Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)V. Sobre la falta de respuesta a la gestión presentada. Se desprende del caso que el 24 de octubre de 2021 el recurrente remitió un correo electrónico al Área Rectora de Salud de Desamparados (“[email protected]”) en el cual solicitó “se le dé el respectivo seguimiento ante el Ministerio Público debido a que la actividad se continúa ejerciendo, generando deterioro en mi salud (alergias, sinusitis, dolor de cabeza, náuseas ardor de ojos trastornos del sueño ahogos otros)”.
Ahora bien, del análisis literal y contextual del requerimiento remitido por el recurrente, esta Sala concluye que la gestión se circunscribió únicamente a instar a la autoridad recurrida a darle al proceso penal seguimiento ante el Ministerio Público, sin que de tal misiva se pueda derivar gestión que hubiese requerido contestación concreta o información adicional que debiera el accionado remitir al amparado.
VI. Sobre la problemática de contaminación ambiental ya denunciada. Primeramente, y partiendo del considerando V, se advierte que la misiva enviada el 24 de octubre de 2021 al Área Rectora de Salud de Desamparados no es una nueva denuncia ambiental, sino que el recurrente está solicitando se le dé seguimiento a un proceso penal que se generó a partir de que -justamente- dicha problemática ya está siendo atendida. En consecuencia, se conoce este extremo no a partir de lo enviado el 24 de octubre de 2021 (ya que no configura una excepción al artículo 41 en los términos que ha desarrollado este Tribunal), sino a partir de que es notorio que ya existe una denuncia anterior sobre dicho problema.
English (translation)V. On the lack of response to the filed request. The case shows that on October 24, 2021 the appellant sent an email to the Health Area Office of Desamparados (“[email protected]”) requesting “the respective follow-up with the Public Prosecutor’s Office be given, since the activity continues to be carried out, causing deterioration of my health (allergies, sinusitis, headache, nausea, burning eyes, sleep disorders, shortness of breath, others)”.
Now, from the literal and contextual analysis of the request sent by the appellant, this Chamber concludes that the action was limited solely to urging the respondent authority to follow up on the criminal proceedings with the Public Prosecutor’s Office, and from said missive no action can be derived that would have required a specific response or additional information that the respondent should have sent to the appellant.
VI. On the already-denounced environmental contamination problem. First, and starting from Considerando V, it is noted that the missive sent on October 24, 2021 to the Health Area Office of Desamparados is not a new environmental complaint, but rather the appellant is requesting follow-up on a criminal process that arose precisely because said problem is already being addressed. Consequently, this point is heard not based on the October 24, 2021 email (since it does not configure an exception to Article 41 in the terms this Court has developed), but because it is notorious that a prior complaint already exists on said problem.
Denied
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 03196 - 2022 Fecha de la Resolución: 11 de Febrero del 2022 a las 09:30 Expediente: 21-024360-0007-CO Redactado por: Anamari Garro Vargas Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución *210243600007CO* Exp: 21-024360-0007-CO Res. Nº 2022003196 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del once de febrero de dos mil veintidos . Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-24360-0007-CO, interpuesto por JULIO ROJAS VARGAS, cédula de identidad 0110460399, contra el MINISTERIO DE SALUD. Resultando 1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala 29 de noviembre de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DE SALUD y manifiesta que en la finca del partido de San José, matrícula 85507-000, duplicado A, que pertenece a Ana Maritza Fallas Picado, cédula 151 5016, Inmobiliaria Suasol De CR S.A., cédula jurídica No.101-393476, Nicolás Fabricio Monge Picado, cédula 1- 626-160, Julia Mercedes Fallas Picado, cédula 9055452 y Rodrigo Fallas Picado, cédula 1-439996, y localizada en Patarrá, Quebrada Honda, Zona Protectora Cerros La Carpintera, de la entrada a Quintas Veramont 87 metros al oeste hasta el puente, cruzando el puente 125 metros al este hasta la intercepción y luego (a la derecha) 1375 metros al este; existen carboneras que operan de forma clandestina. Alega que dicha actividad es perjudicial para la salud de todos los vecinos del sector por el humo, los contaminantes que despiden y los malos olores que resultan de ésta. Asimismo, refiere que hay olores y contaminación originada por un botadero de basura que continúa operando de forma clandestina en ese lugar. Acusa que las problemáticas descritas son de conocimiento y han sido manejadas de forma interinstitucional; sin embargo, no se ha hecho nada al respecto. Detalla que la Municipalidad de Desamparados emitió el oficio n.º DTAP-188-2021 del 03 de mayo del 2021, suscrito por el director del Área de Control y Vigilancia Ambiental. Por su parte, el Área Rectora de Salud Desamparados giró una orden sanitaria a los responsables, pero esta no fue acatada, razón por la cual la administración interpuso denuncia penal, por el delito de desobediencia a orden sanitaria, la cual tramita el Ministerio Publico de Desamparados; no obstante, la contaminación denunciada persiste. Refiere que el 24 de octubre de 2021, a través del correo electrónico “[email protected]”, requirió el seguimiento al proceso penal por desobediencia a la autoridad presentado por el recurrido, de lo cual acusa no ha obtenido respuesta. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el recurso. 2. Informa bajo juramento Jimmy Vargas Charpentier, en su condición de director de la Dirección de Área Rectora de Salud de Desamparados, en lo que interesa, que el 19 de octubre del 2020 se recibió en el Área Rectora de Salud Desamparados una denuncia por actividad de carbonera que contamina el ambiente, la cual se ubica en la Finca Los Picado situada en Patarrá, Quebrada Honda del puente Mauren 100 m noreste y 950 m este, a la cual se le asigna consecutivo de denuncia CS-ARS-D-DE-0772-2020. Explica que el 19 de noviembre del 2020 se realizó una visita de inspección al sitio según Acta CS-ARS-D-ERS-AI-1514-2020, y que durante la visita se evidenció la actividad de producción de carbón sin permisos sanitarios, se observan tres carboneras activas, así como materiales y estructuras hechizas, sacas de carbón listas, fungen como testigos funcionarios del SINAC y ese mismo día se notifica la orden sanitaria MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0274-2020 al Luis Rolando Monge Fallas, esto por ejercer la actividad comercial de carbonera sin permisos, por lo que se le mandó a suspender de forma inmediata la generación, acumulación, empaque y distribución de carbón en la totalidad de las carboneras ubicadas en la Finca 1-85507-A, Quebrada Honda, Patarrá. Agrega que se le indicó que debía realizar la limpieza total de los residuos acumulados producto de la actividad de carbonera, desmantelar las fosas y estructuras que se encuentran en el sitio y disponer dichos residuos de forma adecuada y sanitaria a un gestor autorizado por el Ministerio de Salud. Menciona que en visita de seguimiento realizada el 29 de mayo del 2021 se observó que continuaba funcionando la actividad de la carbonera, por lo que se estableció incumplimiento de la orden sanitaria MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0274-2020 y se determinó interponer denuncia al Ministerio Público por el presunto delito de desobediencia, la cual se tramitó por el Área Rectora en denuncia penal MS-DRRSCS-AR-D-ERS-DMP-003-2021 el 07 de junio del 2021. Detalla que el 02 de setiembre del 2021 se recibió en el Área Rectora de Salud Desamparados notificación del expediente 21-000945-0276-PE, en el cual el Ministerio Público indicó que la causa por el delito de desobediencia interpuesta contra Luis Rolando Monge Fallas no se configuraba como delito, sino que había una norma especial que establece una multa ante la omisión de las órdenes de salud. Añade que el 07 de diciembre del 2021 se realizó seguimiento en el que se observa en la finca contaminación ambiental, sin embargo, no hay personas en el lugar y hay un portón que impide el paso de los funcionarios, por lo que, explica, no es posible notificar la multa o cualquier otro trámite administrativo. Expone que, ante la finalidad de poder resolver de forma definitiva la denuncia sanitaria presentada por el recurrente, se acuerda trasladar el asunto al Tribunal Ambiental Administrativo, para que dicha instancia con vista en sus potestades conferidas por la Ley Orgánica del Ambiente ordene la paralización de obras y determine las medidas cautelares que sean convenientes en contra de la persona que realiza la actividad clandestina de carbonera sin contar con los permisos sanitarios correspondientes. Respecto a la solicitud de información del caso a través de correo electrónico, indica que los expedientes administrativos son custodiados por el Área Rectora y las partes tienen acceso a consultar las piezas del expediente, por lo cual la consulta de resoluciones, informes o notificaciones de otras instancias debe efectuarse de forma personal en las instalaciones, guardando así la discrecionalidad de la documentación, por lo tanto el correo electrónico no es un medio oficial para brindar esta información. Afirma que el Área Rectora de Salud no ha quebrantado de forma alguna derechos subjetivos del recurrente, sino que al contrario, ha realizado las inspecciones físico sanitarias pertinentes, ha emitido los ordenamientos sanitarios respectivos con la finalidad de detener la actividad clandestina de carbonera denunciada. Reitera que el Ministerio de Salud ha realizado el control del cumplimiento de la orden sanitaria emitida y denunciado ante el Ministerio Público y al Tribunal Ambiental administrativo al responsable de dicha actividad. Solicita se declare sin lugar el recurso. 3. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. Redacta la Magistrada Garro Vargas; y, Considerando I. De previo: sobre la oficialidad del correo electrónico. En la resolución que dio curso a este proceso, se le solicitó a la autoridad recurrida que indicara si el correo electrónico al cual la parte amparada remitió la gestión cuya falta de respuesta acusa, está previsto como mecanismo oficial de comunicación. En el informe rendido la autoridad señala: “el correo electrónico no es un medio oficial para brindar esta información, esto fundamentado en el artículo 272 de la Ley de Administración Pública”. Así las cosas, se le advierte a la autoridad que lo que se le indicó en la prevención del curso es que informara -de forma precisa- si dicho correo era un “mecanismo oficial de comunicación”, no así si es o no un medio idóneo para brindar cierto tipo de información (al parecer la accionada confunde “mecanismo oficial de comunicación” con el de medio idóneo para resolver lo que se le gestiona). Por tanto, de conformidad con lo previsto por el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al no responderé directamente lo prevenido, se tiene por cierto que el correo electrónico institucional “[email protected]” constituye un medio oficial de comunicación de la autoridad recurrida. II. Referente al conocimiento de este caso por lesión al artículo 41 de la Constitución Política. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la Sentencia n.º 2008-02545, de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones–, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el presente asunto, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una gestión dentro de una denuncia ambiental activa. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. III. Objeto del recurso. El recurrente acusa que no ha obtenido solución a la problemática denunciada desde hace tiempo de unas carboneras y un botadero clandestinos en la finca del partido de San José, matrícula 85507-000, duplicado A, localizada en Patarrá, Quebrada Honda, Zona Protectora Cerros La Carpintera. Además, aduce que el 24 de octubre de 2021, requirió al correo electrónico “[email protected]” seguimiento al proceso penal por desobediencia a la autoridad, sin que, al momento de interponer este recurso, exista respuesta del recurrido. IV. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, en relación a los alegatos referidos a omisión de información, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: a) El correo electrónico institucional “[email protected]” constituye un medio oficial de comunicación de la autoridad recurrida (hecho tomado por cierto). b) El 02 de septiembre de 2021 el Área Rectora de Salud de Desamparados recibió notificación del expediente 21-000945-0276-PE, en el cual el Ministerio Público indicó que la causa por el delito de desobediencia interpuesta contra Luis Rolando Monge Fallas no se configuraba como delito, sino que había una norma especial que establecía una multa ante la omisión de las órdenes de salud (véase informe de la autoridad recurrida). c) El 24 de octubre de 2021 el amparado remitió misiva a al correo “[email protected]” , donde solicitó se le diera seguimiento a una denuncia ambiental que está siendo atendida. En detalle: “se le dé el respectivo seguimiento ante el Ministerio Público debido a que la actividad se continúa ejerciendo, generando deterioro en mi salud (alergias, sinusitis, dolor de cabeza, náuseas ardor de ojos trastornos del sueño ahogos otros)” (ver prueba documental). d) El 07 de diciembre del 2021, según acta MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-2023-2021, el Área Rectora de Salud de Desamparados realizó seguimiento en el lugar, donde “se observa en la finca contaminación ambiental, sin embargo, no hay personas en el lugar y hay un portón que impide el paso de los funcionarios, por lo cual no es posible notificar la multa o cualquier otro trámite administrativo, asimismo se aclara que el administrado no es de atender a la autoridad sanitaria de ninguna forma tanto por teléfono o de forma presencial, evadiendo de forma constante las notificaciones tanto del Ministerio de Salud, Municipalidad y SINAC” (véase informe de la autoridad recurrida). e) El Área Rectora de Salud de Desamparados trasladó la denuncia al Tribunal Ambiental Administrativo siendo el encargado de “de sentar las responsabilidades de afectaciones al ambiente, imponer sanciones indemnizatorias para la reparación del daño ambiental (…) imponer todas las medidas necesarias para evitar la prolongación del daño ambiental, tal como la paralización inmediata y clausura de las actividades, puesto que hay una actuación negligente por parte del denunciado” (véase informe de la autoridad recurrida). V. Sobre la falta de respuesta a la gestión presentada. Se desprende del caso que el 24 de octubre de 2021 el recurrente remitió un correo electrónico al Área Rectora de Salud de Desamparados (“[email protected]”) en el cual solicitó “se le dé el respectivo seguimiento ante el Ministerio Público debido a que la actividad se continúa ejerciendo, generando deterioro en mi salud (alergias, sinusitis, dolor de cabeza, náuseas ardor de ojos trastornos del sueño ahogos otros)”. Ahora bien, del análisis literal y contextual del requerimiento remitido por el recurrente, esta Sala concluye que la gestión se circunscribió únicamente a instar a la autoridad recurrida a darle al proceso penal seguimiento ante el Ministerio Público, sin que de tal misiva se pueda derivar gestión que hubiese requerido contestación concreta o información adicional que debiera el accionado remitir al amparado. Al respecto, en casos similares al del sub examine este Tribunal ha desarrollado: “II.- ATINENTE A LAS EXCITATIVAS Y EXHORTACIONES. En relación con este tema, conviene citar la Sentencia N° 2020-009048 de las 9:15 horas del 15 de mayo de 2020, por medio de la cual esta Sala dispuso lo siguiente: “Este Tribunal, en un caso similar al presente presentado por el mismo recurrente, por Sentencia N° 2019-8998 de las 9:30 horas de 17 de mayo de 2019, resolvió en lo que interesa lo siguiente: “II.- SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE ESTE RECURSO. En el sub judice, de la lectura del oficio ALFPUSC-14-OFI-173-2019, se constata que su propósito era solicitarle al accionado que, en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Ley Número 6815 del 27 de setiembre de 1982, le solicitara presurosamente a la Procuraduría General de la República interponer una acción de inconstitucionalidad contra las cláusulas abusivas, que de acuerdo con la valoración de la Contraloría, se pudieran encontrar en las convenciones colectivas nombradas en esa misma carta. De igual manera le solicitaba instar al Sr.(…), Ministro de Trabajo, para que denunciara todas las convenciones colectivas mencionadas en la carta, y que se le remitiera copia de cada denuncia a las convenciones colectivas y de la solicitud al señor Procurador General. Por lo tanto, su propósito no era requerir información preconstituida, o exponer una denuncia o reclamo administrativo concreto, sino formular una excitativa o exhortación, siendo que, en los términos en que fue planteada, la petición se agotó con su sola presentación, sin que existiera propiamente una obligación correlativa de la parte accionada de responderla. De esta forma, es evidente que la falta de respuesta de la Presidencia de la República no ha quebrantado el artículo 27 de la Constitución Política, en forma Fundamental, como el recurrente lo alega. En consecuencia, el recurso es improcedente y así se declara”. III.- En este caso, de la prueba aportada en autos se acreditó que el 26 de marzo de 2019, el recurrente, en su condición de Diputado, no solicitó información en los términos dispuestos en los artículos 27, 30 o 41, de la Constitución Política, al igual que en el precedente citado, sino que lo que gestionó fue que se realizara la donación definitiva del terreno matrícula folio real 2922636-000, plano de catastro N° 973314-91 a la Asociación Integral de Personas de la Tercera Edad, de Pavas, en atención a la publicación formal en La Gaceta del 20 de mayo de 2011, de la Ley N° 8940 del 4 de abril de 2011. En concreto, su gestión indicó lo siguiente: “Con fecha 20 de mayo del 2011 se publicó formalmente en el Diario Oficial la Ley 8940, aprobada el 4 de abril del mismo año y firmada por el ejecutivo el 10 de abril del mismo año Con esta ley se desafectó el terreno con matrícula de folio real 292636-000 con plano de catastro 973314-91 y se autorizó al Estado para donar ese terreno de su propiedad a la Asociación Integral de Personas de la Tercera Edad de Pavas. En ese terreno se encuentra instalado actualmente el Centro Diurno del Adulto Mayor de Pavas, administrado por la mencionada asociación y en él se atiende un considerable número de adultos mayores en las instalaciones que se han construido con el esfuerzo de la comunidad de Pavas. La asociación realiza una loable actividad de bien comunal desde hace varios años y considero que como gobierno debemos apoyarla con todo nuestro esfuerzo. Con el fin de procurar el cumplimiento de la mencionada ley 8940, le solicitamos sus buenos oficios para que la donación aprobada en ley desde el 2011 se haga realidad a la brevedad posible y pueda el centro de adultos mayores contar con mayores posibilidades de ayuda social. Agradezco su gestión al respecto en consecuencia con los más altos intereses nacionales”. Por lo tanto, su propósito no era requerir información preconstituida, o exponer una denuncia o reclamo administrativo concreto, sino formular una excitativa o exhortación, siendo que en los términos en que fue planteada, la petición se agotó con su sola presentación, sin que existiera propiamente una obligación correlativa de la parte accionada de responderla. De esta forma, es evidente que la supuesta falta de respuesta por parte del Ministerio de Salud Pública no ha quebrantado el derecho de petición y pronta respuesta, de acceso a la información, o bien, a una justicia administrativa pronta del tutelado, por lo que el recurso debe ser declarado sin lugar” (ver en similar sentido las sentencias 2020-006911 de las 9:20 horas del 3 de abril de 2020, 2019-025216 de las 10:45 horas del 17 de diciembre de 2019, 2019-013651 de las 10:30 horas del 23 de julio de 2019, 2019-012376 de las 9:30 horas del 5 de julio de 2019, 2019-010592 de las 10:05 horas del 11 de junio de 2019, 2019-008997 de las 9:30 horas del 17 de mayo de 2019, 2019-008997 de las 9:30 horas del 17 de mayo de 2019, 2018-019442 de las 9:40 horas del 20 de noviembre de 2018, y 2017-013156 de las 9:30 horas del 18 de agosto de 2017)” (voto n.º 2021-27216 de las 09:30 horas de 03 de diciembre de 2021, resaltado no es del original).. En ese contexto, las consideraciones citadas son aplicables al sub examine, por cuanto este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en esa sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. VI. Sobre la problemática de contaminación ambiental ya denunciada. Primeramente, y partiendo del considerando V, se advierte que la misiva enviada el 24 de octubre de 2021 al Área Rectora de Salud de Desamparados no es una nueva denuncia ambiental, sino que el recurrente está solicitando se le dé seguimiento a un proceso penal que se generó a partir de que -justamente- dicha problemática ya está siendo atendida. En consecuencia, se conoce este extremo no a partir de lo enviado el 24 de octubre de 2021 (ya que no configura una excepción al artículo 41 en los términos que ha desarrollado este Tribunal), sino a partir de que es notorio que ya existe una denuncia anterior sobre dicho problema. En un mismo orden de ideas, en este extremo debe indicarse que los hechos que señala el recurrente (la existencia de carboneras que operan de forma clandestina y la problemática derivada de esa actividad) son hechos que incluso ya fueron analizados por esta Sala en la sentencia n.º 2021-17816 de las 09:20 horas del 13 de agosto de 2021, misma dictada en el recurso de amparo n.º 21-012595-0007-CO interpuesto también por el aquí accionante. La desestimatoria se sustentó en las siguientes consideraciones: “II. Objeto del recurso. El recurrente considera lesionados sus derechos fundamentales, pues acusa que no se ha atendido la problemática denunciada desde hace tiempo de unas carboneras y un botadero clandestinos en Patarrá de Desamparados. III. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: a) El 07 de julio de 2013 se recibió en el TAA una denuncia ambiental por la supuesta afectación al área de protección de una aparente naciente, corta de árboles y fabricación de carbón dentro del área de protección de una naciente (expediente Nº 178-13-01-TAA) (informe de la presidenta del TAA). b) El 23 de mayo de 2016 se recibió en el Área Rectora de Salud de Desamparados denuncia por ingreso de escombro y basura en una propiedad y contaminación en el margen del río causado en la Finca Los Picado, a la cual se asignó el consecutivo de denuncia CS-ARS-D-DE-0333-2016 (informe de las autoridades sanitarias). c) Mediante resolución Nº 2108-19-TAA, de las 08:15 horas del 15 de noviembre de 2019, el TAA dispuso la apertura de un proceso ordinario administrativo y se señaló audiencia para las 08:30 horas del 05 de mayo de 2022, dicha resolución se encuentra en proceso de notificación (informe de la presidenta del TAA). d) El Área Rectora de Salud de Desamparados emitió la orden sanitaria MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0274-2020, de 19 de noviembre del 2020, en que se ordenó suspender de forma inmediata la generación, acumulación, empaque y distribución de carbón en la totalidad de las carboneras, así como realizar en un plazo de 30 días hábiles la limpieza total de los residuos acumulados producto de la actividad de carbonera, desmantelar las fosas y estructuras que se encuentran en el sitio y disponer dichos residuos de forma adecuada y sanitaria a un gestor autorizado por el Ministerio de Salud (informe de las autoridades sanitarias). e) El 29 de mayo de 2021 las autoridades sanitarias realizaron visita de inspección y detectaron incumplimiento a la orden sanitaria emitida, por lo que el 08 de junio de 2021 presentaron la correspondiente denuncia penal (informe de las autoridades sanitarias). f) Ante la Fiscalía de Desamparados se tramita la causa Nº 20-001724-0276-PE, originada en una denuncia interpuesta por la Municipalidad de Desamparados, en la cual se solicitó una investigación completa a la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial y se gestionó ante el Juez Penal de Desamparados la imposición de medidas cautelares (informe del fiscal Auxiliar de Desamparados). g) La Municipalidad de Desamparados ha prestado una colaboración activa a las demás instituciones, realizando inspecciones conjuntas y emitiendo informes, ha mantenido informado al denunciante de lo actuado y ha interpuesto las denuncias correspondientes ante el SINAC, el Área Rectora de Salud y la Fiscalía: 1. El 09 de diciembre de 2013 ingresó la resolución 1160-13-TA, del TAA, en que se solicitaba a la Municipalidad indicar el número de finca y los propietarios. 2. En febrero de 2019 se organizó una inspección conjunta entre el TAA, las autoridades del MINAE de Cartago y San José y la municipalidad, en la cual se apreció el cambio de uso de suelo a “milpa”, el funcionamiento de las carboneras y el rancho desmantelado, lo que fue documentado en el oficio DT-AP-051-19, presentado al TAA. 3. El 08 de setiembre de 2016 ingresó una denuncia de varios ciudadanos por las afectaciones del botadero clandestino, lo cual fue trasladado al MINAE y al Área Rectora de Salud (ARS). 4. En octubre de 2016 se realizó una inspección conjunta en que se apreció un rancho, el botadero con tres depósitos, y dos carboneras que nos están en funcionamiento; se investigó que no existe ningún permiso de construcción, se corroboró que el botadero está dentro del área de protección de la naciente y se informó lo actuado a la ASADA de Quebrada Honda y a la Dirección de Aguas del MINAE, para oficializar la naciente. 5. La Dirección de Aguas determinó que se trata de un nacimiento, que por ende cuenta con un radio de protección de cien metros. 6. En mayo de 2018 ingresó una nueva denuncia por parte de la ASADA, y en junio de ese año se realizó nueva inspección conjunta con el MINAE y el ARS, apreciando la actividad de carbonera, la construcción de un rancho habitado, una letrina y un gallinero, todo dentro del área de protección de la naciente y quebrada; y se trasladó lo correspondiente a las autoridades competentes, incluido el TAA. 7. En octubre de 2019 se recibió nueva denuncia y, tras constatar nuevamente la actividad carbonera sin permiso, se presentó denuncia ante la Fiscalía Adjunta de Desamparados. 8. Posterior a ello han ingresado nuevas denuncias, ante lo cual se ha respondido informando que el hecho ya está denunciado en vía judicial (informe de las autoridades municipales). IV. Sobre los agravios acusados. El recurrente acude en amparo y denuncia la inacción de las autoridades municipales y sanitarias para resolver un problema de contaminación ocasionado por unas carboneras y un botadero clandestinos en Patarrá de Desamparados. Solicita que se ordene a los recurridos solucionar la problemática denunciada y, de forma coordinada, adoptar las acciones concretas y definitivas que resuelvan el problema de contaminación referido. Concretamente, pretende que se ordene a la municipalidad que clausure las instalaciones por falta de permisos, al Ministerio de Salud que gire una orden sanitaria y medida cautelar de cierre de establecimiento, y al TAA que ordene ejecutar las medidas cautelares necesarias para preservar los elementos ambientales afectado, detener el daño de inmediato y continuar con los procesos y denuncias necesarias para establecer las responsabilidades administrativas, civiles y penales. Asimismo, solicita que los propietarios sean obligados a respetar y cumplir las órdenes y medidas para hacer cesar la contaminación. V. Sobre las actuaciones de las autoridades municipales. En el presente asunto se corrobora que las autoridades municipales han interpuesto las denuncias penales que se tramitan en el expediente Nº 20-001724-0276-PE (y el acumulado expediente Nº 21-000943-0276-PE), ante la Fiscalía de Desamparados, en el cual se solicitó una investigación completa a la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial y se gestionó ante el Juez Penal de Desamparados la imposición de medidas cautelares. Aunado a ello, han prestado una colaboración activa a las demás instituciones, ha mantenido informado al denunciante de lo actuado y ha interpuesto las denuncias correspondientes ante el SINAC, el Área Rectora de Salud y -como se indicó- la Fiscalía. VI. Sobre las actuaciones de las autoridades sanitarias. Del elenco de hechos probados se desprende que, tras emitir una orden sanitaria en noviembre de 2020, ordenando suspender la actividad carbonera y limpiar los residuos acumulados, se verificó en mayo de 2021 el incumplimiento de la misma. Ante ello, las autoridades sanitarias procedieron a presentar la correspondiente denuncia penal. VII. Sobre las actuaciones de la Fiscalía. Se verifica que los recurridos han tramitado las denuncias interpuestas y que se solicitó una investigación completa a la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial y se gestionó ante el Juez Penal de Desamparados la imposición de medidas cautelares. VIII. Sobre las actuaciones de las autoridades del TAA. Se comprueba que, tras recibir una denuncia en 2013 y 2016, en noviembre de 2019 se dictó la apertura de un proceso ordinario administrativo y se señaló audiencia para mayo de 2022, resolución que aún se encuentra en proceso de notificación. IX. Aclaración. Previo a analizar el fondo, conviene aclarar que esta Sala no tiene la competencia para pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de las actividades denunciadas ni sobre la idoneidad o procedencia de las medidas pretendidas, por tratarse de aspectos de mera legalidad, que corresponden ventilarse ya sea ante la autoridad recurrida o la vía jurisdiccional correspondiente. En lo que respecta a la tutela que se brinda en la vía del recurso de amparo, esta se limita a verificar si las autoridades accionadas han cumplido o han sido omisas con sus deberes y funciones. X. Sobre el caso concreto. En el presente asunto se comprueba que las autoridades accionadas han constatado la existencia y funcionamiento de unas carboneras y de un botadero clandestinos, y que ante ello han tomado distintas medidas según el ámbito de sus competencias. En igual sentido, se comprueba que han atendido las gestiones del recurrente y lo han mantenido informado del caso. Así, se verifica que tanto ante la Fiscalía como ante el TAA se siguen procesos por dicha causa, los cuales se encuentran en trámite. Aun cuando los tiempos de tramitación de los mismos son largos, se constata que siempre se han mantenido activos y se han realizado las diligencias correspondientes según la etapa procesal de cada uno. En todo caso y en cuanto a las actuaciones de la Fiscalía, se advierte que, si el recurrente considera que el Ministerio Público no ha cumplido con los plazos establecidos para realizar la investigación, debe urgir pronto despacho ante el funcionario omiso y si no obtiene respuesta puede interponer queja por retardo de justicia ante el Fiscal General. Se descarta entonces la acusada inacción de parte de las autoridades recurridas, y se impone declarar sin lugar el proceso de amparo. Sin embargo, y a pesar de la desestimatoria del recurso, esta Sala les recuerda a las autoridades recurridas su responsabilidad de procurar, dentro del marco de sus competencias, la gestión diligente de los procesos, así como el deber de procurar una solución pronta y eficaz a la situación objeto del recurso, pues resulta innegable que la problemática denunciada es de larga data, amenaza el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y requiere ser atendida (…) Por tanto: Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades recurridas de lo indicado al final del considerando IX de esta sentencia. La Magistrada Hernández López pone nota.” (resaltado no es del original). Así, tomando en cuenta lo reciente de dicha sentencia, aunado a que el asunto planteado fue debidamente resuelto en aquella oportunidad, en este amparo se constata que el 02 de septiembre de 2021 -posterior a dicha sentencia- el Área Rectora de Salud de Desamparados recibió notificación del expediente 21-000945-0276-PE, en el cual el Ministerio Público indicó que la causa por el delito de desobediencia interpuesta contra Luis Rolando Monge Fallas no se configuraba como delito, sino que había una norma especial que establecía una multa ante la omisión de las órdenes de salud. Posteriormente, tras un acto de seguimiento realizando el 07 de diciembre del 2021, según acta MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-2023-2021, el Área Rectora de Salud de Desamparados indicó que “se observa en la finca contaminación ambiental, sin embargo, no hay personas en el lugar y hay un portón que impide el paso de los funcionarios, por lo cual no es posible notificar la multa o cualquier otro trámite administrativo, asimismo se aclara que el administrado no es de atender a la autoridad sanitaria de ninguna forma tanto por teléfono o de forma presencial, evadiendo de forma constante las notificaciones tanto del Ministerio de Salud, Municipalidad y SINAC”. En consecuencia, dentro de sus competencias, en esa misma fecha el Área Rectora de Salud de Desamparados trasladó la denuncia al Tribunal Ambiental Administrativo siendo el encargado de “sentar las responsabilidades de afectaciones al ambiente, imponer sanciones indemnizatorias para la reparación del daño ambiental (…) imponer todas las medidas necesarias para evitar la prolongación del daño ambiental, tal como la paralización inmediata y clausura de las actividades, puesto que hay una actuación negligente por parte del denunciado”. Por lo anterior, no existiendo motivo alguno para variar el criterio externado en la resolución supra indicada, y observando que la autoridad recurrida ha continuado realizando lo que está bajo su competencia para solucionar la problemática ya denunciada, se descarta la violación a los derechos fundamentales del tutelado. VII. Nota del magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa un problema de contaminación de unas carboneras y un botadero clandestinos en la finca del partido de San José, matrícula 85507-000, duplicado A, localizada en Patarrá, Quebrada Honda, Zona Protectora Cerros La Carpintera, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida. VIII. Documentación aportada al expediente. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo de 30 días hábiles después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión n.° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión n.° 43-12 celebrada el 03 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Fernando Castillo V. Presidente Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ana María Picado B. Jorge Isaac Solano A. Alexandra Alvarado P. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *TCJLZTMDRSI61* TCJLZTMDRSI61 EXPEDIENTE N° 21-024360-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 17:05:31. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Constitucional Resolution No. 03196 - 2022 Date of Resolution: February 11, 2022 at 09:30 Expediente: 21-024360-0007-CO Drafted by: Anamari Garro Vargas Type of matter: Amparo remedy Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Text of the resolution *210243600007CO* Exp: 21-024360-0007-CO Res. No. 2022003196 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine thirty hours on February eleven, two thousand twenty-two. Amparo remedy processed in expediente number 21-24360-0007-CO, filed by JULIO ROJAS VARGAS, identity card 0110460399, against the MINISTERIO DE SALUD. Resultando 1. By document received in the Secretariat of the Sala on November 29, 2021, the petitioner files an amparo remedy against the MINISTERIO DE SALUD and states that on the property of the San José district, registration 85507-000, duplicate A, which belongs to Ana Maritza Fallas Picado, ID 151 5016, Inmobiliaria Suasol De CR S.A., legal ID No. 101-393476, Nicolás Fabricio Monge Picado, ID 1- 626-160, Julia Mercedes Fallas Picado, ID 9055452, and Rodrigo Fallas Picado, ID 1-439996, and located in Patarrá, Quebrada Honda, Zona Protectora Cerros La Carpintera, from the entrance to Quintas Veramont 87 meters west to the bridge, crossing the bridge 125 meters east to the intersection and then (to the right) 1375 meters east; there are charcoal kilns (carboneras) operating clandestinely. He claims that said activity is harmful to the health of all the neighbors in the sector due to the smoke, the pollutants they emit, and the bad odors resulting from it. Likewise, he reports that there are odors and contamination originating from a garbage dump that continues to operate clandestinely in that place. He accuses that the problems described are known and have been handled inter-institutionally; however, nothing has been done about it. He details that the Municipalidad de Desamparados issued official letter no. DTAP-188-2021 of May 3, 2021, signed by the director of the Área de Control y Vigilancia Ambiental. For its part, the Área Rectora de Salud Desamparados issued a sanitary order (orden sanitaria) to those responsible, but it was not complied with, which is why the administration filed a criminal complaint for the crime of disobedience to a sanitary order, which is being processed by the Ministerio Publico de Desamparados; however, the reported contamination persists. He reports that on October 24, 2021, through the email address "[email protected]", he requested follow-up on the criminal process for disobedience to authority filed by the respondent, of which he accuses he has not obtained a response. For the foregoing reasons, he comes to the Sala in protection of his fundamental rights and requests that the remedy be granted. 2. Jimmy Vargas Charpentier, in his capacity as director of the Dirección de Área Rectora de Salud de Desamparados, reports under oath, as relevant, that on October 19, 2020, a complaint was received at the Área Rectora de Salud Desamparados regarding a charcoal kiln (carbonera) activity that contaminates the environment, which is located at Finca Los Picado situated in Patarrá, Quebonda Honda, from the Puente Mauren 100 m northeast and 950 m east, to which consecutive complaint number CS-ARS-D-DE-0772-2020 was assigned. He explains that on November 19, 2020, an on-site inspection visit was carried out according to Acta CS-ARS-D-ERS-AI-1514-2020, and that during the visit, the charcoal production activity without sanitary permits was evident, three active charcoal kilns (carboneras) are observed, as well as makeshift materials and structures, bags of charcoal ready; SINAC officials act as witnesses, and on that same day, sanitary order (orden sanitaria) MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0274-2020 was notified to Luis Rolando Monge Fallas, for engaging in the commercial charcoal kiln (carbonera) activity without permits, ordering him to immediately suspend the generation, accumulation, packaging, and distribution of charcoal in all of the charcoal kilns (carboneras) located at Finca 1-85507-A, Quebrada Honda, Patarrá. He adds that he was instructed to carry out the total cleanup of the accumulated waste resulting from the charcoal kiln (carbonera) activity, dismantle the pits and structures found on the site, and dispose of said waste appropriately and sanitarily to an authorized manager by the Ministerio de Salud. He mentions that during a follow-up visit conducted on May 29, 2021, it was observed that the charcoal kiln (carbonera) activity continued operating, therefore non-compliance with sanitary order (orden sanitaria) MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0274-2020 was established, and it was determined to file a complaint with the Ministerio Público for the alleged crime of disobedience, which was processed by the Área Rectora under criminal complaint MS-DRRSCS-AR-D-ERS-DMP-003-2021 on June 7, 2021. He details that on September 2, 2021, the Área Rectora de Salud Desamparados received notification of expediente 21-000945-0276-PE, in which the Ministerio Público indicated that the case for the crime of disobedience filed against Luis Rolando Monge Fallas did not constitute a crime, but rather there was a special rule establishing a fine for the omission of health orders. He adds that on December 7, 2021, a follow-up was carried out in which environmental contamination is observed on the property; however, there are no people at the site and there is a gate that prevents the officials' passage, which, he explains, makes it impossible to notify the fine or any other administrative procedure. He states that, with the purpose of being able to definitively resolve the sanitary complaint filed by the petitioner, it was agreed to transfer the matter to the Tribunal Ambiental Administrativo, so that said instance, in view of its powers conferred by the Ley Orgánica del Ambiente, may order the stoppage of works and determine the precautionary measures that are appropriate against the person carrying out the clandestine charcoal kiln (carbonera) activity without the corresponding sanitary permits. Regarding the request for information on the case via email, he indicates that administrative expedientes are guarded by the Área Rectora and the parties have access to consult the pieces of the expediente, for which reason the consultation of resolutions, reports, or notifications from other instances must be carried out in person at the facilities, thus preserving the discretion of the documentation; therefore, email is not an official means to provide this information. He affirms that the Área Rectora de Salud has not in any way violated subjective rights of the petitioner, but on the contrary, has carried out the pertinent physical-sanitary inspections, has issued the respective sanitary orders with the purpose of stopping the reported clandestine charcoal kiln (carbonera) activity. He reiterates that the Ministerio de Salud has controlled compliance with the issued sanitary order (orden sanitaria) and reported the person responsible for said activity to the Ministerio Público and the Tribunal Ambiental Administrativo. He requests that the remedy be declared without merit. 3. In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed. Drafted by Magistrate Garro Vargas; and, Considerando I. Preliminarily: on the official nature of email. In the resolution that gave course to this process, the respondent authority was asked to indicate whether the email address to which the protected party sent the communication, the lack of response to which is alleged, is provided as an official communication mechanism. In the report rendered, the authority states: "email is not an official means to provide this information, based on Article 272 of the Ley de Administración Pública". Therefore, the authority is advised that what was indicated in the prevention of course was to inform -precisely- whether said email was an "official communication mechanism", and not whether or not it is a suitable means to provide a certain type of information (the respondent apparently confuses "official communication mechanism" with a suitable means to resolve what is being requested). Therefore, in accordance with the provisions of Article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, by not directly responding to what was advised, it is taken as true that the institutional email "[email protected]" constitutes an official means of communication of the respondent authority. II. Regarding the hearing of this case for injury to Article 41 of the Constitución Política. Before analyzing the merits of the matter -for the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure- it must be clarified that, as of Sentencia No. 2008-02545, at 8:55 hours on February 22, 2008, this Sala has referred to the contentious-administrative jurisdiction –with some exceptions–, those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure –initiated ex officio or at the request of a party– or to hear the applicable administrative remedies. Precisely, in the present matter, an exception case is raised, since it involves a request within an active environmental complaint. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. III. Object of the remedy. The petitioner alleges that he has not obtained a solution to the long-reported problem of clandestine charcoal kilns (carboneras) and a garbage dump on the property of the San José district, registration 85507-000, duplicate A, located in Patarrá, Quebrada Honda, Zona Protectora Cerros La Carpintera. Furthermore, he argues that on October 24, 2021, he requested follow-up on the criminal process for disobedience to authority from the email "[email protected]", without there being, at the time of filing this remedy, a response from the respondent. IV. Proven facts. Of importance for the decision of this matter, in relation to the allegations referring to omission of information, the following facts are deemed duly proven, either because they have been thus accredited or because the respondent omitted to refer to them as advised in the initial order: a) The institutional email "[email protected]" constitutes an official means of communication of the respondent authority (fact taken as true). b) On September 2, 2021, the Área Rectora de Salud de Desamparados received notification of expediente 21-000945-0276-PE, in which the Ministerio Público indicated that the case for the crime of disobedience filed against Luis Rolando Monge Fallas did not constitute a crime, but rather there was a special rule establishing a fine for the omission of health orders (see report of the respondent authority). c) On October 24, 2021, the protected party sent a missive to the email "[email protected]", where he requested follow-up on an environmental complaint that is being attended to. In detail: "the respective follow-up be given before the Ministerio Público because the activity continues to be carried out, generating deterioration in my health (allergies, sinusitis, headaches, nausea, burning eyes, sleep disorders, shortness of breath, others)" (see documentary evidence). d) On December 7, 2021, according to acta MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-2023-2021, the Área Rectora de Salud de Desamparados carried out a follow-up at the site, where "environmental contamination is observed on the property; however, there are no people at the site and there is a gate that prevents the officials' passage, therefore it is not possible to notify the fine or any other administrative procedure; likewise, it is clarified that the administrated party does not attend to the health authority in any way, either by telephone or in person, constantly evading notifications from the Ministerio de Salud, Municipalidad, and SINAC" (see report of the respondent authority). e) The Área Rectora de Salud de Desamparados transferred the complaint to the Tribunal Ambiental Administrativo, being in charge of "establishing the responsibilities for damage to the environment, imposing compensatory sanctions for the repair of environmental damage (...) imposing all necessary measures to avoid the prolongation of environmental damage, such as the immediate stoppage and closure of the activities, since there is negligent conduct on the part of the accused" (see report of the respondent authority). V. On the lack of response to the submitted request. It is evident from the case that on October 24, 2021, the petitioner sent an email to the Área Rectora de Salud de Desamparados ("[email protected]") in which he requested "the respective follow-up be given before the Ministerio Público because the activity continues to be carried out, generating deterioration in my health (allergies, sinusitis, headaches, nausea, burning eyes, sleep disorders, shortness of breath, others)". Now, from the literal and contextual analysis of the request sent by the petitioner, this Sala concludes that the request was limited solely to urging the respondent authority to give follow-up to the criminal proceeding before the Ministerio Público, without it being possible to derive from said missive a request that would have required a specific response or additional information that the respondent should have sent to the protected party. In this regard, in cases similar to the sub examine, this Tribunal has developed: "II.- CONCERNING EXCITATIVES AND EXHORTATIONS. In relation to this topic, it is appropriate to cite Sentencia No. 2020-009048 at 9:15 hours on May 15, 2020, whereby this Sala ruled as follows: "This Tribunal, in a case similar to the present one filed by the same petitioner, by Sentencia No. 2019-8998 at 9:30 hours on May 17, 2019, resolved as relevant the following: "II.- ON THE IMPROPRIETY OF THIS REMEDY. In the sub judice, from the reading of official letter ALFPUSC-14-OFI-173-2019, it is verified that its purpose was to request the respondent, in accordance with Article 3 of the Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Law Number 6815 of September 27, 1982, to urgently request the Procuraduría General de la República to file an action of unconstitutionality against the abusive clauses that, according to the assessment of the Contraloría, could be found in the collective bargaining agreements named in that same letter. Likewise, he asked him to urge Mr. (...), Minister of Labor, to denounce all the collective bargaining agreements mentioned in the letter, and to send a copy of each denunciation of the collective bargaining agreements and of the request to the Attorney General. Therefore, its purpose was not to request pre-existing information, or to present a specific administrative complaint or claim, but to formulate an excitative or exhortation, given that, in the terms in which it was raised, the request was exhausted with its mere presentation, without there properly being a correlative obligation on the part of the respondent to respond to it. Thus, it is evident that the lack of response from the Presidency of the Republic has not violated Article 27 of the Constitución Política, in a Fundamental way, as the petitioner alleges. Consequently, the remedy is improper and is so declared". III.- In this case, from the evidence provided in the file, it was accredited that on March 26, 2019, the petitioner, in his capacity as Deputy, did not request information in the terms set forth in articles 27, 30, or 41 of the Constitución Política, as in the cited precedent, but rather what he requested was that the definitive donation of the land, real estate folio registration 2922636-000, cadastre plan No. 973314-91, be made to the Asociación Integral de Personas de la Tercera Edad, de Pavas, in compliance with the formal publication in La Gaceta of May 20, 2011, of Law No. 8940 of April 4, 2011. Specifically, his request indicated the following: "On May 20, 2011, Law 8940, approved on April 4 of the same year and signed by the executive branch on April 10 of the same year, was formally published in the Official Gazette. By this law, the land with real estate folio registration 292636-000 with cadastre plan 973314-91 was released from public domain and the State was authorized to donate that land of its property to the Asociación Integral de Personas de la Tercera Edad de Pavas. On that land, the Centro Diurno del Adulto Mayor de Pavas is currently installed, administered by the mentioned association, and it serves a considerable number of elderly adults in the facilities that have been built with the effort of the community of Pavas. The association carries out a laudable community welfare activity for several years, and I consider that as a government we must support it with all our effort. In order to ensure compliance with the aforementioned Law 8940, we request your good offices so that the donation approved in law since 2011 becomes a reality as soon as possible and the elderly center can count on greater possibilities for social assistance. I appreciate your management in this regard, consistent with the highest national interests". Therefore, its purpose was not to request pre-existing information, or to present a specific administrative complaint or claim, but to formulate an excitative or exhortation, given that in the terms in which it was raised, the request was exhausted with its mere presentation, without there properly being a correlative obligation on the part of the respondent to respond to it. Thus, it is evident that the alleged lack of response by the Ministerio de Salud Pública has not violated the right of petition and prompt response, of access to information, or to a prompt administrative justice of the petitioner, for which reason the remedy must be declared without merit" (see in a similar sense rulings 2020-006911 at 9:20 hours on April 3, 2020, 2019-025216 at 10:45 hours on December 17, 2019, 2019-013651 at 10:30 hours on July 23, 2019, 2019-012376 at 9:30 hours on July 5, 2019, 2019-010592 at 10:05 hours on June 11, 2019, 2019-008997 at 9:30 hours on May 17, 2019, 2019-008997 at 9:30 hours on May 17, 2019, 2018-019442 at 9:40 hours on November 20, 2018, and 2017-013156 at 9:30 hours on August 18, 2017)" (voto No. 2021-27216 at 09:30 hours on December 3, 2021, highlighting is not from the original). In this context, the cited considerations are applicable to the sub examine, since this Tribunal finds no reasons to vary the criteria expressed in that ruling, nor reasons to assess the situation raised differently. VI. On the already reported environmental contamination problem. Firstly, and based on considerando V, it is noted that the missive sent on October 24, 2021, to the Área Rectora de Salud de Desamparados is not a new environmental complaint, but rather the petitioner is requesting follow-up on a criminal process that arose precisely because said problem is already being addressed. Consequently, this point is heard not based on what was sent on October 24, 2021 (since it does not configure an exception to Article 41 in the terms this Tribunal has developed), but because it is notorious that there is already a prior complaint about said problem. In the same order of ideas, it must be indicated on this point that the facts pointed out by the petitioner (the existence of charcoal kilns (carboneras) operating clandestinely and the problems derived from that activity) are facts that were already analyzed by this Sala in ruling No. 2021-17816 at 09:20 hours on August 13, 2021, issued in the amparo remedy No. 21-012595-0007-CO also filed by the claimant here. The dismissal was based on the following considerations: "II. Object of the remedy. The petitioner considers his fundamental rights violated, as he alleges that the long-reported problem of some clandestine charcoal kilns (carboneras) and a garbage dump in Patarrá de Desamparados has not been addressed. III. Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been thus accredited or because the respondent omitted to refer to them as advised in the initial order: a) On July 7, 2013, an environmental complaint was received at the TAA for the alleged damage to the protection area of an apparent spring (naciente), tree cutting, and charcoal manufacturing within the protection area of a spring (naciente) (expediente No. 178-13-01-TAA) (report of the president of the TAA). b) On May 23, 2016, a complaint was received at the Área Rectora de Salud de Desamparados for the ingress of debris and garbage on a property and contamination on the riverbank caused at Finca Los Picado, to which consecutive complaint number CS-ARS-D-DE-0333-2016 was assigned (report of the health authorities). c) By resolution No. 2108-19-TAA, at 08:15 hours on November 15, 2019, the TAA ordered the opening of an ordinary administrative proceeding and a hearing was set for 08:30 hours on May 5, 2022; said resolution is in the process of notification (report of the president of the TAA). d) The Área Rectora de Salud de Desamparados issued sanitary order (orden sanitaria) MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0274-2020, of November 19, 2020, in which it was ordered to immediately suspend the generation, accumulation, packaging, and distribution of charcoal in all the charcoal kilns (carboneras), as well as to carry out, within a period of 30 business days, the total cleanup of the accumulated waste resulting from the charcoal kiln (carbonera) activity, dismantle the pits and structures found on the site, and dispose of said waste appropriately and sanitarily to an authorized manager by the Ministerio de Salud (report of the health authorities). e) On May 29, 2021, the health authorities carried out an inspection visit and detected non-compliance with the issued sanitary order (orden sanitaria), for which reason, on June 8, 2021, they filed the corresponding criminal complaint (report of the health authorities). f) At the Fiscalía de Desamparados, case No. 20-001724-0276-PE is being processed, originating from a complaint filed by the Municipalidad de Desamparados, in which a full investigation was requested from the Sección de Delitos Varios of the Organismo de Investigación Judicial, and the imposition of precautionary measures was requested before the Juez Penal de Desamparados (report of the Auxiliary Prosecutor of Desamparados). g) The Municipalidad de Desamparados has provided active collaboration to the other institutions, carrying out joint inspections and issuing reports, has kept the complainant informed of what has been done, and has filed the corresponding complaints with SINAC, the Área Rectora de Salud, and the Fiscalía: 1. On December 9, 2013, resolution 1160-13-TA from the TAA was received, requesting the Municipalidad to indicate the property number and the owners. 2. In February 2019, a joint inspection was organized between the TAA, the MINAE authorities of Cartago and San José, and the municipality, in which the change of land use (cambio de uso del suelo) to "cornfield", the operation of the charcoal kilns (carboneras), and the dismantled ranch were observed, which was documented in official letter DT-AP-051-19, submitted to the TAA. 3. On September 8, 2016, a complaint was received from several citizens regarding the effects of the clandestine dump, which was transferred to MINAE and the Área Rectora de Salud (ARS). 4. In October 2016, a joint inspection was carried out in which a ranch, the dump with three deposits, and two charcoal kilns (carboneras) not in operation were observed; it was investigated that no construction permit exists, it was corroborated that the dump is within the protection area of the spring (naciente), and what was done was reported to the ASADA de Quebrada Honda and to the Dirección de Aguas of MINAE, to formalize the spring (naciente). 5. The Dirección de Aguas determined that it is a spring (nacimiento), which therefore has a protection radius of one hundred meters. 6. In May 2018, a new complaint was received from the ASADA, and in June of that year, a new joint inspection was carried out with MINAE and the ARS, observing the charcoal kiln (carbonera) activity, the construction of an inhabited ranch, a latrine, and a chicken coop, all within the protection area of the spring (naciente) and stream; and the corresponding matters were transferred to the competent authorities, including the TAA. 7. In October 2019, a new complaint was received and, after once again verifying the charcoal kiln (carbonera) activity without a permit, a complaint was filed with the Fiscalía Adjunta de Desamparados. 8. Afterward, new complaints have come in, to which a response has been given informing that the fact is already reported through judicial channels (report of the municipal authorities). IV. On the alleged grievances. The petitioner comes in amparo and denounces the inaction of the municipal and health authorities to resolve a contamination problem caused by some clandestine charcoal kilns (carboneras) and a garbage dump in Patarrá de Desamparados. He requests that the respondents be ordered to resolve the reported problem and, in a coordinated manner, adopt the concrete and definitive actions that resolve the referred contamination problem. Specifically, he intends for the municipality to be ordered to close the facilities for lack of permits, the Ministerio de Salud to issue a sanitary order (orden sanitaria) and precautionary measure of closure of the establishment, and the TAA to order the execution of the necessary precautionary measures to preserve the affected environmental elements, stop the damage immediately, and continue with the necessary processes and complaints to establish administrative, civil, and criminal responsibilities. Likewise, he requests that the owners be forced to respect and comply with the orders and measures to cease the contamination. V. On the actions of the municipal authorities. In the present matter, it is corroborated that the municipal authorities have filed the criminal complaints that are processed in expediente No. 20-001724-0276-PE (and the accumulated expediente No. 21-000943-0276-PE), before the Fiscalía de Desamparados, in which a full investigation was requested from the Sección de Delitos Varios of the Organismo de Investigación Judicial, and the imposition of precautionary measures was requested before the Juez Penal de Desamparados. In addition to this, they have provided active collaboration to the other institutions, have kept the complainant informed of what has been done, and have filed the corresponding complaints with SINAC, the Área Rectora de Salud, and -as indicated- the Fiscalía. VI. On the actions of the health authorities. From the list of proven facts, it is evident that, after issuing a sanitary order (orden sanitaria) in November 2020, ordering the suspension of the charcoal kiln (carbonera) activity and cleanup of accumulated waste, non-compliance with it was verified in May 2021. Faced with this, the health authorities proceeded to file the corresponding criminal complaint. VII. On the actions of the Fiscalía. It is verified that the respondents have processed the filed complaints and that a full investigation was requested from the Sección de Delitos Varios of the Organismo de Investigación Judicial, and the imposition of precautionary measures was requested before the Juez Penal de Desamparados. VIII. On the actions of the TAA authorities. It is verified that, after receiving a complaint in 2013 and 2016, in November 2019 the opening of an ordinary administrative proceeding was ordered and a hearing was set for May 2022, a resolution that is still in the process of notification. IX. Clarification. Before analyzing the merits, it is appropriate to clarify that this Sala does not have jurisdiction to rule on the legality or illegality of the reported activities or on the suitability or appropriateness of the intended measures, as they are matters of mere legality, which are to be aired either before the respondent authority or the corresponding jurisdictional channel. Regarding the protection provided through the amparo remedy, it is limited to verifying whether the respondent authorities have complied with or have been negligent in their duties and functions. X. On the specific case. In the present matter, it is verified that the respondent authorities have verified the existence and operation of some clandestine charcoal kilns (carboneras) and a garbage dump, and that faced with this, they have taken various measures according to the scope of their competencies. In the same sense, it is verified that they have attended to the petitioner's requests and kept him informed of the case. Thus, it is verified that proceedings are being followed both before the Fiscalía and before the TAA for said cause, which are in progress. Even though the processing times thereof are long, it is verified that they have always remained active and the corresponding proceedings have been carried out according to the procedural stage of each one." In any event and regarding the actions of the Prosecutor’s Office (Fiscalía), it is noted that, if the appellant considers that the Public Prosecutor’s Office (Ministerio Público) has not met the established deadlines for conducting the investigation, he must urge prompt action before the defaulting official and, if no response is obtained, he may file a complaint for delay of justice (retardo de justicia) before the Attorney General (Fiscal General). The alleged inaction on the part of the respondent authorities is therefore dismissed, and the amparo proceeding must be declared without merit. However, despite the dismissal of the appeal, this Chamber reminds the respondent authorities of their responsibility to pursue, within the framework of their powers, the diligent management of proceedings, as well as the duty to seek a prompt and effective solution to the situation that is the subject of the appeal, since it is undeniable that the denounced problem is long-standing, threatens the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, and requires attention (…) Therefore: The appeal is declared without merit. Let the respondent authorities take note of what is indicated at the end of considerando IX of this judgment. Judge Hernández López adds a note.” (highlighting is not from the original). Thus, taking into account how recent that judgment is, together with the fact that the matter raised was duly resolved on that occasion, in this amparo it is verified that on September 2, 2021 —subsequent to that judgment— the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of Desamparados received notification of case file 21-000945-0276-PE, in which the Public Prosecutor’s Office indicated that the cause for the crime of disobedience filed against Luis Rolando Monge Fallas did not constitute a crime, but rather that there was a special rule establishing a fine for the failure to comply with health orders. Subsequently, after a follow-up action carried out on December 7, 2021, according to record MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-2023-2021, the Health Governing Area of Desamparados indicated that “environmental contamination is observed on the property; however, there are no people on site and there is a gate that prevents officials from entering, making it impossible to notify the fine or any other administrative procedure; it is also clarified that the administered party does not attend to the health authority in any way, either by telephone or in person, constantly evading notifications from the Ministry of Health, the Municipality, and SINAC.” Consequently, within its powers, on that same date the Health Governing Area of Desamparados forwarded the complaint to the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), which is responsible for “establishing liabilities for harm to the environment, imposing compensatory sanctions for the repair of environmental damage (…) imposing all necessary measures to prevent the prolongation of environmental damage, such as the immediate stoppage and closure of activities, given that there is negligent conduct on the part of the denounced party.” In light of the foregoing, there being no reason whatsoever to vary the criterion expressed in the aforementioned resolution, and observing that the respondent authority has continued to carry out what falls within its competence to resolve the already denounced problem, the violation of the fundamental rights of the protected party is dismissed. VII. Note by Judge Salazar Alvarado. In environmental matters, it is the undersigned’s criterion that, if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. Nevertheless, I do examine the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which a problem of contamination from clandestine charcoal kilns (carboneras) and an illegal dump on the property of the San José party, registration number 85507-000, duplicate A, located in Patarrá, Quebrada Honda, Cerros La Carpintera Protective Zone, is alleged, with violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified standard of quality of life. VIII. Documentation provided to the case file. This Chamber must warn the appellant party that if it has provided any paper documents, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be collected from the office within a period of 30 working days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI. Por tanto El recurso se declara sin lugar. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Fernando Castillo V. President Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ana María Picado B. Jorge Isaac Solano A. Alexandra Alvarado P. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *TCJLZTMDRSI61* TCJLZTMDRSI61 EXPEDIENTE N° 21-024360-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 17:05:31. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República