Res. 05192-2022 Sala Constitucional — Dismissal of amparo for lack of response to environmental administrative complaintImprocedencia de amparo por falta de respuesta a denuncia administrativa ambiental

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Sala Constitucional

Resolución Nº 05192 - 2022

Fecha de la Resolución: 04 de Marzo del 2022 a las 09:20

Expediente: 22-002941-0007-CO

Redactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 22-002941-0007-CO

Res. Nº 2022005192

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del cuatro de marzo de dos mil veintidos .

  Recurso de amparo que se tramita en expediente número 22-002941-0007-CO, interpuesto por WALTER BRENES SOTO, cédula de identidad No. 0206450800, contra la MUNICIPALIDAD DE GARABITO.

Resultando:

 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:05 horas del 11 de febrero de 2022, el recurrente interpone recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE GARABITO, y manifiesta que el 6 de diciembre de 2021 se presentó ante la corporación municipal accionada una “Solicitud de apertura de procedimiento administrativo por incumplimiento de condiciones en permiso de construcción”, a la cual se le asignó el trámite No. 33769 (documentos aportados como prueba). Lo anterior, debido a que se cometieron varias infracciones, entre estas, movimientos de tierra superiores a los autorizados, falta de licencia de viabilidad ambiental que habilite los movimientos de tierra, invasión de área de servidumbre de paso que perjudica el acceso de los vecinos, invasión de terreno municipal y construcción en metros cuadrados superior a lo autorizado. Sin embargo, aduce que a la fecha en la que interpone este recurso de amparo, la municipalidad recurrida no ha resuelto la denuncia, razón por la cual estima lesionados sus derechos fundamentales.

 2.- Informa bajo juramento Tobías Murillo Rodríguez, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Garabito, y Fulvio Barboza Hernández, en su condición de Coordinador del Proceso de Servicios Ciudadanos de la Municipalidad de Garabito, que según consta en los archivos electrónicos, a fecha 02 de diciembre de 2021, se presentó al correo electrónico [email protected] documento relacionado con la solicitud de apertura de procedimiento administrativo por incumplimiento de condiciones en permiso de construcción, remitido por el señor Walter Brenes Soto ([email protected]). [Prueba #1]. De acuerdo con la tramitología interna dispuesta por Reglamento para Regular la Recepción de Documentos, aprobado por el Concejo Municipal de Garabito en Sesión Ordinaria N°68, del 17 de agosto del 2011 y publicado en La Gaceta N 96 del 18 de mayo de 2012, al trámite presentado por el señor Brenes Soto, se le asigna a fecha 06 de diciembre de 2021, la boleta de recibo de documentos varios No. 33769 y se remite por parte del Proceso de Servicios  Ciudadanos al Proceso de Servicios Técnicos Municipales. En ese sentido se le informa al gestionante mediante correo electrónico [Prueba #1]. Según información proporcionada por el Proceso de Servicios Técnicos Municipales, con motivo de la denuncia presentada por el señor Brenes Soto (boleta de recibo de documentos varios No. 33769) se solicitó al Proceso de Seguridad ciudadana y convivencia Social, mediante oficio STDCI-118-2021 de fecha 07 de diciembre de 2021, la inspección de rigor, a fin de determinar la concurrencia de los hechos denunciados. Esta situación fue informada al gestionante mediante correo electrónico.

El Proceso de Seguridad ciudadana y convivencia Social, mediante oficio SCCS-I-2172021-VVCB de fecha 13 de diciembre del 2021, informa al Proceso de Servicios Técnicos Municipales, en lo de interés: "Según inspección realizada en el sitio el día 07-12-2021, en la propiedad 211727, existe una casa de habitación de 2 pisos, lo que coincide con el PC-4562. Con respecto a los movimientos de tierra indicados, según Decsis no existe permiso para movimiento de tierra, ni tampoco ningún acta de clausura. No se verificó ningún tipo de depósito material en el sitio (...)" [Prueba #3].

Debido a las vacaciones colectivas, otorgadas del 20 de diciembre de 2021 al 02 de enero de 2022, inclusive (Memo-006-2021-TM), así como a la falta de profesional que asumiera el puesto de Coordinador del Proceso de Servicios Técnicos Municipales desde diciembre 2021 y hasta mediados de enero 2022, los trámites administrativos dirigidos a dichos proceso tuvieron una serie de retrasos, sin embargo, el Proceso de Servicios Técnicos Municipales, mediante el oficio STDCE-014-2022. de fecha 22 de febrero de 2022, le comunica al señor Brenes Soto, que, en razón de no haberse determinado algún indicio que diera mérito para la apertura del procedimiento solicitado, el mismo no se instauraría, pero que estarían vigilantes tanto de ésta como de otras edificaciones desarrolladas en el Cantón. Dicho documento fue notificado al interesado a fecha 22 de febrero de 2022. Así las cosas, y en razón de haberse brindado la respuesta al gestionante sobre el tema de su interés, solicitan se declare sin lugar la presente acción, por cuanto no se ha violentado, por parte de esa representación, ni de sus funcionarios, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ni el acceso a una justicia pronta y cumplida.

 3.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

 Considerando:

 I.- Objeto del recurso. El recurrente manifiesta que el 6 de diciembre de 2021 se presentó ante la corporación municipal accionada una “Solicitud de apertura de procedimiento administrativo por incumplimiento de condiciones en permiso de construcción”, a la cual se le asignó el trámite N° 33769 (documentos aportados como prueba). Lo anterior, debido a que se cometieron varias infracciones, entre estas, movimientos de tierra superiores a los autorizados, falta de licencia de viabilidad ambiental que habilite los movimientos de tierra, invasión de área de servidumbre de paso que perjudica el acceso de los vecinos, invasión de terreno municipal y construcción en metros cuadrados superior a lo autorizado. Sin embargo, aduce que a la fecha en la que interpone este recurso de amparo, la municipalidad recurrida no ha resuelto la denuncia, razón por la cual estima lesionados sus derechos fundamentales, según lo dispuesto en los artículos 27 y 41 constitucionales.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a)    El 02 de diciembre de 2021, se presentó al correo electrónico [email protected], documento relacionado con la solicitud de apertura de procedimiento administrativo por incumplimiento de condiciones en permiso de construcción, remitido por el señor Walter Brenes Soto ([email protected]). (ver prueba adjunta).

b)    Mediante el oficio STDCE-014-2022. de fecha 22 de febrero de 2022, le comunica al señor Brenes Soto, que, en razón de no haberse determinado algún indicio que diera mérito para la apertura del procedimiento solicitado, el mismo no se instauraría, pero que estarían vigilantes tanto de ésta como de otras edificaciones desarrolladas en el Cantón (ver informe y prueba adjunta).

c)     Dicho documento fue notificado al interesado a fecha 22 de febrero de 2022 (ver informe y prueba adjunta).

 III.- Sobre el fondo. En el presente caso, la parte recurrente alega haber presentado el 02 de diciembre de 2021, una gestión tendente a que se apertura de procedimiento administrativo por incumplimiento de condiciones en permiso de construcción. Lo anterior, por cuanto estima que se cometieron varias infracciones, entre estas, movimientos de tierra superiores a los autorizados, invasión de área de servidumbre de paso que perjudica el acceso de los vecinos, invasión de terreno municipal y construcción en metros cuadrados superior a lo autorizado, y por último, considera que no cuentan con licencia de viabilidad ambiental que habilite los movimientos de tierra. Asimismo, acusa que, a la fecha, su trámite no ha sido resuelto. Dado lo anterior, se le aclara que, aunque el derecho de petición, establecido en el mencionado ordinal 27, constitucional, entendido de forma genérica, haga referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés, es necesario distinguir las peticiones puras y simples de información de los reclamos administrativos, recursos y otras solicitudes. En el primer caso, normalmente la respuesta deberá darse dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la petición, como lo ordena el artículo 32, de la Ley de Jurisdicción Constitucional y demás normativa que regula la materia. En los otros supuestos, empero, el artículo 27, Constitucional, estrictamente hablando, no es el aplicable, sino el numeral 41 de la Carta Fundamental: "Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes"; tesis que fue recogida en el numeral 3, de la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097, según el cual no son objeto del derecho de petición aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico estableció un procedimiento administrativo específico y plazos distintos de los regulados en dicha ley. Esta distinción descansa en el hecho, bien conocido, de que los reclamos y recursos administrativos, a diferencia de las peticiones puras, requieren un procedimiento para verificar los hechos que han de servir de motivo al acto final, así como adoptar las medidas probatorias pertinentes (véase la Sentencia N° 2002-03851 de las 14:56 horas del 30 de abril de 2002). En el caso que nos ocupa, cabe señalar que no corresponde a esta Sala determinar si la construcción a la que hace referencia el recurrente debe constar con “licencia ambiental”, por cuanto se trata del presunto incumplimiento de requisitos, aspecto que excede la esfera de competencia de esta jurisdicción. Así las cosas, en lo tocante al cumplimiento de los plazos administrativos en los supuestos de vulneración del ordinal 41, constitucional, la Sala declaró, en la Sentencia N° 2018016745 de las 09:15 horas del 5 de octubre de 2018, lo siguiente:

“EN RELACIÓN CON LA ACUSADA MORA ADMINISTRATIVA: NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus  apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad – y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación  intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o 'amparo de legalidad', los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.

 IV.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo – incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material – esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para el recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle al gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa". 

 Como este precedente es aplicable al caso en estudio, deberá, si a bien lo tiene, la parte amparada acudir ante la jurisdicción contencioso-administrativa a interponer el correspondiente amparo de legalidad, a fin de que se resuelva lo que en derecho proceda. En consecuencia, el recurso resulta improcedente, y así se declara.

 IV.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia, pues las controversias jurídico-constitucionales que atañen a menores de edad, al ambiente, pago de salario, al pago de las prestaciones cuando la persona se jubila, a las pensiones del régimen no contributivo y los casos de parálisis cerebral profunda, discapacitados, extranjeros que se encuentran fuera del país, servicio de agua potable, adultos mayores cuando no se refiere a cuestiones de su pensión, denuncias de corrupción, derecho de los indígenas, reclamos por la falta de aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social y de licencias de maternidad son de conocimiento de esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo. En los demás casos, y por las razones que se dan en esta sentencia, los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

  V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Castillo Víquez pone nota.-

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ana María Picado B.




Ileana Sánchez N.

	

 

	

Jorge Isaac Solano A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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EXPEDIENTE N° 22-002941-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 17:11:28.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

CONSTITUTIONAL CHAMBER

Resolution No. 05192 - 2022

Date of Resolution: March 4, 2022, at 09:20 a.m.

Expediente: 22-002941-0007-CO

Drafted by: Luis Fdo. Salazar Alvarado

Type of matter: Amparo appeal

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER

Text of the resolution

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Exp: 22-002941-0007-CO

Res. No. 2022005192

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on March fourth, two thousand twenty-two.

Amparo appeal processed in expediente number 22-002941-0007-CO, filed by WALTER BRENES SOTO, identity card No. 0206450800, against the MUNICIPALITY OF GARABITO.

Whereas:

1.- By document received in the Secretariat of the Chamber at 3:05 p.m. on February 11, 2022, the appellant files an amparo appeal against the MUNICIPALITY OF GARABITO, and states that on December 6, 2021, a "Request for opening of administrative procedure for non-compliance with conditions in a building permit (permiso de construcción)" was submitted to the respondent municipal corporation, which was assigned procedure No. 33769 (documents provided as evidence). The foregoing was due to several violations having been committed, among them, earthworks (movimientos de tierra) exceeding those authorized, lack of an environmental feasibility license (licencia de viabilidad ambiental) authorizing the earthworks (movimientos de tierra), encroachment on a right-of-way easement (servidumbre de paso) area that harms neighbors' access, encroachment on municipal land, and construction exceeding the authorized square meters. However, he alleges that as of the date he files this amparo appeal, the respondent municipality has not resolved the complaint, which is why he considers his fundamental rights violated.

2.- Under oath, Tobías Murillo Rodríguez, in his capacity as Mayor of the Municipality of Garabito, and Fulvio Barboza Hernández, in his capacity as Coordinator of the Citizen Services Process of the Municipality of Garabito, report that according to electronic archives, on December 2, 2021, a document related to the request for opening of administrative procedure for non-compliance with conditions in a building permit (permiso de construcción) was submitted to the email address [email protected], sent by Mr. Walter Brenes Soto ([email protected]). [Evidence #1]. In accordance with the internal processing procedures established by the Regulation to Regulate Document Reception, approved by the Municipal Council of Garabito in Ordinary Session No. 68, of August 17, 2011, and published in La Gaceta No. 96 of May 18, 2012, the procedure submitted by Mr. Brenes Soto was assigned the miscellaneous document receipt slip No. 33769 on December 6, 2021, and was forwarded by the Citizen Services Process to the Municipal Technical Services Process. In that regard, the petitioner was informed via email [Evidence #1]. According to information provided by the Municipal Technical Services Process, due to the complaint filed by Mr. Brenes Soto (miscellaneous document receipt slip No. 33769), the rigorous inspection was requested from the Citizen Security and Social Coexistence Process, via official communication STDCI-118-2021 dated December 7, 2021, in order to determine the concurrence of the reported facts. This situation was communicated to the petitioner via email.

The Citizen Security and Social Coexistence Process, via official communication SCCS-I-2172021-VVCB dated December 13, 2021, informs the Municipal Technical Services Process, of relevance: "According to inspection carried out on site on 12-07-2021, on property 211727, there is a 2-story dwelling house, which coincides with PC-4562. Regarding the indicated earthworks (movimientos de tierra), according to Decsis there is no permit for earth movement, nor any closure notice. No type of material deposit was verified on site (...)" [Evidence #3].

Due to the collective vacation period granted from December 20, 2021, to January 2, 2022, inclusive (Memo-006-2021-TM), as well as the lack of a professional to assume the position of Coordinator of the Municipal Technical Services Process from December 2021 to mid-January 2022, the administrative procedures directed to that process experienced a series of delays. However, the Municipal Technical Services Process, via official communication STDCE-014-2022, dated February 22, 2022, informs Mr. Brenes Soto that, because no indication was determined that would merit the opening of the requested procedure, it would not be initiated, but that they would be vigilant of both this and other buildings developed in the Canton. Said document was notified to the interested party on February 22, 2022. As such, and because a response has been provided to the petitioner on the matter of his interest, they request that this action be declared without merit, since neither this representation nor its officials have violated the right to a healthy and ecologically balanced environment, nor access to prompt and complete justice.

3.- The legal requirements have been observed in the proceedings.

Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,

Considering:

I.- Object of the appeal. The appellant states that on December 6, 2021, a "Request for opening of administrative procedure for non-compliance with conditions in a building permit (permiso de construcción)" was submitted to the respondent municipal corporation, which was assigned procedure No. 33769 (documents provided as evidence). The foregoing was due to several violations having been committed, among them, earthworks (movimientos de tierra) exceeding those authorized, lack of an environmental feasibility license (licencia de viabilidad ambiental) authorizing the earthworks (movimientos de tierra), encroachment on a right-of-way easement (servidumbre de paso) area that harms neighbors' access, encroachment on municipal land, and construction exceeding the authorized square meters. However, he alleges that as of the date he files this amparo appeal, the respondent municipality has not resolved the complaint, which is why he considers his fundamental rights violated, pursuant to Articles 27 and 41 of the Constitution.

II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:

a) On December 2, 2021, a document related to the request for opening of administrative procedure for non-compliance with conditions in a building permit (permiso de construcción), sent by Mr. Walter Brenes Soto ([email protected]), was submitted to the email address [email protected]. (see attached evidence).

b) Via official communication STDCE-014-2022, dated February 22, 2022, Mr. Brenes Soto was informed that, because no indication had been determined that would merit the opening of the requested procedure, it would not be initiated, but that they would be vigilant of both this and other buildings developed in the Canton (see report and attached evidence).

c) Said document was notified to the interested party on February 22, 2022 (see report and attached evidence).

III.- On the merits. In the present case, the appellant alleges having submitted, on December 2, 2021, an action aimed at opening an administrative procedure for non-compliance with conditions in a building permit (permiso de construcción). The foregoing is because he considers that several violations were committed, among them, earthworks (movimientos de tierra) exceeding those authorized, encroachment on a right-of-way easement (servidumbre de paso) area that harms neighbors' access, encroachment on municipal land, and construction exceeding the authorized square meters, and finally, he considers that they do not have an environmental feasibility license (licencia de viabilidad ambiental) authorizing the earthworks (movimientos de tierra). Likewise, he alleges that, to date, his procedure has not been resolved. Given the above, it is clarified that, although the right to petition, established in the aforementioned constitutional Article 27, understood generically, refers to the power held by every citizen to address in writing any public official or official entity in order to present a matter of interest, it is necessary to distinguish pure and simple requests for information from administrative claims, appeals, and other requests. In the first case, the response must normally be given within ten working days following the receipt of the petition, as ordered by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction and other regulations governing the matter. In the other cases, however, Article 27 of the Constitution, strictly speaking, is not applicable, but rather Article 41 of the Fundamental Charter: "Resorting to the laws, everyone must find redress for the injuries or damages they have received to their person, property, or moral interests. They must be afforded prompt, complete justice, without denial and in strict conformity with the laws"; a thesis that was adopted in Article 3 of the Law Regulating the Right of Petition No. 9097, according to which those requests, complaints, or suggestions for whose satisfaction the legal system has established a specific administrative procedure and different deadlines from those regulated in said law are not the object of the right to petition. This distinction rests on the well-known fact that administrative claims and appeals, unlike pure petitions, require a procedure to verify the facts that will serve as the basis for the final act, as well as to adopt the pertinent evidentiary measures (see Judgment No. 2002-03851 of 2:56 p.m. on April 30, 2002). In the case at hand, it should be noted that it is not for this Chamber to determine whether the construction referred to by the appellant must have an "environmental license (licencia ambiental)," as it concerns the alleged non-compliance with requirements, an aspect that exceeds the sphere of competence of this jurisdiction. Thus, regarding compliance with administrative deadlines in cases of violation of constitutional Article 41, the Chamber declared, in Judgment No. 2018016745 of 9:15 a.m. on October 5, 2018, the following:

"IN RELATION TO THE ALLEGED ADMINISTRATIVE DELAY: NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE, A SPEEDY AND EFFECTIVE MECHANISM FOR THE PROTECTION OF SUBSTANTIAL LEGAL SITUATIONS OF ADMINISTERED PARTIES. The Constitutional Chamber, since its founding, has used broad admissibility criteria in view of the absence of expeditious and speedy procedural channels for the protection of substantial legal situations that are grounded in the infra-constitutional legal system or the legality parameter, which have an indirect connection to fundamental rights and Constitutional Law. On this matter, it should not be lost from perspective that the Constitution, due to its supremacy, super-legality, and direct and immediate effectiveness, provides indirect foundation for any imaginable substantial legal situation of persons. However, under better consideration and given the enactment of the Contentious-Administrative Procedure Code (Law No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force as of January 1, 2008, it has become evident that justiciables now have a plenary and universal contentious-administrative jurisdiction that is extremely expeditious and speedy due to the various procedural mechanisms that this legislation incorporates into the legal system, such as the shortening of deadlines for performing various procedural acts, the breadth of standing, precautionary measures, the numerus apertus of admissible claims, orality – and its sub-principles of concentration, immediacy, and speed –, the single instance with appeal in expressly limited situations, intra-procedural conciliation, the unified process, the preferential processing process or 'legality amparo,' the pure-law processes, the new enforcement measures (coercive fines, substitute or commissarial execution, seizure of assets from the fiscal domain and some from the public domain), the broad powers of the body of enforcement judges, the extension and adaptation of the effects of jurisprudence to third parties, and the flexibility of the cassation appeal. All these novel procedural institutes have the manifest aim and purpose of achieving procedural economy, speed, promptness, and the effective or complete protection of the substantial legal situations of administered parties, all with the guarantee of basic fundamental rights such as due process, defense, and the adversarial principle. In sum, the new contentious-administrative jurisdiction is an ideal channel, due to its new characteristics of simplicity, speed, and promptness, for the amparo and effective protection of the substantial legal situations of administered parties in which it is necessary to gather evidence or define certain matters of ordinary legality.

IV.- VERIFICATION OF THE DEADLINES ESTABLISHED BY LAW TO RESOLVE ADMINISTRATIVE PROCEDURES: AN EVIDENT MATTER OF ORDINARY LEGALITY. It is evident that determining whether the public administration complies or not with the deadlines established by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure – initiated ex officio or at the request of a party – or to hear admissible administrative appeals, is an evident matter of ordinary legality that, henceforth, can be discussed and resolved before the contentious-administrative jurisdiction with the application of the principles that nurture the constitutional jurisdiction, such as vicarious standing, the possibility of material defense – that is, appearing without legal counsel – and gratuity for the appellant. Consequently, outright dismissal is warranted, and the petitioner should be informed that if he deems it appropriate, he may resort to the contentious-administrative jurisdiction."

As this precedent is applicable to the case under study, the protected party should, if deemed appropriate, resort to the contentious-administrative jurisdiction to file the corresponding legality amparo, in order for what is legally appropriate to be resolved. Consequently, the appeal is inadmissible, and it is so declared.

IV.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ. I have supported this Court's thesis that when a justiciable alleges a violation of the right to prompt and complete justice in an administrative setting, those who should hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. That said, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on Article 7 of its Law, has the exclusive competence to define its own jurisdiction, since the legal-constitutional disputes concerning minors, the environment, wage payments, payment of benefits upon retirement, pensions from the non-contributory regime, and cases of profound cerebral palsy, persons with disabilities, foreigners who are outside the country, potable water service, older adults when not referring to pension matters, corruption complaints, indigenous rights, claims for lack of coverage by the Costa Rican Social Security Fund, and maternity leave licenses are within the purview of this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo. In all other cases, and for the reasons given in this judgment, the competent authorities are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with Article 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

V.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be retrieved from the office within a maximum period of thirty working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Regulation on the Electronic Expediente before the Judicial Branch," approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The appeal is declared without merit. Magistrate Castillo Víquez issues a note.-

Fernando Castillo V.

President

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ana María Picado B.

Ileana Sánchez N.

Jorge Isaac Solano A.

Digitally Signed Document

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KPJYCOQMFNY61

EXPEDIENTE No. 22-002941-0007-CO

Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6

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