Res. 03983-2022 Sala Constitucional — Disobedience of order to resolve environmental precautionary measureDesobediencia de orden de resolver medida cautelar ambiental

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Sala Constitucional

Resolución Nº 03983 - 2022

Fecha de la Resolución: 18 de Febrero del 2022 a las 09:30

Expediente: 22-000743-0007-CO

Redactado por: Paul Rueda Leal

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: INCUMPLIMIENTO

Subtemas:

SE REITERA CUMPLIMIENTO.

03933-22. INCUMPLIMIENTO. SE LE REITERA A LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE ESE PUESTO, EL CUMPLIMIENTO INMEDIATO DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N.° 2022002496, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON EL PUNTO DOS DE LA PARTE DISPOSITIVA, A SABER: "2) EN EL PLAZO DE TRES DÍAS, CONTADO A PARTIR DEL DILIGENCIAMIENTO DE LA INSPECCIÓN SUPRAMENCIONADA, SE RESUELVA LA SOLICITUD DE DICTADO DE UNA MEDIDA CAUTELAR FORMULADA POR LA PARTE RECURRENTE EL 26 DE OCTUBRE DE 2021". LO ANTERIOR SE DICTA BAJO LA ADVERTENCIA DE ORDENARSE LA APERTURA DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN SU CONTRA O DE TESTIMONIARSE PIEZAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO SI NO LO HICIERE.

“(…) En virtud de lo expuesto, dado que este Tribunal ordenó a la parte recurrida que, en el plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de la sentencia, debe resolver los escritos pendientes, realizar las actuaciones necesarias y dictar la resolución final dentro del procedimiento administrativo concerniente al expediente n.° 232-17-01-TAA, no se estima necesario acoger la solicitud de la parte amparada que es objeto de análisis en este considerando. (…)” VCG03/2022

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Texto de la resolución

*220007430007CO*

Exp: 22-000743-0007-CO

Res. Nº 2022003983

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del dieciocho de febrero de dos mil veintidos .

  Gestión posterior planteada por [Nombre 001], cédula de residencia [Valor 001], y [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], en relación con la sentencia n.° 2022002496 de las 9:15 horas del 28 de enero de 2022.

Resultando:

  1.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 8:09 horas del 3 de febrero de 2022, las recurrentes formulan una gestión de desobediencia en relación con la sentencia n.° 2022002496 de las 9:15 horas del 28 de enero de 2022. Acusan que el Tribunal Ambiental no realizó el 1 de febrero de 2022 la inspección ocular, diligencia que fue reprogramada para el 9 de febrero de 2022. Señalan que esa situación genera la postergación del dictado de la resolución concerniente a la medida cautelar solicitada. Reclaman que han pasado más de tres meses desde que el tribunal recurrido suspendió la audiencia del caso y a este momento no han fijado una fecha cierta para que se celebre la audiencia mencionada. Solicitan que este Tribunal dicte una medida cautelar para detener el proceso de construcción y que se le ordene a la autoridad recurrida reprogramar la audiencia suspendida en octubre de 2021. 
2.- Por documento recibido en la Secretaría de la Sala a las 9:45 horas de 4 de febrero de 2022, la presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo indica lo siguiente: “PRIMERO: Que el día 17 de enero del año 2022 ingresa vía fax a este Tribunal la Resolución de las doce horas del catorce de enero del año 2022, de la Sala Constitucional, mediante la cual se reitera a la presente, en mi condición de Jueza Titular del Tribunal Ambiental Administrativo y como Jueza Tramitadora de los expedientes finalizados en 01-TAA, o a quien ejerza su cargo, para que se cumpla con lo dispuesto en la Sentencia No 2020-008926 de las 09:15 horas del 15 de mayo del año 2020. SEGUNDO: Que el día 12 de octubre del 2017, mediante oficio OSJ-648, suscrito por la M. Sc. Aimará Espinoza Ulate, en su condición de Jefe de la Oficina Subregional San José del Área de Conservación Central, con el que presentó formal denuncia de carácter ambiental, en contra de la Universidad de Costa Rica, por el supuesto entubamiento de una naciente de la Quebrada Pichichueca, ubicado en la Finca N° 3 de la Universidad de Costa Rica (instalaciones deportivas de la UCR-Sabanilla), como consta a folios 01 al 06 del expediente. TERCERO: Que a la denuncia se le asignó el Expediente N° 232-17-01-TAA. CUARTO: Que el día 01 de diciembre del 2017, se recibió en este Tribunal escrito de la señora [Nombre 002] y la señora [Nombre 001], con el que presentan denuncia en contra de la Universidad de Costa Rica según folios 07 al 29 del expediente. QUINTO: Que mediante resolución No. 1230-19-TAA de las trece horas quince minutos del día veintidós de julio del año dos mil diecinueve se declara formalmente la apertura de un proceso ordinario administrativo y se imputa a la Universidad de Costa Rica, representada por el Dr. Henning Jensen Pennington, en su condición de Rector de dicha Universidad, en su condición de denunciado, en virtud de la denuncia interpuesta mediante oficio OSJ-648, signado por la Msc. Aimará Espinoza Ulate, en su condición de Jefe de la Oficina Subregional de San José del Área de Conservación Central y por la señora [Nombre 002], portadora de la cedula de identidad número 1-0791-0223 y señora [Nombre 001], portadora de la cedula de residencia número [Valor 001] , los anteriores en calidad de denunciantes. Se cita a celebración de AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA en la sede del Tribunal Ambiental Administrativo a las 08 horas 30 minutos del 29 de junio del año 2021, visible a folios 136 al 139 del expediente. SEXTO: Que mediante resolución No. 761-21-TAA de las catorce hora (sic) quince minutos del veintiocho de junio del año dos mil veintiuno, se suspende la audiencia señalada para las 08 horas 30 minutos del 29 de junio del año 2021, visible a folios 136 al 139 del expediente, de conformidad con el escrito aportado por la parte recurrente, (la señora [Nombre 002]) mediante correo electrónico el cual consta a folio 220 al 222 del expediente administrativo debido a una Orden de Aislamiento emitida por la Caja Costarricense del Seguro Social. SÉTIMO: Que mediante resolución No. 1177-21-TAA de las siete horas diez minutos del día nueve de setiembre del año dos mil veintiuno, se precede a reprogramar audiencia para el día veintiséis de octubre del año dos mil veintiuno lo cual consta a folio 415 a 416 del expediente administrativo. OCTAVO: Que a folio 575 a 576 del expediente administrativo consta el Acta de Audiencia Oral y Publica de las ocho horas cincuenta y cuatro minutos del día veintiséis de octubre del año dos mil veintiuno. NOVENO: Que el día diecisiete de enero del año dos mil veintidós, se presentó ante este Despacho Recurso de Amparo interpuesto por la señora [Nombre 002] , portadora de la cedula de identidad número 1-0791-0223 y señora [Nombre 001] , portadora de la cedula de residencia número [Valor 001] contra el Tribunal Ambiental Administrativo. DÉCIMO: Que mediante resolución N° 40-22-TAA de las 07:05 horas del día 17 de enero del 2022, se acordó por este Tribunal previo a resolver los alegatos planteados en el recurso de nulidad presentado por la parte denunciada de conformidad en el minuto 47:40 de la audiencia del día veintiséis de octubre del año dos mil veintiuno, así como la solicitud de medida cautelar planteada por la parte recurrente según consta al minuto 50:55 de dicha audiencia, este Despacho acordó mediante resolución No. 040- 22-TAA de las siete horas cinco minutos del día diecisiete de enero del año dos mil veintidós, la realización de una inspección en el sitio de marras con el fin de averiguar la verdad real de los hechos con el fin de contar con el fundamento y criterio técnico de la Institución competente que le permita tener una claridad en cuanto a la resolución del presente caso, según consta a folios 594 al 603 del expediente. DÉCIMO PRIMERO: Que mediante resolución N° 123-22-TAA de las 07:30 horas del día 27 de enero del 2022, se acordó por este Tribunal que en el Tribunal Ambiental Administrativo se han presentado casos de personas con síntomas de COVID, conscientes de que debemos ser responsables con la salud propia y la seguridad de todos los demás, así como cumplir con todos los lineamientos señalados por el Ministerio de Salud o cualquier otra entidad competente en cualquier actividad que involucre riesgo a la exposición con el virus, este Tribunal considera necesario suspender la inspección señalada mediante resolución N° 40-22-TAA de las 7:05 horas del día 17 de enero del 2022 citada para las 08:30 horas del 01 de febrero del 2022, y reprogramar la misma para el día 9 de febrero de este mismo año a las 8:30 am, con el fin de determinar la ubicación de los cuerpos de agua establecidos en la imputación de cargos (resolución número 1230-19-TAA visible a folios 136 a 139), en relación con los dictámenes realizados por la Dirección de Agua del MINAE, definiendo entonces el cuerpo de agua de que se trata, su carácter, su ubicación en coordenadas y ubicadas en un mapa al efecto, así como si el mismo está o no afectado en su cauce o en su área de protección, estableciendo la afectación y su medida, esto según sus competencias en la materia tanto de la Dirección de Agua como del SINAC, esto en forma conjunta con los funcionarios de este Tribunal, visible a folios 621 al 631 del expediente. DÉCIMO SEGUNDO: Que previo a resolver sobre los alegatos planteados en el recurso de nulidad presentado por la parte denunciada de conformidad en el minuto 47:40 de la audiencia del día veintiséis de octubre del año dos mil veintiuno, así como la solicitud de medida cautelar planteada por la parte recurrente según consta al minuto 50:55 de dicha audiencia, este Despacho acordó mediante resolución N° 123- 22-TAA de las 07:30 horas del día 27 de enero del 2022, se acordó por este Tribunal reprogramar la misma para el día 9 de febrero de este mismo año a las 8:30 am, esto en razón de que uno de los funcionarios que participaría en esta inspección se encontraba con síntomas de COVID, y conscientes de que debemos ser responsables con la salud propia y la seguridad de todos los demás, así como cumplir con todos los lineamientos señalados por el Ministerio de Salud o cualquier otra entidad competente en cualquier actividad que involucre riesgo a la exposición con el virus, este Tribunal considera necesario la suspensión y programación de la inspección con el fin de averiguar fa verdad real de los hechos con el fin de contar con el fundamento y criterio técnico de la Institución competente que le permita tener una claridad en cuanto a la resolución del presente caso”.
3.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 19:54 horas de 8 de febrero de 2022, las recurrentes reiteran la solicitud de que esta Sala dicte una medida cautelar para detener el proceso de construcción del edificio de la “OBS” (Oficinas de Bienestar y Salud) en la Finca 3 o instalaciones deportivas de la UCR. Agregan que la audiencia fijada para el 26 de octubre de 2021 fue suspendida, por lo que reiteran la necesidad de que se lleve a cabo.
4.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 20:19 horas de 9 de febrero de 2022, la recurrente [Nombre 001] aportó un dispositivo USB como prueba.
2.- Mediante resolución del magistrado instructor de las 14:57 horas del 15 de febrero de 2022, se confirió audiencia a Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quien en su lugar ocupe ese puesto, para que le comunicara a este Tribunal: 1) si se efectuó la inspección ocular fijada en la resolución n.° 40-22-TAA de las 7:05 horas del 17 de enero de 2022, de haberse realizado deberá indicar cuándo fue; y 2) si ya se resolvió la solicitud de dictado de medida cautelar formulada por la parte recurrente el 26 de octubre de 2021, de ser así deberá informar lo resuelto.
3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:41 horas de 16 de febrero de 2022, Adriana Bejarano Alfaro en su condición de presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo indica: “ PRIMERO: Que el día 17 de enero del año 2022 ingresa vía fax a este Tribunal la Resolución de las doce horas del catorce de enero del año 2022, de la Sala Constitucional, mediante la cual se reitera a la presente, en mi condición de Jueza Titular del Tribunal Ambiental Administrativo y como Jueza Tramitadora de los expedientes finalizados en 01-TAA, o a quien ejerza su cargo, para que se cumpla con lo dispuesto en la Sentencia No 2020-008926 de las 09:15 horas del 15 de mayo del año 2020. SEGUNDO: Que el día 12 de octubre del 2017, mediante oficio OSJ-648, suscrito por la M. Sc. Aimará Espinoza Ulate, en su condición de Jefe de la Oficina Subregional San José del Área de Conservación Central, con el que presentó formal denuncia de carácter ambiental, en contra de la Universidad de Costa Rica, por el supuesto entubamiento de una naciente de la Quebrada Pichichueca, ubicado en la Finca N° 3 de la Universidad de Costa Rica (instalaciones deportivas de la UCR-Sabanilla), como consta a folios 01 al 06 del expediente. TERCERO: Que a la denuncia se le asignó el Expediente N° 232-17-01-TAA. CUARTO: Que el día 01 de diciembre del 2017, se recibió en este Tribunal escrito de la señora [Nombre 002] y la señora [Nombre 001], con el que presentan denuncia en contra de la Universidad de Costa Rica según folios 07 al 29 del expediente. QUINTO: Que mediante resolución No. 1230-19-TAA de las trece horas quince minutos del día veintidós de julio del año dos mil diecinueve se declara formalmente la apertura de un proceso ordinario administrativo y se imputa a la Universidad de Costa Rica, representada por el Dr. Henning Jensen Pennington, en su condición de Rector de dicha Universidad, en su condición de denunciado, en virtud de la denuncia interpuesta mediante oficio OSJ-648, signado por la Msc. Aimará Espinoza Ulate, en su condición de Jefe de la Oficina Subregional de San José del Área de Conservación Central y por la señora [Nombre 002], portadora de la cedula de identidad número 1-0791-0223 y señora [Nombre 001], portadora de la cedula de residencia número [Valor 001], los anteriores en calidad de denunciantes. Se cita a celebración de AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA en la sede del Tribunal Ambiental Administrativo a las 08 horas 30 minutos del 29 de junio del año 2021, visible a folios 136 al 139 del expediente. SEXTO: Que mediante resolución No. 761-21-TAA de las catorce hora (sic) quince minutos del veintiocho de junio del año dos mil veintiuno, se suspende la audiencia señalada para las 08 horas 30 minutos del 29 de junio del año 2021, visible a folios 136 al 139 del expediente, de conformidad con el escrito aportado por la parte recurrente, (la señora [Nombre 002] ) mediante correo electrónico el cual consta a folio 220 al 222 del expediente administrativo debido a una Orden de Aislamiento emitida por la Caja Costarricense del Seguro Social. SÉTIMO: Que mediante resolución No. 1177-21-TAA de las siete horas diez minutos del día nueve de setiembre del año dos mil veintiuno, se precede a reprogramar audiencia para el día veintiséis de octubre del año dos mil veintiuno lo cual consta a folio 415 a 416 del expediente administrativo. OCTAVO: Que a folio 575 a 576 del expediente administrativo consta el Acta de Audiencia Oral y Publica de las ocho horas cincuenta y cuatro minutos del día veintiséis de octubre del año dos mil veintiuno. NOVENO: Que el día diecisiete de enero del año dos mil veintidós, se presentó ante este Despacho Recurso de Amparo interpuesto por la señora [Nombre 002] , portadora de la cedula de identidad número 1-0791-0223 y señora [Nombre 001] , portadora de la cedula de residencia número [Valor 001] contra el Tribunal Ambiental Administrativo. DÉCIMO: Que mediante resolución N° 40-22-TAA de las 07:05 horas del día 17 de enero del 2022, se acordó por este Tribunal previo a resolver los alegatos planteados en el recurso de nulidad presentado por la parte denunciada de conformidad en el minuto 47:40 de la audiencia del día veintiséis de octubre del año dos mil veintiuno, así como la solicitud de medida cautelar planteada por la parte recurrente según consta al minuto 50:55 de dicha audiencia, este Despacho acordó mediante resolución No. 040- 22-TAA de las siete horas cinco minutos del día diecisiete de enero del año dos mil veintidós, la realización de una inspección en el sitio de marras con el fin de averiguar la verdad real de los hechos con el fin de contar con el fundamento y criterio técnico de la Institución competente que le permita tener una claridad en cuanto a la resolución del presente caso, según consta a folios 594 al 603 del expediente. DÉCIMO PRIMERO: Que mediante resolución N° 123-22-TAA de las 07:30 horas del día 27 de enero del 2022, se acordó por este Tribunal que en el Tribunal Ambiental Administrativo se han presentado casos de personas con síntomas de COVID, conscientes de que debemos ser responsables con la salud propia y la seguridad de todos los demás, así como cumplir con todos los lineamientos señalados por el Ministerio de Salud o cualquier otra entidad competente en cualquier actividad que involucre riesgo a la exposición con el virus, este Tribunal considera necesario suspender la inspección señalada mediante resolución N° 40-22-TAA de las 7:05 horas del día 17 de enero del 2022 citada para las 08:30 horas del 01 de febrero del 2022, y reprogramar la misma para el día 9 de febrero de este mismo año a las 8:30 am, con el fin de determinar la ubicación de los cuerpos de agua establecidos en la imputación de cargos (resolución número 1230-19-TAA visible a folios 136 a 139), en relación con los dictámenes realizados por la Dirección de Agua del MINAE, definiendo entonces el cuerpo de agua de que se trata, su carácter, su ubicación en coordenadas y ubicadas en un mapa al efecto, así como si el mismo está o no afectado en su cauce o en su área de protección, estableciendo la afectación y su medida, esto según sus competencias en la materia tanto de la Dirección de Agua como del SINAC, esto en forma conjunta con los funcionarios de este Tribunal, visible a folios 621 al 631 del expediente. DÉCIMO SEGUNDO: Cabe indicarle a la honorable Sala Constitucional que este Tribunal había señalado mediante resolución N° 40-22-TAA de las siete horas cinco minutos del día diecisiete de enero del dos mil veintidós, la realización de la inspección ocular “in situ”, sin embargo esta por situaciones de salud de los funcionarios participantes en esta fue reprogramada mediante resolución N° 123-22-TAA de las 07:30 horas del día 27 de enero del 2022, para el día 9 de febrero de este mismo año a las 8:30 am, esto en razón de que uno de los funcionarios que participaría en esta inspección se encontraba con síntomas de COVID, y conscientes de que debemos ser responsables con la salud propia y la seguridad de todos los demás, así como cumplir con todos los lineamientos señalados por el Ministerio de Salud o cualquier otra entidad competente en cualquier actividad que involucre riesgo a la exposición con el virus, este Tribunal considero necesaria dicha reprogramación, la cual se llevo (sic) a cabo dicha hora y fecha señaladas contando con la participación de las partes en el presente proceso, cabe indicar también que aún no se cuenta en el expediente administrativo con la presentación de los informes técnicos de las entidades competentes que participaron en ella, las cuales serían la Dirección de Agua así como de la Oficina Subregional de San Jose (sic) del Área de Conservación y de la Unidad Técnica de este Tribunal, encontrándose todavía para la presentación de estos en el termino (sic) del plazo establecido en las resoluciones antes citadas de los 10 días naturales para la presentación de los mismos, por lo se encuentra imposibilitado este Despacho de resolver sobre los alegatos planteados en el recurso de nulidad presentado por la parte denunciada de conformidad en el minuto 47:40 de la audiencia del día veintiséis de octubre del ano (sic) dos mil veintiuno, así como la solicitud de medida cautelar planteada por la parte recurrente según consta al minuto 50:55 de dicha audiencia, en razón de que este Tribunal debe sopesar el impacto de la actividad al medio ambiente, con base en el Principio de Desarrollo Sostenible y los informes de las autoridades competentes, que en este momento no se tienen en el expediente administrativo.”.
4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

  Redacta el Magistrado Rueda Leal ; y,

  Considerando:

  I.- En la sentencia n.° 2022002496 de las 9:15 horas del 28 de enero de 2022, se resolvió:
“V.-SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub examine, la parte accionante acusa que desde el año 2017 se interpuso ante el TAA una denuncia, debido a una invasión del área de protección de una naciente permanente en la Finca 3 de la Universidad de Costa Rica. Explican que la audiencia de fondo de ese caso fue programada para el 26 de octubre de 2021; no obstante, se suspendió a solicitud de la parte denunciada. Expresan que en esa audiencia reiteraron al TAA su solicitud de emitir una medida cautelar, la cual había sido formulada previamente, porque la UCR había programado el inicio de la construcción del edificio en el área de protección de la naciente. Indican que, ese día, el Tribunal Ambiental Administrativo se comprometió a resolver esa solicitud de medida cautelar; sin embargo, todavía no se ha pronunciado al respecto, con el agravante de que ya se comenzó el proceso de construcción. Solicitan que se ordene al TAA resolver su solicitud de medida cautelar. Piden que esta Sala emita temporalmente una medida cautelar contra los movimientos de tierra y las obras de construcción referidas.
Sobre el particular, la Sala verifica que, el 12 de octubre de 2017, por medio de oficio OSJ-648, la jefa de la Oficina Subregional de San José del Área de Conservación Central formuló denuncia contra la UCR por el supuesto entubamiento de una naciente de la quebrada Pichichueca ubicada en finca 3. A tal denuncia se le asignó el expediente 232-17-01-TAA. Además, se observa que, el 1° de diciembre de 2017, las amparadas plantearon una denuncia ante el TAA contra la UCR, la cual fue incorporada al referido expediente 232-17-01-TAA.
Asimismo, se verifica que, por resolución 1230-19-TAA de las 13:15 horas del 22 de julio de 2019, el TAA ordenó la apertura de un procedimiento ordinario administrativo contra la UCR por la supuesta invasión y entubamiento de un tramo de cauce de una quebrada, así como por la presunta invasión del área de protección de una naciente permanente. Además, convocó a las partes a una audiencia oral y pública para el 29 de junio de 2021. No obstante, mediante resolución 761-21-TAA de las 14:15 horas del 28 de junio de 2021, la autoridad recurrida suspendió la audiencia oral y pública antes mencionada, debido a que la amparada [Nombre 002] se encontraba con una orden de aislamiento. En consecuencia, mediante resolución 1177-21-TAA de las 7:10 horas del 9 de setiembre de 2021, el TAA reprogramó tal diligencia para las 8:30 horas del 26 de octubre de 2021.
La Sala constata que el 26 de octubre de 2021 se efectuó la audiencia oral y pública concerniente al expediente 232-17-01-TAA; empero, esta fue suspendida. Asimismo, en tal diligencia, la autoridad recurrida indicó que ese tribunal conocería la solicitud de medida cautelar planteada por la parte denunciante “vía escrito, mediante resolución”. A su vez, este Tribunal acredita que, por resolución 40-22-TAA de las 7:05 horas del 17 de enero de 2022, el Tribunal Ambiental Administrativo dispuso: “PRIMERO: Que previo a resolver sobre las manifestaciones planteadas, siendo el recurso de nulidad presentado por la representación de la parte denunciada alegada en el minuto 47:40 de la audiencia oral y pública, así como la solicitud de medida cautelar planteada por la parte denunciante según consta al minuto 50:55 de la audiencia, este Tribunal considera necesario a fin de establecer la verdad real de los hechos en relación con lo denunciado, realizar una inspección ocular "in situ" , para determinar la ubicación de los cuerpos de agua establecidos en la imputación de cargos (resolución número 1230-19-TAA visible a folios 136 a 139), en relación con los dictámenes realizados por la Dirección de Agua del MINAE, definiendo entonces el cuerpo de agua de que se trata, su carácter, su ubicación en coordenadas y ubicadas en un mapa al efecto, así como si el mismo está o no afectado en su cauce o en su área de protección, estableciendo la afectación y su medida, esto según sus competencias en la materia tanto de la Dirección de Agua como del SINAC, esto en forma conjunta con los funcionarios de este Tribunal. Para ello se convoca a las siguientes personas en razón de considerarse necesario: • Ing. Marilyn Mora, en su condición de funcionaria de la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacifico Central, o quien ocupe su cargo, o a quien la oficina designe; • MSc. Aimara Espinoza Ulate, en su condici6n de Jefe de la Oficina de San José del Área de Conservación Central o a quien ocupe su cargo o a quien la Oficina designe; • Sra. [Nombre 002] y [Nombre 001], ambas en su condición de denunciantes; • La Universidad de Costa Rica, en su condición de denunciada, cuyo actual Rector es el Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, SEGUNDO: Que dicha inspección se realizará el día 01 de febrero del 2022, teniendo como punto de encuentro en la Ciudad Deportiva de la Universidad de Costa Rica, a las 08:30 horas. TERCERO: Los funcionarios citados y/o los designados, deberán rendir un informe de dicha diligencia con la información que corresponda en relación con la inspección realizada y sea presentado ante este Despacho en un plazo de DIEZ DIAS naturales a partir del día siguiente hábil de la notificación de la presente Resolución, lo anterior de acuerdo con el artículo 262 de la Ley General de Administración Pública (…)” (el destacado fue añadido).
Finalmente, en el sub iudice se tiene como incontrovertido que el Tribunal Ambiental Administrativo no ha resuelto la medida cautelar requerida por las amparadas en la audiencia realizada el 26 de octubre de 2021, ni ha dictado el acto final referente al expediente 232-17-01-TAA.
En virtud de lo expuesto, esta Cámara Constitucional estima procedente traer a colación lo dispuesto en la sentencia n.° 2016018377 de las 9:05 horas del 16 de diciembre de 2016, en la que se analizó un caso similar al sub lite:
“IV.- Sobre el derecho a una justicia pronta y cumplida. La Administración, a la luz del artículo 41 constitucional, tiene la obligación de garantizarle a la ciudadanía el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, sin denegación, lo que implica, en el ámbito de la justicia administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos planteados por los administrados, de tal manera que su resolución sea congruente con los extremos alegados, así como de comunicarles a los interesados lo dispuesto, todo ello dentro de un plazo razonable. En este sentido, el carácter “razonable” de la duración de la actividad administrativa se determina casuísticamente con base en diversos elementos, tales como la complejidad técnica del asunto administrativo, la amplitud de la prueba por evacuar o el grado de afectación a la persona o al ambiente del acto impugnado, de lo cual se infiere que no existe un derecho estricto a la constitucionalización de los plazos, sino más bien un derecho a que se aplique el control de constitucionalidad sobre aquellas actuaciones de la Administración, en las cuales no existan motivos suficientes para justificar el tiempo demorado en la solución de algún tipo de gestión administrativa.
V.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la recurrente alega que en el Tribunal Ambiental Administrativo se encuentra desde el año 2007 una denuncia relacionada con el Relleno Sanitario La Carpio, ubicado en San José; sin embargo, a la fecha de interposición del recurso, esta no ha sido resuelta.
Del estudio de los autos, se tiene por comprobado que desde el 1º de agosto de 2007, por la supuesta afectación de emanaciones, ruidos y contaminación derivada del mal funcionamiento del Relleno Sanitario La Carpio, se interpuso una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo en contra de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, la Municipalidad de San José y el Ministerio de Salud (Expediente administrativo No. 215-07-02-TAA). Además, posteriormente, se amplió contra la empresa EBI Costa Rica, la cual administra el Relleno Sanitario La Carpio.
En adición, se tiene por verificado que el 16 de mayo de 2014, Juan José Echeverría Alfaro presentó denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo por la operación ilegal del Relleno Sanitario La Carpio, en contra del Ministerio de Salud y la SETENA (Expediente administrativo No. 85-74-01-TAA).
Asimismo, se tiene por cierto que el Tribunal Ambiental Administrativo, mediante resolución No. 119-16-TAA de las 11:15 horas de 9 de febrero de 2016, resolvió acumular el expediente administrativo No. 85-74-01-TAA al No. 215-07-02-TAA.
También, se tiene como probado que el 8 de agosto de 2016, Melissa Flores Núñez, en representación de ASOCARIARI, presentó denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo relacionada con la operación ilegal del Relleno Sanitario La Carpio.
De igual manera, según se desprende de los autos, el 26 de octubre de 2016, el Tribunal Ambiental Administrativo fue notificado del curso de este proceso y esa misma autoridad, mediante resolución No. 1523-16-TAA de las 8:20 horas de 1º de noviembre de 2016, fijó una inspección en el Relleno Sanitario para el 7 de noviembre 2016 a las 8:00 horas.
Finalmente, se informó bajo juramento que el expediente administrativo No. 215-07-02-TAA se encuentra en investigación preliminar.
Desde este panorama, se estima violentado el derecho a la justicia pronta y cumplida.
Sobre el particular, si bien ni la recurrente ni el coadyuvante fueron los que interpusieron la denuncia del año 2007 ante el Tribunal Ambiental Administrativo, lo cierto es que se encuentran legitimados para accionar en la vía constitucional, debido a la naturaleza de los derechos involucrados. Debe reputarse que en los procesos y procedimientos ambientales, existe una legitimación amplia para apersonarse a ellos, la cual se deriva del artículo 50 de la Constitución Política que indica: “(…) Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. (…)”.
Atinente al caso concreto, la Sala, mediante sentencia Nº 2016-2168 de las 9:05 horas de 12 de febrero de 2016, indicó:
“En criterio de la Sala, la falta de impulso procesal por parte del Tribunal Ambiental Administrativo ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que ha vulnerado el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido. El artículo 110, de la Ley Orgánica del Ambiente, consagra el principio de celeridad en el trámite de los procedimientos administrativos relacionados con denuncias ambientales, al establecer, en forma expresa, lo siguiente: “De oficio, el Tribunal Ambiental Administrativo deberá impulsar el procedimiento y el trámite de los asuntos de su competencia, con la rapidez requerida por la situación afectada. El fallo deberá dictarse en un término no mayor de treinta días; en casos especiales, el plazo podrá ampliarse hasta por treinta días más. Se establece la obligación de la administración de dar respuesta pronta y cumplida”.
Al respecto, este Tribunal comprende que los casos ambientales pueden ser de naturaleza compleja y requerir de un contradictorio amplio; sin embargo, no puede estimar razonable que una denuncia presentada en el año 2007 todavía se encuentre en investigación preliminar, tal y como fue informado.
Adicionalmente, si bien el Tribunal recurrido argumenta que la presentación de las nuevas denuncias que se acumularon con la del año 2007, justifican la dilación en la resolución final; debe acotarse que todas exponen hechos relacionados con el Relleno Sanitario La Carpio y hasta la fecha no se ha determinado la veracidad o no de lo denunciado, por lo cual ha transcurrido un plazo desproporcionado para resolver. Así las cosas, esta Sala no ve factible que se pueda justificar en el caso de marras una tardanza de más 9 años.
De igual forma, aunque el Tribunal recurrido, con ocasión del amparo, haya señalado y realizado una nueva inspección en el relleno sanitario La Carpio, lo cierto es que, en la actualidad, no se tiene ni siquiera un periodo de tiempo aproximado para el dictado de la resolución final de la denuncia, aspecto que resulta contrario al Derecho de la Constitución, máxime cuando la etapa de investigación preliminar ha durado tantos años.
Por todo lo expuesto, se tiene por violentado el derecho a la justicia pronta y cumplida y procede estimar el recurso, con la orden que se dará en la parte dispositiva”.
Aclarado lo anterior, en la especie se acredita que el 12 de octubre y el 1° de diciembre de 2017 se formularon las denuncias concernientes al expediente 232-17-01-TAA, por medio de las cuales se acusó, entre otras cosas, la posible invasión del área de protección de una naciente por parte de la UCR. Empero, no fue sino hasta el 22 de julio de 2019, mediante la resolución 1230-19-TAA cuando el Tribunal Ambiental Administrativo ordenó la apertura de un procedimiento ordinario administrativo contra la referida universidad y programó la audiencia oral y pública para el 29 de junio de 2021. En otras palabras, transcurrieron más de 18 meses entre la formulación de las denuncias en cuestión y el primer pronunciamiento del TAA, quien fijó la realización de la citada audiencia para junio de 2021, sea, casi dos años después de la fecha del dictado de la resolución aludida.
Además, esta Cámara aprecia que el 26 de octubre de 2021 se efectuó la audiencia oral y pública supramencionada -la cual se suspendió‑ en la que, entre otras cosas, la parte recurrente solicitó el dictado de una medida cautelar. En tal ocasión, la parte recurrida indicó que ese tribunal conocería la solicitud de medida cautelar planteada por la parte denunciante “vía escrito, mediante resolución”. No obstante, no fue sino hasta el 17 de enero de 2022 cuando el Tribunal Ambiental Administrativo dictó la resolución 40-22-TAA, mediante la cual aclaró que, de previo a resolver tal requerimiento, es necesario realizar una inspección ocular in situ, la cual fue programada para el 1° de febrero de 2022. Así las cosas, el TAA tardó más de dos meses y medio para determinar la necesidad de efectuar una inspección, a fin de resolver la solicitud de medida cautelar antes mencionada.
En suma, esta Sala no tiene por demostrado que la solicitud del dictado de una medida cautelar planteada por la parte accionante el 26 de octubre de 2021 haya sido resuelta por parte del Tribunal Ambiental Administrativo, ni mucho menos que el TAA haya dictado el acto final del expediente 232-17-01-TAA formulado desde octubre de 2017. Tal situación resulta contraria al principio de justicia pronta y cumplida, así como a lo preceptuado en el numeral 110 de la Ley Orgánica del Ambiente, el cual dispone: “Celeridad del trámite. De oficio, el Tribunal Ambiental Administrativo deberá impulsar el procedimiento y el trámite de los asuntos de su competencia, con la rapidez requerida por la situación afectada. El fallo deberá dictarse en un término no mayor de treinta días; en casos especiales, el plazo podrá ampliarse hasta por treinta días más. Se establece la obligación de la administración de dar respuesta pronta y cumplida”.
De este modo, la Sala verifica la conculcación de los derechos fundamentales de la parte recurrente, debido a la tardanza por parte del Tribunal Ambiental Administrativo en resolver la denuncia tramitada en el expediente 232-17-01-TAA, así como la solicitud de medida cautelar planteada por las amparadas desde el 26 de octubre de 2021. Ergo, procede acoger el recurso en los términos indicados en la parte dispositiva de este pronunciamiento.
(…)
 
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quien en su lugar ocupe ese puesto, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que: 1) el 1° de febrero de 2022 se efectúe la inspección ocular fijada en la resolución n.° 40-22-TAA de las 7:05 horas del 17 de enero de 2022; 2) en el plazo de TRES DÍAS, contado a partir del diligenciamiento de la inspección supramencionada, se resuelva la solicitud de dictado de una medida cautelar formulada por la parte recurrente el 26 de octubre de 2021; y 3) en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelvan los escritos pendientes, se realicen las actuaciones necesarias y se dicte la resolución final, según corresponda, concerniente al procedimiento administrativo tramitado en el expediente n.° 232-17-01-TAA. Lo anterior se dicta con el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese.”
Tal sentencia fue notificada a las autoridades recurridas el 1° de febrero de 2022.
II.- DE PREVIO. En el sub iudice, las gestionantes solicitaron a este Tribunal el dictado de una medida cautelar; empero, dado que se procede a resolver por el fondo la gestión de incumplimiento, se prescinde de tal medida.
III.- SOBRE LA GESTIÓN DE INEJECUCIÓN. En la especie, las recurrentes formulan una gestión de desobediencia en relación con la sentencia n.° 2022002496 de las 9:15 horas del 28 de enero de 2022. Acusan que el Tribunal Ambiental no realizó el 1 de febrero de 2022 la inspección ocular, diligencia que fue reprogramada para el 9 de febrero de 2022. Señalan que esta situación genera la postergación del dictado de la resolución concerniente a la medida cautelar solicitada. Reclaman que han pasado más de tres meses desde que el tribunal recurrido suspendió la audiencia del caso y a este momento no han fijado una fecha cierta para su celebración. Solicitan que este Tribunal le ordene a la autoridad recurrida reprogramar la audiencia suspendida en octubre de 2021. 
IV.- SOBRE LA DESOBEDIENCIA ACUSADA EN RELACIÓN CON EL PUNTO PRIMERO DE LA PARTE DISPOSITIVA. Mediante el voto n.° 2022002496 de las 9:15 horas del 28 de enero de 2022, esta Sala le ordenó a la presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo que: “ 1) el 1° de febrero de 2022 se efectúe la inspección ocular fijada en la resolución n.° 40-22-TAA de las 7:05 horas del 17 de enero de 2022 (...)”. Sobre el particular, las gestionantes acusan el incumplimiento de tal orden, toda vez que el Tribunal Ambiental Administrativo no llevó a cabo la inspección ocular en la fecha supramencionada, sino que reprogramó tal diligencia para el 9 de febrero de 2022.
En relación con este extremo, la parte accionada señaló: “ Cabe indicarle a la honorable Sala Constitucional que este Tribunal había señalado mediante resolución N° 40-22-TAA de las siete horas cinco minutos del día diecisiete de enero del dos mil veintidós, la realización de la inspección ocular “in situ”, sin embargo esta por situaciones de salud de los funcionarios participantes en esta fue reprogramada mediante resolución N° 123-22-TAA de las 07:30 horas del día 27 de enero del 2022, para el día 9 de febrero de este mismo año a las 8:30 am, esto en razón de que uno de los funcionarios que participaría en esta inspección se encontraba con síntomas de COVID , y conscientes de que debemos ser responsables con la salud propia y la seguridad de todos los demás, así como cumplir con todos los lineamientos señalados por el Ministerio de Salud o cualquier otra entidad competente en cualquier actividad que involucre riesgo a la exposición con el virus, este Tribunal considero necesaria dicha reprogramación, la cual se llevo (sic) a cabo dicha hora y fecha señaladas contando con la participación de las partes en el presente proceso,(...)”.
Así la cosas, esta Sala no estima que las razones que motivaron la reprogramación de la inspección ocular aludida resulten abiertamente arbitrarias y desproporcionales. En todo caso, esta Cámara Constitucional constata que tal inspección se llevó a cabo a las 8:30 horas del 9 de febrero de 2022. En consecuencia, no se acredita el incumplimiento acusado respecto al punto primero de la orden emanada por este Tribunal en la sentencia n.° 2022002496 de las 9:15 horas del 28 de enero de 2022.
V.- SOBRE LA DESOBEDIENCIA ACUSADA EN RELACIÓN CON EL PUNTO SEGUNDO DE LA PARTE DISPOSITIVA. Adicionalmente, por sentencia n.° 2022002496 de las 9:15 horas del 28 de enero de 2022, esta Cámara le ordenó a la parte accionada: “(…) 2) en el plazo de TRES DÍAS , contado a partir del diligenciamiento de la inspección supramencionada, se resuelva la solicitud de dictado de una medida cautelar formulada por la parte recurrente el 26 de octubre de 2021; (...)”. En cuanto a este extremo, las recurrentes reclaman que todavía no se ha resuelto la solicitud de medida cautelar que formularon desde el 26 de octubre de 2021.
Al respecto, la presidenta del tribunal recurrido manifestó que: “(...) cabe indicar también que aún no se cuenta en el expediente administrativo con la presentación de los informes técnicos de las entidades competentes que participaron en ella, las cuales serían la Dirección de Agua así como de la Oficina Subregional de San Jose (sic) del Área de Conservación y de la Unidad Técnica de este Tribunal, encontrándose todavía para la presentación de estos en el termino (sic) del plazo establecido en las resoluciones antes citadas de los 10 días naturales para la presentación de los mismos, por lo se encuentra imposibilitado este Despacho de resolver sobre los alegatos planteados en el recurso de nulidad presentado por la parte denunciada de conformidad en el minuto 47:40 de la audiencia del día veintiséis de octubre del ano (sic) dos mil veintiuno, así como la solicitud de medida cautelar planteada por la parte recurrente según consta al minuto 50:55 de dicha audiencia, en razón de que este Tribunal debe sopesar el impacto de la actividad al medio ambiente, con base en el Principio de Desarrollo Sostenible y los informes de las autoridades competentes, que en este momento no se tienen en el expediente administrativo”.
De modo que, en el pronunciamiento supramencionado el plazo que esta Cámara Constitucional le otorgó a la presidenta del TAA para atender la solicitud del dictado de la medida cautelar requerida por las accionantes el 26 de octubre de 2021 fue de tres días, contando a partir del diligenciamiento de la inspección ocular, la cual, según informa la presidenta mencionada, se realizó el 9 de febrero de 2022. Por ende, el plazo para que la autoridad recurrida resolviera la solicitud en cuestión venció el 14 de febrero de 2022; empero, de los autos no se desprende material probatorio alguno que permita tener por comprobado que la medida cautelar solicitada por las amparadas en la fecha antes mencionada haya sido resuelta por el Tribunal Ambiental Administrativo, lo cual evidencia un incumplimiento a lo ordenado en el punto 2 de la parte dispositiva de la sentencia n.° 2022002496 de las 9:15 horas del 28 de enero de 2022. Ergo, lo procedente es acoger la gestión de desobediencia.  
VI.- SOBRE LA SOLICITUD DE QUE SE ORDENE REPROGRAMAR LA AUDIENCIA SUSPENDIDA. Finalmente, las amparadas le solicitan a esta Sala que se le ordene al Tribunal Ambiental Administrativo reprogramar la audiencia que fue suspendida desde octubre de 2021. Al respecto, conviene señalarle a la parte tutelada que, contrario a lo indicado en la gestión de desobediencia bajo estudio, esta Cámara Constitucional sí tuvo conocimiento de que la audiencia fijada para el 26 de octubre de 2021 fue suspendida. Verbigracia, en la sentencia objeto de análisis se consignó en el hecho probado f): “El 26 de octubre de 2021 se efectuó la audiencia oral y pública concerniente al expediente 232-17-01-TAA; empero, esta fue suspendida. Asimismo, en tal diligencia, la autoridad recurrida indicó que ese tribunal conocería la solicitud de medida cautelar planteada por la parte denunciante “vía escrito, mediante resolución”. (Ver prueba documental)”.
Aclarado lo anterior, cabe señalar que, en la sentencia n.° 2022002496 de las 9:15 horas del 28 de enero de 2022, esta Cámara Constitucional le ordenó a Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que: “(…) 3) en el plazo de TRES MESES , contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelvan los escritos pendientes, se realicen las actuaciones necesarias y se dicte la resolución final , según corresponda, concerniente al procedimiento administrativo tramitado en el expediente n.° 232-17-01-TAA (...)” (énfasis agregado).
En virtud de lo expuesto, dado que este Tribunal ordenó a la parte recurrida que, en el plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de la sentencia, debe resolver los escritos pendientes, realizar las actuaciones necesarias y dictar la resolución final dentro del procedimiento administrativo concerniente al expediente n.° 232-17-01-TAA, no se estima necesario acoger la solicitud de la parte amparada que es objeto de análisis en este considerando.
VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se acoge parcialmente la gestión de desobediencia planteada. En consecuencia, se le reitera a Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quien en su lugar ocupe ese puesto, el cumplimiento inmediato de lo dispuesto en la resolución n.° 2022002496 de las 9:15 horas del 28 de enero de 2022, únicamente en relación con el punto dos de la parte dispositiva, a saber: “2) en el plazo de TRES DÍAS, contado a partir del diligenciamiento de la inspección supramencionada, se resuelva la solicitud de dictado de una medida cautelar formulada por la parte recurrente el 26 de octubre de 2021”. Lo anterior se dicta bajo la advertencia de ordenarse la apertura de un procedimiento administrativo en su contra o de testimoniarse piezas ante el Ministerio Público si no lo hiciere. En todo lo demás, no se acogen las gestiones planteadas. Notifíquese esta resolución a Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quien en su lugar ocupe ese puesto, en forma personal.

 

 

 
	
Fernando Castillo V.
Presidente
	
 


Paul Rueda L.
	
 
	
Luis Fdo. Salazar A.


Jorge Araya G.
	
 
	
Anamari Garro V.


Ana María Picado B.
	
 
	
Jorge Isaac Solano A.

 

 

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Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 17:08:50.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Exp: 22-000743-0007-CO

Res. No. 2022003983

 

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty hours on the eighteenth of February, two thousand twenty-two.

  Subsequent proceeding filed by [Name 001], residency card [Value 001], and [Name 002], identity card [Value 002], in relation to judgment no. 2022002496 of 9:15 a.m. on January 28, 2022.

Whereas:

  1.- By a brief incorporated into the digital case file at 8:09 a.m. on February 3, 2022, the petitioners file a non-compliance proceeding in relation to judgment no. 2022002496 of 9:15 a.m. on January 28, 2022. They accuse that the Environmental Tribunal did not conduct the on-site inspection on February 1, 2022, a proceeding that was rescheduled for February 9, 2022. They note that this situation causes the postponement of the issuance of the resolution concerning the requested precautionary measure. They claim that more than three months have passed since the respondent tribunal suspended the hearing of the case and to this moment they have not set a certain date for the aforementioned hearing to be held. They request that this Tribunal issue a precautionary measure to stop the construction process and that the respondent authority be ordered to reschedule the hearing suspended in October 2021.
2.- By a document received at the Secretariat of the Chamber at 9:45 a.m. on February 4, 2022, the president of the Environmental Administrative Tribunal states the following: “FIRST: That on January 17, 2022, the Resolution of twelve o'clock on January fourteenth of the year 2022, from the Constitutional Chamber, entered this Tribunal via fax, by which the undersigned is reminded, in my capacity as Presiding Judge of the Environmental Administrative Tribunal and as Processing Judge of the case files ending in 01-TAA, or whoever holds her position, to comply with the provisions of Judgment No. 2020-008926 of 09:15 a.m. on May 15, 2020. SECOND: That on October 12, 2017, by official communication OSJ-648, signed by M. Sc. Aimará Espinoza Ulate, in her capacity as Chief of the San José Subregional Office of the Central Conservation Area (Área de Conservación Central), a formal environmental complaint was filed against the University of Costa Rica, for the alleged channeling of a spring (naciente) of the Pichichueca Stream, located on Farm No. 3 of the University of Costa Rica (UCR-Sabanilla sports facilities), as recorded on folios 01 to 06 of the case file. THIRD: That the complaint was assigned Case File No. 232-17-01-TAA. FOURTH: That on December 1, 2017, a brief was received at this Tribunal from Mrs. [Name 002] and Mrs. [Name 001], by which they filed a complaint against the University of Costa Rica according to folios 07 to 29 of the case file. FIFTH: That by resolution No. 1230-19-TAA of thirteen hours fifteen minutes on July twenty-second, two thousand nineteen, the opening of an ordinary administrative proceeding was formally declared and charges were imputed to the University of Costa Rica, represented by Dr. Henning Jensen Pennington, in his capacity as Rector of said University, in its capacity as respondent, by virtue of the complaint filed via official communication OSJ-648, signed by Msc. Aimará Espinoza Ulate, in her capacity as Chief of the San José Subregional Office of the Central Conservation Area, and by Mrs. [Name 002], holder of identity card number 1-0791-0223, and Mrs. [Name 001], holder of residency card number [Value 001], the foregoing in their capacity as complainants. An ORAL AND PUBLIC HEARING is called at the seat of the Environmental Administrative Tribunal at 08 hours 30 minutes on June 29, 2021, visible at folios 136 to 139 of the case file. SIXTH: That by resolution No. 761-21-TAA of fourteen hours (sic) fifteen minutes on June twenty-eighth, two thousand twenty-one, the hearing scheduled for 08 hours 30 minutes on June 29, 2021, visible at folios 136 to 139 of the case file, is suspended, in accordance with the brief submitted by the petitioner (Mrs. [Name 002]) via email which is recorded at folio 220 to 222 of the administrative case file due to an Isolation Order issued by the Costa Rican Social Security Fund. SEVENTH: That by resolution No. 1177-21-TAA of seven hours ten minutes on September ninth, two thousand twenty-one, the hearing was rescheduled for October twenty-sixth, two thousand twenty-one, which is recorded at folio 415 to 416 of the administrative case file. EIGHTH: That at folio 575 to 576 of the administrative case file is recorded the Oral and Public Hearing Minutes of eight hours fifty-four minutes on October twenty-sixth, two thousand twenty-one. NINTH: That on January seventeenth, two thousand twenty-two, a recurso de amparo filed by Mrs. [Name 002], holder of identity card number 1-0791-0223, and Mrs. [Name 001], holder of residency card number [Value 001], against the Environmental Administrative Tribunal was presented to this Office. TENTH: That by resolution No. 40-22-TAA of 07:05 hours on January 17, 2022, this Tribunal agreed, prior to resolving the arguments raised in the motion to void (recurso de nulidad) presented by the respondent party in accordance with minute 47:40 of the hearing of October twenty-sixth, two thousand twenty-one, as well as the request for a precautionary measure (medida cautelar) made by the petitioner as recorded at minute 50:55 of said hearing, this Office agreed by resolution No. 040-22-TAA of seven hours five minutes on January seventeenth, two thousand twenty-two, to conduct an inspection at the site in question (en el sitio de marras) in order to ascertain the real truth of the facts in order to have the basis and technical criteria of the competent institution to allow it clarity in resolving the present case, as recorded at folios 594 to 603 of the case file. ELEVENTH: That by resolution No. 123-22-TAA of 07:30 hours on January 27, 2022, this Tribunal agreed that, as cases of people with COVID symptoms have been presented at the Environmental Administrative Tribunal, aware that we must be responsible for our own health and the safety of everyone else, as well as comply with all the guidelines indicated by the Ministry of Health or any other competent entity in any activity that involves risk of exposure to the virus, this Tribunal deems it necessary to suspend the inspection scheduled by resolution No. 40-22-TAA of 7:05 hours on January 17, 2022, set for 08:30 hours on February 1, 2022, and reschedule it for February 9 of this same year at 8:30 a.m., in order to determine the location of the water bodies established in the statement of charges (resolución número 1230-19-TAA visible at folios 136 to 139), in relation to the opinions issued by the Water Directorate (Dirección de Agua) of MINAE, thus defining the water body in question, its nature, its location in coordinates and located on a map for this purpose, as well as whether or not it is affected in its channel or in its protection area, establishing the impact and its extent, this according to their competencies in the matter of both the Water Directorate and SINAC, this jointly with the officials of this Tribunal, visible at folios 621 to 631 of the case file. TWELFTH: That prior to resolving the arguments raised in the motion to void presented by the respondent party in accordance with minute 47:40 of the hearing of October twenty-sixth, two thousand twenty-one, as well as the request for a precautionary measure made by the petitioner as recorded at minute 50:55 of said hearing, this Office agreed by resolution No. 123-22-TAA of 07:30 hours on January 27, 2022, this Tribunal agreed to reschedule it for February 9 of this same year at 8:30 a.m., this because one of the officials who would participate in this inspection was exhibiting COVID symptoms, and aware that we must be responsible for our own health and the safety of everyone else, as well as comply with all the guidelines indicated by the Ministry of Health or any other competent entity in any activity that involves risk of exposure to the virus, this Tribunal deems it necessary to suspend and reschedule the inspection in order to ascertain the real truth of the facts in order to have the basis and technical criteria of the competent institution to allow it clarity in resolving the present case.”
3.- By a brief received at the Secretariat of the Chamber at 7:54 p.m. on February 8, 2022, the petitioners reiterate the request that this Chamber issue a precautionary measure to stop the construction process of the “OBS” (Oficinas de Bienestar y Salud) building on Farm 3 or sports facilities of the UCR. They add that the hearing set for October 26, 2021 was suspended, for which reason they reiterate the need for it to be held.
4.- By a brief received at the Secretariat of the Chamber at 8:19 p.m. on February 9, 2022, petitioner [Name 001] provided a USB device as evidence.
2.- By resolution of the investigating magistrate at 2:57 p.m. on February 15, 2022, a hearing (audiencia) was granted to Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as president of the Environmental Administrative Tribunal, or to whoever in her place holds that position, so that she could inform this Tribunal: 1) whether the ocular inspection set in resolution no. 40-22-TAA of 7:05 a.m. on January 17, 2022 was conducted, if it was conducted she must indicate when it was; and 2) whether the request for issuance of a precautionary measure made by the petitioner on October 26, 2021 has been resolved, if so she must inform what was resolved.
3.- By a brief received at the Secretariat of the Chamber at 11:41 a.m. on February 16, 2022, Adriana Bejarano Alfaro in her capacity as president of the Environmental Administrative Tribunal states: “ FIRST: That on January 17, 2022, the Resolution of twelve o'clock on January fourteenth of the year 2022, from the Constitutional Chamber, entered this Tribunal via fax, by which the undersigned is reminded, in my capacity as Presiding Judge of the Environmental Administrative Tribunal and as Processing Judge of the case files ending in 01-TAA, or whoever holds her position, to comply with the provisions of Judgment No. 2020-008926 of 09:15 a.m. on May 15, 2020. SECOND: That on October 12, 2017, by official communication OSJ-648, signed by M. Sc. Aimará Espinoza Ulate, in her capacity as Chief of the San José Subregional Office of the Central Conservation Area, a formal environmental complaint was filed against the University of Costa Rica, for the alleged channeling of a spring of the Pichichueca Stream, located on Farm No. 3 of the University of Costa Rica (UCR-Sabanilla sports facilities), as recorded on folios 01 to 06 of the case file. THIRD: That the complaint was assigned Case File No. 232-17-01-TAA. FOURTH: That on December 1, 2017, a brief was received at this Tribunal from Mrs. [Name 002] and Mrs. [Name 001], by which they filed a complaint against the University of Costa Rica according to folios 07 to 29 of the case file. FIFTH: That by resolution No. 1230-19-TAA of thirteen hours fifteen minutes on July twenty-second, two thousand nineteen, the opening of an ordinary administrative proceeding was formally declared and charges were imputed to the University of Costa Rica, represented by Dr. Henning Jensen Pennington, in his capacity as Rector of said University, in its capacity as respondent, by virtue of the complaint filed via official communication OSJ-648, signed by Msc. Aimará Espinoza Ulate, in her capacity as Chief of the San José Subregional Office of the Central Conservation Area, and by Mrs. [Name 002], holder of identity card number 1-0791-0223, and Mrs. [Name 001], holder of residency card number [Value 001], the foregoing in their capacity as complainants. An ORAL AND PUBLIC HEARING is called at the seat of the Environmental Administrative Tribunal at 08 hours 30 minutes on June 29, 2021, visible at folios 136 to 139 of the case file. SIXTH: That by resolution No. 761-21-TAA of fourteen hours (sic) fifteen minutes on June twenty-eighth, two thousand twenty-one, the hearing scheduled for 08 hours 30 minutes on June 29, 2021, visible at folios 136 to 139 of the case file, is suspended, in accordance with the brief submitted by the petitioner, (Mrs. [Name 002] ) via email which is recorded at folio 220 to 222 of the administrative case file due to an Isolation Order issued by the Costa Rican Social Security Fund. SEVENTH: That by resolution No. 1177-21-TAA of seven hours ten minutes on September ninth, two thousand twenty-one, the hearing was rescheduled for October twenty-sixth, two thousand twenty-one, which is recorded at folio 415 to 416 of the administrative case file. EIGHTH: That at folio 575 to 576 of the administrative case file is recorded the Oral and Public Hearing Minutes of eight hours fifty-four minutes on October twenty-sixth, two thousand twenty-one. NINTH: That on January seventeenth, two thousand twenty-two, a recurso de amparo filed by Mrs. [Name 002], holder of identity card number 1-0791-0223, and Mrs. [Name 001], holder of residency card number [Value 001], against the Environmental Administrative Tribunal was presented to this Office. TENTH: That by resolution No. 40-22-TAA of 07:05 hours on January 17, 2022, this Tribunal agreed, prior to resolving the arguments raised in the motion to void presented by the respondent party in accordance with minute 47:40 of the hearing of October twenty-sixth, two thousand twenty-one, as well as the request for a precautionary measure made by the petitioner as recorded at minute 50:55 of said hearing, this Office agreed by resolution No. 040-22-TAA of seven hours five minutes on January seventeenth, two thousand twenty-two, to conduct an inspection at the site in question in order to ascertain the real truth of the facts in order to have the basis and technical criteria of the competent institution to allow it clarity in resolving the present case, as recorded at folios 594 to 603 of the case file. ELEVENTH: That by resolution No. 123-22-TAA of 07:30 hours on January 27, 2022, this Tribunal agreed that, as cases of people with COVID symptoms have been presented at the Environmental Administrative Tribunal, aware that we must be responsible for our own health and the safety of everyone else, as well as comply with all the guidelines indicated by the Ministry of Health or any other competent entity in any activity that involves risk of exposure to the virus, this Tribunal deems it necessary to suspend the inspection scheduled by resolution No. 40-22-TAA of 7:05 hours on January 17, 2022, set for 08:30 hours on February 1, 2022, and reschedule it for February 9 of this same year at 8:30 a.m., in order to determine the location of the water bodies established in the statement of charges (resolución número 1230-19-TAA visible at folios 136 to 139), in relation to the opinions issued by the Water Directorate of MINAE, thus defining the water body in question, its nature, its location in coordinates and located on a map for this purpose, as well as whether or not it is affected in its channel or in its protection area, establishing the impact and its extent, this according to their competencies in the matter of both the Water Directorate and SINAC, this jointly with the officials of this Tribunal, visible at folios 621 to 631 of the case file. TWELFTH: It should be noted to the honorable Constitutional Chamber that this Tribunal had scheduled by resolution No. 40-22-TAA of seven hours five minutes on January seventeenth, two thousand twenty-two, the conducting of the on-site ocular inspection (“in situ”), however this was rescheduled due to the health situations of the participating officials by resolution No. 123-22-TAA of 07:30 hours on January 27, 2022, for February 9 of this same year at 8:30 a.m., this because one of the officials who would participate in this inspection was exhibiting COVID symptoms, and aware that we must be responsible for our own health and the safety of everyone else, as well as comply with all the guidelines indicated by the Ministry of Health or any other competent entity in any activity that involves risk of exposure to the virus, this Tribunal considered said rescheduling necessary, which was carried out (sic) on said indicated date and time with the participation of the parties in the present proceeding, it should also be noted that the administrative case file does not yet contain the technical reports of the competent entities that participated in it, which would be the Water Directorate as well as the San José Subregional Office of the Conservation Area and the Technical Unit of this Tribunal, these still being in the term (sic) of the deadline established in the aforementioned resolutions of 10 calendar days for their presentation, for which reason this Office is unable to resolve the arguments raised in the motion to void presented by the respondent party in accordance with minute 47:40 of the hearing of October twenty-sixth, two thousand twenty-one, as well as the request for a precautionary measure made by the petitioner as recorded at minute 50:55 of said hearing, because this Tribunal must weigh the impact of the activity on the environment, based on the Principle of Sustainable Development and the reports of the competent authorities, which at this moment are not available in the administrative case file.”.
4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

  Magistrate Rueda Leal writes for the Court; and,

  Considering:

  I.- In judgment no. 2022002496 of 9:15 a.m. on January 28, 2022, it was resolved:
“V.-ON THE SPECIFIC CASE. In the sub examine, the accusing party argues that since 2017 a complaint was filed before the TAA, due to an invasion of the protection area of a permanent spring on Farm 3 of the University of Costa Rica. They explain that the substantive hearing of that case was scheduled for October 26, 2021; however, it was suspended at the request of the respondent party. They state that at that hearing they reiterated to the TAA their request to issue a precautionary measure, which had been previously formulated, because the UCR had scheduled the start of construction of the building in the protection area of the spring. They indicate that, on that day, the Environmental Administrative Tribunal committed to resolving that request for a precautionary measure; however, it has not yet ruled on the matter, with the aggravating factor that the construction process has already begun. They request that the TAA be ordered to resolve their request for a precautionary measure. They ask that this Chamber temporarily issue a precautionary measure against the earthworks (movimientos de tierra) and the construction works referred to.
In this regard, the Chamber verifies that, on October 12, 2017, by official communication OSJ-648, the chief of the San José Subregional Office of the Central Conservation Area filed a complaint against the UCR for the alleged channeling of a spring of the Pichichueca stream located on farm 3. Said complaint was assigned case file 232-17-01-TAA. Furthermore, it is observed that, on December 1, 2017, the amparo petitioners filed a complaint before the TAA against the UCR, which was incorporated into the aforementioned case file 232-17-01-TAA.
Likewise, it is verified that, by resolution 1230-19-TAA of 1:15 p.m. on July 22, 2019, the TAA ordered the opening of an ordinary administrative proceeding against the UCR for the alleged invasion and channeling of a section of a stream channel, as well as for the presumed invasion of the protection area of a permanent spring. Furthermore, it summoned the parties to an oral and public hearing for June 29, 2021. However, by resolution 761-21-TAA of 2:15 p.m. on June 28, 2021, the respondent authority suspended the aforementioned oral and public hearing, because the amparo petitioner [Name 002] was under an isolation order. Consequently, by resolution 1177-21-TAA of 7:10 a.m. on September 9, 2021, the TAA rescheduled said proceeding for 8:30 a.m. on October 26, 2021.
The Chamber verifies that on October 26, 2021, the oral and public hearing concerning case file 232-17-01-TAA was held; however, it was suspended. Likewise, in said proceeding, the respondent authority indicated that said tribunal would hear the request for a precautionary measure made by the complainant party “via brief, by resolution”. In turn, this Tribunal certifies that, by resolution 40-22-TAA of 7:05 a.m. on January 17, 2022, the Environmental Administrative Tribunal ordered: “FIRST: That prior to resolving the arguments raised, being the motion to void presented by the representation of the respondent party alleged at minute 47:40 of the oral and public hearing, as well as the request for a precautionary measure made by the complainant party as recorded at minute 50:55 of the hearing, this Tribunal deems it necessary, in order to establish the real truth of the facts in relation to the complaint, to conduct an on-site inspection (“in situ”), to determine the location of the water bodies established in the statement of charges (resolución número 1230-19-TAA visible at folios 136 to 139), in relation to the opinions issued by the Water Directorate of MINAE, thus defining the water body in question, its nature, its location in coordinates and located on a map for this purpose, as well as whether or not it is affected in its channel or in its protection area, establishing the impact and its extent, this according to their competencies in the matter of both the Water Directorate and SINAC, this jointly with the officials of this Tribunal. For this purpose, the following persons are summoned as deemed necessary: • Eng. Marilyn Mora, in her capacity as an official of the Tárcoles-Central Pacific Hydrological Unit, or whoever holds her position, or whoever the office designates; • MSc. Aimara Espinoza Ulate, in her capacity as Chief of the San José Office of the Central Conservation Area or whoever holds her position or whoever the Office designates; • Mrs. [Name 002] and [Name 001], both in their capacity as complainants; • The University of Costa Rica, in its capacity as respondent, whose current Rector is Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, SECOND: That said inspection shall be conducted on February 1, 2022, with the meeting point at the University of Costa Rica Sports City, at 08:30 hours. THIRD: The summoned and/or designated officials must render a report of said proceeding with the corresponding information in relation to the inspection conducted and it must be presented before this Office within a term of TEN calendar days from the next business day following the notification of this Resolution, the foregoing in accordance with Article 262 of the Ley General de Administración Pública (…)” (emphasis added).
Finally, in the sub iudice it is considered uncontroverted that the Environmental Administrative Tribunal has not resolved the precautionary measure requested by the amparo petitioners at the hearing held on October 26, 2021, nor has it issued the final act concerning case file 232-17-01-TAA.
By virtue of the foregoing, this Constitutional Chamber deems it appropriate to bring to bear what was ordered in judgment no. 2016018377 of 9:05 a.m. on December 16, 2016, in which a case similar to the sub lite was analyzed:
“IV.- On the right to prompt and complete justice. The Administration, in light of Article 41 of the Constitution, has the obligation to guarantee citizens the fulfillment of prompt and complete justice, without denial, which implies, in the field of administrative justice, its obligation to decide the claims raised by the administered parties with diligence and speed, in such a way that its resolution is congruent with the claimed points, as well as to communicate to the interested parties what has been ordered, all within a reasonable time. In this sense, the 'reasonable' nature of the duration of the administrative activity is determined on a case-by-case basis based on various elements, such as the technical complexity of the administrative matter, the breadth of the evidence to be gathered, or the degree of impact on the person or the environment of the challenged act, from which it is inferred that there is no strict right to the constitutionalization of deadlines, but rather a right that constitutional control be applied to those actions of the Administration in which there are no sufficient reasons to justify the time taken in the resolution of some type of administrative proceeding.
V.- On the specific case. In the sub lite, the petitioner alleges that since 2007 a complaint related to the La Carpio Landfill, located in San José, has been pending before the Environmental Administrative Tribunal; however, as of the date of filing of the recurso, it has not been resolved.
From the study of the case records, it is deemed proven that since August 1, 2007, a complaint was filed before the Environmental Administrative Tribunal against the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, the Municipality of San José, and the Ministry of Health, for the alleged impact of emanations, noises, and pollution derived from the malfunctioning of the La Carpio Landfill (Administrative File No. 215-07-02-TAA). Furthermore, it was later expanded against the company EBI Costa Rica, which manages the La Carpio Landfill.
In addition, it is deemed verified that on May 16, 2014, Juan José Echeverría Alfaro filed a complaint before the Environmental Administrative Tribunal for the illegal operation of the La Carpio Landfill, against the Ministry of Health and SETENA (Administrative File No. 85-74-01-TAA).
Likewise, it is deemed certain that the Environmental Administrative Tribunal, by resolution No. 119-16-TAA of 11:15 a.m. on February 9, 2016, resolved to consolidate administrative file No. 85-74-01-TAA with No.

215-07-02-TAA.
Also, it is taken as proven that on August 8, 2016, Melissa Flores Núñez, representing ASOCARIARI, filed a complaint before the Administrative Environmental Tribunal regarding the illegal operation of the La Carpio Sanitary Landfill.
Likewise, as is evident from the case file, on October 26, 2016, the Administrative Environmental Tribunal was notified of the course of these proceedings, and that same authority, by means of Resolution No. 1523-16-TAA of 8:20 a.m. on November 1, 2016, scheduled an inspection at the Sanitary Landfill for November 7, 2016, at 8:00 a.m.
Finally, it was reported under oath that administrative file No. 215-07-02-TAA is under preliminary investigation.
From this panorama, a violation of the right to prompt and complete justice is deemed to have occurred.
On this matter, although neither the appellant nor the coadjuvant were the ones who filed the 2007 complaint before the Administrative Environmental Tribunal, the truth is that they have standing to act in the constitutional arena, due to the nature of the rights involved. It must be considered that in environmental proceedings and procedures, there is broad standing to appear before them, which derives from Article 50 of the Political Constitution, which states: “(…) Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they have standing to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused. (…)”.
Regarding the specific case, this Chamber, through judgment No. 2016-2168 of 9:05 a.m. on February 12, 2016, indicated:
“In the opinion of this Chamber, the lack of procedural impetus by the Administrative Environmental Tribunal has produced an undue delay or unjustified postponement that has violated the fundamental right to a prompt and complete administrative procedure. Article 110 of the Ley Orgánica del Ambiente enshrines the principle of celerity in the processing of administrative procedures related to environmental complaints, by expressly establishing the following: ‘Ex officio, the Administrative Environmental Tribunal must promote the procedure and the processing of matters within its competence, with the speed required by the affected situation. The ruling must be issued within a term of no more than thirty days; in special cases, the period may be extended for up to thirty additional days. The administration’s obligation to provide a prompt and complete response is established.’
In this regard, this Court understands that environmental cases can be complex in nature and require a broad adversarial process; however, it cannot consider it reasonable that a complaint filed in 2007 is still under preliminary investigation, as was reported.
Additionally, although the respondent Tribunal argues that the filing of new complaints, which were accumulated with the 2007 complaint, justifies the delay in the final resolution; it must be noted that all of them set forth facts related to the La Carpio Sanitary Landfill, and to date, the veracity or not of what was denounced has not been determined, for which a disproportionate period has elapsed to resolve. Thus, this Chamber does not see it as feasible that a delay of more than 9 years in the case at bar can be justified.
Likewise, although the respondent Tribunal, on the occasion of this amparo, has indicated and carried out a new inspection at the La Carpio sanitary landfill, the truth is that, at present, there is not even an approximate period of time for the issuance of the final resolution on the complaint, an aspect that is contrary to the Law of the Constitution, especially when the preliminary investigation stage has lasted so many years.
For all the foregoing, the right to prompt and complete justice is deemed violated, and the appeal is granted, with the order that will be given in the operative part.”
Having clarified the foregoing, in the present case, it is established that on October 12 and December 1, 2017, the complaints concerning file 232-17-01-TAA were filed, through which, among other things, the possible invasion of the protection area of a spring (naciente) by the UCR was alleged. However, it was not until July 22, 2019, through resolution 1230-19-TAA, that the Administrative Environmental Tribunal ordered the opening of an ordinary administrative proceeding against the aforementioned university and scheduled the oral and public hearing for June 29, 2021. In other words, more than 18 months elapsed between the filing of the complaints in question and the first pronouncement by the TAA, which scheduled the holding of the cited hearing for June 2021, that is, almost two years after the date the aforementioned resolution was issued.
Furthermore, this Chamber observes that on October 26, 2021, the above-mentioned oral and public hearing was held—which was suspended—in which, among other things, the appellant party requested the issuance of a precautionary measure (medida cautelar). On that occasion, the respondent party indicated that that tribunal would hear the request for a precautionary measure (medida cautelar) raised by the complainant party "in writing, by resolution." However, it was not until January 17, 2022, when the Administrative Environmental Tribunal issued resolution 40-22-TAA, through which it clarified that, prior to resolving such a request, it is necessary to carry out an on-site ocular inspection (inspección ocular), which was scheduled for February 1, 2022. Thus, the TAA took more than two and a half months to determine the need to conduct an inspection, in order to resolve the aforementioned request for a precautionary measure (medida cautelar).
In sum, this Chamber does not find it proven that the request for the issuance of a precautionary measure (medida cautelar) raised by the claimant party on October 26, 2021, has been resolved by the Administrative Environmental Tribunal, much less that the TAA has issued the final act for file 232-17-01-TAA, filed since October 2017. Such a situation is contrary to the principle of prompt and complete justice, as well as to what is prescribed in numeral 110 of the Ley Orgánica del Ambiente, which provides: “Celerity of procedure. Ex officio, the Administrative Environmental Tribunal must promote the procedure and the processing of matters within its competence, with the speed required by the affected situation. The ruling must be issued within a term of no more than thirty days; in special cases, the period may be extended for up to thirty additional days. The administration’s obligation to provide a prompt and complete response is established.”
Thus, this Chamber verifies the violation of the fundamental rights of the appellant party, due to the delay on the part of the Administrative Environmental Tribunal in resolving the complaint processed in file 232-17-01-TAA, as well as the request for a precautionary measure (medida cautelar) raised by the amparo petitioners since October 26, 2021. Ergo, the appeal is granted in the terms indicated in the operative part of this pronouncement.
(…)

Por tanto:
The appeal is declared with merit. It is ordered that Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as president of the Administrative Environmental Tribunal, or whoever in her place occupies that position, coordinate what is necessary and carry out all actions that fall within the scope of her competencies so that: 1) on February 1, 2022, the ocular inspection (inspección ocular) scheduled in resolution No. 40-22-TAA of 7:05 a.m. on January 17, 2022, is carried out; 2) within the term of THREE DAYS, counted from the completion of the above-mentioned inspection, the request for the issuance of a precautionary measure (medida cautelar) formulated by the appellant party on October 26, 2021, is resolved; and 3) within the term of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the pending briefs are resolved, the necessary actions are carried out, and the final resolution is issued, as applicable, concerning the administrative procedure processed in file No. 232-17-01-TAA. The foregoing is ordered with the warning that, based on the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on those who receive an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo appeal, and who do not comply with it or do not enforce it, provided that the crime is not more severely penalized. The State is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative court. Notifíquese.”
This judgment was notified to the respondent authorities on February 1, 2022.
II.- PRELIMINARY MATTER. In the sub iudice, the petitioners requested that this Court issue a precautionary measure (medida cautelar); however, given that the non-compliance petition is being resolved on the merits, such a measure is dispensed with.
III.- REGARDING THE NON-EXECUTION PETITION. In this case, the appellants formulate a petition of disobedience concerning judgment No. 2022002496 of 9:15 a.m. on January 28, 2022. They accuse that the Environmental Tribunal did not carry out the ocular inspection (inspección ocular) on February 1, 2022, a proceeding that was rescheduled for February 9, 2022. They indicate that this situation causes the postponement of the issuance of the resolution concerning the requested precautionary measure (medida cautelar). They claim that more than three months have passed since the respondent tribunal suspended the hearing in the case, and at this moment, they have not set a certain date for its holding. They request that this Court order the respondent authority to reschedule the hearing suspended in October 2021.
IV.- REGARDING THE ALLEGED DISOBEDIENCE IN RELATION TO POINT ONE OF THE OPERATIVE PART. By vote No. 2022002496 of 9:15 a.m. on January 28, 2022, this Chamber ordered the president of the Administrative Environmental Tribunal to: " 1) on February 1, 2022, carry out the ocular inspection (inspección ocular) scheduled in resolution No. 40-22-TAA of 7:05 a.m. on January 17, 2022 (...)". On this matter, the petitioners accuse the non-compliance with said order, since the Administrative Environmental Tribunal did not carry out the ocular inspection (inspección ocular) on the above-mentioned date, but rather rescheduled such proceeding for February 9, 2022.
In relation to this point, the respondent party stated: “It should be indicated to the honorable Constitutional Chamber that this Tribunal had scheduled, by resolution No. 40-22-TAA of seven hours and five minutes on the seventeenth day of January of two thousand twenty-two, the carrying out of the on-site ocular inspection (inspección ocular), however, due to health situations of the officials participating in it, it was rescheduled by resolution No. 123-22-TAA of 7:30 a.m. on the 27th day of January of 2022, for the 9th day of February of this same year at 8:30 a.m., this because one of the officials who would participate in this inspection had symptoms of COVID, and aware that we must be responsible for our own health and the safety of all others, as well as comply with all the guidelines indicated by the Ministry of Health or any other competent entity in any activity that involves risk of exposure to the virus, this Tribunal considered said rescheduling necessary, which was carried out (sic) on said indicated hour and date with the participation of the parties in this process, (...)”.
Thus, this Chamber does not consider that the reasons that motivated the rescheduling of the referenced ocular inspection (inspección ocular) are overtly arbitrary and disproportionate. In any case, this Constitutional Chamber verifies that such inspection was carried out at 8:30 a.m. on February 9, 2022. Consequently, the alleged non-compliance regarding point one of the order issued by this Court in judgment No. 2022002496 of 9:15 a.m. on January 28, 2022, is not proven.
V.- REGARDING THE ALLEGED DISOBEDIENCE IN RELATION TO POINT TWO OF THE OPERATIVE PART. Additionally, by judgment No. 2022002496 of 9:15 a.m. on January 28, 2022, this Chamber ordered the respondent party: “(…) 2) within the term of THREE DAYS, counted from the completion of the above-mentioned inspection, resolve the request for the issuance of a precautionary measure (medida cautelar) formulated by the appellant party on October 26, 2021; (...)”. Regarding this point, the appellants claim that the request for a precautionary measure (medida cautelar) that they formulated on October 26, 2021, has not yet been resolved.
In this regard, the president of the respondent tribunal stated that: “(...) it should also be indicated that the administrative file does not yet contain the presentation of the technical reports from the competent entities that participated in it, which would be the Water Directorate as well as the San José Subregional Office of the Conservation Area and the Technical Unit of this Tribunal, the term for the presentation of these reports still being within the period established in the aforementioned resolutions of 10 calendar days for their presentation, therefore this Office is unable to resolve on the allegations raised in the appeal for annulment filed by the respondent party, in accordance with minute 47:40 of the hearing on the twenty-sixth day of October of the year (sic) two thousand twenty-one, as well as the request for a precautionary measure (medida cautelar) raised by the appellant party as recorded in minute 50:55 of said hearing, because this Tribunal must weigh the impact of the activity on the environment, based on the Principle of Sustainable Development and the reports from the competent authorities, which are not currently in the administrative file”.
Thus, in the above-mentioned pronouncement, the period that this Constitutional Chamber granted to the president of the TAA to address the request for the issuance of the precautionary measure (medida cautelar) requested by the claimants on October 26, 2021, was three days, counting from the completion of the ocular inspection (inspección ocular), which, according to the aforementioned president's report, took place on February 9, 2022. Therefore, the period for the respondent authority to resolve the request in question expired on February 14, 2022; however, no evidentiary material emerges from the case file that allows it to be proven that the precautionary measure (medida cautelar) requested by the amparo petitioners on the aforementioned date has been resolved by the Administrative Environmental Tribunal, which demonstrates non-compliance with what was ordered in point 2 of the operative part of judgment No. 2022002496 of 9:15 a.m. on January 28, 2022. Ergo, the disobedience petition is to be partially granted.
VI.- REGARDING THE REQUEST THAT THE SUSPENDED HEARING BE RESCHEDULED. Finally, the amparo petitioners request that this Chamber order the Administrative Environmental Tribunal to reschedule the hearing that was suspended since October 2021. In this regard, it is appropriate to point out to the protected party that, contrary to what was indicated in the disobedience petition under study, this Constitutional Chamber was indeed aware that the hearing scheduled for October 26, 2021, was suspended. For example, in the judgment under analysis, proven fact f) stated: “On October 26, 2021, the oral and public hearing concerning file 232-17-01-TAA was held; however, it was suspended. Also, in that proceeding, the respondent authority indicated that that tribunal would hear the request for a precautionary measure (medida cautelar) raised by the complainant party 'in writing, by resolution.' (See documentary proof)”.
Having clarified the foregoing, it should be noted that, in judgment No. 2022002496 of 9:15 a.m. on January 28, 2022, this Constitutional Chamber ordered Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as president of the Administrative Environmental Tribunal, or whoever in her place occupies that position, to coordinate what is necessary and carry out all actions that fall within the scope of her competencies so that: “(…) 3) within the term of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the pending briefs are resolved, the necessary actions are carried out, and the final resolution is issued, as applicable, concerning the administrative procedure processed in file No. 232-17-01-TAA (...)” (emphasis added).
By virtue of the foregoing, since this Court ordered the respondent party that, within a term of three months, counted from the notification of the judgment, it must resolve the pending briefs, carry out the necessary actions, and issue the final resolution within the administrative procedure concerning file No. 232-17-01-TAA, it is not deemed necessary to grant the request from the amparo party that is the subject of analysis in this recital.
VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if any document on paper has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 working days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The disobedience petition is partially granted. Consequently, Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as president of the Administrative Environmental Tribunal, or whoever in her place occupies that position, is reiterated the immediate compliance with the provisions of resolution No. 2022002496 of 9:15 a.m. on January 28, 2022, solely in relation to point two of the operative part, namely: “2) within a term of THREE DAYS, counted from the completion of the above-mentioned inspection, resolve the request for the issuance of a precautionary measure (medida cautelar) formulated by the appellant party on October 26, 2021”. The foregoing is ordered under the warning that an administrative proceeding will be opened against her, or pieces will be certified before the Public Prosecutor's Office, if she fails to do so. In all other respects, the petitions filed are not granted. This resolution is to be notified to Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as president of the Administrative Environmental Tribunal, or to whoever in her place occupies that position, personally.




	
Fernando Castillo V.
Presidente
	
 

Paul Rueda L.
	
 
	
Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.
	
 
	
Anamari Garro V.

Ana María Picado B.
	
 
	
Jorge Isaac Solano A.

 

 

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