Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)El Ministerio de Ambiente y Energía, que es el ente rector en la materia ambiental, informa a la Sala que está autorizado para declarar proyectos de conveniencia nacional a la luz de los artículos 19, inciso b), y 34, y de conformidad con el 3, inciso m), todos de la Ley Forestal, regulan la posibilidad de exceptuar las prohibiciones del régimen forestal ligadas a la propiedad privada, pero que, éstas “no aplica(n) para cualquier situación o proyecto, sino únicamente para aquellos casos en los que se logre demostrar que los beneficios sociales sean mayores que el costo socioambiental, no obstante no consta en este Despacho los estudios y valoración social y económica que así lo justifiquen, lo anterior sin dejar de lado, que el proyecto se realiza sobre territorio indígena”. De este modo, para resolver la acción, esta afirmación debe tomarse como lo que es, la admisión de que no se llevó a cabo una parte esencial del procedimiento administrativo.
Así, la ausencia de los estudios socioambientales para superar las prohibiciones contenidas en la Ley Forestal, como sería la tala de árboles en zonas de protección, incluidas aquellas ubicadas en la propiedad comunal indígena, no es otra cosa que una actuación contraria a los principios de la buena fe y al mismo Convenio N° 169, que lo erige como un elemento -de confianza- importante para la conducción del Estado frente a las comunidades indígenas bajo su jurisdicción. Dicho ligamen es importante, incluso en la fase preliminar, de ahí la necesidad de que cualquier proyecto que incluya territorio indígena debía contar con la consulta, a estos pueblos, como a cualquier otro que pudiera verse afectado.
En consecuencia, no hubo ningún estudio que pudiera demostrar la ponderación del balance exigido por la normativa, mucho menos, con el agravante para el caso, que el análisis no solo estaría exigido para la determinación de los costos socio-ambientales, como ocurriría para las entidades representativas de intereses de carácter general o corporativo, sino que para una parte de la población costarricense protegido por el Convenio N° 169, de la Organización Internacional de Trabajo.
English (translation)The Ministry of Environment and Energy, which is the governing body in environmental matters, informs the Chamber that it is authorized to declare projects of national convenience in light of articles 19(b) and 34, and in accordance with article 3(m), all of the Forestry Law, which regulate the possibility of excepting the prohibitions of the forestry regime linked to private property, but that these 'do not apply to any situation or project, but only to those cases in which it can be demonstrated that the social benefits are greater than the socio-environmental cost; however, this Office does not have the studies and social and economic assessment that so justify it, without ignoring that the project is carried out on indigenous territory.' Thus, to resolve the action, this statement must be taken for what it is, the admission that an essential part of the administrative procedure was not carried out.
Thus, the absence of the socio-environmental studies to overcome the prohibitions contained in the Forestry Law, such as the felling of trees in protection zones, including those located on indigenous communal property, is nothing other than an action contrary to the principles of good faith and to Convention No. 169 itself, which establishes it as an important element—of trust—for the State's conduct towards indigenous communities under its jurisdiction. This connection is important, even in the preliminary phase, hence the need for any project that includes indigenous territory to have consultation with these peoples, as with any other that could be affected.
Consequently, there was no study that could demonstrate the weighing of the balance required by the regulations, much less, with the aggravating factor for the case, that the analysis would not only be required for the determination of socio-environmental costs, as would occur for representative entities of general or corporate interests, but for a part of the Costa Rican population protected by Convention No. 169 of the International Labour Organization.
Partially granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 01622 - 2022 Fecha de la Resolución: 19 de Enero del 2022 a las 13:00 Expediente: 18-005745-0007-CO Redactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad Control constitucional: Sentencia estimatoria Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con Voto Salvado Sentencias del mismo expediente Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés: Temas Estrategicos: Ambiental,Constitución Política Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Subtemas: NO APLICA. Tema: AMBIENTE Subtemas: NO APLICA. Descriptor: AMBIENTE. PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL DIQUÍS Expediente: 18-005745-0007-CO Sentencia: 001622-22 de 19 de enero de 2022 Tipo de asunto: Acción de inconstitucionalidad Norma impugnada: Decreto Ejecutivo No. 34312 de 6 de febrero de 2008, “Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 31 de 13 de febrero de 2008. Parte dispositiva: Se declara parcialmente CON LUGAR la acción. En consecuencia, se anula por inconstitucional el Decreto Ejecutivo N° 34312-MP-MINAE de 06 de febrero de 2008, denominado "Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad". Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensionan los efectos en el sentido de que la inconstitucionalidad declarada no afecta la información obtenida durante la vigencia y recolección de la misma, no será necesario volver a repetir las acciones y estudios si cumplieron la función técnica y científica para el cual fueron diseñados para el proyecto, así como para fundamentar las solicitudes que correspondan ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, las que se podrían considerar válidas para esos propósitos, todo a juicio de esta. Todo lo anterior a fin de no repetir las acciones que eviten perturbar los derechos de las comunidades indígenas y su territorio. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el efecto retroactivo de la anulación no se aplica respecto de aquellas relaciones o situaciones jurídicas que se hubieren consolidado por prescripción o caducidad, en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material o por consumación en los hechos, cuando éstos fueren materialmente o técnicamente irreversibles, o cuando su reversión afecte seriamente derechos adquiridos de buena fe. Así, esta declaración se hace sin perjuicio de los acuerdos alcanzados entre el Instituto Costarricense de Electricidad y las asociaciones representativas de las comunidades indígenas, que tuvieron como resultado el desistimiento del proceso en la sede de la jurisdicción ordinaria. En lo demás, se declara sin lugar la acción. Los Magistrados Rueda Leal y Garro Vargas salvan el voto y declaran sin lugar la acción. Comuníquese este pronunciamiento a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como al Instituto Costarricense de Electricidad. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese.- CO08/22 I.- Sobre la admisibilidad. El artículo 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, regula los presupuestos que determinan la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad, exigiendo la existencia de un asunto pendiente de resolver en sede administrativa o judicial en el que se invoque la inconstitucionalidad, requisito que no es necesario en los casos previstos en los párrafos segundo y tercero de ese artículo, es decir, cuando por la naturaleza de la norma no haya lesión individual o directa, cuando se fundamente en la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto, o cuando sea presentada por el procurador General de la República, el contralor General de la República, el fiscal General de la República o el defensor de los Habitantes, en estos últimos casos, dentro de sus respectivas esferas competenciales. Dispone el texto en cuestión que procede cuando "por la naturaleza del asunto, no exista lesión individual ni directa". En segundo lugar, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de "intereses difusos"; este concepto, cuyo contenido ha ido siendo delineado paulatinamente por parte de la Sala, podría ser resumido en los términos empleados en la Sentencia N° 1993-3750 de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993: "… Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter". En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de "difusos", tales como: el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. Al respecto, deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren, en principio, a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés que atañe a todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su obligación -como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda, de ninguna manera, llegar a entenderse que solo pueden ser considerados derechos difusos aquellos que la Sala expresamente haya reconocido como tales. II.- Sobre la legitimación del accionante y las coadyuvancias incoadas extemporáneamente. En criterio de la Sala, es claro que el accionante tiene una doble legitimación para interponer la acción de inconstitucionalidad, claramente expresado y delimitado en el considerando anterior, basado en el interés difuso para la defensa del medio ambiente, como también, para la defensa de intereses que atañen a la colectividad al deducir una pretensión por su condición de persona indígena, que en su caso sería la protección de los derechos de los pueblos indígenas. En Sentencia N° 2019-017397 de las 12:54 horas del 11 de septiembre de 2019, se indicó que: “en asuntos análogos al presente, esta Sala ya ha admitido la legitimación directa para formular acción de inconstitucionalidad, al tenor de lo previsto en el citado artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, párrafo segundo, en tanto que el interés que detentan los accionantes y que los legitima para interponer esta acción de inconstitucionalidad es el referido interés corporativo o que atañe a esa colectividad jurídicamente organizada (véase, entre otras, la sentencia número 2000-11530 de las 14:43 horas del 21 de diciembre de 2000 y la sentencia número 2011012975 de las 14:30 horas del 23 de septiembre de 2011). En este sentido, […], este Tribunal también tiene por admitida esta acción al velar por la defensa de un interés que atañe a una colectividad, en este caso los derechos de los pueblos indígenas”. En el mismo sentido, puede de igual forma consultarse la Sentencia N° 2014-005251 de las 14:30 horas del 23 de abril de 2014. Dado que por resolución de las 9:03 horas del 31 de mayo de 2018, la presidencia de esta Sala resolvió todos los escritos de los días 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, y 18 de mayo de 2018, presentados en tiempo, con excepción del 29 de mayo, de ese año, igual suerte debe correr el escrito presentado por el señor Mario Enrique Mora Badilla, dado que fue incoado el 17 de junio de 2018. De este modo, su gestión debe ser rechazada por extemporánea. III.- Objeto de la impugnación. La acción tiene como objetivo impugnar los artículos 1 y 9, del Decreto Ejecutivo N° 34312-MP-MINAE de 06 de febrero de 2008, denominado “Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad”, que establece: Nº 34312 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA En el ejercicio de las facultades que les confiere el artículo 140 incisos 8) y 20) de la Constitución Política, los artículos 3 inciso m), 19 inciso b) y 34 de la Ley Forestal, Nº 7575 del 13 de febrero de 1996 y los artículos 1, 6, 7, y 19 del Código de Minería, Ley Nº 6797 del 4 de octubre de 1982. Considerando: I.—Que entre las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Jorge Manuel Dengo Obregón, se encuentra reducir la dependencia de combustibles importados, aprovechar mejor las fuentes de energía renovable del país y llegar a producir el 100% de la electricidad del país a partir de fuentes de energía renovables. Adicionalmente el acuerdo No. 24 del 7 de diciembre del 2006, declaró de interés público la Iniciativa “Paz con la Naturaleza” impulsada por la Presidencia de la República, mediante la cual Costa Rica se comprometió a ser neutral en carbono, o “C-Neutral”, para el año 2021. II.—Que de acuerdo con las disposiciones del Decreto Ley Nº 449 del 8 de abril de 1949, el Instituto Costarricense de Electricidad, en adelante el ICE, tiene como responsabilidad fundamental encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar para el pueblo de Costa Rica. III.—Que el Decreto Ejecutivo Nº 26728-MP-MINAE del 20 de febrero de 1998, dispone en su artículo 1º declara de interés público los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo el artículo 4 del Decreto Ejecutivo Nº 33619 del 20 de febrero del 2007, declara de conveniencia nacional e interés público los planes de expansión del ICE y sus empresas, en los Sectores de Electricidad y Telecomunicaciones. IV.—Que los proyectos desarrollados por el ICE deben estar precedidos de procesos participativos de negociación y consulta, a fin de establecer puntos de concertación con las diferentes comunidades involucradas en el desarrollo de sus proyectos y de garantizar que las necesidades energéticas del país se satisfagan en armonía con el ambiente. V.—Que el país necesita el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, cual forma parte del Plan de Expansión de Generación Eléctrica y se operar utilizando las aguas del río General que recorren los cantones de Bueno Aires, Osa y Pérez Zeledón; para lo que se requiere que los distintos órganos: y entes públicos brinden un trámite prioritario, expedito y efectivo a las gestiones del Instituto con la finalidad de asegurar la implementación oportuna del Proyecto. VI.—Que los artículos 1, 6, 7, y 19 del Código de Minería, Ley Nº 6797, declaran de utilidad pública toda actividad minera y reconocen al Estado el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible sobre todos los recursos minerales que existen en el territorio nacional, y en su mar patrimonial; otorgándole además la prioridad para explorar las riquezas naturales en cualquier momento y para la búsqueda de cualquier sustancia mineral, pudiendo hacerlo por si o por medio de organismos que dependan de él. VII.—Que el ICE llevó a cabo de forma exhaustiva un estudio geotécnico de materiales necesarios para la construcción de las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, del cual se desprende la necesidad de reservar algunas áreas cercanas a las futuras obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, que se han visualizado como posibles fuentes de materiales a utilizar en las obras. VIII.—Que en la fase de pre ejecución -finalización de estudios y diseño final de las obras- y durante la fase constructiva del proyecto se requiere de la corta focalizada de especies arbóreas declaradas en veda; además se requiere recolectar, extraer y reubicar fauna y especies vegetales menores tales como: orquídeas, herbáceas, bromelias, helechos arborescentes, bambúes silvestres, arbustos, bejucos, principalmente, para fines de investigación científica. IX.—Que los artículos 19 inciso b) y 34 de la Ley Forestal Nº 7575 prohíben el cambio de uso de suelo y la corta de árboles en terrenos cubiertos de bosque y en áreas de protección, exceptuando aquellos proyectos estatales o privados que el Poder Ejecutivo declare de Conveniencia Nacional, sean los proyectos cuyos beneficios sociales sean mayores a los costos socio ambientales. X.—Que se hace necesario eximir al ICE de los requisitos establecidos en el artículo 89 del reglamento la Ley Forestal, para cortar y aprovechar el recurso forestal existente en ellos. Por tanto, DECRETAN: Artículo 1º—En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3º inciso m), 19 inciso b) y 34 de la Ley Forestal Nº 7575 del 13 de febrero de 1996, se declara de Conveniencia Nacional e Interés Público los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad, en adelante el ICE. […] Artículo 9º-Se exceptúa al ICE de: a) El artículo 89 del Decreto Ejecutivo Nº 25721 del 17 de octubre de 1996, en relación con los requisitos para demostrar la titularidad de la propiedad de los inmuebles en los que se desarrollará el Proyecto. b) El Decreto Ejecutivo Nº 25700 del 15 de noviembre de 1996, sobre la veda establecida para la corta y aprovechamiento de las especies referidas, c) El artículo 37 del Decreto Ejecutivo Nº 32633 del 10 de marzo del 2005, sobre la recolecta, extracción y reubicación de especies de flora y fauna situadas en las áreas de investigación y sitios de obras del Proyecto, sus obras de transmisión asociadas y sus sitios de aprovechamiento de minerales no metálicos, y d) El artículo 20 del Decreto Ejecutivo Nº 32553 del 29 de marzo del 2005, en materia de prohibiciones y condiciones. […]”. A su vez, para mejor entender los alcances de la disposición y sus efectos, con el propósito de ilustrar el caso que nos ocupa, es relevante transcribir el numeral 89 del Reglamento a la Ley Forestal, N° 7575, que dice lo siguiente: “Artículo 89- Los aprovechamientos en bosque, la corta de árboles en áreas agrícolas, urbanas, los proyectos agroforestales, los proyectos de reforestación y regeneración natural y los proyectos de pago de servicios ambientales, con o sin incentivos, podrán realizarse en terrenos de dominio privado inscritos, o en terrenos sujetos a posesión."(sic) Para demostrar la titularidad de la propiedad será necesario presentar certificación registral o notarial, donde se establezca la descripción del inmueble, gravámenes y anotaciones. Para demostrar la titularidad de la posesión, se deberá presentar certificación judicial de la existencia de sentencia firme en el trámite de información posesoria correspondiente. En fincas inscritas podrá autorizarse el aprovechamiento cuando existan contratos de arrendamiento, o cualquier otra modalidad contractual, en estos casos deberá presentarse certificación registral o notarial de la inscripción del arrendamiento al Registro Público, donde se indique expresamente la posibilidad otorgada al arrendatario de disponer del recurso forestal; en las modalidades contractuales no sujetas a inscripción, se deberá presentar certificación registral o notarial de la propiedad y documento público que demuestre la existencia del contrato sus alcances. (Así reformado por Artículo 1° del Decreto Ejecutivo N° 27925 del 30 de abril de 1999) (NOTA: Mediante el artículo 9° del decreto ejecutivo N° 34312 del 6 de febrero de 2008, se establece que se exceptúa al ICE de los requisitos para demostrar la titularidad de la propiedad de los inmuebles en los que se desarrollará el proyecto)”. IV.- Sobre el fondo. Esta Sala se avocará al problema que se presenta en el caso que nos ocupa, especialmente, a la luz de lo informado por el Ministro de Ambiente y Energía, en cuanto afirma que el Decreto Ejecutivo que declaró al Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, como un proyecto de conveniencia nacional, fue promulgado conteniendo importantes omisiones; adicionalmente, la problemática ha evolucionado de distintas maneras; incluso, ello se ha reflejado en otros procesos tramitados ante este Tribunal. Pero, antes, se deberá resolver los alegatos del accionante sobre la propiedad indígena, para definir la naturaleza de la propiedad de las reservas indígenas; y, si es procedente que se pueda proceder o no, con el levantamiento de prohibiciones contenidas en la Ley Forestal. Finalmente, resolver los restantes alegatos como la personalidad del Río Grande de Térraba. En lo demás alegado, se resolverá conforme se vayan despejando los diferentes cuestionamientos constitucionales enunciados. V.- Sobre la propiedad indígena en el Derecho Internacional. Lo primero que debe decirse, es que mediante la Sentencia N° 1992-003003 de las 11:30 horas del 7 de octubre de 1992, esta Sala estableció, en cuanto al Convenio N° 169, de la Organización Internacional de Trabajo que: “[...] El Convenio consultado, dentro del ámbito general de las materias encomendadas a la Organización Internacional de Trabajo (OIT) plasma en un instrumento internacional jurídicamente exigible, una serie de derechos, libertades y condiciones económicas, sociales y culturales tendentes, no sólo a fortalecer la dignidad y atributos esenciales a los indígenas como seres humanos, sino también, principalmente, a proveer medios específicos para que su condición de seres humanos se realice plenamente a la vista de la situación deprimida, a veces incluso explotada y maltratada, en que viven los aborígenes de muchas naciones; situación que no es del todo ajena al Continente Americano, donde las minorías, y a veces mayorías indígenas se encuentran prácticamente marginadas de la civilización predominante, mientras, por otra parte, sufren la depresión y el abandono de sus propias tradiciones y culturas. Hoy, en el campo de los derechos humanos, se reconoce, en resumen: a) Que es necesario reconocer a los indígenas, además de la plenitud de sus derechos y libertades como seres humanos, otras condiciones jurídicamente garantizadas, mediante las cuales se logren compensar la desigualdad y discriminación a que están sometidos, con el propósito de garantizar su real y efectiva igualdad en todos los aspectos de la vida social: b) Que es también necesario garantizar el respeto y la conservación de los valores históricos y culturales de las poblaciones indígenas, reconociendo su peculiaridad, sin otra limitación que la necesidad de preservar, al mismo tiempo, la dignidad y valores fundamentales de todo ser humano reconocidos hoy por el mundo civilizado -lo cual implica que el respeto a las tradiciones, lengua, religión y en general cultura de esos pueblos solo admite como excepciones las necesarias para erradicar prácticas universalmente consideradas inhumanas, como el canibalismo-; c)Sin perjuicio de lo anterior, debe también reconocerse a los indígenas los derechos y medios necesarios para acceder, libre y dignamente, a los beneficios espirituales y materiales de la civilización predominante -medios entre los cuales destaca por su importancia el acceso a la educación y a la lengua oficial…”. Esta decisión forma parte del corpus iuris de este Tribunal, el que inicia cuando se tramitó la consulta legislativa de constitucionalidad para la aprobación del Convenio N° 169, de la Organización Internacional de Trabajo, decisión que reconoce el robustecimiento de una serie de derechos, libertades y condiciones económicas, sociales y culturales, que fortalecerían la dignidad y atributos esenciales de los pueblos indígenas en el país, y el otorgamiento de medios específicos para darles plenitud a sus derechos. Por otra parte, mediante la Sentencia N° 2002-03468 de las 16:04 horas del 16 de abril de 2002, la Sala estableció que: “En ese sentido, la Constitución Política, si bien no contiene un estatuto específico respecto de los derechos de las comunidades autóctonas, de su sistema (en especial de las normas contenidas en los artículos 28, 33, 50 y 74) es posible colegir un principio de reconocimiento de tales prerrogativas, basado en la idea de respeto y protección estatales, como deberes ante las comunidades indígenas, velando por la preservación de su cultura y al mismo tiempo el acceso de sus integrantes a los frutos que el desarrollo nacional produce. Lo anterior es reafirmado por el numeral 76 constitucional, que expresamente plantea impone al Estado el deber de mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas. Así, puede la Sala partir como premisa del reconocimiento constitucional hecho a favor de la identidad cultural y protección de los pueblos indígenas que habitan el país. El Derecho Internacional, por su parte, ha sido profuso en el reconocimiento de derechos de estas comunidades, destacando en ese sentido lo establecido en los siguientes instrumentos: Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 1, 2.1, 7, 17.1 y 27), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (27), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1.1 y 2), Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (2, 13 y 23), Convención Americana sobre Derechos Humanos (24 y 26). En forma concreta, ha sido la Organización Internacional del Trabajo la que ha generado la regulación más específica respecto de los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, los convenios números 107 y 169 contienen una detallada enumeración de derechos reconocidos a estos pueblos. Del Convenio número 107, resulta especialmente importante para el caso en estudio lo establecido en la Parte II (régimen de propiedad de las tierras indígenas). Del 169, también la Parte II regula lo atinente a las tierras indígenas”. Posteriormente, en esa misma sentencia, se agrega: “No cabe duda, por ende, que el Estado costarricense ha reconocido en forma amplia los derechos que corresponden a los grupos indígenas que habitan el país. Lo mismo se puede decir respecto del específico derecho de propiedad comunal que corresponde a tales comunidades en razón de su pertenencia tradicional. Los grupos de personas pertenecientes a las comunidades autóctonas tienen el derecho de vivir en las tierras donde históricamente han estado asentados, y el Estado debe garantizar plenamente el disfrute de este derecho fundamental. Para ello, la legislación nacional dispuso el traspaso registral de tales tierras a las respectivas comunidades indígenas (Ley número 6172, artículo 9°, antes transcrito), imponiéndose al Instituto de Desarrollo Agrario el deber de proceder a efectuar todos los trámites necesarios a fin de garantizar la efectiva verificación de dicho traspaso”. Entonces, resulta de vital importancia para la decisión del caso que nos ocupa, la regulación de la propiedad indígena, cuyo tratamiento se encuentra en varias de las disposiciones del Convenio N° 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de 1989, de la Organización Internacional de Trabajo. En esta Convenio, es claro que constituye una veta jurídica de gran trascendencia para el derecho a la propiedad indígena, con el que, a su vez, estaría resguardando una serie de derechos reconocidos expresamente para los grupos indígenas. Se debe entender que todo lo anterior, incluye claramente como telón de fondo un verdadero derecho de posesión pacífica de los territorios indígenas, que haga posible la vivencia de la cultura, tradiciones y la vida espiritual, concebida autónomamente por ellos. Si bien se puede utilizar el término tierras o territorios, debe señalarse que la utilización del término “tierras” no debe ser restrictivo, sino, por el contrario, es preferible el uso de la palabra territorio, que es más comprensivo de los intereses y derechos de los pueblos indígenas. De este modo, en su articulado, se reconoce, con toda claridad, lo siguiente: “Artículo 13. 1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. 2. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera. Artículo 14. 1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. Artículo 15. 1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades”. Los pueblos indígenas tienen el derecho a la protección de la propiedad comunitaria en forma privativa y exclusiva, mediante los distintos remedios jurisdiccionales que otorga el ordenamiento jurídico costarricense, por sí mismos y/o con el concurso del Estado, o incluso en oposición al propio Estado cuando no sigue las formalidades legales y convencionales establecidas. Para una correcta decisión en el caso que nos ocupa, de conformidad con los alegatos del accionante, es importante abordar el tema del régimen general de los derechos fundamentales, en función de la propiedad colectiva indígena acordada en el Derecho de la Constitución. VI.- Sobre el derecho a la propiedad comunal indígena en la legislación nacional. También, para abordar el tema de la propiedad indígena que nos ocupa, cabe indicar que la Ley Indígena, N° 6172 del 29 de noviembre de 1977, define quiénes son los indígenas, cuáles son las estructuras que les gobierna a la interno y externo de las reservas; y, principalmente, en lo que atañe a la acción, el problema de la propiedad de las reservas indígenas, sus protecciones de forma clara y prístina. Así, “Artículo 1°.- Son indígenas las personas que constituyen grupos étnicos descendientes directos de las civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad. Se declaran reservas indígenas las establecidas en los decretos ejecutivos números 5904-G del 10 de abril de 1976, 6036-G del 12 de junio de 1976, 6037-G del 15 de junio de 1976, 7267-G y 7268-G del 20 de agosto de 1977, así como la Reserva Indígena Guaymí de Conteburica. Los límites fijados a las reservas, en los citados decretos, no podrán ser variados disminuyendo la cabida de aquéllas, sino mediante ley expresa. Artículo 2°.- Las comunidades indígenas tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de toda clase. No son entidades estatales. Declárase propiedad de las comunidades indígenas las reservas mencionadas en el artículo primero de esta ley. La Procuraduría General de la República inscribirá en el Registro Público esas reservas a nombre de las respectivas comunidades indígenas. Las reservas serán inscritas libres de todo gravamen. Los traspasos del Estado a las comunidades indígenas serán gratuitos, no pagarán derechos de Registro y estarán exentos de todo otro tipo de carga impositiva conforme a los términos establecidos en la Ley de CONAI. Artículo 3°.- Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas solo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierra o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las reservas indígenas estarán exentos de toda clase de impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros Artículo 4°.- Las reservas serán regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales o de las leyes de la República que los rijan, bajo la coordinación y asesoría de CONAI. La población de cada una de las reservas constituye una sola comunidad, administrada por un Consejo directivo representante de toda la población; del consejo principal dependerán comités auxiliares si la extensión geográfica lo amerita”. Sobre el particular, se hace necesario transcribir la jurisprudencia de la Sala sobre este tema, en cuanto quedó definido en la Sentencia N° 2014-05251 de las 14:30 horas del 23 de abril de 2014, que: “…, de la simple lectura de las disposiciones de la Ley indígena que se han trascrito, se extrae que es la Ley -no el reglamento- es la que establece la propiedad y organización comunitarias. El párrafo segundo del numeral 2° regula esa propiedad comunitaria al indicar: “… Declarese (sic) propiedad de las comunidades indígenas las reservas mencionadas en el artículo primero de esta ley…”. En cuanto a la organización el mismo cuerpo normativo establece que “… las reservas serán regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales o de las leyes de la Republica que los rijan, bajo la coordinación y asesora (sic) del CONAI” (el destacado no es del original). Ahora bien, es la Ley Sobre el Desarrollo de la Comunidad (N° 3859), la que regula las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad y el artículo 3° del Reglamento a la Ley indígena que se impugna, no ha hecho más que concretar el tipo de organización que responde a las bases establecidas por el legislador en la Ley indígena que le sirve de marco, lo que además, se ajusta al Convenio 169 de la organización (sic) Internacional de Trabajo, en tanto materializa la obligación del Estado de velar porque las comunidades indígenas adopten una organización jurídica acorde a sus tradiciones, que les permita el ejercicio de los derechos y obligaciones que la ley les reconoce. …este tipo de estructura jurídica le permite disfrutar a este sector de la población de especiales beneficios (artículo 19 de la Ley 3859) de los que no disfrutarían con otro tipo de estructuración jurídica -verbigracia recibir servicios, donaciones, subvenciones, y transferencias anuales de dinero, tanto del Estado como de sus instituciones-, lo que conlleva, desde luego, el control ordinario de esos recursos públicos”. Cabe señalar, entonces, que de la Ley Indígena se deriva el régimen jurídico de titularidad de las reservas indígenas y el que les brinda las protecciones necesarias para mantener su condición especial de propiedad comunitaria, como también habilitar los canales para recibir los beneficios que les correspondan. Una primera distinción, sin embargo, que se debe hacer, es que esa titularidad no solo recae sobre una persona jurídica privada con capacidad de derecho, sino que la ley también se ocupa de aclarar que no es una organización estatal. En este sentido, al tener “las comunidades indígenas plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de toda clase”, el posterior desarrollo de los preceptos legales estableció que serían gobernadas por las Asociaciones de Desarrollo Comunal, las que, para que funcionen como gobierno local, las que tampoco son organizaciones públicas de base corporativa, sino de sujetos de derecho privado, para todos los efectos les representa. Sobre el particular, esta Sala, en Sentencia N° 2011-012975 de las 14:30 horas del 23 de septiembre de 2011 (entre otras), también se pronunció en los siguientes términos: «La legislación costarricense hace el reconocimiento de la capacidad jurídica del grupo indígena para representarse en los artículos 2 y 4 de la Ley Indígena, 3, 4 y 5 del Reglamento a la Ley Indígena, y el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 13568-C-G de 30 de abril de 1982, donde se reconoce la representación legal de las Comunidades Indígenas en las Asociaciones de Desarrollo Integral, que actúan como gobierno local, pero sin que se les pueda considerar entidades estatales. [...]». Por ello, debe quedar claro que los bienes inmuebles a nombre de las asociaciones, de las comunidades indígenas, no son bienes de dominio público, aunque traspasados por instituciones públicas a las Asociaciones de Desarrollo Comunal, son de naturaleza privada. A su vez, para la Sala, hay que establecer -también- que a diferencia de la propiedad privada común, dadas las características de la forma colectiva o comunal de la propiedad indígena, se trata de una forma de propiedad privada especial, que no es pública o privada, clásicamente entendida, pero sí amparada a las protecciones del artículo 45, de la Constitución Política, de las disposiciones convencionales aplicables, o de los tratados de Derechos Humanos; y, las que determina la ley. De este modo, puede decirse que es una forma de propiedad privada sui generis, de suyo colectiva o comunal. La Sentencia N° 2011-000397 de las 11:32 horas del 14 de enero de 2011, estableció con certeza que: “Importante es indicar sobre el carácter colectivo o comunitario de la propiedad indígena, ya que la pertenencia de ésta no es personal, sino del colectivo como tal. Entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia a ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica”. Es claro, para la Sala, que el concepto del derecho a la propiedad admite este tipo de propiedad privada sui géneris; tan solo basta recordar que desde hace mucho tiempo el derecho a la propiedad ha evolucionado para superar la concepción clásica de un derecho de primera generación, para aplicarse a una gran diversidad de formas de propiedad y posesión de las cosas. Esto permite entender que se ha rechazado las formas monolíticas del derecho a la propiedad. A esto se le debe agregar, además, que como derecho este viene acompañado de las potestades de todo dueño de exigir ante terceros un disfrute y goce privativo de la propiedad privada, así como también, la del dueño de tolerar las limitaciones que conlleva esa propiedad, cuando se le puede afectar con limitaciones de interés social. Pero, nada de esto, puede entenderse que excluye las formas tradicionales o especiales de defensa de la propiedad privada, especialmente, en cuanto este debe ajustarse a la defensa de los territorios indígenas por parte de las personas legitimas o con interés legítimo para hacerlo. Para el caso de los territorios indígenas, debe tomarse en cuenta que ha sido también modulado el derecho a la propiedad regulado en el artículo 21, de la Convención Americana de Derechos Humanos. En la sentencia del 27 de junio de 2012, del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indicó que: “145. El artículo 21 de la Convención Americana protege la vinculación estrecha que los pueblos indígenas guardan con sus tierras, así como con los recursos naturales de los territorios ancestrales y los elementos incorporales que se desprendan de ellos (cita omitida). Entre los pueblos indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad (cita omitida). Estas nociones del dominio y de la posesión sobre las tierras no necesariamente corresponden a la concepción clásica de propiedad, pero merecen igual protección del artículo 21 de la Convención Americana. Desconocer las versiones específicas del derecho al uso y goce de los bienes, dadas por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo, equivaldría a sostener que sólo existe una forma de usar y disponer de los bienes, lo que a su vez significaría hacer ilusoria la protección de tal disposición para millones de personas (cita omitida)”. La jurisprudencia convencional entonces también reconoce la importancia de la propiedad indígena por el carácter especial que tiene, para la conservación de la cultura indígena y su cosmovisión, para mantenerle intacta y protegida, y por supuesto, resguardada por las obligaciones internacionales derivadas del Convenio N° 169, de la Organización Internacional del Trabajo, como lo alega el accionante. De ahí que, debe tener protecciones y beneficios particulares en la Ley, y en la aplicación de ésta, lo que debería incluir, la cuestión de si el territorio indígena es un concepto que supera una concepción tradicional de tierras, ello incluye una protección especial del bosque sobre esas tierras, razón por la cual debe haber un especial cuidado del Estado en la remoción de las protecciones que tiene para la propiedad privada. El accionante argumenta en ese carácter especial de la propiedad indígena, junto a los compromisos internacionales, que debieran impedir que sea sometida a una declaratoria de conveniencia nacional del Régimen Forestal. Como bien acepta -inicialmente- el accionante, se debe distinguir los territorios indígenas del Patrimonio Natural del Estado, o lo que sería lo mismo, a Áreas Silvestre Protegidas de propiedad estatal. La Sala entiende que la argumentación está dirigida para que no se asimile la propiedad privada especial de los territorios indígenas a la clásica propiedad privada, dado que sobre éstos no hay protecciones específicas como sí las podría haber para el territorio indígena. Ahora bien, en una ocasión, esta Sala estableció que “El régimen jurídico de protección de la propiedad de las Áreas Silvestres Protegidas y las Reservas Indígenas son distintas, toda vez que mientras en la primera es propiedad Estatal, la de las reservas indígenas pertenecen a una forma de propiedad comunitaria, de modo que, aunque éstas últimas son forma especial de propiedad, inscrita a nombre de una Asociación de Desarrollo Integral, no son equivalentes y no pueden asimilarse a las formas de protección de la propiedad de bienes del Estado, especialmente aquellas integradas al Patrimonio Natural del Estado” (Sentencia N° 2010-014772 de las 14:35 horas del 1° de septiembre de 2010). En el caso, la Sala analizó la yuxtaposición de límites del Parque Nacional Corcovado con los territorios pertenecientes a la Reserva Indígena Guaymí de Conteburica. Cabe indicar, entonces, que si los territorios indígenas no pueden ser considerados bienes de dominio público y sus bosques Patrimonio Natural del Estado, no por ello, dejan de ser bienes jurídicos relevantes a los que el Estado costarricense debe conservar y resguardar. Por el contrario, las protecciones que busca el accionante se deben encontrar en el Derecho de la Constitución, de la regularidad de las medidas que se tomen respecto de los territorios indígenas afectados, tomando en cuenta si se incide directa o indirectamente en ellos. También, en el escrito de interposición de la acción, se argumenta la condición especial de los territorios indígenas, la que se debería asimilar -en su criterio- más a bienes de demanio público, para no estar sujeta a una posible declaratoria de conveniencia nacional sobre territorios indígenas. El énfasis de las argumentaciones del accionante se engarza con las protecciones de la inembargabilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad de la propiedad comunal indígena. En criterio de la Sala, el origen de estas restricciones sobre la propiedad privada frente a una libertad de comercio, responde a fines legales distintos, pues en el caso de las Áreas Silvestres Protegidas Estatales se refiere al resguardo ambiental, protección al régimen forestal e hídrico, y para los territorios indígenas se origina en la protección de las costumbres y tradiciones a lo interno de éstos, entre las cuales se protege la negociación de tierras entre indígenas, no así para no indígenas. Esta Sala, en el ejercicio de la jurisdicción de la libertad, al resolver el recurso de amparo de una mujer indígena que convivía con un individuo ajeno al grupo indígena, topó con las medidas de la Asociación de Desarrollo Indígena que le impedían mantener posesión de tierras dentro del territorio indígena. Así, esta Sala, por Sentencia N° 2016-07536 de las 9:05 horas del 3 de junio de 2016, estableció que: “Es por esa razón que en el caso concreto, considera la Sala que no se conculcan los derechos fundamentales de la recurrente. Como se dijo, el Estado ha reconocido la autonomía de los pueblos indígenas así como su estructura social y órganos competentes para tomar decisiones acordes a las costumbres ancestrales. En el sub lite, la amparada se muestra disconforme con una decisión adoptada por Asociación recurrida (sic), lo que, sin embargo, se ha basado en las costumbres de la comunidad indígena Cabécar. En efecto, el peritaje cultural aportado a este asunto demuestra que conforme a la costumbre indígena, si bien en la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó de Turrialba no está prohibida la unión de personas indígenas y no indígenas, no menos cierto es que no se encuentra permitido que tales parejas vivan y posean tierras dentro del territorio indígena. Tal restricción no es infundada, puesto que contribuye a la preservación de la cultura cabécar, la protección de sus costumbres y su territorio, como bien se explica en el mencionado peritaje cultural”. Aquí debe imperar la preservación de la cultura y tradiciones indígenas. No se debe olvidar la relación que mantienen los pueblos indígenas con el territorio y sus recursos naturales, de los cuales obtienen el sustento físico, cultural y espiritual. La inalienabilidad e imprescriptibilidad es para la protección de esa cultura indígena, proscribiendo las prácticas para acceder a los derechos de propiedad por posesión, ya sea por medio de la prescripción positiva o la usucapión. Se debe recordar, que la cosmovisión de la cultura indígena está desligada de las formas más invasivas de la naturaleza, de una mayoría de las personas no indígenas que explotan la tierra. Entonces, aceptar la tesis del accionante, fundamentado en las protecciones de estos territorios en la Ley Indígena, haría muy engorroso conciliar las prácticas y costumbres indígenas con las normas del Patrimonio Natural del Estado, por sus implicaciones sobre el bosque y sus aspectos aprovechables por los indígenas, pues aún cuando el artículo 6, de la Ley Indígena, establece la propiedad indígena comunal, ésta es de toda la comunidad indígena representada por una Asociación de Desarrollo Integral, y a lo interno, es la ley la que les autoriza a construir casas, talar árboles, explotar los recursos maderables o plantar cultivos para su provecho dentro de los límites de las reservas. Por otra parte, se autoriza el aprovechamiento de los recursos naturales, mientras estos sean medios para la preservación de las tradiciones ancestrales. Ahora bien, esta Sala reafirma la obligación de preservar la propiedad indígena como forma de propiedad privada especial y de relevancia constitucional e internacional de los derechos humanos. El valor o preeminencia de la propiedad comunal indígena, no debe confundirse con formas de propiedad pública estatal, con las protecciones y restricciones legales impuestas, como las establecidas en los artículos 2 y 3, de la Ley Indígena, N° 6172 de 29 de noviembre de 1977, éste último en cuanto las declara “… inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan”. Esta argumentación o interpretación de derecho del accionante fue razonablemente rechazada por la Procuraduría General de la República, cuando acertadamente aclara que esta condición de las reservas indígenas no proviene de la asimilación de la propiedad a una figura de dominio público o demanial, es insuficiente con declararlas inalienables e imprescriptibles con relación a los no indígenas, pues no se cumple con un elemento subjetivo de la propiedad como la titularidad administrativa, y el elemento teleológico como el destino al uso público o a un servicio público, y como elemento formal o normativo la sujeción a un régimen jurídico especial de Derecho Administrativo, entre otras cosas. Una interpretación en tal sentido, con la normativa actual, no es procedente. Es comúnmente aceptado que la incorporación de un determinado sector o actividad al dominio público conlleva, a su vez, el acompañamiento de muchas otras normas para la materialización de su incorporación al régimen público derivado de su declaratoria legislativa de “publicatio”, pues debe solucionar aquellos problemas asociados a la incorporación de un bien o actividad privado al régimen de Derecho Público; así, es necesario que el legislador aborde los desajustes que provocaría en el régimen de la propiedad privada. Tal conclusión haría nugatorio una serie de objetivos que se buscan con el Convenio N° 169, de la Organización Internacional del Trabajo, y de la Ley Indígena, como es lograr un gobierno acorde a las costumbres indígenas a lo interno de las reservas indígenas, la materialización de derechos fundamentales de los indígenas, concebidos tanto desde el punto de vista individual como colectivo, reconociendo no solo la existencia de un derecho consuetudinario que valida su propia autodeterminación e identificación como pueblos originarios, sino de preservación, que incluye también la disposición y posesión de los recursos tradicionales dentro de sus territorios. En Sentencia N° 2020-010034 de las 9:05 horas del 2 de junio de 2020, haciendo alusión a la Ley Indígena, se indica que: “El Consejo Nacional de Producción debe dar carácter prioritario al establecimiento de expendios en las comunidades indígenas, y solamente los indígenas podrán construir casas, talar árboles, explotar los recursos maderables o plantar cultivos para su provecho dentro de los límites de las reservas”. Evidentemente, no se podrían conciliar con una declaratoria de patrimonio natural del Estado para los bosques dentro de las tierras indígenas. Debe recordarse que tienen derecho de mantener sus formas de vida tradicional, costumbre, creencias, tradiciones distintivas, estructura social y económico, entre otros, lo cual en efecto puede abarcar el bosque y los ríos desde un punto de vista holístico, de lo contrario implicaría dejar sin contenido “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera” (artículo 13.2, del Convenio N° 169, de la Organización Internacional del Trabajo. El verdadero problema que surge, es el tema de las aguas que discurren por estas cuencas, lo cual deberá ser dilucidado más adelante. En todo caso, en la acción se acusa la afectación a la propiedad indígena, se pide en concreto su protección en favor de individuos concretos, y bajo un régimen jurídico internacional protector. Precisamente, esto tiene incidencia en el cumplimiento de la obligación internacional establecida en el artículo 14.1, del Convenio N° 169, en cuanto establece: “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”, en el mismo 14.2 “Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”. Como tal, las personas indígenas pertenecientes a una comunidad determinada, como las Asociaciones de Desarrollo, son sujetos de derecho privado, evidentemente, se trata de las organizaciones que permiten la autoorganización interna y autónoma de los grupos indígenas y tribales. Como tales, hay protecciones a la propiedad privada comunal que deben aplicarse, dispuestas por la ley, como primer supuesto, y además, ajustar estas conductas del Estado también para cumplir con las obligaciones internacionales. Para todo ello, debe determinarse si, en efecto, el Decreto Ejecutivo impugnado tiene incidencia directa o indirecta, la magnitud de esa afectación, y posteriormente, el cumplimiento del procedimiento establecido en la ley. VII.- Sobre las implicaciones de los derechos de los indígenas. De este modo, los siguientes puntos se examinarán: A.- Se debe asegurar que el Decreto Ejecutivo impugnado no implica -necesariamente- la inundación de los territorios indígenas, a pesar de que sí podría implicar comprometer los derechos fundamentales específicos de pueblos indígenas. Tal como se indicó supra, la Sala ha admitido el carácter especial de la población indígena en nuestro país, como “… los más “naturales” de nuestros naturales”, es igualmente cierto que ningún derecho han obtenido conquistadores y colonizadores, así como quienes heredaron esa posición sobre estos grupos minoritarios étnicos, pues es importante reafirmar que el Estado les debe protección y respeto a la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos, entre ellos el derecho de desenvolverse libremente acorde a los modelos tradicionales de tenencia y uso de la tierra, asociados a su cultura y costumbres, los que sin lugar a dudas son derechos que deben ser resguardados al celebrar la consulta en un adecuado contexto. Adicionalmente, mediante la reforma a la Constitución Política, por Ley N° 9305, del 24 de agosto de 2015, se establece que “Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural”, lo que no podría ser desatendido por este Tribunal. Dicho todo lo anterior, hay que determinar si el Poder Ejecutivo, a través del Decreto Ejecutivo impugnado, afectó en concreto y potencialmente los territorios indígenas. En criterio de la Procuraduría General, eso no está claro en el expediente. Sin embargo, al examinar la jurisprudencia de este Tribunal, es posible tener por acreditado que la aplicación del Decreto Ejecutivo impugnado, mantiene dentro de los límites de la habilitación o autorización, porciones del territorio indígena en cuestión. En concreto, se ha determinado esa afectación por el Estado, de modo que es importante tener en cuenta que ya, mediante la Sentencia N° 2011-12975 de las 14:30 horas del 23 de septiembre de 2011, la Sala estableció que: “III.- SOBRE LA PROPIEDAD DEL PUEBLO INDÍGENA ACCIONANTE. La Reserva Indígena de Térraba se encuentra delimitada en el Decreto Ejecutivo 22203 del 2 de abril de 1993. Asimismo, su fundamento legislativo se desprende de la denominada Ley Indígena No. 6172 del 29 de noviembre de 1977, cuyo artículo 2, en forma expresa, declara propiedad de las comunidades indígenas las reservas mencionadas en su artículo 1°, dentro de las cuales se incluye la reserva Térraba. Ahora bien, de acuerdo con el informe técnico del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (folio 318), el artículo 8 del citado Decreto refiere puntos de coordenadas planas que representan sitios para la explotación de materiales para la presa, casa de máquinas y obras conexas. Por su parte, el proyecto se compone de sitios de explotación, por tanto, no posee un único espacio o área de acción, y como no se manifiestan las dimensiones espaciales de tales sitios o puntos, es imposible por ahora -de acuerdo con la información que consta en este proceso-, calcular un área de terreno en común que pueda existir entre el Proyecto Hidroeléctrico Diquís y la Reserva Indígena de Térraba. No obstante, establecidos los límites de la Reserva Indígena de Térraba sobre las hojas topográficas respectivas, en asocio y ubicación de los lugares que forman parte del proyecto hidroeléctrico, existen tres sitios coincidentes con el área de la Reserva: los puntos 536000 E / 337875 N, 547052 E / 334121 N y 546614 E / 332384 N. Por otro lado, en su informe, el Instituto Costarricense de Electricidad admite que se estarían inundando aproximadamente 74 hectáreas en la reserva indígena de China Kichá y 653 hectáreas de la reserva indígena de Térraba. En total se inundarían aproximadamente 727 hectáreas, que afecta un7.5% del total de territorio indígena de Térraba y un 5.7% del total de territorio de China Kichá. En consecuencia, resulta indubitable que el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, en su fase de ejecución -que todavía no ha comenzado- y de acuerdo con la información que sí consta en el expediente de esta acción, comprenderá territorio indígena Térraba”. De ahí, que con la claridad de las conclusiones de este Tribunal, no podría desdecirse ahora, ni mucho menos si no se alega que se le hizo incurrir en un error material de apreciación por el Instituto Geográfico Nacional, órgano administrativo y técnico que contribuyó a la localizaron de las áreas de posible afectación. Aunque, lo que el accionante reclama es la inundación de territorio indígena, lo cual, evidentemente no ha sucedido ni sucedería, pues los informes son claros que se encuentra en las fases preliminares, y como se indicará más adelante, el proyecto fue suspendido en su totalidad. Sin embargo, la forma del abordaje por parte del Gobierno de la República, al declarar el proyecto de Conveniencia Nacional sí comprometió los derechos fundamentales específicos de los pueblos indígenas a los que se les aplicó el Decreto Ejecutivo impugnado. B.- La necesidad de observar los mecanismos que hacen valer esos derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Esta Sala se avocará al problema que se presenta en el caso que nos ocupa, especialmente, a la luz de lo informado por el Ministro de Ambiente y Energía. El Ministerio de Ambiente y Energía, que es el ente rector en la materia ambiental, informa a la Sala que está autorizado para declarar proyectos de conveniencia nacional a la luz de los artículos 19, inciso b), y 34, y de conformidad con el 3, inciso m), todos de la Ley Forestal, regulan la posibilidad de exceptuar las prohibiciones del régimen forestal ligadas a la propiedad privada, pero que, éstas “no aplica(n) para cualquier situación o proyecto, sino únicamente para aquellos casos en los que se logre demostrar que los beneficios sociales sean mayores que el costo socioambiental, no obstante no consta en este Despacho los estudios y valoración social y económica que así lo justifiquen, lo anterior sin dejar de lado, que el proyecto se realiza sobre territorio indígena”. De este modo, para resolver la acción, esta afirmación debe tomarse como lo que es, la admisión de que no se llevó a cabo una parte esencial del procedimiento administrativo. Si bien, podría argumentarse que el conflicto jurídico se traduciría en un conflicto de legalidad, dada la omisión del Poder Ejecutivo de cumplir con los requerimientos legales establecidos en la Ley Forestal, en criterio de la Sala, el problema de fondo no se limita tan solo a un incumplimiento de la ley propiamente. Se debe engarzar con los efectos que tiene el Decreto Ejecutivo, dado que se autorizan los estudios preparativos o los estudios preliminares de una obra de gran magnitud sobre territorios indígenas (Artículo 3, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Así, debe definirse si aún en este estadio procesal en el que se declaró la Conveniencia Nacional sin cumplir todos los requerimientos legales, son aplicables las obligaciones internacionales que libremente aceptó el Estado costarricense al ratificar el Convenio N° 169, de la Organización Internacional de Trabajo. Lo anterior, a pesar de que el accionante expresamente renuncia a la falta de consulta libre e informada como uno de los fundamentos de su impugnación, ello no es óbice para que este Tribunal analice si la omisión incurrida por el Poder Ejecutivo, conlleva otras graves implicaciones en el resto de los derechos que acompaña a las comunidades indígenas en su derecho de auto-organización, y relación con sus territorios, al ser ello una obligación toral del sistema de protección de estas comunidades que les asegura su auto preservación. Cabe aquí afirmar que el libre y pleno ejercicio de los derechos que reconoce el Convenio N° 169, de la Organización Internacional de Trabajo, se hace valer con la obligación de consultar a los pueblos indígenas. Este sería uno de los medios más importantes que tiene el Convenio mencionado. Sin embargo, no debe ser considerado el único, pues de su propia letra existe la obligación de respetar y garantizar los derechos de los pueblos indígenas establecidos en ella, además de la obligación de consulta, estos otros son derechos autónomos y subsisten a pesar de la omisión del Estado de establecer los mecanismos de consulta. Más aún, habría que detallar si al haber otros mecanismos sucedáneos más generales, que tampoco fueron observados, repercute en los derechos establecidos en el Convenio. Así, es importante mencionar que el mismo bloque de legalidad establece los mecanismos de consulta, pero para todos los colectivos organizados en manifestar sus consideraciones cuando se trata de la elaboración de disposiciones de carácter general, como se examinará más abajo. Debería definirse que las afectaciones potenciales e indirectas deben ser susceptibles de protección, especialmente, si ello está así reconocido en la legislación nacional y ello implica el respeto, garantía y protección a los derechos humanos de los indígenas. Lo contrario, claramente, sería dejarlos insubsistentes. Es necesario recordar, que el Decreto Ejecutivo se promulgó para identificar la viabilidad técnica del proyecto; y, para ese momento, no se tenía claro si habría consecuencias materiales para el territorio indígena. Descartado el argumento de la Procuraduría General de la República que no están localizadas las áreas que podrían verse afectadas por las obras, la Sala estima que la mera mención de las coordinadas, en cuanto comprende áreas de los territorios indígenas que serían intervenidas, estudiadas, implica que se debió haber cumplido con un mínimo de garantías, de legalidad ordinaria como las reglas establecidas en la Ley Forestal, la Ley General de la Administración Pública y con mayor razón otras como la protección de los territorios indígenas que son establecidas mediante Tratado. Sería incomprensible que esta Sala se retracte de la localización y ubicación de los territorios indígenas que ya había definido en otro precedente del Tribunal. De ahí que la afirmación de que no hay afectación por el Decreto Ejecutivo impugnado, porque no menciona los territorios indígenas, no podría ser de recibo dado los efectos concretos y potenciales que habría sobre estos territorios indígenas (artículo 3, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), siendo posible afirmar que si se autorizaron actividades materiales, directa e indirectamente, a favor de personas ajenas a las reservas indígenas, éstas serían actividades de investigación y de recolección de información dentro de sus territorios, lo que es un asunto que debe contemplar los derechos indígenas. Como se observa, en el precedente transcrito dictado en otra acción de inconstitucionalidad, se acreditó dentro de las actuaciones judiciales, la potencial afectación a la protección especial de la propiedad comunal indígena, sin el concurso de un acto administrativo de carácter general debidamente fundamentado. De este modo, es claro que el Estado costarricense tomó una decisión sin cumplir requisitos, al no ponderar los beneficios sociales frente a los socioambientales. También es cierto que a lo largo de muchos de los precedentes de este Tribunal, se indicó que se trataría de una fase preliminar de investigación, preparatoria para el Estudio de Impacto Ambiental, que no daría lugar a la inundación de terrenos o territorio indígena, y que por ello, no daría lugar a exigir en este punto las formalidades de la consulta previa e informada a la comunidad indígena (Sentencias N° 2008-011743 de las 12:16 horas del 25 de julio de 2008; N° 2008-013560 de las 10:20 horas del 5 de septiembre de 2008; N° 2009-06045 de las 14:53 horas del 22 de abril del 2009; N° 2010-009536 de las 11:01 horas del 28 de mayo de 2010; N° 2010-13100 de las 14:57 horas del 4 de agosto de 2010; y N° 2010-13662 de las 15:42 horas del 17 de agosto de 2010, citados en la Sentencia 2011-12975 de las 14:30 horas del 23 de septiembre de 2011), pero si bien lo anterior fue así, es necesario analizar las implicaciones del incumplimiento de las formalidades de la Ley Forestal. C.- Sobre los cambios de circunstancias jurídicas del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. El Decreto Ejecutivo que declaró al Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, como un proyecto de conveniencia nacional, ha evolucionado de distintas maneras, incluso ello se ha reflejado ante este Tribunal como consecuencia del cambio de circunstancias. En este sentido, los estudios “preliminares” del Proyecto Hidroeléctrico no han continuado, se han suspendido, y no obstante lo anterior, se ve con preocupación la necesidad de reexaminar el elemento que no se había discutido en esta sede, como es la obligación de una ponderación de beneficios sociales y costos socioambientales no discutidos en la vía administrativa. Esta obligación nace de la normativa que el legislador concibió para que toda actividad que el Poder Ejecutivo respaldara en conformidad con el desarrollo sostenible, que considerara de conveniencia nacional, cumpliera con esa ponderación de los sacrificios y beneficios socioambientales. Sin embargo, antes de iniciar la discusión de fondo, es importante traer a colación las siguientes sentencias que son relevantes para la forma de resolver del Tribunal. Por Sentencia N° 2019-14731de las 9:20 horas del 9 de agosto de 2019, la Sala indicó que: “Tal y como se indicó supra, este Tribunal ha elaborado ampliamente el concepto de la consulta previa que debe realizarse para adoptar disposiciones administrativas o legislativas que afecten a los pueblos indígenas. En acatamiento a dicha obligación, el Estado adoptó en el año 2016 la Directriz Ejecutivo N° 042-MP, “Construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas”; y tras realizar talleres, capacitaciones y consultas, se promulgó en el año 2018 el Decreto Ejecutivo N° 40932, Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, así como la Directriz 101-6, que hace vinculante su aplicación a las instituciones autónomas. (…) el ICE presentó la correspondiente solicitud de consulta. Sin embargo, y ante la transitoriedad de la Unidad encargada de operar el procedimiento, retiró la gestión de marras. Posteriormente e (sic) determinó que el proyecto no resulta viable para los requerimientos del sistema de generación del país en los próximos 15 años, y se decidió aplazar su ejecución; lo cual evidentemente incluye la consulta indígena. Así las cosas, dado que el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís fue aplazado por parte del Instituto recurrido, el amparo resulta improcedente. En otras palabras, no se desprende del elenco de hechos probados que existe una amenaza actual, cierta e inminente a los derechos fundamentales de los tutelados. En razón de lo anterior, se impone la desestimatoria del presente proceso”. En la misma línea de argumentación, la Procuraduría General de la República trae a la atención de este Tribunal la sentencia firme N° 194-2015-VI de las 15:15 horas del 27 de noviembre de 2015, del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta, en cuanto estableció que: “1) Se ordena al Instituto Costarricense de Electricidad que, si decide a corto, mediano o largo plazo, reabrir o retomar la fase de investigación geológica en el Sitio Térraba previo a la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, deberá iniciar el procedimiento de evaluación ambiental respectivo bajo la normativa vigente al momento de la presentación de su solicitud. 2) Se ordena a la Secretaria Técnica Nacional del Ambiente que, si la fase de investigación a la que hicimos referencia se retoma, deberá definir el instrumento de avaluación ambiental que deba exigirse al ICE de conformidad con lo dispuesto por el ordenamiento jurídico vigente y tomando en cuenta los parámetros que para efectos de esa clasificación se establezcan, así como la significancia ambiental de cada una de las obras o actividades impactantes que se vayan a realizar. 3) Se ordena al Instituto Costarricense de Electricidad que, en caso de que decida a corto, mediano o largo plazo, reabrir o retomar la fase de investigación geológica en el Sitio Térraba previo a la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, deberá gestionar ante los entes y órganos competentes las autorizaciones o permisos que el ordenamiento jurídico exige para realizar actividades como la corta de árboles, movimiento de tierras, excavaciones, construcción de obras en el cause de (sic) río como diques o muros de gaviones. 4) Se ordena a ambos demandados que mientras no se haya efectuado la consulta indígena previa, libre e informada al pueblo indígena de Térraba ni se cuente con el instrumento de evaluación ambiental que corresponda según las actividades que se efectúen, deberá abstenerse de adoptar cualquier conducta administrativa, ya sea referida a la fase de investigación o a la de inversión del PHD, que pueda afectar el medio ambienta o la biodiversidad de esa Reserva Indígena”. En la parte considerativa, se indica que: “En ese sentido, si el ICE decide, a corto, mediano o largo plazo, retomar la fase de investigación geológica del PHD en el sitio Térraba deberá iniciar el procedimiento de evaluación ambiental correspondiente, el cual se tramitará bajo un nuevo expediente (no como una modificación o ampliación) y se regirá por la normativa vigente al momento de su presentación, conforme a la cual deberá determinarse la calificación del proyecto, el nivel de significancia ambiental y el instrumento que deberá exigirse. Respecto de este último aspecto, la pretensión de la parte actora propone que la evaluación ambiental en el Territorio Indígena de Térraba lo sea a través de una Evaluación Ambiental Estratégica o un Estudio de Impacto Ambiental. De inicio, hay que advertir que la definición del instrumento de evaluación ambiental es una potestad que corresponde, en exclusiva, a la SETENA conforme, claro está, a las particularidades que para cada caso impone la normativa vigente”. Si a lo anterior, se tiene en cuenta lo señalado por el Ministro de Ambiente y Energía, queda aún abierta la cuestión de determinar la regularidad constitucional y convencional del Decreto Ejecutivo de Conveniencia Nacional, objeto de la acción de inconstitucionalidad, pues ese es el que precisamente da origen e inicio a la conducta administrativa que el ICE requirió para iniciar todas las gestiones “preliminares” de factibilidad del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís ante la SETENA, y peor aún, que presuntamente le permitió materializar en territorio indígena. Ahora bien, examinada la sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, de la sede de legalidad ordinaria, el Decreto Ejecutivo no fue abordado porque dicha pretensión quedó desistida por la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Térraba, pues si bien el proceso se había iniciado con la demanda establecida por la Asociación, sin embargo, su representante solicitó el expreso desistimiento estando en curso la demanda, lo cual fue aceptado por el Tribunal, en Sentencia N° 127-2015-VI, de las 9:50 horas del 30 de julio de 2015. Entre las diferentes pretensiones se solicitó la anulación total de varias conductas administrativas, por haberse omitido el procedimiento de consulta previa a la comunidad indígena, y por disconformidad con el ordenamiento jurídico, se solicitó: “a) el Decreto Ejecutivo No. 34312-MP-MINAE del 06 de febrero del 2008, publicado en La Gaceta No. 31 del 13 de febrero de 2008”. Como se puede observar, no se entró a conocer sobre la legalidad de esta pretensión, la cual sí es conocida ahora en esta sede. De previo a la tramitación y promulgación del Decreto Ejecutivo N° 34312-MP-MINAE de 06 de febrero de 2008, denominado “Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad”, como se ha indicado anteriormente, el Poder Ejecutivo debía hacer un ejercicio de ponderación antes de su emisión, de modo que para cambiar el uso de suelo del lugar se ocupaba del estudio que involucra maximizar los beneficios sociales comparados con los costos socioambientales, tal y como estaría definido en el artículo 3, inciso m), de la Ley Forestal. De igual manera, los numerales 19, inciso b), y 34, del mismo cuerpo legal. La Sala debe tomar en cuenta, que así como fueron materializadas varias infracciones a la Ley Forestal, también lo fueron al Convenio N° 169, que pretende ser protegido por el accionante, como es el respeto a la integridad del territorio indígena. Así, la ausencia de los estudios socioambientales para superar las prohibiciones contenidas en la Ley Forestal, como sería la tala de árboles en zonas de protección, incluidas aquellas ubicadas en la propiedad comunal indígena, no es otra cosa que una actuación contraria a los principios de la buena fe y al mismo Convenio N° 169, que lo erige como un elemento -de confianza- importante para la conducción del Estado frente a las comunidades indígenas bajo su jurisdicción. Dicho ligamen es importante, incluso en la fase preliminar, de ahí la necesidad de que cualquier proyecto que incluya territorio indígena debía contar con la consulta, a estos pueblos, como a cualquier otro que pudiera verse afectado. No podría afirmarse que el artículo 1°, del Decreto Ejecutivo impugnado, cumpla con esta exigencia, el cual, evidentemente es el postulado toral y sostén de todo lo demás. La declaratoria de conveniencia nacional no contó con el estudio de costos sociales y socioambientales según lo informa el propio Ministro de Ambiente y Energía, el cual hubiera arrojado claramente la necesidad de cumplir al menos en una etapa preliminar la consulta y con ella la opinión de los pueblos indígenas. Más aún, el efecto que tiene el artículo 9, del Decreto Ejecutivo, está claro para este Tribunal, pues además invisibiliza ilegítimamente los territorios indígenas (que se recuerda fueron localizados e individualizados ante este Tribunal), al eximir al ICE de demostrar la titularidad de las propiedades, todo lo cual se constituye en una infracción constitucional (artículo 45) y convencional (artículo 21, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y los numerales 13.2, y 14.2, del Convenio N° 169). Con estas normas se irrespetó la propiedad privada comunal indígena, además de que eximió de la protección ambiental en la corta y aprovechamiento de especies, entre otras cosas, actividades que no podían darse en el territorio indígena, sin que se implementara las mínimas formalidades de ley. Debe tomarse en cuenta las obligaciones internacionales establecidas en favor de ciertos sectores vulnerables de la población mundial. Estos instrumentos son para la protección de categorías definidas de la población mundial que han sufrido vejaciones históricas y las siguen padeciendo, incluso a pesar de estar instrumentadas en los tratados de derechos humanos. Estas obligaciones son creadas con un fin de vincular jurídicamente a los Estados según un objeto concreto, de modo que pueden ser invocados a lo interno por los propios interesados objeto de protección, y por los otros sujetos de derecho internacional en caso de incumplimientos. En este sentido, es necesario indicar que en Costa Rica estos instrumentos tienen un rango privilegiado que en aplicación de la doctrina del derecho internacional público, deben ser observados de buena fe por el Estado como el principio pacta sunt servanda, así como otros principios contenido en la Convención de Viena de Interpretación de los Tratados. En tratándose del Derecho de la Constitución, estos instrumentos de derechos fundamentales, de conformidad con los principios protectores de los Derechos Humanos son receptados por este Tribunal, por lo que aplica la preeminencia de estas obligaciones internacionales en el tanto conceden mayor protección a los derechos humanos y superan aquellos que la misma Constitución Política concede. Esta doctrina establecida desde los inicios de la Sala, entre las cuales se encuentra la sentencia de la Sala, N° 1995-2313 de las 16:18 horas del 9 de mayo de 1995, que estableció que: “… no se aplica lo dispuesto por el artículo 7 de la Constitución Política, ya que el 48 constitucional tiene norma especial para lo que se refiere a derechos humanos, otorgándoles una fuerza normativa del propio nivel constitucional. Al punto de que, como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, los instrumentos de los derechos humanos tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorgue mayores derechos o garantías a las personas, priman sobre la Constitución”. La omisión de consulta a los pueblos indígenas o tribales, si es relevante, inevitablemente resurge con la afirmación del Ministro de Ambiente y Energía, así como de los aportes de algunos de los coadyuvantes. La Sala coincide con el mencionado Ministro que los decretos de conveniencia nacional no aplican a cualquier situación o proyecto, sino a específicos que cumplen con los requerimientos de la ley; es decir, que cumplan con demostrar que los beneficios sociales que se persiguen se apreciarían más que los costos socioambientales. La preocupación surge porque informa que no consta en su Cartera esos estudios y valoración social y económica que lo justifiquen. Por otra parte, además de lo señalado supra por esta Sala en su jurisprudencia, admite que el proyecto se realiza sobre territorio indígena, y es claro que no se cumplió con un procedimiento administrativo adecuado (de la Ley Forestal, como el pautados en el artículo 361, de la Ley General de la Administración Pública, dentro de los procedimientos especiales para la elaboración de disposiciones de carácter general). D.- Sobre la jurisprudencia. El accionante arguye que no se puede aplicar las disposiciones excepcionales de la Ley Forestal a los territorios indígenas, porque se trata de una propiedad especial comunal. Aunque este es un tema que se abordó oportunamente líneas atrás, queda por ver las implicaciones de las soluciones que le ha dado la jurisprudencia de la Sala y de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, existe obligación de consultar a los pueblos indígenas sobre las medidas que les puedan afectar, también, es necesario establecer que no está cerrado el acceso a los recursos naturales, aún cuando estuvieran en los territorios indígenas. Esta Sala, en la Sentencia N° 2011-012975 de las 14:30 horas del 23 de septiembre de 2011, trae a colación, nuevamente, que en esta resolución se recopilaron las diferentes sentencias que establecieron que demandar el consentimiento previo a los estudios preliminares del proyecto sería un reclamo prematuro. Ahora bien, es importante retomar esta discusión de cara a las obligaciones internacionales que tiene el país, con respecto a los pueblos y comunidades indígenas formalmente constituidas en el lugar en que se desarrollan los estudios preliminares del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. Es importante mencionar, que por su parte el propio Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta, por sentencia N° 194-2015-VI, de las 15:15 horas del 17 de noviembre de 2015, condicionó todas las actuaciones del Instituto Costarricense de Electricidad, de modo que debía redefinirse las autorizaciones y permisos ambientales que se ocuparían para ingresar y retomar los estudios ambientales en los territorios indígenas, lo que incluso tendrá impacto en la Consulta. El fin de los estudios es determinar si éste procede o no -técnicamente-, así como la información para el Estudio de Impacto Ambiental, proceso que efectivamente involucra la ejecución de trabajos dentro de un área geográfica que incluye los territorios indígenas. Cuando la jurisprudencia de la Sala analizó partes del Decreto Ejecutivo de Conveniencia Nacional, no se había traído a la atención la grave omisión que ahora surge del informe del Ministerio de Ambiente y Energía, órgano rector y encargado de velar por la protección del ambiente y su relación no discriminatoria con la sociedad en general. El detalle, es que el decreto de conveniencia nacional eximió de las restricciones en el uso de suelo cubierto por el régimen forestal, pero para ello era necesario producir, un estudio técnico que demostrara los beneficios sociales para los sectores involucrados. Este Tribunal había sostenido, anteriormente, en la Sentencia N° 2009-017155 de las 14:00 horas del 5 de noviembre del 2009, que: “La posibilidad de cambio del uso de suelo de los inmuebles particulares que han sido afectados previamente para la preservación del recurso forestal, fue fundamentada precisamente en el concepto de desarrollo sostenible que debe ser incorporado al contenido de la debida tutela ambiental; con lo cual, como ya se indicó, no sólo es posible, sino necesario el fomento del desarrollo económico y social de la población -en cumplimiento del precepto contenido en el primer párrafo del artículo 50 constitucional, según el cual el Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza; claro está, conforme al respeto de las normas ambientales, caso contrario se causaría una grave paralización en el desarrollo de nuestro país, no querido ni pretendido por los constituyentes, ni tampoco por los legisladores que tuvieron la responsabilidad de promulgar la Ley en cuestión. Así las cosas, este Tribunal mantiene el criterio vertido con anterioridad, señalando que lo dispuesto en la norma impugnada no resulta lesivo del derecho a un ambiente sano y equilibrado, pues al momento de concretarse un proyecto como de conveniencia nacional, se deben verificar previamente los impactos ambientales que con él se producen y realizar una comparación con los beneficios sociales que éste implique, lo cual no se puede verificar abstractamente en la norma, sino en el análisis de cada caso concreto, vía recurso de amparo y no de acción de inconstitucionalidad”. Es decir, el antecedente claramente se decanta por desentrañar el sentido de la pauta normativa de la Ley Forestal, que es procurar el desarrollo sostenible y el uso racional de los recursos, de manera que por razones de lógica, justicia y conveniencia se definen derroteros que demarcarían la prevalencia de los diferentes intereses y derechos involucrados. Pero, para que ello quedara debidamente sustentado, lo primero que observa esta Sala, es que era necesario que el Poder Ejecutivo levantara la información, de previo a la emisión del Decreto Ejecutivo, dado que no existían ni se alegaron razones de interés público o de urgencia como para que se omitieran los requisitos de ley, como era conceder audiencia por diez días a las entidades representativas de intereses de carácter general o corporativo afectados (artículo 361, inciso 2, de la Ley General de la Administración Pública). Esto no se hizo de acuerdo con el Ministro de Ambiente y Energía. Incluso en un caso en el que se pretendía beneficiar con la concurrencia de una comunidad indígena para el mejoramiento del camino existente, era necesario la corta de árboles, razón por la cual era necesario el cumplimiento de los requisitos de ley antes de declarar la Conveniencia Nacional. La Sala, en Sentencia N° 2021-12080 de las 8:30 horas del 28 de mayo de 2021, indicó que: “Quedó acreditado que si bien existe un paso que ya está en uso dentro de la reserva indígena y lo que se pretende es mejorar dicho paso para facultarlo para la entrada de vehículos, debido a que dentro del recorrido existe aproximadamente 9,2 kilómetros que pasan por área de bosque, es necesario gestionar la declaratoria de conveniencia nacional para poder otorgar el permiso de corta de los árboles que se requieren cortar para la generación del camino que se pretende. Aunque, de previo, la Municipalidad de Golfito, al igual que todo desarrollador de un proyecto de conveniencia nacional, sea público o privado, debe presentar los estudios técnicos necesarios, en los cuales se demuestre que los beneficios sociales del proyecto son superiores a los costos socioambientales. Así, posteriormente dichos estudios tendrán que ser analizados y valorados previamente por el Poder Ejecutivo, antes de proceder con la respectiva declaratoria de conveniencia nacional”. Por otra parte, según el informe del Ministro, tampoco se hizo una diferenciación entre sectores sometidos a un régimen de suelos de propiedad forestal, de aquellos sujetos de derecho privado que también serían comunales o colectivos indígenas, lo que conlleva un problema de relevancia constitucional y convencional, toda vez que involucra categorías sociales de importancia para la jurisdicción constitucional. La observación es relevante para este Tribunal Constitucional, porque se trata de categorías sociales que están protegidas internacionalmente, por el historial de discriminación y supresión a la que se han visto sometidos los pueblos indígenas. Recuerda la Sala que en la Sentencia N° 2020-023789 de las 19:00 horas del 10 de diciembre de 2020, se indicó que: “… desde su ratificación por nuestro país [refiriéndose al Tratado de Minamata], las obligaciones internacionales que asume deberían estar produciendo efectos jurídicos duraderos, lo que debe ser práctica usual en aquellos tratados de Derechos Humanos que buscan elevar la dignidad humana, y cuyas obligaciones consisten en proteger, resguardar y hacer respetar esos derechos. […] Este tipo de tratados también buscan el effet utile o lo que sería lo mismo lograr efectos duraderos, jurídicamente hablando, al tratarse de esfuerzos comunes y de cooperación internacional en una determinada área, porque adquieren especial interés internacional”. Se requiere de un efecto material, que surge de la necesidad de los Estados que cuando firman y ratifican las obligaciones internacionales, deben hacer que los términos y condiciones pactadas se cumplan dentro de sus respectivas jurisdicciones nacionales, lo cual, para nuestro país, no es ni más ni menos que respetar las obligaciones pactadas hacia los pueblos indígenas y tribales, debidamente acordadas en el Convenio N° 169, de la Organización Internacional de Trabajo. Cabe sostener una complementariedad muy necesaria de estas obligaciones internacionales con la importancia de los estudios que de conformidad con el artículo 3, inciso m), de la Ley Forestal establece, como tantas veces se ha citado: “Actividades de conveniencia nacional: Actividades realizadas por las dependencias centralizadas del Estado, las instituciones autónomas o la empresa privada, cuyos beneficios sociales sean mayores que los costos socioambientales. El balance deberá hacerse mediante los instrumentos apropiados”. Se agrega que, este inciso m) y otro, fueron agregados por Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998, que es la Ley de Biodiversidad. Sin embargo, a pesar de lo anterior, el Reglamento a la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo N° 25721 de 17 de octubre de 1996, establecía la definición conveniencia nacional en el artículo 2. En él, establecía como “Conveniencia Nacional: Las actividades de conveniencia nacional son aquellas relacionadas con el estudio y ejecución de proyectos o actividades de interés público efectuadas por las dependencias centralizadas del Estado, las instituciones autónomas o la empresa privada, que brindan beneficios a toda o gran parte de la sociedad tales como: captación, transporte y abastecimiento de agua; oleoductos; construcción de caminos; generación, transmisión y distribución de electricidad: transporte; actividades mineras; canales de riego y drenaje; recuperación de áreas de vocación forestal; conservación y manejo sostenible de los bosques; y otras de igual naturaleza que determine el MINAE según las necesidades del país”. Sin embargo, para ese momento, ya existía una definición legal que articulaba el artículo 114, de la Ley de Biodiversidad, N° 7788 de 30 de abril de 1998, al adicionar el artículo 3, inciso m), de la Ley Forestal, que ya establecía que “conveniencia nacional”, se constituía en las “…actividades realizadas por las dependencias centralizadas del Estado, las instituciones autónomas o la empresa privada, cuyos beneficios sociales sean mayores que los costos socio-ambientales. El balance deberá hacerse mediante los instrumentos apropiados”. En opinión del Tribunal, esto es de gran importancia para la decisión que nos ocupa, porque trazaba el procedimiento que debió haberse llevado a cabo, si bien podría decirse que el Estado costarricense tenía dos posibles caminos: a) realizar el procedimiento administrativo otorgándole audiencia a las comunidades afectadas, incluidas las indígenas (Artículo 361.2, de la Ley General de la Administración Pública: “Se concederá a las entidades representativas de intereses de carácter general o corporativo afectado por las disposiciones la oportunidad de exponer su parecer, dentro del plazo de diez días, salvo cuando se opongan a ellos razones de interés público o de urgencia debidamente consignados en el anteproyecto”); o b) no otorgar las audiencias pero justificando adecuadamente “cuando se opongan a ello razones de interés público o de urgencia debidamente consignadas en el anteproyecto” (ídem), relevándose de las posibles consultas. Se optó equivocadamente por lo segundo, sin cumplir tampoco con la obligación legal de señalar las razones de interés público o de urgencia para omitirlo, lo que evidentemente trae numerosos problemas, hasta el propio Ministro de Ambiente informa y pone la atención de este Tribunal en esta omisión. Además, el Ministro de la Presidencia enfatiza en la importancia del proyecto hidroeléctrico, quien indica en su planteamiento que lo que hay es un desarrollo en diversas fases. Al momento de rendirse el informe, se desarrollaba la primera fase, que consiste en la realización de los estudios de factibilidad, como serían los estudios del entorno físico para el diseño de la obra, colecta de información biótica, física y socioeconómica que se empleará como sustento técnico para el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). A su vez, el informante Ministro de la Presidencia señala que la consulta previa a los grupos indígenas debía hacerse antes del señalado estudio. No obstante lo anterior, la Sala retoma que en el informe del Ministro de Ambiente y Energía afirma entonces que el Decreto Ejecutivo no cumple con el enunciado de la definición que dice “El balance deberá hacerse mediante los instrumentos apropiados”, pues claramente, al carecer de los requisitos señalados atrás, no hubo un procedimiento administrativo de ponderación que es lo que estaría pautado por la legislación ambiental, reclamo que parcamente hace el accionante, y de forma tangencial, pero que sí lo hace -concretamente- algunos de los coadyuvantes en este proceso. Además, las omisiones conllevan a otras infracciones del ordenamiento jurídico. En la Sentencia N° 2010-006922 de las 14:35 horas del 16 de abril de 2010, la Sala sostuvo que: “LXXXIX.- Es por lo anterior que resulta inexacto afirmar la inconstitucionalidad del artículo 2 del Reglamento de la Ley Forestal, pues de conformidad con lo establecido, lo que dicha norma dispone debe integrarse y aplicarse según lo definido en los artículos 19 y 34 de la propia Ley Forestal. Es decir, aún cuando el artículo 2 del Reglamento identifique a la actividad minera como actividad de conveniencia nacional, es claro que ese carácter, identificación o reconocimiento -conveniencia nacional- está supeditado al cumplimiento de lo establecido en las normas legales -demostración de que los beneficios son mayores al costo-, por lo que es evidente que el Reglamento no suplanta la voluntad legislativa, no vacía de contenido las normas legales que la informan, ni contradice de modo alguno la protección ambiental que debe otorgarse de conformidad con el artículo 50 de la Constitución, por lo que tampoco puede aducirse que dicha disposición reglamentaria exceda los límites de la razonabilidad cuando, por el contrario, se impone la realización de actos concretos legalmente establecidos. Es así que la autorización de cambio de uso de suelo no puede acordarse tan sólo porque el Reglamento dice que la actividad minera es de conveniencia nacional, sino que tal autorización resulta procedente cuando esa conveniencia haya sido debidamente demostrada y públicamente declarada por el Poder Ejecutivo mediante un acto posterior, acto administrativo para cuyo dictado se haya cumplido con la aplicación de los procedimientos e instrumentos correspondientes. La aplicación de estos instrumentos y la determinación de la bondad de los beneficios por sobre los costos, es justamente lo que evita la adopción de actos arbitrarios por parte de la administración, toda vez que los resultados obtenidos darán criterio y base técnica-objetiva para que el Poder Ejecutivo emita la declaratoria de conveniencia nacional de un proyecto minero determinado y la correspondiente autorización para el cambio de uso de suelo. […] De tal forma, es más que claro que si el ordenamiento impone a la administración el deber de realizar un procedimiento previo para pronunciar una declaratoria de conveniencia nacional de una actividad determinada, ello es precisamente un valladar que evita la arbitrariedad administrativa, y, por el contrario, obliga a la administración a adoptar y dictar actos administrativos debidamente fundados en razones técnicas objetivas; esta situación, además, permite y garantiza que el acto administrativo dictado pueda ser valorado en su momento por las instancias administrativas y judiciales que correspondiere”. En consecuencia, no hubo ningún estudio que pudiera demostrar la ponderación del balance exigido por la normativa, mucho menos, con el agravante para el caso, que el análisis no solo estaría exigido para la determinación de los costos socio-ambientales, como ocurriría para las entidades representativas de intereses de carácter general o corporativo, sino que para una parte de la población costarricense protegido por el Convenio N° 169, de la Organización Internacional de Trabajo. Esta normativa, por supuesto, exigible y directamente aplicable, por parte de la Administración Pública de previo a la emisión del Decreto Ejecutivo. Debe traerse a colación el precedente de la Sala, sobre el Decreto Ejecutivo que nos ocupa, en la que se decidió mediante Sentencia N° 2010-013100 de las 14:57 horas del 4 de agosto de 2010, que era constitucional basada en las siguientes consideraciones: “Pues bien, lo dicho hasta ahora sirve para indicar que el Poder Ejecutivo no se ha excedido en sus atribuciones y las exenciones que ha otorgado están plenamente amparadas en su obligación de velar porque el país siga un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible, basado en formas de producción de energía limpia. Adicionalmente, la declaratoria de conveniencia nacional del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís se encuentra amparada en lo dispuesto en la Ley Forestal y su reglamento, pues, una represa hidroeléctrica es, ciertamente, un proyecto que lo que pretende es la “generación, transmisión y distribución de electricidad”, de tal suerte que, el decreto impugnado daría abrigo a un proyecto que cabe dentro de los supuestos del artículo 19 de la Ley Forestal y el artículo 2 del Reglamento a la Ley Forestal. Aunado a esto, debe tomarse en cuenta que el decreto en ningún momento implica la posibilidad de llevar adelante el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís sin cumplir los controles ambientales dispuestos por el ordenamiento, pues, como bien lo admiten los informantes en esta acción, el decreto no lo exime de la realización de un estudio de impacto ambiental para la obtención de la respectiva viabilidad ambiental, requisito esencial e indispensable si se desea continuar hasta la materialización del proyecto. En adición, debe hacerse ver que el accionante no enjuicia, de manera concreta, los incisos b), c) y d) del artículo 9 del decreto ejecutivo 34312-MP-MINAE de 6 de febrero de 2008, debido a que no aporta las razones concretas por las cuales esos tres apartados de ese decreto pueden vaciar de su contenido esencial el artículo 50 Constitucional. En ese sentido, debe recordarse y traerse a colación lo dicho al inicio de este considerando, la dignidad humana es el centro, la piedra angular, de cualquier Estado de Derecho, por lo que esta y el respeto por la integridad del entorno deben, sin duda, ir de la mano, pues una política ambiental que no tome en cuenta el pleno desarrollo de las personas difícilmente será sostenible, como tampoco lo será un modelo de desarrollo socioeconómico que no se preocupe por el entorno y que sacrifique, a toda costa, la protección del medio, ignorando que este es una parte esencial e integrante de nuestras vidas. Desde esa perspectiva, los incisos b), c) y d) del artículo 9 del decreto impugnado no resultan contrarios al Derecho de la Constitución, pues se encuentran amparados en una norma legal que autoriza al Poder Ejecutivo a tomar determinadas acciones, para aligerar el tipo de proyectos ahí contemplados, sin que esto signifique o acarree una desprotección del medio y sin que la autorización se erija como una prerrogativa arbitraria, irrazonable e ilimitada para la destrucción del ambiente o el vaciamiento del contenido mínimo del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Entonces, es claro que las normas impugnadas se ajustan plenamente al Derecho de la Constitución, pues calzan, de forma coherente, con el modelo de desarrollo impuesto por la visión de un Estado Social de Derecho diseñada por el constituyente originario. Además, no significan un vaciamiento del contenido mínimo del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En adición, esas normas no implican desconocer la legislación que tutela al ambiente. Asimismo, el decreto en ningún momento exime al Proyecto Hidroeléctrico el Diquís de la realización del estudio de impacto ambiental. Y, finalmente, ese decreto fue dictado de acuerdo con las competencias que la Ley Forestal y su reglamento le dan al Poder Ejecutivo, para declarar la conveniencia nacional de un proyecto, el cual, en este caso, se enmarca, claramente, como un proyecto de infraestructura a partir del cual se pretende conseguir la “[…] generación, transmisión y distribución de electricidad […]”. VII.- Finalmente, por medio de escrito que se presentó ante esta Sala a las 8:10 horas del 1 de agosto del 2008, el accionante alegó que a la fecha no existía un convenio entre el Instituto Costarricense de Electricidad y la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Térraba. Lo que, a su juicio, infringe el artículo 7, párrafo primero, de la Constitución Política, por oponerse al artículo 14 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que fue debidamente incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante Ley No. 7316 del 3 de noviembre de 1992. Sin embargo, ello hace referencia a hechos ajenos al objeto específico de la presente acción. En todo caso, cabe apuntar que el accionante ya interpuso un recurso de amparo en que acusó esos mismos hechos (expediente 09-001709-0007-CO) y tal proceso se declaró sin lugar, por medio de sentencia 2009-006045 de las 14:53 horas del 22 de abril del 2009. Por lo que el accionante deberá estarse a lo resuelto en tal oportunidad”. Ahora bien, en esta Sentencia N° 2010-013100 supra citada, se resolvió con base en el Reglamento a la Ley Forestal (artículo 2), que define entre otras cosas, lo que es “Conveniencia Nacional”, y ejemplifica actividades como la “generación, transmisión y distribución de electricidad”. Aceptar cualquiera de las actividades enumeradas en la definición, que es a su vez, númerus apertus, conlleva en si el germen de la arbitrariedad como se indicó en la Sentencia N° 2010-006922 de las 14:35 horas del 16 de abril de 2010, citada anteriormente. Es evidente, que no se analizó la ausencia de un procedimiento administrativo de ponderación de los beneficios sociales con los costos socio-ambientales, como se ha venido argumentado supra, en esta sentencia. Siguiendo con el antecedente citado, y el amparo a que se hizo alusión, este se declaró sin lugar la pretensión de aplicar el Convenio N° 169, de la Organización Internacional del Trabajo, se resolvió con la Sentencia N° 2009-006045 de las 14:53 horas del 22 de abril del 2009, de la siguiente manera: “IV.- Sobre el caso concreto. En el caso bajo estudio, el recurrente acusa lesión al artículo 6 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 1989, ya que, el Instituto Costarricense de Electricidad, no le consultó a los habitantes de la Reserva Indígena de Térraba, previo a realizar los estudios para el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. Efectivamente, y con sustento en la normativa internacional esbozada en el considerando anterior, existe un derecho de parte de los pueblos indígenas a ser consultados, mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Ciertamente la construcción de una Planta Hidroeléctrica es uno de esos temas; sin embargo, es menester analizar si en el caso concreto existía el deber de consultar. En ese sentido, del informe rendido bajo juramento, con las consecuencias incluso penales que prevé el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se colige que actualmente el proyecto en cuestión se encuentra en la primera fase, la de factibilidad, que comprende la preparación de los insumos para la firma consultora que se contratará para el Estudio de Impacto Ambiental, siendo que dicho estudio ni siquiera se ha iniciado. De esta manera, se tiene que aún la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, no está siquiera definido su desarrollo y efectiva construcción, toda vez que todavía ni siquiera se han solicitado los permisos correspondientes, por cuanto no se ha determinado aún la factibilidad para realizar el mencionado proyecto, ya que si las investigaciones no se llevan a cabo no hay forma de saber si es posible o no, por la geología de lugar, construir una presa. Es así, como esta Sala considera que el presente amparo es prematuro, ya que se está ante un hecho futuro e incierto, por cuanto aún no se sabe con seguridad si se va a realizar o no la construcción en cuestión. V.- No obstante lo indicado en el considerando anterior, tanto del informe como de la prueba aportada al expediente, se colige que durante todo el proceso han participado diferentes actores, dentro de los cuales se destacan las comunidades indígenas, teniéndose que actualmente se discute con la población indígena de Térraba, el mecanismo efectivo de concertación social a fin de solventar la puesta en marcha del mecanismo de participación y representación indígena, en ese sentido, se indica que se está llevando a cabo un proceso en conjunto con las diferentes comunidades a fin de lograr no solo la aplicación de las normas sino la compilación de las necesidades reales que les afectan. En ese sentido, se tiene que el equipo del Área Social de la Unidad de Gestión Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís ha venido manteniendo reuniones con todos los grupos organizados de la comunidad de Térraba, tales como la Asociación de Desarrollo Indígena de Térraba, Ruta de las Aves, Asociación para la Defensa de los Derechos Indígenas Teribes, Consejo Indígena Térraba, Rincón Ecológico, Asociación para la Defensa de los Habitantes de la Cultura Indígena, Naso Lokes. Además se han puesto en contacto con Frente de Lucha. En razón de lo anterior, esta Sala estima que la autoridad recurrida ha realizado esfuerzos para acercarse a los habitantes indígenas de la comunidad de Térraba, ello a pesar de que todavía no se ha concretizado de manera definitiva la construcción de la presa. Sin embargo, es menester recordarle a la autoridad recurrida, que en caso de decidirse desarrollo el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, deberán asegurarle a los pueblos indígenas una efectiva participación en el proceso y en la toma de decisiones. Por último, vale la pena indicar que no le compete a esta Sala analizar si el Instituto Costarricense de Electricidad pago o no avalúos por daños a terceros que habitan dentro del territorio de Térraba, por cuanto determinar si se debe hacer un avalúo y cancelar la correspondiente indemnización y ante que instancia debe hacerse, se escapa de las competencias de este Tribunal. Así las cosas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se ordena”. A pesar de que en efecto, se cita la jurisprudencia de la Sala, su reexamen es imperativo; es claro que, se hace necesario la reconsideración de estos precedentes, especialmente bajo una mejor ponderación para aplicar la doctrina de la Sentencia N° 2010-006922 de las 14:35 horas del 16 de abril de 2010, porque el abordaje debe ser otro, que concilia el principio de legalidad con las obligaciones internacionales, debidamente ratificadas, de los tratados a la legislación nacional. Si hay infracción a los Instrumentos de Derechos Humanos, como lo es el Convenio N° 169, de la Organización Internacional del Trabajo, estos gozan de un rango equivalente al de los derechos constitucionales reconocidos en la Constitución Política; y, por ende, en virtud de los principios protectores de derechos humanos, deberá reconocerse mayor protección cuando no lo hace la propia Constitución Política. Se recuerda, que es el propio Constituyente el que reconoce la preeminencia y preponderancia de los Tratados a nivel interno, que es un plus hacia la observancia obligatoria de sus términos para todos los operadores de derecho, y que ello debe suceder cuando el legislador aprueba el instrumento, otorgándole la potencia y resistencia a la norma para su aplicación interna en el país. La Sala se refiere al rango o jerarquía de la normativa internacional en el país. Ha sido el Constituyente derivado el que ha procurado que los instrumentos de derechos humanos adquieran un valor similar o igual al texto de la Constitución Política, cuando, habilitó a través del artículo 48, Constitucional, que dichos instrumentos sean fuente de derecho en la jurisdicción de la libertad (amparo y habeas corpus), y sería un serio contrasentido, marchar a contrapelo o contracorriente al no reconocer lo mismo para los casos de control de constitucionalidad, como se ha establecido en esta jurisdicción desde larga data. Por Sentencia N° 1995-002313, de las 16:18 horas del 9 de mayo de 1995, se sostuvo que: “Sobre esto debe agregarse que en tratándose de instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en el país, no se aplica lo dispuesto por el artículo 7 de la Constitución Política, ya que el 48 Constitucional tiene norma especial para los que se refieren a derechos humanos, otorgándoles una fuerza normativa del propio nivel constitucional. Al punto de que, como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, los instrumentos de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución (vid. sentencia N° 3435-92 y su aclaración, N° 5759-93). Por eso algunos estudiosos han señalado que la reforma constitucional de 1989, sobre la jurisdicción constitucional, es tal vez la mayor conquista que desde el punto de vista jurídico ha experimentado Costa Rica”. En criterio de la Sala, la solución correcta en el tema que nos ocupa, debe reafirmar no solo el principio de legalidad, que evidentemente es un principio fundamental de todo Estado Social de Derecho, el cual, ha sido claramente violentado, tomando en consideración el informe del Ministro de Ambiente y Energía que menciona, con toda claridad, que esa cartera de Gobierno, incumplió con el levantamiento de la información necesaria en un expediente administrativo; es decir, al no honrar la obligación jurídica previa a declarar un proyecto de interés para el país como Conveniencia Nacional, sin establecer su importancia factual en un procedimiento administrativo; y, con ello, incurrió en actuaciones arbitrarias que no comulgan bien con el principio de legalidad y el Estado Social de Derecho, como el costarricense. De ahí que, resulte necesario, declarar con lugar la acción, para efectos de establecer la nulidad de la totalidad del Decreto Ejecutivo N° 34312-MP-MINAE de 06 de febrero de 2008, denominado “Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad”. Lo anterior, toda vez que, no resiste el examen de constitucionalidad y de convencionalidad, si en esta acción de inconstitucionalidad se ha comprobado que no cumple con los artículos 3º, inciso m), 19, inciso b), y 34, de la Ley Forestal Nº 7575 del 13 de febrero de 1996, a pesar de que pretendió haberlo hecho. Se debe seguir la línea jurisprudencial de la Sentencia N° 2010-0006922 de las 14:35 horas del 16 de abril del 2010; pues, lógicamente, si el Reglamento a la Ley Forestal (Decreto Ejecutivo N° 25721) define que determinadas actividades son de conveniencia nacional, como sucede con la generación, transmisión y distribución de electricidad, ello no puede significar que constituye una autorización automática para modificar el uso de suelo, sin levantar la información requerida en la Ley. Obrar de este modo, sería equivalente a retirar la protección que la Ley Forestal ofrece a todo suelo cubierto por el bosque en forma abstracta, autorizando cambios a la protección forestal, sin la constatación técnica necesaria que requiere la protección al medio ambiente. No puede aceptarse que la mera conducta administrativa del Poder Ejecutivo pueda revertir la voluntad del legislador que impone la demostración de que los beneficios sociales sean mayores al costo socio-ambiental, y porqué el legislador impuso establecer ese balance mediante los instrumentos apropiados, sino era hacer referencia a estudios concretos. Finalmente, es importante mencionar que en cumplimiento de la regla de oro del derecho internacional, los Tratados deben ser cumplidos de buena fe y de conformidad con sus términos, precisamente el sostén del derecho internacional está en la confianza y rectitud de la conducta de los sujetos de derecho internacional. Corresponde a los agentes internos observar estos términos, de modo que, si existen desviaciones, las mismas deben ser erradicadas y/o corregidas por esta Sala o por los diferentes órganos de control de la Administración Pública, especialmente porque las obligaciones internacionales son vinculantes jurídicamente y fueron libremente adquiridas por el Estado costarricense. El Estado debe respetar, proteger y garantizar los derechos que tienen todas las personas, pero especialmente observadas para las categorías específicas de personas indígenas que tienen a su haber un Tratado Internacional que les da cobijo. El acercamiento de todas las partes debe ser la regla general, incluso para iniciar los estudios preliminares, de modo que siempre tenga como objetivo el que se genere confianza, incluso cuando se declare la conveniencia nacional. En este sentido, debe observarse el Decreto Ejecutivo N° 40932-MP-MJP, “Implementación del mecanismo general de consulta a pueblos indígenas” que traza la implementación de un procedimiento de consulta para los pueblos indígenas, instrumento que deberá aplicarse en una fase en la que se decida continuar con las actuaciones del Estado, y del ICE como desarrollador del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, o cualquier otro. En el artículo 2, sobre las definiciones del mencionado Decreto, indica que: “Las siguientes definiciones son derivadas del marco normativo vigente aplicable: … e. Afectación. Se considera que un proyecto de ley, medida administrativa o proyecto privado, afecta los derechos de los pueblos indígenas, cuando contiene elementos que puedan implicar cambios en su situación jurídica, en los derechos colectivos, su forma de vida, cultura, espiritualidad y dinámica social. Así como las medidas que, sin ser ejecutadas estrictamente dentro de los territorios indígenas, tengan como resultado una afectación de los derechos colectivos y culturales de los pueblos indígenas”. A su vez, “g. Medidas administrativas. Comprende, entre otros, actos administrativos, políticas públicas, decretos ejecutivos y proyectos de desarrollo, promovidos desde las instituciones públicas del Poder Ejecutivo”. En este sentido, es necesario volver a traer a colación el amplio significado de territorios que utiliza el Convenio N° 169, de la Organización Internacional de Trabajo, en cuanto “cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”. VIII.- Sobre el problema de la personalidad jurídica del Río Térraba alegada, y la propiedad de las aguas del dominio público. En la acción se pide a la Sala que se pronuncie en favor del Río Térraba para el reconocimiento de la personalidad jurídica, porque con ello, se considera que puede brindarle mayor protección que consideran merece dicho afluente. El accionante solicita lo anterior con base en este tipo de reconocimientos en otras partes del mundo, pues han ganado tracción. No desconoce la Sala que mucho de esto se remonta a los años setenta del siglo pasado, cuando Christopher Stone escribió un artículo sobre la necesidad de reconocer derechos a los árboles y generar formas para su defensa. En general, se trata de movimientos de grupos ambientales y de colectivos, que han encontrado eco en algunos Estados. Estos grupos buscan esta declaración de la instrumentalidad jurídica como parte de una estrategia contra prácticas ambientales insostenibles o violatorias de los derechos de los pueblos aborígenes; estas tendencias buscan la protección de la naturaleza y sus ecosistemas, derivado por un legítimo interés en mantener su integridad, como también, el interés en la defensa de los ríos, lagos y otros cuerpos de agua, que se derivan de los derechos ancestrales de los pueblos indígenas y tribales. A favor de acoger esta ficción legal, estaría que otorga una titularidad que presuntamente otorgaría más seguridades y protecciones a la naturaleza al dotarle de la personalidad jurídica. En el caso del Río Grande de Térraba, esta tendencia es doble, para proteger su integridad y la que se deriva de los derechos de los pueblos indígenas, que es la que pretende el accionante. Sin embargo, es necesario señalar que en aras de mantener un orden jurídico lógico, este tipo de declaratorias requiere de un acompañamiento de instituciones jurídicas que aseguren la composición de órganos que comparten la responsabilidad, como “guardianes” o “representantes legales”, pues es necesario conciliar todos los intereses involucrados. Así, se debe velar no solo por la defensa de los intereses del Río, hay que atender los otros intereses sociales y nacionales. Debe consecuentemente abordarse los problemas de cómo debe interactuar una persona jurídica de esta naturaleza con otras personas, instituciones nacionales, y en un futuro no muy lejano, el tener que contrarrestar posiciones opuestas como sujeto de derecho con responsabilidades. Cabría preguntarse, si puede gestionar acciones reivindicatorias, a nivel administrativo y judicial, se trata solo de las aguas del río, o de los ríos y sus orillas en las cuencas, los afluentes, o incluso, cómo va a responder -aún por frívolas que parezcan- reclamos por daños por inundación ante la amenaza del cambio climático, o la extracción compartida de sus recursos, entre otros temas de suma importancia. Si bien este tipo de reconocimientos y acciones han sido otorgados en otras latitudes, que se van sumando, que han logrado un mayor desarrollo legal como el caso de Bolivia o Ecuador, estima la Sala que un abordaje de este tipo, deja abierta gran cantidad de cuestionamientos que el régimen legal en Costa Rica no puede responder afirmativamente, sin que el legislador haya intervenido, pues se requiere de la modificación del ordenamiento jurídico para que ello pueda suceder. Con la acogida de la pretensión principal del accionante, que implica la nulidad absoluta del Decreto Ejecutivo N° 34312-MP-MINAE de 06 de febrero de 2008, denominado “Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad”, es importante señalar que como consecuencia natural, las cosas regresan a un momento anterior a su promulgación, pues ha dejado de tener vigencia y efectos cualquier declaratoria de conveniencia nacional sobre los territorios indígenas. De este modo, por las razones anteriormente explicadas, no es posible ni siquiera afirmar que se estará procediendo a la inundación de áreas ocupadas por las reservas de los grupos indígenas Bribri, Cabécares y los Térrabas, como se afirma en el libelo de interposición, ni mucho menos, toda vez que es claro que, a este momento, no podría afirmarse que ocurrirá, ni siquiera la existencia de tal amenaza. Por el contrario, el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís se encuentra suspendido, además, después de la declaratoria de este Tribunal, es claro que deberán cumplirse -de nuevo- los procedimientos administrativos dejados de realizar; y, de igual manera, debe procederse con el Decreto Ejecutivo N° 40932-MP-MJP, “Implementación del mecanismo general de consulta a pueblos indígenas”, como parte del cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene nuestro país respecto del Convenio N° 169, de la Organización Internacional del Trabajo. Sobre esto, hay la necesidad de que sea con carácter previo, no queda agotada con un acto meramente informativo, debe generar confianza entre las partes porque es de buena fe, debe ser adecuada y mediante las instituciones representativas indígenas, la consulta debe ser sistemática y transparente, y el fin que debe alcanzar es el entendimiento mutuo y el consenso en la toma de decisiones. Otra razón que apoya la modificación del ordenamiento jurídico, se encuentra también en la Constitución Política, y la jurisprudencia de esta Sala. Así, debe tomarse en cuenta que, por Sentencia N° 2002-06987 de las 11:17 horas del 12 de julio de 2002, esta Sala fue clara en afirmar cuál es el régimen jurídico que le ha dado el ordenamiento jurídico nacional al agua, el que ha sido considerado como un bien de dominio público. La Sala analizó en un recurso de amparo, la solicitud de protección del derecho a la propiedad y del debido proceso, de los propietarios de un bien inmueble en el que habían varias nacientes que abastecían la comunidad de Bordon, Cahuita, sobre los cuales se reclamaba el derecho a la propiedad, y en la que se consideró que: “De conformidad con lo que establece nuestro ordenamiento jurídico vigente en relación con las nacientes, es menester indicar a los recurrentes que los ríos y sus afluentes directos o indirectos, arroyos o manantiales, desde donde brotan las primeras aguas hasta su desembocadura son de dominio público, es decir son propiedad nacional y como tales son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil, además, la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio. En virtud de que están fuera del comercio de los hombres, estos bienes no pueden ser objeto de posesión y sobre ellos, un particular no puede argumentar derecho de propiedad. Así las cosas, el argumento de los recurrentes en el sentido de que las nacientes les pertenecen porque se encuentran en su propiedad, no es de recibo y por el contrario, la actuación de las autoridades recurridas, en este caso los funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía y del Área de Conservación respectiva, de velar por las nacientes y porque se evite, a toda costa, la contaminación de las mismas se encuentra ajustada al principio consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política y a las leyes que hacen efectiva la garantía constitucional”. Así las cosas, pesa sobre las aguas de las nacientes, sus afluentes directos o indirectos, quebradas y otros cuerpos de agua, un tratamiento jurídico muy concreto por parte del Constituyente y legislador, que es dotarle su carácter de dominio público. Esto implica que debe igualmente modificarse en la Constitución Política, para que sea regulado de modo distinto, como es la forma en que se pide declarar. Visto que desde el artículo 121.14), de la Constitución Política, se dejó claro que “No podrán salir definitivamente del dominio del Estado: a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el territorio nacional”. En consonancia con el precepto constitucional de las aguas de dominio público, la Ley de Aguas, Ley N° 276 del 27 de agosto de 1942, establece en el artículo 1°, inciso IV, que: “Son aguas del dominio público: […] IV.- Las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, arroyos o manantiales desde el punto en que broten las primeras aguas permanentes hasta su desembocadura en el mar o lagos, lagunas o esteros; […] ”. Por otra parte, es necesario citar el artículo 50, de la Ley Orgánica del Agua, Ley N° 7554 del 4 de octubre de 1995, que establece de igual manera, que: “Artículo 50.- Dominio público del agua. El agua es de dominio público, su conservación y uso sostenible son de interés social”. Recientemente, por Ley N° 9849 del 5 de junio de 2020, el Constituyente derivado, adicionó al artículo 50 Constitucional, lo siguiente: “Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. […]”. Ya desde la Sentencia N° 1991-03206 de las 14:45 horas del 6 de noviembre de 1991, la Sala estableció que: “El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres. Es decir, afectados por su naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Notas características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos de Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio. Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objetivo de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad, el permiso de uso es un acto jurídico unilateral que lo dicta la Administración, en el uso de sus funciones y lo que se pone en manos del particular, es el dominio útil de bien, reservándose siempre el Estado, el dominio directo sobre la cosa”. En otra Sentencia, la N° 2008-007117 de las 12:47 horas del 25 de abril de 2008, en el que se discutía el tema de los caminos públicos, la Sala estableció que: “Bajo esta tesitura, las carreteras, calles o caminos públicos, por su condición de bienes integrantes del demanio, no pueden ser enajenados sin antes haber sido desafectados del régimen de dominio público. Así pues, la naturaleza demanial de las vías públicas se presume y excluye cualquier otra posesión que se pretenda, siempre y cuando la titularidad sobre el inmueble esté respaldada en prueba fehaciente y sin perjuicio que en la vía ordinaria jurisdiccional se pueda discutir el mejor derecho que se pretenda. De lo anterior se deriva, también, el principio del privilegio de la recuperación posesoria de oficio del bien afectado, en virtud del cual, la administración puede recobrar la posesión perturbada de sus bienes sin necesidad de acudir al juez y sin perjuicio de discutir el mejor derecho en la vía jurisdiccional (interdictum propiam). Desde esa perspectiva, el ejercicio efectivo de la tutela sobre el dominio público debe tener como fin hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra tales bienes, pudiendo la Administración utilizar la fuerza-poder de policía sobre el dominio público – en su defensa ”. Aplicado lo anterior al caso del agua, es claro que la Constitución Política al referirse a las fuerzas del agua de dominio público, y la Ley de Aguas, en sentido general, se refieren a “los ríos y sus afluentes directos o indirectos, arroyos o manantiales desde el punto en que broten las primeras aguas permanentes hasta su desembocadura en el mar o lagos, lagunas o esteros”, las que se reputan para todo propósito legal como de dominio público que no puede ser apropiado por sujetos de derechos privado. Todo esto requiere de más precisión, pues la dificultad al yuxtaponerse o sobreponerse los derechos tradicionales indígenas, sobre los de la comunidad nacional, es necesario la conciliación de todos los intereses involucrados, lo cual solo sería posible a través de los estudios técnicos apropiados en la materia, y los resultados de la consulta previa, libre e informada. De ahí que, la declaración del otorgamiento de personalidad jurídica al Río Grande de Térraba que se pide para la resolución del caso que nos ocupa, no es posible en este momento procesal, en el tanto que desde la Constitución Política hay un abordaje concreto del agua como bien de dominio público o de la Nación, lo que incluye claramente la de los ríos de la totalidad de nuestro país. Incluso, es posible afirmar que por las mismas razones, el agua es un recurso compartido por la humanidad. Ha sido considerado un bien estratégico para las sociedades en el mundo, que si bien, el reconocimiento de las tradiciones y costumbres indígenas y tribales lo incluye, es que se protege el significado del Río, y del agua. Hay que señalar que en el caso que establece el reconocimiento de derechos de la personalidad jurídica al Río Whanganui, de Nueva Zelandia, este provino después de una larguísima batalla legal de más de 150 años entre la tribu Whanganui Iwi (Pueblo Maori) y el Gobierno de Nueva Zelandia, cuando surgieron algunos conflictos de aprovechamiento piscícola del río (durante la segunda mitad del Siglo XIX). Mediante un acuerdo de finiquito en el año 2014, se logró pacificar las discrepancias y litigios, y finalmente, el Parlamento del Nueva Zelandia en el año 2017 culminó ese acuerdo con el “Te Awa Tupua Act”, legislación que para algunos críticos aún mantiene algunos puntos del conflicto que no se solucionaron, porque de conformidad con el Common Law de Nueva Zelandia, el agua también es de dominio público, y subsisten a lo largo de la rivera múltiples propietarios, además del pueblo indígena en cuestión. Además de lo argumentado por el accionante, es importante establecer que si bien ha habido en otras Naciones de América Latina acciones similares como el reconocimiento a la naturaleza como un sujeto de derechos (Corte Constitucional de Colombia en su Sentencia T-622 de 2016), la Sala estima que por la forma en que ha sido resuelta la acción, no quedarían los pueblos indígenas del Río Térraba con una verdadera amenaza a las costumbres y cultura indígena. Cabe señalar además que no se ha provocado el desbordamiento del Río Grande de Térraba por represamiento, ni ha habido afectación del territorio indígena en la forma de inundaciones parciales, temporales o permanentes, porque ya en este punto concreto ha habido avances jurisdiccionales en el resguardo de los derechos de los indígenas. Ha quedado claro que el ICE mantiene el proyecto suspendido, se ha resuelto en la jurisdicción contencioso-administrativa la obligación de cumplimentar los Estudios de Impacto Ambiental, conforme lo establezca la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Por último, se trae a colación que en nuestro país las personas que abogan por la defensa del ambiente, tienen amplia legitimación, casi irrestricta por la cantidad de las protecciones que el ordenamiento jurídico nacional ofrece a la naturaleza, las que estarían contenidas desde los artículos 50 y 89, Constitucionales, en diversas leyes y reglamentos, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), entre otros. Es oportuno señalar que, a nivel institucional, se tiene en la vía administrativa mecanismos que aún no se han completado, y que conforme se mencionó supra, la jurisdiccional que ya se pronunció (de continuar con el proyecto se debía cumplir con la solicitud formal ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental). De este modo, las formas de tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado son abundantes y efectivas, incluidas la de la jurisdicción constitucional que admite la legitimación directa. De igual manera, por la forma en que se está resolviendo la acción, no se considera necesario abordar las cuestiones relacionadas a la inderogabilidad singular de las normas, así como los otros tratados invocados en la acción, situación que no ha sido necesario abordar para la anulación del Decreto Ejecutivo impugnado. Por todo lo expuesto, la acción debe declararse sin lugar, en este extremo. IX.- Conclusión y dimensionamiento. Por la forma de resolver en esta sentencia, se estaría corrigiendo un problema ab initio del Decreto Ejecutivo impugnado, toda vez que el Ministerio de Ambiente y Energía incurrió en el incumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Forestal para declarar proyectos de Conveniencia Nacional. Pero además, debe decirse con toda claridad que la materia que nos ocupa exige sobrepasar un campo de interpretación del Derecho y de las resoluciones dictadas por este Tribunal en el pasado, para no dejar espacio para mayores perjuicios sobre los derechos indígenas y el Territorio Indígena Térraba. Más aún, el problema detectado no puede ignorar la ubicación o geolocalización de los territorios indígenas con las coordenadas que habían sido establecidas en el Decreto Ejecutivo. Pero, no se debe vaciar la declaratoria de inconstitucionalidad de esta sentencia a un problema territorial que presuntamente ya fue corregido por esta Sala por Sentencias N° 2011-12975 de las 14:30 horas del 23 de septiembre de 2011 y N° 2016-15711 de las 17:30 horas del 26 de octubre de 2016, dado que, sería incurrir en una ilegítima simplificación de una grave infracción al Derecho a la Constitución (valores, principios y normas). Debe recordarse que el Convenio N° 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, llama a respetar la importancia especial que tienen las tierras y territorios para los pueblos indígenas. Los derechos indígenas no se resumen a la tenencia y explotación de un territorio, pues como es bien sabido, es más integral que eso. Es la base sobre la cual crece su cultura y sus valores espirituales, tiene un efecto agregativo, que sobre él se suman otros derechos que se construyen alrededor de ese territorio y ofrece las condiciones para su modo de vivir y les aseguran su supervivencia como un todo. Delimitar esa infracción a un logro limitado obtenido en sentencias anteriores de la Sala, desconoce de hecho que se mantienen vigentes otras partes y efectos nocivos de la Declaratoria de Conveniencia Nacional, que de acuerdo con esta sentencia se determinó que carece de una condición exigida por el ordenamiento jurídico, es ilegal y contraria al Derecho de la Constitución (valores, principios y normas), y permitiría la supervivencia en paralelo de prerrogativas del Estado y sus instituciones, que podrían profundizar la inseguridad jurídica que tienen para todo el resto de derechos asociados a las tierras de las comunidades indígenas. Es a todas luces un comportamiento judicial que no se ajusta al rigor, seriedad y altura que ameritan los compromisos y obligaciones internacionales asumidas libremente por el Estado costarricense, de cara a los derechos indígenas aquí referidos. De manera que, sin un pronunciamiento expreso de esta Sala, sobre la aludida declaratoria, se diluiría en el laberinto de la interpretación de los operadores de derecho, lo que podría socavar la vigencia de los valores, usos y goce del territorio, cuando deberían ser pacíficamente ejercidos por los pueblos indígenas. Por declarado inconstitucional el artículo 1°, sobreviene la del resto de la normativa, lógicamente por conexidad y consecuencia, debe expulsarse del ordenamiento jurídico los demás artículos que dependen de esa declaratoria por estar en contra de las obligaciones internacionales, pues de no hacerlo expresamente se mantendría vigente esa declaratoria de Conveniencia Nacional que permite alinear esos objetivos dentro de una serie de mecanismos jurídicos de derecho público que permiten agilizar, coordinar instituciones, mecanismos informativos y de negociación, y exceptúa al Instituto Costarricense de Electricidad de los “requisitos para demostrar la titularidad de la propiedad de los inmuebles en los que se desarrollará el Proyecto”, los que no han sido declarados inconstitucionales, pero son excepciones que engrosan impactos negativos y los problemas de irrespeto sobre el control e interferencia de terceros, dentro del territorio indígena. Con todo lo anterior, se les devuelve la dignidad intrínseca que los pueblos indígenas se merecen y se asegura que la puedan ejercer mediante la consulta indígena. A partir de ahora, de querer avanzar hacia el desarrollo y consolidación del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís con un nuevo decreto, esta declaratoria deberá gestionarse observando lo establecido en el ordenamiento jurídico, de forma oportuna por parte del Gobierno de la República. Es importante señalar, que no solo deberá haber cumplimiento de las exigencias legales y reglamentarias para continuar con los estudios de factibilidad, así como para la realización del Estudio de Impacto Ambiental, sino que deben garantizarse los derechos de las comunidades, sus tradiciones y cultura como pueblos indígenas afectados, en los términos del Decreto Ejecutivo N° 40932-MP-MJP, “Implementación del mecanismo general de consulta a pueblos indígenas”, a quienes se les deberá otorgar la consulta previa, libre e informada, así como el reconocimiento de las restantes garantías que ofrece el ordenamiento jurídico al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Dado que la Sala está declarando con lugar la acción, con la eliminación del Decreto Ejecutivo N° 34312-MP-MINAE de 06 de febrero de 2008, denominado “Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad”, con efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, ello se hace sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe, lo que significa que queda salvaguardada aquella información obtenida durante la vigencia del Decreto Ejecutivo impugnado, en favor o en contra de la realización del proyecto; de modo tal, que a la luz de lo dispuesto en el artículo 91, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no será necesario volver a repetir las acciones y estudios si cumplieron la función técnica y científica para la cual fueron diseñados en el proyecto, así como para fundamentar las solicitudes que correspondan ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, las que se podrían considerar válidas para esos propósitos, todo a juicio de ésta. Todo lo anterior a fin de no repetir las acciones que eviten perturbar los derechos de las comunidades indígenas y su territorio. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el efecto retroactivo de la anulación no se aplica respecto de aquellas relaciones o situaciones jurídicas que se hubieren consolidado por prescripción o caducidad, en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material o por consumación en los hechos, cuando éstos fueren materialmente o técnicamente irreversibles, o cuando su reversión afecte seriamente derechos adquiridos de buena fe. Así, esta declaración se hace sin perjuicio de los acuerdos alcanzados entre el ICE y las asociaciones representativas de las comunidades indígenas, que tuvieron como resultado el desistimiento del proceso en la sede de la jurisdicción ordinaria. En todo lo demás, debe declararse sin lugar la acción. ARTÍCULO 45 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. “…debe quedar claro que los bienes inmuebles a nombre de las asociaciones, de las comunidades indígenas, no son bienes de dominio público, aunque traspasados por instituciones públicas a las Asociaciones de Desarrollo Comunal, son de naturaleza privada. A su vez, para la Sala, hay que establecer -también- que a diferencia de la propiedad privada común, dadas las características de la forma colectiva o comunal de la propiedad indígena, se trata de una forma de propiedad privada especial, que no es pública o privada, clásicamente entendida, pero sí amparada a las protecciones del artículo 45, de la Constitución Política, de las disposiciones convencionales aplicables, o de los tratados de Derechos Humanos; y, las que determina la ley. De este modo, puede decirse que es una forma de propiedad privada sui generis, de suyo colectiva o comunal. debe quedar claro que los bienes inmuebles a nombre de las asociaciones, de las comunidades indígenas, no son bienes de dominio público, aunque traspasados por instituciones públicas a las Asociaciones de Desarrollo Comunal, son de naturaleza privada. A su vez, para la Sala, hay que establecer -también- que a diferencia de la propiedad privada común, dadas las características de la forma colectiva o comunal de la propiedad indígena, se trata de una forma de propiedad privada especial, que no es pública o privada, clásicamente entendida, pero sí amparada a las protecciones del artículo 45, de la Constitución Política, de las disposiciones convencionales aplicables, o de los tratados de Derechos Humanos; y, las que determina la ley. De este modo, puede decirse que es una forma de propiedad privada sui generis, de suyo colectiva o comunal…” CO10/22 ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 045- Propiedad privada Subtemas: NO APLICA. ARTÍCULO 45 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. “…debe quedar claro que los bienes inmuebles a nombre de las asociaciones, de las comunidades indígenas, no son bienes de dominio público, aunque traspasados por instituciones públicas a las Asociaciones de Desarrollo Comunal, son de naturaleza privada. A su vez, para la Sala, hay que establecer -también- que a diferencia de la propiedad privada común, dadas las características de la forma colectiva o comunal de la propiedad indígena, se trata de una forma de propiedad privada especial, que no es pública o privada, clásicamente entendida, pero sí amparada a las protecciones del artículo 45, de la Constitución Política, de las disposiciones convencionales aplicables, o de los tratados de Derechos Humanos; y, las que determina la ley. De este modo, puede decirse que es una forma de propiedad privada sui generis, de suyo colectiva o comunal. debe quedar claro que los bienes inmuebles a nombre de las asociaciones, de las comunidades indígenas, no son bienes de dominio público, aunque traspasados por instituciones públicas a las Asociaciones de Desarrollo Comunal, son de naturaleza privada. A su vez, para la Sala, hay que establecer -también- que a diferencia de la propiedad privada común, dadas las características de la forma colectiva o comunal de la propiedad indígena, se trata de una forma de propiedad privada especial, que no es pública o privada, clásicamente entendida, pero sí amparada a las protecciones del artículo 45, de la Constitución Política, de las disposiciones convencionales aplicables, o de los tratados de Derechos Humanos; y, las que determina la ley. De este modo, puede decirse que es una forma de propiedad privada sui generis, de suyo colectiva o comunal…” CO10/22 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: AMBIENTE Subtemas: NO APLICA. Exp: 18-005745-0007-CO Res. N° 2022001622 Voto salvado del magistrado Rueda Leal. Disiento respetuosamente del punto de partida que asume la sentencia de mayoría, lo que me obliga a salvar el voto. En un recuento cronológico del control de constitucionalidad que la Sala ha ejercido sobre el decreto n.º 34312-MP-MINAE, observo que en la sentencia n.º 2011012975 de las 14:30 horas del 23 de setiembre de 2011 se aplicó una interpretación conforme del ordinal 8 eiusdem, en el siguiente sentido: “Se declara sin lugar la acción respecto de los artículos 1 y 4 del Decreto Ejecutivo número 34312. Por mayoría, se interpreta conforme a la Constitución el numeral 8 del Decreto Ejecutivo número 34312, siempre y cuando la consulta establecida en el artículo 4 de ese Decreto se realice en el plazo improrrogable de 6 meses contado a partir de la notificación de este pronunciamiento…” Posteriormente y ante la omisión de efectuar la citada consulta, mediante voto n.° 2016-15711 de las 17:30 horas del 26 de octubre de 2016 dispuso la Sala: “Se declara con lugar la acción planteada y, en consecuencia, se anula por inconstitucional el artículo 8 del Decreto 34312-MP-MINAE del 06 de febrero del 2008. Esta sentencia tiene efectos declarativos a partir del vencimiento del plazo que fue establecido en la sentencia número 2011- 12975 de las 14:30 horas del 23 de setiembre de 2011, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe …” Este hecho es de vital relevancia, dado que el numeral 8 anulado establecía la ubicación del pretendido proyecto hidroeléctrico: “Artículo 8º-Los sitios para explotación de materiales para la presa, casa de máquinas y obras conexas; se localizan en las Hojas Topográficas General, Buenos Aires, Changuena, Cabagra, a escala 1:50 000 del Instituto Geográfico Nacional, tienen los siguientes puntos de polígonos: Punto Inicio Punto Final 534000 E / 337700 N 536000 E / 337875 N 536000 E / 337875 N 538000 E / 337500 N 530650 E / 339603 N 531747 E / 338563 N 534939 E / 347661 N 533541 E / 346603 N 533541 E / 346603 N 532202 E / 345356 N 532202 E / 345356 N 531470 E / 343697 N 522600 E / 323750 N 520000 E / 323000 N 520000 E / 323000 N 518000 E / 322283 N 518000 E / 322283 N 516000 E / 322052 N 547052 E / 334121 N 546614 E / 332384 N 548576 E / 328715 N 547800 E / 326781 N” En consecuencia, al momento de conocer esta nueva acción, la citada norma ya era inexistente en el ordenamiento jurídico, dada la anulación erga omnes dispuesta por la Sala. Pese a lo anterior y haciendo caso omiso de tal anulación, la mayoría de este Tribunal se ha decantado por acudir a la sentencia n.° 2011012975 para conceder efectos jurídicos al citado artículo 8: “… hay que determinar si el Poder Ejecutivo, a través del Decreto Ejecutivo impugnado, afectó en concreto y potencialmente los territorios indígenas. En criterio de la Procuraduría General, eso no está claro en el expediente. Sin embargo, al examinar la jurisprudencia de este Tribunal, es posible tener por acreditado que la aplicación del Decreto Ejecutivo impugnado, mantiene dentro de los límites de la habilitación o autorización, porciones del territorio indígena en cuestión. En concreto, se ha determinado esa afectación por el Estado, de modo que es importante tener en cuenta que ya, mediante la Sentencia N° 2011-12975 de las 14:30 horas del 23 de septiembre de 2011, la Sala estableció que: “III.- SOBRE LA PROPIEDAD DEL PUEBLO INDÍGENA ACCIONANTE. La Reserva Indígena de Térraba se encuentra delimitada en el Decreto Ejecutivo 22203 del 2 de abril de 1993. Asimismo, su fundamento legislativo se desprende de la denominada Ley Indígena No. 6172 del 29 de noviembre de 1977, cuyo artículo 2, en forma expresa, declara propiedad de las comunidades indígenas las reservas mencionadas en su artículo 1°, dentro de las cuales se incluye la reserva Térraba. Ahora bien, de acuerdo con el informe técnico del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (folio 318), el artículo 8 del citado Decreto refiere puntos de coordenadas planas que representan sitios para la explotación de materiales para la presa, casa de máquinas y obras conexas. Por su parte, el proyecto se compone de sitios de explotación, por tanto, no posee un único espacio o área de acción, y como no se manifiestan las dimensiones espaciales de tales sitios o puntos, es imposible por ahora -de acuerdo con la información que consta en este proceso-, calcular un área de terreno en común que pueda existir entre el Proyecto Hidroeléctrico Diquís y la Reserva Indígena de Térraba. No obstante, establecidos los límites de la Reserva Indígena de Térraba sobre las hojas topográficas respectivas, en asocio y ubicación de los lugares que forman parte del proyecto hidroeléctrico, existen tres sitios coincidentes con el área de la Reserva: los puntos 536000 E / 337875 N, 547052 E / 334121 N y 546614 E / 332384 N. Por otro lado, en su informe, el Instituto Costarricense de Electricidad admite que se estarían inundando aproximadamente 74 hectáreas en la reserva indígena de China Kichá y 653 hectáreas de la reserva indígena de Térraba. En total se inundarían aproximadamente 727 hectáreas, que afecta un7.5% del total de territorio indígena de Térraba y un 5.7% del total de territorio de China Kichá. En consecuencia, resulta indubitable que el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, en su fase de ejecución -que todavía no ha comenzado- y de acuerdo con la información que sí consta en el expediente de esta acción, comprenderá territorio indígena Térraba”. De ahí, que con la claridad de las conclusiones de este Tribunal, no podría desdecirse ahora, ni mucho menos si no se alega que se le hizo incurrir en un error material de apreciación por el Instituto Geográfico Nacional, órgano administrativo y técnico que contribuyó a la localizaron de las áreas de posible afectación. Aunque, lo que el accionante reclama es la inundación de territorio indígena, lo cual, evidentemente no ha sucedido ni sucedería, pues los informes son claros que se encuentra en las fases preliminares, y como se indicará más adelante, el proyecto fue suspendido en su totalidad. Sin embargo, la forma del abordaje por parte del Gobierno de la República, al declarar el proyecto de Conveniencia Nacional sí comprometió los derechos fundamentales específicos de los pueblos indígenas a los que se les aplicó el Decreto Ejecutivo impugnado.” Obsérvese que, según la mayoría, no es posible desconocer el informe técnico del Instituto Geográfico Nacional relacionado con la localización de las áreas de posible afectación, lo que sirve de fundamento para el análisis posterior de constitucionalidad. Sin embargo, ese informe técnico fue rendido con base en las coordinadas indicadas en el numeral 8, como se deduce de la transcripción efectuada por la propia mayoría: “…de acuerdo con el informe técnico del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (folio 318), el artículo 8 del citado Decreto refiere puntos de coordenadas planas que representan sitios para la explotación de materiales para la presa, casa de máquinas y obras conexas…” Visto que esa norma fue anulada mediante la sentencia n.° 2016015711, según se indicó, entonces el informe técnico del Instituto Geográfico Nacional carece de sustento normativo para mantener su vigencia actual. Se sigue de ahí que la decisión de la Sala igualmente carece de fundamento jurídico, ya que toma este informe como premisa. Estimo que el numeral 8 es central para determinar la inconstitucionalidad del decreto impugnado a la luz de los reclamos planteados por el accionante. Él acusa: 1) la irreductibilidad del bosque (en particular, de aquel en tierra indígena); 2) reserva de ley e inderogabilidad singular de la norma, porque el Poder Ejecutivo no mencionó “…en todo el decreto de conveniencia nacional cuestionado, que existían terrenos que son parte de territorios indígenas…”; 3) que las declaratorias de conveniencia nacional son aplicables a la propiedad privada, pero no a los territorios indígenas; 4) violación al derecho convencional, por cuanto la represa inundaría territorios indígenas. Finalmente, solicita el reconocimiento de la personalidad jurídica del río Grande de Térraba. La lectura de cualquiera de los reclamos anteriores parte de la determinación geográfica del proyecto y la afectación del territorio indígena para ser válido. Incluso, se observa que el actor asumió erróneamente que el artículo 8 todavía seguía vigente al momento de interposición de la acción y lo transcribe en su escrito como objeto de impugnación, a pesar de que ya había sido anulado. Por su parte, atinente a la solicitud de reconocimiento de la personalidad jurídica del río Grande de Térraba, ella debe descartarse tan solo, porque, en el caso concreto, tal pretensión no está ligada a la alegada inconstitucionalidad de la norma impugnada, ni la parte accionante desarrolló algún razonamiento jurídico específicamente para sustentar tal vínculo. Como argumento adicional, destaco que los reclamos anteriores no son aplicables a los otros artículos del decreto cuestionado sin la determinación geográfica de la zona afectada por el proyecto. De hecho, en el caso de algunos numerales, no se puede establecer siquiera algún tipo de relación entre los citados reclamos y la norma correspondiente. Así, verbigracia, no se deriva una objeción concreta en contra de la cooperación interinstitucional (numeral 2), el destino de fondos para el desarrollo local (ordinal 3) o el establecimiento de mecanismos de información y negociación (artículo 4). Sin embargo, todos ellos se ven afectados por la inconstitucionalidad decretada. No puedo dejar de subrayar la relevancia del numeral 8 (anulado) para la interpretación sistemática de las normas restantes del decreto impugnado y, en consecuencia, para la valoración de constitucionalidad de los reclamos planteados. Esto se nota con un ejercicio hipotético: a fin de hacer viable el proyecto hidroeléctrico, el Poder Ejecutivo hubiera podido, con posterioridad a la anulación del numeral 8 mediante la sentencia n.° 2016-15711, emitir un decreto para adicionar un nuevo artículo 8, que estableciera una zona geográfica distinta, completamente alejada de los territorios indígenas del actor. Desde mi perspectiva, tal proceder hubiera resultado válido. En conclusión, los reclamos del accionante son insubsistentes si no se determina la zona geográfica afectada. En consecuencia, declaro sin lugar la acción. Paul Rueda L. CO10/22 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: AMBIENTE Subtemas: NO APLICA. Exp: 18-005745-0007-CO Res. Nº 2022-001622 VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Con el respeto acostumbrado salvo mi voto y declaro sin lugar la acción de inconstitucionalidad planteada contra el decreto ejecutivo n.°34312-MP-MINAE de 06 de febrero de 2008, que es “Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad”. I.- Objeto de la acción La parte accionante alega que la normativa cuestionada ?obras y embalse? viola el principio de irreductibilidad del bosque en territorios indígenas, implica una infracción al principio de no regresión en materia ambiental y se lesiona el principio de reserva de ley. II.- Informe de la Procuraduría General de la República (PGR) Al respecto, el Procurador General de la República, Julio Alberto Jurado Fernández, informó lo siguiente: “En la sentencia 12975/2011 esa Sala desestimó la acción de inconstitucionalidad planteada contra los artículos 1° y 4° del Decreto Ejecutivo 34312 (expediente 08-9215-0007-CO) y, por mayoría, interpretó conforme a la Constitución su numeral 8, siempre y cuando la consulta que establece el artículo 4° ibid se realizara en un plazo improrrogable de seis meses, a partir de la notificación del pronunciamiento. Al no realizarse la consulta, se interpuso otra acción de inconstitucionalidad contra el artículo 8 de dicho Decreto, tramitada bajo el expediente 16-005486-0007-CO, que la Sala, en el voto 15711/2016, declaró con lugar y anuló la norma, con efectos declarativos a partir del vencimiento del plazo establecido en la sentencia número 12975/2011, y dejó a salvo los derechos adquiridos de buena fe, como consta en la publicación hecha en el Boletín Judicial N° 239 del 13 de diciembre de 2016. La resolución 15711/2016 no ha sido notificada, ya que está pendiente de redactar. Por lo anterior, no hay coordenadas que determinen el sitio donde eventualmente se ejecutaría el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHD), lo que hace improcedente la acción en cuanto a los alegatos sobre la afectación de territorios indígenas: disminución de área, tala y eliminación o inundación del bosque y áreas de protección, con la represa, cambio de uso de suelo, pérdida de biodiversidad, del paisaje natural, sitios arqueológicos y sagrados. Es hipotético que el PHD se vaya a desarrollar y, en ese tanto, es impredecible que pudiera menoscabar reservas indígenas. A esto se une que en proceso de trámite preferente contra el Instituto Costarricense de Electricidad y el Estado, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta, en sentencia firme N° 194-2015-VI, declaró parcialmente con lugar la demanda y dispuso: “1) Se ordena al Instituto Costarricense de Electricidad que, si decide a corto, mediano o largo plazo, reabrir o retomar la fase de investigación geológica en el Sitio Térraba previo a la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, deberá iniciar el procedimiento de evaluación ambiental respectivo bajo la normativa vigente al momento de la presentación de su solicitud. 2) Se ordena a la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente que, si la fase de investigación a la que hicimos referencia se retoma, deberá definir el instrumento de evaluación ambiental que deba exigirse al ICE de conformidad con lo dispuesto por el ordenamiento jurídico vigente y tomando en cuenta los parámetros que para efectos de esa clasificación se establezcan, así como la significancia ambiental de cada una de las obras o actividades impactantes que se vayan a realizar. 3) Se ordena al Instituto Costarricense de Electricidad que, en caso de que decida a corto, mediano o largo plazo, reabrir o retomar la fase de investigación geológica en el Sitio Térraba previo a la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, deberá gestionar ante los entes y órganos competentes las autorizaciones o permisos que el ordenamiento jurídico exige para realizar actividades como la corta de árboles, movimiento de tierras, excavaciones, construcción de obras en el cauce de río como diques o muros de gaviones. 4) Se ordena a ambos demandados que mientras no se haya efectuado la consulta indígena previa, libre e informada al pueblo indígena de Térraba ni se cuente con el instrumento de evaluación ambiental que corresponda según las actividades que se efectúen, deberá abstenerse de adoptar cualquier conducta administrativa, ya sea referida a la fase de investigación o a la de inversión del PHD, que pueda afectar el medio ambiente o la biodiversidad de esa Reserva Indígena”. Al parecer, el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís está inactivo. (…) Sin embargo, al no haber coordenadas que definan la ubicación del PHD y ser incierta su ejecución, carece de sustento el alegato de que se reducirán, por inundación o tala de bosques, los territorios indígenas, propiedad privada comunitaria. (…) En síntesis, el Decreto 34312 no violenta el principio de irreductibilidad del bosque, ni el Convenio 169 de la OIT, porque es incierta la ubicación y realización del Proyecto en territorios indígenas, propiedad privada colectiva, y se dictó en consonancia con normas que la Sala Constitucional ha declarado que se ajustan al Derecho de la Constitución. La Procuraduría también considera que el alegato no es de recibo, al carecer de coordenadas el Decreto tildado de inconstitucional que permitan ubicar el PHD en un área geográfica concreta. No habría entonces base para aseverar que el mismo entrañe en la materialidad una disminución de alguna reserva indígena o la tala e inundación de sus bosques, ni la afectación de los derechos posesorios o culturales y ambientales de las comunidades indígenas. Tampoco contiene el Decreto ninguna norma que disponga la reducción de territorios indígenas o que modifique la Leyes 6172 y 6703, ni se contrapone al Convenio 169 de la OIT. En virtud de los propios pronunciamientos de la Sala este asunto carece de interés actual. (…) Al no precisar el decreto objetado el sitio donde se desarrollaría el PHD, de incierta ejecución, se repite, no podría afirmarse que afectará reservas indígenas. En su literalidad no dispone una disminución, inundación, tala de árboles o cambio de uso de suelo de éstas. Y tiene asidero en la Ley Forestal, artículos 19 inciso b) y 34, cuya constitucionalidad ha reconocido esa Sala. Con lo cual, no contraviene el Convenio 169 de la OIT, artículos 13 y 14.2, ni el 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos y conexos. De lo que se sigue que no se daría un irrespeto a la importancia especial que para las culturas y valores de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras que ocupan o utilizan, y además el Estado costarricense ha dictado normas para determinar los territorios de las comunidades indígenas y proteger sus derechos de propiedad y posesión”. III.- Antecedentes de la Sala Constitucional Esta Sala dictó la sentencia n.°2016-15711 del 26 de octubre de 2016 mediante la cual se declaró la inconstitucionalidad del artículo 8 del decreto ejecutivo n.°34312 que acá también se impugna. La norma en cuestión disponía lo siguiente: “Artículo 8º—Los sitios para explotación de materiales para la presa, casa de máquinas y obras conexas; se localizan en las Hojas Topográficas General, Buenos Aires, Changuena, Cabagra, a escala 1:50 000 del Instituto Geográfico Nacional, tienen los siguientes puntos de polígonos: Punto Inicio Punto Final 534000 E / 337700 N 536000 E / 337875 N 536000 E / 337875 N 538000 E / 337500 N 530650 E / 339603 N 531747 E / 338563 N 534939 E / 347661 N 533541 E / 346603 N 533541 E / 346603 N 532202 E / 345356 N 532202 E / 345356 N 531470 E / 343697 N 522600 E / 323750 N 520000 E / 323000 N 520000 E / 323000 N 518000 E / 322283 N 518000 E / 322283 N 516000 E / 322052 N 547052 E / 334121 N 546614 E / 332384 N 548576 E / 328715 N 547800 E / 326781 N (La Sala Constitucional mediante resolución N° 12975 del 23 de setiembre de 2011, interpretó conforme a la Constitución este artículo: “siempre y cuando la consulta establecida en el artículo 4 de ese Decreto se realice en el plazo improrrogable de 6 meses contado a partir de la notificación de este pronunciamiento.”)” Como se aprecia, la disposición transcrita constituye un elemento clave en la realización del proyecto: las coordenadas geográficas en las que se iba a desarrollar. Dicha norma fue examinada originalmente en la sentencia n.°2011-012975 de las 14:30 hrs. de 23 de setiembre de 2011 en la que expresamente se advirtió que se iba a preservar su constitucionalidad hasta la realización de la consulta contemplada en el art. 4 del propio decreto. No obstante, con posterioridad se constató que no hubo tal consulta, lo que motivó la declaratoria de inconstitucionalidad. Al respecto, esta Sala realizó las siguientes consideraciones: “En el sub examine, lo planteado por el accionante es que la Administración no efectuó dicha consulta, motivo por el que este Tribunal procede a revisar nuevamente la constitucionalidad del ordinal 8 del Decreto número 34312-MP-MINAE de 6 de febrero de 2008, para cuyo efecto se toma en consideración lo dispuesto en la sentencia supracitada. Así, primeramente se debe indicar que el plazo otorgado en aquella oportunidad por la Sala, no se puede calificar como preclusivo, porque los plazos judiciales tienen la característica particular contemplada en el artículo 144 del Código Procesal Civil, el cual dispone: “Plazos judiciales. Cuando este Código fuere omiso en cuanto a la duración de un plazo, éste será establecido por el juez, tomando en cuenta la naturaleza del proceso y la importancia del acto... ”. A partir de esta característica, en cada caso concreto, la autoridad judicial eventualmente puede valorar un plazo concedido en una orden judicial de acuerdo con la naturaleza del proceso y la importancia del acto, cuando así sea debidamente justificado y solicitada su prórroga. Ahora, en la especie, de las audiencias rendidas en este expediente por las autoridades del ICE y del Ministro de Ambiente y Energía, no se acredita que la Administración hubiese gestionado alguna prórroga del plazo en cuestión de previo a su vencimiento, invocando las razones por las que no había podido celebrar la consulta. De manera que no resulta atendible, que luego de vencido sobradamente el plazo conferido, las autoridades administrativas vengan a intentar justificar su inercia en llevar a cabo la consulta de marras. Por ello, se impone declarar la inconstitucionalidad sobrevenida del numeral 8 impugnado, pues aun cuando dicha disposición no resultaba inconstitucional al momento de su emisión, dadas las condiciones y etapas del proyecto a desarrollar en aquella oportunidad, no menos cierto es que este Tribunal, en la sentencia No. 2011-12975 de las 14:30 horas de 23 de setiembre de 2011, sostuvo la constitucionalidad de dicha norma siempre y cuando la consulta establecida en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 34312 fuera realizada en el plazo improrrogable de 6 meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, lo que finalmente no ocurrió y, por ello, de modo sobreviniente deviene ahora inconstitucional el artículo 8 de dicho Decreto, único objeto de esta acción. (…) Se declara con lugar la acción planteada y, en consecuencia, se anula por inconstitucional el artículo 8 del Decreto 34312-MP-MINAE del 06 de febrero del 2008. Esta sentencia tiene efectos declarativos a partir del vencimiento del plazo que fue establecido en la sentencia número 2011- 12975 de las 14:30 horas del 23 de setiembre de 2011, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. De conformidad con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dispone que la eficacia de esta decisión inicie a partir de la fecha de primera publicación del edicto en que se informó de la admisión de este proceso. Reséñese este pronunciamiento en La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial”. (Lo destacado no corresponde al original). IV.- Consideraciones personales A la luz de los antecedentes examinados y de la postura de la PGR, considero que corresponde declarar sin lugar la acción de inconstitucionalidad y descartar los presuntos vicios apuntados por la parte accionante. Lo anterior por la sencilla razón de que el proyecto no podía seguir adelante, dado que desde el año 2016, de previo a la interposición de este proceso, ya había una declaratoria de inconstitucionalidad respecto de las coordenadas que definían “los sitios para explotación de materiales para la presa, casa de máquinas y obras conexas”. Si los argumentos de inconstitucionalidad se basan en una presunta afectación al principio de irreductibilidad de los bosques y una supuesta lesión o amenaza a la propiedad indígena, se debe concluir que los mismos son insubsistentes ante una imposibilidad material de llevar adelante el proyecto en cuestión por falta de una ubicación geográfica debidamente delimitada. Sobre el particular, comparto las consideraciones realizadas por la PGR en el sentido de que “al no haber coordenadas que definan la ubicación del PHD y ser incierta su ejecución, carece de sustento el alegato de que se reducirán, por inundación o tala de bosques, los territorios indígenas, propiedad privada comunitaria”. Está claro que a tenor de los propios pronunciamientos de esta Sala ?que tutelaron el derecho a la audiencia en relación con la propiedad indígena? quedó insubsistente el decreto ejecutivo impugnado, pues carece de un elemento fundamental para su desarrollo: una ubicación debidamente definida incluso luego de una audiencia previa. Advierto que con este pronunciamiento no estoy avalando el contenido de las disposiciones impugnadas, sino que estimo que carece de interés actual ahondar en el resto de las impugnaciones, debido a que uno de los ejes nucleares del desarrollo del proyecto cuestionado ?su ubicación? ya fue declarado inconstitucional por esta Sala desde el año 2016, mucho antes de la interposición de esta acción de inconstitucionalidad. En atención a lo dicho, considero que no hay mérito para acoger la acción de inconstitucionalidad y por eso la declaro sin lugar. Anamari Garro V. Magistrada CO10/22 ... Ver más Texto de la resolución *180057450007CO* Exp: 18-005745-0007-CO Res. Nº 2022-001622 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas y cero minutos del diecinueve de enero del dos mil veintidós. Acción de inconstitucionalidad promovida por [Nombre 001], mayor, indígena térraba, portador de la cédula de identidad número [Valor 001], vecino de la [Nombre 002] contra el Decreto Ejecutivo N° 34312-MP-MINAE de 06 de febrero de 2008, denominado “Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad”. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 9:09 horas del 13 de abril de 2018, el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo N° 34312-MP-MINAE de 06 de febrero de 2008, que es “Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 31 de 13 de febrero de 2008. El accionante afirma que pertenece al grupo originario Brorán del Territorio Indígena Térraba. Alega que la normativa cuestionada viola el principio de irreductibilidad del bosque, contemplado en diversas normas de índole legal, por lo que no es posible permitir la tala de árboles y la eliminación de zonas de protección, así como la inundación de territorios, pues no nos encontramos frente a fundos de naturaleza privada, sino territorios indígenas. Los territorios indígenas son creados por medio del legislador, razón por la cual, solo por esa vía se puede modificar el destino de esos suelos. La inundación del bosque supone la pérdida del conocimiento originario asociado con este, lo que viola el Convenio N° 169, de la Organización Internacional del Trabajo. Considera que la normativa impugnada viola el principio de reserva de ley y de inderogabilidad singular de la norma, en cuanto soslaya las disposiciones de la Ley Indígena, en lo que se refiere a la posibilidad de disminuir el alcance de estos terrenos. Además, se deja indebidamente de lado las normas de la Ley de Patrimonio Arqueológico, Ley N° 6073, que incluye dentro de éste a los inmuebles producto de las culturas indígenas. De modo que, el régimen de los territorios indígenas no es equiparable a los de propiedad privada y, por tanto, solamente por vía legal se puede modificar su destino. Es evidente que la inundación que se prevé en el proyecto lesiona, de manera grosera, el uso de los territorios que son indígenas. Considera que el agua, la biodiversidad y ciertos puntos espaciales tienen derecho, razón por la cual la Sala Constitucional debería intervenir en el caso concreto. Insiste en que las declaratorias de conveniencia nacional, en los términos del artículo 19, de la Ley Forestal, sólo son aplicables respecto de fundos privados. Pide que se observe, al sub examine, los alcances de los fallos dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Yakey AXA vs. Paraguay, y Saramaka vs. Surinam, además de la opinión consultiva N° OC-23/17. La normativa cuestionada vulnera el artículo 5°, de la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, y la Convención sobre Protección de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Estima que se debería reconocer la personalidad jurídica al Río Grande de Térraba, como se ha efectuado en otros ordenamientos, respecto de ciertos bienes naturales. Insiste en que la reducción de los territorios indígenas debe producirse vía ley, lo que no se ha efectuado en el caso concreto. Solicita se declare con lugar la acción y la inconstitucionalidad de las normas impugnadas. 2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, señala que proviene del párrafo 2°, del artículo 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto se defienden el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que es parte de la defensa de intereses difusos. 3.- Por resolución de las 9:12 horas del 17 de abril de 2018, se le dio curso a la acción, confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de la Presidencia y al Ministerio de Ambiente y Energía. 4.- Julio Jurado Fernández, en su condición de Procurador General de la República rindió su informe, e indica que la legitimación esgrimida por el accionante- interés difuso en defensa del derecho a un ambiente sano y equilibrado, aunado a su origen “Brorán” del territorio [Nombre 002] (que se verían inundados con el embalse del proyecto), es procedente al tenor del numeral 75, párrafo segundo, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Señala, que los alegatos del accionante se desarrollan en seis reflexiones: 1. Violación al principio de irreductibilidad del bosque: los Considerandos VIII-X, y artículos 1, y 9, del decreto impugnado (Decreto Ejecutivo N° 34312, Declara de Conveniencia Nacional e Interés Público los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad) permiten la tala e inundación del bosque y cambio de uso de suelo en territorios indígenas, lo anterior, se opone al artículo 50, Constitucional, al Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo; y, además, no es procedente la declaratoria de conveniencia nacional en estos territorios. 2. Violaciones a los principios de reserva de Ley e inderogabilidad singular de la norma: los Considerandos VIII-X, y artículos 1, y 9, del decreto impugnado, autorizan la tala e inundación de bosques en territorios indígenas, su cambio de uso de suelo, la pérdida de biodiversidad y afectación de sitios sagrados, esto transgrede los artículos 7, 50, y 89, Constitucionales, el Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo (artículos 2.2 b, y 13-15), artículos 1, y 3, de la Ley N° 6172, y artículo 1, de la Ley N° 6703. 3. Inaplicación de las declaratorias de conveniencia nacional en territorios indígenas: las declaratorias de conveniencia nacional solo son aplicables a territorios privados y no a los indígenas, los artículos 50 y 89, Constitucionales, el Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley N° 6172, y la Ley N° 6703, otorgan a estos territorios una condición especial similar a los bienes de dominio público. 4. Violación a la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y de las Bellezas Escénicas de los Países de América Latina (Ley N° 3763, artículo 5), la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (artículos 4 y 5), y los artículos 7, 50 y 89, Constitucionales, puesto que la represa contemplada en el decreto impugnado inundará territorios indígenas. 5. Reconocimiento de personalidad jurídica al Río Grande de Térraba: la represa de dicho río transgrede lo dispuesto por el Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo (artículos 2.2 b, y 13-15), y el numeral 21, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puesto que dicho afluente es un ente sagrado y vivo para los grupos indígenas. 6. Afectación a grupos indígenas sin Ley: el decreto impugnado no es procedente, porque los territorios indígenas no deben disminuirse, inundarse, cambiarles el uso de suelo, o talar sus árboles sin autorización legal, lo indicado, se opone a lo dispuesto por los artículos 13.1, y 14.2, del Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo, artículo 21, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las normas 7, 50 y 89, Constitucionales, y la Opinión Consultiva OC-23/17, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Reafirma, que la Sala Constitucional ya se ha pronunciado, en dos ocasiones (Expedientes N° 08-9215-0007-CO y N° 16-005486-0007-CO), respecto al Decreto Ejecutivo N° 34312 y en dichos trámites se constató que el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís aún no cuenta con coordenadas que determinen el sitio donde eventualmente se desarrollará, de momento, el proyecto quedó en fase de investigación y ahora está inactivo; siendo así, es impredecible que el proyecto menoscabe reservas indígenas. Alude que, respecto al primer alegato del accionante, se reitera que como el proyecto aún no cuenta con coordenadas que determinen el sitio donde eventualmente se desarrollará, entonces no puede confirmarse una reducción, inundación o tala de bosques en territorio indígena (propiedad privada comunitaria). Apunta que, en cuanto al segundo alegato, el decreto impugnado no lesiona los principios de Reserva de Ley y de Inderogabilidad Singular del Reglamento, porque dicho acto administrativo se amparó en lo preceptuado en los numerales 19 y 34, de la Ley Forestal; aun cuando en la especie no vislumbra perjuicio para los territorios indígenas, estima que la Ley Indígena (Ley N° 6172) ha de interpretarse sistemáticamente con la Ley Forestal, esta última habilita al Poder Ejecutivo dictar en todo el país y cuando lo juzgue procedente, decretos de conveniencia nacional para proyectos de infraestructura en inmuebles de dominio privado. Aclara que, relacionado al tercer argumento, el hecho de que las reservas indígenas sean inalienables e imprescriptibles respecto a las personas no indígenas, no les endosa el calificativo de bienes de dominio público porque, en este caso específico, no cuentan con: titularidad administrativa, acto de afectación (para uso público o servicio público), sujeción a un régimen jurídico especial de Derecho Administrativo o conjunto de disposiciones que lo constituyen, integrado por los principios sobre los que se diseñan las potestades de autotutela demanial. En ese sentido, la Procuraduría concuerda con lo resuelto por lo expuesto por el Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI (Sentencia N° 138/2013), y Sección VII (Sentencia N°127/2015) “(…) los territorios indígenas reconocidos en Costa Rica, son bienes propiedad privada de los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional, cada uno con personalidad jurídica propia (…)”(énfasis en negrita del original) por lo que estarían sujetos a la Ley Forestal y lo referido por el decreto impugnado. Añade que, con el cuarto argumento, el decreto impugnado no alude a los territorios indígenas o autoriza la inundación de estos, y más bien, el Estado ha cumplido el compromiso internacional de adoptar leyes y reglamentos para conservar y proteger los bosques, así como sus ecosistemas naturales, dentro del concepto de desarrollo ambientalmente sostenible, y tampoco quebrantaría las normas convencionales y constitucionales mencionadas. Expone que, sobre el quinto alegato, la incorporación de la naturaleza como sujeto de derechos es incipiente y comporta un cambio de paradigmas, y aún estamos en un sistema que niega derechos a todo lo que no sea humano; dicho alegato plantea una cuestión deontológica y no una transgresión a normas o principios constitucionales por la falta de ese reconocimiento. Subraya que, si bien una reserva indígena puede incorporar un río, dicho afluente no pierde su carácter demanial; es decir, los ríos están sometidos a un régimen jurídico especial de Derecho Público y no son titularidad de una Asociación de Desarrollo Integral, por ejemplo. Explica que, por lo que corresponde al último alegato, se reitera lo planteado en la refutación del primer alegato: como el proyecto aún no cuenta con coordenadas que determinen el sitio donde eventualmente se desarrollará, entonces no puede confirmarse una reducción, inundación o tala de bosques en territorio indígena (propiedad privada comunitaria). El accionante pide que si no se estima que los decretos de conveniencia no son aplicables a los territorios indígenas, subsidiariamente, pide se indique que no pueden disminuirse, inundarse, cambiárseles el uso del suelo, ni talarse sus árboles sin una ley que lo fundamente. Sin embargo, la Procuraduría reitera que es incierta la ejecución del Proyecto ni se puede afirmar el sitio donde se desarrollaría. Por lo anterior, solicita se declare sin lugar la acción y recomienda a la Sala Constitucional solicitar la audiencia del Instituto Costarricense de Electricidad. 5.- Carlos Manuel Rodríguez Echandi, en su calidad de Ministro de Ambiente y Energía, contesta la audiencia concedida e indica que las reglas generales de no cortar o aprovecharse de árboles en Patrimonio Natural del Estado, y no cambiar el uso de suelo en terrenos privados con bosque, cuentan con la excepción en el supuesto de que se arguya una “conveniencia nacional” con dicho proceder y se demuestre que los “(…) los beneficios sociales sean mayores que los costos socio-ambientales”. Esta excepción está establecida en el artículo 19, inciso b), y numeral 34, y de conformidad con el artículo 3, inciso m), todos de la Ley Forestal. La figura de la Conveniencia Nacional, no aplica para cualquier situación o proyecto, sino únicamente para aquellos casos en los que se logre demostrar que los beneficios sociales sean mayores que el costo socioambiental, no obstante no consta en este Despacho los estudios y valoración social y económica que así lo justifiquen, lo anterior sin dejar de lado, que el proyecto se realiza sobre territorio indígena. 6.- Rodolfo Piza Rocafort, en su calidad de Ministro de la Presidencia, contesta la audiencia concedida e indica que en el año 2008, en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 (Jorge Manuel Dengo Obregón), se declaró la conveniencia nacional e interés público del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y se fijó como uno de sus objetivos: reducir la dependencia de combustibles importados, aprovechar mejor las fuentes de energía renovables en el país, y llegar a producir el cien por ciento de la electricidad nacional a partir de fuentes de energía renovables. Manifiesta, que el proyecto fue diseñado para ejecutarse en diversas fases y actualmente se encuentran en la primera; misma que conlleva la realización de estudios propios de factibilidad como: estudios del entorno físico (geología, geofísica, hidrología, entre otros), que fungen como insumo para el diseño de las obras, y la colecta de información biótica, física y socioeconómica, la cual se empleará como sustento técnico del Estudio de Impacto Ambiental. Expone que, para obtener la viabilidad ambiental del proyecto, se requiere el consentimiento previo, libre e informado de los territorios indígenas que podrían verse afectados; tal y como lo indicó la Resolución N° 1815-2014-SETENA (del 5 de septiembre de 2014), en donde se acusó la necesidad de efectuar dicha consulta indígena. Explica, que no habían cumplido con ese requisito porque, en su momento, no existían herramientas para realizar la consulta citada; no obstante, el 5 de abril del 2018 se emitió el Decreto Ejecutivo N° 40932-MP-MJP: Implementación del mecanismo general de consulta a pueblos indígenas. Agrega que sobre los restantes argumentos del accionante que se circunscriben a la especialidad de la materia, se adhiere al informe emitido por el Ministerio de Ambiente y Energía. Solicita se declare sin lugar la acción. 7.- Los edictos a que se refiere el párrafo segundo, del artículo 81, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, fueron publicados en los números 078, 079 y 080 del Boletín Judicial, de los días 04, 07 y 09 de mayo de 2018. 8.- Mediante escritos presentados el 7 de mayo de 2018, se apersonan [Nombre 015], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 015]; [Nombre 016], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 016]; [Nombre 017], portador de la cédula de identidad N° [Valor 017]; y [Nombre 018], portador de la cédula de identidad N° [Valor 018]; para que se les tenga como coadyuvantes activos de la acción, solicitan se declare con lugar, se respeten los territorios indígenas, así como los sitios sagrados, así como que el Río Grande de Térraba sea considerados un sujeto con personalidad jurídica conforme se pide en la acción. 9.- Mediante escritos presentados el 9 de mayo de 2018, se apersonan [Nombre 019], portadora de la cédula de identidad N° 4-[Valor 019]; [Nombre 020], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 020]; [Nombre 021], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 021]; [Nombre 022], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 022]; [Nombre 023], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 023]; [Nombre 024], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 024]; todos como coadyuvantes activos de la acción, y solicitan se declare con lugar, se respeten los territorios indígenas, así como los sitios sagrados, así como que el Río Grande de Térraba sea considerados un sujeto con personalidad jurídica conforme se pide en la acción. 10.- El 10 de mayo de 2018, presentan escrito de coadyuvancia el Consejo de Mayores Brorán del territorio [Nombre 002] integrado por los miembros: [Nombre 003], portador de la cédula de identidad N° [Valor 003]; [Nombre 004]., portador de la cédula de identidad N° [Valor 004]; [Nombre 005], portador de la cédula de identidad N° [Valor 005]; [Nombre 006], portador de la cédula de identidad N° [Valor 006]; [Nombre 007], portador de la cédula de identidad N° [Valor 007]; [Nombre 008], portador de la cédula de identidad N° [Valor 008]; [Nombre 009], portador de la cédula de identidad N° [Valor 009]; [Nombre 010] , portador de la cédula de identidad N° [Valor 010]; [Nombre 011], portador de la cédula de identidad N° [Valor 011]; [Nombre 012], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 012]; [Nombre 013]., portadora de la cédula de identidad N° [Valor 013]; y [Nombre 014], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 014]; para que se les tenga como coadyuvantes activos de la acción, asimismo señalan que están opuestos a la intervención del lugar, de sitios sagrados, tala de árboles, pérdida de biodiversidad, y que el Convenio N° 169, de la Organización Internacional de Trabajo, les garantiza paz y tranquilidad, mientras que el Decreto impugnado los saca y expulsa de lo que por muchísimos años han tenido. Piden respeto. 11.- Por escrito del 10 de mayo de 2018, otro grupo presentan coadyuvancia activa, suscrito por [Nombre 003], portador de la cédula de identidad N° [Valor 003]; [Nombre 004]., portador de la cédula de identidad N° [Valor 025]; [Nombre 005], portador de la cédula de identidad N° [Valor 005]; [Nombre 006], portador de la cédula de identidad N° [Valor 006]; [Nombre 007], portador de la cédula de identidad N° [Valor 007]; [Nombre 008], portador de la cédula de identidad N° [Valor 008]; [Nombre 025]., portador de la cédula de identidad N° [Valor 026]; [Nombre 026], portador de la cédula de identidad N° [Valor 027]; [Nombre 009], portador de la cédula de identidad N° [Valor 009]; [Nombre 027], portadora de la cédula de identidad N°[Valor 028]; [Nombre 028], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 029]; [Nombre 029], portador de la cédula de identidad N° [Valor 030]; [Nombre 030], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 031]; [Nombre 031], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 032]; [Nombre 032], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 033]; [Nombre 033], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 034]; [Nombre 034], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 035]; [Nombre 035], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 036]; [Nombre 036], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 037]; [Nombre 037], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 038]; [Nombre 038], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 039]; [Nombre 039], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 040]; [Nombre 040], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 041]; [Nombre 041], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 042]; [Nombre 042], portador de la cédula de identidad N° [Valor 043], [Nombre 043], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 044]; [Nombre 044], portador de la cédula de identidad N° [Valor 045]; [Nombre 045], portador de la cédula de identidad N° [Valor 046]; [Nombre 046], portador de la cédula de identidad N° [Valor 047]; [Nombre 047], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 048]; [Nombre 048], portador de la cédula de identidad N° [Valor 049]; y [Nombre 049], portador de la cédula de identidad N°[Valor 050]; en la que solicitan declarar con lugar la acción para dar el reconocimiento de que los pueblos originarios tienen un vínculo estrecho y directo con sus territorios, y que los mismos no son propiedad privada, bajo cuyo régimen no se pueden dar declaratorias de conveniencia nacional por medio de la cual se talen árboles o se afecten ríos y quebradas. Que reconozcan al Río Grande de Térraba como sujeto con derechos dado el mismo es vital para los coadyuvantes y al represarlo, eliminaría parte de su cultura y sitios vitales sagrados. Un río con una represa pierde vida y biodiversidad pues es interrumpido su flujo natural. Con iguales argumentos, [Nombre 050], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 051]; [Nombre 051], portador de la cédula de identidad N° [Valor 052]; [Nombre 052], portador de la cédula de identidad N° [Valor 053]; [Nombre 053], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 054]; [Nombre 054], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 055]; [Nombre 055], portador de la cédula de identidad N° [Valor 056]; [Nombre 056], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 057]; [Nombre 057], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 058]; [Nombre 058], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 059]; [Nombre 059], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 060]; [Nombre 060], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 061]; y [Nombre 061], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 062]. 12.- En otros escritos presentados el 10 de mayo de 2018, [Nombre 062], portador de la cédula de identidad N° [Valor 063]; [Nombre 063], portador de la cédula de identidad N° [Valor 064]; [Nombre 064], portadora de la cédula de identidad N°[Valor 065]; [Nombre 065], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 066]; [Nombre 066], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 067]; [Nombre 067], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 068]; [Nombre 068], portador de la cédula de identidad N° [Valor 069]; [Nombre 069], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 070]; [Nombre 070], portador de la cédula de identidad N° [Valor 071], [Nombre 071], portadora de la cédula de identidad N°[Valor 072]; [Nombre 072]; portador de la cédula de identidad N° [Valor 073]; [Nombre 073], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 074]; [Nombre 074], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 075]; [Nombre 075], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 076]; y [Nombre 076], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 077]; para que se les tenga como coadyuvantes activos de la acción, solicitan se declare con lugar, se respeten los territorios indígenas, así como los sitios sagrados, así como que el Río Grande de Térraba sea considerados un sujeto con personalidad jurídica conforme se pide en la acción. 13.- Mediante escrito presentado por medio de fax el 10 de mayo de 2018, a la secretaría de la Sala, el señor [Nombre 077], abogado y auditor ambiental, vecino de la Zona Sur, solicita se le tenga como coadyuvante activo para que se respeten los territorios indígenas, así como los sitios sagrados, patrimonio histórico, arqueológico, y su cosmovisión espiritual de los pueblos indígenas. Y, además, que se declare al Río Grande de Térraba como un sujeto con personalidad jurídica, respeto al principio de irreductibilidad del bosque, solicita la inspección-in situ, entre otras cosas. 14.- Por escrito presentado el 11 de mayo de 2018, en iguales términos que los anteriores coadyuvantes, presentan solicitud [Nombre 078], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 078]; [Nombre 079], portador de la cédula de identidad N° [Valor 079]; [Nombre 080], portador de la cédula de identidad N° [Valor 080]; [Nombre 081], portador de la cédula de identidad N°[Valor 081]; [Nombre 082], portador de la cédula de identidad N° [Valor 082]; [Nombre 083], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 083]; [Nombre 084], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 084]; [Nombre 085], portador de la cédula de identidad N° [Valor 085]; [Nombre 086], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 086]; [Nombre 087]., portadora de la cédula de identidad N° [Valor 087]; [Nombre 088], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 088]; [Nombre 089], portador de la cédula de identidad N° [Valor 089]; [Nombre 090], portador de la cédula de identidad N° [Valor 090]; [Nombre 091], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 091]; y [Nombre 092], portador de la cédula de identidad N° [Valor 092]. 15.- [Nombre 093], mayor de edad, casado, abogado y profesor de Derecho Indígena de la Universidad de Oklahoma, con número de pasaporte [Valor 093], solicita admitirle como coadyuvante activo de la acción de inconstitucionalidad. Se propone establecer que las comunidades indígenas tienen el derecho de usar y gozar de sus tierras tradicionales, bosques y a que no se pongan en peligro o riesgo la subsistencia de los mismos. Alega que hay una diferenciación cuando se aplica cualquier normativa que incida o involucre a un territorio indígena. Señala el conflicto de naturaleza constitucional que hay en el artículo 9, incisos a), b), c) y d), del Decreto Ejecutivo N° 34312. Afirma que se incurre en desprotección si no se observan las garantías exigidas en los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, la ejecución de estos proyectos sin los mencionados estándares internacionales causa daños, pérdidas irreparables, generan situaciones de mayor pobreza y sufrimiento en las comunidades afectadas. Razón por la cual, se requiere de medidas estructurales y acciones integrales de parte de los Estados para proteger a las comunidades indígenas. El gestionante repasa la historia de participaciones a nivel internacional de Costa Rica con sus votos afirmativos para la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007), y la ratificación del Convenio N° 169, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes (1993). El Decreto Ejecutivo no hace referencia alguna a territorio indígena ni otro similar, pero se debe asegurar una aplicación rigurosa de estas obligaciones jurídicas en el marco de los territorios indígenas. En virtud de los compromisos internacionales el Estado debe la protección jurídica de esas tierras, territorios y recursos. Dicha protección respetará debidamente las costumbres, tradiciones y los sistemas y tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate (Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, artículo 26.3, y el artículo 21, de la Convención Americana). Así lo expresó el Estado costarricense ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en el 2006, de igual forma el gestionante cita el caso de Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros vs. Brasil. Señala también el conflicto del artículo 9, incisos a), b), c), y d), del Decreto Ejecutivo, y el Convenio N° 169, y su aplicación del derecho internacional hacía los recursos naturales de las comunidades indígenas. También, se enfocó en traer a la discusión la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana: caso Saramaka vs. Surinam, en la que hizo referencia cuando la propiedad comunal indígena y la propiedad privada entran en contradicción. En similar sentido el caso Yakye Axa vs. Paraguay en el que la propiedad de la tierra garantiza el patrimonio cultural de las comunidades indígenas. En el escrito de coadyuvancia se afirma que los pueblos indígenas tienen derechos sobre todos los recursos existentes en sus tierras, en el que destaca que el Estado de Costa Rica informó al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (2014) sobre un abordaje favorable a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Señala también la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el respeto que los Estados deben garantizar a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas. Continúa destacando la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el caso Saramaka vs. Surinam para las emisión de concesiones madereras y otros recursos naturales en tanto tengan participación de los beneficios efectivos y resguardar las condiciones señaladas, entre otras cosas. Finalmente, considera que la Sala debe dar un paso adelante como se ha realizado en otros pocos Estados del mundo en reconocer la personalidad jurídica al Río Grande de Térraba. Entiende que es un río que se ha venido deteriorando, que se habían diseñado planes para su recuperación y protección, pero no se habían materializado. Señala a la Corte Constitucional de Colombia en su sentencia T-622 de 2016, con el reconocimiento del “río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos de protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas [..]” (sic). Lo mismo que Corte de Ecuador, India y Nueva Zelandia. Pide, independientemente de si se tratase de fase inicial o no del proyecto, declarar con lugar la acción contra el artículo 9, incisos a), b), c), y d), del Decreto Impugnado, en el tanto concuerde con tierras dentro de territorios indígenas. 16.- Por escrito presentado el 16 de mayo de 2018, solicitan ser tenidos como coadyuvantes activos de la acción, los siguientes gestionantes: [Nombre 094], portadora de la cédula de identidad N° [Valor 094]; [Nombre 095], portador de la cédula de identidad N° [Valor 095]; y [Nombre 096], portador de la cédula de identidad N° [Valor 096], quienes manifiestan su atención al elevado valor del Río Grande de Térraba, que ha venido siendo respetado, amado, admirado y protegidos por generaciones de pueblos indígenas, con valor paisajísticos, fuente de vida, y su ecología. Piden respeto a los territorio indígenas, así como los sitios sagrado de la región. Piden tomar al mencionado Río como sujeto con personalidad jurídica y manifiestan actuar en apoyo de las personas que son de pueblos originarios. 17.- Por escrito presentado el 17 de mayo de 2018, el señor [Nombre 097], coordinador del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, solicita se le tenga como coadyuvante activo de la acción. Pide que se disponga que el Río Grande de Térraba sea tomado como un sujeto con personalidad jurídica, por las siguientes razones: Esta declaratoria es un proceso legal y político basado en los derechos de la naturaleza de las nuevas constituciones y sentencias de la Corte Constitucional Colombiana (Río Atrato); y los casos de Río Whanganui en Nueva Zelanda, y el sagrado rio Ganges en India. Se podría afectar a más de trescientas sesenta y cinco especies de animales terrestres que habitan los bosques que se verían inundados, además de la desaparición de trece especies de peces que no se encuentran en otra parte del mundo. Por la disminución de sedimentos hacia el Humedal Térraba-Sierpe por cambios en la afluencia del Río Térraba. El embalse inundaría ciento sitios arqueológicos y con ellos se perdería buena parte de la historia milenaria de nuestros pueblos y particular la explicación al enigma que representar las Esferas del Delta del Diquís. Se ubican cementerios ancestrales, la inundación total de las cavernas a las orillas del río y la modificación del cauce del Río Térraba, alterando las formas de vida y tradiciones de los pueblos indígenas, e impacto sobre las prácticas de la población que utilizan el río como transporte, canales de riego o viven de la pesca artesanal. El desarrollo del proyecto es un negocio para la venta de energía a países de la región, el ambiente y las comunidades correrán con la mayoría de los costos. Se han realizado los llamados “estudios previos”, pero en realidad se trata de proyectos previo como apertura y reparación de caminos, estudios geológicos, almacenes, campamentos, oficinas, construcción de torres de alta tensión, túneles, extracción de materiales, desvío de quebradas y dragados, entre otras cosas (con señalamiento de los expedientes de identificación). Señala que las acciones señaladas no serán valoradas en un mismo instrumento de evaluación ambiental integral. El magaproyecto, ya segmentado en pequeñas o medianas obras en distintos momentos, oculta el impacto real de la obra total y dificulta el cálculo de una relación costos-beneficios. Se debe hacer reasentamiento de comunidades, entre ellas mil quinientas personas en un distrito nuevo en Buenos Aires, más once comunidades que viven del humedal Térraba-Sierpe, y presenta una serie de interrogantes de actividades económicas y sociales, que en sí mismos tendrán otros impactos ambientales sin poder cuantificar sus costos-beneficio y del impacto integral. Esto además de los cambios en el comportamiento de la retención de sedimentos sobre el humedal, lo que provocará cambios drásticos en la costa, y posiblemente, desaparición del humedal. Aporta otra información técnico-científico. 18.- En escrito presentado por fax el 18 de mayo de 2018, [Nombre 098] y [Nombre 099], incoan escrito para que se les tenga como coadyuvantes activos, señalan respecto del artículo 1° y el considerando IX, del Decreto Ejecutivo impugnado que la tala del bosque implica incluir áreas que no son contempladas en la Ley Forestal y a las que no les cubre la excepción planteada en su artículo 34. El Poder Ejecutivo pretende cortar árboles en terrenos de bosque, además de las áreas de protección establecidas en la norma, se incluye la tala de terrenos forestales en territorios indígenas, lo que en si es una violación grosera al artículo 50, de la Constitución Política. Con el Decreto se pasa por encima de la legislación ambiental. Y, en cuanto a la viabilidad ambiental, artículo 6, del Decreto, indican que carece de un verdadero sustento técnico y se convierte en una mera manifestación política, pues el Poder Ejecutivo está declarando de conveniencia nacional un proyecto que, a la fecha, no se sabe si es compatible con las exigencias legales y los parámetros ambientales técnicos para alcanzar una viabilidad ambiental. Agregan que hay quebranto al principio constitucional de no regresión ambiental, porque los terrenos forestales descritos en la Ley Forestal, y que no coincidan con las áreas de protección señaladas en el artículo 33 de dicha ley, cuentan con una protección especial, que prohíbe expresamente la tala. Se intenta aplicar excepciones que no aplican a las áreas de protección. Piden declarar con lugar la acción. 19.- [Nombre 100], portador de la cédula de identidad N° [Valor 097], Presidente de la Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON), el 18 de mayo de 2018, solicita se le tenga como coadyuvante activo de la acción de inconstitucionalidad. Señala que los artículos 2, párrafo segundo, y 3, 4, y 7, de la Ley N° 6172 de 16 de noviembre de 1977, la Sala debe declarar con lugar la acción y establecer el respeto a los territorios indígenas, así como los sitios inalienables. Señala que conforme al artículo 7, mencionado, hay un régimen jurídico de protección especial para los terrenos forestales dentro de los territorios indígenas. Estos deben mantener su aptitud forestal. Es evidente que talar los árboles y sustituir los ecosistemas en cuestión por un proyecto hidroeléctrico, hace materialmente imposible que se conserve la naturaleza forestal del terreno. Agrega que el cambio de uso de suelo tiene que justificarse, que el impacto ambiental se amortigua por el beneficio social a la población afectada. Pero en el Decreto no existe ningún apartado que desarrolle el alcance del impacto ambiental y por el contrario en su artículo 6, le da a la Secretaría Técnica Ambiental un plazo de cinco meses para la determinación de la Viabilidad Ambiental. Hay lesión al principio precautorio, que dice que en caso de certeza científica sobre el impacto ambiental de un proyecto, el Estado debe de resolver a favor de la naturaleza. Se le otorga conveniencia nacional al proyecto, pero sin una evaluación ambiental se desconoce el impacto ambiental. Si éste no se tiene claro: ¿Cómo sabe el Poder Ejecutivo que el costo del proyecto se justifica con los beneficios? Es imposible saberlo si aún no se conoce el costo ambiental. Finalmente, aunque la Procuraduría General de la República indique que en razón de que las coordenadas geográficas son inciertas es incierto el lugar donde se desarrollará el proyecto, pero en su criterio basta el considerando IV y el artículo 8. Apoyan la acción en favor de los pueblos originarios, así como para la protección del ambiente. 20.- [Nombre 101] solicita ser tenido como coadyuvante activo de la acción, para lo cual indica que el Decreto Ejecutivo N° 34312 violenta el principio de reserva de ley, no se indicó que existían terrenos que son parte de territorios indígenas, y más bien relevan al Ice de demostrar de quien son los terrenos que se verán afectados por el proyecto, y es solo hecho vicia de inconstitucionalidad el Decreto. La Universidad de Costa Rica indicó, mediante acuerdo en sesión N° 5668, ordinario, del 28 de septiembre de 2012, que la “construcción del PHED conllevaría irremediablemente a la afectación de 150 sitios arqueológicos dentro de los cuales se encuentran sitios sagrados y ancestrales térrabas, que representan un elemento intangible cultural y de identidad para los grupos indígenas, según el Convenio 169 de la OIT”. Las reservas indígenas son bienes demaniales creados por ley, se debe acudir a la elaboración y aprobación de una ley expresa, y por ello vía decreto es absolutamente inconstitucional. Sobre la naturaleza de los territorios indígenas, de acuerdo con el Convenio N° 169, de la Organización Internacional de Trabajo, que no se puede considerar propiedad privada, o comunal simple, dado que una calificación de esa categoría deja sin contenido la norma internacional ratificada por Costa Rica. Agrega que hay infracción del Convenio N° 169, de la Organización Internacional de Trabajo, pues el decreto cuestionado establece que se talarán bosques, incluso con especies en veda y que el Instituto Costarricense de Electricidad no debe demostrar la titularidad de la propiedad de los inmuebles en los que se desarrollará el Proyecto, se está otorgando carta abierta o licencia indeterminada para destruir irreversiblemente los territorios indígenas. Alega que el Río Grande de Térraba es un ente sagrado y vivo para los grupos indígenas que viven ahí, represarlo es transgredir sus derechos de grupos originarios a aspectos culturales y tradicionales conforme al artículo 2.2.b, de la Convención. Cita el párrafo 379, de la Opinión Consultiva OC-21/17 de 15 de noviembre de 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto de la especial protección de los territorios y los recursos naturales que tradicionalmente han usado los pueblos indígenas, y que son necesarios para su supervivencia física y cultural y para el desarrollo y continuidad de su cosmovisión. Estima violentado el artículo 89, Constitucional, en el tanto se violenta el deber de no contaminar o destruir el paisaje natural, el cual con la implementación del decreto, literalmente desaparecerá el paisaje natural existente hoy. Cita la Sentencia N° 2003-06324, de la Sala Constitucional. Sostiene que hay graves roces con las obligaciones internacionales contraídas por Costa Rica en instrumentos tales como la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (Ley N° 3763), la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (Ley N° 5980), pues al reemplazar el paisaje natural existente por un espejo de agua de decenas de hectáreas. Se acusa la violación al principio de objetivación de la tutela ambiental, toda vez que en el considerando V del decreto cuestionado señala la necesidad de que existan estudios técnicos que señalen que el proyecto solventará la necesidad energética del país, cuanto hay otros. La necesidad de estudios técnicos previos no funciona como una mera formalidad, sino que responde al principio del sometimiento de las decisiones relacionadas con el ambiente a criterios de la ciencia y de la técnica. Acusa la violación del principio precautorio y de objetivación, señala el principio 15, de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. A pesar del señalamiento de la Procuraduría de que no hay coordenadas, es claro que no había certeza científica de los lugares que se verían afectados por las obras del proyecto. También se acusa al principio de compensación, que según los precedentes de la Sala debe hacerse por ley. De ahí, que la normativa ambiental se entiende que no es posible mediante decreto disminuir las áreas de las reservas indígenas para ser afectadas con un embalse que literalmente las desaparezca, el decreto no tiene la fuerza normativa y además se inundarán territorios indígenas, no tiene la posibilidad de compensar los terrenos de los pueblos indígenas. 21.- Por escrito presentado el 29 de mayo de 2018, la señora Irene Cañas Díaz, en su calidad de Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad, indica que se adhiere a los argumentos de derecho ampliamente desarrollados por la Procuraduría General de la República en defensa de los intereses del Estado. Señala que, mediante el Plan de Expansión de la Generación Eléctrica (2016-2035), se pretende la adecuada oferta eléctrica en los años venideros del país y una de las ideas recomendadas es el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. Refiere que, continuando con lo anterior, el proyecto citado operaría utilizando las aguas del río General, que recorre los cantones de Pérez Zeledón y Buenos Aires en la Zona Sur del país, tendría una potencia de generación de seiscientos cincuenta mega watts, una producción media de tres mil cincuenta giga watts hora al año- lo que se traduce en energía para proveer aproximadamente a un millón cincuenta mil clientes- y sería el mayor aprovechamiento hidroeléctrico en el país, con una potencia equivalente al treinta por ciento de la capacidad instalada del país en términos de energía y un veintitrés por ciento en términos de potencia- convirtiéndose en el embalse de regulación más importante junto con el de Arenal-. Manifiesta, que la consulta- de acuerdo al Decreto Ejecutivo N°40932 Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas- permitirá un diálogo de buena fe entre las partes para así determinar con exactitud los impactos a los sitios de interés cultural en los territorios indígenas, y establecer de manera conjunta las medidas de control que se deban aplicar; sin embargo, mientras la consulta no se realice no será posible determinar con certeza el impacto y las acciones correspondientes. Añade, que la obtención de resultados específicos en materia de análisis y valoraciones socioeconómicas y aspectos ambientales, insumos necesarios para el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, no se lograrán hasta tanto no se celebre la consulta indígena indicada. Solicita se declare sin lugar la acción. 22.- Mediante la resolución de las 9:03 horas del 31 de mayo de 2018, la Presidencia de esta Sala resuelve los escritos presentados los días 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 y 29 de mayo de 2018, mediante el cual admite como coadyuvantes activos a todos los solicitantes, salvo la presentada de último (29 de mayo) de la Presidente Ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la que resulta extemporánea. Se advierte a los gestionantes que al no ser los coadyuvantes parte principal del proceso, no resultarán directamente perjudicados o beneficiados por la sentencia, es decir, la eficacia de la sentencia no alcanza a los coadyuvantes de manera directa e inmediata, ni les afecta la cosa juzgada, no les alcanza tampoco los efectos inmediatos de ejecución de la sentencia, entre otras cosas. Por otra parte, sobre la solicitud formulada el 29 de mayo de 2018, se consideró extemporánea, toda vez que fue presentada una vez transcurrido el plazo de quince días señalado en el artículo 83, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, contado a partir de la primera publicación del edicto a que se refiere el artículo 81, de la Ley de rito, razón por la cual fue rechazada. En esta resolución se tuvieron por presentados los informes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Ambiente y Energía. A su vez, se turnó el expediente al Magistrado Luis Fernando Salazar Alvarado, para el estudio de fondo correspondiente. 23.- Mediante escrito presentado por fax, el día 17 de junio de 2018, el señor Mario Enrique Mora Badilla, presenta gestión con el fin de admitirle como coadyuvante activo de la acción. 24.- Se prescinde de la vista señalada en los artículos 10 y 85, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad que otorga a la Sala el numeral 9 ibídem, al estimar suficientemente fundada esta resolución en principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia de este Tribunal. 25.- En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley. Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y, Considerando: I.- Sobre la admisibilidad. El artículo 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, regula los presupuestos que determinan la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad, exigiendo la existencia de un asunto pendiente de resolver en sede administrativa o judicial en el que se invoque la inconstitucionalidad, requisito que no es necesario en los casos previstos en los párrafos segundo y tercero de ese artículo, es decir, cuando por la naturaleza de la norma no haya lesión individual o directa, cuando se fundamente en la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto, o cuando sea presentada por el procurador General de la República, el contralor General de la República, el fiscal General de la República o el defensor de los Habitantes, en estos últimos casos, dentro de sus respectivas esferas competenciales. Dispone el texto en cuestión que procede cuando "por la naturaleza del asunto, no exista lesión individual ni directa". En segundo lugar, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de "intereses difusos"; este concepto, cuyo contenido ha ido siendo delineado paulatinamente por parte de la Sala, podría ser resumido en los términos empleados en la Sentencia N° 1993-3750 de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993: "… Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter". En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de "difusos", tales como: el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. Al respecto, deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren, en principio, a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés que atañe a todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su obligación -como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda, de ninguna manera, llegar a entenderse que solo pueden ser considerados derechos difusos aquellos que la Sala expresamente haya reconocido como tales. II.- Sobre la legitimación del accionante y las coadyuvancias incoadas extemporáneamente. En criterio de la Sala, es claro que el accionante tiene una doble legitimación para interponer la acción de inconstitucionalidad, claramente expresado y delimitado en el considerando anterior, basado en el interés difuso para la defensa del medio ambiente, como también, para la defensa de intereses que atañen a la colectividad al deducir una pretensión por su condición de persona indígena, que en su caso sería la protección de los derechos de los pueblos indígenas. En Sentencia N° 2019-017397 de las 12:54 horas del 11 de septiembre de 2019, se indicó que: “en asuntos análogos al presente, esta Sala ya ha admitido la legitimación directa para formular acción de inconstitucionalidad, al tenor de lo previsto en el citado artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, párrafo segundo, en tanto que el interés que detentan los accionantes y que los legitima para interponer esta acción de inconstitucionalidad es el referido interés corporativo o que atañe a esa colectividad jurídicamente organizada (véase, entre otras, la sentencia número 2000-11530 de las 14:43 horas del 21 de diciembre de 2000 y la sentencia número 2011012975 de las 14:30 horas del 23 de septiembre de 2011). En este sentido, […], este Tribunal también tiene por admitida esta acción al velar por la defensa de un interés que atañe a una colectividad, en este caso los derechos de los pueblos indígenas”. En el mismo sentido, puede de igual forma consultarse la Sentencia N° 2014-005251 de las 14:30 horas del 23 de abril de 2014. Dado que por resolución de las 9:03 horas del 31 de mayo de 2018, la presidencia de esta Sala resolvió todos los escritos de los días 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, y 18 de mayo de 2018, presentados en tiempo, con excepción del 29 de mayo, de ese año, igual suerte debe correr el escrito presentado por el señor Mario Enrique Mora Badilla, dado que fue incoado el 17 de junio de 2018. De este modo, su gestión debe ser rechazada por extemporánea. III.- Objeto de la impugnación. La acción tiene como objetivo impugnar los artículos 1 y 9, del Decreto Ejecutivo N° 34312-MP-MINAE de 06 de febrero de 2008, denominado “Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad”, que establece: Nº 34312 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA En el ejercicio de las facultades que les confiere el artículo 140 incisos 8) y 20) de la Constitución Política, los artículos 3 inciso m), 19 inciso b) y 34 de la Ley Forestal, Nº 7575 del 13 de febrero de 1996 y los artículos 1, 6, 7, y 19 del Código de Minería, Ley Nº 6797 del 4 de octubre de 1982. Considerando: I.—Que entre las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Jorge Manuel Dengo Obregón, se encuentra reducir la dependencia de combustibles importados, aprovechar mejor las fuentes de energía renovable del país y llegar a producir el 100% de la electricidad del país a partir de fuentes de energía renovables. Adicionalmente el acuerdo No. 24 del 7 de diciembre del 2006, declaró de interés público la Iniciativa “Paz con la Naturaleza” impulsada por la Presidencia de la República, mediante la cual Costa Rica se comprometió a ser neutral en carbono, o “C-Neutral”, para el año 2021. II.—Que de acuerdo con las disposiciones del Decreto Ley Nº 449 del 8 de abril de 1949, el Instituto Costarricense de Electricidad, en adelante el ICE, tiene como responsabilidad fundamental encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar para el pueblo de Costa Rica. III.—Que el Decreto Ejecutivo Nº 26728-MP-MINAE del 20 de febrero de 1998, dispone en su artículo 1º declara de interés público los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo el artículo 4 del Decreto Ejecutivo Nº 33619 del 20 de febrero del 2007, declara de conveniencia nacional e interés público los planes de expansión del ICE y sus empresas, en los Sectores de Electricidad y Telecomunicaciones. IV.—Que los proyectos desarrollados por el ICE deben estar precedidos de procesos participativos de negociación y consulta, a fin de establecer puntos de concertación con las diferentes comunidades involucradas en el desarrollo de sus proyectos y de garantizar que las necesidades energéticas del país se satisfagan en armonía con el ambiente. V.—Que el país necesita el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, cual forma parte del Plan de Expansión de Generación Eléctrica y se operar utilizando las aguas del río General que recorren los cantones de Bueno Aires, Osa y Pérez Zeledón; para lo que se requiere que los distintos órganos: y entes públicos brinden un trámite prioritario, expedito y efectivo a las gestiones del Instituto con la finalidad de asegurar la implementación oportuna del Proyecto. VI.—Que los artículos 1, 6, 7, y 19 del Código de Minería, Ley Nº 6797, declaran de utilidad pública toda actividad minera y reconocen al Estado el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible sobre todos los recursos minerales que existen en el territorio nacional, y en su mar patrimonial; otorgándole además la prioridad para explorar las riquezas naturales en cualquier momento y para la búsqueda de cualquier sustancia mineral, pudiendo hacerlo por si o por medio de organismos que dependan de él. VII.—Que el ICE llevó a cabo de forma exhaustiva un estudio geotécnico de materiales necesarios para la construcción de las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, del cual se desprende la necesidad de reservar algunas áreas cercanas a las futuras obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, que se han visualizado como posibles fuentes de materiales a utilizar en las obras. VIII.—Que en la fase de pre ejecución -finalización de estudios y diseño final de las obras- y durante la fase constructiva del proyecto se requiere de la corta focalizada de especies arbóreas declaradas en veda; además se requiere recolectar, extraer y reubicar fauna y especies vegetales menores tales como: orquídeas, herbáceas, bromelias, helechos arborescentes, bambúes silvestres, arbustos, bejucos, principalmente, para fines de investigación científica. IX.—Que los artículos 19 inciso b) y 34 de la Ley Forestal Nº 7575 prohíben el cambio de uso de suelo y la corta de árboles en terrenos cubiertos de bosque y en áreas de protección, exceptuando aquellos proyectos estatales o privados que el Poder Ejecutivo declare de Conveniencia Nacional, sean los proyectos cuyos beneficios sociales sean mayores a los costos socio ambientales. X.—Que se hace necesario eximir al ICE de los requisitos establecidos en el artículo 89 del reglamento la Ley Forestal, para cortar y aprovechar el recurso forestal existente en ellos. Por tanto, DECRETAN: Artículo 1º—En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3º inciso m), 19 inciso b) y 34 de la Ley Forestal Nº 7575 del 13 de febrero de 1996, se declara de Conveniencia Nacional e Interés Público los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad, en adelante el ICE. […] Artículo 9º-Se exceptúa al ICE de: a) El artículo 89 del Decreto Ejecutivo Nº 25721 del 17 de octubre de 1996, en relación con los requisitos para demostrar la titularidad de la propiedad de los inmuebles en los que se desarrollará el Proyecto. b) El Decreto Ejecutivo Nº 25700 del 15 de noviembre de 1996, sobre la veda establecida para la corta y aprovechamiento de las especies referidas, c) El artículo 37 del Decreto Ejecutivo Nº 32633 del 10 de marzo del 2005, sobre la recolecta, extracción y reubicación de especies de flora y fauna situadas en las áreas de investigación y sitios de obras del Proyecto, sus obras de transmisión asociadas y sus sitios de aprovechamiento de minerales no metálicos, y d) El artículo 20 del Decreto Ejecutivo Nº 32553 del 29 de marzo del 2005, en materia de prohibiciones y condiciones. […]”. A su vez, para mejor entender los alcances de la disposición y sus efectos, con el propósito de ilustrar el caso que nos ocupa, es relevante transcribir el numeral 89 del Reglamento a la Ley Forestal, N° 7575, que dice lo siguiente: “Artículo 89- Los aprovechamientos en bosque, la corta de árboles en áreas agrícolas, urbanas, los proyectos agroforestales, los proyectos de reforestación y regeneración natural y los proyectos de pago de servicios ambientales, con o sin incentivos, podrán realizarse en terrenos de dominio privado inscritos, o en terrenos sujetos a posesión."(sic) Para demostrar la titularidad de la propiedad será necesario presentar certificación registral o notarial, donde se establezca la descripción del inmueble, gravámenes y anotaciones. Para demostrar la titularidad de la posesión, se deberá presentar certificación judicial de la existencia de sentencia firme en el trámite de información posesoria correspondiente. En fincas inscritas podrá autorizarse el aprovechamiento cuando existan contratos de arrendamiento, o cualquier otra modalidad contractual, en estos casos deberá presentarse certificación registral o notarial de la inscripción del arrendamiento al Registro Público, donde se indique expresamente la posibilidad otorgada al arrendatario de disponer del recurso forestal; en las modalidades contractuales no sujetas a inscripción, se deberá presentar certificación registral o notarial de la propiedad y documento público que demuestre la existencia del contrato sus alcances. (Así reformado por Artículo 1° del Decreto Ejecutivo N° 27925 del 30 de abril de 1999) (NOTA: Mediante el artículo 9° del decreto ejecutivo N° 34312 del 6 de febrero de 2008, se establece que se exceptúa al ICE de los requisitos para demostrar la titularidad de la propiedad de los inmuebles en los que se desarrollará el proyecto)”. IV.- Sobre el fondo. Esta Sala se avocará al problema que se presenta en el caso que nos ocupa, especialmente, a la luz de lo informado por el Ministro de Ambiente y Energía, en cuanto afirma que el Decreto Ejecutivo que declaró al Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, como un proyecto de conveniencia nacional, fue promulgado conteniendo importantes omisiones; adicionalmente, la problemática ha evolucionado de distintas maneras; incluso, ello se ha reflejado en otros procesos tramitados ante este Tribunal. Pero, antes, se deberá resolver los alegatos del accionante sobre la propiedad indígena, para definir la naturaleza de la propiedad de las reservas indígenas; y, si es procedente que se pueda proceder o no, con el levantamiento de prohibiciones contenidas en la Ley Forestal. Finalmente, resolver los restantes alegatos como la personalidad del Río Grande de Térraba. En lo demás alegado, se resolverá conforme se vayan despejando los diferentes cuestionamientos constitucionales enunciados. V.- Sobre la propiedad indígena en el Derecho Internacional. Lo primero que debe decirse, es que mediante la Sentencia N° 1992-003003 de las 11:30 horas del 7 de octubre de 1992, esta Sala estableció, en cuanto al Convenio N° 169, de la Organización Internacional de Trabajo que: “[...] El Convenio consultado, dentro del ámbito general de las materias encomendadas a la Organización Internacional de Trabajo (OIT) plasma en un instrumento internacional jurídicamente exigible, una serie de derechos, libertades y condiciones económicas, sociales y culturales tendentes, no sólo a fortalecer la dignidad y atributos esenciales a los indígenas como seres humanos, sino también, principalmente, a proveer medios específicos para que su condición de seres humanos se realice plenamente a la vista de la situación deprimida, a veces incluso explotada y maltratada, en que viven los aborígenes de muchas naciones; situación que no es del todo ajena al Continente Americano, donde las minorías, y a veces mayorías indígenas se encuentran prácticamente marginadas de la civilización predominante, mientras, por otra parte, sufren la depresión y el abandono de sus propias tradiciones y culturas. Hoy, en el campo de los derechos humanos, se reconoce, en resumen: a) Que es necesario reconocer a los indígenas, además de la plenitud de sus derechos y libertades como seres humanos, otras condiciones jurídicamente garantizadas, mediante las cuales se logren compensar la desigualdad y discriminación a que están sometidos, con el propósito de garantizar su real y efectiva igualdad en todos los aspectos de la vida social: b) Que es también necesario garantizar el respeto y la conservación de los valores históricos y culturales de las poblaciones indígenas, reconociendo su peculiaridad, sin otra limitación que la necesidad de preservar, al mismo tiempo, la dignidad y valores fundamentales de todo ser humano reconocidos hoy por el mundo civilizado -lo cual implica que el respeto a las tradiciones, lengua, religión y en general cultura de esos pueblos solo admite como excepciones las necesarias para erradicar prácticas universalmente consideradas inhumanas, como el canibalismo-; c)Sin perjuicio de lo anterior, debe también reconocerse a los indígenas los derechos y medios necesarios para acceder, libre y dignamente, a los beneficios espirituales y materiales de la civilización predominante -medios entre los cuales destaca por su importancia el acceso a la educación y a la lengua oficial…”. Esta decisión forma parte del corpus iuris de este Tribunal, el que inicia cuando se tramitó la consulta legislativa de constitucionalidad para la aprobación del Convenio N° 169, de la Organización Internacional de Trabajo, decisión que reconoce el robustecimiento de una serie de derechos, libertades y condiciones económicas, sociales y culturales, que fortalecerían la dignidad y atributos esenciales de los pueblos indígenas en el país, y el otorgamiento de medios específicos para darles plenitud a sus derechos. Por otra parte, mediante la Sentencia N° 2002-03468 de las 16:04 horas del 16 de abril de 2002, la Sala estableció que: “En ese sentido, la Constitución Política, si bien no contiene un estatuto específico respecto de los derechos de las comunidades autóctonas, de su sistema (en especial de las normas contenidas en los artículos 28, 33, 50 y 74) es posible colegir un principio de reconocimiento de tales prerrogativas, basado en la idea de respeto y protección estatales, como deberes ante las comunidades indígenas, velando por la preservación de su cultura y al mismo tiempo el acceso de sus integrantes a los frutos que el desarrollo nacional produce. Lo anterior es reafirmado por el numeral 76 constitucional, que expresamente plantea impone al Estado el deber de mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas. Así, puede la Sala partir como premisa del reconocimiento constitucional hecho a favor de la identidad cultural y protección de los pueblos indígenas que habitan el país. El Derecho Internacional, por su parte, ha sido profuso en el reconocimiento de derechos de estas comunidades, destacando en ese sentido lo establecido en los siguientes instrumentos: Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 1, 2.1, 7, 17.1 y 27), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (27), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1.1 y 2), Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (2, 13 y 23), Convención Americana sobre Derechos Humanos (24 y 26). En forma concreta, ha sido la Organización Internacional del Trabajo la que ha generado la regulación más específica respecto de los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, los convenios números 107 y 169 contienen una detallada enumeración de derechos reconocidos a estos pueblos. Del Convenio número 107, resulta especialmente importante para el caso en estudio lo establecido en la Parte II (régimen de propiedad de las tierras indígenas). Del 169, también la Parte II regula lo atinente a las tierras indígenas”. Posteriormente, en esa misma sentencia, se agrega: “No cabe duda, por ende, que el Estado costarricense ha reconocido en forma amplia los derechos que corresponden a los grupos indígenas que habitan el país. Lo mismo se puede decir respecto del específico derecho de propiedad comunal que corresponde a tales comunidades en razón de su pertenencia tradicional. Los grupos de personas pertenecientes a las comunidades autóctonas tienen el derecho de vivir en las tierras donde históricamente han estado asentados, y el Estado debe garantizar plenamente el disfrute de este derecho fundamental. Para ello, la legislación nacional dispuso el traspaso registral de tales tierras a las respectivas comunidades indígenas (Ley número 6172, artículo 9°, antes transcrito), imponiéndose al Instituto de Desarrollo Agrario el deber de proceder a efectuar todos los trámites necesarios a fin de garantizar la efectiva verificación de dicho traspaso”. Entonces, resulta de vital importancia para la decisión del caso que nos ocupa, la regulación de la propiedad indígena, cuyo tratamiento se encuentra en varias de las disposiciones del Convenio N° 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de 1989, de la Organización Internacional de Trabajo. En esta Convenio, es claro que constituye una veta jurídica de gran trascendencia para el derecho a la propiedad indígena, con el que, a su vez, estaría resguardando una serie de derechos reconocidos expresamente para los grupos indígenas. Se debe entender que todo lo anterior, incluye claramente como telón de fondo un verdadero derecho de posesión pacífica de los territorios indígenas, que haga posible la vivencia de la cultura, tradiciones y la vida espiritual, concebida autónomamente por ellos. Si bien se puede utilizar el término tierras o territorios, debe señalarse que la utilización del término “tierras” no debe ser restrictivo, sino, por el contrario, es preferible el uso de la palabra territorio, que es más comprensivo de los intereses y derechos de los pueblos indígenas. De este modo, en su articulado, se reconoce, con toda claridad, lo siguiente: “Artículo 13. 1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. 2. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera. Artículo 14. 1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. Artículo 15. 1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades”. Los pueblos indígenas tienen el derecho a la protección de la propiedad comunitaria en forma privativa y exclusiva, mediante los distintos remedios jurisdiccionales que otorga el ordenamiento jurídico costarricense, por sí mismos y/o con el concurso del Estado, o incluso en oposición al propio Estado cuando no sigue las formalidades legales y convencionales establecidas. Para una correcta decisión en el caso que nos ocupa, de conformidad con los alegatos del accionante, es importante abordar el tema del régimen general de los derechos fundamentales, en función de la propiedad colectiva indígena acordada en el Derecho de la Constitución. VI.- Sobre el derecho a la propiedad comunal indígena en la legislación nacional. También, para abordar el tema de la propiedad indígena que nos ocupa, cabe indicar que la Ley Indígena, N° 6172 del 29 de noviembre de 1977, define quiénes son los indígenas, cuáles son las estructuras que les gobierna a la interno y externo de las reservas; y, principalmente, en lo que atañe a la acción, el problema de la propiedad de las reservas indígenas, sus protecciones de forma clara y prístina. Así, “Artículo 1°.- Son indígenas las personas que constituyen grupos étnicos descendientes directos de las civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad. Se declaran reservas indígenas las establecidas en los decretos ejecutivos números 5904-G del 10 de abril de 1976, 6036-G del 12 de junio de 1976, 6037-G del 15 de junio de 1976, 7267-G y 7268-G del 20 de agosto de 1977, así como la Reserva Indígena Guaymí de Conteburica. Los límites fijados a las reservas, en los citados decretos, no podrán ser variados disminuyendo la cabida de aquéllas, sino mediante ley expresa. Artículo 2°.- Las comunidades indígenas tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de toda clase. No son entidades estatales. Declárase propiedad de las comunidades indígenas las reservas mencionadas en el artículo primero de esta ley. La Procuraduría General de la República inscribirá en el Registro Público esas reservas a nombre de las respectivas comunidades indígenas. Las reservas serán inscritas libres de todo gravamen. Los traspasos del Estado a las comunidades indígenas serán gratuitos, no pagarán derechos de Registro y estarán exentos de todo otro tipo de carga impositiva conforme a los términos establecidos en la Ley de CONAI. Artículo 3°.- Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas solo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierra o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las reservas indígenas estarán exentos de toda clase de impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros Artículo 4°.- Las reservas serán regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales o de las leyes de la República que los rijan, bajo la coordinación y asesoría de CONAI. La población de cada una de las reservas constituye una sola comunidad, administrada por un Consejo directivo representante de toda la población; del consejo principal dependerán comités auxiliares si la extensión geográfica lo amerita”. Sobre el particular, se hace necesario transcribir la jurisprudencia de la Sala sobre este tema, en cuanto quedó definido en la Sentencia N° 2014-05251 de las 14:30 horas del 23 de abril de 2014, que: “…, de la simple lectura de las disposiciones de la Ley indígena que se han trascrito, se extrae que es la Ley -no el reglamento- es la que establece la propiedad y organización comunitarias. El párrafo segundo del numeral 2° regula esa propiedad comunitaria al indicar: “… Declarese (sic) propiedad de las comunidades indígenas las reservas mencionadas en el artículo primero de esta ley…”. En cuanto a la organización el mismo cuerpo normativo establece que “… las reservas serán regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales o de las leyes de la Republica que los rijan, bajo la coordinación y asesora (sic) del CONAI” (el destacado no es del original). Ahora bien, es la Ley Sobre el Desarrollo de la Comunidad (N° 3859), la que regula las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad y el artículo 3° del Reglamento a la Ley indígena que se impugna, no ha hecho más que concretar el tipo de organización que responde a las bases establecidas por el legislador en la Ley indígena que le sirve de marco, lo que además, se ajusta al Convenio 169 de la organización (sic) Internacional de Trabajo, en tanto materializa la obligación del Estado de velar porque las comunidades indígenas adopten una organización jurídica acorde a sus tradiciones, que les permita el ejercicio de los derechos y obligaciones que la ley les reconoce. …este tipo de estructura jurídica le permite disfrutar a este sector de la población de especiales beneficios (artículo 19 de la Ley 3859) de los que no disfrutarían con otro tipo de estructuración jurídica -verbigracia recibir servicios, donaciones, subvenciones, y transferencias anuales de dinero, tanto del Estado como de sus instituciones-, lo que conlleva, desde luego, el control ordinario de esos recursos públicos”. Cabe señalar, entonces, que de la Ley Indígena se deriva el régimen jurídico de titularidad de las reservas indígenas y el que les brinda las protecciones necesarias para mantener su condición especial de propiedad comunitaria, como también habilitar los canales para recibir los beneficios que les correspondan. Una primera distinción, sin embargo, que se debe hacer, es que esa titularidad no solo recae sobre una persona jurídica privada con capacidad de derecho, sino que la ley también se ocupa de aclarar que no es una organización estatal. En este sentido, al tener “las comunidades indígenas plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de toda clase”, el posterior desarrollo de los preceptos legales estableció que serían gobernadas por las Asociaciones de Desarrollo Comunal, las que, para que funcionen como gobierno local, las que tampoco son organizaciones públicas de base corporativa, sino de sujetos de derecho privado, para todos los efectos les representa. Sobre el particular, esta Sala, en Sentencia N° 2011-012975 de las 14:30 horas del 23 de septiembre de 2011 (entre otras), también se pronunció en los siguientes términos: «La legislación costarricense hace el reconocimiento de la capacidad jurídica del grupo indígena para representarse en los artículos 2 y 4 de la Ley Indígena, 3, 4 y 5 del Reglamento a la Ley Indígena, y el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 13568-C-G de 30 de abril de 1982, donde se reconoce la representación legal de las Comunidades Indígenas en las Asociaciones de Desarrollo Integral, que actúan como gobierno local, pero sin que se les pueda considerar entidades estatales. [...]». Por ello, debe quedar claro que los bienes inmuebles a nombre de las asociaciones, de las comunidades indígenas, no son bienes de dominio público, aunque traspasados por instituciones públicas a las Asociaciones de Desarrollo Comunal, son de naturaleza privada. A su vez, para la Sala, hay que establecer -también- que a diferencia de la propiedad privada común, dadas las características de la forma colectiva o comunal de la propiedad indígena, se trata de una forma de propiedad privada especial, que no es pública o privada, clásicamente entendida, pero sí amparada a las protecciones del artículo 45, de la Constitución Política, de las disposiciones convencionales aplicables, o de los tratados de Derechos Humanos; y, las que determina la ley. De este modo, puede decirse que es una forma de propiedad privada sui generis, de suyo colectiva o comunal. La Sentencia N° 2011-000397 de las 11:32 horas del 14 de enero de 2011, estableció con certeza que: “Importante es indicar sobre el carácter colectivo o comunitario de la propiedad indígena, ya que la pertenencia de ésta no es personal, sino del colectivo como tal. Entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia a ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica”. Es claro, para la Sala, que el concepto del derecho a la propiedad admite este tipo de propiedad privada sui géneris; tan solo basta recordar que desde hace mucho tiempo el derecho a la propiedad ha evolucionado para superar la concepción clásica de un derecho de primera generación, para aplicarse a una gran diversidad de formas de propiedad y posesión de las cosas. Esto permite entender que se ha rechazado las formas monolíticas del derecho a la propiedad. A esto se le debe agregar, además, que como derecho este viene acompañado de las potestades de todo dueño de exigir ante terceros un disfrute y goce privativo de la propiedad privada, así como también, la del dueño de tolerar las limitaciones que conlleva esa propiedad, cuando se le puede afectar con limitaciones de interés social. Pero, nada de esto, puede entenderse que excluye las formas tradicionales o especiales de defensa de la propiedad privada, especialmente, en cuanto este debe ajustarse a la defensa de los territorios indígenas por parte de las personas legitimas o con interés legítimo para hacerlo. Para el caso de los territorios indígenas, debe tomarse en cuenta que ha sido también modulado el derecho a la propiedad regulado en el artículo 21, de la Convención Americana de Derechos Humanos. En la sentencia del 27 de junio de 2012, del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indicó que: “145. El artículo 21 de la Convención Americana protege la vinculación estrecha que los pueblos indígenas guardan con sus tierras, así como con los recursos naturales de los territorios ancestrales y los elementos incorporales que se desprendan de ellos (cita omitida). Entre los pueblos indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad (cita omitida). Estas nociones del dominio y de la posesión sobre las tierras no necesariamente corresponden a la concepción clásica de propiedad, pero merecen igual protección del artículo 21 de la Convención Americana. Desconocer las versiones específicas del derecho al uso y goce de los bienes, dadas por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo, equivaldría a sostener que sólo existe una forma de usar y disponer de los bienes, lo que a su vez significaría hacer ilusoria la protección de tal disposición para millones de personas (cita omitida)”. La jurisprudencia convencional entonces también reconoce la importancia de la propiedad indígena por el carácter especial que tiene, para la conservación de la cultura indígena y su cosmovisión, para mantenerle intacta y protegida, y por supuesto, resguardada por las obligaciones internacionales derivadas del Convenio N° 169, de la Organización Internacional del Trabajo, como lo alega el accionante. De ahí que, debe tener protecciones y beneficios particulares en la Ley, y en la aplicación de ésta, lo que debería incluir, la cuestión de si el territorio indígena es un concepto que supera una concepción tradicional de tierras, ello incluye una protección especial del bosque sobre esas tierras, razón por la cual debe haber un especial cuidado del Estado en la remoción de las protecciones que tiene para la propiedad privada. El accionante argumenta en ese carácter especial de la propiedad indígena, junto a los compromisos internacionales, que debieran impedir que sea sometida a una declaratoria de conveniencia nacional del Régimen Forestal. Como bien acepta -inicialmente- el accionante, se debe distinguir los territorios indígenas del Patrimonio Natural del Estado, o lo que sería lo mismo, a Áreas Silvestre Protegidas de propiedad estatal. La Sala entiende que la argumentación está dirigida para que no se asimile la propiedad privada especial de los territorios indígenas a la clásica propiedad privada, dado que sobre éstos no hay protecciones específicas como sí las podría haber para el territorio indígena. Ahora bien, en una ocasión, esta Sala estableció que “El régimen jurídico de protección de la propiedad de las Áreas Silvestres Protegidas y las Reservas Indígenas son distintas, toda vez que mientras en la primera es propiedad Estatal, la de las reservas indígenas pertenecen a una forma de propiedad comunitaria, de modo que, aunque éstas últimas son forma especial de propiedad, inscrita a nombre de una Asociación de Desarrollo Integral, no son equivalentes y no pueden asimilarse a las formas de protección de la propiedad de bienes del Estado, especialmente aquellas integradas al Patrimonio Natural del Estado” (Sentencia N° 2010-014772 de las 14:35 horas del 1° de septiembre de 2010). En el caso, la Sala analizó la yuxtaposición de límites del Parque Nacional Corcovado con los territorios pertenecientes a la Reserva Indígena Guaymí de Conteburica. Cabe indicar, entonces, que si los territorios indígenas no pueden ser considerados bienes de dominio público y sus bosques Patrimonio Natural del Estado, no por ello, dejan de ser bienes jurídicos relevantes a los que el Estado costarricense debe conservar y resguardar. Por el contrario, las protecciones que busca el accionante se deben encontrar en el Derecho de la Constitución, de la regularidad de las medidas que se tomen respecto de los territorios indígenas afectados, tomando en cuenta si se incide directa o indirectamente en ellos. También, en el escrito de interposición de la acción, se argumenta la condición especial de los territorios indígenas, la que se debería asimilar -en su criterio- más a bienes de demanio público, para no estar sujeta a una posible declaratoria de conveniencia nacional sobre territorios indígenas. El énfasis de las argumentaciones del accionante se engarza con las protecciones de la inembargabilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad de la propiedad comunal indígena. En criterio de la Sala, el origen de estas restricciones sobre la propiedad privada frente a una libertad de comercio, responde a fines legales distintos, pues en el caso de las Áreas Silvestres Protegidas Estatales se refiere al resguardo ambiental, protección al régimen forestal e hídrico, y para los territorios indígenas se origina en la protección de las costumbres y tradiciones a lo interno de éstos, entre las cuales se protege la negociación de tierras entre indígenas, no así para no indígenas. Esta Sala, en el ejercicio de la jurisdicción de la libertad, al resolver el recurso de amparo de una mujer indígena que convivía con un individuo ajeno al grupo indígena, topó con las medidas de la Asociación de Desarrollo Indígena que le impedían mantener posesión de tierras dentro del territorio indígena. Así, esta Sala, por Sentencia N° 2016-07536 de las 9:05 horas del 3 de junio de 2016, estableció que: “Es por esa razón que en el caso concreto, considera la Sala que no se conculcan los derechos fundamentales de la recurrente. Como se dijo, el Estado ha reconocido la autonomía de los pueblos indígenas así como su estructura social y órganos competentes para tomar decisiones acordes a las costumbres ancestrales. En el sub lite, la amparada se muestra disconforme con una decisión adoptada por Asociación recurrida (sic), lo que, sin embargo, se ha basado en las costumbres de la comunidad indígena Cabécar. En efecto, el peritaje cultural aportado a este asunto demuestra que conforme a la costumbre indígena, si bien en la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó de Turrialba no está prohibida la unión de personas indígenas y no indígenas, no menos cierto es que no se encuentra permitido que tales parejas vivan y posean tierras dentro del territorio indígena. Tal restricción no es infundada, puesto que contribuye a la preservación de la cultura cabécar, la protección de sus costumbres y su territorio, como bien se explica en el mencionado peritaje cultural”. Aquí debe imperar la preservación de la cultura y tradiciones indígenas. No se debe olvidar la relación que mantienen los pueblos indígenas con el territorio y sus recursos naturales, de los cuales obtienen el sustento físico, cultural y espiritual. La inalienabilidad e imprescriptibilidad es para la protección de esa cultura indígena, proscribiendo las prácticas para acceder a los derechos de propiedad por posesión, ya sea por medio de la prescripción positiva o la usucapión. Se debe recordar, que la cosmovisión de la cultura indígena está desligada de las formas más invasivas de la naturaleza, de una mayoría de las personas no indígenas que explotan la tierra. Entonces, aceptar la tesis del accionante, fundamentado en las protecciones de estos territorios en la Ley Indígena, haría muy engorroso conciliar las prácticas y costumbres indígenas con las normas del Patrimonio Natural del Estado, por sus implicaciones sobre el bosque y sus aspectos aprovechables por los indígenas, pues aún cuando el artículo 6, de la Ley Indígena, establece la propiedad indígena comunal, ésta es de toda la comunidad indígena representada por una Asociación de Desarrollo Integral, y a lo interno, es la ley la que les autoriza a construir casas, talar árboles, explotar los recursos maderables o plantar cultivos para su provecho dentro de los límites de las reservas. Por otra parte, se autoriza el aprovechamiento de los recursos naturales, mientras estos sean medios para la preservación de las tradiciones ancestrales. Ahora bien, esta Sala reafirma la obligación de preservar la propiedad indígena como forma de propiedad privada especial y de relevancia constitucional e internacional de los derechos humanos. El valor o preeminencia de la propiedad comunal indígena, no debe confundirse con formas de propiedad pública estatal, con las protecciones y restricciones legales impuestas, como las establecidas en los artículos 2 y 3, de la Ley Indígena, N° 6172 de 29 de noviembre de 1977, éste último en cuanto las declara “… inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan”. Esta argumentación o interpretación de derecho del accionante fue razonablemente rechazada por la Procuraduría General de la República, cuando acertadamente aclara que esta condición de las reservas indígenas no proviene de la asimilación de la propiedad a una figura de dominio público o demanial, es insuficiente con declararlas inalienables e imprescriptibles con relación a los no indígenas, pues no se cumple con un elemento subjetivo de la propiedad como la titularidad administrativa, y el elemento teleológico como el destino al uso público o a un servicio público, y como elemento formal o normativo la sujeción a un régimen jurídico especial de Derecho Administrativo, entre otras cosas. Una interpretación en tal sentido, con la normativa actual, no es procedente. Es comúnmente aceptado que la incorporación de un determinado sector o actividad al dominio público conlleva, a su vez, el acompañamiento de muchas otras normas para la materialización de su incorporación al régimen público derivado de su declaratoria legislativa de “publicatio”, pues debe solucionar aquellos problemas asociados a la incorporación de un bien o actividad privado al régimen de Derecho Público; así, es necesario que el legislador aborde los desajustes que provocaría en el régimen de la propiedad privada. Tal conclusión haría nugatorio una serie de objetivos que se buscan con el Convenio N° 169, de la Organización Internacional del Trabajo, y de la Ley Indígena, como es lograr un gobierno acorde a las costumbres indígenas a lo interno de las reservas indígenas, la materialización de derechos fundamentales de los indígenas, concebidos tanto desde el punto de vista individual como colectivo, reconociendo no solo la existencia de un derecho consuetudinario que valida su propia autodeterminación e identificación como pueblos originarios, sino de preservación, que incluye también la disposición y posesión de los recursos tradicionales dentro de sus territorios. En Sentencia N° 2020-010034 de las 9:05 horas del 2 de junio de 2020, haciendo alusión a la Ley Indígena, se indica que: “El Consejo Nacional de Producción debe dar carácter prioritario al establecimiento de expendios en las comunidades indígenas, y solamente los indígenas podrán construir casas, talar árboles, explotar los recursos maderables o plantar cultivos para su provecho dentro de los límites de las reservas”. Evidentemente, no se podrían conciliar con una declaratoria de patrimonio natural del Estado para los bosques dentro de las tierras indígenas. Debe recordarse que tienen derecho de mantener sus formas de vida tradicional, costumbre, creencias, tradiciones distintivas, estructura social y económico, entre otros, lo cual en efecto puede abarcar el bosque y los ríos desde un punto de vista holístico, de lo contrario implicaría dejar sin contenido “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera” (artículo 13.2, del Convenio N° 169, de la Organización Internacional del Trabajo. El verdadero problema que surge, es el tema de las aguas que discurren por estas cuencas, lo cual deberá ser dilucidado más adelante. En todo caso, en la acción se acusa la afectación a la propiedad indígena, se pide en concreto su protección en favor de individuos concretos, y bajo un régimen jurídico internacional protector. Precisamente, esto tiene incidencia en el cumplimiento de la obligación internacional establecida en el artículo 14.1, del Convenio N° 169, en cuanto establece: “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”, en el mismo 14.2 “Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”. Como tal, las personas indígenas pertenecientes a una comunidad determinada, como las Asociaciones de Desarrollo, son sujetos de derecho privado, evidentemente, se trata de las organizaciones que permiten la autoorganización interna y autónoma de los grupos indígenas y tribales. Como tales, hay protecciones a la propiedad privada comunal que deben aplicarse, dispuestas por la ley, como primer supuesto, y además, ajustar estas conductas del Estado también para cumplir con las obligaciones internacionales. Para todo ello, debe determinarse si, en efecto, el Decreto Ejecutivo impugnado tiene incidencia directa o indirecta, la magnitud de esa afectación, y posteriormente, el cumplimiento del procedimiento establecido en la ley. VII.- Sobre las implicaciones de los derechos de los indígenas. De este modo, los siguientes puntos se examinarán: A.- Se debe asegurar que el Decreto Ejecutivo impugnado no implica -necesariamente- la inundación de los territorios indígenas, a pesar de que sí podría implicar comprometer los derechos fundamentales específicos de pueblos indígenas. Tal como se indicó supra, la Sala ha admitido el carácter especial de la población indígena en nuestro país, como “… los más “naturales” de nuestros naturales”, es igualmente cierto que ningún derecho han obtenido conquistadores y colonizadores, así como quienes heredaron esa posición sobre estos grupos minoritarios étnicos, pues es importante reafirmar que el Estado les debe protección y respeto a la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos, entre ellos el derecho de desenvolverse libremente acorde a los modelos tradicionales de tenencia y uso de la tierra, asociados a su cultura y costumbres, los que sin lugar a dudas son derechos que deben ser resguardados al celebrar la consulta en un adecuado contexto. Adicionalmente, mediante la reforma a la Constitución Política, por Ley N° 9305, del 24 de agosto de 2015, se establece que “Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural”, lo que no podría ser desatendido por este Tribunal. Dicho todo lo anterior, hay que determinar si el Poder Ejecutivo, a través del Decreto Ejecutivo impugnado, afectó en concreto y potencialmente los territorios indígenas. En criterio de la Procuraduría General, eso no está claro en el expediente. Sin embargo, al examinar la jurisprudencia de este Tribunal, es posible tener por acreditado que la aplicación del Decreto Ejecutivo impugnado, mantiene dentro de los límites de la habilitación o autorización, porciones del territorio indígena en cuestión. En concreto, se ha determinado esa afectación por el Estado, de modo que es importante tener en cuenta que ya, mediante la Sentencia N° 2011-12975 de las 14:30 horas del 23 de septiembre de 2011, la Sala estableció que: “III.- SOBRE LA PROPIEDAD DEL PUEBLO INDÍGENA ACCIONANTE. La Reserva [Nombre 002] se encuentra delimitada en el Decreto Ejecutivo 22203 del 2 de abril de 1993. Asimismo, su fundamento legislativo se desprende de la denominada Ley Indígena No. 6172 del 29 de noviembre de 1977, cuyo artículo 2, en forma expresa, declara propiedad de las comunidades indígenas las reservas mencionadas en su artículo 1°, dentro de las cuales se incluye la reserva Térraba. Ahora bien, de acuerdo con el informe técnico del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (folio 318), el artículo 8 del citado Decreto refiere puntos de coordenadas planas que representan sitios para la explotación de materiales para la presa, casa de máquinas y obras conexas. Por su parte, el proyecto se compone de sitios de explotación, por tanto, no posee un único espacio o área de acción, y como no se manifiestan las dimensiones espaciales de tales sitios o puntos, es imposible por ahora -de acuerdo con la información que consta en este proceso-, calcular un área de terreno en común que pueda existir entre el Proyecto Hidroeléctrico Diquís y la Reserva [Nombre 002]. No obstante, establecidos los límites de la Reserva [Nombre 002] sobre las hojas topográficas respectivas, en asocio y ubicación de los lugares que forman parte del proyecto hidroeléctrico, existen tres sitios coincidentes con el área de la Reserva: los puntos 536000 E / 337875 N, 547052 E / 334121 N y 546614 E / 332384 N. Por otro lado, en su informe, el Instituto Costarricense de Electricidad admite que se estarían inundando aproximadamente 74 hectáreas en la reserva indígena de China Kichá y 653 hectáreas de la reserva [Nombre 002]. En total se inundarían aproximadamente 727 hectáreas, que afecta un7.5% del total de territorio [Nombre 002] y un 5.7% del total de territorio de China Kichá. En consecuencia, resulta indubitable que el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, en su fase de ejecución -que todavía no ha comenzado- y de acuerdo con la información que sí consta en el expediente de esta acción, comprenderá territorio indígena Térraba”. De ahí, que con la claridad de las conclusiones de este Tribunal, no podría desdecirse ahora, ni mucho menos si no se alega que se le hizo incurrir en un error material de apreciación por el Instituto Geográfico Nacional, órgano administrativo y técnico que contribuyó a la localizaron de las áreas de posible afectación. Aunque, lo que el accionante reclama es la inundación de territorio indígena, lo cual, evidentemente no ha sucedido ni sucedería, pues los informes son claros que se encuentra en las fases preliminares, y como se indicará más adelante, el proyecto fue suspendido en su totalidad. Sin embargo, la forma del abordaje por parte del Gobierno de la República, al declarar el proyecto de Conveniencia Nacional sí comprometió los derechos fundamentales específicos de los pueblos indígenas a los que se les aplicó el Decreto Ejecutivo impugnado. B.- La necesidad de observar los mecanismos que hacen valer esos derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Esta Sala se avocará al problema que se presenta en el caso que nos ocupa, especialmente, a la luz de lo informado por el Ministro de Ambiente y Energía. El Ministerio de Ambiente y Energía, que es el ente rector en la materia ambiental, informa a la Sala que está autorizado para declarar proyectos de conveniencia nacional a la luz de los artículos 19, inciso b), y 34, y de conformidad con el 3, inciso m), todos de la Ley Forestal, regulan la posibilidad de exceptuar las prohibiciones del régimen forestal ligadas a la propiedad privada, pero que, éstas “no aplica(n) para cualquier situación o proyecto, sino únicamente para aquellos casos en los que se logre demostrar que los beneficios sociales sean mayores que el costo socioambiental, no obstante no consta en este Despacho los estudios y valoración social y económica que así lo justifiquen, lo anterior sin dejar de lado, que el proyecto se realiza sobre territorio indígena”. De este modo, para resolver la acción, esta afirmación debe tomarse como lo que es, la admisión de que no se llevó a cabo una parte esencial del procedimiento administrativo. Si bien, podría argumentarse que el conflicto jurídico se traduciría en un conflicto de legalidad, dada la omisión del Poder Ejecutivo de cumplir con los requerimientos legales establecidos en la Ley Forestal, en criterio de la Sala, el problema de fondo no se limita tan solo a un incumplimiento de la ley propiamente. Se debe engarzar con los efectos que tiene el Decreto Ejecutivo, dado que se autorizan los estudios preparativos o los estudios preliminares de una obra de gran magnitud sobre territorios indígenas (Artículo 3, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Así, debe definirse si aún en este estadio procesal en el que se declaró la Conveniencia Nacional sin cumplir todos los requerimientos legales, son aplicables las obligaciones internacionales que libremente aceptó el Estado costarricense al ratificar el Convenio N° 169, de la Organización Internacional de Trabajo. Lo anterior, a pesar de que el accionante expresamente renuncia a la falta de consulta libre e informada como uno de los fundamentos de su impugnación, ello no es óbice para que este Tribunal analice si la omisión incurrida por el Poder Ejecutivo, conlleva otras graves implicaciones en el resto de los derechos que acompaña a las comunidades indígenas en su derecho de auto-organización, y relación con sus territorios, al ser ello una obligación toral del sistema de protección de estas comunidades que les asegura su auto preservación. Cabe aquí afirmar que el libre y pleno ejercicio de los derechos que reconoce el Convenio N° 169, de la Organización Internacional de Trabajo, se hace valer con la obligación de consultar a los pueblos indígenas. Este sería uno de los medios más importantes que tiene el Convenio mencionado. Sin embargo, no debe ser considerado el único, pues de su propia letra existe la obligación de respetar y garantizar los derechos de los pueblos indígenas establecidos en ella, además de la obligación de consulta, estos otros son derechos autónomos y subsisten a pesar de la omisión del Estado de establecer los mecanismos de consulta. Más aún, habría que detallar si al haber otros mecanismos sucedáneos más generales, que tampoco fueron observados, repercute en los derechos establecidos en el Convenio. Así, es importante mencionar que el mismo bloque de legalidad establece los mecanismos de consulta, pero para todos los colectivos organizados en manifestar sus consideraciones cuando se trata de la elaboración de disposiciones de carácter general, como se examinará más abajo. Debería definirse que las afectaciones potenciales e indirectas deben ser susceptibles de protección, especialmente, si ello está así reconocido en la legislación nacional y ello implica el respeto, garantía y protección a los derechos humanos de los indígenas. Lo contrario, claramente, sería dejarlos insubsistentes. Es necesario recordar, que el Decreto Ejecutivo se promulgó para identificar la viabilidad técnica del proyecto; y, para ese momento, no se tenía claro si habría consecuencias materiales para el territorio indígena. Descartado el argumento de la Procuraduría General de la República que no están localizadas las áreas que podrían verse afectadas por las obras, la Sala estima que la mera mención de las coordinadas, en cuanto comprende áreas de los territorios indígenas que serían intervenidas, estudiadas, implica que se debió haber cumplido con un mínimo de garantías, de legalidad ordinaria como las reglas establecidas en la Ley Forestal, la Ley General de la Administración Pública y con mayor razón otras como la protección de los territorios indígenas que son establecidas mediante Tratado. Sería incomprensible que esta Sala se retracte de la localización y ubicación de los territorios indígenas que ya había definido en otro precedente del Tribunal. De ahí que la afirmación de que no hay afectación por el Decreto Ejecutivo impugnado, porque no menciona los territorios indígenas, no podría ser de recibo dado los efectos concretos y potenciales que habría sobre estos territorios indígenas (artículo 3, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), siendo posible afirmar que si se autorizaron actividades materiales, directa e indirectamente, a favor de personas ajenas a las reservas indígenas, éstas serían actividades de investigación y de recolección de información dentro de sus territorios, lo que es un asunto que debe contemplar los derechos indígenas. Como se observa, en el precedente transcrito dictado en otra acción de inconstitucionalidad, se acreditó dentro de las actuaciones judiciales, la potencial afectación a la protección especial de la propiedad comunal indígena, sin el concurso de un acto administrativo de carácter general debidamente fundamentado. De este modo, es claro que el Estado costarricense tomó una decisión sin cumplir requisitos, al no ponderar los beneficios sociales frente a los socioambientales. También es cierto que a lo largo de muchos de los precedentes de este Tribunal, se indicó que se trataría de una fase preliminar de investigación, preparatoria para el Estudio de Impacto Ambiental, que no daría lugar a la inundación de terrenos o territorio indígena, y que por ello, no daría lugar a exigir en este punto las formalidades de la consulta previa e informada a la comunidad indígena (Sentencias N° 2008-011743 de las 12:16 horas del 25 de julio de 2008; N° 2008-013560 de las 10:20 horas del 5 de septiembre de 2008; N° 2009-06045 de las 14:53 horas del 22 de abril del 2009; N° 2010-009536 de las 11:01 horas del 28 de mayo de 2010; N° 2010-13100 de las 14:57 horas del 4 de agosto de 2010; y N° 2010-13662 de las 15:42 horas del 17 de agosto de 2010, citados en la Sentencia 2011-12975 de las 14:30 horas del 23 de septiembre de 2011), pero si bien lo anterior fue así, es necesario analizar las implicaciones del incumplimiento de las formalidades de la Ley Forestal. C.- Sobre los cambios de circunstancias jurídicas del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. El Decreto Ejecutivo que declaró al Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, como un proyecto de conveniencia nacional, ha evolucionado de distintas maneras, incluso ello se ha reflejado ante este Tribunal como consecuencia del cambio de circunstancias. En este sentido, los estudios “preliminares” del Proyecto Hidroeléctrico no han continuado, se han suspendido, y no obstante lo anterior, se ve con preocupación la necesidad de reexaminar el elemento que no se había discutido en esta sede, como es la obligación de una ponderación de beneficios sociales y costos socioambientales no discutidos en la vía administrativa. Esta obligación nace de la normativa que el legislador concibió para que toda actividad que el Poder Ejecutivo respaldara en conformidad con el desarrollo sostenible, que considerara de conveniencia nacional, cumpliera con esa ponderación de los sacrificios y beneficios socioambientales. Sin embargo, antes de iniciar la discusión de fondo, es importante traer a colación las siguientes sentencias que son relevantes para la forma de resolver del Tribunal. Por Sentencia N° 2019-14731de las 9:20 horas del 9 de agosto de 2019, la Sala indicó que: “Tal y como se indicó supra, este Tribunal ha elaborado ampliamente el concepto de la consulta previa que debe realizarse para adoptar disposiciones administrativas o legislativas que afecten a los pueblos indígenas. En acatamiento a dicha obligación, el Estado adoptó en el año 2016 la Directriz Ejecutivo N° 042-MP, “Construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas”; y tras realizar talleres, capacitaciones y consultas, se promulgó en el año 2018 el Decreto Ejecutivo N° 40932, Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, así como la Directriz 101-6, que hace vinculante su aplicación a las instituciones autónomas. (…) el ICE presentó la correspondiente solicitud de consulta. Sin embargo, y ante la transitoriedad de la Unidad encargada de operar el procedimiento, retiró la gestión de marras. Posteriormente e (sic) determinó que el proyecto no resulta viable para los requerimientos del sistema de generación del país en los próximos 15 años, y se decidió aplazar su ejecución; lo cual evidentemente incluye la consulta indígena. Así las cosas, dado que el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís fue aplazado por parte del Instituto recurrido, el amparo resulta improcedente. En otras palabras, no se desprende del elenco de hechos probados que existe una amenaza actual, cierta e inminente a los derechos fundamentales de los tutelados. En razón de lo anterior, se impone la desestimatoria del presente proceso”. En la misma línea de argumentación, la Procuraduría General de la República trae a la atención de este Tribunal la sentencia firme N° 194-2015-VI de las 15:15 horas del 27 de noviembre de 2015, del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta, en cuanto estableció que: “1) Se ordena al Instituto Costarricense de Electricidad que, si decide a corto, mediano o largo plazo, reabrir o retomar la fase de investigación geológica en el Sitio Térraba previo a la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, deberá iniciar el procedimiento de evaluación ambiental respectivo bajo la normativa vigente al momento de la presentación de su solicitud. 2) Se ordena a la Secretaria Técnica Nacional del Ambiente que, si la fase de investigación a la que hicimos referencia se retoma, deberá definir el instrumento de avaluación ambiental que deba exigirse al ICE de conformidad con lo dispuesto por el ordenamiento jurídico vigente y tomando en cuenta los parámetros que para efectos de esa clasificación se establezcan, así como la significancia ambiental de cada una de las obras o actividades impactantes que se vayan a realizar. 3) Se ordena al Instituto Costarricense de Electricidad que, en caso de que decida a corto, mediano o largo plazo, reabrir o retomar la fase de investigación geológica en el Sitio Térraba previo a la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, deberá gestionar ante los entes y órganos competentes las autorizaciones o permisos que el ordenamiento jurídico exige para realizar actividades como la corta de árboles, movimiento de tierras, excavaciones, construcción de obras en el cause de (sic) río como diques o muros de gaviones. 4) Se ordena a ambos demandados que mientras no se haya efectuado la consulta indígena previa, libre e informada al pueblo [Nombre 002] ni se cuente con el instrumento de evaluación ambiental que corresponda según las actividades que se efectúen, deberá abstenerse de adoptar cualquier conducta administrativa, ya sea referida a la fase de investigación o a la de inversión del PHD, que pueda afectar el medio ambienta o la biodiversidad de esa Reserva Indígena”. En la parte considerativa, se indica que: “En ese sentido, si el ICE decide, a corto, mediano o largo plazo, retomar la fase de investigación geológica del PHD en el sitio Térraba deberá iniciar el procedimiento de evaluación ambiental correspondiente, el cual se tramitará bajo un nuevo expediente (no como una modificación o ampliación) y se regirá por la normativa vigente al momento de su presentación, conforme a la cual deberá determinarse la calificación del proyecto, el nivel de significancia ambiental y el instrumento que deberá exigirse. Respecto de este último aspecto, la pretensión de la parte actora propone que la evaluación ambiental en el Territorio [Nombre 002] lo sea a través de una Evaluación Ambiental Estratégica o un Estudio de Impacto Ambiental. De inicio, hay que advertir que la definición del instrumento de evaluación ambiental es una potestad que corresponde, en exclusiva, a la SETENA conforme, claro está, a las particularidades que para cada caso impone la normativa vigente”. Si a lo anterior, se tiene en cuenta lo señalado por el Ministro de Ambiente y Energía, queda aún abierta la cuestión de determinar la regularidad constitucional y convencional del Decreto Ejecutivo de Conveniencia Nacional, objeto de la acción de inconstitucionalidad, pues ese es el que precisamente da origen e inicio a la conducta administrativa que el ICE requirió para iniciar todas las gestiones “preliminares” de factibilidad del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís ante la SETENA, y peor aún, que presuntamente le permitió materializar en territorio indígena. Ahora bien, examinada la sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, de la sede de legalidad ordinaria, el Decreto Ejecutivo no fue abordado porque dicha pretensión quedó desistida por la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva [Nombre 002], pues si bien el proceso se había iniciado con la demanda establecida por la Asociación, sin embargo, su representante solicitó el expreso desistimiento estando en curso la demanda, lo cual fue aceptado por el Tribunal, en Sentencia N° 127-2015-VI, de las 9:50 horas del 30 de julio de 2015. Entre las diferentes pretensiones se solicitó la anulación total de varias conductas administrativas, por haberse omitido el procedimiento de consulta previa a la comunidad indígena, y por disconformidad con el ordenamiento jurídico, se solicitó: “a) el Decreto Ejecutivo No. 34312-MP-MINAE del 06 de febrero del 2008, publicado en La Gaceta No. 31 del 13 de febrero de 2008”. Como se puede observar, no se entró a conocer sobre la legalidad de esta pretensión, la cual sí es conocida ahora en esta sede. De previo a la tramitación y promulgación del Decreto Ejecutivo N° 34312-MP-MINAE de 06 de febrero de 2008, denominado “Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad”, como se ha indicado anteriormente, el Poder Ejecutivo debía hacer un ejercicio de ponderación antes de su emisión, de modo que para cambiar el uso de suelo del lugar se ocupaba del estudio que involucra maximizar los beneficios sociales comparados con los costos socioambientales, tal y como estaría definido en el artículo 3, inciso m), de la Ley Forestal. De igual manera, los numerales 19, inciso b), y 34, del mismo cuerpo legal. La Sala debe tomar en cuenta, que así como fueron materializadas varias infracciones a la Ley Forestal, también lo fueron al Convenio N° 169, que pretende ser protegido por el accionante, como es el respeto a la integridad del territorio indígena. Así, la ausencia de los estudios socioambientales para superar las prohibiciones contenidas en la Ley Forestal, como sería la tala de árboles en zonas de protección, incluidas aquellas ubicadas en la propiedad comunal indígena, no es otra cosa que una actuación contraria a los principios de la buena fe y al mismo Convenio N° 169, que lo erige como un elemento -de confianza- importante para la conducción del Estado frente a las comunidades indígenas bajo su jurisdicción. Dicho ligamen es importante, incluso en la fase preliminar, de ahí la necesidad de que cualquier proyecto que incluya territorio indígena debía contar con la consulta, a estos pueblos, como a cualquier otro que pudiera verse afectado. No podría afirmarse que el artículo 1°, del Decreto Ejecutivo impugnado, cumpla con esta exigencia, el cual, evidentemente es el postulado toral y sostén de todo lo demás. La declaratoria de conveniencia nacional no contó con el estudio de costos sociales y socioambientales según lo informa el propio Ministro de Ambiente y Energía, el cual hubiera arrojado claramente la necesidad de cumplir al menos en una etapa preliminar la consulta y con ella la opinión de los pueblos indígenas. Más aún, el efecto que tiene el artículo 9, del Decreto Ejecutivo, está claro para este Tribunal, pues además invisibiliza ilegítimamente los territorios indígenas (que se recuerda fueron localizados e individualizados ante este Tribunal), al eximir al ICE de demostrar la titularidad de las propiedades, todo lo cual se constituye en una infracción constitucional (artículo 45) y convencional (artículo 21, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y los numerales 13.2, y 14.2, del Convenio N° 169). Con estas normas se irrespetó la propiedad privada comunal indígena, además de que eximió de la protección ambiental en la corta y aprovechamiento de especies, entre otras cosas, actividades que no podían darse en el territorio indígena, sin que se implementara las mínimas formalidades de ley. Debe tomarse en cuenta las obligaciones internacionales establecidas en favor de ciertos sectores vulnerables de la población mundial. Estos instrumentos son para la protección de categorías definidas de la población mundial que han sufrido vejaciones históricas y las siguen padeciendo, incluso a pesar de estar instrumentadas en los tratados de derechos humanos. Estas obligaciones son creadas con un fin de vincular jurídicamente a los Estados según un objeto concreto, de modo que pueden ser invocados a lo interno por los propios interesados objeto de protección, y por los otros sujetos de derecho internacional en caso de incumplimientos. En este sentido, es necesario indicar que en Costa Rica estos instrumentos tienen un rango privilegiado que en aplicación de la doctrina del derecho internacional público, deben ser observados de buena fe por el Estado como el principio pacta sunt servanda, así como otros principios contenido en la Convención de Viena de Interpretación de los Tratados. En tratándose del Derecho de la Constitución, estos instrumentos de derechos fundamentales, de conformidad con los principios protectores de los Derechos Humanos son receptados por este Tribunal, por lo que aplica la preeminencia de estas obligaciones internacionales en el tanto conceden mayor protección a los derechos humanos y superan aquellos que la misma Constitución Política concede. Esta doctrina establecida desde los inicios de la Sala, entre las cuales se encuentra la sentencia de la Sala, N° 1995-2313 de las 16:18 horas del 9 de mayo de 1995, que estableció que: “… no se aplica lo dispuesto por el artículo 7 de la Constitución Política, ya que el 48 constitucional tiene norma especial para lo que se refiere a derechos humanos, otorgándoles una fuerza normativa del propio nivel constitucional. Al punto de que, como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, los instrumentos de los derechos humanos tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorgue mayores derechos o garantías a las personas, priman sobre la Constitución”. La omisión de consulta a los pueblos indígenas o tribales, si es relevante, inevitablemente resurge con la afirmación del Ministro de Ambiente y Energía, así como de los aportes de algunos de los coadyuvantes. La Sala coincide con el mencionado Ministro que los decretos de conveniencia nacional no aplican a cualquier situación o proyecto, sino a específicos que cumplen con los requerimientos de la ley; es decir, que cumplan con demostrar que los beneficios sociales que se persiguen se apreciarían más que los costos socioambientales. La preocupación surge porque informa que no consta en su Cartera esos estudios y valoración social y económica que lo justifiquen. Por otra parte, además de lo señalado supra por esta Sala en su jurisprudencia, admite que el proyecto se realiza sobre territorio indígena, y es claro que no se cumplió con un procedimiento administrativo adecuado (de la Ley Forestal, como el pautados en el artículo 361, de la Ley General de la Administración Pública, dentro de los procedimientos especiales para la elaboración de disposiciones de carácter general). D.- Sobre la jurisprudencia. El accionante arguye que no se puede aplicar las disposiciones excepcionales de la Ley Forestal a los territorios indígenas, porque se trata de una propiedad especial comunal. Aunque este es un tema que se abordó oportunamente líneas atrás, queda por ver las implicaciones de las soluciones que le ha dado la jurisprudencia de la Sala y de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, existe obligación de consultar a los pueblos indígenas sobre las medidas que les puedan afectar, también, es necesario establecer que no está cerrado el acceso a los recursos naturales, aún cuando estuvieran en los territorios indígenas. Esta Sala, en la Sentencia N° 2011-012975 de las 14:30 horas del 23 de septiembre de 2011, trae a colación, nuevamente, que en esta resolución se recopilaron las diferentes sentencias que establecieron que demandar el consentimiento previo a los estudios preliminares del proyecto sería un reclamo prematuro. Ahora bien, es importante retomar esta discusión de cara a las obligaciones internacionales que tiene el país, con respecto a los pueblos y comunidades indígenas formalmente constituidas en el lugar en que se desarrollan los estudios preliminares del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. Es importante mencionar, que por su parte el propio Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta, por sentencia N° 194-2015-VI, de las 15:15 horas del 17 de noviembre de 2015, condicionó todas las actuaciones del Instituto Costarricense de Electricidad, de modo que debía redefinirse las autorizaciones y permisos ambientales que se ocuparían para ingresar y retomar los estudios ambientales en los territorios indígenas, lo que incluso tendrá impacto en la Consulta. El fin de los estudios es determinar si éste procede o no -técnicamente-, así como la información para el Estudio de Impacto Ambiental, proceso que efectivamente involucra la ejecución de trabajos dentro de un área geográfica que incluye los territorios indígenas. Cuando la jurisprudencia de la Sala analizó partes del Decreto Ejecutivo de Conveniencia Nacional, no se había traído a la atención la grave omisión que ahora surge del informe del Ministerio de Ambiente y Energía, órgano rector y encargado de velar por la protección del ambiente y su relación no discriminatoria con la sociedad en general. El detalle, es que el decreto de conveniencia nacional eximió de las restricciones en el uso de suelo cubierto por el régimen forestal, pero para ello era necesario producir, un estudio técnico que demostrara los beneficios sociales para los sectores involucrados. Este Tribunal había sostenido, anteriormente, en la Sentencia N° 2009-017155 de las 14:00 horas del 5 de noviembre del 2009, que: “La posibilidad de cambio del uso de suelo de los inmuebles particulares que han sido afectados previamente para la preservación del recurso forestal, fue fundamentada precisamente en el concepto de desarrollo sostenible que debe ser incorporado al contenido de la debida tutela ambiental; con lo cual, como ya se indicó, no sólo es posible, sino necesario el fomento del desarrollo económico y social de la población -en cumplimiento del precepto contenido en el primer párrafo del artículo 50 constitucional, según el cual el Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza; claro está, conforme al respeto de las normas ambientales, caso contrario se causaría una grave paralización en el desarrollo de nuestro país, no querido ni pretendido por los constituyentes, ni tampoco por los legisladores que tuvieron la responsabilidad de promulgar la Ley en cuestión. Así las cosas, este Tribunal mantiene el criterio vertido con anterioridad, señalando que lo dispuesto en la norma impugnada no resulta lesivo del derecho a un ambiente sano y equilibrado, pues al momento de concretarse un proyecto como de conveniencia nacional, se deben verificar previamente los impactos ambientales que con él se producen y realizar una comparación con los beneficios sociales que éste implique, lo cual no se puede verificar abstractamente en la norma, sino en el análisis de cada caso concreto, vía recurso de amparo y no de acción de inconstitucionalidad”. Es decir, el antecedente claramente se decanta por desentrañar el sentido de la pauta normativa de la Ley Forestal, que es procurar el desarrollo sostenible y el uso racional de los recursos, de manera que por razones de lógica, justicia y conveniencia se definen derroteros que demarcarían la prevalencia de los diferentes intereses y derechos involucrados. Pero, para que ello quedara debidamente sustentado, lo primero que observa esta Sala, es que era necesario que el Poder Ejecutivo levantara la información, de previo a la emisión del Decreto Ejecutivo, dado que no existían ni se alegaron razones de interés público o de urgencia como para que se omitieran los requisitos de ley, como era conceder audiencia por diez días a las entidades representativas de intereses de carácter general o corporativo afectados (artículo 361, inciso 2, de la Ley General de la Administración Pública). Esto no se hizo de acuerdo con el Ministro de Ambiente y Energía. Incluso en un caso en el que se pretendía beneficiar con la concurrencia de una comunidad indígena para el mejoramiento del camino existente, era necesario la corta de árboles, razón por la cual era necesario el cumplimiento de los requisitos de ley antes de declarar la Conveniencia Nacional. La Sala, en Sentencia N° 2021-12080 de las 8:30 horas del 28 de mayo de 2021, indicó que: “Quedó acreditado que si bien existe un paso que ya está en uso dentro de la reserva indígena y lo que se pretende es mejorar dicho paso para facultarlo para la entrada de vehículos, debido a que dentro del recorrido existe aproximadamente 9,2 kilómetros que pasan por área de bosque, es necesario gestionar la declaratoria de conveniencia nacional para poder otorgar el permiso de corta de los árboles que se requieren cortar para la generación del camino que se pretende. Aunque, de previo, la Municipalidad de Golfito, al igual que todo desarrollador de un proyecto de conveniencia nacional, sea público o privado, debe presentar los estudios técnicos necesarios, en los cuales se demuestre que los beneficios sociales del proyecto son superiores a los costos socioambientales. Así, posteriormente dichos estudios tendrán que ser analizados y valorados previamente por el Poder Ejecutivo, antes de proceder con la respectiva declaratoria de conveniencia nacional”. Por otra parte, según el informe del Ministro, tampoco se hizo una diferenciación entre sectores sometidos a un régimen de suelos de propiedad forestal, de aquellos sujetos de derecho privado que también serían comunales o colectivos indígenas, lo que conlleva un problema de relevancia constitucional y convencional, toda vez que involucra categorías sociales de importancia para la jurisdicción constitucional. La observación es relevante para este Tribunal Constitucional, porque se trata de categorías sociales que están protegidas internacionalmente, por el historial de discriminación y supresión a la que se han visto sometidos los pueblos indígenas. Recuerda la Sala que en la Sentencia N° 2020-023789 de las 19:00 horas del 10 de diciembre de 2020, se indicó que: “… desde su ratificación por nuestro país [refiriéndose al Tratado de Minamata], las obligaciones internacionales que asume deberían estar produciendo efectos jurídicos duraderos, lo que debe ser práctica usual en aquellos tratados de Derechos Humanos que buscan elevar la dignidad humana, y cuyas obligaciones consisten en proteger, resguardar y hacer respetar esos derechos. […] Este tipo de tratados también buscan el effet utile o lo que sería lo mismo lograr efectos duraderos, jurídicamente hablando, al tratarse de esfuerzos comunes y de cooperación internacional en una determinada área, porque adquieren especial interés internacional”. Se requiere de un efecto material, que surge de la necesidad de los Estados que cuando firman y ratifican las obligaciones internacionales, deben hacer que los términos y condiciones pactadas se cumplan dentro de sus respectivas jurisdicciones nacionales, lo cual, para nuestro país, no es ni más ni menos que respetar las obligaciones pactadas hacia los pueblos indígenas y tribales, debidamente acordadas en el Convenio N° 169, de la Organización Internacional de Trabajo. Cabe sostener una complementariedad muy necesaria de estas obligaciones internacionales con la importancia de los estudios que de conformidad con el artículo 3, inciso m), de la Ley Forestal establece, como tantas veces se ha citado: “Actividades de conveniencia nacional: Actividades realizadas por las dependencias centralizadas del Estado, las instituciones autónomas o la empresa privada, cuyos beneficios sociales sean mayores que los costos socioambientales. El balance deberá hacerse mediante los instrumentos apropiados”. Se agrega que, este inciso m) y otro, fueron agregados por Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998, que es la Ley de Biodiversidad. Sin embargo, a pesar de lo anterior, el Reglamento a la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo N° 25721 de 17 de octubre de 1996, establecía la definición conveniencia nacional en el artículo 2. En él, establecía como “Conveniencia Nacional: Las actividades de conveniencia nacional son aquellas relacionadas con el estudio y ejecución de proyectos o actividades de interés público efectuadas por las dependencias centralizadas del Estado, las instituciones autónomas o la empresa privada, que brindan beneficios a toda o gran parte de la sociedad tales como: captación, transporte y abastecimiento de agua; oleoductos; construcción de caminos; generación, transmisión y distribución de electricidad: transporte; actividades mineras; canales de riego y drenaje; recuperación de áreas de vocación forestal; conservación y manejo sostenible de los bosques; y otras de igual naturaleza que determine el MINAE según las necesidades del país”. Sin embargo, para ese momento, ya existía una definición legal que articulaba el artículo 114, de la Ley de Biodiversidad, N° 7788 de 30 de abril de 1998, al adicionar el artículo 3, inciso m), de la Ley Forestal, que ya establecía que “conveniencia nacional”, se constituía en las “…actividades realizadas por las dependencias centralizadas del Estado, las instituciones autónomas o la empresa privada, cuyos beneficios sociales sean mayores que los costos socio-ambientales. El balance deberá hacerse mediante los instrumentos apropiados”. En opinión del Tribunal, esto es de gran importancia para la decisión que nos ocupa, porque trazaba el procedimiento que debió haberse llevado a cabo, si bien podría decirse que el Estado costarricense tenía dos posibles caminos: a) realizar el procedimiento administrativo otorgándole audiencia a las comunidades afectadas, incluidas las indígenas (Artículo 361.2, de la Ley General de la Administración Pública: “Se concederá a las entidades representativas de intereses de carácter general o corporativo afectado por las disposiciones la oportunidad de exponer su parecer, dentro del plazo de diez días, salvo cuando se opongan a ellos razones de interés público o de urgencia debidamente consignados en el anteproyecto”); o b) no otorgar las audiencias pero justificando adecuadamente “cuando se opongan a ello razones de interés público o de urgencia debidamente consignadas en el anteproyecto” (ídem), relevándose de las posibles consultas. Se optó equivocadamente por lo segundo, sin cumplir tampoco con la obligación legal de señalar las razones de interés público o de urgencia para omitirlo, lo que evidentemente trae numerosos problemas, hasta el propio Ministro de Ambiente informa y pone la atención de este Tribunal en esta omisión. Además, el Ministro de la Presidencia enfatiza en la importancia del proyecto hidroeléctrico, quien indica en su planteamiento que lo que hay es un desarrollo en diversas fases. Al momento de rendirse el informe, se desarrollaba la primera fase, que consiste en la realización de los estudios de factibilidad, como serían los estudios del entorno físico para el diseño de la obra, colecta de información biótica, física y socioeconómica que se empleará como sustento técnico para el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). A su vez, el informante Ministro de la Presidencia señala que la consulta previa a los grupos indígenas debía hacerse antes del señalado estudio. No obstante lo anterior, la Sala retoma que en el informe del Ministro de Ambiente y Energía afirma entonces que el Decreto Ejecutivo no cumple con el enunciado de la definición que dice “El balance deberá hacerse mediante los instrumentos apropiados”, pues claramente, al carecer de los requisitos señalados atrás, no hubo un procedimiento administrativo de ponderación que es lo que estaría pautado por la legislación ambiental, reclamo que parcamente hace el accionante, y de forma tangencial, pero que sí lo hace -concretamente- algunos de los coadyuvantes en este proceso. Además, las omisiones conllevan a otras infracciones del ordenamiento jurídico. En la Sentencia N° 2010-006922 de las 14:35 horas del 16 de abril de 2010, la Sala sostuvo que: “LXXXIX.- Es por lo anterior que resulta inexacto afirmar la inconstitucionalidad del artículo 2 del Reglamento de la Ley Forestal, pues de conformidad con lo establecido, lo que dicha norma dispone debe integrarse y aplicarse según lo definido en los artículos 19 y 34 de la propia Ley Forestal. Es decir, aún cuando el artículo 2 del Reglamento identifique a la actividad minera como actividad de conveniencia nacional, es claro que ese carácter, identificación o reconocimiento -conveniencia nacional- está supeditado al cumplimiento de lo establecido en las normas legales -demostración de que los beneficios son mayores al costo-, por lo que es evidente que el Reglamento no suplanta la voluntad legislativa, no vacía de contenido las normas legales que la informan, ni contradice de modo alguno la protección ambiental que debe otorgarse de conformidad con el artículo 50 de la Constitución, por lo que tampoco puede aducirse que dicha disposición reglamentaria exceda los límites de la razonabilidad cuando, por el contrario, se impone la realización de actos concretos legalmente establecidos. Es así que la autorización de cambio de uso de suelo no puede acordarse tan sólo porque el Reglamento dice que la actividad minera es de conveniencia nacional, sino que tal autorización resulta procedente cuando esa conveniencia haya sido debidamente demostrada y públicamente declarada por el Poder Ejecutivo mediante un acto posterior, acto administrativo para cuyo dictado se haya cumplido con la aplicación de los procedimientos e instrumentos correspondientes. La aplicación de estos instrumentos y la determinación de la bondad de los beneficios por sobre los costos, es justamente lo que evita la adopción de actos arbitrarios por parte de la administración, toda vez que los resultados obtenidos darán criterio y base técnica-objetiva para que el Poder Ejecutivo emita la declaratoria de conveniencia nacional de un proyecto minero determinado y la correspondiente autorización para el cambio de uso de suelo. […] De tal forma, es más que claro que si el ordenamiento impone a la administración el deber de realizar un procedimiento previo para pronunciar una declaratoria de conveniencia nacional de una actividad determinada, ello es precisamente un valladar que evita la arbitrariedad administrativa, y, por el contrario, obliga a la administración a adoptar y dictar actos administrativos debidamente fundados en razones técnicas objetivas; esta situación, además, permite y garantiza que el acto administrativo dictado pueda ser valorado en su momento por las instancias administrativas y judiciales que correspondiere”. En consecuencia, no hubo ningún estudio que pudiera demostrar la ponderación del balance exigido por la normativa, mucho menos, con el agravante para el caso, que el análisis no solo estaría exigido para la determinación de los costos socio-ambientales, como ocurriría para las entidades representativas de intereses de carácter general o corporativo, sino que para una parte de la población costarricense protegido por el Convenio N° 169, de la Organización Internacional de Trabajo. Esta normativa, por supuesto, exigible y directamente aplicable, por parte de la Administración Pública de previo a la emisión del Decreto Ejecutivo. Debe traerse a colación el precedente de la Sala, sobre el Decreto Ejecutivo que nos ocupa, en la que se decidió mediante Sentencia N° 2010-013100 de las 14:57 horas del 4 de agosto de 2010, que era constitucional basada en las siguientes consideraciones: “Pues bien, lo dicho hasta ahora sirve para indicar que el Poder Ejecutivo no se ha excedido en sus atribuciones y las exenciones que ha otorgado están plenamente amparadas en su obligación de velar porque el país siga un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible, basado en formas de producción de energía limpia. Adicionalmente, la declaratoria de conveniencia nacional del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís se encuentra amparada en lo dispuesto en la Ley Forestal y su reglamento, pues, una represa hidroeléctrica es, ciertamente, un proyecto que lo que pretende es la “generación, transmisión y distribución de electricidad”, de tal suerte que, el decreto impugnado daría abrigo a un proyecto que cabe dentro de los supuestos del artículo 19 de la Ley Forestal y el artículo 2 del Reglamento a la Ley Forestal. Aunado a esto, debe tomarse en cuenta que el decreto en ningún momento implica la posibilidad de llevar adelante el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís sin cumplir los controles ambientales dispuestos por el ordenamiento, pues, como bien lo admiten los informantes en esta acción, el decreto no lo exime de la realización de un estudio de impacto ambiental para la obtención de la respectiva viabilidad ambiental, requisito esencial e indispensable si se desea continuar hasta la materialización del proyecto. En adición, debe hacerse ver que el accionante no enjuicia, de manera concreta, los incisos b), c) y d) del artículo 9 del decreto ejecutivo 34312-MP-MINAE de 6 de febrero de 2008, debido a que no aporta las razones concretas por las cuales esos tres apartados de ese decreto pueden vaciar de su contenido esencial el artículo 50 Constitucional. En ese sentido, debe recordarse y traerse a colación lo dicho al inicio de este considerando, la dignidad humana es el centro, la piedra angular, de cualquier Estado de Derecho, por lo que esta y el respeto por la integridad del entorno deben, sin duda, ir de la mano, pues una política ambiental que no tome en cuenta el pleno desarrollo de las personas difícilmente será sostenible, como tampoco lo será un modelo de desarrollo socioeconómico que no se preocupe por el entorno y que sacrifique, a toda costa, la protección del medio, ignorando que este es una parte esencial e integrante de nuestras vidas. Desde esa perspectiva, los incisos b), c) y d) del artículo 9 del decreto impugnado no resultan contrarios al Derecho de la Constitución, pues se encuentran amparados en una norma legal que autoriza al Poder Ejecutivo a tomar determinadas acciones, para aligerar el tipo de proyectos ahí contemplados, sin que esto signifique o acarree una desprotección del medio y sin que la autorización se erija como una prerrogativa arbitraria, irrazonable e ilimitada para la destrucción del ambiente o el vaciamiento del contenido mínimo del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Entonces, es claro que las normas impugnadas se ajustan plenamente al Derecho de la Constitución, pues calzan, de forma coherente, con el modelo de desarrollo impuesto por la visión de un Estado Social de Derecho diseñada por el constituyente originario. Además, no significan un vaciamiento del contenido mínimo del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En adición, esas normas no implican desconocer la legislación que tutela al ambiente. Asimismo, el decreto en ningún momento exime al Proyecto Hidroeléctrico el Diquís de la realización del estudio de impacto ambiental. Y, finalmente, ese decreto fue dictado de acuerdo con las competencias que la Ley Forestal y su reglamento le dan al Poder Ejecutivo, para declarar la conveniencia nacional de un proyecto, el cual, en este caso, se enmarca, claramente, como un proyecto de infraestructura a partir del cual se pretende conseguir la “[…] generación, transmisión y distribución de electricidad […]”. VII.- Finalmente, por medio de escrito que se presentó ante esta Sala a las 8:10 horas del 1 de agosto del 2008, el accionante alegó que a la fecha no existía un convenio entre el Instituto Costarricense de Electricidad y la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva [Nombre 002]. Lo que, a su juicio, infringe el artículo 7, párrafo primero, de la Constitución Política, por oponerse al artículo 14 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que fue debidamente incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante Ley No. 7316 del 3 de noviembre de 1992. Sin embargo, ello hace referencia a hechos ajenos al objeto específico de la presente acción. En todo caso, cabe apuntar que el accionante ya interpuso un recurso de amparo en que acusó esos mismos hechos (expediente 09-001709-0007-CO) y tal proceso se declaró sin lugar, por medio de sentencia 2009-006045 de las 14:53 horas del 22 de abril del 2009. Por lo que el accionante deberá estarse a lo resuelto en tal oportunidad”. Ahora bien, en esta Sentencia N° 2010-013100 supra citada, se resolvió con base en el Reglamento a la Ley Forestal (artículo 2), que define entre otras cosas, lo que es “Conveniencia Nacional”, y ejemplifica actividades como la “generación, transmisión y distribución de electricidad”. Aceptar cualquiera de las actividades enumeradas en la definición, que es a su vez, númerus apertus, conlleva en si el germen de la arbitrariedad como se indicó en la Sentencia N° 2010-006922 de las 14:35 horas del 16 de abril de 2010, citada anteriormente. Es evidente, que no se analizó la ausencia de un procedimiento administrativo de ponderación de los beneficios sociales con los costos socio-ambientales, como se ha venido argumentado supra, en esta sentencia. Siguiendo con el antecedente citado, y el amparo a que se hizo alusión, este se declaró sin lugar la pretensión de aplicar el Convenio N° 169, de la Organización Internacional del Trabajo, se resolvió con la Sentencia N° 2009-006045 de las 14:53 horas del 22 de abril del 2009, de la siguiente manera: “IV.- Sobre el caso concreto. En el caso bajo estudio, el recurrente acusa lesión al artículo 6 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 1989, ya que, el Instituto Costarricense de Electricidad, no le consultó a los habitantes de la Reserva [Nombre 002], previo a realizar los estudios para el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. Efectivamente, y con sustento en la normativa internacional esbozada en el considerando anterior, existe un derecho de parte de los pueblos indígenas a ser consultados, mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Ciertamente la construcción de una Planta Hidroeléctrica es uno de esos temas; sin embargo, es menester analizar si en el caso concreto existía el deber de consultar. En ese sentido, del informe rendido bajo juramento, con las consecuencias incluso penales que prevé el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se colige que actualmente el proyecto en cuestión se encuentra en la primera fase, la de factibilidad, que comprende la preparación de los insumos para la firma consultora que se contratará para el Estudio de Impacto Ambiental, siendo que dicho estudio ni siquiera se ha iniciado. De esta manera, se tiene que aún la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, no está siquiera definido su desarrollo y efectiva construcción, toda vez que todavía ni siquiera se han solicitado los permisos correspondientes, por cuanto no se ha determinado aún la factibilidad para realizar el mencionado proyecto, ya que si las investigaciones no se llevan a cabo no hay forma de saber si es posible o no, por la geología de lugar, construir una presa. Es así, como esta Sala considera que el presente amparo es prematuro, ya que se está ante un hecho futuro e incierto, por cuanto aún no se sabe con seguridad si se va a realizar o no la construcción en cuestión. V.- No obstante lo indicado en el considerando anterior, tanto del informe como de la prueba aportada al expediente, se colige que durante todo el proceso han participado diferentes actores, dentro de los cuales se destacan las comunidades indígenas, teniéndose que actualmente se discute con la población [Nombre 002], el mecanismo efectivo de concertación social a fin de solventar la puesta en marcha del mecanismo de participación y representación indígena, en ese sentido, se indica que se está llevando a cabo un proceso en conjunto con las diferentes comunidades a fin de lograr no solo la aplicación de las normas sino la compilación de las necesidades reales que les afectan. En ese sentido, se tiene que el equipo del Área Social de la Unidad de Gestión Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís ha venido manteniendo reuniones con todos los grupos organizados de la comunidad de Térraba, tales como la Asociación de Desarrollo [Nombre 002], Ruta de las Aves, Asociación para la Defensa de los Derechos Indígenas Teribes, Consejo Indígena Térraba, Rincón Ecológico, Asociación para la Defensa de los Habitantes de la Cultura Indígena, Naso Lokes. Además se han puesto en contacto con Frente de Lucha. En razón de lo anterior, esta Sala estima que la autoridad recurrida ha realizado esfuerzos para acercarse a los habitantes indígenas de la comunidad de Térraba, ello a pesar de que todavía no se ha concretizado de manera definitiva la construcción de la presa. Sin embargo, es menester recordarle a la autoridad recurrida, que en caso de decidirse desarrollo el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, deberán asegurarle a los pueblos indígenas una efectiva participación en el proceso y en la toma de decisiones. Por último, vale la pena indicar que no le compete a esta Sala analizar si el Instituto Costarricense de Electricidad pago o no avalúos por daños a terceros que habitan dentro del territorio de Térraba, por cuanto determinar si se debe hacer un avalúo y cancelar la correspondiente indemnización y ante que instancia debe hacerse, se escapa de las competencias de este Tribunal. Así las cosas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se ordena”. A pesar de que en efecto, se cita la jurisprudencia de la Sala, su reexamen es imperativo; es claro que, se hace necesario la reconsideración de estos precedentes, especialmente bajo una mejor ponderación para aplicar la doctrina de la Sentencia N° 2010-006922 de las 14:35 horas del 16 de abril de 2010, porque el abordaje debe ser otro, que concilia el principio de legalidad con las obligaciones internacionales, debidamente ratificadas, de los tratados a la legislación nacional. Si hay infracción a los Instrumentos de Derechos Humanos, como lo es el Convenio N° 169, de la Organización Internacional del Trabajo, estos gozan de un rango equivalente al de los derechos constitucionales reconocidos en la Constitución Política; y, por ende, en virtud de los principios protectores de derechos humanos, deberá reconocerse mayor protección cuando no lo hace la propia Constitución Política. Se recuerda, que es el propio Constituyente el que reconoce la preeminencia y preponderancia de los Tratados a nivel interno, que es un plus hacia la observancia obligatoria de sus términos para todos los operadores de derecho, y que ello debe suceder cuando el legislador aprueba el instrumento, otorgándole la potencia y resistencia a la norma para su aplicación interna en el país. La Sala se refiere al rango o jerarquía de la normativa internacional en el país. Ha sido el Constituyente derivado el que ha procurado que los instrumentos de derechos humanos adquieran un valor similar o igual al texto de la Constitución Política, cuando, habilitó a través del artículo 48, Constitucional, que dichos instrumentos sean fuente de derecho en la jurisdicción de la libertad (amparo y habeas corpus), y sería un serio contrasentido, marchar a contrapelo o contracorriente al no reconocer lo mismo para los casos de control de constitucionalidad, como se ha establecido en esta jurisdicción desde larga data. Por Sentencia N° 1995-002313, de las 16:18 horas del 9 de mayo de 1995, se sostuvo que: “Sobre esto debe agregarse que en tratándose de instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en el país, no se aplica lo dispuesto por el artículo 7 de la Constitución Política, ya que el 48 Constitucional tiene norma especial para los que se refieren a derechos humanos, otorgándoles una fuerza normativa del propio nivel constitucional. Al punto de que, como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, los instrumentos de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución (vid. sentencia N° 3435-92 y su aclaración, N° 5759-93). Por eso algunos estudiosos han señalado que la reforma constitucional de 1989, sobre la jurisdicción constitucional, es tal vez la mayor conquista que desde el punto de vista jurídico ha experimentado Costa Rica”. En criterio de la Sala, la solución correcta en el tema que nos ocupa, debe reafirmar no solo el principio de legalidad, que evidentemente es un principio fundamental de todo Estado Social de Derecho, el cual, ha sido claramente violentado, tomando en consideración el informe del Ministro de Ambiente y Energía que menciona, con toda claridad, que esa cartera de Gobierno, incumplió con el levantamiento de la información necesaria en un expediente administrativo; es decir, al no honrar la obligación jurídica previa a declarar un proyecto de interés para el país como Conveniencia Nacional, sin establecer su importancia factual en un procedimiento administrativo; y, con ello, incurrió en actuaciones arbitrarias que no comulgan bien con el principio de legalidad y el Estado Social de Derecho, como el costarricense. De ahí que, resulte necesario, declarar con lugar la acción, para efectos de establecer la nulidad de la totalidad del Decreto Ejecutivo N° 34312-MP-MINAE de 06 de febrero de 2008, denominado “Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad”. Lo anterior, toda vez que, no resiste el examen de constitucionalidad y de convencionalidad, si en esta acción de inconstitucionalidad se ha comprobado que no cumple con los artículos 3º, inciso m), 19, inciso b), y 34, de la Ley Forestal Nº 7575 del 13 de febrero de 1996, a pesar de que pretendió haberlo hecho. Se debe seguir la línea jurisprudencial de la Sentencia N° 2010-0006922 de las 14:35 horas del 16 de abril del 2010; pues, lógicamente, si el Reglamento a la Ley Forestal (Decreto Ejecutivo N° 25721) define que determinadas actividades son de conveniencia nacional, como sucede con la generación, transmisión y distribución de electricidad, ello no puede significar que constituye una autorización automática para modificar el uso de suelo, sin levantar la información requerida en la Ley. Obrar de este modo, sería equivalente a retirar la protección que la Ley Forestal ofrece a todo suelo cubierto por el bosque en forma abstracta, autorizando cambios a la protección forestal, sin la constatación técnica necesaria que requiere la protección al medio ambiente. No puede aceptarse que la mera conducta administrativa del Poder Ejecutivo pueda revertir la voluntad del legislador que impone la demostración de que los beneficios sociales sean mayores al costo socio-ambiental, y porqué el legislador impuso establecer ese balance mediante los instrumentos apropiados, sino era hacer referencia a estudios concretos. Finalmente, es importante mencionar que en cumplimiento de la regla de oro del derecho internacional, los Tratados deben ser cumplidos de buena fe y de conformidad con sus términos, precisamente el sostén del derecho internacional está en la confianza y rectitud de la conducta de los sujetos de derecho internacional. Corresponde a los agentes internos observar estos términos, de modo que, si existen desviaciones, las mismas deben ser erradicadas y/o corregidas por esta Sala o por los diferentes órganos de control de la Administración Pública, especialmente porque las obligaciones internacionales son vinculantes jurídicamente y fueron libremente adquiridas por el Estado costarricense. El Estado debe respetar, proteger y garantizar los derechos que tienen todas las personas, pero especialmente observadas para las categorías específicas de personas indígenas que tienen a su haber un Tratado Internacional que les da cobijo. El acercamiento de todas las partes debe ser la regla general, incluso para iniciar los estudios preliminares, de modo que siempre tenga como objetivo el que se genere confianza, incluso cuando se declare la conveniencia nacional. En este sentido, debe observarse el Decreto Ejecutivo N° 40932-MP-MJP, “Implementación del mecanismo general de consulta a pueblos indígenas” que traza la implementación de un procedimiento de consulta para los pueblos indígenas, instrumento que deberá aplicarse en una fase en la que se decida continuar con las actuaciones del Estado, y del ICE como desarrollador del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, o cualquier otro. En el artículo 2, sobre las definiciones del mencionado Decreto, indica que: “Las siguientes definiciones son derivadas del marco normativo vigente aplicable: … e. Afectación. Se considera que un proyecto de ley, medida administrativa o proyecto privado, afecta los derechos de los pueblos indígenas, cuando contiene elementos que puedan implicar cambios en su situación jurídica, en los derechos colectivos, su forma de vida, cultura, espiritualidad y dinámica social. Así como las medidas que, sin ser ejecutadas estrictamente dentro de los territorios indígenas, tengan como resultado una afectación de los derechos colectivos y culturales de los pueblos indígenas”. A su vez, “g. Medidas administrativas. Comprende, entre otros, actos administrativos, políticas públicas, decretos ejecutivos y proyectos de desarrollo, promovidos desde las instituciones públicas del Poder Ejecutivo”. En este sentido, es necesario volver a traer a colación el amplio significado de territorios que utiliza el Convenio N° 169, de la Organización Internacional de Trabajo, en cuanto “cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”. VIII.- Sobre el problema de la personalidad jurídica del Río Térraba alegada, y la propiedad de las aguas del dominio público. En la acción se pide a la Sala que se pronuncie en favor del Río Térraba para el reconocimiento de la personalidad jurídica, porque con ello, se considera que puede brindarle mayor protección que consideran merece dicho afluente. El accionante solicita lo anterior con base en este tipo de reconocimientos en otras partes del mundo, pues han ganado tracción. No desconoce la Sala que mucho de esto se remonta a los años setenta del siglo pasado, cuando Christopher Stone escribió un artículo sobre la necesidad de reconocer derechos a los árboles y generar formas para su defensa. En general, se trata de movimientos de grupos ambientales y de colectivos, que han encontrado eco en algunos Estados. Estos grupos buscan esta declaración de la instrumentalidad jurídica como parte de una estrategia contra prácticas ambientales insostenibles o violatorias de los derechos de los pueblos aborígenes; estas tendencias buscan la protección de la naturaleza y sus ecosistemas, derivado por un legítimo interés en mantener su integridad, como también, el interés en la defensa de los ríos, lagos y otros cuerpos de agua, que se derivan de los derechos ancestrales de los pueblos indígenas y tribales. A favor de acoger esta ficción legal, estaría que otorga una titularidad que presuntamente otorgaría más seguridades y protecciones a la naturaleza al dotarle de la personalidad jurídica. En el caso del Río Grande de Térraba, esta tendencia es doble, para proteger su integridad y la que se deriva de los derechos de los pueblos indígenas, que es la que pretende el accionante. Sin embargo, es necesario señalar que en aras de mantener un orden jurídico lógico, este tipo de declaratorias requiere de un acompañamiento de instituciones jurídicas que aseguren la composición de órganos que comparten la responsabilidad, como “guardianes” o “representantes legales”, pues es necesario conciliar todos los intereses involucrados. Así, se debe velar no solo por la defensa de los intereses del Río, hay que atender los otros intereses sociales y nacionales. Debe consecuentemente abordarse los problemas de cómo debe interactuar una persona jurídica de esta naturaleza con otras personas, instituciones nacionales, y en un futuro no muy lejano, el tener que contrarrestar posiciones opuestas como sujeto de derecho con responsabilidades. Cabría preguntarse, si puede gestionar acciones reivindicatorias, a nivel administrativo y judicial, se trata solo de las aguas del río, o de los ríos y sus orillas en las cuencas, los afluentes, o incluso, cómo va a responder -aún por frívolas que parezcan- reclamos por daños por inundación ante la amenaza del cambio climático, o la extracción compartida de sus recursos, entre otros temas de suma importancia. Si bien este tipo de reconocimientos y acciones han sido otorgados en otras latitudes, que se van sumando, que han logrado un mayor desarrollo legal como el caso de Bolivia o Ecuador, estima la Sala que un abordaje de este tipo, deja abierta gran cantidad de cuestionamientos que el régimen legal en Costa Rica no puede responder afirmativamente, sin que el legislador haya intervenido, pues se requiere de la modificación del ordenamiento jurídico para que ello pueda suceder. Con la acogida de la pretensión principal del accionante, que implica la nulidad absoluta del Decreto Ejecutivo N° 34312-MP-MINAE de 06 de febrero de 2008, denominado “Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad”, es importante señalar que como consecuencia natural, las cosas regresan a un momento anterior a su promulgación, pues ha dejado de tener vigencia y efectos cualquier declaratoria de conveniencia nacional sobre los territorios indígenas. De este modo, por las razones anteriormente explicadas, no es posible ni siquiera afirmar que se estará procediendo a la inundación de áreas ocupadas por las reservas de los grupos indígenas Bribri, Cabécares y los Térrabas, como se afirma en el libelo de interposición, ni mucho menos, toda vez que es claro que, a este momento, no podría afirmarse que ocurrirá, ni siquiera la existencia de tal amenaza. Por el contrario, el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís se encuentra suspendido, además, después de la declaratoria de este Tribunal, es claro que deberán cumplirse -de nuevo- los procedimientos administrativos dejados de realizar; y, de igual manera, debe procederse con el Decreto Ejecutivo N° 40932-MP-MJP, “Implementación del mecanismo general de consulta a pueblos indígenas”, como parte del cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene nuestro país respecto del Convenio N° 169, de la Organización Internacional del Trabajo. Sobre esto, hay la necesidad de que sea con carácter previo, no queda agotada con un acto meramente informativo, debe generar confianza entre las partes porque es de buena fe, debe ser adecuada y mediante las instituciones representativas indígenas, la consulta debe ser sistemática y transparente, y el fin que debe alcanzar es el entendimiento mutuo y el consenso en la toma de decisiones. Otra razón que apoya la modificación del ordenamiento jurídico, se encuentra también en la Constitución Política, y la jurisprudencia de esta Sala. Así, debe tomarse en cuenta que, por Sentencia N° 2002-06987 de las 11:17 horas del 12 de julio de 2002, esta Sala fue clara en afirmar cuál es el régimen jurídico que le ha dado el ordenamiento jurídico nacional al agua, el que ha sido considerado como un bien de dominio público. La Sala analizó en un recurso de amparo, la solicitud de protección del derecho a la propiedad y del debido proceso, de los propietarios de un bien inmueble en el que habían varias nacientes que abastecían la comunidad de Bordon, Cahuita, sobre los cuales se reclamaba el derecho a la propiedad, y en la que se consideró que: “De conformidad con lo que establece nuestro ordenamiento jurídico vigente en relación con las nacientes, es menester indicar a los recurrentes que los ríos y sus afluentes directos o indirectos, arroyos o manantiales, desde donde brotan las primeras aguas hasta su desembocadura son de dominio público, es decir son propiedad nacional y como tales son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil, además, la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio. En virtud de que están fuera del comercio de los hombres, estos bienes no pueden ser objeto de posesión y sobre ellos, un particular no puede argumentar derecho de propiedad. Así las cosas, el argumento de los recurrentes en el sentido de que las nacientes les pertenecen porque se encuentran en su propiedad, no es de recibo y por el contrario, la actuación de las autoridades recurridas, en este caso los funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía y del Área de Conservación respectiva, de velar por las nacientes y porque se evite, a toda costa, la contaminación de las mismas se encuentra ajustada al principio consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política y a las leyes que hacen efectiva la garantía constitucional”. Así las cosas, pesa sobre las aguas de las nacientes, sus afluentes directos o indirectos, quebradas y otros cuerpos de agua, un tratamiento jurídico muy concreto por parte del Constituyente y legislador, que es dotarle su carácter de dominio público. Esto implica que debe igualmente modificarse en la Constitución Política, para que sea regulado de modo distinto, como es la forma en que se pide declarar. Visto que desde el artículo 121.14), de la Constitución Política, se dejó claro que “No podrán salir definitivamente del dominio del Estado: a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el territorio nacional”. En consonancia con el precepto constitucional de las aguas de dominio público, la Ley de Aguas, Ley N° 276 del 27 de agosto de 1942, establece en el artículo 1°, inciso IV, que: “Son aguas del dominio público: […] IV.- Las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, arroyos o manantiales desde el punto en que broten las primeras aguas permanentes hasta su desembocadura en el mar o lagos, lagunas o esteros; […] ”. Por otra parte, es necesario citar el artículo 50, de la Ley Orgánica del Agua, Ley N° 7554 del 4 de octubre de 1995, que establece de igual manera, que: “Artículo 50.- Dominio público del agua. El agua es de dominio público, su conservación y uso sostenible son de interés social”. Recientemente, por Ley N° 9849 del 5 de junio de 2020, el Constituyente derivado, adicionó al artículo 50 Constitucional, lo siguiente: “Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. […]”. Ya desde la Sentencia N° 1991-03206 de las 14:45 horas del 6 de noviembre de 1991, la Sala estableció que: “El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres. Es decir, afectados por su naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Notas características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos de Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio. Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objetivo de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad, el permiso de uso es un acto jurídico unilateral que lo dicta la Administración, en el uso de sus funciones y lo que se pone en manos del particular, es el dominio útil de bien, reservándose siempre el Estado, el dominio directo sobre la cosa”. En otra Sentencia, la N° 2008-007117 de las 12:47 horas del 25 de abril de 2008, en el que se discutía el tema de los caminos públicos, la Sala estableció que: “Bajo esta tesitura, las carreteras, calles o caminos públicos, por su condición de bienes integrantes del demanio, no pueden ser enajenados sin antes haber sido desafectados del régimen de dominio público. Así pues, la naturaleza demanial de las vías públicas se presume y excluye cualquier otra posesión que se pretenda, siempre y cuando la titularidad sobre el inmueble esté respaldada en prueba fehaciente y sin perjuicio que en la vía ordinaria jurisdiccional se pueda discutir el mejor derecho que se pretenda. De lo anterior se deriva, también, el principio del privilegio de la recuperación posesoria de oficio del bien afectado, en virtud del cual, la administración puede recobrar la posesión perturbada de sus bienes sin necesidad de acudir al juez y sin perjuicio de discutir el mejor derecho en la vía jurisdiccional (interdictum propiam). Desde esa perspectiva, el ejercicio efectivo de la tutela sobre el dominio público debe tener como fin hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra tales bienes, pudiendo la Administración utilizar la fuerza-poder de policía sobre el dominio público – en su defensa ”. Aplicado lo anterior al caso del agua, es claro que la Constitución Política al referirse a las fuerzas del agua de dominio público, y la Ley de Aguas, en sentido general, se refieren a “los ríos y sus afluentes directos o indirectos, arroyos o manantiales desde el punto en que broten las primeras aguas permanentes hasta su desembocadura en el mar o lagos, lagunas o esteros”, las que se reputan para todo propósito legal como de dominio público que no puede ser apropiado por sujetos de derechos privado. Todo esto requiere de más precisión, pues la dificultad al yuxtaponerse o sobreponerse los derechos tradicionales indígenas, sobre los de la comunidad nacional, es necesario la conciliación de todos los intereses involucrados, lo cual solo sería posible a través de los estudios técnicos apropiados en la materia, y los resultados de la consulta previa, libre e informada. De ahí que, la declaración del otorgamiento de personalidad jurídica al Río Grande de Térraba que se pide para la resolución del caso que nos ocupa, no es posible en este momento procesal, en el tanto que desde la Constitución Política hay un abordaje concreto del agua como bien de dominio público o de la Nación, lo que incluye claramente la de los ríos de la totalidad de nuestro país. Incluso, es posible afirmar que por las mismas razones, el agua es un recurso compartido por la humanidad. Ha sido considerado un bien estratégico para las sociedades en el mundo, que si bien, el reconocimiento de las tradiciones y costumbres indígenas y tribales lo incluye, es que se protege el significado del Río, y del agua. Hay que señalar que en el caso que establece el reconocimiento de derechos de la personalidad jurídica al Río Whanganui, de Nueva Zelandia, este provino después de una larguísima batalla legal de más de 150 años entre la tribu Whanganui Iwi (Pueblo Māori) y el Gobierno de Nueva Zelandia, cuando surgieron algunos conflictos de aprovechamiento piscícola del río (durante la segunda mitad del Siglo XIX). Mediante un acuerdo de finiquito en el año 2014, se logró pacificar las discrepancias y litigios, y finalmente, el Parlamento del Nueva Zelandia en el año 2017 culminó ese acuerdo con el “Te Awa Tupua Act”, legislación que para algunos críticos aún mantiene algunos puntos del conflicto que no se solucionaron, porque de conformidad con el Common Law de Nueva Zelandia, el agua también es de dominio público, y subsisten a lo largo de la rivera múltiples propietarios, además del pueblo indígena en cuestión. Además de lo argumentado por el accionante, es importante establecer que si bien ha habido en otras Naciones de América Latina acciones similares como el reconocimiento a la naturaleza como un sujeto de derechos (Corte Constitucional de Colombia en su Sentencia T-622 de 2016), la Sala estima que por la forma en que ha sido resuelta la acción, no quedarían los pueblos indígenas del Río Térraba con una verdadera amenaza a las costumbres y cultura indígena. Cabe señalar además que no se ha provocado el desbordamiento del Río Grande de Térraba por represamiento, ni ha habido afectación del territorio indígena en la forma de inundaciones parciales, temporales o permanentes, porque ya en este punto concreto ha habido avances jurisdiccionales en el resguardo de los derechos de los indígenas. Ha quedado claro que el ICE mantiene el proyecto suspendido, se ha resuelto en la jurisdicción contencioso-administrativa la obligación de cumplimentar los Estudios de Impacto Ambiental, conforme lo establezca la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Por último, se trae a colación que en nuestro país las personas que abogan por la defensa del ambiente, tienen amplia legitimación, casi irrestricta por la cantidad de las protecciones que el ordenamiento jurídico nacional ofrece a la naturaleza, las que estarían contenidas desde los artículos 50 y 89, Constitucionales, en diversas leyes y reglamentos, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), entre otros. Es oportuno señalar que, a nivel institucional, se tiene en la vía administrativa mecanismos que aún no se han completado, y que conforme se mencionó supra, la jurisdiccional que ya se pronunció (de continuar con el proyecto se debía cumplir con la solicitud formal ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental). De este modo, las formas de tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado son abundantes y efectivas, incluidas la de la jurisdicción constitucional que admite la legitimación directa. De igual manera, por la forma en que se está resolviendo la acción, no se considera necesario abordar las cuestiones relacionadas a la inderogabilidad singular de las normas, así como los otros tratados invocados en la acción, situación que no ha sido necesario abordar para la anulación del Decreto Ejecutivo impugnado. Por todo lo expuesto, la acción debe declararse sin lugar, en este extremo. IX.- Conclusión y dimensionamiento. Por la forma de resolver en esta sentencia, se estaría corrigiendo un problema ab initio del Decreto Ejecutivo impugnado, toda vez que el Ministerio de Ambiente y Energía incurrió en el incumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Forestal para declarar proyectos de Conveniencia Nacional. Pero además, debe decirse con toda claridad que la materia que nos ocupa exige sobrepasar un campo de interpretación del Derecho y de las resoluciones dictadas por este Tribunal en el pasado, para no dejar espacio para mayores perjuicios sobre los derechos indígenas y el Territorio Indígena Térraba. Más aún, el problema detectado no puede ignorar la ubicación o geolocalización de los territorios indígenas con las coordenadas que habían sido establecidas en el Decreto Ejecutivo. Pero, no se debe vaciar la declaratoria de inconstitucionalidad de esta sentencia a un problema territorial que presuntamente ya fue corregido por esta Sala por Sentencias N° 2011-12975 de las 14:30 horas del 23 de septiembre de 2011 y N° 2016-15711 de las 17:30 horas del 26 de octubre de 2016, dado que, sería incurrir en una ilegítima simplificación de una grave infracción al Derecho a la Constitución (valores, principios y normas). Debe recordarse que el Convenio N° 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, llama a respetar la importancia especial que tienen las tierras y territorios para los pueblos indígenas. Los derechos indígenas no se resumen a la tenencia y explotación de un territorio, pues como es bien sabido, es más integral que eso. Es la base sobre la cual crece su cultura y sus valores espirituales, tiene un efecto agregativo, que sobre él se suman otros derechos que se construyen alrededor de ese territorio y ofrece las condiciones para su modo de vivir y les aseguran su supervivencia como un todo. Delimitar esa infracción a un logro limitado obtenido en sentencias anteriores de la Sala, desconoce de hecho que se mantienen vigentes otras partes y efectos nocivos de la Declaratoria de Conveniencia Nacional, que de acuerdo con esta sentencia se determinó que carece de una condición exigida por el ordenamiento jurídico, es ilegal y contraria al Derecho de la Constitución (valores, principios y normas), y permitiría la supervivencia en paralelo de prerrogativas del Estado y sus instituciones, que podrían profundizar la inseguridad jurídica que tienen para todo el resto de derechos asociados a las tierras de las comunidades indígenas. Es a todas luces un comportamiento judicial que no se ajusta al rigor, seriedad y altura que ameritan los compromisos y obligaciones internacionales asumidas libremente por el Estado costarricense, de cara a los derechos indígenas aquí referidos. De manera que, sin un pronunciamiento expreso de esta Sala, sobre la aludida declaratoria, se diluiría en el laberinto de la interpretación de los operadores de derecho, lo que podría socavar la vigencia de los valores, usos y goce del territorio, cuando deberían ser pacíficamente ejercidos por los pueblos indígenas. Por declarado inconstitucional el artículo 1°, sobreviene la del resto de la normativa, lógicamente por conexidad y consecuencia, debe expulsarse del ordenamiento jurídico los demás artículos que dependen de esa declaratoria por estar en contra de las obligaciones internacionales, pues de no hacerlo expresamente se mantendría vigente esa declaratoria de Conveniencia Nacional que permite alinear esos objetivos dentro de una serie de mecanismos jurídicos de derecho público que permiten agilizar, coordinar instituciones, mecanismos informativos y de negociación, y exceptúa al Instituto Costarricense de Electricidad de los “requisitos para demostrar la titularidad de la propiedad de los inmuebles en los que se desarrollará el Proyecto”, los que no han sido declarados inconstitucionales, pero son excepciones que engrosan impactos negativos y los problemas de irrespeto sobre el control e interferencia de terceros, dentro del territorio indígena. Con todo lo anterior, se les devuelve la dignidad intrínseca que los pueblos indígenas se merecen y se asegura que la puedan ejercer mediante la consulta indígena. A partir de ahora, de querer avanzar hacia el desarrollo y consolidación del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís con un nuevo decreto, esta declaratoria deberá gestionarse observando lo establecido en el ordenamiento jurídico, de forma oportuna por parte del Gobierno de la República. Es importante señalar, que no solo deberá haber cumplimiento de las exigencias legales y reglamentarias para continuar con los estudios de factibilidad, así como para la realización del Estudio de Impacto Ambiental, sino que deben garantizarse los derechos de las comunidades, sus tradiciones y cultura como pueblos indígenas afectados, en los términos del Decreto Ejecutivo N° 40932-MP-MJP, “Implementación del mecanismo general de consulta a pueblos indígenas”, a quienes se les deberá otorgar la consulta previa, libre e informada, así como el reconocimiento de las restantes garantías que ofrece el ordenamiento jurídico al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Dado que la Sala está declarando con lugar la acción, con la eliminación del Decreto Ejecutivo N° 34312-MP-MINAE de 06 de febrero de 2008, denominado “Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad”, con efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, ello se hace sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe, lo que significa que queda salvaguardada aquella información obtenida durante la vigencia del Decreto Ejecutivo impugnado, en favor o en contra de la realización del proyecto; de modo tal, que a la luz de lo dispuesto en el artículo 91, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no será necesario volver a repetir las acciones y estudios si cumplieron la función técnica y científica para la cual fueron diseñados en el proyecto, así como para fundamentar las solicitudes que correspondan ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, las que se podrían considerar válidas para esos propósitos, todo a juicio de ésta. Todo lo anterior a fin de no repetir las acciones que eviten perturbar los derechos de las comunidades indígenas y su territorio. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el efecto retroactivo de la anulación no se aplica respecto de aquellas relaciones o situaciones jurídicas que se hubieren consolidado por prescripción o caducidad, en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material o por consumación en los hechos, cuando éstos fueren materialmente o técnicamente irreversibles, o cuando su reversión afecte seriamente derechos adquiridos de buena fe. Así, esta declaración se hace sin perjuicio de los acuerdos alcanzados entre el ICE y las asociaciones representativas de las comunidades indígenas, que tuvieron como resultado el desistimiento del proceso en la sede de la jurisdicción ordinaria. En todo lo demás, debe declararse sin lugar la acción. X.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.. Por tanto: Se declara parcialmente CON LUGAR la acción. En consecuencia, se anula por inconstitucional el Decreto Ejecutivo N° 34312-MP-MINAE de 06 de febrero de 2008, denominado "Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad”. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensionan los efectos en el sentido de que la inconstitucionalidad declarada no afecta la información obtenida durante la vigencia y recolección de la misma, no será necesario volver a repetir las acciones y estudios si cumplieron la función técnica y científica para el cual fueron diseñados para el proyecto, así como para fundamentar las solicitudes que correspondan ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, las que se podrían considerar válidas para esos propósitos, todo a juicio de esta. Todo lo anterior a fin de no repetir las acciones que eviten perturbar los derechos de las comunidades indígenas y su territorio. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el efecto retroactivo de la anulación no se aplica respecto de aquellas relaciones o situaciones jurídicas que se hubieren consolidado por prescripción o caducidad, en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material o por consumación en los hechos, cuando éstos fueren materialmente o técnicamente irreversibles, o cuando su reversión afecte seriamente derechos adquiridos de buena fe. Así, esta declaración se hace sin perjuicio de los acuerdos alcanzados entre el Instituto Costarricense de Electricidad y las asociaciones representativas de las comunidades indígenas, que tuvieron como resultado el desistimiento del proceso en la sede de la jurisdicción ordinaria. En lo demás, se declara sin lugar la acción. Los Magistrados Rueda Leal y Garro Vargas salvan el voto y declaran sin lugar la acción. Comuníquese este pronunciamiento a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como al Instituto Costarricense de Electricidad. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese.- Fernando Castillo V. Presidente Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Jorge Isaac Solano A. Ana María Picado B. Exp: 18-005745-0007-CO Res. N° 2022001622 Voto salvado del magistrado Rueda Leal. Disiento respetuosamente del punto de partida que asume la sentencia de mayoría, lo que me obliga a salvar el voto. En un recuento cronológico del control de constitucionalidad que la Sala ha ejercido sobre el decreto n.º 34312-MP-MINAE, observo que en la sentencia n.º 2011012975 de las 14:30 horas del 23 de setiembre de 2011 se aplicó una interpretación conforme del ordinal 8 eiusdem, en el siguiente sentido: “Se declara sin lugar la acción respecto de los artículos 1 y 4 del Decreto Ejecutivo número 34312. Por mayoría, se interpreta conforme a la Constitución el numeral 8 del Decreto Ejecutivo número 34312, siempre y cuando la consulta establecida en el artículo 4 de ese Decreto se realice en el plazo improrrogable de 6 meses contado a partir de la notificación de este pronunciamiento…” Posteriormente y ante la omisión de efectuar la citada consulta, mediante voto n.° 2016-15711 de las 17:30 horas del 26 de octubre de 2016 dispuso la Sala: “Se declara con lugar la acción planteada y, en consecuencia, se anula por inconstitucional el artículo 8 del Decreto 34312-MP-MINAE del 06 de febrero del 2008. Esta sentencia tiene efectos declarativos a partir del vencimiento del plazo que fue establecido en la sentencia número 2011- 12975 de las 14:30 horas del 23 de setiembre de 2011, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe …” Este hecho es de vital relevancia, dado que el numeral 8 anulado establecía la ubicación del pretendido proyecto hidroeléctrico: “Artículo 8º-Los sitios para explotación de materiales para la presa, casa de máquinas y obras conexas; se localizan en las Hojas Topográficas General, Buenos Aires, Changuena, Cabagra, a escala 1:50 000 del Instituto Geográfico Nacional, tienen los siguientes puntos de polígonos: Punto Inicio Punto Final 534000 E / 337700 N 536000 E / 337875 N 536000 E / 337875 N 538000 E / 337500 N 530650 E / 339603 N 531747 E / 338563 N 534939 E / 347661 N 533541 E / 346603 N 533541 E / 346603 N 532202 E / 345356 N 532202 E / 345356 N 531470 E / 343697 N 522600 E / 323750 N 520000 E / 323000 N 520000 E / 323000 N 518000 E / 322283 N 518000 E / 322283 N 516000 E / 322052 N 547052 E / 334121 N 546614 E / 332384 N 548576 E / 328715 N 547800 E / 326781 N” En consecuencia, al momento de conocer esta nueva acción, la citada norma ya era inexistente en el ordenamiento jurídico, dada la anulación erga omnes dispuesta por la Sala. Pese a lo anterior y haciendo caso omiso de tal anulación, la mayoría de este Tribunal se ha decantado por acudir a la sentencia n.° 2011012975 para conceder efectos jurídicos al citado artículo 8: “… hay que determinar si el Poder Ejecutivo, a través del Decreto Ejecutivo impugnado, afectó en concreto y potencialmente los territorios indígenas. En criterio de la Procuraduría General, eso no está claro en el expediente. Sin embargo, al examinar la jurisprudencia de este Tribunal, es posible tener por acreditado que la aplicación del Decreto Ejecutivo impugnado, mantiene dentro de los límites de la habilitación o autorización, porciones del territorio indígena en cuestión. En concreto, se ha determinado esa afectación por el Estado, de modo que es importante tener en cuenta que ya, mediante la Sentencia N° 2011-12975 de las 14:30 horas del 23 de septiembre de 2011, la Sala estableció que: “III.- SOBRE LA PROPIEDAD DEL PUEBLO INDÍGENA ACCIONANTE. La Reserva [Nombre 002] se encuentra delimitada en el Decreto Ejecutivo 22203 del 2 de abril de 1993. Asimismo, su fundamento legislativo se desprende de la denominada Ley Indígena No. 6172 del 29 de noviembre de 1977, cuyo artículo 2, en forma expresa, declara propiedad de las comunidades indígenas las reservas mencionadas en su artículo 1°, dentro de las cuales se incluye la reserva Térraba. Ahora bien, de acuerdo con el informe técnico del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (folio 318), el artículo 8 del citado Decreto refiere puntos de coordenadas planas que representan sitios para la explotación de materiales para la presa, casa de máquinas y obras conexas. Por su parte, el proyecto se compone de sitios de explotación, por tanto, no posee un único espacio o área de acción, y como no se manifiestan las dimensiones espaciales de tales sitios o puntos, es imposible por ahora -de acuerdo con la información que consta en este proceso-, calcular un área de terreno en común que pueda existir entre el Proyecto Hidroeléctrico Diquís y la Reserva [Nombre 002]. No obstante, establecidos los límites de la Reserva [Nombre 002] sobre las hojas topográficas respectivas, en asocio y ubicación de los lugares que forman parte del proyecto hidroeléctrico, existen tres sitios coincidentes con el área de la Reserva: los puntos 536000 E / 337875 N, 547052 E / 334121 N y 546614 E / 332384 N. Por otro lado, en su informe, el Instituto Costarricense de Electricidad admite que se estarían inundando aproximadamente 74 hectáreas en la reserva indígena de China Kichá y 653 hectáreas de la reserva [Nombre 002]. En total se inundarían aproximadamente 727 hectáreas, que afecta un7.5% del total de territorio [Nombre 002] y un 5.7% del total de territorio de China Kichá. En consecuencia, resulta indubitable que el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, en su fase de ejecución -que todavía no ha comenzado- y de acuerdo con la información que sí consta en el expediente de esta acción, comprenderá territorio indígena Térraba”. De ahí, que con la claridad de las conclusiones de este Tribunal, no podría desdecirse ahora, ni mucho menos si no se alega que se le hizo incurrir en un error material de apreciación por el Instituto Geográfico Nacional, órgano administrativo y técnico que contribuyó a la localizaron de las áreas de posible afectación. Aunque, lo que el accionante reclama es la inundación de territorio indígena, lo cual, evidentemente no ha sucedido ni sucedería, pues los informes son claros que se encuentra en las fases preliminares, y como se indicará más adelante, el proyecto fue suspendido en su totalidad. Sin embargo, la forma del abordaje por parte del Gobierno de la República, al declarar el proyecto de Conveniencia Nacional sí comprometió los derechos fundamentales específicos de los pueblos indígenas a los que se les aplicó el Decreto Ejecutivo impugnado.” Obsérvese que, según la mayoría, no es posible desconocer el informe técnico del Instituto Geográfico Nacional relacionado con la localización de las áreas de posible afectación, lo que sirve de fundamento para el análisis posterior de constitucionalidad. Sin embargo, ese informe técnico fue rendido con base en las coordinadas indicadas en el numeral 8, como se deduce de la transcripción efectuada por la propia mayoría: “…de acuerdo con el informe técnico del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (folio 318), el artículo 8 del citado Decreto refiere puntos de coordenadas planas que representan sitios para la explotación de materiales para la presa, casa de máquinas y obras conexas…” Visto que esa norma fue anulada mediante la sentencia n.° 2016015711, según se indicó, entonces el informe técnico del Instituto Geográfico Nacional carece de sustento normativo para mantener su vigencia actual. Se sigue de ahí que la decisión de la Sala igualmente carece de fundamento jurídico, ya que toma este informe como premisa. Estimo que el numeral 8 es central para determinar la inconstitucionalidad del decreto impugnado a la luz de los reclamos planteados por el accionante. Él acusa: 1) la irreductibilidad del bosque (en particular, de aquel en tierra indígena); 2) reserva de ley e inderogabilidad singular de la norma, porque el Poder Ejecutivo no mencionó “…en todo el decreto de conveniencia nacional cuestionado, que existían terrenos que son parte de territorios indígenas…”; 3) que las declaratorias de conveniencia nacional son aplicables a la propiedad privada, pero no a los territorios indígenas; 4) violación al derecho convencional, por cuanto la represa inundaría territorios indígenas. Finalmente, solicita el reconocimiento de la personalidad jurídica del río Grande de Térraba. La lectura de cualquiera de los reclamos anteriores parte de la determinación geográfica del proyecto y la afectación del territorio indígena para ser válido. Incluso, se observa que el actor asumió erróneamente que el artículo 8 todavía seguía vigente al momento de interposición de la acción y lo transcribe en su escrito como objeto de impugnación, a pesar de que ya había sido anulado. Por su parte, atinente a la solicitud de reconocimiento de la personalidad jurídica del río Grande de Térraba, ella debe descartarse tan solo, porque, en el caso concreto, tal pretensión no está ligada a la alegada inconstitucionalidad de la norma impugnada, ni la parte accionante desarrolló algún razonamiento jurídico específicamente para sustentar tal vínculo. Como argumento adicional, destaco que los reclamos anteriores no son aplicables a los otros artículos del decreto cuestionado sin la determinación geográfica de la zona afectada por el proyecto. De hecho, en el caso de algunos numerales, no se puede establecer siquiera algún tipo de relación entre los citados reclamos y la norma correspondiente. Así, verbigracia, no se deriva una objeción concreta en contra de la cooperación interinstitucional (numeral 2), el destino de fondos para el desarrollo local (ordinal 3) o el establecimiento de mecanismos de información y negociación (artículo 4). Sin embargo, todos ellos se ven afectados por la inconstitucionalidad decretada. No puedo dejar de subrayar la relevancia del numeral 8 (anulado) para la interpretación sistemática de las normas restantes del decreto impugnado y, en consecuencia, para la valoración de constitucionalidad de los reclamos planteados. Esto se nota con un ejercicio hipotético: a fin de hacer viable el proyecto hidroeléctrico, el Poder Ejecutivo hubiera podido, con posterioridad a la anulación del numeral 8 mediante la sentencia n.° 2016-15711, emitir un decreto para adicionar un nuevo artículo 8, que estableciera una zona geográfica distinta, completamente alejada de los territorios indígenas del actor. Desde mi perspectiva, tal proceder hubiera resultado válido. En conclusión, los reclamos del accionante son insubsistentes si no se determina la zona geográfica afectada. En consecuencia, declaro sin lugar la acción. Paul Rueda L. Exp: 18-005745-0007-CO Res. Nº 2022-001622 VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Con el respeto acostumbrado salvo mi voto y declaro sin lugar la acción de inconstitucionalidad planteada contra el decreto ejecutivo n.°34312-MP-MINAE de 06 de febrero de 2008, que es “Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad”. I.- Objeto de la acción La parte accionante alega que la normativa cuestionada ‒obras y embalse‒ viola el principio de irreductibilidad del bosque en territorios indígenas, implica una infracción al principio de no regresión en materia ambiental y se lesiona el principio de reserva de ley. II.- Informe de la Procuraduría General de la República (PGR) Al respecto, el Procurador General de la República, Julio Alberto Jurado Fernández, informó lo siguiente: “En la sentencia 12975/2011 esa Sala desestimó la acción de inconstitucionalidad planteada contra los artículos 1° y 4° del Decreto Ejecutivo 34312 (expediente 08-9215-0007-CO) y, por mayoría, interpretó conforme a la Constitución su numeral 8, siempre y cuando la consulta que establece el artículo 4° ibid se realizara en un plazo improrrogable de seis meses, a partir de la notificación del pronunciamiento. Al no realizarse la consulta, se interpuso otra acción de inconstitucionalidad contra el artículo 8 de dicho Decreto, tramitada bajo el expediente 16-005486-0007-CO, que la Sala, en el voto 15711/2016, declaró con lugar y anuló la norma, con efectos declarativos a partir del vencimiento del plazo establecido en la sentencia número 12975/2011, y dejó a salvo los derechos adquiridos de buena fe, como consta en la publicación hecha en el Boletín Judicial N° 239 del 13 de diciembre de 2016. La resolución 15711/2016 no ha sido notificada, ya que está pendiente de redactar. Por lo anterior, no hay coordenadas que determinen el sitio donde eventualmente se ejecutaría el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHD), lo que hace improcedente la acción en cuanto a los alegatos sobre la afectación de territorios indígenas: disminución de área, tala y eliminación o inundación del bosque y áreas de protección, con la represa, cambio de uso de suelo, pérdida de biodiversidad, del paisaje natural, sitios arqueológicos y sagrados. Es hipotético que el PHD se vaya a desarrollar y, en ese tanto, es impredecible que pudiera menoscabar reservas indígenas. A esto se une que en proceso de trámite preferente contra el Instituto Costarricense de Electricidad y el Estado, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta, en sentencia firme N° 194-2015-VI, declaró parcialmente con lugar la demanda y dispuso: “1) Se ordena al Instituto Costarricense de Electricidad que, si decide a corto, mediano o largo plazo, reabrir o retomar la fase de investigación geológica en el Sitio Térraba previo a la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, deberá iniciar el procedimiento de evaluación ambiental respectivo bajo la normativa vigente al momento de la presentación de su solicitud. 2) Se ordena a la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente que, si la fase de investigación a la que hicimos referencia se retoma, deberá definir el instrumento de evaluación ambiental que deba exigirse al ICE de conformidad con lo dispuesto por el ordenamiento jurídico vigente y tomando en cuenta los parámetros que para efectos de esa clasificación se establezcan, así como la significancia ambiental de cada una de las obras o actividades impactantes que se vayan a realizar. 3) Se ordena al Instituto Costarricense de Electricidad que, en caso de que decida a corto, mediano o largo plazo, reabrir o retomar la fase de investigación geológica en el Sitio Térraba previo a la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, deberá gestionar ante los entes y órganos competentes las autorizaciones o permisos que el ordenamiento jurídico exige para realizar actividades como la corta de árboles, movimiento de tierras, excavaciones, construcción de obras en el cauce de río como diques o muros de gaviones. 4) Se ordena a ambos demandados que mientras no se haya efectuado la consulta indígena previa, libre e informada al pueblo [Nombre 002] ni se cuente con el instrumento de evaluación ambiental que corresponda según las actividades que se efectúen, deberá abstenerse de adoptar cualquier conducta administrativa, ya sea referida a la fase de investigación o a la de inversión del PHD, que pueda afectar el medio ambiente o la biodiversidad de esa Reserva Indígena”. Al parecer, el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís está inactivo. (…) Sin embargo, al no haber coordenadas que definan la ubicación del PHD y ser incierta su ejecución, carece de sustento el alegato de que se reducirán, por inundación o tala de bosques, los territorios indígenas, propiedad privada comunitaria. (…) En síntesis, el Decreto 34312 no violenta el principio de irreductibilidad del bosque, ni el Convenio 169 de la OIT, porque es incierta la ubicación y realización del Proyecto en territorios indígenas, propiedad privada colectiva, y se dictó en consonancia con normas que la Sala Constitucional ha declarado que se ajustan al Derecho de la Constitución. La Procuraduría también considera que el alegato no es de recibo, al carecer de coordenadas el Decreto tildado de inconstitucional que permitan ubicar el PHD en un área geográfica concreta. No habría entonces base para aseverar que el mismo entrañe en la materialidad una disminución de alguna reserva indígena o la tala e inundación de sus bosques, ni la afectación de los derechos posesorios o culturales y ambientales de las comunidades indígenas. Tampoco contiene el Decreto ninguna norma que disponga la reducción de territorios indígenas o que modifique la Leyes 6172 y 6703, ni se contrapone al Convenio 169 de la OIT. En virtud de los propios pronunciamientos de la Sala este asunto carece de interés actual. (…) Al no precisar el decreto objetado el sitio donde se desarrollaría el PHD, de incierta ejecución, se repite, no podría afirmarse que afectará reservas indígenas. En su literalidad no dispone una disminución, inundación, tala de árboles o cambio de uso de suelo de éstas. Y tiene asidero en la Ley Forestal, artículos 19 inciso b) y 34, cuya constitucionalidad ha reconocido esa Sala. Con lo cual, no contraviene el Convenio 169 de la OIT, artículos 13 y 14.2, ni el 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos y conexos. De lo que se sigue que no se daría un irrespeto a la importancia especial que para las culturas y valores de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras que ocupan o utilizan, y además el Estado costarricense ha dictado normas para determinar los territorios de las comunidades indígenas y proteger sus derechos de propiedad y posesión”. III.- Antecedentes de la Sala Constitucional Esta Sala dictó la sentencia n.°2016-15711 del 26 de octubre de 2016 mediante la cual se declaró la inconstitucionalidad del artículo 8 del decreto ejecutivo n.°34312 que acá también se impugna. La norma en cuestión disponía lo siguiente: “Artículo 8º—Los sitios para explotación de materiales para la presa, casa de máquinas y obras conexas; se localizan en las Hojas Topográficas General, Buenos Aires, Changuena, Cabagra, a escala 1:50 000 del Instituto Geográfico Nacional, tienen los siguientes puntos de polígonos: Punto Inicio Punto Final 534000 E / 337700 N 536000 E / 337875 N 536000 E / 337875 N 538000 E / 337500 N 530650 E / 339603 N 531747 E / 338563 N 534939 E / 347661 N 533541 E / 346603 N 533541 E / 346603 N 532202 E / 345356 N 532202 E / 345356 N 531470 E / 343697 N 522600 E / 323750 N 520000 E / 323000 N 520000 E / 323000 N 518000 E / 322283 N 518000 E / 322283 N 516000 E / 322052 N 547052 E / 334121 N 546614 E / 332384 N 548576 E / 328715 N 547800 E / 326781 N (La Sala Constitucional mediante resolución N° 12975 del 23 de setiembre de 2011, interpretó conforme a la Constitución este artículo: “siempre y cuando la consulta establecida en el artículo 4 de ese Decreto se realice en el plazo improrrogable de 6 meses contado a partir de la notificación de este pronunciamiento.”)” Como se aprecia, la disposición transcrita constituye un elemento clave en la realización del proyecto: las coordenadas geográficas en las que se iba a desarrollar. Dicha norma fue examinada originalmente en la sentencia n.°2011-012975 de las 14:30 hrs. de 23 de setiembre de 2011 en la que expresamente se advirtió que se iba a preservar su constitucionalidad hasta la realización de la consulta contemplada en el art. 4 del propio decreto. No obstante, con posterioridad se constató que no hubo tal consulta, lo que motivó la declaratoria de inconstitucionalidad. Al respecto, esta Sala realizó las siguientes consideraciones: “En el sub examine, lo planteado por el accionante es que la Administración no efectuó dicha consulta, motivo por el que este Tribunal procede a revisar nuevamente la constitucionalidad del ordinal 8 del Decreto número 34312-MP-MINAE de 6 de febrero de 2008, para cuyo efecto se toma en consideración lo dispuesto en la sentencia supracitada. Así, primeramente se debe indicar que el plazo otorgado en aquella oportunidad por la Sala, no se puede calificar como preclusivo, porque los plazos judiciales tienen la característica particular contemplada en el artículo 144 del Código Procesal Civil, el cual dispone: “Plazos judiciales. Cuando este Código fuere omiso en cuanto a la duración de un plazo, éste será establecido por el juez, tomando en cuenta la naturaleza del proceso y la importancia del acto... ”. A partir de esta característica, en cada caso concreto, la autoridad judicial eventualmente puede valorar un plazo concedido en una orden judicial de acuerdo con la naturaleza del proceso y la importancia del acto, cuando así sea debidamente justificado y solicitada su prórroga. Ahora, en la especie, de las audiencias rendidas en este expediente por las autoridades del ICE y del Ministro de Ambiente y Energía, no se acredita que la Administración hubiese gestionado alguna prórroga del plazo en cuestión de previo a su vencimiento, invocando las razones por las que no había podido celebrar la consulta. De manera que no resulta atendible, que luego de vencido sobradamente el plazo conferido, las autoridades administrativas vengan a intentar justificar su inercia en llevar a cabo la consulta de marras. Por ello, se impone declarar la inconstitucionalidad sobrevenida del numeral 8 impugnado, pues aun cuando dicha disposición no resultaba inconstitucional al momento de su emisión, dadas las condiciones y etapas del proyecto a desarrollar en aquella oportunidad, no menos cierto es que este Tribunal, en la sentencia No. 2011-12975 de las 14:30 horas de 23 de setiembre de 2011, sostuvo la constitucionalidad de dicha norma siempre y cuando la consulta establecida en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 34312 fuera realizada en el plazo improrrogable de 6 meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, lo que finalmente no ocurrió y, por ello, de modo sobreviniente deviene ahora inconstitucional el artículo 8 de dicho Decreto, único objeto de esta acción. (…) Se declara con lugar la acción planteada y, en consecuencia, se anula por inconstitucional el artículo 8 del Decreto 34312-MP-MINAE del 06 de febrero del 2008. Esta sentencia tiene efectos declarativos a partir del vencimiento del plazo que fue establecido en la sentencia número 2011- 12975 de las 14:30 horas del 23 de setiembre de 2011, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. De conformidad con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dispone que la eficacia de esta decisión inicie a partir de la fecha de primera publicación del edicto en que se informó de la admisión de este proceso. Reséñese este pronunciamiento en La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial”. (Lo destacado no corresponde al original). IV.- Consideraciones personales A la luz de los antecedentes examinados y de la postura de la PGR, considero que corresponde declarar sin lugar la acción de inconstitucionalidad y descartar los presuntos vicios apuntados por la parte accionante. Lo anterior por la sencilla razón de que el proyecto no podía seguir adelante, dado que desde el año 2016, de previo a la interposición de este proceso, ya había una declaratoria de inconstitucionalidad respecto de las coordenadas que definían “los sitios para explotación de materiales para la presa, casa de máquinas y obras conexas”. Si los argumentos de inconstitucionalidad se basan en una presunta afectación al principio de irreductibilidad de los bosques y una supuesta lesión o amenaza a la propiedad indígena, se debe concluir que los mismos son insubsistentes ante una imposibilidad material de llevar adelante el proyecto en cuestión por falta de una ubicación geográfica debidamente delimitada. Sobre el particular, comparto las consideraciones realizadas por la PGR en el sentido de que “al no haber coordenadas que definan la ubicación del PHD y ser incierta su ejecución, carece de sustento el alegato de que se reducirán, por inundación o tala de bosques, los territorios indígenas, propiedad privada comunitaria”. Está claro que a tenor de los propios pronunciamientos de esta Sala ‒que tutelaron el derecho a la audiencia en relación con la propiedad indígena‒ quedó insubsistente el decreto ejecutivo impugnado, pues carece de un elemento fundamental para su desarrollo: una ubicación debidamente definida incluso luego de una audiencia previa. Advierto que con este pronunciamiento no estoy avalando el contenido de las disposiciones impugnadas, sino que estimo que carece de interés actual ahondar en el resto de las impugnaciones, debido a que uno de los ejes nucleares del desarrollo del proyecto cuestionado ‒su ubicación‒ ya fue declarado inconstitucional por esta Sala desde el año 2016, mucho antes de la interposición de esta acción de inconstitucionalidad. En atención a lo dicho, considero que no hay mérito para acoger la acción de inconstitucionalidad y por eso la declaro sin lugar. Anamari Garro V. Magistrada Expediente N° 18-005745-0007-CO 1 Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL votado con boleta Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 16-02-2026 17:25:00. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
I.- On Admissibility. Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law regulates the conditions that determine the admissibility of unconstitutionality actions, requiring the existence of a matter pending resolution in an administrative or judicial forum in which the unconstitutionality is invoked, a requirement not necessary in the cases provided for in the second and third paragraphs of that article, that is, when by the nature of the norm there is no individual or direct injury, when it is based on the defense of diffuse interests or those that concern the community as a whole, or when it is filed by the Attorney General of the Republic, the Comptroller General of the Republic, the Prosecutor General of the Republic, or the Ombudsman, in these latter cases, within their respective spheres of competence. The text in question provides that it is applicable when "by the nature of the matter, there is no individual or direct injury." Secondly, the possibility of appearing in defense of "diffuse interests" is provided for; this concept, whose content has been gradually delineated by this Chamber, could be summarized in the terms used in Judgment No. 1993-3750 of 3:00 p.m. on July 30, 1993: "… Diffuse interests, although difficult to define and even more difficult to identify, cannot be under our law - as this Chamber has already stated - merely collective interests; nor so diffuse that their ownership is confused with that of the national community as a whole, nor so specific that identifiable or easily identifiable determined persons, or personalized groups, emerge in relation to them, whose standing would derive, not from diffuse interests, but from corporate interests that concern a community as a whole. It is therefore a matter of individual interests, but at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous groups of persons who share an interest and, consequently, suffer an injury, actual or potential, more or less equal for all, such that it is rightly said that they are equal interests of the groups that find themselves in certain circumstances and, at the same time, of each one of them. That is, diffuse interests partake of a dual nature, since they are simultaneously collective - being common to a generality - and individual, such that they can be claimed in such character." In summary, diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of persons not formally organized, but united based on a specific social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a particular personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is diffused, diluted (difuso) among an unidentified plurality of subjects. This Chamber has enumerated various rights to which it has given the qualifier of "diffuse," such as: the environment, cultural heritage, the defense of the country's territorial integrity, and the proper management of public expenditure, among others. In this regard, two clarifications must be made: on the one hand, the referred assets transcend the sphere traditionally recognized for diffuse interests, since they refer, in principle, to aspects that affect the national community and not particular groups thereof; an environmental harm does not affect only the neighbors of a region or the consumers of a product, but rather injures or gravely endangers the natural heritage of the entire country and even of Humanity; similarly, the defense of the proper management of the public funds authorized in the Republic's Budget is an interest that concerns all the inhabitants of Costa Rica, not only any one group of them. On the other hand, the enumeration made by the Constitutional Chamber is no more than a simple description inherent in its obligation - as a jurisdictional body - to limit itself to hearing the cases submitted to it, without it being possible, in any way, to come to the understanding that only those rights that the Chamber has expressly recognized as such can be considered diffuse rights. II.- On the Standing of the Petitioner and the Extemporaneously Filed Co-Adjuvancies. In the opinion of this Chamber, it is clear that the petitioner has a dual standing to file this unconstitutionality action, clearly expressed and delimited in the preceding recital, based on the diffuse interest for the defense of the environment, as well as for the defense of interests that concern the community by deducing a claim by virtue of his condition as an indigenous person, which in this case would be the protection of the rights of indigenous peoples. In Judgment No. 2019-017397 of 12:54 p.m. on September 11, 2019, it was stated: “in matters analogous to the present one, this Chamber has already admitted direct standing to file an unconstitutionality action, pursuant to the provisions of the cited article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law, second paragraph, insofar as the interest held by the petitioners and which grants them standing to file this unconstitutionality action is the referred corporate interest or that which concerns that legally organized community (see, among others, judgment number 2000-11530 of 2:43 p.m. on December 21, 2000, and judgment number 2011012975 of 2:30 p.m. on September 23, 2011). In this sense, […], this Court also deems this action admitted by safeguarding the defense of an interest that concerns a community, in this case the rights of indigenous peoples.” In the same vein, Judgment No. 2014-005251 of 2:30 p.m. on April 23, 2014, may also be consulted. Given that by a resolution issued at 9:03 a.m. on May 31, 2018, the presidency of this Chamber resolved all the briefs from May 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, and 18, 2018, filed timely, with the exception of May 29, of that year, the same result must apply to the brief filed by Mr. Mario Enrique Mora Badilla, given that it was filed on June 17, 2018. Thus, his petition must be rejected as extemporaneous. III.- Object of the Challenge. The action seeks to challenge articles 1 and 9 of Executive Decree No. 34312-MP-MINAE of February 6, 2008, entitled “Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad”, which establishes: No. 34312 THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC THE MINISTER OF THE PRESIDENCY AND THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND ENERGY In the exercise of the powers conferred upon them by article 140, subsections 8) and 20) of the Political Constitution, articles 3 subsection m), 19 subsection b), and 34 of the Ley Forestal, No. 7575 of February 13, 1996, and articles 1, 6, 7, and 19 of the Mining Code, Law No. 6797 of October 4, 1982. Considering: I.—That among the goals of the National Development Plan 2006-2010, Jorge Manuel Dengo Obregón, is reducing dependence on imported fuels, better harnessing the country's renewable energy sources, and achieving the production of 100% of the country's electricity from renewable energy sources. Additionally, agreement No. 24 of December 7, 2006, declared of public interest the Initiative “Paz con la Naturaleza” promoted by the Presidency of the Republic, through which Costa Rica committed to being carbon neutral, or “C-Neutral”, by the year 2021. II.—That according to the provisions of Decree Law No. 449 of April 8, 1949, the Instituto Costarricense de Electricidad, hereinafter ICE, has as its fundamental responsibility to channel the harnessing of hydroelectric energy in order to strengthen the national economy and promote the greater well-being of the people of Costa Rica. III.—That Executive Decree No. 26728-MP-MINAE of February 20, 1998, provides in its article 1 the declaration of public interest for electric energy generation, transmission, and distribution projects. Likewise, article 4 of Executive Decree No. 33619 of February 20, 2007, declares of national convenience and public interest the expansion plans of ICE and its companies, in the Electricity and Telecommunications Sectors. IV.—That the projects developed by ICE must be preceded by participatory negotiation and consultation processes, in order to establish points of agreement with the different communities involved in the development of its projects and to guarantee that the country's energy needs are met in harmony with the environment. V.—That the country needs the development of the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, which forms part of the Electric Generation Expansion Plan and will operate using the waters of the Río General that run through the cantons of Buenos Aires, Osa, and Pérez Zeledón; for which it is required that the different public bodies and entities provide priority, expeditious, and effective processing to the Institute’s procedures in order to ensure the timely implementation of the Project. VI.—That articles 1, 6, 7, and 19 of the Mining Code, Law No. 6797, declare all mining activity of public utility and recognize the State's absolute, inalienable, and imprescriptible dominion over all mineral resources existing in the national territory and in its territorial sea; also granting it priority to explore natural riches at any time and for the search for any mineral substance, being able to do so by itself or through bodies that depend on it. VII.—That ICE exhaustively conducted a geotechnical study of materials necessary for the construction of the works of the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, from which the need arises to reserve some areas near the future works of the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, which have been envisioned as possible sources of materials to be used in the works. VIII.—That in the pre-execution phase - completion of studies and final design of the works - and during the construction phase of the project, focused felling of tree species declared under a ban (veda) is required; in addition, it is necessary to collect, extract, and relocate fauna and smaller plant species such as: orchids, herbaceous plants, bromeliads, tree ferns, wild bamboo, shrubs, vines, mainly, for scientific research purposes. IX.—That articles 19 subsection b) and 34 of the Ley Forestal No. 7575 prohibit land-use change (cambio de uso de suelo) and tree felling on forest-covered lands and in protection areas, excepting those state or private projects that the Executive Branch declares of National Convenience, being projects whose social benefits are greater than the socio-environmental costs. X.—That it is necessary to exempt ICE from the requirements established in article 89 of the regulation to the Ley Forestal, in order to fell and utilize the forest resource existing therein. Therefore, THEY DECREE: Article 1.—In compliance with the provisions of articles 3 subsection m), 19 subsection b), and 34 of the Ley Forestal No. 7575 of February 13, 1996, the studies and works of the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís and its transmission works, hereinafter the Project, which shall be constructed by the Instituto Costarricense de Electricidad, hereinafter ICE, are declared of National Convenience and Public Interest. […] Article 9.—ICE is exempted from: a) Article 89 of Executive Decree No. 25721 of October 17, 1996, regarding the requirements to demonstrate ownership title to the properties on which the Project will be developed. b) Executive Decree No. 25700 of November 15, 1996, regarding the ban (veda) established for the felling and utilization of the referred species, c) Article 37 of Executive Decree No. 32633 of March 10, 2005, regarding the collection, extraction, and relocation of flora and fauna species located in the research areas and worksites of the Project, its associated transmission works, and its non-metallic mineral exploitation sites, and d) Article 20 of Executive Decree No. 32553 of March 29, 2005, regarding prohibitions and conditions. […]”. In turn, to better understand the scope of the provision and its effects, for the purpose of illustrating the case at hand, it is relevant to transcribe numeral 89 of the Regulation to the Ley Forestal, No. 7575, which reads as follows: "Article 89- Forest harvesting, tree felling in agricultural or urban areas, agroforestry projects, reforestation and natural regeneration projects, and payment for environmental services (Pago de Servicios Ambientales) projects, with or without incentives, may be carried out on registered private domain lands, or on lands subject to possession." (sic) To demonstrate ownership title, it will be necessary to present a registry or notarial certification, establishing the description of the property, encumbrances, and annotations. To demonstrate title by possession, a judicial certification of the existence of a final judgment in the corresponding possessory information proceeding must be presented. On registered properties, harvesting may be authorized when there are lease contracts, or any other contractual modality; in these cases, a registry or notarial certification of the registration of the lease with the Public Registry must be presented, expressly indicating the possibility granted to the lessee to dispose of the forest resource; in contractual modalities not subject to registration, a registry or notarial certification of ownership and a public document demonstrating the existence of the contract and its scope must be presented. (Thus amended by Article 1 of Executive Decree No. 27925 of April 30, 1999) (NOTE: By means of article 9 of Executive Decree No. 34312 of February 6, 2008, it is established that ICE is exempted from the requirements to demonstrate ownership title to the properties on which the project will be developed)." IV.- On the Merits. This Chamber will address the problem presented in the case before us, especially in light of the information provided by the Minister of Environment and Energy, insofar as he affirms that the Executive Decree that declared the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís as a project of national convenience was promulgated containing significant omissions; additionally, the issue has evolved in different ways; this has even been reflected in other proceedings processed before this Court. But first, the petitioner’s allegations regarding indigenous property must be resolved, in order to define the nature of the property of indigenous reserves; and whether it is appropriate or not to proceed with the lifting of prohibitions contained in the Ley Forestal. Finally, to resolve the remaining allegations such as the legal personality of the Río Grande de Térraba. Regarding the other matters alleged, they will be resolved as the various constitutional questions raised are clarified. V.- On Indigenous Property in International Law. The first thing that must be said is that through Judgment No. 1992-003003 of 11:30 a.m. on October 7, 1992, this Chamber established, regarding Convention No. 169 of the International Labour Organization, that: “[...] The Convention consulted, within the general scope of the matters entrusted to the International Labour Organization (ILO), embodies in a legally enforceable international instrument a series of rights, freedoms, and economic, social, and cultural conditions aimed, not only at strengthening the dignity and essential attributes of indigenous people as human beings, but also, mainly, at providing specific means so that their condition as human beings is fully realized in view of the depressed, sometimes even exploited and mistreated, situation in which the aborigines of many nations live; a situation that is not entirely foreign to the American Continent, where indigenous minorities, and sometimes majorities, find themselves practically marginalized from the predominant civilization, while, on the other hand, they suffer the depression and abandonment of their own traditions and cultures. Today, in the field of human rights, it is recognized, in summary: a) That it is necessary to recognize to indigenous people, in addition to the fullness of their rights and freedoms as human beings, other legally guaranteed conditions, through which the inequality and discrimination to which they are subjected can be compensated, with the purpose of guaranteeing their real and effective equality in all aspects of social life: b) That it is also necessary to guarantee respect for and the conservation of the historical and cultural values of indigenous populations, recognizing their peculiarity, with no other limitation than the need to preserve, at the same time, the dignity and fundamental values of every human being recognized today by the civilized world - which implies that respect for the traditions, language, religion, and culture in general of those peoples only admits as exceptions those necessary to eradicate practices universally considered inhuman, such as cannibalism-; c) Notwithstanding the foregoing, indigenous peoples must also be recognized the rights and means necessary to access, freely and with dignity, the spiritual and material benefits of the predominant civilization - means among which access to education and the official language stand out for their importance...”. This decision forms part of the corpus iuris of this Court, which began when the legislative consultation on constitutionality for the approval of Convention No. 169 of the International Labour Organization was processed, a decision that recognizes the strengthening of a series of rights, freedoms, and economic, social, and cultural conditions, which would fortify the dignity and essential attributes of indigenous peoples in the country, and the granting of specific means to give fullness to their rights. Furthermore, through Judgment No. 2002-03468 of 4:04 p.m. on April 16, 2002, the Chamber established that: "In this sense, the Political Constitution, although it does not contain a specific statute regarding the rights of autochthonous communities, from its system (especially from the norms contained in articles 28, 33, 50, and 74) it is possible to infer a principle of recognition of such prerogatives, based on the idea of state respect and protection, as duties towards indigenous communities, ensuring the preservation of their culture and at the same time the access of their members to the fruits produced by national development. The foregoing is reaffirmed by constitutional numeral 76, which expressly imposes on the State the duty of maintaining and cultivating indigenous languages. Thus, the Chamber can start from the premise of the constitutional recognition made in favor of the cultural identity and protection of the indigenous peoples inhabiting the country. International Law, for its part, has been profuse in the recognition of the rights of these communities, highlighting in that sense what is established in the following instruments: Universal Declaration of Human Rights (articles 1, 2.1, 7, 17.1, and 27), International Covenant on Civil and Political Rights (27), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1.1 and 2), American Declaration of the Rights and Duties of Man (2, 13, and 23), American Convention on Human Rights (24 and 26). Specifically, it has been the International Labour Organization that has generated the most specific regulation regarding the rights of indigenous peoples. In that sense, Conventions numbers 107 and 169 contain a detailed enumeration of rights recognized to these peoples. From Convention number 107, what is established in Part II (land tenure regime for indigenous peoples) is especially important for the case under study. From Convention 169, Part II also regulates matters concerning indigenous lands." Subsequently, in that same judgment, it is added: "There is no doubt, therefore, that the Costa Rican State has broadly recognized the rights that correspond to the indigenous groups inhabiting the country. The same can be said regarding the specific right of communal property that corresponds to such communities by reason of their traditional belonging. Groups of persons belonging to autochthonous communities have the right to live on the lands where they have historically been settled, and the State must fully guarantee the enjoyment of this fundamental right. To this end, national legislation provided for the registry transfer of such lands to the respective indigenous communities (Law number 6172, article 9, transcribed above), imposing on the Instituto de Desarrollo Agrario the duty to carry out all necessary procedures to ensure the effective verification of said transfer." Thus, the regulation of indigenous property is vitally important for the decision in the case before us, whose treatment is found in several of the provisions of Convention No. 169, concerning Indigenous and Tribal Peoples, of 1989, of the International Labour Organization. In this Convention, it is clear that it constitutes a legal vein of great transcendence for the right to indigenous property, with which, in turn, a series of rights expressly recognized for indigenous groups would be safeguarded. It must be understood that all the foregoing clearly includes as a backdrop a true right of peaceful possession of indigenous territories, making possible the living of their culture, traditions, and spiritual life, autonomously conceived by them. Although the term lands or territories may be used, it should be noted that the use of the term "lands" should not be restrictive, but, on the contrary, the use of the word territory is preferable, which is more comprehensive of the interests and rights of indigenous peoples. Thus, in its articles, the following is recognized, with complete clarity: "Article 13. 1. In applying the provisions of this Part of the Convention, governments shall respect the special importance for the cultures and spiritual values of the peoples concerned of their relationship with the lands or territories, or both as applicable, which they occupy or otherwise use, and in particular the collective aspects of this relationship. 2. The use of the term lands in Articles 15 and 16 shall include the concept of territories, which covers the total environment of the areas which the peoples concerned occupy or otherwise use. Article 14. 1. The rights of ownership and possession of the peoples concerned over the lands which they traditionally occupy shall be recognized. In addition, measures shall be taken in appropriate cases to safeguard the right of the peoples concerned to use lands not exclusively occupied by them, but to which they have traditionally had access for their traditional and subsistence activities. Particular attention shall be paid to the situation of nomadic peoples and shifting cultivators in this respect. 2. Governments shall take steps as necessary to identify the lands which the peoples concerned traditionally occupy, and to guarantee effective protection of their rights of ownership and possession. 3. Adequate procedures shall be established within the national legal system to resolve land claims by the peoples concerned. Article 15. 1. The rights of the peoples concerned to the natural resources pertaining to their lands shall be specially safeguarded. These rights include the right of these peoples to participate in the use, management and conservation of these resources. 2. In cases in which the State retains the ownership of mineral or sub-surface resources or rights to other resources pertaining to lands, governments shall establish or maintain procedures through which they shall consult these peoples, with a view to ascertaining whether and to what degree their interests would be prejudiced, before undertaking or permitting any programmes for the exploration or exploitation of such resources pertaining to their lands. The peoples concerned shall wherever possible participate in the benefits of such activities, and shall receive fair compensation for any damages which they may sustain as a result of such activities." Indigenous peoples have the right to the protection of communal property in a privative and exclusive manner, through the various jurisdictional remedies granted by the Costa Rican legal system, by themselves and/or with the assistance of the State, or even in opposition to the State itself when it does not follow the established legal and conventional formalities. For a correct decision in the case at hand, in accordance with the petitioner's arguments, it is important to address the issue of the general regime of fundamental rights, in light of the indigenous collective property agreed upon in Constitutional Law. VI.- On the right to indigenous communal property in national legislation. Also, to address the issue of indigenous property at hand, it should be noted that the Indigenous Law (Ley Indígena), No. 6172 of November 29, 1977, defines who indigenous persons are, what structures govern them internally and externally to the reserves; and, principally, as it pertains to the action, the problem of the property of indigenous reserves and their protections in a clear and pristine manner. Thus, "Article 1.- Indigenous persons are those who constitute ethnic groups directly descended from pre-Columbian civilizations and who preserve their own identity. Indigenous reserves are declared to be those established in Executive Decrees (decretos ejecutivos) numbers 5904-G of April 10, 1976, 6036-G of June 12, 1976, 6037-G of June 15, 1976, 7267-G and 7268-G of August 20, 1977, as well as the Guaymí de Conteburica Indigenous Reserve. The boundaries established for the reserves in the cited decrees may not be varied by reducing their area, except by express law. Article 2.- Indigenous communities have full legal capacity to acquire rights and contract obligations of all kinds. They are not state entities. The reserves mentioned in article one of this law are declared the property of the indigenous communities. The Procuraduría General de la República shall register these reserves in the Public Registry in the name of the respective indigenous communities. The reserves shall be registered free of all encumbrances. Transfers from the State to the indigenous communities shall be free, shall not pay registration fees, and shall be exempt from all other types of tax burdens in accordance with the terms established in the CONAI Law. Article 3.- Indigenous reserves are inalienable and imprescriptible, non-transferable, and exclusive to the indigenous communities that inhabit them. Non-indigenous persons may not rent, lease, buy, or in any other way acquire lands or properties comprised within these reserves. Indigenous persons may only negotiate their lands with other indigenous persons. Any transfer or negotiation of land or improvements thereon in indigenous reserves, between indigenous and non-indigenous persons, is absolutely null, with the legal consequences of the case. The lands and their improvements and the products of indigenous reserves shall be exempt from all kinds of national or municipal taxes, present or future. Article 4.- The reserves shall be governed by indigenous persons in their traditional community structures or by the laws of the Republic that govern them, under the coordination and advisory of CONAI. The population of each reserve constitutes a single community, administered by a directive Council representing the entire population; auxiliary committees shall depend on the principal council if the geographical extension warrants it." On this matter, it is necessary to transcribe the jurisprudence of this Chamber on this topic, as defined in Judgment (Sentencia) No. 2014-05251 of 2:30 p.m. on April 23, 2014, which states: "..., from a simple reading of the provisions of the Indigenous Law that have been transcribed, it is extracted that it is the Law—not the regulation—that establishes community property and organization. The second paragraph of numeral 2 regulates that community property by indicating: '... Declares (sic) the reserves mentioned in article one of this law the property of the indigenous communities...'. Regarding organization, the same normative body establishes that '... the reserves shall be governed by indigenous persons in their traditional community structures or by the laws of the Republic that govern them, under the coordination and advisory (sic) of CONAI' (emphasis not in original). Now, it is the Law on Community Development (Ley Sobre el Desarrollo de la Comunidad, No. 3859) that regulates Community Development Associations and Article 3 of the Regulation to the Indigenous Law being challenged has done nothing more than specify the type of organization that responds to the bases established by the legislator in the Indigenous Law that serves as its framework, which, furthermore, conforms to Convention 169 of the International Labor Organization (organization sic), insofar as it materializes the State's obligation to ensure that indigenous communities adopt a legal organization in accordance with their traditions, which allows them to exercise the rights and obligations that the law recognizes them. ...this type of legal structure allows this sector of the population to enjoy special benefits (Article 19 of Law 3859) that they would not enjoy with another type of legal structuring—for example, receiving services, donations, subsidies, and annual transfers of money, from both the State and its institutions—which entails, of course, the ordinary control of those public resources." It should be noted, then, that the legal regime of ownership of indigenous reserves derives from the Indigenous Law, which provides them with the necessary protections to maintain their special condition of community property, as well as enabling the channels to receive the benefits that correspond to them. A first distinction, however, that must be made is that this ownership not only falls upon a private legal entity with legal capacity, but the law also clarifies that it is not a state organization. In this sense, by having "indigenous communities full legal capacity to acquire rights and contract obligations of all kinds," the subsequent development of the legal precepts established that they would be governed by Community Development Associations (Asociaciones de Desarrollo Comunal), which, in order to function as local government—which are also not public organizations of a corporate nature but rather subjects of private law—represent them for all purposes. On this matter, this Chamber, in Judgment No. 2011-012975 of 2:30 p.m. on September 23, 2011 (among others), also pronounced in the following terms: «Costa Rican legislation recognizes the legal capacity of the indigenous group to represent itself in Articles 2 and 4 of the Indigenous Law, 3, 4, and 5 of the Regulation to the Indigenous Law, and Article 1 of Executive Decree 13568-C-G of April 30, 1982, where the legal representation of Indigenous Communities in Integral Development Associations (Asociaciones de Desarrollo Integral), which act as local government, but without them being considered state entities, is recognized. [...]» Therefore, it must be clear that the real estate held in the name of the associations, of the indigenous communities, are not public domain property; although transferred by public institutions to the Community Development Associations, they are of a private nature. In turn, for the Chamber, it must also be established that unlike common private property, given the characteristics of the collective or communal form of indigenous property, it is a special form of private property, which is not public or private, classically understood, but is indeed protected under the protections of Article 45 of the Political Constitution, the applicable conventional provisions, or Human Rights treaties; and those determined by law. Thus, it can be said that it is a sui generis form of private property, inherently collective or communal. Judgment No. 2011-000397 of 11:32 a.m. on January 14, 2011, established with certainty that: "It is important to indicate the collective or community character of indigenous property, since its belonging is not personal, but rather of the collective as such. Among indigenous people there exists a community tradition regarding a communal form of collective land ownership, in the sense that belonging to it is not centered on an individual but on the group and its community. Indigenous people, by the very fact of their existence, have the right to live freely in their own territories; the close relationship that indigenous people maintain with the land must be recognized and understood as the fundamental basis of their cultures, their spiritual life, their integrity, and their economic survival." It is clear to the Chamber that the concept of the right to property admits this type of sui generis private property; it suffices to recall that for a long time the right to property has evolved to overcome the classic conception of a first-generation right, to apply to a great diversity of forms of property and possession of things. This allows understanding that monolithic forms of the right to property have been rejected. To this it must be added, moreover, that as a right it is accompanied by the powers of every owner to demand from third parties the private enjoyment and use of private property, as well as the owner's obligation to tolerate the limitations that such property entails, when it can be affected by limitations of social interest. But, none of this can be understood to exclude traditional or special forms of defense of private property, especially as this must be adjusted to the defense of indigenous territories by persons with standing or a legitimate interest to do so. In the case of indigenous territories, it must be taken into account that the right to property regulated in Article 21 of the American Convention on Human Rights has also been modulated. In the judgment of June 27, 2012, of the Kichwa Indigenous People of Sarayaku vs. Ecuador, the Inter-American Court of Human Rights indicated that: "145. Article 21 of the American Convention protects the close connection that indigenous peoples have with their lands, as well as with the natural resources of ancestral territories and the incorporeal elements derived therefrom (citation omitted). Among indigenous peoples there exists a community tradition regarding a communal form of collective land ownership, in the sense that belonging to it is not centered on an individual but on the group and its community (citation omitted). These notions of dominion and possession over lands do not necessarily correspond to the classic conception of property, but they merit equal protection under Article 21 of the American Convention. Disregarding the specific versions of the right to use and enjoy goods, given by the culture, uses, customs, and beliefs of each people, would be equivalent to maintaining that there is only one way to use and dispose of goods, which in turn would mean rendering the protection of such provision illusory for millions of people (citation omitted)." Conventional jurisprudence then also recognizes the importance of indigenous property due to its special character for the conservation of indigenous culture and its worldview, to keep it intact and protected, and of course, safeguarded by the international obligations derived from Convention No. 169 of the International Labor Organization, as the petitioner alleges. Hence, it must have particular protections and benefits in the Law, and in its application, which should include the question of whether indigenous territory is a concept that surpasses a traditional conception of lands; this includes a special protection of the forest on those lands, a reason why there must be special care by the State in the removal of the protections it has for private property. The petitioner argues on that special character of indigenous property, together with international commitments, that should prevent it from being subjected to a declaration of national convenience (declaratoria de conveniencia nacional) under the Forestry Regime (Régimen Forestal). As the petitioner correctly accepts—initially—a distinction must be made between indigenous territories and the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), or what is the same, Protected Wilderness Areas (Áreas Silvestre Protegidas) of state property. The Chamber understands that the argumentation is directed towards ensuring that the special private property of indigenous territories is not assimilated to classic private property, given that there are no specific protections over the latter as there could be for indigenous territory. Now, on one occasion, this Chamber established that "The legal regime for the protection of the property of Protected Wilderness Areas and Indigenous Reserves are distinct, since while the former is State property, that of indigenous reserves belongs to a form of community property, such that, even though the latter are a special form of property, registered in the name of an Integral Development Association, they are not equivalent and cannot be assimilated to the forms of property protection for State assets, especially those integrated into the Natural Heritage of the State" (Judgment No. 2010-014772 of 2:35 p.m. on September 1, 2010). In that case, the Chamber analyzed the juxtaposition of boundaries of Corcovado National Park with the territories belonging to the Guaymí de Conteburica Indigenous Reserve. It should be indicated, then, that if indigenous territories cannot be considered public domain assets and their forests Natural Heritage of the State, they do not, for that reason, cease to be relevant legal assets that the Costa Rican State must conserve and safeguard. On the contrary, the protections the petitioner seeks must be found in Constitutional Law, in the regularity of the measures taken regarding the affected indigenous territories, taking into account whether there is a direct or indirect impact on them. Also, in the filing brief of the action, the special condition of indigenous territories is argued, which should be assimilated—in its view—more to public domain assets, so as not to be subject to a possible declaration of national convenience over indigenous territories. The emphasis of the petitioner's arguments links to the protections of unseizability (inembargabilidad), inalienability, and imprescriptibility of indigenous communal property. In the Chamber's view, the origin of these restrictions on private property as opposed to freedom of commerce responds to different legal purposes, since in the case of State Protected Wilderness Areas it refers to environmental safeguarding, protection of the forest and water regime, and for indigenous territories it originates in the protection of customs and traditions within them, among which the negotiation of lands between indigenous persons is protected, but not for non-indigenous persons. This Chamber, in the exercise of the jurisdiction of liberty, when resolving an amparo action by an indigenous woman who cohabited with an individual outside the indigenous group, encountered the measures of the Indigenous Development Association that prevented her from maintaining possession of lands within the indigenous territory. Thus, this Chamber, through Judgment No. 2016-07536 of 9:05 a.m. on June 3, 2016, established that: "It is for that reason that in the specific case, the Chamber considers that the fundamental rights of the petitioner are not violated. As stated, the State has recognized the autonomy of indigenous peoples as well as their social structure and competent bodies to make decisions according to ancestral customs. In the sub lite case, the protected party disagrees with a decision adopted by the respondent Association (sic), which, however, has been based on the customs of the Cabécar indigenous community. In effect, the cultural expert report provided to this matter demonstrates that according to indigenous custom, although the union of indigenous and non-indigenous persons is not prohibited in the Cabécar Indigenous Reserve of Chirripó de Turrialba, it is no less true that it is not permitted for such couples to live and possess lands within the indigenous territory. Such restriction is not unfounded, since it contributes to the preservation of Cabécar culture, the protection of their customs and their territory, as is well explained in the mentioned cultural expert report." Here, the preservation of indigenous culture and traditions must prevail. The relationship that indigenous peoples maintain with the territory and its natural resources, from which they obtain physical, cultural, and spiritual sustenance, must not be forgotten. Inalienability and imprescriptibility are for the protection of that indigenous culture, proscribing practices to access property rights by possession, whether through positive prescription or usucapion. It must be remembered that the worldview of indigenous culture is detached from the more invasive forms of nature by a majority of non-indigenous persons who exploit the land. Therefore, accepting the petitioner's thesis, grounded in the protections of these territories in the Indigenous Law, would make it very cumbersome to reconcile indigenous practices and customs with the norms of the Natural Heritage of the State, due to their implications for the forest and its aspects usable by indigenous persons, since even though Article 6 of the Indigenous Law establishes indigenous communal property, this belongs to the entire indigenous community represented by an Integral Development Association, and internally, it is the law that authorizes them to build houses, fell trees, exploit timber resources, or plant crops for their benefit within the limits of the reserves. On the other hand, the use of natural resources is authorized, as long as these are means for the preservation of ancestral traditions. Now, this Chamber reaffirms the obligation to preserve indigenous property as a form of special private property of constitutional and international human rights relevance. The value or preeminence of indigenous communal property must not be confused with forms of state public property, with the protections and legal restrictions imposed, such as those established in Articles 2 and 3 of the Indigenous Law, No. 6172 of November 29, 1977, the latter declaring them "... inalienable, imprescriptible, non-transferable, and exclusive to the indigenous communities that inhabit them." This argumentation or interpretation of law by the petitioner was reasonably rejected by the Procuraduría General de la República, when it correctly clarifies that this condition of indigenous reserves does not come from the assimilation of the property to a figure of public domain or demanial property; it is insufficient to declare them inalienable and imprescriptible in relation to non-indigenous persons, since a subjective element of property such as administrative ownership, and a teleological element such as the destination for public use or a public service, and a formal or normative element such as subjection to a special legal regime of Administrative Law, among other things, are not fulfilled. An interpretation in this sense, with the current regulations, is not appropriate. It is commonly accepted that the incorporation of a specific sector or activity into the public domain entails, in turn, the accompaniment of many other norms for the materialization of its incorporation into the public regime derived from its legislative declaration of "publicatio," since it must resolve those problems associated with the incorporation of a private asset or activity into the Public Law regime; thus, it is necessary for the legislator to address the imbalances that it would provoke in the regime of private property. Such a conclusion would render nugatory a series of objectives sought with Convention No. 169 of the International Labor Organization and the Indigenous Law, such as achieving a government in accordance with indigenous customs internally within indigenous reserves, the materialization of fundamental rights of indigenous people, conceived both from an individual and collective point of view, recognizing not only the existence of customary law that validates their own self-determination and identification as original peoples, but also preservation, which also includes the disposal and possession of traditional resources within their territories. In Judgment No. 2020-010034 of 9:05 a.m. on June 2, 2020, alluding to the Indigenous Law, it is indicated that: "The National Production Council must give priority character to the establishment of supply stores in indigenous communities, and only indigenous persons may build houses, fell trees, exploit timber resources, or plant crops for their benefit within the limits of the reserves." Evidently, these could not be reconciled with a declaration of natural heritage of the State for forests within indigenous lands. It must be remembered that they have the right to maintain their traditional ways of life, customs, beliefs, distinctive traditions, social and economic structure, among others, which in effect can encompass the forest and rivers from a holistic point of view; otherwise, it would imply leaving without content "the totality of the habitat of the regions that the peoples concerned occupy or otherwise use" (Article 13.2 of Convention No. 169 of the International Labor Organization). The real problem that arises is the issue of the waters that flow through these basins, which must be elucidated further on. In any case, the action alleges the affectation of indigenous property, specifically requests its protection in favor of specific individuals, and under a protective international legal regime. Precisely, this has an impact on the fulfillment of the international obligation established in Article 14.1 of Convention No. 169, which establishes: "The rights of ownership and possession of the peoples concerned over the lands which they traditionally occupy shall be recognised," and in 14.2 "Governments shall take steps as necessary to identify the lands which the peoples concerned traditionally occupy, and to guarantee effective protection of their rights of ownership and possession." As such, the indigenous persons belonging to a specific community, like the Development Associations, are subjects of private law; evidently, these are the organizations that permit the internal and autonomous self-organization of indigenous and tribal groups. As such, there are protections for communal private property that must be applied, as provided by law, as a first premise, and furthermore, to adjust these State conducts also to comply with international obligations. For all of this, it must be determined whether, in effect, the challenged Executive Decree has a direct or indirect impact, the magnitude of that affectation, and subsequently, the fulfillment of the procedure established by law. VII.- On the implications of the rights of indigenous people. Thus, the following points will be examined: A.- It must be ensured that the challenged Executive Decree does not necessarily imply the flooding of indigenous territories, even though it could imply compromising specific fundamental rights of indigenous peoples. As indicated supra, the Chamber has admitted the special character of the indigenous population in our country, as "... the most 'natural' of our natives," it is equally true that no right have conquerors and colonizers obtained, as well as those who inherited that position over these minority ethnic groups, since it is important to reaffirm that the State owes them protection and respect for the integrity of the values, practices, and institutions of those peoples, among them the right to develop freely in accordance with traditional models of land tenure and use, associated with their culture and customs, which without a doubt are rights that must be safeguarded when conducting consultation in an appropriate context. Additionally, through the reform of the Political Constitution, by Law No. 9305 of August 24, 2015, it is established that "Costa Rica is a democratic, free, independent, multiethnic, and pluricultural Republic," which could not be disregarded by this Court. Having said all of the above, it must be determined whether the Executive Branch, through the challenged Executive Decree, concretely and potentially affected indigenous territories. In the view of the Procuraduría General, this is not clear from the record. However, upon examining the jurisprudence of this Court, it is possible to consider it established that the application of the challenged Executive Decree maintains portions of the indigenous territory in question within the limits of the authorization or enablement. Specifically, this affectation has been determined by the State, so it is important to take into account that already, through Judgment No. 2011-12975 of 2:30 p.m. on September 23, 2011, the Chamber established that: "III.- ON THE PROPERTY OF THE PETITIONING INDIGENOUS PEOPLE. The Térraba Indigenous Reserve is delimited in Executive Decree 22203 of April 2, 1993. Likewise, its legislative foundation derives from the so-called Indigenous Law No. 6172 of November 29, 1977, whose Article 2 expressly declares the reserves mentioned in its Article 1 to be the property of the indigenous communities, among which the Térraba reserve is included. Now, according to the technical report of the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional) of the Ministry of Public Works and Transport (folio 318), Article 8 of the cited Decree refers to points of plane coordinates that represent sites for the exploitation of materials for the dam, powerhouse, and related works. For its part, the project is composed of exploitation sites, therefore, it does not possess a single space or action area, and since the spatial dimensions of such sites or points are not manifested, it is impossible for now—according to the information contained in this process—to calculate a common land area that may exist between the Diquís Hydroelectric Project and the Térraba Indigenous Reserve. However, having established the limits of the Térraba Indigenous Reserve on the respective topographic sheets, in association and location of the places that form part of the hydroelectric project, there are three sites coinciding with the area of the Reserve: points 536000 E / 337875 N, 547052 E / 334121 N, and 546614 E / 332384 N. On the other hand, in its report, the Instituto Costarricense de Electricidad admits that approximately 74 hectares would be flooded in the China Kichá indigenous reserve and 653 hectares in the Térraba indigenous reserve. In total, approximately 727 hectares would be flooded, affecting 7.5% of the total Térraba indigenous territory and 5.7% of the total China Kichá territory. Consequently, it is undoubtable that the El Diquís Hydroelectric Project, in its execution phase—which has not yet begun—and according to the information that is indeed in the record of this action, will comprise Térraba indigenous territory." Hence, given the clarity of this Court's conclusions, it could not now be contradicted, much less if it is not alleged that the National Geographic Institute, the administrative and technical body that contributed to locating the areas of possible affectation, was made to incur a material error of assessment. Although, what the petitioner claims is the flooding of indigenous territory, which evidently has not happened nor would happen, since the reports are clear that it is in the preliminary phases, and as will be indicated later, the project was suspended in its entirety. However, the approach by the Government of the Republic in declaring the project of National Convenience did compromise the specific fundamental rights of the indigenous peoples to whom the challenged Executive Decree was applied. B.- The need to observe the mechanisms that uphold those fundamental rights of indigenous peoples. This Chamber will address the problem presented in the case at hand, especially in light of what was reported by the Minister of Environment and Energy. The Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía), which is the governing body in environmental matters, informs the Chamber that it is authorized to declare projects of national convenience in light of Articles 19, subsection b), and 34, and in accordance with Article 3, subsection m), all of the Forestry Law (Ley Forestal), which regulate the possibility of excepting the prohibitions of the forestry regime linked to private property, but that these "do not apply to any situation or project, but solely to those cases in which it can be demonstrated that the social benefits are greater than the socio-environmental cost; however, the studies and social and economic assessment that so justify it are not on file in this Office, the foregoing without disregarding that the project is carried out on indigenous territory." Thus, to resolve the action, this statement must be taken for what it is, the admission that an essential part of the administrative procedure was not carried out. Although it could be argued that the legal conflict would translate into a legality conflict, given the Executive Branch's omission to comply with the legal requirements established in the Forestry Law, in the Chamber's view, the underlying problem is not limited merely to a failure to comply with the law proper. It must be linked to the effects of the Executive Decree, given that it authorized the preparatory studies or preliminary studies for a large-scale project on indigenous territories (Article 3 of the Constitutional Jurisdiction Law). Thus, it must be determined whether, even at this procedural stage in which National Convenience was declared without fulfilling all legal requirements, the international obligations that the Costa Rican State freely accepted upon ratifying Convention No. 169 of the International Labour Organization are applicable. The foregoing, despite the fact that the petitioner expressly waives the lack of free and informed consultation as one of the grounds for his challenge, does not prevent this Court from analyzing whether the omission incurred by the Executive Branch entails other serious implications for the remainder of the rights that accompany indigenous communities in their right to self-organization and their relationship with their territories, this being a core obligation of the protection system for these communities that ensures their self-preservation. It is worth stating here that the free and full exercise of the rights recognized by Convention No. 169 of the International Labour Organization is upheld through the obligation to consult indigenous peoples. This would be one of the most important means available under the aforementioned Convention. However, it must not be considered the only one, since from its own text there exists the obligation to respect and guarantee the rights of indigenous peoples set forth therein; besides the obligation to consult, these other rights are autonomous and survive despite the State's omission in establishing consultation mechanisms. Moreover, it would be necessary to detail whether the existence of other, more general substitute mechanisms, which were also not observed, impacts the rights established in the Convention. Thus, it is important to mention that the same body of legality establishes consultation mechanisms, but for all organized collectives to express their considerations when it comes to the drafting of provisions of a general nature, as will be examined below. It should be defined that potential and indirect impacts must be susceptible to protection, especially if this is so recognized in national legislation and entails the respect, guarantee, and protection of the human rights of indigenous peoples. The contrary, clearly, would render them insubsistent. It is necessary to recall that the Executive Decree was promulgated to identify the technical viability of the project; and, at that time, it was not clear whether there would be material consequences for the indigenous territory. Having discarded the argument of the Office of the Attorney General that the areas that could be affected by the works are not located, the Chamber deems that the mere mention of coordinates, insofar as it encompasses areas of indigenous territories that would be intervened or studied, implies that a minimum set of guarantees of ordinary legality should have been complied with, such as the rules established in the Forestry Law (Ley Forestal) and the General Public Administration Law, and with even greater reason, others such as the protection of indigenous territories established by Treaty. It would be incomprehensible for this Chamber to retract the location and placement of indigenous territories that it had already defined in another precedent of the Court. Hence, the assertion that there is no impact from the challenged Executive Decree because it does not mention indigenous territories could not be accepted, given the concrete and potential effects on these indigenous territories (Article 3 of the Constitutional Jurisdiction Law), it being possible to state that if material activities were authorized, directly and indirectly, in favor of persons outside the indigenous reserves, these would be research and information-gathering activities within their territories, which is a matter that must contemplate indigenous rights. As can be observed, in the precedent transcribed from another unconstitutionality action, the potential impact on the special protection of indigenous communal property was accredited within the judicial proceedings, without the concurrence of a duly substantiated administrative act of a general nature. In this way, it is clear that the Costa Rican State made a decision without fulfilling requirements, by failing to weigh the social benefits against the socio-environmental costs. It is also true that throughout many of this Court's precedents, it was indicated that this was a preliminary phase of research, preparatory to the Environmental Impact Study, which would not give rise to the flooding of lands or indigenous territory, and that therefore, it would not require at this point the formalities of prior and informed consultation with the indigenous community (Judgments No. 2008-011743 at 12:16 p.m. on July 25, 2008; No. 2008-013560 at 10:20 a.m. on September 5, 2008; No. 2009-06045 at 2:53 p.m. on April 22, 2009; No. 2010-009536 at 11:01 a.m. on May 28, 2010; No. 2010-13100 at 2:57 p.m. on August 4, 2010; and No. 2010-13662 at 3:42 p.m. on August 17, 2010, cited in Judgment 2011-12975 at 2:30 p.m. on September 23, 2011), but while the foregoing was so, it is necessary to analyze the implications of the non-compliance with the formalities of the Forestry Law. C.- On the changes in legal circumstances of the El Diquís Hydroelectric Project. The Executive Decree that declared the El Diquís Hydroelectric Project a project of national convenience has evolved in different ways, and this has even been reflected before this Court as a consequence of the change in circumstances. In this regard, the "preliminary" studies of the Hydroelectric Project have not continued; they have been suspended, and notwithstanding the foregoing, one observes with concern the need to re-examine the element that had not been discussed in this venue, namely, the obligation of a weighing of social benefits and socio-environmental costs not discussed in the administrative channel. This obligation arises from the regulation that the legislator conceived so that any activity backed by the Executive Branch in accordance with sustainable development and considered of national convenience would comply with that weighing of the socio-environmental sacrifices and benefits. However, before beginning the substantive discussion, it is important to bring up the following judgments that are relevant to the manner in which the Court decides. By Judgment No. 2019-14731 at 9:20 a.m. on August 9, 2019, the Chamber indicated that: "As indicated supra, this Court has extensively elaborated on the concept of prior consultation that must be carried out for the adoption of administrative or legislative provisions affecting indigenous peoples. In compliance with said obligation, the State adopted in 2016 Executive Directive No. 042-MP, 'Construction of the Consultation Mechanism for Indigenous Peoples'; and after holding workshops, training sessions, and consultations, Executive Decree No. 40932, General Mechanism for Consultation of Indigenous Peoples, was promulgated in 2018, as well as Directive 101-6, which makes its application binding on autonomous institutions. (...) ICE submitted the corresponding consultation request. However, given the temporary nature of the Unit responsible for operating the procedure, it withdrew the aforementioned request. Subsequently, it was determined that the project is not viable for the country's generation system requirements in the next 15 years, and it was decided to postpone its execution; which evidently includes the indigenous consultation. Thus, given that the El Diquís Hydroelectric Project was postponed by the respondent Institute, the amparo is inadmissible. In other words, it does not emerge from the body of proven facts that there is a current, certain, and imminent threat to the fundamental rights of the protected parties. By reason of the foregoing, the dismissal of the present proceeding is warranted." In the same line of argument, the Office of the Attorney General brings to this Court's attention the final judgment No. 194-2015-VI at 3:15 p.m. on November 27, 2015, of the Administrative and Civil Treasury Tribunal, Sixth Section, insofar as it established that: "1) The Costa Rican Electricity Institute is ordered, if it decides in the short, medium, or long term to reopen or resume the geological research phase at the Térraba Site prior to the execution of the El Diquís Hydroelectric Project, to initiate the respective environmental assessment procedure under the regulations in force at the time of submitting its application. 2) The National Environmental Technical Secretariat (SETENA) is ordered, if the research phase to which we have referred is resumed, to define the environmental assessment instrument that must be required of ICE in accordance with the provisions of the legal system in force and taking into account the parameters established for that classification, as well as the environmental significance of each of the impacting works or activities to be carried out. 3) The Costa Rican Electricity Institute is ordered, in the event that it decides in the short, medium, or long term to reopen or resume the geological research phase at the Térraba Site prior to the execution of the El Diquís Hydroelectric Project, to manage before the competent entities and bodies the authorizations or permits that the legal system requires to carry out activities such as tree felling, earthworks (movimientos de tierra), excavations, construction of works in the riverbed such as dikes or gabion walls. 4) Both respondents are ordered that, as long as the prior, free, and informed indigenous consultation of the indigenous people of Térraba has not been carried out, nor the corresponding environmental assessment instrument obtained according to the activities carried out, they must refrain from adopting any administrative conduct, whether referring to the research phase or the investment phase of the PHD, that could affect the environment or the biodiversity of that Indigenous Reserve." In the recitals section, it is stated that: "In that sense, if ICE decides, in the short, medium, or long term, to resume the geological research phase of the PHD at the Térraba site, it must initiate the corresponding environmental assessment procedure, which shall be processed under a new case file (not as a modification or expansion) and shall be governed by the regulations in force at the time of its submission, in accordance with which the project classification, the level of environmental significance, and the instrument to be required must be determined. Regarding this last aspect, the plaintiff's claim proposes that the environmental assessment in the Indigenous Territory of Térraba be conducted through a Strategic Environmental Assessment or an Environmental Impact Study. Initially, it must be noted that the definition of the environmental assessment instrument is a power that corresponds exclusively to SETENA, in accordance, of course, with the particularities imposed by the regulations in force for each case." If, in addition to the foregoing, one takes into account what was stated by the Minister of Environment and Energy, the question of determining the constitutional and conventional regularity of the Executive Decree of National Convenience, the object of the unconstitutionality action, still remains open, since it is precisely that decree that gives origin and commencement to the administrative conduct that ICE required to initiate all the "preliminary" feasibility proceedings for the El Diquís Hydroelectric Project before SETENA, and even worse, which presumably allowed it to materialize activities in indigenous territory. Now, having examined the judgment of the Administrative and Civil Treasury Tribunal, of the ordinary legality venue, the Executive Decree was not addressed because said claim was withdrawn by the Integral Development Association of the Indigenous Reserve of Térraba, since although the proceeding had begun with the lawsuit filed by the Association, its representative requested express withdrawal while the lawsuit was underway, which was accepted by the Tribunal, in Judgment No. 127-2015-VI, at 9:50 a.m. on July 30, 2015. Among the different claims, the total annulment of several administrative conducts was requested for having omitted the procedure of prior consultation with the indigenous community, and due to non-conformity with the legal system, the following was requested: "a) Executive Decree No. 34312-MP-MINAE of February 6, 2008, published in La Gaceta No. 31 of February 13, 2008." As can be observed, the legality of this claim was not examined, a claim which is indeed being examined now in this venue. Prior to the processing and promulgation of Executive Decree No. 34312-MP-MINAE of February 6, 2008, called "Declaration of National Convenience and Public Interest of the studies and works of the El Diquís Hydroelectric Project and its transmission works, hereinafter the Project, which shall be built by the Costa Rican Electricity Institute," as has been indicated previously, the Executive Branch had to perform a weighing exercise before its issuance, such that to change the land use of the area, a study was required that involved maximizing the social benefits compared to the socio-environmental costs, as would be defined in Article 3, subsection m), of the Forestry Law. Likewise, numerals 19, subsection b), and 34 of the same legal body. The Chamber must take into account that just as several infractions of the Forestry Law were materialized, so too were infractions of Convention No. 169, which the petitioner seeks to protect, such as respect for the integrity of indigenous territory. Thus, the absence of socio-environmental studies to overcome the prohibitions contained in the Forestry Law, such as the felling of trees in protection zones, including those located on indigenous communal property, is nothing other than conduct contrary to the principles of good faith and to Convention No. 169 itself, which establishes it as an important element—of trust—for the State's conduct toward indigenous communities under its jurisdiction. This link is important, even in the preliminary phase; hence the need for any project that includes indigenous territory to have the consultation of these peoples, as with any other that could be affected. It could not be affirmed that Article 1 of the challenged Executive Decree complies with this requirement, which is evidently the core postulate and support of everything else. The declaration of national convenience did not have the study of social and socio-environmental costs, as reported by the Minister of Environment and Energy himself, which would have clearly shown the need to comply, at least in a preliminary stage, with the consultation and with it the opinion of the indigenous peoples. Moreover, the effect of Article 9 of the Executive Decree is clear to this Court, since it also illegitimately renders invisible the indigenous territories (which, it is recalled, were located and individualized before this Court), by exempting ICE from demonstrating ownership of the properties, all of which constitutes a constitutional (Article 45) and conventional (Article 21 of the American Convention on Human Rights, and numerals 13.2 and 14.2 of Convention No. 169) infraction. With these norms, indigenous communal private property was disrespected, in addition to being exempted from environmental protection regarding the felling and exploitation of species, among other things, activities that could not take place in indigenous territory without implementing the minimum legal formalities. The international obligations established in favor of certain vulnerable sectors of the world population must be taken into account. These instruments are for the protection of defined categories of the world population that have suffered historical vexations and continue to suffer them, even despite being established in human rights treaties. These obligations are created with the purpose of legally binding States according to a specific object, so that they can be invoked internally by the interested parties who are the object of protection, and by other subjects of international law in the event of non-compliance. In this sense, it is necessary to indicate that in Costa Rica, these instruments have a privileged rank, and in application of the doctrine of public international law, they must be observed in good faith by the State, such as the principle pacta sunt servanda, as well as other principles contained in the Vienna Convention on the Law of Treaties. In the case of Constitutional Law, these instruments of fundamental rights, in accordance with the protective principles of Human Rights, are received by this Court, so the preeminence of these international obligations applies insofar as they grant greater protection to human rights and surpass those granted by the Political Constitution itself. This doctrine, established since the early days of the Chamber, includes Chamber judgment No. 1995-2313 at 4:18 p.m. on May 9, 1995, which established that: "... what is provided by Article 7 of the Political Constitution does not apply, since Constitutional Article 48 has a special rule for matters referring to human rights, granting them a normative force at the constitutional level itself. To the point that, as recognized by the jurisprudence of this Chamber, human rights instruments have not only a value similar to the Political Constitution, but to the extent that they grant greater rights or guarantees to persons, they prevail over the Constitution." The omission to consult indigenous or tribal peoples, if relevant, inevitably resurfaces with the statement of the Minister of Environment and Energy, as well as the contributions of some of the coadjuvants. The Chamber agrees with the aforementioned Minister that national convenience decrees do not apply to just any situation or project, but to specific ones that comply with the legal requirements; that is, that they demonstrate that the social benefits sought would be appreciated more than the socio-environmental costs. The concern arises because he reports that his Ministry's records do not contain such studies and social and economic assessment to justify it. On the other hand, in addition to what was indicated supra by this Chamber in its jurisprudence, he admits that the project is carried out on indigenous territory, and it is clear that an adequate administrative procedure was not complied with (from the Forestry Law, such as those established in Article 361 of the General Public Administration Law, within the special procedures for the drafting of provisions of a general nature). D.- On the jurisprudence. The petitioner argues that the exceptional provisions of the Forestry Law cannot be applied to indigenous territories because it is a special communal property. Although this is a topic that was timely addressed earlier, the implications of the solutions provided by the jurisprudence of the Chamber and the Inter-American Court of Human Rights itself remain to be seen. In this sense, there is an obligation to consult indigenous peoples about measures that may affect them; also, it is necessary to establish that access to natural resources is not closed, even when they are within indigenous territories. This Chamber, in Judgment No. 2011-012975 at 2:30 p.m. on September 23, 2011, brings up again that this resolution compiled the different judgments that established that demanding prior consent for the preliminary studies of the project would be a premature claim. Now, it is important to revisit this discussion in light of the international obligations that the country has with respect to the indigenous peoples and communities formally constituted in the area where the preliminary studies of the El Diquís Hydroelectric Project are being carried out. It is important to mention that, for its part, the Administrative and Civil Treasury Tribunal itself, Sixth Section, by judgment No. 194-2015-VI at 3:15 p.m. on November 17, 2015, conditioned all actions of the Costa Rican Electricity Institute, such that the environmental authorizations and permits needed to enter and resume environmental studies in indigenous territories had to be redefined, which will even have an impact on the Consultation. The purpose of the studies is to determine whether the project proceeds or not—technically—as well as information for the Environmental Impact Study, a process that effectively involves the execution of works within a geographic area that includes indigenous territories. When the Chamber's jurisprudence analyzed parts of the Executive Decree of National Convenience, the serious omission that now emerges from the report of the Ministry of Environment and Energy, the governing body responsible for ensuring the protection of the environment and its non-discriminatory relationship with society in general, had not been brought to attention. The detail is that the national convenience decree exempted from the restrictions on land use covered by the forest regime, but for that, it was necessary to produce a technical study demonstrating the social benefits for the involved sectors. This Court had previously held, in Judgment No. 2009-017155 at 2:00 p.m. on November 5, 2009, that: "The possibility of changing the land use of private properties that have previously been affected for the preservation of the forest resource was based precisely on the concept of sustainable development that must be incorporated into the content of due environmental protection; whereby, as already indicated, it is not only possible but necessary to promote the economic and social development of the population—in fulfillment of the precept contained in the first paragraph of Constitutional Article 50, according to which the State must procure the greatest well-being for all the inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth; of course, in accordance with respect for environmental norms, otherwise a serious paralysis in the development of our country would be caused, neither desired nor intended by the constituents, nor by the legislators who had the responsibility of promulgating the Law in question. Thus, this Court maintains the criterion previously expressed, pointing out that what is provided in the challenged norm is not harmful to the right to a healthy and balanced environment, since at the moment of realizing a project as one of national convenience, the environmental impacts produced by it must be verified beforehand and a comparison made with the social benefits it entails, which cannot be verified abstractly in the norm, but in the analysis of each specific case, via amparo and not via an unconstitutionality action." That is, the antecedent clearly leans toward unraveling the meaning of the normative guideline of the Forestry Law, which is to procure sustainable development and the rational use of resources, such that for reasons of logic, justice, and convenience, paths are defined that would demarcate the prevalence of the different interests and rights involved. But, for this to be duly supported, the first thing this Chamber observes is that it was necessary for the Executive Branch to gather the information prior to the issuance of the Executive Decree, given that no reasons of public interest or urgency existed, nor were any alleged, that would justify omitting the legal requirements, such as granting a hearing for ten days to the representative entities of affected general or corporate interests (Article 361, subsection 2, of the General Public Administration Law). This was not done, according to the Minister of Environment and Energy. Even in a case where it was intended to benefit from the concurrence of an indigenous community for the improvement of an existing road, the felling of trees was necessary, for which reason compliance with legal requirements was necessary before declaring National Convenience. The Chamber, in Judgment No. 2021-12080 at 8:30 a.m. on May 28, 2021, indicated that: "It was accredited that, although there is a path already in use within the indigenous reserve and the intention is to improve said path to enable the entry of vehicles, because within the route there are approximately 9.2 kilometers that pass through forest cover (cobertura boscosa) area, it is necessary to process the declaration of national convenience in order to grant the permit for the felling of trees required to create the intended road. However, beforehand, the Municipality of Golfito, like any developer of a national convenience project, whether public or private, must submit the necessary technical studies, in which it is demonstrated that the social benefits of the project are greater than the socio-environmental costs. Subsequently, these studies must be analyzed and assessed previously by the Executive Branch before proceeding with the respective declaration of national convenience." On the other hand, according to the Minister's report, no differentiation was made between sectors subject to a forest property soil regime and those subjects of private law that would also be indigenous communal or collective, which entails a problem of constitutional and conventional relevance, since it involves social categories of importance to the constitutional jurisdiction. The observation is relevant for this Constitutional Court, because it concerns social categories that are protected internationally, due to the history of discrimination and suppression to which indigenous peoples have been subjected. The Chamber recalls that in Judgment No. 2020-023789 at 7:00 p.m. on December 10, 2020, it was indicated that: "... since its ratification by our country [referring to the Minamata Convention], the international obligations it assumes should be producing lasting legal effects, which must be usual practice in those Human Rights treaties that seek to elevate human dignity, and whose obligations consist of protecting, safeguarding, and ensuring respect for those rights. [...] These types of treaties also seek effet utile, or what would be the same, to achieve lasting effects, legally speaking, when dealing with common efforts and international cooperation in a specific area, because they acquire special international interest." A material effect is required, one that arises from the need of States, when they sign and ratify international obligations, to ensure that the agreed terms and conditions are fulfilled within their respective national jurisdictions, which, for our country, is neither more nor less than respecting the obligations agreed upon toward indigenous and tribal peoples, duly agreed in Convention No. 169 of the International Labour Organization. It is necessary to sustain a very essential complementarity of these international obligations with the importance of the studies that, in accordance with Article 3, subsection m), of the Forestry Law, establishes, as has been cited so many times: "Activities of national convenience: Activities carried out by centralized state agencies, autonomous institutions, or private enterprise, whose social benefits are greater than the socio-environmental costs. The balance shall be made through appropriate instruments." It is added that this subsection m) and another were added by Law No. 7788 of April 30, 1998, which is the Biodiversity Law. However, despite the foregoing, the Regulation to the Forestry Law, Executive Decree No. 25721 of October 17, 1996, established the definition of national convenience in Article 2. In it, it established as "National Convenience: National convenience activities are those related to the study and execution of projects or activities of public interest carried out by centralized state agencies, autonomous institutions, or private enterprise that provide benefits to all or a large part of society, such as: water capture, transport, and supply; oil pipelines; road construction; electricity generation, transmission, and distribution; transportation; mining activities; irrigation and drainage canals; recovery of areas with forestry potential; conservation and sustainable management of forests; and others of a similar nature determined by MINAE according to the country's needs." However, at that time, a legal definition already existed that articulated Article 114 of the Biodiversity Law, No. 7788 of April 30, 1998, by adding Article 3, subsection m), of the Forestry Law, which already established that "national convenience" consisted of "...activities carried out by centralized state agencies, autonomous institutions, or private enterprise, whose social benefits are greater than the socio-environmental costs." The balance must be made using the appropriate instruments." In the Court's opinion, this is of great importance for the decision at hand, because it outlined the procedure that should have been carried out, although it could be said that the Costa Rican State had two possible paths: a) carry out the administrative procedure granting a hearing to the affected communities, including indigenous ones (Article 361.2 of the General Public Administration Act: "Entities representing general or corporate interests affected by the provisions shall be given the opportunity to present their views within a ten-day period, except when reasons of public interest or duly noted urgency in the preliminary draft oppose them"); or b) not grant the hearings but adequately justify "when reasons of public interest or duly noted urgency in the preliminary draft oppose them" (idem), relieving itself of possible consultations. The second option was mistakenly chosen, without also complying with the legal obligation to state the reasons of public interest or urgency for omitting it, which evidently brings numerous problems, and even the Minister of Environment himself informs and draws this Court's attention to this omission. Furthermore, the Minister of the Presidency emphasizes the importance of the hydroelectric project, indicating in his submission that what exists is a development in various phases. At the time the report was submitted, the first phase was underway, consisting of conducting feasibility studies, such as studies of the physical environment for the design of the works, collection of biotic, physical, and socioeconomic information to be used as technical support for the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA). In turn, the reporting Minister of the Presidency points out that prior consultation with indigenous groups should have been conducted before said study. Notwithstanding the foregoing, the Chamber takes up that in the report of the Minister of Environment and Energy he states then that Executive Decree 34312-MP-MINAE does not comply with the statement of the definition that says "The balance must be made using the appropriate instruments," since clearly, lacking the requirements indicated above, there was no administrative balancing procedure, which is what would be prescribed by environmental legislation, a claim that the plaintiff makes sparingly and tangentially, but which is made—specifically—by some of the coadjuvants in this proceeding. In addition, the omissions lead to other violations of the legal order. In Judgment No. 2010-006922 of 14:35 hours on April 16, 2010, the Chamber held that: "LXXXIX.- It is for the foregoing that it is inaccurate to assert the unconstitutionality of Article 2 of the Forest Law Regulations (Reglamento de la Ley Forestal), since in accordance with what is established, what that provision orders must be integrated and applied as defined in Articles 19 and 34 of the Forest Law (Ley Forestal) itself. That is, even though Article 2 of the Regulations identifies mining activity as an activity of national convenience (conveniencia nacional), it is clear that this status, identification, or recognition—national convenience—is subject to compliance with what is established in the legal norms—demonstration that the benefits outweigh the costs—so it is evident that the Regulations do not supplant the legislative will, do not empty the content of the legal norms that inform it, nor do they in any way contradict the environmental protection that must be granted in accordance with Article 50 of the Constitution, so it also cannot be argued that said regulatory provision exceeds the limits of reasonableness when, on the contrary, the performance of legally established concrete acts is imposed. Thus, the authorization for land-use change (cambio de uso del suelo) cannot be granted solely because the Regulations state that mining activity is of national convenience, but rather such authorization is appropriate when that convenience has been duly demonstrated and publicly declared by the Executive Branch through a subsequent act, an administrative act for whose issuance the application of the corresponding procedures and instruments has been complied with. The application of these instruments and the determination of the goodness of the benefits over the costs is precisely what prevents the adoption of arbitrary acts by the administration, since the results obtained will provide criteria and a technical-objective basis for the Executive Branch to issue the declaration of national convenience for a specific mining project and the corresponding authorization for land-use change. [...] Thus, it is more than clear that if the legal order imposes on the administration the duty to carry out a prior procedure to issue a declaration of national convenience for a specific activity, this is precisely a barrier that prevents administrative arbitrariness, and, on the contrary, obliges the administration to adopt and issue administrative acts duly based on objective technical reasons; this situation, in addition, allows and guarantees that the issued administrative act may be assessed in due course by the corresponding administrative and judicial instances." Consequently, there was no study that could demonstrate the balancing of the balance required by the regulations, much less, with the aggravating factor for this case, that the analysis would not only be required for determining socio-environmental costs, as would occur for entities representing general or corporate interests, but for a part of the Costa Rican population protected by Convention No. 169 of the International Labour Organization. This regulation, of course, is demandable and directly applicable by the Public Administration prior to the issuance of Executive Decree 34312-MP-MINAE. The Chamber's precedent concerning the Executive Decree at hand must be brought up, in which it was decided by Judgment No. 2010-013100 of 14:57 hours on August 4, 2010, that it was constitutional based on the following considerations: "Well, what has been said so far serves to indicate that the Executive Branch has not exceeded its powers and the exemptions it has granted are fully protected under its obligation to ensure that the country follows a model of environmentally sustainable development, based on forms of clean energy production. Additionally, the declaration of national convenience of the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís is protected under the provisions of the Forest Law and its regulations, since a hydroelectric dam is, certainly, a project that seeks the 'generation, transmission, and distribution of electricity,' such that the challenged decree would shelter a project that falls within the assumptions of Article 19 of the Forest Law and Article 2 of the Forest Law Regulations. Added to this, it must be taken into account that the decree in no way implies the possibility of carrying forward the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís without complying with the environmental controls provided by the legal order, since, as the informants in this action well admit, the decree does not exempt it from carrying out an environmental impact study (estudio de impacto ambiental) to obtain the respective environmental viability (viabilidad ambiental), an essential and indispensable requirement if one wishes to continue to the materialization of the project. In addition, it must be noted that the plaintiff does not specifically challenge subsections b), c), and d) of Article 9 of Executive Decree 34312-MP-MINAE of February 6, 2008, because he does not provide the specific reasons why those three sections of that decree could empty the essential content of Article 50 of the Constitution. In that sense, what was said at the beginning of this considering must be remembered and brought up: human dignity is the center, the cornerstone, of any Rule of Law, so this and respect for the integrity of the environment must, without a doubt, go hand in hand, since an environmental policy that does not take into account the full development of people will hardly be sustainable, just as a socioeconomic development model that does not care about the environment and that sacrifices environmental protection at all costs, ignoring that it is an essential and integral part of our lives, will not be sustainable either. From that perspective, subsections b), c), and d) of Article 9 of the challenged decree are not contrary to the Law of the Constitution, as they are protected under a legal norm that authorizes the Executive Branch to take certain actions to expedite the type of projects contemplated therein, without this meaning or entailing a lack of protection for the environment and without the authorization standing as an arbitrary, unreasonable, and unlimited prerogative for the destruction of the environment or the emptying of the minimum content of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Then, it is clear that the challenged norms fully conform to the Law of the Constitution, since they fit coherently with the development model imposed by the vision of a Social Rule of Law designed by the original constituent. Furthermore, they do not signify an emptying of the minimum content of the right to a healthy and ecologically balanced environment. In addition, those norms do not imply disregarding the legislation that protects the environment. Likewise, the decree in no way exempts the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís from carrying out the environmental impact study. And finally, that decree was issued in accordance with the powers that the Forest Law and its regulations grant to the Executive Branch to declare the national convenience of a project, which, in this case, clearly falls within the framework of an infrastructure project aimed at achieving '[…] generation, transmission, and distribution of electricity […]'. VII.- Finally, by means of a written submission filed before this Chamber at 8:10 hours on August 1, 2008, the plaintiff alleged that to date there was no agreement between the Instituto Costarricense de Electricidad and the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Térraba. Which, in his view, violates Article 7, first paragraph, of the Political Constitution, by opposing Article 14 of Convention 169 of the International Labour Organization on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, which was duly incorporated into our legal system through Law No. 7316 of November 3, 1992. However, this refers to facts unrelated to the specific object of this action. In any case, it is worth noting that the plaintiff already filed an amparo appeal in which he accused those same facts (file 09-001709-0007-CO) and that proceeding was declared without merit by judgment 2009-006045 of 14:53 hours on April 22, 2009. Therefore, the plaintiff must abide by what was resolved on that occasion." Now, in this Judgment No. 2010-013100 cited above, it was resolved based on the Forest Law Regulations (Article 2), which defines, among other things, what "National Convenience" is, and exemplifies activities such as "generation, transmission, and distribution of electricity." Accepting any of the activities listed in the definition, which is, in turn, numerus apertus, carries in itself the seed of arbitrariness as indicated in Judgment No. 2010-006922 of 14:35 hours on April 16, 2010, cited above. It is evident that the absence of an administrative procedure for balancing social benefits against socio-environmental costs was not analyzed, as has been argued above in this judgment. Continuing with the cited precedent and the amparo that was alluded to, the latter declared without merit the claim to apply Convention No. 169 of the International Labour Organization, and was resolved by Judgment No. 2009-006045 of 14:53 hours on April 22, 2009, as follows: "IV.- Regarding the specific case. In the case under study, the appellant accuses injury to Article 6 of Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries 1989, since the Instituto Costarricense de Electricidad did not consult the inhabitants of the Indigenous Reserve of Térraba prior to conducting the studies for the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. Indeed, and based on the international regulations outlined in the previous considering, there is a right on the part of indigenous peoples to be consulted, through appropriate procedures, and particularly through their representative institutions, whenever legislative or administrative measures likely to affect them directly are anticipated. Certainly the construction of a Hydroelectric Plant is one of those issues; however, it is necessary to analyze whether in the specific case there was a duty to consult. In that regard, from the report rendered under oath, with the consequences, including criminal ones, provided by Article 44 of the Constitutional Jurisdiction Act, it follows that currently the project in question is in the first phase, the feasibility phase, which includes the preparation of inputs for the consulting firm that will be contracted for the Environmental Impact Study, and that said study has not even begun. Thus, it is the case that the construction of the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís is not even defined in its development and effective construction, since the corresponding permits have not even been requested, because the feasibility of carrying out the mentioned project has not yet been determined, since if investigations are not carried out there is no way of knowing whether it is possible or not, due to the geology of the place, to build a dam. It is thus, how this Chamber considers that the present amparo is premature, since it is dealing with a future and uncertain event, because it is not yet known with certainty whether the construction in question will take place or not. V.- Notwithstanding what was indicated in the previous considering, from both the report and the evidence provided in the file, it follows that throughout the process different actors have participated, among which the indigenous communities stand out, and it is the case that a discussion is currently underway with the indigenous population of Térraba regarding the effective mechanism for social agreement in order to resolve the implementation of the indigenous participation and representation mechanism; in that sense, it is indicated that a process is being carried out jointly with the different communities in order to achieve not only the application of the norms but also the compilation of the real needs that affect them. In that regard, it is the case that the Social Area team of the Environmental Management Unit of the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís has been holding meetings with all organized groups in the community of Térraba, such as the Asociación de Desarrollo Indígena de Térraba, Ruta de las Aves, Asociación para la Defensa de los Derechos Indígenas Teribes, Consejo Indígena Térraba, Rincón Ecológico, Asociación para la Defensa de los Habitantes de la Cultura Indígena, Naso Lokes. Additionally, they have made contact with Frente de Lucha. In light of the above, this Chamber considers that the respondent authority has made efforts to approach the indigenous inhabitants of the community of Térraba, despite the fact that the construction of the dam has not yet been definitively finalized. However, it is necessary to remind the respondent authority that, should the development of the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís be decided upon, they must ensure the indigenous peoples effective participation in the process and in decision-making. Finally, it is worth noting that it is not within the purview of this Chamber to analyze whether the Instituto Costarricense de Electricidad paid or did not pay appraisals for damages to third parties living within the territory of Térraba, since determining whether an appraisal must be made and the corresponding compensation paid, and before which instance it must be done, falls outside the jurisdiction of this Court. This being the case, the appropriate course is to declare the appeal without merit, as is hereby ordered." Despite the fact that the Chamber's jurisprudence is indeed cited, its reexamination is imperative; it is clear that the reconsideration of these precedents is necessary, especially under a better balancing to apply the doctrine of Judgment No. 2010-006922 of 14:35 hours on April 16, 2010, because the approach must be different, one that reconciles the principle of legality with the international obligations, duly ratified, of the treaties to national legislation. If there is a violation of Human Rights Instruments, such as Convention No. 169 of the International Labour Organization, these enjoy a rank equivalent to that of the constitutional rights recognized in the Political Constitution; and, therefore, by virtue of the protective principles of human rights, greater protection must be recognized when the Political Constitution itself does not provide it. It is recalled that it is the Constituent itself that recognizes the preeminence and preponderance of Treaties at the domestic level, which is a plus toward the mandatory observance of their terms by all legal operators, and that this must occur when the legislator approves the instrument, granting the norm the power and resistance for its domestic application in the country. The Chamber refers to the rank or hierarchy of international regulations in the country. It has been the derived Constituent that has sought for human rights instruments to acquire a value similar or equal to the text of the Political Constitution, when it enabled, through Article 48 of the Constitution, that said instruments be a source of law in the jurisdiction of liberty (amparo and habeas corpus), and it would be a serious contradiction to go against or countercurrent by not recognizing the same for cases of constitutionality review, as has been established in this jurisdiction for a long time. By Judgment No. 1995-002313 of 16:18 hours on May 9, 1995, it was held that: "On this, it must be added that in the case of international Human Rights instruments in force in the country, the provisions of Article 7 of the Political Constitution do not apply, since Article 48 of the Constitution has a special rule for those referring to human rights, granting them a normative force of the constitutional level itself. To the point that, as the jurisprudence of this Chamber has recognized, Human Rights instruments in force in Costa Rica have not only a value similar to the Political Constitution, but to the extent that they grant greater rights or guarantees to persons, they prevail over the Constitution (see judgment No. 3435-92 and its clarification, No. 5759-93). That is why some scholars have pointed out that the constitutional reform of 1989, regarding constitutional jurisdiction, is perhaps the greatest achievement that Costa Rica has experienced from a legal standpoint." In the Chamber's view, the correct solution on the issue at hand must reaffirm not only the principle of legality, which is evidently a fundamental principle of any Social Rule of Law, which has been clearly violated, taking into consideration the report of the Minister of Environment and Energy that mentions, with all clarity, that that Government ministry failed to collect the necessary information in an administrative file; that is, by not honoring the legal obligation prior to declaring a project of national interest as National Convenience, without establishing its factual importance in an administrative procedure; and, thereby, incurred in arbitrary actions that are not in keeping with the principle of legality and the Social Rule of Law, such as Costa Rica's. Hence, it becomes necessary to declare the action with merit, for the purpose of establishing the absolute nullity of Executive Decree No. 34312-MP-MINAE of February 6, 2008, called "Declaration of National Convenience and Public Interest of the studies and works of the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís and its transmission works, hereinafter the Project, which shall be built by the Instituto Costarricense de Electricidad." The foregoing, inasmuch as it does not withstand the examination of constitutionality and conventionality, if in this action of unconstitutionality it has been proven that it does not comply with Articles 3, subsection m), 19, subsection b), and 34 of Forest Law No. 7575 of February 13, 1996, despite the fact that it purported to have done so. The jurisprudential line of Judgment No. 2010-0006922 of 14:35 hours on April 16, 2010, must be followed; because, logically, if the Forest Law Regulations (Executive Decree No. 25721) define that certain activities are of national convenience, as occurs with the generation, transmission, and distribution of electricity, this cannot mean that it constitutes an automatic authorization to modify land use, without collecting the information required by the Law. To act in this way would be equivalent to withdrawing the protection that the Forest Law offers to all land covered by forest in the abstract, authorizing changes to forest protection without the necessary technical verification required by environmental protection. It cannot be accepted that the mere administrative conduct of the Executive Branch can reverse the will of the legislator that imposes the demonstration that social benefits outweigh the socio-environmental cost, and why the legislator imposed establishing that balance through the appropriate instruments, if not to refer to specific studies. Finally, it is important to mention that in compliance with the golden rule of international law, Treaties must be fulfilled in good faith and in accordance with their terms, precisely the support of international law lies in the trust and rectitude of the conduct of the subjects of international law. It is incumbent upon domestic agents to observe these terms, so that, if there are deviations, they must be eradicated and/or corrected by this Chamber or by the various oversight bodies of the Public Administration, especially because international obligations are legally binding and were freely undertaken by the Costa Rican State. The State must respect, protect, and guarantee the rights that all persons have, but especially observed for the specific categories of indigenous persons who have an International Treaty that shelters them. The rapprochement of all parties must be the general rule, even to initiate preliminary studies, so that it always has the objective of generating trust, even when declaring national convenience. In this regard, Executive Decree No. 40932-MP-MJP, "Implementation of the general mechanism for consultation with indigenous peoples," must be observed, which outlines the implementation of a consultation procedure for indigenous peoples, an instrument that must be applied at a phase when it is decided to continue with the actions of the State, and of ICE as the developer of the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, or any other. In Article 2, on the definitions of the aforementioned Decree, it states that: "The following definitions are derived from the applicable regulatory framework: … e. Affectation. A draft law, administrative measure, or private project is considered to affect the rights of indigenous peoples when it contains elements that may imply changes in their legal situation, collective rights, their way of life, culture, spirituality, and social dynamics. As well as measures that, without being executed strictly within indigenous territories, result in an affectation of the collective and cultural rights of indigenous peoples." In turn, "g. Administrative measures. Includes, among others, administrative acts, public policies, executive decrees, and development projects, promoted from the public institutions of the Executive Branch." In this sense, it is necessary to bring up again the broad meaning of territories used by Convention No. 169 of the International Labour Organization, in that it "covers the totality of the habitat of the regions that the peoples concerned occupy or use in some other way." VIII.- On the problem of the legal personhood of the Río Térraba alleged, and the ownership of public domain waters. In the action, the Chamber is asked to rule in favor of the Río Térraba for the recognition of legal personhood, because it is considered that this can provide it with greater protection that they believe said tributary deserves. The plaintiff requests the foregoing based on this type of recognition in other parts of the world, as they have gained traction. The Chamber is not unaware that much of this dates back to the seventies of the last century, when Christopher Stone wrote an article on the need to recognize rights to trees and generate ways for their defense. In general, these are movements of environmental groups and collectives that have found echo in some States. These groups seek this declaration of legal instrumentality as part of a strategy against unsustainable environmental practices or those violating the rights of aboriginal peoples; these trends seek the protection of nature and its ecosystems, derived from a legitimate interest in maintaining their integrity, as well as the interest in the defense of rivers, lakes, and other bodies of water, which derive from the ancestral rights of indigenous and tribal peoples. In favor of embracing this legal fiction, it would grant a standing that would presumably provide more securities and protections to nature by endowing it with legal personhood. In the case of the Río Grande de Térraba, this trend is twofold, to protect its integrity and that which derives from the rights of indigenous peoples, which is what the plaintiff intends. However, it is necessary to point out that in the interest of maintaining a logical legal order, this type of declaration requires an accompaniment of legal institutions that ensure the composition of bodies that share the responsibility, such as "guardians" or "legal representatives," because it is necessary to reconcile all the interests involved. Thus, one must not only watch over the defense of the interests of the River; other social and national interests must be attended to. Consequently, the problems of how a legal person of this nature must interact with other persons, national institutions, and, in the not too distant future, having to counteract opposing positions as a subject of law with responsibilities must be addressed. One might ask whether it can bring reivindicatory actions at the administrative and judicial level, whether it deals only with the waters of the river, or with the rivers and their banks in the basins, the tributaries, or even how it will respond—however frivolous they may seem—to claims for flood damages in the face of the threat of climate change, or the shared extraction of its resources, among other issues of great importance. While this type of recognition and actions have been granted in other latitudes, which are adding up, and which have achieved greater legal development such as the case of Bolivia or Ecuador, the Chamber considers that an approach of this type leaves open a great number of questions that the legal regime in Costa Rica cannot answer affirmatively, without the legislator having intervened, since modification of the legal order is required for that to happen. With the acceptance of the plaintiff's main claim, which entails the absolute nullity of Executive Decree No. 34312-MP-MINAE of February 6, 2008, called "Declaration of National Convenience and Public Interest of the studies and works of the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís and its transmission works, hereinafter the Project, which shall be built by the Instituto Costarricense de Electricidad," it is important to note that as a natural consequence, things return to a moment prior to its promulgation, since any declaration of national convenience over indigenous territories has ceased to have validity and effects. Thus, for the reasons previously explained, it is not even possible to affirm that the flooding of areas occupied by the reserves of the Bribri, Cabécares, and Térraba indigenous groups will proceed, as stated in the filing brief, much less, since it is clear that, at this moment, it could not be affirmed that it will occur, nor even the existence of such a threat. On the contrary, the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís is suspended, and furthermore, after this Court's declaration, it is clear that the administrative procedures left undone must be completed—again—and, likewise, Executive Decree No. 40932-MP-MJP, "Implementation of the general mechanism for consultation with indigenous peoples," must be proceeded with, as part of the fulfillment of the international obligations that our country has regarding Convention No. 169 of the International Labour Organization. Regarding this, there is a need for it to be prior in nature; it is not exhausted by a merely informative act; it must generate trust between the parties because it is in good faith; it must be adequate and carried out through the representative indigenous institutions; the consultation must be systematic and transparent; and the goal to be achieved is mutual understanding and consensus in decision-making. Another reason supporting the modification of the legal system is also found in the Political Constitution and the jurisprudence of this Chamber. Thus, it must be taken into account that, through Judgment No. 2002-06987 of 11:17 a.m. on July 12, 2002, this Chamber was clear in stating the legal regime that the national legal system has given to water, which has been considered a public domain asset (bien de dominio público). The Chamber analyzed, in an amparo proceeding, the request for protection of the right to property and due process by the owners of a real property in which there were several springs (nacientes) that supplied the community of Bordon, Cahuita, over which the right to property was claimed, and in which it was considered that: “In accordance with what our current legal system establishes in relation to springs (nacientes), it is necessary to indicate to the petitioners that rivers and their direct or indirect tributaries, streams or springs (manantiales), from where the first waters emerge until their mouth, are of public domain (dominio público), that is, they are national property and as such are inalienable, imprescriptible, unattachable, cannot be mortgaged or be subject to encumbrance under the terms of Civil Law; furthermore, administrative action substitutes possessory interdicts to recover ownership. By virtue of being outside the commerce of men, these assets cannot be the object of possession, and an individual cannot claim a right of property over them. This being the case, the argument of the petitioners to the effect that the springs (nacientes) belong to them because they are on their property is not acceptable and, on the contrary, the action of the respondent authorities, in this case the officials of the Ministry of Environment and Energy and the respective Conservation Area, to safeguard the springs (nacientes) and to prevent, at all costs, their contamination, is in accordance with the principle enshrined in Article 50 of the Political Constitution and with the laws that make the constitutional guarantee effective.” This being so, the waters of springs (nacientes), their direct or indirect tributaries, streams, and other bodies of water are subject to a very specific legal treatment by the Constituent and legislator, which is to endow them with their public domain (dominio público) character. This implies that it must also be modified in the Political Constitution, so that it is regulated differently, as is the form in which it is requested to be declared. Given that from Article 121, subsection 14), of the Political Constitution, it was made clear that “The following may not definitively leave the domain of the State: a) The forces that may be obtained from the waters of the public domain (dominio público) in the national territory.” In accordance with the constitutional precept of public domain waters, the Water Law (Ley de Aguas), Law No. 276 of August 27, 1942, establishes in Article 1, section IV, that: “The following are waters of the public domain (dominio público): […] IV.- Those of rivers and their direct or indirect tributaries, streams or springs (manantiales) from the point where the first permanent waters emerge until their mouth in the sea or lakes, lagoons, or estuaries; […].” On the other hand, it is necessary to cite Article 50 of the Organic Water Law (Ley Orgánica del Agua), Law No. 7554 of October 4, 1995, which likewise establishes that: “Article 50.- Public domain (dominio público) of water. Water is of public domain (dominio público); its conservation and sustainable use are of social interest.” Recently, through Law No. 9849 of June 5, 2020, the derived Constituent added the following to Article 50 of the Constitution: “Every person has the human, basic, and inalienable right of access to potable water, as an essential good for life. Water is a good of the nation, indispensable to protect such human right. […].” Already from Judgment No. 1991-03206 of 2:45 p.m. on November 6, 1991, the Chamber established that: “The public domain (dominio público) is composed of assets that manifest, by the express will of the legislator, a special purpose of serving the community, the public interest. They are called dominical assets, demanial assets, public goods or things, which do not belong individually to private parties and are destined for a public use and subjected to a special regime, outside the commerce of men. That is, affected by their nature and vocation. Consequently, these assets belong to the State in the broadest sense of the concept, are affected to the service they provide, which is invariably essential by virtue of an express norm. Characteristic notes of these assets are that they are inalienable, imprescriptible, unattachable, cannot be mortgaged or be subject to encumbrance under the terms of Civil Law, and administrative action substitutes possessory interdicts to recover ownership. As they are outside of commerce, these assets cannot be the object of possession, although a right to use may be acquired, though not a right to property; the use permit is a unilateral legal act issued by the Administration, in the exercise of its functions, and what is placed in the hands of the private individual is the useful domain of the asset, the State always reserving for itself the direct domain over the thing.” In another Judgment, No. 2008-007117 of 12:47 p.m. on April 25, 2008, in which the issue of public roads was discussed, the Chamber established that: “Under this thesis, highways, streets, or public roads, due to their condition as assets forming part of the demanio, cannot be alienated without first having been released (desafectados) from the public domain (dominio público) regime. Thus, the demanial nature of public roads is presumed and excludes any other possession that may be claimed, provided that the title over the property is supported by reliable evidence and without prejudice to the fact that the better right claimed may be discussed in the ordinary jurisdictional venue. From the foregoing is also derived the principle of the privilege of ex officio possessory recovery of the affected asset, by virtue of which the administration may recover the disturbed possession of its assets without needing to go to court and without prejudice to discussing the better right in the jurisdictional venue (interdictum propiam). From that perspective, the effective exercise of guardianship over the public domain (dominio público) must aim to cease any undue encroachment by private parties against such assets, the Administration being able to use the force/coercive power of police over the public domain (dominio público) – in its defense…”. Applied the foregoing to the case of water, it is clear that the Political Constitution, when referring to the forces of public domain water, and the Water Law (Ley de Aguas), in a general sense, refer to “rivers and their direct or indirect tributaries, streams or springs (manantiales) from the point where the first permanent waters emerge until their mouth in the sea or lakes, lagoons, or estuaries,” which are deemed for all legal purposes as public domain (dominio público) that cannot be appropriated by subjects of private rights. All of this requires more precision, since the difficulty of juxtaposing or superimposing traditional indigenous rights over those of the national community makes it necessary to reconcile all the interests involved, which would only be possible through appropriate technical studies in the matter and the results of the prior, free, and informed consultation. Hence, the declaration of the granting of legal personality to the Río Grande de Térraba, which is requested for the resolution of the case before us, is not possible at this procedural moment, insofar as the Political Constitution provides a specific approach to water as a public domain (dominio público) asset or asset of the Nation, which clearly includes that of the rivers of the entirety of our country. Moreover, it is possible to assert that for the same reasons, water is a resource shared by humanity. It has been considered a strategic good for societies in the world, and although the recognition of indigenous and tribal traditions and customs includes it, it is the meaning of the River and of water that is protected. It must be noted that in the case establishing the recognition of rights of legal personality to the Whanganui River of New Zealand, this came after a very long legal battle of more than 150 years between the Whanganui Iwi tribe (Maori People) and the Government of New Zealand, when some conflicts arose regarding the river's fishing use (during the second half of the 19th Century). Through a settlement agreement in 2014, the discrepancies and litigations were pacified, and finally, the Parliament of New Zealand in 2017 culminated that agreement with the “Te Awa Tupua Act,” legislation that for some critics still maintains some points of the conflict that were not resolved, because in accordance with the Common Law of New Zealand, water is also of public domain, and multiple property owners subsist along the riverbank, in addition to the indigenous people in question. In addition to what was argued by the petitioner, it is important to establish that although there have been similar actions in other Latin American Nations, such as the recognition of nature as a subject of rights (Constitutional Court of Colombia in its Judgment T-622 of 2016), the Chamber considers that, due to the manner in which the action has been resolved, the indigenous peoples of the Térraba River would not be left with a true threat to indigenous customs and culture. It should also be noted that the overflowing of the Río Grande de Térraba due to damming has not been caused, nor has there been an effect on indigenous territory in the form of partial, temporary, or permanent flooding, because on this specific point there have already been jurisdictional advances in the protection of indigenous rights. It has been made clear that ICE maintains the project suspended; the obligation to complete the Environmental Impact Studies, as established by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, has been resolved in the contentious-administrative jurisdiction. Finally, it is brought up that in our country, persons who advocate for environmental defense have broad standing, almost unrestricted due to the number of protections that the national legal system offers to nature, which are contained from Articles 50 and 89 of the Constitution, in various laws and regulations, such as the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), Law No. 7554 of October 4, 1995; the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), Law No. 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre), Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, among others. It is timely to point out that, at the institutional level, there are mechanisms in the administrative venue that have not yet been completed, and that as mentioned supra, the jurisdictional venue that has already ruled (if the project were to continue, the formal request before the Secretaría Técnica Nacional Ambiental had to be completed). In this way, the forms of protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment are abundant and effective, including that of the constitutional jurisdiction which admits direct standing. In the same manner, due to the way the action is being resolved, it is not considered necessary to address the issues related to the singular non-derogability of norms, as well as the other treaties invoked in the action, a situation that it has not been necessary to address for the annulment of the challenged Executive Decree. For all the foregoing, the action must be dismissed, in this regard. IX.- Conclusion and dimensioning. By the manner of resolving in this judgment, a problem ab initio in the challenged Executive Decree would be corrected, since the Ministry of Environment and Energy failed to comply with the requirements established in the Forestry Law (Ley Forestal) to declare projects of National Convenience. But furthermore, it must be stated with all clarity that the matter before us demands going beyond a field of interpretation of the Law and the resolutions issued by this Court in the past, so as not to leave room for greater harm to indigenous rights and the Térraba Indigenous Territory. Even more, the problem detected cannot ignore the location or geolocation of the indigenous territories with the coordinates that had been established in the Executive Decree. However, the declaration of unconstitutionality of this judgment should not be emptied into a territorial problem that was allegedly already corrected by this Chamber through Judgments No. 2011-12975 of 2:30 p.m. on September 23, 2011, and No. 2016-15711 of 5:30 p.m. on October 26, 2016, given that that would mean incurring in an illegitimate simplification of a serious infringement of the Right to the Constitution (values, principles, and norms). It must be remembered that Convention No. 169, on Indigenous and Tribal Peoples, calls for respecting the special importance that lands and territories have for indigenous peoples. Indigenous rights are not summarized to the tenure and exploitation of a territory, for as is well known, it is more integral than that. It is the basis upon which their culture and spiritual values grow; it has an aggregative effect, upon which other rights that are built around that territory are added, and it offers the conditions for their way of life and ensures their survival as a whole. Delimiting that infringement to a limited achievement obtained in the Chamber’s prior judgments in fact ignores that other parts and harmful effects of the National Convenience Declaration remain in force, which according to this judgment was determined to lack a condition required by the legal system, is illegal and contrary to the Right of the Constitution (values, principles, and norms), and would permit the parallel survival of prerogatives of the State and its institutions, which could deepen the legal uncertainty they have for all the rest of the rights associated with the lands of the indigenous communities. It is clearly a judicial behavior that does not conform to the rigor, seriousness, and stature merited by the international commitments and obligations freely assumed by the Costa Rican State, with regard to the indigenous rights referred to here. So that, without an express pronouncement from this Chamber on the aforementioned declaration, it would dissolve into the labyrinth of interpretation by legal operators, which could undermine the validity of the values, uses, and enjoyment of the territory, when they should be peacefully exercised by the indigenous peoples. Since Article 1 has been declared unconstitutional, the rest of the regulation follows, logically by connection and consequence, the other articles that depend on that declaration must be expelled from the legal system as being against international obligations, for if not done expressly, that National Convenience Declaration would remain in force, allowing those objectives to be aligned within a series of legal mechanisms of public law that allow for streamlining, coordinating institutions, informative and negotiation mechanisms, and exempts the Instituto Costarricense de Electricidad from the “requirements to demonstrate title to the ownership of the properties on which the Project will be developed,” which have not been declared unconstitutional, but are exceptions that increase negative impacts and the problems of disrespect regarding control and interference by third parties within the indigenous territory. With all the foregoing, the intrinsic dignity that the indigenous peoples deserve is restored to them, and it is ensured that they can exercise it through indigenous consultation. From now on, if there is a desire to move forward toward the development and consolidation of the El Diquís Hydroelectric Project with a new decree, this declaration must be processed observing what is established in the legal system, in a timely manner by the Government of the Republic. It is important to note that there must not only be compliance with the legal and regulatory requirements to continue with the feasibility studies, as well as for the preparation of the environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental), but the rights of the communities, their traditions, and culture as affected indigenous peoples must be guaranteed, under the terms of Executive Decree No. 40932-MP-MJP, “Implementation of the general mechanism for consultation with indigenous peoples,” to whom prior, free, and informed consultation must be granted, as well as the recognition of the remaining guarantees that the legal system offers to a healthy and ecologically balanced environment. Given that the Chamber is granting the action, with the elimination of Executive Decree No. 34312-MP-MINAE of February 6, 2008, called “National Convenience and Public Interest Declaration for the studies and works of the El Diquís Hydroelectric Project and its transmission works, hereinafter the Project, which will be built by the Instituto Costarricense de Electricidad,” with declaratory and retroactive effects to the date of effectiveness of the annulled norm, this is done without prejudice to rights acquired in good faith, which means that any information obtained during the effectiveness of the challenged Executive Decree, in favor of or against the realization of the project, remains safeguarded; in such a way that, in light of the provisions of Article 91 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), it will not be necessary to repeat the actions and studies if they fulfilled the technical and scientific function for which they were designed in the project, as well as to support the corresponding requests before the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, which may be considered valid for those purposes, all at the discretion of the latter. All of the foregoing in order not to repeat actions that would disturb the rights of the indigenous communities and their territory. In accordance with the provisions of Article 93 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), the retroactive effect of the annulment does not apply with respect to those relationships or legal situations that have been consolidated by prescription or expiration, by virtue of a judgment having the authority of material res judicata, or by consummation in fact, when these are materially or technically irreversible, or when their reversal seriously affects rights acquired in good faith. Thus, this declaration is made without prejudice to the agreements reached between ICE and the representative associations of the indigenous communities, which resulted in the withdrawal of the proceeding in the ordinary jurisdiction venue. In all other respects, the action must be dismissed. ARTICLE 45 OF THE POLITICAL CONSTITUTION. “…it must be clear that the real property in the name of the associations of the indigenous communities are not public domain (dominio público) assets, although transferred by public institutions to the Community Development Associations, they are of a private nature. In turn, for the Chamber, it must also be established that, unlike common private property, given the characteristics of the collective or communal form of indigenous property, it is a special form of private property, which is not public or private, as classically understood, but is indeed protected by the protections of Article 45 of the Political Constitution, the applicable conventional provisions, or the Human Rights treaties; and those determined by law. In this way, it can be said that it is a sui generis form of private property, inherently collective or communal. it must be clear that the real property in the name of the associations of the indigenous communities are not public domain (dominio público) assets, although transferred by public institutions to the Community Development Associations, they are of a private nature. In turn, for the Chamber, it must also be established that, unlike common private property, given the characteristics of the collective or communal form of indigenous property, it is a special form of private property, which is not public or private, as classically understood, but is indeed protected by the protections of Article 45 of the Political Constitution, the applicable conventional provisions, or the Human Rights treaties; and those determined by law. In this way, it can be said that it is a sui generis form of private property, inherently collective or communal…” CO10/22 However, the manner in which the Government of the Republic approached the matter, by declaring the project of National Public Convenience, did compromise the specific fundamental rights of the indigenous peoples to whom the challenged Executive Decree was applied. Note that, according to the majority, it is impossible to disregard the technical report of the National Geographic Institute (IGN) concerning the location of the areas of possible impact, which serves as the basis for the subsequent constitutional analysis. However, that technical report was rendered based on the coordinates indicated in Article 8, as can be deduced from the transcription made by the majority itself: “…according to the technical report of the National Geographic Institute of the Ministry of Public Works and Transport (folio 318), Article 8 of the aforementioned Decree refers to plane coordinate points that represent sites for the exploitation of materials for the dam, powerhouse, and related works…” Given that this provision was annulled by judgment No. 2016015711, as indicated, the technical report of the National Geographic Institute therefore lacks normative support to maintain its current validity. It follows that the Chamber's decision likewise lacks legal foundation, as it takes this report as a premise. I believe that Article 8 is central to determining the unconstitutionality of the challenged decree in light of the claims raised by the claimant. He alleges: 1) the lifetime tenure (irreductibilidad) of the forest (in particular, that on indigenous land); 2) reserve of law and the singular non-derogability of the regulation, because the Executive Branch did not mention “…anywhere in the challenged national public convenience decree that there were lands that are part of indigenous territories…”; 3) that declarations of national public convenience are applicable to private property, but not to indigenous territories; 4) violation of conventional law, because the dam would flood indigenous territories. Finally, he requests recognition of the legal personality of the Río Grande de Térraba. The reading of any of the above claims starts from the geographic determination of the project and the impact on the indigenous territory to be valid. Indeed, it is observed that the claimant mistakenly assumed that Article 8 was still in force at the time of filing the action and transcribes it in his brief as an object of challenge, despite the fact that it had already been annulled. For its part, regarding the request for recognition of the legal personality of the Río Grande de Térraba, it must be dismissed simply because, in this specific case, such a claim is not linked to the alleged unconstitutionality of the challenged provision, nor did the claimant develop any specific legal reasoning to support such a link. As an additional argument, I highlight that the above claims are not applicable to the other articles of the challenged decree without the geographic determination of the area affected by the project. In fact, in the case of some articles, it is impossible to even establish any kind of relationship between the cited claims and the corresponding provision. Thus, for example, no specific objection is derived against inter-institutional cooperation (Article 2), the allocation of funds for local development (Article 3), or the establishment of information and negotiation mechanisms (Article 4). Nevertheless, all of them are affected by the unconstitutionality declared. I cannot fail to underline the relevance of Article 8 (annulled) for the systematic interpretation of the remaining provisions of the challenged decree and, consequently, for the constitutionality assessment of the claims raised. This is noticeable with a hypothetical exercise: in order to make the hydroelectric project viable, the Executive Branch could have, subsequent to the annulment of Article 8 by judgment No. 2016-15711, issued a decree to add a new Article 8, establishing a different geographic zone, completely removed from the claimant’s indigenous territories. From my perspective, such a course of action would have been valid. In conclusion, the claimant's claims are insubstantial if the affected geographic zone is not determined. Consequently, I deem the action unfounded. Paul Rueda L. CO10/22 ... See more Content of Interest: Content Type: Dissenting Vote Branch of Law: 3. MATTERS OF CONSTITUTIONALITY CONTROL Topic: ENVIRONMENT Subtopics: NOT APPLICABLE. Case File: 18-005745-0007-CO Res. No. 2022-001622 DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS. With the customary respect, I dissent and deem unfounded the action of unconstitutionality filed against Executive Decree No. 34312-MP-MINAE of February 6, 2008, which is the “Declaratory of National Public Convenience and Public Interest for the studies and works of the El Diquís Hydroelectric Project and its transmission works, hereinafter the Project, which shall be constructed by the Costa Rican Electricity Institute (ICE)”. I.- Object of the action The claimant alleges that the challenged regulation – works and reservoir – violates the principle of lifetime tenure of the forest in indigenous territories, implies an infringement of the principle of non-regression in environmental matters, and violates the principle of reserve of law. II.- Report of the Office of the Attorney General of the Republic (PGR) In this regard, the Attorney General of the Republic, Julio Alberto Jurado Fernández, reported the following: “In judgment 12975/2011, this Chamber dismissed the action of unconstitutionality filed against Articles 1 and 4 of Executive Decree 34312 (case file 08-9215-0007-CO) and, by majority, interpreted Article 8 in conformity with the Constitution, provided that the consultation established by Article 4 ibid was carried out within a non-extendable period of six months from the notification of the ruling. As the consultation was not carried out, another action of unconstitutionality was filed against Article 8 of said Decree, processed under case file 16-005486-0007-CO, which the Chamber, in vote 15711/2016, declared with merit and annulled the provision, with declaratory effects as from the expiration of the period established in judgment number 12975/2011, and safeguarded rights acquired in good faith, as recorded in the publication made in Judicial Bulletin No. 239 of December 13, 2016. Ruling 15711/2016 has not been notified, as it is pending drafting. Therefore, there are no coordinates determining the site where the El Diquís Hydroelectric Project (PHD) would eventually be executed, which renders the action inadmissible regarding the allegations concerning the impact on indigenous territories: reduction of area, clearing and elimination or flooding of the forest and protection areas, due to the dam, land-use change (cambio de uso de suelo), loss of biodiversity, natural landscape, archaeological and sacred sites. It is hypothetical that the PHD will be developed and, to that extent, it is unpredictable that it could impair indigenous reserves. Added to this is that in a preferential proceeding against the Costa Rican Electricity Institute and the State, the Administrative and Civil Treasury Court, Sixth Section, in final judgment No. 194-2015-VI, partially granted the claim and ordered: “1) The Costa Rican Electricity Institute is ordered, if it decides in the short, medium, or long term to reopen or resume the geological investigation phase at the Térraba Site prior to the execution of the El Diquís Hydroelectric Project, to initiate the respective environmental assessment procedure under the regulations in force at the time of submitting its application. 2) The National Environmental Technical Secretariat (SETENA) is ordered, if the investigation phase referred to is resumed, to define the environmental assessment instrument that must be required of the ICE in accordance with the provisions of the current legal system and taking into account the parameters established for the purposes of that classification, as well as the environmental significance of each of the impacting works or activities to be carried out. 3) The Costa Rican Electricity Institute is ordered, in the event it decides in the short, medium, or long term to reopen or resume the geological investigation phase at the Térraba Site prior to the execution of the El Diquís Hydroelectric Project, to process before the competent entities and bodies the authorizations or permits that the legal system requires to carry out activities such as tree cutting, earthworks (movimiento de tierras), excavations, construction of works in the riverbed such as dikes or gabion walls. 4) Both defendants are ordered to refrain, as long as the prior, free, and informed indigenous consultation with the indigenous people of Térraba has not been carried out and the corresponding environmental assessment instrument is not in place according to the activities carried out, from adopting any administrative conduct, whether related to the investigation phase or the investment phase of the PHD, that could affect the environment or the biodiversity of that Indigenous Reserve.” Apparently, the El Diquís Hydroelectric Project is inactive. However, as there are no coordinates defining the location of the PHD and its execution is uncertain, the allegation that indigenous territories—private communal property—will be reduced due to flooding or forest clearing lacks foundation. In sum, Decree 34312 does not violate the principle of lifetime tenure of the forest, nor ILO Convention 169, because the location and implementation of the Project in indigenous territories, collective private property, is uncertain, and it was issued in accordance with provisions that the Constitutional Chamber has declared to be in conformity with the Law of the Constitution. The Attorney General's Office also considers that the allegation is not admissible, as the Decree branded unconstitutional lacks coordinates that would permit locating the PHD in a specific geographic area. There would then be no basis to assert that it materially entails a reduction of any indigenous reserve or the clearing and flooding of its forests, nor the impact on the possessory or cultural and environmental rights of the indigenous communities. Neither does the Decree contain any provision ordering the reduction of indigenous territories or modifying Laws 6172 and 6703, nor does it contravene ILO Convention 169. By virtue of the Chamber's own pronouncements, this matter lacks current interest. As the challenged decree does not specify the site where the PHD would be developed, whose execution is uncertain, it cannot be claimed that it will affect indigenous reserves. In its wording, it does not order a reduction, flooding, tree clearing, or land-use change thereof. And it has support in the Forest Law (Ley Forestal), Articles 19(b) and 34, the constitutionality of which this Chamber has recognized. Consequently, it does not contravene ILO Convention 169, Articles 13 and 14.2, nor Article 21 of the American Convention on Human Rights and related articles. It follows that there would be no disregard for the special importance that the relationship with the lands they occupy or use holds for the cultures and values of the peoples concerned, and furthermore, the Costa Rican State has enacted provisions to determine the territories of indigenous communities and protect their property and possession rights.” III.- Background of the Constitutional Chamber This Chamber issued judgment No. 2016-15711 of October 26, 2016, by which it declared the unconstitutionality of Article 8 of Executive Decree No. 34312, which is also challenged here. The provision in question stated as follows: “Article 8.—The sites for the exploitation of materials for the dam, powerhouse, and related works are located on the Topographic Sheets General, Buenos Aires, Changuena, Cabagra, at a scale of 1:50,000 of the National Geographic Institute, and have the following polygon points: Start Point End Point 534000 E / 337700 N 536000 E / 337875 N 536000 E / 337875 N 538000 E / 337500 N 530650 E / 339603 N 531747 E / 338563 N 534939 E / 347661 N 533541 E / 346603 N 533541 E / 346603 N 532202 E / 345356 N 532202 E / 345356 N 531470 E / 343697 N 522600 E / 323750 N 520000 E / 323000 N 520000 E / 323000 N 518000 E / 322283 N 518000 E / 322283 N 516000 E / 322052 N 547052 E / 334121 N 546614 E / 332384 N 548576 E / 328715 N 547800 E / 326781 N (The Constitutional Chamber, through Resolution No. 12975 of September 23, 2011, interpreted this article in conformity with the Constitution: “provided that the consultation established in Article 4 of this Decree is carried out within the non-extendable period of 6 months from the notification of this ruling.”)” As can be seen, the transcribed provision constitutes a key element in the implementation of the project: the geographic coordinates in which it was to be developed. This provision was originally examined in judgment No. 2011-012975 of 2:30 p.m. on September 23, 2011, in which it was expressly warned that its constitutionality would be preserved until the consultation contemplated in Art. 4 of the decree itself was carried out. However, it was subsequently verified that such consultation did not occur, which motivated the declaration of unconstitutionality. In this regard, this Chamber made the following considerations: “In the case at hand, what the claimant has raised is that the Administration did not carry out said consultation, which is why this Court proceeds to review the constitutionality of Article 8 of Decree No. 34312-MP-MINAE of February 6, 2008 once again, for which purpose the provisions set forth in the above-cited judgment are taken into consideration. Thus, it must first be stated that the period granted on that occasion by the Chamber cannot be classified as preclusive, because judicial time limits have the particular characteristic contemplated in Article 144 of the Civil Procedure Code, which provides: ‘Judicial time limits. When this Code is silent as to the duration of a time limit, it shall be established by the judge, taking into account the nature of the proceeding and the importance of the act...’ Based on this characteristic, in each specific case, the judicial authority may eventually assess a period granted in a court order in accordance with the nature of the proceeding and the importance of the act, when its extension is duly justified and requested. Now, in this case, from the hearings rendered in this case file by the authorities of the ICE and the Minister of Environment and Energy, it is not proven that the Administration had requested any extension of the period in question prior to its expiration, invoking the reasons why it had not been able to hold the consultation. So it is not reasonable that, after the period granted had been amply exceeded, the administrative authorities should come and attempt to justify their inertia in carrying out the consultation at issue. Therefore, it is necessary to declare the supervening unconstitutionality of the challenged Article 8, because even though said provision was not unconstitutional at the time of its issuance, given the conditions and stages of the project to be developed at that time, it is no less true that this Court, in Judgment No. 2011-12975 of 2:30 p.m. on September 23, 2011, upheld the constitutionality of said provision provided that the consultation established in Article 4 of Executive Decree No. 34312 was carried out within the non-extendable period of 6 months from the notification of said ruling, which ultimately did not occur and, therefore, on a supervening basis, Article 8 of said Decree—the sole object of this action—now becomes unconstitutional. The action filed is granted and, consequently, Article 8 of Decree 34312-MP-MINAE of February 6, 2008 is hereby annulled as unconstitutional. This judgment has declaratory effects as from the expiration of the period established in judgment number 2011-12975 of 2:30 p.m. on September 23, 2011, without prejudice to rights acquired in good faith. Pursuant to Article 91 of the Law of Constitutional Jurisdiction, it is ordered that the effectiveness of this decision shall commence as from the date of the first publication of the edict informing of the admission of this proceeding. Record this ruling in La Gaceta and publish it in its entirety in the Judicial Bulletin.” (Emphasis not from the original). IV.- Personal Considerations In light of the background examined and the position of the PGR, I consider that the action of unconstitutionality should be deemed unfounded and the alleged defects pointed out by the claimant dismissed. The foregoing for the simple reason that the project could not proceed, given that since the year 2016, prior to the filing of this proceeding, there was already a declaration of unconstitutionality regarding the coordinates that defined “the sites for the exploitation of materials for the dam, powerhouse, and related works.” If the arguments of unconstitutionality are based on a presumed impact on the principle of lifetime tenure of forests and a supposed injury or threat to indigenous property, it must be concluded that these arguments are insubstantial in the face of a material impossibility of carrying forward the project in question due to the lack of a duly delimited geographic location. Regarding this point, I share the considerations made by the PGR to the effect that “as there are no coordinates defining the location of the PHD and its execution is uncertain, the allegation that indigenous territories—private communal property—will be reduced due to flooding or forest clearing lacks foundation.” It is clear that, pursuant to this Chamber’s own pronouncements—which protected the right to be heard in relation to indigenous property—the challenged executive decree became insubstantial, as it lacks a fundamental element for its development: a duly defined location even after a prior hearing. I note that with this pronouncement, I am not endorsing the content of the challenged provisions, but rather I consider that it lacks current interest to delve into the remaining challenges, because one of the core axes of the development of the project in question—its location—was already declared unconstitutional by this Chamber back in 2016, long before the filing of this action of unconstitutionality. In light of the foregoing, I consider there is no merit to grant the action of unconstitutionality and therefore deem it unfounded. Anamari Garro V. Magistrate CO10/22 ... See more Text of the Resolution *180057450007CO* Case File: 18-005745-0007-CO Res. No. 2022-001622 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at thirteen hours zero minutes of the nineteenth of January, two thousand twenty-two. Action of unconstitutionality brought by [Name 001], of legal age, Térraba indigenous person, holder of identity card number [Value 001], resident of [Name 002], against Executive Decree No. 34312-MP-MINAE of February 6, 2008, titled “Declaratory of National Public Convenience and Public Interest for the studies and works of the El Diquís Hydroelectric Project and its transmission works, hereinafter the Project, which shall be constructed by the Costa Rican Electricity Institute.” Whereas: 1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at 9:09 a.m. on April 13, 2018, the claimant requests that the unconstitutionality of Executive Decree No. 34312-MP-MINAE of February 6, 2008 be declared, which is the “Declaratory of National Public Convenience and Public Interest for the studies and works of the El Diquís Hydroelectric Project and its transmission works, hereinafter the Project, which shall be constructed by the Costa Rican Electricity Institute,” published in the Official Gazette La Gaceta No. 31 of February 13, 2008. The claimant states that he belongs to the Brorán original group of the Térraba Indigenous Territory. He alleges that the challenged regulation violates the principle of lifetime tenure of the forest, contemplated in various legal provisions, and therefore tree clearing and the elimination of protection zones cannot be permitted, nor the flooding of territories, because we are not dealing with lands of a private nature, but rather indigenous territories. Indigenous territories are created by the legislator, which is why the destination of those lands can only be modified through that means. The flooding of the forest entails the loss of the original knowledge associated with it, which violates Convention No. 169 of the International Labour Organization. He considers that the challenged regulation violates the principle of reserve of law and of singular non-derogability of the regulation, insofar as it disregards the provisions of the Indigenous Law, regarding the possibility of reducing the scope of these lands. In addition, the provisions of the Law of Archaeological Heritage, Law No. 6073, which includes within it immovable property resulting from indigenous cultures, are improperly set aside. Thus, the regime of indigenous territories is not comparable to that of private property and, therefore, their destination can only be modified by law. It is evident that the flooding foreseen in the project grossly harms the use of territories that are indigenous. He considers that water, biodiversity, and certain spatial points have rights, which is why the Constitutional Chamber should intervene in this specific case. He insists that declarations of national public convenience, under the terms of Article 19 of the Forest Law, are only applicable to private lands. He requests that, in the case at hand, the scope of the judgments handed down by the Inter-American Court of Human Rights in the cases of Yakey AXA vs. Paraguay and Saramaka vs. Surinam be observed, in addition to advisory opinion No. OC-23/17. The challenged regulation violates Article 5 of the Convention for the Protection of Flora, Fauna and Natural Scenic Beauties of the Countries of America, and the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. He believes that the legal personality of the Río Grande de Térraba should be recognized, as has been done in other legal systems regarding certain natural resources. He insists that the reduction of indigenous territories must occur by law, which has not been done in this specific case. He requests that the action be granted and the unconstitutionality of the challenged provisions be declared. 2.- In order to substantiate the standing he holds to bring this action of unconstitutionality, he states that it derives from paragraph 2 of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction, insofar as the right to a healthy and ecologically balanced environment is being defended, which is part of the defense of diffuse interests. 3.- By resolution at 9:12 a.m. on April 17, 2018, the action was admitted for processing, granting a hearing to the Office of the Attorney General of the Republic, the Ministry of the Presidency, and the Ministry of Environment and Energy. 4.- Julio Jurado Fernández, in his capacity as Attorney General of the Republic, rendered his report, indicating that the standing asserted by the claimant—diffuse interest in defense of the right to a healthy and balanced environment, coupled with his “Brorán” origin from the territory of [Name 002] (which would be flooded by the project reservoir)—is appropriate pursuant to Article 75, second paragraph, of the Law of Constitutional Jurisdiction. He notes that the claimant’s allegations are developed in six reflections: 1. Violation of the principle of lifetime tenure of the forest: Recitals VIII-X, and Articles 1 and 9 of the challenged decree (Executive Decree No. 34312, Declares of National Public Convenience and Public Interest the studies and works of the El Diquís Hydroelectric Project and its transmission works, hereinafter the Project, which shall be constructed by the Costa Rican Electricity Institute) permit the clearing and flooding of the forest and land-use change in indigenous territories; the foregoing opposes Article 50 of the Constitution, ILO Convention No. 169; and, furthermore, a declaration of national public convenience is not appropriate in these territories. 2. Violations of the principles of reserve of law and singular non-derogability of the regulation: Recitals VIII-X, and Articles 1 and 9 of the challenged decree authorize the clearing and flooding of forests in indigenous territories, their land-use change, the loss of biodiversity, and impact on sacred sites; this violates Articles 7, 50, and 89 of the Constitution, ILO Convention No. 169 (Articles 2.2(b) and 13-15), Articles 1 and 3 of Law No. 6172, and Article 1 of Law No. 6703. 3. Inapplicability of declarations of national public convenience in indigenous territories: Declarations of national public convenience are only applicable to private territories and not to indigenous ones; Articles 50 and 89 of the Constitution, ILO Convention No. 169, Law No. 6172, and Law No. 6703 grant these territories a special status similar to public domain assets. 4. Violation of the Convention for the Protection of Flora, Fauna and Natural Scenic Beauties of the Countries of Latin America (Law No. 3763, Article 5), the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Articles 4 and 5), and Articles 7, 50, and 89 of the Constitution, since the dam contemplated in the challenged decree will flood indigenous territories. 5. Recognition of legal personality for the Río Grande de Térraba: The damming of said river violates the provisions of ILO Convention No. 169 (Articles 2.2(b) and 13-15) and Article 21 of the American Convention on Human Rights, since said watercourse is a sacred and living entity for the indigenous groups. 6. Impact on indigenous groups without Law: The challenged decree is not appropriate, because indigenous territories must not be reduced, flooded, have their land use changed, or their trees cleared without legal authorization; the foregoing opposes the provisions of Articles 13.1 and 14.2 of ILO Convention No. 169, Article 21 of the American Convention on Human Rights, Articles 7, 50, and 89 of the Constitution, and Advisory Opinion OC-23/17 of the Inter-American Court of Human Rights. He reaffirms that the Constitutional Chamber has already ruled on two occasions (Case Files No. 08-9215-0007-CO and No. 16-005486-0007-CO) regarding Executive Decree No. 34312, and in those proceedings it was verified that the El Diquís Hydroelectric Project still does not have coordinates determining the site where it will eventually be developed; for now, the project remained in the investigation phase and is currently inactive; this being the case, it is unpredictable that the project will impair indigenous reserves. He alludes that, regarding the claimant’s first allegation, it is reiterated that since the project still does not have coordinates determining the site where it will eventually be developed, a reduction, flooding, or clearing of forests in indigenous territory (private communal property) cannot be confirmed. He points out that, regarding the second allegation, the challenged decree does not violate the principles of Reserve of Law and Singular Non-Derogability of the Regulation, because said administrative act was based on the provisions of Articles 19 and 34 of the Forest Law; even though in this case he does not foresee harm to indigenous territories, he considers that the Indigenous Law (Law No. 6172) must be interpreted systematically with the Forest Law, the latter enabling the Executive Branch to issue, throughout the country and whenever it deems appropriate, decrees of national public convenience for infrastructure projects on privately owned real estate. He clarifies that, related to the third argument, the fact that indigenous reserves are inalienable and imprescriptible vis-à-vis non-indigenous persons does not label them as public domain assets because, in this specific case, they do not have: administrative ownership, an act of allocation (for public use or public service), subjection to a special legal regime of Administrative Law, or the set of provisions constituting it, made up of the principles upon which the powers of administrative self-protection of public domain are designed. In that sense, the Attorney General’s Office concurs with what was resolved by the Administrative Court, Section VI (Judgment No. 138/2013) and Section VII (Judgment No. 127/2015): “(…) the indigenous territories recognized in Costa Rica are private property of the indigenous peoples inhabiting the national territory, each with its own legal personality (…)” (emphasis in bold from the original), and therefore they would be subject to the Forest Law and what is referred to in the challenged decree. It adds that, regarding the fourth argument, the challenged decree does not allude to indigenous territories or authorize their flooding; rather, the State has fulfilled its international commitment to adopt laws and regulations to conserve and protect forests and their natural ecosystems within the concept of environmentally sustainable development, nor would it violate the conventional and constitutional norms mentioned. It submits that, regarding the fifth pleading, the recognition of nature as a subject of rights is incipient and entails a paradigm shift, and we are still in a system that denies rights to everything that is not human; said pleading raises a deontological question and not a transgression of constitutional norms or principles due to the lack of such recognition. It emphasizes that, while an indigenous reserve may encompass a river, said watercourse does not lose its public-domain character; that is, rivers are subject to a special legal regime of Public Law and are not owned by a Comprehensive Development Association, for example. It explains that, as regards the last pleading, the arguments set forth in rebuttal of the first pleading are reiterated: since the project still lacks coordinates that determine the site where it will eventually be developed, a reduction, flooding, or clearing of forests (tala de bosques) in indigenous territory (community private property) cannot yet be confirmed. The claimant requests that if the national-interest decrees are not deemed inapplicable to indigenous territories, then, in the alternative, it requests a ruling that forests cannot be reduced, flooded, subjected to land-use change (cambio de uso del suelo), or cleared without a law providing the legal basis. The Office of the Attorney General reiterates, however, that the execution of the Project is uncertain and the site where it would be developed cannot be affirmed. For these reasons, it requests that the action be dismissed and recommends that the Constitutional Chamber seek the hearing of the Instituto Costarricense de Electricidad. 5.- Carlos Manuel Rodríguez Echandi, in his capacity as Minister of Environment and Energy, answers the granted hearing and states that the general rules against cutting or exploiting trees in State Natural Heritage sites, and against land-use change on private lands containing forest, contain an exception in the event that a “national interest” (conveniencia nacional) is argued for such conduct and it is demonstrated that the “(…) social benefits are greater than the socio-environmental costs.” This exception is established in Article 19, subsection b), and Article 34, and pursuant to Article 3, subsection m), all of the Forest Law (Ley Forestal). The figure of National Interest does not apply to any situation or project, but only to those cases in which it can be demonstrated that the social benefits are greater than the socio-environmental cost; however, this Office has no record of the social and economic studies and assessment that would justify this, without neglecting that the project is to be carried out on indigenous territory. 6.- Rodolfo Piza Rocafort, in his capacity as Minister of the Presidency, answers the granted hearing and states that in 2008, under the National Development Plan 2006-2010 (Jorge Manuel Dengo Obregón), the national interest and public interest of the El Diquís Hydroelectric Project were declared, and one of its objectives was set as reducing dependence on imported fuels, better harnessing the country’s renewable energy sources, and producing one hundred percent of national electricity from renewable energy sources. He states that the project was designed to be executed in various phases and is currently in the first phase, which involves carrying out feasibility studies such as: studies of the physical environment (geology, geophysics, hydrology, among others), which serve as input for the design of works, and the collection of biotic, physical, and socioeconomic information, which will be used as technical support for the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental). He submits that, in order to obtain the environmental viability (viabilidad ambiental) of the project, the prior, free, and informed consent of the indigenous territories that could be affected is required, as indicated by Resolution No. 1815-2014-SETENA (of September 5, 2014), which noted the need to carry out said indigenous consultation. He explains that this requirement had not been fulfilled because, at the time, there were no tools to carry out said consultation; however, on April 5, 2018, Decreto Ejecutivo No. 40932-MP-MJP was issued: Implementation of the general consultation mechanism for indigenous peoples. He adds that, regarding the claimant’s remaining arguments confined to the specialized nature of the matter, he adheres to the report issued by the Ministry of Environment and Energy. He requests that the action be dismissed. 7.- The notices referred to in the second paragraph of Article 81 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional) were published in issues 078, 079, and 080 of the Judicial Bulletin (Boletín Judicial), of May 4th, 7th, and 9th, 2018. 8.- By briefs filed on May 7, 2018, [Name 015], holder of identity card No. [Value 015]; [Name 016], holder of identity card No. [Value 016]; [Name 017], holder of identity card No. [Value 017]; and [Name 018], holder of identity card No. [Value 018], appear to be considered active coadjuvants of the action; they request that it be granted, that indigenous territories and sacred sites be respected, and that the Río Grande de Térraba be considered a subject with legal personality as requested in the action. 9.- By briefs filed on May 9, 2018, [Name 019], holder of identity card No. 4-[Value 019]; [Name 020], holder of identity card No. [Value 020]; [Name 021], holder of identity card No. [Value 021]; [Name 022], holder of identity card No. [Value 022]; [Name 023], holder of identity card No. [Value 023]; [Name 024], holder of identity card No. [Value 024], all appear as active coadjuvants of the action, and request that it be granted, that indigenous territories and sacred sites be respected, and that the Río Grande de Térraba be considered a subject with legal personality as requested in the action. 10.- On May 10, 2018, the Council of Brorán Elders of the [Name 002] territory, composed of members: [Name 003], holder of identity card No. [Value 003]; [Name 004], holder of identity card No. [Value 004]; [Name 005], holder of identity card No. [Value 005]; [Name 006], holder of identity card No. [Value 006]; [Name 007], holder of identity card No. [Value 007]; [Name 008], holder of identity card No. [Value 008]; [Name 009], holder of identity card No. [Value 009]; [Name 010], holder of identity card No. [Value 010]; [Name 011], holder of identity card No. [Value 011]; [Name 012], holder of identity card No. [Value 012]; [Name 013], holder of identity card No. [Value 013]; and [Name 014], holder of identity card No. [Value 014], files a coadjuvancy brief to be considered active coadjuvants of the action; they further state that they oppose the intervention of the place, sacred sites, felling of trees, loss of biodiversity, and that Convention No. 169 of the International Labour Organization guarantees them peace and tranquility, while the challenged Decree removes them and expels them from what they have held for many, many years. They ask for respect. 11.- By brief of May 10, 2018, another group files an active coadjuvancy, signed by [Name 003], holder of identity card No. [Value 003]; [Name 004], holder of identity card No. [Value 025]; [Name 005], holder of identity card No. [Value 005]; [Name 006], holder of identity card No. [Value 006]; [Name 007], holder of identity card No. [Value 007]; [Name 008], holder of identity card No. [Value 008]; [Name 025], holder of identity card No. [Value 026]; [Name 026], holder of identity card No. [Value 027]; [Name 009], holder of identity card No. [Value 009]; [Name 027], holder of identity card No. [Value 028]; [Name 028], holder of identity card No. [Value 029]; [Name 029], holder of identity card No. [Value 030]; [Name 030], holder of identity card No. [Value 031]; [Name 031], holder of identity card No. [Value 032]; [Name 032], holder of identity card No. [Value 033]; [Name 033], holder of identity card No. [Value 034]; [Name 034], holder of identity card No. [Value 035]; [Name 035], holder of identity card No. [Value 036]; [Name 036], holder of identity card No. [Value 037]; [Name 037], holder of identity card No. [Value 038]; [Name 038], holder of identity card No. [Value 039]; [Name 039], holder of identity card No. [Value 040]; [Name 040], holder of identity card No. [Value 041]; [Name 041], holder of identity card No. [Value 042]; [Name 042], holder of identity card No. [Value 043]; [Name 043], holder of identity card No. [Value 044]; [Name 044], holder of identity card No. [Value 045]; [Name 045], holder of identity card No. [Value 046]; [Name 046], holder of identity card No. [Value 047]; [Name 047], holder of identity card No. [Value 048]; [Name 048], holder of identity card No. [Value 049]; and [Name 049], holder of identity card No. [Value 050], in which they request that the action be granted to recognize that indigenous peoples have a close and direct bond with their territories, and that these are not private property, under which regime no declarations of national interest can be made to fell trees or affect rivers and streams. That the Río Grande de Térraba be recognized as a subject with rights, given that it is vital to the coadjuvants and damming it would eliminate part of their culture and vital sacred sites. A dammed river loses life and biodiversity because its natural flow is interrupted. With the same arguments, [Name 050], holder of identity card No. [Value 051]; [Name 051], holder of identity card No. [Value 052]; [Name 052], holder of identity card No. [Value 053]; [Name 053], holder of identity card No. [Value 054]; [Name 054], holder of identity card No. [Value 055]; [Name 055], holder of identity card No. [Value 056]; [Name 056], holder of identity card No. [Value 057]; [Name 057], holder of identity card No. [Value 058]; [Name 058], holder of identity card No. [Value 059]; [Name 059], holder of identity card No. [Value 060]; [Name 060], holder of identity card No. [Value 061]; and [Name 061], holder of identity card No. [Value 062]. 12.- In other briefs filed on May 10, 2018, [Name 062], holder of identity card No. [Value 063]; [Name 063], holder of identity card No. [Value 064]; [Name 064], holder of identity card No. [Value 065]; [Name 065], holder of identity card No. [Value 066]; [Name 066], holder of identity card No. [Value 067]; [Name 067], holder of identity card No. [Value 068]; [Name 068], holder of identity card No. [Value 069]; [Name 069], holder of identity card No. [Value 070]; [Name 070], holder of identity card No. [Value 071]; [Name 071], holder of identity card No. [Value 072]; [Name 072], holder of identity card No. [Value 073]; [Name 073], holder of identity card No. [Value 074]; [Name 074], holder of identity card No. [Value 075]; [Name 075], holder of identity card No. [Value 076]; and [Name 076], holder of identity card No. [Value 077], appear to be considered active coadjuvants of the action; they request that it be granted, that indigenous territories and sacred sites be respected, and that the Río Grande de Térraba be considered a subject with legal personality as requested in the action. 13.- By brief filed via fax on May 10, 2018, with the secretariat of the Chamber, Mr. [Name 077], attorney and environmental auditor, resident of the Southern Zone, requests to be considered an active coadjuvant so that indigenous territories, as well as sacred sites, historical and archaeological heritage, and the spiritual worldview of indigenous peoples, be respected. And, furthermore, that the Río Grande de Térraba be declared a subject with legal personality, respect for the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of the forest, and requests an on-site inspection, among other things. 14.- By brief filed on May 11, 2018, in the same terms as the preceding coadjuvants, [Name 078], holder of identity card No. [Value 078]; [Name 079], holder of identity card No. [Value 079]; [Name 080], holder of identity card No. [Value 080]; [Name 081], holder of identity card No. [Value 081]; [Name 082], holder of identity card No. [Value 082]; [Name 083], holder of identity card No. [Value 083]; [Name 084], holder of identity card No. [Value 084]; [Name 085], holder of identity card No. [Value 085]; [Name 086], holder of identity card No. [Value 086]; [Name 087], holder of identity card No. [Value 087]; [Name 088], holder of identity card No. [Value 088]; [Name 089], holder of identity card No. [Value 089]; [Name 090], holder of identity card No. [Value 090]; [Name 091], holder of identity card No. [Value 091]; and [Name 092], holder of identity card No. [Value 092], file their request. 15.- [Name 093], of legal age, married, attorney and professor of Indigenous Law at the University of Oklahoma, with passport number [Value 093], requests to be admitted as an active coadjuvant of the unconstitutionality action. He proposes to establish that indigenous communities have the right to use and enjoy their traditional lands and forests, and that their subsistence not be endangered or placed at risk. He argues that there is a differentiation when any regulation that affects or involves an indigenous territory is applied. He points to the conflict of a constitutional nature in Article 9, subsections a), b), c), and d), of Decreto Ejecutivo No. 34312. He affirms that a failure to protect occurs if the guarantees required by international human rights law standards are not observed, and that the execution of these projects without said international standards causes irreparable damages and losses, and generates situations of greater poverty and suffering in the affected communities. For this reason, structural measures and comprehensive actions are required from States to protect indigenous communities. The petitioner reviews the history of Costa Rica’s international participations with its affirmative votes for the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007), and the ratification of Convention No. 169 of the International Labour Organization (ILO) concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (1993). The Decreto Ejecutivo makes no reference whatsoever to indigenous territory or anything similar, but it must ensure rigorous application of these legal obligations within the framework of indigenous territories. By virtue of international commitments, the State owes legal protection of those lands, territories, and resources. Said protection shall duly respect the customs, traditions, and land tenure systems of the indigenous peoples concerned (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Article 26.3, and Article 21 of the American Convention). The Costa Rican State so stated before the Committee on the Elimination of Racial Discrimination in 2006; likewise, the petitioner cites the case of the Xucuru Indigenous People and its members v. Brazil. He also notes the conflict between Article 9, subsections a), b), c), and d), of the Decreto Ejecutivo, and Convention No. 169, and its application of international law to the natural resources of indigenous communities. He also focused on bringing into the discussion the international jurisprudence of the Inter-American Court: the case of Saramaka v. Suriname, in which it referred to when indigenous communal property and private property come into contradiction. Similarly, the case of Yakye Axa v. Paraguay, in which land ownership guarantees the cultural heritage of indigenous communities. In the coadjuvancy brief, it is affirmed that indigenous peoples have rights over all resources existing on their lands, highlighting that the State of Costa Rica reported to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (2014) on an approach favorable to the human rights of indigenous peoples. He also points out the position of the Inter-American Commission on Human Rights on the respect that States must guarantee for the collective property of indigenous peoples. He continues to highlight the jurisprudence of the Inter-American Court in the case of Saramaka v. Suriname for the issuance of timber concessions and other natural resources, provided there is participation in effective benefits and the indicated conditions are safeguarded, among other things. Finally, he considers that the Chamber must take a step forward, as has been done in a few other States in the world, in recognizing the legal personality of the Río Grande de Térraba. He understands that it is a river that has been deteriorating, that plans had been designed for its recovery and protection but had not materialized. He points to the Constitutional Court of Colombia in its judgment T-622 of 2016, with the recognition of the “Atrato River, its basin and tributaries as an entity subject to rights of protection, conservation, maintenance, and restoration by the State and ethnic communities [..]” (sic). The same as the Courts of Ecuador, India, and New Zealand. He requests, independently of whether it is an initial phase of the project or not, that the action be granted against Article 9, subsections a), b), c), and d), of the Challenged Decree, insofar as it coincides with lands within indigenous territories. 16.- By brief filed on May 16, 2018, the following petitioners request to be considered active coadjuvants of the action: [Name 094], holder of identity card No. [Value 094]; [Name 095], holder of identity card No. [Value 095]; and [Name 096], holder of identity card No. [Value 096], who express their attention to the high value of the Río Grande de Térraba, which has been respected, loved, admired, and protected for generations by indigenous peoples, with scenic value, source of life, and its ecology. They ask for respect for indigenous territories, as well as the sacred sites of the region. They ask that the mentioned River be taken as a subject with legal personality and state they are acting in support of persons belonging to indigenous peoples. 17.- By brief filed on May 17, 2018, Mr. [Name 097], coordinator of the Socio-Environmental Kiosks Program of the University of Costa Rica, requests to be considered an active coadjuvant of the action. He asks that it be ordered that the Río Grande de Térraba be taken as a subject with legal personality, for the following reasons: This declaration is a legal and political process based on the rights of nature in new constitutions and judgments of the Colombian Constitutional Court (Atrato River); and the cases of the Whanganui River in New Zealand and the sacred Ganges River in India. More than three hundred and sixty-five species of terrestrial animals living in the forests that would be flooded could be affected, in addition to the disappearance of thirteen species of fish found nowhere else in the world. Due to the reduction of sediment reaching the Térraba-Sierpe Wetland (Humedal Térraba-Sierpe) caused by changes in the inflow of the Térraba River. The reservoir would flood one hundred archaeological sites, and with them a good part of the millennial history of our peoples would be lost, particularly the explanation for the enigma represented by the Spheres of the Diquís Delta. Ancestral cemeteries are located there, the total flooding of the caves on the river banks, and the modification of the Térraba River’s course, altering the ways of life and traditions of indigenous peoples, and impact on the practices of the population that uses the river for transportation, irrigation canals, or lives from artisanal fishing. The development of the project is a business for selling energy to countries in the region; the environment and the communities will bear most of the costs. So-called “preliminary studies” have been carried out, but they actually refer to prior projects such as the opening and repair of roads, geological studies, warehouses, camps, offices, construction of high-voltage towers, tunnels, extraction of materials, diversion of streams, and dredging, among other things (with identification of the case files). He notes that the indicated actions will not be assessed within a single comprehensive environmental assessment instrument. The mega-project, already segmented into small or medium-sized works at different times, conceals the real impact of the total work and hinders the calculation of a cost-benefit relationship. Resettlement of communities must occur, including one thousand five hundred people in a new district in Buenos Aires, plus eleven communities living from the Térraba-Sierpe Wetland, and he presents a series of questions regarding economic and social activities, which will themselves have other environmental impacts without being able to quantify their cost-benefit and the comprehensive impact. This is in addition to changes in the behavior of sediment retention on the wetland, which will cause drastic changes on the coast and, possibly, the disappearance of the wetland. He provides other technical-scientific information. 18.- In a brief filed via fax on May 18, 2018, [Name 098] and [Name 099] file a brief to be considered active coadjuvants; they state, regarding Article 1 and Considerando IX of the challenged Decreto Ejecutivo, that forest clearing (tala del bosque) implies including areas not contemplated in the Forest Law (Ley Forestal) and not covered by the exception set forth in its Article 34. The Executive Branch intends to cut trees on forest lands, in addition to the protection areas established in the regulation, including the clearing of forest lands in indigenous territories, which is in itself a gross violation of Article 50 of the Political Constitution. The Decree overrides environmental legislation. And, regarding environmental viability, Article 6 of the Decree, they indicate that it lacks genuine technical support and becomes a mere political statement, because the Executive Branch is declaring a project of national interest for which it is not yet known if it is compatible with legal requirements and technical environmental parameters to achieve environmental viability. They add that there is a violation of the constitutional principle of environmental non-regression, because forest lands described in the Forest Law (Ley Forestal), which do not coincide with the protection areas indicated in Article 33 of said law, enjoy special protection that expressly prohibits clearing. An attempt is being made to apply exceptions that do not apply to protection areas. They request that the action be granted. 19.- [Name 100], holder of identity card No. [Value 097], President of the Federation for the Conservation of Nature (FECON), on May 18, 2018, requests to be considered an active coadjuvant of the unconstitutionality action. He states that, pursuant to Articles 2, second paragraph, and 3, 4, and 7 of Law No. 6172 of November 16, 1977, the Chamber must grant the action and establish respect for indigenous territories, as well as inalienable sites. He notes that, pursuant to the mentioned Article 7, there is a special legal protection regime for forest lands within indigenous territories. These must maintain their forest aptitude. It is evident that felling trees and replacing the ecosystems in question with a hydroelectric project makes it materially impossible to conserve the forest nature of the land. He adds that land-use change must be justified, and the environmental impact amortized by the social benefit to the affected population. But the Decree contains no section that develops the scope of the environmental impact; on the contrary, its Article 6 grants the Secretaría Técnica Ambiental a five-month period to determine Environmental Viability. There is injury to the precautionary principle, which states that in cases of scientific certainty about the environmental impact of a project, the State must resolve in favor of nature. National interest is granted to the project, but without an environmental assessment, the environmental impact is unknown. If this is not clear: How does the Executive Branch know that the project’s cost is justified by the benefits? It is impossible to know if the environmental cost is not yet known. Finally, although the Office of the Attorney General of the Republic indicates that because the geographic coordinates are uncertain, the place where the project will be developed is uncertain, in his opinion Considerando IV and Article 8 suffice. They support the action in favor of indigenous peoples, as well as for the protection of the environment. 20.- [Name 101] requests to be considered an active coadjuvant of the action, for which purpose he indicates that Decreto Ejecutivo No. 34312 violates the principle of legislative reservation; it was not indicated that there were lands that are part of indigenous territories, and rather relieve ICE of demonstrating who owns the lands that will be affected by the project, and this fact alone vitiates the Decree with unconstitutionality. The University of Costa Rica indicated, by agreement in Session No. 5668, ordinary, of September 28, 2012, that the “construction of the PHED would unavoidably entail affecting 150 archaeological sites, among which are sacred and ancestral Térraba sites, which represent an intangible cultural and identity element for indigenous groups, according to ILO Convention 169.” Indigenous reserves are public domain assets (bienes demaniales) created by law; the drafting and approval of an express law must be sought, and for this reason, via decree, it is absolutely unconstitutional. Regarding the nature of indigenous territories, according to Convention No. 169 of the International Labour Organization, they cannot be considered private property, or simple communal property, given that such a classification would render the international norm ratified by Costa Rica meaningless. He adds that there is an infringement of Convention No. 169 of the International Labour Organization, because the questioned decree establishes that forests will be cleared, including species subject to a logging ban, and that the Instituto Costarricense de Electricidad need not prove ownership of the properties on which the Project will be developed; a blank check or indeterminate license is being granted to irreversibly destroy indigenous territories. He argues that the Río Grande de Térraba is a sacred and living entity for the indigenous groups that live there; damming it is transgressing their rights as indigenous groups to cultural and traditional aspects under Article 2.2.b of the Convention. He cites paragraph 379 of Advisory Opinion OC-21/17 of November 15, 2017, of the Inter-American Court of Human Rights, regarding the special protection of territories and natural resources that indigenous peoples have traditionally used and that are necessary for their physical and cultural survival and for the development and continuity of their worldview. He deems Article 89 of the Constitution violated, insofar as the duty not to pollute or destroy the natural landscape is violated, which with the implementation of the decree, the currently existing natural landscape will literally disappear. He cites Judgment No. 2003-06324 of the Constitutional Chamber. He maintains that there are serious clashes with international obligations undertaken by Costa Rica in instruments such as the Convention for the Protection of Flora, Fauna, and Natural Scenic Beauties of the Countries of America (Law No. 3763), the Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Law No. 5980), because replacing the existing natural landscape with a mirror of water covering dozens of hectares. The violation of the principle of objectification of environmental protection is alleged, given that recital V of the challenged decree points out the need for technical studies indicating that the project will solve the country's energy needs, while there are others. The requirement for prior technical studies does not function as a mere formality, but rather responds to the principle of subjecting environment-related decisions to scientific and technical criteria. The violation of the precautionary principle and the principle of objectification is alleged, citing Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development. Despite the Attorney General's Office pointing out that there are no coordinates, it is clear that there was no scientific certainty regarding the locations that would be affected by the project works. The principle of compensation is also challenged, which according to this Chamber's precedents must be done by law. Hence, the environmental regulations are understood to mean that it is not possible by decree to reduce the areas of indigenous reserves to be affected by a reservoir that literally makes them disappear; the decree does not have the normative force and, additionally, indigenous territories will be flooded; it is not possible to compensate the lands of the indigenous peoples. 21.- By written submission filed on May 29, 2018, Ms. Irene Cañas Díaz, in her capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Electricidad, states that she adheres to the legal arguments extensively developed by the Procuraduría General de la República in defense of the interests of the State. She points out that, through the Plan de Expansión de la Generación Eléctrica (2016-2035), an adequate electricity supply is sought for the country's coming years, and one of the recommended ideas is the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. She states that, continuing with the above, the cited project would operate using the waters of the Río General, which runs through the cantons of Pérez Zeledón and Buenos Aires in the Zona Sur of the country; it would have a generation capacity of six hundred fifty megawatts, an average production of three thousand five hundred gigawatt hours per year—which translates into energy to supply approximately one million five hundred thousand customers—and would be the largest hydroelectric development in the country, with a capacity equivalent to thirty percent of the country's installed capacity in terms of energy and twenty-three percent in terms of capacity—making it the most important regulating reservoir together with the Arenal reservoir. She states that the consultation—pursuant to Decreto Ejecutivo N° 40932 Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas—will allow good-faith dialogue between the parties in order to accurately determine the impacts on sites of cultural interest in indigenous territories, and to jointly establish the control measures to be applied; however, as long as the consultation is not carried out, it will not be possible to determine with certainty the impact and the corresponding actions. She adds that obtaining specific results regarding socioeconomic analysis and assessments and environmental aspects, necessary inputs for the project's environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental, EIA), will not be achieved until the indicated indigenous consultation is held. She requests that the action be dismissed. 22.- By means of the ruling issued at 9:03 a.m. on May 31, 2018, the Presidency of this Chamber resolved the submissions filed on May 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, and 29, 2018, by which it admits all petitioners as active coadjuvants, except for the one filed last (May 29) by the Executive President of the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), which is untimely. The petitioners are warned that, since coadjuvants are not a principal party to the proceeding, they will not be directly harmed or benefited by the judgment; that is, the effectiveness of the judgment does not reach the coadjuvants directly and immediately, nor does res judicata affect them, nor do the immediate effects of the enforcement of the judgment reach them, among other things. On the other hand, regarding the petition filed on May 29, 2018, it was considered untimely, given that it was filed after the fifteen-day period specified in Article 83 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional had elapsed, counted from the first publication of the notice referred to in Article 81 of the said law, which is why it was rejected. In this ruling, the reports of the Procuraduría General de la República, the Ministerio de la Presidencia, and the Ministerio de Ambiente y Energía were deemed submitted. In turn, the file was assigned to Judge Luis Fernando Salazar Alvarado for the corresponding substantive review. 23.- By written submission filed by fax on June 17, 2018, Mr. Mario Enrique Mora Badilla files a petition seeking to be admitted as an active coadjuvant in the action. 24.- The hearing indicated in Articles 10 and 85 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional is dispensed with, based on the power granted to the Chamber by Article 9 of the same law, deeming this resolution to be sufficiently grounded in evident principles and norms, as well as in this Court's jurisprudence. 25.- The legal requirements have been observed in the proceedings. Authored by Judge Salazar Alvarado; and, Considering: I.- On admissibility. Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional regulates the prerequisites that determine the admissibility of unconstitutionality actions, requiring the existence of a pending matter to be resolved in an administrative or judicial forum in which the unconstitutionality is invoked, a requirement that is not necessary in the cases provided for in the second and third paragraphs of that article, i.e., when due to the nature of the norm there is no individual or direct harm, when it is based on the defense of diffuse interests or those that concern the community as a whole, or when it is filed by the Procurador General de la República, the Contralor General de la República, the Fiscal General de la República, or the Defensor de los Habitantes, in the latter cases, within their respective spheres of competence. The text in question provides that it is proper when “due to the nature of the matter, there is no individual or direct harm.” Secondly, the possibility of bringing an action in defense of “diffuse interests” is provided for; this concept, whose content has been gradually delineated by the Chamber, could be summarized in the terms used in Judgment No. 1993-3750 at 3:00 p.m. on July 30, 1993: “… Diffuse interests, although difficult to define and more difficult to identify, cannot in our law—as this Chamber has already stated—be merely collective interests; nor so diffuse that their ownership is confused with that of the national community as a whole, nor so specific that identified or easily identifiable specific persons or personalized groups stand out against them, whose standing would derive, not from diffuse interests, but from corporate interests that concern a community as a whole. It is therefore a matter of individual interests, but at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous groups of people who share an interest and, therefore, suffer actual or potential harm, more or less the same for all, so that it is rightly said that they are equal interests of groups that are in certain circumstances and, at the same time, of each one of them. That is, diffuse interests partake of a dual nature, since they are simultaneously collective—because they are common to a generality—and individual, so they can be claimed in such a capacity.” In summary, diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of people not formally organized, but united around a specific social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a specific personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is spread out, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. This Chamber has enumerated various rights that it has qualified as “diffuse,” such as: the environment, cultural heritage, the defense of the country's territorial integrity, and the sound management of public expenditure, among others. In this regard, two clarifications must be made: on the one hand, the aforementioned assets transcend the sphere traditionally recognized for diffuse interests, since they refer, in principle, to aspects that affect the national community and not particular groups thereof; environmental damage does not merely affect the residents of a region or consumers of a product, but harms or seriously jeopardizes the natural heritage of the entire country and even of Humanity; likewise, the defense of the sound management of public funds authorized in the Presupuesto de la República is an interest that concerns all inhabitants of Costa Rica, not just any group of them. On the other hand, the enumeration made by the Constitutional Chamber is nothing more than a simple description inherent to its obligation—as a jurisdictional body—to limit itself to hearing the cases submitted to it, without it being understood in any way that only those that the Chamber has expressly recognized as such can be considered diffuse rights. II.- On the petitioner's standing and the untimely coadjuvant petitions filed. In the Chamber's view, it is clear that the petitioner has dual standing to file the unconstitutionality action, clearly expressed and delimited in the preceding recital, based on the diffuse interest for the defense of the environment, as well as for the defense of interests that concern the community by bringing a claim due to his status as an indigenous person, which in his case would be the protection of the rights of indigenous peoples. In Judgment No. 2019-017397 at 12:54 p.m. on September 11, 2019, it was stated that: “in matters analogous to the present one, this Chamber has already admitted direct standing to file an unconstitutionality action, pursuant to the provisions of the cited Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, second paragraph, insofar as the interest held by the petitioners that gives them standing to file this unconstitutionality action is the corporate interest or that which concerns that legally organized community (see, among others, Judgment No. 2000-11530 at 2:43 p.m. on December 21, 2000, and Judgment No. 2011012975 at 2:30 p.m. on September 23, 2011). In this sense, […], this Court also deems this action admitted for safeguarding the defense of an interest that concerns a community, in this case the rights of indigenous peoples.” In the same vein, Judgment No. 2014-005251 at 2:30 p.m. on April 23, 2014, may also be consulted. Given that by ruling at 9:03 a.m. on May 31, 2018, the presidency of this Chamber resolved all the submissions of May 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, and 18, 2018, filed in a timely manner, with the exception of May 29 of that year, the same fate must befall the submission filed by Mr. Mario Enrique Mora Badilla, given that it was filed on June 17, 2018. Thus, his petition must be rejected as untimely. III.- Subject matter of the challenge. The action aims to challenge Articles 1 and 9 of Decreto Ejecutivo No. 34312-MP-MINAE of February 6, 2008, titled “Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad,” which establishes: No. 34312 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA In the exercise of the powers conferred upon them by Article 140, subsections 8) and 20), of the Constitución Política, Articles 3, subsection m), 19, subsection b), and 34 of the Ley Forestal, No. 7575 of February 13, 1996, and Articles 1, 6, 7, and 19 of the Código de Minería, Ley No. 6797 of October 4, 1982. Considering: I.—That among the goals of the Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Jorge Manuel Dengo Obregón, is to reduce dependence on imported fuels, to better harness the country's renewable energy sources, and to produce 100% of the country's electricity from renewable energy sources. Additionally, Agreement No. 24 of December 7, 2006, declared of public interest the Iniciativa "Paz con la Naturaleza" promoted by the Presidency of the Republic, through which Costa Rica committed to being carbon neutral, or "C-Neutral," by the year 2021. II.—That in accordance with the provisions of Decreto Ley No. 449 of April 8, 1949, the Instituto Costarricense de Electricidad, hereinafter ICE, has the fundamental responsibility of channeling the development of hydroelectric energy in order to strengthen the national economy and promote the greatest well-being for the people of Costa Rica. III.—That Decreto Ejecutivo No. 26728-MP-MINAE of February 20, 1998, provides in its Article 1, declaring of public interest the projects for the generation, transmission, and distribution of electrical energy. Likewise, Article 4 of Decreto Ejecutivo No. 33619 of February 20, 2007, declares of national convenience and public interest the expansion plans of the ICE and its companies in the Electricity and Telecommunications Sectors. IV.—That projects developed by the ICE must be preceded by participatory negotiation and consultation processes, in order to establish points of consensus with the different communities involved in the development of their projects and to guarantee that the country's energy needs are met in harmony with the environment. V.—That the country needs the development of the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, which forms part of the Plan de Expansión de Generación Eléctrica and will operate using the waters of the Río General that run through the cantons of Buenos Aires, Osa, and Pérez Zeledón; for which it is required that the various bodies and public entities provide priority, expeditious, and effective processing to the Institute's procedures in order to ensure the timely implementation of the Project. VI.—That Articles 1, 6, 7, and 19 of the Código de Minería, Ley No. 6797, declare all mining activity to be of public utility and recognize the State's absolute, inalienable, and imprescriptible dominion over all mineral resources existing in the national territory and its patrimonial sea; also granting it priority to explore natural riches at any time and to search for any mineral substance, being able to do so itself or through bodies that depend on it. VII.—That the ICE exhaustively carried out a geotechnical study of materials necessary for the construction of the works of the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, from which the need to reserve some areas near the future works of the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, which have been viewed as possible sources of materials to be used in the works, is evident. VIII.—That in the pre-execution phase—finalization of studies and final design of the works—and during the construction phase of the project, the focused felling of tree species protected under logging bans is required; additionally, it is necessary to collect, extract, and relocate wildlife and smaller plant species such as: orchids, herbaceous plants, bromeliads, tree ferns, wild bamboos, shrubs, lianas, mainly, for scientific research purposes. IX.—That Articles 19, subsection b), and 34 of the Ley Forestal No. 7575 prohibit land-use change (cambio de uso del suelo) and tree felling on lands covered by forest cover (cobertura boscosa) and in protection areas, except for those state or private projects that the Poder Ejecutivo declares of Conveniencia Nacional, those being projects whose social benefits outweigh the socio-environmental costs. X.—That it is necessary to exempt the ICE from the requirements established in Article 89 of the regulations of the Ley Forestal, for cutting and utilizing the existing forest resources on them. Therefore, THEY DECREE: Article 1.—In compliance with the provisions of Articles 3, subsection m), 19, subsection b), and 34 of the Ley Forestal No. 7575 of February 13, 1996, the studies and works of the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís and its transmission works, hereinafter the Project, which will be built by the Instituto Costarricense de Electricidad, hereinafter the ICE, are declared of Conveniencia Nacional and Interés Público. […] Article 9.—The ICE is exempted from: a) Article 89 of Decreto Ejecutivo No. 25721 of October 17, 1996, regarding the requirements to prove ownership title to the real estate properties on which the Project will be developed. b) Decreto Ejecutivo No. 25700 of November 15, 1996, regarding the ban established on the felling and use of the referenced species. c) Article 37 of Decreto Ejecutivo No. 32633 of March 10, 2005, regarding the collection, extraction, and relocation of flora and fauna species located in the research areas and construction sites of the Project, its associated transmission works, and its non-metallic mineral extraction sites, and d) Article 20 of Decreto Ejecutivo No. 32553 of March 29, 2005, regarding prohibitions and conditions. […]”. In turn, to better understand the scope of the provision and its effects, in order to illustrate the case at hand, it is relevant to transcribe Article 89 of the Reglamento a la Ley Forestal, No. 7575, which reads as follows: “Article 89— Harvesting in forests, tree felling in agricultural and urban areas, agroforestry projects, reforestation and natural regeneration projects, and environmental services payment (pago de servicios ambientales, PSA) projects, with or without incentives, may be carried out on registered privately owned lands, or on lands subject to possession.” (sic) To prove ownership title, it will be necessary to present a registry or notarial certification establishing the description of the property, encumbrances, and annotations. To prove title of possession, a judicial certification of the existence of a final judgment in the corresponding possessory information proceeding must be presented. On registered properties, harvesting may be authorized when there are lease contracts, or any other contractual modality; in these cases, a registry or notarial certification of the registration of the lease with the Public Registry must be presented, which expressly indicates the possibility granted to the lessee to dispose of the forest resource; in contractual modalities not subject to registration, a registry or notarial certification of the ownership and a public document demonstrating the existence of the contract and its scope must be presented. (Thus amended by Article 1 of Decreto Ejecutivo No. 27925 of April 30, 1999) (NOTE: Through Article 9 of Decreto Ejecutivo No. 34312 of February 6, 2008, it is established that the ICE is exempted from the requirements to prove ownership title to the real estate properties on which the project will be developed).” IV.- On the merits. This Chamber will address the problem presented in the case at hand, especially in light of the information provided by the Ministro de Ambiente y Energía, who affirms that the Decreto Ejecutivo that declared the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís a project of national convenience was issued containing important omissions; additionally, the issues have evolved in various ways; this has even been reflected in other proceedings handled before this Court. But, first, the petitioner's allegations regarding indigenous property must be resolved, to define the nature of the property of indigenous reserves, and whether it is appropriate to proceed or not with the lifting of prohibitions contained in the Ley Forestal. Finally, resolve the remaining allegations such as the legal personality of the Río Grande de Térraba. As to the other allegations, they will be resolved as the various constitutional questions raised are clarified. V.- On indigenous property in International Law. The first thing to be said is that through Judgment No. 1992-003003 at 11:30 a.m. on October 7, 1992, this Chamber established, regarding Convenio No. 169 of the International Labour Organization, that: “[…] The consulted Convenio, within the general scope of the matters entrusted to the International Labour Organization (ILO), embodies in a legally enforceable international instrument a series of rights, freedoms, and economic, social, and cultural conditions aimed not only at strengthening the dignity and essential attributes of indigenous people as human beings, but also, primarily, at providing specific means so that their condition as human beings is fully realized in view of the depressed, sometimes even exploited and mistreated, situation in which the aboriginal people of many nations live; a situation that is not entirely alien to the American Continent, where indigenous minorities, and sometimes majorities, find themselves practically marginalized from the predominant civilization, while, on the other hand, they suffer the depression and abandonment of their own traditions and cultures. Today, in the field of human rights, it is recognized, in summary: a) That it is necessary to recognize indigenous people, in addition to the fullness of their rights and freedoms as human beings, other legally guaranteed conditions, through which it is sought to compensate for the inequality and discrimination to which they are subjected, with the purpose of guaranteeing their real and effective equality in all aspects of social life; b) That it is also necessary to guarantee respect for and conservation of the historical and cultural values of indigenous populations, recognizing their peculiarity, without any further limitation than the need to preserve, at the same time, the dignity and fundamental values of every human being recognized today by the civilized world—which implies that respect for the traditions, language, religion, and generally the culture of these peoples only admits exceptions necessary to eradicate practices universally considered inhumane, such as cannibalism; c) Without prejudice to the foregoing, indigenous people must also be recognized the necessary rights and means to access, freely and with dignity, the spiritual and material benefits of the predominant civilization—means among which access to education and the official language stands out for its importance…”. This decision forms part of the corpus iuris of this Court, which began when the legislative consultation of constitutionality for the approval of Convenio No. 169 of the International Labour Organization was processed, a decision that recognizes the strengthening of a series of rights, freedoms, and economic, social, and cultural conditions that would fortify the dignity and essential attributes of indigenous peoples in the country, and the granting of specific means to give fullness to their rights. On the other hand, through Judgment No. 2002-03468 at 4:04 p.m. on April 16, 2002, the Chamber established that: “In that sense, the Constitución Política, although it does not contain a specific statute regarding the rights of autochthonous communities, from its system (especially the norms contained in Articles 28, 33, 50, and 74) it is possible to infer a principle of recognition of such prerogatives, based on the idea of state respect and protection, as duties toward indigenous communities, ensuring the preservation of their culture and, at the same time, their members’ access to the fruits that national development produces. The foregoing is reaffirmed by Article 76 of the Constitution, which expressly imposes on the State the duty to maintain and cultivate indigenous languages. Thus, the Chamber may start from the premise of the constitutional recognition made in favor of the cultural identity and protection of the indigenous peoples who inhabit the country. International Law, for its part, has been profuse in recognizing the rights of these communities, highlighting in this sense what is established in the following instruments: Declaración Universal de los Derechos Humanos (Articles 1, 2.1, 7, 17.1, and 27), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (27), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1.1 and 2), Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (2, 13, and 23), Convención Americana sobre Derechos Humanos (24 and 26). Specifically, it has been the International Labour Organization that has generated the most specific regulation regarding the rights of indigenous peoples. In that sense, Convenios Nos. 107 and 169 contain a detailed enumeration of rights recognized to these peoples. From Convenio No. 107, what is established in Part II (regime of property of indigenous lands) is especially important for the case under study. From Convenio 169, Part II also regulates that concerning indigenous lands.” Subsequently, the same judgment adds: “There is no doubt, therefore, that the Costa Rican State has broadly recognized the rights that correspond to the indigenous groups that inhabit the country. The same can be said regarding the specific right to communal property that corresponds to such communities by reason of their traditional attachment. The groups of people belonging to the autochthonous communities have the right to live on the lands where they have historically been settled, and the State must fully guarantee the enjoyment of this fundamental right. To this end, national legislation provided for the registry transfer of such lands to the respective indigenous communities (Ley No. 6172, Article 9, transcribed above), imposing on the Instituto de Desarrollo Agrario the duty to proceed to carry out all necessary procedures in order to guarantee the effective verification of said transfer.” Therefore, it is of vital importance for the decision of the case at hand, the regulation of indigenous property, whose treatment is found in several of the provisions of Convenio No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples, of 1989, of the International Labour Organization. In this Convenio, it is clear that it constitutes a legal vein of great significance for the right to indigenous property, with which, in turn, a series of rights expressly recognized for indigenous groups would be safeguarded. It must be understood that all the above clearly includes, as a backdrop, a true right to peaceful possession of indigenous territories, which makes possible the living of the culture, traditions, and spiritual life, autonomously conceived by them. Although the term lands or territories may be used, it should be noted that the use of the term “lands” should not be restrictive, but, on the contrary, the use of the word territory is preferable, as it is more comprehensive of the interests and rights of indigenous peoples. In this way, its articles clearly recognize the following: “Article 13. 1. In applying the provisions of this Part of the Convenio, governments shall respect the special importance for the cultures and spiritual values of the peoples concerned of their relationship with the lands or territories, or both as applicable, which they occupy or otherwise use, and in particular the collective aspects of this relationship. 2. The use of the term lands in Articles 15 and 16 shall include the concept of territories, which covers the total environment of the areas which the peoples concerned occupy or otherwise use. Article 14. 1. The right of ownership and possession of the peoples concerned over the lands which they traditionally occupy shall be recognized. In addition, measures shall be taken in appropriate cases to safeguard the right of the peoples concerned to use lands not exclusively occupied by them, but to which they have traditionally had access for their traditional and subsistence activities. Particular attention shall be paid in this regard to the situation of nomadic peoples and shifting cultivators. 2. Governments shall take steps as necessary to identify the lands which the peoples concerned traditionally occupy, and to guarantee effective protection of their rights of ownership and possession. 3. Adequate procedures shall be established within the national legal system to resolve land claims by the peoples concerned. Article 15. 1. The rights of the peoples concerned to the natural resources pertaining to their lands shall be specially protected. These rights include the right of those peoples to participate in the use, administration and conservation of those resources. 2. In the event that the State retains ownership of mineral or subsoil resources, or holds rights over other resources existing on the lands, governments shall establish or maintain procedures for the purpose of consulting the peoples concerned to determine whether and to what extent their interests would be prejudiced before undertaking or authorizing any prospecting or exploitation program for resources existing on their lands. The peoples concerned shall, wherever possible, participate in the benefits derived from such activities and receive fair compensation for any harm they may suffer as a result of those activities." Indigenous peoples have the right to the protection of communal property in a privative and exclusive manner, through the various jurisdictional remedies afforded by the Costa Rican legal system, by themselves and/or with the assistance of the State, or even in opposition to the State itself when it does not follow established legal and conventional formalities. For a proper decision in the case before us, in accordance with the petitioner's allegations, it is important to address the subject of the general regime of fundamental rights, in light of the indigenous collective property recognized under Constitutional Law. VI.- On the right to indigenous communal property in national legislation. Additionally, to address the subject of indigenous property before us, it is worth noting that the Indigenous Law (Ley Indígena), No. 6172 of November 29, 1977, defines who is indigenous and what structures govern them internally and externally with respect to the reserves; and, principally, regarding the action, the issue of ownership of indigenous reserves and its protections in a clear and pristine manner. Thus, "Article 1.- Indigenous persons are those who constitute ethnic groups directly descended from pre-Columbian civilizations and who preserve their own identity. Indigenous reserves are declared to be those established in Executive Decrees (Decretos Ejecutivos) numbers 5904-G of April 10, 1976, 6036-G of June 12, 1976, 6037-G of June 15, 1976, 7267-G and 7268-G of August 20, 1977, as well as the Guaymí de Conteburica Indigenous Reserve. The boundaries established for the reserves in the cited decrees may not be altered to reduce their extent except by express law (ley expresa). Article 2.- Indigenous communities have full legal capacity to acquire rights and assume obligations of all kinds. They are not state entities. The reserves mentioned in Article 1 of this law are declared the property of the indigenous communities. The Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) shall register these reserves in the Public Registry in the name of the respective indigenous communities. The reserves shall be registered free of all encumbrances. Transfers from the State to the indigenous communities shall be gratuitous, shall not pay registration fees, and shall be exempt from any other type of tax burden in accordance with the terms established in the Law of CONAI. Article 3.- Indigenous reserves are inalienable and imprescriptible, non-transferable, and exclusive to the indigenous communities that inhabit them. Non-indigenous persons may not rent, lease, buy, or in any other manner acquire lands or properties (terrenos o fincas) within these reserves. Indigenous persons may only negotiate their lands with other indigenous persons. Any transfer or negotiation of land or improvements thereon in indigenous reserves between indigenous and non-indigenous persons is absolutely null, with the legal consequences of the case. The lands and their improvements and the products of indigenous reserves shall be exempt from all kinds of national or municipal taxes, present or future. Article 4.- The reserves shall be governed by the indigenous people through their traditional community structures or by the laws of the Republic that govern them, under the coordination and advisory of CONAI. The population of each reserve constitutes a single community, administered by a directive Council (Consejo directivo) representing the entire population; auxiliary committees shall depend on the principal council if the geographic extension so warrants." On this matter, it is necessary to transcribe the jurisprudence of this Chamber on this subject, as defined in Judgment No. 2014-05251 of 14:30 hours on April 23, 2014, which states: "..., from a simple reading of the provisions of the Indigenous Law (Ley indígena) transcribed above, it is evident that it is the Law—not the regulation—that establishes community property and organization. The second paragraph of section 2 regulates that community property by stating: '...The reserves mentioned in Article 1 of this law are declared the property of the indigenous communities...' Regarding organization, the same normative body establishes that '...the reserves shall be governed by the indigenous people through their traditional community structures or by the laws of the Republic that govern them, under the coordination and advisory of CONAI' (emphasis not in the original). Now, it is the Law on Community Development (Ley Sobre el Desarrollo de la Comunidad) (No. 3859) that regulates Community Development Associations (Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad), and Article 3 of the Regulation to the Indigenous Law (Reglamento a la Ley indígena) being challenged has merely concretized the type of organization that responds to the bases established by the legislator in the Indigenous Law (Ley indígena) that serves as its framework, which also conforms to Convention 169 of the International Labor Organization, insofar as it materializes the State's obligation to ensure that indigenous communities adopt a legal organization consistent with their traditions, allowing them to exercise the rights and obligations that the law recognizes for them. ...this type of legal structure allows this sector of the population to enjoy special benefits (Article 19 of Law 3859) that they would not enjoy with another type of legal structuring—for example, receiving services, donations, subsidies, and annual transfers of money, both from the State and its institutions—which entails, of course, ordinary oversight of those public resources." It is worth noting, then, that the Indigenous Law (Ley Indígena) provides the legal regime of ownership of indigenous reserves and affords them the necessary protections to maintain their special status of community property, as well as enabling channels to receive the benefits that correspond to them. A first distinction, however, that must be made is that this ownership not only vests in a private legal entity with legal capacity, but the law also takes care to clarify that it is not a state organization. In this regard, since "indigenous communities have full legal capacity to acquire rights and assume obligations of all kinds," the subsequent development of the legal precepts established that they would be governed by Community Development Associations (Asociaciones de Desarrollo Comunal), which, in order to function as local government, are also not public organizations of a corporate nature but rather subjects of private law, representing them for all purposes. On this matter, this Chamber, in Judgment No. 2011-012975 of 14:30 hours on September 23, 2011 (among others), also pronounced itself in the following terms: «Costa Rican legislation recognizes the legal capacity of the indigenous group to represent itself in Articles 2 and 4 of the Indigenous Law (Ley Indígena), 3, 4, and 5 of the Regulation to the Indigenous Law (Reglamento a la Ley Indígena), and Article 1 of Executive Decree (Decreto Ejecutivo) 13568-C-G of April 30, 1982, which recognizes the legal representation of Indigenous Communities through the Integral Development Associations (Asociaciones de Desarrollo Integral), which act as local government, but without being considered state entities. [...]» Therefore, it must be clear that real property (bienes inmuebles) in the name of the associations, of the indigenous communities, is not public domain property (bienes de dominio público); even though transferred by public institutions to the Community Development Associations (Asociaciones de Desarrollo Comunal), it is of a private nature. In turn, for this Chamber, it must also be established that, unlike ordinary private property, given the characteristics of the collective or communal form of indigenous property, it is a special form of private property, which is neither public nor private as classically understood, but is protected under Article 45 of the Political Constitution, applicable conventional provisions, or human rights treaties, and those determined by law. Thus, it can be said to be a form of sui generis private property, inherently collective or communal. Judgment No. 2011-000397 of 11:32 hours on January 14, 2011, established with certainty that: "It is important to note the collective or community character of indigenous property, as its ownership is not personal but rather belongs to the collective as such. Among indigenous peoples, there exists a community tradition of a communal form of collective land ownership, in the sense that its ownership is centered not on an individual but on the group and its community. Indigenous peoples, by the very fact of their existence, have the right to live freely in their own territories; the close relationship that indigenous peoples maintain with the land must be recognized and understood as the fundamental basis of their cultures, their spiritual life, their integrity, and their economic survival." It is clear for this Chamber that the concept of the right to property admits this type of sui generis private property; it suffices to recall that for a long time the right to property has evolved to overcome the classic conception of a first-generation right, applying to a great diversity of forms of property and possession of things. This allows understanding that monolithic forms of the right to property have been rejected. To this it must be added, moreover, that as a right, it comes with the powers of any owner to demand from third parties private enjoyment and use (disfrute y goce privativo) of private property, as well as the owner's duty to tolerate the limitations that such property entails, when it may be affected by limitations of social interest. But none of this can be understood to exclude traditional or special forms of defense of private property, especially insofar as it must conform to the defense of indigenous territories by legitimate persons or those with a legitimate interest to do so. For the case of indigenous territories, it must also be taken into account that the right to property regulated in Article 21 of the American Convention on Human Rights has also been modulated. In the judgment of June 27, 2012, of the Kichwa Indigenous People of Sarayaku v. Ecuador, the Inter-American Court of Human Rights indicated that: "145. Article 21 of the American Convention protects the close bond that indigenous peoples maintain with their lands, as well as with the natural resources of their ancestral territories and the intangible elements arising from them (citation omitted). Among indigenous peoples, there is a community tradition of a communal form of collective land ownership, in the sense that its ownership is centered not on an individual but on the group and its community (citation omitted). These notions of dominion and possession over lands do not necessarily correspond to the classic conception of property, but they deserve equal protection under Article 21 of the American Convention. Disregarding the specific versions of the right to use and enjoy property, shaped by the culture, uses, customs, and beliefs of each people, would be equivalent to maintaining that there is only one way of using and disposing of property, which in turn would render the protection of such provision illusory for millions of people (citation omitted)." Conventional jurisprudence thus also recognizes the importance of indigenous property due to its special character for preserving indigenous culture and worldview, for keeping it intact and protected, and, of course, safeguarded by the international obligations derived from Convention No. 169 of the International Labor Organization, as alleged by the petitioner. Hence, it must have particular protections and benefits in the Law, and in its application, which should include the question of whether indigenous territory is a concept that surpasses a traditional conception of lands; this includes special protection of the forest on those lands, which is why the State must take special care in removing the protections afforded to private property. The petitioner argues that this special character of indigenous property, together with international commitments, should prevent it from being subjected to a declaration of national convenience (declaratoria de conveniencia nacional) under the Forestry Regime (Régimen Forestal). As the petitioner rightly accepts—initially—indigenous territories must be distinguished from the State's Natural Patrimony (Patrimonio Natural del Estado), or what amounts to the same thing, state-owned Protected Wilderness Areas (Áreas Silvestres Protegidas). This Chamber understands that the argument is aimed at ensuring that the special private property of indigenous territories is not assimilated to classic private property, given that there are no specific protections over the latter as there might be for indigenous territory. Now, on one occasion, this Chamber established that "The legal regime for the protection of property of Protected Wilderness Areas (Áreas Silvestres Protegidas) and Indigenous Reserves is different, since while the former is State property, that of indigenous reserves belongs to a form of communal property, so that, although the latter are a special form of property, registered in the name of an Integral Development Association (Asociación de Desarrollo Integral), they are not equivalent and cannot be assimilated to the forms of protection of State property, especially those integrated into the State's Natural Patrimony (Patrimonio Natural del Estado)" (Judgment No. 2010-014772 of 14:35 hours on September 1, 2010). In that case, this Chamber analyzed the overlapping boundaries of Corcovado National Park with the territories belonging to the Guaymí de Conteburica Indigenous Reserve. It is worth pointing out, then, that if indigenous territories cannot be considered public domain property (bienes de dominio público) and their forests the State's Natural Patrimony (Patrimonio Natural del Estado), that does not mean they cease to be relevant legal assets (bienes jurídicos) that the Costa Rican State must preserve and safeguard. On the contrary, the protections sought by the petitioner must be found in Constitutional Law, in the regularity of measures taken regarding affected indigenous territories, taking into account whether they have a direct or indirect impact on them. Also, in the writ initiating this action, the petitioner argues the special status of indigenous territories, which, in his view, should be assimilated more to public domain property (bienes de demanio público) so as not to be subject to a possible declaration of national convenience (declaratoria de conveniencia nacional) over indigenous territories. The emphasis of the petitioner's arguments links to the protections of non-seizability, inalienability, and imprescriptibility (inembargabilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad) of indigenous communal property. In this Chamber's view, the origin of these restrictions on private property versus freedom of commerce responds to different legal purposes, since in the case of State Protected Wilderness Areas (Áreas Silvestres Protegidas Estatales) it refers to environmental safeguarding, protection of the forestry and water regime, while for indigenous territories it originates in the protection of their internal customs and traditions, among which the negotiation of lands between indigenous persons is protected, but not for non-indigenous persons. This Chamber, in exercising its jurisdiction over freedom (jurisdicción de la libertad), when resolving a writ of amparo (recurso de amparo) filed by an indigenous woman who was cohabiting with an individual outside the indigenous group, encountered measures by the Indigenous Development Association (Asociación de Desarrollo Indígena) that prevented her from maintaining possession of lands within the indigenous territory. Thus, this Chamber, by Judgment No. 2016-07536 of 9:05 hours on June 3, 2016, established that: "It is for this reason that in the specific case, this Chamber finds that the fundamental rights of the petitioner are not violated. As stated, the State has recognized the autonomy of indigenous peoples as well as their social structure and competent bodies to make decisions in accordance with ancestral customs. In the case under consideration, the amparo petitioner (amparada) disagrees with a decision adopted by the respondent Association, which, however, was based on the customs of the Cabécar indigenous community. Indeed, the cultural expert report submitted in this matter demonstrates that according to indigenous custom, while the union of indigenous and non-indigenous persons is not prohibited in the Cabécar de Chirripó de Turrialba Indigenous Reserve, it is no less true that such couples are not permitted to live and possess lands within the indigenous territory. Such a restriction is not unfounded, since it contributes to the preservation of Cabécar culture, the protection of its customs, and its territory, as is well explained in the mentioned cultural expert report." Here, the preservation of indigenous culture and traditions must prevail. One must not forget the relationship that indigenous peoples maintain with the territory and its natural resources, from which they obtain physical, cultural, and spiritual sustenance. Inalienability and imprescriptibility serve to protect that indigenous culture, proscribing practices to access property rights by possession, whether through positive prescription or usucaption (usucapión). It must be remembered that the worldview of indigenous culture is detached from more invasive forms of relating to nature, unlike a majority of non-indigenous persons who exploit the land. Thus, accepting the petitioner's thesis, based on the protections of these territories in the Indigenous Law (Ley Indígena), would make it very cumbersome to reconcile indigenous practices and customs with the norms of the State's Natural Patrimony (Patrimonio Natural del Estado), due to its implications for the forest and its aspects usable by indigenous peoples, because even though Article 6 of the Indigenous Law (Ley Indígena) establishes indigenous communal property, this property belongs to the entire indigenous community represented by an Integral Development Association (Asociación de Desarrollo Integral), and internally, it is the law that authorizes them to build houses, cut trees, exploit timber resources, or plant crops for their benefit within the limits of the reserves. Moreover, the use of natural resources is authorized, provided these are means for the preservation of ancestral traditions. Now, this Chamber reaffirms the obligation to preserve indigenous property as a form of special private property of constitutional and international human rights relevance. The value or preeminence of indigenous communal property must not be confused with forms of state public property, with the legal protections and restrictions imposed, such as those established in Articles 2 and 3 of the Indigenous Law (Ley Indígena), No. 6172 of November 29, 1977, the latter insofar as it declares them "... inalienable, imprescriptible, non-transferable, and exclusive to the indigenous communities that inhabit them." This argument or interpretation of law by the petitioner was reasonably rejected by the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), which correctly clarifies that this status of indigenous reserves does not derive from the assimilation of property to a figure of public domain or demanial property (dominio público o demanial); it is insufficient to declare them inalienable and imprescriptible solely in relation to non-indigenous persons, because a subjective element of property such as administrative ownership is not met, nor is the teleological element such as the destination for public use or a public service, nor the formal or normative element of subjection to a special legal regime of Administrative Law (Derecho Administrativo), among other things. Such an interpretation, under current regulations, is not appropriate. It is commonly accepted that the incorporation of a particular sector or activity into the public domain entails, in turn, the accompaniment of many other norms for the materialization of its incorporation into the public regime derived from its legislative declaration of "publicatio," because it must resolve those problems associated with incorporating a private asset or activity into the Public Law (Derecho Público) regime; thus, it is necessary for the legislature to address the disruptions it would cause to the private property regime. Such a conclusion would nullify a series of objectives sought by Convention No. 169 of the International Labor Organization and the Indigenous Law (Ley Indígena), such as achieving governance consistent with indigenous customs within the indigenous reserves, the materialization of fundamental rights of indigenous peoples, conceived from both an individual and collective point of view, recognizing not only the existence of customary law that validates their own self-determination and identification as native peoples, but also preservation, which also includes the disposition and possession of traditional resources within their territories. In Judgment No. 2020-010034 of 9:05 hours on June 2, 2020, alluding to the Indigenous Law (Ley Indígena), it is stated that: "The National Production Council (Consejo Nacional de Producción) must give priority status to establishing retail outlets in indigenous communities, and only indigenous persons may build houses, cut trees, exploit timber resources, or plant crops for their benefit within the limits of the reserves." Evidently, this could not be reconciled with a declaration of State's Natural Patrimony (patrimonio natural del Estado) for forests within indigenous lands. It must be remembered that they have the right to maintain their traditional ways of life, customs, beliefs, distinctive traditions, social and economic structure, among others, which indeed can encompass the forest and rivers from a holistic point of view; otherwise, it would imply stripping meaning from "the totality of the habitat of the regions which the peoples concerned occupy or otherwise use" (Article 13.2 of Convention No. 169 of the International Labor Organization). The true problem that arises is the issue of the waters that flow through these basins, which will need to be elucidated later. In any event, the action alleges an impact on indigenous property, specifically seeking its protection in favor of specific individuals, and under a protective international legal regime. Precisely, this has an impact on compliance with the international obligation established in Article 14.1 of Convention No. 169, which establishes: "The rights of ownership and possession of the peoples concerned over the lands which they traditionally occupy shall be recognised," and in 14.2: "Governments shall take steps as necessary to identify the lands which the peoples concerned traditionally occupy, and to guarantee effective protection of their rights of ownership and possession." As such, indigenous persons belonging to a given community, like Development Associations (Asociaciones de Desarrollo), are subjects of private law; evidently, these are the organizations that permit the internal and autonomous self-organization of indigenous and tribal groups. As such, there are protections for communal private property that must be applied, provided by law as a first premise, and moreover, State conduct must also be adjusted to comply with international obligations. For all this, it must be determined whether, in effect, the challenged Executive Decree (Decreto Ejecutivo) has a direct or indirect impact, the magnitude of that impact, and subsequently, compliance with the procedure established by law. VII.- On the implications of indigenous rights. Thus, the following points shall be examined: A.- It must be ensured that the challenged Executive Decree (Decreto Ejecutivo) does not—necessarily—imply the flooding of indigenous territories, even though it could imply compromising the specific fundamental rights of indigenous peoples. As indicated supra, this Chamber has recognized the special character of the indigenous population in our country, as "... the most 'natural' of our natives," it is equally true that no rights are held by conquerors and colonizers, nor by those who inherited that position over these ethnic minority groups, for it is important to reaffirm that the State owes them protection and respect for the integrity of the values, practices, and institutions of those peoples, among them the right to develop freely according to traditional models of land tenure and use, associated with their culture and customs, which are undoubtedly rights that must be safeguarded when conducting consultation in an adequate context. Additionally, through the reform of the Political Constitution by Law No. 9305 of August 24, 2015, it is established that "Costa Rica is a democratic, free, independent, multiethnic, and pluricultural Republic," which could not be ignored by this Tribunal. Having said all the foregoing, it is necessary to determine whether the Executive Branch (Poder Ejecutivo), through the challenged Executive Decree (Decreto Ejecutivo), specifically and potentially affected indigenous territories. In the view of the Office of the Attorney General (Procuraduría General), this is not clear in the case file. However, upon examining the jurisprudence of this Tribunal, it is possible to take as accredited that the application of the challenged Executive Decree (Decreto Ejecutivo) maintains portions of the indigenous territory in question within the limits of the habilitation or authorization. Specifically, this impact has been determined by the State, so it is important to keep in mind that already, by Judgment No. 2011-12975 of 14:30 hours on September 23, 2011, this Chamber established that: "III.- ON THE PROPERTY OF THE INDIGENOUS PEOPLE PETITIONING. The [Name 002] Reserve is bounded in Executive Decree (Decreto Ejecutivo) 22203 of April 2, 1993. Likewise, its legislative foundation derives from the so-called Indigenous Law (Ley Indígena) No. 6172 of November 29, 1977, whose Article 2 expressly declares as property of the indigenous communities the reserves mentioned in its Article 1, within which the Térraba reserve is included. Now, according to the technical report of the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional) of the Ministry of Public Works and Transport (MOPT) (folio 318), Article 8 of the cited Decree refers to plane coordinate points that represent sites for the exploitation of materials for the dam, powerhouse, and related works. For its part, the project consists of exploitation sites; therefore, it does not possess a single space or area of action, and since the spatial dimensions of such sites or points are not indicated, it is impossible for now—according to the information in this proceeding—to calculate a common land area that might exist between the Diquís Hydroelectric Project and the [Name 002] Reserve. Nevertheless, upon establishing the boundaries of the [Name 002] Reserve on the respective topographic maps, in conjunction with the location of the places forming part of the hydroelectric project, there are three sites coinciding with the area of the Reserve: points 536000 E / 337875 N, 547052 E / 334121 N, and 546614 E / 332384 N. On the other hand, in its report, the Costa Rican Electricity Institute (ICE) admits that approximately 74 hectares would be flooded in the indigenous reserve of China Kichá and 653 hectares of the [Name 002] reserve. In total, approximately 727 hectares would be flooded, affecting 7.5% of the total [Name 002] territory and 5.7% of the total China Kichá territory. Consequently, it is indubitable that the Diquís Hydroelectric Project, in its execution phase—which has not yet begun—and according to the information that does appear in the case file of this action, will encompass Térraba indigenous territory." Hence, given the clarity of this Tribunal's conclusions, it could not now be contradicted, much less if it is not alleged that a material error in assessment was made by the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional), the administrative and technical body that contributed to locating the areas of possible impact. Although what the petitioner claims is the flooding of indigenous territory, which evidently has not happened nor would happen, since the reports are clear that it is in the preliminary stages, and as will be indicated further below, the project was suspended in its entirety. However, the manner in which the Government of the Republic addressed the matter, by declaring the project of National Convenience (Conveniencia Nacional), did compromise the specific fundamental rights of the indigenous peoples to whom the challenged Executive Decree (Decreto Ejecutivo) was applied. B.- The need to observe the mechanisms that give effect to those fundamental rights of indigenous peoples. This Chamber will address the problem presented in the case before us, especially in light of what was reported by the Minister of Environment and Energy (Ministro de Ambiente y Energía). The Ministry of Environment and Energy, which is the governing body in environmental matters, informs the Chamber that it is authorized to declare projects of national convenience in light of Articles 19, subsection b), and 34, and in accordance with Article 3, subsection m), all of the Forest Law (Ley Forestal), which regulate the possibility of exempting the prohibitions of the forest regime linked to private property, but that these "do not apply to any situation or project, but only to those cases in which it can be demonstrated that the social benefits are greater than the socio-environmental cost, however, this Office does not have the social and economic studies and assessment that would justify this, the foregoing without ignoring that the project is being carried out on indigenous territory." Thus, to resolve the action, this statement must be taken for what it is, the admission that an essential part of the administrative procedure was not carried out. Although it could be argued that the legal conflict would translate into a conflict of legality, given the Executive Branch's omission to comply with the legal requirements established in the Forest Law, in the Chamber's opinion, the underlying problem is not limited solely to a breach of the law per se. It must be linked to the effects of the Executive Decree (Decreto Ejecutivo), given that it authorizes the preparatory studies or preliminary studies of a major work on indigenous territories (Article 3, of the Constitutional Jurisdiction Law – Ley de la Jurisdicción Constitucional). Thus, it must be defined whether, even at this procedural stage in which National Convenience was declared without fulfilling all legal requirements, the international obligations freely accepted by the Costa Rican State upon ratifying Convention No. 169 of the International Labour Organization are applicable. The foregoing, despite the fact that the plaintiff expressly waives the lack of free and informed consultation as one of the grounds for his challenge, is no obstacle for this Tribunal to analyze whether the omission incurred by the Executive Branch entails other serious implications for the rest of the rights that accompany indigenous communities in their right to self-organization and relationship with their territories, as this is a core obligation of the system of protection for these communities that ensures their self-preservation. It is worth stating here that the free and full exercise of the rights recognized by Convention No. 169 of the International Labour Organization is enforced through the obligation to consult indigenous peoples. This would be one of the most important means provided by the aforementioned Convention. However, it should not be considered the only one, because from its own wording, there is the obligation to respect and guarantee the rights of indigenous peoples established therein; in addition to the obligation of consultation, these others are autonomous rights and subsist despite the State's omission to establish consultation mechanisms. Furthermore, it would be necessary to detail whether the existence of other, more general substitute mechanisms, which were also not observed, affects the rights established in the Convention. Thus, it is important to mention that the same block of legality establishes consultation mechanisms, but for all organized groups to express their considerations when it comes to the drafting of provisions of a general nature, as will be examined below. It should be defined that potential and indirect impacts must be susceptible to protection, especially if this is so recognized in national legislation and implies respect, guarantee, and protection of the human rights of indigenous people. The contrary would clearly render them insubsistent. It is necessary to remember that the Executive Decree was enacted to identify the technical viability of the project; and, at that time, it was not clear whether there would be material consequences for the indigenous territory. Having dismissed the argument of the Attorney General's Office that the areas that could be affected by the works are not located, the Chamber considers that the mere mention of the coordinates, insofar as it comprises areas of the indigenous territories that would be intervened upon and studied, implies that a minimum of guarantees of ordinary legality, such as the rules established in the Forest Law and the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), should have been complied with, and with greater reason, others such as the protection of indigenous territories that are established by Treaty. It would be incomprehensible for this Chamber to retract the location and placement of the indigenous territories that it had already defined in another precedent of the Tribunal. Hence, the assertion that there is no impact from the challenged Executive Decree because it does not mention the indigenous territories could not be accepted, given the concrete and potential effects that there would be on these indigenous territories (Article 3, of the Constitutional Jurisdiction Law), it being possible to affirm that if material activities were authorized, directly and indirectly, in favor of persons outside the indigenous reserves, these would be research and data collection activities within their territories, which is a matter that must contemplate indigenous rights. As can be observed, in the transcribed precedent issued in another action of unconstitutionality, the potential impact on the special protection of indigenous communal property was accredited within the judicial proceedings, without the concurrence of a duly substantiated administrative act of a general nature. In this way, it is clear that the Costa Rican State made a decision without fulfilling requirements, by not weighing the social benefits against the socio-environmental ones. It is also true that throughout many of this Tribunal's precedents, it was indicated that this was a preliminary research phase, preparatory to the Environmental Impact Study, which would not lead to the flooding of lands or indigenous territory, and that, therefore, it would not be necessary to demand at this point the formalities of free, prior, and informed consultation of the indigenous community (Rulings No. 2008-011743 at 12:16 p.m. on July 25, 2008; No. 2008-013560 at 10:20 a.m. on September 5, 2008; No. 2009-06045 at 2:53 p.m. on April 22, 2009; No. 2010-009536 at 11:01 a.m. on May 28, 2010; No. 2010-13100 at 2:57 p.m. on August 4, 2010; and No. 2010-13662 at 3:42 p.m. on August 17, 2010, cited in Ruling 2011-12975 at 2:30 p.m. on September 23, 2011), but although the foregoing was so, it is necessary to analyze the implications of non-compliance with the formalities of the Forest Law. C.- On the changes in legal circumstances of the El Diquís Hydroelectric Project. The Executive Decree that declared the El Diquís Hydroelectric Project as a project of national convenience has evolved in different ways; even this has been reflected before this Tribunal as a consequence of the change of circumstances. In this sense, the "preliminary" studies of the Hydroelectric Project have not continued; they have been suspended, and notwithstanding the foregoing, the need to re-examine an element that had not been discussed in this venue is viewed with concern: the obligation of weighing social benefits and socio-environmental costs not discussed in the administrative channel. This obligation arises from the regulations that the legislator conceived so that every activity supported by the Executive Branch in accordance with sustainable development and considered of national convenience would comply with this weighing of socio-environmental sacrifices and benefits. However, before beginning the discussion on the merits, it is important to bring up the following rulings that are relevant to the Tribunal's manner of resolution. By means of Ruling No. 2019-14731 at 9:20 a.m. on August 9, 2019, the Chamber indicated that: "As indicated supra, this Tribunal has extensively elaborated on the concept of prior consultation that must be carried out to adopt administrative or legislative provisions that affect indigenous peoples. In compliance with this obligation, the State adopted in 2016 Executive Directive No. 042-MP, "Construction of the Consultation Mechanism for Indigenous Peoples"; and after conducting workshops, training sessions, and consultations, in 2018 Executive Decree No. 40932, General Consultation Mechanism for Indigenous Peoples, was enacted, as well as Directive 101-6, which makes its application binding on autonomous institutions. (...) the ICE submitted the corresponding consultation request. However, and given the temporary nature of the Unit responsible for operating the procedure, the aforementioned process was withdrawn. Subsequently, it was determined that the project is not viable for the requirements of the country's generation system for the next 15 years, and it was decided to postpone its execution; which evidently includes the indigenous consultation. Therefore, given that the El Diquís Hydroelectric Project was postponed by the respondent Institute, the legal remedy becomes inadmissible. In other words, it does not follow from the list of proven facts that there is a current, certain, and imminent threat to the fundamental rights of the protected parties. Based on the foregoing, dismissal of this process is warranted." Along the same line of argument, the Attorney General's Office brings to the attention of this Tribunal the final judgment No. 194-2015-VI at 3:15 p.m. on November 27, 2015, of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, Sixth Section, which established that: "1) The Costa Rican Electricity Institute (Instituto Costarricense de Electricidad) is ordered that, if it decides in the short, medium, or long term to reopen or resume the geological research phase at the Térraba Site prior to the execution of the El Diquís Hydroelectric Project, it must initiate the respective environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) procedure under the regulations in force at the time of the submission of its application. 2) The National Environmental Technical Secretariat is ordered that, if the research phase to which we referred is resumed, it must define the environmental assessment instrument that must be required of the ICE in accordance with the provisions of the current legal system and taking into account the parameters established for the purposes of that classification, as well as the environmental significance of each of the impacting works or activities to be carried out. 3) The Costa Rican Electricity Institute is ordered that, should it decide in the short, medium, or long term to reopen or resume the geological research phase at the Térraba Site prior to the execution of the El Diquís Hydroelectric Project, it must process with the competent entities and bodies the authorizations or permits required by the legal system to carry out activities such as tree cutting, earthworks (movimientos de tierra), excavations, construction of works in the riverbed such as dykes or gabion walls. 4) Both defendants are ordered that, as long as the prior, free, and informed indigenous consultation with the [Name 002] people has not been carried out and the corresponding environmental assessment instrument for the activities to be carried out is not available, they must refrain from adopting any administrative conduct, whether referring to the research phase or the investment phase of the PHD, that could affect the environment or the biodiversity of that Indigenous Reserve." In the considerative part, it is stated that: "In this sense, if the ICE decides, in the short, medium, or long term, to resume the geological research phase of the PHD at the Térraba site, it must initiate the corresponding environmental impact assessment procedure, which will be processed under a new file (not as a modification or extension) and will be governed by the regulations in force at the time of its submission, according to which the project classification, the level of environmental significance, and the instrument to be required must be determined. Regarding this last aspect, the plaintiff's claim proposes that the environmental assessment in the [Name 002] Territory be done through a Strategic Environmental Assessment or an Environmental Impact Study. Initially, it must be noted that the definition of the environmental assessment instrument is a power that corresponds exclusively to the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional del Ambiente, SETENA), in accordance, of course, with the particularities imposed for each case by the current regulations." If, in addition to the foregoing, one takes into account what was indicated by the Minister of Environment and Energy, the question of determining the constitutional and conventional regularity of the Executive Decree of National Convenience, the object of the action of unconstitutionality, still remains open, because it is precisely this decree that gives rise to and initiates the administrative conduct that the ICE required to initiate all the "preliminary" feasibility procedures for the El Diquís Hydroelectric Project before SETENA, and worse still, which allegedly allowed it to materialize on indigenous territory. Now, having examined the judgment of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, from the venue of ordinary legality, the Executive Decree was not addressed because said claim was withdrawn by the Integral Development Association of the [Name 002] Reserve, for although the process had been initiated with the lawsuit filed by the Association, its representative requested the express withdrawal while the lawsuit was in progress, which was accepted by the Tribunal, in Ruling No. 127-2015-VI, at 9:50 a.m. on July 30, 2015. Among the different claims, the total annulment of several administrative conducts was requested, because the prior consultation procedure with the indigenous community had been omitted, and due to non-conformity with the legal system, it was requested: "a) Executive Decree No. 34312-MP-MINAE of February 6, 2008, published in La Gaceta No. 31 of February 13, 2008." As can be observed, the legality of this claim was not examined, a claim which is now known in this venue. Prior to the processing and enactment of Executive Decree No. 34312-MP-MINAE of February 6, 2008, called "Declaration of National Convenience and Public Interest of the studies and works of the El Diquís Hydroelectric Project and its transmission works, hereinafter the Project, which will be built by the Costa Rican Electricity Institute," as previously indicated, the Executive Branch had to carry out a weighing exercise before its issuance, so that to change the land use (cambio de uso del suelo) of the site, a study involving maximizing the social benefits compared to the socio-environmental costs was needed, as defined in Article 3, subsection m), of the Forest Law. Likewise, numerals 19, subsection b), and 34, of the same legal body. The Chamber must take into account that just as several infractions of the Forest Law were materialized, so too were infractions of Convention No. 169, which the plaintiff seeks to protect, such as respect for the integrity of indigenous territory. Thus, the absence of socio-environmental studies to overcome the prohibitions contained in the Forest Law, such as the felling of trees in protection zones, including those located on indigenous communal property, is nothing other than an act contrary to the principles of good faith and to Convention No. 169 itself, which establishes it as an important element—of trust—for the conduct of the State before the indigenous communities under its jurisdiction. This linkage is important, even in the preliminary phase, hence the necessity that any project including indigenous territory should have had consultation with these peoples, as with any other that could be affected. It could not be affirmed that Article 1 of the challenged Executive Decree meets this requirement, which is evidently the core postulate and support of everything else. The declaration of national convenience did not have the study of social and socio-environmental costs, as reported by the Minister of Environment and Energy himself, a study which would have clearly revealed the need to comply, at least in a preliminary stage, with the consultation and, with it, the opinion of the indigenous peoples. Furthermore, the effect of Article 9 of the Executive Decree is clear to this Tribunal, because it also illegitimately renders the indigenous territories invisible (which, it should be recalled, were located and individualized before this Tribunal), by exempting the ICE from demonstrating ownership of the properties, all of which constitutes a constitutional (Article 45) and conventional infraction (Article 21 of the American Convention on Human Rights, and numerals 13.2 and 14.2 of Convention No. 169). With these norms, indigenous communal private property was disrespected, in addition to exempting actions from environmental protection regarding the cutting and exploitation of species, among other things, activities that could not take place in the indigenous territory without the minimum legal formalities being implemented. The international obligations established in favor of certain vulnerable sectors of the world population must be taken into account. These instruments are for the protection of defined categories of the world population that have suffered historical vexations and continue to suffer them, even despite being instrumented in human rights treaties. These obligations are created with the purpose of legally binding States according to a specific object, so that they can be invoked internally by the interested parties who are the object of protection, and by other subjects of international law in case of non-compliance. In this sense, it is necessary to indicate that in Costa Rica, these instruments have a privileged rank that, in application of the doctrine of public international law, must be observed in good faith by the State, like the principle pacta sunt servanda, as well as other principles contained in the Vienna Convention on the Law of Treaties. In the case of Constitutional Law, these instruments of fundamental rights, in accordance with the protective principles of Human Rights, are received by this Tribunal, so the preeminence of these international obligations applies insofar as they grant greater protection to human rights and surpass those granted by the Political Constitution itself. This doctrine, established since the early days of the Chamber, among which is Chamber Ruling No. 1995-2313 at 4:18 p.m. on May 9, 1995, established that: "... the provisions of Article 7 of the Political Constitution do not apply, since Article 48 of the Constitution has a special norm regarding human rights, granting them normative force at the constitutional level itself. To the point that, as this Chamber's jurisprudence has recognized, human rights instruments not only have a value similar to the Political Constitution, but to the extent that they grant greater rights or guarantees to persons, they take precedence over the Constitution." The omission of consultation with indigenous or tribal peoples, if relevant, inevitably resurfaces with the statement from the Minister of Environment and Energy, as well as from the contributions of some of the co-adjuvants. The Chamber agrees with the aforementioned Minister that decrees of national convenience do not apply to any situation or project, but to specific ones that comply with the requirements of the law; that is, those that comply with demonstrating that the social benefits pursued would be considered greater than the socio-environmental costs. The concern arises because he informs that those studies and the social and economic assessment that would justify them are not present in his Ministry. On the other hand, in addition to what was indicated supra by this Chamber in its jurisprudence, he admits that the project is carried out on indigenous territory, and it is clear that an adequate administrative procedure was not followed (of the Forest Law, such as those outlined in Article 361 of the General Law of Public Administration, within the special procedures for the drafting of provisions of a general nature). D.- On the jurisprudence. The plaintiff argues that the exceptional provisions of the Forest Law cannot be applied to indigenous territories, because it is a special communal property. Although this is a topic that was addressed in a timely manner earlier, the implications of the solutions given by the Chamber's jurisprudence and by the Inter-American Court of Human Rights remain to be seen. In this sense, there is an obligation to consult indigenous peoples about measures that may affect them; it is also necessary to establish that access to natural resources is not closed, even if they are in indigenous territories. This Chamber, in Ruling No. 2011-012975 at 2:30 p.m. on September 23, 2011, brings up, again, that this resolution compiled the different rulings that established that demanding prior consent for the preliminary studies of the project would be a premature claim. Now, it is important to resume this discussion in light of the international obligations that the country has with respect to the indigenous peoples and communities formally constituted in the place where the preliminary studies of the El Diquís Hydroelectric Project are being developed. It is important to mention that, for its part, the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal itself, Sixth Section, by judgment No. 194-2015-VI, at 3:15 p.m. on November 17, 2015, conditioned all the actions of the Costa Rican Electricity Institute, so that the environmental authorizations and permits needed to enter and resume the environmental studies in the indigenous territories had to be redefined, which will even have an impact on the Consultation. The purpose of the studies is to determine whether it proceeds or not—technically—as well as to provide information for the Environmental Impact Study, a process that effectively involves the execution of works within a geographical area that includes indigenous territories. When the Chamber's jurisprudence analyzed parts of the Executive Decree of National Convenience, the serious omission that now arises from the report of the Ministry of Environment and Energy—the governing body responsible for ensuring the protection of the environment and its non-discriminatory relationship with society in general—had not been brought to attention. The detail is that the national convenience decree exempted from the restrictions on land use covered by the forest regime, but for this, it was necessary to produce a technical study demonstrating the social benefits for the sectors involved. This Tribunal had previously held, in Ruling No. 2009-017155 at 2:00 p.m. on November 5, 2009, that: "The possibility of land-use change for private properties that have been previously affected for the preservation of the forest resource, was based precisely on the concept of sustainable development that must be incorporated into the content of due environmental protection; whereby, as already indicated, it is not only possible but necessary to promote the economic and social development of the population – in fulfillment of the precept contained in the first paragraph of Article 50 of the Constitution, according to which the State must procure the greatest well-being for all the inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth; clearly, in accordance with respect for environmental norms, otherwise a serious paralysis of our country's development would be caused, neither desired nor intended by the constituent delegates, nor by the legislators who had the responsibility of enacting the Law in question. Thus, this Tribunal maintains the opinion previously rendered, pointing out that the provisions of the challenged norm are not harmful to the right to a healthy and balanced environment, because at the moment of concretizing a project as one of national convenience, the environmental impacts produced by it must be previously verified and a comparison made with the social benefits it entails, which cannot be verified abstractly in the norm, but rather in the analysis of each specific case, via a legal remedy (recurso de amparo) and not through an action of unconstitutionality." That is, the precedent clearly opts to unravel the meaning of the normative guideline of the Forest Law, which is to pursue sustainable development and the rational use of resources, so that for reasons of logic, justice, and convenience, paths are defined that would demarcate the prevalence of the different interests and rights involved. But, for this to be duly substantiated, the first thing this Chamber observes is that it was necessary for the Executive Branch to gather the information prior to issuing the Executive Decree, given that there were no reasons of public interest or urgency alleged to exist that would allow the omission of legal requirements, such as granting a ten-day hearing to representative entities of affected general or corporate interests (Article 361, subsection 2, of the General Law of Public Administration). This was not done, according to the Minister of Environment and Energy. Even in a case intended to benefit an indigenous community with the concurrence of the project for the improvement of an existing road, tree cutting was necessary, which is why compliance with the legal requirements was necessary before declaring National Convenience. The Chamber, in Ruling No. 2021-12080 at 8:30 a.m. on May 28, 2021, indicated that: "It was proven that although there is an existing passage already in use within the indigenous reserve and what is intended is to improve said passage to enable the entry of vehicles, because within the route there are approximately 9.2 kilometers that pass through a forest cover (cobertura boscosa) area, it is necessary to process the declaration of national convenience in order to grant the permit for cutting the trees that need to be cut to create the intended road. Although, beforehand, the Municipality of Golfito, like any developer of a national convenience project, whether public or private, must submit the necessary technical studies, demonstrating that the social benefits of the project are greater than the socio-environmental costs. Thus, subsequently, these studies will have to be analyzed and assessed beforehand by the Executive Branch, before proceeding with the respective declaration of national convenience." On the other hand, according to the Minister's report, no differentiation was made between sectors subject to a land regime of forest property and those subjects of private law that would also be indigenous communal or collective entities, which entails a problem of constitutional and conventional relevance, since it involves social categories of importance to the constitutional jurisdiction. The observation is relevant to this Constitutional Tribunal, because it concerns social categories that are internationally protected due to the history of discrimination and suppression to which indigenous peoples have been subjected. The Chamber recalls that in Ruling No. 2020-023789 at 7:00 p.m. on December 10, 2020, it was indicated that: "... from its ratification by our country [referring to the Minamata Treaty], the international obligations it assumes should be producing lasting legal effects, which must be standard practice in those Human Rights treaties that seek to elevate human dignity, and whose obligations consist of protecting, safeguarding, and ensuring respect for those rights. [...] This type of treaty also seeks the effet utile, or what amounts to achieving lasting legal effects, as these are common efforts and international cooperation in a specific area, because they acquire special international interest." A material effect is required, which arises from the need for States, when they sign and ratify international obligations, to make the agreed terms and conditions fulfilled within their respective national jurisdictions, which, for our country, is neither more nor less than respecting the obligations agreed towards indigenous and tribal peoples, duly agreed upon in Convention No. 169 of the International Labour Organization. A very necessary complementarity must be sustained between these international obligations and the importance of the studies that, in accordance with Article 3, subsection m), of the Forest Law establishes, as has been cited so many times: "Activities of national convenience: Activities carried out by centralized State agencies, autonomous institutions, or private enterprise, whose social benefits are greater than the socio-environmental costs. The balance must be made using the appropriate instruments." It is added that this subsection m) and another were added by Law No. 7788 of April 30, 1998, which is the Biodiversity Law. However, despite the foregoing, the Regulation to the Forestry Law (Reglamento a la Ley Forestal), Executive Decree No. 25721 of October 17, 1996, established the definition of national convenience (conveniencia nacional) in Article 2. Therein, it established as “National Convenience: National convenience activities are those related to the study and execution of projects or activities of public interest carried out by centralized State agencies, autonomous institutions, or private enterprise, which provide benefits to all or a large part of society, such as: water catchment, transport, and supply; oil pipelines; road construction; electricity generation, transmission, and distribution; transportation; mining activities; irrigation and drainage canals; recovery of areas with forestry vocation; conservation and sustainable management of forests; and others of a similar nature as determined by MINAE according to the country’s needs.” However, at that time, a legal definition already existed that linked Article 114 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), No. 7788 of April 30, 1998, by adding Article 3, subsection m), to the Forestry Law, which already established that “national convenience” consisted of “…activities carried out by centralized State agencies, autonomous institutions, or private enterprise, whose social benefits are greater than the socio-environmental costs. The balance shall be made through the appropriate instruments.” In the opinion of the Court, this is of great importance for the decision at hand, because it set out the procedure that should have been followed, although it could be said that the Costa Rican State had two possible paths: a) carry out the administrative procedure granting a hearing to the affected communities, including indigenous ones (Article 361.2 of the General Public Administration Law: “Entities representing interests of a general or corporate nature affected by the provisions shall be given the opportunity to present their views, within a period of ten days, except when reasons of public interest or urgency duly recorded in the preliminary draft oppose them”); or b) not grant the hearings but adequately justify “when reasons of public interest or urgency duly recorded in the preliminary draft oppose them” (idem), relieving itself of possible consultations. The second path was mistakenly chosen, without also complying with the legal obligation to indicate the reasons of public interest or urgency for omitting it, which evidently brings numerous problems, as the Minister of Environment himself reports and draws this Court’s attention to this omission. Furthermore, the Minister of the Presidency emphasizes the importance of the hydroelectric project, indicating in his submission that what exists is a development in various phases. At the time the report was rendered, the first phase was being developed, consisting of carrying out feasibility studies, such as studies of the physical environment for the design of the works, collection of biotic, physical, and socioeconomic information to be used as technical support for the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA). In turn, the reporting Minister of the Presidency points out that prior consultation with the indigenous groups should have been done before said study. Notwithstanding the foregoing, the Chamber retakes that the report of the Minister of Environment and Energy affirms then that the Executive Decree does not comply with the statement of the definition that says “The balance shall be made through the appropriate instruments,” because clearly, lacking the requirements indicated above, there was no administrative weighing procedure, which is what would be mandated by environmental legislation, a claim barely made by the plaintiff, and tangentially, but which is made -concretely- by some of the coadjuvants in this proceeding. Moreover, the omissions lead to other infringements of the legal order. In Judgment No. 2010-006922 of 14:35 hours on April 16, 2010, the Chamber held that: “LXXXIX.- It is for the foregoing that it is inaccurate to assert the unconstitutionality of Article 2 of the Regulation to the Forestry Law, since in accordance with the established, what said provision orders must be integrated and applied according to what is defined in Articles 19 and 34 of the Forestry Law itself. That is, even though Article 2 of the Regulation identifies mining activity as a national convenience activity, it is clear that this character, identification, or recognition -national convenience- is subject to compliance with what is established in the legal provisions -demonstration that the benefits are greater than the cost-, so it is evident that the Regulation does not supplant the legislative will, does not empty the legal provisions that inform it of content, nor does it controvert in any way the environmental protection that must be granted in accordance with Article 50 of the Constitution, so it also cannot be argued that said regulatory provision exceeds the limits of reasonableness when, on the contrary, the carrying out of legally established concrete acts is imposed. It is thus that the authorization of land-use change (cambio de uso del suelo) cannot be granted only because the Regulation says that mining activity is of national convenience, but rather such authorization is proper when that convenience has been duly demonstrated and publicly declared by the Executive Branch by means of a subsequent act, an administrative act for whose issuance the corresponding procedures and instruments have been complied with. The application of these instruments and the determination of the goodness of the benefits over the costs is precisely what prevents the adoption of arbitrary acts by the administration, since the results obtained will provide criteria and a technical-objective basis for the Executive Branch to issue the declaration of national convenience of a specific mining project and the corresponding authorization for land-use change. […] Thus, it is more than clear that if the legal order imposes on the administration the duty to carry out a prior procedure to pronounce a declaration of national convenience of a specific activity, this is precisely a barrier that prevents administrative arbitrariness, and, on the contrary, obliges the administration to adopt and issue administrative acts duly founded on objective technical reasons; this situation, moreover, allows and guarantees that the issued administrative act can be assessed at the time by the corresponding administrative and judicial instances.” Consequently, there was no study that could demonstrate the weighing of the balance required by the regulations, much less, with the aggravating factor for the case, that the analysis would be required not only for the determination of socio-environmental costs, as would occur for entities representing interests of a general or corporate nature, but for a part of the Costa Rican population protected by Convention No. 169 of the International Labour Organization. These regulations, of course, enforceable and directly applicable by the Public Administration prior to the issuance of the Executive Decree. The Chamber’s precedent must be brought up regarding the Executive Decree at issue, in which it was decided through Judgment No. 2010-013100 of 14:57 hours on August 4, 2010, that it was constitutional based on the following considerations: “Well then, what has been said so far serves to indicate that the Executive Branch has not exceeded its powers and the exemptions it has granted are fully protected by its obligation to ensure that the country follows an environmentally sustainable development model, based on forms of clean energy production. Additionally, the declaration of national convenience of the El Diquís Hydroelectric Project is protected by the provisions of the Forestry Law and its regulation, since a hydroelectric dam is, certainly, a project that seeks the ‘generation, transmission, and distribution of electricity,’ such that the challenged decree would shelter a project that fits within the assumptions of Article 19 of the Forestry Law and Article 2 of the Regulation to the Forestry Law. Added to this, it must be taken into account that the decree in no way implies the possibility of carrying forward the El Diquís Hydroelectric Project without complying with the environmental controls provided by the legal order, since, as the informants in this action well admit, the decree does not exempt it from carrying out an environmental impact assessment for obtaining the respective environmental viability, an essential and indispensable requirement if one wishes to continue to the materialization of the project. In addition, it must be noted that the plaintiff does not specifically challenge subsections b), c), and d) of Article 9 of Executive Decree 34312-MP-MINAE of February 6, 2008, because he does not provide the concrete reasons why those three sections of that decree may empty Article 50 of the Constitution of its essential content. In that sense, it must be recalled and brought up what was said at the beginning of this recital: human dignity is the center, the cornerstone, of any Rule of Law, so that it and respect for the integrity of the environment must, without a doubt, go hand in hand, for an environmental policy that does not take into account the full development of persons will hardly be sustainable, nor will a socioeconomic development model that does not concern itself with the environment and that sacrifices, at all costs, the protection of the environment, ignoring that it is an essential and integral part of our lives. From that perspective, subsections b), c), and d) of Article 9 of the challenged decree are not contrary to the Law of the Constitution, since they are protected by a legal provision that authorizes the Executive Branch to take certain actions to expedite the type of projects contemplated therein, without this meaning or entailing a lack of protection of the environment and without the authorization erecting itself as an arbitrary, unreasonable, and unlimited prerogative for the destruction of the environment or the emptying of the minimum content of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Then, it is clear that the challenged provisions fully conform to the Law of the Constitution, since they fit, coherently, with the development model imposed by the vision of a Social Rule of Law State designed by the original constituent. Moreover, they do not signify an emptying of the minimum content of the right to a healthy and ecologically balanced environment. In addition, those provisions do not imply ignoring the legislation that safeguards the environment. Likewise, the decree in no way exempts the El Diquís Hydroelectric Project from carrying out the environmental impact assessment. And, finally, that decree was issued in accordance with the powers that the Forestry Law and its regulation grant the Executive Branch to declare the national convenience of a project, which, in this case, clearly fits as an infrastructure project from which the ‘[…] generation, transmission, and distribution of electricity […]’ is sought. VII.- Finally, by means of a brief filed before this Chamber at 8:10 hours on August 1, 2008, the plaintiff alleged that to date there was no agreement between the Instituto Costarricense de Electricidad and the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva [Name 002]. Which, in his opinion, infringes Article 7, first paragraph, of the Political Constitution, by opposing Article 14 of Convention 169 of the International Labour Organization concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, which was duly incorporated into our legal order through Law No. 7316 of November 3, 1992. However, this refers to facts outside the specific object of this action. In any event, it is worth noting that the plaintiff already filed an amparo remedy in which he accused those same facts (case file 09-001709-0007-CO) and such proceeding was declared without merit, through judgment 2009-006045 of 14:53 hours on April 22, 2009. So the plaintiff must abide by what was resolved at that time.” Now then, in this Judgment No. 2010-013100 cited above, it was resolved based on the Regulation to the Forestry Law (Article 2), which defines, among other things, what “National Convenience” is, and exemplifies activities such as “electricity generation, transmission, and distribution.” Accepting any of the activities enumerated in the definition, which is, in turn, numerus apertus, carries in itself the germ of arbitrariness as indicated in Judgment No. 2010-006922 of 14:35 hours on April 16, 2010, cited previously. It is evident that the absence of an administrative procedure for weighing social benefits against socio-environmental costs was not analyzed, as has been argued supra in this judgment. Continuing with the cited precedent, and the amparo remedy alluded to, it was declared without merit the claim to apply Convention No. 169 of the International Labour Organization, it was resolved with Judgment No. 2009-006045 of 14:53 hours on April 22, 2009, in the following manner: “IV.- On the specific case. In the case under study, the petitioner accuses injury to Article 6 of Convention 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries 1989, since the Instituto Costarricense de Electricidad did not consult the inhabitants of the Reserve [Name 002] prior to carrying out the studies for the El Diquís Hydroelectric Project. Indeed, and based on the international regulations outlined in the preceding recital, there is a right on the part of indigenous peoples to be consulted, through appropriate procedures, and in particular through their representative institutions, whenever legislative or administrative measures likely to affect them directly are foreseen. Certainly the construction of a Hydroelectric Plant is one of those issues; however, it is necessary to analyze whether in the specific case there was a duty to consult. In that sense, from the report rendered under oath, with the consequences, including criminal, provided by Article 44 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), it is inferred that currently the project in question is in the first phase, the feasibility phase, which comprises the preparation of the inputs for the consulting firm that will be contracted for the Environmental Impact Study, given that said study has not even begun. In this way, it is the case that the construction of the El Diquís Hydroelectric Project is not yet defined in its development and effective construction, since the corresponding permits have not even been requested yet, because the feasibility for carrying out the mentioned project has not yet been determined, since if the investigations are not carried out there is no way to know if it is possible or not, due to the local geology, to build a dam. It is thus that this Chamber considers the present amparo remedy to be premature, since it is before a future and uncertain event, because it is not yet known with certainty whether the construction in question will take place or not. V.- Notwithstanding what was indicated in the preceding recital, both from the report and from the evidence contributed to the case file, it is inferred that throughout the entire process different actors have participated, among whom the indigenous communities stand out, it being the case that currently the effective social consultation mechanism is being discussed with the [Name 002] population in order to resolve the implementation of the indigenous participation and representation mechanism; in that sense, it is indicated that a joint process is being carried out with the different communities in order to achieve not only the application of the regulations but also the compilation of the real needs that affect them. In that sense, it is the case that the Social Area team of the Environmental Management Unit of the El Diquís Hydroelectric Project has been holding meetings with all the organized groups of the community of Térraba, such as the Asociación de Desarrollo [Name 002], Ruta de las Aves, Asociación para la Defensa de los Derechos Indígenas Teribes, Consejo Indígena Térraba, Rincón Ecológico, Asociación para la Defensa de los Habitantes de la Cultura Indígena, Naso Lokes. In addition, they have made contact with Frente de Lucha. By reason of the foregoing, this Chamber considers that the respondent authority has made efforts to approach the indigenous inhabitants of the community of Térraba, despite the fact that the construction of the dam has not yet been definitively concretized. However, it is necessary to remind the respondent authority that, should the development of the El Diquís Hydroelectric Project be decided upon, they must ensure the indigenous peoples effective participation in the process and in decision-making. Finally, it is worth indicating that it is not for this Chamber to analyze whether the Instituto Costarricense de Electricidad paid or did not pay appraisals for damages to third parties inhabiting the territory of Térraba, since determining whether an appraisal should be made and the corresponding indemnity paid and before which instance it must be done, escapes the powers of this Court. Thus things being, it is proper to declare the remedy without merit, as is hereby ordered.” Despite the fact that, indeed, the Chamber’s jurisprudence is cited, its reexamination is imperative; it is clear that the reconsideration of these precedents is necessary, especially under a better weighing to apply the doctrine of Judgment No. 2010-006922 of 14:35 hours on April 16, 2010, because the approach must be another, one that reconciles the principle of legality with the international obligations, duly ratified, of treaties into national legislation. If there is an infraction against Human Rights Instruments, such as Convention No. 169 of the International Labour Organization, these enjoy a rank equivalent to that of the constitutional rights recognized in the Political Constitution; and, therefore, by virtue of the protective principles of human rights, greater protection must be recognized when the Political Constitution itself does not do so. It is recalled that it is the Constituent Power itself that recognizes the preeminence and preponderance of Treaties at the domestic level, which is an added value towards the mandatory observance of their terms for all legal operators, and that this must happen when the legislator approves the instrument, granting it the potency and resistance to the provision for its internal application in the country. The Chamber refers to the rank or hierarchy of international regulations in the country. It has been the derived Constituent Power that has sought for human rights instruments to acquire a value similar or equal to the text of the Political Constitution, when it enabled, through Constitutional Article 48, that said instruments be a source of law in the jurisdiction of liberty (amparo and habeas corpus), and it would be a serious contradiction to march against the grain or against the current by not recognizing the same for cases of constitutional review, as has been established in this jurisdiction for a long time. By Judgment No. 1995-002313, of 16:18 hours on May 9, 1995, it was held that: “On this it must be added that in the case of international Human Rights instruments in force in the country, the provisions of Article 7 of the Political Constitution do not apply, since Constitutional Article 48 has a special provision for those referring to human rights, granting them a normative force of the constitutional level itself. To the point that, as the jurisprudence of this Chamber has recognized, the Human Rights instruments in force in Costa Rica have not only a value similar to the Political Constitution, but to the extent that they grant greater rights or guarantees to persons, they prevail over the Constitution (see judgment No. 3435-92 and its clarification, No. 5759-93). For this reason some scholars have pointed out that the constitutional reform of 1989, on constitutional jurisdiction, is perhaps the greatest conquest that, from the legal point of view, Costa Rica has experienced.” In the Chamber’s view, the correct solution on the issue at hand must reaffirm not only the principle of legality, which is evidently a fundamental principle of any Social Rule of Law State, which has been clearly violated, taking into consideration the report of the Minister of Environment and Energy that mentions, with all clarity, that that Government portfolio failed to collect the necessary information in an administrative file; that is, by not honoring the legal obligation prior to declaring a project of interest for the country as National Convenience, without establishing its factual importance in an administrative procedure; and, thereby, incurred in arbitrary actions that do not commune well with the principle of legality and the Social Rule of Law State, like the Costa Rican one. Hence, it is necessary to declare the action with merit, for purposes of establishing the nullity of the entirety of Executive Decree No. 34312-MP-MINAE of February 6, 2008, denominated “Declaration of National Convenience and Public Interest of the studies and works of the El Diquís Hydroelectric Project and its transmission works, hereinafter the Project, which will be constructed by the Instituto Costarricense de Electricidad.” The foregoing, since it does not withstand the examination of constitutionality and conventionality, if in this unconstitutionality action it has been proven that it does not comply with Articles 3, subsection m), 19, subsection b), and 34, of the Forestry Law No. 7575 of February 13, 1996, despite claiming to have done so. The jurisprudential line of Judgment No. 2010-0006922 of 14:35 hours on April 16, 2010, must be followed; because, logically, if the Regulation to the Forestry Law (Executive Decree No. 25721) defines that certain activities are of national convenience, as happens with the generation, transmission, and distribution of electricity, this cannot mean that it constitutes an automatic authorization to modify land use, without gathering the information required in the Law. To act in this way would be equivalent to withdrawing the protection that the Forestry Law offers to all land covered by forest in an abstract manner, authorizing changes to forest protection without the necessary technical verification required for the protection of the environment. It cannot be accepted that the mere administrative conduct of the Executive Branch can reverse the will of the legislator that imposes the demonstration that the social benefits are greater than the socio-environmental cost, and why the legislator imposed establishing that balance through the appropriate instruments, if not to refer to concrete studies. Finally, it is important to mention that in compliance with the golden rule of international law, Treaties must be fulfilled in good faith and in accordance with their terms; precisely the support of international law lies in the trust and rectitude of the conduct of the subjects of international law. It is for domestic agents to observe these terms, so that, if deviations exist, they must be eradicated and/or corrected by this Chamber or by the different control bodies of the Public Administration, especially because international obligations are legally binding and were freely acquired by the Costa Rican State. The State must respect, protect, and guarantee the rights that all persons have, but especially observed for the specific categories of indigenous persons who have at their disposal an International Treaty that gives them shelter. The engagement of all parties must be the general rule, even to begin preliminary studies, so that it always has the objective of generating trust, even when national convenience is declared. In this sense, Executive Decree No. 40932-MP-MJP, “Implementation of the general mechanism for consultation of indigenous peoples” must be observed, which sets out the implementation of a consultation procedure for indigenous peoples, an instrument that must be applied in a phase in which it is decided to continue with the actions of the State, and of ICE as the developer of the El Diquís Hydroelectric Project, or any other. In Article 2, on the definitions of the mentioned Decree, it indicates that: “The following definitions are derived from the applicable normative framework: … e. Affectation. A legislative bill, administrative measure, or private project is considered to affect the rights of indigenous peoples when it contains elements that may imply changes in their legal situation, in collective rights, their way of life, culture, spirituality, and social dynamics. As well as measures that, without being executed strictly within indigenous territories, result in an affectation of the collective and cultural rights of indigenous peoples.” In turn, “g. Administrative measures. Comprises, among others, administrative acts, public policies, executive decrees, and development projects, promoted from the public institutions of the Executive Branch.” In this sense, it is necessary to again bring up the broad meaning of territories used by Convention No. 169 of the International Labour Organization, insofar as it “covers the totality of the habitat of the regions that the peoples concerned occupy or otherwise use.” VIII.- On the problem of the legal personality of the Térraba River alleged, and the ownership of public domain waters. In the action, the Chamber is asked to rule in favor of the Térraba River for the recognition of legal personality, because thereby, it is considered that it can provide greater protection that they believe said tributary deserves. The plaintiff requests the foregoing based on this type of recognition in other parts of the world, as they have gained traction. The Chamber is not unaware that much of this dates back to the seventies of the last century, when Christopher Stone wrote an article about the need to recognize rights to trees and generate forms for their defense. In general, these are movements by environmental groups and collectives, which have found resonance in some States. These groups seek this declaration of judicial instrumentality as part of a strategy against unsustainable or rights-violating environmental practices against aboriginal peoples; these tendencies seek the protection of nature and its ecosystems, derived from a legitimate interest in maintaining their integrity, as well as the interest in the defense of rivers, lakes, and other bodies of water, which derive from the ancestral rights of indigenous and tribal peoples. In favor of embracing this legal fiction would be that it grants a standing that presumably would provide more security and protections to nature by endowing it with legal personality. In the case of the Río Grande de Térraba, this tendency is twofold, to protect its integrity and that derived from the rights of indigenous peoples, which is what the plaintiff seeks. However, it is necessary to point out that for the sake of maintaining a logical legal order, this type of declaration requires an accompaniment of legal institutions that ensure the composition of bodies that share the responsibility, as “guardians” or “legal representatives,” since it is necessary to reconcile all the interests involved. Thus, one must watch over not only the defense of the River’s interests, but must also attend to other social and national interests. Consequently, the problems of how a legal person of this nature should interact with other persons and national institutions, and in the not-too-distant future, having to counteract opposing positions as a subject of law with responsibilities, must be addressed. One could ask whether it can manage reivindicatory actions, at the administrative and judicial level, whether it concerns only the waters of the river, or the rivers and their banks in the basins, the tributaries, or even, how it will respond -however frivolous they may seem- to claims for flood damages in the face of the threat of climate change, or the shared extraction of its resources, among other issues of great importance. Although this type of recognition and actions have been granted in other latitudes, which are adding up, which have achieved greater legal development such as the case of Bolivia or Ecuador, the Chamber considers that an approach of this type leaves open a large number of questions that the legal regime in Costa Rica cannot answer affirmatively, without the legislator having intervened, because modification of the legal order is required for this to happen. With the acceptance of the plaintiff's main claim, which entails the absolute nullity of Executive Decree No. 34312-MP-MINAE of February 6, 2008, called "Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad," it is important to note that as a natural consequence, things return to a moment prior to its enactment, since any declaration of national convenience over indigenous territories has ceased to have validity and effects. Thus, for the reasons explained above, it is not even possible to assert that the flooding of areas occupied by the reserves of the Bribri, Cabécares, and Térrabas indigenous groups will be proceeding, as stated in the filing brief, much less so, since it is clear that, at this moment, it could not be stated that it will occur, nor even the existence of such a threat. On the contrary, the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís is suspended; furthermore, after this Court's declaration, it is clear that the administrative procedures that were not carried out must be complied with—again—; and, likewise, Executive Decree No. 40932-MP-MJP, "Implementación del mecanismo general de consulta a pueblos indígenas," must be proceeded with, as part of the fulfillment of the international obligations our country has regarding Convention No. 169 of the International Labour Organization. On this matter, it is necessary that it be prior in nature; it is not exhausted by a merely informative act; it must generate trust between the parties because it is in good faith; it must be adequate and conducted through representative indigenous institutions; the consultation must be systematic and transparent; and the goal it must achieve is mutual understanding and consensus in decision-making. Another reason supporting the modification of the legal system is also found in the Constitución Política and the case law of this Chamber. Thus, it must be taken into account that, by Judgment No. 2002-06987 of 11:17 a.m. on July 12, 2002, this Chamber was clear in stating the legal regime that the national legal system has given to water, which has been considered a public domain asset (bien de dominio público). The Chamber analyzed, in an amparo action, the request for protection of the right to property and due process by the owners of a real estate property in which there were several springs (nacientes) that supplied the community of Bordon, Cahuita, over which the right to property was claimed, and in which it was considered that: "In accordance with what our current legal system establishes regarding springs (nacientes), it is necessary to indicate to the appellants that rivers and their direct or indirect tributaries, streams, or springs (manantiales), from where the first waters emerge to their mouth, are in the public domain (dominio público), that is, they are national property and as such are inalienable, imprescriptible, unattachable, cannot be mortgaged, nor be subject to any encumbrance under the terms of Civil Law; moreover, administrative action replaces possessory actions to recover ownership. By virtue of being outside the commerce of men, these assets cannot be the object of possession, and a private individual cannot claim a property right over them. Thus, the appellants' argument that the springs (nacientes) belong to them because they are on their property is not acceptable, and on the contrary, the actions of the respondent authorities, in this case the officials of the Ministerio de Ambiente y Energía and the respective Área de Conservación, to watch over the springs (nacientes) and to ensure that their contamination is avoided at all costs, are in accordance with the principle enshrined in Article 50 of the Constitución Política and the laws that give effect to that constitutional guarantee." Thus, the waters of springs (nacientes), their direct or indirect tributaries, streams, and other bodies of water are subject to a very specific legal treatment by the Constituent Power and the legislator, which is to endow them with public domain status (carácter de dominio público). This implies that the Constitución Política must likewise be modified, so that it is regulated differently, in the manner requested to be declared. Given that Article 121.14) of the Constitución Política made it clear that "The following may not permanently leave the domain of the State: a) The forces that may be obtained from public domain waters in the national territory." In accordance with the constitutional precept of public domain waters, the Ley de Aguas, Law No. 276 of August 27, 1942, establishes in Article 1, subsection IV, that: "They are public domain waters: […] IV.- Those of rivers and their direct or indirect tributaries, streams, or springs (manantiales) from the point where the first permanent waters emerge to their mouth into the sea or lakes, lagoons, or estuaries; […]." On the other hand, it is necessary to cite Article 50 of the Ley Orgánica del Agua, Law No. 7554 of October 4, 1995, which similarly establishes that: "Article 50.- Public domain of water. Water is in the public domain, its conservation and sustainable use are of social interest." Recently, by Law No. 9849 of June 5, 2020, the derived Constituent Power added the following to Article 50 of the Constitution: "Every person has the human, basic, and inalienable right of access to potable water, as an essential good for life. Water is a good of the nation, essential to protect such human right. […]." Already since Judgment No. 1991-03206 of 2:45 p.m. on November 6, 1991, the Chamber established that: "The public domain is composed of assets that manifest, by the express will of the legislator, a special purpose of serving the community, the public interest. They are called dominical assets, demanial assets, public goods or things, which do not belong individually to private parties and are destined for public use and subject to a special regime, outside the commerce of men. That is, affected by their nature and vocation. Consequently, these assets belong to the State in the broadest sense of the concept; they are affected to the service they provide and which is invariably essential by virtue of an express norm. Characteristic notes of these assets are that they are inalienable, imprescriptible, unattachable, cannot be mortgaged nor be subject to any encumbrance under the terms of Civil Law, and administrative action replaces possessory actions to recover ownership. As they are outside of commerce, these assets cannot be the object of possession, although a right to use can be acquired, but not a right to property; the use permit is a unilateral legal act issued by the Administration in the exercise of its functions, and what is placed in the hands of the private party is the useful domain of the asset, the State always reserving the direct domain over the thing." In another Judgment, No. 2008-007117 of 12:47 p.m. on April 25, 2008, in which the issue of public roads was discussed, the Chamber established that: "Under this principle, highways, streets, or public roads, due to their condition as assets forming part of the demanio, cannot be alienated without first having been disaffected from the public domain regime. Thus, the demanial nature of public roads is presumed and excludes any other possession that may be attempted, provided that ownership over the real estate is supported by reliable evidence and without prejudice to the fact that the better right claimed may be discussed in the ordinary jurisdictional venue. From the foregoing also derives the principle of the privilege of ex officio possessory recovery of the affected asset, by virtue of which the administration may recover the disturbed possession of its assets without needing to go to a judge, and without prejudice to discussing the better right in the jurisdictional venue (interdictum propiam). From that perspective, the effective exercise of guardianship over the public domain must aim to cease any undue advance by private parties against such assets, the Administration being able to use the force/police power over the public domain—in its defense." Applied to the case of water, it is clear that the Constitución Política, when referring to the forces of public domain water, and the Ley de Aguas, in a general sense, refer to "rivers and their direct or indirect tributaries, streams, or springs (manantiales) from the point where the first permanent waters emerge to their mouth into the sea or lakes, lagoons, or estuaries," which are deemed for all legal purposes as being in the public domain that cannot be appropriated by subjects of private law. All of this requires more precision, because the difficulty of juxtaposing or superimposing traditional indigenous rights over those of the national community requires the reconciliation of all the interests involved, which would only be possible through appropriate technical studies on the matter, and the results of prior, free, and informed consultation. Hence, the declaration of granting legal personality to the Río Grande de Térraba requested for the resolution of the case before us is not possible at this procedural moment, insofar as the Constitución Política provides a concrete approach to water as a public domain asset (bien de dominio público) or asset of the Nation, which clearly includes that of the rivers of the entirety of our country. Indeed, it is even possible to state that, for the same reasons, water is a resource shared by humanity. It has been considered a strategic asset for societies worldwide; although the recognition of indigenous and tribal traditions and customs includes it, it is the meaning of the River and of water that is protected. It must be noted that in the case establishing the recognition of rights of legal personality to the Whanganui River in New Zealand, this came after a very long legal battle of more than 150 years between the Whanganui Iwi tribe (Māori People) and the Government of New Zealand, when some conflicts arose regarding the river's fishing resources (during the second half of the 19th Century). Through a settlement agreement in 2014, the disagreements and litigations were pacified, and finally, the Parliament of New Zealand in 2017 concluded that agreement with the "Te Awa Tupua Act," legislation that, for some critics, still maintains some points of the conflict that were not resolved, because, in accordance with the Common Law of New Zealand, water is also in the public domain, and multiple owners subsist along the riverbank, in addition to the indigenous people in question. In addition to what was argued by the plaintiff, it is important to establish that, although there have been similar actions in other Latin American Nations, such as the recognition of nature as a subject of rights (Constitutional Court of Colombia in its Judgment T-622 of 2016), the Chamber considers that, due to the manner in which the action has been resolved, the indigenous peoples of the Río Térraba would not be left with a true threat to indigenous customs and culture. It should also be noted that the overflow of the Río Grande de Térraba due to damming has not been provoked, nor has there been any affectation of the indigenous territory in the form of partial, temporary, or permanent flooding, because, at this specific point, there have already been jurisdictional advances in safeguarding the rights of the indigenous people. It has become clear that ICE keeps the project suspended; the obligation to complete the Environmental Impact Studies (Estudios de Impacto Ambiental) has been resolved in the contentious-administrative jurisdiction, as established by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Finally, it is brought up that in our country, persons who advocate for the defense of the environment have broad standing, almost unrestricted due to the number of protections that the national legal system offers to nature, which would be contained from Articles 50 and 89 of the Constitution, in various laws and regulations, such as the Ley Orgánica del Ambiente, Law No. 7554 of October 4, 1995; the Ley de Biodiversidad, Law No. 7788 of April 30, 1998; the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), among others. It is timely to point out that, at the institutional level, there are administrative mechanisms that have not yet been completed, and that, as mentioned supra, the jurisdictional venue has already ruled (if the project were to continue, the formal request before the Secretaría Técnica Nacional Ambiental had to be complied with). Thus, the forms of protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment are abundant and effective, including that of the constitutional jurisdiction, which admits direct standing. Likewise, due to the manner in which the action is being resolved, it is not considered necessary to address issues related to the singular non-derogability of norms, as well as the other treaties invoked in the action, a situation that it has not been necessary to address for the annulment of the challenged Executive Decree. For all the foregoing, the action must be dismissed on this point. IX.- Conclusion and Tailoring. By the manner of resolving in this judgment, a problem of the challenged Executive Decree would be corrected ab initio, since the Ministerio de Ambiente y Energía failed to comply with the requirements established in the Ley Forestal to declare projects of Conveniencia Nacional. But in addition, it must be stated with complete clarity that the matter before us demands going beyond a field of interpretation of the Law and of the resolutions issued by this Court in the past, so as not to leave room for greater harm to indigenous rights and the Territorio Indígena Térraba. Furthermore, the problem detected cannot ignore the location or geolocation of the indigenous territories with the coordinates that had been established in the Executive Decree. But the declaration of unconstitutionality of this judgment must not be emptied into a territorial problem that was allegedly already corrected by this Chamber through Judgments No. 2011-12975 of 2:30 p.m. on September 23, 2011, and No. 2016-15711 of 5:30 p.m. on October 26, 2016, given that it would be to incur in an illegitimate simplification of a serious infraction against the Law of the Constitution (values, principles, and norms). It must be remembered that Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples calls for respecting the special importance that lands and territories hold for indigenous peoples. Indigenous rights are not limited to the tenure and exploitation of a territory, since, as is well known, it is more comprehensive than that. It is the basis upon which their culture and spiritual values grow; it has an aggregative effect, upon which other rights are built around that territory, and it offers the conditions for their way of life and ensures their survival as a whole. Defining that infraction as a limited achievement obtained in prior judgments of the Chamber, in fact, ignores that other parts and harmful effects of the Declaratoria de Conveniencia Nacional remain in force, which, according to this judgment, was determined to lack a condition required by the legal system, is illegal and contrary to the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and would allow the parallel survival of prerogatives of the State and its institutions, which could deepen the legal uncertainty they have for all the rest of the rights associated with the lands of the indigenous communities. It is clearly judicial conduct that does not conform to the rigor, seriousness, and stature merited by the international commitments and obligations freely assumed by the Costa Rican State, regarding the indigenous rights referred to herein. Thus, without an express pronouncement from this Chamber on the aforementioned declaration, it would be diluted in the labyrinth of interpretation by legal operators, which could undermine the validity of values, uses, and enjoyment of the territory, when they should be peacefully exercised by indigenous peoples. With Article 1 declared unconstitutional, the rest of the regulation consequently follows; logically, by connection and consequence, the other articles that depend on that declaration must be expelled from the legal system for being against international obligations, since by not doing so expressly, that Declaratoria de Conveniencia Nacional would remain in force, which allows aligning those objectives within a series of legal mechanisms of public law that allow streamlining, coordinating institutions, informational and negotiation mechanisms, and exempts the Instituto Costarricense de Electricidad from the "requisitos para demostrar la titularidad de la propiedad de los inmuebles en los que se desarrollará el Proyecto," which have not been declared unconstitutional, but are exceptions that swell negative impacts and problems of disrespect regarding the control and interference of third parties within the indigenous territory. With all the foregoing, the intrinsic dignity that indigenous peoples deserve is returned to them, and it is ensured that they can exercise it through indigenous consultation. From now on, should there be a desire to advance towards the development and consolidation of the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís with a new decree, this declaration must be managed by the Government of the Republic, observing what is established in the legal system in a timely manner. It is important to point out that not only must the legal and regulatory requirements be met to continue with the feasibility studies, as well as for the completion of the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental), but the rights of the communities, their traditions, and culture as affected indigenous peoples must be guaranteed, under the terms of Executive Decree No. 40932-MP-MJP, "Implementación del mecanismo general de consulta a pueblos indígenas," to whom prior, free, and informed consultation must be granted, as well as the recognition of the remaining guarantees that the legal system offers to a healthy and ecologically balanced environment. Given that the Chamber is granting the action, with the elimination of Executive Decree No. 34312-MP-MINAE of February 6, 2008, called "Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad," with declaratory and retroactive effects to the effective date of the annulled norm, this is done without prejudice to rights acquired in good faith, which means that the information obtained during the validity of the challenged Executive Decree, in favor of or against the realization of the project, is safeguarded; in such a way that, in light of the provisions of Article 91 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, it will not be necessary to repeat the actions and studies if they fulfilled the technical and scientific function for which they were designed in the project, as well as to support the corresponding requests before the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, which could be considered valid for those purposes, all at the latter's discretion. All of the above in order to avoid repeating actions that disturb the rights of the indigenous communities and their territory. In accordance with the provisions of Article 93 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the retroactive effect of the annulment does not apply to those legal relationships or situations that have been consolidated by prescription or expiration, by virtue of a judgment having the authority of material res judicata, or by consummation in fact, when these are materially or technically irreversible, or when their reversal seriously affects rights acquired in good faith. Thus, this declaration is made without prejudice to the agreements reached between ICE and the representative associations of the indigenous communities, which resulted in the withdrawal from the proceeding in the ordinary jurisdiction venue. In all other respects, the action must be dismissed. X.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. Por tanto: The action is declared partially WITH MERIT. Consequently, Executive Decree No. 34312-MP-MINAE of February 6, 2008, called "Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad" is annulled as unconstitutional. This judgment has declaratory and retroactive effects to the effective date of the annulled norm, without prejudice to rights acquired in good faith. However, in accordance with the provisions of Article 91 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the effects are tailored in the sense that the declared unconstitutionality does not affect the information obtained during its validity and collection; it will not be necessary to repeat the actions and studies if they fulfilled the technical and scientific function for which they were designed for the project, as well as to support the corresponding requests before the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, which could be considered valid for those purposes, all at the latter's discretion. All of the above in order to avoid repeating actions that disturb the rights of the indigenous communities and their territory. In accordance with the provisions of Article 93 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the retroactive effect of the annulment does not apply to those legal relationships or situations that have been consolidated by prescription or expiration, by virtue of a judgment having the authority of material res judicata, or by consummation in fact, when these are materially or technically irreversible, or when their reversal seriously affects rights acquired in good faith. Thus, this declaration is made without prejudice to the agreements reached between the Instituto Costarricense de Electricidad and the representative associations of the indigenous communities, which resulted in the withdrawal from the proceeding in the ordinary jurisdiction venue. In all other respects, the action is dismissed. Judges Rueda Leal and Garro Vargas dissent and dismiss the action. Let this pronouncement be communicated to the Legislative, Executive, and Judicial Branches, as well as to the Instituto Costarricense de Electricidad. Let this pronouncement be noted in the Diario Oficial La Gaceta and published in its entirety in the Boletín Judicial. Let it be notified.- Fernando Castillo V. President Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Jorge Isaac Solano A. Ana María Picado B. Exp: 18-005745-0007-CO Res. No. 2022001622 Dissenting vote of Judge Rueda Leal. I respectfully dissent from the starting point assumed by the majority judgment, which obliges me to dissent. In a chronological recount of the constitutionality control that the Chamber has exercised over decree No. 34312-MP-MINAE, I observe that in judgment No. 2011012975 of 2:30 p.m. on September 23, 2011, a conforming interpretation was applied to numeral 8 eiusdem, in the following sense: "The action is dismissed with respect to Articles 1 and 4 of Executive Decree number 34312. By majority, numeral 8 of Executive Decree number 34312 is interpreted in conformity with the Constitution, provided that the consultation established in Article 4 of that Decree is carried out within the non-extendable period of 6 months counted from the notification of this pronouncement…" Subsequently, and given the omission to carry out the cited consultation, by vote No. 2016-15711 of 5:30 p.m. on October 26, 2016, the Chamber ordered: "The action filed is granted, and, consequently, Article 8 of Decree 34312-MP-MINAE of February 6, 2008 is annulled as unconstitutional. This judgment has declaratory effects as of the expiration of the period that was established in judgment number 2011-12975 of 2:30 p.m. on September 23, 2011, without prejudice to rights acquired in good faith…" This fact is of vital relevance, given that the annulled numeral 8 established the location of the intended hydroelectric project: "Article 8º-The sites for material exploitation for the dam, machine house, and related works; are located on the Hojas Topográficas General, Buenos Aires, Changuena, Cabagra, at a scale of 1:50,000 of the Instituto Geográfico Nacional, and have the following polygon points: Start Point End Point 534000 E / 337700 N 536000 E / 337875 N 536000 E / 337875 N 538000 E / 337500 N 530650 E / 339603 N 531747 E / 338563 N 534939 E / 347661 N 533541 E / 346603 N 533541 E / 346603 N 532202 E / 345356 N 532202 E / 345356 N 531470 E / 343697 N 522600 E / 323750 N 520000 E / 323000 N 520000 E / 323000 N 518000 E / 322283 N 518000 E / 322283 N 516000 E / 322052 N 547052 E / 334121 N 546614 E / 332384 N 548576 E / 328715 N 547800 E / 326781 N" Consequently, at the moment of hearing this new action, the cited norm was already nonexistent in the legal system, given the erga omnes annulment ordered by the Chamber. Despite the foregoing, and disregarding such annulment, the majority of this Court has opted to resort to judgment No. 2011012975 to grant legal effects to the cited Article 8: "… it must be determined whether the Executive Branch, through the challenged Executive Decree, concretely and potentially affected indigenous territories. In the opinion of the Procuraduría General, that is not clear in the case file. However, upon examining the case law of this Court, it is possible to consider it accredited that the application of the challenged Executive Decree maintains, within the limits of the authorization or empowerment, portions of the indigenous territory in question. Specifically, that affectation has been determined by the State, so it is important to take into account that, already, through Judgment No. 2011-12975 of 2:30 p.m. on September 23, 2011, the Chamber established that: "III.- ON THE PROPERTY OF THE PLAINTIFF INDIGENOUS PEOPLE. The Reserva [Name 002] is delimited in Executive Decree 22203 of April 2, 1993. Likewise, its legislative basis derives from the so-called Ley Indígena No. 6172 of November 29, 1977, whose Article 2 expressly declares the reserves mentioned in its Article 1° as the property of the indigenous communities, within which the Térraba reserve is included. However, according to the technical report of the Instituto Geográfico Nacional of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes (folio 318), Article 8 of the cited Decree refers to flat coordinate points that represent sites for the exploitation of materials for the dam, machine house, and related works. For its part, the project is composed of exploitation sites; therefore, it does not possess a single space or area of action, and as the spatial dimensions of such sites or points are not stated, it is impossible for now—according to the information contained in this proceeding—to calculate a common land area that may exist between the Proyecto Hidroeléctrico Diquís and the Reserva [Name 002]. Nevertheless, once the limits of the Reserva [Name 002] are established on the respective topographic sheets, in association with and location of the places that form part of the hydroelectric project, there are three sites coinciding with the area of the Reserva: points 536000 E / 337875 N, 547052 E / 334121 N, and 546614 E / 332384 N. On the other hand, in its report, the Instituto Costarricense de Electricidad admits that approximately 74 hectares in the indigenous reserve of China Kichá and 653 hectares of the reserve [Name 002] would be flooded. In total, approximately 727 hectares would be flooded, which affects 7.5% of the total territory of [Name 002] and 5.7% of the total territory of China Kichá. Consequently, it is beyond doubt that the El Diquís Hydroelectric Project, in its execution phase—which has not yet begun—and according to the information that does appear in the case file of this action, will encompass Térraba indigenous territory.” Hence, given the clarity of this Court’s conclusions, it would not be possible to contradict them now, much less if it is not alleged that the National Geographic Institute, the administrative and technical body that contributed to locating the areas of possible impact, caused it to incur a material error of assessment. Although, what the petitioner claims is the flooding of indigenous territory, which evidently has not occurred and would not occur, since the reports are clear that it is in the preliminary phases, and as will be indicated later, the project was suspended in its entirety. However, the manner of the approach by the Government of the Republic, in declaring the project of National Convenience, did compromise the specific fundamental rights of the indigenous peoples to whom the challenged Executive Decree was applied.” Note that, according to the majority, it is not possible to disregard the technical report of the National Geographic Institute related to the location of the areas of possible impact, which serves as the basis for the subsequent constitutionality analysis. However, that technical report was rendered based on the coordinates indicated in numeral 8, as deduced from the transcription made by the majority itself: “…according to the technical report of the National Geographic Institute of the Ministry of Public Works and Transport (folio 318), article 8 of the cited Decree refers to plane coordinate points that represent sites for the exploitation of materials for the dam, powerhouse, and related works…” Given that this provision was annulled by judgment No. 2016015711, as indicated, then the technical report of the National Geographic Institute lacks normative support to maintain its current validity. It follows from this that the Chamber’s decision equally lacks legal basis, since it takes this report as a premise. I consider that numeral 8 is central to determining the unconstitutionality of the challenged decree in light of the claims raised by the petitioner. He accuses: 1) the lifetime tenure (irreductibilidad) of the forest (in particular, that on indigenous land); 2) legal reserve and singular non-derogability of the norm, because the Executive Branch did not mention “…in the entire questioned national convenience decree, that there were lands that are part of indigenous territories…”; 3) that national convenience declarations are applicable to private property, but not to indigenous territories; 4) violation of conventional law, insofar as the dam would flood indigenous territories. Finally, it requests the recognition of the legal personhood of the Río Grande de Térraba. The reading of any of the foregoing claims starts from the geographic determination of the project and the impact on indigenous territory in order to be valid. Indeed, it is observed that the petitioner erroneously assumed that article 8 was still in force at the time of filing the action and transcribes it in his writ as the object of challenge, despite the fact that it had already been annulled. As for the request for recognition of the legal personhood of the Río Grande de Térraba, it must be dismissed simply because, in the specific case, such a claim is not linked to the alleged unconstitutionality of the challenged norm, nor did the petitioner develop any specific legal reasoning to support such a link. As an additional argument, I highlight that the foregoing claims are not applicable to the other articles of the questioned decree without the geographic determination of the zone affected by the project. In fact, in the case of some provisions, no type of relationship can even be established between the cited claims and the corresponding norm. Thus, for example, no concrete objection is derived against inter-institutional cooperation (numeral 2), the allocation of funds for local development (ordinal 3), or the establishment of information and negotiation mechanisms (article 4). However, all of them are affected by the declared unconstitutionality. I cannot fail to underscore the relevance of numeral 8 (annulled) for the systematic interpretation of the remaining norms of the challenged decree and, consequently, for the constitutionality assessment of the claims raised. This is noticeable with a hypothetical exercise: in order to make the hydroelectric project viable, the Executive Branch could have, subsequent to the annulment of numeral 8 by judgment No. 2016-15711, issued a decree to add a new article 8, establishing a different geographic zone, completely removed from the petitioner’s indigenous territories. From my perspective, such a course of action would have been valid. In conclusion, the petitioner’s claims are unsubstantiated if the affected geographic zone is not determined. Consequently, I dismiss the action. Paul Rueda L. Exp: 18-005745-0007-CO Res. No. 2022-001622 DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS. With the accustomed respect, I save my vote and dismiss the unconstitutionality action filed against Executive Decree No. 34312-MP-MINAE of February 6, 2008, which is “Declaration of National Convenience and Public Interest of the studies and works of the El Diquís Hydroelectric Project and its transmission works, hereinafter the Project, which shall be built by the Instituto Costarricense de Electricidad.” I.- Object of the action The petitioner alleges that the questioned regulations—works and reservoir—violate the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of the forest in indigenous territories, entail an infringement of the principle of non-regression in environmental matters, and harm the principle of legal reserve. II.- Report of the Procuraduría General de la República (PGR) In this regard, the Procurador General de la República, Julio Alberto Jurado Fernández, reported the following: “In judgment 12975/2011, this Chamber dismissed the unconstitutionality action filed against articles 1 and 4 of Executive Decree 34312 (docket 08-9215-0007-CO) and, by majority, interpreted its numeral 8 in accordance with the Constitution, provided that the consultation established by article 4 ibid was conducted within a non-extendable period of six months, starting from the notification of the ruling. When the consultation was not carried out, another unconstitutionality action was filed against article 8 of said Decree, processed under docket 16-005486-0007-CO, which the Chamber, in vote 15711/2016, granted and annulled the norm, with declaratory effects as of the expiration of the period established in judgment No. 12975/2011, and preserved rights acquired in good faith, as stated in the publication made in Boletín Judicial No. 239 of December 13, 2016. Resolution 15711/2016 has not been notified, as it is pending drafting. Therefore, there are no coordinates that determine the site where the El Diquís Hydroelectric Project (PHD) would eventually be executed, which renders the action inadmissible regarding allegations of impact on indigenous territories: reduction of area, felling and elimination or flooding of forest and protection areas, with the dam, land-use change (cambio de uso del suelo), loss of biodiversity, natural landscape, archaeological and sacred sites. It is hypothetical that the PHD will be developed and, to that extent, it is unpredictable that it could undermine indigenous reserves. Added to this is that in a preferential proceeding against the Instituto Costarricense de Electricidad and the State, the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta, in final judgment No. 194-2015-VI, partially granted the complaint and ordered: “1) The Instituto Costarricense de Electricidad is ordered that, if it decides in the short, medium, or long term to reopen or resume the geological investigation phase at the Térraba Site prior to the execution of the El Diquís Hydroelectric Project, it must initiate the respective environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) procedure under the regulations in force at the time of submitting its application. 2) The Secretaría Técnica Nacional del Ambiente is ordered that, if the investigation phase referred to is resumed, it must define the environmental assessment instrument that must be required of ICE in accordance with the provisions of the current legal system and taking into account the parameters established for that classification, as well as the environmental significance of each of the impacting works or activities to be carried out. 3) The Instituto Costarricense de Electricidad is ordered that, in the event that it decides in the short, medium, or long term to reopen or resume the geological investigation phase at the Térraba Site prior to the execution of the El Diquís Hydroelectric Project, it must process before the competent entities and bodies the authorizations or permits that the legal system requires to carry out activities such as tree felling, earthworks (movimientos de tierra), excavations, construction of works in the riverbed such as dikes or gabion walls. 4) Both defendants are ordered that, as long as the prior, free, and informed indigenous consultation with the [Name 002] people has not been carried out and the corresponding environmental assessment instrument is not available according to the activities carried out, they must refrain from adopting any administrative conduct, whether referring to the investigation phase or the investment phase of the PHD, that may affect the environment or biodiversity of that Indigenous Reserve.” Apparently, the El Diquís Hydroelectric Project is inactive. (…) However, as there are no coordinates defining the location of the PHD and its execution is uncertain, the allegation that indigenous territories, communal private property, will be reduced by flooding or forest felling lacks support. (…) In summary, Decree 34312 does not violate the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of the forest, nor ILO Convention 169, because the location and realization of the Project in indigenous territories, collective private property, is uncertain, and it was issued in accordance with norms that the Constitutional Chamber has declared to conform to the Law of the Constitution. The Procuraduría also considers that the allegation is not receivable, as the Decree labeled unconstitutional lacks coordinates allowing the PHD to be located in a specific geographic area. There would then be no basis to assert that it materially entails a reduction of any indigenous reserve or the felling and flooding of its forests, nor the impact on the possessory, cultural, and environmental rights of the indigenous communities. The Decree also contains no norm that orders the reduction of indigenous territories or that modifies Laws 6172 and 6703, nor does it contravene ILO Convention 169. By virtue of this Chamber’s own pronouncements, this matter lacks current interest. (…) Since the objected decree does not specify the site where the PHD, of uncertain execution, would be developed, it is repeated, it could not be affirmed that it will affect indigenous reserves. In its literal wording, it does not order a reduction, flooding, tree felling, or land-use change (cambio de uso del suelo) thereof. And it is grounded in the Ley Forestal, articles 19 subsection b) and 34, the constitutionality of which this Chamber has recognized. Consequently, it does not contravene ILO Convention 169, articles 13 and 14.2, nor article 21 of the American Convention on Human Rights and related articles. From which it follows that there would be no disrespect for the special importance that the relationship with the lands they occupy or use holds for the cultures and values of the peoples concerned, and furthermore the Costa Rican State has issued norms to determine the territories of indigenous communities and protect their property and possession rights.” III.- Background of the Constitutional Chamber This Chamber issued judgment No. 2016-15711 of October 26, 2016, by which the unconstitutionality of article 8 of Executive Decree No. 34312, which is also challenged here, was declared. The provision in question stated as follows: “Article 8—The sites for exploitation of materials for the dam, powerhouse, and related works are located on the Topographic Sheets General, Buenos Aires, Changuena, Cabagra, at a scale of 1:50,000 of the Instituto Geográfico Nacional, and have the following polygon points: Start Point End Point 534000 E / 337700 N 536000 E / 337875 N 536000 E / 337875 N 538000 E / 337500 N 530650 E / 339603 N 531747 E / 338563 N 534939 E / 347661 N 533541 E / 346603 N 533541 E / 346603 N 532202 E / 345356 N 532202 E / 345356 N 531470 E / 343697 N 522600 E / 323750 N 520000 E / 323000 N 520000 E / 323000 N 518000 E / 322283 N 518000 E / 322283 N 516000 E / 322052 N 547052 E / 334121 N 546614 E / 332384 N 548576 E / 328715 N 547800 E / 326781 N (The Constitutional Chamber, through Resolution No. 12975 of September 23, 2011, interpreted this article in accordance with the Constitution: “provided that the consultation established in article 4 of that Decree is carried out within the non-extendable period of 6 months counted from the notification of this pronouncement.”)” As can be appreciated, the transcribed provision constitutes a key element in the execution of the project: the geographic coordinates in which it was to be developed. Said norm was originally examined in judgment No. 2011-012975 of 14:30 hrs. on September 23, 2011, in which it was expressly warned that its constitutionality would be preserved until the consultation contemplated in art. 4 of the decree itself was carried out. However, it was subsequently verified that no such consultation occurred, which motivated the declaration of unconstitutionality. In this regard, this Chamber made the following considerations: “In the sub examine, what the petitioner argues is that the Administration did not conduct said consultation, which is why this Court proceeds to review again the constitutionality of ordinal 8 of Decree No. 34312-MP-MINAE of February 6, 2008, for which purpose the provisions of the above-cited judgment are taken into consideration. Thus, it must first be stated that the period granted on that occasion by the Chamber cannot be classified as preclusive, because judicial deadlines have the particular characteristic contemplated in article 144 of the Código Procesal Civil, which provides: ‘Judicial deadlines. When this Code is silent as to the duration of a deadline, it shall be established by the judge, taking into account the nature of the proceeding and the importance of the act...’. Based on this characteristic, in each specific case, the judicial authority may eventually assess a deadline granted in a judicial order in accordance with the nature of the proceeding and the importance of the act, when such is duly justified and its extension requested. Now, in the case at hand, from the hearings rendered in this docket by the authorities of ICE and the Minister of Environment and Energy, it is not accredited that the Administration had processed any extension of the deadline in question prior to its expiration, invoking the reasons why it had not been able to hold the consultation. So it is not acceptable that, after the conferred deadline has amply expired, the administrative authorities come to attempt to justify their inertia in carrying out the consultation at issue. Therefore, it is imperative to declare the supervening unconstitutionality of the challenged numeral 8, because even though said provision was not unconstitutional at the time of its issuance, given the conditions and stages of the project to be developed at that opportunity, it is no less true that this Court, in judgment No. 2011-12975 of 14:30 hours on September 23, 2011, upheld the constitutionality of said norm provided that the consultation established in article 4 of Executive Decree No. 34312 was carried out within the non-extendable period of 6 months counted from the notification of such pronouncement, which ultimately did not occur and, therefore, article 8 of said Decree, the sole object of this action, now superveningly becomes unconstitutional. (…) The action filed is granted and, consequently, article 8 of Decree 34312-MP-MINAE of February 6, 2008, is annulled as unconstitutional. This judgment has declaratory effects as of the expiration of the period that was established in judgment number 2011-12975 of 14:30 hours on September 23, 2011, without prejudice to rights acquired in good faith. In accordance with article 91 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, it is ordered that the effectiveness of this decision begin as of the date of the first publication of the edict in which information was provided about the admission of this proceeding. Record this pronouncement in La Gaceta and publish it integrally in the Boletín Judicial.” (The emphasis does not correspond to the original). IV.- Personal considerations In light of the background examined and the position of the PGR, I consider that the unconstitutionality action must be dismissed and the alleged defects pointed out by the petitioner must be discarded. The foregoing for the simple reason that the project could not go forward, given that since the year 2016, prior to the filing of this proceeding, there was already a declaration of unconstitutionality regarding the coordinates that defined “the sites for exploitation of materials for the dam, powerhouse, and related works.” If the arguments of unconstitutionality are based on an alleged impact on the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of forests and an alleged harm or threat to indigenous property, it must be concluded that they are unsubstantiated in the face of a material impossibility of carrying out the project in question due to the lack of a duly delimited geographic location. On this point, I share the considerations made by the PGR to the effect that “as there are no coordinates defining the location of the PHD and its execution is uncertain, the allegation that indigenous territories, communal private property, will be reduced by flooding or forest felling lacks support.” It is clear that according to this Chamber’s own pronouncements—which protected the right to a hearing in relation to indigenous property—the challenged executive decree was rendered unsubstantiated, as it lacks a fundamental element for its development: a duly defined location, even after a prior hearing. I note that with this pronouncement I am not endorsing the content of the challenged provisions, but rather I consider that there is no current interest in delving into the rest of the challenges, because one of the core axes of the questioned project’s development—its location—was already declared unconstitutional by this Chamber since the year 2016, long before the filing of this unconstitutionality action. In view of the foregoing, I consider that there is no merit to grant the unconstitutionality action and for that reason I dismiss it. Anamari Garro V. Magistrate Expediente N° 18-005745-0007-CO 1 Observations of SALA CONSTITUCIONAL voted by ballot Classification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 16-02-2026 17:25:00. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República