Res. 04269-2022 Sala Constitucional — Amparo against construction of battery recycling plant in PococíAmparo contra construcción de planta recicladora de baterías en Pococí

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Sala Constitucional

Resolución Nº 04269 - 2022

Fecha de la Resolución: 22 de Febrero del 2022 a las 09:45

Expediente: 21-020462-0007-CO

Redactado por: Anamari Garro Vargas

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

*210204620007CO*

Exp: 21-020462-0007-CO

Res. Nº 2022004269

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintidos de febrero de dos mil veintidos .
Recurso de amparo interpuesto por [...], contra la MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ, EL MINISTERIO DE SALUD Y EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 08:32 horas del 13 de octubre de 2021, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Pococí, el Ministerio de Salud  y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y expresa que son vecinos de Jiménez de Pococí, lugar que cuenta con 10.501 habitantes. Dice que desde el año 2019, se les ha dicho que una compañía pretendía instalar una planta de baterías en la zona. No obstante, arguye que la Municipalidad en una primera fase paralizó la construcción. Pero para ello, en esa fase inicial, el 29 de octubre de 2019, los vecinos de la zona se apersonaron al ente municipal, junto con un químico industrial, a fin de demostrar que el plomo que contienen las baterías puede ocasionar enfermedades como deficiencia de aprendizaje, convulsiones, vómito, insuficiencia renal, estrés, lesiones en la piel, anemia, hipertensión, pérdida de la visión y de la memoria, intoxicación de los órganos reproductivos, depresión, ansiedad, caída de cabello y hasta la muerte. Se suma a ello, los daños que se provocan al medioambiente. Pese a lo anterior, en el mes de julio de 2021, se percataron de que las obras se reanudaron y, luego de investigar, vieron que se procedería a la construcción de la fábrica de baterías y, el proyecto se llamaría “Planta Industrial Recicladora de Metales”. Entiende que los permisos se otorgaron para reciclar materiales, no baterías. Detalla que las plantas de reciclaje de baterías generan todo tipo de daño ambiental y un potencial riesgo de contaminación del recurso hídrico, suelo, del aire e, incluso, de los propios trabajadores de la planta. Aunado a lo anterior, la propiedad donde se está llevando a cabo la edificación, colinda con el Río Jiménez, además que, a un kilómetro del sitio hay pozos para consumo humano. A raíz de ello, los vecinos fueron a la Municipalidad y se dieron cuenta que el uso de suelo se otorgó en forma conjunta con el Ministerio de Salud, pues, en esa zona no hay plan regulador ni de zonificación aprobado. Esgrime que el 13 de febrero de 2019, la Dirección Regional de Rectoría de la Región Salud Huetar Caribe, mediante oficio HC-URS-0131-2019, no otorgó el uso de suelo porque consideró que el lugar donde se pretendía instalar la planta de baterías, no estaba en una zona industrial. Ese rechazo fue reiterado por la por la Dirección Regional de Rectoría de la Región Salud Huetar Caribe. Incluso, dice que SETENA rechazó la viabilidad ambiental y ordenó que el expediente se archivara. Acusa que lastimosamente, el Ministerio de Salud después cambió de criterio y la SETENA otorgó la viabilidad ambiental. Pero el 14 de noviembre del 2019, los vecinos de la comunidad de Pococí se reunieron para analizar el expediente del Proyecto de la Planta Recicladora de Baterías, pidiendo el criterio técnico de un químico industrial, quien emitió un informe, en el cual se evidencian las implicaciones ambientales que podría generar un proyecto como el cuestionado. En ese momento, se firmó un acta donde pidieron que se detuviera el proyecto, ante lo que, el Concejo Municipal en la sesión 83 de 12 de noviembre de 2019, acordó rechazar la instalación de esa planta en todo el cantón de Pococí y, el tema se trasladó a la Alcaldía para que se detuvieran los procedimientos. De forma paralela, el 11 de noviembre de 2019, el SINAC atendió una denuncia ingresada por el sistema SITADAS 17858 – 2019, en la que se dijo que se estaba efectuando una construcción sobre un cuerpo de agua que afectaba la zona de protección. Como parte de la investigación, el SINAC realizó 2 inspecciones al lugar junto con la Dirección de Aguas del MINAE. En esa visita, ubicaron 2 posibles nacientes que abastecen una quebrada que se encuentra entubada, determinándose por oficio ACTO-ORFVS-094-2019, que ese era un cuerpo de agua de dominio público con flujo de carácter permanente. Además, por medio del memorial ACTO- DIR-CP-DEN-017-2020 de 20 de enero de 2020, se estableció claramente que en la zona donde se pretende construir la planta recicladora, hay infraestructura sobre la quebrada entubada y “El SINAC también  señala que revisó el expediente de SETENA y que no se mencionó en el mismo la presencia del cuerpo de agua, cabe mencionar que se realizaron las gestiones pertinentes por parte de le Dirección de Aguas solicitando sus respectivas indagaciones”. Por ello, en la sesión ordinaria No.025-2020 SETENA de 25 de marzo de 2020, se ordenó a la empresa desarrolladora de la obra mantener el cumplimiento de compromisos ambientales y se ordenó medida cautelar de paralización inmediata del proyecto. El 22 de junio de 2020, el vecino Wesley Orlando Araya Arias, planteó una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo, buscando tutela de sus derechos y de los vecinos de la zona, pues, la planta generaría consecuencias irreparables al medio ambiente y a la salud de los habitantes. Lastimosamente, el Tribunal Ambiental Administrativo rechazó la denuncia presentada. Pese a todo lo esgrimido, la construcción reinició, lo que mantiene a los vecinos de la zona sumamente preocupados. Con base en lo detallado, estima que con las actuaciones accionadas, se están lesionando derechos fundamentales. Solicita se declare con lugar el recurso.
2.- Mediante resolución de las 10:28 horas del 19 de octubre de 2021, la Presidencia de la Sala dio curso a este amparo y se le solicitó informe al alcalde y el presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Pococí, el director regional de Rectoría de la Región de Salud Huetar Caribe del Ministerio de Salud; así como, el secretario Técnico Nacional Ambiental, el director de Aguas y el presidente del Tribunal Ambiental Administrativo, todos del MINAE, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.
3.- Informa bajo juramento José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Director de Agua del MINAE (escrito presentado a las 19:04 horas del 26 de octubre de 2021), que tal y como se indica en el oficio DA-UHCAROG- 0736-2021, del 25 de octubre de 2021, suscrito por el Ing. Gilberth Molina, Coordinador de la Unidad Hidrológica Caribe de la Dirección de Agua, la intervención de la Dirección en este caso, se dio con la atención de la denuncia que ingresó por medio del sistema de SITADA, la cual se atendió en forma conjunta y coordinada con el SINAC, oficinas del Área de Conservación Tortuguero. Para ello se realizó inspección al sitio el 13 de noviembre del 2019. Como resultado de la inspección se emitió el oficio DA-UHCAROG-0754-2019 del 15 de noviembre del 2019, “en el que se dictaminan un total de 4 cuerpos de agua, 2 quebradas y dos nacientes, todos cuerpos de agua del dominio público.” Señalan los informes citados, que en el sitio se verificó la existencia de un proyecto en plena etapa constructiva, el cual contaba con viabilidad ambiental de SETENA otorgada mediante resolución N°1923-2019-SETENA, para un proyecto denominado: Planta de Reciclaje de Baterías, el cual se erguía sobre uno de los cuerpos de agua del dominio público dictaminados por la Dirección de Agua. Téngase a esos efectos a la vista el oficio DA-UHCAROG-0753-2019. La tapia que se observa pertenece al proyecto que se está desarrollando lo que evidencia la clara violación al área de protección de la quebrada e incluso en el mismo informe se le informa a SETENA que la nave principal de la estructura se levanta sobre el cuerpo de agua entubado. Por otra parte, se localizó que el cuerpo de agua, se encontraba totalmente entubado y atravesaba la propiedad donde se estaba construyendo la planta, con dirección de sur-norte. Situación que se pone en conocimiento de SETENA mediante oficio DA-0217-2020 de 5 de febrero de 2020. En el punto anterior, es necesario llamar la atención de la Sala, que en cuanto a los hallazgos encontrados por los funcionarios de la Unidad Hidrológica Caribe de la Dirección de Agua, se pusieron de manera oportuna en conocimiento de la SETENA, en tanto, al momento de las inspecciones, el proyecto de encontraba en la etapa de desarrollo constructivo. Entienden que, abierto el proceso de control y seguimiento a través del Regente Ambiental nombrado ante la SETENA, conforme la viabilidad ambiental aprobada y vigente, le corresponde verificar si la empresa a través del gestor ambiental lo reportaba, para así, luego plantearse si actuaba de manera correctiva o se procedía como en derecho correspondía. De ahí que, procesalmente, se consideró necesario informar a la SETENA, donde el desarrollador a través de su Regente Ambiental, debió alertar sobre estas condiciones anómalas y atendidas adecuadamente por el desarrollador. Teniéndose verificado que las obras que se estaban construyendo correspondían a obras ilegales en cauces de dominio público, por cuanto no contaban con permisos emitidos por esta Dirección, se presentó denuncia penal ante la Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica mediante oficio AL-0070-2020 del 10 de febrero del 2020. Esta denuncia se encuentra tramitada bajo el expediente judicial [Valor 003], el cual se encuentra en trámite ante el Sede Judicial de Pococí. Posterior a la denuncia que se presentó en SITADA, antes citada, ingresa una nueva denuncia la cual es presentada por el propietario del proyecto, quien indica que toda la comunidad de Jiménez está construida sobre la quebrada entubada, denuncia que corresponde al ID- 23380-2020, la cual es atendida por la Unidad Hidrológica Caribe de la Dirección de Agua y conforme la verificación en campo, se realiza ampliación a la denuncia penal citada supra, mediante el oficio UHCAROG-0676-2021 del 1°de octubre del 2021. Es importante, tener claro, que efectivamente el problema que existe en el sitio, es el entubamiento de la quebrada y la existencia de algunas construcciones sobre ella. Situación que tal y como se comprueba fue denunciado en su momento, en la vía penal, ampliando la ya interpuesta en la vía judicial. Como queda evidenciado la Dirección de Agua, ha actuado conforme sus competencias, denunciando las obras ilegales encontradas en sitio y comunicándolo a las entidades correspondientes, encargadas tanto de los permisos de construcción como de la parte ambiental del proyecto y la vía judicial. Solicita declarar sin lugar el recurso. 
4.- Informa bajo juramento Alexandra González Arguedas, en su condición de Secretaria del Tribunal Ambiental Administrativo del MINAE (escrito presentado a las 15:01 horas del 27 de octubre de 2021), que el día 22 de junio del año 2020 se recibe en el Tribunal Ambiental Administrativo un escrito del señor Wesley Orlando Araya Arias, mediante el cual interpone formal denuncia de carácter ambiental en contra de la empresa denominada IMIM RECYCLING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA cedula jurídica 3-102-734701, en la cual se indica en la petitoria "1. Se declare con lugar la presente denuncia. 2. Se anulen los actos administrativos emitidos por la SETENA a través de los cuales se realiza la evaluación de impacto ambiental para la planta de metales cuando en realidad se está ante la planta de baterias, toda vez que existe un impacto ambiental alto y no medio como por error se ha considerado. 3. En virtud de lo anterior se solicita respetuosamente se ordene a la SETENA a realizar los estudios de impacto ambiental para determinar la procedencia o no de la viabilidad ambiental, de conformidad con la normativa, lo que implica entonces que los estudios deberán realizarse para el Proyecto Planta Recicladora de Baterías. 4. Que se impongan las sanciones correspondientes según nuestro marco normativo". El 18 de junio del año 2020 se recibe escrito del señor Reinaldo Francisco Arguedas Solano, en su condición de Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Jiménez de Pococí-Limón, mediante el cual interpone formal denuncia de carácter ambiental en contra de las empresas denominadas ASTEROIDES DE ORO EN EL CIELO MEDITERRANEO S.A. cédula jurídica 3-101-598138 y IMIM RECYCLING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA cédula jurídica 3-102-734701. solicitando lo siguiente "1.Que se suspenden los efectos de los actos emitidos y que han autorizados el inicio de la construcción de la planta de reciclaje de cita. 2. Que se ordene la elaboración de un estudio de impacto ambiental que determine que dicho proyecto no cause daños a la salud y daños al ambiente. 3. Que se determine si a la fecha con el accionar de ios acá denunciados se han causado daños a la zona de protección del cuerpo de agua que discurre por Ia propiedad y que fue entubada por los acá denunciados para realizar las construcciones. 4. Que se acoja la solicitud de medida cautelar. 5. Que se les impongan las sanciones que correspondan según nuestro marco normativo”. Mediante resolución No. 2781-2020-TAA de las 15:00 horas del 09 de octubre del año 2020, se acuerda lo siguiente “Por lo anterior indicado, este Tribunal resuelve RECHAZAR POR INADMISIBLE la denuncia interpuesta por el Sr. Wesley Orlando Araya Arias cédula de identidad número 3-0448-0563 en contra de IMIM RECYCLING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA cédula jurídica 3-102-734701 y la denuncia interpuesta por el Sr Reinaldo Francisco Arguedas Solano cédula de identidad número 2-0526-0495 en su condición de Apoderado General de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE JIMENEZ DE POCOCI LIMON en contra de las empresas denominadas ASTEROIDES DE ORO EN EL CIELO MEDITERRANEO S.A. cédula jurídica 3-101-598138, en calidad de propietaria registral y arrendante de la finca del partido de Limón Folio Real No. 59899-000 Plano Catastrado L-1581937-2012, representada por su apoderado generalísimo sin límite de suma Sr. [Nombre 001], portador de la cédula de identidad No. [Valor 001] y en contra de IMIM RECYCLING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA cédula jurídica 3-102-734701, en su condición de arrendataria de la finca antes mencionada y representada por el señor Jorge Durán Rodríguez cédula de identidad No. 1-1050-0127". La resolución No. 2781-2020-TAA de las quince horas del 09 de octubre del año 2020 fue notificada a los denunciantes a los medios señalados para oír notificaciones el 17 de noviembre del año 2020, tal y como consta en las actas de notificación visible a los folios 367 y 368 del expediente administrativo, y no existiendo al interposición de recurso alguno se procedió a emitir la resolución No. 3309-2020-TAA de las diez horas con diez minutos del día diez de diciembre del año 2020 mediante la cual se archivó definitivamente la denuncia y se les notifica a las partes el día 23 de diciembre del año 2020, tal y como consta en las cédula de notificación visibles a los folios 374 y 375 del expediente administrativo. Solicita declarar sin lugar el recurso.
5.- Informan bajo juramento Manuel Hernández Rivera y Juan Luis Gómez Gómez, respectivamente, en su condición de Alcalde y de Presidente del Concejo, ambos de la Municipal de Pococí (escrito presentado a las 15:22 horas del 28 de octubre de 2021), que desde el año 2019, el Departamento de Planificación Urbana Control Constructivo, le indicó a la empresa Asteroides de Oro en el Cielo Mediterráneo S.A., cuando solicitó el Certificado de Uso de Suelo que para hacer el retiro frontal y posterior, deberá solicitar alineamiento ante el MOPT y el INVU, además de los seis metros hacia todos los linderos de la construcción. Como observación se le indicó que "Deberá cumplir con las normas del Colegio Federado de Ingenieros. El presente Uso -de Suelo- se entrega como condicionado debido a que la zona donde se pretende ubicar el proyecto se encuentra FUERA DEL PLAN REGULADOR, por lo que corresponderá al Ministerio de Salud, en ausencia de un plan de zonificación, resolver si el sitio donde se va a ubicar es conforme o permitido de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del Reglamento sobre Higiene Industrial N°44492. Deberá contar con la viabilidad ambiental aprobado por la SETENA". El Departamento de Topografía Municipal, señaló que el 20 de julio de 2019, el plano catastrado que citan fue visado, siendo que cumplía con los requisitos legales pero ello. El Departamento de Gestión Ambiental informa que tal como lo señalan los recurrentes, la empresa cuenta con los permisos de SETENA y que la conformidad o no del sitio donde se ubicó la Planta Industrial Recicladora de Metales, corresponde otorgarla al Ministerio de Salud, no a ese municipio. Se debe tomar en cuenta lo resuelto en la sentencia No. 2019-020625, de las 09:30 horas del 29 de octubre de 2019, en el expediente No. 19-012364-0007-CO, donde se resolvió este mismo caso. Ese gobierno local no tiene justificación legal ni técnica para denegar la referida actividad comercial o industrial en esa zona, pues la empresa desarrolladora de este proyecto ha venido cumpliendo con el bloque de legalidad que regulo esta materia. Solicitan declarar sin lugar el recurso.
 6.- Informa bajo juramento Ulises Álvarez Acosta, en su condición de Secretario General de la SETENA (escrito presentado a las 14:49 horas del 10 de noviembre de 2021) que, de acuerdo a lo analizado en el presente recurso de amparo, no se identifican por parte de esta Secretaría alegatos en contra de sus actuaciones ni del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental para el caso de referencia, el cual corresponde al expediente administrativo [Valor 002], para el proyecto denominado “Planta Industrial Recicladora de Metales”, salvo que en algunas ocasiones se menciona a SETENA como parte de la narrativa. De acuerdo con lo expuesto y en relación con las competencias de cada Institución, esta Secretaría ha cumplido con los procesos de evaluación ambiental antes del otorgamiento de la Viabilidad Ambiental, la cual no constituye un permiso final, pues, para llevar a cabo el proyecto, el desarrollador deberá recurrir a otra clase de permisos, como lo son los Municipales o del Ministerio de Salud, por mencionar dos de ellos; la SETENA lo que evalúa es la proyección de una actividad, obra o proyecto, en relación con el impacto que éste pueda generar en el ambiente. De igual forma, es parte de las competencias de esta Secretaría, la fiscalización durante el desarrollo de la actividad, obra o proyecto en aras de la protección ambiental. En fecha 20 de junio de 2019, mediante resolución No. 1923-2019-SETENA otorgó la Viabilidad Ambiental al proyecto “Planta Industrial Recicladora de Metales ”, a nombre de la empresa IMIM RECYCLING S.R.L, con cédula jurídica 3-101-015635-23, representado por el señor Jorge Durán Rodríguez, con cédula de identidad 1-1050-0127. Mediante el consecutivo 836-2020 del 05 de febrero del 2020 y trasladado al Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental en fecha 26 de febrero del 2020, ingresa el oficio DA-0217-2020 emitido por la Dirección de Aguas del MINAE, que hace traslado del informe UHCAROG-0753-2019, que se refiere a una potencial contaminación de un cuerpo de agua por el proyecto para el reciclaje de baterías y que aparentemente está en la etapa gestión ambiental de la Viabilidad (Licencia) Ambiental según Resolución No.1923-2019-SETENA. Mediante consecutivo 1186-2020 del 18 de febrero del 2020 y trasladado al Departamento de Auditoría y Seguimiento el 19 de febrero del 2020, ingresa el oficio DA-UHCAROG-0114-2020 emitido por la Dirección de Aguas del MINAE, que hace referencia a ampliación del oficio DA-0217-2020. Visible de folios 431 a 437. Además de lo anterior, indica lo siguiente: “ la Unidad Hidrogeológica del Caribe de la Dirección de Aguas y el Área de Conservación Tortuguero (AcTo) del SINAC han presentado formalmente denuncia ante la fiscalía ambiental adjunta del segundo circuito judicial de la zona atlántica.” Mediante el consecutivo email-16-2020, del 20 de febrero del 2020 ingresa al Departamento de Auditoría y Seguimiento, el oficio ACTO-DIR-CP-DEN-017-2020 emitido por el Área de Conservación Tortuguero (AcTo) del SINAC, que hace referencia a la presentación de denuncia contra el proyecto “Planta de Reciclaje de Baterías ”, visible de folios 438 a 474. Además de lo anterior, que la relación de hechos en el punto CUARTO, se indica lo siguiente: “CUARTO: Sobre las construcciones en el inmueble: Sí hay infraestructura la cual está en período de construcción, encima de la quebrada, así como una casa de habitación que podría estar dentro del perímetro de área de protección, esta no se pudo medir ya que la quebrada se encuentra entubada y no se puede visualizar lo que podría ser el cauce de la misma”. El Ing. Alejandro González Barquero, funcionario de la Unidad de Inspecciones de esta Secretaría, realizó inspección de seguimiento al área del proyecto el día 27 de febrero del 2020, para dar seguimiento ambiental al proyecto en vista de los hechos evidenciados por SINAC y la Dirección de Aguas en sus respectivos informes. Según Acta de inspección (folio 475-478), se constatan las siguientes condiciones: 1. La estructura se ubica sobre entubamiento de cuerpo de agua. 2. No cumple con el manejo de residuos sólidos en la propiedad; se observa residuos y chatarra en los alrededores del AP. 3. El proyecto no ha finalizado su fase constructiva, tiene techado no presenta paredes, se encuentra entre el 50% y 70% de avance de la etapa constructiva. 4. No está operando. 5. Se observó que la nave industrial se encuentra sobre entubamiento al norte, existe paso de agua con tubería para dar paso al norte de la propiedad. El 26 de marzo de 2020, la Comisión Plenaria emite la resolución No. 0537-2020-SETENA para plasmar el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria No 025-2020 de 25 de marzo del 2020 en el artículo 18 (folios 486-492 del Tomo II) respecto al seguimiento y en parte estableció: “PRIMERO: Ordenar al señor Jorge Durán Rodríguez, con cédula física 1-1050-0127, como Representante Legal de la empresa IMIM Recycling S.R.L., con cédula jurídica 3-102-734701, Desarrollador del proyecto “Planta de Reciclaje de Baterías”, expediente administrativo [Valor 002]. 1. Mantener el cumplimiento de los Compromisos Ambientales. 2. Se dicta una medida cautelar de paralización inmediata del proyecto, con fundamento en lo indicado en los CONSIDERANDOS NOVENO Y DÉCIMO, hasta tanto esta Secretaría continúe el análisis y determine lo que legalmente corresponde para el proyecto de referencia. SEGUNDO: Notificar a la Municipalidad de Pococí de los hechos evidenciados para que se proceda según corresponda con sus competencias. TERCERO: Notificar a la Dirección de Aguas-MINAE, de lo resuelto por esta Secretaría, instando a mantener un canal de comunicación directo entre ambas dependencias e informar a la SETENA de cualquier cambio para el área del proyecto de referencia. CUARTO: Notificar al Área de Conservación Tortuguero (AcTo) del SINAC, de lo resuelto por esta Secretaría, instando a mantener un canal de comunicación directo entre ambas dependencias e informar a la SETENA de cualquier cambio para el área del proyecto de referencia”. En fecha 03 de abril de 2020, el señor Jorge Durán Rodríguez en condición de gerente de IMIM Recycling Sociedad de Responsabilidad Limitada, presenta el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, contra la Resolución No. 0537-2020-SETENA. Mediante Resolución Nº1105-2020-SETENA, del día 18 de junio del 2020, y notificada el 19 de junio del 2020, en su POR TANTO PRIMERO se resuelve DECLARAR SIN LUGAR recurso de revocatoria. Mediante Resolución R-192-2020-MINAE del día 10 de agosto del 2020 y notificada el 11 de agosto del 2020, en su POR TANTO PRIMERO se resuelve declarar sin lugar el recurso de apelación, folio 582. El señor Jorge Durán Rodríguez, con cédula física 1-1050-0127, como Representante Legal de la empresa IMIM Recycling S.R.L., con cédula jurídica 3-102-734701, Desarrollador del proyecto “Planta de Reciclaje de Baterías”, expediente administrativo [Valor 002], ha presentado ante esta Secretaría solicitud de levantamiento de medidas cautelares, acorde a los siguientes consecutivos: “C10082-2020, del 16 de noviembre del 2020. Se Adjuntan los siguientes documentos: 1- Documento dirigido a la Comisión Plenaria con la solicitud de levantamiento de medidas cautelares. 2- Documento enviado a Dirección de Aguas y al SINAC. 3- Oficio Dirección de Aguas. 4- Oficio SINAC. (Los archivos aportados son copias simples) - C10211-2020, del 16 de noviembre del 2020 (25 de noviembre del 2020, se aporta documentación en físico y certificada). Adjuntan los siguientes documentos: 1- Documento dirigido a la Comisión Plenaria con la solicitud de levantamiento de medidas cautelares. 2- Documento enviado a Dirección de Aguas y al SINAC. 3- Oficio Dirección de Aguas. 4- Oficio SINAC. Mediante la resolución No. 090-2021 del 14 de enero del 2021 se acuerda: “PRIMERO: Ordenar al señor Jorge Durán Rodríguez, con cédula física 1-1050-0127, como Representante Legal de la empresa IMIM Recycling S.R.L., con cédula jurídica 3-102-734701, Desarrollador del proyecto y al Regente Ambiental señor Rodrigo Mora Goyenaga, cédula de identidad 105000312, subsanar de manera inmediata los incumplimientos evidenciados por esta Secretaría en el CONSIDERANDO QUINTO de la presente resolución y presentar en un plazo de 30 días hábiles, un informe de regencia extraordinario que detalle las acciones tomadas. Igualmente, deberá cumplir con la presentación de los Informes de Regencia Ambiental, conforme a lo ordenado en la Resolución Nº 1923-2019-SETENA del día 20 de junio del 2019. SEGUNDO: Ordenar al señor Jorge Durán Rodríguez, con cédula física 1-1050-0127, como Representante Legal de la empresa IMIM Recycling S.R.L., con cédula jurídica 3-102-734701, Desarrollador del proyecto; presentar en un plazo de 30 días hábiles, la información solicitada por esta Secretaría en el CONSIDERANDO DÉCIMO anterior. TERCERO: El levantamiento de la Medida Cautelar de paralización de obras, ordenada en la Resolución N°0537-2020-SETENA, deberá ser solicitada una vez que se cumpla con lo solicitado por esta Secretaría en los POR TANTOS PRIMERO Y SEGUNDO anteriores. CUARTO: Notificar a la Municipalidad de Pococí de los hechos evidenciados para que se proceda según corresponda con sus competencias. QUINTO: Notificar a la Dirección de Aguas-MINAE, de lo resuelto por esta Secretaría, instando a mantener un canal de comunicación directo entre ambas dependencias e informar a la SETENA de cualquier cambio para el área del proyecto de referencia. SEXTO: Notificar al Área de Conservación Tortuguero (AcTo ) del SINAC, de lo resuelto por esta Secretaría, instando a mantener un canal de comunicación directo entre ambas dependencias e informar a la SETENA de cualquier cambio para el área del proyecto de referencia”. Mediante consecutivo 1986-2021, el señor Jorge Durán Rodríguez, con cédula física 1-1050-0127, como Representante Legal de la empresa IMIM Recycling S.R.L., con cédula jurídica 3-102-734701, Desarrollador del proyecto “Planta de Reciclaje de Baterías”, expediente administrativo [Valor 002], ha presentado respuesta a lo solicitado por esta Secretaría mediante Resolución Nº0090-2021-SETENA. Se detalla una serie de medidas a las cuales el Desarrollador se compromete a cumplir con el objetivo de salvaguardar la zona de protección del cauce declarado por la DA. Nuevas Medidas a Implementar: - Mantener el retiro de los 15 metros lineales, a cada lado de la quebrada entubada, que exige la Ley con respecto a las márgenes del cuerpo de agua. - Proceder al retiro de toda maquinaria, equipo manual, material de construcción, agregados y demás, del área que corresponde a la zona de protección. - Promover la regeneración natural de la vegetación de la zona de protección mediante la siembra de árboles nativos de la zona, que además aporte belleza natural al proyecto. Inicialmente, se dará fuera del área techada, es decir a ambos lados de la obra ya levantada, mientras se conoce el pronunciamiento del juzgado. - Monitoreo mensual por parte de la regencia ambiental, del estricto cumplimiento de todo lo anterior y su respectiva documentación en la Bitácora Ambiental y registro fotográfico que será informado mediante los Informe de regencia ambiental. Prescindir del uso del área techada y reubicar las actividades pendientes en otras áreas sin restricción de uso”. Mediante Oficio DT-ASA-0443-2021, del 22 de marzo de 2021, se solicitó información adicional para resolver solicitud ingresada mediante consecutivo 1986-2021, para ello se otorgó un plazo de 15 días hábiles que vencen el 23 de abril de 2021. Por consecutivo 1986-2021, el señor Jorge Durán Rodríguez, Desarrollador del proyecto “Planta de Reciclaje de Baterías”, expediente administrativo [Valor 002] , ha presentado respuesta a lo solicitado mediante el Oficio DT-ASA-0443-2021 como complemento a lo ordenado por esta Secretaría mediante Resolución No. 0090-2021-SETENA. Con base en lo solicitado por ustedes en el documento de marras, nos referiremos punto por punto al cumplimiento de este. 1.- Delimitación física de la zona de protección de la quebrada declarada por la Dirección de Aguas: Se adjunta documento pedido. 2.- Registro fotográfico que indique en la zona de protección, la no presencia de ningún tipo de chatarra, maquinaria o escombros en la zona de exclusión de ésta. Así como el Área de Protección (AP) debidamente delimitada por balizas. Se aporta lo requerido. 3.- Delimitar el AP vista en el croquis de Respuesta Consecutivo 1986-2021 en formato CRTM05. Se aporta estudio técnico respectivo elaborado por un Ingeniero Topógrafo y el archivo digital. 4.- Señalar indicadores de cumplimiento para la siembra de árboles nativos de la zona en el AP. Se realizará la reforestación posteriormente, hasta que las autoridades respectivas se pronuncien al respecto. Actualmente en dicha zona no se puede plantar o sembrar nada, ya que el AP se encuentra cubierta por un planché de cemento. Se mantiene el compromiso de marras según sean las instrucciones oficiales giradas luego”. Mediante la resolución No. 0723-2021 del 12 de mayo del 2021, se da seguimiento a la resolución R-090-2021. La parte considerativa concluye: Conforme a lo visto en el presente Considerando se tiene que el señor Jorge Durán Rodríguez, Desarrollador del proyecto “Planta de Reciclaje de Baterías”, expediente administrativo [Valor 002], ha presentado respuesta a lo solicitado mediante la Resolución Nº090-2021-SETENA. Donde ha presentado información donde se compromete a mantener el retiro de la zona de protección de la quebrada declarada por la DA, ha expresado su compromiso por cumplir las medidas ambientales en apego a la legislación ambiental vigente y a su vez queda anuente a lo que resuelva el Ministerio Público en torno a la zona de protección de la quebrada. Por consiguiente, se tiene por cumplido con la información solicitada por esta Secretaría, por lo que se puede proceder al levantamiento de la medida cautelar de paralización de obras. Por tanto, se acuerda: “PRIMERO: Con base en la parte considerativa de la presente resolución se procede a ordenar el levantamiento de la Medida Cautelar de Paralización de obras, ordenada en la Resolución N°0537-2020-SETENA, esto al haber cumplido con lo solicitado por esta Secretaría en los POR TANTOS PRIMERO Y SEGUNDO de la Resolución Nº090-2021-SETENA. SEGUNDO: Notificar al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Pococí de los hechos evidenciados, para que se proceda según corresponda con sus competencias. TERCERO: Notificar a la Dirección de Aguas-MINAE, de lo resuelto por esta Secretaría, instando a mantener un canal de comunicación directo entre ambas dependencias e informar a la SETENA de cualquier cambio para el área del proyecto de referencia. CUARTO: Notificar al Área de Conservación Tortuguero (AcTo) del SINAC, de lo resuelto por esta Secretaría, instando a mantener un canal de comunicación directo entre ambas dependencias e informar a la SETENA de cualquier cambio para el área del proyecto de referencia. QUINTO: Advertir al Responsable Ambiental que en el Artículo 79 del Decreto Ejecutivo No 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), del 28 de junio del 2004, se establece que: “El responsable ambiental deberá emitir las recomendaciones ambientales necesarias, conforme las situaciones diversas que se vayan presentando en cualquiera de las etapas de la ejecución de la actividad, obra o proyecto.” SEXTO: Prevenir al “Desarrollador” y al “Regente Ambiental” cumplir con lo establecido en los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal N° 7575 y además proceder según se establece en el Decreto Ejecutivo Nº 41815 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 25 de junio del 2019, según corresponda. SÉTIMO: Información falsa o incumplimiento de este mandato expondrá al “Desarrollador del Proyecto” y al “Regente Ambiental del Proyecto” a un proceso de investigación técnica y legal ”. Durante la evaluación ambiental se contemplaron debidamente todos los aspectos relacionados con la ingeniería química, pues se consideró el diagrama de flujo, descripción del proceso, la identificación de impactos y medidas ambientales para todos los aspectos relacionados con contaminación como efluentes gaseosos, desechos sólidos especiales, con el refrendo del CIQPA, siendo necesario también la participación de un profesional en ingeniería química en la regencia del proyecto. Por tanto, esta Secretaría ha actuado conforme a la legislación vigente, y ha brindado el respectivo seguimiento ambiental al proyecto Planta Industrial Recicladora de Metales, expediente [Valor 002], en apego a sus competencias. Además, el desarrollador ha indicado su compromiso por cumplir las medidas ambientales en apego a la legislación ambiental vigente. Solicita declarar sin lugar el recurso.
7.- Informa bajo juramento Alexander Salas López, en su condición de Director Regional de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Huetar Caribe del Ministerio de Salud (escrito presentado a las 20:33 horas del 15 de noviembre de 2021), que la actividad industrial para los efectos de su representada se denomina “Depósito de baterías”, sita distrito Jiménez, cantón Pococí. Sus actuaciones se ven circunscritas a determinar la validación del uso de suelo municipal para ejercer la actividad, otorgado mediante la resolución municipal “Certificado de Uso de suelo DPCC-0234-2017”. Además de lo anterior en seguimiento al caso, se presentaron los planos constructivos por el desarrollador ante la APC, con número de contrato OC-789974, “Bodegas Jiménez”, siendo aprobados debidamente por ese Ministerio, hecho que se constata en el sitio describiendo “un galerón tipo nave industrial ”, de aproximadamente 570 metros cuadrados. (Véase informe técnico MS-DRRSHCURS-IT-0024-2020). En el sitio se evidencia otras obras anexas constructivas a la nave industrial, correspondientes al número de contrato OC-906201, “ Pedestales para Máquinas, clasificación Distribuciones de Planta”, las cuales dichos permisos de construcción fueron validados y firmados por la Municipalidad de Pococí, sin necesidad de que fueran presentados a la plataforma APC. (Véase informe de Seguimiento MS-DRRSHC-URS-0052-2021). Dicho proyecto cuenta con la Viabilidad Ambiental, emitida por la SETENA, bajo resolución No. 723-2021 SETENA; “ Proyecto Planta Industrial Recicladora de Metales”. A la fecha se mantienen las obras constructivas por parte del desarrollador, por lo que, para los efectos del Ministerio de Salud, no existe en el sitio en litigio, actividad industrial que genere acciones contaminantes, pues no existen procesos. De lo enunciado en la normativa debe necesariamente el desarrollador obtener el Permiso Sanitario de Funcionamiento cumpliendo con los formalismos y solemnidades de ley, para ejercer la actividad conforme a derecho corresponde; caso que no es el que nos ocupa al momento, pues no hay actividad comercial. Solicita declarar sin lugar el recurso.
8.- Mediante escrito presentado a las 08:56 horas del 24 de noviembre de 2021, el Magistrado Paul Rueda Leal presentó solicitud de inhibitoria para conocer este asunto.
9.- Por resolución de las 13:19 horas del 26 de noviembre de 2021, la Presidencia de la Sala dispuso tener por separado del conocimiento de este amparo al magistrado Paul Rueda Leal. Además que se comunicara lo pertinente a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que se proceda a su sustitución, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
10.- Mediante escrito presentado a las 08:42 horas del 03 de diciembre de 2021, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia informó que se designó al Magistrado José Paulino Hernández Gutiérrez en sustitución del Magistrado Paul Rueda Leal.
11.- Mediante escrito presentado a las 13:55 horas del 05 de enero de 2022, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia informó que debido a que concluyó el periodo constitucional de nombramiento como magistrado suplente a José Paulino Hernández Gutiérrez, se designó a Fernando Enrique Lara Gamboa en sustitución del Magistrado Paul Rueda Leal.
12.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

  Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

 Considerando:
I.- Objeto del recurso. El recurrente alega que la construcción del proyecto denominado “ Planta recicladora de metales” en Jiménez de Pococí, impulsado por la compañía IMIM Recycling Sociedad de Responsabilidad Limitada, es una planta recicladora de baterías en donde se maneja el plomo sin considerar los efectos adversos sobre la salud humana y el ambiente, pues, entre otras situaciones, la propiedad donde se está llevando a cabo la edificación colinda con el Río Jiménez y a un kilómetro del sitio hay pozos de agua para consumo humano.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque los recurridos haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
1)                        El 20 de junio de 2019, mediante resolución No. 1923-2019-SETENA otorgó la Viabilidad Ambiental al proyecto “Planta Industrial Recicladora de Metales ”, sita distrito Jiménez, cantón Pococí, a nombre de la empresa IMIM RECYCLING S.R.L, con cédula jurídica 3-101-015635-23, representado por el señor Jorge Durán Rodríguez, con cédula de identidad 1-1050-0127 (informe del Secretario General de la SETENA y prueba documental aportada).
2)                        Mediante oficio AL-0070-2020 del 10 de febrero del 2020, la Dirección de Agua presentó denuncia penal ante la Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, por cuanto las obras que se estaban construyendo correspondían a obras ilegales en cauces de dominio público, ya que no contaban con permisos emitidos por esa Dirección. Esta denuncia se conoce bajo el expediente judicial [Valor 003], el cual se encuentra en trámite ante el Sede Judicial de Pococí (informe del Director de Agua del MINAE y prueba documental aportada).
3)                        En atención a la denuncia que remitió la Dirección de Aguas del MINAE  sobre obras en cauces de dominio púbico, la SETENA, mediante la resolución No. 0723-2021 del 12 de mayo del 2021, en la parte considerativa concluye: Conforme a lo visto en el presente Considerando se tiene que el señor Jorge Durán Rodríguez, Desarrollador del proyecto “Planta de Reciclaje de Baterías”, expediente administrativo [Valor 002] , ha presentado respuesta a lo solicitado mediante la Resolución Nº090-2021-SETENA. Donde ha presentado información donde se compromete a mantener el retiro de la zona de protección de la quebrada declarada por la DA, ha expresado su compromiso por cumplir las medidas ambientales en apego a la legislación ambiental vigente y a su vez queda anuente a lo que resuelva el Ministerio Público en torno a la zona de protección de la quebrada (informe del Secretario General de la SETENA y prueba documental aportada).
4)                        El Ministerio de Salud determinó la validación del uso de suelo municipal para ejercer la actividad, otorgado mediante la resolución municipal “Certificado de Uso de suelo DPCC-0234-2017” (informe del representante del Ministerio de Salud y prueba documental aportada).
5)                        Los planos constructivos presentados por el desarrollador con número de contrato OC-789974, “Bodegas Jiménez”, fueron aprobados por el Ministerio de Salud, hecho que se constata en el sitio describiendo “un galerón tipo nave industrial” de aproximadamente 570 metros cuadrados (informe del representante del Ministerio de Salud y prueba documental aportada).
6)                        En el sitio se evidencia otras obras anexas constructivas a la nave industrial, correspondientes al número de contrato OC-906201, “Pedestales para Máquinas, clasificación Distribuciones de Planta”, cuyos permisos de construcción fueron validados y firmados por la Municipalidad de Pococí (informe del representante del Ministerio de Salud y prueba documental aportada).
7)                        A la fecha se mantienen las obras constructivas por parte del desarrollador, por lo que para los efectos del Ministerio de Salud no existe en el sitio en litigio actividad industrial que genere acciones contaminantes, pues no existen procesos (informe del representante del Ministerio de Salud).
III.- Sobre el anterior recurso de amparo. Esta Sala, en el recurso de amparo 19-012364-0007-CO, conoció un reclamo similar al aquí planteado. El objeto de ese asunto fue el siguiente:
“I.- OBJETO DEL RECURSO . La parte recurrente presenta recurso de amparo y expone que es vecino del distrito Jiménez, en el cantón de Pococí, Limón. Indica que bajo el expediente No. [Valor 004] se tramita la evaluación ambiental del proyecto denominado "Planta Industrial Recicladora de Metales". Añade que dicho proyecto en realidad para el reciclaje de baterías, como planta de fundición de baterías ácido plomo, en un terreno contiguo al río Jiménez. Señala que el citado proyecto generará residuos catalogados como peligrosos, lo cual pone en riesgo el ambiente y la salud de los vecinos del lugar, dado que el terreno en cuestión está rodeado de casas de habitación y un centro educativo y se trata de una zona residencial. Comenta que en el cantón de Pococí no existe un plan regulador conforme a las disposiciones de la Ley de Planificación Urbana. Indica que la Municipalidad de Pococí emitió un certificado de uso de suelo al citado proyecto, en el cual se hizo constar que se trata de un uso condicionado y sujeto a la aprobación por parte del Ministerio de Salud. Agrega que interpuso una denuncia ante el Ministerio de Salud por la posible contaminación ambiental ante la instalación de una planta de fundición de baterías. Añade que la denuncia se trasladó a la Dirección Región Huetar Norte para su conocimiento y resolución, asimismo por su parte la municipalidad remitió el caso a la Dirección Regional señalando que el lugar donde se pretende ubicar el proyecto, se localiza a 600 metros de la plaza de deportes de Jiménez de Pococí. Afirma que aún y cuando no se iniciado la actividad industrial objeto de discusión de este recurso, ya se encuentra en trámite las solicitudes para el otorgamiento de los permisos. Esto, pese a que el Área Rectora de Salud de Pococí aclaró que no ha recibido ninguna solicitud de trámite de visto bueno de ubicación de dicho proyecto. Indica que por resolución No. 1117-2019-SETENA emitido por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental con fundamento en el informe técnico dictado en el expediente No. DEA-0622-2019, se rechazó la viabilidad ambiental del proyecto. Sin embargo, el Ministerio de Salud resolvió que para la validación de uso suelo de la planta de reciclaje de baterías en el distrito de Jiménez, no se requiere el visto bueno de ese ministerio y que su intervención se limitará, en una segunda instancia, cuándo se solicite el permiso sanitario de funcionamiento. Por resolución No. 1614-2019-SETENA la secretaría recurrida revocó la resolución No. 1117-2019-SETENA y ordenó continuar con el trámite de evaluación ambiental del proyecto. Sostiene que ante el cambio de criterio del Ministerio de Salud, la SETENA también modificó su resolución, sin contar con un criterio sobre la ubicación del sitio propuesto y las posibles implicaciones al ambiente, lo que resuelta contrario al principio precautorio para la protección del ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Afirma que resulta improcedente que el Ministerio de Salud y la SETENA no tomen las medidas del caso de manera anticipada para verificar la posible existencia o no de lesiones al ambiente y que se ponga en riesgo la salud pública. Considera que lo expuesto violenta sus derechos fundamentales”.
 
Mediante sentencia No. 2019-020625, de las 09:30 horas del 29 de octubre de 2019, se desestimó con base en las siguientes consideraciones:
“VI.- SOBRE EL CASO CONCRETO . Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal descarta alguna lesión de los derechos fundamentales de la parte amparada. Del informe rendido por parte de los representantes de las autoridades recurridas -que se tiene dado bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, efectivamente, en el expediente administrativo No. [Valor 002], se tramitó el Formulario de Evaluación Ambiental (D1), la Declaración Jurada de Compromiso Ambientales (DJCA) y el análisis de la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto: Planta Industrial Recicladora de Metales, a nombre de la empresa IMIM Recycling S.R.L., con cédula jurídica 3-102-734701, representado por Jorge Durán Rodríguez. Consta que el 10 de enero del 2018 ingresó a SETENA el expediente indicado y mediante el oficio SETENADT-DEA-0362-2018 del 08 de marzo del 2018 (folio 188) se indicó al desarollador que se realizará una inspección de campo. El 24 de marzo del 2018 las autoridades del SETENA se realizaron la inspección de campo. Mediante el oficio SETENASG-DEA-0190-2018 del 04 de mayo del 2018, se solicitó al desarollador información adicional. El 19 de octubre del 2018 se presentó una denuncia oposición (folios 227-229) interpuesta por la señora María Nazaret Vargas Brenes, cédula de identidad 1-1453-0520, donde se hizo referencia al Certificado de Uso de Suelo DPCC-0234-2017 otorgado por la Municipalidad de Pococí. Entre varios de los argumentos que presenta la opositora, expone lo establecido en los artículos 18 y 20 del Reglamento de Higiene Industrial del Ministerio de Salud. Mediante el oficio SETENA-SG-2411-2018 del 26 de noviembre del 2018, se solicitó criterio al Área de Salud Pococí, con respecto al Reglamento de Higiene del Uso Industrial del Ministerio de Salud. Por lo anterior, mediante informe HC-URS-0131-2019 del 13 de febrero del 2019 suscrito por la Ing. Yarithna Tylor Sagot, funcionaria del Proceso de Regulación de la Salud, de la Unidad de Rectoría de la Salud de la Dirección Regional de la Salud Huetar Caribe indicó que el uso de suelo no cumple con la reglamentación vigente y se define como Visto Bueno NEGATIVO por parte de ese ente Rector. Sin embargo, mediante oficio DR-HC-0656-2019 del 01 de abril del 2019, el Dr. Alexander Salas López, Director de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Huetar Caribe indica que la citada planta no requiere visto bueno de ubicación de este Ministerio para la validación del uso del suelo y que la intervención de este Ministerio se realizará en el momento en que se tramite el Permiso Sanitario de Funcionamiento. Mediante la resolución No. 1117-2019-SETENA, notificada el 22 de abril del 2019, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental resolvió rechazar la solicitud de Licencia de Viabilidad Ambiental, y ordenó proceder con el archivo del expediente. El 24 de abril del 2019, ingresó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, bajo el consecutivo No. 3226-AJ, recurso de revocatoria y apelación en subsidio en contra la resolución No. 1117-2019- SETENA, del 05 de abril del 2019. Posteriormente, el 29 de mayo del 2019, mediante la resolución No. 1614-2019-SETENA notificada el 05 de junio del 2019, resuelve declarar con lugar el recurso de revocatoria en contra de la resolución No. 1117-2019- SETENA, ordenando continuar con la Evaluación Ambiental del proyecto, puesto que se corrigió lo resuelto por el Ministerio de Salud y se anuló el visto bueno negativo. Finalmente, el 20 de junio del 2019 mediante la resolución No. 1923-2019-SETENA notificada el 27 de junio del 2019, se otorgó la licencia de Viabilidad Ambiental por cinco años para el inicio de obras al proyecto: “PLANTA INDUSTRIAL RECICLADORA DE METALES” por haber cumplido correctamente con el procedimiento para Evaluación Ambiental del proyecto de conformidad con los artículos, 17, 18 y 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, y las normas técnicas establecida en el Decreto Ejecutivo No. 31849 artículos 3 inciso 23, 81, Decreto 32712-MINAE artículo 5 y articulo 20 de la Ley 7554. De la base fáctica acreditada a efectos de resolver el presente recurso de amparo, no es posible acreditar lo acusado por el recurrente. En ese sentido, se tiene que, efectivamente, en el lugar indicado por el recurrente se tramita un proyecto para la construcción de una Planta Industrial Recicladora de Metales. Para lo anterior se han tramitado ante las instancias accionadas los permisos correspondientes. En la actualidad, el proyecto cuenta con la Viabilidad Ambiental, el cual fue otorgado mediante la resolución No. 1923-2019-SETENA. En dicha resolución fueron valorados los aspectos técnicos ambientales en cuanto al riesgo del proyecto, así como la colindancia del predio con el río Jiménez, analizados dichos aspectos por parte de la autoridad técnica, se indicaron las condiciones en las cuales se concedía la licencia para el proyecto solicitado de conformidad con la normativa vigente para tales efectos. En conclusión, no es posible acreditar lo acusado por el recurrente en cuanto ninguno de los agravios acusados y, por el contrario, se constató que las autoridades accionadas han actuado dentro del marco de sus competencias y atribuciones, consecuentemente, el presente recurso debe ser desestimado, tal como se indica en la parte dispositiva de la presente resolución”. (El destacado no es del original).
 
IV.- Sobre el caso concreto. En el presente asunto, el recurrente, en tutela de varios vecinos del lugar, igualmente objeta la construcción del proyecto denominado “Planta recicladora de metales”, ubicado en Jiménez de Pococí, pues indica que es una planta recicladora de baterías en donde se maneja el plomo sin considerar los efectos adversos sobre la salud humana y el ambiente. Afirma que, entre otras situaciones, la propiedad donde se está llevando a cabo la edificación colinda con el Río Jiménez y a un kilómetro del sitio hay pozos de agua para consumo humano. Al respecto, se refiere lo indicado en la sentencia antes mencionada en el sentido de que para ese proyecto se han tramitado ante las instancias accionadas los permisos correspondientes. Igualmente, mediante la resolución No. 1923-2019-SETENA, le fue otorgado la vialidad ambiental por parte de SETENA. También en cuanto al Ministerio de Salud no hay mayor variación a la fecha, pues se reitera que se determinó la validación del uso de suelo municipal para ejercer la actividad, otorgado mediante la resolución municipal “Certificado de Uso de suelo DPCC-0234-2017”. Los planos constructivos presentados por el desarrollador con número de contrato OC-789974, “Bodegas Jiménez”, fueron aprobados por el Ministerio de Salud, hecho que se constata en el sitio describiendo “un galerón tipo nave industrial” de aproximadamente 570 metros cuadrados. A lo que se agrega que a la fecha se mantienen las obras constructivas por parte del desarrollador, por lo que para los efectos del Ministerio de Salud en el sitio no existe actividad industrial que genere acciones contaminantes, pues no existen procesos. No obstante, vuelve advertir que el desarrollador debe obtener el Permiso Sanitario de Funcionamiento cumpliendo con los formalismos y solemnidades de ley para ejercer la actividad conforme a derecho corresponde. El elemento diferenciador del presente recurso con el anterior lo constituye la alusión que en este se hace a la Dirección de Aguas del MINAE, pues se señala que, en atención a una denuncia, en inspección realizada en el sitio el 13 de noviembre de 2019, se verificó la existencia de un proyecto en plena etapa constructiva que se erguía sobre uno de los cuerpos de agua del dominio público dictaminados por esa Dirección. Se localizó que un cuerpo de agua se encontraba totalmente entubado y atravesaba la propiedad donde se estaba construyendo la planta, con dirección de sur-norte. Se constata que se respecto a esa situación se tomaron dos acciones: 1) Se puso en conocimiento de SETENA mediante oficio DA-0217-2020 de 5 de febrero de 2020. 2) Se presentó denuncia penal ante la Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica por oficio AL-0070-2020 del 10 de febrero de 2020, la que se conoce bajo el expediente judicial [Valor 003] y se encuentra en trámite. En lo que corresponde a la atención de esa gestión por parte de SETENA, se acreditó que mediante la resolución No. 0723-2021 del 12 de mayo del 2021, en la parte considerativa se concluye:
“Conforme a lo visto en el presente Considerando se tiene que el señor Jorge Durán Rodríguez, Desarrollador del proyecto “Planta de Reciclaje de Baterías”, expediente administrativo [Valor 002], ha presentado respuesta a lo solicitado mediante la Resolución Nº090-2021-SETENA. Donde ha presentado información donde se compromete a mantener el retiro de la zona de protección de la quebrada declarada por la DA, ha expresado su compromiso por cumplir las medidas ambientales en apego a la legislación ambiental vigente y a su vez queda anuente a lo que resuelva el Ministerio Público en torno a la zona de protección de la quebrada. Por consiguiente, se tiene por cumplido con la información solicitada por esta Secretaría, por lo que se puede proceder al levantamiento de la medida cautelar de paralización de obras. Por tanto, se acuerda: “PRIMERO: Con base en la parte considerativa de la presente resolución se procede a ordenar el levantamiento de la Medida Cautelar de Paralización de obras, ordenada en la Resolución N°0537-2020-SETENA, esto al haber cumplido con lo solicitado por esta Secretaría en los POR TANTOS PRIMERO Y SEGUNDO de la Resolución Nº090-2021-SETENA. SEGUNDO: Notificar al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Pococí de los hechos evidenciados, para que se proceda según corresponda con sus competencias. TERCERO: Notificar a la Dirección de Aguas-MINAE, de lo resuelto por esta Secretaría, instando a mantener un canal de comunicación directo entre ambas dependencias e informar a la SETENA de cualquier cambio para el área del proyecto de referencia. CUARTO: Notificar al Área de Conservación Tortuguero (AcTo) del SINAC, de lo resuelto por esta Secretaría, instando a mantener un canal de comunicación directo entre ambas dependencias e informar a la SETENA de cualquier cambio para el área del proyecto de referencia. QUINTO: Advertir al Responsable Ambiental que en el Artículo 79 del Decreto Ejecutivo No 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), del 28 de junio del 2004, se establece que: “(…) El responsable ambiental deberá emitir las recomendaciones ambientales necesarias, conforme las situaciones diversas que se vayan presentando en cualquiera de las etapas de la ejecución de la actividad, obra o proyecto.” SEXTO: Prevenir al “Desarrollador” y al “Regente Ambiental” cumplir con lo establecido en los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal N° 7575 y además proceder según se establece en el Decreto Ejecutivo Nº 41815 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 25 de junio del 2019, según corresponda. SÉTIMO: Información falsa o incumplimiento de este mandato expondrá al “Desarrollador del Proyecto” y al “Regente Ambiental del Proyecto” a un proceso de investigación técnica y legal”.
 
 En atención a ese cuadro fáctico, al igual que el anterior recurso de amparo, se estima que en este asunto no se han infringido derechos fundamentales en perjuicio de los amparados, pues quedó demostrado que las autoridades accionadas han actuado dentro del marco de sus competencias y atribuciones. Entre tanto, en lo que corresponde a lo denunciado por la Dirección de Aguas, se colige que SETENA ya tomó la decisión que consideró procedente. Tanto así que el desarrollador del proyecto se comprometió a mantener el retiro de la zona de protección de la quebrada declarada por la Dirección de Agua y cuya fiscalización está pendiente por parte de esa Secretaría. En cuanto a la causa penal, como se indicó, la misma está en trámite ante el Ministerio Público. Finalmente, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Salud, no es posible determinar alguna actividad contaminante, pues el proyecto se encuentra en la etapa constructiva. Por consiguiente, se estima que no es de recibo el reclamo presentado por el recurrente.
V.- Conclusión. En razón de lo previamente señalado, procede desestimar el amparo en estudio en todos sus extremos, como así se dispone.
VI.- RAZONES DIFERENTES DE LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO Y LARA GAMBOA. Los Magistrados Salazar Alvarado y Lara Gamboa declaran sin lugar el recurso con base en las siguientes consideraciones, en cuya redacción acompañó el primero, en su momento, al Magistrado Jinesta Lobo.  
1.- DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO Y SU DESARROLLO INFRA CONSTITUCIONAL A TRAVÉS DE UN VASTO ENTRAMADO NORMATIVO. El artículo 50, de la Constitución Política de 1949, en el año de 1994 (Ley N° 7412 de 3 de junio de 1994), sufrió una reforma parcial para introducir en el párrafo 2°, como un derecho fundamental expreso y claramente tipificado el que tiene “Toda persona ” de gozar “a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado ”. Este derecho fundamental, antes de la reforma constitucional de 1994, fue ampliamente desarrollado por una jurisprudencia progresista y tuitiva de este Tribunal Constitucional, todo con fundamento en la normativa existente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo que propició y estableció las condiciones para la reforma parcial del artículo 50, de la Constitución Política. Después de la reforma parcial a ese numeral, se ha venido desarrollando un denso, amplio y prolijo marco normativo infra constitucional para la protección efectiva del goce y ejercicio del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, habida cuenta que el párrafo 3° dispuso que “El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho”; imperativos y obligaciones constitucionales que han llevado al Estado costarricense a establecer un vasto y extenso entramado normativo infra constitucional que se traduce en diversas leyes, reglamentos y decretos ejecutivos, los que se encargan de cuestiones sustantivas y formales para la garantía, tutela y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Adicionalmente, ese ordenamiento jurídico sub constitucional, ha establecido una organización administrativa extensa y compleja para actuar los imperativos y obligaciones constitucionales contenidas en el párrafo 3°, del artículo 50 Constitucional. Dentro de este bloque o parámetro de legalidad, creado para desarrollar este artículo, destaca la Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554 de 4 de octubre de 1995, la que, entre otros extremos, desarrolla y regula temas de primer orden como la participación ciudadana en materia ambiental (Capítulo II), la evaluación del impacto ambiental (Capítulo IV), la protección y mejoramiento del ambiente en asentamientos humanos (Capítulo V), el ordenamiento territorial y la protección del ambiente (Capítulo VI), las áreas silvestres protegidas (Capítulo VII), los recursos marinos, costeros y humedales (Capítulo VIII), la diversidad biológica (Capítulo IX), los recursos naturales como el aire, agua y suelo (Capítulos XI, XII, XIII), así como los forestales y energéticos (Capítulos X y XIV), la contaminación (artículo XV), la organización administrativa ambiental (XVII) y la creación de un Tribunal Ambiental Administrativo para la tutela, defensa y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado  (Capítulo XXI). También destacan, en ese denso y vasto entramado legislativo, la Ley Forestal, N° 7575 de 5 de febrero de 1996 y sus reformas, la Ley de Protección Fitosanitaria, N° 7664 de 8 de abril de 1997, la Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas, N° 7744 de 19 de diciembre de 1997, la Ley de Biodiversidad, N° 7788 de 30 de abril de 1998, la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, N° 7779 de 30 de abril de 1998; y, más recientemente, la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N° 8839 de 24 de junio de 2010, entre otras. De otra parte, incluso, antes de reformarse parcialmente el artículo 50, de la Constitución Política, ya existían leyes sectoriales de protección y defensa de ciertos aspectos del medio ambiente, tales como la Ley de Aguas, N° 276 de 27 de agosto de 1942 y sus reformas, la Ley General de Salud, N° 5395 de 30 de octubre de 1973 y sus reformas, la Ley de Salud Animal, N° 6243 de 2 de mayo de 1978, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, N° 7317 de 21 de octubre de 1992 y sus reformas, la Ley de Hidrocarburos, N° 7399 de 3 de mayo de 1994 y la Ley del Uso Racional de la Energía, N° 7447 de 3 de noviembre de 1994. El marco normativo, en el plano infra legal, es aún más nutrido con diversos reglamentos ejecutivos de esas leyes y decretos que regulan la protección, conservación y defensa del medio ambiente. En este nivel jerárquico de protección, a modo de ejemplo, destaca el  Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, que es el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que regula, prolijamente, todas las aristas de los procedimientos de Evaluación del Impacto ambiental de actividades, obras y proyectos, según categorías predefinidas,  para prevenir cualquier daño o lesión al ambiente, su revisión y la viabilidad ambiental, su control y seguimiento posterior, denuncias, mecanismos de participación, el responsable ambiental, las garantías de cumplimiento y de funcionamiento y un régimen sancionador. También descuella el Decreto Ejecutivo N° 34136 de 20 de junio de 2007, que es el Reglamento de procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo encargado de conocer y resolver las denuncias por amenaza de infracción o violación efectiva a la legislación tutelar del ambiente y de los recursos naturales y para establecer las indemnizaciones por daños o lesiones a estos.
2.- NECESIDAD DE DESLINDAR EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE LEGALIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. El denso marco normativo o ordenamiento jurídico infra constitucional que desarrolla y fortalece el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, contemplado en el artículo 50, de la Constitución Política, y que procura su garantía, tutela y preservación, obliga a este Tribunal Constitucional a tener que deslindar, en la materia, la órbita del control de constitucionalidad de la esfera del control de legalidad. Tratándose de los mecanismos o de las cuestiones de constitucionalidad, tal y como se denomina el Título IV de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, concepto que comprende a la acción de inconstitucionalidad y la consulta de constitucionalidad -legislativas y judiciales-, la delimitación entre el control de constitucionalidad y de legalidad es clara e inequívoca, por cuanto, sin duda alguna, le compete a este Tribunal Constitucional conocer y resolver tales materias de manera exclusiva y excluyente (artículos 10, de la Constitución Política; 1°, 2°, inciso b), 73 a 108, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) así, por ejemplo, cuando se aduce que una norma legal o reglamentaria es inconstitucional por quebrantar el artículo 50, sea el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, los valores y principios subyacentes en este. El problema real en la delimitación de sendas esferas de control, surge  respecto del recurso o proceso de amparo, por varias razones evidentes que son las siguientes: a) El carácter transversal del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que penetra todas las capas o estratos del ordenamiento jurídico; b) la textura abierta de la normas constitucionales con lo que cualquier agravio puede parecer que tiene naturaleza constitucional y c) la tendencia de utilizar el proceso de amparo como una vía sustitutiva de la jurisdicción ordinaria. Empero, pueden establecerse algunos criterios, con fundamento en el artículo 7°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que permiten delimitar el proceso de amparo de otros procesos jurisdiccionales ordinarios. Así, cuando respecto de una actividad, obra o proyecto haya intervenido un poder público -ente u órgano administrativo- efectuando estudios, evaluaciones, informes o valoraciones de cualquier naturaleza, por aplicación del denso y vasto ordenamiento jurídico infra constitucional, es claro que la cuestión debe ser residenciada ante la jurisdicción ordinaria y no la constitucional. Lo mismo sucede cuando un poder público ha omitido cumplir con las obligaciones que le impone, en materia de protección del ambiente y de los recursos naturales, el ordenamiento jurídico infra constitucional sea de naturaleza legal o reglamentario. Bajo esta inteligencia, este Tribunal Constitucional debe conocer y resolver un asunto en el proceso de amparo, únicamente, cuando ningún poder público haya intervenido ejerciendo sus competencias de fiscalización o de autorización y se esté desarrollando una conducta, potencial o actualmente, lesiva del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, adicionalmente, debe tratarse de una violación de ese derecho evidente y manifiesta o fácilmente constatable -sin mayor producción o evacuación de prueba- y, además, debe revestir gran relevancia o trascendencia y ser grave. Si un poder público ha incumplido las obligaciones y deberes que desarrolla el ordenamiento jurídico infra constitucional, el tema tampoco debe ser conocido por la jurisdicción constitucional, por cuanto, además de los mecanismos de denuncia previstos en sede administrativa, la jurisdicción ordinaria, en especial la contencioso-administrativa, tiene competencia suficiente para fiscalizar las omisiones materiales o formales de los entes públicos. Desde el momento en que un poder público ha intervenido ejerciendo sus competencias legales y reglamentarias, sustanciando un procedimiento –serie concatenada de actuaciones administrativas-  y dictando actos administrativos, el asunto estará fuera de la órbita del control de constitucionalidad, lo mismo si incumple u omite sus obligaciones legales y reglamentarias. El recurso de amparo es, esencialmente, un proceso sumario y regido por la simplicidad o, en los términos del artículo 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un recurso que debe ser sencillo y rápido. Consecuentemente, cuando es menester revisar diversas actuaciones administrativas –procedimientos y actos formales que se traducen y materializan en un expediente administrativo- el asunto deja de ser materia del amparo, por cuanto, debe acudirse a un proceso de cognición plenaria, sea un proceso de conocimiento pleno que solo es posible sustanciarlo ante la jurisdicción ordinaria. El amparo no está diseñado para contrastar o revisar criterios técnicos o jurídicos vertidos a la luz del ordenamiento jurídico infra constitucional o para evacuar nuevos elementos de convicción para contrastar los que obran en un expediente administrativo que ha sido tramitado durante lapsos prolongados y reposadamente. El proceso de amparo, en definitiva, no puede ser convertido en un proceso ordinario de cognición plena (“ordinariarlo”), por cuanto, se desnaturaliza y pervierte en sus fines y propósitos, de ahí que, cuando un poder público ha intervenido efectuando estudios, avalando u homologando experticias presentadas por las partes interesadas, rendido informes, emitiendo resoluciones administrativas, permisos, licencias o cualquier otro acto administrativo formal o, en general, sustanciando uno o varios procedimientos administrativos, el proceso de amparo no es la vía para fiscalizar tales actuaciones sino el proceso contencioso-administrativo. La intervención administrativa que se logre verificar o comprobar, es determinante para estimar que el asunto se ubica en el plano o nivel, de por sí abstracto y abierto, de la constitucionalidad o en el más denso de la legalidad. Tampoco, este Tribunal Constitucional debe entrar a conocer y resolver el incumplimiento de las obligaciones que impone el marco normativo legal o reglamentario, puesto que, para tal efecto, existen poderosos y eficientes instrumentos en sede administrativa (régimen sancionador, quejas, el Tribunal Ambiental Administrativo) y, en último término, una jurisdicción contencioso-administrativa cuya función es controlar la legalidad de la función administrativa (artículo 49 constitucional), dentro de la que figuran las omisiones legales o reglamentarias, materiales o formales, jurisdicción ordinaria que ahora, con la nueva legislación adjetiva, es más flexible, expedita, célere, plenaria y universal. 
 3.- COROLARIO . Por lo expuesto, el presente recurso de amparo debió haber sido rechazado de plano ad limine litis por entrañar una cuestión propia del control de legalidad; sin embargo, no habiendo sido así, pues se le dio curso, se debe declarar sin lugar, sin que se pronuncien en cuanto al mérito del asunto, por cuanto, le corresponde a la jurisdicción ordinaria, en particular, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas desplegadas (activas u omisivas) en el  sub-lite se ajustan o no, sustancialmente, al ordenamiento jurídico infra constitucional de protección, garantía y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
VII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial ", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
             Se declara sin lugar el recurso. Los Magistrados Salazar Alvarado y Lara Gamboa dan razones diferentes.-
 
 
 
 
 
 
 
	
Fernando Castillo V.
Presidente
	
 


Luis Fdo. Salazar A.
	
 
	
Jorge Araya G.


Anamari Garro V.
	
 
	
Ana María Picado B.


Jorge Isaac Solano A.
	
 
	
Fernando Enrique Lara G.
 
 
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*E47THWYNRWC061*
 E47THWYNRWC061
EXPEDIENTE N° 21-020462-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 17:09:29.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Constitutional Chamber**

**Resolution No. 04269 - 2022**

**Date of Resolution:** February 22, 2022, at 09:45

**Case File:** 21-020462-0007-CO

**Drafted by:** Anamari Garro Vargas

**Type of Matter:** Amparo appeal

**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER



Judgment with protected data, in accordance with current regulations


**Text of the resolution**

*210204620007CO*

Exp: 21-020462-0007-CO

Res. No. 2022004269


CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine forty-five hours on February twenty-second, two thousand twenty-two.

Amparo appeal filed by [...], against the MUNICIPALITY OF POCOCÍ, THE MINISTRY OF HEALTH AND THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY.

**Whereas:**

1.- By written submission received at the Secretariat of the Chamber at 08:32 hours on October 13, 2021, the appellant files an amparo appeal against the Municipality of Pococí, the Ministry of Health, and the Ministry of Environment and Energy (MINAE) and states that they are residents of Jiménez de Pococí, a place that has 10,501 inhabitants. He says that since 2019, they have been told that a company intended to install a battery plant in the area. However, he argues that the Municipality, in a first phase, halted the construction. But for this purpose, in that initial phase, on October 29, 2019, the residents of the area appeared before the municipal entity, along with an industrial chemist, in order to demonstrate that the lead contained in batteries can cause diseases such as learning deficiency, convulsions, vomiting, kidney failure, stress, skin lesions, anemia, hypertension, loss of vision and memory, intoxication of reproductive organs, depression, anxiety, hair loss, and even death. Added to this are the damages caused to the environment. Despite the foregoing, in the month of July 2021, they noticed that the works resumed and, after investigating, they saw that the construction of the battery factory would proceed, and the project would be called "Metal Recycling Industrial Plant." He understands that the permits were granted to recycle materials, not batteries. Details that battery recycling plants generate all kinds of environmental damage and a potential risk of contamination of water resources, soil, air, and even of the plant workers themselves. In addition to the above, the property where the building is being constructed borders the Jiménez River, and also, one kilometer from the site there are wells for human consumption. As a result, the residents went to the Municipality and realized that the land use was granted jointly with the Ministry of Health, since in that area there is no approved regulatory plan or zoning plan. He argues that on February 13, 2019, the Regional Directorate of Governance of the Huetar Caribe Health Region, by official letter HC-URS-0131-2019, did not grant the land use because it considered that the place where the battery plant was intended to be installed was not in an industrial zone. That rejection was reiterated by the Regional Directorate of Governance of the Huetar Caribe Health Region. He even says that SETENA rejected the environmental viability (viabilidad ambiental) and ordered the file to be archived. He accuses that, unfortunately, the Ministry of Health later changed its criteria and SETENA granted the environmental viability (viabilidad ambiental). But on November 14, 2019, the residents of the community of Pococí met to analyze the file of the Battery Recycling Plant Project, requesting the technical opinion of an industrial chemist, who issued a report in which the environmental implications that a project like the one in question could generate are evidenced. At that time, a minute was signed where they asked for the project to be stopped, before which, the Municipal Council, in session 83 of November 12, 2019, agreed to reject the installation of that plant in the entire canton of Pococí, and the matter was transferred to the Mayor's Office so that the procedures could be stopped. In parallel, on November 11, 2019, SINAC addressed a complaint filed through the SITADAS system 17858 – 2019, in which it was said that a construction was being carried out over a body of water that affected the protection zone. As part of the investigation, SINAC conducted 2 inspections at the site together with the Directorate of Water of MINAE. During that visit, they located 2 possible springs (nacientes) that supply a stream that is piped, determining by official letter ACTO-ORFVS-094-2019, that this was a public domain body of water with a permanent flow. Furthermore, by means of memorandum ACTO- DIR-CP-DEN-017-2020 of January 20, 2020, it was clearly established that in the area where the recycling plant is intended to be built, there is infrastructure over the piped stream and "SINAC also points out that it reviewed the SETENA file and that the presence of the body of water was not mentioned therein, it should be noted that the pertinent efforts were made by the Directorate of Water requesting its respective inquiries." Therefore, in ordinary session No. 025-2020 SETENA of March 25, 2020, the company developing the work was ordered to maintain compliance with environmental commitments, and a precautionary measure of immediate halting of the project was ordered. On June 22, 2020, the resident Wesley Orlando Araya Arias filed a complaint before the Administrative Environmental Tribunal, seeking protection of his rights and those of the residents of the area, as the plant would generate irreparable consequences for the environment and the health of the inhabitants. Unfortunately, the Administrative Environmental Tribunal rejected the filed complaint. Despite everything argued, the construction restarted, which keeps the residents of the area extremely worried. Based on what has been detailed, he believes that with the actions challenged, fundamental rights are being violated. He requests that the appeal be granted.

2.- By resolution at 10:28 hours on October 19, 2021, the Presidency of the Chamber processed this amparo and requested a report from the mayor and the president of the Council, both of the Municipality of Pococí, the regional director of Governance of the Huetar Caribe Health Region of the Ministry of Health; as well as the National Environmental Technical Secretary, the director of the Directorate of Water and the president of the Administrative Environmental Tribunal, all of MINAE, regarding the facts alleged by the appellant.

3.- José Miguel Zeledón Calderón reports under oath, in his capacity as Director of Water of MINAE (written submission presented at 19:04 hours on October 26, 2021), that as indicated in official letter DA-UHCAROG- 0736-2021, of October 25, 2021, signed by Eng. Gilberth Molina, Coordinator of the Caribbean Hydrological Unit of the Directorate of Water, the intervention of the Directorate in this case occurred with the handling of the complaint that was filed through the SITADA system, which was addressed jointly and in coordination with SINAC, offices of the Tortuguero Conservation Area (Área de Conservación Tortuguero). For this purpose, an inspection was carried out at the site on November 13, 2019. As a result of the inspection, official letter DA-UHCAROG-0754-2019 of November 15, 2019, was issued, “in which a total of 4 bodies of water are determined, 2 streams and two springs (nacientes), all public domain bodies of water.” The cited reports indicate that at the site, the existence of a project in full construction stage was verified, which had environmental viability (viabilidad ambiental) from SETENA granted through resolution No. 1923-2019-SETENA, for a project called: Battery Recycling Plant, which was erected over one of the public domain bodies of water determined by the Directorate of Water. For these effects, see official letter DA-UHCAROG-0753-2019. The wall that is observed belongs to the project that is being developed, which evidences the clear violation of the protection area of the stream, and even in the same report SETENA is informed that the main nave of the structure is built over the piped body of water. On the other hand, it was located that the body of water was completely piped and crossed the property where the plant was being built, in a south-north direction. A situation that was brought to the attention of SETENA through official letter DA-0217-2020 of February 5, 2020. Regarding the previous point, it is necessary to draw the Chamber's attention to the fact that, concerning the findings made by the officials of the Caribbean Hydrological Unit of the Directorate of Water, they were timely brought to the attention of SETENA, as, at the time of the inspections, the project was in the construction development stage. They understand that, once the control and monitoring process was opened through the Environmental Regent (Regente Ambiental) appointed before SETENA, in accordance with the approved and current environmental viability (viabilidad ambiental), it was up to that entity to verify if the company, through the environmental manager, reported it, in order to then consider whether it acted in a corrective manner or proceeded as legally appropriate. Hence, procedurally, it was considered necessary to inform SETENA, where the developer, through its Environmental Regent (Regente Ambiental), should have alerted about these anomalous conditions and they should have been adequately addressed by the developer. Having verified that the works being built corresponded to illegal works in public domain watercourses, as they did not have permits issued by this Directorate, a criminal complaint was filed with the Prosecutor's Office of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone through official letter AL-0070-2020 of February 10, 2020. This complaint is being processed under judicial case file [Valor 003], which is in progress before the Judicial Seat of Pococí. After the complaint that was filed in SITADA, cited above, a new complaint was filed, which was presented by the project owner, who indicates that the entire community of Jiménez is built over the piped stream, a complaint that corresponds to ID- 23380-2020, which is addressed by the Caribbean Hydrological Unit of the Directorate of Water and, according to the field verification, an extension to the criminal complaint cited supra is made, through official letter UHCAROG-0676-2021 of October 1, 2021. It is important to be clear that, effectively, the problem that exists at the site is the piping of the stream and the existence of some constructions on it. A situation that, as is proven, was reported at the time, through criminal proceedings, extending the one already filed in court. As is evidenced, the Directorate of Water has acted according to its powers, reporting the illegal works found on site and communicating it to the corresponding entities, in charge of both the construction permits and the environmental aspect of the project and the judicial route. It requests that the appeal be dismissed.

4.- Alexandra González Arguedas reports under oath, in her capacity as Secretary of the Administrative Environmental Tribunal of MINAE (written submission presented at 15:01 hours on October 27, 2021), that on June 22, 2020, the Administrative Environmental Tribunal received a written submission from Mr. Wesley Orlando Araya Arias, by which he formally filed an environmental complaint against the company named IMIM RECYCLING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, legal ID 3-102-734701, in which the petition states: "1. That the present complaint be granted. 2. That the administrative acts issued by SETENA through which the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) for the metal plant was carried out, when in reality it is a battery plant, be annulled, since there is a high environmental impact and not a medium one as has been mistakenly considered. 3. In virtue of the foregoing, it is respectfully requested that SETENA be ordered to carry out the environmental impact studies to determine the origin or not of the environmental viability (viabilidad ambiental), in accordance with the regulations, which implies then that the studies must be carried out for the Battery Recycling Plant Project. 4. That the corresponding sanctions be imposed according to our regulatory framework." On June 18, 2020, a written submission was received from Mr. Reinaldo Francisco Arguedas Solano, in his capacity as President of the Integral Development Association of Jiménez de Pococí-Limón, by which he formally files an environmental complaint against the companies named ASTEROIDES DE ORO EN EL CIELO MEDITERRANEO S.A., legal ID 3-101-598138 and IMIM RECYCLING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, legal ID 3-102-734701, requesting the following: "1. That the effects of the acts issued that have authorized the start of construction of the cited recycling plant be suspended. 2. That the preparation of an environmental impact study be ordered to determine that said project does not cause damage to health and damage to the environment. 3. That it be determined whether, to date, with the actions of those denounced here, damage has been caused to the protection zone of the body of water that runs through the property and that was piped by those denounced here to carry out the constructions. 4. That the request for a precautionary measure be accepted. 5. That the sanctions that correspond according to our regulatory framework be imposed." By resolution No. 2781-2020-TAA at 15:00 hours on October 9, 2020, it is agreed as follows: "For the reasons stated above, this Tribunal resolves to REJECT AS INADMISSIBLE the complaint filed by Mr. Wesley Orlando Araya Arias, identity card number 3-0448-0563 against IMIM RECYCLING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, legal ID 3-102-734701, and the complaint filed by Mr. Reinaldo Francisco Arguedas Solano, identity card number 2-0526-0495 in his capacity as General Agent of the ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE JIMENEZ DE POCOCI LIMON against the companies named ASTEROIDES DE ORO EN EL CIELO MEDITERRANEO S.A., legal ID 3-101-598138, as the registered owner and lessor of the property of the Limón registry, Real Folio No. 59899-000, Cadastral Plan L-1581937-2012, represented by its general agent without limit of sum Mr. [Name 001], holder of identity card No. [Value 001], and against IMIM RECYCLING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, legal ID 3-102-734701, in its capacity as lessee of the aforementioned property and represented by Mr. Jorge Durán Rodríguez, identity card No. 1-1050-0127." Resolution No. 2781-2020-TAA of fifteen hours on October 9, 2020, was notified to the complainants at the means indicated for receiving notifications on November 17, 2020, as recorded in the notification minutes visible on folios 367 and 368 of the administrative file, and with no appeal having been filed, resolution No. 3309-2020-TAA of ten hours and ten minutes on December 10, 2020, was issued, whereby the complaint was definitively archived and the parties were notified on December 23, 2020, as recorded in the notification certificates visible on folios 374 and 375 of the administrative file. It requests that the appeal be dismissed.

5.- Manuel Hernández Rivera and Juan Luis Gómez Gómez, respectively, report under oath in their capacity as Mayor and President of the Council, both of the Municipality of Pococí (written submission presented at 15:22 hours on October 28, 2021), that since 2019, the Department of Urban Planning and Construction Control indicated to the company Asteroides de Oro en el Cielo Mediterráneo S.A., when it requested the Land Use Certificate (Certificado de Uso de Suelo), that to make the front and rear setbacks, it must request alignment before the MOPT and the INVU, in addition to the six meters towards all property boundaries of the construction. As an observation, it was indicated: "It must comply with the standards of the Federated College of Engineers. This Land Use is delivered as conditional because the area where the project is intended to be located is OUTSIDE THE REGULATORY PLAN, therefore, it will be up to the Ministry of Health, in the absence of a zoning plan, to resolve whether the site where it is to be located is appropriate or permitted according to the provisions of article 18 of the Regulations on Industrial Hygiene No. 44492. It must have the environmental viability (viabilidad ambiental) approved by SETENA." The Municipal Topography Department pointed out that on July 20, 2019, the cadastral plan they cite was approved, as it complied with the legal requirements, but that is all. The Department of Environmental Management reports that, as the appellants point out, the company has the SETENA permits and that the suitability or not of the site where the Metal Recycling Industrial Plant was located is up to the Ministry of Health to grant, not this municipality. Account must be taken of what was resolved in judgment No. 2019-020625, of 09:30 hours on October 29, 2019, in case file No. 19-012364-0007-CO, where this same case was resolved. That local government has no legal or technical justification to deny the referred commercial or industrial activity in that area, since the company developing this project has been complying with the block of legality that regulates this matter. They request that the appeal be dismissed.

6.- Ulises Álvarez Acosta reports under oath, in his capacity as Secretary General of SETENA (written submission presented at 14:49 hours on November 10, 2021), that, according to the analysis of this amparo appeal, this Secretariat does not identify allegations against its actions or against the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) process for the reference case, which corresponds to administrative file [Valor 002], for the project called “Metal Recycling Industrial Plant,” except that on some occasions SETENA is mentioned as part of the narrative. In accordance with the foregoing and in relation to the powers of each Institution, this Secretariat has complied with the environmental evaluation processes before granting the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental), which does not constitute a final permit, because, to carry out the project, the developer must resort to other types of permits, such as Municipal or Ministry of Health permits, to mention two of them; what SETENA evaluates is the projection of an activity, work, or project, in relation to the impact it may generate on the environment. Similarly, it is part of this Secretariat's powers to supervise during the development of the activity, work, or project in the interest of environmental protection. On June 20, 2019, through resolution No. 1923-2019-SETENA, it granted the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) to the project “Metal Recycling Industrial Plant,” in the name of the company IMIM RECYCLING S.R.L, with legal ID 3-101-015635-23, represented by Mr. Jorge Durán Rodríguez, with identity card 1-1050-0127. Through consecutive 836-2020 of February 5, 2020, and transferred to the Department of Environmental Auditing and Monitoring on February 26, 2020, official letter DA-0217-2020 issued by the Directorate of Water of MINAE was received, forwarding report UHCAROG-0753-2019, which refers to a potential contamination of a body of water by the battery recycling project and that it is apparently in the environmental management stage of the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) License according to Resolution No. 1923-2019-SETENA. Through consecutive 1186-2020 of February 18, 2020, and transferred to the Department of Auditing and Monitoring on February 19, 2020, official letter DA-UHCAROG-0114-2020 issued by the Directorate of Water of MINAE was received, which refers to an extension of official letter DA-0217-2020. Visible on folios 431 to 437. In addition to the above, it indicates the following: "the Caribbean Hydrogeological Unit of the Directorate of Water and the Tortuguero Conservation Area (AcTo) of SINAC have formally filed a complaint with the attached environmental prosecutor's office of the second judicial circuit of the Atlantic zone." Through consecutive email-16-2020, of February 20, 2020, official letter ACTO-DIR-CP-DEN-017-2020 issued by the Tortuguero Conservation Area (AcTo) of SINAC was received by the Department of Auditing and Monitoring, referring to the filing of a complaint against the project “Battery Recycling Plant,” visible on folios 438 to 474. In addition to the above, the statement of facts in point FOURTH indicates the following: "FOURTH: Regarding the constructions on the property: There is indeed infrastructure which is under construction, on top of the stream, as well as a dwelling house that could be within the perimeter of the protection area, this could not be measured since the stream is piped and what could be its channel cannot be visualized." Eng. Alejandro González Barquero, an official of the Inspections Unit of this Secretariat, carried out a monitoring inspection of the project area on February 27, 2020, to provide environmental monitoring for the project in view of the facts evidenced by SINAC and the Directorate of Water in their respective reports. According to the Inspection Report (folio 475-478), the following conditions are verified: 1. The structure is located over the piping of a body of water. 2. It does not comply with solid waste management on the property; waste and scrap are observed around the PA. 3. The project has not finished its construction phase, it has a roof but no walls, it is between 50% and 70% progress of the construction stage. 4. It is not operating. 5. It was observed that the industrial building is located over piping to the north, there is a water passage with a pipe to allow passage to the north of the property. On March 26, 2020, the Plenary Commission issued resolution No. 0537-2020-SETENA to formalize the agreement taken in Ordinary Session No. 025-2020 of March 25, 2020, in article 18 (folios 486-492 of Volume II) regarding monitoring and in part established: "FIRST: Order Mr. Jorge Durán Rodríguez, with physical ID 1-1050-0127, as Legal Representative of the company IMIM Recycling S.R.L., with legal ID 3-102-734701, Developer of the project 'Battery Recycling Plant,' administrative file [Valor 002]. 1. Maintain compliance with Environmental Commitments. 2. A precautionary measure of immediate halting of the project is ordered, based on what is indicated in CONSIDERANDOS NINTH AND TENTH, until this Secretariat continues the analysis and determines what legally corresponds for the reference project. SECOND: Notify the Municipality of Pococí of the evidenced facts so that it proceeds as appropriate within its powers. THIRD: Notify the Directorate of Water-MINAE, of what was resolved by this Secretariat, urging to maintain a direct communication channel between both dependencies and to inform SETENA of any change for the area of the reference project. FOURTH: Notify the Tortuguero Conservation Area (AcTo) of SINAC, of what was resolved by this Secretariat, urging to maintain a direct communication channel between both dependencies and to inform SETENA of any change for the area of the reference project.” On April 3, 2020, Mr. Jorge Durán Rodríguez, as manager of IMIM Recycling Sociedad de Responsabilidad Limitada, filed the Motion for Reversal with Subsidiary Appeal against Resolution No. 0537-2020-SETENA. Through Resolution No. 1105-2020-SETENA, of June 18, 2020, and notified on June 19, 2020, in its FIRST THEREFORE it is resolved to DECLARE THE MOTION FOR REVERSAL WITHOUT MERIT. Through Resolution R-192-2020-MINAE of August 10, 2020, and notified on August 11, 2020, in its FIRST THEREFORE it is resolved to declare the appeal without merit, folio 582. Mr. Jorge Durán Rodríguez, with physical ID 1-1050-0127, as Legal Representative of the company IMIM Recycling S.R.L., with legal ID 3-102-734701, Developer of the project “Battery Recycling Plant,” administrative file [Valor 002], has filed before this Secretariat a request for the lifting of precautionary measures, according to the following consecutives: "C10082-2020, of November 16, 2020. The following documents are attached: 1- Document addressed to the Plenary Commission with the request for lifting of precautionary measures. 2- Document sent to the Directorate of Water and to SINAC. 3- Official letter from the Directorate of Water. 4- Official letter from SINAC. (The files provided are simple copies) - C10211-2020, of November 16, 2020 (on November 25, 2020, physical and certified documentation is provided). The following documents are attached: 1- Document addressed to the Plenary Commission with the request for lifting of precautionary measures. 2- Document sent to the Directorate of Water and to SINAC. 3- Official letter from the Directorate of Water. 4- Official letter from SINAC. Through resolution No. 090-2021 of January 14, 2021, it is agreed: "FIRST: Order Mr. Jorge Durán Rodríguez, with physical ID 1-1050-0127, as Legal Representative of the company IMIM Recycling S.R.L., with legal ID 3-102-734701, Developer of the project, and the Environmental Regent (Regente Ambiental), Mr. Rodrigo Mora Goyenaga, identity card 105000312, to immediately correct the non-compliances evidenced by this Secretariat in CONSIDERANDO FIFTH of this resolution and to present, within a period of 30 business days, an extraordinary regency report detailing the actions taken. Likewise, he must comply with the presentation of the Environmental Regency Reports, as ordered in Resolution No. 1923-2019-SETENA of June 20, 2019. SECOND: Order Mr. Jorge Durán Rodríguez, with physical ID 1-1050-0127, as Legal Representative of the company IMIM Recycling S.R.L., with legal ID 3-102-734701, Developer of the project; to present, within a period of 30 business days, the information requested by this Secretariat in the tenth CONSIDERANDO above. THIRD: The lifting of the Precautionary Measure of halting works, ordered in Resolution No. 0537-2020-SETENA, must be requested once compliance is achieved with what was requested by this Secretariat in the FIRST AND SECOND THEREFORES above. FOURTH: Notify the Municipality of Pococí of the evidenced facts so that it proceeds as appropriate within its powers. FIFTH: Notify the Directorate of Water-MINAE, of what was resolved by this Secretariat, urging to maintain a direct communication channel between both dependencies and to inform SETENA of any change for the area of the reference project. SIXTH: Notify the Tortuguero Conservation Area (AcTo) of SINAC, of what was resolved by this Secretariat, urging to maintain a direct communication channel between both dependencies and to inform SETENA of any change for the area of the reference project.” Through consecutive 1986-2021, Mr. Jorge Durán Rodríguez, with physical ID 1-1050-0127, as Legal Representative of the company IMIM Recycling S.R.L., with legal ID 3-102-734701, Developer of the project “Battery Recycling Plant,” administrative file [Valor 002], has presented a response to what was requested by this Secretariat through Resolution No. 0090-2021-SETENA. A series of measures to which the Developer undertakes to comply are detailed with the objective of safeguarding the protection zone of the watercourse declared by the DA. New Measures to be Implemented: - Maintain the setback of 15 linear meters, on each side of the piped stream, required by Law with respect to the margins of the body of water. - Proceed with the removal of all machinery, manual equipment, construction material, aggregates, and others, from the area corresponding to the protection zone. - Promote the natural regeneration of vegetation in the protection zone by planting native trees of the area, which also add natural beauty to the project. Initially, it will be done outside the roofed area, that is, on both sides of the structure already built, while the court's pronouncement is known. - Monthly monitoring by the environmental regent, of the strict compliance with all of the above and its respective documentation in the Environmental Logbook and photographic record that will be reported through the Environmental Regency Reports. Dispense with the use of the roofed area and relocate the pending activities to other areas without use restrictions.” Through Official Letter DT-ASA-0443-2021, of March 22, 2021, additional information was requested to resolve the request entered through consecutive 1986-2021, for which a period of 15 business days was granted, expiring on April 23, 2021. Through consecutive 1986-2021, Mr. Jorge Durán Rodríguez, Developer of the project “Battery Recycling Plant,” administrative file [Valor 002], has presented a response to what was requested through Official Letter DT-ASA-0443-2021 as a complement to what was ordered by this Secretariat through Resolution No. 0090-2021-SETENA.

Based on what you requested in the document in question, we will refer point by point to its fulfillment. 1.- Physical delimitation of the protection zone of the stream declared by the Water Directorate (Dirección de Aguas): The requested document is attached. 2.- Photographic record indicating in the protection zone the absence of any type of scrap, machinery, or debris in its exclusion zone. As well as the Protection Area (Área de Protección, AP) duly delimited by beacons. What is required is provided. 3.- Delimit the AP seen in the sketch of Response Consecutive 1986-2021 in CRTM05 format. The respective technical study prepared by a Topographical Engineer and the digital file are provided. 4.- Indicate compliance indicators for the planting of native trees of the area in the AP. Reforestation will be carried out later, once the respective authorities pronounce on the matter. Currently, nothing can be planted or sowed in that area, since the AP is covered by a concrete slab. The commitment in question is maintained according to the official instructions issued later.” By resolution No. 0723-2021 of May 12, 2021, follow-up is given to resolution R-090-2021. The recitals (parte considerativa) conclude: Pursuant to what has been seen in this Recital (Considerando), it is found that Mr. Jorge Durán Rodríguez, Developer of the project “Battery Recycling Plant” (Planta de Reciclaje de Baterías), administrative file [Valor 002], has submitted a response to what was requested through Resolution No. 090-2021-SETENA. He has submitted information where he commits to maintaining the setback from the protection zone of the stream declared by the DA, has expressed his commitment to complying with environmental measures in accordance with current environmental legislation and, in turn, remains subject to whatever the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) resolves regarding the protection zone of the stream. Consequently, the information requested by this Secretariat is deemed complied with, and therefore, the lifting of the precautionary measure of work stoppage can proceed. Therefore, it is agreed: “FIRST: Based on the recitals of this resolution, the lifting of the Precautionary Measure of Work Stoppage, ordered in Resolution No. 0537-2020-SETENA, is ordered, this having complied with what was requested by this Secretariat in the THEREFORES FIRST AND SECOND of Resolution No. 090-2021-SETENA. SECOND: Notify the Ministry of Health (Ministerio de Salud) and the Municipality of Pococí of the facts evidenced, so that they may proceed as corresponds according to their competencies. THIRD: Notify the Water Directorate-MINAE (Dirección de Aguas-MINAE) of what was resolved by this Secretariat, urging them to maintain a direct communication channel between both agencies and to inform SETENA of any change for the area of the reference project. FOURTH: Notify the Tortuguero Conservation Area (Área de Conservación Tortuguero, AcTo) of SINAC of what was resolved by this Secretariat, urging them to maintain a direct communication channel between both agencies and to inform SETENA of any change for the area of the reference project. FIFTH: Warn the Environmental Manager (Responsable Ambiental) that Article 79 of Executive Decree No. 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, General Regulation on Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental, EIA) Procedures, of June 28, 2004, establishes that: “The environmental manager must issue the necessary environmental recommendations, according to the diverse situations that arise in any of the stages of the execution of the activity, work, or project.” SIXTH: Prevent the “Developer” and the “Environmental Regent” from complying with the provisions of articles 33 and 34 of the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575 and also proceed as established in Executive Decree No. 41815 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of June 25, 2019, as applicable. SEVENTH: False information or non-compliance with this mandate will expose the “Project Developer” and the “Project Environmental Regent” to a technical and legal investigation process.” During the environmental assessment, all aspects related to chemical engineering were duly considered, as the flow diagram, process description, identification of impacts and environmental measures for all aspects related to pollution such as gaseous effluents, special solid waste, were considered, with the endorsement of the CIQPA, with the participation of a chemical engineering professional also being necessary in the project's oversight (regencia). Therefore, this Secretariat has acted in accordance with current legislation and has provided the respective environmental follow-up to the project Industrial Metal Recycling Plant (Planta Industrial Recicladora de Metales), file [Valor 002], in accordance with its competencies. Furthermore, the developer has indicated his commitment to comply with environmental measures in accordance with current environmental legislation. It requests the appeal be declared without merit.\n7.- Under oath, Alexander Salas López, in his capacity as Regional Director of the Huetar Caribe Health Rectorate Regional Directorate (Dirección Regional de Rectoría de la Salud Huetar Caribe) of the Ministry of Health, reports (filing submitted at 8:33 p.m. on November 15, 2021) that the industrial activity for the purposes of his represented entity is called "Battery Depot" (Depósito de baterías), located in the Jiménez district, Pococí canton. Its actions are limited to determining the validation of the municipal land use (uso de suelo) to carry out the activity, granted through the municipal resolution "Land Use Certificate DPCC-0234-2017" (Certificado de Uso de suelo DPCC-0234-2017). In addition to the above, in follow-up to the case, the construction plans were submitted by the developer before the APC, with contract number OC-789974, "Bodegas Jiménez," being duly approved by that Ministry, a fact verified on-site describing "an industrial building-type shed" (un galerón tipo nave industrial), of approximately 570 square meters. (See technical report MS-DRRSHCURS-IT-0024-2020). On-site, other ancillary construction works to the industrial building are evidenced, corresponding to contract number OC-906201, "Pedestals for Machines, Plant Layout Distribution Classification" (Pedestales para Máquinas, clasificación Distribuciones de Planta), whose construction permits were validated and signed by the Municipality of Pococí, without the need for them to be submitted to the APC platform. (See Follow-up report MS-DRRSHC-URS-0052-2021). This project has Environmental Viability (Viabilidad Ambiental), issued by SETENA, under resolution No. 723-2021 SETENA; "Industrial Metal Recycling Plant Project" (Proyecto Planta Industrial Recicladora de Metales). To date, the construction works by the developer are ongoing, so for the purposes of the Ministry of Health, there is no industrial activity at the site in dispute generating polluting actions, as there are no processes. From what is stated in the regulations, the developer must necessarily obtain the Sanitary Operating Permit (Permiso Sanitario de Funcionamiento), complying with the formalities and solemnities of law, to carry out the activity according to law; a case which is not the one at hand at this moment, as there is no commercial activity. It requests the appeal be declared without merit.\n8.- By filing submitted at 8:56 a.m. on November 24, 2021, Judge Paul Rueda Leal filed a request for recusal (inhibitoria) to hear this matter.\n9.- By resolution of 1:19 p.m. on November 26, 2021, the Presidency of the Chamber ordered that Judge Paul Rueda Leal be separated from hearing this amparo. Furthermore, that the pertinent communication be made to the Presidency of the Supreme Court of Justice, so that his substitution may proceed, in accordance with Article 6 of the Law of the Constitutional Jurisdiction.\n10.- By filing submitted at 8:42 a.m. on December 3, 2021, the Presidency of the Supreme Court of Justice reported that Judge José Paulino Hernández Gutiérrez was appointed to substitute Judge Paul Rueda Leal.\n11.- By filing submitted at 1:55 p.m. on January 5, 2022, the Presidency of the Supreme Court of Justice reported that because the constitutional term of appointment as substitute judge for José Paulino Hernández Gutiérrez concluded, Fernando Enrique Lara Gamboa was appointed to substitute Judge Paul Rueda Leal.\n12.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\n  Drafted by Judge Garro Vargas; and,\n\n Recitals (Considerando):\nI.- Purpose of the appeal (recurso). The appellant alleges that the construction of the project called "Metal recycling plant" (Planta recicladora de metales) in Jiménez de Pococí, promoted by the company IMIM Recycling Sociedad de Responsabilidad Limitada, is a battery recycling plant where lead is handled without considering the adverse effects on human health and the environment, since, among other situations, the property where the building is being carried out borders the Jiménez River and there are water wells for human consumption one kilometer from the site.\nII.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondents have omitted to refer to them as provided for in the initial order:\n1) On June 20, 2019, through resolution No. 1923-2019-SETENA, Environmental Viability was granted to the project "Industrial Metal Recycling Plant" (Planta Industrial Recicladora de Metales), located in the Jiménez district, Pococí canton, in the name of the company IMIM RECYCLING S.R.L, with legal ID 3-101-015635-23, represented by Mr. Jorge Durán Rodríguez, with identification number 1-1050-0127 (report of the Secretary General of SETENA and documentary evidence provided).\n2) Through official letter AL-0070-2020 of February 10, 2020, the Water Directorate (Dirección de Agua) filed a criminal complaint before the Prosecutor's Office of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, because the works being constructed corresponded to illegal works in public domain watercourses, as they did not have permits issued by that Directorate. This complaint is known under judicial file [Valor 003], which is being processed before the Judicial Venue of Pococí (report of the Water Director of MINAE and documentary evidence provided).\n3) In response to the complaint sent by the Water Directorate of MINAE regarding works in public domain watercourses, SETENA, through resolution No. 0723-2021 of May 12, 2021, concludes in the recitals: Pursuant to what has been seen in this Recital (Considerando), it is found that Mr. Jorge Durán Rodríguez, Developer of the project “Battery Recycling Plant”, administrative file [Valor 002], has submitted a response to what was requested through Resolution No. 090-2021-SETENA. He has submitted information where he commits to maintaining the setback from the protection zone of the stream declared by the DA, has expressed his commitment to complying with environmental measures in accordance with current environmental legislation and, in turn, remains subject to whatever the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) resolves regarding the protection zone of the stream (report of the Secretary General of SETENA and documentary evidence provided).\n4) The Ministry of Health determined the validation of the municipal land use to carry out the activity, granted through the municipal resolution "Land Use Certificate DPCC-0234-2017" (report of the representative of the Ministry of Health and documentary evidence provided).\n5) The construction plans submitted by the developer with contract number OC-789974, "Bodegas Jiménez," were approved by the Ministry of Health, a fact verified on-site describing "an industrial building-type shed" of approximately 570 square meters (report of the representative of the Ministry of Health and documentary evidence provided).\n6) On-site, other ancillary construction works to the industrial building are evidenced, corresponding to contract number OC-906201, "Pedestals for Machines, Plant Layout Distribution Classification," whose construction permits were validated and signed by the Municipality of Pococí (report of the representative of the Ministry of Health and documentary evidence provided).\n7) To date, the construction works by the developer are ongoing, so for the purposes of the Ministry of Health, there is no industrial activity at the site in dispute generating polluting actions, as there are no processes (report of the representative of the Ministry of Health).\nIII.- Regarding the previous amparo appeal. This Chamber, in the amparo appeal 19-012364-0007-CO, heard a claim similar to the one raised here. The purpose of that matter was the following:\n“I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant files an amparo appeal and states that he is a resident of the Jiménez district, in the Pococí canton, Limón. He indicates that under file No. [Valor 004] the environmental assessment of the project called \"Industrial Metal Recycling Plant\" is being processed. He adds that this project is actually for battery recycling, as a lead-acid battery smelting plant, on a piece of land adjacent to the Jiménez River. He points out that the cited project will generate waste classified as hazardous, which endangers the environment and the health of the local residents, given that the land in question is surrounded by residential houses and an educational center and is a residential area. He comments that in the Pococí canton there is no regulatory plan according to the provisions of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana). He indicates that the Municipality of Pococí issued a land use certificate for the cited project, in which it was stated that it is a conditional use subject to approval by the Ministry of Health. He adds that he filed a complaint before the Ministry of Health for possible environmental contamination due to the installation of a battery smelting plant. He adds that the complaint was forwarded to the Huetar Norte Regional Directorate for its knowledge and resolution, likewise, the municipality referred the case to the Regional Directorate noting that the place where the project is intended to be located is 600 meters from the sports plaza of Jiménez de Pococí. He affirms that even though the industrial activity subject to discussion in this appeal has not started, the applications for granting permits are already being processed. This, despite the fact that the Pococí Health Rectorate Area clarified that it has not received any application for processing the approval of location (visto bueno de ubicación) for said project. He indicates that by resolution No. 1117-2019-SETENA issued by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) based on the technical report issued in file No. DEA-0622-2019, the environmental viability of the project was rejected. However, the Ministry of Health resolved that for the validation of land use for the battery recycling plant in the Jiménez district, the approval of that ministry is not required and that its intervention will be limited, in a second instance, when the sanitary operating permit is requested. By resolution No. 1614-2019-SETENA, the appealed secretariat revoked resolution No. 1117-2019-SETENA and ordered the continuation of the environmental assessment process for the project. He maintains that given the change of criteria of the Ministry of Health, SETENA also modified its resolution, without having a criterion on the location of the proposed site and the possible implications for the environment, which is contrary to the precautionary principle for the protection of a healthy and ecologically balanced environment. He affirms that it is improper for the Ministry of Health and SETENA not to take anticipatory measures to verify the possible existence or non-existence of damage to the environment and that public health is put at risk. He considers that the foregoing violates his fundamental rights.”\n \nThrough judgment No. 2019-020625, of 9:30 a.m. on October 29, 2019, it was dismissed based on the following considerations:\n“VI.- ON THE SPECIFIC CASE. After analyzing the evidentiary elements provided, this Court dismisses any violation of the fundamental rights of the protected party. From the report rendered by the representatives of the appealed authorities – which is considered given under oath with the consequences, including criminal, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction – and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that, indeed, in administrative file No. [Valor 002], the Environmental Assessment Form (D1), the Sworn Statement of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromiso Ambientales, DJCA), and the analysis of the Environmental Impact Assessment of the project: Industrial Metal Recycling Plant, were processed in the name of the company IMIM Recycling S.R.L., with legal ID 3-102-734701, represented by Jorge Durán Rodríguez. It is recorded that on January 10, 2018, the indicated file entered SETENA and through official letter SETENADT-DEA-0362-2018 of March 8, 2018 (folio 188), the developer was informed that a field inspection would be carried out. On March 24, 2018, the SETENA authorities conducted the field inspection. Through official letter SETENASG-DEA-0190-2018 of May 4, 2018, additional information was requested from the developer. On October 19, 2018, an opposition complaint was filed (folios 227-229) by Mrs. María Nazaret Vargas Brenes, identification number 1-1453-0520, referring to the Land Use Certificate DPCC-0234-2017 granted by the Municipality of Pococí. Among several arguments presented by the opponent, she sets forth the provisions of Articles 18 and 20 of the Industrial Hygiene Regulation (Reglamento de Higiene Industrial) of the Ministry of Health. Through official letter SETENA-SG-2411-2018 of November 26, 2018, a criterion was requested from the Pococí Health Area regarding the Industrial Use Hygiene Regulation of the Ministry of Health. Consequently, through report HC-URS-0131-2019 of February 13, 2019, signed by Eng. Yarithna Tylor Sagot, an official of the Health Regulation Process of the Health Rectorate Unit of the Huetar Caribe Health Regional Directorate, she indicated that the land use does not comply with the current regulations and is defined as a NEGATIVE Approval (Visto Bueno) by that Rectorate entity. However, through official letter DR-HC-0656-2019 of April 1, 2019, Dr. Alexander Salas López, Director of the Huetar Caribe Health Rectorate Regional Directorate, indicates that the cited plant does not require an approval of location from this Ministry for the validation of land use and that the intervention of this Ministry will take place at the time the Sanitary Operating Permit is processed. Through resolution No. 1117-2019-SETENA, notified on April 22, 2019, the National Environmental Technical Secretariat resolved to reject the application for an Environmental Viability License, and ordered the archiving of the file. On April 24, 2019, under consecutive No. 3226-AJ, a motion for revocation and subsidiary appeal entered the National Environmental Technical Secretariat against resolution No. 1117-2019-SETENA of April 5, 2019. Subsequently, on May 29, 2019, through resolution No. 1614-2019-SETENA notified on June 5, 2019, it resolves to declare the motion for revocation against resolution No. 1117-2019-SETENA admissible, ordering the continuation of the Environmental Assessment of the project, since what was resolved by the Ministry of Health was corrected and the negative approval was annulled. Finally, on June 20, 2019, through resolution No. 1923-2019-SETENA notified on June 27, 2019, the Environmental Viability license was granted for five years for the start of works for the project: “INDUSTRIAL METAL RECYCLING PLANT” for having correctly completed the Environmental Assessment procedure for the project in accordance with Articles 17, 18, and 19 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), and the technical standards established in Executive Decree No. 31849, Articles 3, subsection 23, 81, Decree 32712-MINAE Article 5, and Article 20 of Law 7554. From the factual basis accredited for the purposes of resolving the present amparo appeal, it is not possible to accredit what was alleged by the appellant. In that sense, it is found that, indeed, a project for the construction of an Industrial Metal Recycling Plant is being processed at the location indicated by the appellant. For the above, the corresponding permits have been processed before the defendant entities. Currently, the project has Environmental Viability, which was granted through resolution No. 1923-2019-SETENA. In that resolution, the technical environmental aspects regarding the project's risk were assessed, as well as the property's adjacency to the Jiménez River; with these aspects analyzed by the technical authority, the conditions under which the license was granted for the requested project were indicated in accordance with the regulations in force for such purposes. In conclusion, it is not possible to accredit what was alleged by the appellant regarding any of the claimed grievances and, on the contrary, it was verified that the defendant authorities have acted within the framework of their competencies and attributions, consequently, the present appeal must be dismissed, as indicated in the operative part of this resolution.” (Highlighting not in the original).\n \nIV.- On the specific case. In the present matter, the appellant, on behalf of several local residents, likewise objects to the construction of the project called “Metal recycling plant” (Planta recicladora de metales), located in Jiménez de Pococí, as he indicates it is a battery recycling plant where lead is handled without considering the adverse effects on human health and the environment. He affirms that, among other situations, the property where the building is being carried out borders the Jiménez River and there are water wells for human consumption one kilometer from the site. In this regard, reference is made to what was indicated in the aforementioned judgment, in the sense that the corresponding permits for this project have been processed before the defendant entities. Likewise, through resolution No. 1923-2019-SETENA, environmental viability was granted by SETENA. Also, regarding the Ministry of Health, there is no major variation to date, as it is reiterated that the validation of the municipal land use to carry out the activity was determined, granted through the municipal resolution "Land Use Certificate DPCC-0234-2017". The construction plans submitted by the developer with contract number OC-789974, "Bodegas Jiménez," were approved by the Ministry of Health, a fact verified on-site describing "an industrial building-type shed" of approximately 570 square meters. To which is added that to date, the construction works by the developer are ongoing, so for the purposes of the Ministry of Health, there is no industrial activity at the site generating polluting actions, as there are no processes. However, it again warns that the developer must obtain the Sanitary Operating Permit, complying with the formalities and solemnities of law, to carry out the activity according to law. The differentiating element of the present appeal from the previous one is the reference made herein to the Water Directorate of MINAE, as it is noted that, in response to a complaint, during an inspection conducted at the site on November 13, 2019, the existence of a project in the full construction stage was verified, which stood on one of the bodies of water of the public domain decreed by that Directorate. It was located that a body of water was completely piped and crossed the property where the plant was being built, in a south-north direction. It is verified that two actions were taken regarding that situation: 1) It was brought to the attention of SETENA through official letter DA-0217-2020 of February 5, 2020. 2) A criminal complaint was filed before the Prosecutor's Office of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone through official letter AL-0070-2020 of February 10, 2020, which is known under judicial file [Valor 003] and is being processed. Regarding SETENA's attention to this matter, it was accredited that through resolution No. 0723-2021 of May 12, 2021, the recitals conclude:\n“Pursuant to what has been seen in this Recital (Considerando), it is found that Mr. Jorge Durán Rodríguez, Developer of the project “Battery Recycling Plant”, administrative file [Valor 002], has submitted a response to what was requested through Resolution No. 090-2021-SETENA. He has submitted information where he commits to maintaining the setback from the protection zone of the stream declared by the DA, has expressed his commitment to complying with environmental measures in accordance with current environmental legislation and, in turn, remains subject to whatever the Public Prosecutor's Office resolves regarding the protection zone of the stream. Consequently, the information requested by this Secretariat is deemed complied with, and therefore, the lifting of the precautionary measure of work stoppage can proceed. Therefore, it is agreed: “FIRST: Based on the recitals of this resolution, the lifting of the Precautionary Measure of Work Stoppage, ordered in Resolution No. 0537-2020-SETENA, is ordered, this having complied with what was requested by this Secretariat in the THEREFORES FIRST AND SECOND of Resolution No. 090-2021-SETENA. SECOND: Notify the Ministry of Health and the Municipality of Pococí of the facts evidenced, so that they may proceed as corresponds according to their competencies. THIRD: Notify the Water Directorate-MINAE of what was resolved by this Secretariat, urging them to maintain a direct communication channel between both agencies and to inform SETENA of any change for the area of the reference project. FOURTH: Notify the Tortuguero Conservation Area (AcTo) of SINAC of what was resolved by this Secretariat, urging them to maintain a direct communication channel between both agencies and to inform SETENA of any change for the area of the reference project. FIFTH: Warn the Environmental Manager that Article 79 of Executive Decree No. 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, of June 28, 2004, establishes that: “(…) The environmental manager must issue the necessary environmental recommendations, according to the diverse situations that arise in any of the stages of the execution of the activity, work, or project.” SIXTH: Prevent the “Developer” and the “Environmental Regent” from complying with the provisions of articles 33 and 34 of the Forestry Law No. 7575 and also proceed as established in Executive Decree No. 41815 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of June 25, 2019, as applicable. SEVENTH: False information or non-compliance with this mandate will expose the “Project Developer” and the “Project Environmental Regent” to a technical and legal investigation process”.\n \n In view of this factual picture, as with the previous amparo appeal, it is considered that in this matter fundamental rights have not been infringed upon to the detriment of the amparo petitioners, since it was demonstrated that the defendant authorities have acted within the framework of their competencies and attributions. Meanwhile, regarding what was reported by the Water Directorate, it is inferred that SETENA already made the decision it deemed appropriate. So much so that the project developer committed to maintaining the setback from the protection zone of the stream declared by the Water Directorate, whose oversight is pending by that Secretariat. As for the criminal case, as indicated, it is being processed before the Public Prosecutor's Office. Finally, according to what was reported by the Ministry of Health, it is not possible to determine any polluting activity, as the project is in the construction stage. Consequently, it is considered that the claim presented by the appellant is not admissible.\nV.- Conclusion. By reason of what was previously stated, the amparo under study shall be dismissed in all its aspects, as so ordered.\nVI.- DIFFERING REASONS OF JUDGES SALAZAR ALVARADO AND LARA GAMBOA. Judges Salazar Alvarado and Lara Gamboa declare the appeal without merit based on the following considerations, in whose drafting the former, at the time, accompanied Judge Jinesta Lobo.\n1.- RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT AND ITS INFRA-CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT THROUGH A VAST NORMATIVE FRAMEWORK. Article 50 of the Political Constitution of 1949, in the year 1994 (Law No. 7412 of June 3, 1994), underwent a partial reform to introduce in the 2nd paragraph, as an express and clearly typified fundamental right, that which “Every person” has to enjoy “a healthy and ecologically balanced environment”. This fundamental right, before the constitutional reform of 1994, was widely developed by a progressive and protective jurisprudence of this Constitutional Court, all based on the existing regulations in International Human Rights Law, which fostered and established the conditions for the partial reform of Article 50 of the Political Constitution.

After the partial amendment of that provision, a dense, broad, and detailed infra-constitutional regulatory framework has been developed for the effective protection of the enjoyment and exercise of the right to a healthy and ecologically balanced environment, given that paragraph 3 provided that “The State shall guarantee, defend, and preserve that right”; constitutional imperatives and obligations that have led the Costa Rican State to establish a vast and extensive infra-constitutional regulatory fabric, which translates into various laws, regulations, and executive decrees addressing substantive and formal matters for the guarantee, protection, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Additionally, this sub-constitutional legal order has established an extensive and complex administrative organization to carry out the constitutional imperatives and obligations contained in paragraph 3 of Article 50 of the Constitution. Within this block or parameter of legality, created to develop this article, the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), No. 7554 of October 4, 1995, stands out, which, among other aspects, develops and regulates first-order issues such as citizen participation in environmental matters (Chapter II), environmental impact assessment (Capítulo IV), the protection and improvement of the environment in human settlements (Chapter V), territorial planning (ordenamiento territorial) and environmental protection (Chapter VI), protected wild areas (áreas silvestres protegidas) (Chapter VII), marine, coastal, and wetland resources (Chapter VIII), biological diversity (Chapter IX), natural resources such as air, water, and soil (Chapters XI, XII, XIII), as well as forest and energy resources (Chapters X and XIV), pollution (Chapter XV), environmental administrative organization (XVII), and the creation of an Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) for the protection, defense, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment (Chapter XXI). Also prominent in this dense and vast legislative fabric are the Forestry Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 5, 1996, and its amendments, the Plant Health Protection Law, No. 7664 of April 8, 1997, the Law on Concession and Operation of Tourist Marinas, No. 7744 of December 19, 1997, the Biodiversity Law, No. 7788 of April 30, 1998, the Law on Use, Management, and Conservation of Soils, No. 7779 of April 30, 1998; and, more recently, the Law for Integrated Waste Management, No. 8839 of June 24, 2010, among others. On the other hand, even before the partial amendment of Article 50 of the Political Constitution, there were already sectoral laws for the protection and defense of certain environmental aspects, such as the Water Law (Ley de Aguas), No. 276 of August 27, 1942, and its amendments, the General Health Law, No. 5395 of October 30, 1973, and its amendments, the Animal Health Law, No. 6243 of May 2, 1978, the Wildlife Conservation Law, No. 7317 of October 21, 1992, and its amendments, the Hydrocarbons Law, No. 7399 of May 3, 1994, and the Law on the Rational Use of Energy, No. 7447 of November 3, 1994. The regulatory framework, at the infra-legal level, is even more nourished with various executive regulations of those laws and decrees that regulate the protection, conservation, and defense of the environment. At this hierarchical level of protection, by way of example, Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, stands out, which is the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures that meticulously regulates all aspects of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) procedures for activities, works, and projects, according to predefined categories, to prevent any damage or harm to the environment, its review and environmental viability, its subsequent control and monitoring, complaints, participation mechanisms, the environmental responsible party, performance and operation guarantees, and a sanctioning regime. Also notable is Executive Decree No. 34136 of June 20, 2007, which is the Procedural Regulation of the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) responsible for hearing and resolving complaints regarding threats of infraction or effective violation of legislation protecting the environment and natural resources, and for establishing compensation for damages or harm to these.

2.- NEED TO DELIMIT THE CONTROL OF CONSTITUTIONALITY AND LEGALITY IN MATTERS OF PROTECTION OF THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. The dense normative framework or infra-constitutional legal order that develops and strengthens the right to a healthy and ecologically balanced environment, contemplated in Article 50 of the Political Constitution, and that seeks its guarantee, protection, and preservation, obliges this Constitutional Court (Tribunal Constitucional) to have to delimit, in this matter, the orbit of constitutionality control from the sphere of legality control. In the case of the mechanisms or questions of constitutionality, as Title IV of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) is named, a concept that includes the action of unconstitutionality and the consultation of constitutionality – legislative and judicial – the delimitation between constitutionality control and legality control is clear and unequivocal, since, without a doubt, it is the competence of this Constitutional Court (Tribunal Constitucional) to hear and resolve such matters exclusively and to the exclusion of others (Articles 10 of the Political Constitution; 1, 2, subsection b), 73 to 108 of the Law of Constitutional Jurisdiction) thus, for example, when it is alleged that a legal or regulatory provision is unconstitutional for violating Article 50, that is, the right to a healthy and ecologically balanced environment, the values and principles underlying it. The real problem in defining both spheres of control arises regarding the amparo (recurso de amparo) action or process, for several evident reasons, which are the following: a) The cross-cutting nature of the right to a healthy and ecologically balanced environment, which penetrates all layers or strata of the legal order; b) the open texture of the constitutional norms, such that any grievance may appear to have constitutional nature; and c) the tendency to use the amparo process as a substitute means for the ordinary jurisdiction. However, some criteria may be established, based on Article 7 of the Law of Constitutional Jurisdiction, which allow the amparo process to be delimited from other ordinary jurisdictional processes. Thus, when a public authority – administrative entity or body – has intervened regarding an activity, work, or project, conducting studies, evaluations, reports, or assessments of any nature, in application of the dense and vast infra-constitutional legal order, it is clear that the matter must be lodged before the ordinary jurisdiction and not the constitutional one. The same occurs when a public authority has omitted to fulfill the obligations imposed upon it, in matters of environmental and natural resource protection, by the infra-constitutional legal order, whether of a legal or regulatory nature. Under this understanding, this Constitutional Court (Tribunal Constitucional) must hear and resolve a matter in the amparo process only when no public authority has intervened exercising its oversight or authorization powers and a conduct is being carried out, potentially or actually, harmful to the right to a healthy and ecologically balanced environment; additionally, it must be a violation of that right that is evident and manifest or easily verifiable – without major production or evacuation of evidence – and, furthermore, it must be of great relevance or significance and be serious. If a public authority has breached the obligations and duties developed by the infra-constitutional legal order, the issue should also not be heard by the constitutional jurisdiction, since, in addition to the complaint mechanisms provided for in the administrative sphere, the ordinary jurisdiction, especially the contentious-administrative jurisdiction, has sufficient competence to oversee the material or formal omissions of public entities. From the moment a public authority has intervened exercising its legal and regulatory powers, substantiating a procedure – a concatenated series of administrative actions – and issuing administrative acts, the matter will be outside the orbit of constitutionality control, the same if it fails to fulfill or omits its legal and regulatory obligations. The amparo action is, essentially, a summary process governed by simplicity or, in the terms of Article 25 of the American Convention on Human Rights, a recourse that must be simple and rapid. Consequently, when it is necessary to review diverse administrative actions – procedures and formal acts that translate and materialize into an administrative file – the matter ceases to be subject to the amparo, since recourse must be had to a full cognition process, that is, a process of full cognition that can only be substantiated before the ordinary jurisdiction. The amparo is not designed to contrast or review technical or legal criteria issued in light of the infra-constitutional legal order, or to evacuate new elements of conviction to contrast those contained in an administrative file that has been processed over prolonged and deliberate periods. The amparo process, in short, cannot be converted into an ordinary process of full cognition (“ordinariarlo”), since it is denatured and perverted in its ends and purposes, hence, when a public authority has intervened conducting studies, endorsing or validating expert reports presented by interested parties, issuing reports, issuing administrative resolutions, permits, licenses, or any other formal administrative act, or, in general, substantiating one or more administrative procedures, the amparo process is not the means to oversee such actions but rather the contentious-administrative process. The administrative intervention that can be verified or confirmed is decisive in considering that the matter is located on the plane or level – in itself abstract and open – of constitutionality, or on the denser one of legality. Nor should this Constitutional Court (Tribunal Constitucional) proceed to hear and resolve the failure to comply with obligations imposed by the legal or regulatory normative framework, since, for that purpose, there are powerful and efficient instruments in the administrative sphere (sanctioning regime, complaints, the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo)) and, ultimately, a contentious-administrative jurisdiction whose function is to control the legality of the administrative function (Article 49 constitutional), within which are included legal or regulatory, material or formal omissions, an ordinary jurisdiction that now, with the new procedural legislation, is more flexible, expeditious, swift, plenary, and universal.

3.- COROLLARY. For the foregoing, the present amparo action should have been flatly rejected ad limine litis as it involves a matter proper to legality control; however, this not having been the case, since it was granted leave to proceed, it must be declared without merit, without ruling on the merits of the matter, since it is for the ordinary jurisdiction, particularly the contentious-administrative one, to determine whether the administrative actions and conduct deployed (active or omissive) in the sub-lite conform or not, substantially, to the infra-constitutional legal order for the protection, guarantee, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

VII.- Documentation provided to the file. The parties are warned that, if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty working days counted from the notification of this ruling. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the “Regulation on Electronic Files before the Judiciary”, approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The action is declared without merit. Judges Salazar Alvarado and Lara Gamboa give different reasons.-
 
 
 
 

 
Fernando Castillo V.
President
 
 
 

Luis Fdo. Salazar A.
 
 

Jorge Araya G.


Anamari Garro V.
 
 

Ana María Picado B.


Jorge Isaac Solano A.
 
 

Fernando Enrique Lara G.
 
 
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