Res. 04504-2022 Sala Constitucional — Indigenous consultation conditioned on quarry location within reserveConsulta indígena condicionada a ubicación del tajo en reserva

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Sala Constitucional

Resolución Nº 04504 - 2022

Fecha de la Resolución: 25 de Febrero del 2022 a las 09:15

Expediente: 20-021439-0007-CO

Redactado por: Anamari Garro Vargas

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Derechos Humanos,Ambiental,Pueblos Indígenas

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MINORÍAS

Subtemas:

INDIGENAS.

04504-22. MINORÍAS. SE CUESTIONA OPERACIÓN DE UN TAJO, EN UNA RESERVA INDÍGENA. SE DECLARA SIN LUGAR, PARA QUE SE DISCUTA EN LA VÍA CONTENCIOSA.

“(…) De lo anterior se desprende que esta Sala ha sido conteste en estimar que no le corresponde determinar si el tajo que está explotando la empresa Tractores Zamora S.A. se encuentra parcial o totalmente dentro del territorio indígena de Quitirrisí y, como consecuencia, si procede efectuar la consulta al pueblo indígena.

(…)

En suma, se estima que previo a resolver el tema de la consulta a la comunidad indígena, debe zanjarse el tema de la ubicación precisa de la actividad impugnada y siendo que, precisamente, esta discusión está reservada a las vías de legalidad, se considera que no es de recibo el reclamo de la parte recurrente. Recuérdese que este Tribunal Constitucional ha resuelto que el recurso de amparo es de carácter eminentemente sumario —es decir, breve y sencillo— y su tramitación no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar —con carácter declarativo— si los derechos de rango infra constitucional que las partes citan como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, existen en realidad. Por ende, según las particularidades del caso en concreto, determinar si los permisos y estudios de viabilidad ambiental se brindaron o no, conforme al ordenamiento infra constitucional, ello es un extremo que excede la naturaleza sumaria del recurso de amparo y por ende, podrá la parte recurrente -al igual que se indicó en los precedentes anteriores- discutir el funcionamiento del tajo en las vía contenciosa administrativa. No resulta procedente que este Tribunal vierta pronunciamiento alguno (positivo o negativo) sobre el fondo del asunto, porque habiendo una contradicción entre las partes, para determinar si ha habido infracción o no de derechos fundamentales de los amparados, primero se debe resolver la situación jurídica de la parte demandante en el plano de la legalidad. Esta atribución no es de la Sala Constitucional y, más bien, hacerlo podría interferir indebidamente en lo que es competencia de los tribunales ordinarios. En consecuencia, con base en los elementos y las pruebas que constan en autos, no se puede tener por acreditada la infracción al derecho a la consulta a los pueblos indígenas, el derecho a la propiedad indígena, ni el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

V.- CONCLUSIÓN.  Por lo expuesto, se impone la desestimatoria de este recurso, partiendo de la veracidad de la información brindada por los recurridos que fue dada bajo juramento y tomando en consideración que, en todo caso, no compete a esta S

ala determinar si los recursos mineros se están explotando dentro de un territorio indígena. (…)” VCG03/2022

 

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Texto de la resolución

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Exp: 20-021439-0007-CO

Res. Nº 2022004504

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintidos .

 Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-021439-0007-CO, interpuesto por MANUEL HERNÁNDEZ AGÜERO, cédula de identidad 01-0277-0961 y OTROS, contra la MUNICIPALIDAD DE MORA, el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), la DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS (DGM), la COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (CONAI), el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE), el MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA y la SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA).

Resultando

 

1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 20 de noviembre de 2020, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Mora, INDER, DGM y CONAI, y manifiesta que son miembros representantes del Concejo de Mayores del Pueblo Huetar de Quitirrisí de Mora. Refieren que, en 1976, mediante decreto ejecutivo, se creó la Reserva Indígena de Quitirrisí, con una medida original de 963 hectáreas, y tras una serie de cambios, con el Decreto n.º 29452-G de 2001 se amplió a 2.700 hectáreas. Explican que el 06 de julio de 2019, el vocero y coordinador del Concejo de Mayores de Quitirrisí de Mora presentó una consulta administrativa ante la Municipalidad de Mora por irregularidades que se dan dentro de dicho territorio indígena. Entre las consultas que se hicieron, la más relevante para este caso es la explotación ilegal del tajo tipo cantera, y la deuda contraída con la comunidad indígena, indicándose: “Desde hace varios lustros se explota dentro de la jurisdicción del territorio indígena un tajo tipo cantera cuya posesión y propiedad no la ostenta el concesionario, toda vez que el inmueble de la explotación fue adquirido después de la entrada en vigencia de la Ley Indígena, de manera que quienes realizan la extracción de materiales lo hacen de mala fe y contrario al ordenamiento jurídico indígena. Ante tal irregularidad, notamos una actitud pasiva y de complicidad por cuanto es notorio la entrada y salida de vagonetas rotuladas de la Municipalidad trasladando productos del subsuelo que se destinan a la reparación de caminos vecinales ajenos al territorio, mientras nuestros caminos se encuentran en estado de calamidad y emergencia. Lo irrisorio de esa operación es que desde sus inicios el concesionario no le ha traslado el porcentaje estipulado en el artículo 51 de la Ley 6979 a la comunidad indígena y tampoco a la administración tributaria municipal”. Señalan que el 28 de agosto de 2019, mediante oficio n.º IRT-0747-2019, el INDER respondió a la gestión del vocero del Concejo de Mayores de Quitirrisí, pero nunca se refirió a la problemática del tajo, ni se brindó solución a lo planteado. Resaltan que la CONAI, a través del oficio n.º DET-CER-064-2020 del 1º de julio de 2020, emitido por el jefe del Departamento de Estudios Territoriales, certificó que: “el plano sin catastrar que dice: Propiedad de Tractores Zamora S.A., cédula jurídica 3-101 035013, con un área de 1 ha. 5620.81 m2 situado en Cañas, Distrito Tabarcia, Cantón de Mora, Provincia de San José, se encuentra DENTRO DEL TERRITORIO INDIGENA HUETAR DE QUITIRRISÍ. Eso en tanto que: la propiedad este localizada tal y cómo la ubico el topógrafo en la cuadrícula anexa del plano”. Alegan que en la sesión ordinaria n.º 08-2020 del 22 de julio de 2020 del Concejo Municipal se aprobó la licitación sobre dicho tajo sin que existieran permisos según la normativa. Asimismo, la proveeduría municipal emitió el oficio n.º PROV 287- 2020, sobre la recomendación para el acto de adjudicación en la licitación abreviada n.º 2020 LA-000001-01, referente a la “compra de material granular y alcantarillas para UTGV”, mediante el cual se recomendó concesionar la obra a favor de Tractores Zamora S.A., por un monto de ¢16.996.800,00, y a favor de Fábrica de Tubos Campeón LTDA., por un monto de ¢5.625.000.00. Recomendación que fue avalada por unanimidad por los regidores. Acusan que, a través del oficio n.º AMM-604-2020 suscrito por el alcalde el 25 de setiembre de 2020, se certificó que la finca n.º 1-405947-000, propiedad de Tractores Zamora S.A. se encuentra aproximadamente en un 97,5% dentro de la reserva indígena, también indicó que, según sus cálculos, solo 6.885 m2 de los 275.306,26 m2 que componen la finca están fuera de la reserva indígena. Reclaman que, a pesar de que existen documentos públicos que certifican que la finca n.º 1-405947-000 (donde funciona el Tajo Tabarcia ilegalmente) se encuentra dentro del territorio indígena, nunca se realizó ninguna consulta a la comunidad Huetar o al Concejo de Mayores, en contravención de la normativa internacional; tampoco existe ninguna ley que permita el funcionamiento de la cantera de Tractores Zamora S.A. dentro del territorio indígena Huetar, en detrimento de la normativa nacional que así lo exige (Ley Indígena y Código de Minería). De manera que la licencia extendida por la Municipalidad accionada no tiene bases legales y debe revocarse. Acusan que el funcionamiento ilegal del Tajo Tabarcia también ha ocasionado daños ambientales irreparables, y no cuenta con estudios de viabilidad ambiental, ni permisos de explotación minera de la DGM, necesarios para desarrollar dicha actividad. Estiman que se han vulnerado dos derechos fundamentales para los pueblos indígenas, el derecho a la consulta y el de acceso y protección de los recursos naturales que se encuentran dentro de sus territorios. Advierten que el derecho a la consulta está resguardado en los artículos 6, 15.2 y 17.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), y en el Decreto de Consulta Indígena n.º 40932- MP-MJP. Por su parte, el derecho a los recursos naturales en los artículos 15, 26, 28, 32 del Convenio 169 OIT; en los artículos 26.1, 26.2 y 32.3 de la DNUDPI; y en el artículo 6 de la Ley Indígena. Agregan que, para comprender el derecho a los recursos naturales, se debe tomar en consideración las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), especialmente el caso Pueblo Kuna Kuna de Madungandi y Embera de Bayano vs. Panamá, informe de fondo del 13 de noviembre de 2012, y el caso comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Además, en cuanto al acceso de los recursos naturales que se encuentran en territorios indígenas, es fundamental tomar en cuenta el artículo 8 del Código de Minería. Apuntan que las acciones y omisiones de los recurridos violentan los derechos del pueblo indígena Huetar de Quitirrisí, pues nunca se consultó ni hubo acercamiento alguno con la comunidad para explotar los recursos naturales que se encuentran dentro del territorio (sin ningún tipo de compensación o canon por explotar y venderlos); y tampoco se consideró a los propietarios legítimos de la tierra. Alegan que nunca se dio un proceso de consulta, aun cuando en el año 2018 el Gobierno emitió el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas; por el contrario, la licitación se aprobó nuevamente en 2020, todo sin notificar al pueblo indígena. No se siguieron los procedimientos que establece la legislación para explotar recursos que están dentro de los territorios indígenas. Acusan que la comunidad indígena de Quitirrisí ha tenido que soportar durante años la explotación de sus tierras, que los camiones y la maquinaria dañen sus caminos, todo sin recibir ningún tipo de compensación por la extracción de material y ni permitiéndoles pasar por el sitio en discusión. Por lo expuesto, acuden a la Sala en protección de los derechos fundamentales de la amparada y solicita que se declare con lugar el recurso.

2. Informa bajo juramento Guillermo Goyenaga Calvo, en su condición de apoderado general judicial del INDER, que Juan Sánchez Agüero, Vocero y Coordinador del Consejo de Mayores de Quitirrisí, el 15 de mayo de 2019 solicitó, mediante carta dirigida al Presidente de la República, reunirse con las autoridades del INDER para discutir varios puntos de interés. Manifiesta que la Presidencia Ejecutiva del INDER, mediante oficio INDER-A-PE-1563-2019 de fecha 11 de noviembre de 2019, remite por escrito a dicho representante cada uno de los puntos de agenda expuestos y además se le realiza la siguiente consulta “Por tanto, solicito por favor informe a éste Despacho, si persiste la petitoria de audiencia, lo anterior para proceder con las reserva del espacio solicitado en éste despacho”. Explica que según se informa mediante oficio INDER-PE-1038-2020 emitido por el Presidente Ejecutivo del INDER “En fecha 09 de enero del 2020, se indica que el mando medio no tiene competencia e investidura para responder, por lo que persisten en que se les otorgue audiencia (…) Por ocasión de la pandemia se han restringido las solicitudes de audiencia presenciales, sin embargo, se concedió un espacio virtual para el próximo 08 de diciembre del 2020 a las 08:00”. Indica que la audiencia le fue notificada a los recurrentes vía correo electrónico el día 1º de diciembre de 2020. Detalla que el objeto del recurso se refiere sobre una problemática que se presenta en un tajo, problemática que nunca fue consultada específicamente al INDER en las misivas de fecha 15 de mayo de 2019, 22 de agosto de 2019 y 09 de enero de 2020, por lo que el INDER no ha violentado el derecho de respuesta de los recurrentes sobre el específico, pues a cabalidad le dio respuesta a lo consultado en los puntos de agenda y además ya se tenía programada una audiencia para el 8 de diciembre de 2020. Indica que la misiva emitida por el vocero de los recurrentes el 22 de agosto de 2019 indica una serie de puntos de agenda que se quieren consultar al INDER -que fueron solicitados al vocero por parte del INDER con el fin de tener claro los temas que se discutirían-, puntos de agenda que fueron analizados por la Unidad de Registro e Información de Tierras y fueron contestados uno por uno, contestación además que le fue remitida al vocero de los recurrentes. Informa que lo anterior puede constatarse en el oficio IRT-0747-2019, y que posteriormente la Presidencia Ejecutiva remite con el oficio INDER-A-PE-1563-2019 de fecha 11 de noviembre de 2019 al vocero de los recurrentes, adjuntándole la respuesta a cada uno de los puntos de agenda consultados, por lo que no es cierto que no se le diera respuesta a cada uno de los puntos de agenda consultados. Detalla que se realizó consulta a la Oficina de Desarrollo Territorial de Puriscal de algún expediente relacionado con la problemática del tajo que hace alusión la parte recurrente, a lo que se les indicó lo siguiente: “que no es posible remitir informe por cuanto no contamos con expediente ni de la Reserva Indígena ni de TRACTORES ZAMORA S.A…, así como tampoco de la finca 1-405947-000, según plano catastrado SJ-0598576-1985 que se encuentra dentro de la Reserva Indígena de Quitirrisí”. Agrega que también se le consultó a la Unidad de Información de Registro de Tierras del INDER con respecto al objeto del presente proceso, y mediante oficio INDER-GG-DRT-FT-IRT-1090-2020 se informó: “Sobre el expediente administrativo requerido, no existe como tal, la documentación consiste en un correo electrónico y el oficio APE-1139-2019, suscritos por la Licda. Paola Rodríguez González, Asesora de la Presidencia Ejecutiva, donde se dio respuesta con el oficio IRT-0747-2019. El oficio en mención se refiere a cada uno de los puntos indicados en el documento de fecha 22 de agosto de 2019, suscrito por el señor Juan Uriel Sanchez Agüero, dirigido al Lic. Harys Regidor Barboza, con respecto a la problemática del tajo, no consta en la documentación que se nos aportó.” Solicita se declare sin lugar este recurso.

3. Informa bajo juramento Daniela Gutiérrez Villanueva, en su condición de Directora Ejecutiva de la CONAI, que el inmueble del tajo se encuentra dentro de territorio indígena de Quitirrisí, pero que no consta en autos el plano, y que no puede certificarse que es propiedad de Tractores Zamora S.A., ya que dicho documento no es idóneo para emitir que es propiedad de personas que han adquirido tierras dentro de reserva indígena después de creadas las mismas, inmuebles que están dentro del territorio indígena y que tienen limitaciones de ley (artículos 1, 2, 3 y 5 de la Ley Indígena). Detalla que las reservas se crean con la Ley Indígena, y desde antes de la misma ya tenían las características de ser inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan, con la Ley de Terrenos Baldíos y Ley del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO). Agrega que la Reserva Indígena de Quitirrisí se encuentra inscrita desde 1979 en el Registro Público. Solicita se declare sin lugar este recurso.

4. Informa bajo juramento Ileana Boschini López, en su condición de Directora de la DGM, que ante la dirección que representa consta inscrita concesión en cantera, otorgada por resolución del Poder Ejecutivo n.º R 248-2005-MINAE de las 15:30 horas del 06 de julio del 2005 a favor de Tractores Zamora S.A. con cédula jurídica N° 3-101-035013, por el plazo de 25 años, con expediente minero n.° 2575. Detalla que de dicho expediente se evidencia el oficio n.º DE-021-2.000 del día 04 de febrero del 2000, suscrito por el señor Guido Rojas Sánchez en calidad de Director Ejecutivo de la CONAI de ese entonces, dirigido a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), por el que indicó entre otras cosas que: “solicito le sea tramitado y aprobado el respectivo permiso para el lastreo de los caminos de la Reserva indígena de Quitirrisí de Mora y comunidades aledañas. Consideramos que para la ejecución de esas obras es necesario contar con aproximadamente veinte mil metros cúbicos de material (20 MT). Si fuera necesario la utilización de material ubicado dentro de la Reserva Indígena para el cumplimiento de esas obras, la Comisión Nacional de Asuntos indígenas estaría anuente a su utilización, conforme corresponda y en beneficio de las partes involucradas”. Alega que el día 29 de mayo de 2001, el representante de la sociedad tramitó la reducción del área a concesionar, con la finalidad de que el permiso de explotación se otorgara a la parte de la propiedad que se ubica fuera del área de la Reserva Indígena. Asimismo, que mediante resolución n.º 0674-2001-SETENA del día 16 de octubre del 2001, se comunicó a la sociedad concesionaria la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental por parte de SETENA y mediante oficio SG-410-2002-E-ESIA-SETENA del 15 de marzo de 2002 se comunicó al interesado el otorgamiento de la Licencia de Viabilidad Ambiental. Puntualiza que hubo explotación del Tajo conocido como Tajo Cañas por parte del MOPT, la Municipalidad de Mora e incluso la Municipalidad de Puriscal como se desprende del expediente minero 118-CNE-2002 otorgada a favor de la Municipalidad de Puriscal y la causa penal 99-7733-42-PE, en la que se declaró el sobreseimiento definitivo por el delito de extracción ilegal al imputado Rolando Zamora Solano. Agrega que, por esta razón, es difícil acusar de daño ambiental o impactos en un tajo que fue explotado anteriormente incluso a la adquisición de la propiedad por parte del señor Rolando Zamora Solano, como se desprende de la sentencia indicada. Informa que el 06 de noviembre de 2001 la Geóloga de esta Dirección, Sirzabel Ruíz, aprobó el Programa de explotación mediante memorando n.º DGM/DC-2097-2001. Menciona que, a través de su Departamento de Control Minero, se realizó una búsqueda en los registros para determinar si efectivamente existe una concesión en la zona, por lo que, mediante memorando n.º DGM-RNM-617-2020 del día 26 de noviembre del 2020, se le solicitó al Registro Nacional Minero información al respecto. Agrega que la respuesta a la anterior misiva fue entregada el 02 de diciembre del 2020, mediante el oficio n.° DGM-TOP-O-370-2020 y señaló: “En atención a la consulta planteada en oficio DGM-RNM-617-2020 se indica que, en el Catastro Minero en el Catón de Mora, Distrito Tabarcia, en San José, existe únicamente el expediente 2575 a nombre de la Sociedad Tractores Zamora S.A. La cual traslapa aproximadamente un 50% con la Zona Indígena Quitirrisi”. Alega que, a raíz del traslape evidenciado en oficio nº. DGM-TOP-O-370-2020, se realizará en los próximos días una inspección a la zona donde se ubica la cantera. Agrega que, además, la situación será analizada por la actual asesora legal del Registro Nacional Minero encargada de la Región Central 1, a la que pertenece por territorio este expediente minero, de la mano del Geólogo Coordinador Minero de la misma región. Solicita se declare sin lugar este recurso.

5. Contestó Ronald Humberto Zamora Campos, en su condición de Presidente de Tractores Zamora S.A., que desde el 2008 se le ha cuestionado por los habitantes de la reserva indígena la cantera, alegando que la misma se encuentra dentro de la reserva y que la concesión se encuentra con un vicio de legalidad. Al respecto, manifiesta que esta Sala se pronunció al respecto en la resolución 2008-15028 del 10 de octubre de 2008, donde sentenciaba que dicho extremo era de legalidad. Explica que dicha posición se reiteró en la resolución 2014-14665 del 05 de septiembre de 2014 de este mismo Tribunal. Solicita que, por ser una discusión de legalidad, se rechace este recurso. Ahora, de igual forma indica que Tractores Zamora S.A. desde 1999 presentó ante la DGM solicitud para la obtención de una concesión de explotación de materiales en cantera. Manifiesta que actualmente es titular de un derecho de concesión para la explotación de cantera por un plazo de 25 años, mismo que fue otorgado por el Poder Ejecutivo mediante resolución R-248-2005-MINAE de las 10:30 horas del 06 de julio del 2005. Detalla que para obtener la concesión se cumplió con todos los requisitos legales, incluyendo la viabilidad ambiental (resolución 0674-2001-SETENA del 16 de octubre de 2001), que a la fecha se encuentra vigente. Explica que la propiedad “forma parte parcialmente de la Reserva Indígena Quitirrisí, razón por la que la Dirección de Geología y Minas requirió que debíamos excluir la porción que se encuentra dentro de la Reserva, de tal modo que la concesión se otorgó sobre una (1) hectárea 3745.38 metros cuadrados. Como prueba de lo anterior se aporta copia del Edicto que se publicó para el otorgamiento de la concesión. En el 2008, ya otorgada la concesión el topógrafo de la Dirección de Geología y Minas, Luis Ureña, manifestó en el oficio DGM-TOP-544-2008, que el plano utilizado para el otorgamiento de la concesión demuestra que el área de la misma está fuera de la Reserva Indígena”. Ahora bien, sobre la compra de materiales, indica que participaron en la licitación abreviada 2020-LA-000001-01 promovida por la Municipalidad de Mora para la compra de material granular. Manifiesta que la oferta presentada a la Municipalidad de Mora cumplió con todos los requisitos del cartel de licitación y efectivamente se le adjudicó la compra de material. Indica que ni la oferta, ni la adjudicación tienen vicios, que todo se realizó dentro del marco jurídico establecido. Asimismo, aclara que Tractores Zamora S.A. no tiene ninguna relación societaria o comercial con la empresa Tubos Campeón Ltda. Sobre los daños ambientales alegados, expresa que Tractores Zamora S.A. sí cuenta con la viabilidad ambiental, la que es requisito para el otorgamiento de la concesión minera, misma que está vigente y, además, se cuenta con un regente ambiental debidamente inscrito ante la SETENA. Agrega que, como la ley exige, también cuentan con la regencia de un geólogo quien en forma mensual revisa la explotación, realiza la anotación en la bitácora geológica, revisa los planos de avance de la explotación y, de ser el caso, emite directrices para una actividad efectiva y eficiente. Indica que los recurrentes no señalan ni dan ejemplo del daño ambiental que acusan, por lo que, es su parecer, se amparan en ese supuesto para que la Sala Constitucional dé curso al recurso de amparo y no se los rechace ad portas. Agrega que tampoco demuestran “que hayan recurrido a la Dirección de Geología y Minas para denunciar el supuesto daño ambiental, es más el expediente 2575 de la DGM, no tiene ninguna denuncia desde el 2005 a la fecha por un supuesto daño ambiental o incumplimiento al Plan de Explotación que fue debidamente aprobado y en cumplimiento de éste, se trabaja”. Solicita se declare sin lugar este recurso.

6. Informa bajo juramento Alfonso Jiménez Cascante, en su condición de Alcalde de Mora, que en el diario oficial La Gaceta n.º 175 del 12 de septiembre de 2005, se publicó lo resuelto por la Presidencia de lo República y el MINAE, en el cual otorgaron concesión por un plazo de 25 años de explotación de cantera a favor de Tractores Zamora S.A. Alega que dicha concesión tiene fundamento técnico en el memorándum DC-553-2002 de fecha 06 julio de 2002, suscrito por la geóloga Sirzabel Ruiz Barrantes. Por lo anterior, expresa que no lleva razón la parte recurrente en indicar que el tajo carece de legalidad, pues su funcionamiento se encuentra sustentado en acto administrativo validez y eficaz. Sobre la licencia comercial otorgada por la Municipalidad de Mora, indica que de conformidad con la resolución n.º TAS-IMP-001-2019-LC de las 12:30 horas del 30 de octubre de 2019, la encargada de los licencias comerciales “en cumplimiento del numeral 32 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, ordinal 51 del Código Tributario, canon 38 del Código Minería, procede a otorgar sobre la actividad como autorizado al tajo (extracción material lastre) actividad comercial denominado Tajo Tractores Zamora, dicho certificado de licencia comercial se vence el próximo 13 de junio de 2022”. Manifiesta que sobre la consulta que realizó al respecto la parte accionante el 06 de julio de 2019 fue respondida por oficio n.º AMM-541-2019, por lo que no existe ninguna omisión por la eventualidad falta de respuesta. Asimismo, sobre el proceso de contratación de licitación abreviada 2020-LA-00001-01, manifiesta que se dio el acto de adjudicación mediante acuerdo n.º ACM-08-03-2020 de fecha 25 de junio de 2020, mismo que cumplió con las normas de contratación administrativas y los principios de la misma. Indica que dicha licitación acordó la adjudicación de la compra de material granular y alcantarillas para UTGV a la empresa Tractores Zamora S.A, acto que se encuentran gozando de firmeza. Sobre la propiedad matrícula n.º 1-405947-000, indica que: “la propiedad inscrita bajo la matrícula Nº 1-405947-000, bajo el número de plano catastrado DJ-120738-1993 a nombre de Tractores Zamora S.A se encuentra geográficamente dentro de la reserva indígena Ouitirrisí, el área total de dicha propiedad corresponde a 275306-20 m2 según el informe registral. Aunado a lo anterior es menester indicar que la sociedad anónima adquirió dicha finca después de la creación de la reserva indígena, pues bien, la reserva fue creado en el año 1979”. Informa que de conformidad con el numeral 5 de la Ley de Indígena, quien ostenta la competencia en caso de reubicar a personas no indígenas (sean propietarios o poseedores de buena fe) que se encuentran dentro de las reservas indígenas es el INDER, por lo que no resulta de competencia de la Municipalidad de Mora proceder con el proceso de expropiación si bien amerita, por lo que es el órgano competente en lo materia quien deberá analizar el caso. Reitera que el funcionamiento del tajo Tractores Zamora S.A, es una concesión que actualmente se encuentra vigente ajustada a los normas técnico legales, y en consecuencia en apego a los normas del Código de Minería, Código Tributario y Código y Normas y Procedimientos, se otorgó la licencia comercial para la explotación de la actividad ajustada a derecho, además del proceso de licitación abreviada la misma se cumplió con todas las reglas en materia de contratación administrativa sin lesionar el procedimiento de contratación ni afectando a ningún oferente dentro del procedimiento. Indica que ante la Municipalidad de Mora no se ha gestionado ninguna de las vías de impugnación en la etapa ordinaria de los actos administrativos emitidos por el municipio, ni tampoco se ha recibido ninguna denuncia ambiental sobre el caso. Solicita se declare sin lugar este recurso.

7. Informa bajo juramento Álvaro Enrique Arguedas Durán, en su condición de Presidente del Concejo de Mora, que, respecto a la consulta formulada por los recurrentes a la Municipalidad de Mora mediante nota del 06 de julio del 2019, el Concejo Municipal procedió a darle respuesta el 04 de diciembre del 2020, esto mediante oficio n.° AMM-541-2019 fechado 03 de setiembre del 2019. Asimismo, sobre la licitación abreviada 2020-LA-00001-01, expresa que, mediante acuerdo n.° ACM-08-03-2020 de fecha 25 de junio de 2020, el Concejo de Mora aprobó el acto de adjudicación de la licitación de marras a favor de Tractores Zamora, S.A., todo en cumplimiento de las normas de contratación administrativa y los principios que informan la materia. Detalla que dicho acto de adjudicación “se dictó con base en los informes técnicos rendidos por la Administración Municipal, particularmente el informe técnico de proveeduría N° PROV-287-2020, la autorización de concesión del tajo a favor de Tractores Zamora, S.A., mediante resolución N° R-248-MINAE, publicada en el diario oficial La Gaceta N° 175 del 1 de setiembre de 2005, y la licencia comercial emitida el 30 de octubre de 2019, mediante acto administrativo N° TAS-IMP-001-2019-LC, actualmente vigente; por lo que los actos administrativos que dieron base al acto de adjudicación, fueron válidos, eficaces y ajustados a derecho”. Por otra parte, manifiesta que el 07 de julio de 2020 recibieron por parte de Rosemary Sánchez Pérez, sindica propietaria y miembra del pueblo Huetar de Quitirrisí de Mora, una solicitud de declaración de nulidad absoluta de la licitación abreviada de marras, misma solicitud que fue rechazada de plano por inadmisible, mediante acuerdo n.º ACM-13-07-2020, el 27 de julio de 2020. Asimismo, expone que mediante oficio sin número de fecha 13 de julio del 2020, suscrito también por Rose Mary Sánchez Pérez, se les solicitó la cancelación definitiva de la patente comercial para la explotación de tajo en la finca matrícula folio real 405947, otorgada a favor de Tractores Zamora S.A., la cual, mediante acuerdo n.° ACM-16-04-2020, se acordó solicitarte a la administración municipal un informe técnico topográfico y otras consultas varias para valorar la denuncia planteada. Lo anterior fue contestado el 25 de septiembre de 2020, mediante oficio n.º AMM-604-2020, por el Alcalde de Mora. Alega que ambos oficios (n.° ACM-16-04-2020 y n.º AMM-604-2020) fueron notificados a la parte recurrente a los medios señalados por la petente. Asimismo, indica que el informe técnico topográfico rendido por la alcaldía municipal se remitió a estudio de la asesoría legal, esto dado la complejidad del tema, a efectos de determinar las acciones administrativas o judiciales que correspondan. Ahora bien, detalla que “respecto a la solicitud de cancelación definitiva de la patente comercial para la explotación de tajo en la finca matrícula folio real 405947, otorgada a favor de Tractores Zamora, S.A., debemos indicar con base en la prueba aportada, así como el expediente administrativo certificado que presentó en este proceso el alcalde municipal, que lo planteado no es más que un conflicto de legalidad ordinaria, que no involucra, al menos en forma directa, derecho fundamental alguno, razón por la cual excede el ámbito de competencia de la Sala. En efecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha indicado reiteradamente en sus resoluciones que como tribunal no es un contralor de legalidad ni una instancia más de la Administración, de modo que no le correspondería determinar en el sub lite si la Municipalidad de Mora debe o no cancelar la licencia comercial a favor de Tajos Zamora, S.A., o anular el acto de adjudicación de la licitación abreviada N° 2020LA-000001-01, por ser asuntos netamente de orden administrativo y eventualmente judicial”. Agrega que la razón para creer que este tema debe ser resuelto por medio de la legalidad ordinaria -y no por medio de un amparo constitucional-, es el hecho de que al ser Tractores Zamora S.A. el propietario registral ante Registro Nacional de la finca matrícula folio real 405947 y, por ende, poseedor de buena fe, debe el Concejo de Mayores de Quitirrisí en caso de estimar violentados sus derechos, acudir al procedimiento establecido en el artículo 5 de la Ley Indígena, mismo que establece la competencia única y exclusiva del INDER para resolver en sede administrativa o judicial asuntos como el aquí presentado, como es el caso de tramitar los procesos administrativos y judiciales de expropiación e indemnización, establecidos en la Ley n.° 9286 para garantizar la inscripción de las propiedades dentro de zona indígena exclusivamente a favor de estos pueblos originarios. Solicita se declare sin lugar este recurso.

8. El Técnico Judicial 3 a.i. y el Secretario a.i., ambos de la Sala Constitucional, hacen constar que, revisado en el Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales, el control de documentos recibidos y este expediente, no apareció que del 27 de noviembre al 08 de diciembre de 2020, el Jefe del Departamento de Estudios Territoriales del INDER haya presentado escrito o documento alguno, esto a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las 13:53 horas del 25 de noviembre de 2020.

9.  Por escrito recibido el 30 de marzo de 2021, la parte recurrente presentó un pronto despacho.

10. Por resolución de las 07:41 horas del 15 de junio de 2021, la Magistrada Instructora solicitó como prueba para mejor resolver al Director del Registro Inmobiliario del Registro Nacional, en los siguientes términos: “señale si la propiedad inscrita bajo la matrícula N° 1-40597-000 del plano catastrado DJ-120738-1993 a nombre de Tractores Zamora S.A, se encuentra dentro de los supuestos establecidos en la resolución de las 11:05 horas del 12 de setiembre de 2019 dictada en el expediente No. 2019-70-RIM. Es decir, si el citado inmueble registralmente se encuentra situado dentro de territorio indígena. Además, deberá aportarse copia de la citada resolución”.

11. Por auto de las 07:58 horas del 15 de junio de 2021, la Magistrada Instructora solicitó como prueba para mejor resolver a la Directora de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía, lo siguiente: “1) en el informe rendido por medio del oficio No. DGM-OD-293-2020 del 02 de diciembre de 2020 se indicó que: "a raíz de este traslape evidenciado en oficio N° DGM-TOP-O-370-2020, esta Dirección realizará en los próximos días una inspección a la zona donde se ubica la cantera, además será analizado por la actual asesora legal del Registro Nacional Minero encargada de la Región Central 1, a la que pertenece por territorio este expediente, de la mano del Geólogo Coordinador Minero de esta región". Así las cosas, señale si dicha inspección se realizó y de ser afirmativa la respuesta, cuál fue el resultado de la misma. 2) En el informe rendido a esta esta Sala se afirma: “el representante de la sociedad tramitó la reducción del área a concesionar, con la finalidad de que el permiso de explotación se otorgara a la parte de la propiedad que se ubica fuera del área de la Reserva Indígena”. Aclare cuál fue la respuesta a esa gestión y cómo se ha ejecutado. 3) Refiérase a si tiene conocimiento de un proceso en la vía ordinaria correspondiente en el que se discutan los hechos objeto de este proceso. En tal caso, señale el expediente y el órgano que lo tramita”.

12. Por resolución de las 08:04 horas del 15 de junio de 2021, la Magistrada Instructora amplió el auto de curso y le confirió audiencia al Ministerio de Ambiente y Energía, al Ministerio de la Presidencia y a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

13. Por resolución de las 12:00 horas del 23 de junio de 2021, la Magistrada Instructora solicitó como prueba para mejor resolver al INDER, lo siguiente: “que dentro de la documentación que consta en autos, consta que "el Presidente Ejecutivo informa mediante el oficio INDER-PE-1038-2020, que con respuesta a la audiencia solicitada lo siguiente: Por ocasión de la pandemia se han restringido las solicitudes de audiencia presenciales, sin embargo, se concedió un espacio virtual para el próximo 08 de diciembre del 2020 a las 08:00...". Así las cosas, indique si dicha reunión se llevó a cabo y deberá indicar cuál fue el resultado de la misma. Además, en su informe la autoridad deberá referirse sobre si tiene conocimiento de un proceso en la vía ordinaria correspondiente en el que se discuta lo aquí cuestionado en este recurso de amparo. En tal caso, señalará el expediente y el órgano que lo tramita”.

14. Por resolución de las 12:13 horas del 23 de junio de 2021, la Magistrada Instructora solicitó a la Municipalidad de Mora, lo siguiente: “señale si tiene conocimiento de un proceso en la vía ordinaria correspondiente en el que se discuta lo alegado en este recurso de amparo. En tal caso, señalará el expediente y el órgano que lo tramita”.

15. Informa bajo juramento Andrea Meza Murillo, en su condición de Ministra de Ambiente y Energía, que:

“Como aclaración preliminar debo indicar que de conformidad con la legislación nacional las competencias técnicas para la tramitación y evaluación de los permisos de exploración y las concesiones de explotación mineras están asignadas a la Dirección de Geología y Minas. Esta Dependencia se encuentra dentro de la estructura MINAE y es la encargada de emitir la recomendación técnica y legal relacionada con las solicitudes, para que se proceda a emitir el acto de otorgamiento que es firmado por el Poder Ejecutivo. Dentro de este proceso también participa la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA) cuya competencia para la evaluación de impacto ambiental de las diferentes actividades, obras o proyectos fue desconcentrada técnicamente por la ley. Ambas dependencias, custodian los expedientes administrativos de sus respectivos trámites y tienen además las competencias de vigilancia y supervisión técnica y legal de los permisos y licencias otorgados que a su vez incluyen etapas de supervisión en fase de ejecución. El Despacho Ministerial, ha solicitado informes a ambas dependencias técnicas para dar la respuesta solicitada a la Sala Constitucional en el presente recurso de amparo y el mismo se rinde con fundamento en los expedientes y conocimiento de los hechos que han sido informados por los funcionarios responsables y que se adjuntan como pruebas. Esto no excluye ni suple el informe directo que cada uno de los Directores, debe aportar ante la Sala Constitucional. Conforme con el traslado de hechos procedo a exponer: 1. En cuanto a las gestiones y consultas formuladas por los recurrentes ante la Municipalidad de Mora no me consta. No corresponde informar por no tratarse de hechos de este Ministerio. 2. Efectivamente en el año 1976 se creó la Reserva Indígena de Quitirrisí mediante el artículo 9 del Decreto Ejecutivo No. 6036-G de 12 de junio de 1976 y el Caserío Indígena es delimitado luego mediante Decreto Ejecutivo No. 10707-G de 08 de noviembre de 1979 por lo que se acepta en cuanto a la emisión de la normativa. 3. Sobre la existencia de un tajo en la zona se acepta únicamente lo relativo y documentado dentro del expediente administrativo No. 2575 como una concesión de explotación legal y autorizada por el Poder Ejecutivo fuera del territorio de la Reserva Indígena. 4. Sobre las gestiones y consultas ante el INDER, CONAVI y otras instituciones no corresponde referirme por ser actos ajenos a este Ministerio. 5. No me consta lo referente al contenido del DET-CER-064-2020 CONAI por ser un acto ajeno a este Ministerio además de resultar incierto el hecho por carecer de referencia a un plano o metodología que permita la ubicación certera. Sin embargo, en el Informe DGM-RNM- 429-2021 se establece que la resolución de otorgamiento se indica claramente que el área total otorgada corresponde a 1 Ha 3745,38 metros cuadrados según consta en el plano visible a folio 150 (folio 153 después de la refoliatura de los expedientes) y que se encuentra fuera del territorio indígena. Sin embargo, resulta relevante para resolver este caso la ubicación del tajo con concesión actual en ese inmueble y con relación al límite del territorio indígena, aspecto que la misma Dirección de Geología y Minas parece no tener claro aún dado los informes generados DGM-CRC 1-002-2021 y el informe DGM-TOP-O-216-2021 en que se concluye no solo las inconsistencias presentadas en la información subida al padrón minero digital sino a las áreas de los informes de supervisión de esa dirección. 6. No me consta y no corresponde informar sobre las actuaciones municipales relacionadas con los procesos de contratación indicados por ser actos ajenos a este Ministerio. Deberá ese Municipio informar al respecto. 7. En relación con la cantera en la zona me remito a los informes rendidos por la geóloga Ileana Boschini López, Directora de la Dirección de Geología y Minas a quien por distribución interna de competencias le corresponde la atención de estos trámites. Como ha indicado esa funcionaria, ante su registro consta la existencia del expediente administrativo No. 2575 a nombre de Tractores Zamora S.A. con cédula jurídica No.3.101-035013 con una concesión otorgada mediante la resolución R-248-2005- MINAE con un plazo de 25 años, por lo que está aún vigente. Como lo detalla es su informe DGM-RNM-429-2021 ese trámite contó para su otorgamiento con la licencia ambiental otorgada por la Secretaria Técnica Nacional Ambiental al comunicar mediante la Resolución No. 0674-2001-SETENA la aprobación de la viabilidad ambiental. Este último aspecto lo ratifica la Directora de la SETENA en el informe SETENA-SG-0847-2021 que se adjunta. 8. Resulta de importancia que al otorgamiento de la concesión la Dirección de Geología y Minas previamente aprobó una reducción de área solicitada originalmente por el concesionario precisamente para ubicar el tajo fuera del área de reserva indígena, por consiguiente, en ese acto administrativo se respetaron la competencia y los límites de ley para el otorgamiento. 9. No me consta lo relativo al pago de tributos y obligaciones del concesionario al municipio. La Dirección de Geología y Minas no ha informado contar con datos al respecto. 10. Sobre las actuaciones de la secretaria técnica Nacional Ambiental aportó el informe SETENA-SG-0847-2021 sobre aspectos generales remitido por esa dependencia donde se ha consignado por la Directora que el tajo del expediente minero 2575 tramitó la evaluación de impacto ambiental y se le asignó el expediente No. FEAP-246-2001- SETENA Proyecto “TAJO TABARCIA” dentro de ese trámite le fue advertido al solicitante: “El 4 de octubre de 1999, mediante la resolución No.927-99-SETENA, se indica que la solicitud del proceso preliminar fue analizada y se comunica al desarrollador del proyecto que la actividad a desarrollar no es viable ambientalmente y en el Considerando Segundo se establece:-  “El terreno tiene una topografía muy quebrada ❖ El terreno se encuentra en una reserva indígena…” (el resaltado no es del original) El 2 de marzo del año 2000, se recibe en esta Secretaría, el oficio WBJ-0010-2000 por parte de los señores William Brenes Jiménez, en su condición de Geólogo Consultor y Mario Zamora en representación de la empresa Tractores Zamora S. A., mediante el cual aportan oficio DE-021-2000 suscrito por el señor Guido Rojas Sánchez, Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, mediante el cual manifiesta entre otras cosas: 1. Que son conocedores de que el señor Mario Zamora pretende explotar la parte del tajo ubicado fuera de la Reserva y que mantiene su interés en contribuir con la Comunidad Indígena de Quitirrisí de Mora en la reparación de caminos; 2. Así como, si fuera necesario la utilización de material ubicado dentro de la Reserva Indígena para el cumplimiento de esas obras, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas estaría anuente a su utilización, conforme corresponda y en beneficio de las partes involucradas. El 15 de marzo de 2002, se emite el oficio SG-410-2002-E-ESIA-SETENA que señala que la información adicional presentada el 4 de marzo de 2002 solicitada en la Resolución No. 0674-2001-SETENA cumple y Por lo Tanto se comunica que se ha cumplido con el proceso de Evaluación Ambiental, por lo que, se otorga Viabilidad ambiental al proyecto Tajo Tabarcia quedando abierta la etapa de Gestión Ambiental. Se adjunta certificación de copia.” Indica que han sido notificados directamente por la Sala Constitucional y estando en plazo lo procedente será que rinda informe ese órgano directamente y con mayor detalle. SOBRE EL FONDO: La exploración y explotación de materiales no metálicos del subsuelo está regulado en Costa Rica mediante el Código de Minería Ley No. 6797 y sus reformas. De conformidad con esta legislación los recursos minerales son patrimonio del Estado quien tiene prioridad en su utilización y explotación. Sin embargo, la misma legislación establece que podrán otorgarse a favor de particulares permisos de exploración y concesiones de explotación los cuales se regirán por el Código y sus reglamentos. El artículo 4 del Código de Minería declara de utilidad pública la actividad minera y el artículo 8 establece las áreas en las cuales existen limitaciones para otorgar dichas concesiones. Precisamente una de esas limitaciones es la dispuesta en el párrafo tercero de cita: “Las concesiones otorgadas a particulares, sobre exploración y explotación de recursos minerales en las zonas declaradas reservas indígenas, deberán ser aprobadas por la Asamblea Legislativa. La ley que apruebe tales concesiones deberá proteger los intereses y derechos de las comunidades indígenas. No procederá el trámite legislativo cuando sea el Estado el que realiza directamente la exploración o explotación. Modificase en lo conducente la ley número 6172 del 29 de noviembre de 1977.” Bajo esta disposición legal es que al tramitar la solicitud de explotación de materiales minerales en el expediente No. 2575 la Dirección de Geología y Minas previene al interesado que la finca No.1-405947-000 identificada con el plano aportado SJ- 0598576-1985 tiene un traslape importante de terreno dentro de la Reserva Indígena Quitirrisí. Esta situación es corregida y la concesión otorgada por el Poder Ejecutivo en su momento, mediante la resolución R-248-2005-MINAE, no se hizo con ese plano, sino con el plano visible al Folio 153 en el cual, según informe técnico legal de recomendación emitido por la Dirección de Geología y Minas, se realizó la exclusión de toda el área afectada dentro de la Reserva indígena, por lo que se procedió a otorgar la concesión. Procedo a citar textualmente parte del informe DGM-RNM- 429-2021 de lunes 28 de junio del 2021: “Antecedentes sobre el área de concesión: Mediante Resolución R-248-2005-MINAE del 6 de julio de 2005 se otorga concesión minera a favor de la sociedad Tractores Zamora S.A. por 25 años (Resolución visible a folios 284 a 276) En la resolución de otorgamiento se indica claramente que el área total otorgada corresponde a 1 Ha 3745,38 metros cuadrados según consta en el plano visible a folio 150 (folio 153 después de la refoliatura de los expedientes). Mediante oficio DGM-TOP-305-2003 se aprueba dicho plano (folio 164). Se revisó el resto del expediente y no se encontró ninguna modificación al área otorgada en la resolución R- 248-2005-MINAE, como podría haber sido trámites de ampliación de área u otro similar. Cabe destacar que el plano visible a folio 153 es el plano que se utilizó para construir los edictos y posterior emisión del título minero y que este plano fue aportado por el solicitante en repuesta al oficio DGM-TOP-275-2001 y la resolución N°102 del 19 de febrero de 2002 (folio 115). El plano visible a folio 153 recorta una porción del terreno, con respecto al plano visible a folio 95, ya que esa porción recortada se encontraba dentro del área de reserva indígena. Por lo tanto, la Dirección de Geología y Minas y el Poder Ejecutivo otorgaron una concesión minera en un área de 1 Ha 3745,38 m2 fuera del área de reserva indígena por lo que no hubo necesidad de seguir el procedimiento establecido en el artículo 8 del Código de Minería. Así se ha indicado en reiteradas ocasiones como queda reflejado dentro del expediente minero. Por ejemplo, el oficio DGM-TOP-180- 2007 indica que según resolución 102 del 19 de febrero de 2002 se solicita plano topográfico del área excluyendo la reserva de Quitirrisí, indica que el plano entregado y visible a folio 150 (hoy folio 153 cumple con lo requerido en la resolución N° 102 y que fue aprobado por el Ingeniero Jorge Delgado Barboza.” Como consecuencia del análisis del expediente y de la inspección solicitada producto del compromiso con la Sala Constitucional en este mismo proceso, se rinde informe por el funcionario Etelberto Chavarría Camacho DGM-TOP-O-216-2021 con especialidad en topografía para el Departamento de Control Minero de la Dirección de Geología y Minas se concluye que el anterior informe rendido por las geólogas mediante el Oficio DGM-TOP-O-370-2020 indicando un traslape de un 50% con la Reserva Indígena es incorrecto por cuanto tomo como base un plano que si bien consta en el expediente como parte de la solicitud inicial, no fue el utilizado para aprobar la concesión. Administrativamente y según los informes de la Dirección de Geología y Minas se tiene por establecido como cierta la ubicación del área otorgada por el Poder Ejecutivo mediante resolución No. R-248-2005-MINAE fuera de los territorios declarados Reserva Indígena y se asegura que no ha sufrido modificación mediante acto administrativo. Adiciona el DGMRNM- 429-2021: “Se revisó el resto del expediente y no se encontró ninguna modificación al área otorgada en la resolución R-248-2005-MINAE, como podría haber sido trámites de ampliación de área u otro similar. Cabe destacar que el plano visible a folio 153 es el plano que se utilizó para construir los edictos y posterior emisión del título minero y que este plano fue aportado por el solicitante en repuesta al oficio DGM-TOP-275-2001 y la resolución N°102 del 19 de febrero de 2002 (folio 115). El plano visible a folio 153 recorta una porción del terreno, con respecto al plano visible a folio 95, ya que esa porción recortada se encontraba dentro del área de reserva indígena.” Sin embargo, producto de los informes DGM-TOP-O-216-2021 y DGM-RCR1-002-2021 se han detectado en las labores de revisión y de inspección al tajo las siguientes situaciones: “Una vez se conoció el oficio DGM-TOP-O-370-2020 del 02 de diciembre de 2020, se procedió a realizar por parte de esta coordinación minera una revisión del expediente minero y de la información técnica contenida en los informes anuales de labores; de esta manera se logra observar que existe una discrepancia entre la forma y el tamaño del polígono visible en los informes de labores y el polígono del expediente 2575 otorgado en la Resolución R-248- 2005-MINAE del 6 de julio de 2005. También existe discrepancia entre el polígono del expediente 2575 que se muestra en el Padrón Minero Digital con respecto al polígono del expediente 2575 otorgado en la Resolución R-248-2005-MINAE del 6 de julio de 2005. El polígono que se muestra en el padrón minero digital corresponde al polígono mostrado en el plano visible a folio 11, el cual nunca fue aprobado como un plano correcto por encontrarse dentro del área de la reserva indígena. Como se indicó anteriormente se revisó el expediente y no consta en el mismo, ningún elemento legal o técnico por el cual se hayan justificado una modificación del área de concesión. Si bien dentro del expediente constan oficios de aprobación de informes de labores (oficios DGM-DI-003-2014 y DGM-DI-004-2014, elaborados por Ana Sofía Huapaya, visible a folio 576 a 579; oficio DGM-CMRC1-101-2014 elaborado por Lilliam Arrieta H, folio 626), esta aprobación no implica modificaciones en el área de concesión. Además, en los oficios citados no se hace indicación alguna al área de concesión, únicamente menciona coordenadas muy generales sobre la ubicación de la concesión como su localización administrativa y el cuadrante en el que se ubica de la Hoja Cartográfica. En el oficio DGM-CRC1-104-2015 del 11 de noviembre de 2015 (folio 642) la geóloga Lilliam Arrieta Hernández solicita una serie de requerimientos relacionados con omisiones dentro del informe de labores del periodo 2013-2014 y que tienen relación con el plano de bloques de extracción. No se observa resolución que haya comunicado dicho oficio, ni tampoco se observa presentación de la información indicada por parte de la sociedad concesionaria. Los otros informes de labores se encuentran pendientes de revisión, pero como se indicó presentan un plano topográfico con un polígono de la concesión que no coincide en forma ni en tamaño con el polígono otorgado por el Poder Ejecutivo. ” (DGM-CRC-002-2021) “Conclusiones: Con la información con la que cuenta esta coordinación minera se corrobora que la Dirección de Geología y Minas recomendó el otorgamiento de una concesión en un terreno con un área de 1 Ha 3745,38 metros cuadrados, que se encuentra fuera del área de Reserva Indígena según el Decreto 29452-G publicado en la Gaceta del 16 de mayo de 2001. Al observar el dibujo del polígono del expediente 2575, que existe en el Padrón Minero Digital, se puede observar que coincide en forma y tamaño con el área del plano visible a folio 11, este plano del folio 11, no fue el que se usó para la confección de edictos ni corresponde con el área otorgada por el Poder Ejecutivo, siendo el correcto el plano visible a folio 153. Por lo tanto, se recomienda que se corrija el dibujo del polígono del padrón minero digital y que se dibuje el área del plano visible a folio 153 como corresponde. Además, por la cercanía que existe con el límite de la reserva indígena, se recomienda que se ajuste el límite de la Reserva en este sector de acuerdo con lo indicado en el Decreto 29452-G publicado en la Gaceta del 16 de mayo de 2001. Además, se recomienda que se emita un nuevo oficio de respuesta dirigido a la Sala Constitucional con relación al expediente 2020-021439-0007-CO, ya que la información brindada contenía información incorrecta. Como queda demostrado en el expediente minero, la Dirección de Geología y Minas fue prolija en revisar y asegurarse que el área otorgada se encontraba fuera del área de reserva indígena. Si es importante mencionar que se debe investigar sobre la posibilidad de que la sociedad concesionaria de manera intencional o no, haya estado extrayendo y realizando otras labores en áreas que se encuentran fuera del área otorgada por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, se recomienda que se ordene a la sociedad concesionaria una medida cautelar de suspensión de labores extractivas y cualquier labor de empuje de material, de destape, de relleno o de conformación o perfilado de terrazas o bermas que se encuentre afuera del área otorgada por el poder ejecutivo (R-248-2005- MINAE). La importancia de esta medida cautelar radica en evitar mayores impactos en la propiedad y posibles alteraciones al área impactada que impidan que se lleve una investigación objetiva. Por esta razón se recomienda también ordenar al titular de la sociedad concesionaria que debe velar por evitar que terceros ingresen a la propiedad con maquinaria a alterar los terrenos de la finca que se encuentren afuera del área otorgada por el poder ejecutivo (R248-2005-MINAE). Se recomienda que se gire una orden para que la sociedad concesionaria coloque los mojones en el campo de acuerdo con el área otorgada (R-248-2005-MINAE) y que se realice la coordinación para la inspección de campo por parte de la Unidad de Topografía del Departamento de Control Minero para verificar que el amojonamiento corresponde con lo aprobado y lo otorgado. Para esto se recomienda que se otorgue un plazo de 15 días hábiles. Se recomienda que se gire una orden para que la sociedad concesionaria presente en formato de documento técnico, un plan de recuperación de aquellas áreas que fueron impactadas y que se encuentran fuera del área otorgada en concesión minera. Este plan es de carácter preliminar, debe contener un aproximado de los costos en que incurrirá la sociedad concesionaria para la recuperación de las áreas y horas maquinaria a utilizar, así como un cronograma tentativo de ejecución. Para esto se recomienda que se otorgue un plazo de 30 días hábiles. Se recomienda solicitar la presentación de los documentos que acrediten que el Reglamento de Seguridad e Higiene para esta concesión se encuentra aprobado por el Ministerio de Trabajo. Es importante mencionar que es el Registro Nacional Minero quien debe proceder de acuerdo con la normativa vigente y con relación a la información brindada; por lo que se aclara, que las recomendaciones que se generan en este informe tienen como objetivo que no se logre entorpecer la determinación de la verdad de los hechos, de acuerdo con la experiencia técnica de esta coordinación minera.” (DGM-CRC-002-2021)”.

Por todo lo anterior, solicita que se declare sin lugar el recurso.

 16. Informa bajo juramento Harys Regidor Barboza, en su condición de Presidente Ejecutivo del INDER, que

“Me presento a cumplir con lo solicitado mediante resolución de este honorable despacho de las doce horas cero minutos del veintitrés de junio de dos mil veintiuno, para lo cual, les indico que la reunión se llevó a cabo de manera presencial en el Rancho Biriteca, ubicado en Quitirrisí de Mora, el día 14 de diciembre del 2021 a las 2 p.-m. Por parte del Inder participaron los siguientes funcionarios: • Harys Regidor Barboza, Presidente Ejecutivo del Inder. • Jimmy Garita Hernández. Jefe del Departamento de Información y Registro de Tierras y Coordinador Técnico del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas. • Juan Carlos Jurado Solórzano. Coordinador General del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas. Por supuesto, participaron los miembros del Consejo de Mayores del Pueblo Huetar de Quitirrisí de Mora, las señoras y señores: Juan Sánchez Agüero, Jose Sáenz Sáenz, Gloria Sáenz Sáenz y Maria Perez; participo, también, la síndica de Quitirrisí señora Rose Mary Sánchez Pérez y el señor Guido Rojas Sánchez, asesor legal del Consejo de Mayores. En dicha reunión se dio información general sobre la naturaleza y avance del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas y se respondieron todas las dudas generales y particulares de los diferentes miembros del Consejo de Mayores del Pueblo Huetar de Quitirrisí de Mora”.

17. Informa bajo juramento Ileana Boschini López, en su condición de Directora de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía, que:

“MANIFESTACION 1. En el informe rendido por medio del oficio DGM-OD-293-2020 del 02 de diciembre del 2020, se indicó que: “a raíz de este traslape evidenciado en oficio No DGM-TOP-O-370- 2020, esta Dirección realizará en los próximos días una inspección a la zona donde se ubica la cantera, además será analizado por la actual asesora legal del Registro Nacional Minero encargada de la Región Central 1, a la que pertenece por territorio este expediente, de la mano del Geólogo Coordinador Minero de esta región”. Su Autoridad solicita se señale, si dicha inspección se realizó y de ser afirmativa la respuesta, cuál fue el resultado de la misma. Del compromiso de inspección para corroborar la verdad real de los hechos recurridos, se emite el  oficio DGM-CRC1-002-2021 del 15 de enero del 2021, el cual se adjunta como prueba, emitido por el Geólogo Lic. Esteban Bonilla Elizondo, Coordinador Minero de la Región Central 1, quien presenta los resultados de la revisión técnica del expediente minero, con relación a la ubicación del área de concesión, de acuerdo con la información suministrada en el oficio DGM-TOP-O-370-2020. Al respecto señala: “Antecedentes sobre el área de concesión: Mediante Resolución R-248-2005-MINAE del 6 de julio de 2005 se otorga concesión minera a favor de la sociedad Tractores Zamora S.A. por 25 años (Resolución visible a folios 284 a 276) En la resolución de otorgamiento se indica claramente que el área total otorgada corresponde a 1 Ha 3745,38 metros cuadrados según consta en el plano visible a folio 150 (folio 153 después de la refoliatura de los expedientes). Mediante oficio DGM-TOP-305-2003 se aprueba dicho plano (folio 164). Se revisó el resto del expediente y no se encontró ninguna modificación al área otorgada en la resolución R-248-2005-MINAE, como podría haber sido trámites de ampliación de área u otro similar. Cabe destacar que el plano visible a folio 153 es el plano que se utilizó para construir los edictos y posterior emisión del título minero y que este plano fue aportado por el solicitante en repuesta al oficio DGM-TOP-275-2001 y la resolución N°102 del 19 de febrero de 2002 (folio 115). El plano visible a folio 153 recorta una porción del terreno, con respecto al plano visible a folio 95, ya que esa porción recortada se encontraba dentro del área de reserva indígena. Por lo tanto, la Dirección de Geología y Minas y el Poder Ejecutivo otorgaron una concesión minera en un área de 1 Ha 3745,38 m2 fuera del área de reserva indígena por lo que no hubo necesidad de seguir el procedimiento establecido en el artículo 8 del Código de Minería. Así se ha indicado en reiteradas ocasiones como queda reflejado dentro del expediente minero. Por ejemplo, el oficio DGM-TOP-180- 2007 indica que según resolución 102 del 19 de febrero de 2002 se solicita plano topográfico del área excluyendo la reserva de Quitirrisí, indica que el plano entregado y visible a folio 150 (hoy folio 153) cumple con lo requerido en la resolución N° 102 y que fue aprobado por el Ingeniero Jorge Delgado Barboza. Este oficio sirvió como insumo para la respuesta emitida mediante oficio DGM-RNM-263-2007 firmada por la Licenciada Cynthia Cavallini que en ese momento ejercía la jefatura del Registro Nacional Minero. La respuesta iba dirigida al en ese entonces Alcalde Municipal Gilberto Monge Pizarro que mediante oficio DAM-129-07 hacía traslado del oficio ADIQ-016-2007 de la Asociación de desarrollo Integral de la Reserva Indígena Quitirrisí; se consultaba si a la hora de otorgar la concesión con expediente 2575 se había seguido el procedimiento indicado en el artículo 8 del Código de Minería. En el oficio DGM-RNM-263-2007 se lee de manera textual: “Hago de su conocimiento que no fue necesario, por cuanto la zona que se encontraba dentro de la Reserva Indígena de Quitirrisí fue excluida del área solicitada, según consta en el oficio DGM-TOP-305-2003 del 28 de agosto de 2003” Eso mismo se indica en las respuestas emitidas mediante oficio DGM-CMRC1-33-2013 (folio 543) en respuesta al oficio DAJ-1230-2013 que traslada el oficio ACOPAC-OSRP-1091-13 que es oficio de respuesta de Recurso de Amparo 13-008295-0007-CO. Es este oficio DGM-CMRC1-33-2013 se lee textualmente: “Revisado el expediente administrativo 2575, de acuerdo a la información del topógrafo, se puede concluir que el área otorgada bajo ese número de expediente, se encuentra fuera de la reserva indígena”. En el folio 550 se observa oficio de DGM-563-2013 en respuesta a Recurso de Amparo planteado por Esmeralda Pérez Hernández contra la Dirección de Geología y Minas, en este oficio se explica que el plano que se había presentado para la solicitud de concesión había sido certificado por el CONAI indicando que se encontraba afuera del área de Reserva Indígena, no obstante, la labor del topógrafo no se limitó en aceptar esta certificación si no que verificó por sus propios medios que había un traslape con el área de Reserva Indígena, por lo que informa de esta situación al Registro Nacional Minero, el cual mediante resolución N°102 del 19 de febrero de 2002, solicita los ajustes al plano y se termina presentando el plano que fue aprobado visible a folio 153 y que se utilizó para la confección de edictos y la resolución de otorgamiento. Este recurso de amparo fue desestimado como se observa en la sentencia 2014014655 visible a folios 604 a 622. Análisis sobre las áreas de concesión: Una vez se conoció el oficio DGM-TOP-O-370-2020 del 02 de diciembre de 2020, se procedió a realizar por parte de esta coordinación minera una revisión del expediente minero y de la información técnica contenida en los informes anuales de labores; de esta manera se logra observar que existe una discrepancia entre la forma y el tamaño del polígono visible en los informes de labores y el polígono del expediente 2575 otorgado en la Resolución R-248-2005-MINAE del 6 de julio de 2005. También existe discrepancia entre el polígono del expediente 2575 que se muestra en el Padrón Minero Digital con respecto al polígono del expediente 2575 otorgado en la Resolución R-248-2005-MINAE del 6 de julio de 2005. El polígono que se muestra en el padrón minero digital corresponde al polígono mostrado en el plano visible a folio 11, el cual nunca fue aprobado como un plano correcto por encontrarse dentro del área de la reserva indígena. Como se indicó anteriormente se revisó el expediente y no consta en el mismo, ningún elemento legal o técnico por el cual se haya justificado una modificación del área de concesión. Si bien dentro del expediente constan oficios de aprobación de informes de labores (oficios DGM-DI- 003-2014 y DGM-DI-004-2014, elaborados por Ana Sofía Huapaya, visible a folio 576 a 579; oficio DGM-CMRC1-101-2014 elaborado por Lilliam Arrieta H, folio 626), esta aprobación no implica modificaciones en el área de concesión. Además, en los oficios citados no se hace indicación alguna al área de concesión, únicamente menciona coordenadas muy generales sobre la ubicación de la concesión como su localización administrativa y el cuadrante en el que se ubica de la Hoja Cartográfica. En el oficio DGM-CRC1-104-2015 del 11 de noviembre de 2015 (folio 642) la geóloga Lilliam Arrieta Hernández solicita una serie de requerimientos relacionados con omisiones dentro del informe de labores del periodo 2013-2014 y que tienen relación con el plano de bloques de extracción. No se observa resolución que haya comunicado dicho oficio, ni tampoco se observa presentación de la información indicada por parte de la sociedad concesionaria. Los otros informes de labores se encuentran pendientes de revisión, pero como se indicó presentan un plano topográfico con un polígono de la concesión que no coincide en forma ni en tamaño con el polígono otorgado por el Poder Ejecutivo. Visita de campo: El 2 de mayo de 2019 se realizó visita para la verificación de cumplimiento de la Resolución N° 213 del 18 de mayo de 2015, la cual solicitaba que se acondicionara el lugar de trabajo, ya que la concesión no contaba con una oficina, ni con comedor o electricidad o disponibilidad de agua potable. La visita fue atendida por el señor Elías Castro que indicó ser el vigilante, el día de la visita no había personal realizando labores extractivas ni el personal encargado. Únicamente se observó maquinaria estacionada y se verificó que las condiciones de la oficina cumplieran de acuerdo con lo solicitado en la resolución N°213 del 18 de mayo de 2015. Esta coordinación minera no logró verificar durante esa visita las coordenadas de los frentes de extracción, pero si se logró apreciar que el área que muestra un impacto relacionado con labores que podría asociarse a la extracción minera, abarca un área mucho mayor de lo que se muestra en el polígono otorgado por el Poder Ejecutivo. Según se pudo apreciar durante la visita de campo realizada por esta coordinación minera el 2 de mayo de 2019, existe un camino en forma de zigzag que comunica desde la oficina hasta la entrada norte de la propiedad. Antecedentes de otras extracciones: También es importante mencionar que en este sitio hay antecedentes visibles en el expediente que ligan esa propiedad con un antiguo tajo que fue desarrollado y explotado en la década de los 90s, antes del otorgamiento de la concesión. Este tajo se conocía en la localidad como Tajo Cañas y fue explotado por el MOPT, la Municipalidad de Puriscal y la Municipalidad de Mora. Esto queda en evidencia dentro del expediente administrativo en los folios 150 a 148 donde se indica que la Municipalidad de Puriscal estuvo realizando extracción por un total de 1100 metros cúbicos bajo la figura de una extracción por emergencia, bajo el expediente 118CNE-2002. También en la causa penal 99-007733-042-PE, llevada contra Rolando Zamora Solano por extracción ilegal, en la sentencia de sobreseimiento definitivo que se observa a folios 66-72, se indica de manera textual: “es lo cierto que dicho tajo, viene siendo explotado desde hace poco más de diez años, incluso antes de que la empresa del sindicado la adquiriese, cuyo beneficio no fue exclusivo del señor Rolando Zamora Solano, sino también del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de la Municipalidad de Mora e incluso de particulares, lo que es corroborado por los testigos…” Según se desprende de la misma sentencia a través de la Resolución 1202-98-MINAE del expediente minero 50E-98 se había autorizado la extracción en este sitio a la Comisión Nacional de Emergencias a través de las unidades ejecutoras del MOPT y de la Municipalidad de Mora… Conclusiones: Con la información con la que cuenta esta coordinación minera se corrobora que la Dirección de Geología y Minas recomendó el otorgamiento de una concesión en un terreno con un área de 1 Ha 3745,38 metros cuadrados, que se encuentra fuera del área de Reserva Indígena según el Decreto 29452-G publicado en la Gaceta del 16 de mayo de 2001. Al observar el dibujo del polígono del expediente 2575, que existe en el Padrón Minero Digital, se puede observar que coincide en forma y tamaño con el área del plano visible a folio 11, este plano del folio 11, no fue el que se usó para la confección de edictos ni corresponde con el área otorgada por el Poder Ejecutivo, siendo el correcto el plano visible a folio 153. Por lo tanto, se recomienda que se corrija el dibujo del polígono del padrón minero digital y que se dibuje el área del plano visible a folio 153 como corresponde. Además, por la cercanía que existe con el límite de la reserva indígena, se recomienda que se ajuste el límite de la Reserva en este sector de acuerdo con lo indicado en el Decreto 29452-G publicado en la Gaceta del 16 de mayo de 2001. Además, se recomienda que se emita un nuevo oficio de respuesta dirigido a la Sala Constitucional con relación al expediente 2020-021439-0007-CO, ya que la información brindada contenía información incorrecta. Como queda demostrado en el expediente minero, la Dirección de Geología y Minas fue prolija en revisar y asegurarse que el área otorgada se encontraba fuera del área de reserva indígena. Si es importante mencionar que se debe investigar sobre la posibilidad de que la sociedad concesionaria de manera intencional o no, haya estado extrayendo y realizando otras labores en áreas que se encuentran fuera del área otorgada por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, se recomienda que se ordene a la sociedad concesionaria una medida cautelar de suspensión de labores extractivas y cualquier labor de empuje de material, de destape, de relleno o de conformación o perfilado de terrazas o bermas que se encuentre afuera del área otorgada por el poder ejecutivo (R-248-2005-MINAE). La importancia de esta medida cautelar radica en evitar mayores impactos en la propiedad y posibles alteraciones al área impactada que impidan que se lleve una investigación objetiva. Por esta razón se recomienda también ordenar al titular de la sociedad concesionaria que debe velar por evitar que terceros ingresen a la propiedad con maquinaria a alterar los terrenos de la finca que se encuentren afuera del área otorgada por el poder ejecutivo (R-248-2005-MINAE). Se recomienda que se gire una orden para que la sociedad concesionaria coloque los mojones en el campo de acuerdo con el área otorgada (R-248-2005-MINAE) y que se realice la coordinación para la inspección de campo por parte de la Unidad de Topografía del Departamento de Control Minero para verificar que el amojonamiento corresponde con lo aprobado y lo otorgado. Para esto se recomienda que se otorgue un plazo de 15 días hábiles. Se recomienda que se gire una orden para que la sociedad concesionaria presente en formato de documento técnico, un plan de recuperación de aquellas áreas que fueron impactadas y que se encuentran fuera del área otorgada en concesión minera. Este plan es de carácter preliminar, debe contener un aproximado de los costos en que incurrirá la sociedad concesionaria para la recuperación de las áreas y horas maquinaria a utilizar, así como un cronograma tentativo de ejecución. Para esto se recomienda que se otorgue un plazo de 30 días hábiles. Se recomienda solicitar la presentación de los documentos que acrediten que el Reglamento de Seguridad e Higiene para esta concesión se encuentra aprobado por el Ministerio de Trabajo. Es importante mencionar que es el Registro Nacional Minero quien debe proceder de acuerdo con la normativa vigente y con relación a la información brindada; por lo que se aclara, que las recomendaciones que se generan en este informe tienen como objetivo que no se logre entorpecer la determinación de la verdad de los hechos, de acuerdo con la experiencia técnica de esta coordinación minera…” Una vez revisado el expediente y con el resultado de este oficio, se solicita a Topografía del Departamento de Control Minero, se confeccione un mosaico de los planos relacionados para verificar la ubicación de los mismos en el área, solicitud que genera el oficio DGM-TOP-O-216-2021 del 28 de junio del 2021, el cual se adjunta como prueba. MANIFESTACION 2. En el informe rendido a esta Sala se afirma: “el representante de la sociedad tramitó la reducción del área a concesionar, con la finalidad de que el permiso de explotación se otorgara a la parte de la propiedad que se ubica fuera del área de la Reserva Indígena”. Su Autoridad, solicita se aclare cuál fue la respuesta a esa gestión y cómo se ha ejecutado. Revisado el expediente se encuentra la siguiente información, que detalla el procedimiento seguido desde la presentación del plano que hace la solicitud de reserva de área hasta la aprobación del mismo, que genera el otorgamiento de la concesión, el cual se hace constar en el informe DGM-CRC1-002- 2021 del 15 de enero del 2021, que se adjunta como prueba para mejor resolver. Al respecto se detalla el procedimiento que consta en el expediente minero, el cual puede ser visualizado en el siguiente enlace https://dgm.addax.cr/ Se transcriben resultados del informe DGM-CRC1-002-2021. “…Mediante Resolución R-248-2005-MINAE del 6 de julio de 2005 se otorga concesión minera a favor de la sociedad Tractores Zamora S.A. por 25 años (Resolución visible al Tomo 1, folios 284 a 276) En la resolución de otorgamiento se indica claramente que el área total otorgada corresponde a 1 Ha 3745,38 metros cuadrados según consta en el plano visible al Tomo 1 del folio 153 del expediente administrativo. Mediante oficio DGM-TOP-305-2003 se aprueba dicho plano, que consta en el Tomo 1, folio 164, Se revisó el resto del expediente y no se encontró ninguna modificación al área otorgada en la resolución R-248-2005-MINAE, como podría haber sido trámites de ampliación de área u otro similar. Cabe destacar que el plano visible a folio 153 es el plano que se utilizó para construir los edictos y posterior emisión del título minero y que este plano fue aportado por el solicitante en repuesta al oficio DGM-TOP-275-2001 y la resolución N°102 del 19 de febrero de 2002 (folio 115). El plano visible a folio 153 recorta una porción del terreno, con respecto al plano visible a folio 95, ya que esa porción recortada se encontraba dentro del área de reserva indígena. (Lo resaltado no es del original) Por lo tanto, la Dirección de Geología y Minas y el Poder Ejecutivo otorgaron una concesión minera en un área de 1 Ha 3745,38 m2 fuera del área de reserva indígena por lo que no hubo necesidad de seguir el procedimiento establecido en el artículo 8 del Código de Minería. Así se ha indicado en reiteradas ocasiones como queda reflejado dentro del expediente minero. Por ejemplo, el oficio DGM-TOP-180- 2007 indica que según resolución 102 del 19 de febrero de 2002 se solicita plano topográfico del área excluyendo la reserva de Quitirrisí, indica que el plano entregado y visible a folio 153, cumple con lo requerido en la resolución N° 102 y que fue aprobado por el Ingeniero Jorge Delgado Barboza. Este oficio sirvió como insumo para la respuesta emitida mediante oficio DGM-RNM-263-2007 firmada por la Licenciada Cynthia Cavallini que en ese momento ejercía la jefatura del Registro Nacional Minero. La respuesta iba dirigida al en ese entonces Alcalde Municipal Gilberto Monge Pizarro que mediante oficio DAM-129-07 hacía traslado del oficio ADIQ-016-2007 de la Asociación de desarrollo Integral de la Reserva Indígena Quitirrisí; se consultaba si a la hora de otorgar la concesión con expediente 2575 se había seguido el procedimiento indicado en el artículo 8 del Código de Minería...” (Información extraída del informe DGM-CRC1-002-2021 del 15 de enero del 2021, que se adjunta como prueba) Es importante señalar a su Autoridad que mediante oficio DGM-TOP-O-216-2021 con fecha 28 de junio del 2021, se procede a realizar la vectorización de la finca 1-405947-000, plano SJ-0598576-1985, con planos que constan en los folios 11 y 153 del Tomo 1 del expediente administrativo, relacionados con el trámite de permiso y que ya han sido señalados en informe anterior. El resultado es el siguiente: “En folio 14 en oficio DGM-TOP-O-370-2020 del 2 de diciembre del 2020, se indicó que copio textualmente: “En atención a la consulta planteada en oficio DGM-RNM-617-2020 se indica que, en el Catastro Minero en el Cantón de Mora, Distrito Tabarcia, en San José, existe únicamente el expediente 2575 a nombre de la Sociedad Tractores Zamora S.A. La cual traslapa aproximadamente un 50% con la Zona Indígena Quitirrisi” Dicho oficio indica sobre la existencia y la ubicación aproximada del mismo según la información existente en el Catastro Minero. Ante esta segunda solicitud de criterio explicito sobre la ubicación del proyecto 2575 respecto a la reserva indígena Quitirrisí, se realiza un estudio minucioso de los planos y decretos relacionados. Según planos del expediente minero en la Ilustración 1, se dibujan los polígonos solicitados: La figura 1 color azul corresponde a la finca madre del proyecto, plano SJ-0598576-1985. La figura 2 color magenta corresponde al plano folio 11 del Tomo 1. La figura 3 color rojo corresponde al área de concesión folio 153 Tomo 1. Es importante resaltar que en ninguno de los planos se indican las coordenadas que permitan

la georreferenciación exacta de los mismos. Por tanto, es una aproximación.

 

Sobre la ubicación del límite de la reserva indígena Quitirrisí surgen discrepancias dado que según los polígonos del SINAC utilizados en el Catastro Minero y el Decreto N° 29452-G hay una gran diferencia en la forma del mismo. Por tanto, en adelante se procede a utilizar como referencia oficial el decreto N° 29452-G, y el SIRI del Registro Inmobiliario. Se muestra a continuación la ubicación APROXIMADA de las fincas y área de proyecto respecto al límite de la reserva indígena, como se observa en la imagen la línea de trazos color magenta es el límite según el decreto 29452-G, por tanto, todo al norte de dicha demarcación es parte de la reserva indígena Quitirrisí, el terreno al sur fuera de ella.

 

 

Por tanto: 1. Según este estudio se requiere que el concesionario aporte al expediente administrativo el plano de amojonamiento referido al sistema CRTM05 además es necesario que en dicho plano se aporte la correcta georreferenciación de los planos involucrados y de la correcta representación de la quebrada Mónica, así como el límite de la misma según el decreto correspondiente.2. Según la información preliminar disponible, el expediente 2575 al analizarlo con el plano visible a folio 153 se encuentra aproximadamente 70% dentro del territorio indígena, y un 85% respecto al plano del folio 11. 3. Se observan obras de movimiento de material fuera del área de concesión. 4. Se procede a actualizar el polígono del Catastro Minero de manera correcta respecto al folio 153 tomo1.” ACCIONES EN PROCESO. En razón del criterio técnico emitido en Oficio DGM-TOP-O-216-2021 con fecha 28 de junio del 2021, encontrándose discrepancias, se instruye dictar los actos administrativos que en derecho correspondan e informar a la Sala Constitucional. Es así que con toda la información que consta en el expediente, junto con los criterios técnicos emitidos, esta Dirección procede a emitir una medida cautelar y prevenir al concesionario aporte la información que logre determinar la verdad real de los hechos. SOBRE UBICACIÓN Y PLANOS APORTADOS EN EXPEDIENTE 2575 CON RESPECTO A RESERVA INDIGENA. Mediante oficio DGM-TOP-O-216-2021 con fecha 28 de junio del 2021, emitido por el Ing. Etelberto Chavarría Camacho, donde señala que una vez analizado el expediente minero 2575 y realizar la vectorización de la finca 1-405947-000, plano SJ-0598576-1985 y plano de concesión que consta en folios 11 y 153 del expediente minero, donde se hace un estudio más detallado de los planos relacionados, con una georreferenciación aproximada, encontrándose discrepancias, oficio que se ha transcrito y que se adjunta para mejor resolver. CONOCIMIENTO DE OTROS PROCESOS. Referirse a si se tiene conocimiento de un proceso en la vía ordinaria correspondiente en el que discutan los hechos objeto de este proceso. Con respecto a esta consulta, esta Dirección señala, que no consta en el expediente minero, ningún otro proceso activo, aparte del que se tramita ante su Autoridad con el Expediente 20-021439-0007-CO. Que el Ministerio de Ambiente y Energía ente al cual está adscrito esta Dirección ha implementado el portal denominado "Plataforma digital en línea para gestiones y procesos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y de la Dirección de Geología y Minas, proyecto asistencia técnica para la renovación y el fortalecimiento de la gestión del MINAE", de allí que el presente expediente y cada documento que se genere de parte de esta Dirección, la sociedad concesionaria o sea presentado de parte de terceros. Todos los documentos pueden ser visualizados en el expediente minero en el siguiente enlace”.

17. Informa bajo juramento Cynthia Barzuna Gutiérrez, en su condición de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que:

“En relación a lo alegado y propiamente dentro de la competencia de esta Secretaría, a continuación, se exponen los hechos relevantes dentro del expediente administrativo correspondiente al caso que nos ocupa, del proyecto “Tajo Tabarcia”:  PRIMERO: En fecha 06 de setiembre de 1999 se recibe en esta Secretaría el Formulario de Evaluación Preliminar para el proyecto “Tajo Tabarcia”, por parte de la empresa Tractores Zamora S. A., cédula jurídica 3-101-035013 representada por el señor Mario Zamora Solano, cédula de identidad 3-101-035013. A folio 0010 del Expediente Administrativo FEAP-246-2001-SETENA, consta el Formulario para inspecciones de campo en proyectos mineros en donde se indica que el área del proyecto se encuentra dentro de una Reserva Indígena. SEGUNDO: El 4 de octubre de 1999, mediante la resolución No.927-99-SETENA, se indica que la solicitud del proceso preliminar fue analizada y se comunica al desarrollador del proyecto que la actividad a desarrollar no es viable ambientalmente y en el Considerando Segundo se establece:   El terreno tiene una topografía muy quebrada.  El terreno se encuentra en una reserva indígena.  El terreno es clave VII, según el mapa del uso de suelo.   Se afectarán nacientes de quebrada.  Se pondrá en peligro la estabilidad de la carretera (única vía a Puriscal) y se podría potenciar estabilidad de la ladera.   Se pondría en peligro a la comunidad de bajo Lima y dará de infraestructura aguas abajo del terreno.   El material a extraer es de mala calidad puede detenerse en lugares cercanos si causar tanto riesgo.”   TERCERO: El 2 de marzo del año 2000, se recibe en esta Secretaría, el oficio WBJ-0010-2000 por parte de los señores William Brenes Jiménez, en su condición de Geólogo Consultor y Mario Zamora en representación de la empresa Tractores Zamora S. A., mediante el cual aportan oficio DE-021-2000, dirigido a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y visible a folio 0055, suscrito por el señor Guido Rojas Sánchez, Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), mediante el cual manifiesta entre otras cosas:  1. Dentro de la Reserva Indígena se encuentra ubicada parte de un tajo propiedad del señor Mario Zamora Solano, el que incondicionalmente lo ha puesto a disposición de la Comunidad Indígena.  2. Que son conocedores de que el señor Mario Zamora pretende explotar la parte del tajo ubicado fuera de la Reserva y que mantiene su interés en contribuir con la Comunidad Indígena de Quitirrisí de Mora en la reparación de caminos; .  3. Así como, si fuera necesario la utilización de material ubicado dentro de la Reserva Indígena para el cumplimiento de esas obras, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas estaría anuente a su utilización, conforme corresponda y en beneficio de las partes involucradas.  Adicionalmente, se menciona que la sociedad Tractores Zamora S. A, pretende explotar únicamente la parte del tajo que se ubica fuera de la Reserva Indígena y que mantienen su interés en contribuir con la comunidad indígena de Quitirrisí de Moras en la reparación de caminos por lo que solicita que se le tramite y apruebe el respectivo permiso para poder realizar el lastreo de los caminos de la Comunidad Indígena de Quitirrisí de Mora. CUARTO: El 29 de setiembre, Tractores Zamora S. A. solicita realizar una nueva valoración ambiental preliminar con el fin de que se autorice la elaboración de Estudio de Impacto Ambiental para que se determine si el proyecto es viable. El 21 de noviembre de 2000, el señor Guillermo A. Ávila R., geólogo informa a la Comisión Plenaria que junto con el señor Francisco Fernández, realizó una nueva visita al Tajo Quitirrisí en la zona de Tabarcia, ya que, por error de ubicación en el mapa aportado por el desarrollador, se había visitado otra zona.  QUINTO: Es así, como en razón de los argumentos expuestos por la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas mediante oficio DE-021-2000 del día 04 de febrero del 2000, esta Secretaría en fecha 5 de diciembre de 2000, mediante la resolución No. 1049-2000-SETENA solicitó al desarrollador un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) para el proyecto “Tajo Tabarcia” y se fijaron Términos de referencia, el cual fue recibido en fecha 5 de abril del 2001 y en fecha 30 de julio de 2001, se solicita un anexo a dicho estudio por medio de la Resolución No. 0521-2001-SETENA, el cual finalmente fue aprobado mediante Resolución Administrativa No. 0674-2001-SETENA del día 16 de octubre del 2001 mediante la cual se indica que la declaratoria de Viabilidad Ambiental del proyecto queda condicionada a que se cumpla con una serie de información, por lo que, se solicita presentar garantía ambiental, responsable ambiental, presentar un libro para bitácora ambiental, Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (requisitos que fueron aportados en su momento).  Es así como en fecha 15 de marzo de 2002, se emite el oficio SG-410-2002-E-ESIA-SETENA donde se comunica que se ha cumplido con el proceso de Evaluación Ambiental, por lo que, se otorga Viabilidad ambiental al proyecto Tajo Tabarcia quedando abierta la etapa de Gestión Ambiental.  Es importante acotar que con vista a folio 76 del Estudio de Impacto Ambiental, el desarrollador indica que “los terrenos aledaños y el área del proyecto se encuentra dentro del área de la Reserva Indígena Quitirrisí, en tal caso debemos manifestar que tanto la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, como la Asociación de Desarrollo de Quitirrisí de Mora se encuentran anuentes a que se realice el proyecto, toda vez que los indígenas de la zona se verán beneficiados de manera directa con la apertura de la fuente de materiales.”  Para tales efectos, se aporta carta emitida por la Asociación de Desarrollo de Quitirrisí de Mora, de fecha 06 de setiembre de 2000, suscrita por su Presidenta y por su Secretaria en donde solicitan expresamente a esta Secretaría la apertura de dicho tajo, así como carta del 12 de setiembre del 2000 refrendada por el Director Ejecutivo de la CONAI, señor Guido Rojas Sánchez, mediante la cual expresamente pide se tramite la solicitud contenida en el expediente No. 2575 ante la SETENA, con la diligencia que se amerita en virtud de los hechos descritos.  De esta manera, se demuestra que al momento que se gestionó la Viabilidad Ambiental, se contó con los documentos requeridos en su momento, respetando el hecho de estar comprometido el territorio indígena y además se contó con la anuencia de la Municipalidad del Cantón de Mora, la Asociación de Desarrollo de Quitirrisí de Mora y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, por lo tanto no se realizaron actos en perjuicio de dicha comunidad Adicionalmente, “Acusan que el funcionamiento ilegal del Tajo Tabarcia también ha ocasionado daños ambientales irreparables, y no cuenta con estudios de viabilidad ambiental, ni permisos de explotación minera de la DGM, necesarios para desarrollar dicha actividad.”  En relación a lo anterior, en el Expediente Administrativo FEAP-0246-2001-SETENA, no constan denuncias ambientales por daños ambientales o incumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos por el desarrollador del proyecto; TERCERO: CONCLUSIONES. En razón de las consideraciones anteriores, se evidencia la actuación apegada al ordenamiento jurídico que ha llevado a cabo la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en atención al caso de marras, por cuanto ha actuado conforme a derecho dentro de sus competencias, igualmente, no consta dentro del expediente administrativo, la interposición de denuncia ambiental de ningún tipo. Asimismo, esta Secretaría no ha sido notificada o llamada a comparecer dentro de ningún proceso en la vía ordinaria en el que se discutan los hechos objeto de este Recurso de Amparo”.

18. Informa bajo juramento Mauricio Soley Pérez, en su condición de Director del Registro Inmobiliario del Registro Nacional, que:

Primero: No existe finca registrada en el Sistema de Información Registral (SIRE) bajo la matrícula 1-40597-000. Segundo: No existe en el Sistema de Información de Planos (SIP) plano registrado bajo el número DJ-120738-1993. Tercero. Efectivamente ha sido diligenciado en el Registro Inmobiliario expediente bajo el número 2019-70-RIM, sumario en el que se dictó como acto final la resolución de las 11:05 horas del 12 de setiembre del 2019, y que tuvo como objetivo hacer del conocimiento de terceros que las fincas que en ese expediente se señalaron se encontraban dentro de territorios indígenas, razón por la cual se ordenó consignar el código "ZONA A.B.R.E. (INMUEBLE SITUADO EN TERRITORO INDÍGENA) en los asientos registrales. Cuarto. A efecto de colaborar con ese Honorable Tribunal, se procedió a consultar el Índice de Personas del SIRE los inmuebles que se encuentran inscritos a nombre de la sociedad Tractores Zamora S.A., detectándose que existen cuatro inmuebles inscritos a nombre de esa sociedad, a saber: 3179, 44698, 308125 y 405947 todos de la provincia de San José, éste último es el que es objeto de consulta por parte de esa Sala y es al que nos referiremos para aclarar la consulta.  Quinto. El inmueble matrícula de San José 405947 nace a la vida jurídica mediante el documento citas 394-6275, a través de segregación de un lote parte de la finca 297448, donde la Compañía Agrícola Ganadera El Pinar Vende a Laureles del Este S.A., con naturaleza de charral, situado en el Distrito 03 Tabarcia, Cantón 03, Provincia de San José, con un área de 275306,20 m2 y Lindante al norte Norte: calle pública. Sur : Resto y quebrada Mónica. Este: Pedro Rojas Gregorio Vargas, talle y Quebrada Sibajas. Oeste: Resto, movimiento que se respalda en el plano catastrado SJ-598576-1 985. Ese documento se presenta el 06 de mayo de 1992 y se inscribe el 29 de junio de 1993. Sexto. EI plano catastrado SJ-598576-1 985 se inscribe el 06 de setiembre de 1985 e indica como razón de inscripción parte de la finca 3052, folio 99, número 297Ä48, asiento 1, señala un área de 27 ha. 5306,20 m2 y fue el originó la finca 405947 en fecha 29 de junio del 2003. AI dorso del plano consta visado extendido por el señor Claudio Debehault Dumont, Presidente de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, que establece:

 

Ese visado era requerido por el Catastro Nacional, previo a la inscripción del documento, cuando de la información catastral se desprendía que la presentación se encontraba ubicada en un territorio indígena, ello amparado a lo que disponía el artículo 47 del derogado Decreto Ejecutivo No. 13607-J, que era el anterior Reglamento a la Ley de Catastro Nacional. Transcribo la norma: "EI Catastro Nacional no inscribirá planos de propiedades particulares que se encuentren localizadas en cualquier tipo de reserva o parques nacionales, excepto cuando exista autorización de la entidad correspondiente. En estos casos se anotará claramente que la finca se encuentra localizada en una reserva o parque nacional e indicará además las limitaciones a las que quedará sujeta por ley. Esta autorización deberá constar en el plano. En el sector donde se ubica el plano catastrado SJ-598576-1985 que origina el inmueble 405947 de San José, se cuenta con información catastral levantada por la Subdirección Catastral y consta que ese inmueble se encuentra dentro de la Reserva Indígena de Quitirrisí, como se puede observar en la siguiente imagen:

 

 

 

Sétimo. La finca de San José 405947, descrita con el plano catastrado SJ-598576- 1985 fue analizada dentro del expediente 2019-70-RIM, determinándose que ese Inmueble estaba comprendido dentro de la Reserva Indígena Quitirrisí (Caserío Indígena de Quitirrisí, Decreto Ejecutivo N° 10707-G del 24 de octubre de 1979), razón por la cual se ordena publicitar en el asiento registral que ese inmueble está comprendido dentro de una "ZONA A.B.R.E. (INMUEBLE SITUADO EN TERRITORO INDÍGENA)". Octavo. El acto ordenado tuvo y tiene como objetivo hacer del conocimiento de terceros, la ubicación y localización del inmueble 405947 dentro de la Reserva Indígena Quitirrisí (Caserío Indígena de Quitirrisí, Decreto Ejecutivo N° 10707-G del 24 de octubre de 1979) y ello se da a propósito de la publicidad que se realiza de las Zonas Bajo Regímenes Especiales (ABRE), y al tener presente que el catastro al consistir en la representación y descripción gráfica, numérica, literal y estadística de todas las tierras comprendidas en el territorio nacional, y al ser su funcionamiento de interés público y servir a fines jurídicos, económicos, fiscales, administrativos y a todos aquellos que determinen las leyes y sus reglamentos, requiere y exige llevar un inventario de los inmuebles que estén dentro de áreas especiales. Esta función definida en la Ley No. 6545, contempla dos aristas de esta. Por un lado el levantamiento de información catastral para la conformación de mapas catastrales, siendo los mismos elementos constitutivos del Catastro Nacional, -artículo tercero Reglamento Catastral- que tienen la condición de documentos públicos, y por ende contribuyen a la seguridad jurídica de esa información catastral, al tener una descripción exacta y precisa de los estados parcelarios a escalas adecuadas. La segunda función catastral, es el complemento de la primera, y se circunscribe a la inscripción de planos de agrimensura producto del ejercicio liberal de la profesión. Así las cosas, dispone el artículo 3 de la citada ley, que los documentos fundamentales del Catastro son, a) Los mapas catastrales que mostrarán la ubicación, identificación y linderos de las parcelas. b) Los registros catastrales constituidos por: las fichas catastrales, los índices de parcelas por mapas y los índices alfabéticos. c) De conformidad con los planes del Catastro, podrán incorporarse los documentos en que conste el uso actual y potencial de las tierras, las aguas comprendidas, los recursos naturales y cualesquiera otros que sirvan para los fines específicos del Catastro. En concordancia con esta norma, tenemos el artículo 3 del Reglamento a la Ley de Catastro, inciso 1. Artículo 3°-Documentos constitutivos del Catastro. El catastro está integrado, por los siguientes documentos: 1. Los mapas en escalas apropiadas para los fines catastrales, a saber: a. Los mapas catastrales que muestran la ubicación y linderos de las tierras y aguas del dominio público, fiscal y privado del Estado, municipios y entidades autónomas o semiautónomas, así como de los inmuebles de propiedad privada o poseídas por personas privadas y sus respectivos números catastrales. Más que probada la competencia del Catastro para llevar un registro de los bienes demaniales y de los terrenos particulares, sin perder de vista para ello que el monopolio de la ejecución y mantenimiento del Catastro, es una función estatal que el legislador en forma atinada depositó en la Subdirección Catastral. Añadimos al anterior análisis y justificación, que una de las misiones por las que han sido creadas las instituciones que conforman el Registro Nacional, estriba en garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros, la cual se logra mediante la publicidad registral de éstos, pues como el funcionamiento registral es una típica actividad pública que debe estar sujeta al moderno y amplio bloque de legalidad, que implica el respeto de toda normativa general, no pueden los distintos Registros que conforman el Registro Nacional, otorgarle publicidad registral a un acto o contrato contrario a la Ley, ya que el artículo 1° de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, N° 3883 de 30 de mayo de 1967 y sus reformas establece que: "EI propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes y derechos...', de ahí que las instituciones registrales, en sus condiciones de depositarios del control de legalidad, deben garantizar la seguridad de los bienes o derechos que en ellos se inscriben, a través de una publicidad registral sana, pues se busca una congruencia total entre la información que publicita el Catastro mediante un plano catastrado que recopila la realidad material de cada predio y la información que se desprende de los asientos registrales. La necesaria congruencia y armonización de los datos de Catastro y los asientos registrales, se debe a la reunión de ambos en el hoy llamado Registro Inmobiliario, lo que vemos reflejado en uno de los principios rectores que rigen la función catastral, siendo este el PRINCIPIO DE CONCORDANCIA que debe prevalecer entre las representaciones o descripciones gráficas de los inmuebles que constan en la Subdirección Catastral y la información jurídica que consta en la base de datos de la Subdirección Registral, de allí que fuera necesario al haber quedado demostrado que el inmueble de San José 405947 está localizado y ubicado sobre la Reserva Indígena de Quitirrisí, que esa información se publicitara en el asiento registral de esa finca como hoy se está haciendo como gravamen. Observemos:

 

 

19. Informa bajo juramento Geannina Dinarte Romero, en su condición de Ministra de la Presidencia, que:

“Cabe aclarar que, para efectos de informar a esta Sala Constitucional sobre lo manifestado por los recurrentes, el Ministerio de la Presidencia, procedió a solicitar información a sus departamentos internos como: gestión documental, Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano y Dirección Jurídica, con el fin de rastrear registros sobre el tema en cuestión así como también al Ministerio de Ambiente Energía, para que, desde el ámbito de sus competencias se refiriera a los hechos alegados en el proceso en cuestión, lo cual será plasmado y servirá de referencia en la presente contestación. a. Sobre los derechos de los Pueblos Indígenas en nuestro Estado de Derecho. Antes de hacer referencia específica a los hechos que forman parte del fondo en el presente asunto, es importante hacer mención a una particularidad relacionada con el presente proceso, como lo es la relación existente con una población originaria perteneciente a un Territorio Indígena, siendo estas poblaciones y la protección de sus Derechos, un tema importante para este Ministerio. Y es que, sin entrar a discutir temas de legalidad, ajenos al presente proceso, sí es de vital importancia tener presente los Derechos que cobijan a estas poblaciones en nuestro Estado de Derecho y que deben estar presentes en todas las acciones políticas y administrativas que se tomen en relación con estos. Es así como el Poder Ejecutivo, consciente de que el artículo 1 de la Constitución Política positiviza el carácter multiétnico y pluricultural del Estado costarricense, como pilar del sistema republicano nacional, reconoce la protección de los pueblos originarios, conforme con sus costumbres y necesidades, así como en armonía con los deberes internacionales del país en materia de la población indígena .De ahí que sea importante tener presente el artículo 6.1 parágrafos a y b del  Convenio n.º 169 de la OIT, que establece el deber de los Gobiernos de " a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan ... ". Asimismo, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 14 de junio de 2016, establece en su Artículo XXIII el deber de los Estados signatarios de celebrar consultas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado; así como el derecho de los pueblos indígenas de : "(..) a la participación plena y efectiva, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propias instituciones, en la adopción de decisiones en las cuestionen que afecten sus derechos y que tengan relación con la elaboración y ejecución de leyes, políticas públicas, programas, planes y acciones relacionadas con los asuntos indígenas".A lo cual se le suma el hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado de forma amplia el concepto de territorio indígena como aquella propiedad colectiva que comprende las tierras y recursos naturales que han sido tradicionalmente ocupados o utilizados por los pueblos indígenas, cuenten o no con un registro legal oficial (Jurisprudencia desde el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79. OIT. PRO 169, Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, 2009, p. 94 y Sentencia de interpretación del 12 de agosto de 2008. Serie C, N. 185.)b. Atención de Casa Presidencial a la solicitud por parte del señor Juan Sánchez Agüero por parte del Consejo de Mayores del pueblo Huetar de Quitirrisi de Mora. Según lo manifestado a esta Sala por el señor Guillermo Goyenaga Calvo, en su condición de apoderado general judicial del INDER, “Juan Sánchez Agüero, Vocero y Coordinador del Consejo de Mayores de Quitirrisí, el 15 de mayo de 2019 solicitó, mediante carta dirigida al Presidente de la República, reunirse con las autoridades del INDER para discutir varios puntos de interés”. Por tal razón, se procedió a corroborar tal manifestación, siendo que el Departamento de Gestión Documental de Casa Presidencial, indicó haber recibido dicha nota en fecha 24 de mayo de 2019, la cual, mediante oficio DP-OGD-0569- 19 en fecha 24 de mayo de 2019, fue dirigida al entonces Viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Juan Alfaro López. En atención a dicha nota, el Viceministro Alfaro López, procedió a trasladar y poner en conocimiento de la misma a los Jerarcas de las siguientes instituciones: - María del Pilar Garrido Gonzalo, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. - Rodolfo Méndez Mata, Ministerio de Obras Públicas y Transportes. - Irene María Campos Gómez, Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.- Carlos Manuel Rodríguez Echandi,  Ministerio de Ambiente y Energía. - Luis Renato Alvarado Rivera, Ministerio de Agricultura y Ganadería. - Manuel Ventura, Ministerio Relaciones Exteriores y Culto. - Marcia González Aguiluz, Ministerio de Justicia y Paz. - Harys Regidor Barboza, Instituto de Desarrollo Rural (INDER). - Franklin Corella Vargas, Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad Y como consecuencia, se dio el acercamiento mencionado por el recurrente en su escrito, entre el Consejo de Mayores del pueblo Huetar de Quitirrisi de Mora y el INDER. c. Sobre lo informado por el Ministerio de Ambiente y Energía Tal y como se mencionó al inicio de este apartado, como parte de la coordinación que ejerce el Ministerio de la Presidencia con los demás carteras e instituciones del Poder Ejecutivo, es que se procedió a solicitar información al Ministerio de Ambiente y Energía sobre los hechos del presente proceso, siendo que ese ministerio también figura como parte del mismo, se procede a reiterar algunos puntos importantes ya indicados por esa cartera a esta Sala y que sirven como insumo para brindar el presente informe. En primer lugar, es importante señalar que efectivamente, en el año 1976 se creó la Reserva Indígena de Quitirrisí mediante el artículo 9 del Decreto Ejecutivo No. 6036-G de 12 de junio de 1976, delimitado posteriormente a través del Decreto Ejecutivo No. 10707-G de 08 de noviembre de 1979, siendo que, en el año 2001, a través del Decreto N° 29452-G se modificó el artículo N° 2 de ese Decreto Ejecutivo N° 10707-G, con el fin de otorgar a la Comunidad Indígena de Quitirrisí, una Reserva con una delimitación más acorde a su vida cultural y socioeconómica, en función de su desarrollo. Cuyas coordenadas prevalecen en la actualidad, por lo que dicho territorio goza de la protección legal, constitucional y supraconstitucional relacionada con los pueblos y territorios indígenas de nuestro país. Ahora bien, en relación con la existencia del tajo tipo cantera que se mencionan en  los hechos por parte de los recurrentes, este Ministerio se basa en lo indicado por el informe del MINAE a esta Sala, donde indica que dentro del expediente administrativo No. 2575, figura la existencia de un tajo, cuya explotación fue otorgada por el Poder Ejecutivo en el año 2005, mediante resolución No. R-248- 2005-MINAE. Cabe destacar que, entre lo indicado por el MINAE en relación con esta concesión es el hecho de que, según lo indicado por la Dirección de Geología y Minas en informe DGM-RNM- 429-2021 la resolución de otorgamiento refleja que el área total otorgada corresponde a 1 Ha 3745,38 metros cuadrados, lo cual indican que consta en el plano visible a folio 150 (folio 153 después de la refoliatura de los expedientes) y que se encuentra fuera del territorio indígena. Lo anterior, debido a que, según se indica en el informe del MINAE que posee esta Sala, en el proceso de otorgamiento de dicha concesión, la Dirección de Geología y Minas previamente aprobó la concesión solicitada con una reducción del área solicitada originalmente por el concesionario, esto con el fin de ubicar el tajo fuera del área de reserva indígena, debido a que la porción recortada se encontraba dentro de dicha área delimitada por el Decreto 29452-G publicado en la Gaceta del 16 de mayo de 2001. Dicho esto y de ser así las cosas, podría inferirse que la Dirección de Geología y Minas junto con el Poder Ejecutivo, otorgaron en el año 2005, una concesión minera en un área de 1 Ha 3745,38 m2, la cual se encontraba fuera de los límites legales para el área de reserva indígena, por lo que no hubo necesidad de seguir el procedimiento establecido en el artículo 8 del Código de Minería, el cual establece que las concesiones otorgadas sobre exploración y explotación de recursos minerales en las zonas declaradas reservas indígenas, deberán ser aprobadas por la Asamblea Legislativa, protegiendo los intereses y derechos de las comunidades indígenas, respetando también las competencias y los límites de ley para el otorgamiento. Ahora bien, este Ministerio, si es claro en indicar que, en caso de llegar a determinarse por parte de esta Sala u otra instancia jurisdiccional, que se han violentado los límites de dicho Territorio Indígena o bien, los derechos de las personas indígenas que lo habitan, se lleven a cabo las acciones necesarias para hacer valer estos derechos y la protección que a nivel legal, constitucional y supraconstitucional se ha creado para los mismos. d. Sobre el conocimiento de un proceso en la vía ordinaria en el que se discutan los hechos objeto de este proceso de amparo. Por último, se procede a indicar que, en relación con el conocimiento de posibles procesos en la vía ordinaria correspondiente en el que se discutan los hechos objeto de este proceso de amparo, se procedió a solicitar información a la Dirección Jurídica de este Ministerio, con el fin de que rastrearan en los registros dicha información, siendo que al respecto indicaron lo siguiente: “Revisados los listados de procedimientos remitidos por la Procuraduría, el Ministerio de la Presidencia no tiene asignado ningún proceso judicial ordinario en condición de activo, en que la parte actora o demandada sea Tractores Zamora S.A. o la parte actora o demandada sea el Estado Ministerio de la Presidencia. El compañero Federico elevó consulta ante el Archivo de la Procuraduría General de la República y la funcionaria Mauren (Tel: 22438332) señaló que no registra ningún proceso activo con esas partes indicadas supra. Por tratarse de un proceso en el que interviene una reserva indígena, el proceso puede encontrarse vinculado al CONAI y/o el Ministerio de Ambiente y Energía (Estado).” Por esta razón, se procede a indicar la inexistencia de algún proceso ordinario en que este Ministerio sea parte y tenga que ver con los hechos conocidos en este expediente. III. Conclusiones. Una vez que el Ministerio de la Presidencia recibió información por parte de sus departamentos internos, con el fin de rastrear registros sobre el tema en cuestión, así como también del Ministerio de Ambiente Energía, desde el ámbito de sus competencias se indican las siguientes conclusiones al respecto: El Poder Ejecutivo reconoce la protección de los pueblos originarios, conforme con sus costumbres y necesidades, así como en armonía con los deberes internacionales del país en materia de la población indígena. El Ministerio de la Presidencia, a través de sus oficinas internas de Casa Presidencial, atendió la solicitud efectuada por el señor Juan Sánchez Agüero, Vocero y Coordinador del Consejo de Mayores de Quitirrisí, respecto a solicitar audiencia para reunirse con varias autoridades y discutir puntos de interés, siendo que, a través del Viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, se procedió a trasladar y poner en conocimiento de la nota a los respectivos Jerarcas, lo cual propició un espacio de comunicación entre el Consejo de Quitirrisí y el INDER para el abordaje del tema que se conoce en este proceso. Según indica el MINAE en informe brindado en este mismo expediente, la Dirección de Geología y Minas junto con el Poder Ejecutivo, otorgaron en el año 2005, una concesión minera fuera de los límites legales del área de reserva indígena protegiendo los intereses y derechos de dicha comunidad, respetando también las competencias y los límites de ley para el otorgamiento. Este Ministerio sostiene que, en caso de llegar a determinarse por parte de esta Sala u otra instancia jurisdiccional, que se han violentado los límites de dicho Territorio Indígena o bien, los derechos de las personas indígenas que lo habitan, se lleven a cabo las acciones necesarias para hacer valer estos derechos y la protección que a nivel legal, constitucional y supraconstitucional se ha creado para los mismos. Se informa a esta Sala sobre la inexistencia de algún proceso ordinario en que este Ministerio sea parte y tenga que ver con los hechos conocidos en este expediente”.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicita que se declare sin lugar el recurso.

20. Informa bajo juramento Alfonso Jiménez Cascante, en su condición de Alcalde de Mora, que: “según los registros llevados a cabo por este Gobierno Local, así como de los procesos

ordinarios en los cuales esta misma se tiene como parte, no existe registro alguno sobre la

existencia de un proceso en la vía ordinaria dentro del cual se discuta lo alegado en el presente recurso de amparo”.

21. Por escrito recibido el 06 de enero de 2022, la parte recurrente solicitó el dictado de la sentencia.

22. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

 Considerando:

I. Objeto del recurso. Los recurrentes alegan que las acciones y omisiones de los recurridos violentan los derechos del pueblo indígena Huetar de Quitirrisí, pues nunca se consultó ni hubo acercamiento alguno con la comunidad para explotar los recursos naturales que se encuentran dentro del territorio (sin ningún tipo de compensación o canon por explotar y venderlos) y tampoco se consideró a los propietarios legítimos de la tierra. Por lo anterior, acusan se han vulnerado dos derechos fundamentales para los pueblos indígenas, el derecho a la consulta y el de acceso y protección de los recursos naturales que se encuentran dentro de sus territorios. Por lo anterior, los recurrentes solicitan la suspensión de la actividad operativa del Tajo Tabarcia hasta que se realice el proceso de consulta al pueblo Huetar respectivo, y que se anule la licitación abreviada 2020-LA-000001-01, referente a la “Compra de Material Granular y Alcantarillas para UTGV”, a favor de Tractores Zamora S.A. y Fábrica de Tubos Campeón Ltda., también por la falta de consulta y violación al artículo 50 constitucional.

II. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a) Sobre la ubicación de la propiedad y el tajo:

1) La Reserva Indígena de Quitirrisí se encuentra inscrita desde 1979 en el Registro Público (véase informa de las autoridades recurridas).

2) La finca n.º 1-405947-000 bajo el número de plano catastrado DJ-120738-1993 a nombre de Tractores Zamora S.A. donde se realiza explotación de cantera “se encuentra geográficamente dentro de la reserva indígena Ouitirrisí, el área total de dicha propiedad corresponde a 275306-20 m2 según el informe registral. Aunado a lo anterior es menester indicar que la sociedad anónima adquirió dicha finca después de la creación de la reserva indígena, pues bien, la reserva fue creado en el año 1979” (véase informe del Alcalde de Mora).

3) Por oficio n.º DE-021-2.000 del día 04 de febrero del 2000, suscrito por el señor Guido Rojas Sánchez en calidad de Director Ejecutivo de la CONAI, y dirigido a SETENA, se indicó entre otras cosas que: “solicito le sea tramitado y aprobado el respectivo permiso para el lastreo de los caminos de la Reserva indígena de Quitirrisí de Mora y comunidades aledañas. Consideramos que para la ejecución de esas obras es necesario contar con aproximadamente veinte mil metros cúbicos de material (20 MT). Si fuera necesario la utilización de material ubicado dentro de la Reserva Indígena para el cumplimiento de esas obras, la Comisión Nacional de Asuntos indígenas estaría anuente a su utilización, conforme corresponda y en beneficio de las partes involucradas” (véase informe de la Directora de la DGM).

4) El 16 de octubre del 2001, mediante resolución n.º 0674-2001-SETENA, se le comunicó a Tractores Zamora S.A. la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y mediante oficio SG-410-2002-E-ESIA-SETENA del 15 de marzo de 2002 se comunicó al interesado el otorgamiento de la Licencia de Viabilidad Ambiental (véase informe de la Directora de la DGM).

5) A favor de Tractores Zamora S.A., cédula jurídica N° 3-101-035013, se otorgó concesión en cantera por el plazo de 25 años, otorgada así por resolución del Poder Ejecutivo n.º R 248-2005-MINAE de las 15:30 horas del 06 de julio del 2005 (véase informe de la Directora de la DGM).

6) El 12 de septiembre de 2005, se publicó en La Gaceta n.º 175 lo resuelto por la resolución n.º R 248-2005-MINAE (véase informe del Alcalde de Mora).

7) El 02 de diciembre de 2020, mediante el oficio n.° DGM-TOP-O-370-2020, señalo el Registro Nacional Minero que en “el Catastro Minero en el Catón de Mora, Distrito Tabarcia, en San José, existe únicamente el expediente 2575 a nombre de la Sociedad Tractores Zamora S.A. La cual traslapa aproximadamente un 50% con la Zona Indígena Quitirrisi (véase informe de la Directora de la DGM).

b) Sobre la licitación abreviada 2020-LA-000001-01 y la licencia comercial:

1) El 25 de junio de 2020, mediante acuerdo n.º ACM-08-03-2020, se le adjudicó a Tractores Zamora S.A la licitación abreviada 2020-LA-000001-01 (véase manifestaciones del Presidente de Tractores Zamora S.A. y el Alcalde de Mora).

2) La licitación acordó la adjudicación de la compra de material granular y alcantarillas para UTGV a la empresa Tractores Zamora S.A. (véase informe del Alcalde de Mora).

3) La adjudicación de la licitación 2020-LA-000001-01 “se dictó con base en los informes técnicos rendidos por la Administración Municipal, particularmente el informe técnico de proveeduría N° PROV-287-2020, la autorización de concesión del tajo a favor de Tractores Zamora, S.A., mediante resolución N° R-248-MINAE, publicada en el diario oficial La Gaceta N° 175 del 1 de setiembre de 2005, y la licencia comercial emitida el 30 de octubre de 2019, mediante acto administrativo N° TAS-IMP-001-2019-LC, actualmente vigente; por lo que los actos administrativos que dieron base al acto de adjudicación, fueron válidos, eficaces y ajustados a derecho” (véase informe del Presidente del Concejo de Mora).

4) La persona jurídica Tractores Zamora S.A. cuenta con la viabilidad ambiental y se cuenta con un regente ambiental debidamente inscrito ante la SETENA. También cuentan con la regencia de un geólogo quien en forma mensual revisa la explotación, realiza la anotación en la bitácora geológica, revisa los planos de avance de la explotación y, de ser el caso, emite directrices para una actividad efectiva y eficiente (véase manifestaciones del Presidente de Tractores Zamora S.A.).

c) Sobre las gestiones planteadas por los recurrentes

 

1) El INDER ha respondido a todas las gestiones planteadas por los recurrentes (véase informe del apoderado general del INDER).

2) El 06 de julio de 2019 los recurrentes realizaron a la Municipalidad de Mora una consulta, misma que fue respondida por oficio n.º AMM-541-2019 (véase informe del Alcalde de Mora)

3) Ante la Municipalidad de Mora no se ha gestionado ninguna de las vías de impugnación en la etapa ordinaria de los actos administrativos emitidos por el municipio, ni tampoco se ha recibido ninguna denuncia ambiental sobre el caso (véase informe del Alcalde de Mora).

4) La consulta formulada por los recurrentes a la Municipalidad de Mora mediante nota del 06 de julio del 2019, fue respondida por el Concejo Municipal el 04 de diciembre del 2020, esto mediante oficio n.° AMM-541-2019 fechado 03 de setiembre del 2019 (véase informe del Presidente del Concejo de Mora).

5) El 07 de julio de 2020 la Municipalidad de Mora recibió por parte de una sindica propietaria y miembro del pueblo Huetar de Quitirrisí de Mora una solicitud de declaración de nulidad absoluta de la licitación abreviada 2020-LA-000001-01, misma solicitud que, mediante acuerdo n.º ACM-13-07-2020 del 27 de julio de 2020, fue rechazada de plano por inadmisible  (véase informe del Presidente del Concejo de Mora).

6) El 13 de julio de 2020 la Municipalidad de Mora recibió por parte de una sindica propietaria y miembro del pueblo Huetar de Quitirrisí de Mora una solicitud de cancelación definitiva de la patente comercial para la explotación de tajo en la finca matrícula folio real 405947, otorgada a favor de Tractores Zamora S.A., la cual, mediante acuerdo n.° ACM-16-04-2020, se acordó solicitarte a la administración municipal un informe técnico topográfico y otras consultas varias para valorar la denuncia planteada. Dicha solicitud fue contestada el 25 de septiembre de 2020, mediante oficio n.º AMM-604-2020, por el Alcalde de Mora al medio señalado por la petente (véase informe del Presidente del Concejo de Mora).

III. PRECEDENTES APLICABLES AL CASO EN ESTUDIO. Lo que se plantea en el presente recurso ya fue conocido por esta Sala en dos oportunidades anteriores. Ello en el  recurso de amparo No. 08-013066-0007-CO, el cual fue rechazado de plano mediante sentencia No. 2008-015028, de las 10:12 horas del 10 de octubre de 2008. También en atención al recurso de amparo 13-008295-0007-CO, desestimado por sentencia No. 2014-014655, de las 09:05 horas del 05 de setiembre de 2014. En ese último pronunciamiento se hizo referencia a lo resuelto en el primero. Por su importancia para resolver este recurso, se procede a trascribir ese último voto (No. 2014-014655). Primeramente, se tuvo como objeto lo siguiente:

“II.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente alegó que la Municipalidad de Mora, fundada en una autorización del MINAE, aprobó la patente comercial para que Tractores Zamora S.A. extraiga materiales en la finca No. 1-303652-000 que se encuentra dentro del territorio indígena de Quitirrisí. Reclamó que esa autorización fue otorgada sin haberse concedido, previamente, audiencia a la comunidad indígena sobre la explotación de los recursos minerales dentro de su territorio, conforme el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo. Asimismo, acusó el daño ambiental generado con la actividad del tajo. Estimó lesionados el derecho a un ambiente sano y el derecho de la comunidad indígena a que se le consulte, por lo que solicitó que se suspenda la patente municipal y se inicie los procedimientos para anular la concesión a la empresa indicada”.

 

Además, las consideraciones para su desestimación, por unanimidad de la Sala, fueron las siguientes: 

 

“III.-   ANTECEDENTE. Esta Sala, en la sentencia No. 2008-015028 de las 10:12 horas de 10 de octubre de 2008 analizó el tema acá planteado, en cuanto a que la actividad del tajo estaba siendo desarrollada dentro del territorio de la Reserva Indígena de Quitirrisí de Mora y la obligación de consultar a la comunidad indígena de previo al otorgamiento de los permisos. En aquella oportunidad, se sostuvo, en forma expresa, lo siguiente:

 

“II.- En la especie, el recurrente estima que esta Sala debe determinar si un terreno que esta siendo explotado para la extracción de materiales esta dentro o no de la Reserva Indígena de Quitirrisí de Mora, pues según sus alegatos el Exdirector Ejecutivo de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas emitió una certificación de manera fraudulenta, en la cual determinó que el bien inmueble en discusión -propiedad de una empresa privada-, se encontraba fuera de la reserva indígena, por lo que se debe restituir dicho terreno a territorio indígena y consultarles sobre la concesión de extracción de materiales que sobre este pesa. Sin embargo, estos son del tipo de argumentos que deberá alegar ante la propia Comisión o Municipalidad accionadas, o bien, en su defecto, en la sede jurisdiccional ordinaria correspondiente, ya que establecer, en definitiva, si la porción de terreno en disputa corresponde integralmente a territorio indígena, no es materia de competencia de esta Sala, pues dicha pretensión entraña un conflicto de legalidad ordinaria cuya resolución excede la naturaleza sumaria del amparo, por lo que el objeto de este recurso es propio de discutirse en las vías pertinentes previa valoración del material probatorio pertinente, y conforme a la correcta integración, interpretación y aplicación de la normativa legal y reglamentaria que rige la materia, pues hace referencia a un diferendo que es justamente del tipo que, como se dijo, no cabe ventilar aquí. (…) En razón de lo anterior procede rechazar de plano el recurso, como así se declara”. (El énfasis es agregado).

 

 

  IV.- RESPECTO A LA AUDIENCIA QUE SE DEBE DE BRINDAR A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS. En cuanto al tema enunciado, este Tribunal Constitucional, en el Voto No. 3886-97 de las 11:33 hrs. de 4 de julio de 1997, referente a la omisión de consulta a los pueblos indígenas establecida en el artículo 6° del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, dispuso lo siguiente:

“(…) III.- El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por Ley No. 7316 de 3 de noviembre de 1992, complementa, dentro del ordenamiento jurídico costarricense, un régimen especial de protección en favor de los derechos e integridad de los pueblos tribales, que son aquellos grupos humanos cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les hacen distinguirse de otros sectores de la colectividad nacional. La normativa en cuestión, en su artículo 4, exige a los gobiernos adoptar las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos interesados. En varias oportunidades, la Sala ha reconocido la necesidad de tomar en consideración las características propias de los grupos indígenas que se mantienen en sus propios territorios, a la hora de interpretar y aplicar las distintas normas que conforman el ordenamiento jurídico. En ese sentido, la resolución No. 1786-93 de las dieciséis horas veintiún minutos del veintiuno de abril de mil novecientos noventa y tres, establece, entre otras cosas, lo siguiente: "Así, nuestra Constitución Política debe interpretarse y aplicarse de forma que permita y facilite la vida y desarrollo independientes de las minorías étnicas que habitan en Costa Rica, sin otros límites que los mismos derechos humanos imponen a la conducta de todos los hombres. De la misma forma deben ser desarrolladas las cláusulas de los instrumentos internacionales y de la legislación común al aplicarse a los pueblos indígenas". En esa misma resolución, que analizó la aplicación de normas relativas a la inscripción de nacimientos en el Registro Civil, la Sala expresó: "Esas normas citadas tienen sentido para circunstancias normales y casos aislados de personas que no fueron registradas en sus primeros años de vida, pero evidentemente no lo tienen para toda una población que además representa una cultura diferente que debe ser reconocida y respetada, como se dijo, y a la cual debe aplicársele la ley desde otra perspectiva completamente distinta, sobre todo a la vista del Convenio 169 de la OIT, que es una norma de rango superior a la ley según lo dispone el artículo 7º de la Constitución, y sobre el que la Sala emitió opinión consultiva favorable por sentencia Nº3051-92 y que hoy es ley de la República Nº7316."

IV.- El artículo 6 del Convenio precitado establece en lo que interesa lo siguiente: "Artículo 6. 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;...". Con base en este precepto, cualquier medida legislativa o administrativa que sea susceptible de afectar directamente a los pueblos interesados debe ser objeto de consulta con ellos. De acuerdo con la definición que hace el artículo 1 de la Ley Indígena, No. 6172 de 29 de noviembre de 1977, esa disposición es aplicable a los pobladores de las reservas indígenas que constituyen grupos étnicos descendientes directos de las civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad. (…)

VI.- El artículo 6 del Convenio también establece que la consulta a los pueblos interesados debe hacerse mediante los procedimientos apropiados y, en particular, por medio de sus instituciones representativas. A pesar de esto, del informe que rinde el Instituto de Desarrollo Agrario se desprende que esa consulta no sólo no se hizo, sino que ni siquiera se procuró contactar a las comunidades indígenas que podían verse afectadas. Obsérvese que en el caso concreto en estudio, existía el deber de consulta porque se trataba de una medida de carácter general, que afectaba a las comunidades indígenas y que era susceptible de menoscabar el régimen especial de protección que se les aplica. En ese sentido, si la medida administrativa no hubiese afectado a la comunidad como un todo, sino a alguno o algunos de sus miembros individualmente y en razón de circunstancias muy particulares y personales, no necesariamente hubiese requerido ser objeto de consulta. Sin embargo, en este caso la actuación impugnada, por implicar de hecho la eliminación de todo el cuerpo de guardas de las reservas, es una medida que afecta a las comunidades en su conjunto, incidiendo negativamente en el ámbito de protección de los pobladores, bienes, medio ambiente y territorio de las reservas indígenas y, por ello, estaba sujeta al régimen especial de protección. (…)

VII.- La consulta en cuestión debió realizarse, en principio, a través de las Asociaciones de Desarrollo Integral correspondientes, ya que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 8487-G de 26 de abril de 1978 (cuyo artículo 3 se encuentra actualmente cuestionado por razones de inconstitucionalidad), estas entidades son las encargadas de representar judicial y extrajudicialmente a las comunidades indígenas, de modo que, en el estado actual del ordenamiento, califican como "instituciones representativas" de los habitantes de las reservas. (…)

VIII.- Con base en las consideraciones anteriores, estima esta Sala que existe en el caso concreto una inobservancia del artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y una infracción del régimen especial de protección que resguarda a las reservas indígenas y a sus habitantes. Por el rango normativo que le concede la Constitución Política en su artículo 7, el Convenio tiene autoridad superior a las leyes y por lo tanto, su protección recae dentro del ámbito de la jurisdicción constitucional. En consecuencia, resulta procedente estimar el recurso contra el acto del Instituto de Desarrollo Agrario que prescribe el despido de los recurrentes, a los que debe reintegrarse de inmediato en sus puestos (…)”. (El destacado no forma parte del original). (Véase, en similar sentido, el Voto No. 16213-07 de las 11:52 hrs. de 9 de noviembre de 2007).

 

De igual forma, esta Sala, acerca de la audiencia que se le debe de otorgar a las comunidades indígenas con respecto, concretamente, al aprovechamiento de recursos naturales en reservas indígenas, indicó en el Voto No. 9931-2004 de las 11:05 hrs. de 3 de septiembre de 2004 lo siguiente:

“(…) En ese sentido, la Constitución Política, si bien no contiene un estatuto específico respecto de los derechos de las comunidades autóctonas, de su sistema (en especial de las normas contenidas en los artículos 28, 33, 50 y 74) es posible colegir un principio de reconocimiento de tales prerrogativas, basado en la idea de respeto y protección estatales, como deberes ante las comunidades indígenas, velando por la preservación de su cultura y al mismo tiempo el acceso de sus integrantes a los frutos que el desarrollo nacional produce. Lo anterior es reafirmado por el numeral 76 constitucional, que expresamente (…) impone al Estado el deber de mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas. Así, puede la Sala partir como premisa del reconocimiento constitucional hecho a favor de la identidad cultural y protección de los pueblos indígenas que habitan el país. El Derecho Internacional, por su parte, ha sido profuso en el reconocimiento de derechos de estas comunidades, destacando en ese sentido lo establecido en los siguientes instrumentos: Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 1, 2.1, 7, 17.1 y 27), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (27), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1.1 y 2), Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (2, 13 y 23), Convención Americana sobre Derechos Humanos (24 y 26). En forma concreta, ha sido la Organización Internacional del Trabajo la que ha generado la regulación más específica respecto de los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, los convenios números 107 y 169 contienen una detallada enumeración de derechos reconocidos a estos pueblos. Del Convenio número 107, resulta especialmente importante para el caso en estudio lo establecido en la Parte II (régimen de propiedad de las tierras indígenas). Del 169, también la Parte II regula lo atinente a las tierras indígenas. Entre los derechos que se ha reconocido a las comunidades Indígenas está el de que, a fin de que defiendan el entorno natural de sus tierras, se les consulte en los procedimientos relativos a ellas o que de alguna forma puedan afectar su derecho a desenvolverse con garantía de su calidad de vida, pues de lo contrario se quebranta el debido proceso respecto de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas interesados (artículo 13 del citado Tratado y 50 de la Constitución Política) (...)" (Sentencia número 2000-08019, de las 10:18 horas del 18 de  setiembre de 2000). En ese orden de ideas, cualquier aprovechamiento de recursos naturales en Reservas Indígenas debe contar con el consentimiento de los pueblos indígenas, y debe informárseles sobre cualquier solicitud de aprovechamiento, aún cuando se trate de recursos naturales en propiedad privada (…)”. (El destacado no forma parte del original).

 

          V.- RESPECTO A LA CONSULTA A LA COMUNIDAD INDÍGENA EN EL CASO PARTICULAR. La recurrente alegó que de previo a otorgar la patente municipal, no se consultó a la comunidad indígena, según lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo pues la actividad del tajo se está desarrollando dentro del territorio de la Reserva Indígena de Quitirrisí. Para analizar si existe la obligación de consulta a la comunidad indígena, derivada del numeral 6.1 inciso a), del Convenio 169 de la OIT. y reconocida por esta Sala a través de su jurisprudencia, debe determinarse, primero, si la propiedad donde se desarrolla la actividad cuestionada está o no dentro del territorio indígena. Sin embargo, tal y como se sostuvo en la supra citada sentencia No. 2008-015028 de las 10:12 horas de 10 de octubre de 2008, no corresponde en esta jurisdicción determinar “si la porción de terreno en disputa corresponde integralmente a territorio indígena pues dicha pretensión entraña un conflicto de legalidad ordinaria cuya resolución excede la naturaleza sumaria del amparo”. En el sub lite, algunos de los informes señalan que la finca matrícula No. 1-405947-000 (y no la No. 1-303652-000 señalada por la recurrente en el libelo de interposición), inmueble donde, presuntamente, se desarrolla la actividad cuestionada se encuentra dentro de la Reserva Indígena de Quitirrisí. No obstante, no existe certeza en cuanto a que la porción del terreno donde se desarrolla la actividad cuestionada se encuentre dentro de los límites de la reserva indígena, definidos conforme la ampliación establecida en el Decreto Ejecutivo No. 29452- G de 21 de marzo de 2001. Lo anterior, por cuanto, según lo informado por la Sub Directora de Energía y Minas del MINAE, la empresa privada había cumplido la prevención de aportar —previo al otorgamiento de la concesión— un nuevo plano topográfico del área donde se desarrollaría el tajo, excluyendo la Reserva Quitirrisí. Aunado a lo anterior, aunque ante la consulta formulada por la Sala, el Director del Instituto Geográfico Nacional indicó que los predios representados en los planos catastrados SJ-598576-85 y SJ-705535-2001, referentes a la finca matrícula No. 1-405947-000 están localizados dentro de la Reserva Indígena Quitirrisí, la Sub Directora de Energía y Minas del MINAE explicó que estos planos quedaron modificados con un tercer plano que fue presentado por la empresa para efecto de excluir la zona del tajo de la reserva indígena.  De ahí entonces que existe duda acerca de la localización exacta de la parte de la finca donde está el tajo, sea, si está dentro o fuera de la reserva indígena, extremo que, conforme se dijo supra, deberá ser discutido en el marco de un proceso plenario, con un amplio contradictorio y con una actividad probatoria compleja. En suma, estimando que previo a resolver el tema de la consulta a la comunidad indígena, debe zanjarse el tema de la ubicación precisa de la actividad impugnada y siendo que, precisamente, esta discusión está reservada a las vías de legalidad, lo procedente es desestimar el recurso en cuanto a este extremo.

VI.- SOBRE EL DAÑO AMBIENTAL RECLAMADO. La recurrente alegó que con la actividad del tajo se ha producido un daño a la quebrada Mónica a la que, asegura, cae barro, piedra y arena; además, se ha destruido el ecosistema y se ha generado la erosión del suelo. Bajo juramento, la Jefe del Registro Minero de la Dirección de Geología y Minas del MINAE afirmó que dentro del tajo se ha implementado un sistema de evacuación de agua de escorrentía para evitar que el terreno se lave y que los sedimentos lleguen hasta la quebrada Mónica, por lo que negó su afectación. Asimismo, adujo que se han construido pilas de sedimentación para el manejo de las aguas de escorrentía. De otra parte, en la inspección realizada por funcionarios del Área de Conservación Pacífico de la Oficina Subregional de Puriscal, no se observó eliminación de cobertura boscosa reciente en el área de la concesión; además, se constató los trabajos de mitigación de erosión como elaboración de taludes,  cunetas,  alcantarillados,  obras  de reducción  de  velocidad  de  agua  (ver informe del Ministro de Ambiente y Energía y oficio No. ACOPAC-OSRP-1091-13 del Área de Conservación Pacífico de la Oficina Subregional de Puriscal en el SCGDJ). De igual forma, existen obras de mitigación como estabilización de taludes, confección de terrazas (informe de la Subdirectora de Geologías y Minas en el SCGDJ). Partiendo de estas manifestaciones rendidas bajo juramento y de las pruebas aportadas por las recurridas, no encuentra este Tribunal elementos —a la hora de establecer la verdad procesal del amparo— que permitan tener por demostrado el daño ambiental que reclama la parte actora, por lo que se desestima el amparo también en cuanto a este aspecto.

VII.- COROLARIO. En mérito de las razones expuestas, se impone desestimar el recurso planteado”.

 

De lo anterior se desprende que esta Sala ha sido conteste en estimar que no le corresponde determinar si el tajo que está explotando la empresa Tractores Zamora S.A. se encuentra parcial o totalmente dentro del territorio indígena de Quitirrisí y, como consecuencia, si procede efectuar la consulta al pueblo indígena.

IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub examine, de lo informado por las autoridades recurridas se colige que persiste esa situación de imprecisión en cuanto a si parte de la finca donde está el tajo, se encuentra dentro o fuera de la reserva indígena. Además, lo referente a la presunta autorización para que tal actividad económica se ubicara en ese territorio. Nótese que en los informes rendidos por las autoridades recurridas de la Municipalidad de Mora se señaló que la propiedad inscrita bajo la matrícula No. 1-405947-000, a nombre de Tractores Zamora S.A., se encuentra geográficamente dentro de la reserva indígena Quitirrisí. Aunado, que la sociedad anónima adquirió dicha finca después de la creación de la reserva indígena en el año 1979. Aunque se indica que, de conformidad con el numeral 5 de la Ley de Indígena, quien ostenta la competencia en caso de reubicar a personas no indígenas (sean propietarios o poseedores de buena fe) que se encuentran dentro de las reservas indígenas es el INDER, por lo que no resulta de competencia de ese cabildo proceder con el proceso de expropiación si bien amerita, ya que es el órgano competente en lo materia quien deberá analizar el caso. Sin embargo, SETENA informa que al momento que se gestionó la viabilidad ambiental se contó con los documentos requeridos, respetando el hecho de estar comprometido el territorio indígena, pues se contó con la anuencia de la Municipalidad de Mora, la Asociación de Desarrollo de Quitirrisí de Mora y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, por lo tanto, no se realizaron actos en perjuicio de dicha comunidad. Adicionalmente, se refiere que, en el expediente administrativo FEAP-0246-2001-SETENA, no constan denuncias ambientales por daños ambientales o incumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos por el desarrollador del proyecto. Por último, la Dirección de Geología y Minas señala que hay antecedentes visibles en el expediente que ligan esa propiedad con un antiguo tajo que fue desarrollado y explotado en la década de los 90s, antes del otorgamiento de la concesión. Se indica que se conocía en la localidad como Tajo Cañas y fue explotado por el MOPT, la Municipalidad de Puriscal y la Municipalidad de Mora, entre otros. Eso sí, considera que el área otorgada en atención a la concesión que ahora se conoce, se encontraba fuera de la reserva indígena. No obstante, se estima que se debe investigar sobre la posibilidad de que la sociedad concesionaria de manera intencional o no, haya estado extrayendo y realizando otras labores en áreas que se encuentran fuera del área otorgada por el Poder Ejecutivo. Por ello, se recomienda una serie de medidas cautelares. En suma, se estima que previo a resolver el tema de la consulta a la comunidad indígena, debe zanjarse el tema de la ubicación precisa de la actividad impugnada y siendo que, precisamente, esta discusión está reservada a las vías de legalidad, se considera que no es de recibo el reclamo de la parte recurrente. Recuérdese que este Tribunal Constitucional ha resuelto que el recurso de amparo es de carácter eminentemente sumario —es decir, breve y sencillo— y su tramitación no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar —con carácter declarativo— si los derechos de rango infra constitucional que las partes citan como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, existen en realidad. Por ende, según las particularidades del caso en concreto, determinar si los permisos y estudios de viabilidad ambiental se brindaron o no, conforme al ordenamiento infra constitucional, ello es un extremo que excede la naturaleza sumaria del recurso de amparo y por ende, podrá la parte recurrente -al igual que se indicó en los precedentes anteriores- discutir el funcionamiento del tajo en las vía contenciosa administrativa. No resulta procedente que este Tribunal vierta pronunciamiento alguno (positivo o negativo) sobre el fondo del asunto, porque habiendo una contradicción entre las partes, para determinar si ha habido infracción o no de derechos fundamentales de los amparados, primero se debe resolver la situación jurídica de la parte demandante en el plano de la legalidad. Esta atribución no es de la Sala Constitucional y, más bien, hacerlo podría interferir indebidamente en lo que es competencia de los tribunales ordinarios. En consecuencia, con base en los elementos y las pruebas que constan en autos, no se puede tener por acreditada la infracción al derecho a la consulta a los pueblos indígenas, el derecho a la propiedad indígena, ni el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

V.- CONCLUSIÓN.  Por lo expuesto, se impone la desestimatoria de este recurso, partiendo de la veracidad de la información brindada por los recurridos que fue dada bajo juramento y tomando en consideración que, en todo caso, no compete a esta Sala determinar si los recursos mineros se están explotando dentro de un territorio indígena.

VI. Documentación aportada al expediente. Debe prevenir esta Sala a las partes que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión n.º 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión n.º 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

 Se declara sin lugar el recurso.

 

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ana María Picado B.




Ana Cristina Fernandez A.

	

 

	

Jorge Isaac Solano A.

 

 

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Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL

RECOPVCG03/2022

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:44:05.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Constitutional Chamber

Resolution No. 04504 - 2022

Resolution Date: February 25, 2022 at 09:15

Expediente: 20-021439-0007-CO

Drafted by: Anamari Garro Vargas

Type of matter: Amparo appeal

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL



Indicators of Relevance

Relevant ruling


Content of Interest:

Strategic Themes: Human Rights, Environmental, Indigenous Peoples

Type of content: Majority vote

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Topic: MINORITIES

Subtopics:

INDIGENOUS.

04504-22. MINORITIES. THE OPERATION OF A QUARRY IN AN INDIGENOUS RESERVE IS QUESTIONED. IT IS DECLARED WITHOUT MERIT, SO THAT IT MAY BE DISCUSSED IN THE CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE JURISDICTION.

“(…) From the foregoing, it is clear that this Chamber has been consistent in considering that it is not its responsibility to determine whether the quarry (tajo) being exploited by the company Tractores Zamora S.A. is partially or totally within the indigenous territory of Quitirrisí and, consequently, whether it is appropriate to carry out the consultation of the indigenous people.

(…)

In short, it is considered that before resolving the issue of the consultation of the indigenous community, the issue of the precise location of the challenged activity must be settled, and given that this discussion is precisely reserved for the ordinary jurisdiction channels (vías de legalidad), it is considered that the claim of the appellant is not admissible. It should be remembered that this Constitutional Court has ruled that the amparo appeal is of an eminently summary nature —that is, brief and simple— and its processing is not compatible with the practice of slow and complex evidentiary proceedings, or with the need to first examine —with a declaratory character— whether the infra-constitutional rights that the parties cite as part of the factual list of the amparo appeal or the legal report, as the case may be, actually exist. Therefore, according to the specific characteristics of the case, determining whether the environmental viability permits and studies were provided or not, in accordance with the infra-constitutional legal system, is a matter that exceeds the summary nature of the amparo appeal. Hence, the appellant may —as indicated in the previous precedents— discuss the operation of the quarry (tajo) in the contentious-administrative jurisdiction. It is not appropriate for this Court to issue any pronouncement (positive or negative) on the merits of the matter, because, with a contradiction between the parties, to determine whether or not there has been an infringement of the fundamental rights of the amparo petitioners, the legal situation of the plaintiff must first be resolved at the ordinary law level. This attribution does not belong to the Constitutional Chamber and, rather, doing so could unduly interfere in what is the competence of the ordinary courts. Consequently, based on the elements and evidence contained in the record, the violation of the right to consultation of indigenous peoples, the right to indigenous property, and the right to a healthy and ecologically balanced environment cannot be considered proven.

V.- CONCLUSION. For the foregoing reasons, the dismissal of this appeal is imposed, based on the veracity of the information provided by the respondents under oath and taking into consideration that, in any case, it is not the responsibility of this Chamber to determine if mining resources are being exploited within an indigenous territory. (…)” VCG03/2022



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Text of the resolution

*200214390007CO*

Exp: 20-021439-0007-CO

Res. No. 2022004504


CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes of February twenty-fifth, two thousand twenty-two.

Amparo appeal processed in expediente number 20-021439-0007-CO, filed by MANUEL HERNÁNDEZ AGÜERO, identity card 01-0277-0961 and OTHERS, against the MUNICIPALIDAD DE MORA, the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), the DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS (DGM), the COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (CONAI), the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE), the MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA and the SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA).



1. By a document received at the Secretariat of the Chamber on November 20, 2020, the appellant files an amparo appeal against the Municipalidad de Mora, INDER, DGM and CONAI, and states that they are representative members of the Council of Elders (Concejo de Mayores) of the Huetar People of Quitirrisí de Mora. They state that, in 1976, by executive decree, the Quitirrisí Indigenous Reserve was created, with an original measurement of 963 hectares, and after a series of changes, with Decree No. 29452-G of 2001 it was expanded to 2,700 hectares. They explain that on July 6, 2019, the spokesperson and coordinator of the Council of Elders of Quitirrisí de Mora filed an administrative consultation before the Municipalidad de Mora regarding irregularities occurring within said indigenous territory. Among the consultations made, the most relevant for this case is the illegal exploitation of the quarry (tajo tipo cantera), and the debt incurred with the indigenous community, indicating: “For several decades, a quarry (tajo tipo cantera) has been exploited within the jurisdiction of the indigenous territory, the possession and ownership of which is not held by the concessionaire, since the property under exploitation was acquired after the entry into force of the Ley Indígena, so that those who carry out the extraction of materials do so in bad faith and contrary to the indigenous legal system. Given this irregularity, we notice a passive and complicit attitude, as the entry and exit of wagons labeled by the Municipality, transporting subsoil products destined for the repair of neighborhood roads outside the territory, is notorious, while our roads are in a state of calamity and emergency. The irony of this operation is that, from its inception, the concessionaire has not transferred the percentage stipulated in Article 51 of Law 6979 to the indigenous community, nor to the municipal tax administration.” They point out that on August 28, 2019, through official letter No. IRT-0747-2019, the INDER responded to the request of the spokesperson of the Council of Elders of Quitirrisí, but never referred to the quarry (tajo) issue, nor was a solution provided to what was raised. They highlight that CONAI, through official letter No. DET-CER-064-2020 of July 1, 2020, issued by the head of the Department of Territorial Studies, certified that: “the uncadastred map that says: Property of Tractores Zamora S.A., legal ID 3-101 035013, with an area of 1 ha. 5620.81 m2 located in Cañas, Tabarcia District, Cantón of Mora, Province of San José, is found WITHIN THE HUETAR INDIGENOUS TERRITORY OF QUITIRRISÍ. This insofar as: the property is located as the topographer placed it in the attached grid of the map.” They allege that in ordinary session No. 08-2020 of July 22, 2020, of the Municipal Council, the tender for said quarry (tajo) was approved without the existence of permits according to regulations. Likewise, the municipal procurement office issued official letter No. PROV 287-2020, on the recommendation for the award act in abbreviated tender No. 2020 LA-000001-01, regarding the “purchase of granular material and culverts for UTGV”, through which it was recommended to award the work in favor of Tractores Zamora S.A., for an amount of ¢16,996,800.00, and in favor of Fábrica de Tubos Campeón LTDA., for an amount of ¢5,625,000.00. A recommendation that was unanimously endorsed by the councilors. They accuse that, through official letter No. AMM-604-2020 signed by the mayor on September 25, 2020, it was certified that farm No. 1-405947-000, property of Tractores Zamora S.A., is approximately 97.5% within the indigenous reserve, and he also indicated that, according to his calculations, only 6,885 m2 of the 275,306.26 m2 that make up the farm are outside the indigenous reserve. They complain that, despite the existence of public documents certifying that farm No. 1-405947-000 (where the Tabarcia Quarry (Tajo Tabarcia) operates illegally) is located within the indigenous territory, no consultation was ever carried out with the Huetar community or with the Council of Elders, in violation of international regulations; nor is there any law that permits the operation of the Tractores Zamora S.A. quarry (cantera) within the Huetar indigenous territory, to the detriment of the national regulations that require it (Ley Indígena and Código de Minería). So the license issued by the respondent Municipality has no legal basis and must be revoked. They accuse that the illegal operation of the Tabarcia Quarry (Tajo Tabarcia) has also caused irreparable environmental damage, and it does not have environmental viability studies (estudios de viabilidad ambiental), nor mining exploitation permits from the DGM, necessary to develop said activity. They believe that two fundamental rights for indigenous peoples have been violated, the right to consultation and the right to access and protection of the natural resources found within their territories. They warn that the right to consultation is protected in Articles 6, 15.2 and 17.2 of Convention 169 of the International Labour Organization (ILO), in Article 19 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), and in the Indigenous Consultation Decree No. 40932-MP-MJP. For its part, the right to natural resources in Articles 15, 26, 28, 32 of ILO Convention 169; in Articles 26.1, 26.2 and 32.3 of UNDRIP; and in Article 6 of the Ley Indígena. They add that, to understand the right to natural resources, one must take into consideration the rulings of the Inter-American Court of Human Rights (IACHR), especially the case Kuna People of Madungandi and Embera of Bayano vs. Panama, merits report of November 13, 2012, and the case Indigenous Community Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Furthermore, regarding access to natural resources found in indigenous territories, it is essential to take into account Article 8 of the Código de Minería. They point out that the actions and omissions of the respondents violate the rights of the Huetar indigenous people of Quitirrisí, since the community was never consulted nor was there any approach to exploit the natural resources found within the territory (without any type of compensation or fee for exploiting and selling them); and the legitimate owners of the land were not considered either. They allege that a consultation process never took place, even though in 2018 the Government issued the General Mechanism for Consultation of Indigenous Peoples; on the contrary, the tender was approved again in 2020, all without notifying the indigenous people. The procedures established by legislation to exploit resources within indigenous territories were not followed. They accuse that the indigenous community of Quitirrisí has had to endure for years the exploitation of their lands, that trucks and machinery damage their roads, all without receiving any type of compensation for the extraction of material and not even allowing them to pass through the site in question. Therefore, they come to the Chamber in protection of the fundamental rights of the protected party and request that the appeal be granted.

2. Guillermo Goyenaga Calvo, in his capacity as general judicial representative of INDER, reports under oath that Juan Sánchez Agüero, Spokesperson and Coordinator of the Council of Elders of Quitirrisí, on May 15, 2019, requested, by letter addressed to the President of the Republic, a meeting with the authorities of INDER to discuss several points of interest. He states that the Executive Presidency of INDER, through official letter INDER-A-PE-1563-2019 dated November 11, 2019, responds in writing to said representative on each of the agenda items presented and also makes the following inquiry: “Therefore, I request that you please inform this Office if the request for an audience persists, in order to proceed with reserving the space requested in this office.” He explains that as reported by official letter INDER-PE-1038-2020 issued by the Executive President of INDER: “On January 9, 2020, it was indicated that the middle manager does not have the competence and authority to respond, so they persist in being granted an audience (…) Due to the pandemic, requests for in-person audiences have been restricted, however, a virtual space has been granted for the upcoming December 8, 2020 at 08:00.” He indicates that the audience was notified to the appellants via email on December 1, 2020. He details that the purpose of the appeal refers to a problem that arises in a quarry (tajo), a problem that was never specifically consulted to INDER in the letters of May 15, 2019, August 22, 2019, and January 9, 2020, so INDER has not violated the right of response of the appellants on that specific point, as it fully responded to what was consulted in the agenda items and an audience had already been scheduled for December 8, 2020. He indicates that the letter issued by the spokesperson for the appellants on August 22, 2019, indicates a series of agenda items that they want to consult with INDER —which were requested from the spokesperson by INDER to be clear on the topics to be discussed—, agenda items that were analyzed by the Land Registry and Information Unit and were answered one by one, an answer that was also sent to the spokesperson for the appellants. He reports that the foregoing can be verified in official letter IRT-0747-2019, and that subsequently the Executive Presidency forwards, with official letter INDER-A-PE-1563-2019 dated November 11, 2019, to the spokesperson for the appellants, attaching the response to each of the agenda items consulted, so it is not true that no response was given to each of the agenda items consulted. He details that a query was made to the Territorial Development Office of Puriscal regarding any file related to the quarry (tajo) problem alluded to by the appellant, to which they were told the following: “that it is not possible to send a report because we do not have a file for either the Indigenous Reserve or TRACTORES ZAMORA S.A…, nor for farm 1-405947-000, according to cadastral map SJ-0598576-1985 which is within the Indigenous Reserve of Quitirrisí.” He adds that the INDER Land Registry Information Unit was also consulted regarding the purpose of this proceeding, and through official letter INDER-GG-DRT-FT-IRT-1090-2020 it was informed: “Regarding the required administrative file, it does not exist as such, the documentation consists of an email and official letter APE-1139-2019, signed by Licda. Paola Rodríguez González, Advisor to the Executive Presidency, where a response was given with official letter IRT-0747-2019. The official letter in question refers to each of the points indicated in the document dated August 22, 2019, signed by Mr. Juan Uriel Sanchez Agüero, addressed to Lic. Harys Regidor Barboza, with respect to the quarry (tajo) problem, it does not appear in the documentation provided to us.” He requests that this appeal be declared without merit.

3. Daniela Gutiérrez Villanueva, in her capacity as Executive Director of CONAI, reports under oath that the property of the quarry (tajo) is within the indigenous territory of Quitirrisí, but that the map is not in the record, and that it cannot be certified that it is the property of Tractores Zamora S.A., since said document is not suitable for stating that it is the property of persons who have acquired lands within an indigenous reserve after the creation thereof, properties that are within the indigenous territory and that have legal limitations (articles 1, 2, 3 and 5 of the Ley Indígena). She details that the reserves are created by the Ley Indígena, and even before said law, they already had the characteristics of being inalienable and imprescriptible, non-transferable and exclusive for the indigenous communities that inhabit them, with the Ley de Terrenos Baldíos and the Ley del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO). She adds that the Quitirrisí Indigenous Reserve has been registered since 1979 in the Public Registry. She requests that this appeal be declared without merit.

4. Ileana Boschini López, in her capacity as Director of the DGM, reports under oath that before the directorate she represents, a quarry (cantera) concession is registered, granted by resolution of the Executive Branch No. R 248-2005-MINAE at 15:30 on July 6, 2005, in favor of Tractores Zamora S.A. with legal ID No. 3-101-035013, for a term of 25 years, with mining expediente No. 2575. She details that from said file, official letter No. DE-021-2.000 of February 4, 2000, is evident, signed by Mr. Guido Rojas Sánchez in his capacity as Executive Director of CONAI at that time, addressed to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), by which he indicated, among other things, that: “I request that the respective permit be processed and approved for the graveling (lastreo) of the roads of the Indigenous Reserve of Quitirrisí de Mora and surrounding communities. We consider that for the execution of these works, it is necessary to have approximately twenty thousand cubic meters of material (20 MT). If it is necessary to use material located within the Indigenous Reserve for the fulfillment of these works, the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas would be willing to allow its use, as appropriate and for the benefit of the parties involved.” She alleges that on May 29, 2001, the representative of the company processed the reduction of the area to be concessioned, so that the exploitation permit would be granted for the part of the property located outside the area of the Indigenous Reserve. Likewise, that by resolution No. 0674-2001-SETENA of October 16, 2001, the approval of the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) by SETENA was communicated to the concessionaire company, and through official letter SG-410-2002-E-ESIA-SETENA of March 15, 2002, the granting of the Environmental Viability License (Licencia de Viabilidad Ambiental) was communicated to the interested party. She points out that there was exploitation of the Quarry known as Cañas Quarry (Tajo Cañas) by the MOPT, the Municipalidad de Mora and even the Municipalidad de Puriscal, as is evident from mining expediente 118-CNE-2002 granted in favor of the Municipalidad de Puriscal and criminal case 99-7733-42-PE, in which a definitive dismissal was declared for the crime of illegal extraction against the defendant Rolando Zamora Solano. She adds that, for this reason, it is difficult to accuse of environmental damage or impacts in a quarry (tajo) that was previously exploited, even before the acquisition of the property by Mr. Rolando Zamora Solano, as is evident from the indicated ruling. She reports that on November 6, 2001, the Geologist of this Directorate, Sirzabel Ruíz, approved the Exploitation Program through memorandum No. DGM/DC-2097-2001. She mentions that, through its Mining Control Department, a search was conducted in the records to determine if a concession effectively exists in the zone, therefore, through memorandum No. DGM-RNM-617-2020 of November 26, 2020, information on the matter was requested from the Registro Nacional Minero. She adds that the response to the previous missive was delivered on December 2, 2020, through official letter No. DGM-TOP-O-370-2020 and stated: “In response to the inquiry raised in official letter DGM-RNM-617-2020, it is indicated that, in the Mining Cadastre in the Cantón of Mora, Tabarcia District, in San José, there exists only file 2575 in the name of the company Tractores Zamora S.A. Which overlaps approximately 50% with the Quitirrisi Indigenous Zone.” She alleges that, as a result of the overlap evidenced in official letter No. DGM-TOP-O-370-2020, an inspection of the zone where the quarry (cantera) is located will be carried out in the coming days. She adds that, furthermore, the situation will be analyzed by the current legal advisor of the Registro Nacional Minero in charge of Central Region 1, to which this mining file territorially belongs, jointly with the Coordinating Mining Geologist of the same region. She requests that this appeal be declared without merit.

5. Ronald Humberto Zamora Campos, in his capacity as President of Tractores Zamora S.A., answered that since 2008 the quarry (cantera) has been questioned by the inhabitants of the indigenous reserve, alleging that it is within the reserve and that the concession has a legality defect. In this regard, he states that this Chamber ruled on the matter in resolution 2008-15028 of October 10, 2008, where it decided that said point was a matter of ordinary legality (legalidad). He explains that said position was reiterated in resolution 2014-14665 of September 5, 2014, of this same Court. He requests that, as it is a discussion of legality, this appeal be rejected. Now, in the same way, he indicates that Tractores Zamora S.A. since 1999 filed an application before the DGM for obtaining a concession for the exploitation of materials in a quarry (cantera). He states that he is currently the holder of a concession right for the exploitation of a quarry (cantera) for a term of 25 years, which was granted by the Executive Branch through resolution R-248-2005-MINAE at 10:30 on July 6, 2005. He details that to obtain the concession, all legal requirements were met, including the environmental viability (viabilidad ambiental) (resolution 0674-2001-SETENA of October 16, 2001), which is currently in force. He explains that the property “is partially part of the Quitirrisí Indigenous Reserve, which is why the Dirección de Geología y Minas required that we had to exclude the portion that is within the Reserve, so the concession was granted over one (1) hectare 3745.38 square meters. As proof of the above, a copy of the Edict that was published for the granting of the concession is provided. In 2008, once the concession had been granted, the topographer of the Dirección de Geología y Minas, Luis Ureña, stated in official letter DGM-TOP-544-2008, that the map used for the granting of the concession shows that the area thereof is outside the Indigenous Reserve.” Now, regarding the purchase of materials, he indicates that they participated in abbreviated tender 2020-LA-000001-01 promoted by the Municipalidad de Mora for the purchase of granular material. He states that the offer presented to the Municipalidad de Mora met all the requirements of the tender specifications and the purchase was effectively awarded to them. He indicates that neither the offer nor the award has defects, that everything was done within the established legal framework. Likewise, he clarifies that Tractores Zamora S.A. has no corporate or commercial relationship with the company Tubos Campeón Ltda. Regarding the alleged environmental damages, he expresses that Tractores Zamora S.A. does have the environmental viability (viabilidad ambiental), which is a requirement for the granting of the mining concession, which is in force and, furthermore, there is an environmental manager duly registered before SETENA. He adds that, as required by law, they also have the management of a geologist who monthly reviews the exploitation, makes the annotation in the geological logbook, reviews the exploitation progress maps and, if necessary, issues guidelines for an effective and efficient activity. He indicates that the appellants do not point out or give an example of the environmental damage they accuse, so, in his opinion, they take refuge in that assumption so that the Constitutional Chamber will hear the amparo appeal and not reject it ad portas. He adds that neither do they demonstrate “that they have resorted to the Dirección de Geología y Minas to report the alleged environmental damage, moreover, file 2575 of the DGM has no report from 2005 to date for an alleged environmental damage or non-compliance with the Exploitation Plan that was duly approved and in compliance with which work is done.” He requests that this appeal be declared without merit.

6. Alfonso Jiménez Cascante, in his capacity as Mayor of Mora, reports under oath that in the official gazette La Gaceta No. 175 of September 12, 2005, what was resolved by the Presidency of the Republic and the MINAE was published, in which they granted a concession for a term of 25 years for the exploitation of a quarry (cantera) in favor of Tractores Zamora S.A. He alleges that said concession has technical basis in memorandum DC-553-2002 dated July 6, 2002, signed by geologist Sirzabel Ruiz Barrantes. For the foregoing, he expresses that the appellant is not correct in indicating that the quarry (tajo) lacks legality, since its operation is supported by a valid and effective administrative act. Regarding the commercial license granted by the Municipalidad de Mora, he indicates that in accordance with resolution No. TAS-IMP-001-2019-LC at 12:30 on October 30, 2019, the person in charge of commercial licenses “in compliance with numeral 32 of the Código de Normas y Procedimientos Tributarios, section 51 of the Código Tributario, canon 38 of the Código de Minería, proceeds to grant on the activity as authorized for the quarry (tajo) (extraction of ballast material) commercial activity called Tajo Tractores Zamora, said commercial license certificate expires next June 13, 2022.” He states that regarding the inquiry made by the plaintiff party on July 6, 2019, it was responded to by official letter No. AMM-541-2019, so there is no omission due to an eventual lack of response. Likewise, regarding the contracting process for abbreviated tender 2020-LA-00001-01, he states that the award act was made by agreement No. ACM-08-03-2020 dated June 25, 2020, which complied with the administrative contracting rules and the principles thereof. He indicates that said tender agreed on the award of the purchase of granular material and culverts for UTGV to the company Tractores Zamora S.A., an act that is enjoying firmness. Regarding property registration No. 1-405947-000, he indicates that: “the property registered under registration No. 1-405947-000, under cadastral map number DJ-120738-1993 in the name of Tractores Zamora S.A. is geographically located within the Quitirrisí indigenous reserve, the total area of said property corresponds to 275306-20 m2 according to the registry report. In addition to the above, it is necessary to indicate that the corporation acquired said farm after the creation of the indigenous reserve, as the reserve was created in 1979.” He reports that in accordance with numeral 5 of the Ley Indígena, the entity that holds the competence in case of relocating non-indigenous persons (whether owners or possessors in good faith) who are within the indigenous reserves is the INDER, so it is not the competence of the Municipalidad de Mora to proceed with the expropriation process if it is warranted, so it is the competent body on the matter that must analyze the case. He reiterates that the operation of the Tractores Zamora S.A. quarry (tajo) is a concession that is currently in force, adjusted to the technical-legal norms, and consequently, in accordance with the norms of the Código de Minería, Código Tributario and Código de Normas y Procedimientos, the commercial license was granted for the exploitation of the activity in accordance with the law, in addition to the abbreviated tender process which complied with all the rules on administrative contracting without harming the contracting procedure or affecting any bidder within the procedure. He indicates that before the Municipalidad de Mora, none of the challenge channels at the ordinary stage of the administrative acts issued by the municipality have been pursued, nor has any environmental complaint been received about the case. He requests that this appeal be declared without merit.

7. Álvaro Enrique Arguedas Durán, in his capacity as President of the Council of Mora, reports under oath that, regarding the consultation made by the appellants to the Municipalidad de Mora by note of July 6, 2019, the Municipal Council proceeded to give a response on December 4, 2020, this through official letter No. AMM-541-2019 dated September 3, 2019. Likewise, regarding abbreviated tender 2020-LA-00001-01, he expresses that, through agreement No. ACM-08-03-2020 dated June 25, 2020, the Council of Mora approved the award act of the tender in question in favor of Tractores Zamora, S.A., all in compliance with the administrative contracting rules and the principles that inform the matter. He details that said award act “was issued based on the technical reports rendered by the Municipal Administration, particularly the procurement technical report No. PROV-287-2020, the authorization of the quarry (tajo) concession in favor of Tractores Zamora, S.A., through resolution No. R-248-MINAE, published in the official gazette La Gaceta No. 175 of September 1, 2005, and the commercial license issued on October 30, 2019, through administrative act No. TAS-IMP-001-2019-LC, currently in force; therefore, the administrative acts that formed the basis of the award act were valid, effective, and in accordance with the law.”

Furthermore, it states that on July 7, 2020, they received from Rosemary Sánchez Pérez, trustee (sindica propietaria) and member of the Huetar People of Quitirrisí de Mora, a request for a declaration of absolute nullity of the abbreviated bidding process (licitación abreviada) in question, which request was summarily rejected as inadmissible, through agreement No. ACM-13-07-2020, on July 27, 2020. Likewise, it explains that through unnumbered official letter dated July 13, 2020, also signed by Rose Mary Sánchez Pérez, they were requested to definitively cancel the commercial license (patente comercial) for the operation of a quarry (tajo) on the property registered under real folio number 405947, granted in favor of Tractores Zamora S.A., regarding which, through agreement No. ACM-16-04-2020, it was agreed to request from the municipal administration a topographic technical report and various other consultations to assess the complaint filed. The foregoing was answered on September 25, 2020, through official letter No. AMM-604-2020, by the Mayor of Mora. It alleges that both official letters (No. ACM-16-04-2020 and No. AMM-604-2020) were notified to the appellant through the means indicated by the petitioner. Likewise, it indicates that the topographic technical report rendered by the municipal mayor's office was referred for study to the legal advisory office, given the complexity of the matter, for purposes of determining the appropriate administrative or judicial actions. Now, it details that "regarding the request for definitive cancellation of the commercial license (patente comercial) for the operation of a quarry (tajo) on the property registered under real folio number 405947, granted in favor of Tractores Zamora, S.A., we must indicate, based on the evidence provided, as well as the certified administrative file (expediente administrativo) presented in this process by the municipal mayor, that what has been raised is nothing more than a conflict of ordinary legality, which does not involve, at least directly, any fundamental right, for which reason it exceeds the scope of jurisdiction of this Chamber (Sala). Indeed, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice has repeatedly indicated in its resolutions that as a court it is neither a controller of legality nor an additional instance of the Administration, so it would not be appropriate for it to determine in the case at hand (sub lite) whether the Municipality of Mora must or must not cancel the commercial license in favor of Tajos Zamora, S.A., or annul the award act of the abbreviated bidding process No. 2020LA-000001-01, as these are purely matters of an administrative and eventually judicial nature." It adds that the reason for believing this matter should be resolved through ordinary legality - and not through a constitutional amparo action (amparo constitucional) - is the fact that since Tractores Zamora S.A. is the registered owner before the National Registry (Registro Nacional) of the property under real folio number 405947 and, therefore, a possessor in good faith, the Council of Elders (Concejo de Mayores) of Quitirrisí must, if it deems its rights violated, resort to the procedure established in Article 5 of the Indigenous Law (Ley Indígena), which establishes the sole and exclusive competence of INDER to resolve in administrative or judicial venues matters such as the one presented here, as is the case of processing the administrative and judicial expropriation and compensation proceedings established in Law No. 9286 to guarantee the registration of properties within indigenous zones (zona indígena) exclusively in favor of these original peoples. It requests that this appeal be dismissed.

8. The Acting Judicial Technician 3 and the Acting Secretary, both of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), certify that, after reviewing the Costa Rican Judicial Office Management System (Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales), the control of documents received, and this file (expediente), it did not appear that from November 27 to December 8, 2020, the Head of the Department of Territorial Studies of INDER had submitted any writing or document, for the purpose of rendering the report requested in the resolution issued at 13:53 hours on November 25, 2020.

9. Through a writing received on March 30, 2021, the appellant party filed a motion to expedite (pronto despacho).

10. By resolution at 07:41 hours on June 15, 2021, the Investigating Magistrate (Magistrada Instructora) requested, as evidence for better resolution (prueba para mejor resolver), from the Director of the Real Property Registry (Registro Inmobiliario) of the National Registry (Registro Nacional), the following: "indicate whether the property registered under folio number 1-40597-000 of the cadastral plan DJ-120738-1993 in the name of Tractores Zamora S.A, falls within the assumptions established in the resolution at 11:05 hours on September 12, 2019, issued in case file (expediente) No. 2019-70-RIM. That is, whether the cited property, according to the registry, is located within indigenous territory (territorio indígena). Additionally, a copy of the cited resolution must be provided."

11. By order (auto) at 07:58 hours on June 15, 2021, the Investigating Magistrate (Magistrada Instructora) requested, as evidence for better resolution (prueba para mejor resolver), from the Director of Geology and Mines of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía), the following: "1) in the report rendered through official letter No. DGM-OD-293-2020 of December 2, 2020, it was indicated that: 'as a result of this overlap evidenced in official letter No. DGM-TOP-O-370-2020, this Directorate (Dirección) will conduct an inspection in the coming days in the area where the quarry (cantera) is located; additionally, it will be analyzed by the current legal advisor of the National Mining Registry (Registro Nacional Minero) in charge of Central Region 1, to which this file (expediente) belongs territorially, jointly with the Mining Coordinator Geologist of this region.' This being the case, indicate whether said inspection was carried out and, if the answer is affirmative, what the result thereof was. 2) In the report rendered to this Chamber (Sala), it is stated: 'the representative of the company processed the reduction of the area to be concessioned, for the purpose of the exploitation permit (permiso de explotación) being granted for the part of the property located outside the area of the Indigenous Reserve (Reserva Indígena).' Clarify what the response to that proceeding was and how it has been executed. 3) State whether you have knowledge of a process in the corresponding ordinary jurisdiction in which the facts subject to this process are being discussed. In such case, indicate the case file (expediente) and the body processing it."

12. By resolution at 08:04 hours on June 15, 2021, the Investigating Magistrate (Magistrada Instructora) expanded the order (auto) granting leave to proceed and granted a hearing to the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía), the Ministry of the Presidency, and the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental).

13. By resolution at 12:00 hours on June 23, 2021, the Investigating Magistrate (Magistrada Instructora) requested, as evidence for better resolution (prueba para mejor resolver), from INDER, the following: "that within the documentation contained in the case file (autos), it is recorded that 'the Executive President reports through official letter INDER-PE-1038-2020, that in response to the requested hearing the following: Due to the pandemic, requests for in-person hearings have been restricted; however, a virtual space was granted for next December 8, 2020, at 08:00...' This being the case, indicate whether said meeting took place and you must indicate what the result thereof was. Additionally, in your report, the authority must refer to whether it has knowledge of a process in the corresponding ordinary jurisdiction in which what is questioned here in this amparo appeal (recurso de amparo) is being discussed. In such case, you will indicate the case file (expediente) and the body processing it."

14. By resolution at 12:13 hours on June 23, 2021, the Investigating Magistrate (Magistrada Instructora) requested from the Municipality of Mora, the following: "indicate whether you have knowledge of a process in the corresponding ordinary jurisdiction in which what is alleged in this amparo appeal (recurso de amparo) is being discussed. In such case, you will indicate the case file (expediente) and the body processing it."

15. Andrea Meza Murillo, in her capacity as Minister of Environment and Energy (Ministra de Ambiente y Energía), reports under oath that:

"As a preliminary clarification, I must indicate that, in accordance with national legislation, the technical competencies for the processing and evaluation of mining exploration permits (permisos de exploración) and exploitation concessions (concesiones de explotación) are assigned to the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas). This Department is within the MINAE structure and is responsible for issuing the technical and legal recommendation related to the applications, so that the granting act may be issued, which is signed by the Executive Branch. The National Environmental Technical Secretariat (SETENA), whose competence for the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) of the different activities, works, or projects was technically decentralized by law, also participates in this process. Both departments guard the administrative files (expedientes administrativos) of their respective procedures and also have the competencies for technical and legal monitoring and supervision of the granted permits and licenses, which in turn include supervision stages in the execution phase. The Ministerial Office has requested reports from both technical departments to provide the response requested by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in this amparo appeal (recurso de amparo) and it is rendered based on the files (expedientes) and knowledge of the facts that have been reported by the responsible officials and which are attached as evidence. This does not exclude nor supplant the direct report that each of the Directors must provide to the Constitutional Chamber (Sala Constitucional). In accordance with the transfer of facts, I proceed to state: 1. Regarding the proceedings and inquiries made by the appellants before the Municipality of Mora, I have no record. It is not my responsibility to report as these are not matters of this Ministry. 2. Indeed, in 1976, the Indigenous Reserve of Quitirrisí (Reserva Indígena de Quitirrisí) was created through Article 9 of Executive Decree No. 6036-G of June 12, 1976, and the Indigenous Settlement (Caserío Indígena) was subsequently delimited through Executive Decree No. 10707-G of November 8, 1979; therefore, it is accepted regarding the issuance of the regulation. 3. Regarding the existence of a quarry (tajo) in the area, only what is relative to and documented within administrative file (expediente administrativo) No. 2575 is accepted, as a legal exploitation concession (concesión de explotación) authorized by the Executive Branch outside the territory of the Indigenous Reserve (Reserva Indígena). 4. Regarding the proceedings and inquiries before INDER, CONAVI, and other institutions, it is not my responsibility to comment as these are acts foreign to this Ministry. 5. I have no record regarding the content of DET-CER-064-2020 CONAI as it is an act foreign to this Ministry, besides the fact being uncertain due to a lack of reference to a plan or methodology that allows accurate location. However, in Report DGM-RNM-429-2021 it is established that the granting resolution clearly indicates that the total granted area corresponds to 1 Ha 3745.38 square meters as recorded in the plan visible on page 150 (page 153 after the renumbering of the files) and that it is located outside the indigenous territory (territorio indígena). However, the location of the quarry (tajo) with a current concession on that property and in relation to the boundary of the indigenous territory (territorio indígena) is relevant for resolving this case, an aspect that the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) itself seems not yet to be clear on, given the reports generated DGM-CRC 1-002-2021 and report DGM-TOP-O-216-2021 in which it is concluded not only the inconsistencies presented in the information uploaded to the digital mining registry (padrón minero digital) but also in the areas of the supervision reports of that directorate. 6. I have no record and it is not my responsibility to report on the municipal actions related to the indicated contracting processes as these are acts foreign to this Ministry. That Municipality must report in that regard. 7. In relation to the quarry (cantera) in the area, I refer to the reports rendered by geologist Ileana Boschini López, Director of the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas), who, by internal distribution of competencies, is responsible for handling these procedures. As that official has indicated, your registry shows the existence of administrative file (expediente administrativo) No. 2575 in the name of Tractores Zamora S.A. with legal identification number No. 3.101-035013 with a concession (concesión) granted through resolution R-248-2005-MINAE with a term of 25 years, and it is therefore still in force. As detailed in her report DGM-RNM-429-2021, for its granting, that procedure had the environmental license (licencia ambiental) granted by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaria Técnica Nacional Ambiental) upon communicating, through Resolution No. 0674-2001-SETENA, the approval of the environmental feasibility (viabilidad ambiental). This last aspect is ratified by the Director of SETENA in the attached report SETENA-SG-0847-2021. 8. It is important that, at the time of granting the concession (concesión), the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) previously approved a reduction of the area originally requested by the concessionaire precisely to locate the quarry (tajo) outside the indigenous reserve area (área de reserva indígena); consequently, in that administrative act, the competence and the legal limits for the granting were respected. 9. I have no record regarding the payment of taxes and obligations of the concessionaire to the municipality. The Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) has not reported having data in that regard. 10. Regarding the actions of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), it provided report SETENA-SG-0847-2021 on general aspects, sent by that department, where the Director has recorded that the quarry (tajo) of mining file (expediente minero) 2575 processed the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) and was assigned file (expediente) No. FEAP-246-2001-SETENA Project "TAJO TABARCIA"; during that procedure, the applicant was warned: "On October 4, 1999, through resolution No. 927-99-SETENA, it is indicated that the preliminary process application was analyzed and the project developer is informed that the activity to be developed is not environmentally feasible and in Considering (Considerando) Second it is established: - 'The land has very steep topography ❖ The land is located in an indigenous reserve (reserva indígena)…' (the highlighting is not from the original) On March 2, 2000, this Secretariat received official letter WBJ-0010-2000 from Mr. William Brenes Jiménez, in his capacity as Consulting Geologist, and Mario Zamora, representing the company Tractores Zamora S. A., through which they provide official letter DE-021-2000 signed by Mr. Guido Rojas Sánchez, Executive Director of the National Commission on Indigenous Affairs (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas), through which he states among other things: 1. That they are aware that Mr. Mario Zamora intends to exploit the part of the quarry (tajo) located outside the Reserve (Reserva) and that he maintains his interest in contributing with the Indigenous Community of Quitirrisí de Mora in the repair of roads; 2. As well as, if the use of material located within the Indigenous Reserve (Reserva Indígena) is necessary for the fulfillment of those works, the National Commission on Indigenous Affairs (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas) would be willing to authorize its use, as applicable and for the benefit of the parties involved. On March 15, 2002, official letter SG-410-2002-E-ESIA-SETENA is issued, which points out that the additional information presented on March 4, 2002, requested in Resolution No. 0674-2001-SETENA, complies, and Therefore (Por lo Tanto) it is communicated that the Environmental Assessment (Evaluación Ambiental) process has been completed, therefore, environmental feasibility (Viabilidad ambiental) is granted to the Tajo Tabarcia project, opening the Environmental Management (Gestión Ambiental) stage. A certified copy is attached." She indicates that they have been notified directly by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) and, being within the deadline, the appropriate course is for that body to render a report directly and in greater detail. ON THE MERITS (SOBRE EL FONDO): The exploration and exploitation of non-metallic subsoil materials is regulated in Costa Rica through the Mining Code (Código de Minería) Law No. 6797 and its reforms. In accordance with this legislation, mineral resources are the property of the State, which has priority in their use and exploitation. However, the same legislation establishes that exploration permits (permisos de exploración) and exploitation concessions (concesiones de explotación) may be granted in favor of private parties, which shall be governed by the Code and its regulations. Article 4 of the Mining Code (Código de Minería) declares mining activity of public utility, and Article 8 establishes the areas in which there are limitations for granting such concessions. Precisely one of those limitations is the one provided in the third paragraph of the citation: 'Concessions granted to private parties for the exploration and exploitation of mineral resources in areas declared indigenous reserves, must be approved by the Legislative Assembly. The law approving such concessions must protect the interests and rights of the indigenous communities. The legislative procedure shall not apply when it is the State that directly carries out the exploration or exploitation. Law No. 6172 of November 29, 1977, is amended accordingly.' It is under this legal provision that, when processing the application for exploitation of mineral materials in file (expediente) No. 2575, the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) warns the interested party that property No. 1-405947-000, identified with the submitted plan SJ-0598576-1985, has a significant overlap of land within the Quitirrisí Indigenous Reserve (Reserva Indígena Quitirrisí). This situation is corrected and the concession (concesión) granted by the Executive Branch at the time, through resolution R-248-2005-MINAE, was not made with that plan, but with the plan visible on Page 153, in which, according to the legal technical recommendation report issued by the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas), the exclusion of the entire affected area within the Indigenous Reserve (Reserva indígena) was carried out, and therefore the concession (concesión) was granted. I proceed to quote textually part of report DGM-RNM-429-2021 of Monday, June 28, 2021: 'Background on the concession area: Through Resolution R-248-2005-MINAE of July 6, 2005, a mining concession (concesión minera) is granted in favor of the company Tractores Zamora S.A. for 25 years (Resolution visible on pages 284 to 276). In the granting resolution, it is clearly indicated that the total granted area corresponds to 1 Ha 3745.38 square meters as recorded in the plan visible on page 150 (page 153 after the renumbering of the files). Through official letter DGM-TOP-305-2003, said plan is approved (page 164). The rest of the file (expediente) was reviewed, and no modification to the area granted in resolution R-248-2005-MINAE was found, such as area expansion procedures or the like. It is noteworthy that the plan visible on page 153 is the plan that was used to construct the edicts and subsequent issuance of the mining title and that this plan was provided by the applicant in response to official letter DGM-TOP-275-2001 and resolution No. 102 of February 19, 2002 (page 115). The plan visible on page 153 cuts off a portion of the land, with respect to the plan visible on page 95, since that cut-off portion was within the indigenous reserve area (área de reserva indígena). Therefore, the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) and the Executive Branch granted a mining concession (concesión minera) in an area of 1 Ha 3745.38 m2 outside the indigenous reserve area (área de reserva indígena), so there was no need to follow the procedure established in Article 8 of the Mining Code (Código de Minería). This has been indicated on repeated occasions, as reflected within the mining file (expediente minero). For example, official letter DGM-TOP-180-2007 indicates that, according to resolution 102 of February 19, 2002, a topographic plan of the area excluding the Quitirrisí Reserve is requested; it indicates that the plan delivered and visible on page 150 (now page 153) complies with what is required in resolution No. 102 and that it was approved by Engineer Jorge Delgado Barboza.' As a consequence of the analysis of the file (expediente) and the inspection requested as a result of the commitment to the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in this same process, report DGM-TOP-O-216-2021 is rendered by official Etelberto Chavarría Camacho, specialized in topography for the Mining Control Department of the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas). It concludes that the previous report rendered by the geologists through Official Letter DGM-TOP-O-370-2020, indicating a 50% overlap with the Indigenous Reserve (Reserva Indígena), is incorrect because it was based on a plan that, although it appears in the file (expediente) as part of the initial application, was not the one used to approve the concession (concesión). Administratively, and according to the reports of the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas), the location of the area granted by the Executive Branch through resolution No. R-248-2005-MINAE outside the territories declared Indigenous Reserve (Reserva Indígena) is taken as established as true, and it is assured that it has not undergone modification through any administrative act. The DGM-RNM-429-2021 report adds: 'The rest of the file (expediente) was reviewed, and no modification to the area granted in resolution R-248-2005-MINAE was found, such as area expansion procedures or the like. It is noteworthy that the plan visible on page 153 is the plan that was used to construct the edicts and subsequent issuance of the mining title and that this plan was provided by the applicant in response to official letter DGM-TOP-275-2001 and resolution No. 102 of February 19, 2002 (page 115). The plan visible on page 153 cuts off a portion of the land, with respect to the plan visible on page 95, since that cut-off portion was within the indigenous reserve area (área de reserva indígena).' However, as a result of reports DGM-TOP-O-216-2021 and DGM-RCR1-002-2021, the following situations have been detected in the review and inspection work at the quarry (tajo): 'Once official letter DGM-TOP-O-370-2020 of December 2, 2020, was known, this mining coordination proceeded to conduct a review of the mining file (expediente minero) and the technical information contained in the annual work reports; in this way, it is observed that there is a discrepancy between the shape and size of the polygon visible in the work reports and the polygon of file (expediente) 2575 granted in Resolution R-248-2005-MINAE of July 6, 2005. There is also a discrepancy between the polygon of file (expediente) 2575 shown in the Digital Mining Registry (Padrón Minero Digital) with respect to the polygon of file (expediente) 2575 granted in Resolution R-248-2005-MINAE of July 6, 2005. The polygon shown in the digital mining registry (padrón minero digital) corresponds to the polygon shown in the plan visible on page 11, which was never approved as a correct plan because it was within the area of the indigenous reserve (reserva indígena). As previously indicated, the file (expediente) was reviewed, and there is no record in it of any legal or technical element by which a modification of the concession area (área de concesión) has been justified. Although within the file (expediente) there are official letters approving work reports (official letters DGM-DI-003-2014 and DGM-DI-004-2014, prepared by Ana Sofía Huapaya, visible on pages 576 to 579; official letter DGM-CMRC1-101-2014 prepared by Lilliam Arrieta H, page 626), this approval does not imply modifications to the concession area (área de concesión). Furthermore, in the cited official letters, no indication is made regarding the concession area (área de concesión); they only mention very general coordinates on the location of the concession (concesión), such as its administrative location and the quadrant of the Cartographic Sheet where it is located. In official letter DGM-CRC1-104-2015 of November 11, 2015 (page 642), geologist Lilliam Arrieta Hernández requests a series of requirements related to omissions within the work report for the period 2013-2014 and which are related to the extraction block plan. No resolution is observed that has communicated said official letter, nor is the presentation of the indicated information by the concessionaire company observed. The other work reports are pending review, but as indicated, they present a topographic plan with a polygon of the concession (concesión) that does not coincide in shape or size with the polygon granted by the Executive Branch.' (DGM-CRC-002-2021) 'Conclusions: With the information available to this mining coordination, it is corroborated that the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) recommended the granting of a concession (concesión) on land with an area of 1 Ha 3745.38 square meters, which is located outside the Indigenous Reserve (Reserva Indígena) area according to Decree 29452-G published in La Gaceta of May 16, 2001. When observing the drawing of the polygon of file (expediente) 2575 existing in the Digital Mining Registry (Padrón Minero Digital), it can be observed that it coincides in shape and size with the area of the plan visible on page 11; this plan on page 11 was not the one used for the preparation of edicts, nor does it correspond to the area granted by the Executive Branch, the correct one being the plan visible on page 153. Therefore, it is recommended that the drawing of the polygon in the digital mining registry (padrón minero digital) be corrected and that the area of the plan visible on page 153 be drawn accordingly. Additionally, due to the proximity to the boundary of the indigenous reserve (reserva indígena), it is recommended that the boundary of the Reserve (Reserva) in this sector be adjusted in accordance with what is indicated in Decree 29452-G published in La Gaceta of May 16, 2001. Furthermore, it is recommended that a new response official letter be issued addressed to the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in relation to file (expediente) 2020-021439-0007-CO, given that the information provided contained incorrect information. As demonstrated in the mining file (expediente minero), the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) was meticulous in reviewing and ensuring that the granted area was located outside the indigenous reserve area (área de reserva indígena). It is important to mention that the possibility must be investigated that the concessionaire company has, intentionally or not, been extracting and carrying out other work in areas that are outside the area granted by the Executive Branch. Therefore, it is recommended that the concessionaire company be ordered a precautionary measure (medida cautelar) of suspension of extractive work and any work of pushing material, uncovering, filling, or shaping or profiling of terraces or berms that is outside the area granted by the executive branch (R-248-2005-MINAE). The importance of this precautionary measure (medida cautelar) lies in avoiding greater impacts on the property and possible alterations to the impacted area that would prevent an objective investigation from being carried out. For this reason, it is also recommended to order the owner of the concessionaire company to ensure that third parties do not enter the property with machinery to alter the lands of the farm that are outside the area granted by the executive branch (R248-2005-MINAE). It is recommended that an order be issued for the concessionaire company to place the boundary markers (mojones) in the field in accordance with the granted area (R-248-2005-MINAE) and that coordination be carried out for a field inspection by the Topography Unit of the Mining Control Department to verify that the marking corresponds with what was approved and granted. For this, it is recommended that a term of 15 business days be granted. It is recommended that an order be issued for the concessionaire company to submit, in technical document format, a recovery plan for those areas that were impacted and are located outside the area granted in the mining concession (concesión minera). This plan is preliminary in nature and must contain an estimate of the costs the concessionaire company will incur to recover the areas and the machine hours to be used, as well as a tentative execution schedule. For this, it is recommended that a term of 30 business days be granted. It is recommended to request the submission of documents proving that the Safety and Hygiene Regulations for this concession (concesión) have been approved by the Ministry of Labor. It is important to mention that it is the National Mining Registry (Registro Nacional Minero) that must proceed in accordance with current regulations and in relation to the information provided; therefore, it is clarified that the recommendations generated in this report aim to prevent the determination of the truth of the facts from being hindered, in accordance with the technical experience of this mining coordination.' (DGM-CRC-002-2021)."

For all the foregoing, she requests that the appeal be dismissed.

16. Harys Regidor Barboza, in his capacity as Executive President of INDER, reports under oath that:

"I appear to comply with what was requested through the resolution of this honorable office at twelve hours zero minutes on June twenty-third, two thousand twenty-one, for which purpose I inform you that the meeting took place in person at the Rancho Biriteca, located in Quitirrisí de Mora, on December 14, 2021, at 2 p.m. The following officials participated on behalf of INDER: • Harys Regidor Barboza, Executive President of INDER. • Jimmy Garita Hernández, Head of the Department of Information and Land Registry and Technical Coordinator of the Plan for the Recovery of Indigenous Territories (Plan de Recuperación de Territorios Indígenas). • Juan Carlos Jurado Solórzano, General Coordinator of the Plan for the Recovery of Indigenous Territories (Plan de Recuperación de Territorios Indígenas). Of course, the members of the Council of Elders (Consejo de Mayores) of the Huetar People of Quitirrisí de Mora participated, the ladies and gentlemen: Juan Sánchez Agüero, Jose Sáenz Sáenz, Gloria Sáenz Sáenz, and Maria Perez; also participating was the trustee (síndica) of Quitirrisí, Mrs. Rose Mary Sánchez Pérez, and Mr. Guido Rojas Sánchez, legal advisor to the Council of Elders (Consejo de Mayores). At said meeting, general information was given on the nature and progress of the Plan for the Recovery of Indigenous Territories (Plan de Recuperación de Territorios Indígenas), and all general and specific questions from the different members of the Council of Elders (Consejo de Mayores) of the Huetar People of Quitirrisí de Mora were answered."

17. Ileana Boschini López, in her capacity as Director of Geology and Mines of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía), reports under oath that:

"STATEMENT 1. In the report rendered through official letter DGM-OD-293-2020 of December 2, 2020, it was indicated that: 'as a result of this overlap evidenced in official letter No. DGM-TOP-O-370-2020, this Directorate (Dirección) will conduct an inspection in the coming days in the area where the quarry (cantera) is located; additionally, it will be analyzed by the current legal advisor of the National Mining Registry (Registro Nacional Minero) in charge of Central Region 1, to which this file (expediente) belongs territorially, jointly with the Mining Coordinator Geologist of this region.'

Your Honor is asked to indicate whether said inspection was carried out and, if the answer is affirmative, what the result of it was. From the inspection commitment to corroborate the real truth of the appealed facts, official letter DGM-CRC1-002-2021 of January 15, 2021, is issued, which is attached as evidence, issued by Geologist Lic. Esteban Bonilla Elizondo, Mining Coordinator of Central Region 1, who presents the results of the technical review of the mining file, in relation to the location of the concession area, according to the information provided in official letter DGM-TOP-O-370-2020. In this regard, he states: “Background on the concession area: By Resolution R-248-2005-MINAE of July 6, 2005, a mining concession is granted in favor of the company Tractores Zamora S.A. for 25 years (Resolution visible at folios 284 to 276). In the granting resolution, it is clearly indicated that the total area granted corresponds to 1 Ha 3745.38 square meters as stated in the plan visible at folio 150 (folio 153 after the re-foliation of the files). By official letter DGM-TOP-305-2003, said plan is approved (folio 164). The rest of the file was reviewed and no modification to the area granted in resolution R-248-2005-MINAE was found, such as area expansion procedures or similar. It should be noted that the plan visible at folio 153 is the plan that was used to construct the edicts and subsequent issuance of the mining title and that this plan was provided by the applicant in response to official letter DGM-TOP-275-2001 and Resolution No. 102 of February 19, 2002 (folio 115). The plan visible at folio 153 cuts out a portion of the land, with respect to the plan visible at folio 95, since that cut portion was within the indigenous reserve area. Therefore, the Dirección de Geología y Minas and the Executive Branch granted a mining concession in an area of 1 Ha 3745.38 m2 outside the indigenous reserve area, so there was no need to follow the procedure established in Article 8 of the Código de Minería. This has been indicated on repeated occasions as reflected within the mining file. For example, official letter DGM-TOP-180-2007 indicates that, according to Resolution 102 of February 19, 2002, a topographic plan of the area is requested excluding the Quitirrisí reserve, it indicates that the plan delivered and visible at folio 150 (now folio 153) complies with what is required in Resolution No. 102 and that it was approved by Engineer Jorge Delgado Barboza. This official letter served as input for the response issued by official letter DGM-RNM-263-2007 signed by Licenciada Cynthia Cavallini, who at that time held the headship of the Registro Nacional Minero. The response was addressed to then Municipal Mayor Gilberto Monge Pizarro, who by official letter DAM-129-07 forwarded official letter ADIQ-016-2007 from the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Quitirrisí; it was consulted whether, at the time of granting the concession with file 2575, the procedure indicated in Article 8 of the Código de Minería had been followed. In official letter DGM-RNM-263-2007, it reads verbatim: ‘I inform you that it was not necessary, since the zone that was within the Quitirrisí Indigenous Reserve was excluded from the requested area, as stated in official letter DGM-TOP-305-2003 of August 28, 2003.’ The same is indicated in the responses issued by official letter DGM-CMRC1-33-2013 (folio 543) in response to official letter DAJ-1230-2013, which forwards official letter ACOPAC-OSRP-1091-13, which is a response letter for Amparo Appeal 13-008295-0007-CO. In this official letter DGM-CMRC1-33-2013, it reads verbatim: ‘Having reviewed administrative file 2575, according to the surveyor's information, it can be concluded that the area granted under that file number is located outside the indigenous reserve.’ At folio 550, official letter DGM-563-2013 is observed in response to an Amparo Appeal filed by Esmeralda Pérez Hernández against the Dirección de Geología y Minas; in this official letter, it is explained that the plan that had been submitted for the concession application had been certified by CONAI indicating that it was outside the Indigenous Reserve area; however, the surveyor's work was not limited to accepting this certification but verified by his own means that there was an overlap with the Indigenous Reserve area, so he reported this situation to the Registro Nacional Minero, which by Resolution No. 102 of February 19, 2002, requests adjustments to the plan and ends up presenting the plan that was approved, visible at folio 153, and that was used for the preparation of edicts and the granting resolution. This Amparo Appeal was dismissed as observed in judgment 2014014655 visible at folios 604 to 622. Analysis of the concession areas: Once official letter DGM-TOP-O-370-2020 of December 2, 2020, was known, this mining coordination proceeded to carry out a review of the mining file and the technical information contained in the annual work reports; in this way, it is observed that there is a discrepancy between the shape and size of the polygon visible in the work reports and the polygon of file 2575 granted in Resolution R-248-2005-MINAE of July 6, 2005. There is also a discrepancy between the polygon of file 2575 shown in the Digital Mining Cadastre (Padrón Minero Digital) with respect to the polygon of file 2575 granted in Resolution R-248-2005-MINAE of July 6, 2005. The polygon shown in the digital mining cadastre corresponds to the polygon shown in the plan visible at folio 11, which was never approved as a correct plan because it was located within the indigenous reserve area. As indicated previously, the file was reviewed and there is no evidence in it of any legal or technical element by which a modification of the concession area has been justified. Although there are official letters approving work reports within the file (official letters DGM-DI-003-2014 and DGM-DI-004-2014, prepared by Ana Sofía Huapaya, visible at folios 576 to 579; official letter DGM-CMRC1-101-2014 prepared by Lilliam Arrieta H, folio 626), this approval does not imply modifications in the concession area. Furthermore, in the cited official letters, no indication is made to the concession area; they only mention very general coordinates about the location of the concession such as its administrative location and the quadrant in which it is located on the Cartographic Sheet. In official letter DGM-CRC1-104-2015 of November 11, 2015 (folio 642), geologist Lilliam Arrieta Hernández requests a series of requirements related to omissions within the work report for the period 2013-2014 and that are related to the extraction block plan. No resolution is observed that communicated said official letter, nor is the presentation of the information indicated by the concessionaire company observed. The other work reports are pending review, but as indicated, they present a topographic plan with a concession polygon that does not coincide in shape or size with the polygon granted by the Executive Branch.

Field visit: On May 2, 2019, a visit was made to verify compliance with Resolution No. 213 of May 18, 2015, which requested that the workplace be conditioned, since the concession did not have an office, nor a dining room, nor electricity, nor availability of potable water. The visit was attended by Mr. Elías Castro, who indicated he was the watchman; on the day of the visit, there was no personnel performing extractive works nor the personnel in charge. Only parked machinery was observed, and it was verified that the office conditions complied in accordance with what was requested in Resolution No. 213 of May 18, 2015. This mining coordination was unable to verify the coordinates of the extraction fronts during that visit, but it was possible to appreciate that the area showing an impact related to works that could be associated with mining extraction covers a much larger area than what is shown in the polygon granted by the Executive Branch. As could be appreciated during the field visit carried out by this mining coordination on May 2, 2019, there is a zigzag-shaped road that connects from the office to the north entrance of the property.

Background of other extractions: It is also important to mention that at this site there is visible background in the file linking that property with an old pit that was developed and exploited in the 90s, before the granting of the concession. This pit was known locally as Tajo Cañas and was exploited by MOPT, the Municipalidad de Puriscal, and the Municipalidad de Mora. This is evidenced within the administrative file at folios 150 to 148 where it is indicated that the Municipalidad de Puriscal was extracting a total of 1100 cubic meters under the figure of emergency extraction, under file 118CNE-2002. Also, in criminal case 99-007733-042-PE, brought against Rolando Zamora Solano for illegal extraction, in the definitive dismissal judgment observed at folios 66-72, it is verbatim stated: ‘it is true that said pit has been exploited for a little over ten years, even before the accused's company acquired it, whose benefit was not exclusive to Mr. Rolando Zamora Solano, but also to the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, the Municipalidad de Mora, and even private individuals, which is corroborated by witnesses…’ As is clear from the same judgment, through Resolution 1202-98-MINAE of mining file 50E-98, extraction at this site had been authorized to the Comisión Nacional de Emergencias through the executing units of MOPT and the Municipalidad de Mora…

Conclusions: With the information available to this mining coordination, it is corroborated that the Dirección de Geología y Minas recommended the granting of a concession on a land with an area of 1 Ha 3745.38 square meters, which is located outside the Indigenous Reserve area according to Decree 29452-G published in the Gazette of May 16, 2001. When observing the drawing of the polygon of file 2575, which exists in the Digital Mining Cadastre, it can be observed that it coincides in shape and size with the area of the plan visible at folio 11; this plan from folio 11 was not the one used for the preparation of edicts nor does it correspond to the area granted by the Executive Branch, the correct one being the plan visible at folio 153. Therefore, it is recommended that the drawing of the polygon in the digital mining cadastre be corrected and that the area of the plan visible at folio 153 be drawn as appropriate. Furthermore, due to the proximity that exists with the indigenous reserve boundary, it is recommended that the Reserve limit in this sector be adjusted in accordance with what is indicated in Decree 29452-G published in the Gazette of May 16, 2001. Furthermore, it is recommended that a new response official letter be issued addressed to the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in relation to file 2020-021439-0007-CO, since the information provided contained incorrect information. As demonstrated in the mining file, the Dirección de Geología y Minas was thorough in reviewing and ensuring that the granted area was outside the indigenous reserve area. It is indeed important to mention that an investigation must be made into the possibility that the concessionaire company, intentionally or not, has been extracting and carrying out other works in areas that are outside the area granted by the Executive Branch. Therefore, it is recommended that a precautionary measure of suspension of extractive works and any work of pushing material, stripping (destape), filling, or shaping or profiling terraces or berms be ordered to the concessionaire company that is outside the area granted by the Executive Branch (R-248-2005-MINAE). The importance of this precautionary measure lies in avoiding greater impacts on the property and possible alterations to the impacted area that prevent an objective investigation from being carried out. For this reason, it is also recommended to order the holder of the concessionaire company that they must ensure that third parties do not enter the property with machinery to alter the land of the farm that is outside the area granted by the Executive Branch (R-248-2005-MINAE). It is recommended that an order be issued for the concessionaire company to place boundary markers in the field according to the granted area (R-248-2005-MINAE) and that coordination be made for a field inspection by the Topography Unit of the Mining Control Department to verify that the marking corresponds to what was approved and granted. For this, it is recommended that a period of 15 business days be granted. It is recommended that an order be issued for the concessionaire company to present, in technical document format, a recovery plan for those areas that were impacted and are outside the area granted in the mining concession. This plan is preliminary in nature and must contain an estimate of the costs the concessionaire company will incur for the recovery of the areas and machinery hours to be used, as well as a tentative execution schedule. For this, it is recommended that a period of 30 business days be granted. It is recommended to request the presentation of documents proving that the Health and Safety Regulation for this concession is approved by the Ministry of Labor. It is important to mention that it is the Registro Nacional Minero that must proceed in accordance with current regulations and in relation to the information provided; therefore, it is clarified that the recommendations generated in this report aim to prevent hindering the determination of the truth of the facts, in accordance with the technical experience of this mining coordination…”

Once the file was reviewed and with the result of this official letter, Topography of the Mining Control Department is requested to prepare a mosaic of the related plans to verify their location in the area, a request that generates official letter DGM-TOP-O-216-2021 of June 28, 2021, which is attached as evidence.

STATEMENT 2. In the report rendered to this Chamber, it is affirmed: “the representative of the company processed the reduction of the area to be concessioned, with the purpose that the exploitation permit be granted for the part of the property that is located outside the Indigenous Reserve area.” Your Honor, you request clarification on what the response to that procedure was and how it has been executed.

Having reviewed the file, the following information is found, which details the procedure followed from the presentation of the plan that makes the area reservation request to its approval, which generates the granting of the concession, which is recorded in report DGM-CRC1-002-2021 of January 15, 2021, attached as evidence for a better resolution. In this regard, the procedure recorded in the mining file is detailed, which can be viewed at the following link https://dgm.addax.cr/

Results from report DGM-CRC1-002-2021 are transcribed. “…By Resolution R-248-2005-MINAE of July 6, 2005, a mining concession is granted in favor of the company Tractores Zamora S.A. for 25 years (Resolution visible in Volume 1, folios 284 to 276). In the granting resolution, it is clearly indicated that the total area granted corresponds to 1 Ha 3745.38 square meters as stated in the plan visible in Volume 1 at folio 153 of the administrative file. By official letter DGM-TOP-305-2003, said plan is approved, which is recorded in Volume 1, folio 164. The rest of the file was reviewed and no modification to the area granted in Resolution R-248-2005-MINAE was found, such as area expansion procedures or similar. It should be noted that the plan visible at folio 153 is the plan that was used to construct the edicts and subsequent issuance of the mining title and that this plan was provided by the applicant in response to official letter DGM-TOP-275-2001 and Resolution No. 102 of February 19, 2002 (folio 115). The plan visible at folio 153 cuts out a portion of the land, with respect to the plan visible at folio 95, since that cut portion was within the indigenous reserve area. (The highlighting is not in the original) Therefore, the Dirección de Geología y Minas and the Executive Branch granted a mining concession in an area of 1 Ha 3745.38 m2 outside the indigenous reserve area, so there was no need to follow the procedure established in Article 8 of the Código de Minería. This has been indicated on repeated occasions as reflected within the mining file. For example, official letter DGM-TOP-180-2007 indicates that, according to Resolution 102 of February 19, 2002, a topographic plan of the area is requested excluding the Quitirrisí reserve, it indicates that the plan delivered and visible at folio 153 complies with what is required in Resolution No. 102 and that it was approved by Engineer Jorge Delgado Barboza. This official letter served as input for the response issued by official letter DGM-RNM-263-2007 signed by Licenciada Cynthia Cavallini, who at that time held the headship of the Registro Nacional Minero. The response was addressed to then Municipal Mayor Gilberto Monge Pizarro, who by official letter DAM-129-07 forwarded official letter ADIQ-016-2007 from the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Quitirrisí; it was consulted whether, at the time of granting the concession with file 2575, the procedure indicated in Article 8 of the Código de Minería had been followed...” (Information extracted from report DGM-CRC1-002-2021 of January 15, 2021, which is attached as evidence)

It is important to point out to Your Honor that by official letter DGM-TOP-O-216-2021 dated June 28, 2021, the vectorization of farm 1-405947-000, plan SJ-0598576-1985, is carried out with plans recorded in folios 11 and 153 of Volume 1 of the administrative file, related to the permit procedure and that have already been indicated in a previous report. The result is as follows: “In folio 14 in official letter DGM-TOP-O-370-2020 of December 2, 2020, it was indicated, I quote verbatim: ‘In response to the inquiry raised in official letter DGM-RNM-617-2020, it is indicated that, in the Mining Cadastre in the Cantón de Mora, Tabarcia District, in San José, there is only file 2575 in the name of the Company Tractores Zamora S.A. Which overlaps approximately 50% with the Quitirrisi Indigenous Zone’ Said official letter indicates the existence and approximate location thereof according to the information existing in the Mining Cadastre. Given this second request for an explicit opinion on the location of project 2575 with respect to the Quitirrisí indigenous reserve, a meticulous study of the plans and related decrees is carried out. According to plans from the mining file in Illustration 1, the requested polygons are drawn: Figure 1 in blue corresponds to the parent farm of the project, plan SJ-0598576-1985. Figure 2 in magenta corresponds to the plan in folio 11 of Volume 1. Figure 3 in red corresponds to the concession area folio 153 Volume 1. It is important to highlight that none of the plans indicate the coordinates that allow the exact georeferencing thereof. Therefore, it is an approximation.

 

Regarding the location of the boundary of the Quitirrisí indigenous reserve, discrepancies arise given that, according to the SINAC polygons used in the Mining Cadastre and Decree No. 29452-G, there is a great difference in the shape thereof. Therefore, hereinafter, Decree No. 29452-G and the SIRI of the Registro Inmobiliario are used as an official reference. Shown below is the APPROXIMATE location of the farms and project area with respect to the indigenous reserve boundary; as observed in the image, the dashed magenta line is the boundary according to Decree 29452-G; therefore, everything north of said demarcation is part of the Quitirrisí indigenous reserve, and the land to the south is outside it.

 

 

Therefore: 1. According to this study, the concessionaire is required to provide the administrative file with the boundary marking plan referenced to the CRTM05 system; in addition, it is necessary that said plan provides the correct georeferencing of the involved plans and the correct representation of the Mónica stream, as well as the boundary thereof according to the corresponding decree. 2. According to the preliminary information available, file 2575, when analyzed with the plan visible at folio 153, is approximately 70% within the indigenous territory, and 85% with respect to the plan on folio 11. 3. Material movement works are observed outside the concession area. 4. The Mining Cadastre polygon is updated correctly with respect to folio 153 volume 1.”

ACTIONS IN PROCESS. By reason of the technical opinion issued in Official Letter DGM-TOP-O-216-2021 dated June 28, 2021, discrepancies being found, it is instructed to issue the administrative acts that correspond in law and to inform the Constitutional Chamber. It is thus that with all the information contained in the file, together with the technical opinions issued, this Directorate proceeds to issue a precautionary measure and warn the concessionaire to provide the information that can determine the real truth of the facts.

REGARDING LOCATION AND PLANS PROVIDED IN FILE 2575 WITH RESPECT TO THE INDIGENOUS RESERVE. By official letter DGM-TOP-O-216-2021 dated June 28, 2021, issued by Ing. Etelberto Chavarría Camacho, where he indicates that once mining file 2575 was analyzed and the vectorization of farm 1-405947-000, plan SJ-0598576-1985, and concession plan recorded in folios 11 and 153 of the mining file was performed, where a more detailed study of the related plans is made, with an approximate georeferencing, discrepancies being found, official letter that has been transcribed and attached for a better resolution.

KNOWLEDGE OF OTHER PROCESSES. Referring to whether there is knowledge of a process in the corresponding ordinary jurisdiction in which the facts subject to this process are discussed. Regarding this inquiry, this Directorate indicates that there is no evidence in the mining file of any other active process, apart from the one being processed before Your Honor under File 20-021439-0007-CO. That the Ministerio de Ambiente y Energía, entity to which this Directorate is attached, has implemented the portal called "Online digital platform for procedures and processes of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental and the Dirección de Geología y Minas, technical assistance project for the renovation and strengthening of MINAE management," hence this file and each document generated by this Directorate, the concessionaire company, or presented by third parties. All documents can be viewed in the mining file at the following link.”

17. Cynthia Barzuna Gutiérrez, in her capacity as Secretaria General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, reports under oath that:

“In relation to what has been alleged and properly within the competence of this Secretariat, the relevant facts within the administrative file corresponding to the case at hand, for the project ‘Tajo Tabarcia,’ are set forth below: FIRST: On September 6, 1999, the Preliminary Evaluation Form for the project ‘Tajo Tabarcia’ was received in this Secretariat, from the company Tractores Zamora S. A., legal ID 3-101-035013 represented by Mr. Mario Zamora Solano, ID number 3-101-035013. At folio 0010 of the Administrative File FEAP-246-2001-SETENA, the Field Inspection Form for mining projects is recorded, indicating that the project area is within an Indigenous Reserve. SECOND: On October 4, 1999, by Resolution No. 927-99-SETENA, it is indicated that the preliminary process request was analyzed and the project developer is notified that the activity to be developed is not environmentally viable, and in the Second Considerando it is established:  The land has very rugged topography.  The land is located in an indigenous reserve.  The land is Class VII, according to the Land Use Map.  Stream springs (nacientes) will be affected.  The stability of the highway (only road to Puriscal) will be endangered, and slope stability could be triggered.  The community of Bajo Lima would be endangered and will damage infrastructure downstream of the land.  The material to be extracted is of poor quality; it can be stopped in nearby places without causing so much risk.” THIRD: On March 2, 2000, official letter WBJ-0010-2000 is received in this Secretariat, from Messrs. William Brenes Jiménez, in his capacity as Consulting Geologist, and Mario Zamora, representing the company Tractores Zamora S. A., through which they provide official letter DE-021-2000, addressed to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental and visible at folio 0055, signed by Mr. Guido Rojas Sánchez, Executive Director of the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), through which he states, among other things: 1. Within the Indigenous Reserve is located part of a pit owned by Mr. Mario Zamora Solano, which he has unconditionally made available to the Indigenous Community. 2. That they are aware that Mr. Mario Zamora intends to exploit the part of the pit located outside the Reserve and that he maintains his interest in contributing to the Indigenous Community of Quitirrisí de Mora in the repair of roads; . 3. Likewise, if the use of material located within the Indigenous Reserve were necessary for the fulfillment of those works, the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas would be willing for its use, as appropriate and for the benefit of the involved parties. Additionally, it is mentioned that the company Tractores Zamora S. A intends to exploit only the part of the pit that is located outside the Indigenous Reserve and that they maintain their interest in contributing to the Indigenous Community of Quitirrisí de Moras in the repair of roads, for which reason they request that the respective permit be processed and approved to be able to carry out the graveling (lastreo) of the roads of the Indigenous Community of Quitirrisí de Mora. FOURTH: On September 29, Tractores Zamora S. A. requests a new preliminary environmental assessment to authorize the preparation of an environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA) to determine if the project is viable. On November 21, 2000, Mr. Guillermo A. Ávila R., geologist, informs the Plenary Commission that together with Mr. Francisco Fernández, he made a new visit to the Quitirrisí Pit in the Tabarcia zone, since, due to a location error in the map provided by the developer, another zone had been visited. FIFTH: It is thus that, by reason of the arguments put forth by the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas through official letter DE-021-2000 of February 4, 2000, this Secretariat, on December 5, 2000, through Resolution No. 1049-2000-SETENA, requested the developer for an environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA) for the project ‘Tajo Tabarcia’ and established Reference Terms, which was received on April 5, 2001, and on July 30, 2001, an annex to said study is requested through Resolution No. 0521-2001-SETENA, which was finally approved by Administrative Resolution No. 0674-2001-SETENA of October 16, 2001, through which it is indicated that the Environmental Viability declaration for the project is conditioned upon compliance with a series of information, therefore, it is requested to present an environmental guarantee, an environmental officer, an environmental logbook, and a Sworn Declaration of Environmental Commitments (requirements that were provided at the time). It is thus that on March 15, 2002, official letter SG-410-2002-E-ESIA-SETENA is issued, stating that the Environmental Assessment process has been completed, therefore, Environmental Viability is granted to the Tajo Tabarcia project, opening the Environmental Management stage. It is important to note that, with a view to folio 76 of the environmental impact assessment, the developer indicates that ‘the surrounding lands and the project area are within the area of the Quitirrisí Indigenous Reserve; in such case, we must state that both the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas and the Development Association of Quitirrisí de Mora are willing for the project to be carried out, since the indigenous people of the area will benefit directly from the opening of the material source.’ For such purposes, a letter issued by the Development Association of Quitirrisí de Mora, dated September 6, 2000, signed by its President and its Secretary, is provided, in which they expressly request this Secretariat to open said pit, as well as a letter of September 12, 2000, endorsed by the Executive Director of CONAI, Mr. Guido Rojas Sánchez, through which he expressly requests that the application contained in file No. 2575 before SETENA be processed with the diligence it merits by virtue of the facts described.”

Thus, it is demonstrated that at the time the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) was processed, the documents required at that time were available, respecting the fact that the indigenous territory was involved, and furthermore, the consent of the Municipality of the Canton of Mora, the Development Association of Quitirrisí de Mora, and the National Commission on Indigenous Affairs (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas) was obtained; therefore, no acts were carried out to the detriment of said community. Additionally, “They claim that the illegal operation of the Tabarcia Quarry (Tajo Tabarcia) has also caused irreparable environmental damage, and it lacks environmental viability studies (estudios de viabilidad ambiental) and mining exploitation permits (permisos de explotación minera) from the DGM, necessary to develop such activity.” In relation to the foregoing, in Administrative File FEAP-0246-2001-SETENA, there are no environmental complaints for environmental damage or breach of the environmental commitments (compromisos ambientales) undertaken by the project developer; THIRD: CONCLUSIONS. By reason of the foregoing considerations, it is evident that the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) has acted in strict adherence to the legal system in addressing the instant case, as it has acted in accordance with the law within its powers; likewise, there is no record in the administrative file of any environmental complaint of any kind being filed. Likewise, this Secretariat has not been notified or summoned to appear in any ordinary proceeding discussing the facts subject of this Amparo Appeal (Recurso de Amparo).”

18. Mauricio Soley Pérez, in his capacity as Director of the Real Property Registry (Registro Inmobiliario) of the National Registry (Registro Nacional), reports under oath that:

First: No property is registered in the Registry Information System (Sistema de Información Registral, SIRE) under folio number 1-40597-000. Second: No plan is registered in the Plan Information System (Sistema de Información de Planos, SIP) under number DJ-120738-1993. Third. File number 2019-70-RIM has indeed been processed in the Real Property Registry, a summary proceeding in which the final act was the resolution issued at 11:05 a.m. on September 12, 2019, and which aimed to notify third parties that the properties indicated in that file were located within indigenous territories, reason for which it was ordered to record the code "ZONA A.B.R.E. (INMUEBLE SITUADO EN TERRITORO INDÍGENA)" in the registry entries. Fourth. In order to assist this Honorable Court, the SIRE Persons Index was consulted for properties registered in the name of the company Tractores Zamora S.A., detecting that there are four properties registered in the name of that company, namely: 3179, 44698, 308125, and 405947, all of the province of San José; the latter is the one subject to consultation by this Chamber and is the one to which we will refer to clarify the consultation. Fifth. The property with San José folio number 405947 came into legal existence through document citation 394-6275, by segregation (segregación) of a lot, part of property 297448, where Compañía Agrícola Ganadera El Pinar sells to Laureles del Este S.A., with a nature of scrubland (charral), located in District 03 Tabarcia, Canton 03, Province of San José, with an area of 275,306.20 m2 and bounded as follows North: public road. South: Remainder and Mónica stream. East: Pedro Rojas, Gregorio Vargas, hillside (talle) and Sibajas stream. West: Remainder, a transaction supported by cadastral plan (plano catastrado) SJ-598576-1985. Said document was submitted on May 6, 1992, and registered on June 29, 1993. Sixth. Cadastral plan (plano catastrado) SJ-598576-1985 was registered on September 6, 1985, and indicates as the reason for registration part of property 3052, folio 99, number 297448, entry 1, states an area of 27 ha. 5,306.20 m2, and it originated property 405947 on June 29, 2003. On the reverse side of the plan, there is a visa issued by Mr. Claudio Debehault Dumont, President of the National Commission on Indigenous Affairs (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas), which establishes:

 

This visa was required by the National Cadastre (Catastro Nacional), prior to the registration of the document, when the cadastral information showed that the parcel was located in an indigenous territory, supported by the provisions of Article 47 of the repealed Executive Decree No. 13607-J, which was the previous Regulation to the National Cadastre Law (Reglamento a la Ley de Catastro Nacional). I transcribe the rule: "The National Cadastre shall not register plans of private properties located in any type of reserve or national park, except when there is authorization from the corresponding entity. In these cases, it shall be clearly noted that the property is located in a reserve or national park and shall also indicate the limitations to which it will be subject by law. This authorization must appear on the plan. In the sector where cadastral plan SJ-598576-1985, which originates property 405947 of San José, is located, there is cadastral information surveyed by the Cadastral Subdirectorate (Subdirección Catastral), and it is recorded that this property is located within the Quitirrisí Indigenous Reserve (Reserva Indígena de Quitirrisí), as can be observed in the following image:

 

 

 

Seventh. Property 405947 of San José, described with cadastral plan SJ-598576-1985, was analyzed within file 2019-70-RIM, determining that said Property was included within the Quitirrisí Indigenous Reserve (Caserío Indígena de Quitirrisí, Executive Decree No. 10707-G of October 24, 1979), reason for which it is ordered to publicize in the registry entry that said property is included within a "ZONA A.B.R.E. (INMUEBLE SITUADO EN TERRITORO INDÍGENA)". Eighth. The ordered act had and has the purpose of making known to third parties the location and placement of property 405947 within the Quitirrisí Indigenous Reserve (Caserío Indígena de Quitirrisí, Executive Decree No. 10707-G of October 24, 1979), and this is done in connection with the publicity carried out for Zones Under Special Regimes (ABRE), and bearing in mind that the cadastre, consisting of the representation and graphic, numerical, literal, and statistical description of all lands comprised in the national territory, and being its operation of public interest and serving legal, economic, fiscal, administrative purposes, and all those determined by laws and their regulations, requires and demands maintaining an inventory of properties located within special areas. This function defined in Law No. 6545 contemplates two aspects of it. On one hand, the survey of cadastral information for the creation of cadastral maps, these being constitutive elements of the National Cadastre, —third article of the Cadastral Regulation (Reglamento Catastral)— which have the status of public documents, and therefore contribute to the legal certainty of said cadastral information, by having an exact and precise description of parcel statuses at appropriate scales. The second cadastral function complements the first, and is limited to the registration of survey plans (planos de agrimensura) resulting from the liberal exercise of the profession. Thus, as things stand, Article 3 of the aforementioned law provides that the fundamental documents of the Cadastre are: a) The cadastral maps that will show the location, identification, and boundaries of the parcels. b) The cadastral records constituted by: the cadastral data sheets (fichas catastrales), the parcel indexes by maps, and the alphabetical indexes. c) In accordance with the Cadastre plans, documents recording the current and potential use of lands, the waters included, natural resources, and any others that serve the specific purposes of the Cadastre may be incorporated. In accordance with this rule, we have Article 3 of the Regulation to the Cadastre Law (Reglamento a la Ley de Catastro), subsection 1. Article 3°—Constitutive documents of the Cadastre. The cadastre is integrated by the following documents: 1. Maps at appropriate scales for cadastral purposes, namely: a. Cadastral maps that show the location and boundaries of lands and waters of the public, fiscal, and private domain of the State, municipalities, and autonomous or semi-autonomous entities, as well as privately owned properties or properties possessed by private individuals and their respective cadastral numbers. More than proven is the competence of the Cadastre to maintain a registry of public domain properties and private lands, without losing sight that the monopoly of the execution and maintenance of the Cadastre is a state function that the legislator appropriately entrusted to the Cadastral Subdirectorate. We add to the previous analysis and justification that one of the missions for which the institutions that make up the National Registry were created is to guarantee the security of the registered properties or rights with respect to third parties, which is achieved through the registry publicity of these, because as registry operation is a typical public activity that must be subject to the modern and broad block of legality, which implies respect for all general regulations, the different Registries that make up the National Registry cannot grant registry publicity to an act or contract contrary to the Law, since Article 1 of the Law on Registration of Documents in the Public Registry (Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público), No. 3883 of May 30, 1967, and its amendments, establishes that: "The purpose of the National Registry is to guarantee the security of the registered properties or rights with respect to third parties. The foregoing shall be achieved through the publicity of these properties and rights...", hence the registry institutions, in their capacity as depositaries of legality control, must guarantee the security of the properties or rights registered therein, through sound registry publicity, since a total congruence is sought between the information publicized by the Cadastre through a cadastral plan (plano catastrado) that compiles the material reality of each property and the information derived from the registry entries. The necessary congruence and harmonization of Cadastre data and registry entries is due to the union of both in what is now called the Real Property Registry, which we see reflected in one of the guiding principles that govern the cadastral function, this being the PRINCIPLE OF CONCORDANCE that must prevail between the graphic representations or descriptions of properties contained in the Cadastral Subdirectorate and the legal information contained in the database of the Registry Subdirectorate (Subdirección Registral); hence, it was necessary, having been demonstrated that property 405947 of San José is located and situated on the Quitirrisí Indigenous Reserve, for that information to be publicized in the registry entry of that property as it is being done today as an encumbrance. Let us observe:

 

 

19. Geannina Dinarte Romero, in her capacity as Minister of the Presidency, reports under oath that:

“It should be clarified that, for the purpose of informing this Constitutional Chamber about what was stated by the appellants, the Ministry of the Presidency proceeded to request information from its internal departments such as: document management, Vice-Ministry of Political Affairs and Citizen Dialogue, and Legal Directorate, in order to track records on the subject in question, as well as from the Ministry of Environment and Energy, so that, within the scope of its powers, it could refer to the facts alleged in the process in question, which will be expressed and will serve as a reference in this response. a. On the rights of Indigenous Peoples in our Rule of Law. Before making specific reference to the facts that form part of the merits of this matter, it is important to mention a particularity related to this process, such as the existing relationship with an original population belonging to an Indigenous Territory, these populations and the protection of their Rights being an important issue for this Ministry. And it is that, without entering into discussions of legality, foreign to this process, it is of vital importance to keep in mind the Rights that protect these populations in our Rule of Law and that must be present in all political and administrative actions taken in relation to them. Thus, the Executive Branch, aware that Article 1 of the Political Constitution establishes the multi-ethnic and pluricultural character of the Costa Rican State, as a pillar of the national republican system, recognizes the protection of original peoples, in accordance with their customs and needs, as well as in harmony with the country's international duties regarding the indigenous population. Hence, it is important to keep in mind Article 6.1, paragraphs a and b of ILO Convention No. 169, which establishes the duty of Governments to: "a) consult the peoples concerned, through appropriate procedures and in particular through their representative institutions, whenever consideration is being given to legislative or administrative measures which may affect them directly; b) establish means by which these peoples can freely participate, to at least the same extent as other sectors of the population, at all levels of decision-making in elective institutions and administrative and other bodies responsible for policies and programmes which concern them...". Likewise, the American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, of June 14, 2016, establishes in its Article XXIII the duty of the signatory States to hold consultations before adopting and applying legislative or administrative measures that affect them, in order to obtain their free, prior, and informed consent; as well as the right of indigenous peoples to: "(..) full and effective participation, through representatives elected by them in accordance with their own institutions, in the adoption of decisions on matters that affect their rights and related to the development and execution of laws, public policies, programs, plans, and actions related to indigenous affairs." Added to this is the fact that the Inter-American Court of Human Rights has broadly interpreted the concept of indigenous territory as that collective property that includes the lands and natural resources that have been traditionally occupied or used by indigenous peoples, whether or not they have an official legal registration (Jurisprudence since the Case of the Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community Vs. Nicaragua. Merits, Reparations, and Costs. Judgment of August 31, 2001. Series C No. 79. ILO. PRO 169, Department of International Labour Standards, 2009, p. 94 and Judgment of Interpretation of August 12, 2008. Series C, No. 185.) b. Attention from the Presidential House to the request by Mr. Juan Sánchez Agüero on behalf of the Council of Elders (Consejo de Mayores) of the Huetar people of Quitirrisí de Mora. According to what was stated to this Chamber by Mr. Guillermo Goyenaga Calvo, in his capacity as general judicial representative of INDER, “Juan Sánchez Agüero, Spokesperson and Coordinator of the Council of Elders of Quitirrisí, on May 15, 2019, requested, through a letter addressed to the President of the Republic, to meet with the authorities of INDER to discuss several points of interest.” For this reason, we proceeded to corroborate this statement, with the Document Management Department of the Presidential House indicating that it received said note on May 24, 2019, which, through official communication DP-OGD-0569-19 dated May 24, 2019, was addressed to the then Vice-Minister of the Presidency for Political Affairs and Citizen Dialogue, Juan Alfaro López. In response to said note, Vice-Minister Alfaro López proceeded to forward and make it known to the Heads of the following institutions: - María del Pilar Garrido Gonzalo, Ministry of National Planning and Economic Policy. - Rodolfo Méndez Mata, Ministry of Public Works and Transport. - Irene María Campos Gómez, Ministry of Housing and Human Settlements. - Carlos Manuel Rodríguez Echandi, Ministry of Environment and Energy. - Luis Renato Alvarado Rivera, Ministry of Agriculture and Livestock. - Manuel Ventura, Ministry of Foreign Affairs and Worship. - Marcia González Aguiluz, Ministry of Justice and Peace. - Harys Regidor Barboza, Rural Development Institute (INDER). - Franklin Corella Vargas, National Directorate for Community Development. And as a consequence, the approach mentioned by the appellant in his writing occurred, between the Council of Elders of the Huetar people of Quitirrisí de Mora and INDER. c. On what was reported by the Ministry of Environment and Energy. As mentioned at the beginning of this section, as part of the coordination exercised by the Ministry of the Presidency with the other ministries and institutions of the Executive Branch, information was requested from the Ministry of Environment and Energy on the facts of this process, and since that ministry also appears as a party thereto, we proceed to reiterate some important points already indicated by that ministry to this Chamber that serve as input for providing this report. Firstly, it is important to note that indeed, in 1976, the Quitirrisí Indigenous Reserve (Reserva Indígena de Quitirrisí) was created through Article 9 of Executive Decree No. 6036-G of June 12, 1976, subsequently delimited through Executive Decree No. 10707-G of November 8, 1979; in the year 2001, through Decree No. 29452-G, Article No. 2 of that Executive Decree No. 10707-G was modified, in order to grant the Quitirrisí Indigenous Community a Reserve with a delimitation more in line with its cultural and socioeconomic life, based on its development. Whose coordinates prevail today, so said territory enjoys the legal, constitutional, and supra-constitutional protection related to the indigenous peoples and territories of our country. Now, in relation to the existence of the quarry-type cut (tajo tipo cantera) mentioned in the facts by the appellants, this Ministry relies on what was indicated in the MINAE report to this Chamber, where it indicates that within administrative file No. 2575, the existence of a quarry (tajo) appears, whose exploitation was granted by the Executive Branch in 2005, through resolution No. R-248-2005-MINAE. It is noteworthy that, among what was indicated by MINAE in relation to this concession, is the fact that, according to what was indicated by the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) in report DGM-RNM-429-2021, the granting resolution reflects that the total area granted corresponds to 1 Ha 3,745.38 square meters, which they indicate appears on the plan visible at folio 150 (folio 153 after the refoliation of the files) and that it is located outside the indigenous territory. The foregoing, because, as indicated in the MINAE report that this Chamber possesses, in the process of granting said concession, the Directorate of Geology and Mines previously approved the requested concession with a reduction of the area originally requested by the concessionaire, this in order to locate the quarry (tajo) outside the indigenous reserve area, because the cut portion was within said area delimited by Decree 29452-G published in La Gaceta on May 16, 2001. That said, and if this is the case, it could be inferred that the Directorate of Geology and Mines, together with the Executive Branch, granted in 2005 a mining concession in an area of 1 Ha 3,745.38 m2, which was outside the legal limits for the indigenous reserve area, so there was no need to follow the procedure established in Article 8 of the Mining Code (Código de Minería), which establishes that concessions granted for exploration and exploitation of mineral resources in areas declared indigenous reserves must be approved by the Legislative Assembly, protecting the interests and rights of the indigenous communities, also respecting the powers and legal limits for the granting. Now, this Ministry is clear in indicating that, if it is determined by this Chamber or another jurisdictional instance that the limits of said Indigenous Territory have been violated, or the rights of the indigenous people who inhabit it, the necessary actions must be taken to enforce these rights and the protection that has been created for them at the legal, constitutional, and supra-constitutional level. d. On the knowledge of a process in the ordinary jurisdiction in which the facts subject to this amparo process are discussed. Finally, it is indicated that, in relation to the knowledge of possible processes in the corresponding ordinary jurisdiction in which the facts subject to this amparo process are discussed, information was requested from the Legal Directorate of this Ministry, in order to track such information in the records, upon which they indicated the following: “Having reviewed the lists of proceedings sent by the Attorney General's Office, the Ministry of the Presidency has no active ordinary judicial process assigned, in which the plaintiff or defendant is Tractores Zamora S.A. or the plaintiff or defendant is the State Ministry of the Presidency. Colleague Federico made an inquiry to the Archive of the Attorney General's Office of the Republic, and officer Mauren (Tel: 22438332) indicated that she does not record any active process with those parties indicated above. As it is a process involving an indigenous reserve, the process may be linked to CONAI and/or the Ministry of Environment and Energy (State).” For this reason, we proceed to indicate the non-existence of any ordinary process in which this Ministry is a party and that relates to the facts known in this file. III. Conclusions. Once the Ministry of the Presidency received information from its internal departments, in order to track records on the subject in question, as well as from the Ministry of Environment and Energy, within the scope of its powers, the following conclusions are indicated: The Executive Branch recognizes the protection of original peoples, in accordance with their customs and needs, as well as in harmony with the country's international duties regarding the indigenous population. The Ministry of the Presidency, through its internal offices of the Presidential House, responded to the request made by Mr. Juan Sánchez Agüero, Spokesperson and Coordinator of the Council of Elders of Quitirrisí, regarding requesting an audience to meet with various authorities and discuss points of interest; and through the Vice-Minister of the Presidency for Political Affairs and Citizen Dialogue, the note was forwarded and made known to the respective Heads, which fostered a space for communication between the Council of Quitirrisí and INDER to address the issue known in this process. According to MINAE, in a report provided in this same file, the Directorate of Geology and Mines, together with the Executive Branch, granted a mining concession in 2005 outside the legal limits of the indigenous reserve area, protecting the interests and rights of said community, also respecting the powers and legal limits for the granting. This Ministry maintains that, if it is determined by this Chamber or another jurisdictional instance that the limits of said Indigenous Territory have been violated, or the rights of the indigenous people who inhabit it, the necessary actions must be taken to enforce these rights and the protection that has been created for them at the legal, constitutional, and supra-constitutional level. This Chamber is informed of the non-existence of any ordinary process in which this Ministry is a party and that relates to the facts known in this file.”

For all the foregoing reasons, it requests that the appeal be dismissed.

20. Alfonso Jiménez Cascante, in his capacity as Mayor of Mora, reports under oath that: “according to the records kept by this Local Government, as well as the ordinary

processes in which it is a party, there is no record whatsoever of the

existence of a process in the ordinary jurisdiction in which what is alleged in this amparo appeal is discussed.”

21. By writing received on January 6, 2022, the appealing party requested the issuance of the judgment.

22. In the proceedings followed, legal requirements have been observed.

 Drafted by Judge Garro Vargas; and,

 Considering:

I. Object of the appeal. The appellants allege that the actions and omissions of the respondents violate the rights of the Huetar indigenous people of Quitirrisí, since the community was never consulted, nor was there any approach whatsoever to exploit the natural resources found within the territory (without any type of compensation or royalty for exploiting and selling them), nor were the legitimate owners of the land considered. For the foregoing, they claim that two fundamental rights for indigenous peoples have been violated: the right to consultation and the right of access to and protection of the natural resources found within their territories. Therefore, the appellants request the suspension of the operational activity of the Tabarcia Quarry (Tajo Tabarcia) until a consultation process is carried out with the respective Huetar people, and that abbreviated tender 2020-LA-000001-01, regarding the “Purchase of Granular Material and Culverts for UTGV”, awarded to Tractores Zamora S.A. and Fábrica de Tubos Campeón Ltda., be annulled, also for lack of consultation and violation of Article 50 of the Constitution.

II. Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent party has omitted to refer to them as provided in the initial order:

a) On the location of the property and the quarry:

1) The Quitirrisí Indigenous Reserve (Reserva Indígena de Quitirrisí) has been registered since 1979 in the Public Registry (see report of the respondent authorities).

2) Property No. 1-405947-000 under cadastral plan number DJ-120738-1993 in the name of Tractores Zamora S.A., where quarry exploitation (explotación de cantera) is carried out, “is geographically located within the Quitirrisí indigenous reserve, the total area of said property corresponds to 275,306-20 m2 according to the registry report. In addition to the above, it is necessary to indicate that the corporation acquired said property after the creation of the indigenous reserve, since indeed, the reserve was created in 1979” (see report of the Mayor of Mora).

3) By official communication No. DE-021-2.000 of February 4, 2000, signed by Mr. Guido Rojas Sánchez, in his capacity as Executive Director of CONAI, and addressed to SETENA, it was stated, among other things, that: “I request that the respective permit be processed and approved for the graveling (lastreo) of the roads of the Quitirrisí de Mora Indigenous Reserve and surrounding communities. We consider that for the execution of these works, it is necessary to have approximately twenty thousand cubic meters of material (20 MT). If the use of material located within the Indigenous Reserve is necessary for the fulfillment of these works, the National Commission on Indigenous Affairs (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas) would be consenting to its use, as appropriate and for the benefit of the parties involved” (see report of the Director of the DGM).

4) On October 16, 2001, through resolution No. 0674-2001-SETENA, Tractores Zamora S.A. was notified of the approval of the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental), and through official communication SG-410-2002-E-ESIA-SETENA of March 15, 2002, the interested party was notified of the granting of the Environmental Viability License (Licencia de Viabilidad Ambiental) (see report of the Director of the DGM).

5) In favor of Tractores Zamora S.A., legal ID No. 3-101-035013, a quarry concession (concesión en cantera) was granted for a term of 25 years, granted thus by resolution of the Executive Branch No. R 248-2005-MINAE at 3:30 p.m. on July 6, 2005 (see report of the Director of the DGM).

6) On September 12, 2005, what was resolved by resolution No. R 248-2005-MINAE was published in La Gaceta No. 175 (see report of the Mayor of Mora).

7) On December 2, 2020, through official communication No. DGM-TOP-O-370-2020, the National Mining Registry (Registro Nacional Minero) indicated that in “the Mining Cadastre (Catastro Minero) in the Canton of Mora, District Tabarcia, in San José, only file 2575 exists in the name of the Company Tractores Zamora S.A. Which overlaps approximately 50% with the Quitirrisí Indigenous Zone” (see report of the Director of the DGM).

b) On abbreviated tender 2020-LA-000001-01 and the commercial license:

1) On June 25, 2020, through agreement No. ACM-08-03-2020, abbreviated tender 2020-LA-000001-01 was awarded to Tractores Zamora S.A. (see statements of the President of Tractores Zamora S.A. and the Mayor of Mora).

2) The tender agreed to award the purchase of granular material and culverts for UTGV to the company Tractores Zamora S.A.

(see report of the Mayor of Mora).

3) The award of tender 2020-LA-000001-01 “was issued based on the technical reports rendered by the Municipal Administration, particularly technical report of the supply office No. PROV-287-2020, the authorization of the quarry concession in favor of Tractores Zamora, S.A., by means of resolution No. R-248-MINAE, published in the official gazette La Gaceta No. 175 of September 1, 2005, and the business license issued on October 30, 2019, by means of administrative act No. TAS-IMP-001-2019-LC, currently in force; therefore, the administrative acts that served as the basis for the award act were valid, effective, and in accordance with the law” (see report of the President of the Mora Municipal Council).

4) The legal entity Tractores Zamora S.A. has the environmental feasibility (viabilidad ambiental) and there is an environmental regent (regente ambiental) duly registered before SETENA. They also have the regency (regencia) of a geologist who monthly reviews the exploitation, makes the entry in the geological logbook, reviews the exploitation progress plans, and, if applicable, issues guidelines for an effective and efficient activity (see statements of the President of Tractores Zamora S.A.).

c) Regarding the actions filed by the appellants

1) INDER has responded to all the actions filed by the appellants (see report of the general attorney-in-fact of INDER).

2) On July 6, 2019, the appellants made an inquiry to the Municipality of Mora, which was responded to by official letter No. AMM-541-2019 (see report of the Mayor of Mora).

3) Before the Municipality of Mora, none of the ordinary-stage challenge procedures concerning the administrative acts issued by the municipality have been pursued, nor has any environmental complaint been received regarding the case (see report of the Mayor of Mora).

4) The inquiry made by the appellants to the Municipality of Mora by note of July 6, 2019, was responded to by the Municipal Council on December 4, 2020, by official letter No. AMM-541-2019 dated September 3, 2019 (see report of the President of the Mora Municipal Council).

5) On July 7, 2020, the Municipality of Mora received from a proprietary trustee (sindica propietaria) and member of the Huetar people of Quitirrisí of Mora, a request for declaration of absolute nullity of abbreviated tender 2020-LA-000001-01, the same request that, by agreement No. ACM-13-07-2020 of July 27, 2020, was summarily rejected as inadmissible (see report of the President of the Mora Municipal Council).

6) On July 13, 2020, the Municipality of Mora received from a proprietary trustee and member of the Huetar people of Quitirrisí of Mora, a request for definitive cancellation of the business license for the exploitation of a quarry on the farm registered under real folio number 405947, granted in favor of Tractores Zamora S.A., which, by agreement No. ACM-16-04-2020, it was agreed to request from the municipal administration a technical topographic report and various other consultations to assess the filed complaint. Said request was answered on September 25, 2020, by official letter No. AMM-604-2020, by the Mayor of Mora to the means indicated by the petitioner (see report of the President of the Mora Municipal Council).

III. APPLICABLE PRECEDENTS TO THE CASE UNDER STUDY. What is raised in this appeal was already heard by this Chamber on two previous occasions. This was in the amparo appeal No. 08-013066-0007-CO, which was summarily rejected by judgment No. 2008-015028, at 10:12 a.m. on October 10, 2008. Also in regard to amparo appeal 13-008295-0007-CO, dismissed by judgment No. 2014-014655, at 09:05 a.m. on September 5, 2014. In that last pronouncement, reference was made to what was resolved in the first. Due to its importance for resolving this appeal, that last vote (No. 2014-014655) is transcribed below. First, the object was held to be the following:

“II.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellant alleged that the Municipality of Mora, founded on an authorization from MINAE, approved the business license for Tractores Zamora S.A. to extract materials on farm No. 1-303652-000, which is located within the indigenous territory of Quitirrisí. She claimed that this authorization was granted without having previously given a hearing to the indigenous community regarding the exploitation of mineral resources within its territory, in accordance with Convention 169 of the International Labor Organization. Likewise, she accused environmental damage generated by the quarry activity. She considered the right to a healthy environment and the right of the indigenous community to be consulted to be violated, and therefore requested that the municipal license be suspended and that procedures to annul the concession to the indicated company be initiated.”

Furthermore, the considerations for its dismissal, by unanimity of the Chamber, were the following:

“III.-   ANTECEDENT. This Chamber, in judgment No. 2008-015028 at 10:12 a.m. on October 10, 2008, analyzed the issue raised herein, regarding whether the quarry activity was being developed within the territory of the Quitirrisí Indigenous Reserve of Mora and the obligation to consult the indigenous community prior to granting the permits. On that occasion, the following was expressly held:

“II.- In the case at hand, the appellant considers that this Chamber must determine whether a plot of land being exploited for the extraction of materials is or is not within the Quitirrisí Indigenous Reserve of Mora, since according to his allegations, the former Executive Director of the National Commission on Indigenous Affairs fraudulently issued a certification, in which he determined that the property in dispute -owned by a private company- was located outside the indigenous reserve, and therefore said land must be restored to indigenous territory and they must be consulted about the extraction concession that encumbers it. However, these are the type of arguments that must be raised before the respondent Commission or Municipality, or, failing that, in the corresponding ordinary jurisdictional venue, since definitively establishing whether the disputed portion of land corresponds entirely to indigenous territory is not a matter within the competence of this Chamber, as said claim entails a conflict of ordinary legality whose resolution exceeds the summary nature of the amparo appeal. Therefore, the object of this appeal is properly discussed in the pertinent venues after assessment of the relevant evidentiary material, and in accordance with the correct integration, interpretation, and application of the legal and regulatory norms governing the matter, as it refers to a dispute that is precisely of the type that, as stated, cannot be ventilated here. (…) By reason of the foregoing, the appeal must be summarily rejected, as is hereby declared.” (Emphasis added).

IV.- REGARDING THE HEARING THAT MUST BE PROVIDED TO INDIGENOUS COMMUNITIES. Regarding the stated topic, this Constitutional Court, in Vote No. 3886-97 at 11:33 a.m. on July 4, 1997, concerning the omission of consultation with indigenous peoples established in Article 6 of Convention 169 of the International Labor Organization, ordered the following:

“(…) III.- Convention 169 of the International Labor Organization, approved by Law No. 7316 of November 3, 1992, complements, within the Costa Rican legal system, a special protection regime in favor of the rights and integrity of tribal peoples, which are those human groups whose social, cultural, and economic conditions distinguish them from other sectors of the national community. The regulation in question, in its Article 4, requires governments to adopt the special measures necessary to safeguard the persons, institutions, property, labor, culture, and environment of the peoples concerned. On several occasions, the Chamber has recognized the need to take into consideration the specific characteristics of indigenous groups who remain in their own territories, when interpreting and applying the various norms that make up the legal system. In this sense, resolution No. 1786-93 at four twenty-one p.m. on April twenty-first, nineteen ninety-three, establishes, among other things, the following: "Thus, our Political Constitution must be interpreted and applied in a way that allows and facilitates the independent life and development of the ethnic minorities that inhabit Costa Rica, without other limits than those that human rights themselves impose on the conduct of all men. In the same way, the clauses of international instruments and common legislation must be developed when applied to indigenous peoples." In that same resolution, which analyzed the application of norms related to the registration of births in the Civil Registry, the Chamber expressed: "Those cited norms make sense for normal circumstances and isolated cases of persons who were not registered in their first years of life, but they evidently do not make sense for an entire population that also represents a different culture that must be recognized and respected, as stated, and to which the law must be applied from a completely different perspective, especially in view of Convention 169 of the ILO, which is a norm of higher rank than law according to Article 7 of the Constitution, and on which the Chamber issued a favorable advisory opinion by judgment No. 3051-92 and which today is Law of the Republic No. 7316."

IV.- Article 6 of the aforementioned Convention establishes, where relevant, the following: "Article 6. 1. In applying the provisions of this Convention, governments shall: a) consult the peoples concerned, through appropriate procedures and in particular through their representative institutions, whenever consideration is being given to legislative or administrative measures which may affect them directly;...". Based on this precept, any legislative or administrative measure that may directly affect the peoples concerned must be subject to consultation with them. In accordance with the definition given in Article 1 of the Indigenous Law, No. 6172 of November 29, 1977, this provision is applicable to the inhabitants of the indigenous reserves who constitute ethnic groups directly descended from pre-Columbian civilizations and who preserve their own identity. (…)

VI.- Article 6 of the Convention also establishes that the consultation with the peoples concerned must be carried out through appropriate procedures and, in particular, through their representative institutions. Despite this, from the report rendered by the Institute of Agrarian Development, it is clear that this consultation was not only not made, but that no attempt was even made to contact the indigenous communities that could be affected. It should be observed that in the specific case under study, there was a duty to consult because it was a measure of a general nature, which affected the indigenous communities and which was susceptible to impairing the special protection regime applied to them. In that sense, if the administrative measure had not affected the community as a whole, but rather one or some of its members individually and by reason of very particular and personal circumstances, it would not necessarily have required consultation. However, in this case, the challenged action, by effectively entailing the elimination of the entire body of guards of the reserves, is a measure that affects the communities as a whole, negatively impacting the sphere of protection of the inhabitants, property, environment, and territory of the indigenous reserves, and, therefore, was subject to the special protection regime. (…)

VII.- The consultation in question should have been carried out, in principle, through the corresponding Integral Development Associations, since according to the provisions of Executive Decree No. 8487-G of April 26, 1978 (whose Article 3 is currently questioned on grounds of unconstitutionality), these entities are responsible for representing the indigenous communities judicially and extrajudicially, so that, in the current state of the legal system, they qualify as "representative institutions" of the inhabitants of the reserves. (…)

VIII.- Based on the foregoing considerations, this Chamber finds that in the specific case, there is a failure to observe Article 6 of Convention 169 of the International Labor Organization and an infringement of the special protection regime that safeguards indigenous reserves and their inhabitants. By virtue of the normative rank granted to it by the Political Constitution in its Article 7, the Convention has authority superior to laws and therefore, its protection falls within the scope of constitutional jurisdiction. Consequently, it is appropriate to grant the appeal against the act of the Institute of Agrarian Development that orders the dismissal of the appellants, who must be immediately reinstated in their positions (…)”. (Highlighting is not part of the original). (See, in a similar sense, Vote No. 16213-07 at 11:52 a.m. on November 9, 2007).

Likewise, this Chamber, regarding the hearing that must be granted to indigenous communities with respect, specifically, to the use of natural resources in indigenous reserves, indicated in Vote No. 9931-2004 at 11:05 a.m. on September 3, 2004, the following:

“(…) In that sense, the Political Constitution, although it does not contain a specific statute regarding the rights of indigenous communities, from its system (especially the norms contained in Articles 28, 33, 50, and 74) it is possible to infer a principle of recognition of such prerogatives, based on the idea of state respect and protection, as duties towards indigenous communities, ensuring the preservation of their culture and, at the same time, the access of their members to the fruits produced by national development. The foregoing is reaffirmed by constitutional numeral 76, which expressly (…) imposes on the State the duty to maintain and cultivate indigenous languages. Thus, the Chamber can proceed based on the premise of the constitutional recognition made in favor of the cultural identity and protection of the indigenous peoples inhabiting the country. International Law, for its part, has been profuse in recognizing the rights of these communities, highlighting in that sense what is established in the following instruments: Universal Declaration of Human Rights (Articles 1, 2.1, 7, 17.1, and 27), International Covenant on Civil and Political Rights (27), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1.1 and 2), American Declaration of the Rights and Duties of Man (2, 13, and 23), American Convention on Human Rights (24 and 26). Specifically, it has been the International Labor Organization that has generated the most specific regulation regarding the rights of indigenous peoples. In that sense, Conventions numbers 107 and 169 contain a detailed enumeration of rights recognized for these peoples. From Convention number 107, what is established in Part II (regime of indigenous land ownership) is especially important for the case under study. From Convention 169, Part II also regulates matters concerning indigenous lands. Among the rights recognized for Indigenous communities is the right that, in order for them to defend the natural environment of their lands, they be consulted in proceedings relating to them or that in any way may affect their right to develop with a guarantee of their quality of life, otherwise due process regarding the fundamental rights of the interested indigenous peoples is violated (Article 13 of the cited Treaty and Article 50 of the Political Constitution) (...)" (Judgment number 2000-08019, at 10:18 a.m. on September 18, 2000). In this line of thought, any use of natural resources in Indigenous Reserves must have the consent of the indigenous peoples, and they must be informed of any application for use, even if it concerns natural resources on private property (…)”. (Highlighting is not part of the original).

          V.- REGARDING THE CONSULTATION WITH THE INDIGENOUS COMMUNITY IN THE PARTICULAR CASE. The appellant alleged that prior to granting the municipal license, the indigenous community was not consulted, pursuant to the provisions of Convention 169 of the International Labor Organization, because the quarry activity is being developed within the territory of the Quitirrisí Indigenous Reserve. To analyze whether there is an obligation to consult the indigenous community, deriving from numeral 6.1 subsection a), of Convention 169 of the ILO, and recognized by this Chamber through its jurisprudence, it must first be determined whether the property where the questioned activity is developed is or is not within the indigenous territory. However, as was held in the supra-cited judgment No. 2008-015028 at 10:12 a.m. on October 10, 2008, it is not the role of this jurisdiction to determine “whether the disputed portion of land corresponds entirely to indigenous territory, as said claim entails a conflict of ordinary legality whose resolution exceeds the summary nature of the amparo appeal”. In the sub lite case, some of the reports indicate that the farm registered under No. 1-405947-000 (and not No. 1-303652-000 indicated by the appellant in the filing brief), the property where, presumably, the questioned activity is developed, is located within the Quitirrisí Indigenous Reserve. However, there is no certainty that the portion of land where the questioned activity is developed is located within the limits of the indigenous reserve, defined according to the expansion established in Executive Decree No. 29452-G of March 21, 2001. The foregoing, inasmuch as, according to what was reported by the Deputy Director of Energy and Mines of MINAE, the private company had complied with the requirement to provide —prior to granting the concession— a new topographic plan of the area where the quarry would be developed, excluding the Quitirrisí Reserve. Added to the above, although in response to the inquiry made by the Chamber, the Director of the National Geographic Institute indicated that the properties represented in cadastral plans SJ-598576-85 and SJ-705535-2001, referring to farm registration No. 1-405947-000, are located within the Quitirrisí Indigenous Reserve, the Deputy Director of Energy and Mines of MINAE explained that these plans were modified by a third plan that was submitted by the company for the purpose of excluding the quarry area from the indigenous reserve. Hence, there is doubt regarding the exact location of the part of the farm where the quarry is, that is, whether it is inside or outside the indigenous reserve, an extreme that, as stated supra, must be discussed within the framework of a plenary process, with a broad adversarial structure and complex evidentiary activity. In summary, considering that before resolving the issue of consultation with the indigenous community, the issue of the precise location of the challenged activity must be settled, and since, precisely, this discussion is reserved for the avenues of legality, it is appropriate to dismiss the appeal regarding this extreme.

VI.- REGARDING THE CLAIMED ENVIRONMENTAL DAMAGE. The appellant alleged that the quarry activity has caused damage to the Mónica stream (quebrada Mónica) into which, she asserts, mud, stone, and sand fall; moreover, the ecosystem has been destroyed and soil erosion has been generated. Under oath, the Head of the Mining Registry of the Directorate of Geology and Mines of MINAE affirmed that within the quarry, a runoff water evacuation system has been implemented to prevent the land from being washed away and sediments from reaching the Mónica stream, and therefore denied its affectation. Likewise, she argued that sedimentation basins have been built for runoff water management. On the other hand, in the inspection carried out by officials of the Pacific Conservation Area of the Puriscal Subregional Office, no recent forest cover (cobertura boscosa) elimination was observed in the concession area; furthermore, erosion mitigation works were verified, such as the construction of slopes (taludes), ditches (cunetas), sewers (alcantarillados), and water velocity reduction works (see report of the Minister of Environment and Energy and official letter No. ACOPAC-OSRP-1091-13 of the Pacific Conservation Area of the Puriscal Subregional Office in the SCGDJ). Similarly, there are mitigation works such as slope stabilization and terrace construction (informe de la Subdirectora de Geologías y Minas in the SCGDJ). Based on these statements made under oath and the evidence provided by the respondents, this Court finds no elements —at the time of establishing the procedural truth of the amparo— that allow for considering the environmental damage claimed by the plaintiff as proven, and therefore the amparo appeal is also dismissed regarding this aspect.

VII.- COROLLARY. By merit of the reasons stated, the filed appeal must be dismissed”.

From the foregoing, it is clear that this Chamber has been consistent in considering that it is not its role to determine whether the quarry being exploited by the company Tractores Zamora S.A. is partially or totally within the indigenous territory of Quitirrisí and, as a consequence, whether it is appropriate to carry out the consultation with the indigenous people.

IV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub examine case, from what was reported by the respondent authorities, it is inferred that this situation of imprecision persists regarding whether part of the farm where the quarry is located is inside or outside the indigenous reserve. Also, regarding the alleged authorization for such economic activity to be located in that territory. It should be noted that in the reports rendered by the respondent authorities of the Municipality of Mora, it was indicated that the property registered under title No. 1-405947-000, in the name of Tractores Zamora S.A., is geographically located within the Quitirrisí indigenous reserve. In addition, that the corporation acquired said farm after the creation of the indigenous reserve in the year 1979. Although it is indicated that, in accordance with numeral 5 of the Indigenous Law, the entity that has the competence in the event of relocating non-indigenous persons (whether owners or possessors in good faith) who are within the indigenous reserves is INDER, and therefore it is not within the competence of that council to proceed with the expropriation process, even if warranted, since it is the competent body in the matter that must analyze the case. However, SETENA reports that when the environmental feasibility (viabilidad ambiental) was processed, the required documents were provided, respecting the fact that the indigenous territory was involved, as the consent of the Municipality of Mora, the Development Association of Quitirrisí of Mora, and the National Commission on Indigenous Affairs was obtained; therefore, no acts were carried out to the detriment of said community. Additionally, it is noted that in the administrative file FEAP-0246-2001-SETENA, there are no environmental complaints for environmental damages or non-compliance with the environmental commitments undertaken by the project developer. Finally, the Directorate of Geology and Mines indicates that there are visible records in the file linking that property to an old quarry that was developed and exploited in the 90s, before the concession was granted. It is indicated that it was known locally as Tajo Cañas and was exploited by the MOPT, the Municipality of Puriscal, and the Municipality of Mora, among others. That said, it considers that the area granted in relation to the concession now known was located outside the indigenous reserve. However, it is considered that an investigation should be conducted into the possibility that the concessionaire company, whether intentionally or not, has been extracting and carrying out other work in areas that are outside the area granted by the Executive Branch. Therefore, a series of precautionary measures are recommended. In summary, it is considered that before resolving the issue of consultation with the indigenous community, the issue of the precise location of the challenged activity must be settled, and since, precisely, this discussion is reserved for the avenues of legality, the claim of the appealing party is considered not receivable. It should be remembered that this Constitutional Court has resolved that the amparo appeal is of an eminently summary nature —that is, brief and simple— and its processing is not compatible with the practice of slow and complex evidentiary proceedings, or with the need to previously examine —with a declaratory nature— whether the infra-constitutional rights that the parties cite as part of the factual body of the amparo appeal or of the legal report, as the case may be, actually exist. Therefore, according to the specific circumstances of the case, determining whether the environmental feasibility permits and studies were granted or not, in accordance with the infra-constitutional legal order, is an extreme that exceeds the summary nature of the amparo appeal and hence, the appealing party may —as was indicated in the previous precedents— discuss the operation of the quarry in the administrative contentious venue. It is not appropriate for this Court to make any pronouncement (positive or negative) on the merits of the matter, because there being a contradiction between the parties, in order to determine whether there has been an infringement or not of the fundamental rights of the amparo claimants, the legal situation of the plaintiff at the level of legality must first be resolved. This attribution does not belong to the Constitutional Chamber, and rather, doing so could unduly interfere with what is the competence of the ordinary courts. Consequently, based on the elements and evidence contained in the record, the infringement of the right to consultation with indigenous peoples, the right to indigenous property, nor the right to a healthy and ecologically balanced environment cannot be considered proven.

V.- CONCLUSION. Based on the foregoing, the dismissal of this appeal is compelled, based on the truthfulness of the information provided by the respondents which was given under oath, and taking into consideration that, in any case, it is not for this Chamber to determine whether the mineral resources are being exploited within an indigenous territory.

VI. Documentation provided to the file. This Chamber must warn the parties that if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the “Regulation on Electronic Judicial File before the Judiciary” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

THEREFORE:

The appeal is declared without merit.

Fernando Castillo V.
President

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ana María Picado B.

Ana Cristina Fernandez A.

Jorge Isaac Solano A.

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