Res. 02456-1997 Sala Constitucional — Failure to Expropriate and Compensate Owners in the Golfo Dulce Forest ReserveOmisión de expropiación e indemnización en la Reserva Forestal Golfo Dulce

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Sala Constitucional

Resolución Nº 02456 - 1997

Fecha de la Resolución: 02 de Mayo del 1997 a las 11:03

Expediente: 92-003605-0007-co

Redactado por: Adrián Vargas Benavides

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL



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Texto de la resolución

RECURSO DE AMPARO No. 3605-V-92

SIND. DE PROD. INDEP. DEL CANTON DE OSA

MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES ENERGIA Y MINAS Y OTROS

EXP.3605-92                                         2456-97

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José a las once horas tres minutos del dos de mayo de mil novecientos noventa y siete.

Recurso de amparo interpuesto por el Sindicato de Productores Independientes del Cantón de Osa contra Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Dirección Forestal del Ministerio de Recursos Naturales Energía y Minas.

RESULTANDO

1) Alega el recurrente que por medio de Decreto Ejecutivo número 8494-A del 26 de abril de 1978 publicado en el alcance número 92 de la Gaceta número 104 del 01 de junio de 1978, se creó la Reserva Forestal de Golfo Dulce comprendiendo un área de 84.538 Has. 1875 m2, la cual se encuentra demarcada en el plano confeccionado por la Dirección General Forestal. Indican que por Decreto Ejecutivo número 9388-A de 30 de noviembre de 1978 publicado en La Gaceta número 239 del 15 de diciembre de 1979, se reformó el número 8494-A en su artículo 1 que establece el territorio que comprende la reserva de Golfo dulce, ya que funcionarios de la Dirección General Forestal mediante inspecciones determinaron que en la reserva quedaron comprendidos terrenos de aptitud agropecuaria, reducidos a dominio particular que no debían estar sujetos al régimen forestal, motivo por el cual fueron excluidos. Posteriormente mediante Decreto Ejecutivo 10142-A de 12 de junio de 1979 publicado en la Gaceta número 119 del 27 de junio de 1979, se estableció otra reforma al artículo 1 del decreto 8494-A, mediante la cual se definió el territorio que comprende la Reserva Forestal de Golfo Dulce, ya que en estudios que efectuaron los funcionarios de la Dirección Forestal y el Instituto Tecnológico de Costa Rica se detectó que existen terrenos de aptitud agropecuaria que deben ser excluidos de la reserva tal y como se señaló en el Decreto 9388-A, por lo que se procedió a delimitar mediante una serie de mapas topográficos la demarcación específica. Dice que la situación de cada uno de los miembros del sindicato recurrente es crítica, no se les permite desarrollar actividades agrícolas, comerciales, industriales, pecuarias en sus parcelas, les limitan sus facultades y no ha existido indemnización previa y más aún la expropiación de estos terrenos que son de aptitud forestal y cuyo trámite debe efectuarse por medio de la ley de expropiaciones número 36 de 28 de julio de 1896 y sus reformas, no ha sucedido. Indican que en diversas ocasiones gestionaron diversos permisos para explotar en forma controlada los recursos naturales y la tierra cultivable y éstos fueron denegados por el Ministerio de Recursos Naturales Energía y Minas hasta el punto de presentar un proyecto de explotación maderera para construir tarimas de madera para el almacenamiento de fruta de las compañías bananeras y a la vez reforestar para mantener un nivel adecuado, se coordinó con la empresa ACSA S.A. con la finalidad de que esta entidad proporcionara el equipo, pero no obstante lo anterior dicen haber recibido oficio 406-92 DAJF de 17 de junio de 1992 en el cual el Ministro Hernán Bravo indica que ante la gestión que se presentara no existe ninguna objeción pero que deben obtener los permisos de aprovechamiento que exige la ley forestal 7174, siendo que al final no se resuelve la gestión planteada. Dicen que a pesar de haberse establecido zonas excluyentes de la reserva forestal inicial, aún no se les cancelan los montos por concepto de expropiación según lo establece el artículo 9 del Decreto 8494-A, de igual forma no se les permite explotarlas en forma controlada en contraposición de lo dispuesto por el artículo 8 a pesar de haber solicitado y tramitado los permisos correspondientes, y que el imperativo de prohibición de explotación forestal y actividad agrícola, pecuaria, industrial o comercial se encuentran en clara violación de normas constitucionales que garantizan el disfrute de la propiedad privada, el derecho al trabajo, a la vida, a la libertad, al de igualdad y el de seguridad. Solicitan que de incluirse dentro de la Reserva Forestal sus terrenos, se cumpla con el debido proceso y se pague una indemnización previa, sujeta a un avalúo objetivo y que posteriormente se proceda a expropiar 2) En su informe de ley, rendido bajo juramento, manifiesta el recurrido Ministro de Agricultura y Ganadería, Ricardo Garrón Figuls, que el manejo y ejecución de lo que disponía y dispone el Decreto Ejecutivo 8494-A es competencia actualmente del Ministerio del Ambiente y Energía, indica que por ser materia de conocimiento del Ministerio indicado, no ha tenido participación alguna en los hechos investigados, sin embargo, señala que en el momento histórico de emisión del Decreto 8494-A éste se dio en apego a las disposiciones legales que regían en ese entonces relativas a la Ley Forestal 4465 y que se mantienen en la nueva ley Forestal 7575, por lo que no puede existir la alegada violación al derecho de propiedad que citan los recurrentes; que el sometimiento al régimen forestal está permitido por Ley y que por lo tanto bajo la naturaleza de un límite al derecho de propiedad el cual está referido a su ejercicio, uso o disposición, no cercena como tal el derecho de propiedad constitucionalmente garantizado el cual permanece incólume. Dice que no se ve violentado tampoco el derecho al trabajo toda vez que lo que se exige es un plan de manejo del recurso forestal en los terrenos sometidos al régimen y salvo que los propietarios o poseedores hubieren incumplido con los requisitos que la ley exige, sería posible que no se haya autorizado una utilización determinada, situación que no puede explicar por no tener competencia para ello ni conocer el expediente administrativo.

3) Por su parte el Ministro del Ambiente y Energía, René Castro Salazar y el Director del sistema Nacional de Areas de Conservación, Luis Rojas Bolaños, indicaron en su informe que si bien es cierto y queda claro que en tanto no se pague o se expropie, la Administración no puede realizar actos de posesión en perjuicio de sus legítimos propietarios o poseedores. Además el Ministerio no ha recibido actualmente o en el pasado solicitudes o aportación de documentos para llevar a cabo trámites administrativos para el pago de indemnizaciones o expropiación por parte de los recurrentes. Dice que la única solicitud para aprovechamiento forestal fue presentada por el señor Nombre143570   a nombre de Nombre143571 en representación del señor Nombre3448   en la Oficina Regional Forestal Brunca, en el año de 1992 y archivada mediante resolución 549-92 ORFB de las doce horas del nueve de octubre de 1992 debido a que omitieron aportar una serie de documentos indispensables para el otorgamiento del permiso solicitado y de conformidad a lo establecido en el numeral 264. en relación con el 287.2 de la Ley General de la Administración Pública, se le concedió un plazo de diez días hábiles para que aportara la documentación faltante y no lo cumplieron. Indica que no obstante y transcurrido el plazo otorgado, se procedió a archivar el expediente administrativo con las actuaciones de Nombre143571 en representación del señor Nombre3448 , con lo cual se demuestra que el Ministerio no está limitando el uso, disfrute o la libertad de trabajo de los recurrentes, toda vez que los mismos no completaron la documentación necesaria para seguir con los procedimientos. Manifiestan que no existen documentos en los archivos que al efecto llevan donde se compruebe lo dicho por los recurrentes en relación con la posesión decenal que han ejercido además de indicar que las limitaciones impuestas por la ley no van más allá de las limitaciones que se dan en cualquier propiedad en el territorio nacional esté dentro o fuera de una reserva forestal, toda vez que cualquier propietario o poseedor necesita un permiso el cual es otorgado por la Administración Forestal del Estado para lleva a cabo cualquier tipo de actividad siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece nuestra legislación.

4) En los términos y procedimientos se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Vargas Benavides; y,

CONSIDERANDO

I.- HECHOS PROBADOS: De importancia para la decisión del recurso de amparo planteado, se estiman como probados los siguientes hechos:

A) Que los afiliados al sindicato recurrente tienen terrenos a título de poseedores o en algunos casos de propietarios que fueron afectados con las limitaciones establecidas por los decretos 8494-A, 9388-A y 10142-A en cuanto a su declaratoria de Reserva Forestal (ver folios 97 a 350 del tomo I del expediente y 381 a 730 del tomo II del expediente).

B) Que a la fecha de interposición del recurso de amparo no se había cancelado concepto alguno por expropiación o compra directa en favor de los recurrentes y que durante los últimos cuatro años tampoco se ha hecho (informe de folios 744 a 748 del tomo II del expediente).

II.- HECHOS NO PROBADOS: De importancia para la resolución de este recurso tenemos el siguiente:

A) Que exista el censo que se ordenó realizar a la Dirección General Forestal o al ITCO respecto de los terrenos a adquirir (folio 743 artículo 11 del Decreto Ejecutivo número 8494-A).

III.- SOBRE EL FONDO: El recurso de amparo fue interpuesto como consecuencia de la promulgación de los Decretos Ejecutivos 8494-A, 9388-A y 10142-A por cuanto imponen restricciones al derecho de propiedad de los integrantes del Sindicato recurrente, quienes consideran se violan sus derechos de trabajo, libertad, igualdad, seguridad y propiedad, toda vez que a pesar de no existir trámites de expropiación, en forma ilegítima se les ha privado y limitado el uso de sus terrenos impidiéndoles el acceso al único medio de subsistencia que poseen ellos y sus familias.

IV.- El punto respecto de la constitucionalidad de los decretos ejecutivos que dan base a este amparo y sus implicaciones ha sido resuelto debidamente por la Sala mediante sentencia número 1019-97 de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y siete, declarándola sin lugar por cuanto las limitaciones impuestas a la propiedad son indemnizables y permiten al poseedor o poseedores acceder al Régimen de Reserva Forestal en forma voluntaria o bien optar por la expropiación, por lo cual lo establecido en los decretos cuestionados es procedente en cuanto a su aplicación siempre que la administración cumpla con su obligación, cual es la de velar por que los trámites expropiatorios sean debidamente tramitados, en el tiempo que legalmente se encuentra establecido y, especialmente, de previo a que la administración inicie actos posesorios en cuanto al bien o bienes expropiados debiendo darse la indemnización correspondiente antes de que la administración entre en posesión definitiva de los bienes, así establecido por el numeral 45 de la Carta Magna.

V.- Así las cosas, procede analizar el fondo del recurso de amparo, el cual radica en la falta de indemnización de que han sido objeto los recurrentes, según su dicho, antes de que la administración haya entrado en posesión definitiva de los bienes declarados parte integrante de la Reserva Forestal. Debe este Tribunal analizar en primera instancia el texto del Decreto Ejecutivo que impone el sometimiento al Régimen Forestal de las tierras en la Reserva Forestal de Osa, sea el número 8494-A de 28 de abril de mil novecientos setenta y ocho, el cual en su artículo 8 indica:

"Las fincas inscritas, las fincas con posesión decenal y las fincas en posesión precaria establecidas dentro de los límites de la Reserva quedan automáticamente sometidas al Régimen Forestal. Las labores agrícolas que en estas fincas se realicen deben contar con la autorización escrita del Director General Forestal mientras el Estado no las adquiera."

El artículo 9 de este decreto establece:

"La Dirección General Forestal gestionará la compra directa o la expropiación de los terrenos reducidos a dominio particular que se encuentran dentro de la demarcación de esta Reserva y que sean indispensables para su integración."

Por su parte el numeral 11 del mismo establece:

"La adquisición de los terrenos que fueren necesarios se hará de conformidad con el censo que para este efecto levantará la Dirección General Forestal o el ITCO."

Como se puede observar, el numeral 8 adscribe obligatoriamente todas las tierras que se encuentren dentro de los límites de la Reserva Forestal al Régimen Forestal, permitiendo la explotación de aquéllas mediante permisos otorgados a los poseedores antes de la adquisición de los terrenos. Esta medida busca establecer una protección al derecho de uso y disfrute de la propiedad a los afectados con el decreto, permitiéndoles contar con el sustento necesario mientras la administración cancela los montos correspondientes por concepto de expropiación.

VI.- El numeral 9 del Decreto Ejecutivo 8494-A deposita en la Dirección General Forestal la obligación de velar por el cumplimiento de los trámites de expropiación o compra directa de terrenos sometidos a dominio particular. En este punto, cabe recalcar que el trámite expropiatorio no es un trámite que se realice a gestión de parte sino que resulta una obligación para la administración, como interesada en la propiedad y quien debe velar porque las normas constitucionales se cumplan a cabalidad. Además, es menester hacer ver que el trámite expropiatorio procede en todo caso que se vea afectado un derecho de dominio sobre un terreno, sea este ejercido mediante la posesión a título de dueño en los términos establecidos por el Código Civil o como propietario registral del mismo. Este derecho que asiste al afectado lo establece el Decreto Ejecutivo 8494-A al ordenar el trámite de expropiación o compra directa a todos los terrenos bajo dominio particular -entiéndase por dominio particular además de aquellos terrenos poseídos bajo títulos legítimos que dan crédito de la condición de propietarios, los que no posean dicho título y son simples poseedores de hecho- que se encuentren dentro de los límites de la Reserva.

VII.- La expropiación o compra directa de los terrenos debe ser ordenada y estar determinada y eso es lo que hace el Decreto 8494-A en su norma 11, cuando impone la realización de un censo para determinar quiénes son los ocupantes o propietarios de las tierras, bajo qué título las ocupan y los valores de éstas, determinando igualmente quiénes deben ser indemnizados, teniendo como parte a todos los afectados en el proceso para garantizar sus derechos constitucionales. A pesar de que el Decreto estableció esta obligación a cargo de la Dirección General Forestal o el ITCO en aquella oportunidad, no existe prueba en el expediente de su cumplimiento por parte de la Administración, no obstante que este censo es el punto a partir del cual se iniciarán los trámites expropiatorios o las compras directas. Esta actuación aunado a que resulta evidente -como lo manifestara el recurrido Ministro del Ambiente y Energía en su informe bajo juramento- que no se ha iniciado trámite alguno de expropiación por no haberlo solicitado los recurrentes, resulta una violación al derecho contenido en el artículo 45 de la Constitución Política, situación que debe amparar este Tribunal para salvaguardar los derechos de los recurrentes y garantizar el fiel cumplimiento de lo establecido en los decretos ejecutivos 8494-A, 9388-A y 10142-A.

VIII.- Así las cosas y habiendo trascurrido bastantes años sin que la Administración cumpla con lo establecido en los Decretos 8494-A, 9388-A y 10142-A, y contando a lo largo de todo ese tiempo con las posibilidades de hacerlo sin que a la fecha se haya consolidado la situación de los recurrentes y del Estado, esta Sala ordena al Ministerio del Ambiente y Energía que proceda a realizar -si no se ha hecho- el censo que se establece en el numeral 11 del Decreto Ejecutivo 8494-A e iniciar las diligencias de expropiación o compra directa según corresponda, debiendo proceder a elaborar conjuntamente con aquellos recurrentes que resulten del censo ser propietarios o poseedores legítimos, un plan de explotación de la tierra acorde con el Régimen a que están sometidos los terrenos y que le permita a los propietarios o poseedores legítimos su sustento y subsistencia mientras dure el trámite expropiatorio. POR TANTO

Se declara con lugar el recurso. En consecuencia debe el Ministerio del Ambiente y Energía a través de la Dirección General Forestal o Dirección del Sistema Nacional de Areas de Conservación, y a partir de la notificación de esta resolución, proceder a cumplir con lo establecido en los Decretos Ejecutivos 8494-A, 9388-A y 10142-A, e iniciar las diligencias de expropiación. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.

Luis Paulino Mora Mora

Presidente

R. E. Piza E. Luis Fernando Solano C.

Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B.

Carlos Ml. Coto Albán Alejandro Rodríguez V.

AVB/jja/abu/3605-V-96

??

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 06:29:19.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

CONSTITUTIONAL CHAMBER

Resolution No. 02456 - 1997

Date of Resolution: May 2, 1997 at 11:03 a.m.

Case File: 92-003605-0007-co

Drafted by: Adrián Vargas Benavides

Type of Matter: Amparo Action

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER



Related Judgments


Text of the resolution

AMPARO ACTION No. 3605-V-92

UNION OF INDEPENDENT PRODUCERS OF THE CANTON OF OSA

MINISTRY OF NATURAL RESOURCES, ENERGY AND MINES AND OTHERS

EXP.3605-92                                         2456-97

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE, San José at eleven hours and three minutes on the second of May, nineteen ninety-seven.

Amparo action filed by the Union of Independent Producers of the Canton of Osa against the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines, the Ministry of Agriculture and Livestock, and the Forestry Directorate of the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines.

WHEREAS

1) The petitioner alleges that by means of Executive Decree number 8494-A of April 26, 1978, published in scope number 92 of La Gaceta number 104 of June 1, 1978, the Golfo Dulce Forest Reserve was created, comprising an area of 84,538 Has. 1875 m2, which is demarcated on the map prepared by the Forestry Directorate (Dirección General Forestal). They indicate that by Executive Decree number 9388-A of November 30, 1978, published in La Gaceta number 239 of December 15, 1979, Decree 8494-A was amended in its article 1, which establishes the territory comprising the Golfo Dulce reserve, since officials of the Forestry Directorate (Dirección General Forestal), through inspections, determined that lands of agricultural suitability, reduced to private domain, which should not be subject to the forest regime (régimen forestal), were included in the reserve, and for this reason they were excluded. Subsequently, by means of Executive Decree 10142-A of June 12, 1979, published in La Gaceta number 119 of June 27, 1979, another amendment to article 1 of decree 8494-A was established, through which the territory comprising the Golfo Dulce Forest Reserve was defined, since in studies carried out by officials of the Forestry Directorate and the Instituto Tecnológico de Costa Rica, it was detected that there are lands of agricultural suitability that must be excluded from the reserve, as indicated in Decree 9388-A, and therefore the specific demarcation was delimited through a series of topographic maps. They state that the situation of each of the members of the petitioning union is critical; they are not permitted to develop agricultural, commercial, industrial, or livestock activities on their parcels; their faculties are limited; and there has been no prior compensation, much less the expropriation of these lands, which are of forest suitability and whose process must be carried out through the expropriation law number 36 of July 28, 1896 and its amendments. They indicate that on various occasions they requested various permits to exploit in a controlled manner the natural resources and the arable land, and these were denied by the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines, to the point of presenting a timber exploitation project to build wooden pallets for fruit storage for the banana companies and at the same time reforest to maintain an adequate level. This was coordinated with the company ACSA S.A. so that this entity would provide the equipment, but notwithstanding the foregoing, they claim to have received official letter 406-92 DAJF of June 17, 1992, in which Minister Hernán Bravo indicates that in response to the request presented there is no objection, but that they must obtain the harvesting permits required by Forest Law 7174, with the result that the request filed was never resolved. They state that despite having established exclusion zones from the initial forest reserve, the amounts for expropriation have not yet been paid to them, as established in article 9 of Decree 8494-A. Likewise, they are not permitted to exploit them in a controlled manner, contrary to the provisions of article 8, despite having requested and processed the corresponding permits, and that the prohibition on forest exploitation and agricultural, livestock, industrial, or commercial activity is in clear violation of constitutional norms that guarantee the enjoyment of private property, the right to work, to life, to liberty, to equality, and to security. They request that if their lands are included within the Forest Reserve, due process be followed and prior compensation be paid, subject to an objective appraisal, and that expropriation subsequently proceed. 2) In his legally required report, rendered under oath, the respondent Minister of Agriculture and Livestock, Ricardo Garrón Figuls, states that the management and execution of what was and is provided for in Executive Decree 8494-A is currently the competence of the Ministry of Environment and Energy; he indicates that, as this is a matter within the knowledge of said Ministry, he has had no participation whatsoever in the investigated facts; however, he points out that at the historical moment of issuance of Decree 8494-A, it was issued in compliance with the legal provisions in force at that time relating to Forest Law 4465, which are maintained in the new Forest Law 7575, so the alleged violation of the property right cited by the petitioners cannot exist; that subjection to the forest regime is permitted by Law and that therefore, under the nature of a limitation on the right of property which refers to its exercise, use, or disposal, it does not curtail the constitutionally guaranteed property right as such, which remains intact. He states that the right to work is also not violated, since what is required is a management plan for the forest resource on the lands subject to the regime, and unless the owners or possessors have failed to comply with the requirements demanded by law, it would be possible that a specific use has not been authorized, a situation that he cannot explain due to lacking competence for it or knowledge of the administrative file.

3) For their part, the Minister of Environment and Energy, René Castro Salazar, and the Director of the National System of Conservation Areas, Luis Rojas Bolaños, indicated in their report that while it is true and clear is that as long as payment or expropriation does not occur, the Administration cannot carry out acts of possession to the detriment of its legitimate owners or possessors. Furthermore, the Ministry has not received, currently or in the past, requests or the submission of documents to carry out administrative procedures for the payment of compensation or expropriation from the petitioners. They state that the only request for forest harvesting (aprovechamiento forestal) was filed by Mr. Nombre143570 on behalf of Nombre143571, representing Mr. Nombre3448 at the Brunca Regional Forest Office in 1992, and was archived by resolution 549-92 ORFB of twelve hours on October 9, 1992, because they failed to submit a series of indispensable documents for granting the requested permit, and in accordance with the provisions of article 264 in relation to article 287.2 of the General Law of Public Administration, a period of ten working days was granted to submit the missing documentation, and they did not comply. They indicate that nevertheless, and after the period granted had elapsed, the administrative file was archived with the actions of Nombre143571 representing Mr. Nombre3448, which demonstrates that the Ministry is not limiting the use, enjoyment, or freedom of work of the petitioners, since they did not complete the necessary documentation to continue with the procedures. They state that there are no documents in the files kept for this purpose that prove what the petitioners claim regarding the decennial possession they have exercised, in addition to indicating that the limitations imposed by law do not go beyond the limitations that apply to any property in the national territory, whether inside or outside a forest reserve, since any owner or possessor needs a permit, which is granted by the State Forest Administration, to carry out any type of activity, provided they comply with the requirements established by our legislation.

4) The requirements of law have been observed in the terms and procedures.

Drafted by Judge Vargas Benavides; and,

WHEREAS

I.- PROVEN FACTS: The following facts are deemed proven and of importance for the decision on the amparo action filed:

A) That the members of the petitioning union hold lands as possessors or, in some cases, as owners that were affected by the limitations established by decrees 8494-A, 9388-A and 10142-A regarding their declaration as Forest Reserve (see folios 97 to 350 of volume I of the file and 381 to 730 of volume II of the file).

B) That as of the date of filing of the amparo action, no amount whatsoever had been paid for expropriation or direct purchase in favor of the petitioners, and that during the last four years this has not been done either (report at folios 744 to 748 of volume II of the file).

II.- UNPROVEN FACTS: The following is of importance for the resolution of this action:

A) That the census ordered to be carried out by the Forestry Directorate (Dirección General Forestal) or the ITCO regarding the lands to be acquired exists (folio 743 article 11 of Executive Decree number 8494-A).

III.- ON THE MERITS: The amparo action was filed as a consequence of the promulgation of Executive Decrees 8494-A, 9388-A and 10142-A, insofar as they impose restrictions on the property right of the members of the petitioning Union, who consider that their rights to work, liberty, equality, security, and property are violated, given that despite the absence of expropriation proceedings, they have been illegitimately deprived of and limited in the use of their lands, preventing their access to the only means of subsistence they and their families possess.

IV.- The point regarding the constitutionality of the executive decrees that provide the basis for this amparo and its implications has been duly resolved by this Chamber through judgment number 1019-97 of fourteen hours forty-eight minutes on the eighteenth of February, nineteen ninety-seven, declaring it without merit because the limitations imposed on the property are compensable and allow the possessor or possessors to access the Forest Reserve Regime voluntarily or to opt for expropriation; therefore, what is established in the questioned decrees is appropriate in terms of its application, provided that the administration complies with its obligation, which is to ensure that expropriation proceedings are duly processed, within the legally established time frame, and, especially, before the administration initiates possessory acts regarding the expropriated property or properties, with the corresponding compensation being due before the administration takes definitive possession of the properties, as established by article 45 of the Magna Carta.

V.- Thus, it is appropriate to analyze the merits of the amparo action, which lies in the lack of compensation that the petitioners have been subjected to, according to their claim, before the administration has taken definitive possession of the properties declared an integral part of the Forest Reserve. This Tribunal must first analyze the text of the Executive Decree that imposes subjection to the Forest Regime on the lands in the Osa Forest Reserve, namely number 8494-A of April 28, nineteen seventy-eight, which in its article 8 indicates:

"Registered farms, farms with decennial possession, and farms in precarious possession established within the limits of the Reserve are automatically subjected to the Forest Regime. Agricultural work carried out on these farms must have the written authorization of the Forestry Director (Director General Forestal) while the State does not acquire them."

Article 9 of this decree establishes:

"The Forestry Directorate (Dirección General Forestal) shall arrange for the direct purchase or expropriation of lands reduced to private domain that are located within the demarcation of this Reserve and that are indispensable for its integration."

For its part, article 11 of the same establishes:

"The acquisition of the lands that may be necessary shall be carried out in accordance with the census that the Forestry Directorate or the ITCO shall conduct for this purpose."

As can be observed, article 8 compulsorily assigns all lands located within the limits of the Forest Reserve to the Forest Regime, allowing their exploitation through permits granted to possessors prior to the acquisition of the lands. This measure seeks to establish protection for the right to use and enjoyment of the property for those affected by the decree, allowing them to have the necessary sustenance while the administration pays the corresponding amounts for expropriation.

VI.- Article 9 of Executive Decree 8494-A places upon the Forestry Directorate (Dirección General Forestal) the obligation to ensure compliance with the expropriation or direct purchase proceedings for lands subject to private domain. At this point, it is worth emphasizing that the expropriation proceeding is not a proceeding carried out at the request of a party but rather is an obligation for the administration, as the interested party in the property, which must ensure that constitutional norms are fully complied with. Furthermore, it is necessary to point out that the expropriation proceeding is appropriate in every case where a right of ownership over land is affected, whether exercised through possession with title of ownership under the terms established by the Civil Code or as the registered owner thereof. This right that assists the affected party is established by Executive Decree 8494-A by ordering the expropriation or direct purchase proceeding for all lands under private domain - understanding private domain to include, in addition to those lands possessed under legitimate titles that attest to the condition of owners, those that do not have such a title and are mere de facto possessors - that are located within the limits of the Reserve.

VII.- The expropriation or direct purchase of the lands must be ordered and determined, and that is what Decree 8494-A does in its rule 11, when it imposes the conducting of a census to determine who the occupants or owners of the lands are, under what title they occupy them, and the values thereof, likewise determining who must be compensated, having all affected parties as participants in the process to guarantee their constitutional rights. Although the Decree established this obligation for the Forestry Directorate (Dirección General Forestal) or the ITCO at that time, there is no evidence in the file of its compliance by the Administration, despite this census being the starting point for expropriation proceedings or direct purchases. This action, coupled with the fact that it is evident - as stated by the respondent Minister of Environment and Energy in his report under oath - that no expropriation proceeding has been initiated because the petitioners did not request it, constitutes a violation of the right contained in article 45 of the Political Constitution, a situation that this Tribunal must uphold to safeguard the rights of the petitioners and guarantee the faithful compliance with the provisions of Executive Decrees 8494-A, 9388-A and 10142-A.

VIII.- Thus, and with many years having elapsed without the Administration complying with the provisions of Decrees 8494-A, 9388-A and 10142-A, and having had throughout all that time the possibilities to do so without the situation of the petitioners and the State having been consolidated to date, this Chamber orders the Ministry of Environment and Energy to proceed to conduct - if not already done - the census established in article 11 of Executive Decree 8494-A and to initiate the expropriation or direct purchase proceedings, as appropriate, having to proceed to prepare, jointly with those petitioners who, as a result of the census, are found to be legitimate owners or possessors, a land exploitation plan in accordance with the Regime to which the lands are subjected, which allows the legitimate owners or possessors their sustenance and subsistence while the expropriation proceeding lasts. THEREFORE

The action is granted. Consequently, the Ministry of Environment and Energy, through the Forestry Directorate (Dirección General Forestal) or the Directorate of the National System of Conservation Areas, and upon notification of this resolution, must proceed to comply with the provisions of Executive Decrees 8494-A, 9388-A and 10142-A, and initiate the expropriation proceedings. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment in the contentious-administrative proceedings.

Luis Paulino Mora Mora

President

R. E. Piza E. Luis Fernando Solano C.

Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B.

Carlos Ml. Coto Albán Alejandro Rodríguez V.

AVB/jja/abu/3605-V-96

??

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SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República