Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Así las cosas, este Tribunal considera que a la fecha las autoridades del Ministerio de Salud no han dado la atención oportuna ni han realizado las acciones diligentes para tramitar y resolver de forma efectiva la denuncia interpuesta desde el 2018 por la afectada. Por lo dicho, este mal funcionamiento ha dado al traste con que al día de hoy -tras tres años de constantes denuncias- no se haya podido coordinar lo necesario con la denunciante para hacer las mediciones sónicas cuando las alegadas condiciones contaminantes se presentan, incluso que no consta tan siquiera se hayan podido comunicar efectivamente con el encargado de “Casa Calamar” para aplicar lo que en derecho corresponde sobre las actividades que ahí se realizan y los alegados permisos sanitarios que requieren. Como agravante de lo descrito, es importante señalar que la autoridad recurrida tampoco puntualizó siquiera cómo se estaría tratando de solventar las dificultades que se han presentado para investigar la denuncia planteada por la amparada, simplemente indicó que se había reasignado el caso a otro gestor ambiental a finales del 2021. Así las cosas, esta Sala Constitucional debe intervenir, con el propósito de salvaguardar el derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida, el derecho a la salud, y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación.
Por las razones indicadas, lo procedente es declarar con lugar el recurso, con las consecuencias que se dirán en la parte declarativa.
Por tanto
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Ericka Jiménez Valverde, en su condición de directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que en el plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordine -incluso con otras instituciones- lo necesario para: 1) corroborar el tipo de actividades que se llevan a cabo en el lugar denominado “Casa Calamar” y se aplique lo que en materia sanitaria corresponda; y 2) estipule un plan de acción claro para atender una eventual reiteración dentro de la denuncia, plan que propicie asistir de forma oportuna y eficaz al lugar a realizar la medición sónica requerida, cuyos resultados han de serle notificados a la accionante.
English (translation)Thus, this Tribunal considers that to date the Ministry of Health authorities have not provided timely attention nor carried out diligent actions to effectively process and resolve the complaint filed since 2018 by the affected party. Because of this, this malfunction has resulted in the fact that to this day —after three years of constant complaints— it has not been possible to coordinate with the complainant what is necessary to carry out sound measurements when the alleged polluting conditions occur, and it is not even clear that they have been able to effectively communicate with the person in charge of 'Casa Calamar' to apply what legally corresponds regarding the activities carried out there and the alleged health permits required. As an aggravating factor, it is important to note that the respondent authority did not even specify how it would attempt to overcome the difficulties that have arisen in investigating the complaint filed by the amparo petitioner, merely indicating that the case had been reassigned to another environmental officer at the end of 2021. Thus, this Constitutional Chamber must intervene, with the purpose of safeguarding the right to prompt and complete administrative justice, the right to health, and the right to enjoy a healthy environment free from pollution.
For the reasons stated, it is appropriate to uphold the appeal, with the consequences that will be set out in the operative part.
Therefore
The appeal is upheld. Ericka Jiménez Valverde, in her capacity as director of the Puntarenas-Chacarita Health Area, or whoever holds that position, is ordered, within a period of ONE MONTH from the notification of this judgment, to carry out all actions within the scope of her competencies and coordinate —even with other institutions— what is necessary to: 1) verify the type of activities carried out at the place called “Casa Calamar” and apply what corresponds in health matters; and 2) stipulate a clear action plan to address any potential recurrence of the complaint, a plan that promotes timely and effective attendance to the site to carry out the required sound measurement, the results of which must be notified to the complainant.
Granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 03203 - 2022 Fecha de la Resolución: 11 de Febrero del 2022 a las 09:30 Expediente: 21-024740-0007-CO Redactado por: Anamari Garro Vargas Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Temas Estrategicos: Derechos Humanos,Ambiental,Derecho a la salud Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas: CONTAMINACION SONICA. 03203-22. AMBIENTE. ANTE DENUNCIAS DE VECINOS, POR EL RUIDO EN UN LUGAR DE ESPARCIMIENTO EN PUNTARENAS, SIN QUE SEAN DEBIDAMENTE ATENDIDAS, POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO Y, SE ORDENA A LA DIRECTORA DEL ÁREA RECTORA DE SALUD DE PUNTARENAS-CHACARITA, QUE EN EL PLAZO DE UN MES, SE LLEVEN A CABO TODAS LAS ACTUACIONES QUE ESTÉN DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y COORDINE -INCLUSO CON OTRAS INSTITUCIONES- LO NECESARIO PARA: 1) CORROBORAR EL TIPO DE ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL LUGAR DENOMINADO "CASA CALAMAR" Y SE APLIQUE LO QUE EN MATERIA SANITARIA CORRESPONDA; Y 2) ESTIPULE UN PLAN DE ACCIÓN CLARO PARA ATENDER UNA EVENTUAL REITERACIÓN DENTRO DE LA DENUNCIA, PLAN QUE PROPICIE ASISTIR DE FORMA OPORTUNA Y EFICAZ AL LUGAR A REALIZAR LA MEDICIÓN SÓNICA REQUERIDA, CUYOS RESULTADOS HAN DE SERLE NOTIFICADOS A LA ACCIONANTE. “(…) Así las cosas, este Tribunal considera que a la fecha las autoridades del Ministerio de Salud no han dado la atención oportuna ni han realizado las acciones diligentes para tramitar y resolver de forma efectiva la denuncia interpuesta desde el 2018 por la afectada. Por lo dicho, este mal funcionamiento ha dado al traste con que al día de hoy -tras tres años de constantes denuncias- no se haya podido coordinar lo necesario con la denunciante para hacer las mediciones sónicas cuando las alegadas condiciones contaminantes se presentan, incluso que no consta tan siquiera se hayan podido comunicar efectivamente con el encargado de “Casa Calamar” para aplicar lo que en derecho corresponde sobre las actividades que ahí se realizan y los alegados permisos sanitarios que requieren. Como agravante de lo descrito, es importante señalar que la autoridad recurrida tampoco puntualizó siquiera cómo se estaría tratando de solventar las dificultades que se han presentado para investigar la denuncia planteada por la amparada, simplemente indicó que se había reasignado el caso a otro gestor ambiental a finales del 2021. Así las cosas, esta Sala Constitucional debe intervenir, con el propósito de salvaguardar el derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida, el derecho a la salud, y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación. Por las razones indicadas, lo procedente es declarar con lugar el recurso, con las consecuencias que se dirán en la parte declarativa. (…)” VCG03/2022 ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida Subtemas: NO APLICA. ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA “(…) I. Referente al conocimiento de este caso por lesión al artículo 41 de la Constitución Política. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia n.º 2008-2545, de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones–, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el presente asunto se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia planteada por contaminación sónica que la parte recurrente alega no ha sido resuelta. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. (…)” VCG03/2022 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 050- Ambiente Subtemas: NO APLICA. ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA “(…) V. Sobre el derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Debe indicarse, en primer lugar, que los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política), así como a través de la normativa internacional aplicable en Costa Rica. En este sentido, en sentencia n.° 2006-5928 de las 15:00 horas del 02 de mayo del 2006, este Tribunal resolvió: “El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la República. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política. Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública. En apoyo de lo anterior este Tribunal ha recurrido a la utilización de la noción de “ calidad ambiental” como un parámetro, precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con otros elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras – principio de desarrollo sostenible– .” Asimismo, del artículo 50 de la Constitución Política se deriva la obligación del Estado de proteger el ambiente. Norma que establece al efecto: "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes". Con lo que se corrobora que las distintas autoridades públicas tienen el deber ineludible de preservar, defender y garantizar el derecho fundamental de toda persona a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. (…)” VCG03/2022 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas: CONTAMINACION SONICA. VIII. Nota del magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que el recurrente acusa que se interpuso una denuncia -que no ha sido resuelta- ante el Ministerio de Salud, por las actividades que se realizan en la propiedad “Casa Calamar” hasta altas horas de la noche, provocando fuertes ruidos y contaminación sónica. Lo anterior, en violación al derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida. VCG03/2022 ... Ver más Texto de la resolución *210247400007CO* Exp: 21-024740-0007-CO Res. Nº 2022003203 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del once de febrero de dos mil veintidos . Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-024740-0007-CO, interpuesto por ANA MARÍA DEL CARMEN GOLFIN RODRÍGUEZ, cédula de identidad 0106470436, a favor de SÍ MISMA Y DE SU HIJA, contra el MINISTERIO DE SALUD. Resultando 1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 03 de diciembre de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DE SALUD, y manifiesta que el 25 de octubre de 2018 vecinos de su comunidad se quejaron ante las oficinas del Ministerio de Salud en Barranca, Puntarenas, porque hay una propiedad denominada “Casa Calamar” donde realizan fiestas con un volumen de música sumamente alto y molesto que colinda con algunas de las propiedades de los quejosos. Explica que las personas que llegan a esas fiestas normalmente lo hacen en horas de la madrugada, y en esa comunidad habitan adultos mayores, algunos enfermos, niños y personas que trabajan y tienen que levantarse temprano; además, hay estudiantes que no pueden ir a clases presenciales y tienen que estudiar desde su casa, pero con esos escándalos no pueden concentrarse. Indica que el 18 de diciembre de 2018 envió una nota al Ministerio de Salud en la cual hizo ver que el 17 de diciembre tuvo que llamar a la policía, pero los oficiales se limitaron a hacer un informe y no pasó a más. Describe que el 22 de julio de 2019 volvió a enviar otra nota al Ministerio de Salud en la cual solicitó una intervención debido a que la música y el escándalo no solo ocurre en horas de la tarde, sino después de las 02:00 p.m. y expresó que todos los vecinos estaban muy molestos porque al no poder descansar bien por la noche, la salud se deteriora. Indica que el 13 de agosto siguiente envió otra nota manifestando lo mismo. Reclama que no fue sino hasta el 22 de abril de 2021 que recibió la respuesta por medio de un correo electrónico en que el Ministerio de Salud le indicó que se había realizado una inspección en horas de la mañana para ubicar al encargado de “Casa Calamar”, pero que no se comprobó ningún ruido y que quedaba pendiente la medición de ruido. Indica que entonces el día 29 de abril reclamó que seguía el escándalo y que son unos jóvenes los que gritan fuerte; sin embargo, le indicaron que no existía disponibilidad de gestores para realizar la medición de ruido, por lo que la inspección quedaba reprogramada. Relata que el sábado 08 y domingo 09 de mayo de 2021 hubo gente haciendo ruido en “Casa Calamar”, por lo que llamó a la policía y le indicaron que era un gasto del recurso trasladarse hasta ahí, que eso le tocaba al Ministerio de Salud. Describe que en el Ministerio de Salud le indicaron que debía informar la hora en que más se percibía la afectación del ruido para definir con los gestores el momento de la realización de la medición sónica, a lo que les respondió por vía de correo electrónico que casi siempre eran los fines de semana, comenzando a las 08:30 de la noche, debido seguramente a las medidas del COVID. Expone que el 30 de julio de 2021 volvió a presentar de nuevo la queja, ocasión en la que hubo karaoke, música muy alta y que para esas fechas estaba convaleciente de COVID y en la “Casa Calamar” había mucha gente, y su casa tiene una escalera cercana a la piscina desde donde se veía que estaban armando tres carpas como si fuera a haber una fiesta. Refiere que el Ministerio de Salud le contestó que había instruido a los gestores para que se apersonaran al lugar durante el fin de semana y realizaran los actos administrativos correspondientes. Narra que luego recibió otro correo del Ministerio de Salud en el cual le indicaron que uno de los gestores no tenía disponibilidad para laborar el 07 y el 08 de agosto de 2021, y que si no se lograba contar con el apoyo requerido se reprogramaría para los días sábado 21 y domingo 22 de agosto de 2021. Acusa que el 04 de septiembre tampoco llegó nadie a hacer mediciones, ese día envió otro correo electrónico indicando que se armó un escándalo con karaoke y la situación sigue siendo la misma. Relata que el 24 de noviembre a las 03:00 de la mañana llegó un autobús y dejó gente en “Casa Calamar”, por lo que la situación va a seguir y que su hija tiene clases virtuales pero estos escándalos la están perjudicando, pero nadie llega por parte del Ministerio de Salud. Solicita se ordene clausurar el local denominado “Casa Calamar” por los escándalos de los que se viene quejando desde 2018 y que les afecta en su salud sin que haya una solución. Aporta los siguientes correos electrónicos enviados con las gestiones referidas de la siguiente manera: 03 de septiembre de 2019 a [email protected]; el 25 y 29 de abril de 2021 a [email protected] y el 20 de mayo, el 30 de julio, el 31 de julio, el 04 de septiembre, el 30 de octubre y el 24 de noviembre, todos de 2021 a [email protected] y [email protected]. 2. Informa bajo juramento Ericka Jiménez Valverde, en su condición de directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita, que para poder atender denuncias de esta naturaleza y poder realizar una medición de ruido se requiere cumplir con lo establecido en el Procedimiento para la Medición de Ruido n.° 32692, así como en el Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido n.° 39428-S. Asimismo, detalla: “En relación a las denuncias recibidas por afectaciones a la salud por ruido, y que fueron recibidas en esta Área Rectora de Salud el 25 de octubre del 2018, replicada los días 24 y 26 de julio, 14 y 26 de agosto del 2019 se reportó retraso en su atención debido a jubilación de funcionario responsable de este caso y el tiempo que tomó la reasignación del caso (…) Que el sábado 24 de agosto del 2019 según consta en acta de inspección ocular 327-REG-2019 funcionarios del proceso de regulación de la salud de esta ARS Puntarenas – Chacarita procedieron a realizar visita al sitio con el fin de contactar con administradores de vivienda sin haber obtenido respuesta positiva, no obstante, se procede a recopilar información como el número de teléfono ubicado en rotulo frente a “Casa Calamar” con el fin de contactar a administradores en tiempo de oficina, por lo que se realizó una nueva inspección en establecimiento denominado “Casa Calamar” el domingo 25 de agosto a las 19:15 horas nuevamente en el sitio sin obtener respuesta al llamado desde la puerta de la vivienda mencionada. Que el día 27 de agosto del 2019 mediante correo electrónico institucional remitido a la Sra. Ana Golfín se brindó informe sobre lo actuado en atención a denuncias sanitarias recibidas el 25 de octubre del 2018, el 24 y 26 de julio, 14 y 26 de agosto del 2019. En esa ocasión se informó a la Sra. Golfín que en esta situación de nuestra parte procede contactar a las personas responsables de la vivienda con el fin de conocer posibles patrones en el comportamiento de los alquileres de la vivienda, y así considerando lo expuesto por la parte denunciada programar medición de ruido en su vivienda (sin aviso a parte denunciada). Que el 05 de setiembre del 2019 según consta en acta de inspección ocular 0383-REG-2019 se establece contacto telefónico al número indicado en rotulo que se ubica frente a propiedad en la cual se han denunciado actividades generadoras de ruidos que supuestamente afectan la salud de vecinos. Ha atendido la Sra. Marlen Mora Montoya quien indicó que la persona responsable del establecimiento denominado “Casa Calamar” es la señora Carmen Morales Barrantes. La señora Mora ha recomendado llamar al número 24516109 o utilizar el correo electrónico [email protected] para contactar a la Sra. Morales. Por parte de esta ARS se manifestó la importancia de contar con Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF) para actividades llevadas a cabo en establecimiento denominado “Casa Calamar”. Asimismo, el 05 de setiembre del 2019 se procedió a realizar por parte de esta ARS llamada telefónica al número 24516109 para tratar de contactar a la Sra. Morales sin haber obtenido respuesta, por lo que el 12 de setiembre del 2019 se procede a notificar oficio MS-DRRSPC-DARSPC-0375-2019 al correo electrónico [email protected] a la Lic. Carmen Morales Barrantes para que, considerando los hechos expuestos anteriormente, los hechos descritos por el Ministerio de Seguridad Pública en copias certificadas de sus bitácoras, así como la oferta de servicios que presuntamente brinda el establecimiento de manera pública en redes sociales (Facebook), se recomienda a la persona representante del establecimiento a tramitar en ventanilla de esta ARS el Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF) correspondiente a las actividades de esparcimiento y recreativas (código CIIU N°9329) y piscina (código CIIU N°9311) en un plazo no mayor a 5 días hábiles. Que el día 13 de setiembre del 2019 se atiende en ARS de Puntarenas – Chacarita una llamada telefónica de parte de la Sra. Carmen Morales Barrantes, quien consulta por apercibimiento remitido a correo electrónico ante actividad llevada a cabo en “casa para vacacionar”. La Sra. Morales ha indicado que los propietarios pertenecen a empresa familiar en San José, que la persona encargada es la Sra. Marlen Mora. En la misma llamada telefónica la Sra. Morales solicitó informe sobre requisitos y trámite pertinente al Ministerio de Salud, insumos que fueron enviados vía correo electrónico institucional desde el 16 de setiembre del 2019. Que trascurridos los cinco días hábiles posterior a la notificación del oficio MSDRRSPC-DARSPC-0375-2019 no se recibió en esta ARS trámite relacionado con la solicitud de PSF para las actividades presuntamente llevadas a cabo en establecimiento denominado “Casa Calamar” ni se recibió informe sobre dirección física del domicilio de la Sra. Morales para realizar notificaciones, por lo que el 25 de setiembre del 2020 a las 20:23 horas según consta en acta de inspección ocular 0392-REG-2020, se procedió a realizar inspección acompañado de funcionarios de Fuerza Pública al sitio en atención a alerta por actividades llevadas a cabo sin permiso. Al llegar al sitio no fue posible comprobar ningún tipo de música o sonido desde la vía pública. Se procedió a tocar y llamar a la puerta de establecimiento denominado “Casa Calamar” sin obtener respuesta. Asimismo, el 07 de abril del 2021 a las 10:45 horas según consta en acta de inspección ocular 0154-REG-2021, se procedió a realizar inspección a establecimiento denominado “Casa Calamar”. En esta ocasión la Sra. María Cecilia Vázquez que es una de las personas encargadas de cuidar el sitio cuando no se está alquilando atendió el llamado y permitió el ingreso a la propiedad para proceder con la caracterización de la propiedad. Para el momento de la visita no hay personas alquilando la propiedad por lo que no fue posible comprobar ningún tipo de actividad. Tampoco se reportaron ruidos provenientes de la propiedad inspeccionada. Que el 30 de abril del 2021 en horas de la mañana se recibe llamada telefónica al ARS de Puntarenas – Chacarita por parte de la Sra. Ana Golfín quien ha indicado que el nombre de la persona propietaria de establecimiento “Casa Calamar” es el Sr. José Francisco Barrantes Campos, cédula 2-0420-0114. Que el 20 de mayo del 2021 a las 14:49 horas según consta en acta de inspección ocular 0294-REG-2021 se procedió a realizar inspección a establecimiento denominado “Casa Calamar” observando portón negro de ingreso cerrado. Ante el llamado de nuestra parte no se recibió respuesta. Desde vía pública no se observaron vehículos ni apariencia de que el sitio se encuentre ocupado. No se reportaron ruidos provenientes del interior de la propiedad, por lo que el día 03 de junio del 2021 se procede a notificar oficio MS-DRRSPC-DARSPC-0247-2021 al correo electrónico [email protected] a la Sra. Carmen Morales Barrantes y al Sr. José Francisco Barrantes Campos para que en el plazo de cinco días hábiles procedan a tramitar PSF correspondiente a las actividades de alojamiento para estancias cortas (código CIIU N°5510) y para la piscina (código CIIU N°9311). En el mismo oficio se solicitó comunicarse con esta ARS vía telefónica al número 26614689 o al correo electrónico [email protected] con el fin de comunicar la dirección física de sus domicilios en el cantón de Naranjo para proceder con las notificaciones administrativas pertinentes a este caso. Que el 4 de junio del 2021 se procede a notificar oficios MS-DRRSPC-DARSPC-0169-2021 y MS-DRRSPC-0318-2021 a los correos electrónicos [email protected] y [email protected] respectivamente, dirigidos a la Sra. Ana Golfín en los que se remite informe técnico MS-DRRSPC-DARSPC-IT-030-2021 que incluye acciones administrativas llevadas a cabo en atención de denuncias presentadas en esta ARS relacionadas con afectaciones a la salud por ruidos generados presuntamente en establecimiento denominado “Casa Calamar”. Que el 07 de junio del 2021 se procede a notificar a los correos electrónicos [email protected] y [email protected] informes sobre lo actuado en denuncias presentadas en esta ARS relacionadas con afectaciones a la salud por ruidos generados presuntamente en establecimiento denominado “Casa Calamar” desde el 2018 al 2021. Que el 21 de agosto del 2021 a las 22:03 horas según consta en acta de inspección ocular 0390-REG-2021 se procedió a realizar inspección a establecimiento denominado “Casa Calamar”, en donde no se observaron vehículos estacionados sobre vía pública cerca de portón de ingreso a propiedad donde se ubica “Casa Calamar”. En esa ocasión no fue posible percibir ruidos como música o karaoke proveniente del interior de la propiedad. Por su parte, según consta en acta de inspección ocular 0391-REG-2021 se procedió a exponer a la Sra. Ana Golfín los factores limitantes que han impedido hasta ese momento la detección de la actividad a la cual se requiere realizar medición sónica. Que el 26 de setiembre del 2021 a las 01:34 horas según consta en acta de inspección ocular 0444-REG-2021 se procedió a realizar inspección en conjunto con Fuerza Pública a establecimiento denominado “Casa Calamar”, en donde desde vía pública cerca del portón de ingreso a la propiedad se observa que el mismo se encuentra cerrado. No se percibieron ruidos provenientes del interior de la propiedad ni de zonas aledañas durante la inspección. Que el 26 de noviembre del 2021 a las 21:30 horas según consta en acta de inspección ocular 0616-REG-2021 se procedió a realizar inspección en conjunto con Fuerza Pública a establecimiento denominado “Casa Calamar”, en donde desde vivienda de persona afectada no se observan personas y las luces se encontraban apagadas. No se percibieron ruidos provenientes del interior de la propiedad durante la inspección”. Además, informa que los correos electrónicos a los que se han enviado las quejas son oficiales para la comunicación de las diferentes gestiones que realicen los funcionarios. Por otra parte, admite que la funcionaria gestora ambiental encargada de realizar las inspecciones se ha encontrada sancionada por incumplimiento de deberes, y en el caso concreto transcurrieron varios meses sin que informara a la Dirección de Área, ni tampoco a la denunciante acerca de la ruta de acción para la atención de lo denunciado y por consiguiente realizar las acciones para atender el caso durante el tiempo que hubiese sido necesario. Detalla que “desconoce acerca de los actos administrativos elaborados por dicha gestora Ambiental, en seguimiento a denuncias sanitarias asignadas, también se ignora en su mayoría la respuesta que brinda a denunciantes, ocasionando con ello que denunciantes como el caso que nos ocupa, terminen acudiendo a otras instancias a interponer recursos de amparo”. Por lo anterior, la Dirección que representa elevó la situación a la Dirección Regional Pacífico Central, y en su momento el mencionado nivel Regional sancionó en dos ocasiones diferentes a la gestora ambiental por la no presentación de los informes de labores a su jefatura inmediata. Señala que, por dichas irregularidades, en el 2021 se delegó el caso en otro gestor ambiental. 3. Por escrito agregado al expediente el 09 de febrero de 2022, la recurrente reitera su molestia ante el ruido que ha denunciado. Detalla que “en estas fiestas llevan disco móvil, comparsas, karaoke, y el ruido es tanto que, aunque cierre las puertas y ventanas de mi casa el ruido de la música hace que los vidrios retumben, no podemos escuchar la televisión, dormir, hablar o estudiar. En casa mi esposo es un adulto mayor de 73 años, con un marcapasos, mi hija es menor de edad está en el colegio y debido a la pandemia tiene 2 años de recibir clases virtuales y el exceso de ruido no la deja concentrarse en sus clases o en los exámenes, también nos ha afectado la salud, porque al no poder dormir por días, tengo que ir desvelado a trabajar, porque esos eventos ocurren cualquier día de la semana y fines de semana y a cualquier hora finalizando en la madrugada. Mi hija nació con problemas de audición y el exceso de ruido la poner muy nerviosa, tengo que mandarla a dormir donde mi hermana, para que pueda dormir. Los dueños de esta propiedad no cuentan con ningún permiso municipal, ni patente o pago a Ministerio de Hacienda donde paguen impuestos”. Acusa que el 05 de febrero de 2022 volvió a reportar el ruido al 911, pero, como ha pasado de un tiempo para acá, no llegó la policía. 4. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. Redacta la Magistrada Garro Vargas; y, Considerando I. Referente al conocimiento de este caso por lesión al artículo 41 de la Constitución Política. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia n.º 2008-2545, de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones–, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el presente asunto se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia planteada por contaminación sónica que la parte recurrente alega no ha sido resuelta. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. II. Objeto del recurso. La recurrente manifiesta que el 25 de octubre de 2018 vecinos de su comunidad se quejaron ante las oficinas del Ministerio de Salud en Barranca, Puntarenas, porque hay una propiedad denominada “Casa Calamar” donde realizan fiestas con un volumen de música sumamente alto y molesto que colinda con algunas de las propiedades de los quejosos. Explica que las personas que llegan a esas fiestas normalmente lo hacen en horas de la madrugada, y en esa comunidad habitan adultos mayores, algunos enfermos, niños y personas que trabajan y tienen que levantarse temprano, estudiantes que no pueden ir a clases presenciales y tienen que estudiar desde su casa, pero con esos escándalos no pueden concentrarse. Detalla una cuantiosa cantidad de reiteraciones que ha hecho de dichos escándalos ante el Ministerio de Salud. Reclama que no fue sino hasta el 22 de abril de 2021 que recibió una respuesta, donde el Ministerio de Salud le indicó que se había realizado una inspección en horas de la mañana para ubicar al encargado de “Casa Calamar”, pero que no se comprobó ningún ruido y que quedaba pendiente la medición de ruido. Indica que tras varios inconvenientes que le alegan, posterior a eso no ha logrado que se apersonen los gestores, y a la fecha de interposición del recurso los escándalos continúan. III. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: a) El 25 de octubre de 2018 el Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita recibió una denuncia por afectaciones a la salud por ruido generado dentro de una propiedad privada denominada “Casa Calamar”, ubicada en el Roble de Puntarenas, aproximadamente 400 metros este del Hospital Monseñor Sanabria (hecho no controvertido). b) Se reiteraron las denuncias el 18 de diciembre de 2018, y el 24 y 26 de julio, 14 y 26 de agosto del 2019 (véase informe de la autoridad recurrida y hecho no controvertido). c) El 27 de agosto de 2019 el Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita envió a la recurrente informe sobre lo actuado en atención a denuncias sanitarias recibidas el 25 de octubre del 2018, el 24 y 26 de julio, 14 y 26 de agosto del 2019 (véase informe de la autoridad recurrida). d) El 05 de septiembre de 2019 tras varias visitas oculares e indagaciones para dar con la persona responsable de “Casa Calamar”, el Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita notificó el oficio MS-DRRSPC-DARSPC-0375-2019 al correo electrónico [email protected] “para que, considerando los hechos expuestos anteriormente, los hechos descritos por el Ministerio de Seguridad Pública en copias certificadas de sus bitácoras, así como la oferta de servicios que presuntamente brinda el establecimiento de manera pública en redes sociales (Facebook), se recomienda a la persona representante del establecimiento a tramitar en ventanilla de esta ARS el Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF) correspondiente a las actividades de esparcimiento y recreativas (código CIIU N°9329) y piscina (código CIIU N°9311) en un plazo no mayor a 5 días hábiles”. Pasado dicho plazo, no se recibió trámite relacionado con la solicitud de Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF) para las actividades presuntamente llevadas a cabo en el establecimiento “Casa Calamar” (véase informe de la autoridad recurrida). e) A las 20:23 horas del 25 de setiembre del 2020, según consta en acta de inspección ocular 0392-REG-2020, en atención a alerta por actividades llevadas a cabo sin permiso en “Casa Calamar” el Ministerio de Salud realizó una inspección acompañado de funcionarios de Fuerza Pública. Al llegar al sitio “no fue posible comprobar ningún tipo de música o sonido desde la vía pública. Se procedió a tocar y llamar a la puerta de establecimiento denominado “Casa Calamar” sin obtener respuesta” (véase informe de la autoridad recurrida). f) El 07 de abril de 2021 el Ministerio de Salud realizó inspección a “Casa Calamar” haciéndose constar que “para el momento de la visita no hay personas alquilando la propiedad por lo que no fue posible comprobar ningún tipo de actividad. Tampoco se reportaron ruidos provenientes de la propiedad inspeccionada” (véase informe de la autoridad recurrida). g) A las 14:49 horas del 20 de mayo del 2021, según consta en acta de inspección ocular 294-REG-2021 se realizó inspección a “Casa Calamar”, donde se indicó que “portón negro de ingreso cerrado. Ante el llamado de nuestra parte no se recibió respuesta. Desde vía pública no se observaron vehículos ni apariencia de que el sitio se encuentre ocupado. No se reportaron ruidos provenientes del interior de la propiedad” (véase informe de la autoridad recurrida). h) El 03 de junio del 2021 el Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita notificó el oficio MS-DRRSPC-DARSPC-0247-2021 al correo electrónico recabado del encargado de “Casa Calamar”, lo anterior “para que en el plazo de cinco días hábiles procedan a tramitar PSF correspondiente a las actividades de alojamiento para estancias cortas (código CIIU N°5510) y para la piscina (código CIIU N°9311). En el mismo oficio se solicitó comunicarse con esta ARS vía telefónica al número 26614689 o al correo electrónico [email protected] con el fin de comunicar la dirección física de sus domicilios en el cantón de Naranjo para proceder con las notificaciones administrativas pertinentes a este caso” (véase informe de la autoridad recurrida). i) El 04 de junio del 2021 se notificaron oficios MS-DRRSPC-DARSPC-0169-2021 y MS-DRRSPC-0318-2021 a la amparada “en los que se remite informe técnico MS-DRRSPC-DARSPC-IT-030-2021 que incluye acciones administrativas llevadas a cabo en atención de denuncias presentadas en esta ARS relacionadas con afectaciones a la salud por ruidos generados presuntamente en establecimiento denominado “Casa Calamar”” (véase informe de la autoridad recurrida). j) El 21 de agosto, 26 de septiembre y 26 de noviembre de 2021 se realizaron inspecciones oculares donde no se logra percibir ruido proveniente del interior de la propiedad “Casa Calamar”. Según consta en acta de inspección ocular 391-REG-2021 se le expuso a la amparada los factores limitantes que han impedido hasta ese momento la detección de la actividad a la cual se requiere realizar medición sónica (véase informe de la autoridad recurrida). k) La funcionaria gestora ambiental que estuvo encargada de realizar las inspecciones en la denuncia de “Casa Calamar” ha sido sancionada por incumplimiento de deberes, por lo que a finales del 2021 se delegó el caso en otro gestor ambiental (véase informe de la autoridad recurrida). l) El Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita “desconoce acerca de los actos administrativos elaborados por dicha gestora Ambiental, en seguimiento a denuncias sanitarias asignadas, también se ignora en su mayoría la respuesta que brinda a denunciantes, ocasionando con ello que denunciantes como el caso que nos ocupa, terminen acudiendo a otras instancias a interponer recursos de amparo” (véase informe de la autoridad recurrida). IV. Hecho no probado. No se estima demostrado el siguiente hecho de relevancia para esta resolución: a) Que a la fecha las autoridades del Ministerio de Salud hayan logrado coordinar y realizar una medición de ruido en “Casa Calamar”. b) Que a la fecha las autoridades del Ministerio de Salud hayan realizado actos diligentes para comunicarse con el encargado de “Casa Calamar”, así como para aplicar lo que en derecho corresponde sobre las actividades que ahí se realizan. V. Sobre el derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Debe indicarse, en primer lugar, que los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política), así como a través de la normativa internacional aplicable en Costa Rica. En este sentido, en sentencia n.° 2006-5928 de las 15:00 horas del 02 de mayo del 2006, este Tribunal resolvió: “El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la República. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política. Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública. En apoyo de lo anterior este Tribunal ha recurrido a la utilización de la noción de “ calidad ambiental” como un parámetro, precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con otros elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras – principio de desarrollo sostenible– .” Asimismo, del artículo 50 de la Constitución Política se deriva la obligación del Estado de proteger el ambiente. Norma que establece al efecto: "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes". Con lo que se corrobora que las distintas autoridades públicas tienen el deber ineludible de preservar, defender y garantizar el derecho fundamental de toda persona a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. VI. Sobre el deber de vigilancia del Ministerio de Salud. La normativa infra constitucional ha dotado al Ministerio de Salud de un poder de policía para prevenir y garantizar situaciones como la acusada por la parte recurrente. Al respecto, el artículo 2 de la Ley General de Salud dispone que al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, le corresponde la definición de la política nacional de salud, la normación, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le competen conforme a la ley. En ese sentido, la propia Ley General de Salud dispone en el artículo 314 que, dentro de sus atribuciones, le corresponde al Ministerio de Salud ordenar y tomar las medidas especiales que habilita la ley para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas o que éstos se difundan o se agraven, así como para inhibir la continuación o reincidencia en la infracción de los particulares. Específicamente, relativo al tema que nos ocupa, la Ley General de Salud define qué se entiende por contaminación atmosférica, lo que implica el deterioro del medio ambiente tanto por ruido como por emanaciones. El artículo 294 de dicho cuerpo normativo dispone, expresamente, lo siguiente: “Artículo 294.- Se entiende por contaminación de la atmósfera para los efectos legales y reglamentarios, el deterioro de su pureza por la presencia de agentes de contaminación, tales como partículas sólidas, polvo, humo, vapor, gases, materias radioactivas y otros, que el Ministerio defina como tales, en concentraciones superiores a las permitidas por las normas de pureza del aire aceptadas internacionalmente y declaradas oficiales por el Ministerio. Se estima contaminación del aire, para los mismos efectos, la presencia de emanación o malos olores que afecten la calidad del ambiente, perjudicando el bienestar de las personas. Será asimismo considerada como contaminación atmosférica, la emisión de sonidos que sobrepasen las normas aceptadas internacionalmente y declaradas oficiales por el Ministerio”. Asimismo, el numeral 355, ídem, dispone que, teniendo presente la efectiva protección de la salud de la población y los individuos, las autoridades de salud competentes podrán decretar por propia autoridad medidas cuya finalidad tiendan a evitar la aparición de peligros y la agravación o difusión del daño, o la continuación o reincidencia en la perpetración de infracciones legales o reglamentarias que atenten contra la salud de las personas. Entre ellas, encontramos la medida de clausura que consiste en el cierre con formal colocación de sellos que la autoridad competente haga de un establecimiento, edificio, vivienda, instalación o similares, inhibiendo su funcionamiento e indica que procede la clausura, especialmente, respecto de todo establecimiento que debiendo ser autorizado por la autoridad de salud funcione sin dicha autorización. Finalmente, en relación con el tema que nos atañe, resulta preciso transcribir las consideraciones de este Tribunal en la sentencia n.° 2010-11936 de las 11:16 horas del 09 de julio de 2010 sobre la contaminación sónica y su incidencia en el derecho a la intimidad. En dicha resolución se realizaron las siguientes consideraciones: “III .- Sobre la contaminación sónica, y su relación con el derecho a la salud, el derecho a gozar de un ambiente libre de contaminación y el derecho a la intimidad (derecho a la tranquilidad).- Esta Sala ha reconocido, que tanto el derecho a la salud como a un ambiente libre de contaminación -sin el cual el primero no podría hacerse efectivo- son derechos fundamentales, de modo que es obligación del Estado proveer a su protección, ya sea a través de políticas generales para procurar ese fin, o bien a través de actos concretos por parte de la Administración. Existen varios tipos de contaminación, uno de ellos está referido a la contaminación sónica producida por el ruido. El ruido es considerado como una de las formas de agresión al ambiente que aumenta las incomodidades en una sociedad cada vez más industrializada. Las molestias por ruidos afectan la calidad de vida y la salud de las personas, ya que pueden traer consigo consecuencias fisiológicas y psíquicas, sobre todo ante la persistencia de una grave contaminación acústica. Para abordar tal problemática el Estado debe diseñar políticas contra esa clase de contaminación atmosférica, dirigidas a proteger a las personas de la exposición excesiva al ruido. En relación con las políticas para aminorar y evitar la contaminación sónica así como para promover la protección de los valores jurídicamente relevantes que en este caso se ven involucrados, que son el medio ambiente y la salud, la Sala observa que si bien sobresalen esfuerzos normativos al respecto, al Estado costarricense le ha sido difícil estructurar un conjunto de normas que permitan hacer frente al problema del ruido así como diseñar y poner en práctica un plan de reducción del ruido que permita controlar de manera más eficiente el fenómeno ambiental. Tal carencia normativa no es un problema particular de nuestro país, pues el ruido se presenta de difícil tratamiento dado en primer lugar a su naturaleza temporal, no acumulativa y a la clara dispersión de sus agentes contaminadores, -nótese que el ruido proviene de un sinnúmero de fuentes que atacan las diversas situaciones en las que se desenvuelve el individuo (calle, lugar de trabajo, vivienda, hospitales, zonas comerciales, parques, escuelas, etcétera). Es claro que el problema del ruido se agudiza debido tanto a la dispersión y aumento de las fuentes de contaminación, así como al desarrollo de la industria, de la construcción, relacionado con el grado de urbanización y densidad de la red vial, entre otros factores. A lo anterior se suma que el diseño de la política ambiental no ha concedido prioridad a este tipo de contaminación, que como se dijo, es de difícil tratamiento, y a los problemas relativos a su definición; razones todas que han obstaculizado el control del ruido. No existe en nuestro ordenamiento jurídico una normativa general que contemple todas las principales cuestiones relacionadas con el tema, sino que se cuenta con dispersas y variadas normas contenidas en diferentes cuerpos normativos entre las que destaca la Ley Orgánica del Ambiente, que es la No.7554 de 4 de octubre de 1995, que concede al ruido un lugar en los artículos 59 a 63 del Capítulo XV denominado "Contaminación" y en el que incorpora el principio precautorio de manera genérica al indicar que compete al Estado adoptar las medidas que sean necesarias para prevenir o corregir la contaminación ambiental (artículo 59). El artículo 60 en su inciso e) recoge también el principio precautorio específicamente en materia de contaminación acústica y dota de competencia al Estado, las municipalidades y las demás instituciones públicas, para prevenir y controlar la contaminación del ambiente, debiendo dar prioridad al establecimiento y operación de servicios adecuados en áreas fundamentales para la salud ambiental, entre los que destaca el control de la contaminación sónica. Se refuerza el principio precautorio en los artículos 61 y 63 referente el primero a contingencia ambiental y según el cual la autoridad competente dictará las medidas preventivas y correctivas necesarias cuando sucedan contingencias por contaminación ambiental y otras que no estén contempladas en esta ley. El artículo 63 de la ley de cita dispone el procedimiento y medidas a tomar para la prevención y control del deterioro de la atmósfera, y para disminuir y controlar las emisiones que sobrepasen los límites permisibles. Por su parte, la Ley General de Salud dispone en su artículo 302 la protección de la exposición a los ruidos al señalar que ningún establecimiento industrial podrá funcionar si sus labores constituyen un elemento de peligro, insalubridad o incomodidad para la vecindad "... ya sea por las condiciones de manutención del local en que funciona, por la forma o sistemas que emplea en la realización de sus operaciones, por la forma o sistema que utiliza para eliminar los desechos, residuos o emanaciones resultantes de sus faenas, o por los ruidos que produce la operación." En el último párrafo del artículo 294, la Ley General de Salud se incluye al ruido como elemento susceptible de provocar la contaminación de la atmósfera en los siguientes términos: "Será asimismo considerada como contaminación atmosférica la emisión de sonidos que sobrepasen las normas aceptadas internacionalmente y declaradas oficiales por el Ministerio." El Legislador costarricense ha previsto sanciones de tipo penal, específicamente mediante el artículo 390 inciso 2 del Código Penal, aplicables a los transgresores de los umbrales y franjas de contaminación tolerables de ruido. La legislación laboral protege también a los trabajadores expuestos a decibelios altos en sus lugares de trabajo, lo que hace mediante el Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones, que es Decreto Ejecutivo número 10541 de 14 de setiembre de 1979 elaborado por el Consejo de Seguridad e Higiene del Trabajo del Ministerio de Trabajo, y el Reglamento para Contratación Laboral y Condiciones Salud Ocupacional de Adolescentes N°29220-MTSS (artículos 6 y 7); con el propósito de prevenir problemas de audición de los trabajadores que laboran en locales de trabajo en que los ruidos superan los límites establecidos. Por su parte, de forma general para el control del ruido se encuentra el Decreto Ejecutivo 28718 del 15 de junio del 2000 que es “Reglamento para el control de contaminación por ruido” donde se establecen los niveles de ruido permitidos y las entidades competentes para su control. A nivel supranacional la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en Junio de 1992 plantea los lineamientos a seguir para combatir la contaminación sónica. Las normas citadas si bien dispersas, están todas dirigidas a combatir desde diferentes flancos (ambiental, penal, laboral, salubridad, internacional) la agresión directa y cotidiana al derecho al medio ambiente, provocada por la contaminación sónica como parte de la contaminación de la atmósfera, concepto definido en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Ambiente como: "(…) la presencia en ella y en concentraciones superiores a los niveles permisibles fijados, de partículas sólidas, polvo, humo, vapor, gases, malos olores, radiaciones, ruidos, ondas acústicas imperceptibles y otros agentes de contaminación que el Poder Ejecutivo defina como tales en el reglamento." La normativa citada ejemplifica los esfuerzos realizados en materia de control de ruido que sirve de vehículo para preservar el medio ambiente, tema que está indisolublemente vinculado o conectado con otros derechos constitucionales, como el derecho a la salud, siendo una de las finalidades principales del medio ambiente, la protección de la salud. De este punto de confluencia entre el medio ambiente y la salud, puede entonces decirse que un deterioro ambiental por exceso de ruido afecta al bienestar de las personas y puede provocar daño a su salud, lo que justifica plenamente, a pesar de las evidentes dificultades que presenta el tema, la regulación de este agente contaminador. Así entonces, la realización de ciertas actividades que eventualmente generen contaminación sónica se encuentran limitadas por respeto de la intimidad, el derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud. Entre las entidades estatales llamadas a velar por estos derechos están la Policía, la Municipalidad y el Ministerio de Salud, principalmente este último quien tiene la potestad de determinar la existencia de contaminación sónica. La policía tiene a su cargo el resguardo del orden público, la Municipalidad el deber de verificación los permisos para operar y el Ministerio de Salud le corresponde la inspección y medición sónica -entre otras diligencias necesarias-, a fin de poder determinar debidamente si efectivamente se presenta el problema sanitario de contaminación, así como que se establezcan las eventuales medidas que técnicamente procedan para su solución” (resaltado no pertenece al original). VII. Sobre el caso concreto. Tras analizar los elementos probatorios aportados y los informes que rindió bajo juramento la autoridad recurrida, este Tribunal ha llegado a la conclusión de que, en el sub judice, se acredita una vulneración a los derechos de la parte tutelada por los motivos que a continuación se expondrán. Primeramente, se desprende del caso que el 25 de octubre de 2018 el Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita recibió una denuncia por ruido generado dentro de una propiedad privada denominada “Casa Calamar”, ubicada en el Roble de Puntarenas, aproximadamente 400 metros este del Hospital Monseñor Sanabria, misma situación que se reiteró el 18 de diciembre de 2018, el 24 y 26 de julio, y el 14 y 26 de agosto del 2019 (así como otras más con posterioridad). Asimismo, se constata que no es hasta el 27 de agosto de 2019 -es decir, casi un año después de la primera denuncia- que el Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita envió a la recurrente informe sobre lo actuado en atención a denuncias sanitarias recibidas el 25 de octubre del 2018, el 24 y 26 de julio, 14 y 26 de agosto del 2019. Por otra parte, el 05 de septiembre de 2019, tras varias visitas oculares e indagaciones para dar con la persona responsable de “Casa Calamar”, el Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita notificó el oficio MS-DRRSPC-DARSPC-0375-2019 al correo electrónico “[email protected]” (supuesto correo recabado perteneciente al encargado de “Casa Calamar”), lo anterior “para que, considerando los hechos expuestos anteriormente, los hechos descritos por el Ministerio de Seguridad Pública en copias certificadas de sus bitácoras, así como la oferta de servicios que presuntamente brinda el establecimiento de manera pública en redes sociales (Facebook), se recomienda a la persona representante del establecimiento a tramitar en ventanilla de esta ARS el Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF) correspondiente a las actividades de esparcimiento y recreativas (código CIIU N°9329) y piscina (código CIIU N°9311) en un plazo no mayor a 5 días hábiles”. Se indicó ante esta Sala que pasado dicho plazo no se recibió trámite relacionado con la solicitud de Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF) para las actividades presuntamente llevadas a cabo en el establecimiento “Casa Calamar”. Incluso, se advierte que el 03 de junio del 2021 el Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita notificó el oficio MS-DRRSPC-DARSPC-0247-2021 al correo electrónico recabado del encargado de “Casa Calamar”, lo anterior reiterando “para que en el plazo de cinco días hábiles procedan a tramitar PSF correspondiente a las actividades de alojamiento para estancias cortas (código CIIU N°5510) y para la piscina (código CIIU N°9311). En el mismo oficio se solicitó comunicarse con esta ARS vía telefónica al número 26614689 o al correo electrónico [email protected] con el fin de comunicar la dirección física de sus domicilios en el cantón de Naranjo para proceder con las notificaciones administrativas pertinentes a este caso”. Al respecto, la autoridad recurrida no aclara si dicho trámite efectivamente se realizó. Ahora bien, con respecto a las inspecciones que se han realizado por parte del Ministerio de Salud, se detalló que a las 20:23 horas del 25 de setiembre del 2020, según consta en acta de inspección ocular 0392-REG-2020, en atención a alerta por actividades llevadas a cabo sin permiso en “Casa Calamar” se realizó una inspección acompañados de funcionarios de la Fuerza Pública. Al llegar al sitio “no fue posible comprobar ningún tipo de música o sonido desde la vía pública. Se procedió a tocar y llamar a la puerta de establecimiento denominado “Casa Calamar” sin obtener respuesta”. Posteriormente, el 07 de abril de 2021 el Ministerio de Salud realizó inspección a “Casa Calamar” haciéndose constar que “para el momento de la visita no hay personas alquilando la propiedad por lo que no fue posible comprobar ningún tipo de actividad. Tampoco se reportaron ruidos provenientes de la propiedad inspeccionada”. Además, se informó que a las 14:49 horas del 20 de mayo del 2021, según consta en acta de inspección ocular 294-REG-2021 se volvió a realizar inspección a “Casa Calamar”, donde se indicó que “portón negro de ingreso cerrado. Ante el llamado de nuestra parte no se recibió respuesta. Desde vía pública no se observaron vehículos ni apariencia de que el sitio se encuentre ocupado. No se reportaron ruidos provenientes del interior de la propiedad”. Asimismo, que el 04 de junio del 2021 se notificaron oficios MS-DRRSPC-DARSPC-0169-2021 y MS-DRRSPC-0318-2021 a la amparada “en los que se remite informe técnico MS-DRRSPC-DARSPC-IT-030-2021 que incluye acciones administrativas llevadas a cabo en atención de denuncias presentadas en esta ARS relacionadas con afectaciones a la salud por ruidos generados presuntamente en establecimiento denominado “Casa Calamar””. En un orden similar de ideas, se señaló que el 21 de agosto, 26 de septiembre y 26 de noviembre de 2021 se realizaron inspecciones oculares donde no se logró percibir ruido proveniente del interior de la propiedad “Casa Calamar”. Tras lo expuesto, a pesar de que se desprende del cuadro fáctico que el Ministerio de Salud ha realizado algunas acciones, es inaceptable que en un poco más de tres años el Área Rectora de Salud encargada no haya podido coordinar lo necesario para poder realizar la medición de ruido en “Casa Calamar”, exponiéndole simplemente a la amparada, como consta en acta 391-REG-2021, una serie de factores limitantes que han impedido la detección de la actividad a la cual se requiere realizar medición sónica. Asimismo, este Tribunal advierte que la propia autoridad sanitaria tiene conocimiento que en dicha propiedad se realizan “actividades de esparcimiento y recreativas, actividades de alojamiento para estancias cortas y para la piscina”, por lo que ha intentado infructuosamente que en dicho lugar se tramiten los permisos sanitarios correspondientes, lo que viene también a demostrar la falta de diligencia de dicha institución en cumplir -como se desarrolló en el considerando VI- con su deber legal de vigilancia, inspección y ejecución de medidas para cumplir sus fines. Aunado a lo anterior, resulta confuso que, a pesar de las acciones que el Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita manifiesta se han realizado, también se informara ante esta Sala por esta propia autoridad -de forma contrastante- que la funcionaria gestora ambiental que estuvo encargada de realizar las inspecciones en la denuncia de “Casa Calamar” ha sido sancionada por incumplimiento de deberes, por lo que a finales del 2021 se delegó el caso en otro gestor ambiental. Al respecto, se detalló que la “Dirección de Área en numerosas ocasiones ha expuesto ante Dirección Regional Pacífico Central de este Ministerio, incumplimiento de deberes en que ha incurrido funcionaria Bach. Brook Vega Davies (…) se le asignó para su debida atención, la denuncia objeto del recurso de amparo mencionado anteriormente, se gestionó lo necesario a fin de habilitarla durante tiempo extraordinario, para atención de denuncia interpuesta por Sra. Ana María del Carmen Golfín Rodríguez, sobre aparente contaminación sónica en Casa Calamar y transcurrieron varios meses sin que informara a esta Dirección de Área, ni tampoco a denunciante acerca de la ruta de acción para atención a lo denunciado y por consiguiente realizar las acciones para atender durante tiempo extraordinario este caso, durante el tiempo que hubiese sido necesario (…) desconoce acerca de los actos administrativos elaborados por dicha gestora Ambiental, en seguimiento a denuncias sanitarias asignadas, también se ignora en su mayoría la respuesta que brinda a denunciantes, ocasionando con ello que denunciantes como el caso que nos ocupa, terminen acudiendo a otras instancias a interponer recursos de amparo” (resaltado no es del original). Así las cosas, este Tribunal considera que a la fecha las autoridades del Ministerio de Salud no han dado la atención oportuna ni han realizado las acciones diligentes para tramitar y resolver de forma efectiva la denuncia interpuesta desde el 2018 por la afectada. Por lo dicho, este mal funcionamiento ha dado al traste con que al día de hoy -tras tres años de constantes denuncias- no se haya podido coordinar lo necesario con la denunciante para hacer las mediciones sónicas cuando las alegadas condiciones contaminantes se presentan, incluso que no consta tan siquiera se hayan podido comunicar efectivamente con el encargado de “Casa Calamar” para aplicar lo que en derecho corresponde sobre las actividades que ahí se realizan y los alegados permisos sanitarios que requieren. Como agravante de lo descrito, es importante señalar que la autoridad recurrida tampoco puntualizó siquiera cómo se estaría tratando de solventar las dificultades que se han presentado para investigar la denuncia planteada por la amparada, simplemente indicó que se había reasignado el caso a otro gestor ambiental a finales del 2021. Así las cosas, esta Sala Constitucional debe intervenir, con el propósito de salvaguardar el derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida, el derecho a la salud, y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación. Por las razones indicadas, lo procedente es declarar con lugar el recurso, con las consecuencias que se dirán en la parte declarativa. VIII. Nota del magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que el recurrente acusa que se interpuso una denuncia -que no ha sido resuelta- ante el Ministerio de Salud, por las actividades que se realizan en la propiedad “Casa Calamar” hasta altas horas de la noche, provocando fuertes ruidos y contaminación sónica. Lo anterior, en violación al derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida. IX. Documentación aportada al expediente. Debe prevenir esta Sala a las partes que, de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo de 30 días hábiles después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión n.° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial n.° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión n.° 43-12 celebrada el 03 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Ericka Jiménez Valverde, en su condición de directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que en el plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordine -incluso con otras instituciones- lo necesario para: 1) corroborar el tipo de actividades que se llevan a cabo en el lugar denominado “Casa Calamar” y se aplique lo que en materia sanitaria corresponda; y 2) estipule un plan de acción claro para atender una eventual reiteración dentro de la denuncia, plan que propicie asistir de forma oportuna y eficaz al lugar a realizar la medición sónica requerida, cuyos resultados han de serle notificados a la accionante. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese. Fernando Castillo V. Presidente Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ana María Picado B. Jorge Isaac Solano A. Alexandra Alvarado P. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *RJOW5QT43XPS61* RJOW5QT43XPS61 EXPEDIENTE N° 21-024740-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:43:12. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
SALA CONSTITUCIONAL Resolution No. 03203 - 2022 Date of Resolution: February 11, 2022, at 09:30 Case File: 21-024740-0007-CO Drafted by: Anamari Garro Vargas Type of Matter: Amparo Action Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Ruling with a Separate Note Relevance Indicators Relevant Ruling Related Rulings Content of Interest: Strategic Themes: Human Rights, Environmental, Right to Health Type of content: Majority Vote Branch of Law: 4. MATTERS OF GUARANTEE Subject: ENVIRONMENT Subtopics: NOISE POLLUTION. 03203-22. ENVIRONMENT. IN VIEW OF NEIGHBORS' COMPLAINTS REGARDING NOISE AT A RECREATION VENUE IN PUNTARENAS, WITHOUT THEM BEING PROPERLY ADDRESSED BY THE MINISTRY OF HEALTH, THE ACTION IS GRANTED AND THE DIRECTOR OF THE PUNTARENAS-CHACARITA HEALTH GOVERNING AREA IS ORDERED TO, WITHIN ONE MONTH, CARRY OUT ALL ACTIONS WITHIN HER SCOPE OF AUTHORITY AND COORDINATE—INCLUDING WITH OTHER INSTITUTIONS—WHAT IS NECESSARY TO: 1) VERIFY THE TYPE OF ACTIVITIES CARRIED OUT AT THE PLACE CALLED "CASA CALAMAR" AND APPLY WHATEVER CORRESPONDS IN HEALTH MATTERS; AND 2) STIPULATE A CLEAR ACTION PLAN TO ADDRESS A POTENTIAL RECURRENCE OF THE COMPLAINT, A PLAN THAT FACILITATES ATTENDING THE LOCATION IN A TIMELY AND EFFECTIVE MANNER TO CARRY OUT THE REQUIRED NOISE MEASUREMENT, THE RESULTS OF WHICH MUST BE NOTIFIED TO THE CLAIMANT. "(…) Thus, this Court considers that, to date, the authorities of the Ministry of Health have not provided timely attention nor carried out diligent actions to process and effectively resolve the complaint filed since 2018 by the affected party. As a result, this malfunction has meant that today—after three years of constant complaints—it has not been possible to coordinate what is necessary with the complainant to take noise measurements when the alleged polluting conditions occur, and it is not even recorded that they have been able to effectively communicate with the person in charge of "Casa Calamar" to apply what legally corresponds regarding the activities carried out there and the alleged health permits required. As an aggravating factor to what has been described, it is important to point out that the respondent authority did not even specify how it would be trying to resolve the difficulties that have arisen in investigating the complaint filed by the amparo petitioner, simply indicating that the case had been reassigned to another environmental manager at the end of 2021. Thus, this Constitutional Chamber must intervene, with the purpose of safeguarding the right to prompt and complete administrative justice, the right to health, and the right to enjoy a healthy environment free from pollution. For the reasons stated, it is appropriate to grant the amparo action, with the consequences that will be stated in the operative part. (…)" VCG03/2022 ... See more Citations of Legislation and Doctrine Related Rulings Content of Interest: Type of content: Majority Vote Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE Subject: 041- Effective Judicial Protection. Prompt and Complete Justice Subtopics: DOES NOT APPLY. ARTICLE 41 OF THE POLITICAL CONSTITUTION "(…) I. Regarding the hearing of this case for violation of Article 41 of the Political Constitution. Before analyzing the merits of the matter—for the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure—it must be clarified that, as of ruling No. 2008-2545, of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, in the present matter, an exceptional case is raised, as it involves a complaint filed for noise pollution that the petitioner alleges has not been resolved. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. (…)" VCG03/2022 ... See more Content of Interest: Type of content: Majority Vote Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE Subject: 050- Environment Subtopics: DOES NOT APPLY. ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION "(…) V. On the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment. It must first be stated that the fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (articles 21, 50, 73 and 89 of the Political Constitution), as well as through the international regulations applicable in Costa Rica. In this sense, in ruling No. 2006-5928 of 15:00 hours on May 2, 2006, this Court resolved: “The right to life recognized in numeral 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the Republic rest. Likewise, in that article of the political charter, the right to health finds its foundation, since life is inconceivable if minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance are not guaranteed to the human person. Now, public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in articles 21, 50, 73 and 89 of the Political Constitution. Specifically, article 50 of the Constitution expressly recognizes the right of all inhabitants of the country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. That right is a fundamental guarantee for the protection of life and public health. In support of the above, this Court has resorted to the use of the notion of 'environmental quality' as a parameter, precisely, of people's quality of life, which is combined with other elements such as health, food, work, and housing, making reference to the fact that every person has the right to make use of the environment for their own development but not in an unlimited manner, since there is also a duty to protect and preserve the environment for present and future generations – principle of sustainable development–.” Likewise, from article 50 of the Political Constitution derives the obligation of the State to protect the environment. A provision that establishes to this effect: \"The State shall procure the greatest well-being for all the inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions\". With which it is corroborated that the various public authorities have the unavoidable duty to preserve, defend, and guarantee the fundamental right of every person to health and to a healthy and ecologically balanced environment”. (…)" VCG03/2022 ... See more Content of Interest: Type of content: Separate Note Branch of Law: 4. MATTERS OF GUARANTEE Subject: ENVIRONMENT Subtopics: NOISE POLLUTION. VIII. Note by Magistrate Salazar Alvarado. In environmental matters, it is the criterion of the undersigned that, if the Public Administration has already intervened, hearing and resolving the matter corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do enter into the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from pollution (article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the petitioner alleges that a complaint was filed—which has not been resolved—before the Ministry of Health, due to the activities carried out at the "Casa Calamar" property until late hours of the night, causing loud noises and noise pollution. The foregoing, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life. VCG03/2022 ... See more Text of the Resolution *210247400007CO* Exp: 21-024740-0007-CO Res. No. 2022003203 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and thirty minutes on February eleventh, two thousand twenty-two. Amparo action processed under case file number 21-024740-0007-CO, filed by ANA MARÍA DEL CARMEN GOLFIN RODRÍGUEZ, identity card number 0106470436, on behalf of HERSELF AND HER DAUGHTER, against the MINISTRY OF HEALTH. Resultando 1. By brief received at the Secretariat of the Chamber on December 3, 2021, the petitioner files an amparo action against the MINISTRY OF HEALTH, and states that on October 25, 2018, neighbors of her community complained to the Ministry of Health offices in Barranca, Puntarenas, because there is a property called "Casa Calamar" where they hold parties with an extremely high and annoying music volume that borders some of the complainants' properties. She explains that the people who come to these parties usually do so in the early morning hours, and in that community live older adults, some sick people, children, and people who work and have to get up early; furthermore, there are students who cannot attend in-person classes and have to study from home, but with those scandals they cannot concentrate. She indicates that on December 18, 2018, she sent a note to the Ministry of Health in which she noted that on December 17 she had to call the police, but the officers limited themselves to making a report and nothing more came of it. She describes that on July 22, 2019, she again sent another note to the Ministry of Health requesting intervention because the music and scandal occur not only in the afternoon but after 02:00 p.m., and she expressed that all the neighbors were very upset because not being able to rest well at night causes health to deteriorate. She indicates that on the following August 13, she sent another note stating the same. She complains that it was not until April 22, 2021, that she received a response via email in which the Ministry of Health told her that an inspection had been carried out in the morning hours to locate the person in charge of "Casa Calamar," but that no noise was verified and that the noise measurement was pending. She indicates that then on April 29, she complained that the scandal continued and that it is some young people who shout loudly; however, they told her that there was no availability of managers to carry out the noise measurement, so the inspection was rescheduled. She relates that on Saturday the 8th and Sunday the 9th of May 2021, there were people making noise at "Casa Calamar," so she called the police and they told her that it was a waste of resources to travel there, that it was up to the Ministry of Health. She describes that the Ministry of Health told her that she should inform them of the time when the noise impact was most perceived in order to define with the managers the moment for carrying out the noise measurement (medición sónica), to which she responded via email that it was almost always on weekends, starting at 08:30 p.m., likely due to COVID measures. She explains that on July 30, 2021, she again filed the complaint, an occasion on which there was karaoke, very loud music, and that at that time she was convalescing from COVID and there were many people at "Casa Calamar," and her house has a staircase near the pool from where it could be seen that they were setting up three tents as if there was going to be a party. She refers that the Ministry of Health answered her that they had instructed the managers to appear at the place during the weekend and carry out the corresponding administrative acts. She narrates that she later received another email from the Ministry of Health in which they told her that one of the managers was not available to work on August 7 and 8, 2021, and if the required support could not be obtained, it would be rescheduled for Saturday the 21st and Sunday the 22nd of August 2021. She accuses that on September 4, no one arrived either to take measurements; that day she sent another email indicating that a scandal was caused with karaoke and the situation is still the same. She relates that on November 24 at 03:00 a.m., a bus arrived and dropped people off at "Casa Calamar," so the situation is going to continue and that her daughter has virtual classes but these scandals are harming her, but no one comes from the Ministry of Health. She requests that the establishment called "Casa Calamar" be ordered closed due to the scandals she has been complaining about since 2018, which affect their health without a solution. She provides the following emails sent with the referred actions as follows: September 3, 2019 to [email protected]; April 25 and 29, 2021 to [email protected] and May 20, July 30, July 31, September 4, October 30, and November 24, all in 2021 to [email protected] and [email protected]. 2. Under oath, Ericka Jiménez Valverde, in her capacity as director of the Puntarenas-Chacarita Health Governing Area (Área Rectora de Salud), reports that in order to address complaints of this nature and be able to perform a noise measurement, compliance is required with what is established in Procedure for Noise Measurement No. 32692, as well as in the Regulation for the Control of Noise Pollution No. 39428-S. Likewise, she details: "In relation to the complaints received regarding health impacts from noise, which were received at this Health Governing Area on October 25, 2018, replicated on July 24 and 26, August 14 and 26, 2019, there was a delay in their attention due to the retirement of the official responsible for this case and the time it took to reassign the case (…) That on Saturday, August 24, 2019, as recorded in ocular inspection (inspección ocular) report 327-REG-2019, officials from the health regulation process of this Puntarenas – Chacarita ARS proceeded to visit the site in order to contact the administrators of the dwelling without having obtained a positive response; however, information is collected such as the telephone number located on a sign in front of "Casa Calamar" in order to contact administrators during office hours, for which a new inspection was carried out at the establishment called "Casa Calamar" on Sunday, August 25 at 19:15 hours, again at the site without obtaining a response to the call from the door of the mentioned dwelling. That on August 27, 2019, via institutional email sent to Mrs. Ana Golfín, a report was provided on the actions taken in response to health complaints received on October 25, 2018, July 24 and 26, August 14 and 26, 2019. On that occasion, Mrs. Golfín was informed that in this situation, on our part, it is appropriate to contact the persons responsible for the dwelling in order to understand possible patterns in the rental behavior of the dwelling, and thus, considering what is stated by the respondent party, schedule a noise measurement at her dwelling (without notice to the respondent party). That on September 5, 2019, as recorded in ocular inspection report 0383-REG-2019, telephone contact was established to the number indicated on the sign located in front of the property where activities generating noises have been reported that allegedly affect the neighbors' health. Mrs. Marlen Mora Montoya answered, who indicated that the person responsible for the establishment called "Casa Calamar" is Mrs. Carmen Morales Barrantes. Mrs. Mora recommended calling the number 24516109 or using the email [email protected] to contact Mrs. Morales. On the part of this ARS, the importance of having a Sanitary Operating Permit (Permiso Sanitario de Funcionamiento, PSF) for activities carried out at the establishment called "Casa Calamar" was stated. Likewise, on September 5, 2019, this ARS made a telephone call to the number 24516109 to try to contact Mrs. Morales without having obtained a response, so on September 12, 2019, we proceeded to notify official letter MS-DRRSPC-DARSPC-0375-2019 to the email [email protected] to Lic. Carmen Morales Barrantes so that, considering the facts previously described, the facts described by the Ministry of Public Security in certified copies of their logs, as well as the offer of services that the establishment presumably provides publicly on social networks (Facebook), the representative of the establishment is recommended to process at the window of this ARS the corresponding Sanitary Operating Permit (PSF) for leisure and recreational activities (ISIC code No. 9329) and pool (ISIC code No. 9311) within a period not exceeding 5 business days. That on September 13, 2019, a telephone call was received at the Puntarenas – Chacarita ARS from Mrs. Carmen Morales Barrantes, who inquires about the warning sent via email regarding activity carried out at the "vacation house." Mrs. Morales indicated that the owners belong to a family business in San José, that the person in charge is Mrs. Marlen Mora. In the same telephone call, Mrs. Morales requested a report on the requirements and pertinent procedure for the Ministry of Health, inputs that were sent via institutional email since September 16, 2019. That after the five business days following the notification of official letter MSDRRSPC-DARSPC-0375-2019, no application related to the request for PSF for the activities presumably carried out at the establishment called "Casa Calamar" was received at this ARS, nor was a report received on the physical address of Mrs. Morales' domicile to make notifications, so on September 25, 2020, at 20:23 hours, as recorded in ocular inspection report 0392-REG-2020, an inspection was carried out accompanied by Public Force officials at the site in response to an alert for activities carried out without a permit. Upon arriving at the site, it was not possible to verify any type of music or sound from the public thoroughfare. We proceeded to knock and call at the door of the establishment called "Casa Calamar" without obtaining a response. Likewise, on April 7, 2021, at 10:45 hours, as recorded in ocular inspection report 0154-REG-2021, an inspection was carried out at the establishment called "Casa Calamar." On this occasion, Mrs. María Cecilia Vázquez, who is one of the people in charge of taking care of the site when it is not being rented, answered the call and allowed entry to the property to proceed with the characterization of the property. At the time of the visit, there are no people renting the property, so it was not possible to verify any type of activity. No noises were reported coming from the inspected property. That on April 30, 2021, in the morning, a telephone call was received at the Puntarenas – Chacarita ARS from Mrs. Ana Golfín, who indicated that the name of the owner of the "Casa Calamar" establishment is Mr. José Francisco Barrantes Campos, ID 2-0420-0114. That on May 20, 2021, at 14:49 hours, as recorded in ocular inspection report 0294-REG-2021, an inspection was carried out at the establishment called "Casa Calamar," observing a closed black entry gate. Our call was not answered. From the public thoroughfare, no vehicles were observed, nor any appearance that the site was occupied. No noises were reported coming from inside the property, so on June 3, 2021, we proceeded to notify official letter MS-DRRSPC-DARSPC-0247-2021 to the email [email protected] to Mrs. Carmen Morales Barrantes and Mr. José Francisco Barrantes Campos so that within five business days they proceed to process PSF corresponding to short-stay lodging activities (ISIC code No. 5510) and for the pool (ISIC code No. 9311). In the same official letter, they were requested to contact this ARS by phone at the number 26614689 or by email at [email protected] in order to communicate the physical address of their domiciles in the canton of Naranjo to proceed with the pertinent administrative notifications in this case. That on June 4, 2021, we proceeded to notify official letters MS-DRRSPC-DARSPC-0169-2021 and MS-DRRSPC-0318-2021 to the emails [email protected] and [email protected] respectively, addressed to Mrs. Ana Golfín, in which technical report MS-DRRSPC-DARSPC-IT-030-2021 is sent, which includes administrative actions carried out in response to complaints filed at this ARS related to health impacts from noises allegedly generated at the establishment called "Casa Calamar." That on June 7, 2021, we proceeded to notify the emails [email protected] and [email protected] with reports on the actions taken regarding complaints filed at this ARS related to health impacts from noises allegedly generated at the establishment called "Casa Calamar" from 2018 to 2021. That on August 21, 2021, at 22:03 hours, as recorded in ocular inspection report 0390-REG-2021, an inspection was carried out at the establishment called "Casa Calamar," where no vehicles were observed parked on the public thoroughfare near the entrance gate to the property where "Casa Calamar" is located. On that occasion, it was not possible to perceive noises such as music or karaoke coming from inside the property. Meanwhile, as recorded in ocular inspection report 0391-REG-2021, we proceeded to explain to Mrs. Ana Golfín the limiting factors that have so far prevented the detection of the activity for which a noise measurement is required to be performed. That on September 26, 2021, at 01:34 hours, as recorded in ocular inspection report 0444-REG-2021, an inspection was carried out jointly with the Public Force at the establishment called "Casa Calamar," where from the public thoroughfare near the entrance gate to the property, it is observed that it is closed. No noises were perceived coming from the inside of the property or from surrounding areas during the inspection. That on November 26, 2021, at 21:30 hours, as recorded in ocular inspection report 0616-REG-2021, an inspection was carried out jointly with the Public Force at the establishment called "Casa Calamar," where from the dwelling of the affected person, no people are observed, and the lights were off. No noises were perceived coming from the inside of the property during the inspection". Furthermore, she reports that the email addresses to which complaints have been sent are official for communication regarding the different proceedings carried out by officials. On the other hand, she admits that the environmental manager official in charge of carrying out the inspections was sanctioned for non-compliance with duties, and in this specific case, several months passed without her informing the Area Directorate, nor the complainant, about the course of action for addressing what was reported, and consequently, carrying out the actions to address the case during the time that would have been necessary. She details that "she is unaware of the administrative acts prepared by said Environmental manager, in follow-up to assigned health complaints; the response she provides to complainants is also mostly ignored, thereby causing complainants, such as the case at hand, to end up resorting to other instances to file amparo actions." Therefore, the Directorate she represents raised the situation to the Central Pacific Regional Directorate, and at the time, the aforementioned Regional level sanctioned the environmental manager on two different occasions for failing to submit work reports to her immediate superior. She points out that, due to these irregularities, in 2021 the case was delegated to another environmental manager. 3. By brief added to the case file on February 9, 2022, the petitioner reiterates her annoyance with the noise she has reported. She details that "at these parties they bring a mobile disco, comparsas, karaoke, and the noise is such that, even though I close the doors and windows of my house, the noise from the music makes the windows rattle, we cannot watch television, sleep, talk, or study. At home, my husband is a 73-year-old older adult, with a pacemaker, my daughter is a minor in high school, and due to the pandemic, she has been receiving virtual classes for 2 years, and the excess noise does not let her concentrate on her classes or exams, it has also affected our health, because not being able to sleep for days, I have to go to work sleep-deprived, because these events occur any day of the week and on weekends, and at any time, ending in the early morning. My daughter was born with hearing problems and the excess noise makes her very nervous, I have to send her to sleep at my sister's house so she can sleep. The owners of this property do not have any municipal permit, or business license (patente), or payment to the Ministry of Finance where they pay taxes." She accuses that on February 5, 2022, she again reported the noise to 911, but, as has been happening for some time now, the police did not arrive. 4. In the proceedings followed, the legal requirements have been observed. Drafted by Magistrate Garro Vargas; and, Considerando I. Regarding the hearing of this case for violation of Article 41 of the Political Constitution. Before analyzing the merits of the matter—for the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure—it must be clarified that, as of ruling No. 2008-2545, of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, in the present matter, an exceptional case is raised, as it involves a complaint filed for noise pollution that the petitioner alleges has not been resolved. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. II. Purpose of the amparo action. The petitioner states that on October 25, 2018, neighbors of her community complained to the Ministry of Health offices in Barranca, Puntarenas, because there is a property called "Casa Calamar" where they hold parties with an extremely high and annoying music volume that borders some of the complainants' properties. She explains that the people who come to these parties usually do so in the early morning hours, and in that community live older adults, some sick people, children, and people who work and have to get up early, students who cannot attend in-person classes and have to study from home, but with those scandals they cannot concentrate. She details a huge number of reiterations she has made of these scandals to the Ministry of Health. She complains that it was not until April 22, 2021, that she received a response, where the Ministry of Health told her that an inspection had been carried out in the morning hours to locate the person in charge of "Casa Calamar," but that no noise was verified and that the noise measurement was pending. She indicates that after several alleged inconveniences, she has not managed to get the managers to appear, and as of the date of filing the action, the scandals continue. III. Proven facts. Of importance to the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been so accredited or because the respondent party has omitted to refer to them as prescribed in the initial order: a) On October 25, 2018, the Puntarenas-Chacarita Governing Health Area (Área Rectora de Salud) received a complaint regarding health effects from noise generated within a private property called "Casa Calamar," located in El Roble de Puntarenas, approximately 400 meters east of the Monseñor Sanabria Hospital (an uncontested fact). b) The complaints were reiterated on December 18, 2018, and on July 24 and 26, and August 14 and 26, 2019 (see the report of the respondent authority and an uncontested fact). c) On August 27, 2019, the Puntarenas-Chacarita Governing Health Area (Área Rectora de Salud) sent the appellant a report on the actions taken in response to the health complaints received on October 25, 2018, July 24 and 26, and August 14 and 26, 2019 (see the report of the respondent authority). d) On September 5, 2019, after several ocular inspections and inquiries to locate the person responsible for "Casa Calamar," the Puntarenas-Chacarita Governing Health Area (Área Rectora de Salud) notified official communication MS-DRRSPC-DARSPC-0375-2019 to the email address [email protected] "so that, considering the facts set forth above, the facts described by the Ministry of Public Security in certified copies of its logs, as well as the services allegedly offered publicly by the establishment on social media (Facebook), the representative of the establishment is recommended to process at the counter of this ARS the corresponding Sanitary Operating Permit (Permiso Sanitario de Funcionamiento, PSF) for the leisure and recreational activities (CIIU code No. 9329) and swimming pool (CIIU code No. 9311) within a period not exceeding 5 business days." After said period, no application related to the request for a Sanitary Operating Permit (PSF) for the activities allegedly carried out at the "Casa Calamar" establishment was received (see the report of the respondent authority). e) At 8:23 p.m. on September 25, 2020, according to ocular inspection report 0392-REG-2020, in response to an alert regarding activities carried out without a permit at "Casa Calamar," the Ministry of Health conducted an inspection accompanied by Public Force officials. Upon arriving at the site, "it was not possible to verify any type of music or sound from the public road. We proceeded to knock and call at the door of the establishment called 'Casa Calamar' without obtaining a response" (see the report of the respondent authority). f) On April 7, 2021, the Ministry of Health conducted an inspection of "Casa Calamar," recording that "at the time of the visit, there are no persons renting the property, so it was not possible to verify any type of activity. No noises were reported coming from the inspected property either" (see the report of the respondent authority). g) At 2:49 p.m. on May 20, 2021, according to ocular inspection report 294-REG-2021, an inspection of "Casa Calamar" was carried out, stating that "black entrance gate was closed. Upon our call, no response was received. From the public road, no vehicles were observed nor any appearance that the site was occupied. No noises were reported coming from inside the property" (see the report of the respondent authority). h) On June 3, 2021, the Puntarenas-Chacarita Governing Health Area (Área Rectora de Salud) notified official communication MS-DRRSPC-DARSPC-0247-2021 to the email address collected for the manager of "Casa Calamar," the foregoing "so that within five business days you proceed to process the corresponding PSF for the short-stay lodging activities (CIIU code No. 5510) and for the swimming pool (CIIU code No. 9311). In the same communication, you were requested to contact this ARS via telephone at number 26614689 or via email at [email protected] in order to provide the physical address of your domiciles in the canton of Naranjo to proceed with the pertinent administrative notifications for this case" (see the report of the respondent authority). i) On June 4, 2021, official communications MS-DRRSPC-DARSPC-0169-2021 and MS-DRRSPC-0318-2021 were notified to the protected party, "in which technical report MS-DRRSPC-DARSPC-IT-030-2021 is forwarded, which includes administrative actions taken in response to complaints filed with this ARS related to health effects from noise allegedly generated at the establishment called 'Casa Calamar'" (see the report of the respondent authority). j) On August 21, September 26, and November 26, 2021, ocular inspections were carried out where no noise could be perceived coming from inside the "Casa Calamar" property. As recorded in ocular inspection report 391-REG-2021, the protected party was informed of the limiting factors that, up to that time, had prevented the detection of the activity requiring a sonic measurement (see the report of the respondent authority). k) The environmental management official who was in charge of conducting the inspections regarding the "Casa Calamar" complaint has been sanctioned for breach of duties; therefore, the case was reassigned to another environmental manager at the end of 2021 (see the report of the respondent authority). l) The Puntarenas-Chacarita Governing Health Area (Área Rectora de Salud) "is unaware of the administrative acts prepared by said Environmental Manager in follow-up to assigned health complaints; the responses provided to complainants are also largely unknown, thereby causing complainants, as in the case at hand, to end up resorting to other instances to file amparo appeals" (see the report of the respondent authority). IV. Unproven fact. The following fact of relevance to this resolution is not deemed proven: a) That, to date, the authorities of the Ministry of Health have managed to coordinate and perform a noise measurement at "Casa Calamar." b) That, to date, the authorities of the Ministry of Health have performed diligent acts to communicate with the manager of "Casa Calamar," as well as to apply what is legally appropriate regarding the activities carried out there. V. On the right to health and a healthy and ecologically balanced environment. It must be stated, first of all, that the fundamental rights to health and a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution), as well as through applicable international regulations in Costa Rica. In this regard, in judgment No. 2006-5928 of 3:00 p.m. on May 2, 2006, this Court resolved: "The right to life recognized in numeral 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the Republic rest. Likewise, in that ordinal of the political charter, the right to health finds its basis, since life is inconceivable if the human person is not guaranteed minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance. Now, public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution. Specifically, article 50 of the Constitution expressly recognizes the right of all the country's inhabitants to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. This right is a fundamental guarantee for the protection of life and public health. In support of the foregoing, this Court has resorted to using the notion of 'environmental quality' as a parameter, precisely, of the quality of life of individuals, which is combined with other elements such as health, food, work, and housing, referring to the fact that every person has the right to use the environment for their own development but not in an unlimited manner, since there is also a duty to protect and preserve the environment for present and future generations – the principle of sustainable development–." Likewise, article 50 of the Political Constitution derives the State's obligation to protect the environment. A provision that establishes to that effect: "The State shall seek the greatest well-being for all the country's inhabitants, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon this right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve this right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions." Thus corroborating that the various public authorities have the inescapable duty to preserve, defend, and guarantee the fundamental right of every person to health and a healthy and ecologically balanced environment." VI. On the duty of vigilance of the Ministry of Health. The infra-constitutional regulations have endowed the Ministry of Health with police power to prevent and guarantee situations such as the one alleged by the appellant party. In this regard, article 2 of the General Health Law provides that the Executive Branch, through the Ministry of Health, is responsible for defining the national health policy, the standardization, planning, and coordination of all public and private activities related to health, as well as the execution of those activities that fall within its competence according to the law. In that sense, the General Health Law itself provides in article 314 that, within its powers, the Ministry of Health is responsible for ordering and taking the special measures authorized by law to prevent risk or damage to people's health or to prevent them from spreading or worsening, as well as to inhibit the continuation or recurrence of the infringement by private individuals. Specifically, regarding the matter before us, the General Health Law defines what is understood by atmospheric pollution, which implies the deterioration of the environment by both noise and emanations. Article 294 of said normative body expressly provides the following: "Article 294.- For legal and regulatory purposes, atmospheric pollution is understood to be the deterioration of its purity due to the presence of polluting agents, such as solid particles, dust, smoke, steam, gases, radioactive materials, and others, as defined as such by the Ministry, in concentrations higher than those permitted by internationally accepted air purity standards and officially declared by the Ministry. Air pollution is also considered, for the same purposes, the presence of emanation or bad odors that affect the quality of the environment, harming the well-being of people. Likewise, the emission of sounds that exceed the internationally accepted standards and officially declared by the Ministry shall be considered atmospheric pollution." Likewise, numeral 355, idem, provides that, bearing in mind the effective protection of the health of the population and individuals, the competent health authorities may, by their own authority, decree measures aimed at preventing the emergence of dangers and the aggravation or spread of damage, or the continuation or recurrence in the perpetration of legal or regulatory infractions that threaten people's health. Among these, we find the closure measure, which consists of the formal placement of seals by the competent authority on an establishment, building, dwelling, facility, or similar, inhibiting its operation, and it indicates that closure is appropriate, especially, for any establishment that, requiring authorization from the health authority, operates without such authorization. Finally, in relation to the matter concerning us, it is pertinent to transcribe the considerations of this Court in judgment No. 2010-11936 of 11:16 a.m. on July 9, 2010, regarding sonic pollution and its impact on the right to privacy. In that resolution, the following considerations were made: "III.- On sonic pollution, and its relationship with the right to health, the right to enjoy an environment free of pollution, and the right to privacy (right to tranquility).- This Chamber has recognized that both the right to health and the right to an environment free of pollution -without which the former could not be effective- are fundamental rights, so it is the State's obligation to provide for their protection, either through general policies to achieve that end, or through specific acts by the Administration. There are various types of pollution, one of which refers to sonic pollution produced by noise. Noise is considered one of the forms of aggression against the environment that increases discomforts in an increasingly industrialized society. Noise nuisances affect the quality of life and people's health, as they can bring physiological and psychological consequences, especially given the persistence of serious acoustic pollution. To address this problem, the State must design policies against this class of atmospheric pollution, aimed at protecting people from excessive exposure to noise. In relation to policies to reduce and prevent sonic pollution, as well as to promote the protection of the legally relevant values involved in this case, which are the environment and health, the Chamber observes that although normative efforts stand out in this regard, it has been difficult for the Costa Rican State to structure a set of norms to address the noise problem, as well as to design and implement a noise reduction plan that allows for more efficient control of the environmental phenomenon. Such a normative deficiency is not a particular problem of our country, because noise is difficult to address given, first, its temporary, non-cumulative nature and the clear dispersion of its polluting agents—note that noise comes from a countless number of sources that attack the various situations in which the individual develops (street, workplace, housing, hospitals, commercial areas, parks, schools, etc.). It is clear that the noise problem is exacerbated due to both the dispersion and increase of pollution sources, as well as the development of industry, construction, related to the degree of urbanization and density of the road network, among other factors. In addition to the above, the design of environmental policy has not given priority to this type of pollution, which, as stated, is difficult to address, and to the problems related to its definition; all reasons that have hindered noise control. There is no general regulation in our legal system that contemplates all the main issues related to the subject; instead, there are dispersed and varied norms contained in different normative bodies, among which the Organic Law of the Environment stands out, which is No. 7554 of October 4, 1995, which grants noise a place in articles 59 to 63 of Chapter XV called "Pollution" and in which it generically incorporates the precautionary principle by indicating that it is the State's responsibility to adopt the necessary measures to prevent or correct environmental pollution (article 59). Article 60, subsection e), also incorporates the precautionary principle specifically in the matter of acoustic pollution and empowers the State, municipalities, and other public institutions to prevent and control environmental pollution, giving priority to the establishment and operation of adequate services in areas fundamental to environmental health, among which the control of sonic pollution stands out. The precautionary principle is reinforced in articles 61 and 63, the former referring to environmental contingency and according to which the competent authority shall dictate the necessary preventive and corrective measures when contingencies due to environmental pollution and others not contemplated in this law occur. Article 63 of the cited law provides the procedure and measures to be taken for the prevention and control of atmospheric deterioration, and to reduce and control emissions exceeding permissible limits. In turn, the General Health Law provides in its article 302 for protection from noise exposure by stating that no industrial establishment may operate if its work constitutes a source of danger, unhealthiness, or discomfort for the neighborhood '... either due to the maintenance conditions of the premises where it operates, due to the form or systems it uses in carrying out its operations, due to the form or system it uses to eliminate waste, residues, or emanations resulting from its tasks, or due to the noises produced by the operation.' In the last paragraph of article 294, the General Health Law includes noise as an element capable of causing atmospheric pollution in the following terms: 'Likewise, the emission of sounds that exceed the internationally accepted standards and officially declared by the Ministry shall be considered atmospheric pollution.' The Costa Rican Legislator has provided for criminal penalties, specifically through article 390, subsection 2, of the Criminal Code, applicable to transgressors of tolerable noise pollution thresholds and bands. Labor legislation also protects workers exposed to high decibels in their workplaces, which it does through the Regulation for the Control of Noise and Vibrations, which is Executive Decree number 10541 of September 14, 1979, prepared by the Occupational Safety and Hygiene Council of the Ministry of Labor, and the Regulation for Labor Contracting and Occupational Health Conditions of Adolescents No. 29220-MTSS (articles 6 and 7); with the purpose of preventing hearing problems for workers who work in workplaces where noises exceed the established limits. Moreover, generally for noise control, there is Executive Decree 28718 of June 15, 2000, which is the 'Regulation for the Control of Pollution by Noise,' where permitted noise levels and the entities competent for their control are established. At a supranational level, the United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro in June 1992 sets out the guidelines to follow to combat sonic pollution. The cited norms, although dispersed, are all aimed at combating from different flanks (environmental, criminal, labor, health, international) the direct and daily aggression against the right to the environment, caused by sonic pollution as part of atmospheric pollution, a concept defined in article 62 of the Organic Law of the Environment as: '(…) the presence therein, in concentrations higher than the established permissible levels, of solid particles, dust, smoke, steam, gases, bad odors, radiation, noises, imperceptible acoustic waves, and other polluting agents that the Executive Branch defines as such in the regulation.' The cited regulations exemplify the efforts made in the area of noise control, which serve as a vehicle to preserve the environment, a topic that is indissolubly linked or connected with other constitutional rights, such as the right to health, one of the main purposes of the environment being the protection of health. From this point of confluence between the environment and health, it can then be said that environmental deterioration due to excessive noise affects people's well-being and can cause damage to their health, which fully justifies, despite the evident difficulties the subject presents, the regulation of this polluting agent. Thus, the performance of certain activities that may eventually generate sonic pollution is limited out of respect for privacy, the right to a healthy environment, and the right to health. Among the state entities called upon to ensure these rights are the Police, the Municipality, and the Ministry of Health, mainly the latter, which has the power to determine the existence of sonic pollution. The police are responsible for safeguarding public order, the Municipality has the duty to verify operating permits, and the Ministry of Health is responsible for the inspection and sonic measurement -among other necessary steps-, in order to be able to duly determine if the health problem of pollution is indeed present, as well as to establish the eventual measures that technically proceed for its solution" (highlighting does not belong to the original). VII. On the specific case. After analyzing the evidentiary elements provided and the reports rendered under oath by the respondent authority, this Court has reached the conclusion that, in the sub judice, a violation of the rights of the protected party is accredited for the reasons set forth below. Firstly, it is evident from the case that on October 25, 2018, the Puntarenas-Chacarita Governing Health Area (Área Rectora de Salud) received a complaint about noise generated within a private property called "Casa Calamar," located in El Roble de Puntarenas, approximately 400 meters east of the Monseñor Sanabria Hospital, the same situation that was reiterated on December 18, 2018, on July 24 and 26, and on August 14 and 26, 2019 (as well as other subsequent complaints). Likewise, it is verified that it was not until August 27, 2019—that is, almost a year after the first complaint—that the Puntarenas-Chacarita Governing Health Area (Área Rectora de Salud) sent the appellant a report on the actions taken in response to the health complaints received on October 25, 2018, July 24 and 26, and August 14 and 26, 2019. Furthermore, on September 5, 2019, after several ocular inspections and inquiries to locate the person responsible for "Casa Calamar," the Puntarenas-Chacarita Governing Health Area (Área Rectora de Salud) notified official communication MS-DRRSPC-DARSPC-0375-2019 to the email address "[email protected]" (supposed email address collected belonging to the manager of "Casa Calamar"), the foregoing "so that, considering the facts set forth above, the facts described by the Ministry of Public Security in certified copies of its logs, as well as the services allegedly offered publicly by the establishment on social media (Facebook), the representative of the establishment is recommended to process at the counter of this ARS the corresponding Sanitary Operating Permit (PSF) for the leisure and recreational activities (CIIU code No. 9329) and swimming pool (CIIU code No. 9311) within a period not exceeding 5 business days." It was indicated before this Chamber that after said period, no application related to the request for a Sanitary Operating Permit (PSF) for the activities allegedly carried out at the "Casa Calamar" establishment was received. In fact, it is noted that on June 3, 2021, the Puntarenas-Chacarita Governing Health Area (Área Rectora de Salud) notified official communication MS-DRRSPC-DARSPC-0247-2021 to the email address collected for the manager of "Casa Calamar," reiterating the foregoing "so that within five business days you proceed to process the corresponding PSF for the short-stay lodging activities (CIIU code No. 5510) and for the swimming pool (CIIU code No. 9311). In the same communication, you were requested to contact this ARS via telephone at number 26614689 or via email at [email protected] in order to provide the physical address of your domiciles in the canton of Naranjo to proceed with the pertinent administrative notifications for this case." In this regard, the respondent authority does not clarify whether said procedure was actually carried out. Now, regarding the inspections that have been carried out by the Ministry of Health, it was detailed that at 8:23 p.m. on September 25, 2020, according to ocular inspection report 0392-REG-2020, in response to an alert regarding activities carried out without a permit at "Casa Calamar," an inspection was conducted accompanied by Public Force officials. Upon arriving at the site, "it was not possible to verify any type of music or sound from the public road. We proceeded to knock and call at the door of the establishment called 'Casa Calamar' without obtaining a response." Subsequently, on April 7, 2021, the Ministry of Health conducted an inspection of "Casa Calamar," recording that "at the time of the visit, there are no persons renting the property, so it was not possible to verify any type of activity. No noises were reported coming from the inspected property either." Additionally, it was reported that at 2:49 p.m. on May 20, 2021, according to ocular inspection report 294-REG-2021, another inspection of "Casa Calamar" was carried out, stating that "black entrance gate was closed. Upon our call, no response was received. From the public road, no vehicles were observed nor any appearance that the site was occupied. No noises were reported coming from inside the property." Likewise, on June 4, 2021, official communications MS-DRRSPC-DARSPC-0169-2021 and MS-DRRSPC-0318-2021 were notified to the protected party, "in which technical report MS-DRRSPC-DARSPC-IT-030-2021 is forwarded, which includes administrative actions taken in response to complaints filed with this ARS related to health effects from noise allegedly generated at the establishment called 'Casa Calamar'." In a similar vein, it was noted that on August 21, September 26, and November 26, 2021, ocular inspections were carried out where no noise could be perceived coming from inside the "Casa Calamar" property. After the foregoing, although it is evident from the factual picture that the Ministry of Health has carried out some actions, it is unacceptable that in just over three years, the responsible Governing Health Area (Área Rectora de Salud) has been unable to coordinate what is necessary to perform the noise measurement at "Casa Calamar," simply informing the protected party, as recorded in report 391-REG-2021, of a series of limiting factors that have prevented the detection of the activity requiring a sonic measurement. Likewise, this Court notes that the health authority itself is aware that "leisure and recreational activities, short-stay lodging activities, and swimming pool use" are carried out on said property, which is why it has unsuccessfully attempted to have the corresponding health permits processed at that location, which also demonstrates the lack of diligence of said institution in fulfilling—as developed in Considerando VI—its legal duty of surveillance, inspection, and execution of measures to achieve its purposes. In addition to the above, it is confusing that, despite the actions that the Puntarenas-Chacarita Governing Health Area (Área Rectora de Salud) claims have been taken, this same authority also informed this Chamber—in a contrasting manner—that the environmental management official who was in charge of conducting the inspections regarding the "Casa Calamar" complaint has been sanctioned for breach of duties; therefore, the case was reassigned to another environmental manager at the end of 2021. In this regard, it was detailed that the "Area Directorate has, on numerous occasions, reported to the Central Pacific Regional Directorate of this Ministry the breach of duties incurred by the official, Bach. Brook Vega Davies (…) she was assigned the complaint that is the subject of the aforementioned amparo appeal for its proper attention, the necessary steps were taken to enable her during overtime to address the complaint filed by Mrs. Ana María del Carmen Golfín Rodríguez regarding apparent sonic pollution at Casa Calamar, and several months passed without her informing this Area Directorate, nor the complainant, about the course of action to address the reported issue and consequently carry out the actions to address this case during overtime, for as long as necessary (…) [the Directorate] is unaware of the administrative acts prepared by said Environmental Manager in follow-up to assigned health complaints; the responses provided to complainants are also largely unknown, thereby causing complainants, as in the case at hand, to end up resorting to other instances to file amparo appeals" (highlighting is not original). Thus, this Court considers that, to date, the authorities of the Ministry of Health have not provided timely attention nor have they carried out diligent actions to effectively process and resolve the complaint filed since 2018 by the affected party. Because of the foregoing, this malfunction has resulted in the fact that to this day—after three years of constant complaints—it has not been possible to coordinate what is necessary with the complainant to take sonic measurements when the alleged polluting conditions occur, nor is there even any record that they have been able to effectively communicate with the person in charge of “Casa Calamar” to apply what legally corresponds regarding the activities carried out there and the alleged health permits they require. As an aggravating factor to what has been described, it is important to point out that the respondent authority did not even specify how the difficulties that have arisen in investigating the complaint filed by the protected party were being addressed; it simply indicated that the case had been reassigned to another environmental manager at the end of 2021. In this state of affairs, this Constitutional Chamber must intervene, for the purpose of safeguarding the right to prompt and complete administrative justice, the right to health, and the right to enjoy a healthy environment free from contamination. For the reasons stated, it is appropriate to grant the appeal, with the consequences that will be set forth in the operative part. VIII. Note by Judge Salazar Alvarado. In environmental matters, it is the undersigned's criterion that, if the Public Administration has already intervened, its cognizance and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. Nevertheless, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from contamination (Article 50 of the Political Constitution), as occurs in this case, in which the appellant alleges that a complaint was filed—which has not been resolved—before the Ministry of Health, due to the activities carried out on the property “Casa Calamar” until the late hours of the night, causing loud noises and sonic pollution. The foregoing, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life. IX. Documentation provided to the case file. This Chamber must warn the parties that, if any documents were provided on paper, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or those produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Full Court in session no. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin no. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session no. 43-12 held on May 03, 2012, Article LXXXI. Por tanto The appeal is granted. Ericka Jiménez Valverde, in her capacity as director of the Puntarenas-Chacarita Health Governing Area (Área Rectora de Salud), or whoever holds that position in her stead, is ordered to, within a period of ONE MONTH starting from the notification of this judgment, carry out all actions within the scope of her authority and coordinate—including with other institutions—whatever is necessary to: 1) corroborate the type of activities being carried out at the place called “Casa Calamar” and apply whatever corresponds in health matters; and 2) stipulate a clear action plan to address a potential reiteration within the complaint, a plan that enables attending the site in a timely and effective manner to perform the required sonic measurement, the results of which must be notified to the petitioner. Judge Salazar Alvarado places a note. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a penalty of imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and fails to comply with it or fails to enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts giving rise to this declaration, which shall be liquidated in the execution of sentence in the contentious-administrative jurisdiction. Notify. \t Fernando Castillo V. President \t Luis Fdo. Salazar A. \t \t Jorge Araya G. Anamari Garro V. \t \t Ana María Picado B. Jorge Isaac Solano A. \t \t Alexandra Alvarado P. Digitally Signed Document -- Verification code -- *RJOW5QT43XPS61* RJOW5QT43XPS61 EXPEDIENTE N° 21-024740-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Classification prepared by the SALA CONSTITUCIONAL of the Judicial Branch. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited. It is a faithful copy of the original - Extracted from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:43:12. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República