Res. 03950-2022 Sala Constitucional — Interinstitutional Coordination to Solve María Aguilar River OverflowCoordinación interinstitucional para solucionar desbordamiento del río María Aguilar

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Sala Constitucional

Resolución Nº 03950 - 2022

Fecha de la Resolución: 18 de Febrero del 2022 a las 09:30

Expediente: 21-021282-0007-CO

Redactado por: Paul Rueda Leal

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con Voto Salvado

Sentencia con nota separada

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencias Relacionadas


Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

03950-22. MUNICIPALIDAD. SE ORDENA AL ALCALDE, DIRECTOR DE GESTIÓN VIAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO, TODOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, Y AL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, QUE, EN APLICACIÓN DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GIREN LAS ÓRDENES NECESARIAS, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, PARA QUE AMBAS INSTANCIAS ELABOREN EN CONJUNTO UN PLAN DE ACCIÓN QUE SOLUCIONE EL PROBLEMA DE DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN DEL RÍO MARÍA AGUILAR EN LA ZONA OBJETO DE ESTE PROCESO. SE OTORGA A LOS RECURRIDOS EL PLAZO DE SEIS MESES.

“(…) Si bien la Sala reconoce estos esfuerzos, no menos cierto es que el problema de desbordamiento e inundación en la zona persiste. Ya en 2018, la Sala tuvo noticia de la situación, según se analizó en la citada sentencia n.° 2018-17706. A pesar del transcurso de los años no se encuentra en el expediente una línea clara que permita prever que se resolverá el problema en un plazo razonable. El principal proyecto es el nuevo puente por la ruta a Cipreses, antes mencionado; no obstante, no se han definido mayores labores a emprender río abajo, en el puente de la ruta nacional 2 y la zona del condominio de la amparada. Es claro que la Sala no puede efectuar valoraciones técnicas y decantarse por un proyecto o solución específica, no solo porque tales aspectos escapan de su competencia, sino porque existe discrepancia entre las partes o los informes técnicos. Así, por ejemplo, en ocasiones se recomienda dragar el río; en otras se indica que sería contraproducente y poco efectivo. La Sala también hace hincapié en la responsabilidad de la municipalidad, pues sus obligaciones se extienden más allá de la afectación vial y abarcar asimismo el ordenamiento territorial, de manera que el crecimiento urbano se dé en el marco de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Tal obligación comprende la planificación, el otorgamiento de permisos, la fiscalización de obras, la vigilancia y conservación de zonas protegidas locales (ríos y sus márgenes) y la coordinación con otras municipalidad y entidades estatales (considerando V). En criterio de la Sala, el problema acusado por la recurrente se circunscribe en ese deber de coordinar y velar por los intereses locales y nacionales. Se extrae de los hechos probados, en especial lo que se detallaron en el considerando anterior, que ha habido cierta coordinación con el MOPT para abordar el problema. Sin embargo, no se observa que se concretara un plan de acción y, mucho menos, que él fuera implementado. Ante este panorama corresponde a la Sala brindar certeza a los tutelados con respecto al restablecimiento de sus derechos, girando para ello la orden atinente. La Sala reconoce que la magnitud del problema imposibilita que la solución sea inmediata; de ahí la amplitud del plazo otorgado, lo que se hace con reserva expresa de las potestades de esta Sala para velar por la ejecución de lo ordenado (artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). En virtud de lo anterior, se declara con lugar este extremo en los términos expuestos en la parte dispositiva de esta sentencia. (…)” VCG03/2022

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Sentencias Relacionadas
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

XI.- Nota del Magistrado Salazar Alvarado. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que está de por medio la tutela de la vida, salud pública e integridad física de los recurrentes, de los habitantes del Condominio Mallorca en Curridabat, debido a las inundaciones que sufren sus viviendas por desbordamiento del río María Aguilar, lo que provoca que la corriente de agua arrastre basura de todo tipo, aguas negras, con daño evidente también a la propiedad.

VCG03/2022

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto salvado

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

XII.- Voto salvado parcial respecto a la parte dispositiva de esta sentencia de la Magistrada Garro Vargas. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero parcialmente sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, específicamente en cuanto a las acciones que se estipulen para solucionar el problema de desbordamiento e inundación del río María Aguilar en la zona objeto de este proceso, lo anterior debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.

VCG03/2022

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Texto de la resolución

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Exp: 21-021282-0007-CO

Res. Nº 2022003950

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del dieciocho de febrero de dos mil veintidos .

 Recurso de amparo que se tramita en el expediente n.° 21-021282-0007-CO, interpuesto por ALEJANDRA ROJAS SALAZAR, cédula de identidad 0109520926, a favor del CONDOMINIO MALLORCA, contra la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y EL MINISTERIO DE SALUD.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Sala el 22 de octubre de 2021, la accionante interpone un recurso de amparo. Manifiesta que administradora y representante legal del Condominio Mallorca ubicado en Curridabat, 100 metros al sur del Almacén Pequeño Mundo. Indica que el 23 de setiembre de 2021, el río María Aguilar colapsó debido a la falta de mantenimiento preventivo y obras de mitigación en el cauce del río, así como en los puentes ubicados a la altura del BAC San José en Cipreses y en el puente sobre la Ruta Nacional 02, Interamericana. Menciona que entre tales puentes existe muy poca distancia. Señala que los problemas en la zona tienen larga data y son de conocimiento público, dada las constantes ocasiones en las que el río se ha desbordado en dicha zona. Añade que en la zona hay gran cantidad de sedimentación acumulada bajo el lecho del río, entre estos, ramas, sedimento, piedras, latas de zinc, piezas de mármol, entre otros, por lo que la capacidad hidráulica del río no puede manejar la corriente y los desechos existentes en el río y sus márgenes. Menciona que la Municipalidad de Curridabat ha manifestado que la situación en el lugar se debe a una entropía por el desorden de la acción del hombre; no obstante, los problemas en el sector obedecen a la inacción preventiva por parte de las autoridades recurridas en brindar el mantenimiento adecuado y limpieza al río María Aguilar. Acota que desde el año 2003, se vienen presentando problemas por el desbordamiento del río en la zona de Cipreses, propiamente en los puentes antes referidos. Relata que los recurridos han dispuesto la realización de estudios técnicos por medio de la compra directa de licitaciones abreviadas, para tomar las decisiones correspondientes y mejorar el cauce del río María Aguilar. Manifiesta que por sentencia No. 2018-017706 de las 09:20 horas de 26 de octubre de 2018, la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo formulado por los problemas expuestos en el sector de Curridabat, en la cual se ordenó a la Municipalidad de Curridabat acatar las recomendaciones brindadas por la Comisión Nacional de Emergencias para solucionar el problema del desbordamiento del río María Aguilar y sus consecuencias, para lo cual se otorgó un plazo de seis meses para dar una solución definitiva los hechos denunciados. Explica que el 27 de setiembre de 2019, se recibió un informe por parte de la Contraloría General de la República, mediante el cual se ordenó a la Municipalidad de Curridabat implementar un procedimiento continuo para inspeccionar, detectar y supervisar los sitios en el cantón de Curridabat donde se viertes aguas residuales al alcantarillado pluvial, así como tomar las acciones para corregir los problemas en la zona, entre otros. Agrega que por oficios Nos. DL-OF-198-2012 de 25 de junio de 2021 y CNE-UI-AR-INF- 0487-2019 de 19 de junio de 2019, mediante los cuales la Comisión Nacional de Emergencias emitió estudios en los que se estableció: “(…) a. Evaluar el riesgo del terreno ubicado en los alrededores del Río María Aguilar, sobre el puente (ruta 02), mediante inspección de caso y análisis de antecedentes-base de datos (amenazas naturales). b. Comparación de condiciones del sitio según base de datos de inspecciones realizadas en sitio con el fin de emitir criterio técnico y recomendaciones, para darle continuidad al caso solicitado (…)”. Expone que a pesar lo señalado por la Comisión Nacional de Emergencias sobre las inundaciones en la zona de Cipreses de Curridabat, no se han tomado las medidas necesarias para solucionar el problema. Manifiesta que por el estancamiento de aguas en los bandos de sedimentación bajo los puentes de Cipreses y sobre la Ruta Nacional 02, así como las malas condiciones en las que se encuentra el alcantarillado y la cantidad de basura de todo tipo, incluso, de aguas negras, se expone a un alto riesgo la salud pública de las personas que residen y laboran en sus alrededores, así como se evidencia un daño al medio ambiente. Refiere que el 30 de enero de 2021, se presentó ante el alcalde de Curridabat una gestión mediante la cual se solicitó realizar las acciones pertinentes para solucionar de forma urgente los problemas en la zona, se procediera a la limpieza del cauce del río María Aguilar que afecta la salud pública y el ecosistema. Sostiene que a pesar de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República, la Comisión Nacional de Emergencias y otros, las autoridades de la municipalidad recurridas solo han realizado labores de limpieza superficial en el área. Sin embargo, no se han previsto las acciones pertinentes para prevenir que ocurran tales problemas, a través de limpiezas profundas para permitir el flujo correcto de las aguas en el cauce del río María Aguilar. Finalmente, señala que el 22 de octubre de 2019 la representación del condominio amparado presentó ante el Área Rectora de Salud de Curridabat copia de los estudios realizados en la zona, pero luego de transcurridos más de 2 años, no se ha obtenido respuesta alguna. Considera que los hechos expuestos violentan sus derechos fundamentales.

2.- Por resolución de las 6:52 horas del 29 de octubre de 2021 se dio curso al amparo.

3.- Informan bajo juramento Jimmy Cruz Jiménez, Randall Rodríguez Araya y Óscar Mora Altamirano, por su orden alcalde, director de gestión vial y presidente del Concejo, todos de la Municipalidad de Curridabat, en los siguientes términos: “A. EN CUANTO A LA ATENCIÓN DEL CAUCE DEL RÍO MARÍA AGUILAR No es cierto tal y como lo indica la recurrente que la Municipalidad de Curridabat, no sólo no haya atendido las recomendaciones de los oficios de la Comisión Nacional de Emergencias así como los de la Contraloría General de la República, sino que se dedique a realizar obras correctivas una vez pasadas las inundaciones, pues con relación a la situación presentada con el Río María Aguilar, es importante poner en conocimiento de esta Sala, que desde la gestión conjunta de Departamentos tales como Protección del Medio Ambiente, Gestión Vial y Gestión Integral del Riesgo, sí se realizan acciones de mitigación de los efectos que se producen en época lluviosa. Tal es el caso del Departamento de Protección del Medio Ambiente que realiza en forma recurrente inspecciones e intervenciones manuales dentro los cursos naturales del cantón. Los afluentes del río María Aguilar y su cauce principal son objeto de estas inspecciones e intervenciones con la finalidad de remover aquellos troncos, ramas o residuos de otra índole que puedan ser atendidos en forma manual. La regularidad de dichas inspecciones e intervenciones, corresponden a obras de prevención y mitigación del riesgo, que se han llevado a cabo a lo largo de todo el año 2021 tal y como se señalará más adelante y con objetivos tales como: \/ Realizar limpieza y revisión del sistema de alcantarillado pluvial para liberar de residuos los tragantes, evitar los desbordamientos e inundaciones, favoreciendo el discurrir del agua y la salud de los ríos. / Detectar, comunicar y gestionar según corresponda afectaciones al ambiente, como conexiones irregulares al sistema pluvial y focos de contaminación. ~/ Atender la gestión de arboricultura para una adecuada convivencia en la ciudad que incluye podas, corta de árboles podridos, enfermos o que demuestren algún peligro, así como su sustitución. / Procurar el libre tránsito del curso del agua por medio de trabajos que conllevan al retiro de residuos sólidos en forma manual, la intervención de árboles caídos y ramas y comunicar situaciones de riesgo o que por su naturaleza excedan la capacidad manual de trabajo. Gestionar la protección del río detectando y gestionando las irregularidades observadas. «/ Cumplir con las disposiciones de la Contraloría General de la República en cuanto a la detección, atención y supervisión de problemas relacionados con aguas residuales en los sistemas pluviales. El informe semanal que sobre dichas intervenciones e inspecciones emite el Departamento de Protección del Medio Ambiente, pueden ser constatados en los oficios de reporte de labores que se adjunta como prueba documental, sean: MCPMA- 0074-02-2021, MC-PMA-0090-02-2021, MC-PMA-0131-03-2021, MC-PMA- 0140-03-2021, MC-PMA-0160-03-2021, MC-PMA-0205-04-2021, MC-PMA-0219- 04-2021, MC-PMA-0234-05-2021, MC-PMA-0267-05-2021, MC-PMA-0285-05- 2021, MC-PMA-0298-05-2021, MC-PMA-0327-06-2021, MC-PMA-0348-06-2021, MC-PMA-0434-07-2021, MC-PMA-0453-08-2021, MC-PMA-0513-08-2021, MCPMA- 0537-09-2021, MC-PMA-0552-09-2021, MC-PMA-0565-09-2021, MC-PMA-0598-10-2021, MC-PMA-0620-10-2021, MC-PMA-0636-10-2021 y que a diferencia de las manifestaciones de la recurrente, evidencian que el Río María ha recibido la atención requerida en al menos 22 ocasiones en lo que va del año. Es importante mencionar que el alcance de este servicio corresponde a retiros de obstrucción manual que se encuentran dentro del cauce que es de dominio público, no se incluye intervenciones dentro de propiedad privada, ni en Áreas de Protección privada, ni tampoco las que se encuentran fuera el territorio de Curridabat. B. EN CUANTO A LAS ACCIONES DE MONITORIO DEL CAUCE DEL RÍO MARÍA AGUILAR Como se puede observar en la imagen adjunta, la Municipalidad ha invertido en proyectos que puedan proveer de información científico - técnica para robustecer los análisis y accionar a través de cuencas hidrográficas, uno de esos proyectos es la Red de Estaciones Meteorológicas, proyecto que ya se encuentra en su última fase de instalación este año. Ya se cuentan con 4 estaciones meteorológicas y 2 estaciones hidrométricas, estas últimas miden los niveles de caudal. Se han estado estudiando las variables en los últimos eventos de lluvias intensas y se tienen estimaciones de umbrales que cuando son sobrepasados significa que se tendrá el desbordamiento del río en el sector afectado. Lo anterior permite que junto con las acciones de limpieza que se realizan a lo largo del río, se den monitoreos de lluvia y niveles del cauce del Rio Maria Aguilar por medio de esta red de estaciones meteorológicas de la Municipalidad de Curridabat ubicadas en varios puntos de la cuenca del Rio María Aguilar y del Cantón, con la finalidad de mantener libre de basuras y escombros la citada cuenca. Así mismo, estas acciones han permitido tener un procedimiento de alerta temprana cuando se generan fuertes lluvias en la parte alta de la cuenca que podrían ocasionar posibles desbordamientos del rio en la parte baja, brindando la opción de poder alertar a las comunidades con varios minutos de antelación de algún evento, ya que muchas veces las fuertes lluvias se producen en la parte alta de cuenca que se encuentra fuera de los límites de Curridabat.” Señalan que este año se adoptó la práctica de contactar a dos representantes de condominio Mallorca -una de ellas la recurrente- con el fin de brindarles una alerta cuando se sobrepasa el umbral. Esto permite que las personas en un rango de 20-30 minutos puedan prepararse para un posible evento. En cuanto a la cercanía de los puentes, reconocen que el puente de la ruta cantonal se encuentra a 25 m de distancia, aguas arriba del puente sobre la ruta nacional 02, el cual corresponde a la administración MOPT-CONAVI, a las cuales se ha enviado solicitudes de intervención y mantenimiento, tanto del puente como del cauce, en diferentes ocasiones. En cuanto al nuevo puente de acceso a cipreses, afirman que la municipalidad ha realizado diferentes estudios hidrológicos, de taludes, de capacidad de soporte del terreno en los alrededores del puente sobre la ruta cantonal, así como estudios topográficos, que han servido de insumos para el diseño actual del nuevo puente de acceso a Cipreses, el cual se gestionó por medio del oficio MC-GR-0060-07-2019 y correspondió al proceso de contratación 2019LA-000022-01 con la orden de compra n.° 44191. Ese proyecto se encuentra aprobado por el CFIA y posee la aprobación del MINAE y SETENA. Asimismo, su presupuesto está incorporado en el POA-2022. Apuntan que se dispone de un proyecto diseñado para reconstruir el puente actual que se encuentra sobre ruta cantonal hacia el sector de Cipreses, donde se suelen generar obstrucciones en el cauce, lo cual propicia que se den desbordamientos del cauce, lodos y materiales como troncos, residuos mal dispuestos. El diseño propuesto consiste en una estructura de dos carriles y aceras laterales, cuya longitud pasa de 8 a 22 metros y supera la cota de rasante de actual en 2.5m aproximadamente. La obra incluye una intervención en cauce, lo cual ampliará la capacidad hidráulica y del cauce al menos 100m aguas arriba y 75 m aguas abajo (incluye rellenos de aproximación y estructuras de retención complementarias). En cuanto a la Contraloría General de la República y la CNE, remite al informe n.° DFOE-DL-IF-00012-2019 de la CGR con respecto a la gestión del servicio de alcantarillado pluvial en la Municipalidad de Curridabat. Indican: “Se definió un cronograma de actividades para cumplir con lo solicitado, acciones que se han venido cumpliendo a cabalidad y a satisfacción de la CGR, que incluyen definición de procedimientos de atención de solitudes ciudadanas sobre el sistema de alcantarillado pluvial, definición de procedimientos en conjunto con el Ministerio de Salud, cuando se detecta presencia de aguas negras en el sistema pluvial, así como un inventario de la red de alcantarillado pluvial que se encuentra en proceso de ejecución, como prueba de lo anterior se adjuntan los siguientes oficios: DFOE-SEM-0936 Y DFOE-SD-0456, donde se dan por recibidas y concluidas varias de las disposiciones solicitadas por la CGR según los cronogramas establecidos, y donde además se indica, contrario a lo que menciona la recurrente, que la Municipalidad de Curridabat cumplió de manera satisfactoria la disposición 4.4 y en que se da por concluida la fase de seguimiento. F. EN CUANTO A LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN CON MOPTCONAVI-CNE Se han tenido acercamientos con el MOPT, siendo que tres de los elementos expuestos a inundaciones de este sector pertenecen a rutas nacionales o de travesía, a saber: 1. Puente sobre el Río María Aguilar en Ruta Nacional 02. 2. Puente sobre el Río María Aguilar en Ruta de Travesía 11804 a la altura de Hortifruti (acorde a inspecciones recientes se evidencian daños en las barandas del puente). 3. Puente sobre el Río María Aguilar en Ruta de Nacional 221, diagonal al Condominio Mallorca. Para tales efectos, se envió el oficio MC-DGV-289-05-2021 en el cual se solicita colaboración de la Dirección de Obras Fluviales (DOF) para una intervención urgente en el puente sobre Ruta Nacional 02, ante esto, personeros de la DOF contestaron, coordinando una inspección en el sitio el día 10 de junio, se les expuso la situación y se les solicitó colaboración para una intervención; ante esto, el día 18 de junio respondieron mediante oficio DVOP-DOF-2021-0627 lo siguiente: (lo transcribe) Siendo que en el oficio en cuestión no son claros respecto a su accionar para la atención de este proceso, se les envía nuevamente un oficio MC-ALC-0614-08-2021 de fecha 11 de agosto de 2021 dirigido al Ministro del MOPT y del cual no se ha obtenido respuesta alguna aún. No obstante, el 26 de octubre de 2021 se envió MC-ALC-0869-10-2021 dirigido al Ministro con copia al Director de Obras Fluviales y al Jefe de Investigación y Análisis del Riesgo de la CNE, donde se les pone al tanto respecto del proyecto de obra que realizaría esta Corporación Municipal el año siguiente y se les solicita trabajar de una manera coordinada, con el fin de abordar esta problemática acorde a la dinámica espacial de las cuencas hidrográficas con el fin de no hacer un traslado de problemas de inundación aguas abajo, aún no se ha obtenido respuesta por parte del Ministro, mientras que el Director de Obras Fluviales en el Oficio DVOP-DOF-2021-1257 anota lo siguiente: (lo transcribe) Respecto de la CNE, durante el mes de mayo 2021 se acudió a ella con el fin de valorar la posibilidad de un dragado, ante esto funcionarios de la CNE descartaron la utilización de mecanismos a través de ellos para esta labor, aduciendo que muchas Municipalidades han tergiversado los motivos para aplicar estos instrumentos y buscan acudir a ellos con el fin de no tramitar lo correspondiente con la SETENA y la Dirección de Aguas del MINAE, siendo que un dragado es una  intervención en cauce y por lo tanto requiere de esa permisología. Luego del evento del 23 de setiembre pasado que refiere la recurrente, siendo este un evento extraordinario, del cual sólo se tienen registros similares a la intensidad de lluvias e impactos sobre rutas e inundaciones en el sector comercial y viviendas desde el año 2010, el Jefe de la Unidad Investigación y Análisis del Riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Geól. Lidier Esquivel, procedió a contactar al Dpto de Gestión Integral del Riesgo y el día 26 de octubre del año en curso se tuvo una reunión donde se contextualizó al citado señor respecto de todas las labores emprendidas para atender esta situación, acordando lo siguiente: a) Dicha problemática es compleja y requiere el accionar de muchos otros actores, no únicamente la Municipalidad de Curridabat. b) Se puede valorar la posibilidad de ejecutar un dragado en el sector del cauce más crítico aduciendo a los eventos de emergencia desencadenados del 23 de setiembre del año en curso mediante un instrumento denominado Primer Impacto, siendo que las afectaciones trascienden al límite cantonal y hay consecuencias en el ámbito nacional cuando el tránsito por la ruta nacional 02 se ve interrumpido. c) Lo anterior, a sabiendas que es una medida paliativa que no resuelve el problema, y no resulta conveniente ampliar mucho la sección transversal siendo que se pueden propiciar problemas de inestabilidad de laderas. d) Poner al tanto a las autoridades del MOPT que la intervención en este sitio es prioritaria y que les compete a ellos abordar esta problemática de una manera coordinada con esta Corporación Municipal. G. EN CUANTO A LA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN CON EL CONDOMINIO MALLORCA Con relación a la comunicación y coordinación con los vecinos de este Condominio, se indica que el día 22 de abril del año en curso se llevó a cabo una reunión en la Alcaldía donde participó el suscrito en mi condición de Alcalde, el Ing. Gustavo Mora, el Biól. José Retana y la señora María del Mar Saborío, por parte de la Municipalidad, así como Francisco Echeverría, Flor Rojas y la recurrente Alejandra Rojas, por parte de la comunidad. Durante esta reunión se les expuso a las personas de la comunidad los resultados de los estudios que han sido contratados con el fin de entender mejor la problemática asociada, siendo que esta es compleja y obedece a una unidad espacial de cuenca hidrográfica que incluso trasciende los límites cantonales administrativos, lo cual, requiere de un conjunto de acciones con el fin de minimizar la vulnerabilidad ante las inundaciones. Por otro lado, se expuso el programa de limpieza preventiva en el sector, siendo que durante el periodo lluvioso este tiene una periodicidad de cada 2 o 3 semanas. Por otro lado, se le indicó a la comunidad que ya se contaba con el diseño completo, planos constructivos, cronograma y presupuesto detallado del puente cantonal a Cipreses y que se estaba buscando la fuente de financiamiento. Adicionalmente, se adjunta el oficio MC-GIR-0043-04-2021 sobre acciones de prevención y mitigación ante la vulnerabilidad de inundaciones en el sector BAC -Mallorca donde se detallan las acciones realizadas en los últimos periodos en conjunto la Dirección de Gestión Vial y la Unidad de Gestión del Riesgo y el oficio MV-GV-0780-08-2020 enviado a la recurrente señora Alejandra Rojas Salazar, donde se le brinda seguimiento y acompañamiento a los vecinos. Así las cosas, queda claro con lo indicado anteriormente, que la Municipalidad de Curridabat por medio de la Dirección de Gestión Vial, Departamento de Gestión Integral del Riesgo y Departamento de Protección al Medio Ambiente, sí ha venido realizando las acciones necesarias no solo en la gestión de obras y coordinaciones con el MOPT y CONAVI sino también en obras y acciones preventivas, con la finalidad de brindar una solución a los problemas de desbordamiento del rio María Aguilar; asimismo, se debe tener claro, que tanto el Ministerio de Obras Públicas y Transportes como el CONAVI, deben generar las acciones necesarias sobre el derecho de vía de la ruta nacional 02.” Se refiere a la complejidad del problema, cuya solución implica un enfoque de cuenca hidrográfica con diversos frentes de acción desde el ámbito público y privado. Señala que los estudios demuestran que la reducción del riesgo de inundación en la zona requiere medidas preventivas y de mitigación que involucran a la municipalidad, al MOPT, CONAVI, los vecinos del condominio Mallorca y futuros desarrolladores aguas arriba, tanto dentro como fuera del cantón. La primera medida sería la ampliación de la capacidad hidráulica del puente sobre ruta cantonal a Cipreses y el de RN02. Además, realizar actualizaciones de los modelos hidrológicos-hidráulicos. Estima que el problema no puede resolverse con un dragado. Según los estudios, esa medida provocaría mayor erosión, inestabilidad, daño ambiental y velocidad del agua, lo que podría trasladar la inundación a otro sitio cercano. Además, sería necesario reiterar la medida cada vez que se experimentan lluvias intensas, pues ese sector acumula sedimentos en el corto plazo. Transcribe conclusiones del estudio. Enumera las medidas de atención: a) Contratación de estudios técnicos que brinden criterio respecto a posibles soluciones en una zona compleja; b) Programas de limpieza preventiva, así como la limpieza de todo el sector una vez ocurrida la emergencia, atendiendo incluso puentes y rutas que son de competencia nacional; c) Limpiezas especializadas como la remoción compleja de una cepa de bambú en el área de protección y cauce, acto que se desencadenó porque un propietario realizó prácticas constructivas inadecuadas; d) Atención reiterada de los vecinos (reuniones, correos, llamadas); e) Proyectos de prevención y mitigación del riesgo: 1. Participación en la Agencia Intermunicipal de la Cuenca del río María Aguilar; 2. Contemplación en la propuesta del Plan Regulador; 3. Sustitución del puente sobre ruta cantonal; 4. Coordinación con instancias como CNE, MOPT y CONAVI. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.

 4.- Informa bajo juramento Melissa Arguedas Arce, en su condición de directora a.i. del Área Rectora de Salud Curridabat, en los siguientes términos: “I. SOBRE LOS HECHOS ALEGADOS Y LAS ACTUACIONES DE ESTA ÁREA RECTORA DE SALUD. Que es administradora y representante legal del Condominio Mallorca ubicado en Curridabat, 100 metros al sur de Almacén Pequeño Mundo. Según el memorial del recurso, refiere la amparada la problemática de larga data que se presenta con el río María Aguilar, debido a la falta de mantenimiento preventivo y obras de mitigación en el cauce del río, en los puentes ubicados a la altura del BAC San José en Cipreses y en el puente sobre la Ruta Nacional 02, Interamericana, que generan desbordamientos debido a la gran cantidad de sedimentación acumulada bajo el lecho del río, como ramas, sedimento, piedras, latas de zinc, piezas de mármol entre otras, por lo que la capacidad hidráulica del río no puede manejar la corriente y los desechos existentes en el río y sus márgenes. Al respecto, señala situaciones puntuales sobre el abordaje de la Municipalidad de Curridabat, respecto a dicha problemática, denuncias que se han presentado, disposiciones de la sentencia 2018-017706 del 26 de octubre del 2018 la Sala Constitucional, recomendaciones de la Comisión Nacional de Emergencias mediante informe CNE-UI-AR-INF-0487-2019 y de la Contraloría General de la Republica. Agrega que por el estancamiento de aguas en los bandos de sedimentación bajo los puentes de Cipreses y la Ruta Nacional 02, así como las malas condiciones del alcantarillado y la cantidad de basura, incluso aguas negras, se expone la salud pública de las personas que residen y laboran en los alrededores, así como un daño al medio ambiente. Según lo establecido en el recurso de amparo bajo el expediente 21-021282-0007-CO, la Contraloría General de la República el 27 de setiembre del 2019, ordenó al ente municipal implementar un procedimiento continuo para inspeccionar, detectar y supervisar los sitios en el cantón de Curridabat donde se vierten aguas residuales al alcantarillado pluvial. En este aspecto particular, se informa a la fecha no se registran denuncias puntuales por descarga de aguas negras en el Río María Aguilar, en el sector indicado, formuladas por la Municipalidad de Curridabat, ni por sociedad civil. En lo que recurre directamente la señora Rojas Salazar a este Ministerio de Salud, refiere que el 22 de octubre del 2019 presentó ante el Área Rectora de Salud de Curridabat copia de los estudios realizados en la zona, pero luego de trascurridos mas de 2 años no ha obtenido respuesta. Al respecto se informa que en efecto el 22 de octubre del 2019, esta Área Rectora de Salud recibió nota suscrita por la aquí amparada, en la cual se pone en conocimiento el oficio CNE-UI-AR-INF-0487-2019 de la Comisión Nacional de Emergencias para que se tome nota sobre aspectos propios sobre medio ambiente. Según se extrae del presente asunto, la amparada recurre al estrado Constitucional al amparo del Condominio Mayorca, sin embargo, no se detalla ni específica para el caso concreto de este Ministerio de Salud, cual es el perjuicio que sufre su representada, ya que el mencionado informe de la Comisión realiza un abordaje general e integral de la situación del río María Aguilar sobre el puente ruta 2. El abordaje de este tipo de problemáticas difusas requiere una intervención integral por parte de las instituciones, ya que provienen desde el nacimiento de estos cuerpos de agua, en este caso particular, desde el Cantón de La Unión de Cartago. Concretamente, se informa que esta Área Rectora de Curridabat ha participado desde el año 2010, en el Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA), así como la reciente participación en la Estrategia Nacional de recuperación de cuencas urbanas 2020-2030 (Estrategia Ríos Limpios), en conjunto con distintos entes y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional. La comisión local del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar, tiene como fundamento los siguientes antecedentes: 1. Decreto Ejecutivo N°33106-MINAE publicado en La Gaceta Nº103 del día 30 de mayo de 2006, el cual constituye la creación del Programa Nacional de Corredores Biológicos, donde se contempla la creación de los Consejos Locales. 2. Decreto Nº40043-MINAE del 31 de agosto del 2016, publicado en el Alcance Nº19 de La Gaceta Nº20 del 27 de enero del 2017–, denominado “Regulación del Programa Nacional de Corredores Biológicos”, el cual crea los Corredores Biológicos Interurbanos. 3. Oficio N°SINAC-CONAC-SA-435 del 18 de diciembre del 2017, emitido por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas de Conservaciones (CONAC) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, comunica su acuerdo N°66, tomado en la Sesión Ordinaria N°12- 2017 del mismo 18 de diciembre del año 2017, mediante el cual acuerda por unanimidad lo siguiente: “El CONAC, conoce y oficializa el Corredor Biológico Interurbano Río María Aguilar, del Área de Conservación Central (ACC)…” 4. Los objetivos específicos planteado por el Comité Local del corredor biológico son: a. Impulsar una Agenda Ambiental Regional, a nivel de la Microcuenca, basada en un modelo integral, en el cual se enfrenten los temas de la deforestación, protección de bosques, cuencas, adecuado manejo de los residuos sólidos, cambio climático y educación bajo la participación activa de la ciudadanía, integrando los componentes de conservación con el desarrollo humano y competitividad económica del Gran Área Metropolitana. b. Promover la colaboración y coordinación de Proyectos Municipales entre los cinco cantones. c. Desarrollar una red ciudadana con participación de organizaciones comunales, deportivas, de mujeres, jóvenes, tercera edad y otros, promoviendo la cooperación y coordinación interinstitucional, alrededor de la Agenda Ambiental de la Microcuenca. d. Integrar al Comité Local las comunidades vecinas del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar. De las acciones desarrolladas por la comisión local del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar donde ha participado el Área Rectora, se citan: ✓ Un Plan de Trabajo Operativo para el período 2019 – 2020, del cual se desprende de sus objetivos específicos el incluir a las comunidades que trabajan y transitan alrededor del Río María Aguilar, como parte de este proyecto. Proyecto Biodiver_city, el cual tiene como visión el establecimiento de Corredores Biológicos Interurbanos incorporando servicios ecosistémicos, gestión de corredores y una ciudad verde en la planificación urbana. (Oct 2018-Oct 2021), a través de ejes estratégicos como: Condiciones marco, Gestión de conocimiento y comunicación y Capacidades de gestión. ✓ Otro proyecto es el de “Conservando los Servicios Ecosistémicos Urbanos”, donde se realizan alianzas entre las instituciones públicas y organismos no gubernamentales, así como con la población en general, para el desarrollo de espacios urbanos con acciones de mantenimiento, recuperación, rehabilitación o creación de espacios naturales, seminaturales y arquitectura verde como parques recreativos integrales urbanos, corredores biológicos interurbanos, trama o conectores verdes para el bienestar humano, la recuperación de las funciones ecológicas y contribuir a la descarbonización. ✓ Actividades en los parques públicos, tales como sesiones extraordinarias de trabajo en el parque público de José María Zeledón, Parque de la Nacionalidad Costarricense, fincas del INVU del sector de Hatillo, el Aula Ambiental en Barrio Cuba donde se realizan las discusiones del Intercambio de experiencias entre corredores biológicos para buscar alianzas y nuevas ideas ambientales, con el fin de impulsar la conservación y la mejora de la calidad ambiental. ✓ Otras acciones contempladas por el CBIMA, periódicamente se realizan trabajos de campo como limpieza de desechos sólidos en las laderas y campañas de siembra de árboles, con la finalidad de cumplir con los objetivos del CBIMA y teniendo como meta el mejoramiento de la calidad ambiental de la cuenca del Río María Aguilar, instaurando metas y planes de trabajo para cuantificar los resultados y constatar el cumplimiento de los objetivos establecidos anualmente. ✓ En el marco de la Estrategia Nacional de recuperación de cuencas urbanas 2020-2030 (Ríos Limpios), liderada por el Viceministerio de Agua y Mares y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y participación activa del Ministerio de Salud, se pretende lograr una recuperación de los ríos urbanos, mediante la implementación de acciones en 5 ejes principales: i) El fortalecimiento de los mecanismos de gobernanza de la gestión territorial existentes, ii) La recuperación de la calidad del recurso hídrico, iii) El buen manejo de residuos sólidos, iv) La recuperación de los ecosistemas ribereños y la reducción del impacto de las áreas de protección invadidas, v) Implementar una estrategia de comunicación. El trabajo entorno a estos cinco ejes es medible a corto y mediano plazo, lo cual permite la toma de decisiones técnicas con avances reales y continuos. En primera instancia se plantea la ejecución de un plan piloto de tres años en las microcuencas de los ríos Torres y el María Aguilar. Esto facilitará la implementación de la misma y la generación de experiencias con el fin de replicar las acciones en otras microcuencas urbanas. El propósito es que cada 4 años se aplique esta estrategia en al menos 2 subcuencas o microcuencas, con un impacto total en al menos 6 cuerpos de agua. La estrategia Ríos Limpios es una iniciativa transcendental que contribuye en el mejoramiento de los ecosistemas y la calidad de vida de las personas entorno a las cuencas urbanas, busca la sostenibilidad del recurso hídrico, desarrollo del conocimiento, impulsa la creación de una cultura del agua mediante la participación social y la formación de alianzas estratégicas. Por lo que, es clave en la Política Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, en la Política Nacional Hídrica y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Aportando de forma directa en los ODS 3 salud y bienestar, 6 agua limpia y saneamiento, 10 reducción de las desigualdades, 11 ciudades y comunidades sostenibles, 12 producción y consumo responsables, 13 acción por el clima, 14 vida submarina, 15 vida de ecosistema terrestres, 17 alianzas para lograr objetivos. Todas las acciones citadas ha sido un eje de trabajo conjunto con las Áreas Rectoras de Salud de Sureste Metropolitana, Hospital – Mata Redonda, Montes de Oca y La Unión quienes también pertenecen al Comité Local del Corredor Biológico Interurbano Río María Aguilar. Se reitera el actuar del Área Rectora de Salud Curridabat se encuentra documentado en la participación activa en el CBIMA, impulsando las acciones que surgen dentro de este comité en aras de mejora de la biodiversidad y de la calidad ambiental de la Cuenca del Río María Aguilar. Todo este abordaje al que se ha hecho referencia, se viene atendiendo desde hace más de una década, sin embargo, mediante el oficio MS-DRRSCS-DARSCU-2763-2021 dirigido a la Municipalidad de Curridabat se solicita informar sobre las actuaciones realizadas en atención al informe técnico CNE-UIAR-INF-0487-2019 de la CNE, en aras de aminorar los riesgos de desbordamiento e inundación del Río María Aguiar en el sector de interés. Ahora bien, el informe técnico CNE-UIAR-INF-0487-2019 de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), en el apartado VI de Recomendaciones, punto D, señala la intervención de la Corporación Municipal del cantón de Curridabat y el Ministerio de Salud sobre “valoraciones de calidad y volumen de aguas que se descargan directamente sobre el cauce del río María Aguilar”, sin embargo, se aclara que dichas valoraciones corresponden al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), quien cuenta con un laboratorio de análisis de calidad de aguas, para la realización de pruebas basados en el “Índice holandés de valoración de la calidad del agua” (ICA holandés) estipulado en el Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua Superficiales Decreto Ejecutivo Nº 33903-MINAE-S. De lo expuesto Señores Magistrados, se aprecia que lo denunciado contra este Ministerio de Salud carece de fundamento, toda vez que esta Área Rectora de Salud, así como las que integran el Comité Local del Corredor Biológico Interurbano Río María Aguilar, hemos venido brindando seguimiento y atención a la situación en torno a dicha cuenca y otras microcuencas urbanas, desde muchos años antes de que la aquí amparada pusiera en conocimiento dicha situación. Así las cosas, no lleva razón la amparada al argumentar que no se ha brindado atención a dicha problemática.” Solicita que se declare sin lugar el recurso.

5.- Manifiesta la parte recurrente su inconformidad con el informe rendido por la municipalidad accionada. Considera que no tiene fundamentaciones sólidas, concisas y concretas. Estima que describe labores de limpieza, posterior a los desastres de las inundaciones. Sin embargo, no quitan los sedimentos en el cauce, caños, aceras y alcantarillas atascadas. Tampoco sigue las recomendaciones de la CNE o CGR. Reitera que se requiere la remoción del sedimento. Acusan que las “22 intervenciones” de limpieza no han sido eficientes, óptimas o suficientes, pues ha habido distintos eventos de inundación. Cuestiona los diferentes estudios técnicos. Enumeran los estudios. Afirma que los estudios no han rendido frutos. Niega que el aviso de inundación se dé a 20 o 30 minutos. Piensa que son 10 minutos. Considera que el desbordamiento se debe a la acumulación de sedimento y que es necesaria la coordinación con otras municipalidades. Manifiesta que la administración de los cauces de los ríos corresponde a la municipalidad, no al MOPT o CONAVI. Expresa que la municipalidad no dio seguimiento a los oficios que envió a esas instancias. Efectúa un recuento histórico de las promesas de un puente nuevo y disputa la existencia de fondos para ese proyecto. Reitera que no la municipalidad no ha dado seguimiento a la coordinación con MOPT, CONAVI y CNE. Señala que el condominio ha efectuado obras de mitigación. Niega que el sitio del desbordamiento sea una llanura de inundación natural, pues las primeras inundaciones aparecieron en 2003. Reconoce que el crecimiento urbano contribuye al problema. Afirma que el dragado no es la solución. Insiste en sus argumentos.

6.- Manifiesta la parte recurrente su inconformidad con el informe rendido por el Área Rectora de Salud Curridabat. Señala que no fue invitada a las organizaciones que señala esa área. No ha sido convocada o incorporada a la red ciudadana para promover la cooperación y coordinación. Considera que el Corredor Biológico Interurbano María Aguilar debería incorporar el desbordamiento e inundaciones. Cuestiona que el área haya recibido respuesta del gobierno local o al oficio del 22 de octubre de 2019. Indica que no ha sentido el apoyo del Ministerio de Salud, instancia que debería ser proactiva.

7.- Mediante escrito del 29 de noviembre de 2021, la accionante Rojas Salazar interpone otro recurso de amparo, cuyo trámite inició en el expediente 21-024356-0007-CO. Manifiesta que el 23 de setiembre de 2021, el río María Aguilar colapsó debido a la falta de mantenimiento preventivo y obras de mitigación en el cauce del río, así como en los puentes ubicados a la altura del BAC San José en Cipreses y en el puente sobre la Ruta Nacional 02, Interamericana. Además, entre tales puentes existe muy poca distancia. Señala que los problemas en la zona tienen larga data y son de conocimiento público, dada las constantes ocasiones en las que el río de ha desbordado en dicha zona. Indica que es necesaria una intervención urgente del puente sobre la Ruta Nacional 02, entre el BAC y el edificio Domus en Curridabat, lo anterior, por cuanto dicho puente data del siglo XIX y muestra serios problemas de capacidad hidráulica por el poco espacio existente por la cantidad de sedimentos acumulados a través de los años. Refiere que tal situación es concurrente, lo que provoca inundaciones en toda la zona adyacente al río, lo que afecta las áreas aledañas tanto comerciales como habitacionales, como en el caso del Condominio Mallorca, que representa. Menciona que desde el año 2003 el río María Aguilar se desborda cada invierno, sin que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes hayan tratado de buscar una solución definitiva al problema, máxime al tratarse del colapso de una ruta nacional de gran tráfico y que sirve de interconexión entre las fronteras norte y sur del país. Acota que los cambios estructurales de dicho puente, por su tamaño y antigüedad, requiere una intervención urgente por parte de los recurridos, no solo por la afectación a los vecinos y comercios de la zona, sino por ser un punto neurálgico entre las provincias de San José y Cartago. Detalla que el costo para el país ante el cierre de esa vía por inundaciones es innumerable y provoca un daño económico considerable, razón por la cual es necesaria su intervención con carácter prioritario y ser tomado en cuenta dentro del proyecto de Modernización de Transporte Público. Explica que hay gran cantidad de sedimentación acumulada bajo el lecho del río y el techo del puente, lo que evidentemente interfiere en la capacidad hidráulica para manejar la corriente. Comenta que en sector entre Motores Británicos y Domus, hay un tramo que carece de cordón del caño, el alcantarillado es obsoleto y está bloqueado por materiales y sedimentos en el lugar, lo anterior, al no recibir mantenimiento preventivo y correctivo, lo que genera constantes inundaciones. Afirma que es evidente la negligencia, falta de interés y voluntad política por parte de las autoridades recurridas para dar una solución real a los problemas de la zona. Agrega que por oficios Nos. DL-OF-198-2012 de 25 de junio de 2021 y CNE-UI-AR-INF-0487-2019 de19 de junio de 2019 mediante los cuales la Comisión Nacional de Emergencia se emitieron estudios en los que se estableció que "(…) a. Evaluar el riesgo del terreno ubicado en los alrededores del Río María Aguilar, sobre el puente (ruta 02), mediante inspección de caso y análisis de antecedentes-base de datos (amenazas naturales). b. Comparación de condiciones del sitio según base de datos de inspecciones realizadas en sitio con el fin de emitir criterio técnico y recomendaciones, para darle continuidad al caso solicitado (…)". Por otra parte, señala que por oficios Nos. MC-DGV-289-05-2021 de 5 de mayo, MC-ALC-0614-08-2021 de 11 de agosto y MC-ALC-0869-10-2021 de 26 de octubre, todos de 2021 la Municipalidad de Curridabat solicitó al ministro de Obras Públicas y Transportes la intervención en la zona, pero tales gestiones no se han resuelto. Relata que la gran cantidad de sedimentos, desechos de todo tipo que existe la zona del río, ha ocasionado que la distancia entre el lecho del río y el techo del puente sobre la Ruta Nacional 02 sea de menos de 2 metros, a pesar de que antes del año 2003 cuya medida era de aproximadamente 10 metros. Expone que tales hechos impiden que el agua en el río corra con normalidad y que durante la época del invierno se generen inundaciones en la zona. Considera que los hechos expuestos violentan sus derechos fundamentales. Solicita la recurrente que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias legales que esto implique.

8.- Mediante resolución de las 9:30 horas del 3 de diciembre de 2021, la Sala acumuló el expediente 21-024356-0007-CO al expediente 21-021282-0007-CO.

9.- Por resolución de las 8:53 horas del 9 de diciembre de 2021 se ampliaron las partes del proceso.

10.- Informa bajo juramento Rodolfo Méndez Mata, en su condición de ministro de Obras Públicas y Transportes, en los siguientes términos: “Al respecto, es preciso manifestar que este Despacho por medio de la Dirección de Asesoría Jurídica, solicitó con el oficio No. DAJ-2021-6716 de fecha 13 de diciembre del presente año, información sobre los hechos recurridos, a las instancias internas y externas involucradas, y con base a esas respuestas a continuación les informo: Sobre lo argumentado por la parte recurrente, se debe indicar, que el día 14 de mayo de los corrientes se recibió en este Despacho el oficio No. MC-DGV-289-05-2021 de fecha 05 de mayo, al mismo se le dio trámite y mediante el oficio No. DM-2021-509 fue remitido a la Dirección de Obras Fluviales para su atención, solicitud que fue atendida, siendo que se concretó una visita coordinada con personeros de la Municipalidad co-recurrida, se elaboró el informe de visita realizada con el oficio No. DVOP-DOF-2021-0627 de fecha 18 de junio del 2021, y que fue remitido vía correo electrónico el día 21 de junio del mismo año, a la señora María del Mar Saborío Víquez y al señor Randall Rodríguez Araya de la Municipalidad de Curridabat. En lo que respecta al oficio No. MC-ALC-0869-10-2021 de fecha 26 de octubre del año en curso, y que fue recibido en este Despacho el 08 de noviembre anterior, al mismo se le dio trámite y mediante el oficio No. DVOP-DOF-2021-1257 de fecha 03 de noviembre del 2021, el ingeniero Oscar Salgado Portuguéz, Director de Obras Fluviales indicó, copiando a la Municipalidad de Curridabat, que después de la visita realizada, que debería hacerse un estudio integral de la zona que presenta problemas de inundación en el cantón de Curridabat, y no trasladar el problema de aguas abajo del cause del río María Aguilar, dicho análisis deberá hacerse de forma conjunta con lo Municipalidad involucrada, adicionalmente por tratarse de rutas nacionales (02 y 221), este Despacho mediante el oficio No. DM-2021-5203 del 12 de noviembre del presente año, solicitó al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) la valoración e intervención respectiva de las rutas indicadas. Lo mencionado, lo evidencia además el informe técnico No. GCSV-01-2021-3110 del 14 de diciembre de los corrientes, emitido por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI, quien indica que se ha venido realizando el mantenimiento de la estructura a lo largo del tiempo, sin embargo, que el mantenimiento del cause de río, no forma parte de sus funciones, y es lo que realmente genera el problema, indicando en dicho informe lo siguiente: “Es importante indicar que la situación de desbordamiento se presenta por diversos factores, entre los que se encuentran, la severa invasión del área de protección del cauce, tanto aguas arriba, como aguas abajo, debido al crecimiento urbano descontrolado a lo largo del tiempo, del cual se observan diversas edificaciones de carácter privado a lo largo del cauce, sumado a la gran cantidad de basura y desechos que se vierten al cauce del Río. Todos estos factores inciden en la sedimentación acelerada de las aguas, provocando falta de capacidad del cauce y el desbordamiento del Río, en momento de crecidas máximas por la acción de factores climáticos, por caso fortuito.” Sobre la misma línea, la Ingeniera María Ramírez González, Directora de Puentes de este Ministerio, mediante el oficio No. DVOP-DP-2021-659 del 14 de diciembre del presente año, remitió copia de copia de correo electrónico donde externó su criterio, tanto al Programa de Red Vial Cantonal PRVC-II, como a la División de Obras Públicas, con relación al resultado de la revisión del diseño propuesto por Ingenierías Jorge Lizano & Asociados S.A., para sustituir el puente de una vía ubicado en el Camino C-1-18-014 aproximadamente a 20m aguas arriba del puente existente sobre el río María Aguilar en la ruta nacional No. 2, y donde recomendó el dragado del cauce 170 m aguas arriba y 130 m aguas abajo en una profundidad de 1.5m con respecto al puente que es objeto de este recurso, y afirmó que con dichas modificaciones no sería necesario sustituir el puente en la Ruta Nacional. En conclusión, este Ministerio a través de sus instancias técnica involucradas, han atendido el caso conforme a sus atribuciones, y han estado en constante comunicación y coordinación con la Municipalidad de Curridabat, manteniendo el criterio de que en el sitio lo que existe es una problemática externa a la estructura del puente, continuaremos dando el mantenimiento al puente, y además nos encontramos a la entera disposición de colaborar con el Municipio para solventar el problema de forma definitiva. Por todo lo anterior, no lleva razón la recurrente al indicar que este Ministerio no ha tratado de buscar una solución definitiva al problema, tampoco la tiene al indicar que no se han contestado los oficios a la Municipalidad de Curridabat, dado que tal y como se detalló en líneas precedentes, los mismo fueron atendidos y se envió la respectiva información al ente Municipal, a excepción del oficio No. MC-ALC-0614-08-2021 de 11 de agosto, del cual no consta registro ante este Despacho.”

 11.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

 I.- Aclaración previa. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está frente a materia ambiental. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.- Objeto del recurso. La parte recurrente relata que el río María Aguilar se desbordó el 23 de setiembre de 2021, lo que afectó a los vecinos, incluyendo al condominio Mallorca. Afirma que la municipalidad accionada no ha atendido debidamente este problema y más bien lo ha agravado, al otorgar permisos de construcción en la zona. Acusa: 1.- Los estudios municipales sobre el problema fueron remitidos al Área Rectora de Salud  Curridabat el 22 de octubre de 2019; sin embargo, no ha tenido respuesta; 2.- La municipalidad no ha acatado recomendaciones de la CNE y la CGR (oficio DFOE-DL-IF-00012-2019) 3.- Los sedimentos se han acumulado en el cauce, lo que disminuye la capacidad del río y provoca que el agua se desborde; empero, la labor de la municipalidad ha sido correctiva, cuando debería ser preventiva; 4.- Reclama desacato de la sentencia n.° 2018-17706.

En cuanto al MOPT, la parte accionante afirma que esa instancia es encargada del mantenimiento del puente sobre la ruta 2, donde ocurren desbordamientos por la acumulación de sedimentos. Señala que la municipalidad accionada envió al ministro de esa cartera los oficios MC-DGV-289-05-2021, MC-ALC-0614-08-2021 y MC-ALC-0869-10-2021; empero, ninguno fue respondido por el ministro. Solicita que el ministerio presente un plan remedial para intervenir el citado puente.

III. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

a)     Desde hace unos 10 años, el río María Aguilar se desborda cuando hay episodios de fuertes lluvias en la zona de Curridabat, donde está el puente de la ruta nacional 2 y el puente de la ruta municipal hacia Cipreses. Cuando eso ocurre, el desbordamiento afecta a los habitantes del condominio Mallorca. (Hecho incontrovertido).

b)    El 23 de setiembre de 2021, el río María Aguilar se desbordó en esa zona. (Hecho incontrovertido).

c)     Durante 2021 y hasta la fecha de rendición del informe, la municipalidad había intervenido en 22 oportunidades el río María Aguilar con labores de limpieza de alcantarillado pluvial, inspección, poda, retiro de residuos, etc. (Ver informe rendido y prueba aportada).

d)    La municipalidad tiene un proyecto de instalación de una red de estaciones meteorológicas que permitirán medir la intensidad de las lluvias, estimar si habrá un desbordamiento del río y emitir una alerta. La última fase de instalación del proyecto estaba programada para terminar en 2021. (Ver informe rendido y prueba aportada).

e)     Mediante el proceso de contratación 2019LA-000022-01 y la orden de compra 44191, la municipalidad gestionó un proyecto para un nuevo puente en la ruta cantonal hacia Cipreses. El proyecto fue aprobado por el CFIA, MINAE y SETENA, y los recursos para su construcción fueron incorporados en el POA-2022. La obra incluye intervención en el cauce, lo que ampliará la capacidad hidráulica 100 metros aguas arriba y 75 metros aguas abajo. (Ver informe rendido y prueba aportada).

f)      El 22 de octubre de 2019, la recurrente presentó un documento en esa área rectora, donde indicó: “Adjunto sírvase encontrar Informe Técnico de la Comisión Nacional de Emergencia, (CNE) realizado el 19 de junio 2019, CNEUIAR-INF-0487-20 19, cuyos objetivos indicados son: (…) Es nuestro interés que este documento sea de su conocimiento, en virtud de la gran preocupación por los puntos expuestos que tienen que ver de forma directa con la parte de Medio Ambiente: aguas estancadas, basura, tuberías en mal estado, que en apariencia alguna de ellas podrían transportar aguas negras, entre otros puntos preocupantes e indicados en el citado informe de la CNE. Todas estas situaciones impactan riesgos de salud para la alta densidad poblacional y de alta vulnerabilidad en las zonas aledañas al Río María Aguilar, específicamente en el tramo de Cipreses hasta aguas abajo del Condominio Mallorca, lo que pone en riesgo la salud de dicha población, donde esta situación, se constituya en signo de alerta, para que se tomen las medidas necesarias, para prevenir futuros desastres, aparte de ampliar criterios técnicos que coadyuven en dar seguridad, calidad de vida a esta zona de alta vulnerabilidad. No omitimos indicar que desde el año 2003, hemos realizado esfuerzos para que Municipalidad de Curridabat intervenga, sin contar a la fecha con respuesta satisfactoria y que elimine los inminentes riesgos para la población interesada. Cordialmente, en espera de su respuesta.” (Ver escrito de interposición y prueba aportada).

g)    Por oficio n.° CNE-UIAR-INF-0487-2019, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias emitió el informe técnico “Inspección y valoración de situación existente en tramo de Río María Aguilar carretera a Cartago, Ruta N°2”. (Ver escrito de interposición y prueba aportada).

h)    Mediante oficio n.° DFOE-DL-IF-00012-2019 del 6 setiembre de 2019, la Contraloría General de la República emitió el “Informe de auditoría operativa acerca de la gestión del servicio de alcantarillado pluvial en la Municipalidad de Curridabat”. (Ver escrito de interposición y prueba aportada).

i)      Mediante oficio MC-GV-0780-08-2020 del 25 de agosto de 2020, la Dirección de Gestión Vial de la municipalidad accionada comunicó a la recurrente el resultado de la inspección efectuada el 10 de junio de 2020. (Ver informe rendido y prueba aportada).

j)      Por escrito del 30 de enero de 2021, la accionante requirió a la municipalidad accionada: “En consideración a la época de verano del momento, a la situación de las inundaciones que ocurren desde el año 2003 en el cantón de Curridabat en época de invierno, en el río María Aguilar es que como ciudadanos requerimos de la entidad que usted dirige: 1. Limpieza del cauce del río de desechos que atentan contra la salubridad pública, ecosistema y paisajismo de la ciudad. Nos referimos a plásticos, ropa, láminas de zinc, madera, cartones, vidrios. 2. Debido a la acumulación de sedimento, el espacio existente entre el lecho del río y el techo de los puentes es mucho menor a los 2 metros, el agua no circula, sino que se mantiene estancada, por lo que planteamos la necesidad de realizar la limpieza de esos sedimentos, con el fin de que exista una mayor capacidad hidráulica al cauce del río, como obra de mitigación temporal y regular, mientras se da la construcción del puente Cipreses que no es a corto plazo, tal y como ustedes nos lo han informado. Reiterarnos, una vez más nuestra preocupación, por las inundaciones experimentadas, contaminación, stress, problemas con el tránsito ampliamente externada en diferentes ocasiones. Situación que se da cada vez que llueve fuerte y que no tenemos certeza hasta cuánto más tenderemos que lidiar con esta realidad, además de contribuir como siempre, en lo que a nuestro alcance se pueda hacer, con el anterior planteamiento mientras se tienen soluciones técnicas y efectivas de mayor alcance. Teniendo claridad que la limpieza del río María Aguilar vendría a estar acorde con lo que señala el artículo 50 de nuestra Constitución Política, sino con la imagen misma del cantón que usted dirige. Quedamos en espera de su atenta respuesta en los plazos de ley establecidos.” (Ver escrito de interposición y prueba aportada).

k)    El Área Rectora de Salud Curridabat participa desde 2010 en la iniciativa Corredor Biológico Interurbano María Aguilar; también, en la Estrategia Nacional de recuperación de cuencas urbanas 2020-2030. (Ver informe rendido y prueba aportada).

l)      Por oficio DFOE-SD-0456 del 18 de marzo de 2021, la Contraloría General de la República comunicó a la Municipalidad de Curridabat que había cumplido razonablemente con la disposición 4.6 del informe n. DFOE-DL-IF-00012-2019. (Ver informe rendido y prueba aportada).

m)  Mediante oficio MC-GIR-0043-2021 del 5 de abril de 2021, el Departamento de Gestión Integral del Riesgo de la Municipalidad de Curridabat comunicó a la Alcaldía el “Informe técnico respecto acciones de prevención y mitigación para la vulnerabilidad ante inundaciones del sector BAC-Mallorca.” (Ver informe rendido y prueba aportada).

n)    Por oficio DGV-289-05-2021 del 5 de mayo de 2021, el alcalde de Curridabat puso al ministro accionado en conocimiento del problema de desbordamiento del río María Aguilar. Solicitó sus buenos oficios para la intervención de mantenimiento eficiente que permitiera mejorar la capacidad hidráulica del puente sobre la ruta nacional 02. (Ver informe rendido y prueba aportada).

o)    El 10 de junio de 2021, funcionarios municipales y del MOPT inspeccionaron el lugar de los desbordamientos. (Ver informe rendido y prueba aportada).

p)    Por oficio DVOP-DOF-2021-0627 del 18 de junio de 2021, el subdirector de la Dirección de Obras Fluviales del MOPT rindió informe al director de esa dirección con respecto a la inspección y emitió recomendaciones. (Ver informe rendido y prueba aportada).

q)    Mediante correo del 21 de junio de 2021, el MOPT remitió el oficio DVOP-DOF-2021-0627 a funcionarios de la Municipalidad de Curridabat. (Ver informe rendido y prueba aportada).

r)      Por oficio MC-ALC-0614-08-2021 del 11 de agosto de 2021, dirigido al ministro recurrido, el alcalde de Curridabat dio seguimiento al oficio DGV-289-05-2021. Comunicó que la Dirección de Gestión Vial y el Departamento de Gestión del Riesgo de la municipalidad realizaron una inspección con ingenieros de la Dirección de Obras Fluviales. Solicitó el accionar que daría el MOPT e hizo ver que había una comunidad vulnerable al riesgo de inundaciones. (Ver informe rendido y prueba aportada).

s)     Mediante oficio DFOE-SEM-0936 del 5 de octubre de 2021, la Contraloría General de la República comunicó a la Municipalidad de Curridabat que había cumplido razonablemente con la disposición 4.4 del informe n.° DFOE-DL-IF-00012-2019.  (Ver informe rendido y prueba aportada).

t)      Mediante oficio MC-ALC-0869-10-2021 del 26 de octubre de 2021, el alcalde de Curridabat solicitó al ministro recurrido la valoración e intervención de los sitios donde el río María Aguilar causa inundaciones en rutas nacionales. (Ver informe rendido y prueba aportada).

u)    Mediante oficio DVOP-DOF-2021-1257 del 3 de noviembre de 2021, dirigido al ministro accionado, el director de la Dirección de Obras Fluviales se refirió al oficio MC-ALC-0869-10-2021. (Ver informe rendido y prueba aportada).

v)    Por correo del 4 de noviembre de 2021, el MOPT remitió el oficio DVOP-DOF-2021-1257 a la municipalidad accionada. (Ver informe rendido y prueba aportada).

 

IV.- Hechos no probados. La Sala carece de elementos para tener por probado el que el Área Rectora de Salud de Curridabat atendiera de alguna manera el escrito del 22 de octubre de 2019 de la recurrente.

V.- Jurisprudencia. Por su importancia para este caso, la Sala recuerda su jurisprudencia con respecto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y las obligaciones de las corporaciones municipales en ese tema. En la sentencia n.° 2020-10630 de las 9:15 horas del 12 de junio de 2020:

“III.- SOBRE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO.  El artículo 50, Constitucional, establece como fin fundamental y valor esencial del Estado costarricense procurar "el mayor bienestar a todos los habitantes del país". De tal manera que, el "ambiente sano y ecológicamente equilibrado" forma parte del contenido del mayor bienestar de todos los habitantes, causa, fin y también condición y límite del ejercicio de las potestades y competencias públicas, no solo del Estado, sino también de las Municipalidades. Al igual que el derecho de propiedad, el objeto sobre el que recae el derecho al ambiente es externo a la integridad de la persona humana (a diferencia por ejemplo del derecho a la vida), pero también a diferencia con el objeto del derecho de propiedad, la persona forma parte del ambiente, lo integra, de allí que su protección, supone la conservación del contexto esencial para la vida humana, una conducta con efectos negativos sobre él, supone un peligro para la propia existencia humana y una reducción o pérdida del "mayor bienestar" de todos. La vida depende del ambiente, por tanto, debe velar para que esas condiciones que garantizan la vida se mantengan en el tiempo. En Sentencia N° 601-2009, esta Sala dispuso lo siguiente:

"Los orígenes de los problemas ambientales son complejos y corresponden a una articulación de procesos naturales y sociales en el marco del estilo de desarrollo socioeconómico que adopte el país. Por ejemplo, se producen problemas ambientales cuando las modalidades de explotación de los recursos naturales dan lugar a una degradación de los ecosistemas superior a su capacidad de regeneración, lo que conduce a que amplios sectores de la población resulten perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que redunda en un deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano (..) importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia, del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo".

Así las cosas, corresponde a los entes públicos, entre ellos a las Municipalidades, velar por el respeto a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en su respectiva circunscripción territorial, así como por el bienestar de todos los habitantes de su respectivo cantón, y dentro del marco de las competencias constitucionales y legales actuar a favor de asegurar el respeto de este derecho a todos los munícipes, y actuar -nuevamente dentro del marco de sus competencias- para mitigar o corregir las actuaciones que tienden a su violación.

IV.- COMPETENCIA MUNICIPAL Y OBLIGACIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.  Competencia municipal y obligación de coordinación interinstitucional. El artículo 169, de la Constitución Política, dispone que "La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal (...)". Esta norma ha sido desarrollada por el legislador ordinario, en atención a ello, el artículo 3, del Código Municipal, Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998, dispone que: "El gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal". En este mismo sentido, se ha expresado la Sala Constitucional en su jurisprudencia. Verbigracia, en Sentencia N° 5445-99, de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, se dispuso lo siguiente:

"VI.- DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS MUNICIPALIDADES EN RAZÓN DE LA MATERIA (CONCEPTO DE "LO LOCAL"). Por disposición constitucional expresa -artículo 169-, hay una asignación de funciones o atribuciones en favor de los gobiernos locales en razón de la materia a "lo local", sea, "la administración de los servicios e intereses" de la localidad a la que está circunscrita, para lo cual se la dota de autonomía (") De manera que sus potestades son genéricas, en tanto no hay una enumeración detallada de sus cometidos propios, sino una simple enunciación del ámbito de su competencia; pero no por ello no determinable, a lo que hizo referencia este Tribunal en sentencia número 6469-97, de las dieciséis horas veinte minutos del ocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, en los siguientes términos:

" (...) lo local tiene tal connotación que definir sus alcances por el legislador o el juez, debe conducir al mantenimiento de la integridad de los intereses y servicios locales, de manera que ni siquiera podría el legislador dictar normativa que tienda a desmembrar el Municipio (elemento territorial), si no lo hace observando los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política; ni tampoco promulgar aquella que coloque a sus habitantes (población) en claras condiciones de inferioridad con relación al resto del país; ni la que afecte la esencia misma de lo local (gobierno), de manera que se convierta a la Corporación en un simple contenedor vacío del que subsista solo la nominación, pero desactivando todo el régimen tal y como fue concebido por la Asamblea Nacional Constituyente. En otro giro, habrá cometidos que por su naturaleza son municipales -locales- y no pueden ser substraídos de ese ámbito de competencia para convertirlos en servicios o intereses nacionales, porque hacerlo implicaría desarticular a la Municipalidad, o mejor aún, vaciarla de contenido constitucional, y por ello, no es posible de antemano dictar los límites infranqueables de lo local, sino que para desentrañar lo que corresponde o no al gobierno comunal, deberá extraerse del examen que se haga en cada caso concreto (...)". De lo anterior, resalta el hecho de que, por voluntad expresa de nuestra Carta Fundamental, se asigna una competencia específica a los gobiernos locales, atribución que además es exclusiva de éstos; es decir, se trata de una competencia originaria de la municipalidad y sólo mediante una ley de nacionalización o de regionalización es que puede ser desplazada, total o parcialmente".

En consecuencia, si un grupo de munícipes, en su circunscripción territorial, sufren inundaciones con riesgo para sus vidas y graves daños patrimoniales, psicológicos, calidad de vida y bienestar general, esto se enmarca dentro del concepto de "intereses y servicios locales" del numera 169, constitucional, problemas cuyas causas tienen que ser identificadas con precisión y, más aun, las soluciones, a fin de implementarlas a la mayor brevedad posible; para lo cual corresponde a la Municipalidad coordinar con las instituciones de nivel nacional con competencia para actuar sobre el problema. En efecto, la Sala ya ha desarrollado la obligación municipal de coordinar con otras instituciones estatales en aras de atender los "intereses" y prestar cumplidamente los "servicios locales". En la citada Sentencia N° 5445-99, la Sala manifestó:

"(...) se refieren a la obligación de coordinación que debe existir entre los gobiernos locales, las instituciones descentralizadas y el Poder Ejecutivo, para llevar a cabo las funciones que le han sido encomendadas, lo que debe ser analizado a partir de la naturaleza misma de la autonomía municipal. Es en virtud de lo dispuesto en el artículo 170 constitucional, que las municipalidades (entes corporativos locales) gozan de autonomía funcional, administrativa y financiera en la administración de los intereses y servicios locales (artículo 169 de la Constitución Política) (...) No puede, entonces, crearse un conflicto por antagonismo o protagonismo entre la materia que integra el fin general de "los intereses y servicios locales" de los intereses y servicios públicos "nacionales" o "estatales", intrínsecamente distintos unos de otros, pero que en realidad están llamados a coexistir (....) Definida la competencia material de la municipalidad en una circunscripción territorial determinada, queda claro que habrá cometidos que por su naturaleza son exclusivamente municipales, a la par de otros que pueden ser reputados nacionales o estatales; por ello es esencial definir la forma de cooparticipación de atribuciones que resulta inevitable, puesto que la capacidad pública de las municipalidades es local, y la del Estado y los demás entes, nacional; de donde resulta que el territorio municipal es simultáneamente estatal e institucional, en la medida en que lo exijan las circunstancias. Es decir, las municipalidades pueden compartir sus competencias con la Administración Pública en general, relación que debe desenvolverse en los términos como está definida en la ley (artículo 5 del Código Municipal anterior, artículo 7 del nuevo Código), que establece la obligación de "coordinación" entre la municipalidades y las instituciones públicas que concurran en el desempeño de sus competencias, para evitar duplicaciones de esfuerzos y contradicciones, sobre todo, porque sólo la coordinación voluntaria es compatible con la autonomía municipal por ser su expresión. En otros términos, la municipalidad está llamada a entrar en relaciones de cooperación con otros entes públicos, y viceversa, dado el carácter concurrente o coincidente -en muchos casos-, de intereses en torno a un asunto concreto. En la doctrina, la coordinación es definida a partir de la existencia de varios centros independientes de acción, cada uno con cometidos y poderes de decisión propios, y eventualmente discrepantes; pese a ello, debe existir una comunidad de fines por materia, pero por concurrencia, en cuanto sea común el objeto receptor de los resultados finales de la actividad y de los actos de cada uno". De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible "concierto" interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros".

Adviértase, por lo demás, que las Municipalidades están obligadas, por imperativo del ordinal 50, de la Constitución Política, a prodigarse en la protección del ambiente (Sentencia N° 2006-7994 de las 8:57 horas de 2 de junio de 2006).”

VI.- En cuanto al Área Rectora de Salud. La accionante alega que el 22 de octubre de 2019 remitió al Área Rectora de Salud Curridabat estudios municipales sobre el problema objeto de este proceso; sin embargo, no ha tenido respuesta. Luego de analizar los autos, la Sala tuvo por probado que, efectivamente, la recurrente presentó un documento en esa área rectora, donde indicó: “Adjunto sírvase encontrar Informe Técnico de la Comisión Nacional de Emergencia, (CNE) realizado el 19 de junio 2019, CNEUIAR-INF-0487-20 19, cuyos objetivos indicados son: (…) Es nuestro interés que este documento sea de su conocimiento, en virtud de la gran preocupación por los puntos expuestos que tienen que ver de forma directa con la parte de Medio Ambiente: aguas estancadas, basura, tuberías en mal estado, que en apariencia alguna de ellas podrían transportar aguas negras, entre otros puntos preocupantes e indicados en el citado informe de la CNE. Todas estas situaciones impactan riesgos de salud para la alta densidad poblacional y de alta vulnerabilidad en las zonas aledañas al Río María Aguilar, específicamente en el tramo de Cipreses hasta aguas abajo del Condominio Mallorca, lo que pone en riesgo la salud de dicha población, donde esta situación, se constituya en signo de alerta, para que se tomen las medidas necesarias, para prevenir futuros desastres, aparte de ampliar criterios técnicos que coadyuven en dar seguridad, calidad de vida a esta zona de alta vulnerabilidad. No omitimos indicar que desde el año 2003, hemos realizado esfuerzos para que Municipalidad de Curridabat intervenga, sin contar a la fecha con respuesta satisfactoria y que elimine los inminentes riesgos para la población interesada. Cordialmente, en espera de su respuesta.” En cuanto a este agravio, la recurrida alega que la accionante no concretó el perjuicio que sufre, pues el informe de la CNE es un abordaje general. La Sala no pudo tener por probado que el Área Rectora de Salud de Curridabat atendiera de alguna manera el citado escrito de la accionante. Luego de valorar la nota enviada por la accionante, la Sala no extrae de ella una pretensión concreta, dirigida al área rectora recurrida, pues su intención es que “…este documento sea de su conocimiento…”. La vaguedad de tal pretensión no puede genera en la recurrente una expectativa en la atención de la misma. Igualmente, tampoco se establece un actuar concreto exigible en relación con la situación del río María Aguilar. La Sala tampoco puede achacar inacción a esa área rectora de salud, pues ha participado desde 2010 en la iniciativa Corredor Biológico Interurbano María Aguilar y también en la Estrategia Nacional de recuperación de cuencas urbanas 2020-2030, desplegando acciones propias de su competencia. Tales consideraciones llevan a desestimar el reclamo.

VII.- Atinente al cumplimiento de las recomendaciones de la CNE y la CGR. La accionante alega que la Municipalidad de Curridabat ha incumplido las recomendaciones de la CNE y la CGR. En cuanto a la CNE, menciona los oficios n.os DL-OF-198-2012 y CNE-UIAR-INF-0487-2019. La Sala nota que el cumplimiento del primero fue conocido mediante sentencia n.° 2018-17706 de las 9:20 horas del 26 de octubre de 2018, dictada en el expediente 18-006757-0007-CO, donde se resolvió:

“Se declara con lugar el recurso, únicamente, en cuanto a la falta de acatamiento de las recomendaciones brindadas por la Comisión Nacional de Emergencias para solucionar el problema que existe por el desbordamiento del río María Aguilar y sus consecuencias. Se ordena a Alicia Borja Rodríguez, en calidad de Alcaldesa de la Municipalidad de Curridabat, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que dentro del ámbito de su competencia, adopte las medidas pertinentes para que, dentro del plazo máximo de SEIS MESES contado a partir de la notificación de esta resolución, den solución al problema denunciado, que afecta a los recurrentes (…)”.

Por otro lado, en cuanto al oficio n.° CNE-UIAR-INF-0487-2019, la Sala estableció en la resolución n.° 2019-014352 de las 14:20 horas del 1 de agosto de 2019, emitida también en el expediente 18-006757-0007-CO, que ese informe era un seguimiento del n.° DL-OF-198-2012, que no debía ser conocido por la Sala:

“II.- Finalmente, en relación con el informe técnico No. CNE-UIAR-INF- 0487-2019, suscrito por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, denominado “Inspección y valoración de situación existente en el tramo de Río María Aguilar carretera a Cartago, Ruta No. 2”, según informó la autoridad recurrida se trata de un seguimiento del informe DPMINF- 0514-2012, el cual no viene a señalar la existencia de un incumplimiento por parte del municipio recurrido. Asimismo, consta que mediante informe técnico No. MC-GR-0064-07-2019 del 11 de julio de 2019, la Unidad de Gestión de Riesgo del municipio recurrido, indicó a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, las fechas y lugares donde se han realizado las limpiezas rutinarias y extraordinarias en la zona, en aras de brindar una solución a la problemática alegada, información con la que no contaba dicha Comisión y que corresponde a los trabajos que ha realizado el municipio para dar cumplimiento a referida sentencia. Así las cosas, al determinarse que dicho informe versa sobre un seguimiento realizado por Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, lo cual no corresponde a hechos nuevos que deban ser conocidos por esta Sala ni que incidan en el cumplimiento de la sentencia 2018- 017706 de las 9:20 horas del 26 de octubre de 2018, en cuanto a este extremo, lo procedente es declarar improcedente la gestión.” (El subrayado es agregado).

Deberá estarse la parte a lo ahí resuelto.

Atinente a las recomendaciones de la CGR, la Sala tuvo por probado que ella emitió el “Informe de auditoría operativa acerca de la gestión del servicio de alcantarillado pluvial en la Municipalidad de Curridabat” (oficio n.° DFOE-DL-IF-00012-2019 del 6 setiembre de 2019). Con respecto al cumplimiento de este informe, la Sala corroboró que, mediante oficio DFOE-SD-0456 del 18 de marzo de 2021, la CGR comunicó a la Municipalidad de Curridabat que había cumplido razonablemente con la disposición 4.6 de ese informe. Luego, por oficio DFOE-SEM-0936 del 5 de octubre de 2021, la CGR señaló que la municipalidad había cumplido con el punto 4.4 del citado informe. Al analizar el informe, el único punto que aparentemente no ha sido cumplido es el 4.5., donde se indica al alcalde de Curridabat:

“Elaborar un estudio técnico que permita conocer la situación actual del sistema de alcantarillado pluvial existente, el cual permita disponer de datos y criterios técnicos tales como capacidad hidráulica de los componentes del sistema, riesgos hidrológicos, vulnerabilidades, materiales y estado de la infraestructura, antigüedad, vida útil, entre otros, para posteriormente determinar las necesidades de mantenimiento e inversión de alcantarillado pluvial. Una vez finalizado dicho estudio, definir una cartera de proyectos a mediano y largo plazo conforme a las necesidades de mantenimiento e inversión identificados en el estudio técnico (ver párrafos del 2.20 al 2.31). Para ello, se deberá presentar al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República lo siguiente: i. Un oficio en el cual se indique la elaboración del estudio técnico de acuerdo con los términos dispuestos, a más tardar el 30 de junio de 2020. ii. Un oficio en el que se indique la elaboración de la cartera de proyectos, a más tardar el 01 de octubre de 2020.”

Ahora bien, la Sala determina que este Tribunal no es una instancia fiscalizadora del cumplimiento de las obligaciones de cada institución. Su labor es la tutela de derechos fundamentales. Así, el cumplimiento de una obligación institucional podría ser amparable cuando esté directamente relacionado con un derecho fundamental. En este caso, la omisión de elaborar un informe técnico para luego definir proyectos a mediano y largo plazo dista de ser una lesión o amenaza real a derechos fundamentales. Por ese motivo, se desestima el reclamo.

VIII.- En cuanto a la atención de los oficios MC-DGV-289-05-2021, MC-ALC-0614-08-2021 y MC-ALC-0869-10-2021 por parte del MOPT. La parte accionante considera que el MOPT ha lesionado los numerales 27 y 30 de la Constitución Política, toda vez que no ha atendido los oficios MC-DGV-289-05-2021, MC-ALC-0614-08-2021 y MC-ALC-0869-10-2021 de la Municipalidad de Curridabat. Al respecto, la Sala tuvo por probado que, por oficio DGV-289-05-2021 del 5 de mayo de 2021, el alcalde de Curridabat puso al ministro accionado en conocimiento del problema de desbordamiento del río María Aguilar. Solicitó sus buenos oficios para la intervención de mantenimiento eficiente que permitiera mejorar la capacidad hidráulica del puente sobre la ruta nacional 02. En atención a este oficio, el 10 de junio de 2021, funcionarios municipales y del MOPT inspeccionaron el lugar de los desbordamientos. Luego, el subdirector de la Dirección de Obras Fluviales del MOPT rindió informe al director de esa dirección con respecto a la inspección y emitió recomendaciones (oficio DVOP-DOF-2021-0627 del 18 de junio de 2021). Tales recomendaciones fueron comunicadas a la municipalidad accionada mediante correo del 21 de junio de 2021. Posteriormente, por medio del oficio MC-ALC-0614-08-2021 del 11 de agosto de 2021, dirigido al ministro recurrido, el alcalde de Curridabat dio seguimiento al oficio DGV-289-05-2021. Comunicó que la Dirección de Gestión Vial y el Departamento de Gestión del Riesgo de la municipalidad realizaron una inspección con ingenieros de la Dirección de Obras Fluviales. Solicitó el accionar que daría el MOPT e hizo ver que había una comunidad vulnerable al riesgo de inundaciones. Luego, por oficio MC-ALC-0869-10-2021 del 26 de octubre de 2021, el alcalde de Curridabat solicitó al ministro recurrido la valoración e intervención de los sitios donde el río María Aguilar causa inundaciones en rutas nacionales. En atención a este oficio, el director de la Dirección de Obras Fluviales remitió el oficio DVOP-DOF-2021-1257 del 3 de noviembre de 2021 al ministro recurrido, oficio que fue trasladado a la Municipalidad de Curridabat por correo del 4 de noviembre de 2021.

La Sala explica a la recurrente que los oficios antes señalados son parte de la coordinación interinstitucional, tendente a la atención del problema de fondo (lo que se verá en el considerando siguiente). En ese tanto, no se conceptualizan como peticiones o gestiones que se circunscriban en el ámbito de protección de los numerales 27 y 30 constitucionales. En consecuencia, se desestima el reclamo.

IX.- Con respecto al problema de desbordamiento del río María Aguilar en el sector de Curridabat. La parte accionante manifiesta que el río María Aguilar se desbordó el 23 de setiembre de 2021, lo que afectó a los vecinos, incluyendo al condominio Mallorca. Relata que todos los años ocurren eventos similares. Reclama que las acciones de las autoridades son insuficientes o meramente correctiva. Luego de analizar los autos, la Sala tuvo como hecho incontrovertido que, desde hace unos 10 años, el río María Aguilar se desborda cuando hay episodios de lluvias fuertes en la zona de Curridabat, donde está el puente de la ruta nacional 2 y el puente de la ruta municipal hacia Cipreses. Cuando eso ocurre, el desbordamiento afecta a los habitantes del condominio Mallorca. Uno de esos eventos ocurrió el 23 de setiembre de 2021, tal como se reclama. La Sala corroboró que la Municipalidad de Curridabat ha emprendido múltiples acciones para solucionar el problema y velar por los intereses locales. En ese sentido destaca que, durante 2021 y hasta la fecha de rendición del informe, la municipalidad había intervenido en 22 oportunidades el río María Aguilar con labores de limpieza de alcantarillado pluvial, inspección, poda, retiro de residuos, etc. Asimismo, la municipalidad tiene un proyecto de instalación de una red de estaciones meteorológicas que permitirán medir la intensidad de las lluvias, estimar si habrá un desbordamiento del río y emitir una alerta. La última fase de instalación del proyecto estaba programada para terminar en 2021. De gran importancia también es la gestión municipal para un nuevo puente en la ruta cantonal hacia Cipreses. El proyecto fue aprobado por el CFIA, MINAE y SETENA, y los recursos para su construcción fueron incorporados en el POA-2022. La obra incluye intervención en el cauce, lo que ampliará la capacidad hidráulica 100 metros aguas arriba y 75 metros aguas abajo. Si bien la Sala reconoce estos esfuerzos, no menos cierto es que el problema de desbordamiento e inundación en la zona persiste. Ya en 2018, la Sala tuvo noticia de la situación, según se analizó en la citada sentencia n.° 2018-17706. A pesar del transcurso de los años no se encuentra en el expediente una línea clara que permita prever que se resolverá el problema en un plazo razonable. El principal proyecto es el nuevo puente por la ruta a Cipreses, antes mencionado; no obstante, no se han definido mayores labores a emprender río abajo, en el puente de la ruta nacional 2 y la zona del condominio de la amparada. Es claro que la Sala no puede efectuar valoraciones técnicas y decantarse por un proyecto o solución específica, no solo porque tales aspectos escapan de su competencia, sino porque existe discrepancia entre las partes o los informes técnicos. Así, por ejemplo, en ocasiones se recomienda dragar el río; en otras se indica que sería contraproducente y poco efectivo. La Sala también hace hincapié en la responsabilidad de la municipalidad, pues sus obligaciones se extienden más allá de la afectación vial y abarcar asimismo el ordenamiento territorial, de manera que el crecimiento urbano se dé en el marco de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Tal obligación comprende la planificación, el otorgamiento de permisos, la fiscalización de obras, la vigilancia y conservación de zonas protegidas locales (ríos y sus márgenes) y la coordinación con otras municipalidad y entidades estatales (considerando V). En criterio de la Sala, el problema acusado por la recurrente se circunscribe en ese deber de coordinar y velar por los intereses locales y nacionales. Se extrae de los hechos probados, en especial lo que se detallaron en el considerando anterior, que ha habido cierta coordinación con el MOPT para abordar el problema. Sin embargo, no se observa que se concretara un plan de acción y, mucho menos, que él fuera implementado. Ante este panorama corresponde a la Sala brindar certeza a los tutelados con respecto al restablecimiento de sus derechos, girando para ello la orden atinente. La Sala reconoce que la magnitud del problema imposibilita que la solución sea inmediata; de ahí la amplitud del plazo otorgado, lo que se hace con reserva expresa de las potestades de esta Sala para velar por la ejecución de lo ordenado (artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). En virtud de lo anterior, se declara con lugar este extremo en los términos expuestos en la parte dispositiva de esta sentencia.

X.- Con respecto a la sentencia n.° 2018-17706 de las 9:20 horas del 26 de octubre de 2018. Por último, se reclama el incumplimiento de la sentencia n.° 2018-17706 de esta Sala. La parte interesada deberá plantear y fundamentar la gestión respectiva en el expediente correspondiente, si a bien lo tiene.

XI.- Nota del Magistrado Salazar Alvarado. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que está de por medio la tutela de la vida, salud pública e integridad física de los recurrentes, de los habitantes del Condominio Mallorca en Curridabat, debido a las inundaciones que sufren sus viviendas por desbordamiento del río María Aguilar, lo que provoca que la corriente de agua arrastre basura de todo tipo, aguas negras, con daño evidente también a la propiedad.

XII.- Voto salvado parcial respecto a la parte dispositiva de esta sentencia de la Magistrada Garro Vargas. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero parcialmente sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, específicamente en cuanto a las acciones que se estipulen para solucionar el problema de desbordamiento e inundación del río María Aguilar en la zona objeto de este proceso, lo anterior debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.

XIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

 Se declara parcialmente con lugar el recurso, en los términos señalados en el considerando IX de esta sentencia. Se ordena a Jimmy Cruz Jiménez, Randall Rodríguez Araya y Óscar Mora Altamirano, por su orden alcalde, director de gestión vial y presidente del Concejo, todos de la Municipalidad de Curridabat, y a Rodolfo Méndez Mata, en su condición de ministro de Obras Públicas y Transportes, o a quienes ejerzan esos cargos, que, en aplicación de la coordinación interinstitucional, giren las órdenes necesarias, en el ámbito de sus competencias, para que ambas instancias elaboren en conjunto un plan de acción que solucione el problema de desbordamiento e inundación del río María Aguilar en la zona objeto de este proceso. Se otorga a los recurridos el plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, para la elaboración del citado plan, y el plazo adicional de TREINTA Y SEIS MESES para su implementación. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Curridabat al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto al cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Emergencia, estese a lo resuelto en las resoluciones n.os 2018-17706 de las 9:20 horas del 26 de octubre de 2018 y 2019-014352 de las 14:20 horas del 1 de agosto de 2019. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. La Magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Notifíquese.

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ana María Picado B.

	

 

	

Jorge Isaac Solano A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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EXPEDIENTE N° 21-021282-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 17:08:29.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Constitutional Chamber  

Resolution No. 03950 - 2022  

Date of Resolution: February 18, 2022 at 09:30  

Case File: 21-021282-0007-CO  

Drafted by: Paul Rueda Leal  

Type of Matter: Amparo Appeal  

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER  

Judgment with Dissenting Vote  

Judgment with Separate Note  

Relevance Indicators  

Relevant Judgment  

Related Judgments  

Content of Interest:  
Strategic Themes: Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights  
Type of Content: Majority Vote  
Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS  
Topic: MUNICIPALITY  
Subtopics:  
INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.  

03950-22. MUNICIPALITY. THE MAYOR, THE DIRECTOR OF ROAD MANAGEMENT, AND THE PRESIDENT OF THE COUNCIL, ALL OF THE MUNICIPALITY OF CURRIDABAT, AND THE MINISTER OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT ARE ORDERED, IN APPLICATION OF INTERINSTITUTIONAL COORDINATION, TO ISSUE THE NECESSARY ORDERS, WITHIN THEIR SPHERES OF COMPETENCE, SO THAT BOTH BODIES JOINTLY DRAFT AN ACTION PLAN TO RESOLVE THE PROBLEM OF OVERFLOW AND FLOODING OF THE RÍO MARÍA AGUILAR IN THE AREA THAT IS THE SUBJECT OF THIS PROCEEDING. THE RESPONDENTS ARE GRANTED A PERIOD OF SIX MONTHS.  

“(…) Although this Chamber recognizes these efforts, it is no less true that the problem of overflow and flooding in the area persists. As early as 2018, this Chamber learned of the situation, as analyzed in the cited Judgment No. 2018-17706. Despite the passage of years, the case file does not contain a clear line that allows for the prediction that the problem will be resolved within a reasonable time. The main project is the new bridge on the route to Cipreses, mentioned above; however, no major work has been defined to be undertaken downstream, at the bridge on National Route 2 and the area of the petitioner's condominium. It is clear that this Chamber cannot make technical assessments and decide on a specific project or solution, not only because such aspects are beyond its competence, but also because there is disagreement between the parties or the technical reports. Thus, for example, dredging the river is sometimes recommended; at other times, it is indicated that this would be counterproductive and ineffective. This Chamber also emphasizes the municipality's responsibility, as its obligations extend beyond road impacts and also encompass land-use planning (ordenamiento territorial), so that urban growth occurs within the framework of a healthy and ecologically balanced environment. Such an obligation includes planning, granting permits, supervising works, monitoring and conserving local protected areas (rivers and their banks), and coordinating with other municipalities and state entities (Considerando V). In this Chamber's opinion, the problem alleged by the petitioner falls within this duty to coordinate and to look after local and national interests. It is clear from the proven facts, especially those detailed in the preceding Considerando, that there has been some coordination with the MOPT to address the problem. However, it is not evident that an action plan was made concrete, much less that it was implemented. Given this situation, it is incumbent upon this Chamber to provide certainty to the protected parties regarding the restoration of their rights, and to this end, to issue the pertinent order. This Chamber recognizes that the magnitude of the problem makes an immediate solution impossible; hence the breadth of the granted period, which is done with the express reservation of this Chamber's powers to ensure the execution of what has been ordered (Article 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional). By virtue of the foregoing, this ground is declared with merit in the terms set forth in the operative part of this judgment. (…)” VCG03/2022  

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Related Judgments  
Content of Interest:  
Type of Content: Separate Note  
Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS  
Topic: MUNICIPALITY  
Subtopics:  
INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.  

XI.- Separate Note of Judge Salazar Alvarado. In principle, I consider that cases related to the Public Administration's inactivity in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work should be dismissed, because that omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested party can debate their disagreements with greater latitude. However, when that omissive administrative conduct results in a violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction, or affects groups considered vulnerable, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject, as is the case here, where the protection of the life, public health, and physical integrity of the petitioners, the inhabitants of the Condominio Mallorca in Curridabat, is at stake, due to the flooding of their homes caused by the overflow of the Río María Aguilar, which causes the water current to drag all types of garbage and sewage (aguas negras), with evident damage also to property.  

VCG03/2022  

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Content of Interest:  
Type of Content: Dissenting Vote  
Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS  
Topic: MUNICIPALITY  
Subtopics:  
INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.  

XII.- Partial dissenting vote regarding the operative part of this judgment by Judge Garro Vargas. Although I agree with the majority of the Chamber that the appeal should be declared with merit, I partially differ on where the enforcement phase of the matter should be placed, specifically regarding the actions stipulated to resolve the problem of overflow and flooding of the Río María Aguilar in the area that is the subject of this proceeding, because of the lack of adequate mechanisms provided for by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects. In contrast, the provisions of the Código Procesal Contencioso-Administrativo regarding enforcement (Article 155 and following) have clear advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, supervising compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, I believe that the enforcement phase should take place before the Enforcement Area of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the judgment enforcement rules of said Code.  

VCG03/2022  

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Text of the Resolution  

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Exp: 21-021282-0007-CO  

Res. No. 2022003950  

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the eighteenth of February, two thousand twenty-two.  

Amparo appeal processed in case file No. 21-021282-0007-CO, filed by ALEJANDRA ROJAS SALAZAR, identity card 0109520926, on behalf of CONDOMINIO MALLORCA, against the MUNICIPALITY OF CURRIDABAT AND THE MINISTRY OF HEALTH.  

Whereas:  

1.- By a document received in the Chamber on October 22, 2021, the claimant filed an amparo appeal. She states that she is the administrator and legal representative of the Condominio Mallorca located in Curridabat, 100 meters south of Almacén Pequeño Mundo. She indicates that on September 23, 2021, the Río María Aguilar collapsed due to a lack of preventive maintenance and mitigation works in the riverbed (cauce del río), as well as on the bridges located near BAC San José in Cipreses and on the bridge over National Route 02, Interamericana. She mentions that there is very little distance between these bridges. She points out that the problems in the area are longstanding and are of public knowledge, given the constant occasions on which the river has overflowed in that area. She adds that there is a large amount of accumulated sedimentation under the riverbed, including branches, sediment, stones, zinc sheets, pieces of marble, among others, so the hydraulic capacity of the river cannot handle the current and the existing waste in the river and on its banks. She mentions that the Municipality of Curridabat has stated that the situation in the place is due to entropy caused by the disorder of human action; however, the problems in the sector are due to the preventive inaction on the part of the respondent authorities in providing adequate maintenance and cleaning of the Río María Aguilar. She notes that since 2003, problems have been occurring due to the overflow of the river in the Cipreses area, specifically at the previously mentioned bridges. She relates that the respondents have ordered technical studies through the direct purchase of abbreviated tenders to make the corresponding decisions and improve the riverbed of the Río María Aguilar. She states that by Judgment No. 2018-017706 at 09:20 hours on October 26, 2018, the Constitutional Chamber partially granted an amparo appeal filed regarding the problems described in the Curridabat sector, in which the Municipality of Curridabat was ordered to comply with the recommendations provided by the Comisión Nacional de Emergencias to solve the problem of the overflow of the Río María Aguilar and its consequences, for which a six-month period was granted to provide a definitive solution to the reported facts. She explains that on September 27, 2019, a report was received from the Contraloría General de la República, by which the Municipality of Curridabat was ordered to implement a continuous procedure to inspect, detect, and supervise sites in the canton of Curridabat where wastewater is discharged into the storm sewer (alcantarillado pluvial), as well as to take actions to correct the problems in the area, among others. She adds that through official letters Nos. DL-OF-198-2012 of June 25, 2021, and CNE-UI-AR-INF- 0487-2019 of June 19, 2019, through which the Comisión Nacional de Emergencias issued studies establishing: “(…) a. Evaluate the risk of the land located around the Río María Aguilar, on the bridge (Route 02), through a site inspection and analysis of background-database (natural hazards). b. Comparison of site conditions according to a database of on-site inspections carried out in order to issue technical criteria and recommendations, to give continuity to the requested case (…)”. She explains that despite what was indicated by the Comisión Nacional de Emergencias about the floods in the Cipreses area of Curridabat, the necessary measures have not been taken to solve the problem. She states that due to the stagnation of water in the sedimentation deposits under the bridges in Cipreses and over National Route 02, as well as the poor conditions of the sewer system and the amount of garbage of all types, including sewage (aguas negras), the public health of the people who reside and work in the surrounding areas is exposed to high risk, and damage to the environment is also evident. She recounts that on January 30, 2021, a petition was filed with the mayor of Curridabat requesting that the pertinent actions be taken to urgently solve the problems in the area and that the cleaning of the riverbed of the Río María Aguilar, which affects public health and the ecosystem, be carried out. She maintains that despite the recommendations issued by the Contraloría General de la República, the Comisión Nacional de Emergencias, and others, the respondent municipal authorities have only carried out superficial cleaning work in the area. However, the pertinent actions to prevent such problems from occurring have not been planned, through deep cleanings to allow the correct flow of water in the riverbed of the Río María Aguilar. Finally, she points out that on October 22, 2019, the representative of the protected condominium submitted a copy of the studies carried out in the area to the Área Rectora de Salud de Curridabat, but after more than 2 years, no response has been received. She considers that the facts described violate their fundamental rights.  

2.- By a resolution at 6:52 hours on October 29, 2021, the amparo appeal was processed.  

3.- Under oath, Jimmy Cruz Jiménez, Randall Rodríguez Araya, and Óscar Mora Altamirano, respectively the mayor, director of road management (gestión vial), and president of the Council, all of the Municipality of Curridabat, report in the following terms: “A. REGARDING THE MAINTENANCE OF THE RÍO MARÍA AGUILAR RIVERBED It is not true, as stated by the petitioner, that the Municipality of Curridabat has not only failed to address the recommendations of the official letters from the Comisión Nacional de Emergencias and the Contraloría General de la República, but also that it only carries out corrective work once floods have occurred, because in relation to the situation presented with the Río María Aguilar, it is important to inform this Chamber that through the joint efforts of Departments such as Environmental Protection, Road Management (Gestión Vial), and Comprehensive Risk Management (Gestión Integral del Riesgo), mitigation actions are indeed carried out for the effects produced during the rainy season. Such is the case of the Department of Environmental Protection, which recurrently carries out inspections and manual interventions within the canton's natural watercourses. The tributaries of the Río María Aguilar and its main channel are subject to these inspections and interventions for the purpose of removing those logs, branches, or other types of debris that can be addressed manually. The regularity of these inspections and interventions corresponds to risk prevention and mitigation works, which have been carried out throughout the entire year 2021 as will be indicated later, with objectives such as: \\/ Carry out cleaning and review of the storm sewer system to free drains of debris, prevent overflows and floods, favoring the flow of water and the health of the rivers. / Detect, communicate, and manage, as appropriate, environmental impacts, such as irregular connections to the storm sewer system and sources of contamination. ~/ Address arboriculture management for adequate coexistence in the city, including pruning, cutting down rotten, diseased, or hazardous trees, as well as their replacement. / Ensure the free flow of the watercourse by means of work involving the manual removal of solid waste, the intervention of fallen trees and branches, and communicating risky situations or those that, by their nature, exceed manual work capacity. Manage river protection by detecting and managing observed irregularities. «/ Comply with the provisions of the Contraloría General de la República regarding the detection, attention, and supervision of problems related to wastewater in storm sewer systems. The weekly report on said interventions and inspections issued by the Department of Environmental Protection can be verified in the work report letters attached as documentary evidence, namely: MCPMA- 0074-02-2021, MC-PMA-0090-02-2021, MC-PMA-0131-03-2021, MC-PMA- 0140-03-2021, MC-PMA-0160-03-2021, MC-PMA-0205-04-2021, MC-PMA-0219- 04-2021, MC-PMA-0234-05-2021, MC-PMA-0267-05-2021, MC-PMA-0285-05- 2021, MC-PMA-0298-05-2021, MC-PMA-0327-06-2021, MC-PMA-0348-06-2021, MC-PMA-0434-07-2021, MC-PMA-0453-08-2021, MC-PMA-0513-08-2021, MCPMA- 0537-09-2021, MC-PMA-0552-09-2021, MC-PMA-0565-09-2021, MC-PMA-0598-10-2021, MC-PMA-0620-10-2021, MC-PMA-0636-10-2021, and which, unlike the petitioner's statements, show that the Río María has received the required attention on at least 22 occasions so far this year. It is important to mention that the scope of this service corresponds to manual removal of obstructions found within the riverbed that is in the public domain, and does not include interventions within private property, nor in private Protection Areas, nor those found outside the territory of Curridabat. B. REGARDING THE MONITORING ACTIONS OF THE RÍO MARÍA AGUILAR RIVERBED As can be seen in the attached image, the Municipality has invested in projects that can provide scientific-technical information to strengthen analyses and actions through hydrographic basins. One of those projects is the Network of Meteorological Stations, a project already in its final installation phase this year. There are already 4 meteorological stations and 2 hydrometric stations, the latter measuring flow levels. Variables have been studied during recent intense rain events, and threshold estimates have been established which, when exceeded, mean that the river will overflow in the affected sector. This allows for, together with the cleaning actions carried out along the river, rain and riverbed level monitoring of the Rio Maria Aguilar through this network of meteorological stations of the Municipality of Curridabat located at various points in the Río María Aguilar basin and the Canton, with the aim of keeping said basin free of garbage and debris. Likewise, these actions have allowed for an early warning procedure when heavy rains occur in the upper part of the basin that could cause possible river overflows in the lower part, providing the option of alerting communities several minutes in advance of an event, since heavy rains often occur in the upper part of the basin that is outside the limits of Curridabat.” They point out that this year the practice was adopted of contacting two representatives of the Condominio Mallorca – one of them the petitioner – in order to provide an alert when the threshold is exceeded. This allows people within a range of 20-30 minutes to prepare for a possible event. Regarding the proximity of the bridges, they acknowledge that the cantonal route bridge is located 25 m away, upstream from the bridge over National Route 02, which is under the administration of MOPT-CONAVI, to whom requests for intervention and maintenance have been sent, both for the bridge and the riverbed, on different occasions. As for the new access bridge to Cipreses, they affirm that the municipality has carried out various hydrological, slope, and ground bearing capacity studies in the surroundings of the bridge on the cantonal route, as well as topographical studies, which have served as inputs for the current design of the new access bridge to Cipreses, which was processed through official letter MC-GR-0060-07-2019 and corresponded to contracting process 2019LA-000022-01 with purchase order No. 44191. This project is approved by the CFIA and has approval from the MINAE and SETENA. Likewise, its budget is incorporated in the POA-2022. They note that there is a designed project to rebuild the current bridge located on the cantonal route toward the Cipreses sector, where obstructions in the riverbed often occur, leading to overflows, mud, and materials such as logs and improperly disposed waste. The proposed design consists of a two-lane structure with lateral sidewalks, whose length goes from 8 to 22 meters and exceeds the current grade level by approximately 2.5m. The work includes an intervention in the riverbed, which will expand the hydraulic capacity and the riverbed by at least 100m upstream and 75m downstream (includes approach fills and complementary retention structures). Regarding the Contraloría General de la República and the CNE, they refer to report No. DFOE-DL-IF-00012-2019 of the CGR regarding the management of the storm sewer service in the Municipality of Curridabat. They indicate: “A schedule of activities was defined to comply with what was requested, actions that have been fully complied with to the satisfaction of the CGR, including the definition of procedures for addressing citizen requests concerning the storm sewer system, the definition of procedures in conjunction with the Ministry of Health when the presence of sewage (aguas negras) is detected in the storm sewer system, as well as an inventory of the storm sewer network that is in the process of being executed. As proof of the foregoing, the following official letters are attached: DFOE-SEM-0936 and DFOE-SD-0456, where several of the provisions requested by the CGR are acknowledged as received and concluded according to the established schedules, and where it is also indicated, contrary to what the petitioner mentions, that the Municipality of Curridabat satisfactorily complied with provision 4.4 and the follow-up phase is considered concluded. F. REGARDING COORDINATION ACTIONS WITH MOPT-CONAVI-CNE There have been approaches with the MOPT, given that three of the elements exposed to flooding in this sector belong to national or transversal routes, namely: 1. Bridge over the Río María Aguilar on National Route 02. 2. Bridge over the Río María Aguilar on Transversal Route 11804 near Hortifruti (according to recent inspections, damage to the bridge railings is evident). 3. Bridge over the Río María Aguilar on National Route 221, diagonal to the Condominio Mallorca. For these purposes, official letter MC-DGV-289-05-2021 was sent, requesting collaboration from the Dirección de Obras Fluviales (DOF) for an urgent intervention on the bridge over National Route 02. In response, DOF personnel coordinated an on-site inspection for June 10, the situation was explained to them, and they were asked for collaboration on an intervention. In response, on June 18, they responded via official letter DVOP-DOF-2021-0627 with the following: (transcribes it). Given that in the letter in question they are not clear regarding their actions to address this process, a further official letter MC-ALC-0614-08-2021 dated August 11, 2021, was sent addressed to the Minister of MOPT, and no response has yet been received. However, on October 26, 2021, MC-ALC-0869-10-2021 was sent, addressed to the Minister with a copy to the Director of Obras Fluviales and the Chief of Research and Risk Analysis of the CNE, where they are informed of the construction project this Municipal Corporation would carry out the following year and are requested to work in a coordinated manner in order to address this problem according to the spatial dynamics of the hydrographic basins so as not to transfer flooding problems downstream. No response has yet been received from the Minister, while the Director of Obras Fluviales in Official Letter DVOP-DOF-2021-1257 notes the following: (transcribes it). Regarding the CNE, during May 2021, they were approached to assess the possibility of dredging. In response, CNE officials ruled out using mechanisms through them for this work, arguing that many Municipalities have misrepresented the reasons for using these instruments and seek to resort to them in order to avoid processing the corresponding matters with SETENA and the MINAE's Dirección de Aguas, since dredging is an intervention in the riverbed and therefore requires that permitting. After the event of last September 23 mentioned by the petitioner, this being an extraordinary event, for which similar records regarding rain intensity and impacts on routes and flooding in the commercial sector and homes have only been recorded since 2010, the Chief of the Research and Risk Analysis Unit of the Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Geologist Lidier Esquivel, proceeded to contact the Department of Comprehensive Risk Management, and on October 26 of this year, a meeting was held where the aforementioned gentleman was briefed on all the efforts undertaken to address this situation, agreeing on the following: a) This problem is complex and requires the action of many other actors, not solely the Municipality of Curridabat. b) The possibility of carrying out a dredging in the most critical riverbed sector can be assessed, citing the emergency events triggered on September 23 of this year, through an instrument called "First Impact," given that the effects transcend the cantonal boundary and there are national-level consequences when traffic on National Route 02 is interrupted. c) The above, knowing that it is a palliative measure that does not resolve the problem, and it is not advisable to significantly widen the cross-section as it could lead to slope instability problems. d) Inform the MOPT authorities that the intervention at this site is a priority and that it is their responsibility to address this problem in a coordinated manner with this Municipal Corporation. G. REGARDING COMMUNICATION AND COORDINATION WITH THE CONDOMINIO MALLORCA Regarding communication and coordination with the residents of this Condominium, it is indicated that on April 22 of this year, a meeting was held at the Mayor's Office, attended by the undersigned in my capacity as Mayor, Engineer Gustavo Mora, Biologist José Retana, and Mrs. María del Mar Saborío, on behalf of the Municipality, as well as Francisco Echeverría, Flor Rojas, and the petitioner Alejandra Rojas, on behalf of the community. During this meeting, the community members were informed of the results of the studies that have been contracted in order to better understand the associated problem, given that it is complex and corresponds to a spatial unit of the hydrographic basin that even transcends administrative cantonal limits, which requires a set of actions to minimize vulnerability to flooding. On the other hand, the preventive cleaning program in the sector was presented, given that during the rainy season it has a periodicity of every 2 or 3 weeks. Furthermore, the community was informed that the complete design, construction plans, schedule, and detailed budget for the cantonal bridge to Cipreses were already available and that the source of financing was being sought. Additionally, official letter MC-GIR-0043-04-2021 is attached, regarding prevention and mitigation actions in the face of flood vulnerability in the BAC - Mallorca sector, detailing the actions carried out in recent periods jointly by the Road Management Directorate (Dirección de Gestión Vial) and the Risk Management Unit (Unidad de Gestión del Riesgo), and official letter MV-GV-0780-08-2020 sent to the petitioner, Mrs. Alejandra Rojas Salazar, providing follow-up and support to the residents. Thus, it is clear from the foregoing that the Municipality of Curridabat, through the Road Management Directorate, the Department of Comprehensive Risk Management, and the Department of Environmental Protection, has indeed been carrying out the necessary actions, not only in the management of works and coordination with the MOPT and CONAVI, but also in preventive works and actions, with the aim of providing a solution to the overflow problems of the Rio María Aguilar; likewise, it must be clear that both the Ministry of Public Works and Transport and CONAVI must carry out the necessary actions on the right-of-way of National Route 02.” They refer to the complexity of the problem, whose solution implies a hydrographic basin approach with various fronts of action from the public and private spheres. They note that studies show that reducing flood risk in the area requires preventive and mitigation measures involving the municipality, the MOPT, CONAVI, the residents of the Condominio Mallorca, and future developers upstream, both within and outside the canton. The first measure would be to expand the hydraulic capacity of the bridge on the cantonal route to Cipreses and that of RN02. In addition, to perform updates of the hydrological-hydraulic models. They estimate that the problem cannot be resolved with a dredging. According to the studies, that measure would cause greater erosion, instability, environmental damage, and water velocity, which could transfer the flooding to another nearby site. Furthermore, it would be necessary to repeat the measure every time intense rains are experienced, because that sector accumulates sediments in the short term. They transcribe study conclusions. They list the attention measures: a) Contracting of technical studies that provide criteria regarding possible solutions in a complex area; b) Preventive cleaning programs, as well as the cleaning of the entire sector once the emergency has occurred, even attending to bridges and routes that are of national competence; c) Specialized cleanings, such as the complex removal of a bamboo grove in the protection area and riverbed, an act triggered because an owner carried out inappropriate construction practices; d) Repeated attention to residents (meetings, emails, calls); e) Risk prevention and mitigation projects: 1. Participation in the Agencia Intermunicipal de la Cuenca del Río María Aguilar; 2. Inclusion in the proposal for the Plan Regulador; 3. Replacement of the bridge on the cantonal route; 4.

Coordination with bodies such as CNE, MOPT, and CONAVI. They request that the appeal be dismissed.

4.- Melissa Arguedas Arce, in her capacity as acting director of the Curridabat Health Governing Area (Área Rectora de Salud Curridabat), reports under oath in the following terms: “I. REGARDING THE ALLEGED FACTS AND THE ACTIONS OF THIS HEALTH GOVERNING AREA. That she is the administrator and legal representative of the Mallorca Condominium located in Curridabat, 100 meters south of Almacén Pequeño Mundo. According to the brief of the appeal, the protected party refers to the long-standing problem that occurs with the María Aguilar River, due to the lack of preventive maintenance and mitigation works in the riverbed, on the bridges located at the height of BAC San José in Cipreses and on the bridge over National Route 02, Interamericana, which generate overflowing due to the large amount of accumulated sedimentation under the riverbed, such as branches, sediment, stones, zinc sheets, marble pieces, among others, so the hydraulic capacity of the river cannot handle the current and the existing waste in the river and its banks. In this regard, it points out specific situations regarding the approach of the Municipality of Curridabat regarding this problem, complaints that have been filed, provisions of judgment 2018-017706 of October 26, 2018, of the Constitutional Chamber, recommendations of the National Emergency Commission through report CNE-UI-AR-INF-0487-2019 and of the Comptroller General of the Republic. It adds that due to the stagnation of water in the sedimentation banks under the Cipreses and National Route 02 bridges, as well as the poor condition of the sewer system and the amount of garbage, including black water, the public health of the people residing and working in the surroundings is exposed, as well as environmental damage. According to what is established in the amparo appeal under file 21-021282-0007-CO, the Comptroller General of the Republic on September 27, 2019, ordered the municipal entity to implement a continuous procedure to inspect, detect, and supervise the sites in the canton of Curridabat where wastewater is discharged into the storm sewer. In this particular aspect, it is reported that to date no specific complaints have been registered for the discharge of black water into the Río María Aguilar, in the indicated sector, formulated by the Municipality of Curridabat, nor by civil society. Regarding what Mrs. Rojas Salazar directly appeals to this Ministry of Health, she states that on October 22, 2019, she presented to the Curridabat Health Governing Area a copy of the studies carried out in the area, but after more than 2 years she has not obtained a response. In this regard, it is reported that in effect on October 22, 2019, this Health Governing Area received a note signed by the protected party here, in which the official letter CNE-UI-AR-INF-0487-2019 of the National Emergency Commission is made known so that note is taken on aspects related to the environment. As can be drawn from this matter, the protected party appeals to the Constitutional Court on behalf of the Mallorca Condominium, however, it is not detailed or specified for the specific case of this Ministry of Health, what is the harm suffered by her represented party, since the aforementioned Commission report provides a general and comprehensive overview of the situation of the María Aguilar River on the Route 2 bridge. Addressing this type of diffuse problems requires a comprehensive intervention by the institutions, since they originate from the headwaters of these bodies of water, in this particular case, from the Canton of La Unión de Cartago. Specifically, it is reported that this Curridabat Health Governing Area has participated since 2010 in the María Aguilar Interurban Biological Corridor (Corredor Biológico Interurbano María Aguilar, CBIMA), as well as the recent participation in the National Strategy for the Recovery of Urban Watersheds 2020-2030 (Estrategia Nacional de recuperación de cuencas urbanas 2020-2030, Estrategia Ríos Limpios), jointly with different governmental and non-governmental entities and organizations at the national level. The local commission of the María Aguilar Interurban Biological Corridor has the following background: 1. Decreto Ejecutivo N°33106-MINAE published in La Gaceta Nº103 on May 30, 2006, which constitutes the creation of the National Program of Biological Corridors (Programa Nacional de Corredores Biológicos), which contemplates the creation of Local Councils. 2. Decreto Nº40043-MINAE of August 31, 2016, published in Alcance Nº19 of La Gaceta Nº20 of January 27, 2017–, called “Regulation of the National Program of Biological Corridors” (Regulación del Programa Nacional de Corredores Biológicos), which creates the Interurban Biological Corridors. 3. Official letter N°SINAC-CONAC-SA-435 of December 18, 2017, issued by the Executive Secretariat of the National Council of Conservation Areas (Consejo Nacional de Áreas de Conservación, CONAC) of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), communicates its agreement N°66, taken in Ordinary Session N°12-2017 of the same December 18, 2017, through which it unanimously agrees as follows: “CONAC acknowledges and officializes the Interurban Biological Corridor Río María Aguilar, of the Central Conservation Area (Área de Conservación Central, ACC)…” 4. The specific objectives proposed by the Local Committee of the biological corridor are: a. To promote a Regional Environmental Agenda, at the Micro-watershed level, based on a comprehensive model, in which issues of deforestation, forest protection, watersheds, proper solid waste management, climate change, and education are addressed under the active participation of the citizenry, integrating conservation components with human development and economic competitiveness of the Greater Metropolitan Area. b. To promote collaboration and coordination of Municipal Projects among the five cantons. c. To develop a citizen network with the participation of community, sports, women's, youth, senior citizen, and other organizations, promoting inter-institutional cooperation and coordination around the Environmental Agenda of the Micro-watershed. d. To integrate neighboring communities of the María Aguilar Interurban Biological Corridor into the Local Committee. Of the actions developed by the local commission of the María Aguilar Interurban Biological Corridor where the Health Governing Area has participated, the following are cited: ✓ An Operational Work Plan for the 2019–2020 period, from which its specific objectives include integrating the communities that work and transit around the María Aguilar River as part of this project. The Biodiver_city Project, whose vision is the establishment of Interurban Biological Corridors incorporating ecosystem services, corridor management, and a green city in urban planning (Oct 2018-Oct 2021), through strategic axes such as: Framework Conditions, Knowledge and Communication Management, and Management Capacities. ✓ Another project is “Conserving Urban Ecosystem Services” (Conservando los Servicios Ecosistémicos Urbanos), where alliances are formed between public institutions and non-governmental organizations, as well as with the general population, for the development of urban spaces with maintenance, recovery, rehabilitation, or creation actions of natural, semi-natural spaces, and green architecture such as comprehensive urban recreational parks, interurban biological corridors, green grids or connectors for human well-being, the recovery of ecological functions, and contributing to decarbonization. ✓ Activities in public parks, such as extraordinary work sessions in the José María Zeledón public park, the Parque de la Nacionalidad Costarricense, INVU properties in the Hatillo sector, the Aula Ambiental in Barrio Cuba where the discussions of the Exchange of experiences between biological corridors are held to seek alliances and new environmental ideas, in order to promote conservation and the improvement of environmental quality. ✓ Other actions contemplated by the CBIMA, field work such as cleaning of solid waste on slopes and tree planting campaigns are periodically carried out, with the purpose of fulfilling the CBIMA objectives and having the goal of improving the environmental quality of the Río María Aguilar watershed, establishing goals and work plans to quantify the results and verify compliance with the annually established objectives. ✓ Within the framework of the National Strategy for the Recovery of Urban Watersheds 2020-2030 (Ríos Limpios), led by the Vice-Ministry of Water and Seas and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), and active participation of the Ministry of Health, the aim is to achieve a recovery of urban rivers, through the implementation of actions in 5 main axes: i) Strengthening the governance mechanisms of existing territorial management, ii) Recovery of the quality of the water resource, iii) Proper solid waste management, iv) Recovery of riparian ecosystems and reduction of the impact of invaded protection areas, v) Implement a communication strategy. The work around these five axes is measurable in the short and medium term, which allows for technical decision-making with real and continuous advances. In the first instance, the execution of a three-year pilot plan in the micro-watersheds of the Torres and María Aguilar rivers is proposed. This will facilitate its implementation and the generation of experiences in order to replicate the actions in other urban micro-watersheds. The purpose is that every 4 years this strategy be applied in at least 2 sub-watersheds or micro-watersheds, with a total impact on at least 6 bodies of water. The Ríos Limpios strategy is a transcendental initiative that contributes to the improvement of ecosystems and the quality of life of people around urban watersheds, seeks the sustainability of the water resource, knowledge development, promotes the creation of a water culture through social participation and the formation of strategic alliances. Therefore, it is key in the National Policy for Integrated Water Resource Management (Política Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico), the National Water Policy (Política Nacional Hídrica), and the fulfillment of the Sustainable Development Goals (SDGs). Contributing directly to SDGs 3 health and well-being, 6 clean water and sanitation, 10 reduced inequalities, 11 sustainable cities and communities, 12 responsible consumption and production, 13 climate action, 14 life below water, 15 life on land, 17 partnerships for the goals. All the cited actions have been an axis of joint work with the Health Governing Areas of Southeast Metropolitan, Hospital – Mata Redonda, Montes de Oca, and La Unión, which also belong to the Local Committee of the María Aguilar River Interurban Biological Corridor. It is reiterated that the action of the Curridabat Health Governing Area is documented in the active participation in the CBIMA, promoting the actions that arise within this committee for the sake of improving biodiversity and the environmental quality of the Río María Aguilar Watershed. All this approach that has been referenced has been addressed for more than a decade, however, through official letter MS-DRRSCS-DARSCU-2763-2021 addressed to the Municipality of Curridabat, it is requested to report on the actions carried out in response to the technical report CNE-UIAR-INF-0487-2019 of the CNE, in order to minimize the risks of overflowing and flooding of the Río María Aguilar in the sector of interest. Now, the technical report CNE-UIAR-INF-0487-2019 of the National Emergency Commission (CNE), in section VI of Recommendations, point D, points out the intervention of the Municipal Corporation of the canton of Curridabat and the Ministry of Health regarding "assessments of quality and volume of water discharged directly into the María Aguilar riverbed," however, it is clarified that these assessments correspond to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA), which has a water quality analysis laboratory, for conducting tests based on the "Dutch water quality assessment index" (Índice holandés de valoración de la calidad del agua, ICA holandés) stipulated in the Regulation for the Evaluation and Classification of the Quality of Surface Water Bodies, Decreto Ejecutivo Nº 33903-MINAE-S. From the foregoing, Honorable Magistrates, it is apparent that what has been denounced against this Ministry of Health lacks foundation, since this Health Governing Area, as well as those that make up the Local Committee of the María Aguilar River Interurban Biological Corridor, have been providing follow-up and attention to the situation surrounding said watershed and other urban micro-watersheds, for many years before the protected party here brought said situation to light. Thus, the protected party is not correct in arguing that no attention has been given to said problem.” She requests that the appeal be dismissed.

5.- The appellant expresses her disagreement with the report rendered by the respondent municipality. She considers that it does not have solid, concise, and concrete foundations. She estimates that it describes cleaning work, subsequent to the disasters of the floods. However, they do not remove the sediments in the riverbed, gutters (caños), sidewalks, and clogged sewers. Nor do they follow the recommendations of the CNE or CGR. She reiterates that sediment removal is required. They accuse that the "22 interventions" of cleaning have not been efficient, optimal, or sufficient, since there have been different flooding events. She questions the different technical studies. They list the studies. She affirms that the studies have not yielded results. She denies that the flood warning is given within 20 or 30 minutes. She thinks it is 10 minutes. She considers that the overflowing is due to the accumulation of sediment and that coordination with other municipalities is necessary. She states that the administration of riverbeds corresponds to the municipality, not to MOPT or CONAVI. She expresses that the municipality did not follow up on the official letters it sent to those bodies. She makes a historical recount of the promises of a new bridge and disputes the existence of funds for that project. She reiterates that the municipality has not followed up on coordination with MOPT, CONAVI, and CNE. She points out that the condominium has carried out mitigation works. She denies that the overflow site is a natural flood plain, as the first floods appeared in 2003. She acknowledges that urban growth contributes to the problem. She affirms that dredging is not the solution. She insists on her arguments.

6.- The appellant expresses her disagreement with the report rendered by the Curridabat Health Governing Area. She points out that she was not invited to the organizations that area mentions. She has not been convened or incorporated into the citizen network to promote cooperation and coordination. She considers that the María Aguilar Interurban Biological Corridor should incorporate the overflowing and floods. She questions whether the area has received a response from the local government or to the official letter of October 22, 2019. She indicates that she has not felt the support of the Ministry of Health, a body that should be proactive.

7.- Through a document dated November 29, 2021, the plaintiff Rojas Salazar files another amparo appeal, whose processing began in file 21-024356-0007-CO. She states that on September 23, 2021, the María Aguilar River collapsed due to the lack of preventive maintenance and mitigation works in the riverbed, as well as on the bridges located at the height of BAC San José in Cipreses and on the bridge over National Route 02, Interamericana. In addition, there is very little distance between these bridges. She points out that the problems in the area are long-standing and are of public knowledge, given the constant occasions on which the river has overflowed in that area. She indicates that an urgent intervention is needed on the bridge over National Route 02, between BAC and the Domus building in Curridabat, given that said bridge dates back to the 19th century and shows serious hydraulic capacity problems due to the little existing space because of the amount of accumulated sediment over the years. She states that this situation is recurring, causing floods throughout the area adjacent to the river, which affects surrounding areas, both commercial and residential, as in the case of the Mallorca Condominium, which she represents. She mentions that since 2003, the María Aguilar River overflows every winter, without the authorities of the Ministry of Public Works and Transport having tried to find a definitive solution to the problem, especially as it involves the collapse of a national route with heavy traffic that serves as an interconnection between the country's northern and southern borders. She notes that the structural changes to this bridge, due to its size and age, require urgent intervention by the respondents, not only because of the impact on the neighbors and businesses in the area, but because it is a neuralgic point between the provinces of San José and Cartago. She details that the cost to the country from closing that route due to floods is innumerable and causes considerable economic damage, which is why its intervention is necessary on a priority basis and to be taken into account within the Public Transport Modernization project. She explains that there is a large amount of accumulated sedimentation under the riverbed and the bridge deck, which evidently interferes with the hydraulic capacity to manage the current. She comments that in the sector between Motores Británicos and Domus, there is a stretch that lacks a gutter curb, the sewer system is obsolete and is blocked by materials and sediments in the place, the foregoing, as it does not receive preventive and corrective maintenance, which generates constant flooding. She affirms that negligence, lack of interest, and political will on the part of the respondent authorities to provide a real solution to the area's problems are evident. She adds that through official letters Nos. DL-OF-198-2012 of June 25, 2021, and CNE-UI-AR-INF-0487-2019 of June 19, 2019, by which the National Emergency Commission issued studies in which it was established that "(…) a. To evaluate the risk of the terrain located in the surroundings of the María Aguilar River, on the bridge (Route 02), through on-site inspection and analysis of background-database (natural hazards). b. Comparison of site conditions according to the database of inspections carried out on site in order to issue technical criteria and recommendations, to give continuity to the requested case (…)". On the other hand, she points out that through official letters Nos. MC-DGV-289-05-2021 of May 5, MC-ALC-0614-08-2021 of August 11, and MC-ALC-0869-10-2021 of October 26, all from 2021, the Municipality of Curridabat requested the intervention of the Minister of Public Works and Transport in the area, but these steps have not been resolved. She relates that the large amount of sediments, waste of all kinds that exists in the river area, has caused the distance between the riverbed and the deck of the bridge over National Route 02 to be less than 2 meters, even though before 2003 the measurement was approximately 10 meters. She explains that such facts prevent the water in the river from running normally and that during the winter season, floods are generated in the area. She considers that the exposed facts violate her fundamental rights. The appellant requests that the appeal be granted, with the legal consequences that this implies.

8.- By resolution at 9:30 a.m. on December 3, 2021, the Chamber accumulated file 21-024356-0007-CO to file 21-021282-0007-CO.

9.- By resolution at 8:53 a.m. on December 9, 2021, the parties to the proceeding were expanded.

10.- Rodolfo Méndez Mata, in his capacity as Minister of Public Works and Transport, reports under oath, in the following terms: "In this regard, it is necessary to state that this Office, through the Legal Advisory Directorate, requested with official letter No. DAJ-2021-6716 dated December 13 of this year, information about the facts appealed, from the internal and external bodies involved, and based on those responses, I inform you as follows: Regarding what is argued by the appellant, it must be indicated that on May 14 of this year, official letter No. MC-DGV-289-05-2021 dated May 5 was received in this Office, it was processed, and through official letter No. DM-2021-509 it was forwarded to the Fluvial Works Directorate for its attention, a request that was attended to, resulting in a coordinated visit with officials from the co-respondent Municipality, the report of the visit carried out was prepared with official letter No. DVOP-DOF-2021-0627 dated June 18, 2021, and which was sent via email on June 21 of the same year, to Mrs. María del Mar Saborío Víquez and Mr. Randall Rodríguez Araya of the Municipality of Curridabat. Regarding official letter No. MC-ALC-0869-10-2021 dated October 26 of the current year, which was received in this Office on November 8, it was processed and through official letter No. DVOP-DOF-2021-1257 dated November 3, 2021, Engineer Oscar Salgado Portuguéz, Director of Fluvial Works, indicated, copying the Municipality of Curridabat, that after the visit made, a comprehensive study of the area presenting flood problems in the canton of Curridabat should be conducted, and not to transfer the problem downstream of the María Aguilar river course, this analysis must be done jointly with the involved Municipality, additionally, as it involves national routes (02 and 221), this Office through official letter No. DM-2021-5203 of November 12 of this year, requested the National Road Council (Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI) for the respective assessment and intervention of the indicated routes. The aforementioned is also evidenced by technical report No. GCSV-01-2021-3110 of December 14 of this year, issued by the CONAVI Road and Bridge Conservation Management, which indicates that maintenance of the structure has been carried out over time, however, that the maintenance of the riverbed is not part of its functions, and is what really generates the problem, indicating in said report the following: "It is important to indicate that the overflow situation occurs due to various factors, among which are the severe invasion of the riverbed protection area, both upstream and downstream, due to uncontrolled urban growth over time, from which various private buildings are observed along the riverbed, added to the large amount of garbage and waste that is dumped into the Riverbed. All these factors contribute to the accelerated sedimentation of the waters, causing a lack of capacity in the riverbed and the overflowing of the River, in times of maximum flooding due to the action of climatic factors, by fortuitous event." On the same line, Engineer María Ramírez González, Director of Bridges of this Ministry, through official letter No. DVOP-DP-2021-659 of December 14 of this year, sent a copy of an email where she expressed her criterion, both to the Cantonal Road Network Program PRVC-II, and to the Division of Public Works, regarding the result of the review of the design proposed by Ingenierías Jorge Lizano & Asociados S.A., to replace the bridge on a road located on Camino C-1-18-014 approximately 20m upstream of the existing bridge over the María Aguilar River on national route No. 2, and where she recommended dredging of the riverbed 170 m upstream and 130 m downstream at a depth of 1.5m with respect to the bridge that is the subject of this appeal, and affirmed that with said modifications it would not be necessary to replace the bridge on the National Route. In conclusion, this Ministry, through its involved technical bodies, has attended to the case according to its attributions, and have been in constant communication and coordination with the Municipality of Curridabat, maintaining the criterion that at the site there is a problem external to the bridge structure, we will continue to provide maintenance to the bridge, and we are also at the entire disposal to collaborate with the Municipality to solve the problem definitively. For all the above, the appellant is not correct in indicating that this Ministry has not tried to find a definitive solution to the problem, nor is she correct in indicating that the official letters to the Municipality of Curridabat have not been answered, given that as detailed in the preceding lines, they were attended to and the respective information was sent to the Municipal entity, with the exception of official letter No. MC-ALC-0614-08-2021 of August 11, for which there is no record in this Office."

11.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Rueda Leal; and,

Considering:

I.- Prior clarification. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, starting from judgment number 2008-02545 at 08:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to review the appropriate administrative appeals. Precisely, in the sub lite case, an exception scenario is presented, as it involves environmental matters. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

II.- Object of the appeal. The appellant relates that the María Aguilar River overflowed on September 23, 2021, which affected the neighbors, including the Mallorca condominium. She affirms that the respondent municipality has not duly addressed this problem and has rather aggravated it by granting construction permits in the area. She accuses: 1.- The municipal studies on the problem were sent to the Curridabat Health Governing Area on October 22, 2019; however, she has not had a response; 2.- The municipality has not complied with recommendations from CNE and CGR (official letter DFOE-DL-IF-00012-2019) 3.- Sediments have accumulated in the riverbed, which decreases the river's capacity and causes the water to overflow; however, the municipality's work has been corrective, when it should be preventive; 4.- She claims non-compliance with judgment No. 2018-17706.

Regarding the MOPT, the plaintiff affirms that this body is in charge of maintaining the bridge over Route 2, where overflows occur due to sediment accumulation. She points out that the respondent municipality sent official letters MC-DGV-289-05-2021, MC-ALC-0614-08-2021, and MC-ALC-0869-10-2021 to the minister of that portfolio; however, none were answered by the minister. She requests that the ministry present a remedial plan to intervene on said bridge.

III. Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited as such or because the respondent has omitted to refer to them, as provided in the initial order:

a) For about 10 years, the María Aguilar River overflows when there are episodes of heavy rains in the Curridabat area, where the bridge on national route 2 and the bridge on the municipal route to Cipreses are located. When that occurs, the overflow affects the inhabitants of the Mallorca condominium. (Undisputed fact).

b) On September 23, 2021, the María Aguilar River overflowed in that area. (Undisputed fact).

c) During 2021 and up to the date the report was rendered, the municipality had intervened on the María Aguilar River on 22 occasions with storm sewer cleaning, inspection, pruning, waste removal work, etc. (See rendered report and submitted evidence).

d) The municipality has a project to install a network of meteorological stations that will allow measuring rainfall intensity, estimating whether river overflow will occur, and issuing an alert. The last phase of project installation was scheduled to be completed in 2021. (See rendered report and submitted evidence).

e) Through contracting process 2019LA-000022-01 and purchase order 44191, the municipality managed a project for a new bridge on the cantonal route to Cipreses. The project was approved by the CFIA, MINAE, and SETENA, and the resources for its construction were incorporated in the POA-2022. The work includes intervention in the riverbed, which will expand the hydraulic capacity 100 meters upstream and 75 meters downstream. (See rendered report and submitted evidence).

f) On October 22, 2019, the appellant presented a document to that health governing area, where she indicated: "Attached please find Technical Report of the National Emergency Commission, (CNE) carried out on June 19, 2019, CNEUIAR-INF-0487-2019, whose indicated objectives are: (…) It is our interest that this document be of your knowledge, by virtue of the great concern for the exposed points that are directly related to the Environment: stagnant waters, garbage, pipes in poor condition, that apparently some of them could transport black water, among other worrying points indicated in the aforementioned report from the CNE."

All these situations impact health risks for the high population density and high vulnerability in the areas adjacent to the Río María Aguilar, specifically in the stretch from Cipreses to downstream of the Mallorca Condominium, which puts the health of said population at risk, where this situation constitutes a warning sign, so that the necessary measures are taken to prevent future disasters, apart from broadening technical criteria that help provide safety and quality of life to this highly vulnerable area. We do not omit to indicate that since 2003, we have made efforts for the Municipality of Curridabat to intervene, without having a satisfactory response to date that eliminates the imminent risks for the interested population. Sincerely, awaiting your response.” (See filing brief and submitted evidence).

g) Through official letter no. CNE-UIAR-INF-0487-2019, the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias issued the technical report “Inspección y valoración de situación existente en tramo de Río María Aguilar carretera a Cartago, Ruta N°2”. (See filing brief and submitted evidence).

h) Through official letter no. DFOE-DL-IF-00012-2019 of September 6, 2019, the Contraloría General de la República issued the “Operational audit report on the management of the stormwater sewerage service in the Municipality of Curridabat”. (See filing brief and submitted evidence).

i) Through official letter MC-GV-0780-08-2020 of August 25, 2020, the Road Management Directorate of the respondent municipality communicated to the petitioner the result of the inspection conducted on June 10, 2020. (See report rendered and submitted evidence).

j) By written communication of January 30, 2021, the petitioner required of the respondent municipality: “In consideration of the current summer season, and the flood situation that has been occurring since 2003 in the canton of Curridabat during the winter season, in the Río María Aguilar, as citizens we require of the entity you direct: 1. Cleaning of the river channel of waste that threatens public health, the ecosystem, and the city's landscaping. We refer to plastics, clothing, zinc sheets, wood, cardboard, glass. 2. Due to sediment accumulation, the existing space between the riverbed and the bottom of the bridges is much less than 2 meters; the water does not flow but remains stagnant, so we raise the need to carry out the cleaning of those sediments, in order to provide greater hydraulic capacity to the river channel, as a temporary and regular mitigation measure, while the construction of the Cipreses bridge takes place, which is not short-term, as you have informed us. We reiterate, once again our concern, regarding the experienced floods, pollution, stress, and traffic problems extensively expressed on different occasions. A situation that occurs every time it rains heavily and we have no certainty how much longer we will have to deal with this reality, in addition to contributing, as always, in whatever way is within our reach, with the previous proposal while broader technical and effective solutions are being developed. Being clear that the cleaning of the Río María Aguilar would be in accordance with what is indicated in Article 50 of our Constitución Política, and also with the very image of the canton you direct. We await your attentive response within the legally established deadlines.” (See filing brief and submitted evidence).

k) The Área Rectora de Salud Curridabat has participated since 2010 in the Corredor Biológico Interurbano María Aguilar initiative; also, in the Estrategia Nacional de recuperación de cuencas urbanas 2020-2030. (See report rendered and submitted evidence).

l) Through official letter DFOE-SD-0456 of March 18, 2021, the Contraloría General de la República communicated to the Municipality of Curridabat that it had reasonably complied with provision 4.6 of report no. DFOE-DL-IF-00012-2019. (See report rendered and submitted evidence).

m) Through official letter MC-GIR-0043-2021 of April 5, 2021, the Department of Comprehensive Risk Management of the Municipality of Curridabat communicated to the Mayor's Office the “Technical report regarding prevention and mitigation actions for the flood vulnerability of the BAC-Mallorca sector.” (See report rendered and submitted evidence).

n) Through official letter DGV-289-05-2021 of May 5, 2021, the mayor of Curridabat made the respondent minister aware of the overflow problem of the Río María Aguilar. He requested his good offices for efficient maintenance intervention that would improve the hydraulic capacity of the bridge on national route 02. (See report rendered and submitted evidence).

o) On June 10, 2021, municipal and MOPT officials inspected the overflow site. (See report rendered and submitted evidence).

p) Through official letter DVOP-DOF-2021-0627 of June 18, 2021, the deputy director of the Dirección de Obras Fluviales of the MOPT rendered a report to the director of that directorate regarding the inspection and issued recommendations. (See report rendered and submitted evidence).

q) Through email of June 21, 2021, the MOPT forwarded official letter DVOP-DOF-2021-0627 to officials of the Municipality of Curridabat. (See report rendered and submitted evidence).

r) Through official letter MC-ALC-0614-08-2021 of August 11, 2021, addressed to the respondent minister, the mayor of Curridabat followed up on official letter DGV-289-05-2021. He communicated that the Road Management Directorate and the Risk Management Department of the municipality conducted an inspection with engineers from the Dirección de Obras Fluviales. He requested the action that the MOPT would take and pointed out that there was a community vulnerable to flood risk. (See report rendered and submitted evidence).

s) Through official letter DFOE-SEM-0936 of October 5, 2021, the Contraloría General de la República communicated to the Municipality of Curridabat that it had reasonably complied with provision 4.4 of report no. DFOE-DL-IF-00012-2019. (See report rendered and submitted evidence).

t) Through official letter MC-ALC-0869-10-2021 of October 26, 2021, the mayor of Curridabat requested that the respondent minister assess and intervene at the sites where the Río María Aguilar causes flooding on national routes. (See report rendered and submitted evidence).

u) Through official letter DVOP-DOF-2021-1257 of November 3, 2021, addressed to the respondent minister, the director of the Dirección de Obras Fluviales referred to official letter MC-ALC-0869-10-2021. (See report rendered and submitted evidence).

v) Through email of November 4, 2021, the MOPT forwarded official letter DVOP-DOF-2021-1257 to the respondent municipality. (See report rendered and submitted evidence).

IV.- Unproven Facts. The Chamber lacks elements to find it proven that the Área Rectora de Salud de Curridabat attended in any manner to the petitioner's written communication of October 22, 2019.

V.- Case Law. Due to its importance for this case, the Chamber recalls its case law regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment and the obligations of municipal corporations on that subject. In judgment no. 2020-10630 of 9:15 a.m. on June 12, 2020:

“III.- ON THE PROTECTION OF THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. Article 50 of the Constitution establishes as a fundamental purpose and essential value of the Costa Rican State to procure \ "the greatest well-being for all the inhabitants of the country\". Thus, the \ "healthy and ecologically balanced environment\" forms part of the content of the greatest well-being of all inhabitants, being the cause, purpose, and also a condition and limit for the exercise of public powers and competencies, not only of the State, but also of the Municipalities. Like the right to property, the object upon which the right to the environment falls is external to the integrity of the human person (unlike, for example, the right to life), but also unlike the object of the right to property, the person forms part of the environment, integrates it; hence its protection entails the conservation of the essential context for human life; conduct with negative effects on it implies a danger to human existence itself and a reduction or loss of the \ "greatest well-being\" of all. Life depends on the environment; therefore, it must ensure that those conditions that guarantee life are maintained over time. In Judgment No. 601-2009, this Chamber provided the following:

\ "The origins of environmental problems are complex and correspond to an articulation of natural and social processes within the framework of the socioeconomic development style adopted by the country. For example, environmental problems arise when the modes of exploitation of natural resources lead to a degradation of ecosystems exceeding their regeneration capacity, which leads to broad sectors of the population being harmed and generating a high environmental and social cost that results in a deterioration of the quality of life; precisely the primary objective of the use and protection of the environment is to achieve development and evolution favorable to the human being (..) what is important is to understand that although man has the right to make use of the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation to this matter of the principle of \ "lesion\", already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: On one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself\".

Thus, it corresponds to public entities, among them the Municipalities, to ensure respect for a healthy and ecologically balanced environment in their respective territorial circumscription, as well as for the well-being of all the inhabitants of their respective canton, and within the framework of constitutional and legal competencies to act in favor of ensuring respect for this right for all residents, and to act -again within the framework of their competencies- to mitigate or correct actions that tend toward its violation.

IV.- MUNICIPAL COMPETENCE AND OBLIGATION OF INTERINSTITUTIONAL COORDINATION. Municipal competence and obligation of interinstitutional coordination. Article 169 of the Constitución Política provides that \ "The administration of local interests and services in each canton shall be the responsibility of the Municipal Government (...)\". This norm has been developed by the ordinary legislator; in keeping with this, Article 3 of the Código Municipal, Ley N° 7794 of April 30, 1998, provides that: \ "The government and administration of cantonal interests and services shall be the responsibility of the municipal government\". In this same sense, the Constitutional Chamber has expressed itself in its jurisprudence. For example, in Judgment No. 5445-99, of 2:30 p.m. on July 14, 1999, the following was provided:

\ "VI.- ON THE ATTRIBUTIONS OF THE MUNICIPALITIES BY REASON OF SUBJECT MATTER (CONCEPT OF \ "LOCAL\"). By express constitutional provision -Article 169-, there is an assignment of functions or attributions in favor of local governments by reason of subject matter to \ "local\", that is, \ "the administration of the services and interests\" of the locality to which it is circumscribed, for which it is endowed with autonomy (\ ") So that its powers are generic, insofar as there is no detailed enumeration of its specific duties, but rather a simple enunciation of the scope of its competence; but not for that reason indeterminable, to which this Court referred in judgment number 6469-97, of four twenty-five p.m. on October 8, 1997, in the following terms:

\ "(...) the local has such a connotation that defining its scope by the legislator or the judge must lead to maintaining the integrity of local interests and services, so that not even the legislator could dictate regulations that tend to dismember the Municipality (territorial element), if it does not do so observing the procedures previously established in the Constitución Política; nor promulgate one that places its inhabitants (population) in clear conditions of inferiority with respect to the rest of the country; nor one that affects the very essence of the local (government), so that the Corporation becomes a simple empty container of which only the nomination subsists, but deactivating the entire regime as conceived by the Asamblea Nacional Constituyente. In another vein, there will be duties that by their nature are municipal -local- and cannot be removed from that sphere of competence to convert them into national services or interests, because doing so would imply disarticulating the Municipality, or better yet, emptying it of constitutional content, and therefore, it is not possible to dictate in advance the impassable limits of the local, but rather to unravel what corresponds or does not correspond to the communal government, it must be extracted from the examination made in each specific case (...)\". From the foregoing, the fact stands out that, by the express will of our Carta Fundamental, a specific competence is assigned to local governments, an attribution that is also exclusive to them; that is, it is an original competence of the municipality and only through a nationalization or regionalization law can it be displaced, totally or partially\".

Consequently, if a group of residents, in their territorial circumscription, suffer floods with risk to their lives and serious patrimonial and psychological damages, quality of life, and general well-being, this falls within the concept of \ "local interests and services\" of article 169 of the Constitution, problems whose causes must be accurately identified and, even more so, the solutions, in order to implement them as quickly as possible; for which it corresponds to the Municipality to coordinate with national-level institutions with competence to act on the problem. Indeed, the Chamber has already developed the municipal obligation to coordinate with other state institutions in order to attend to \ "interests\" and duly provide \ "local services\". In the cited Judgment No. 5445-99, the Chamber stated:

\ "(...) they refer to the obligation of coordination that must exist between local governments, decentralized institutions, and the Poder Ejecutivo, to carry out the functions entrusted to them, which must be analyzed based on the very nature of municipal autonomy. It is by virtue of the provisions of Article 170 of the Constitution, that the municipalities (local corporate entities) enjoy functional, administrative, and financial autonomy in the administration of local interests and services (Article 169 of the Constitución Política) (...) A conflict cannot, then, be created by antagonism or protagonism between the matter that makes up the general purpose of \ "local interests and services\" and the \ "national\" or \ "state\" public interests and services, intrinsically different from one another, but which in reality are called to coexist (....). Having defined the material competence of the municipality in a specific territorial circumscription, it is clear that there will be duties that by their nature are exclusively municipal, alongside others that can be considered national or state; therefore, it is essential to define the form of co-participation of attributions that is inevitable, since the public capacity of the municipalities is local, and that of the State and other entities, national; hence it follows that the municipal territory is simultaneously state and institutional, to the extent that circumstances require it. That is, the municipalities can share their competencies with the Public Administration in general, a relationship that must develop in the terms as defined in the law (Article 5 of the former Código Municipal, Article 7 of the new Code), which establishes the obligation of \ "coordination\" between the municipalities and the public institutions that concur in the performance of their competencies, to avoid duplication of efforts and contradictions, above all, because only voluntary coordination is compatible with municipal autonomy as it is its expression. In other terms, the municipality is called upon to enter into cooperative relations with other public entities, and vice versa, given the concurrent or coinciding nature -in many cases- of interests around a concrete matter. In the doctrine, coordination is defined based on the existence of several independent centers of action, each with its own duties and decision-making powers, and potentially discrepant; despite this, there must be a community of ends by subject matter, but by concurrence, insofar as the object receiving the final results of the activity and the acts of each one is common\". So that coordination is the ordering of relations between these various independent activities, which deals with that concurrence on the same object or entity, to make it useful to a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the agent subjects. As there is no hierarchical relationship of the decentralized institutions, nor of the State itself in relation to the municipalities, the imposition of certain conducts on the latter is not possible, with which the indispensable interinstitutional \ "concert\", in the strict sense, arises, insofar as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one fulfills a role in view of a mission entrusted to the others\".

It should be noted, moreover, that the Municipalities are obliged, by imperative of Article 50 of the Constitución Política, to expend themselves in the protection of the environment (Judgment No. 2006-7994 of 8:57 a.m. on June 2, 2006).”

VI.- Regarding the Área Rectora de Salud. The petitioner alleges that on October 22, 2019, she sent municipal studies on the problem that is the subject of this proceeding to the Área Rectora de Salud Curridabat; however, she has not received a response. After analyzing the case file, the Chamber found it proven that, indeed, the petitioner presented a document to that area rectora, where she indicated: “Attached please find the Technical Report of the Comisión Nacional de Emergencia (CNE) conducted on June 19, 2019, CNEUIAR-INF-0487-20 19, whose stated objectives are: (…) It is our interest that this document be of your knowledge, by virtue of the great concern regarding the points raised that have to do directly with the Environmental aspect: stagnant waters, garbage, pipes in poor condition, that apparently some of them could carry untreated sewage, among other worrying points indicated in the cited CNE report. All these situations impact health risks for the high population density and high vulnerability in the areas adjacent to the Río María Aguilar, specifically in the stretch from Cipreses to downstream of the Mallorca Condominium, which puts the health of said population at risk, where this situation constitutes a warning sign, so that the necessary measures are taken to prevent future disasters, apart from broadening technical criteria that help provide safety and quality of life to this highly vulnerable area. We do not omit to indicate that since 2003, we have made efforts for the Municipality of Curridabat to intervene, without having a satisfactory response to date that eliminates the imminent risks for the interested population. Sincerely, awaiting your response.” Regarding this grievance, the respondent alleges that the petitioner did not specify the harm she suffers, as the CNE report is a general approach. The Chamber could not find it proven that the Área Rectora de Salud de Curridabat attended in any manner to the cited written communication of the petitioner. After evaluating the note sent by the petitioner, the Chamber does not extract from it a concrete request, directed to the respondent área rectora, as her intention is that “…this document be of your knowledge…”. The vagueness of such a request cannot generate an expectation in the petitioner for its attention. Likewise, a concrete required action in relation to the situation of the Río María Aguilar is also not established. The Chamber also cannot attribute inaction to that área rectora de salud, as it has participated since 2010 in the Corredor Biológico Interurbano María Aguilar initiative and also in the Estrategia Nacional de recuperación de cuencas urbanas 2020-2030, deploying actions within its competence. Such considerations lead to dismissing the claim.

VII.- Regarding compliance with the recommendations of the CNE and the CGR. The petitioner alleges that the Municipality of Curridabat has failed to comply with the recommendations of the CNE and the CGR. Regarding the CNE, she mentions official letters nos. DL-OF-198-2012 and CNE-UIAR-INF-0487-2019. The Chamber notes that compliance with the first was acknowledged through judgment no. 2018-17706 of 9:20 a.m. on October 26, 2018, issued in case file 18-006757-0007-CO, where it was resolved:

“The recourse is granted with place, solely, regarding the failure to comply with the recommendations provided by the Comisión Nacional de Emergencias to solve the problem that exists due to the overflow of the Río María Aguilar and its consequences. Alicia Borja Rodríguez, in her capacity as Mayor of the Municipality of Curridabat, or whoever in her place holds that position, is ordered, within the scope of her competence, to adopt the pertinent measures so that, within the maximum period of SIX MONTHS counted from the notification of this resolution, they solve the denounced problem that affects the petitioners (…)”.

On the other hand, regarding official letter no. CNE-UIAR-INF-0487-2019, the Chamber established in resolution no. 2019-014352 of 2:20 p.m. on August 1, 2019, also issued in case file 18-006757-0007-CO, that this report was a follow-up to no. DL-OF-198-2012, which should not be known by the Chamber:

“II.- Finally, in relation to technical report No. CNE-UIAR-INF- 0487-2019, subscribed by the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, entitled “Inspección y valoración de situación existente en el tramo de Río María Aguilar carretera a Cartago, Ruta No. 2”, as the respondent authority reported, it is a follow-up to report DPMINF- 0514-2012, which does not indicate the existence of non-compliance on the part of the respondent municipality. Likewise, it is on record that through technical report No. MC-GR-0064-07-2019 of July 11, 2019, the Risk Management Unit of the respondent municipality indicated to the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias the dates and places where routine and extraordinary cleanings have been carried out in the area, in order to provide a solution to the alleged problem, information that said Commission did not have and which corresponds to the work that the municipality has carried out to comply with the referred judgment. Thus, upon determining that said report deals with a follow-up conducted by the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, which does not correspond to new facts that should be known by this Chamber nor that affect compliance with judgment 2018- 017706 of 9:20 a.m. on October 26, 2018, regarding this point, it is appropriate to declare the management inadmissible.” (Underlining added).

The party must abide by what was resolved there.

Regarding the recommendations of the CGR, the Chamber found it proven that it issued the “Operational audit report on the management of the stormwater sewerage service in the Municipality of Curridabat” (official letter no. DFOE-DL-IF-00012-2019 of September 6, 2019). With respect to compliance with this report, the Chamber corroborated that, through official letter DFOE-SD-0456 of March 18, 2021, the CGR communicated to the Municipality of Curridabat that it had reasonably complied with provision 4.6 of that report. Subsequently, through official letter DFOE-SEM-0936 of October 5, 2021, the CGR indicated that the municipality had complied with point 4.4 of the cited report. Upon analyzing the report, the only point that apparently has not been complied with is 4.5, where the mayor of Curridabat is instructed:

“Prepare a technical study to ascertain the current situation of the existing stormwater sewerage system, which allows for data and technical criteria such as hydraulic capacity of the system components, hydrological risks, vulnerabilities, materials and condition of the infrastructure, age, useful life, among others, to subsequently determine the maintenance and investment needs for the stormwater sewerage system. Once said study is completed, define a portfolio of medium and long-term projects in accordance with the maintenance and investment needs identified in the technical study (see paragraphs 2.20 to 2.31). For this, the following must be presented to the Área de Seguimiento de Disposiciones of the Contraloría General de la República: i. An official letter indicating the preparation of the technical study in accordance with the ordered terms, no later than June 30, 2020. ii. An official letter indicating the preparation of the project portfolio, no later than October 1, 2020.”

Now then, the Chamber determines that this Court is not an oversight body for the compliance with the obligations of each institution. Its role is the protection of fundamental rights. Thus, compliance with an institutional obligation could be protectable when it is directly related to a fundamental right. In this case, the omission to prepare a technical report to later define medium and long-term projects is far from being a real injury or threat to fundamental rights. For that reason, the claim is dismissed.

VIII.- Regarding the attention given to official letters MC-DGV-289-05-2021, MC-ALC-0614-08-2021, and MC-ALC-0869-10-2021 by the MOPT. The petitioner considers that the MOPT has violated Articles 27 and 30 of the Constitución Política, since it has not attended to official letters MC-DGV-289-05-2021, MC-ALC-0614-08-2021, and MC-ALC-0869-10-2021 from the Municipality of Curridabat. In this regard, the Chamber found it proven that, through official letter DGV-289-05-2021 of May 5, 2021, the mayor of Curridabat made the respondent minister aware of the overflow problem of the Río María Aguilar. He requested his good offices for efficient maintenance intervention that would improve the hydraulic capacity of the bridge on national route 02. In response to this official letter, on June 10, 2021, municipal and MOPT officials inspected the overflow site. Subsequently, the deputy director of the Dirección de Obras Fluviales of the MOPT rendered a report to the director of that directorate regarding the inspection and issued recommendations (official letter DVOP-DOF-2021-0627 of June 18, 2021). These recommendations were communicated to the respondent municipality through email of June 21, 2021. Subsequently, through official letter MC-ALC-0614-08-2021 of August 11, 2021, addressed to the respondent minister, the mayor of Curridabat followed up on official letter DGV-289-05-2021. He communicated that the Road Management Directorate and the Risk Management Department of the municipality conducted an inspection with engineers from the Dirección de Obras Fluviales. He requested the action that the MOPT would take and pointed out that there was a community vulnerable to flood risk. Subsequently, through official letter MC-ALC-0869-10-2021 of October 26, 2021, the mayor of Curridabat requested that the respondent minister assess and intervene at the sites where the Río María Aguilar causes flooding on national routes. In response to this official letter, the director of the Dirección de Obras Fluviales forwarded official letter DVOP-DOF-2021-1257 of November 3, 2021, to the respondent minister, a letter that was forwarded to the Municipality of Curridabat by email on November 4, 2021.

The Chamber explains to the petitioner that the aforementioned official letters are part of interinstitutional coordination, aimed at addressing the underlying problem (as will be seen in the following considerando). To that extent, they are not conceptualized as petitions or proceedings that fall within the scope of protection of Articles 27 and 30 of the Constitution. Consequently, the claim is dismissed.

IX.- Regarding the problem of the Río María Aguilar overflow in the Curridabat sector. The petitioner states that the Río María Aguilar overflowed on September 23, 2021, affecting the neighbors, including the Mallorca condominium. She relates that similar events occur every year. She claims that the actions of the authorities are insufficient or merely corrective. After analyzing the case file, the Chamber took as an uncontroverted fact that, for about 10 years, the Río María Aguilar has overflowed when there are episodes of heavy rains in the Curridabat area, where the bridge of national route 2 and the bridge of the municipal route towards Cipreses are located.

When that occurs, the overflow affects the residents of the Mallorca condominium. One of those events occurred on September 23, 2021, as alleged. The Chamber confirmed that the Municipality of Curridabat has undertaken multiple actions to solve the problem and safeguard local interests. In that regard, it highlights that, during 2021 and up to the date of the report, the municipality had intervened on the María Aguilar River on 22 occasions with storm sewer cleaning, inspection, pruning, waste removal, etc. Likewise, the municipality has a project to install a network of meteorological stations that will allow measuring the intensity of the rains, estimating whether there will be an overflow of the river, and issuing an alert. The final installation phase of the project was scheduled to be completed in 2021. Also of great importance is the municipal management for a new bridge on the cantonal route toward Cipreses. The project was approved by the CFIA, MINAE, and SETENA, and the resources for its construction were incorporated into the POA-2022. The work includes intervention in the channel, which will expand the hydraulic capacity 100 meters upstream and 75 meters downstream. Although the Chamber acknowledges these efforts, it is no less true that the problem of overflow and flooding in the area persists. As early as 2018, the Chamber was informed of the situation, as analyzed in the cited judgment No. 2018-17706. Despite the passage of years, a clear line that would allow foreseeing that the problem will be resolved within a reasonable time is not found in the case file. The main project is the new bridge on the route to Cipreses, previously mentioned; however, further works to be undertaken downstream, at the bridge of national route 2 and the area of the protected party’s condominium, have not been defined. It is clear that the Chamber cannot carry out technical assessments and opt for a specific project or solution, not only because such aspects fall outside its jurisdiction, but because there is disagreement between the parties or the technical reports. Thus, for example, at times dredging the river is recommended; at other times it is indicated that this would be counterproductive and ineffective. The Chamber also emphasizes the responsibility of the municipality, since its obligations extend beyond road impact and also encompass land-use planning (ordenamiento territorial), so that urban growth occurs within the framework of a healthy and ecologically balanced environment. Such obligation includes planning, the granting of permits, the supervision of works, the monitoring and conservation of local protected areas (rivers and their banks), and coordination with other municipalities and state entities (considerando V). In the Chamber’s opinion, the problem alleged by the appellant is circumscribed within that duty to coordinate and safeguard local and national interests. It is drawn from the proven facts, especially those detailed in the preceding considerando, that there has been some coordination with the MOPT to address the problem. However, it is not observed that an action plan was concretized, much less that it was implemented. Given this scenario, the Chamber must provide certainty to the protected parties regarding the restoration of their rights, issuing the pertinent order to that effect. The Chamber recognizes that the magnitude of the problem makes it impossible for the solution to be immediate; hence the breadth of the deadline granted, which is done with express reservation of this Chamber’s powers to ensure the execution of what is ordered (Article 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional). By virtue of the foregoing, this claim is granted in the terms set forth in the operative part of this judgment.

X.- With respect to judgment No. 2018-17706 of 9:20 a.m. on October 26, 2018. Finally, noncompliance with judgment No. 2018-17706 of this Chamber is alleged. The interested party must file and substantiate the respective proceeding in the corresponding case file, if it deems appropriate.

XI.- Note by Magistrate Salazar Alvarado. As a matter of principle, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work should be dismissed, since such omission constitutes a legality issue, the discussion of which belongs to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate, with greater breadth, their disagreements. However, when some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction derives from that omissive administrative conduct, or groups considered vulnerable are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject, as is the case here, where the protection of life, public health, and physical integrity of the appellants, the residents of the Mallorca Condominium in Curridabat, is at stake, due to the flooding their homes suffer from the overflow of the María Aguilar River, which causes the water current to drag garbage of all kinds, sewage (aguas negras), with evident damage also to property.

XII.- Partial dissenting vote (voto salvado parcial) regarding the operative part of this judgment by Magistrate Garro Vargas. Although I agree with the majority of the Chamber that the appeal should be granted, I partially dissent on where to locate the execution phase of the matter, specifically regarding the actions stipulated to solve the problem of overflow and flooding of the María Aguilar River in the area subject to this process, due to the nonexistence of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects. In contrast, the provisions of the Código Procesal Contencioso-Administrativo on execution (Article 155 et seq.) have evident advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, supervising compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, I consider that the execution phase must be carried out before the Execution Area of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the judgment execution rules of said Code.

XIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is partially granted, in the terms indicated in considerando IX of this judgment. Jimmy Cruz Jiménez, Randall Rodríguez Araya, and Óscar Mora Altamirano, in their respective order mayor, director of road management, and council president, all of the Municipality of Curridabat, and Rodolfo Méndez Mata, in his capacity as minister of Obras Públicas y Transportes, or whoever holds those positions, are ordered, applying inter-institutional coordination, to issue the necessary orders, within the scope of their competencies, so that both entities jointly prepare an action plan that solves the problem of overflow and flooding of the María Aguilar River in the area subject to this process. The respondents are granted a period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, for the preparation of said plan, and an additional period of THIRTY-SIX MONTHS for its implementation. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided the crime is not more severely punished. The State and the Municipality of Curridabat are ordered to pay the costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios) caused by the facts serving as grounds for this declaration, which will be liquidated in the execution of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. As for compliance with the recommendations of the Comisión Nacional de Emergencia, abide by what was resolved in resolutions No. 2018-17706 of 9:20 a.m. on October 26, 2018, and 2019-014352 of 2:20 p.m. on August 1, 2019. In all other respects, the appeal is dismissed. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Magistrate Garro Vargas dissents from the vote regarding the execution of this judgment and, in accordance with Article 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, orders that it must be carried out before the Execution Area of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the execution rules established in Articles 155 et seq. of the Código Procesal Contencioso Administrativo. Notify.

 
 

	
Fernando Castillo V.

Presidente

	
 



Paul Rueda L.

	
 

	
Luis Fdo. Salazar A.



Jorge Araya G.

	
 

	
Anamari Garro V.



Ana María Picado B.

	
 

	
Jorge Isaac Solano A.

 
 

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