Res. 04204-2022 Sala Constitucional — Installation of telecommunication poles and fundamental rightsInstalación de postes de telecomunicaciones y derechos fundamentales

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Sala Constitucional

Resolución Nº 04204 - 2022

Fecha de la Resolución: 18 de Febrero del 2022 a las 09:30

Expediente: 22-002966-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

*220029660007CO*

EXPEDIENTE N° 22-002966-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2022004204

 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del dieciocho de febrero de dos mil veintidos .
  Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad No. [Valor 001], [Nombre 002], cédula de identidad No. [Valor 002], [Nombre 003], cédula de identidad No. [Valor 003], [Nombre 004], menor de edad, cédula de identidad No. [Valor 004] , [Nombre 005], cédula de identidad No. [Valor 005], menor de edad, [Nombre 006], cédula de identidad No.  [Valor 006], [Nombre 007], cédula de identidad No. [Valor 007], [Nombre 008], cédula de identidad No.  [Valor 008], [Nombre 009], cédula de identidad No.  [Valor 014] [Nombre 010], cédula de identidad No.  [Valor 010], [Nombre 011], cédula de identidad No.  [Valor 011], [Nombre 012], cédula de identidad No.  [Valor 012] y [Nombre 013], cédula de identidad No. [Valor 013], contra la MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA.
Resultando:
  1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 11 de febrero de 2022, los recurrentes interpusieron recurso de amparo contra la Municipalidad de Turrialba. Manifiestan que por oficio No. ODIJ-CM-006-2021 del 7 de abril del 2021, suscrito por un ingeniero de la municipalidad recurrida, se avaló que la empresa privada Golden Comunicaciones colocara unos postes de telecomunicaciones en la vía pública, los cuales, son monopostes, pues tienen escaleras y permiten ver a largas distancias. Señalan que el 13 de abril del 2021, en la sesión No. 050-2021, el Concejo Municipal acordó la colocación de los postes, lo cual se dio, argumentando para ello lo establecido en el artículo 13, inciso p) del Código Municipal, sobre la potestad de “dictar las medidas de ordenamiento urbano” , lo cual, es improcedente, ya que no hay un Plan Regulador y nunca existió un estudio técnico. Relatan que dichos postes fueron colocados en barrios de alta popularidad, frente a centros deportivos y viviendas, ubicados en el costado sur del parque infantil en la plaza pública, a una altura de 24 metros en ruta cantonal, Campabadal, en El Recreo de Turrialba y en Verbena Norte. Precisan que los postes colocados en Campabadal y frente a la plaza pública en Turrialba centro, no cuentan con ningún estudio técnico para tal colocación, solo copiaron y pegaron lo que presentó la empresa privada e ignoraron los temas de normativa vigente, decidiendo avalar tal colocación, sin tomar la molestia de pedir el parecer ciudadano o evaluar el impacto en la vida, la salud y la privacidad de los vecinos; ya que los inmensos postes y de gran grosor fueron colocados en aceras frente a las viviendas afectando el derecho a la intimidad, ya que los postes dan a la altura de las casas. Comentan que los postes generan un ruido que perturba la tranquilidad, causando un ambiente insalubre física y psicológicamente. Aclara que la Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de Telecomunicaciones- CCIAIT, la cual, es presidida por el Viceministro del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, bajo el fundamento jurídico de los Decretos Ejecutivos Nos 36577-MINAET y 38366-MICITT, estableció que la instalación de los postes de telecomunicaciones ubicados en bienes de dominio público y privado, deberán cumplir con lo establecido por la Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Salud, SUTEL, CFIA y cualquier otra normativa nacional aplicable; siendo que para el caso en concreto no existe tal criterio técnico del Ministerio de Salud. Exponen que hay estudios que frente a la plaza pública de Turrialba, donde se practica deporte desde jóvenes hasta adultos mayores, los postes obstruyen el paso, lo cual, es una violación a la ley 7600, y ponen en riesgo la salud, tanto de deportistas como de quienes tienen casas en la acera del frente. Por lo anterior, consideran violentados los derechos fundamentales. Solicitan que se declare con lugar el recurso.
2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

  Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. Alegan los recurrentes que mediante oficio No. ODIJ-CM-006-2021 del 7 de abril del 2021, la Municipalidad de Turrialba avaló a empresa privada Golden Comunicaciones la colocación de unos postes de telecomunicaciones en la vía pública. Señalan que dichos postes generan un ruido que perturba la tranquilidad, generando un ambiente insalubre y violentan la intimidad de las viviendas. Estiman violentados los derechos fundamentales.
II.- Sobre el caso concreto. En el presente caso, los recurrentes acuden ante esta Jurisdicción por su disconformidad con un permiso otorgado por la Municipalidad de Turrialba para colocación de unos postes de telecomunicaciones en la vía pública. Al respecto, esta Sala en la sentencia No 2019-020958 de las 9:30 horas del 29 de octubre de 2019, consideró lo siguiente:
“III.- SOBRE EL BINOMIO SALUD Y MEDIO AMBIENTE E INSTALACIÓN DE TORRES DE TELEFONÍA CELULAR. En relación con torres de telecomunicaciones, ha dicho ya, reiteradamente, este Tribunal que no hay evidencia que pongan en peligro la salud de las personas o el medio ambiente. Por ejemplo, en la sentencia No. 2010-014449 de las 8:54 hrs. del 31 de agosto de 2010, se indicó:
“(…) en lo relativo al eventual impacto que podría tener la instalación y puesta en funcionamiento de tales torres en la salud de la población, tanto el Instituto Costarricense de Electricidad como la Secretaria Técnica Nacional Ambiental coinciden en sus informes -que son rendidos bajo la solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, que, según los estudios científicos que se han efectuado, tanto en el ámbito internacional como nacional, no existe evidencia de que la operación de tales torres suponga un riesgo o amenaza para la salud de las personas y, por el contrario, se ha determinado que sus emisiones son de tan baja potencia que resultan inocuas para la salud (…)”.
Además, en la sentencia No.  2003-003419 de las 15:54 hrs. del 29 de abril del 2003, este Tribunal indicó:
“(…) En el presente asunto, el accionante no impugna un acto administrativo concreto, sino los posibles efectos que la instalación de la torre celular de Cerro Plano de Monteverde pueda tener sobre la salud de la población y el medio ambiente. Sin embargo, debe tomarse en consideración que los trabajos realizados están fundados en el ejercicio del servicio público que le corresponde a la entidad accionada. Adicionalmente, de la documentación que consta en autos, no quedó demostrado fehacientemente que existan riesgos para la salud de la población o el medio ambiente que deriven de la exposición a esos campos electro-magnéticos, pues el Instituto Costarricense de Electricidad, en el informe que rinde bajo fe de juramento, ha indicado que las estaciones base son de baja potencia y cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en el Decreto Ejecutivo No. 29296-SALUD-MINAE del 25 de enero de 2001, por lo que los niveles de exposición a radiación en radiofrecuencias son generalmente muy bajos. Sobre el particular, la comunidad científica internacional, está de acuerdo en que la potencia generada por estas antenas de estaciones base de telefonía móvil es demasiado baja para producir riesgos para la salud (...)”
Posición que se reiteró en sentencias No. 2004-007890 de las 15:37 hrs. del 20 de julio del 2004 y No. 2006-014550 de las 10:35 hrs. del 29 de setiembre del 2006. Por lo que este Tribunal concluye, a la luz de los elementos de convicción aportados al proceso y a la información científica que existe a la fecha, que, en general, la instalación de la torres de telefonía celular no implican una amenaza o riesgo indebido para la salud de las personas o para el medio ambiente. (Véase, en este sentido, la sentencia No. 2011-002545 de las 15:55 hrs. del primero de marzo del 2011). Aparte de que en el presente asunto, ha informado el alcalde de Tibás que la torre que objetan los recurrentes cuenta con todos los permisos de las Instituciones involucradas, así como con el permiso constructivo correspondiente. (Sentencia 2016007163 de 09:20 del 27 de mayo de 2016).
IV. SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA APROBACIÓN DE PERMISOS O LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA TELECOMUNICACIONES. Esta Sala ha dispuesto, entre otras, en la sentencia No. 2011-015763 de las 9:46 hrs. del 16 de noviembre de 2011, que en el otorgamiento de una licencia municipal de construcción de una torre o antena de telecomunicaciones o el otorgamiento de un certificado de uso de suelo de acuerdo con la zonificación existente, no implican una modificación o reforma del Plan Regulador o de la zonificación establecida en los reglamentos de desarrollo urbano que forman parte del primero, pues en virtud del carácter estratégico y primordial de las telecomunicaciones para el desarrollo social y económico, existe un declarado interés público nacional, situación que legitima a las corporaciones municipales para otorgar certificados de uso de suelo y, con fundamento en éstos y otros requisitos, licencias de construcción de infraestructura de telecomunicaciones, sin necesidad de modificar o reformar los Planes Reguladores y Reglamentos municipales previos que forman parte del primero. Así, se ha considerado que en la instalación de torres de antenas de telecomunicación no se requiere la realización de una audiencia pública previa en la que participen los ciudadanos de la comunidad. Además, en el presente asunto, ha indicado la autoridad recurrida que la finca, donde se ubica la torre, es comercial, según consta en los Registros Municipales, y cuenta con cuatro locales, razón por la cual no necesitan de firma de los vecinos para explotar una actividad comercial, pues el uso de suelo es comercial. A mayor abundamiento, la mayoría de este Tribunal enfatiza que la última jurisprudencia de esta Sala ha sido que todo lo relacionado con las audiencias públicas dispuestas en la normativa infraconstitucional, es un asunto que debe ser conocido en la jurisdicción contenciosa administrativa y no en la sede constitucional”.
Por otra parte en la sentencia 2016005857 de las catorce horas treinta minutos del tres de mayo de dos mil dieciséis, dispuso lo siguiente:
“II.- SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA AMBIENTAL.- En el presente caso, los recurrentes acusan -entre otros- que la instalación de una torre telefónica en el residencial donde habitan que no fue sometido a consulta de previo a su implantación. No obstante, la Sala se ha referido al problema de la participación ciudadana en los procedimientos para la instalación de torres de telecomunicaciones, en los siguientes términos:
"[...] Si bien es cierto esta Sala ha reconocido la existencia del derecho de participación ciudadana en asuntos de índole ambiental, este derecho debe ser comprendido, al menos para ser de conocimiento de esta jurisdicción, para aquellos proyectos que por su índole especial y de gran trascendencia o afectación pueda afectar sensiblemente a una comunidad. Tratándose de un principio constitucional, resulta consecuente su adoptación también en otra normativa de índole legal, incluso abarcando mayores ámbitos a los que constitucionalmente se tutelen vía amparo, lo cual es acorde al ordenamiento jurídico, sin embargo la verificación de estas audiencias o comunicaciones, no corresponde ser verificada en todos los casos por esta jurisdicción, sino únicamente en aquéllos en que éstas resulten indispensables por su grado de afectación, como los casos considerados técnicamente de alto impacto ambiental, supuesto que no es al que nos enfrentamos en el presente caso, ya que se trata de una obra que se encuentra calificada como de 'bajo impacto ambiental potencial'. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental por resolución número 02031-2009-SETENA de las nueve horas del veintiséis de agosto de dos mil nueve, dispuso que la instalación de la torre de telecomunicaciones en este caso concreto, genera impactos ambientales negativos de baja significancia y mitigables por medio de medidas ambientales de implementación sencilla, lo cual se ha verificado en otros casos sometidos bajo consideración de este Tribunal:
'(...) los trabajos realizados están fundados en el ejercicio del servicio público que le corresponde a la entidad accionada. Adicionalmente, de la documentación que consta en autos, no quedó demostrado fehacientemente que existan riesgos para la salud de la población o el medio ambiente que deriven de la exposición a esos campos electro-magnéticos, pues el Instituto Costarricense de Electricidad, en el informe que rinde bajo fe de juramento, ha indicado que las estaciones base son de baja potencia y cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en el Decreto Ejecutivo No. 29296-SALUD-MINAE del 25 de enero de 2001, por lo que los niveles de exposición a radiación en radiofrecuencias son generalmente muy bajos. Sobre el particular, la comunidad científica internacional, está de acuerdo en que la potencia generada por estas antenas de estaciones base de telefonía móvil es demasiado baja para producir riesgos para la salud. Asimismo, la institución recurrida realizó los estudios de impacto ambiental en la zona donde se construiría dicha torre celular, reafirmando la seguridad del proyecto (informe visible a folios 20-30). (...)' (sentencia No. 2003-3419)
No obstante lo anterior, por resolución número 0123-2010-SETENA de las ocho horas del veinte de enero de dos mil diez, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en todo caso solicitó a la empresa un 'Plan de Comunicación a las Comunidades', exigiendo el siguiente contenido mínimo:
'(…) Objetivo (Debe indicar en qué consistirá el proyecto y que implicaciones posee), Grupo meta (comunidades, debe ser indicado cuál es el AID y justificarse), Estrategia o mecanismo de divulgación a emplear en las comunidades ubicadas en el Área de Influencia Directa (AID) (incluir impactos) con el fin de informar sobre el proyecto a desarrollar, que incluya como mínimo los siguientes aspectos: período de divulgación, mensaje a transmitir (debe brindarse una descripción del proyecto explicando los impactos que generará), cronograma de actividades a llevar a cabo en el plan de comunicación, formato de respuesta a las comunidades sobre inquietudes relacionadas con la divulgación del proyecto, destacar un cronograma de las actividades a llevar a cabo en el plan de comunicación, costos de la divulgación (…)', lo cual fue aportado por la empresa. Posteriormente, y dentro del marco de fiscalización, por resolución número 2898-2010-SETENA de las nueve horas diez minutos del treinta de noviembre de dos mil diez, SETENA le solicitó a la empresa Costa Pacífico Operaciones Ltda. que presentara un informe del avance y aplicación del 'Plan de Comunicación a la Comunidad', por lo cual la empresa recurrida presentó el veintiuno de febrero de dos mil once el 'Informe de Resultados del Plan de Divulgación' ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, sobre el cual incluso SETENA ha solicitado la corrección de algunas imprecisiones a nivel de nomenclatura de la empresa responsable. De manera que, no estima este Tribunal que se haya lesionado derecho fundamental alguno de la recurrente, pues como se indicó la verificación del cumplimiento de requisitos legales de la comunicación a la comunidad de un proyecto de esta índole, no corresponde ser dilucidada en esta jurisdicción y en todo caso, según quedó acreditado, la autoridad recurrida ha dado seguimiento al derecho legal reclamado por la amparada, la cual de considerar en todo caso, que no se ajusta a los parámetros legales, deberá acudir, si a bien lo tiene, a la vía contenciosa correspondiente. Así las cosas, procede declarar sin lugar el recurso." (Sentencia N° 2011-005516 de las doce horas y treinta y uno minutos del veintinueve de abril de dos mil once, véase en el mismo sentido la resolución Nº 2012-007661 de las nueve horas cinco minutos del ocho de junio de dos mil doce; el resaltado y subrayado no es del original).
A lo que puede añadirse lo dicho en la resolución Nº 2013-003121 de las nueve horas veinte minutos del ocho de marzo de dos mil trece:
“[…] Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal descarta la lesión a los derechos fundamentales del recurrente. En efecto, del estudio de los autos y del informe aportado bajo la solemnidad del juramento por la autoridad recurrida, la Sala tiene por acreditado que la Municipalidad de Moravia no modificó el Plan Regulador para otorgar el uso de suelo para la instalación de la torre de telecomunicaciones en el sitio indicado por el recurrente. Como bien aluden los accionados, la prestación del servicio de telecomunicaciones en todo el país, ha sido declarada por esta misma Sala, como un derecho fundamental, bajo esta tesitura, corresponde a los Gobiernos Locales, el otorgamiento de los permisos para el establecimiento del mobiliario urbano, que se ha de requerir para la prestación del servicio ese servicio. Es por lo anterior que, los gobiernos locales, contrario de verse inhibidos de dar dichos permisos, se ven compelidos a otorgarlos, claro está, de manera válida y legal, mediante el otorgamiento de certificados de uso y de permisos de construcción, previa verificación del cumplimiento de requisitos. Y es por ello mismo, que no resulta lesivo de los derechos fundamentales del recurrente, el hecho de que se otorgue un permiso de construcción para una torre de telecomunicaciones, independiente de la ubicación donde ésta se pretenda instalar, siempre y cuando, no se encuentre dentro de una zona legalmente restringida, como lo serían las áreas de protección, ya que, tal y como se informa bajo juramento, las telecomunicaciones no atienden a criterios de zonificación urbanística, si se cumple con la legislación vigente ”.
“III.- SOBRE LA INFRAESTRUCTURA EN TELECOMUNICACIONES Y EL DERECHO A LA SALUD.- Los recurrentes acusan, asimismo, que la torre de telecomunicaciones cuestionada violenta su derecho a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin embargo, el tema de la instalación de torres de telecomunicaciones y telefonía celular, al ser de interés público, ya ha sido ampliamente tratado por esta Sala. De esta manera, en el pronunciamiento N° 2013-006649 de las diez horas veinte minutos del diecisiete de mayo de dos mil trece, la Sala dispuso lo siguiente:
“SOBRE LA INSTALACIÓN DE TORRES DE TELEFONÍA CELULAR. Tratándose de la instalación de torres transmisoras de señal celular, la Sala Constitucional ha determinado que se trata de un tema de interés público que excede la esfera de lo local o cantonal que atañe a la órbita de lo nacional e incluso se proyecta al terreno del Derecho Internacional Público. Así, este Tribunal en la sentencia   número 015763-2011   de las nueve horas cuarenta y seis minutos del dieciséis de noviembre de dos mil once, indicó lo siguiente:
  V.- IMPORTANCIA, INTERÉS PÚBLICO Y VOCACIÓN NACIONAL   DE LA INFRAESTRUCTURA   DE   LAS TELECOMUNICACIONES   EN EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. A partir de un análisis  sistemático del ordenamiento  jurídico constitucional e infraconstitucional  vigente,   es  factible concluir que la infraestructura,  en  materia de telecomunicaciones, tiene una relevancia que excede la esfera de lo local o cantonal, asumiendo un claro interés público y, desde luego, erigiéndose como una cuestión que atañe a la órbita de lo nacional con, incluso, proyecciones en el terreno del Derecho Internacional Público al suponer su desarrollo el cumplimiento de una serie de obligaciones internacionales asumidas previamente por el Estado costarricense. En primer término, como lo ha indicado este Tribunal Constitucional, el tema de las   telecomunicaciones   tiene gran relevancia constitucional,   tanto que en   el artículo 121,   inciso 14), subinciso c), de la Constitución se indica que los ‘servicios inalámbricos’ o el espectro electromagnético forma parte del dominio público constitucional y concretamente es un bien propio de la Nación, siendo que no puede ser desafectado o salir del dominio del Estado.  La  Ley General  de Telecomunicaciones No. 8642 de 4 de junio de 2008 -en adelante LGT-, al enunciar los principios rectores en este sector, indica en su artículo 3°, inciso i), que debe haber una ‘optimización de los recursos escasos’, destacando  que la utilización de las infraestructuras de telecomunicaciones debe ser ‘(«) objetiva, oportuna, transparente, no discriminatoria y eficiente, con el doble objetivo de asegurar una competencia efectiva, así como la expansión y mejora de las redes y servicios’.  Precisamente, la   optimización, utilización ponderada, expansión y mejora de la infraestructura y redes en materia de telecomunicaciones,  obedece  a los fines manifiestos de ese cuerpo normativo, tales como los de asegurar la aplicación de los principios de acceso universal, eficiencia,  igualdad, continuidad, calidad, mayor y mejor cobertura y solidaridad en las telecomunicaciones (artículo 2° LGT). De otra parte, el artículo 32, inciso d), LGT establece con claridad meridiana que el objetivo del acceso y servicio universales y de la solidaridad, se logra, entre otros medios, a través del ‘desarrollo de la infraestructura’, dado que, sólo con una infraestructura robusta y plenamente desarrollada logra reducir la brecha digital, disfrutar de los beneficios de la Sociedad de la Información y del  Conocimiento, la conectividad y la disponibilidad de dispositivos de acceso y servicios de banda ancha. Por su parte la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, No. 7593 de 9 de agosto de 1993,  en  su  artículo 74,   modificado  por  la   Ley  de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones No. 8660 de 8 de agosto de 2008,  hizo  una  declaratoria   de  interés  público   de  la infraestructura y las redes en telecomunicaciones al preceptuar lo siguiente: “Considérase una actividad de interés público el establecimiento, la instalación, la ampliación, la renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones o de cualquiera de sus elementos’. Tal declaratoria tiene grandes repercusiones, por cuanto, se reconoce, por ley, que el tema de la infraestructura en la materia reviste un claro e inequívoco interés público o general que trasciende la esfera de lo local o regional a lo interno del país, para proyectarse en el ámbito nacional e internacional, al permitirle al Estado costarricense cumplir, de buena fe, una serie de obligaciones y compromisos asumidos en el contexto del Derecho Internacional Público. Cabe advertir que el interés público es definido por el artículo 113, párrafo 1°, de la Ley General de la   Administración Pública de 1978 “como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados”, por su parte, el párrafo 2 del numeral citado de la LGAP de 1978 dispone, claramente,  que “El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto”.  Una   consecuencia  de  lo   anterior  es  que  los intereses  de   cualquier   ente    público   descentralizado costarricense, como podrían ser las municipalidades, no puede anteponerse al claro interés público de la infraestructura  en telecomunicaciones así  declarado,  expresamente,   por  el legislador nacional a través de una ley que manifiesta la voluntad   general (artículos 105  y    121,  inciso 1°, de  la Constitución), el que debe prevalecer sobre los intereses de carácter local, dado que, la autonomía municipal no le permite a los ayuntamientos sustraerse   de lo que ha sido declarado como un interés de carácter nacional, de lo contrario se pervierte  la  autonomía  territorial   transformando  a  los municipios   en  micro  estados,   abstraídos  de  la   dirección intersubjetiva o tutela que pueda ejercer el Estado, a través de los órganos constitucionales,  mediante la emisión de leyes válidas y eficaces, la celebración de convenios y tratados internacionales por el Poder Ejecutivo y aprobados  por la Asamblea Legislativa (artículos 7°, 121, inciso 4°, y 140, inciso 10°, de la Constitución Política). La declaratoria de interés público efectuada por el artículo 74 de la Ley de la ARESEP, tiene, a su vez, asidero constitucional suficiente y legítimo en el numeral 45, párrafo 1°, de la Constitución Política, al establecer el principio de la intangibilidad relativa del patrimonio, al admitir la figura de la expropiación ‘por interés público   legalmente comprobado’.   Una   segunda consecuencia   que se extrae de la declaratoria de interés público,   es que el tema de construcción, ampliación o desarrollo y mejora de la   infraestructura en materia de telecomunicaciones tiene una clara e inequívoca vocación nacional. De modo que es el Estado y sus órganos los que asumen la rectoría y dirección en la materia a la que deben someterse  todos  los  entes   públicos  menores  para   lograr objetivos como el acceso y servicios universales, la reducción de   la  brecha  digital   por  razones  de   solidaridad,  la interconexión y conectividad necesarias que le permitan a todos los costarricenses, independientemente de la localidad, distrito,  cantón  o  región   donde  habiten,  gozar   de  los beneficios y ventajas de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. El legislador nacional, lejos de ‘localizar’ el tema de la infraestructura en telecomunicaciones lo nacionalizó expresa e inequívocamente. Reflejo de lo anterior, son la creación del ‘Sector Telecomunicaciones previsto por el artículo 38 de la citada Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, al disponer lo siguiente: Créase el Sector de Telecomunicaciones, dentro del marco de sectorización del Estado. Estará constituido por la Administración Pública, tanto la centralizada como la descentralizada, así como por las empresas públicas que desarrollen funciones o actividades relacionadas con las telecomunicaciones a tenor de esta norma el sector de las   telecomunicaciones tiene un carácter transversal y, por ende, nacional, por cuanto, incluye a todo el universo de los entes públicos, incluidos, los descentralizados territorialmente como las municipalidades. Es así, como los ayuntamientos no pueden sustraerse de tal sector. El carácter nacional de las  telecomunicaciones, en general, y, particularmente, de su infraestructura queda más patente al considerar el artículo 39 de la Ley citada, en cuanto establece que el rector del sector lo será el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones,  al que le corresponde,  en ejercicio de una función general de dirección intersubjetiva o tutela administrativa, entre otras, las siguientes: a) Formular las   políticas   para    el   uso   y    desarrollo   de   las telecomunicaciones; b) Coordinar («) la elaboración del Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones («)’; c) Velar por que las políticas del Sector sean ejecutadas por las entidades públicas y privadas que participan en el Sector Telecomunicaciones’; e) Dictar el Plan nacional de telecomunicaciones, así como los reglamentos ejecutivos que correspondan; h) Coordinar las políticas de desarrollo de las telecomunicaciones con otras políticas públicas destinadas a promover la sociedad de la información i) Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental nacional aplicable y el desarrollo sostenible de las telecomunicaciones en armonía con  la  naturaleza.  Por último, el carácter evidentemente nacional   de las telecomunicaciones  y   sus  diversos componentes, queda de manifiesto, cuando el artículo 40 de la Ley precitada   regula el ‘Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones’, el cual es definido en el párrafo 1° de ese numeral como («) el instrumento de planificación y orientación general del Sector y define las metas, los objetivos y las prioridades   de éste. El legislador optó, entonces,   por planificar a nivel nacional y no meramente local o regional el tema de las telecomunicaciones. De otra parte, la naturaleza nacional de las telecomunicaciones queda reforzada al crearse la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL),  a la que le corresponde una serie de competencias de inequívoca índole nacional, así, conforme a los artículos 59 y 60 de la Ley de Creación de la ARESEP,  le corresponde («) regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento  jurídico de las telecomunicaciones («)   para  todo  lo   cual  actuará  en concordancia con las políticas del Sector, lo establecido en el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones, la Ley general de telecomunicaciones, las disposiciones establecidas en esta Ley y las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables’. El Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones   2009-2014, por su parte, establece que ‘Para avanzar en el aprovechamiento de los beneficios de la Sociedad   de Información y Conocimiento,   el país debe hacer un esfuerzo importante de inversión en el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones de manera que permita contar con más y mejores servicios de telecomunicaciones para todos los sectores de la población. En este sentido,  el desarrollo de la infraestructura  en ese sector constituye una condición necesaria e indispensable a la que deberá brindarse una prioridad especial en cualquier proyecto país en materia de TIC («)’ y luego especifica que para lograr el desarrollo de la infraestructura nacional de telecomunicación deberá atender los siguientes lineamientos: a.1 Tomar las medidas necesarias para garantizar que el país cuente con una infraestructura moderna de telecomunicaciones, y al mismo tiempo asegurar la prestación de servicios de calidad y la generación de aplicaciones de valor agregado, permitiendo la convergencia, la interoperabilidad entre los sistemas,   la incorporación de tecnologías de avanzada y la seguridad en las comunicaciones y a.6 Garantizar el desarrollo de una infraestructura que permita llevar los servicios de telecomunicaciones a todos los habitantes del país, cumpliendo con los objetivos y metas de acceso universal, servicio universal y solidaridad («). Se trata, entonces, de un plan que, por disposición expresa de ley, vincula u obliga, entre otros, a los entes municipales y que les conmina a contar con una infraestructura de telecomunicaciones, robusta, moderna, óptima, adecuada y desarrollada para disfrutar de los beneficios de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. El logro de esta meta u objetivo,  se  verá,   necesariamente, frustrado si cada corporación territorial, en un tema de clara vocación nacional, pretende establecer su propia orientación y requerimientos, por sobre la legislación nacional y los instrumentos del Derecho Internacional Público que obligan a todos los entes que conforman el Estado en sentido amplio... ” (El resaltado y subrayado no es del original).
          A lo que se suma que, en la actualidad, simplemente no hay suficiente evidencia para estimar que las torres de telefonía celular representen un peligro para la salud pública. De esta manera, en sentencia Nº 2010-014449 de las ocho horas y cincuenta y cuatro minutos del treinta y uno de agosto de dos mil diez, se dijo:
“[…] en lo relativo al eventual impacto que podría tener la instalación y puesta en funcionamiento de tales torres en la salud de la población, tanto el Instituto Costarricense de Electricidad como la Secretaria Técnica Nacional Ambiental coinciden en sus informes –que son rendidos bajo la solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, que, según los estudios científicos que se han efectuado, tanto en el ámbito internacional como nacional, no existe evidencia de que la operación de tales torres suponga un riesgo o amenaza para la salud de las personas y, por el contrario, se ha determinado que sus emisiones son de tan baja potencia que resultan inocuas para la salud. Esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones respecto a este tema, y en el caso específico de la sentencia número 2003-03419 de las 15:54 horas del 29 de abril del 2003, este Tribunal indicó:
“(…) En el presente asunto, el accionante no impugna un acto administrativo concreto, sino los posibles efectos que la instalación de la torre celular de Cerro Plano de Monteverde pueda tener sobre la salud de la población y el medio ambiente. Sin embargo, debe tomarse en consideración que los trabajos realizados están fundados en el ejercicio del servicio público que le corresponde a la entidad accionada. Adicionalmente, de la documentación que consta en autos, no quedó demostrado fehacientemente que existan riesgos para la salud de la población o el medio ambiente que deriven de la exposición a esos campos electro-magnéticos, pues el Instituto Costarricense de Electricidad, en el informe que rinde bajo fe de juramento, ha indicado que las estaciones base son de baja potencia y cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en el Decreto Ejecutivo No. 29296-SALUD-MINAE del 25 de enero de 2001, por lo que los niveles de exposición a radiación en radiofrecuencias son generalmente muy bajos. Sobre el particular, la comunidad científica internacional, está de acuerdo en que la potencia generada por estas antenas de estaciones base de telefonía móvil es demasiado baja para producir riesgos para la salud (...)”
Posición que se reiteró en sentencias número 2004-07890 de las 15:37 horas del 20 de julio del 2004 y 2006-14550 de las 10:35 horas del 29 de setiembre del 2006. Por lo que este Tribunal concluye, a la luz de los elementos de convicción aportados al proceso y a la información científica que existe a la fecha, que, en general, la instalación de la torres de telefonía celular no implican una amenaza o riesgo indebido para la salud de las personas o para el medio ambiente”.
IV.- SOBRE EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA LA OBRA. Por último, visto que los recurrentes aseguran que no existe evidencia de el proyecto objetado cuente con los permisos de ley, debe indicarse que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración, de modo que no está llamada revisar si una torre de telecomunicaciones cumple o no los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, pues se trata de una labor propia de la vía común, administrativa o jurisdiccional.  De esta forma,  al pronunciarse sobre un caso análogo, en sentencia N° 2012-006792 de las quince horas cinco minutos del veintidós de mayo de dos mil doce, este Tribunal dispuso lo siguiente:
“En cuanto a lo alegado por los recurrentes en relación con el supuesto irrespeto de la autoridad recurrida en cuanto a la distancia que debe haber entre una torre de telefonía celular y otra, pues ambas estructuras se encuentran a menos de 250 metros de distancia. Cabe indicar   que esta Sala no puede entrar a determinar si la Municipalidad de Alajuela ha cumplido o no con lo establecido en el Plan Regulador de la zona al momento de otorgar los permisos de construcción a la empresa Claro para levantar una torre de telefonía celular, pues ello constituye un asunto de legalidad que deberá ser alagado ante la propia corporación municipal recurrida a través de los recursos que la ley les prevé al efecto.  Por lo que el recurso es inadmisible en este sentido”.
          Por ello, deberán los recurrentes plantear su inconformidad o reclamo ante las autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional competente, sedes en las cuales podrán, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso es improcedente y así se declara”.
Al respecto, la Sala reitera la jurisprudencia parcialmente transcrita, y reitera a los interesados que si estiman que las razones que fundamentan el otorgamiento del permiso constructivo en la zona del parque infantil en la plaza pública, en Campabadal, en El Recreo y en la Verbena Norte de Turrialba no son válidas, ello constituye un asunto que no corresponde dilucidarse ante esta Jurisdicción, ya que determinar si los motivos que sustentan el otorgamiento del permiso son procedentes o no es un tema que debe discutirse en la vía administrativa o de legalidad ordinaria en razón de su competencia.  Lo propio es que acudan, si a bien lo tienen y siguiendo las formalidades establecidas al efecto, ante las autoridades competentes, a fin de pedir la intervención y valoración del caso en particular.  Por lo expuesto, el amparo resulta improcedente.
III.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se rechaza por el fondo el recurso.-
 
 
	
Fernando Castillo V.
Presidente
	
 


Paul Rueda L.
	
 
	
Luis Fdo. Salazar A.


Jorge Araya G.
	
 
	
Anamari Garro V.


Ana María Picado B.
	
 
	
Jorge Isaac Solano A.
 
 
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EXPEDIENTE N° 22-002966-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 17:08:35.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours thirty minutes on the eighteenth of February two thousand twenty-two.

Amparo remedy filed by [Name 001], identity card No. [Value 001], [Name 002], identity card No. [Value 002], [Name 003], identity card No. [Value 003], [Name 004], a minor, identity card No. [Value 004], [Name 005], identity card No. [Value 005], a minor, [Name 006], identity card No. [Value 006], [Name 007], identity card No. [Value 007], [Name 008], identity card No. [Value 008], [Name 009], identity card No. [Value 014], [Name 010], identity card No. [Value 010], [Name 011], identity card No. [Value 011], [Name 012], identity card No. [Value 012], and [Name 013], identity card No. [Value 013], against the MUNICIPALITY OF TURRIALBA.

**Whereas:**

1.- By a document received at the Secretariat of the Chamber on February 11, 2022, the petitioners filed an amparo remedy against the Municipality of Turrialba. They state that by official letter No. ODIJ-CM-006-2021 of April 7, 2021, signed by an engineer of the respondent municipality, the private company Golden Comunicaciones was authorized to place some telecommunications poles on the public thoroughfare, which are monopoles, as they have ladders and allow one to see long distances. They indicate that on April 13, 2021, in session No. 050-2021, the Municipal Council agreed to the placement of the poles, which occurred, arguing for this the provisions of Article 13, subsection p) of the Municipal Code, regarding the power to “dictate urban planning measures,” which is improper, since there is no Regulatory Plan (Plan Regulador) and a technical study never existed. They recount that said poles were placed in high-traffic neighborhoods, in front of sports centers and residences, located on the south side of the children's park in the public square, at a height of 24 meters on a cantonal route, Campabadal, in El Recreo de Turrialba and in Verbena Norte. They specify that the poles placed in Campabadal and in front of the public square in downtown Turrialba do not have any technical study for such placement; they only copied and pasted what the private company presented and ignored the issues of current regulations, deciding to endorse such placement, without taking the trouble to request the citizens' opinion or evaluate the impact on the life, health, and privacy of the neighbors; since the immense and very thick poles were placed on sidewalks in front of residences, affecting the right to privacy, as the poles are level with the height of the houses. They comment that the poles generate a noise that disturbs tranquility, causing a physically and psychologically unhealthy environment. They clarify that the Coordination Commission for the Installation or Expansion of Telecommunications Infrastructure - CCIAIT, which is chaired by the Vice Minister of the Ministry of Science, Technology and Telecommunications, under the legal basis of Executive Decrees Nos. 36577-MINAET and 38366-MICITT, established that the installation of telecommunications poles located on public and private domain property must comply with the provisions of the General Directorate of Civil Aviation, the Ministry of Health, SUTEL, CFIA, and any other applicable national regulation; given that in this specific case, no such technical criterion from the Ministry of Health exists. They explain that there are studies that in front of the public square of Turrialba, where sports are practiced from young people to senior citizens, the poles obstruct the passage, which is a violation of Law 7600, and put the health of both athletes and those who have houses on the sidewalk across the street at risk. For the foregoing, they consider their fundamental rights to have been violated. They request that the remedy be granted.

2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject, outright or on the merits, at any time, even from its filing, any petition brought to its attention that proves to be manifestly improper, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is merely the simple reiteration or reproduction of a prior equal or similar petition that has been rejected.

Magistrate Araya García writes; and,

**Considering:**

I.- Object of the remedy. The petitioners allege that by official letter No. ODIJ-CM-006-2021 of April 7, 2021, the Municipality of Turrialba authorized the private company Golden Comunicaciones to place some telecommunications poles on the public thoroughfare. They indicate that said poles generate a noise that disturbs tranquility, generating an unhealthy environment and violate the privacy of the residences. They deem their fundamental rights violated.

II.- Regarding the specific case. In the present case, the petitioners come before this Jurisdiction due to their disagreement with a permit granted by the Municipality of Turrialba for the placement of some telecommunications poles on the public thoroughfare. In this regard, this Chamber, in ruling No. 2019-020958 of 9:30 hours on October 29, 2019, considered the following:
“III.- REGARDING THE BINOMIAL OF HEALTH AND ENVIRONMENT AND THE INSTALLATION OF CELL PHONE TOWERS. In relation to telecommunications towers, this Court has already repeatedly stated that there is no evidence that they endanger people's health or the environment. For example, in ruling No. 2010-014449 of 8:54 hrs. on August 31, 2010, it was indicated:
‘(…) concerning the potential impact that the installation and operation of such towers could have on the health of the population, both the Costa Rican Electricity Institute and the National Environmental Technical Secretariat agree in their reports—which are rendered under the solemnity of an oath, with due warning of the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction—that, according to the scientific studies that have been conducted, both internationally and nationally, there is no evidence that the operation of such towers poses a risk or threat to people's health and, on the contrary, it has been determined that their emissions are of such low power that they are innocuous to health (…)’.
Furthermore, in ruling No. 2003-003419 of 15:54 hrs. on April 29, 2003, this Court indicated:
‘(…) In the present matter, the petitioner does not challenge a specific administrative act, but the possible effects that the installation of the cell tower at Cerro Plano de Monteverde may have on the health of the population and the environment. However, it must be taken into consideration that the work carried out is based on the exercise of the public service corresponding to the respondent entity. Additionally, from the documentation in the case file, it was not conclusively demonstrated that there are risks to the health of the population or the environment arising from exposure to these electromagnetic fields, since the Costa Rican Electricity Institute, in the report it renders under oath, has indicated that the base stations are of low power and comply with the technical specifications contained in Executive Decree No. 29296-SALUD-MINAE of January 25, 2001, and therefore, the levels of exposure to radiofrequency radiation are generally very low. On this matter, the international scientific community agrees that the power generated by these mobile telephone base station antennas is too low to produce health risks (…)’
A position reiterated in rulings No. 2004-007890 of 15:37 hrs. on July 20, 2004, and No. 2006-014550 of 10:35 hrs. on September 29, 2006. Therefore, this Court concludes, in light of the evidentiary elements provided to the proceedings and the scientific information existing to date, that, in general, the installation of cell phone towers does not imply an undue threat or risk to people's health or the environment. (See, in this regard, ruling No. 2011-002545 of 15:55 hrs. on March 1, 2011). Apart from the fact that, in the present matter, the Mayor of Tibás has reported that the tower objected to by the petitioners has all the permits from the Institutions involved, as well as the corresponding construction permit. (Ruling 2016007163 of 09:20 on May 27, 2016).

IV. REGARDING CITIZEN PARTICIPATION IN THE APPROVAL OF PERMITS OR LICENSES FOR THE CONSTRUCTION OF TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE. This Chamber has ordered, among others, in ruling No. 2011-015763 of 9:46 hrs. on November 16, 2011, that the granting of a municipal construction license for a telecommunications tower or antenna or the granting of a land-use certificate (certificado de uso de suelo) according to existing zoning does not imply a modification or reform of the Regulatory Plan (Plan Regulador) or the zoning established in the urban development regulations that are part of the former, since by virtue of the strategic and fundamental nature of telecommunications for social and economic development, there is a declared national public interest, a situation that legitimizes municipal corporations to grant land-use certificates and, based on these and other requirements, construction licenses for telecommunications infrastructure, without the need to modify or reform the prior Regulatory Plans and Municipal regulations that are part of the former. Thus, it has been considered that the installation of telecommunications antenna towers does not require the holding of a prior public hearing in which the citizens of the community participate. Furthermore, in the present matter, the respondent authority has indicated that the property where the tower is located is commercial, according to Municipal Records, and has four business premises, which is why they do not need the neighbors' signatures to carry out a commercial activity, since the land-use is commercial. For the sake of thoroughness, the majority of this Court emphasizes that the latest jurisprudence of this Chamber has been that everything related to public hearings provided for in infra-constitutional regulations is a matter that must be heard in the administrative litigation jurisdiction and not in the constitutional seat.”
Furthermore, in ruling 2016005857 of fourteen hours thirty minutes on May 3, two thousand sixteen, it ordered the following:
“II.- REGARDING CITIZEN PARTICIPATION IN ENVIRONMENTAL MATTERS.- In the present case, the petitioners accuse—among other things—that the installation of a telephone tower in the residential area where they live was not subject to consultation prior to its implementation. However, the Chamber has addressed the issue of citizen participation in procedures for the installation of telecommunications towers in the following terms:
"[...] While it is true that this Chamber has recognized the existence of the right to citizen participation in environmental matters, this right must be understood, at least to be cognizable in this jurisdiction, for those projects that by their special nature and great significance or impact may significantly affect a community. Being a constitutional principle, its adoption is also consistent in other legal regulations, even encompassing broader areas than those constitutionally protected via amparo, which is in accordance with the legal system; however, the verification of these hearings or communications does not fall to this jurisdiction in all cases, but only in those where they are indispensable due to their degree of impact, such as cases technically considered of high environmental impact, a supposition not faced in the present case, since it involves a project classified as having 'low potential environmental impact'. The National Environmental Technical Secretariat, by resolution number 02031-2009-SETENA of nine hours on August 26, two thousand nine, ordered that the installation of the telecommunications tower in this specific case generates negative environmental impacts of low significance and mitigable through simple environmental measures, which has been verified in other cases submitted for this Court's consideration:
'(...) the work performed is based on the exercise of the public service corresponding to the respondent entity. Additionally, from the documentation in the case file, it was not conclusively demonstrated that there are risks to the health of the population or the environment arising from exposure to these electromagnetic fields, since the Costa Rican Electricity Institute, in the report it renders under oath, has indicated that the base stations are of low power and comply with the technical specifications contained in Executive Decree No. 29296-SALUD-MINAE of January 25, 2001, and therefore, the levels of exposure to radiofrequency radiation are generally very low. On this matter, the international scientific community agrees that the power generated by these mobile telephone base station antennas is too low to produce health risks. Also, the respondent institution conducted the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) studies in the area where said cell tower would be built, reaffirming the project's safety (report visible at folios 20-30). (...)' (ruling No. 2003-3419)
Notwithstanding the foregoing, by resolution number 0123-2010-SETENA of eight hours on January 20, two thousand ten, the National Environmental Technical Secretariat, in any case, requested from the company a 'Community Communication Plan', requiring the following minimum content:
'(…) Objective (Must indicate what the project will consist of and what implications it has), Target group (communities, must indicate what the Area of Direct Influence, ADI, is and justify it), Strategy or dissemination mechanism to be used in the communities located in the Area of Direct Influence (ADI) (include impacts) in order to inform about the project to be developed, including at least the following aspects: dissemination period, message to be transmitted (a description of the project must be provided, explaining the impacts it will generate), schedule of activities to be carried out in the communication plan, response format to the communities regarding concerns related to the project's dissemination, highlight a schedule of the activities to be carried out in the communication plan, costs of dissemination (…)', which was provided by the company. Subsequently, and within the oversight framework, by resolution number 2898-2010-SETENA of nine hours ten minutes on November 30, two thousand ten, SETENA requested the company Costa Pacífico Operaciones Ltda. to present a report on the progress and application of the 'Community Communication Plan', for which the respondent company presented on February 21, two thousand eleven, the 'Report on the Results of the Dissemination Plan' before the National Environmental Technical Secretariat, regarding which SETENA has even requested the correction of some inaccuracies regarding the nomenclature of the responsible company. Therefore, this Court does not consider that any fundamental right of the petitioner has been infringed, since, as indicated, the verification of compliance with the legal requirements for community communication regarding a project of this nature does not fall to this jurisdiction to be resolved and, in any case, as has been proven, the respondent authority has followed up on the legal right claimed by the protected party, who, should she consider, in any event, that it does not conform to the legal parameters, must resort, if she sees fit, to the corresponding contentious-administrative route. Thus, it is appropriate to declare the remedy without merit."
(Ruling N° 2011-005516 of twelve hours and thirty-one minutes on April 29, two thousand eleven; see in the same sense resolution Nº 2012-007661 of nine hours five minutes on June 8, two thousand twelve; the emphasis and underlining are not in the original).

To which can be added what was said in resolution Nº 2013-003121 of nine hours twenty minutes on March 8, two thousand thirteen:
“[…] After analyzing the evidentiary elements provided, this Court dismisses any violation of the petitioner's fundamental rights. Indeed, from the study of the case file and the report provided under the solemnity of an oath by the respondent authority, the Chamber finds it proven that the Municipality of Moravia did not modify the Regulatory Plan (Plan Regulador) to grant the land-use permit for the installation of the telecommunications tower at the site indicated by the petitioner. As the respondents rightly claim, the provision of telecommunications services throughout the country has been declared, by this same Chamber, as a fundamental right. Under this principle, it falls to Local Governments to grant the permits for the establishment of the urban furniture required for the provision of that service. It is for this reason that local governments, rather than being inhibited from granting such permits, are compelled to grant them, of course, in a valid and legal manner, through the issuance of use certificates and construction permits, after verifying compliance with requirements. And it is for this very reason that it is not injurious to the fundamental rights of the petitioner that a construction permit for a telecommunications tower be granted, regardless of the location where it is intended to be installed, as long as it is not within a legally restricted area, such as protection areas, since, as reported under oath, telecommunications do not respond to urban zoning criteria, provided that current legislation is complied with.”

“III.- REGARDING TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE AND THE RIGHT TO HEALTH.- The petitioners also accuse that the questioned telecommunications tower violates their right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. However, the issue of installing telecommunications and cell phone towers, being of public interest, has already been extensively addressed by this Chamber. Thus, in pronouncement N° 2013-006649 of ten hours twenty minutes on May 17, two thousand thirteen, the Chamber ordered the following:
“REGARDING THE INSTALLATION OF CELL PHONE TOWERS. In the case of the installation of cell signal transmission towers, the Constitutional Chamber has determined that it is a matter of public interest that exceeds the local or cantonal sphere, pertaining to the national orbit and even projects into the realm of Public International Law. Thus, this Court, in judgment number 015763-2011 of nine hours forty-six minutes on November 16, two thousand eleven, indicated the following:
V.- IMPORTANCE, PUBLIC INTEREST, AND NATIONAL VOCATION OF TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE IN THE CONSTITUTIONAL AND INFRACONSTITUTIONAL ORDER. From a systematic analysis of the current constitutional and infraconstitutional legal order, it is feasible to conclude that infrastructure, in the field of telecommunications, has a relevance that exceeds the local or cantonal sphere, assuming a clear public interest and, of course, standing as a matter pertaining to the national orbit with, even, projections into the terrain of Public International Law since its development entails the fulfillment of a series of international obligations previously assumed by the Costa Rican State. First, as this Constitutional Court has indicated, the subject of telecommunications has great constitutional relevance, so much so that Article 121, subsection 14), sub-subsection c), of the Constitution states that 'wireless services' or the electromagnetic spectrum forms part of the constitutional public domain and is specifically a property of the Nation, and cannot be disaffected or leave the domain of the State. The General Telecommunications Law No. 8642 of June 4, 2008—hereinafter GTL—, when enunciating the guiding principles in this sector, states in its Article 3, subsection i), that there must be an 'optimization of scarce resources,' highlighting that the use of telecommunications infrastructure must be '(«) objective, timely, transparent, non-discriminatory, and efficient, with the dual objective of ensuring effective competition, as well as the expansion and improvement of networks and services.' Precisely, the optimization, balanced utilization, expansion, and improvement of telecommunications infrastructure and networks respond to the manifest purposes of that regulatory body, such as ensuring the application of the principles of universal access, efficiency, equality, continuity, quality, greater and better coverage, and solidarity in telecommunications (Article 2 GTL). On the other hand, Article 32, subsection d), GTL establishes with utmost clarity that the objective of universal access and service and solidarity is achieved, among other means, through the 'development of infrastructure,' given that only with robust and fully developed infrastructure can the digital divide be reduced, and the benefits of the Information and Knowledge Society, connectivity, and the availability of access devices and broadband services be enjoyed. For its part, the Law of the Regulatory Authority for Public Services, No. 7593 of August 9, 1993, in its Article 74, amended by the Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities in the Telecommunications Sector No. 8660 of August 8, 2008, made a declaration of public interest regarding infrastructure and networks in telecommunications by prescribing the following: 'The establishment, installation, expansion, renovation, and operation of public telecommunications networks or any of their elements shall be considered an activity of public interest.' Such a declaration has great repercussions, since it recognizes, by law, that the subject of infrastructure in this field is of clear and unequivocal public or general interest that transcends the local or regional sphere within the country, projecting itself into the national and international arena, by allowing the Costa Rican State to fulfill, in good faith, a series of obligations and commitments undertaken in the context of Public International Law. It should be noted that public interest is defined by Article 113, paragraph 1, of the General Law on Public Administration of 1978 'as the expression of the coinciding individual interests of the governed,' and, for its part, paragraph 2 of the cited article of the GLPA of 1978 clearly provides that 'The public interest shall prevail over the interest of the Public Administration when the two may be in conflict.' A consequence of the foregoing is that the interests of any Costa Rican decentralized public entity, such as municipalities, cannot be placed above the clear public interest of telecommunications infrastructure thus declared, expressly, by the national legislature through a law that manifests the general will (Articles 105 and 121, subsection 1, of the Constitution), which must prevail over interests of a local nature, given that municipal autonomy does not allow municipal councils to exempt themselves from what has been declared as a matter of national interest; otherwise, territorial autonomy is perverted, transforming municipalities into micro-states, isolated from the intersubjective direction or oversight that the State may exercise, through constitutional bodies, by issuing valid and effective laws, and by the Executive Branch's conclusion of international conventions and treaties approved by the Legislative Assembly (Articles 7, 121, subsection 4, and 140, subsection 10, of the Political Constitution). The declaration of public interest made by Article 74 of the ARESEP Law has, in turn, sufficient and legitimate constitutional basis in Article 45, paragraph 1, of the Political Constitution, by establishing the principle of the relative intangibility of property, admitting the figure of expropriation 'for legally proven public interest.' A second consequence drawn from the declaration of public interest is that the subject of construction, expansion, or development and improvement of infrastructure in telecommunications has a clear and unequivocal national vocation. So it is the State and its bodies that assume the stewardship and direction in the matter to which all lesser public entities must submit in order to achieve objectives such as universal access and services, the reduction of the digital divide for reasons of solidarity, the interconnection and connectivity necessary to allow all Costa Ricans, regardless of the locality, district, canton, or region where they live, to enjoy the benefits and advantages of the Information and Knowledge Society. The national legislature, far from 'localizing' the subject of telecommunications infrastructure, nationaized it expressly and unequivocally. A reflection of the foregoing is the creation of the 'Telecommunications Sector' provided for by Article 38 of the aforementioned Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities in the Telecommunications Sector, by providing the following: The Telecommunications Sector is hereby created, within the framework of State sectorization. It shall consist of the Public Administration, both centralized and decentralized, as well as public enterprises that perform functions or activities related to telecommunications. According to this provision, the telecommunications sector has a transversal and, therefore, national character, since it includes the entire universe of public entities, including those territorially decentralized like municipalities. It is thus that municipal councils cannot exempt themselves from such a sector. The national character of telecommunications, in general, and, particularly, of its infrastructure becomes more evident when considering Article 39 of the cited Law, as it establishes that the sector's rector shall be the Minister of Environment, Energy and Telecommunications, to whom it corresponds, in the exercise of a general function of intersubjective direction or administrative oversight, among others, the following: a) Formulate the policies for the use and development of telecommunications; b) Coordinate ('«) the preparation of the National Telecommunications Development Plan ('«); c) Ensure that the Sector's policies are executed by the public and private entities participating in the Telecommunications Sector; e) Issue the National Telecommunications Plan, as well as the corresponding executive decrees; h) Coordinate telecommunications development policies with other public policies intended to promote the information society; i) Ensure compliance with applicable national environmental regulations and the sustainable development of telecommunications in harmony with nature. Finally, the evidently national character of telecommunications and its various components is manifested when Article 40 of the aforementioned Law regulates the 'National Telecommunications Development Plan,' which is defined in paragraph 1 of that article as ('«) the planning and general guidance instrument for the Sector and defines the goals, objectives, and priorities thereof. The legislator opted, then, to plan the subject of telecommunications at a national and not merely local or regional level."

On another note, the national nature of telecommunications is reinforced by the creation of the Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), which is assigned a series of powers of unequivocal national character. Thus, in accordance with Articles 59 and 60 of the ARESEP Creation Law, it is responsible for (") regulating, applying, monitoring, and controlling the legal framework for telecommunications (") for all of which it shall act in accordance with the policies of the Sector, what is established in the National Telecommunications Development Plan (Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones), the General Telecommunications Law (Ley general de telecomunicaciones), the provisions established in this Law, and other applicable legal and regulatory provisions.' The National Telecommunications Development Plan 2009-2014, for its part, establishes that 'To advance in the harnessing of the benefits of the Information and Knowledge Society, the country must make a significant investment effort in the development of telecommunications infrastructure in a manner that allows for more and better telecommunications services for all sectors of the population. In this sense, the development of infrastructure in that sector constitutes a necessary and indispensable condition that must be given special priority in any national ICT project (")' and then specifies that to achieve the development of the national telecommunications infrastructure, it must address the following guidelines: a.1 Take the necessary measures to guarantee that the country has modern telecommunications infrastructure, while simultaneously ensuring the provision of quality services and the generation of value-added applications, enabling convergence, interoperability between systems, the incorporation of advanced technologies, and security in communications, and a.6 Guarantee the development of infrastructure that allows bringing telecommunications services to all inhabitants of the country, fulfilling the objectives and goals of universal access (acceso universal), universal service (servicio universal), and solidarity (solidaridad) ("). It is, then, a plan that, by express provision of law, binds or obligates, among others, municipal entities and urges them to have robust, modern, optimal, adequate, and developed telecommunications infrastructure to enjoy the benefits of the Information and Knowledge Society. The achievement of this goal or objective will necessarily be frustrated if each territorial corporation, on a matter of clear national vocation, seeks to establish its own orientation and requirements, overriding national legislation and the instruments of Public International Law that bind all entities that make up the State in a broad sense... (The highlighting and underlining are not from the original).

To this is added that, at present, there is simply insufficient evidence to consider that cellular telephone towers pose a danger to public health. Thus, in judgment Nº 2010-014449 at eight hours and fifty-four minutes on August thirty-first, two thousand ten, it was stated:
“[…] regarding the potential impact that the installation and commissioning of such towers could have on the population's health, both the Instituto Costarricense de Electricidad and the Secretaria Técnica Nacional Ambiental agree in their reports – which are rendered under the solemnity of an oath, with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction – that, according to scientific studies that have been conducted, both internationally and nationally, there is no evidence that the operation of such towers poses a risk or threat to people's health and, on the contrary, it has been determined that their emissions are of such low power that they are harmless to health. This Chamber has already had the opportunity to rule on various occasions regarding this issue, and in the specific case of judgment number 2003-03419 at 15:54 hours on April 29, 2003, this Court stated:
“(…) In the present matter, the claimant does not challenge a specific administrative act, but rather the possible effects that the installation of the cellular tower at Cerro Plano de Monteverde may have on population health and the environment. However, it must be taken into consideration that the work performed is based on the exercise of the public service corresponding to the respondent entity. Additionally, from the documentation contained in the case file, it was not reliably demonstrated that there are risks to population health or the environment arising from exposure to these electromagnetic fields, because the Instituto Costarricense de Electricidad, in the report it renders under oath, has indicated that the base stations are of low power and comply with the technical specifications contained in Decreto Ejecutivo No. 29296-SALUD-MINAE of January 25, 2001, so the levels of exposure to radiofrequency radiation are generally very low. In this regard, the international scientific community agrees that the power generated by these mobile telephone base station antennas is too low to produce health risks (...).”
A position reiterated in judgments number 2004-07890 at 15:37 hours on July 20, 2004 and 2006-14550 at 10:35 hours on September 29, 2006. Therefore, this Court concludes, in light of the elements of conviction contributed to the process and the scientific information existing to date, that, in general, the installation of cellular telephone towers does not imply an undue threat or risk to people's health or the environment.”

IV.- REGARDING THE GRANTING OF PERMITS FOR THE WORK. Finally, given that the appellants claim there is no evidence that the objected project has the required legal permits, it must be indicated that this Chamber is not a controller of the legality of the Administration's actions or resolutions, so it is not called upon to review whether a telecommunications tower meets or does not meet the requirements established in the current legal regulations, as this is a task proper to the ordinary, administrative, or jurisdictional channels. Thus, when ruling on an analogous case, in judgment N° 2012-006792 at fifteen hours five minutes on May twenty-second, two thousand twelve, this Court ordered the following:
“Regarding what is alleged by the appellants in relation to the supposed disregard by the respondent authority concerning the distance that must exist between one cellular telephone tower and another, since both structures are located less than 250 meters apart. It should be noted that this Chamber cannot determine whether the Municipalidad de Alajuela has or has not complied with the provisions of the area's Plan Regulador at the time of granting construction permits to the company Claro to erect a cellular telephone tower, as this constitutes a matter of legality that must be raised before the respondent municipal corporation itself through the remedies that the law provides for this purpose. Therefore, the appeal is inadmissible in this sense.”

For that reason, the appellants must raise their disagreement or claim before the respondent authorities or through the competent jurisdictional channel, venues where they may, in a broad manner, discuss the merits of the matter and assert their claims. Consequently, the appeal is improper and is so declared.”

In this regard, the Chamber reiterates the partially transcribed case law, and reiterates to the interested parties that if they consider that the reasons underlying the granting of the construction permit in the area of the children's park in the public plaza, in Campabadal, in El Recreo, and in La Verbena Norte de Turrialba are not valid, this constitutes a matter that is not appropriate to be resolved before this Jurisdiction, since determining whether the reasons supporting the granting of the permit are appropriate or not is an issue that must be discussed through administrative or ordinary legality channels by reason of their competence. The proper course is for them to resort, if they so wish and following the formalities established for this purpose, to the competent authorities, in order to request the intervention and assessment of the specific case. For the foregoing reasons, the amparo is improper.

III.- Documentation contributed to the expediente. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in Session N° 27-11, of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial N° 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session N° 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto: (Therefore:)
The appeal is rejected on its merits.



Fernando Castillo V.
Presidente


Paul Rueda L.


Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.


Anamari Garro V.

Ana María Picado B.


Jorge Isaac Solano A.

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