Res. 03266-2022 Sala Constitucional — Municipal failure to address environmental complaints and response after amparoOmisión municipal en atender denuncias ambientales y respuesta tras amparo

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Sala Constitucional

Resolución Nº 03266 - 2022

Fecha de la Resolución: 11 de Febrero del 2022 a las 09:30

Expediente: 22-000072-0007-CO

Redactado por: Anamari Garro Vargas

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 22-000072-0007-CO

Res. Nº 2022003266

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del once de febrero de dos mil veintidos .

 Recurso de amparo que se tramita en expediente número 22-000072-0007-CO, interpuesto por MELISSA BARQUERO MUÑOZ, cédula de identidad 0110170671, contra EL ALCALDE DE MORAVIA.

Resultando:

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:33 horas del 03 de enero de 2022, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra EL ALCALDE DE MORAVIA, y manifiesta que desde hace varios años ha interpuesto personalmente quejas ante la Municipalidad de Moravia porque ésta no acciona en contra de los propietarios de dos lotes baldíos que se ubican en el Distrito de San Vicente del Cantón de Moravia, exactamente en los 100 metros norte del Banco Nacional de Costa Rica, siendo que dichos inmuebles colindan con el condominio en donde habita. Los referidos lotes tienen la acera completamente destruida, llena de basura, zacate enmontado y árboles que crecen sin control, y ello permite que los vehículos se estacionen y que las personas se bajen a orinar en ese monte; incluso indigentes y animales tales como perros y gatos también hacen sus necesidades fisiológicas en el zacate, situación que pone su salud y seguridad en riesgo, ya que tiene que transitar por la calle y no puede caminar por la acera, además de que esos árboles obstaculizan el libre tránsito y hay que irse al centro de la calle. Todo lo anterior, impide el tránsito y uso normal de la acera para las personas que diariamente necesitan caminar por esta zona y ni se diga el tener que presenciar a las personas orinando y defecando en la acera mientras se camina. Además, con el mal estado en que se encuentra, es imposible que las personas con algún tipo de discapacidad para desplazarse por sí solos —entre ellos, con sillas de ruedas y coches de bebés—, puedan hacerlo. Según resolución Nº 2021021585 de las 09:15 horas del 24 de setiembre de 2021, esa Sala rechazó de plano el recurso argumentando: "II.- EL CASO CONCRETO. De la prueba documental aportada al expediente electrónico, se desprende que la denuncia a que hace referencia la tutelada fue presentada el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, es decir, que a la fecha de planteado este amparo, sea el diecisiete de setiembre de este año, la Municipalidad recurrida se encuentra aún en plazo para resolver y comunicar el resultado a la parte interesada, en atención a lo dispuesto en el artículo 261, de la General de la Administración Pública, que dispone -en términos generales- dos meses para tales efectos. En consecuencia, este recurso debe rechazarse, como en efecto se hace". No obstante, lo anterior, al 03 de enero de 2022, una vez vencido sobradamente el plazo indicado por la Sala, la Corporación Local recurrida continuaba sin cumplir con el mandato legal, así como tampoco había dado respuesta efectiva a la necesidad de la comunidad de contar con una acera que permita el libre, seguro y salubre tránsito de las personas.
Mediante resolución de las 15:02 horas del 20 de enero de 2022 se dio curso al presente recurso.
Informa bajo juramento Roberto Zoch Gutiérrez, en su condición de alcalde de Moravia (folio 27 del expediente electrónico), que la Dirección Técnica Operativa ha realizado notificaciones a los propietarios de los lotes señalados por la recurrente (Nº 0002131 de 15 de julio de 2020, por limpieza y aceras sin mantenimiento, y Nº 0002134, de 30 de julio de 2020, por limpieza de precio, cercado del terreno y aceras sin mantenimiento). La Unidad Técnica de Gestión Vial incorporará -dentro de sus programas de trabajo- la construcción de aceras en el sector. Además, la jefatura de Servicios y Mantenimiento había programado una nueva limpieza en esos predios y chapeas en las zonas verdes de acera y maleza saliente de lotes privados. Afirma que el 28 de enero de 2022 se respondió las consultas planteadas vía correo electrónico, explicando las condiciones por las que se ha imposibilitado realizar la construcción del tramo en cuestión y que se procedió a realizar las gestiones para iniciar un nuevo proceso de contratación para la ejecución de esas actividades. Señalan que se inició un nuevo proceso de contratación por medio de la plataforma SICOP en octubre de 2021, se recibieron cinco ofertas, de las cuales tres resultan elegibles, se presentó un proceso de revocatoria ya apelación del acto de adjudicación, el cual fue resuelto el 14 enero de 2022, y se requiere la aprobación interna y firma del contrato, lo que se espera resolver en la primera semana de febrero. Refieren que, en enero de 2022, se procedió con una chapea y limpieza del área, por lo que se encuentra libre de desechos ordinarios y no tradicional. Solicita se desestime el recurso planteado.
En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

Referente al conocimiento de este caso por lesión al artículo 41, de la Constitución Política. Antes de analizar el fondo del alegato, debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones – aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública. En el presente asunto, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una supuesta falta de resolución de una denuncia relacionada con posible contaminación ambiental. Atendiendo a este tipo de materia, esta Sala valora las posibles dilaciones en la resolución de este tipo de denuncias. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
Objeto del recurso. La recurrente considera lesionados sus derechos fundamentales, pues acusa que no se han atendido sus gestiones de 24 de agosto y 16 de setiembre de 2021, en que denunció el mal estado de unos lotes.
Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a)  El 24 de agosto y 16 de setiembre de 2021, la recurrente interpuso denuncias ante las autoridades municipales por “lotes enmontados” y “abuso del espacio público” (folios 13 y 07 del expediente electrónico).

b)  Las autoridades municipales realizaron una limpieza en predios y chapeas en las zonas verdes de acera y maleza saliente de lotes privados (informe de la autoridad recurrida).

c)  Se inició un proceso de contratación para la reparación y construcción de aceras, el cual está en proceso de aprobación interna y firma del contrato, lo que se espera resolver en la primera semana de febrero de 2022 (informe de la autoridad recurrida).

d)  Por correo electrónico de 28 de enero de 2022 se respondió la gestión de la recurrente, indicándole las actuaciones desplegadas por la Municipalidad, así como las acciones que a futuro se van a realizar (folio 39 del expediente electrónico).

Sobre el caso concreto. En el presente asunto, se acusa la omisión de las autoridades de la Municipalidad de Moravia en atender una denuncia por falta de limpieza en un lote. De las pruebas aportadas al expediente y el informe rendido bajo juramento por las autoridades recurridas, se tuvo por demostrado que se han realizado labores de limpieza y chapea, así como que se inició un proceso de contratación para la construcción del tramo referido por la recurrente. Es decir, se comprueba que la autoridad recurrida realizó una serie de actuaciones tendentes a atender la problemática denunciada previo a la notificación del presente recurso. Sin embargo, lo cierto es que transcurrieron más de seis meses desde que se interpuso la denuncia y más de cuatro meses desde que se reiteró, sin que se hubiera respondido por escrito la gestión de la recurrente. Bajo ese punto de vista y según la reiterada jurisprudencia de esta Sala, se confirma la acusada lesión a los derechos fundamentales de la amparada. En consecuencia, lo corresponde es declarar con lugar este recurso sin especial condenatoria en daños y perjuicios, conforme se establece en la parte dispositiva de esta sentencia.
Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
Voto salvado parcial de los Magistrados Salazar Alvarado y Solano Aguilar, con redacción del primero, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida. Si bien coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, nos separamos del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En nuestro criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Los Magistrados Salazar Alvarado y Solano Aguilar salvan parcialmente el voto y disponen la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ana María Picado B.




Jorge Isaac Solano A.

	

 

	

Alexandra Alvarado P.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 HGPLN2479KO461

EXPEDIENTE N° 22-000072-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 17:06:34.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Constitutional Chamber

Resolution No. 03266 - 2022

Date of Resolution: February 11, 2022 at 09:30

Case File: 22-000072-0007-CO

Drafted by: Anamari Garro Vargas

Type of matter: Amparo petition

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER

Text of the resolution

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Exp: 22-000072-0007-CO

Res. No. 2022003266

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the eleventh of February, two thousand twenty-two.

Amparo petition processed under case file number 22-000072-0007-CO, filed by MELISSA BARQUERO MUÑOZ, identity card number 0110170671, against THE MAYOR OF MORAVIA.

Whereas:

In a brief received at the Secretariat of the Chamber at 16:33 hours on January 3, 2022, the petitioner files an amparo petition against THE MAYOR OF MORAVIA, and states that for several years she has personally filed complaints before the Municipality of Moravia because it fails to act against the owners of two vacant lots located in the San Vicente District of the Canton of Moravia, exactly 100 meters north of the Banco Nacional de Costa Rica, these properties being adjacent to the condominium where she lives. The referenced lots have the sidewalk completely destroyed, full of garbage, overgrown weeds (zacate enmontado), and trees growing uncontrolled, and this allows vehicles to park and people to get out to urinate in that brush; even homeless persons and animals such as dogs and cats also relieve themselves in the weeds, a situation that puts her health and safety at risk, since she has to walk on the street and cannot walk on the sidewalk, besides these trees obstruct free transit and one has to go to the center of the street. All the foregoing prevents the normal transit and use of the sidewalk for people who daily need to walk through this area, not to mention having to witness people urinating and defecating on the sidewalk while walking. Moreover, with the poor condition it is in, it is impossible for people with some type of disability to move on their own —among them, with wheelchairs and baby strollers— to do so. According to resolution No. 2021021585 of 09:15 hours on September 24, 2021, this Chamber summarily dismissed the petition reasoning: "II.- THE SPECIFIC CASE. From the documentary evidence provided in the electronic file, it appears that the complaint referred to by the petitioner was filed on August twenty-fourth, two thousand twenty-one, that is, that as of the filing date of this amparo, which is September seventeenth of this year, the respondent Municipality is still within the timeframe to resolve and communicate the result to the interested party, in accordance with the provisions of Article 261 of the General Public Administration Law, which provides —in general terms— two months for such effects. Consequently, this petition must be dismissed, as is hereby done". However, notwithstanding the foregoing, as of January 3, 2022, once the timeframe indicated by the Chamber had been amply exceeded, the respondent Local Corporation continued to fail to comply with the legal mandate, just as it had also not provided an effective response to the community's need to have a sidewalk that allows free, safe, and healthy transit for people.
By resolution of 15:02 hours on January 20, 2022, this petition was admitted for processing.
Roberto Zoch Gutiérrez, in his capacity as mayor of Moravia (page 27 of the electronic file), reports under oath that the Technical Operational Directorate has carried out notifications to the owners of the lots indicated by the petitioner (No. 0002131 of July 15, 2020, for cleaning and sidewalks without maintenance, and No. 0002134 of July 30, 2020, for cleaning of the property, fencing of the land, and sidewalks without maintenance). The Technical Unit for Road Management will incorporate —within its work programs— the construction of sidewalks in the sector. Additionally, the head of Services and Maintenance had scheduled a new cleaning in those properties and weeding in the green areas of the sidewalk and protruding weeds from private lots. He affirms that on January 28, 2022, the queries raised via email were answered, explaining the conditions that have made it impossible to carry out the construction of the section in question and that procedures were undertaken to initiate a new contracting process for the execution of these activities. They indicate that a new contracting process was initiated through the SICOP platform in October 2021, five offers were received, of which three are eligible, a revocation appeal of the award act was filed, which was resolved on January 14, 2022, and internal approval and signing of the contract is required, which is expected to be resolved in the first week of February. They report that, in January 2022, a weeding and cleaning of the area was carried out, so it is now free of ordinary and non-traditional waste. He requests that the filed petition be dismissed.
The legal requirements have been observed in the proceedings followed.

Drafted by Judge Castillo Víquez; and,

Considering:

Regarding the knowledge of this case for violation of Article 41 of the Political Constitution. Before analyzing the merits of the allegation, it must be clarified that, from judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Public Administration Law. In the present matter, a case of exception is raised, as we are faced with an alleged lack of resolution of a complaint related to possible environmental contamination. In view of this type of matter, this Chamber assesses possible delays in the resolution of this type of complaints. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.
Object of the petition. The petitioner considers her fundamental rights violated, as she claims that her communications of August 24 and September 16, 2021, in which she denounced the poor condition of some lots, have not been addressed.
Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:

a) On August 24 and September 16, 2021, the petitioner filed complaints before the municipal authorities for "overgrown lots" and "abuse of public space" (pages 13 and 07 of the electronic file).

b) The municipal authorities carried out cleaning in properties and weeding in the green areas of the sidewalk and protruding weeds from private lots (report of the respondent authority).

c) A contracting process was initiated for the repair and construction of sidewalks, which is in the process of internal approval and signing of the contract, which is expected to be resolved in the first week of February 2022 (report of the respondent authority).

d) By email of January 28, 2022, the petitioner's communication was answered, indicating the actions deployed by the Municipality, as well as the actions to be carried out in the future (page 39 of the electronic file).

Regarding the specific case. In the present matter, the omission of the authorities of the Municipality of Moravia to address a complaint for lack of cleaning in a lot is alleged. From the evidence provided to the file and the report rendered under oath by the respondent authorities, it was proven that cleaning and weeding tasks have been carried out, as well as that a contracting process was initiated for the construction of the section referred to by the petitioner. That is, it is proven that the respondent authority carried out a series of actions aimed at addressing the denounced problem prior to the notification of this petition. However, the fact is that more than six months elapsed since the complaint was filed and more than four months since it was reiterated, without the petitioner's communication having been responded to in writing. From that point of view and according to the reiterated jurisprudence of this Chamber, the alleged violation of the petitioner's fundamental rights is confirmed. Consequently, the corresponding action is to declare this petition with merit without special condemnation for damages (daños y perjuicios), as established in the operative part of this judgment.
Regarding the condemnation for costs (costas) and damages (daños y perjuicios) in accordance with Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction ("If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the petition shall be declared with merit solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable"), the granting must be without special condemnation for costs and damages, based on the following considerations. While there is an express text in the law that obliges that the operative part of the ruling indicate that the petition is declared with merit, when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same paragraph in fine refers that the granting is dictated "solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable". It is emphasized that the Law indicates "if they are applicable", which means that the applicability or non-applicability of the compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Tribunal. In cases like this, the content of the petitioner's claim and the conduct of the respondent authority in acknowledging it, suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly referred to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it states: "any resolution that grants the petition shall condemn in the abstract to the compensation of the damages caused and to the payment of the costs of the petition, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment", where the possibility of assessing whether or not what concerns compensation and costs is applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, in its case, of International or Community Law and, furthermore, in order, the General Public Administration Law and the Contentious-Administrative Procedural Code and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction -cfr. article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which responds to the procedural logic in any subject matter. In any case, the affected party of the sub lite preserves the possibility of resorting, if she deems it appropriate, to an ordinary proceeding in order to demonstrate that she has suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this petition without condemnation for costs and damages.
Partial dissenting vote of Judges Salazar Alvarado and Solano Aguilar, drafted by the former, solely in relation to the non-condemnation for costs and damages to the respondent party. While we coincide with the rest of the Chamber in declaring the petition with merit, we separate from the majority criterion insofar as it exempts from condemning the respondent party to the payment of costs and damages derived from the injury caused to the fundamental rights of the petitioner.

The Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 52, provides that:

"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the petition shall be declared with merit solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable".

On the other hand, in Article 51 ibidem, it is established that:

"...any resolution that grants the petition shall condemn in the abstract to the compensation of the damages caused and to the payment of the costs of the petition, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment".

This latter norm establishes the general system regulating the matter of compensation and the payment of costs, and which the majority calls the "natural or normal way of ending the process, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…".

In the majority's criterion, the cited Article 51 regulates the cases in which the Chamber has deemed the grievance proven; and, as a consequence, the need for a condemnation for costs and damages arises. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases in which this Constitutional Tribunal verifies an injury to some fundamental right; and, therefore, declares the petition with merit, as in those in which the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo -a case contemplated in the referenced Article 52-, by imperative of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and inescapable consequence is the condemnation of the violator to the compensation of the damages caused and the payment of the costs of the petition. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the violating authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not again incur in the actions that gave rise to the granting of the petition, a topic regulated in Article 50 of the law that governs this jurisdiction. Hence, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has examined the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration in the enjoyment of the fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of those cases, the imperative need for a condemnation for costs and damages to the violator arises, whose basis is found in the principles of protection of the rights of persons and that the Administration must be responsible for the damages it causes with its unconstitutional actions.

Thus, the fact that at the time of hearing and resolving the amparo with merit, the effects of the challenged act had already ceased, in the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of the condemnation for costs and damages, as such a case forms an integral part of the general system of necessary condemnation in these aspects, contained in the Law of Constitutional Jurisdiction.

Moreover, it is clear that the aforementioned Article 52 is applied only in cases where the Chamber, even when it has not known of, nor ruled on the merits of the claim, has verified the violation that the petitioner has suffered in their fundamental rights, by virtue of the restoration, in the enjoyment of those rights, that the Administration has agreed to in their favor; a situation that, as affirmed by the majority of the Chamber, implies an "abnormal termination of the process".

The legislator established and delimited, in a precise manner, the conditions under which this Chamber can decree that form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution admitting the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that provides, indubitably, the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of condemnation for costs and damages, notwithstanding the granting of the petition, by providing that, in the cases regulated therein, the petition shall be declared with merit "solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable". As it is an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the cases strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of persons to obtain effective judicial protection against the damages suffered from the injury to their constitutional rights.

In our criterion, such exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic condemnation for costs and damages in the event of a violation of fundamental rights, said condemnation is always applicable, even in the case where the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is indubitably and clearly evident that in the specific case no damage capable of being indemnified was caused. Only and solely in such cases could the respondent Administration be exempted from the payment of said aspects. As in this case, there is no element whatsoever that refutes the presumption of the emergence, for the petitioner, of economic damages derived from the challenged actions —the concrete determination of which does not correspond to this jurisdiction—, the granting of this petition must necessarily imply the condemnation for costs and damages, and we so declare.

DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: "If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the petition shall be declared with merit solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable".

My interpretation of this norm is as follows: This "resolution" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase "if they are applicable" refers to costs. Moreover, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, cited by the majority, on the basis of Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.

Certainly, according to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo petition is not of an indemnifying but a restitutive nature; however, Article 51 of the LJC indicates: "Any resolution that grants the petition shall condemn in the abstract to the compensation of the damages caused and to the payment of the costs of the petition, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment".

If the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages could have arisen. For this reason, the abstract condemnation for these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not ordered, should damages indeed have occurred, there would be no title —derived from this process— to claim them, potentially violating Article 41 of the CP. If, despite the abstract condemnation having been ordered, damages have not been caused, the judge in the ordinary courts shall so declare, as only the judge has the authority to deem proven the real existence and magnitude thereof.

With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only in the face of an amparo petition. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if deemed just, the Chamber may condemn for costs, even when the right has been restored.

By reason of the foregoing, I partially dissent regarding the operative part and order the condemnation for damages, but not the condemnation for costs.

DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the petitioner that if she has provided any documents on paper, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office, within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment, otherwise all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the "Regulations on the Electronic Case File before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Newsletter number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:

In accordance with the provisions of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the petition is declared with merit, without special condemnation for costs (costas) or damages (daños y perjuicios). Judges Salazar Alvarado and Solano Aguilar partially dissent and order the condemnation for damages and costs. Judge Garro Vargas partially dissents and orders the condemnation for damages, but not the condemnation for costs.

Fernando Castillo V.
President

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ana María Picado B.

Jorge Isaac Solano A.

Alexandra Alvarado P.

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