Res. 03905-2022 Sala Constitucional — Installation of a telecommunications tower in a residential neighborhood is a matter for ordinary courtsInstalación de torre de telecomunicaciones en barrio residencial es asunto de legalidad ordinaria

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Sala Constitucional

Resolución Nº 03905 - 2022

Fecha de la Resolución: 15 de Febrero del 2022 a las 09:40

Expediente: 22-002932-0007-CO

Redactado por: Fernando Castillo Víquez

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con Voto Salvado

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

03905-22. MUNICIPALIDAD. SE CUESTIONA LA INSTALACIÓN DE UNA TORRE DE TELECOMUNICACIONES EN BARRIO RESIDENCIAL. SE CITA EL VOTO 020958-19. ASUNTO DE LEGALIDAD. SE RECHAZA POR EL FONDO.

“(…) Las consideraciones citadas son aplicables al sub lite, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en esa sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. Así las cosas, si la parte recurrente se encuentra disconforme con la instalación aludida, ello constituye un asunto que no corresponde dilucidarse ante esta jurisdicción. Incluso, determinar si los motivos que sustentan el otorgamiento del permiso son procedentes o no, es un tema que debe discutirse en la vía administrativa o de legalidad ordinaria en razón de su competencia. Lo propio es que acuda, si a bien lo tiene y siguiendo las formalidades establecidas a los efectos, ante las autoridades competentes, a fin de pedir la intervención y valoración del caso en particular. (…)” VCG03/2022

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Sentencias Relacionadas
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: SERVICIOS PÚBLICOS

Subtemas:

TELECOMUNICACIONES.

03905-22. SERVICIOS PÚBLICOS. LA INSTALACIÓN DE UNA TORRE DE TELECOMUNICACIONES EN BARRIO RESIDENCIAL ES UN ASUNTO DE LEGALIDAD QUE NO LE CORRESPONDE DILUCIDARSE EN ESTA SALA. RECHAZO DE PLANO.  VCG03/2022

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto salvado

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

III.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. En el sub lite, el recurrente reclama la instalación de una torre de telecomunicaciones frente a su vivienda. Acusa que ello pone potencialmente en riesgo la salud de su familia, sumado a que afecta la vista desde su propiedad. Además, asevera no haber tenido información sobre esa instalación en el momento en que se estaba dando ni previamente. Ante este panorama, estimo que en el sub examine se requiere de mayores elementos de conocimiento para acreditar o descartar la vulneración a los derechos al ambiente y a la propiedad. Por consiguiente, salvo el voto y curso este amparo.

VCG03/2022

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Texto de la resolución

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EXPEDIENTE N° 22-002932-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2022003905

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta minutos del quince de febrero de dos mil veintidos .

  Recurso de amparo interpuesto por RAIMY GERARDO PADILLA VARGAS, cédula de identidad 0204920163, contra la EMPRESA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (UFINET), FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (FONATEL), MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA y SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL). 

Resultando:

 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:11 horas del 11 de febrero de 2022, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Alajuela, Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) y Empresa de Servicios de Telecomunicaciones (UFINET). Indica que “El pasado 31 de enero de 2022, cerca de las 7am se estacionaron frente a mi casa, situada en la urbanización La Trinidad, en Barrio San José de Alajuela, 25 metros norte del Centro Educativo La Trinidad (calle 32, avenidas OAS y Central), dos camiones de la empresa Cargas Mincho, uno de ellas con rotulación de FecatransCR 00494, placa 274433, el segundo camión tenía maquinaria perforadora con placa 160997, y sin aviso previo sacaron sus herramientas y comenzaron a cavar un hoyo para instalar una torre de telecomunicaciones en la acera de mi casa, rompiendo la tubería de agua potable que me brinda el servicio. Esto hizo que saliera a preguntar que (sic) pasaba, quiénes eran ellos y que (sic) permisos tenían para hacer eso. sin embargo, los obreros de esta empresa no daban nada de información, y solo dijeron que fueron contratados para instalar una mega torre de telecomunicaciones 5G. AI pedirles papeles y permisos dijeron que no tenían nada y que eran contratados por una empresa UFINET, que a su vez era contratada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) para instalación de estas torres. A las 8:22am, contacté al servicio de whatsapp del Sistema de Acueducto y Alcantarillado Sanitario municipal, reportando la avería y solicitando su reparación (foto chat). y luego busqué comunicarme al teléfono 2106-9660 de la municipalidad para pedir información sobre lo que sucedía, los permisos y señalar el perjuicio que estaban provocando, pero nunca atendieron llamada. Después de mucho insistir uno de los trabajadores de la empresa Cargas Mincho dijo que su supervisor ya le habla enviado al teléfono el documento de permiso municipal, al que pude tomarle foto después de mucho insistir al ser las 9:19am. se trata del permiso de construcción MA-ACC-4527-2021, según se observa en foto adjunta (adjunto foto), pero nunca pude verificar con la autoridad municipal la validez de dicho permiso. Dos horas después llegó una cuadrilla de la municipalidad de Alajuela para reparar la rotura de agua, y se fueron sin explicar nada de la obra. A las 10am y a las 11am llamé a la SUTEL a pedir explicaciones e información, como entidad supervisora e Impulsora desde FONATEL de esos proyectos, dado que los obreros dijeron que esta torre obedecía a una planificación de SUTEL, no me quisieron dar información y dijeron que todo debía solicitarlo por correo electrónico, [email protected], pese a que urgí las respuestas dado que ya en ese momento estaba siendo perjudicado por esa instalación de torre. Aún no recibo información. Al ser las 10:25am llamé al teléfono de la empresa UFINET, empresa por la que los obreros dijeron haber sido contratados para instalar la torre, y la persona que me atendió me dijo que llamara al ingeniero encargado de zona de trabajo Warner Cano, al celular 8803-3800, y así lo hice. Penosamente el señor Warner lejos de mostrar una empatía por la afectación que me estaban haciendo, dijo que su empresa tenía todos los papeles legales en orden y no se detendrán, y que no era responsabilidad de la empresa UNIFET informar ni consultar a la comunidad ni afectados directos por sus proyectos, afirmó que esa es una responsabilidad de la municipalidad y que le preguntara a esta. Nadie me dio información y la torre fue instalada afectando horriblemente la visa del frente de mi casa y potencialmente la salud de mi familia cuando entre a operar, pues quedó ubicada a tres metros de la segunda planta de la casa, donde mi esposa e hijo mayor realizan teletrabajo todos los días. 10. La torre quedó ubicada caprichosamente a 30 mts del Centro Educativo La Trinidad, y 40 mts del parque público recreativo de esta (sic) urbanización, este segundo sitio más apto para la instalación de torres sin afectar a sus residentes. (croquis y foto). 11. No es posible que nadie asuma responsabilidad para dar explicaciones e informar de previo, perforan la acera de mi casa, rompen tubería e instalan una mega torre, desconociendo los alcances e impactos para la salud. Llamé SUTEL, a UFINET, y la Municipalidad y nadie dio información”.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

 Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

   

 I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente se encuentra disconforme con la instalación de una torre de telecomunicaciones frente a su casa, ocurrida el 31 de enero de 2022, lo que, según indica, afecta la vista y, de ponerse en uso, afectaría su salud y la de su familia. Aduce que solicitó información sobre su construcción y permisos (los cuales tuvo a la vista), sin obtener respuesta.

II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En relación con la instalación de torres de telecomunicaciones, esta Sala, en la sentencia N° 2019-020958 de las 9:30 horas del 29 de octubre de 2019, consideró lo siguiente:

 “III.- SOBRE EL BINOMIO SALUD Y MEDIO AMBIENTE E INSTALACIÓN DE TORRES DE TELEFONÍA CELULAR. En relación con torres de telecomunicaciones, ha dicho ya, reiteradamente, este Tribunal que no hay evidencia que pongan en peligro la salud de las personas o el medio ambiente. Por ejemplo, en la sentencia No. 2010-014449 de las 8:54 hrs. del 31 de agosto de 2010, se indicó:

“… en lo relativo al eventual impacto que podría tener la instalación y puesta en funcionamiento de tales torres en la salud de la población, tanto el Instituto Costarricense de Electricidad como la Secretaria Técnica Nacional Ambiental coinciden en sus informes -que son rendidos bajo la solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, que, según los estudios científicos que se han efectuado, tanto en el ámbito internacional como nacional, no existe evidencia de que la operación de tales torres suponga un riesgo o amenaza para la salud de las personas y, por el contrario, se ha determinado que sus emisiones son de tan baja potencia que resultan inocuas para la salud…”.

 Además, en la sentencia No. 2003-003419 de las 15:54 hrs. del 29 de abril del 2003, este Tribunal indicó:

“…En el presente asunto, el accionante no impugna un acto administrativo concreto, sino los posibles efectos que la instalación de la torre celular de Cerro Plano de Monteverde pueda tener sobre la salud de la población y el medio ambiente. Sin embargo, debe tomarse en consideración que los trabajos realizados están fundados en el ejercicio del servicio público que le corresponde a la entidad accionada. Adicionalmente, de la documentación que consta en autos, no quedó demostrado fehacientemente que existan riesgos para la salud de la población o el medio ambiente que deriven de la exposición a esos campos electro-magnéticos, pues el Instituto Costarricense de Electricidad, en el informe que rinde bajo fe de juramento, ha indicado que las estaciones base son de baja potencia y cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en el Decreto Ejecutivo No. 29296-SALUD-MINAE del 25 de enero de 2001, por lo que los niveles de exposición a radiación en radiofrecuencias son generalmente muy bajos. Sobre el particular, la comunidad científica internacional, está de acuerdo en que la potencia generada por estas antenas de estaciones base de telefonía móvil es demasiado baja para producir riesgos para la salud. . . "

Posición que se reiteró en sentencias No. 2004-007890 de las 15:37 hrs. del 20 de julio del 2004 y No. 2006-014550 de las 10:35 hrs. del 29 de setiembre del 2006. Por lo que este Tribunal concluye, a la luz de los elementos de convicción aportados al proceso y a la información científica que existe a la fecha, que, en general, la instalación de la torres de telefonía celular no implican una amenaza o riesgo indebido para la salud de las personas o para el medio ambiente. (Véase, en este sentido, la sentencia No. 2011-002545 de las 15:55 hrs. del primero de marzo del 2011). Aparte de que en el presente asunto, ha informado el alcalde de Tibás que la torre que objetan los recurrentes cuenta con todos los permisos de las Instituciones involucradas, así como con el permiso constructivo correspondiente. (Sentencia 2016007163 de 09:20 del 27 de mayo de 2016)

 IV. SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA APROBACIÓN DE PERMISOS O LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA TELECOMUNICACIONES. Esta Sala ha dispuesto, entre otras, en la sentencia No. 2011-015763 de las 9:46 hrs. del 16 de noviembre de 2011, que en el otorgamiento de una licencia municipal de construcción de una torre o antena de telecomunicaciones o el otorgamiento de un certificado de uso de suelo de acuerdo con la zonificación existente, no implican una modificación o reforma del Plan Regulador o de la zonificación establecida en los reglamentos de desarrollo urbano que forman parte del primero, pues en virtud del carácter estratégico y primordial de las telecomunicaciones para el desarrollo social y económico, existe un declarado interés público nacional, situación que legitima a las corporaciones municipales para otorgar certificados de uso de suelo y, con fundamento en éstos y otros requisitos, licencias de construcción de infraestructura de telecomunicaciones, sin necesidad de modificar o reformar los Planes Reguladores y Reglamentos municipales previos que forman parte del primero. Así, se ha considerado que en la instalación de torres de antenas de telecomunicación no se requiere la realización de una audiencia pública previa en la que participen los ciudadanos de la comunidad. Además, en el presente asunto, ha indicado la autoridad recurrida que la finca, donde se ubica la torre, es comercial, según consta en los Registros Municipales, y cuenta con cuatro locales, razón por la cual no necesitan de firma de los vecinos para explotar una actividad comercial, pues el uso de suelo es comercial. A mayor abundamiento, la mayoría de este Tribunal enfatiza que la última jurisprudencia de esta Sala ha sido que todo lo relacionado con las audiencias públicas dispuestas en la normativa infraconstitucional, es un asunto que debe ser conocido en la jurisdicción contenciosa administrativa y no en la sede constitucional”.

 Por otra parte en la sentencia 2016005857 de las catorce horas treinta minutos del tres de mayo de dos mil dieciséis, dispuso lo siguiente:

 “II.- SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA AMBIENTAL.- En el presente caso, los recurrentes acusan -entre otros- que la instalación de una torre telefónica en el residencial donde habitan que no fue sometido a consulta de previo a su implantación. No obstante, la Sala se ha referido al problema de la participación ciudadana en los procedimientos para la instalación de torres de telecomunicaciones, en los siguientes términos:

"[...] Si bien es cierto esta Sala ha reconocido la existencia del derecho de participación ciudadana en asuntos de índole ambiental, este derecho debe ser comprendido, al menos para ser de conocimiento de esta jurisdicción, para aquellos proyectos que por su índole especial y de gran trascendencia o afectación pueda afectar sensiblemente a una comunidad. Tratándose de un principio constitucional, resulta consecuente su adoptación también en otra normativa de índole legal, incluso abarcando mayores ámbitos a los que constitucionalmente se tutelen vía amparo, lo cual es acorde al ordenamiento jurídico, sin embargo la verificación de estas audiencias o comunicaciones, no corresponde ser verificada en todos los casos por esta jurisdicción, sino únicamente en aquéllos en que éstas resulten indispensables por su grado de afectación, como los casos considerados técnicamente de alto impacto ambiental, supuesto que no es al que nos enfrentamos en el presente caso, ya que se trata de una obra que se encuentra calificada como de 'bajo impacto ambiental potencial'. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental por resolución número 02031-2009-SETENA de las nueve horas del veintiséis de agosto de dos mil nueve, dispuso que la instalación de la torre de telecomunicaciones en este caso concreto, genera impactos ambientales negativos de baja significancia y mitigables por medio de medidas ambientales de implementación sencilla, lo cual se ha verificado en otros casos sometidos bajo consideración de este Tribunal:

'(...) los trabajos realizados están fundados en el ejercicio del servicio público que le corresponde a la entidad accionada. Adicionalmente, de la documentación que consta en autos, no quedó demostrado fehacientemente que existan riesgos para la salud de la población o el medio ambiente que deriven de la exposición a esos campos electro-magnéticos, pues el Instituto Costarricense de Electricidad, en el informe que rinde bajo fe de juramento, ha indicado que las estaciones base son de baja potencia y cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en el Decreto Ejecutivo No. 29296-SALUD-MINAE del 25 de enero de 2001, por lo que los niveles de exposición a radiación en radiofrecuencias son generalmente muy bajos. Sobre el particular, la comunidad científica internacional, está de acuerdo en que la potencia generada por estas antenas de estaciones base de telefonía móvil es demasiado baja para producir riesgos para la salud. Asimismo, la institución recurrida realizó los estudios de impacto ambiental en la zona donde se construiría dicha torre celular, reafirmando la seguridad del proyecto (informe visible a folios 20-30). (...)' (sentencia No. 2003-3419)

 No obstante lo anterior, por resolución número 0123-2010-SETENA de las ocho horas del veinte de enero de dos mil diez, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en todo caso solicitó a la empresa un 'Plan de Comunicación a las Comunidades', exigiendo el siguiente contenido mínimo:

'(…) Objetivo (Debe indicar en qué consistirá el proyecto y que implicaciones posee), Grupo meta (comunidades, debe ser indicado cuál es el AID y justificarse), Estrategia o mecanismo de divulgación a emplear en las comunidades ubicadas en el Área de Influencia Directa (AID) (incluir impactos) con el fin de informar sobre el proyecto a desarrollar, que incluya como mínimo los siguientes aspectos: período de divulgación, mensaje a transmitir (debe brindarse una descripción del proyecto explicando los impactos que generará), cronograma de actividades a llevar a cabo en el plan de comunicación, formato de respuesta a las comunidades sobre inquietudes relacionadas con la divulgación del proyecto, destacar un cronograma de las actividades a llevar a cabo en el plan de comunicación, costos de la divulgación (…)', lo cual fue aportado por la empresa. Posteriormente, y dentro del marco de fiscalización, por resolución número 2898-2010-SETENA de las nueve horas diez minutos del treinta de noviembre de dos mil diez, SETENA le solicitó a la empresa Costa Pacífico Operaciones Ltda. que presentara un informe del avance y aplicación del 'Plan de Comunicación a la Comunidad', por lo cual la empresa recurrida presentó el veintiuno de febrero de dos mil once el 'Informe de Resultados del Plan de Divulgación' ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, sobre el cual incluso SETENA ha solicitado la corrección de algunas imprecisiones a nivel de nomenclatura de la empresa responsable. De manera que, no estima este Tribunal que se haya lesionado derecho fundamental alguno de la recurrente, pues como se indicó la verificación del cumplimiento de requisitos legales de la comunicación a la comunidad de un proyecto de esta índole, no corresponde ser dilucidada en esta jurisdicción y en todo caso, según quedó acreditado, la autoridad recurrida ha dado seguimiento al derecho legal reclamado por la amparada, la cual de considerar en todo caso, que no se ajusta a los parámetros legales, deberá acudir, si a bien lo tiene, a la vía contenciosa correspondiente. Así las cosas, procede declarar sin lugar el recurso." (Sentencia N° 2011-005516 de las doce horas y treinta y uno minutos del veintinueve de abril de dos mil once, véase en el mismo sentido la resolución Nº 2012-007661 de las nueve horas cinco minutos del ocho de junio de dos mil doce; el resaltado y subrayado no es del original).

A lo que puede añadirse lo dicho en la resolución Nº 2013-003121 de las nueve horas veinte minutos del ocho de marzo de dos mil trece:

 “[…] Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal descarta la lesión a los derechos fundamentales del recurrente. En efecto, del estudio de los autos y del informe aportado bajo la solemnidad del juramento por la autoridad recurrida, la Sala tiene por acreditado que la Municipalidad de Moravia no modificó el Plan Regulador para otorgar el uso de suelo para la instalación de la torre de telecomunicaciones en el sitio indicado por el recurrente. Como bien aluden los accionados, la prestación del servicio de telecomunicaciones en todo el país, ha sido declarada por esta misma Sala, como un derecho fundamental, bajo esta tesitura, corresponde a los Gobiernos Locales, el otorgamiento de los permisos para el establecimiento del mobiliario urbano, que se ha de requerir para la prestación del servicio ese servicio. Es por lo anterior que, los gobiernos locales, contrario de verse inhibidos de dar dichos permisos, se ven compelidos a otorgarlos, claro está, de manera válida y legal, mediante el otorgamiento de certificados de uso y de permisos de construcción, previa verificación del cumplimiento de requisitos. Y es por ello mismo, que no resulta lesivo de los derechos fundamentales del recurrente, el hecho de que se otorgue un permiso de construcción para una torre de telecomunicaciones, independiente de la ubicación donde ésta se pretenda instalar, siempre y cuando, no se encuentre dentro de una zona legalmente restringida, como lo serían las áreas de protección, ya que, tal y como se informa bajo juramento, las telecomunicaciones no atienden a criterios de zonificación urbanística, si se cumple con la legislación vigente ”.

 III.- SOBRE LA INFRAESTRUCTURA EN TELECOMUNICACIONES Y EL DERECHO A LA SALUD.- Los recurrentes acusan, asimismo, que la torre de telecomunicaciones cuestionada violenta su derecho a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin embargo, el tema de de la instalación de torres de telecomunicaciones y telefonía celular, al ser de interés público, ya ha sido ampliamente tratado por esta Sala. De esta manera, en el pronunciamiento N° 2013-006649 de las diez horas veinte minutos del diecisiete de mayo de dos mil trece, la Sala dispuso lo siguiente:

“SOBRE LA INSTALACIÓN DE TORRES DE TELEFONÍA CELULAR. Tratándose de la instalación de torres transmisoras de señal celular, la Sala Constitucional ha determinado que se trata de un tema de interés público que excede la esfera de lo local o cantonal que atañe a la órbita de lo nacional e incluso se proyecta al terreno del Derecho Internacional Público. Así, este Tribunal en la sentencia número 015763-2011 de las nueve horas cuarenta y seis minutos del dieciséis de noviembre de dos mil once, indicó lo siguiente:

 V.- IMPORTANCIA, INTERÉS PÚBLICO Y VOCACIÓN NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. A partir de un análisis sistemático del ordenamiento jurídico constitucional e infraconstitucional vigente, es factible concluir que la infraestructura, en materia de telecomunicaciones, tiene una relevancia que excede la esfera de lo local o cantonal, asumiendo un claro interés público y, desde luego, erigiéndose como una cuestión que atañe a la órbita de lo nacional con, incluso, proyecciones en el terreno del Derecho Internacional Público al suponer su desarrollo el cumplimiento de una serie de obligaciones internacionales asumidas previamente por el Estado costarricense. En primer término, como lo ha indicado este Tribunal Constitucional, el tema de las telecomunicaciones tiene gran relevancia constitucional, tanto que en el artículo 121, inciso 14), subinciso c), de la Constitución se indica que los ‘servicios inalámbricos’ o el espectro electromagnético forma parte del dominio público constitucional y concretamente es un bien propio de la Nación, siendo que no puede ser desafectado o salir del dominio del Estado. La Ley General de Telecomunicaciones No. 8642 de 4 de junio de 2008 -en adelante LGT-, al enunciar los principios rectores en este sector, indica en su artículo 3°, inciso i), que debe haber una ‘optimización de los recursos escasos’, destacando que la utilización de las infraestructuras de telecomunicaciones debe ser ‘(«) objetiva, oportuna, transparente, no discriminatoria y eficiente, con el doble objetivo de asegurar una competencia efectiva, así como la expansión y mejora de las redes y servicios’. Precisamente, la optimización, utilización ponderada, expansión y mejora de la infraestructura y redes en materia de telecomunicaciones, obedece a los fines manifiestos de ese cuerpo normativo, tales como los de asegurar la aplicación de los principios de acceso universal, eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, mayor y mejor cobertura y solidaridad en las telecomunicaciones (artículo 2° LGT). De otra parte, el artículo 32, inciso d), LGT establece con claridad meridiana que el objetivo del acceso y servicio universales y de la solidaridad, se logra, entre otros medios, a través del ‘desarrollo de la infraestructura’, dado que, sólo con una infraestructura robusta y plenamente desarrollada logra reducir la brecha digital, disfrutar de los beneficios de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, la conectividad y la disponibilidad de dispositivos de acceso y servicios de banda ancha. Por su parte la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, No. 7593 de 9 de agosto de 1993, en su artículo 74, modificado por la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones No. 8660 de 8 de agosto de 2008, hizo una declaratoria de interés público de la infraestructura y las redes en telecomunicaciones al preceptuar lo siguiente: ‘Considérase una actividad de interés público el establecimiento, la instalación, la ampliación, la renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones o de cualquiera de sus elementos’. Tal declaratoria tiene grandes repercusiones, por cuanto, se reconoce, por ley, que el tema de la infraestructura en la materia reviste un claro e inequívoco interés público o general que trasciende la esfera de lo local o regional a lo interno del país, para proyectarse en el ámbito nacional e internacional, al permitirle al Estado costarricense cumplir, de buena fe, una serie de obligaciones y compromisos asumidos en el contexto del Derecho Internacional Público. Cabe advertir que el interés público es definido por el artículo 113, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública de 1978 ‘como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados’, por su parte, el párrafo 2 del numeral citado de la LGAP de 1978 dispone, claramente, que ‘El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto’. Una consecuencia de lo anterior es que los intereses de cualquier ente público descentralizado costarricense, como podrían ser las municipalidades, no puede anteponerse al claro interés público de la infraestructura en telecomunicaciones así declarado, expresamente, por el legislador nacional a través de una ley que manifiesta la voluntad general (artículos 105 y 121, inciso 1°, de la Constitución), el que debe prevalecer sobre los intereses de carácter local, dado que, la autonomía municipal no le permite a los ayuntamientos sustraerse de lo que ha sido declarado como un interés de carácter nacional, de lo contrario se pervierte la autonomía territorial transformando a los municipios en micro estados, abstraídos de la dirección intersubjetiva o tutela que pueda ejercer el Estado, a través de los órganos constitucionales, mediante la emisión de leyes válidas y eficaces, la celebración de convenios y tratados internacionales por el Poder Ejecutivo y aprobados por la Asamblea Legislativa (artículos 7°, 121, inciso 4°, y 140, inciso 10°, de la Constitución Política). La declaratoria de interés público efectuada por el artículo 74 de la Ley de la ARESEP, tiene, a su vez, asidero constitucional suficiente y legítimo en el numeral 45, párrafo 1°, de la Constitución Política, al establecer el principio de la intangibilidad relativa del patrimonio, al admitir la figura de la expropiación ‘por interés público legalmente comprobado’. Una segunda consecuencia que se extrae de la declaratoria de interés público, es que el tema de construcción, ampliación o desarrollo y mejora de la infraestructura en materia de telecomunicaciones tiene una clara e inequívoca vocación nacional. De modo que es el Estado y sus órganos los que asumen la rectoría y dirección en la materia a la que deben someterse todos los entes públicos menores para lograr objetivos como el acceso y servicios universales, la reducción de la brecha digital por razones de solidaridad, la interconexión y conectividad necesarias que le permitan a todos los costarricenses, independientemente de la localidad, distrito, cantón o región donde habiten, gozar de los beneficios y ventajas de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. El legislador nacional, lejos de ‘localizar’ el tema de la infraestructura en telecomunicaciones lo nacionalizó expresa e inequívocamente. Reflejo de lo anterior, son la creación del ‘Sector Telecomunicaciones previsto por el artículo 38 de la citada Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, al disponer lo siguiente: Créase el Sector de Telecomunicaciones, dentro del marco de sectorización del Estado. Estará constituido por la Administración Pública, tanto la centralizada como la descentralizada, así como por las empresas públicas que desarrollen funciones o actividades relacionadas con las telecomunicaciones a tenor de esta norma el sector de las telecomunicaciones tiene un carácter transversal y, por ende, nacional, por cuanto, incluye a todo el universo de los entes públicos, incluidos, los descentralizados territorialmente como las municipalidades. Es así, como los ayuntamientos no pueden sustraerse de tal sector. El carácter nacional de las telecomunicaciones, en general, y, particularmente, de su infraestructura queda más patente al considerar el artículo 39 de la Ley citada, en cuanto establece que el rector del sector lo será el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, al que le corresponde, en ejercicio de una función general de dirección intersubjetiva o tutela administrativa, entre otras, las siguientes: a) Formular las políticas para el uso y desarrollo de las telecomunicaciones; b) Coordinar («) la elaboración del Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones («)’; c) Velar por que las políticas del Sector sean ejecutadas por las entidades públicas y privadas que participan en el Sector Telecomunicaciones’; e) Dictar el Plan nacional de telecomunicaciones, así como los reglamentos ejecutivos que correspondan; h) Coordinar las políticas de desarrollo de las telecomunicaciones con otras políticas públicas destinadas a promover la sociedad de la información i) Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental nacional aplicable y el desarrollo sostenible de las telecomunicaciones en armonía con la naturaleza. Por último, el carácter evidentemente nacional de las telecomunicaciones y sus diversos componentes, queda de manifiesto, cuando el artículo 40 de la Ley precitada regula el ‘Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones’, el cual es definido en el párrafo 1° de ese numeral como («) el instrumento de planificación y orientación general del Sector y define las metas, los objetivos y las prioridades de éste. El legislador optó, entonces, por planificar a nivel nacional y no meramente local o regional el tema de las telecomunicaciones. De otra parte, la naturaleza nacional de las telecomunicaciones queda reforzada al crearse la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), a la que le corresponde una serie de competencias de inequívoca índole nacional, así, conforme a los artículos 59 y 60 de la Ley de Creación de la ARESEP, le corresponde («) regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones («) para todo lo cual actuará en concordancia con las políticas del Sector, lo establecido en el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones, la Ley general de telecomunicaciones, las disposiciones establecidas en esta Ley y las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables’. El Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014, por su parte, establece que ‘Para avanzar en el aprovechamiento de los beneficios de la Sociedad de Información y Conocimiento, el país debe hacer un esfuerzo importante de inversión en el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones de manera que permita contar con más y mejores servicios de telecomunicaciones para todos los sectores de la población. En este sentido, el desarrollo de la infraestructura en ese sector constituye una condición necesaria e indispensable a la que deberá brindarse una prioridad especial en cualquier proyecto país en materia de TIC («)’ y luego especifica que para lograr el desarrollo de la infraestructura nacional de telecomunicación deberá atender los siguientes lineamientos: a.1 Tomar las medidas necesarias para garantizar que el país cuente con una infraestructura moderna de telecomunicaciones, y al mismo tiempo asegurar la prestación de servicios de calidad y la generación de aplicaciones de valor agregado, permitiendo la convergencia, la interoperabilidad entre los sistemas, la incorporación de tecnologías de avanzada y la seguridad en las comunicaciones y a.6 Garantizar el desarrollo de una infraestructura que permita llevar los servicios de telecomunicaciones a todos los habitantes del país, cumpliendo con los objetivos y metas de acceso universal, servicio universal y solidaridad («). Se trata, entonces, de un plan que, por disposición expresa de ley, vincula u obliga, entre otros, a los entes municipales y que les conmina a contar con una infraestructura de telecomunicaciones, robusta, moderna, óptima, adecuada y desarrollada para disfrutar de los beneficios de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. El logro de esta meta u objetivo, se verá, necesariamente, frustrado si cada corporación territorial, en un tema de clara vocación nacional, pretende establecer su propia orientación y requerimientos, por sobre la legislación nacional y los instrumentos del Derecho Internacional Público que obligan a todos los entes que conforman el Estado en sentido amplio... ” (El resaltado y subrayado no es del original).

 A lo que se suma que, en la actualidad, simplemente no hay suficiente evidencia para estimar que las torres de telefonía celular representen un peligro para la salud pública. De esta manera, en sentencia Nº 2010-014449 de las ocho horas y cincuenta y cuatro minutos del treinta y uno de agosto de dos mil diez, se dijo:

“[…] en lo relativo al eventual impacto que podría tener la instalación y puesta en funcionamiento de tales torres en la salud de la población, tanto el Instituto Costarricense de Electricidad como la Secretaria Técnica Nacional Ambiental coinciden en sus informes –que son rendidos bajo la solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, que, según los estudios científicos que se han efectuado, tanto en el ámbito internacional como nacional, no existe evidencia de que la operación de tales torres suponga un riesgo o amenaza para la salud de las personas y, por el contrario, se ha determinado que sus emisiones son de tan baja potencia que resultan inocuas para la salud. Esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones respecto a este tema, y en el caso específico de la sentencia número 2003-03419 de las 15:54 horas del 29 de abril del 2003, este Tribunal indicó:

‘(…) En el presente asunto, el accionante no impugna un acto administrativo concreto, sino los posibles efectos que la instalación de la torre celular de Cerro Plano de Monteverde pueda tener sobre la salud de la población y el medio ambiente. Sin embargo, debe tomarse en consideración que los trabajos realizados están fundados en el ejercicio del servicio público que le corresponde a la entidad accionada. Adicionalmente, de la documentación que consta en autos, no quedó demostrado fehacientemente que existan riesgos para la salud de la población o el medio ambiente que deriven de la exposición a esos campos electro-magnéticos, pues el Instituto Costarricense de Electricidad, en el informe que rinde bajo fe de juramento, ha indicado que las estaciones base son de baja potencia y cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en el Decreto Ejecutivo No. 29296-SALUD-MINAE del 25 de enero de 2001, por lo que los niveles de exposición a radiación en radiofrecuencias son generalmente muy bajos. Sobre el particular, la comunidad científica internacional, está de acuerdo en que la potencia generada por estas antenas de estaciones base de telefonía móvil es demasiado baja para producir riesgos para la salud...’

Posición que se reiteró en sentencias número 2004-07890 de las 15:37 horas del 20 de julio del 2004 y 2006-14550 de las 10:35 horas del 29 de setiembre del 2006. Por lo que este Tribunal concluye, a la luz de los elementos de convicción aportados al proceso y a la información científica que existe a la fecha, que, en general, la instalación de la torres de telefonía celular no implican una amenaza o riesgo indebido para la salud de las personas o para el medio ambiente”.

IV.- SOBRE EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA LA OBRA. Por último, visto que los recurrentes aseguran que no existe evidencia de el proyecto objetado cuente con los permisos de ley, debe indicarse que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración, de modo que no está llamada revisar si una torre de telecomunicaciones cumple o no los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, pues se trata de una labor propia de la vía común, administrativa o jurisdiccional. De esta forma, al pronunciarse sobre un caso análogo, en sentencia N° 2012-006792 de las quince horas cinco minutos del veintidós de mayo de dos mil doce, este Tribunal dispuso lo siguiente:

“En cuanto a lo alegado por los recurrentes en relación con el supuesto irrespeto de la autoridad recurrida en cuanto a la distancia que debe haber entre una torre de telefonía celular y otra, pues ambas estructuras se encuentran a menos de 250 metros de distancia. Cabe indicar que esta Sala no puede entrar a determinar si la Municipalidad de Alajuela ha cumplido o no con lo establecido en el Plan Regulador de la zona al momento de otorgar los permisos de construcción a la empresa Claro para levantar una torre de telefonía celular, pues ello constituye un asunto de legalidad que deberá ser alagado ante la propia corporación municipal recurrida a través de los recursos que la ley les prevé al efecto. Por lo que el recurso es inadmisible en este sentido”.

 Por ello, deberán los recurrentes plantear su inconformidad o reclamo ante las autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional competente, sedes en las cuales podrán, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso es improcedente y así se declara.

III.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. En el sub lite, con el respeto acostumbrado, difiero del criterio de la mayoría y estimo que lo procedente es continuar la tramitación del recurso. Al respecto, nótese que en la especie se reclama que, mediante el acuerdo n.° 037 tomado en la sesión ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de San José el 19 de enero de 2021 se aprobó un permiso para que una empresa privada instale un poste de telecomunicación en San Francisco de Dos Ríos. Además, se acusa que al determinar la ubicación que tendrá esa torre no se tomó en consideración que al lado hay viviendas y que a 100 metros está ubicado otro poste de ese tipo. En consecuencia, se estiman vulnerados los derechos a la propiedad y al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En virtud de lo anterior, estimo que en el sub iudice se requiere de mayores elementos de conocimiento para acreditar o descartar la vulneración de los derechos fundamentales reclamada. Por consiguiente, salvo el voto y ordeno continuar con la tramitación del recurso. ”.

 

Las consideraciones citadas son aplicables al sub lite, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en esa sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. Así las cosas, si la parte recurrente se encuentra disconforme con la instalación aludida, ello constituye un asunto que no corresponde dilucidarse ante esta jurisdicción. Incluso, determinar si los motivos que sustentan el otorgamiento del permiso son procedentes o no, es un tema que debe discutirse en la vía administrativa o de legalidad ordinaria en razón de su competencia. Lo propio es que acuda, si a bien lo tiene y siguiendo las formalidades establecidas a los efectos, ante las autoridades competentes, a fin de pedir la intervención y valoración del caso en particular.

Por otro lado, aun cuando la parte recurrente aduce falta de respuesta a una solicitud de información planteada ante SUTEL y FONATEL, lo cierto es que ello ocurrió el 31 de enero de 2022 (día en que se instaló la torre), por lo que, a la fecha de interpuesto el amparo, resulta prematuro analizar alguna falta de respuesta. Por lo expuesto, el amparo deviene improcedente y así debe declararse.

III.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. En el sub lite, el recurrente reclama la instalación de una torre de telecomunicaciones frente a su vivienda. Acusa que ello pone potencialmente en riesgo la salud de su familia, sumado a que afecta la vista desde su propiedad. Además, asevera no haber tenido información sobre esa instalación en el momento en que se estaba dando ni previamente. Ante este panorama, estimo que en el sub examine se requiere de mayores elementos de conocimiento para acreditar o descartar la vulneración a los derechos al ambiente y a la propiedad. Por consiguiente, salvo el voto y curso este amparo.

 IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI .

Por tanto:

 Se rechaza por el fondo el recurso. El magistrado Rueda Leal salva el voto y cursa el amparo.

 

 

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ana María Picado B.

	

 

	

Jorge Isaac Solano A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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EXPEDIENTE N° 22-002932-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 17:06:30.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**File No. 22-002932-0007-CO**

**PROCEEDING: AMPARO PETITION**

**RESOLUTION No. 2022003905**

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours forty minutes on the fifteenth of February, two thousand twenty-two.

Amparo petition filed by RAIMY GERARDO PADILLA VARGAS, identity card number 0204920163, against the EMPRESA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (UFINET), FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (FONATEL), MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA and SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL).

**Whereas:**

1.- By a brief received at the Secretariat of the Chamber at 14:11 hours on February 11, 2022, the petitioner files an amparo petition against the Municipalidad de Alajuela, Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) and Empresa de Servicios de Telecomunicaciones (UFINET). He states that “On January 31, 2022, around 7 a.m., two trucks from the company Cargas Mincho parked in front of my house, located in the La Trinidad urbanization, in Barrio San José de Alajuela, 25 meters north of the Centro Educativo La Trinidad (32nd Street, OAS and Central Avenues). One of them bore FecatransCR 00494 signage, license plate 274433; the second truck had drilling machinery with license plate 160997. Without prior notice, they took out their tools and began digging a hole to install a telecommunications tower on the sidewalk in front of my house, breaking the drinking water pipe that provides me service. This caused me to go out and ask what was happening, who they were, and what permits they had to do that. However, the workers of this company gave no information whatsoever and only said they were hired to install a mega 5G telecommunications tower. When asked for papers and permits, they said they had nothing and that they were hired by a company UFINET, which in turn was hired by the Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) for the installation of these towers. At 8:22 a.m., I contacted the municipal water supply and sanitary sewer system’s WhatsApp service, reporting the break and requesting its repair (chat photo). I then tried to get in touch by phone at 2106-9660 with the municipality to request information about what was happening, the permits, and to point out the damage they were causing, but they never answered the call. After much insistence, one of the workers from the company Cargas Mincho said that his supervisor had already sent the municipal permit document to his phone, which I was able to take a photo of after much insistence at 9:19 a.m. It is the construction permit MA-ACC-4527-2021, as seen in the attached photo (photo attached), but I was never able to verify the validity of said permit with the municipal authority. Two hours later, a crew from the Municipalidad de Alajuela arrived to repair the water break, and they left without explaining anything about the work. At 10 a.m. and 11 a.m., I called SUTEL to request explanations and information, as the supervisory and promoting entity, through FONATEL, of those projects, given that the workers said this tower was part of a SUTEL plan. They did not want to give me information and said that everything had to be requested by email, [email protected], even though I urged for answers given that at that moment I was already being harmed by that tower installation. I still have not received information. At 10:25 a.m., I called the phone number of the company UFINET, the company by which the workers said they had been hired to install the tower, and the person who answered told me to call the engineer in charge of the work zone, Warner Cano, at cell phone 8803-3800, and I did so. Regrettably, Mr. Warner, far from showing empathy for the harm they were causing me, said that his company had all the legal papers in order and they would not stop, and that it was not the responsibility of the company UFINET to inform or consult the community or those directly affected by its projects. He stated that this is a responsibility of the municipality and that I should ask them. No one gave me information, and the tower was installed, horribly affecting the view from the front of my house and potentially the health of my family when it starts operating, since it is located three meters from the second floor of the house, where my wife and eldest son telework every day. 10. The tower was capriciously located 30 m from the Centro Educativo La Trinidad and 40 m from the public recreational park of this urbanization, the latter being a more suitable site for installing towers without affecting its residents (sketch and photo). 11. It is not possible that no one takes responsibility for providing explanations and informing beforehand; they drill into the sidewalk of my house, break pipes, and install a mega tower, disregarding the scopes and impacts on health. I called SUTEL, UFINET, and the Municipality and no one gave me information.”

2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its filing, any petition submitted to it that proves to be manifestly improper, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is the simple reiteration or reproduction of an equal or similar previous petition that was rejected.

Drafted by Judge Castillo Víquez; and,

**Considering:**

**I.- PURPOSE OF THE PETITION.** The petitioner disagrees with the installation of a telecommunications tower in front of his house, which occurred on January 31, 2022, which, according to him, affects the view and, if put into use, would affect his health and that of his family. He argues that he requested information about its construction and permits (which he had in sight), without obtaining a response.

**II.- ON THE SPECIFIC CASE.** Regarding the installation of telecommunications towers, this Chamber, in ruling No. 2019-020958 of 9:30 a.m. on October 29, 2019, considered the following:

“III.- ON THE BINOMIAL HEALTH AND ENVIRONMENT AND THE INSTALLATION OF CELLULAR TELEPHONY TOWERS. In relation to telecommunications towers, this Court has already repeatedly stated that there is no evidence that they endanger people's health or the environment. For example, in ruling No. 2010-014449 of 8:54 a.m. on August 31, 2010, it was stated:

‘… regarding the potential impact that the installation and operation of such towers could have on the population's health, both the Instituto Costarricense de Electricidad and the Secretaria Técnica Nacional Ambiental agree in their reports – which are rendered under the solemnity of an oath, with due warning of the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction – that, according to the scientific studies that have been carried out, both internationally and nationally, there is no evidence that the operation of such towers poses a risk or threat to people's health and, on the contrary, it has been determined that their emissions are of such low power that they are innocuous to health…’.

Furthermore, in ruling No. 2003-003419 of 3:54 p.m. on April 29, 2003, this Court stated:

‘…In the present matter, the plaintiff does not challenge a specific administrative act, but rather the possible effects that the installation of the cellular tower at Cerro Plano de Monteverde may have on the population's health and the environment. However, it must be taken into consideration that the work performed is based on the exercise of the public service that corresponds to the defendant entity. Additionally, from the documentation in the case file, it was not reliably demonstrated that there are risks to the population's health or the environment deriving from exposure to these electromagnetic fields, since the Instituto Costarricense de Electricidad, in the report it renders under oath, has indicated that the base stations are of low power and comply with the technical specifications contained in Decreto Ejecutivo No. 29296-SALUD-MINAE of January 25, 2001, so the levels of exposure to radiofrequency radiation are generally very low. On this matter, the international scientific community agrees that the power generated by these mobile telephony base station antennas is too low to produce health risks. . . "'

A position that was reiterated in rulings No. 2004-007890 of 3:37 p.m. on July 20, 2004 and No. 2006-014550 of 10:35 a.m. on September 29, 2006. Therefore, this Court concludes, in light of the elements of conviction provided to the process and the scientific information existing to date, that, in general, the installation of cellular telephony towers does not imply a threat or undue risk to people's health or the environment. (See, in this sense, ruling No. 2011-002545 of 3:55 p.m. on March 1, 2011). Aside from the fact that in the present matter, the mayor of Tibás has reported that the tower objected to by the petitioners has all the permits from the Institutions involved, as well as the corresponding construction permit. (Ruling 2016007163 of 09:20 on May 27, 2016)

IV. ON CITIZEN PARTICIPATION IN THE APPROVAL OF PERMITS OR LICENSES FOR THE CONSTRUCTION OF TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE. This Chamber has ordered, among others, in ruling No. 2011-015763 of 9:46 a.m. on November 16, 2011, that the granting of a municipal construction license for a telecommunications tower or antenna, or the granting of a land-use certificate (certificado de uso de suelo) according to existing zoning, do not imply a modification or reform of the Plan Regulador or of the zoning established in the urban development regulations that form part of the former, since by virtue of the strategic and primordial nature of telecommunications for social and economic development, there is a declared national public interest, a situation that legitimizes municipal corporations to grant land-use certificates (certificados de uso de suelo) and, based on these and other requirements, construction licenses for telecommunications infrastructure, without needing to modify or reform the existing municipal Planes Reguladores and Regulations that form part of the former. Thus, it has been considered that the installation of telecommunication antenna towers does not require holding a prior public hearing in which the community's citizens participate. Furthermore, in the present matter, the defendant authority has stated that the property where the tower is located is commercial, as recorded in the Municipal Records, and has four premises, which is why they do not need neighbors' signatures to operate a commercial activity, since the land use is commercial. Moreover, the majority of this Court emphasizes that the latest jurisprudence of this Chamber has been that everything related to public hearings provided for in infra-constitutional regulations is a matter that must be heard in the contentious-administrative jurisdiction and not in the constitutional venue."

Furthermore, in ruling 2016005857 of fourteen hours thirty minutes on May 3, two thousand sixteen, it ordered the following:

"II.- ON CITIZEN PARTICIPATION IN ENVIRONMENTAL MATTERS.- In the present case, the petitioners allege - among other things - that the installation of a telephone tower in the residential area where they live was not subjected to consultation prior to its implementation. However, the Chamber has addressed the problem of citizen participation in the procedures for the installation of telecommunications towers in the following terms:

'[...] While it is true that this Chamber has recognized the existence of the right to citizen participation in environmental matters, this right must be understood, at least with regard to the jurisdiction of this venue, for those projects that, due to their special nature and great significance or impact, could sensibly affect a community. Being a constitutional principle, its adoption is also consistent in other legal regulations, even covering broader areas than those constitutionally tutelaged via amparo, which is in accordance with the legal system. However, the verification of these hearings or communications does not need to be verified by this jurisdiction in all cases, but only in those where they are indispensable due to their degree of impact, such as cases technically considered to have a high environmental impact, a situation which we are not facing in the present case, since it is a work classified as having 'low potential environmental impact'. The Secretaría Técnica Nacional Ambiental, by resolution number 02031-2009-SETENA of nine o'clock on August 26, two thousand nine, ordered that the installation of the telecommunications tower in this specific case generates negative environmental impacts of low significance and mitigable through easily implemented environmental measures, which has been verified in other cases submitted for the consideration of this Court:

'(...) the work performed is based on the exercise of the public service that corresponds to the defendant entity. Additionally, from the documentation in the case file, it was not reliably demonstrated that there are risks to the population's health or the environment deriving from exposure to these electromagnetic fields, since the Instituto Costarricense de Electricidad, in the report it renders under oath, has indicated that the base stations are of low power and comply with the technical specifications contained in Decreto Ejecutivo No. 29296-SALUD-MINAE of January 25, 2001, so the levels of exposure to radiofrequency radiation are generally very low. On this matter, the international scientific community agrees that the power generated by these mobile telephony base station antennas is too low to produce health risks. Likewise, the defendant institution carried out the environmental impact studies (estudios de impacto ambiental) in the area where said cellular tower would be built, reaffirming the safety of the project (report visible on folios 20-30). (...)' (ruling No. 2003-3419)

Notwithstanding the foregoing, by resolution number 0123-2010-SETENA of eight o'clock on January 20, two thousand ten, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, in any case, requested from the company a 'Community Communication Plan', demanding the following minimum content:

'(...) Objective (Must indicate what the project will consist of and what implications it has), Target group (communities, the Direct Influence Area, AID (Área de Influencia Directa), must be indicated and justified), Strategy or dissemination mechanism to be used in the communities located in the Direct Influence Area (AID) (include impacts) in order to inform about the project to be developed, which includes at least the following aspects: dissemination period, message to be transmitted (a description of the project must be provided explaining the impacts it will generate), schedule of activities to be carried out in the communication plan, format for responding to communities regarding concerns related to project dissemination, highlight a schedule of the activities to be carried out in the communication plan, costs of dissemination (...)', which was provided by the company. Subsequently, and within the supervisory framework, by resolution number 2898-2010-SETENA of nine hours ten minutes on November 30, two thousand ten, SETENA requested that the company Costa Pacífico Operaciones Ltda. present a report on the progress and application of the 'Community Communication Plan', for which reason the defendant company presented on February 21, two thousand eleven, the 'Report on the Results of the Dissemination Plan' before the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, on which SETENA has even requested the correction of some inaccuracies at the nomenclature level of the responsible company. Therefore, this Court does not consider that any fundamental right of the petitioner has been violated, because as stated, the verification of compliance with the legal requirements for communication to the community of a project of this nature does not fall to be resolved in this jurisdiction and, in any case, as has been accredited, the defendant authority has followed up on the legal right claimed by the petitioner, who, if she considers in any case that it does not conform to legal parameters, must resort, if she sees fit, to the corresponding contentious-administrative venue. Thus, it is appropriate to declare the petition without merit.' (Ruling No. 2011-005516 of twelve hours and thirty-one minutes on April 29, two thousand eleven, see in the same sense resolution No. 2012-007661 of nine hours five minutes on June 8, two thousand twelve; the highlighting and underlining are not from the original)."

To which can be added what was said in resolution No. 2013-003121 of nine hours twenty minutes on March 8, two thousand thirteen:

'[...] After analyzing the evidentiary elements provided, this Court rules out harm to the petitioner's fundamental rights. Indeed, from the study of the case file and the report provided under the solemnity of an oath by the defendant authority, the Chamber considers it accredited that the Municipalidad de Moravia did not modify the Plan Regulador to grant the land use for the installation of the telecommunications tower at the site indicated by the petitioner. As the defendants allude, the provision of telecommunications services throughout the country has been declared by this very Chamber as a fundamental right. Under this context, it corresponds to the Local Governments to grant the permits for the establishment of urban furniture required for the provision of that service. It is for this reason that local governments, far from being inhibited from granting said permits, are compelled to grant them, clearly, in a valid and legal manner, through the granting of use certificates and construction permits, after verifying compliance with requirements. And it is for this very reason that the fact that a construction permit is granted for a telecommunications tower is not harmful to the petitioner's fundamental rights, regardless of the location where it is intended to be installed, as long as it is not within a legally restricted zone, such as protection areas (áreas de protección), since, as reported under oath, telecommunications do not adhere to urban zoning criteria, provided that current legislation is complied with.'

III.- ON INFRASTRUCTURE IN TELECOMMUNICATIONS AND THE RIGHT TO HEALTH.- The petitioners also accuse that the questioned telecommunications tower violates their right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. However, the issue of installing telecommunications and cellular telephony towers, being of public interest, has already been extensively addressed by this Chamber. Thus, in pronouncement No. 2013-006649 of ten hours twenty minutes on May 17, two thousand thirteen, the Chamber ordered the following:

'ON THE INSTALLATION OF CELLULAR TELEPHONY TOWERS. In the case of the installation of cellular signal transmission towers, the Constitutional Chamber has determined that it is a matter of public interest that exceeds the local or cantonal sphere and concerns the national orbit, even projecting into the field of Public International Law. Thus, this Court, in ruling number 015763-2011 of nine hours forty-six minutes on November 16, two thousand eleven, stated the following:

V.- IMPORTANCE, PUBLIC INTEREST AND NATIONAL VOCATION OF TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE IN THE CONSTITUTIONAL AND INFRACONSTITUTIONAL ORDER. Based on a systematic analysis of the current constitutional and infraconstitutional legal order, it is feasible to conclude that infrastructure, in the matter of telecommunications, has a relevance that exceeds the local or cantonal sphere, assuming a clear public interest and, of course, establishing itself as a question that concerns the national orbit with, even, projections in the terrain of Public International Law, as its development implies compliance with a series of international obligations previously assumed by the Costa Rican State. First, as this Constitutional Court has indicated, the issue of telecommunications has great constitutional relevance, so much so that in Article 121, subsection 14), sub-subsection c), of the Constitution, it is indicated that 'wireless services' or the electromagnetic spectrum form part of the constitutional public domain and concretely is a good belonging to the Nation, given that it cannot be disaffected or leave the domain of the State. The General Telecommunications Law No. 8642 of June 4, 2008 - hereinafter LGT -, when enunciating the guiding principles in this sector, indicates in its Article 3, subsection i), that there must be an 'optimization of scarce resources', highlighting that the use of telecommunications infrastructures must be '(...) objective, timely, transparent, non-discriminatory and efficient, with the dual objective of ensuring effective competition, as well as the expansion and improvement of networks and services'. Precisely, the optimization, weighted use, expansion, and improvement of infrastructure and networks in telecommunications obey the manifest purposes of that regulatory body, such as ensuring the application of the principles of universal access, efficiency, equality, continuity, quality, greater and better coverage, and solidarity in telecommunications (Article 2 LGT). On another note, Article 32, subsection d), LGT establishes with meridian clarity that the objective of universal access and service and of solidarity is achieved, among other means, through the 'development of infrastructure', given that only with a robust and fully developed infrastructure can the digital divide be reduced, the benefits of the Information and Knowledge Society, connectivity and the availability of access devices and broadband services can be enjoyed. For its part, the Law of the Regulatory Authority of Public Services, No. 7593 of August 9, 1993, in its Article 74, modified by the Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities in the Telecommunications Sector No. 8660 of August 8, 2008, made a declaration of public interest for infrastructure and networks in telecommunications, prescribing the following: 'The establishment, installation, expansion, renovation, and operation of public telecommunications networks or any of their elements shall be considered an activity of public interest'. Such a declaration has great repercussions, since it is recognized, by law, that the subject of infrastructure in this matter is of clear and unequivocal public or general interest that transcends the local or regional sphere within the country, to project itself in the national and international sphere, by allowing the Costa Rican State to fulfill, in good faith, a series of obligations and commitments assumed in the context of Public International Law. It should be noted that public interest is defined by Article 113, paragraph 1, of the General Law of Public Administration of 1978 'as the expression of the coinciding individual interests of the administered', while paragraph 2 of the cited numeral of the LGAP of 1978 clearly provides that 'Public interest shall prevail over the interest of the Public Administration when they may be in conflict'. One consequence of the foregoing is that the interests of any Costa Rican decentralized public entity, such as municipalities, cannot be placed before the clear public interest of telecommunications infrastructure as thus declared, expressly, by the national legislator through a law that expresses the general will (Articles 105 and 121, subsection 1, of the Constitution), which must prevail over locally-based interests, because municipal autonomy does not allow local corporations to exempt themselves from what has been declared as an interest of a national character, otherwise territorial autonomy is perverted, transforming municipalities into micro-states, abstracted from the intersubjective direction or tutelage that the State may exercise, through constitutional bodies, by issuing valid and effective laws, the conclusion of international conventions and treaties by the Executive Branch and approved by the Legislative Assembly (Articles 7, 121, subsection 4, and 140, subsection 10, of the Political Constitution). The declaration of public interest made by Article 74 of the ARESEP Law has, in turn, sufficient and legitimate constitutional support in numeral 45, paragraph 1, of the Political Constitution, by establishing the principle of the relative intangibility of property, by admitting the figure of expropriation 'for a legally proven public interest'. A second consequence extracted from the declaration of public interest is that the subject of construction, expansion, or development and improvement of infrastructure in telecommunications has a clear and unequivocal national vocation. Thus, it is the State and its bodies that assume stewardship and direction in the matter, to which all lesser public entities must submit in order to achieve objectives such as universal access and services, the reduction of the digital divide for reasons of solidarity, the interconnection and connectivity necessary to allow all Costa Ricans, regardless of the locality, district, canton, or region where they live, to enjoy the benefits and advantages of the Information and Knowledge Society.'”

The national legislature, far from ‘localizing’ the subject of telecommunications infrastructure, nationalized it expressly and unequivocally. Reflecting this are the creation of the ‘Telecommunications Sector’ provided for by Article 38 of the aforementioned Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities of the Telecommunications Sector, by providing as follows: The Telecommunications Sector is hereby created, within the framework of the State’s sectorization. It will be constituted by the Public Administration, both centralized and decentralized, as well as by public enterprises that carry out functions or activities related to telecommunications. Under this rule, the telecommunications sector has a transversal and, therefore, national character, since it includes the entire universe of public entities, including territorially decentralized ones like municipalities. Thus, local councils cannot withdraw from such a sector. The national character of telecommunications, in general, and particularly of its infrastructure, becomes more evident when considering Article 39 of the cited Law, in that it establishes that the sector’s rector will be the Minister of Environment, Energy and Telecommunications, to whom corresponds, in exercising a general function of intersubjective direction or administrative oversight (tutela administrativa), among others, the following: a) Formulate policies for the use and development of telecommunications; b) Coordinate («) the preparation of the National Telecommunications Development Plan (Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones) («); c) Ensure that the Sector’s policies are executed by the public and private entities participating in the Telecommunications Sector; e) Issue the National Telecommunications Plan (Plan nacional de telecomunicaciones), as well as the corresponding executive decrees; h) Coordinate the telecommunications development policies with other public policies aimed at promoting the information society; i) Ensure compliance with applicable national environmental regulations and the sustainable development of telecommunications in harmony with nature. Finally, the evidently national character of telecommunications and its various components is made clear when Article 40 of the aforementioned Law regulates the ‘National Telecommunications Development Plan’, which is defined in paragraph 1 of that numeral as («) the planning and general guidance instrument of the Sector and defines its goals, objectives, and priorities. The legislature opted, therefore, to plan the subject of telecommunications at a national level and not merely at a local or regional level. Furthermore, the national nature of telecommunications is reinforced by the creation of the Telecommunications Superintendency (Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL), which is assigned a series of competences of unequivocal national character. Thus, according to Articles 59 and 60 of the Law Creating ARESEP, its role is to («) regulate, apply, monitor, and control the legal framework of telecommunications («) for all of which it shall act in accordance with the Sector’s policies, what is established in the National Telecommunications Development Plan, the General Telecommunications Law, the provisions established in this Law, and other applicable legal and regulatory provisions’. The National Telecommunications Development Plan 2009-2014, for its part, establishes that ‘To advance in the utilization of the benefits of the Information and Knowledge Society, the country must make a significant investment effort in the development of telecommunications infrastructure in a way that allows for more and better telecommunications services for all sectors of the population. In this sense, infrastructure development in this sector constitutes a necessary and indispensable condition to which special priority must be given in any national ICT project («)’ and later specifies that to achieve the development of the national telecommunications infrastructure, it must address the following guidelines: a.1 Take the necessary measures to guarantee that the country has a modern telecommunications infrastructure, and at the same time ensure the provision of quality services and the generation of value-added applications, allowing convergence, interoperability between systems, the incorporation of advanced technologies, and communications security, and a.6 Guarantee the development of infrastructure that allows bringing telecommunications services to all the inhabitants of the country, fulfilling the objectives and goals of universal access, universal service, and solidarity («). It is, then, a plan that, by express provision of law, binds or obligates, among others, municipal entities and which urges them to have robust, modern, optimal, adequate, and developed telecommunications infrastructure to enjoy the benefits of the Information and Knowledge Society. The achievement of this meta or objective will necessarily be frustrated if each territorial corporation, in a matter of a clearly national vocation, intends to establish its own orientation and requirements, above national legislation and the instruments of Public International Law that bind all the entities that constitute the State in a broad sense... ” (The highlighting and underlining are not from the original).

To which must be added that, at present, there is simply insufficient evidence to estimate that cellular telephone towers represent a danger to public health. Thus, in judgment Nº 2010-014449 of eight hours and fifty-four minutes on August thirty-first, two thousand ten, it was stated:

“[…] regarding the potential impact that the installation and commissioning of such towers could have on the population’s health, both the Instituto Costarricense de Electricidad and the Secretaria Técnica Nacional Ambiental agree in their reports –which are rendered under the solemnity of oath, with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction– that, according to the scientific studies that have been carried out, both internationally and nationally, there is no evidence that the operation of such towers poses a risk or threat to people’s health and, on the contrary, it has been determined that their emissions are of such low power that they are harmless to health. This Chamber has already had the opportunity to rule on various occasions regarding this subject, and in the specific case of judgment number 2003-03419 of 15:54 hours on April 29, 2003, this Court indicated:

‘(…) In the present matter, the petitioner is not challenging a specific administrative act, but the possible effects that the installation of the cellular tower at Cerro Plano de Monteverde may have on the population’s health and the environment. However, it must be taken into consideration that the work carried out is based on the exercise of the public service that corresponds to the respondent entity. Additionally, from the documentation contained in the record, it was not reliably demonstrated that there exist risks to the population’s health or the environment deriving from exposure to those electromagnetic fields, since the Instituto Costarricense de Electricidad, in the report rendered under oath, has indicated that the base stations are of low power and comply with the technical specifications contained in Decreto Ejecutivo No. 29296-SALUD-MINAE of January 25, 2001, so that the levels of exposure to radiofrequency radiation are generally very low. On this matter, the international scientific community agrees that the power generated by these mobile telephony base station antennas is too low to produce health risks...’

A position reiterated in judgments number 2004-07890 of 15:37 hours on July 20, 2004, and 2006-14550 of 10:35 hours on September 29, 2006. Therefore, this Court concludes, in light of the elements of conviction provided to the process and the scientific information existing to date, that, in general, the installation of cellular telephone towers does not imply an undue threat or risk to people’s health or to the environment”.

IV.- ON THE GRANTING OF PERMITS FOR THE WORK. Finally, seeing that the petitioners assert that there is no evidence that the objected project has the legal permits, it must be noted that this Chamber is not a controller of the legality of the Administration’s actions or resolutions, so it is not called upon to review whether a telecommunications tower meets or does not meet the requirements established in the current legal regulations, as this is a task proper to the ordinary, administrative, or jurisdictional route. Thus, in ruling on an analogous case, in judgment N° 2012-006792 of fifteen hours five minutes on May twenty-second, two thousand twelve, this Court ordered the following:

“As for what was alleged by the petitioners in relation to the supposed disrespect by the respondent authority regarding the distance that should exist between one cellular telephone tower and another, since both structures are located less than 250 meters apart. It should be noted that this Chamber cannot proceed to determine whether the Municipality of Alajuela has complied or not with what is established in the area’s Plan Regulador when granting construction permits to the company Claro to erect a cellular telephone tower, since this constitutes a legality matter that must be raised before the respondent municipal corporation itself through the appeals that the law provides for that purpose. The appeal is therefore inadmissible in this sense”.

For this reason, the petitioners must raise their disagreement or claim before the respondent authorities or in the competent jurisdictional venue, venues in which they may, broadly, discuss the merits of the matter and assert their claims. Consequently, the appeal is unfounded and is so declared.

III.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE RUEDA LEAL. In the sub lite, with the customary respect, I differ from the majority’s opinion and believe that the correct course is to continue the processing of the appeal. In this regard, it should be noted that in this case, it is claimed that, through agreement No. 037 taken in the ordinary session held by the Municipal Council of San José on January 19, 2021, a permit was approved for a private company to install a telecommunications pole in San Francisco de Dos Ríos. Furthermore, it is alleged that in determining the location of that tower, it was not taken into consideration that there are homes next to it and that another pole of that type is located 100 meters away. Consequently, the rights to property and to a healthy and ecologically balanced environment are considered violated. By virtue of the foregoing, I believe that in the sub iudice, more elements of knowledge are required to accredit or rule out the violation of the fundamental rights claimed. Therefore, I cast a dissenting vote and order the processing of the appeal to continue. ”.

The cited considerations are applicable to the sub lite, since this Court finds no reasons to vary the criterion expressed in that judgment, nor motives to assess the situation presented differently. That being the case, if the petitioner is in disagreement with the aforementioned installation, this constitutes a matter that should not be clarified before this jurisdiction. Even determining whether the grounds supporting the granting of the permit are appropriate or not is a subject that must be discussed in the administrative or ordinary legality route by reason of its competence. The appropriate course is to appear, if they see fit and following the formalities established for this purpose, before the competent authorities, in order to request the intervention and assessment of the specific case.

On the other hand, even though the petitioner alleges a lack of response to a request for information filed before SUTEL and FONATEL, the fact is that this occurred on January 31, 2022 (the day the tower was installed), so, as of the date the amparo was filed, it is premature to analyze any lack of response. In light of the foregoing, the amparo is unfounded and must be declared as such.

III.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE RUEDA LEAL. In the sub lite, the petitioner claims the installation of a telecommunications tower in front of their home. They allege that this potentially puts their family’s health at risk, in addition to affecting the view from their property. Furthermore, they assert not having had information about that installation at the moment it was happening or previously. In view of this scenario, I believe that in the sub examine, more elements of knowledge are required to accredit or rule out the violation of the rights to the environment and to property. Therefore, I cast a dissenting vote and process this amparo.

IV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, according to the provisions of the “Electronic File Regulations before the Judiciary (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial)”, approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial), in session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The appeal is rejected on the merits. Magistrate Rueda Leal issues a dissenting vote and processes the amparo.

Fernando Castillo V.
Presidente

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ana María Picado B.

Jorge Isaac Solano A.

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