellas departamentos, los cuales se han realizado sin permisos de construcción, sobre las cuales ya se han efectuado varios procesos de clausura durante su realización, los cuales se están en proceso de realizarles el procedimiento normal de notificación, establecidos en los artículos 93 y 94 del Reglamento de Construcciones. Entre las obras, las cuales no cuentan con permiso de construcción, se han realizado las siguientes actas: 179-2021, 95-2020, 128-2019, 451-2017, 388-2017, 387-2017, 94-2017, 73-2017, 130-2016, 196-2016, 139-2016, 136-2016, 137-2016, 138-2016, 129-2016, 54-2016, 55-2016, entre otras. En la inspección al sitio, se logró identificar que ya las viviendas en el inmueble en mención cuentan con el servicio de agua potable. En lo que respecta a las actividades comerciales en el inmueble, es importante recalcar que en el sitio durante varios años se han colocado actividades como talleres mecánicos, fábrica de tamales, pulperías, etc, los cuales una vez que son clausurados, se les realiza la violación de sellos por no poder obtener la patente y una vez que son apercibidos por el juzgado por el proceso que se les realizan, los mismo son eliminados por los mismo (sic) propietarios de las actividades, esto previo a ser juzgados. Actualmente en el sitio, se realizan dos actividades sin su respectiva patente municipal, un taller de ebanistería el cual fue notificado mediante la boleta de notificación N° 013013 y taller de elaboración de artículos de metal, notificado mediante la boleta N° 013012, a los cuales, una vez vencido el plazo de los 8 días hábiles otorgados, que otorga la Ley de Patentes de esta Municipalidad, se les procederá con la respectiva clausura y darle seguimiento a cada caso.”.

  De este modo, se aprecia que actualmente persisten situaciones en los sitios aludidos (inmuebles 280191-000 y 14824-000 de la provincia de Alajuela) y que la municipalidad recurrida no ha sido lo suficientemente diligente en su labor de fiscalización y de dar seguimiento al problema evidenciado desde años atrás, en detrimento de un ambiente sano y de la salud y seguridad de las personas, pues no se han adoptado medidas efectivas y definitivas para corregir la situación denunciada. En tal sentido, véase que no fue sino hasta la notificación del curso de este proceso que se emitieron las boletas n.os 013013 y 013012, respecto a actividades comerciales ilegales que se dan en el sitio; no obstante, como se evidencia en el informe y en los oficios antes aludidos, persisten aún situaciones que deben ser atendidas por la autoridad accionada a los efectos del resguardo de los derechos fundamentales de las personas que habitan en la comunidad de marras.

 En virtud de lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso, en los términos que se indicarán en la parte dispositiva de este pronunciamiento.

IV.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa que es vecino del Residencial La Giralda, en Desamparados de Alajuela, donde existe un inmueble que realiza actividades comerciales industriales y se han efectuado construcciones sin permisos o licencias municipales, los cuales generan contaminación sónica, acuífera y ambiental. Además, se acumula la basura. Lo anterior, en violación al derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

V.- VOTO SALVADO PARCIAL RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero parcialmente sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, específicamente en cuanto a los procedimientos y acciones correspondientes para solucionar la situación de actividades comerciales y construcciones irregulares en los inmuebles aludidos en este recurso, así como la situación del manejo de las aguas pluviales y negras en el sitio, lo anterior debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.

VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

 

Por tanto:

 

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Sofía Marcela González Barquero y a Leslye Rubén Bojorges León, por su orden, alcaldesa y presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Alajuela, o a quienes ocupen esos cargos, que coordinen lo correspondiente, giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que, en el plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se realicen las diligencias necesarias y se lleven a cabo los procedimientos correspondientes a los efectos de solucionar: 1) la situación de actividades comerciales y construcciones ilegales en los inmuebles aludidos en este recurso, con el objeto de que sean ajustadas a derecho; 2) la cuestión del manejo de las aguas pluviales y negras en el sitio, así como otros problemas de salud pública y afectación al ambiente producto de las actividades y construcciones irregulares supracitadas. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Alajuela al pago de las costas, daños y perjuicios causados, los que se liquidarán en ejecución de sentencia ante la jurisdicción contencioso administrativa. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Notifíquese.

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ana María Picado B.




Jorge Isaac Solano A.

	

 

	

Alexandra Alvarado P.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 S7DFWCRLZIY61

EXPEDIENTE N° 21-023717-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 17:05:22.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

CONSTITUTIONAL CHAMBER. Decision No. 03192 - 2022

Date of Decision: February 11, 2022 at 09:30

Case File: 21-023717-0007-CO

Drafted by: Alexandra Alvarado Paniagua

Type of matter: Amparo action

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER


Judgment with Dissenting Vote

Judgment with separate note

Relevance Indicators

Relevant ruling

Related Rulings


Content of Interest:

Content type: Majority vote

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Topic: MUNICIPALITY

Subtopics:

INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

003192-22. MUNICIPALITY. THE MUNICIPALITY OF ALAJUELA IS ORDERED TO COORDINATE ACCORDINGLY, ISSUE THE PERTINENT ORDERS, AND CARRY OUT ALL ACTIONS WITHIN THE SCOPE OF ITS COMPETENCIES, SO THAT, WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF THREE MONTHS, THE NECESSARY DILIGENCES ARE PERFORMED AND THE CORRESPONDING PROCEDURES ARE CARRIED OUT TO RESOLVE: 1) THE SITUATION OF ILLEGAL COMMERCIAL ACTIVITIES AND CONSTRUCTIONS ON THE PROPERTIES MENTIONED IN THIS ACTION, IN ORDER TO BRING THEM INTO LEGAL COMPLIANCE; 2) THE ISSUE OF STORMWATER AND SEWAGE MANAGEMENT AT THE SITE, AS WELL AS OTHER PUBLIC HEALTH PROBLEMS AND ENVIRONMENTAL IMPACTS RESULTING FROM THE AFOREMENTIONED IRREGULAR ACTIVITIES AND CONSTRUCTIONS.

“(…) Thus, it is evident that situations currently persist at the aforementioned sites (properties 280191-000 and 14824-000 of the province of Alajuela) and that the respondent municipality has not been sufficiently diligent in its oversight duties and in following up on the problem that has been evident for years, to the detriment of a healthy environment and the health and safety of individuals, as effective and definitive measures have not been adopted to correct the reported situation. In this regard, note that it was not until the notification of the proceedings in this case that notices Nos. 013013 and 013012 were issued, regarding illegal commercial activities occurring at the site; however, as evidenced in the report and in the official letters previously mentioned, situations still persist that must be addressed by the respondent authority for the purpose of safeguarding the fundamental rights of the individuals residing in the community in question.

By virtue of the foregoing, it is appropriate to grant the action, under the terms that will be indicated in the operative part of this ruling. (…)” VCG03/2022

... See more
Related Rulings
Content of Interest:

Content type: Separate note

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Topic: MUNICIPALITY

Subtopics:

INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

IV.- NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the undersigned's opinion that if the Public Administration has already intervened, the knowledge and resolution of the matter corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do examine the merits of the case when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from contamination (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the claimant alleges that he is a resident of Residencial La Giralda, in Desamparados, Alajuela, where there is a property on which industrial commercial activities are carried out and constructions have been made without municipal permits or licenses, which generate sonic, water, and environmental contamination. In addition, garbage accumulates. The foregoing, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a decent level of quality of life.

VCG03/2022

... See more
Content of Interest:

Content type: Dissenting vote

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Topic: MUNICIPALITY

Subtopics:

INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

V.- PARTIAL DISSENTING VOTE REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT BY JUDGE GARRO VARGAS. Although I concur with the majority of the Chamber that the action should be granted, I partially disagree on where to place the execution phase of the matter, specifically regarding the procedures and corresponding actions to resolve the situation of illegal commercial activities and irregular constructions on the properties mentioned in this action, as well as the situation of stormwater and sewage management at the site, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects. In contrast, the provisions of the Contentious-Administrative Procedure Code regarding execution (Article 155 and following) have clear advantages, such as the ability to request schedules, impose fines, assign liabilities, oversee compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I believe that the execution phase must be carried out before the Execution Unit of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, under the judgment execution rules of said Code.

VCG03/2022

... See more
Text of the resolution



Exp: 21-023717-0007-CO

Res. Nº 2022003192


CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty hours on February eleventh, two thousand twenty-two.


Amparo action processed in case file No. 21-023717-0007-CO, filed by MANUEL ÁNGEL MORERA PIEDRA, identity card number 0202800227, against the MUNICIPALITY OF ALAJUELA.


Whereas:


1.- By written submission incorporated into the digital case file at 9:58 hours on November 21, 2021, the claimant files an amparo action. He states that he is a resident of Alajuela, Desamparados, Residencial La Giralda. Lot 6-T under registered title Alajuela-280191-000, whose nature is land for construction, with cadastral map number A-0159655-1993, is located in Alajuela, Desamparados, Residencial La Giralda. Likewise, the property registered as Alajuela-14824-00 is located at the rear of Lot 6-T, and this land borders Residencial La Cataluña. Currently, Lot 6-T is used as a right-of-way and public street. It is being given a use different from that authorized by the Regulatory Plan, i.e., land for construction. On said lands, industrial commercial activities, dwellings, and constructions are carried out, all illegal since they lack the corresponding permits, authorizations, and municipal operating licenses. The illegal activities are not in accordance with the urban regulatory plan, they lack construction permits, and they generate sonic, water, and environmental contamination. In addition, industrial and commercial activities are carried out in a residential and water protection zone, even late at night. Given that the activities and constructions are illegal, they do not have the municipal garbage collection service; garbage accumulates in the Residencial La Giralda area. The illegal activities and constructions lack stormwater sewage systems and sanitary sewage systems, nor do they have sidewalks, gutters, or curbs, so water, mud, ballast, and garbage flow through the public road of Residencial La Giralda. The properties where the illegal activities and constructions are carried out are in a zone of absolute protection of water recharge and its flow area (aquifer), Article 193 of the Forest Law (Ley Forestal). However, despite the protection area, there are illegal constructions with septic tanks that contaminate the aquifers. Other illegal constructions have illegal wells that extract water from the aquifer. On said property, more than 20 electrical services from the Instituto Costarricense de Electricidad and their respective power lines have been installed for illegal activities and constructions, which are piled up and currently in very poor condition, which puts the neighboring dwellings of Residencial La Giralda at risk of fire. The referenced property does not comply with the residents' duties to keep the lot properly enclosed, fenced, and clean (Article 75 of the Municipal Code). The illegal constructions are supplied with potable water through illegal connections to the municipal service distribution network, and they also take advantage of the garbage collection service of Residencial La Giralda. For the foregoing reasons, the residents of the residential development have filed complaints with the municipality, which have been known since 2009, without any solution having been provided as of the date he appears before this Chamber. He details that the Concejo Municipal of Alajuela, during Ordinary Session No. 19-09 of May 12, 2009, brought the situation to the attention of the mayor's office through official letter No. DR-772-SM-09 dated May 20, 2009 (see the document provided as evidence). He reiterates that as of the day this amparo action is filed, the respondent authority has not provided any timely solution nor taken actions aimed at protecting the environment.

2.- By resolution at 16:40 hours on November 22, 2021, a warning was issued to the claimant.

3.- By written submission incorporated into the digital case file at 14:40 hours on November 23, 2021, the claimant complies with the warning.

4.- By resolution at 11:29 hours on November 26, 2021, the proceedings were commenced, and a report was requested from the mayor, the president of the Concejo, and the head of the Gestión Vial Department, all of the Municipality of Alajuela.

5.- By written submission incorporated into the digital case file at 16:42 hours on December 7, 2021, Sofía Marcela González Barquero, Leslye Rubén Bojorges León, and Luis Fernando Moya Chavarría, respectively, mayor, president of the Concejo, and coordinator of the Subproceso de Gestión Vial, all of the Municipality of Alajuela, submitted a report under oath. They state that, through official letter No. MA-SGV-914-202103 of December 3, 2021, the acting coordinator of the Subproceso de Gestión Vial indicates that the property in question is not a de facto public road, but rather a private property registered in the name of individuals. In this regard, they argue that the official letter stated: “(…) With respect to the constructions, dwellings, and commercial activities carried out on property #14824, it is not within the purview of this Sub-Proceso to issue an opinion.” They explain that Ing. Roy Delgado Alpízar, MPM, Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, through official letter No. MA-PPCI-0797-2021 of December 3, 2021, stated: “(…) Effectively, the indicated land is land for construction, which is lot 6-T of La Giralda residential development, described by cadastral map A-159655-1993 and with property number 0280191-000, with a frontage of 7.50 meters, nature for construction, not for access, since it does not meet the minimum dimensions for road width, nor does it have infrastructure, nor is it reflected that way on the official map, which is the general cadastral mosaic of La Giralda Residential Development approved by the INVU and the Concejo Municipal. That is why efforts have been undertaken for the notification and regularization of this activity, which is clearly anomalous and illegal at the municipal level, a situation that exceeds the faculties of the Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura and must be coordinated with the Proceso Control Fiscal y Urbano in conjunction with the Municipal Police and other government authorities such as the Ministry of Health, MINAE, and the IMAS. It is recommended to undertake an effort to regularize and correct these anomalies since health problems are being generated, in addition to poor management of stormwater and sewage, among others that are a product of the absence of infrastructure derived from the illegality and non-compliance with current regulations (…).” They note that, through official letter No. MA-AAP-0974-2021 of December 3, 2021, Ing. Lawrence Chacón Soto, coordinator of Alcantarillado Pluvial, indicated: “(…) 1. That, with respect to the stormwater management of the hamlet or lot division located southeast of block T of the La Giralda residential development, it did not at the time have any approval or approval from the Actividad Alcantarillado Pluvial, which is why the manner or assessments carried out on stormwater matters for the authorization of the urban development of the parent property (real title folio No. 2-014824-000) are unknown. 2. That the stormwater design of the La Giralda residential development does not contemplate the contributions from the property where the urban development was carried out, because the site designs do not establish any type of water passage or easement (servidumbre) from the property with real title folio No. 2-014851 to the stormwater system of the La Giralda residential development, so it is appropriate to note that technically it would not make sense to have provided for the piping for the flow generated on the mentioned property. 3. Due to the above, we can state that when rains with medium intensities (or higher) occur, the stormwater system collapses due to the increase in the flow it must handle. The manner in which the dwellings built on the property with real title folio No. 2-014851-000 dispose of stormwater is unknown, as information is not available due to the way the buildings were constructed, so it cannot be stated that all the water generated on said property is disposed of through lot 6-T of the La Giralda residential development, but we can state that through the lot in question a considerable flow is disposed of that saturates the stormwater system of the residential development.” They argue that, through official letter No. MA-ACC-4828-2021 of December 7, 2021, signed by the coordinator of the Actividad de Control Constructivo, it was indicated: “In response to official letter No MA-PSJ-2433-20211 where we are asked to submit a report on the situation raised by Mr. Manuel Ángel Morera Piedra regarding the fact reported about the use of lot 6-T cadastral map A-01596551993 located in Residencial La Giralda, in this regard I inform you that a review was conducted as to whether land-use (uso de suelo) requests or construction permits have been made on the reported lot; it was verified that there are no such requests regarding the property in question; therefore, the lot is in green status. However, verifying the information provided regarding the property title 2-014824-000, land adjacent to lot 6-T, in this regard it was verified that it also does not have land-use requests, availability and approval, or alignment; however, construction permit requests related to the property in question could not be found; see the procedure record of the Sistema Visión2020 in PDF format. Regarding the reported irregularities, the colleagues from Control Fiscal y Urbano must follow up and request the corresponding documents that support both the constructions and the commercial activities located on the site.” They add that the acting coordinator of the Actividad Deberes de los Munícipes, through official letter No. MA-ADM-1681-2021 of December 6, 2021, stated: “(…) Regarding property 2-280191- derechos 001 through 008 cadastral map A-0159655-1993 located in the district of Desamparados, La Giralda lot 6-T, through notices of notification 1371-2010 of December 3, 2010, we proceeded to request the registered owners to clean and fence vacant lots and construct and maintain sidewalks; a period of 5 days was granted to carry out the requested works according to Article 6, subsection a, of the Regulation to Article 75 of the Municipal Code. Within the competencies of this unit, once the granted period expired, we proceeded to conduct an inspection and verified that they did not comply with the requested works; therefore, we proceeded to impose the fine for failure to fulfill duties subsections b) Fence and clean both vacant lots and D) Construction and Maintenance of sidewalks to the aforementioned property. Through re-inspection request 24865-2017 of November 14, 2017, the site was visited and it was verified (sic) that they complied with the requested works. It is important to clarify that to date, the department of duties of the residents has not received (sic) new complaints; however, we proceeded to conduct a new inspection in the indicated area on December 3, 2021, verifying that the fence was damaged. Therefore, this unit will proceed to issue new notification notices for property 2-280191-derechos 001 through 008. Regarding unlicensed commercial activities and the use as a right-of-way and public street, this department does not have jurisdiction.” They assert that, through official letter No. MA-AAAS-677-2021, signed by the coordinator of the Actividad de Administración del Acueducto y Saneamiento, it was noted: “(…) ● That according to an inspection conducted by the municipal official Mario Bolaños at property No. 280191-000, according to cadastral map A-0159655-1993, it was determined that it is a vacant lot and does not have any potable water connection. ● Regarding property No. 14828-000, I inform you that through an inspection also conducted by official Bolaños, it was determined that there are 26 installed municipal potable water meters and these are duly registered in the Tax Collection System. In addition, it was determined that on this property, there is the construction of an artisan potable water well that is managed by a third party and supplies 18 apartments, 8 dwellings, and a bodywork and paint shop. It should be noted that tests were conducted on the municipal potable water distribution network, and it could not be determined that any irregular connection existed.” They explain that, through official letter No. MA-AGIRS-1557-2021, signed by the coordinator of the Actividad Gestión Integral de Residuos Sólidos, it was indicated: “1- Upon inspection of Property No. 014824, it is verified that it does not have waste-generating activity, which is why it lacks the charge for the service; it is verified at the time that the area is clean and without accumulated waste inside or on the public road. 2- Property No. 280191 has a street officially part of the cantonal road network, as agreed by the Concejo Municipal (see official letter MA-SCM-246-2020). The ordinary solid waste management service is provided there in the door-to-door modality as required by current legislation. 3- As part of the ordinary duties of this unit, we will proceed with the review and updating of the corresponding charges to the owners of the properties located there according to the quantity and type of generating activity they carry out, as provided by the Municipal Regulation.” They consider that the claimant incurs in contradictions by stating: “Given that the activities and constructions are illegal, they do not have the municipal garbage collection service; garbage accumulates in the Residencial La Giralda area”; however, later he states: “The illegal constructions are supplied with potable water through illegal connections to the municipal service distribution network, and they also take advantage of the garbage collection service of Residencial La Giralda.” They note that at the time the inspection was conducted, the area was found clean and without accumulated waste inside or on the public road; furthermore, as it is a street officially part of the cantonal road network, the ordinary solid waste management service is provided. They point out that, through official letter No. MA-PCFU-2071-2021 of December 3, 2021, the person in charge of the Proceso de Control Fiscal y Urbano, stated: “As can be deduced from the amparo action, regarding the property with real title folio No. 2-14824-000, which currently consists of 64 derechos, including corporations, several procedures have already been carried out. That effectively, as indicated by the claimant, a lot that forms part of Residencial La Giralda is used as a means of access to the aforementioned property, that on that lot an electrowelded mesh gate was placed and an area for the placement of electrical meters for the I.C.E. company, and among them a pedestrian access and a sidewalk was made as access to the property. That currently on the property with real title folio No. 2-14824-000, there are several dwellings, including apartments, which have been made without construction permits, on which several closure processes have already been carried out during their construction, the standard notification procedure for which is being undertaken, as established in Articles 93 and 94 of the Construction Regulations. Among the works, which do not have a construction permit, the following notices have been issued: 179-2021, 95-2020, 128-2019, 451-2017, 388-2017, 387-2017, 94-2017, 73-2017, 130-2016, 196-2016, 139-2016, 136-2016, 137-2016, 138-2016, 129-2016, 54-2016, 55-2016, among others. In the on-site inspection, it was identified that the dwellings on the property in question already have potable water service. Regarding the commercial activities on the property, it is important to emphasize that for several years, activities such as mechanical workshops, a tamale factory, small grocery stores, etc., have been established at the site, which once they are closed, are subject to seal violation proceedings for not being able to obtain the patent, and once they are warned by the court for the process initiated against them, they are removed by the owners of the activities themselves, this prior to being tried. Currently, two activities are being carried out at the site without their respective municipal patent, a cabinetmaking workshop, which was notified through notification notice No. 013013, and a metal goods manufacturing workshop, notified through notice No. 013012, against which, once the granted period of 8 business days expires, as provided by the Patent Law of this Municipality, we will proceed with the respective closure and follow-up on each case.” Finally, they state: “By virtue of what was mentioned by the claimant, regarding the aforementioned agreement of the Concejo Municipal, it is of utmost importance to mention that this Municipality, through the Public Investment Works department, intervened at the site and placed, on a first occasion, a prefabricated wall, which was removed by the residents, and on two subsequent occasions, electrowelded mesh was placed at the site, complying with what was stipulated by the Honorable Concejo Municipal. For all the foregoing, the Municipality of Alajuela has been carrying out multiple actions over the years, including executing agreements of the Concejo Municipal and performing works at the site, aimed at regulating the situation in the most appropriate manner, considering that the hamlet that was built on that property does not have the respective permits; however, over time, many municipal actions have been carried out to address each of the aspects indicated by the claimant, and more recently, we proceeded again with the notifications of respective notices by the Proceso de Control Fiscal y Urbano, which will be duly followed up on, complying with legal terms. Regarding the participation of the Concejo Municipal, agreements adjusted to law have been made, which have been executed by the Administration, considering that, in any case, the matter transcends the competences of the Concejo Municipal, as these are administrative matters whose attention corresponds to the Municipal Mayor, according to Articles 13, 14, and 17 of the Municipal Code, such that this amparo action against the President of the Concejo Municipal makes no sense (sic). As for the other officials, the amparo action is also not appropriate, since as extensively explained, the majority of actions correspond to other areas, and not the one indicated by the claimant, making the amparo action against them improper. But it should be taken into account that, by virtue of the foregoing, and due to the actions taken by this Municipality, the amparo action in general has no reason to be, as no constitutional rights of Mr. Morera Piedra have been violated, since the Municipality has carried out all pertinent actions to try to regulate the situation at the site (…).”

6.- By written submission incorporated into the digital case file at 14:28 hours on December 10, 2021, Leslye Rubén Bojorges León, president of the Concejo Municipal of Alajuela, resubmits the previously mentioned report.

7.- The legal requirements have been observed in the proceedings carried out.

Judge Alvarado Paniagua drafts; and,

Considering:




I.- PURPOSE OF THE ACTION. The claimant states that he is a resident of Alajuela, Desamparados, Residencial La Giralda. He indicates that lot 6-T is located at that site, under registered title Alajuela-280191-000, with cadastral map number A-0159655-1993 and whose nature is land for construction. Also, at the rear of that lot is property No. 14824-00, which borders Residencial La Cataluña. He alleges that lot 6-T is currently used as a right-of-way and public street, giving it a use different from that authorized by the Regulatory Plan. He claims that on the mentioned properties, industrial commercial activities are carried out and constructions have been made, all illegal, as they lack the corresponding permits, authorizations, and municipal licenses. He claims that the illegal activities carried out at the site generate sonic, water, and environmental contamination. He adds that, since the activities and constructions are illegal, they do not have garbage collection service, so garbage accumulates in the residential area; furthermore, he points out that there is no stormwater or sanitary sewage system, and the site has no sidewalks, gutters, or curbs, so water, mud, ballast, and garbage flow through the public thoroughfare of Residencial La Giralda. He emphasizes that illegal activities and constructions are carried out in this zone, which is of "absolute protection of water recharge and its flow area (aquifer)"; however, there are septic tanks that contaminate the aquifers, and other constructions have made illegal wells that extract water from the aquifer. He adds that more than 20 electrical services from ICE have been installed on the property for the illegal activities and constructions, which are piled up and in poor condition, creating a fire risk. He also states that the property is not properly enclosed, fenced, and clean, in accordance with Article 75 of the Municipal Code. He maintains that, due to the described situation, since 2009, the residents of the residential development have filed complaints with the municipality; however, no solution has been provided.

II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited as such or because the respondent authority omitted to refer to them, as provided in the initial order:

a) The Internal Audit of the Municipality of Alajuela, through report 6-2015, concluded: “In accordance with the results obtained in the investigation conducted, this Internal Audit concludes that, regarding the complaint from the residents of La Giralda Residential Development with respect to lot 6T, of which the Administration was aware since 2007, as of the date of this study, no solution has been provided; on the contrary, the situation may have worsened, given the conditions of the property behind lot 6T, the large number of electricity meters in a 150 m2 area adjacent to the houses of Residencial La Giralda, and the constant traffic through a "road" that is nothing more than a residential lot that is currently vacant. The foregoing, without prejudice to the file obtained by this Office of the documentation that has been processed internally and externally in this regard (official letters, warning notices, notifications, directives from the Municipal Mayor's Office, among others), which did not materialize in concrete actions that would put an end to the situation of lot 6T, the consequence of which is the image of a Local Government without the necessary empowerment to enforce its hierarchy before the internal municipal organization and towards the citizens, since the Municipal Code clearly establishes the obligations of both the citizens and the local governments, the omission of which could generate lawsuits against the municipal officials jointly and severally liable with the property owners (…) Regarding the property behind lot 6T, this Internal Audit determined the existence of buildings that apparently did not have municipal permits, since according to the zoning map, the construction of dwellings and commerce is not possible in that zone because it is mostly considered an absolute spring (naciente) recharge zone.”

Likewise, no inspection work was evidenced on the part of the Fiscal and Urban Control Process (Proceso de Control Fiscal y Urbano), with the exception of the mechanical workshop, which, despite the notifications and legal processes initiated by this Institution, continues to operate without the respective commercial license (patente comercial). The foregoing has the consequence, apart from the potential non-compliance with the Urban Regular Plan (Plan Regular Urbano) and the Construction Law (Ley de Construcciones) by the property owners, of disorderly urban growth that lacks basic municipal services such as solid waste collection and stormwater drainage (alcantarillado pluvial), and which, in turn, affects the residents of developments such as La Giralda, in matters of urban planning, health, and public ornament.”. (Documentary evidence).

b)    By means of official communication No. MA-SGV-914-202103 dated December 3, 2021, the acting coordinator of the Road Management Subprocess (Subproceso de Gestión Vial) of the Municipality of Alajuela indicated: “Lot 6-T with property number 280191 does not correspond to a public road de facto; it is private property registered in the name of private individuals. Regarding the constructions, dwellings, and commercial activities carried out on property #14824, it is not for this Sub-Process to issue an opinion.” (Report of the appellant authority and documentary evidence).

c)     The director of the Infrastructure Planning and Construction Process (Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura) of the respondent municipality, through official communication No. MA-PPCI-0797-2021 dated December 3, 2021, stated: “(…) Indeed, the indicated land is a plot for building, which is lot 6-T of the La Giralda development, described by cadastral plan A-159655-1993 and with property number 0280191-000, with a frontage of 7.50 meters, its nature being for building, not for access, as it does not meet minimum road width dimensions, nor does it have infrastructure, nor is it reflected in that manner on the official map, which is the general cadastral mosaic of the La Giralda Development approved by INVU and the Municipal Council. That is why efforts have been undertaken for the notification and regularization of this activity, which is evidently anomalous and illegal at the municipal level, a situation that exceeds the powers of the Infrastructure Planning and Construction Process and must be coordinated with the Fiscal and Urban Control Process (Proceso Control Fiscal y Urbano) jointly with the Municipal Police and other governmental authorities such as the Ministry of Health, MINAE, and IMAS. It is recommended to undertake an effort to regularize and correct these anomalies, as health problems are being generated, in addition to poor management of stormwater and black water (aguas negras), among others that are a product of the absence of infrastructure derived from the illegality and disregard for current regulations (…)”. (Report of the appellant authority and documentary evidence).

d)    Through official communication No. MA-AAP-0974-2021 dated December 3, 2021, Eng. Lawrence Chacón Soto, coordinator of Stormwater Drainage (Alcantarillado Pluvial) of the Municipality of Alajuela, pointed out: “(…) 1. That, regarding the management of stormwater from the hamlet or subdivision (lotificación) located to the southeast of block T of the La Giralda development, it did not have at the time any approval or endorsement from the Stormwater Drainage Activity (Actividad Alcantarillado Pluvial), therefore the manner or assessments carried out regarding stormwater matters for the authorization of the urban development of the parent property (folio real N° 2-014824-000) is unknown. 2. That the stormwater design of the La Giralda development does not contemplate the contributions from the property where the urban development was carried out, this because the site designs do not establish any type of water passage or easement (servidumbre) from the property with folio real N° 2-014851 to the stormwater system of the La Giralda development, so it is appropriate to point out that technically it would not make sense to have foreseen the piping for the flow generated on the mentioned property. 3. Due to the foregoing, we can affirm that when rains of medium (or higher) intensity occur, the stormwater system suffers a collapse due to the increase in the flow it must handle. 4. The manner in which the dwellings built on the property with folio real N° 2-014851-000 dispose of stormwater is unknown, since the information is not available due to the way the buildings were constructed, so it cannot be affirmed that all the water generated on said property is disposed of through lot 6-T of the La Giralda development, but we can affirm that a considerable flow is disposed of through the lot in question, which saturates the stormwater system of the development.”. (Report of the appellant authority and documentary evidence).

e)     The coordinator of the Construction Control Activity (Actividad de Control Constructivo) of the respondent municipality, through official communication No. MA-ACC-4828-2021 dated December 7, 2021, noted: “In response to official communication No. MA-PSJ-2433-20211 where you request we send a report on the situation raised by Mr. Manuel Ángel Morera Piedra regarding the reported fact concerning the use of lot 6-T, cadastral plan A-01596551993, located in Residencial La Giralda, in this regard I inform you that we proceeded to review whether requests for land use (uso de suelo) or construction permits have been made for the reported lot; it was possible to verify that there are no such requests regarding the property in question; therefore, the lot is 'green'. Now, verifying the information provided regarding property registration number 2-014824-000, land adjacent to lot 6-T, in this regard it was verified that it also has no requests for land use, availability and approval (visado), or alignment; however, no construction permit applications related to the property in question could be found; see the procedure record from the Visión2020 System in PDF format. Regarding the reported irregularities, it should be the colleagues from Fiscal and Urban Control (Control Fiscal y Urbano) who follow up and request the corresponding documents that endorse both the constructions and the commercial activities located on site.”. (Report of the appellant authority and documentary evidence).

f)      Through official communication No. MA-ADM-1681-2021 dated December 6, 2021, the acting coordinator of the Duties of the Inhabitants Activity (Actividad Deberes de los Munícipes) detailed: “(…) Regarding property 2-280191- rights 001 to 008, cadastral plan A-0159655-1993, located in the district of Desamparados, La Giralda lot 6-T, through notification records 1371-2010 of December 3, 2010, the registered owners were requested to clean and fence vacant lots and construction and maintenance of sidewalks, a period of 5 days was granted to carry out the requested works according to Article 6, subsection a of the Regulation to Article 75 of the Municipal Code. Within the competencies of this unit, once the granted period expired, an inspection was carried out and it was verified that they did not comply with the requested works, therefore, the fine was included for non-compliance with duties, subsections b) Fence and clean both vacant lots and D) Construction and Maintenance of sidewalks, to the property in question. Through re-inspection request 24865-2017 of November 14, 2017, the site was visited and it was verified (sic) that they complied with the requested works. It is important to clarify that to date the department of duties of the Inhabitants has not received (sic) new complaints, however, a new inspection was carried out in the indicated area on December 3, 2021, verifying that the fence was damaged (…) Therefore, this unit will proceed to issue the new notification records for property 2-280191-rights 001 to 008. In relation to the commercial activities without a permit and the use as a right-of-way and public street, this department does not have competence.”. (Report of the appellant authority and documentary evidence).

g)    The coordinator of the Aqueduct and Sanitation Administration Activity (Actividad de Administración del Acueducto y Saneamiento) of the Municipality of Alajuela, through official communication No. MA-AAAS-677-2021, stated: “(…) ● That according to the inspection carried out by municipal official Mario Bolaños at property No. 280191-000, according to cadastral plan A-0159655-1993, it was determined that it is a vacant lot and does not have any drinking water connection. ● Regarding property No. 14828-000, I allow myself to inform you that through an inspection likewise carried out by official Bolaños, it was determined that there are 26 municipal drinking water meters installed and these are duly registered in the Tax Collection System. Furthermore, it was determined that, on this property, there is the construction of an artisanal drinking water well that is managed by a third party and supplies 18 apartments, 8 dwellings, and a straightening and painting workshop. It is worth noting that tests were carried out on the municipal drinking water distribution network and it was not possible to determine that there was any irregular connection.”. (Report of the appellant authority and documentary evidence).

h)    The coordinator of the Comprehensive Solid Waste Management Activity (Actividad Gestión Integral de Residuos Sólidos) of the respondent municipality, through official communication No. MA-AGIRS-1557-2021, alleged: “(…) I proceed to inform you according to what was observed by our inspector Mr. Julio Acuña Salas during a visit made today, Monday, December 6 of the current year, to the indicated place: 1- Upon inspecting Property No. 014824, it is verified that it does not have a waste-generating activity, therefore it lacks the charge for the service; it is verified at the moment that the area is clean and without accumulated waste inside or on the public road. 2- Property No. 280191 has a street officially part of the cantonal road network, as agreed by the Municipal Council (see official communication MA-SCM-246-2020). Here, the ordinary solid waste management service is provided in the door-to-door modality, just as required by current legislation. 3- As part of the ordinary duties of this unit, the review and update of the corresponding charges to the owners of the properties located there will be carried out according to the quantity and type of generating activity they perform, as provided by the municipal Regulation.”. (Report of the appellant authority and documentary evidence).

i)      Through official communication No. MA-PCFU-2071-2021 dated December 3, 2021, the person in charge of the Fiscal and Urban Control Process (Proceso de Control Fiscal y Urbano) of the Municipality of Alajuela stated: “As can be deduced from the amparo, regarding property folio real No. 2-14824-000, which currently consists of 64 rights, including corporations, several proceedings have already been carried out. That indeed, as indicated by the (sic) appellant, a lot that forms part of Residencial La Giralda is used as a means of access to the aforementioned property, that on that lot an electrowelded mesh gate was placed and an area for the placement of electric meters from the company I.C.E, and among them a pedestrian access, and a sidewalk was built as access to the property. That currently on property folio real No. 2-14824-000, there are several dwellings, including apartments, which have been built without construction permits, for which several closure processes have already been carried out during their construction, which are in the process of undergoing the normal notification procedure, established in Articles 93 and 94 of the Construction Regulation (Reglamento de Construcciones). Among the works, which do not have a construction permit, the following records have been issued: 179-2021, 95-2020, 128-2019, 451-2017, 388-2017, 387-2017, 94-2017, 73-2017, 130-2016, 196-2016, 139-2016, 136-2016, 137-2016, 138-2016, 129-2016, 54-2016, 55-2016, among others. During the site inspection, it was possible to identify that the dwellings on the property in question now have drinking water service. Regarding the commercial activities on the property, it is important to emphasize that for several years activities such as mechanical workshops, a tamale factory, small grocery stores, etc., have been set up on the site, which, once they are closed, have their seals violated for not being able to obtain the license (patente), and once they are warned by the court for the process brought against them, they are eliminated by the same (sic) owners of the activities, this prior to being judged. Currently on the site, two activities are being carried out without their respective municipal license, a cabinetmaking workshop which was notified by notification slip No. 013013 and a metal articles manufacturing workshop, notified by slip No. 013012, to which, once the period of 8 business days granted by the Patent Law (Ley de Patentes) of this Municipality has expired, the respective closure will be carried out and each case will be followed up on.”. (Report of the appellant authority and documentary evidence).

j)      The mayor and the head of the Road Management Department, both of the Municipality of Alajuela, were notified of the resolution processing this case on December 2, 2021. (Notification records added to the case file).

k)    On December 3, 2021, the appellant municipality issued slip No. 013012, which stated: “Manufacture of metal articles (…) Jhony M Castrillo (…) DURING INSPECTION CARRIED OUT AT THE ESTABLISHMENT, THE FOLLOWING WAS CONFIRMED: a. It does not have a municipal license (Art. 1 Law 8236) X (…) You are warned that within a period of 08 business days you must bring the situation of the commercial establishment into compliance, otherwise the premises will be closed and/or the liquor seized, in accordance with the provisions of Articles 1 and following of Law 8236 on Municipal Taxes of the Central Canton of Alajuela and Articles 79, 81 bis and 83 of the Municipal Code and the Liquor Law (Ley de Licores) (…) Property 14824.”. (Documentary evidence).

l)      On December 3, 2021, the appellant municipality issued slip No. 013013, which indicated: “Cabinetmaking workshop (…) Franklin Flores Espinoza (…) commercial activity (…) DURING INSPECTION CARRIED OUT AT THE ESTABLISHMENT, THE FOLLOWING WAS CONFIRMED: a. It does not have a municipal license (Art. 1 Law 8236) X (…) You are warned that within a period of 08 business days you must bring the situation of the commercial establishment into compliance, otherwise the premises will be closed and/or the liquor seized, in accordance with the provisions of Articles 1 and following of Law 8236 on Municipal Taxes of the Central Canton of Alajuela and Articles 79, 81 bis and 83 of the Municipal Code and the Liquor Law (…) Property 14824.”. (Documentary evidence).

m)  The president of the Municipal Council of Alajuela was notified of the resolution processing this case on December 7, 2021. (Notification records added to the case file).

III.- ON THE SPECIFIC CASE. In the case sub lite, the appellant states that he is a resident of Alajuela, Desamparados, Residencial La Giralda. He indicates that lot 6-T is located at that site, under registration number Alajuela-280191-000, with cadastral plan number A-0159655-1993 and whose nature is land for building. Likewise, at the rear of that lot is property No. 14824-00, which borders Residencial La Cataluña. He alleges that lot 6-T is currently used as a right-of-way and public street, thus giving it a use different from that authorized by the Regulatory Plan (Plan Regulador). He accuses that industrial commercial activities are carried out and constructions have been undertaken on the aforementioned properties, all illegal, as they lack the corresponding municipal permits, authorizations, and licenses. He accuses that the illegal activities carried out at the site generate noise, water, and environmental pollution. He adds that, since the activities and constructions are illegal, they lack garbage collection service, so waste accumulates in the residential area; furthermore, he points out that there is no stormwater or sanitary drainage (alcantarillado sanitario), nor are there sidewalks, gutters, or curbs at the site, so mud water, ballast, and garbage flow along the public road of Residencial La Giralda. He emphasizes that the illegal activities and constructions are carried out in this area, which is of “absolute protection of water recharge and its flow area (aquifer)”; however, there are septic tanks that pollute the aquifers, and other constructions have made illegal wells that extract water from the aquifer. He adds that more than 20 ICE electrical services have been installed on the property for the illegal activities and constructions, which are piled up and in poor condition, creating a fire risk. He also explains that the property is not properly closed, fenced, and clean, in accordance with Article 75 of the Municipal Code. He maintains that, due to the described situation, residents of the development have filed complaints with the municipality since 2009; however, no solution has been provided.

From the study of the case records, it is proven that the Internal Audit Office of the Municipality of Alajuela, through report 6-2015, concluded: “In accordance with the results obtained in the investigation carried out, this Internal Audit Office concludes that, regarding the complaint from the residents of La Giralda Development concerning lot 6T, of which the Administration has been aware since 2007, as of the date of this study, no solution has been provided; quite the contrary, the situation may have worsened, given the conditions of the property behind lot 6T, the large number of electricity meters in an area of 150 m2, adjacent to the houses of Residencial La Giralda, and the constant transit along a 'road,' which is nothing more than a residential lot that is currently vacant. The foregoing is without prejudice to the file obtained by this Office of the documentation that has been processed internally and externally in this regard (official letters, warning records, notifications, directives from the Municipal Mayor's Office, among others), which did not materialize into concrete actions that would put an end to the situation of lot 6T, the consequence of which is the image of a Local Government without the necessary empowerment to assert its authority before the internal municipal organization and towards the inhabitants, since the Municipal Code clearly establishes the obligations of both the inhabitants and the local governments, whose omissions could generate lawsuits against the municipal officials jointly and severally liable with the property owners (…) Regarding the property behind lot 6T, this Internal Audit Office determined the existence of buildings that apparently did not have municipal permits, given that according to the zoning map, the construction of dwellings and commerce in that area is not possible because it is mostly considered an absolute spring (naciente) recharge zone. Likewise, no inspection work was evidenced on the part of the Fiscal and Urban Control Process, with the exception of the mechanical workshop, which, despite the notifications and legal processes initiated by this Institution, continues to operate without the respective commercial license. The foregoing has the consequence, apart from the potential non-compliance with the Urban Regular Plan and the Construction Law by the property owners, of disorderly urban growth that lacks basic municipal services such as solid waste collection and stormwater drainage, and which, in turn, affects the residents of developments such as La Giralda, in matters of urban planning, health, and public ornament.”. By means of official communication No. MA-SGV-914-202103 dated December 3, 2021, the acting coordinator of the Road Management Subprocess of the Municipality of Alajuela indicates: “Lot 6-T with property number 280191 does not correspond to a public road de facto; it is private property registered in the name of private individuals. Regarding the constructions, dwellings, and commercial activities carried out on property #14824, it is not for this Sub-Process to issue an opinion.” The director of the Infrastructure Planning and Construction Process of the respondent municipality, through official communication No. MA-PPCI-0797-2021 dated December 3, 2021, stated: “(…) Indeed, the indicated land is a plot for building, which is lot 6-T of the La Giralda development, described by cadastral plan A-159655-1993 and with property number 0280191-000, with a frontage of 7.50 meters, its nature being for building, not for access, as it does not meet minimum road width dimensions, nor does it have infrastructure, nor is it reflected in that manner on the official map, which is the general cadastral mosaic of the La Giralda Development approved by INVU and the Municipal Council. That is why efforts have been undertaken for the notification and regularization of this activity, which is evidently anomalous and illegal at the municipal level, a situation that exceeds the powers of the Infrastructure Planning and Construction Process and must be coordinated with the Fiscal and Urban Control Process jointly with the Municipal Police and other governmental authorities such as the Ministry of Health, MINAE, and IMAS. It is recommended to undertake an effort to regularize and correct these anomalies, as health problems are being generated, in addition to poor management of stormwater and black water, among others that are a product of the absence of infrastructure derived from the illegality and disregard for current regulations (…)”. Through official communication No. MA-AAP-0974-2021 dated December 3, 2021, Eng. Lawrence Chacón Soto, coordinator of Stormwater Drainage of the Municipality of Alajuela, pointed out: “(…) 1. That, regarding the management of stormwater from the hamlet or subdivision located to the southeast of block T of the La Giralda development, it did not have at the time any approval or endorsement from the Stormwater Drainage Activity, therefore the manner or assessments carried out regarding stormwater matters for the authorization of the urban development of the parent property (folio real N° 2-014824-000) is unknown. 2. That the stormwater design of the La Giralda development does not contemplate the contributions from the property where the urban development was carried out, this because the site designs do not establish any type of water passage or easement from the property with folio real N° 2-014851 to the stormwater system of the La Giralda development, so it is appropriate to point out that technically it would not make sense to have foreseen the piping for the flow generated on the mentioned property. 3. Due to the foregoing, we can affirm that when rains of medium (or higher) intensity occur, the stormwater system suffers a collapse due to the increase in the flow it must manage. 4. The manner in which the dwellings built on the property with folio real N° 2-014851-000 dispose of stormwater is unknown, since the information is not available due to the way the buildings were constructed, so it cannot be affirmed that all the water generated on said property is disposed of through lot 6-T of the La Giralda development, but we can affirm that a considerable flow is disposed of through the lot in question, which saturates the stormwater system of the development.”. The coordinator of the Construction Control Activity of the respondent municipality, through official communication No. MA-ACC-4828-2021 dated December 7, 2021, noted: “In response to official communication No. MA-PSJ-2433-20211 where you request we send a report on the situation raised by Mr. Manuel Ángel Morera Piedra regarding the reported fact concerning the use of lot 6-T, cadastral plan A-01596551993, located in Residencial La Giralda, in this regard I inform you that we proceeded to review whether requests for land use or construction permits have been made for the reported lot; it was possible to verify that there are no such requests regarding the property in question; therefore, the lot is 'green'. Now, verifying the information provided regarding property registration number 2-014824-000, land adjacent to lot 6-T, in this regard it was verified that it also has no requests for land use, availability and approval, or alignment; however, no construction permit applications related to the property in question could be found; see the procedure record from the Visión2020 System in PDF format. Regarding the reported irregularities, it should be the colleagues from Fiscal and Urban Control who follow up and request the corresponding documents that endorse both the constructions and the commercial activities located on site.”. Through official communication No. MA-ADM-1681-2021 dated December 6, 2021, the acting coordinator of the Duties of the Inhabitants Activity detailed: “(…) Regarding property 2-280191- rights 001 to 008, cadastral plan A-0159655-1993, located in the district of Desamparados, La Giralda lot 6-T, through notification records 1371-2010 of December 3, 2010, the registered owners were requested to clean and fence vacant lots and construction and maintenance of sidewalks, a period of 5 days was granted to carry out the requested works according to Article 6, subsection a of the Regulation to Article 75 of the Municipal Code. Within the competencies of this unit, once the granted period expired, an inspection was carried out and it was verified that they did not comply with the requested works, therefore, the fine was included for non-compliance with duties, subsections b) Fence and clean both vacant lots and D) Construction and Maintenance of sidewalks, to the property in question. Through re-inspection request 24865-2017 of November 14, 2017, the site was visited and it was verified (sic) that they complied with the requested works. It is important to clarify that to date the department of duties of the Inhabitants has not received (sic) new complaints, however, a new inspection was carried out in the indicated area on December 3, 2021, verifying that the fence was damaged (…) Therefore, this unit will proceed to issue the new notification records for property 2-280191-rights 001 to 008. In relation to the commercial activities without a permit and the use as a right-of-way and public street, this department does not have competence.”. The coordinator of the Aqueduct and Sanitation Administration Activity of the Municipality of Alajuela, through official communication No. MA-AAAS-677-2021, stated: “(…) ● That according to the inspection carried out by municipal official Mario Bolaños at property No. 280191-000, according to cadastral plan A-0159655-1993, it was determined that it is a vacant lot and does not have any drinking water connection. ● Regarding property No. 14828-000, I allow myself to inform you that through an inspection likewise carried out by official Bolaños, it was determined that there are 26 municipal drinking water meters installed and these are duly registered in the Tax Collection System. Furthermore, it was determined that, on this property, there is the construction of an artisanal drinking water well that is managed by a third party and supplies 18 apartments, 8 dwellings, and a straightening and painting workshop. It is worth noting that tests were carried out on the municipal drinking water distribution network and it was not possible to determine that there was any irregular connection.”. The coordinator of the Comprehensive Solid Waste Management Activity of the respondent municipality, through official communication No. MA-AGIRS-1557-2021, alleged: “(…) I proceed to inform you according to what was observed by our inspector Mr. Julio Acuña Salas during a visit made today, Monday, December 6 of the current year, to the indicated place: 1- Upon inspecting Property No. 014824, it is verified that it does not have a waste-generating activity, therefore it lacks the charge for the service; it is verified at the moment that the area is clean and without accumulated waste inside or on the public road. 2- Property No. 280191 has a street officially part of the cantonal road network, as agreed by the Municipal Council (see official communication MA-SCM-246-2020). Here, the ordinary solid waste management service is provided in the door-to-door modality, just as required by current legislation. 3- As part of the ordinary duties of this unit, the review and update of the corresponding charges to the owners of the properties located there will be carried out according to the quantity and type of generating activity they perform, as provided by the municipal Regulation.”. Through official communication No. MA-PCFU-2071-2021 dated December 3, 2021, the person in charge of the Fiscal and Urban Control Process of the Municipality of Alajuela stated: “As can be deduced from the amparo, regarding property folio real No. 2-14824-000, which currently consists of 64 rights, including corporations, several proceedings have already been carried out. That indeed, as indicated by the (sic) appellant, a lot that forms part of Residencial La Giralda is used as a means of access to the aforementioned property, that on that lot an electrowelded mesh gate was placed and an area for the placement of electric meters from the company I.C.E, and among them a pedestrian access, and a sidewalk was built as access to the property.

That currently on the property with folio real N° 2-14824-000, there are several dwellings, including apartments, which have been built without construction permits, on which several closure proceedings have already been carried out during their construction, and which are in the process of being subjected to the normal notification procedure, established in articles 93 and 94 of the Construction Regulations (Reglamento de Construcciones). Among the works, which lack a construction permit, the following official reports (actas) have been issued: 179-2021, 95-2020, 128-2019, 451-2017, 388-2017, 387-2017, 94-2017, 73-2017, 130-2016, 196-2016, 139-2016, 136-2016, 137-2016, 138-2016, 129-2016, 54-2016, 55-2016, among others. During the site inspection, it was identified that the dwellings on the aforementioned property already have potable water service. Regarding commercial activities on the property, it is important to emphasize that for several years activities such as mechanical workshops, a tamale factory, small grocery stores (pulperías), etc., have been set up on the site, which, once they are closed down, are subjected to seal violation for not being able to obtain the license (patente), and once they are warned by the court about the process being carried out against them, they are removed by the very owners of the activities, this prior to being judged. Currently on the site, two activities are being carried out without their respective municipal license (patente municipal), a cabinetmaking workshop (taller de ebanistería) which was notified via notification ticket (boleta de notificación) N° 013013 and a metal article manufacturing workshop, notified via ticket N° 013012, against which, once the granted period of 8 business days expires, which is granted by the Licensing Law (Ley de Patentes) of this Municipality, the respective closure will be proceeded with and each case will be followed up.” The mayor and the head of the Road Management Department (Departamento de Gestión Vial), both of the Municipality of Alajuela, were notified of the order giving course to this process on December 2, 2021. On December 3, 2021, the respondent municipality issued ticket n.° 013012, which stated: “Metal article manufacturing (…) Jhony M Castrillo (…) IN AN INSPECTION CARRIED OUT AT THE ESTABLISHMENT, THE FOLLOWING WAS VERIFIED a. It does not have a municipal license (Art. 1 Law 8236) X (…) You are warned that within a period of 08 business days you must bring the situation of the commercial establishment into compliance; otherwise, the premises will be closed and/or the liquor will be confiscated, in accordance with the provisions of articles 1 and following of Law 8236 on Municipal Taxes of the Central Canton of Alajuela (Ley 8236 del Impuestos Municipales del Cantón Central de Alajuela) and articles 79, 81 bis and 83 of the Municipal Code (Código Municipal) and the Liquor Law (Ley de Licores) (…) Property 14824.” On December 3, 2021, the respondent municipality issued ticket n.° 013013, which indicated: “Cabinetmaking workshop (Taller ebanistería) (…) Franklin Flores Espinoza (…) commercial activity (…) IN AN INSPECTION CARRIED OUT AT THE ESTABLISHMENT, THE FOLLOWING WAS VERIFIED a. It does not have a municipal license (Art. 1 Law 8236) X (…) You are warned that within a period of 08 business days you must bring the situation of the commercial establishment into compliance; otherwise, the premises will be closed and/or the liquor will be confiscated, in accordance with the provisions of articles 1 and following of Law 8236 on Municipal Taxes of the Central Canton of Alajuela and articles 79, 81 bis and 83 of the Municipal Code and the Liquor Law (…) Property 14824.” The president of the Municipal Council (Concejo Municipal) of Alajuela was notified of the order giving course to this process on December 7, 2021.

Regarding this matter, it is pertinent to cite what was held by this Court in judgment n.° 2019021889 of 9:45 a.m. on November 8, 2019:

 II.- Purpose of the appeal (recurso). The appellants consider their fundamental rights harmed, since on the hills of la Carpintera, which are protected by executive decree (decreto ejecutivo) n.º 6112-A-MAG, constructions have been built without municipal permits, which fail to meet minimum engineering requirements and damage the environment, as they are located in a buffer zone (zona de amortiguamiento), which, in addition, generates landslide risks and is a danger to human lives. They point out that on June 13, 2019, they sent requests to the Mayor of La Unión regarding the case; however, the respondent has taken no concrete actions to address and respond to their complaints (…)

 The respondent is reminded that this Court has indicated that the right to a healthy and balanced environment obliges the State to seek adequate environmental protection, that is, to take the necessary measures to prevent the alterations produced by human activity from constituting harm to the environment. Thus, if there is a risk of serious or irreversible damage to the environment —or a well-founded doubt regarding it— the guiding principles of Environmental Law require prevention or precautionary measures so that such impact does not occur or the activity in question is postponed, because if harmful biological and social consequences were to occur, a posterior resolution would be ineffective and limited to moral significance. In this vein, specialized doctrine has indicated that the preventive principle requires that when there is certainty of possible environmental damage, the impacting activity must be prohibited, limited, or conditioned on compliance with certain requirements. In general, this principle applies when there are risks that are clearly defined and identified at least as probable. This principle can be applied when there are no technical reports or administrative permits that guarantee the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee eventual negative impacts. On the other hand, the precautionary principle refers to cases in which, according to principle 15 of the Rio Declaration, there is a lack of scientific certainty about the risks and their impacts of a certain activity. In general, it is indicated that the difference between the preventive principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty of the risks that an activity or work generates. The precautionary principle only applies if there is a state of doubt resulting from specific scientific information, technical studies, etc., that are available or have been conducted. Thus, the Costa Rican State is obliged to ensure and adopt measures that guarantee the effective defense and preservation of the environment. Constitutional Law requires using all available means —be they legal or factual— to preserve the environment. In environmental matters, both the Administration and the citizenry in general have the obligation to ensure its protection, so that an official cannot simply declare themselves incompetent, and even less, fail to fulfill their duties of oversight and restoration of the legal order. Article 50 of the Constitution obliges the State and other public institutions to intervene actively in environmental protection (see judgment number 2011-010889 at 3:22 p.m. on August 16, 2011). In application of such principles and when procedurally appropriate, the administration must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification request, suspend those in progress until the state of doubt is resolved, and, in parallel, adopt all measures aimed at its protection and preservation with the purpose of guaranteeing the right to a healthy and ecologically balanced environment. In the sub examine, the respondent's omission pointed out by the appellants and verified by this Court is unacceptable, taking into consideration that the municipality is the first called upon to address the problems of its locality, since the described problem has been due to the lack of necessary foresight and controls prior to the authorized constructions. Such duties have been specified by this Court in its jurisprudence:

 “Regarding the protection of local interests framed in Article 169 of the Political Constitution. On other occasions, this Chamber has indicated that said article establishes that the administration of local interests and services in each canton shall be the responsibility of the Municipal Government. Local interests and services have been defined by the Chamber as indeterminate legal concepts, where the law does not resolve with exactness their content for application to specific cases, so it is necessary to resort to criteria of value and experience, on the part of the one who must apply it, to determine their content (see in that sense resolution Nº 2007-002402). These local interests and services, although it is the Municipal Government that is responsible for protecting them in a generic manner, it can distribute its tasks among different officials in order to seek the most effective way of protecting said interests; that is, the Municipal Government, including the Mayor and the municipal councilors (regidores municipales), has at its disposal an entire body of officials who have the power to make a series of decisions in order to divide functions and tasks, reduce work, and mainly for reasons of specialty, since there are officials who are technically and academically more qualified than others for making certain decisions” (see judgments number 2008-001604 and 2015-11089)

 “VII.- The role of municipalities in environmental matters. In accordance with what has been said, municipalities, as an integral part of the whole that is the State, have within the scope of their competencies and obligations a high degree of responsibility in environmental matters, whether through the direct approval of permits or licenses for which prior compliance with requirements that demonstrate adequate environmental management before other public authority instances is demanded, or through regular inspections and channeling of risk situations to the instances with greater intervention competence. It has already been established that local governments are bound by the obligation of coordination and prevention in environmental matters within the scope of their territorial jurisdiction, from which it follows that municipalities are certainly important actors in the task of environmental protection. The faculty of local governments to establish their own territorial planning through regulatory plans (planes reguladores) is unquestionable; but the existence of these —which mostly lack planning complements from the point of view of a healthy and ecologically balanced environment— does not produce the disapplication of environmental protection legislation. On the contrary, the Chamber considers it must be a fundamental requirement, which does not violate the constitutional principle of municipal autonomy, that every regulatory plan must consider, prior to being approved and developed, an environmental impact assessment (examen del impacto ambiental) from the perspective provided by Article 50 of the Constitution, so that land-use planning and its various regimes are compatible with the scope of the superior norm, above all, assessing that this provision establishes the right of all inhabitants to obtain an environmental response from all public authorities and this undoubtedly includes municipalities, who are not exempt from the application of the constitutional norm and its development legislation. It is evident that in this case, the national and local interests are totally coincident, and therefore local governments can and must demand compliance with environmental requirements in their territory, and in case of conflict with the governing authorities on environmental matters, they may submit the controversies to the jurisdictional controller that corresponds according to the nature of the infraction. It is for the foregoing that environmental protection norms are not incompatible, from the constitutional point of view, with the faculties and competencies of municipalities, which are obliged, by imperative of Article 50 of the Political Constitution, to extend themselves in the protection of the environment –see, in this sense, judgment number 2006-7994, at eight hours fifty-seven minutes on June 2, 2006- (Judgment No. 2016-2830).” (Judgments reiterated in No. 2016-5319 at 9:05 a.m. on April 22, 2016)

 In this case, the Municipality of La Unión failed in its oversight duty, and in following up on a problem evidenced since 2014, to the detriment of the right to a healthy and ecologically balanced environment and the safety of persons, because despite the time elapsed and what has already been finally resolved, it has not adopted effective measures to correct the reported situation. Therefore, it is also appropriate to grant the appeal (recurso) for violation of Articles 21 and 50 of the Constitution.".

 Thus, in the sub examine, situations that warrant the intervention of this Chamber are verified.

 In this regard, it was proven that the respondent municipality has had knowledge of irregular situations occurring at the sites indicated by the appellant party, at least since 2007, as stated in the Internal Audit report of that corporation from 2015. However, from the report rendered under oath and the official letters from various departments of the respondent municipality that were contributed to the case file, it can be deduced that situations that are causing an impact on health and the environment still persist.

 Thus, see, first, that in the same audit report alluded to, it was indicated: “(…) In relation to the property behind lot 6T, this Internal Audit determined the existence of buildings that apparently did not have municipal permits, given that according to the zoning map, the construction of housing and commerce in that area is not possible because it is considered, for the most part, an absolute recharge zone for springs (zona de recarga absoluta de nacientes). Likewise, no inspection tasks by the Fiscal and Urban Control Process (Proceso de Control Fiscal y Urbano) were evident, with the exception of the mechanical workshop, which, despite the notifications and legal proceedings initiated by this Institution, continues exercising its activity without the respective commercial license (patente comercial). The consequence of the foregoing is, aside from the eventual non-compliance with the Urban Regular Plan (Plan Regular Urbano) and the Construction Law (Ley de Construcciones) by the property owners, disorderly urban growth that lacks basic municipal services such as solid waste collection and storm sewerage (alcantarillado pluvial), and which, in turn, affects neighbors of residential developments such as La Giralda, in matters of urban planning, health, and public ornamentation.” Also, in official letter n.° MA-PPCI-0797-2021, it was indicated: the indicated land is a lot for building, which is lot 6-T of the La Giralda residential development, described through cadastral plan A-159655-1993 and with property number 0280191-000, with a frontage of 7.50 meters, nature for building, not for access, as it does not meet minimum road width dimensions, nor does it have infrastructure, nor is it reflected in that way on the official map, which is the general cadastral mosaic of the La Giralda Residential Development approved by the INVU and the Municipal Council. That is why efforts have been undertaken for the notification and regularization of this manifestly anomalous and illegal activity at the municipal level, a situation that exceeds the faculties of the Infrastructure Planning and Construction Process (Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura) and must be coordinated with the Fiscal and Urban Control Process in conjunction with the Municipal Police and other government authorities such as the Ministry of Health, MINAE and the IMAS. It is recommended to undertake an effort to regularize and correct these anomalies since health problems are being generated in addition to poor management of stormwater (aguas pluviales) and black water (aguas negras), among others that are the product of the absence of infrastructure derived from the illegality and disregard for current regulations (…)”.” Also, in official letter n.° MA-AAP-0974-2021, it was detailed: “(…) we can affirm that when rainfall with medium (or higher) intensities occurs, the stormwater (pluvial) system suffers collapse due to the increase in the flow it must manage. 4. The manner in which the dwellings built on the property with folio real N° 2-014851-000 dispose of stormwater (aguas pluviales) is unknown, since the information is not available due to the way the buildings were constructed, therefore it cannot be affirmed that all water generated on said property is disposed of through lot 6-T of the La Giralda residential development, but we can affirm that through the lot in question a considerable flow is disposed of that saturates the development's stormwater (pluvial) system.” Likewise, see what was indicated in official letter n.° MA-ADM-1681-2021: “(…) Referring to property 2-280191- rights 001 to 008 cadastral plan A-0159655-1993 located in the district of Desamparados, La Giralda lot 6-T, through notification reports (actas de notificación) 1371-2010 of December 3, 2010, the registered owners were requested to Clean and fence vacant lots and construction and maintenance of sidewalks, a period of 5 days was granted to perform the requested works according to article 6 subsection a of the Regulation to article 75 of the Municipal Code (Reglamento al artículo 75 del Código Municipal). Within the competencies of this unit, once the granted period expired, an inspection was carried out and it was verified that they did not comply with the requested works, therefore, the inclusion of the fine for breach of duties subsections b) Fence and clean both vacant lots and D) Construction and Maintenance of sidewalks to the mentioned property was carried out. Through re-inspection request 24865-2017 of November 14, 2017, the site was visited and it was verified that they complied with the requested works. It is important to clarify that to date the department of duties of the Citizens has not received new complaints, however, a new inspection was carried out in the indicated area on December 3, 2021, verifying that the fence was damaged (…) Therefore, this unit will proceed to issue the new notification reports for property 2-280191- rights 001 to 008. In relation to the commercial activities without a permit and the use as a right-of-way and public street, this department has no competence.” Also, in official letter n.° MA-PCFU-2071-2021 of December 3, 2021, it was noted: “(…) That effectively as indicated by the appellant, a lot that forms part of the Residencial La Giralda is used as a means of access to the previously mentioned property, that on that lot an electro-welded mesh gate was placed and an area for the placement of electric meters of the company I.C.E, and among them a pedestrian access, and a sidewalk was built as access to the property. That currently on the property with folio real N° 2-14824-000, there are several dwellings, including apartments, which have been built without construction permits, on which several closure proceedings have already been carried out during their construction, and which are in the process of being subjected to the normal notification procedure, established in articles 93 and 94 of the Construction Regulations (Reglamento de Construcciones). Among the works, which lack a construction permit, the following official reports (actas) have been issued: 179-2021, 95-2020, 128-2019, 451-2017, 388-2017, 387-2017, 94-2017, 73-2017, 130-2016, 196-2016, 139-2016, 136-2016, 137-2016, 138-2016, 129-2016, 54-2016, 55-2016, among others. During the site inspection, it was identified that the dwellings on the aforementioned property already have potable water service. Regarding commercial activities on the property, it is important to emphasize that for several years activities such as mechanical workshops, a tamale factory, small grocery stores (pulperías), etc., have been set up on the site, which, once they are closed down, are subjected to seal violation for not being able to obtain the license (patente), and once they are warned by the court about the process being carried out against them, they are removed by the very owners of the activities, this prior to being judged. Currently on the site, two activities are being carried out without their respective municipal license (patente municipal), a cabinetmaking workshop (taller de ebanistería) which was notified via notification ticket (boleta de notificación) N° 013013 and a metal article manufacturing workshop, notified via ticket N° 013012, against which, once the granted period of 8 business days expires, which is granted by the Licensing Law (Ley de Patentes) of this Municipality, the respective closure will be proceeded with and each case will be followed up.”.

 In this way, it is observed that situations currently persist at the alluded sites (properties 280191-000 and 14824-000 of the province of Alajuela) and that the respondent municipality has not been sufficiently diligent in its oversight duty and in following up on the problem evidenced years ago, to the detriment of a healthy environment and the health and safety of persons, as effective and definitive measures have not been adopted to correct the reported situation. In this sense, see that it was not until the notification of the course of this process that tickets n.os 013013 and 013012 were issued, regarding illegal commercial activities occurring at the site; however, as evidenced in the report and in the official letters previously alluded to, situations still persist that must be addressed by the respondent authority for the purpose of safeguarding the fundamental rights of the persons who live in the community in question.

 By virtue of the foregoing, it is appropriate to grant the appeal (recurso), in the terms that will be indicated in the operative part of this pronouncement.

IV.- NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the undersigned's criterion that if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (article 50, of the Political Constitution), as occurs in this case, in which the appellant party claims they are a neighbor of the Residencial La Giralda, in Desamparados de Alajuela, where there is a property that carries out industrial commercial activities and constructions have been made without municipal permits or licenses, which generate sonic, aquifer, and environmental pollution. In addition, garbage accumulates. The foregoing, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.

V.- PARTIAL DISSENTING VOTE RESPECTING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT BY JUDGE GARRO VARGAS. Although I concur with the majority of the Chamber that the appeal (recurso) must be granted, I partially differ on where to place the execution phase of the matter, specifically regarding the corresponding procedures and actions to solve the situation of commercial activities and irregular constructions on the properties alluded to in this appeal, as well as the situation of the management of stormwater (aguas pluviales) and black water (aguas negras) at the site, the foregoing due to the non-existence of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves technical aspects of great complexity. In contrast, what is provided by the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso-Administrativo) regarding execution (article 155 and following) has evident advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, supervising compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de Jurisdicción Constitucional), I consider that the execution phase must take place before the Execution Area of the Contentious Administrative and Civil Treasury Court (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), under the rules of judgment execution of said Code.

VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court (Corte Plena) in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial), in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

 

Por tanto:

 

The appeal (recurso) is granted. It is ordered that Sofía Marcela González Barquero and Leslye Rubén Bojorges León, in that order, mayor (alcaldesa) and president of the Municipal Council, both of the Municipality of Alajuela, or whoever holds those positions, coordinate what is corresponding, issue the pertinent orders, and carry out all actions that are within the scope of their competencies, so that, within a maximum period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the necessary diligences are carried out and the corresponding procedures are conducted for the purpose of solving: 1) the situation of commercial activities and illegal constructions on the properties alluded to in this appeal, so that they are brought into compliance with the law; 2) the issue of the management of stormwater (aguas pluviales) and black water (aguas negras) at the site, as well as other public health problems and environmental impact resulting from the aforementioned irregular activities and constructions. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal (recurso de amparo), and does not comply with it or does not enforce it, provided the crime is not more severely punished. The Municipality of Alajuela is condemned to pay the costs, damages and losses caused, which will be liquidated in the execution of judgment before the contentious-administrative jurisdiction. Judge Salazar Alvarado places a note. Judge Garro Vargas dissents regarding the execution of this judgment and, in accordance with article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, orders that it must take place before the Execution Area of the Contentious Administrative and Civil Treasury Court, under the execution rules established in articles 155 and following of the Contentious-Administrative Procedure Code. Notify.

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

President

	

 




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ana María Picado B.




Jorge Isaac Solano A.

	

 

	

Alexandra Alvarado P.

 

 

Digitally Signed Document

-- Verification code --



 S7DFWCRLZIY61

EXPEDIENTE N° 21-023717-0007-CO

 

Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the church of Perpetuo Socorro). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6

Classification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judiciary. Its reproduction and/or distribution in onerous form is prohibited.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 17:05:22.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República