Res. 22070-2022 Sala Constitucional — Institutional duty to protect the Moín aquifer from informal settlement in recharge zoneDeber institucional de proteger el acuífero Moín ante precario en zona de recarga

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Sala Constitucional

Resolución Nº 22070 - 2022

Fecha de la Resolución: 23 de Setiembre del 2022 a las 09:20

Expediente: 22-008354-0007-CO

Redactado por: Paul Rueda Leal

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con nota separada

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Sentencia relevante

Sentencias Relacionadas

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 8. JURISPRUDENCIA CIDH

Tema: SENTENCIAS SALA CONSTITUCIONAL - CORTE IDH

Subtemas:

Opinión Consultiva.

“…eficacia horizontal de los derechos fundamentales (Drittwirkung der Menschenrechte), entre cuyas manifestaciones procesales se encuentra el amparo contra sujetos de derecho privado. Interesa también resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, desarrolló lo atinente a las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente, en aras de la salvaguardia a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos…” 22070-22

CO11/22




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Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

AREA PROTEGIDA.
AGUAS.

022070-22. AMBIENTE. SE CUESTIONA LA FALTA DE ACCIÓN DE LAS AUTORIDADES, EN CUANTO AL PRECARIO VILLA PLATA, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN UNA ZONA DE PROTECCIÓN. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO EN CUANTO A LA DEMORA EN ATENDER Y DAR UNA SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA QUE AFECTA AL ACUÍFERO DE MOÍN, ESPECÍFICAMENTE, EN LAS FINCAS QUE SON PROPIEDAD DE LA AMPARADA UBICADAS EN LA ZONA DE PROTECCIÓN RESTRINGIDA (CATALOGADA COMO ZONA 6). SE LES ORDENA AL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, DIRECTOR EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, ALCALDE DE LIMÓN Y MINISTRA DE SALUD, COORDINAR LO NECESARIO Y LLEVAR A CABO TODAS LAS ACTUACIONES QUE ESTÉN DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS PARA QUE: 1) EN EL PLAZO DE CINCO DÍAS, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTE PRONUNCIAMIENTO, SE CREE UNA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE SE ENCARGUE DE ABORDAR LA PROBLEMÁTICA QUE AFECTA AL ACUÍFERO DE MOÍN, ESPECÍFICAMENTE EN LAS FINCAS QUE SON PROPIEDAD DE LA AMPARADA UBICADAS EN LA ZONA DE PROTECCIÓN RESTRINGIDA; Y 2) EN EL PLAZO DE UN MES, CONTADO A PARTIR DE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL SUPRAMENCIONADA, SE DISEÑE Y PONGA EN EJECUCIÓN UN PLAN PARA ATENDER Y DAR SOLUCIÓN AL PROBLEMA QUE PERTURBA AL ACUÍFERO DE MOÍN, ESPECÍFICAMENTE, EN LAS FINCAS QUE SON PROPIEDAD DE LA TUTELADA UBICADAS EN LA ZONA DE PROTECCIÓN RESTRINGIDA. EN CUANTO A LA FALTA DE ATENCIÓN A LA GESTIÓN FORMULADA A FAVOR DE LA PARTE TUTELADA EL 21 DE FEBRERO DE 2022, SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO ÚNICAMENTE EN CUANTO AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. VCG06/2023

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Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 033- Legitimación activa

Subtemas:

NO APLICA.

IX.- EL MAGISTRADO RUEDA LEAL CONSIGNA NOTA. Debo advertir que desde la sentencia n.° 2019-2355 de las 9:30 de 12 de febrero de 2019, mi postura ha sido la siguiente en relación con los recursos de amparo cuando estos han sido planteados a favor de una persona jurídica:

“…en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Granier y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural  que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica  a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”.

Ahora, si bien el recurso fue formulado a favor de [Nombre 002], no menos cierto es que en el sub lite se acusa la lesión al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derecho respecto del cual procede la acción popular a la luz del numeral 105 de la Ley de Biodiversidad. En virtud de lo anterior, estimo procedente pronunciarme sobre el fondo del asunto (en similar sentido véanse las notas que consigné en las sentencias n.os 2022010648 de las 9:40 horas del 13 de mayo de 2022, 2022013678 de las 9:20 horas del 17 de junio de 2022, 2022018681 de las 9:05 horas del 12 de agosto de 2022, 2022019174 de las 9:15 horas del 19 de agosto de 2022, 2022019289 de las 9:15 horas del 19 de agosto de 2022).

VCG06/2023

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Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

AGUAS.

X.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por problemas de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la propietaria de las fincas sobre las cuales se ubica el precario Villa Plata, acusa un problema de larga data, pues a pesar de haberse declarado zona de protección restringida (ICAA), se causa problemas de contaminación y vulnerabilidad del acuífero Moín, por el cambio de uso de suelo con construcciones en precario, sin control de uso y manejo de las aguas residuales, perforaciones de pozos y tala de árboles, lo que evidentemente afecta el manto acuífero, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

VCG06/2023

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Texto de la resolución

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Exp: 22-008354-0007-CO

Res. Nº 2022022070

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintitres de setiembre de dos mil veintidos .

 Recurso de amparo que se tramita en expediente número 22-008354-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de residencia [Valor 001], a favor de [Nombre 002], cédula jurídica [Valor 002], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA), la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), el MINISTERIO DE SALUD y el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE).

Resultando:

1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 20 de abril de 2022, la parte recurrente interpone recurso de amparo. Manifiesta que la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados declaró la zona de protección y de recarga acuífera de MOÍN, (ZONA 6) mediante acuerdo nro. 2007-177 “OFICIALIZACIÓN DEL ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y VULNERABILIDAD DEL ACUÍFERO MOÍN, LIMÓN, Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DGAMB-2007-031”, publicado en La Gaceta n.° 83 de 02 de mayo de 2007, mediante el cual se revocó el acuerdo nro. 80-121, en cuanto a su zona de limitación y recomendaciones de regulación de uso del suelo “de conformidad con la delimitación y ubicación realizada por los Departamentos de Topografía de la Dirección de Estudios y Proyectos, la Dirección Región Huetar Atlántica, la Dirección de Gestión Ambiental y el informe DGAmb-2007-031, se determina la ubicación topográfica de la ZONA DE PROTECCIÓN RESTRINGIDA, catalogada como Zona 6, en la resolución de toda solicitud de permiso, licencia o autorización presentada por el Administrado”. Señala que tal acuerdo afectó, entre otros sectores, a la finca propiedad de su representada, motivo por el cual se le impusieron estas limitaciones: “A.- Como recomendaciones de Regulación de Uso del Suelo se establecen las siguientes restricciones: Toda actividad industrial. Uso y almacenamiento de plaguicidas, pesticidas y combustibles, o precursores de estos con cualquier fin. La remoción o extracción de todo tipo de materiales. Cambio de uso de la tierra. Toda corta de vegetación forestal. Toda actividad agropecuaria e instalaciones ligadas a la misma. La perforación o excavación de pozos, galerías de infiltración o cualquier otra obra de captación de aguas. El desarrollo de urbanizaciones y de lotificaciones. Las instalaciones de basureros, rellenos sanitarios o botaderos de desperdicios de Cualquier índole. Actividades de cualquier índole que afecten a criterio del AyA la calidad y la cantidad del agua que se utiliza para el abastecimiento a poblaciones”. Manifiesta que, desde la creación de la denominada zona seis de protección absoluta del acuífero de Moín, el ICAA ha incumplido sus deberes legales de protección del acuífero, pues dentro de esa zona se ha dado un cambio de uso de suelo con la construcción descontrolada de casas tipo precario, sin que se haya aplicado un control del uso y manejo de las aguas residuales, aguas negras, perforaciones de pozos; además, no ha hecho acción alguna para evitar las talas de bosque, lo que constituye una lesión al área de protección del acuífero y genera una posible contaminación. Indica que la amparada es la legítima propietaria de la finca debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad al folio real 7-27136, cuya naturaleza es terreno de repasto y, en parte, de bosque, situada en el distrito 1- Limón, Cantón 1-Limón, provincia de Limón. Esta finca se encuentra en zona catastrada, linderos: norte quebrada y José Joaquín Rojas Quirós, sur calle pública con 529,18 metros, este quebrada y Juan Sarkis, Estefano, oeste: con Cosas de Madera SA, plano: l-0509859-1983; y de la finca al folio real: 27138, naturaleza: terreno con 4 casas y sita en el distrito 1-Limón, cantón 1-Limón, de la provincia de Limón, finca que se encuentra en zona catastrada, linderos: norte calle pública, sur línea de ferrocarril y otro, este calle pública y otro, oeste trocha del ferrocarril, plano: l-0509860-1983. Narra que ambas fincas se ubican en un 100% dentro de la zona de protección absoluta del acuífero de Moín, denominada zona seis, razón por la cual el ICAA impuso, al crear la zona 6, una serie de limitaciones mediante acuerdo nro. 80-121 de la sesión nro. 80-028 del 14 de abril de 1980, que declaró ese sector como zona de protección de aguas de las nacientes de Moín-Limón e impuso estas prohibiciones: la perforación o excavación de pozos, galerías de infiltración o cualquier otra obra de captación de aguas; construcción de casas de habitación, instalaciones industriales y comerciales, porquerizas, gallineros y corrales, en general, de tanques sépticos, pozos negros o sistemas sanitarios que puedan afectar las aguas del subsuelo; la remoción o extracción de todo tipo de materiales; toda actividad agropecuaria; toda corta de vegetación forestal; el uso de plaguicidas, pesticidas o de sustancias venenosas con cualquier fin; instalación de basureros, rellenos sanitarios o botaderos de desperdicios de cualquier índole. Agrega que la citada finca ubicada en la zona seis del acuífero de Moín fue afectada directamente mediante acuerdo nro. 2007-177, publicado en La Gaceta n.° 83 del 2 de mayo de 2007. Desde esa fecha, el ICAA no ha ejecutado acción alguna para la expropiación de la misma ni ha efectuado algún tipo de intervención en la finca para evitar la contaminación generada en el precario; tampoco ha realizado alguna gestión para detener el cambio de uso de suelo en esa zona. Indica que en las fincas que son propiedad de la amparada existe un conflicto precario, pues, a través del tiempo, algunas familias se han ido metiendo de manera clandestina y se han dedicado a efectuar un cambio de uso de suelo, talas de bosque y construcción de casas; además, se dedican a labores agrícolas en las áreas en que han eliminado el bosque, aplican químicos y no se realiza un manejo adecuado de las aguas negras y jabonosas salientes de las edificaciones construidas de manera precaria. Manifiesta que con esto se están incumpliendo las limitaciones establecidas por el ICAA al declarar esa área como zona 6. Narra que, dado que el mismo instituto afectó esa área con la denominada zona 6 de protección absoluta, se les solicito colaboración para proceder con el desalojo administrativo rápido de todas las personas invasoras de la finca, debido a los daños que causan a los recursos naturales y a la contaminación al acuífero. Agrega que, a pesar de reconocer que la finca se encuentra ubicada en la zona 6, se les indicó que no les atañe a ellos el desalojo de las personas que están contaminando el acuífero, con el argumento de que no es finca propiedad del ICAA. Con esto se demuestra que la limitación impuesta lo es solo de manera administrativa, sin intervención directa en la finca, pues se limitó a emitir decretos con la limitación, pero sin aplicar materialmente sus ordenanzas en el campo y sin ejecutar las expropiaciones. Sostiene que los precaristas se encuentran organizados en una Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata, con cédula jurídica 3-002-625483, la cual ha sido la encargada históricamente de meter la gente a la finca. Manifiesta que día a día y con el solo hecho de que los ocupantes ilegítimos de la propiedad dispongan de ella libremente, se está ocasionando contaminación al acuífero de Moín, por cuanto lanzan las aguas jabonosas, aguas de sanitarios, químicos utilizados en agricultura, al suelo que es de recarga acuífera; en adición, talan árboles y, por ende, cambian el uso de suelo. Ante tal situación, vía correo electrónico pidió ayuda al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para que de manera conjunta con el dueño registral se procediera con el desalojo administrativo inmediato de los ocupantes ilegales en aras de evitar la contaminación al acuífero Moín. Expone que el recurrido contestó negativamente la solicitud, indicando que era un conflicto privado y que ellos no podían intervenir. Agrega que están desaplicando la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que obliga a este instituto a velar por la protección de los mantos acuíferos y lugares de recarga acuífera. Afirma que mediante oficio de 20 de enero de 2022 remitido por Jorge Madrigal García de la Región Huetar Caribe, en atención al oficio nro. PRE-J-2021-04524, se dio respuesta a su solicitud de colaborar con el desalojo administrativo inmediato de las personas ubicadas en la finca y que están contaminando el acuífero, respecto de lo cual se consignó: “… Respecto a la consulta recibida debo de indicar lo siguiente: 1- Efectivamente la propiedad descrita se encuentra dentro de la denominada Zona 6, en esta zona existe una tubería de HF 300 mm conducción de la planta potabilizadora de Moín hacia el tanque de Pueblo Nuevo, lo que no significa que esta tubería está en esa finca propiamente dicha. 2- Sobre solicitudes de desalojo, debo de indicar que no le corresponde a esta Dirección gestionar el desalojo de propiedad que son de un tercero, esto si lo hemos hecho para propiedades del AyA, también hemos puesto en conocimiento de la situación al MINAE, sin embargo, reitero no podemos hacer gestiones para que se den desalojos en una propiedad que no le pertenece al Instituto, de hecho las autoridades de policía ni siquiera reciben la denuncia si no son interpuestas por el propietario registral”. Manifiesta que, merced a la negligencia del recurrido en ejercer sus potestades de protección del Acuífero de Moín, se envió solicitud vía correo electrónico el 21 de febrero de 2022 al Lic. Jorge Madrigal García de la Comisión Moín del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en el que se le solicitó una serie de informaciones necesarias para poder realizar un estudio privado de contaminación al acuífero, pues la empresa contratada les solicitó pedir al ICAA cuáles serían los ámbitos para considerar por parte de la empresa privada en el estudio de contaminación del acuífero, los términos de referencia que se deben consignar en el Estudio, metodología a emplear en la propiedad, con el fin de que dicho estudio sea aceptado por el ICAA. Detalla que, a pesar del tiempo transcurrido, a la fecha no les ha dado respuesta. Agrega que en ese oficio se indicó: “Mediante MEMORANDO No.PRE-J-2022-00477, de fecha 7 de febrero del 2022, remitido por Pablo Rodríguez Fallas a la licenciada Yamileth Andrea Rojas Anderson, se resolvió una consulta planteada por el suscrito en relación con la forma de proceder con el desalojo de la finca de mi representada, [Nombre 002], con cédula jurídica [Valor 003], la cual es propietaria de las fincas 7-27136 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000, SEGREGACIONES: NO HAY, NATURALEZA: TERRENO DE REPASTO Y EN PARTE DE BOSQUE, SITUADA EN EL DISTRITO 1-LIMON CANTON 1-LIMON DE LA PROVINCIA DE LIMON, FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA, LINDEROS: NORTE: QUEBRADA Y JOSE JOAQUIN ROJAS QUIROS, SUR: CALLE PUBLICA CON 529,18 METROS, ESTE: QUEBRADA Y JUAN SARKIS ESTEFANO, OESTE: CON COSAS DE MADERA S A, MIDE: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN METROS CON TREINTA Y DOS DECIMETROS CUADRADOS, PLANO: L-0509859-1983, DENTIFICADOR PREDIAL:701010027136 y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: 27138 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000, SEGREGACIONES: NO HAY, NATURALEZA: TERRENO CON 4 CASAS Y OTROS, SITUADA EN EL 5 DISTRITO 1-LIMON CANTON 1-LIMON DE LA PROVINCIA DE LIMON, FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA, LINDEROS: NORTE CALLE PUBLICA, SUR: LINEA DE FERROCARRIL Y OTRO, ESTE CALLE PUBLICA Y OTRO, OESTE TROCHA DEL FERROCARRIL, MIDE: CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS CON VEINTITRES DECIMETROS CUADRAD0s, PLANO: L 0509860-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL:701010027138. Pues ambas fincas se ubican en un lugar llamado Villa Plata, que es un precario donde hay gran cantidad de casas y personas usurpando la finca. Dichas fincas se ubican en un cien por ciento dentro de la zona 6 descrita en el oficio N° 2007-177, ASUNTO: Oficialización del estudio hidrogeológico y vulnerabilidad del acuífero Moín, Limón, y la actualización de la zona de protección DGAMB 2007-031, y en ella existen gran cantidad de casas de habitación, parceleros que están ilegítimamente poseyendo la finca y al mismo tiempo generando daños al ambiente y contaminación del acuífero. La consulta planteada AYA lo era en el sentido de buscar de manera conjunta con el dueño registral, la forma más rápida de desalojar las familias que están generando cambios de uso de suelo, chapeas, talas, contaminación por desfloque de aguas negras y jabonosas al sueño, ello en un área denominada por el AYA como de protección absoluta por la recarga acuífera. Sin embargo, se nos indicó que el AYA no podía intervenir y se nos indicó que, en caso de realización de un estudio técnico en la propiedad de consulta, corresponde al propietario generar las condiciones y coordinación para que se brinde seguridad de los funcionarios correspondientes en el ingreso a la propiedad, asimismo dicha labor deberá programarse de conformidad con la prioridad institucional. Es por ello por lo que el propietario tomó la decisión de asumir el estudio correspondiente en virtud de la carga de trabajo y agenda que se manifestó el AyA les impedía realizarla. Por lo anterior se requiere nos indiquen cuáles serían los ámbitos para considerar por parte de la empresa privada en el estudio de contaminación del acuífero, los términos de referencia que se deben consignar en el Estudio, metodología a emplear en la propiedad, con el fin de que dicho estudio sea aceptado por el AYA. Es por ello por lo que mi representada tomó la decisión de asumir el estudio técnico correspondiente en virtud de la carga de trabajo y agenda que se manifestó el AyA les impedía realizarla. Por lo anterior se requiere nos indiquen cuáles serían los ámbitos para considerar por parte de la empresa privada en el estudio de contaminación del acuífero, los términos de referencia que se deben consignar en el Estudio, metodología a emplear en la propiedad, con el fin de que dicho estudio sea aceptado por el AYA”. Sostiene que, a la fecha, tanto el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados como el MINAE tienen conocimiento de la usurpación que se está dando a la denominada zona 6 del acuífero de MOIN, de los cambios de uso de suelo, de la contaminación; empero, no han ejecutado gestión alguna para desalojar a las personas que de manera ilegítima usurpan el patrimonio del Estado, como lo es la citada zona 6 de recarga acuífera. Solicita que se declare con lugar el recurso.

2.- Mediante resolución de la Presidencia de la Sala de las 13:14 horas del 2 de mayo de 2022, se dio curso al proceso y se requirió informe el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el ministro de Ambiente y Energía, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 11 de mayo de 2022, informa bajo juramento Franz Tattenbach Capra, en su condición de ministro de Ambiente y Energía. Aclara la competencia del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Manifiesta que se solicitó al Área de Conservación La Amistad Caribe, sector en el que se ubica el acuífero Moín, referirse sobre el recurso bajo estudio. Cita el memorial SINAC-ACLAC-DR-214-2022 del 9 de mayo de 2022. Sostiene que el SINAC no ha recibido del recurrente, del ICAA ni de alguna otra persona o institución algún escrito sobre los hechos alegados en el recurso. Solicita que se declare sin lugar el amparo.

4.- Por escrito incorporado al expediente digital el 11 de mayo de 2022, informa bajo juramento Eric Alonso Bogantes Cabezas, en su condición de gerente general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Refiere: “De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 57 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y Artículo 106 del Código Procesal Civil, SOLICITAMOS SE ENDERECE E INCLUYA EN ESTE AMPARO EN VIRTUD DE LA OBLIGATORIA LA LITIS CONSORCIO PASIVA NECESARIA A LA MUNICIPALIDAD DE LIMON, a quien por competencia le corresponde controlar el desarrollo urbano, evitar la ubicación de construcciones sin cumplir con los permisos y condiciones correspondientes, asimismo, le corresponde ejercer su facultad de demolición de toda obra construido sin autorización, ejerciendo en conjunto con el propietario las acciones para el desalojo correspondiente. Ya, mediante Exp: 06-015593-0007-CO, Res. Nº 2008-004751 ese Tribunal Constitucional dictaminó su competencia y (…) Para que se refiera a las razones por las cuales no realizó la demolición de construcciones sin autorización. RESPUESTA A LOS HECHOS PRIMERO: Procede aclarar los alcances de los Acuerdos No. 80-121 y Acuerdo 2007-177 que se invocan, en el siguiente sentido: Mediante Acuerdo 2007-177 de la Junta Directiva del AyA, publicado en la Gaceta N° 83 del miércoles 2 de mayo del 2007, se otorgó la OFICIALIZACION DEL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y VULNERABILIDAD DEL ACUIFERO MOIN, LIMON, Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DGAMB-2007-031 y se dispuso en su Por Tanto “(….) SEGUNDO: SE REVOCA EL ACUERDO 80-121 EN CUANTO A SU ZONA DE LIMITACION Y RECOMENDACIONES DE REGULACION DE USO DEL SUELO, de conformidad con la delimitación y ubicación realizada por los Departamentos de Topografía de la Dirección de Estudios y Proyectos, la Dirección Región Huetar Atlántica, la Dirección de Gestión Ambiental y el informe DGAmb-2007-031, se recomienda aplicar la ubicación topográfica de la ZONA DE PROTECCIÓN ABSOLUTA, catalogada como Zona 6, en la resolución de toda solicitud de permiso, licencia o autorización presentada por el Administrado, de la siguiente forma: Partiendo del pto. 1 con 1arant. N=221517 y E=639446 en el cruce del camino viejo a Limón Ruta #240 (por la costa) y la entrada oeste a la Urbanización Cangrejos, se continua unos 106m al sur por la calle de la Urbanización hasta el pto. 2 con 1arant. N=221414, E=639471, se dobla al sur oeste unos 77m hasta el pto. 3 con 1arant. N=221367 y E=639410, se continua al este unos 316m hasta el cruce con el camino a Pacuare, pto. 4 con 1arant. N=221297, E=639682, luego se continua al sur unos 1.4 km por este camino hasta el pto 5, inicio de la Urbanización del mismo nombre con 1arant. N=220474 y E=640380, continuando con rumbo sur sur oeste unos 170m hasta el pto. 6 con 1arant. N=220318 y E=640302, luego con rumbo sur este unos 38m hasta el pto 7 con 1arant. N=220297 y E=640333, luego hacia el sur sur oeste unos 82m hasta el pto. 8 con 1arant. N=220159 y E=640251. De este pto. 8 donde termina la calle de la Urbanización, se continua con el mismo rumbo sur sur oeste a campo traviesa unos 370m hasta el pto. 9 con 1arant. N=219858 y E=640034. Se continua a campo traviesa hacia el oeste unos 190m hasta encontrarse la calle que va a Cielo Amarillo en el pto. 10 con 1arant. N=219846 y E=639845, de este pto. 10 que venía paralela al lindero, ya en la calle, se continúa hacia el sur unos 90m hasta el pto. 11 con 1arant. N=219764 y E=639832. De este pto. 11 se continúa por la calle que va a Villa Plata unos 220m al sur oeste hasta el pto. 12 con 1arant. N=219689 y E=639630, se continua al sur unos 320m hasta la línea del ferrocarril en el pto. 13 con 1arant. N=219449 y E=639624, continúese por la línea férrea hacia el este unos 100m hasta el pto. 14 con 1arant. N=219447 y E=639723 de este pto. 14 se continua unos 460m hacia el sur por la calle que sale a la ruta nacional #32 (Saopin) hasta el pto. 15 con 1arant. N=218995 y E=639652. De este pto. 15 ya en la calle se continua unos 2.4 km hacia el oeste por la ruta # 32, hasta llegar a la primera entrada hacia Villa Vista del Mar 1 hasta el pto. 16 con 1arant. N=218883 y E=637297 y luego a la derecha con rumbo norte para ir a Villa Vista del Mar 1, unos 270m hasta llegar al cruce de caminos, a un costado de la escuela de Villa Vista de Mar 1, en el pto.17 con 1arant. N=219085 y E=637177, 106m norte luego se continua por 106m al norte hasta el pto 18 con 1arant. N=219207 y E=637179, de este pto. 18, se continua unos 260m al oeste hasta el fin de la calle y de ahí continua unos 160m siempre al oeste por el lindero norte entre predios hasta intersectar (sic) la carretera de concreto ruta #240, en el pto. 19 con 1arant. N=219325 y E=636795, luego continuando 2km hacia el noreste por la ruta #240 hasta la intersección de caminos hacia Villa Plata en el pto. 20. con 1arant. N=220976 y E=637688, de este pto. 20 se continua al norte por la ruta #240 con una distancia aproximadamente de 2.6km hasta llegar a la intersección de caminos con la Urbanización Cangrejos siendo este cruce el pto. 1 de partida con 1arant. N=221517 y E=639446. (…) COMO RECOMENDACIONES DE REGULACION DE USO DEL SUELO SE ESTEBLECEN LAS SIGUIENTES RESTRICCIONES: 1. Toda actividad industrial. 2. Uso y almacenamiento de plaguicidas, pesticidas y combustibles, o precursores de estos con cualquier fin. 3. La remoción o extracción de todo tipo de materiales. 4. Cambio de uso de la tierra. 5. Toda corta de vegetación forestal. 6. Toda actividad agropecuaria e instalaciones ligadas a la misma. 7. La perforación o excavación de pozos, galerías de infiltración o cualquier otra obra de captación de aguas. 8. El desarrollo de urbanizaciones y de lotificaciones. 9. Las instalaciones de basureros, rellenos sanitarios o botaderos de desperdicios de cualquier índole. 10. Actividades de cualquier índole que afecten a criterio del AyA la calidad y la cantidad del agua que se utiliza para el abastecimiento a poblaciones….” Las manifestaciones del recurrente resultan ser completamente erróneas al indica que no se permite ninguna actividad en la zona 6, el mismo acuerdo en su oportunidad estableció claramente: “…SE ADMITIRÁ EN LA ZONA 6 LAS CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS ORIGINADAS POR EL CRECIMIENTO VEGETATIVO, SIEMPRE QUE SE ASEGURE QUE LAS AGUAS RESIDUALES NO SE DESCARGAN A DOLINAS Y SE REALIZA LA RECOLECCIÓN DE LAS BASURAS POR EL SERVICIO MUNICIPAL U OTRO MEDIO…”, por otra parte véase que el acuerdo indica: Recomendaciones de Uso del Suelo, no indica restricciones. Mediante acuerdo de Junta Directiva No 2011-112, de la Sesión No 2011-017, de fecha 5-4-2011, Artículo 5, inciso 1, se dispuso: la modificación del Acuerdo AN-2007-177, en el cual se aclaran los alcances en el sentido de que hay una gran cantidad de actividades, que permiten disponer del inmueble con las recomendaciones según su uso, sin que ello implique expropiación, así se indica en el Por tanto Primero: “….PRIMERO: Se Modifica el Acuerdo 2007-177, en su Por Tanto Segundo, respecto a la enumeración de recomendaciones de regulación de uso del suelo de la Zona 6, con los siguientes lineamientos de restricción y en aplicación de la “Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de los Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico, emitida por la Junta Directiva de SENARA en sesión del 26 de setiembre del 2006: • Para toda actividad el área de impermeabilización por hectárea no debe sobrepasar el 20% • Aquellas ACTIVIDADADES INDUSTRIALES que a lo largo de las distintas etapas de construcción y operación, generen impacto ambiental negativo al acuífero, deberán presentar un Estudio de Impacto Ambiental debidamente aprobado por SETENA. De acuerdo con el Reglamento del Ministerio de Salud, Decreto 30465 S y el Reglamento de Vertidos y Rehúso de Aguas Residuales. N. 26041-S MINAE, no se permiten las actividades industriales de alto riesgo por la posible afectación de la contaminación. Se definen estas actividades de alto riesgo como aquellas que tienen posibilidad de explosión, incendio, fuga o derrame súbito que resulte del proceso en el curso de las actividades industriales, así como en ductos y en transportes, en los que intervengan una o varias sustancias peligrosas y que suponga un peligro grave (de manifestación inmediata o retardada, reversible o irreversible) para la población, sus bienes, el ambiente y los ecosistemas. • No autorizar actividades de almacenamiento y USO DE PLAGUICIDAS, PESTICIDAS, COMBUSTIBLES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS, O PRECURSORES DE ESTOS CON CUALQUIER FIN. • Para la REMOCIÓN, CORTE Y RELLENO DE MATERIALES (MOVIMIENTOS DE TIERRA), deberá realizarse un estudio Hidrogeológico que compruebe que no” habrá afectación al acuífero y un Plan de Gestión Ambiental debidamente aprobados por SETENA. • NO SE AUTORIZA LA CONSTRUCCIÓN O EXCAVACIÓN DE POZOS, GALERÍAS DE INFILTRACIÓN O CUALQUIER OTRA OBRA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS. • Para el caso de DESARROLLOS DE URBANIZACIONES, LOTIFICACIONES, FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS, deberá construirse alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales de tipo ordinario. Se pueden permitir desarrollos con densidades iguales o inferiores a una unidad habitacional por cada 1000 metros. • Para el caso de HOTELES Y SIMILARES PARA HOSPEDAJE, se puede permitir sujeto al manejo de efluentes con planta de tratamiento cumpliendo con el Reglamento de Vertidos vigente. El número de habitaciones no debe exceder una carga equivalente a 50 personas por hectárea. • NO INSTALAR BASUREROS, RELLENOS SANITARIOS O BOTADEROS DE DESPERDICIOS DE CUALQUIER ÍNDOLE. • El AyA considerando los estudios presentados por el interesado y avalados por las instancias pertinentes, podrá dictaminar otro tipo de actividades de las no enumeradas en este acuerdo, que afecten la calidad y la cantidad del agua, estableciendo las recomendaciones técnicas vinculantes para la regulación de la actividad. El AYA estará facultado por la Ley 2726, para evaluar si existe afectación al acuífero y la disposición correcta de las aguas residuales de conformidad con el reglamento de vertidos vigente, además de la aprobación o denegatoria de la actividad. • Se admitirá en la Zona 6 las construcciones de viviendas originadas por el crecimiento vegetativo, siempre que se asegure que las aguas residuales no se viertan a dolinas y se realice la recolección de las basuras por el servicio municipal u otro medio…” No existe violación a los Derechos Constitucionales señalados en el Artículo 45. El artículo 45 de la Constitución Política, en el segundo párrafo, establece la posibilidad de limitar el derecho de propiedad por razones de interés social. En el caso concreto, existen leyes que regulan el uso del suelo para este tipo de terrenos, como la Ley de Conservación de Vida Silvestre, artículo 128, Ley Orgánica del Ambiente. artículo 50 y siguientes, Ley General de Salud, artículos 275, 276, 285 y 291.  La regulación del suelo es una función pública, es un poder-deber a cargo de los entes públicos con potestad normativa como es el caso de la Asamblea Legislativa, de las Municipalidades, del INVU, del Poder Ejecutivo, del Estado a través de sus instituciones.  Como se mencionó existen leyes que establecen regulaciones en materia de protección al ambiente y al recurso hídrico. El Acuerdo de Junta Directiva de AyA, únicamente viene a definir una serie de recomendaciones conforme a lo que ya se encuentra establecido en diferentes leyes. No es cierto que los actores no puedan desarrollar ninguna actividad en la propiedad, ni tampoco que las recomendaciones dictaminadas en los Acuerdos de Junta Directiva del AyA signifiquen una expropiación obligatoria automática de parte del AyA en toda la localidad de Moín. Se aclara nuevamente, que las propiedades ubicadas en la zona 6, tienen aptitud para ser desarrolladas, no hay violación al artículo 45 Constitucional al que hace mención el recurrente. Sino que, cumpliendo los parámetros anteriormente indicados, pueden desarrollar las actividades que consideren. Es necesario recordar que la carga de la prueba de la no contaminación y factibilidad del proyecto de conformidad con la Ley, recae sobre el interesado ( Ley de Biodiversidad No. 7788 Artículo 109.- Carga de la prueba: La carga de la prueba, de la ausencia de contaminación, degradación o afectación no permitidas, corresponderá a quien solicite la aprobación, el permiso o acceso a la biodiversidad o a quien se le acuse de haber ocasionado daño ambiental.), y el Estado no puede venir a realizar dichos estudios de forma gratuita en beneficio de un interés privado, como lo es el de venta de una propiedad. SEGUNDO: No es cierto lo que indica el recurrente al decir: “…que la citada finca ubicada en la zona seis del acuífero de Moín fue afectada directamente mediante acuerdo 2007-177, publicado en la Gaceta No. 83 del miércoles 2 de mayo de 2007, y desde esa fecha el recurrido no ha realizado ninguna acción para la expropiación de la misma ni ha realizado ningún tipo de intervención en la finca para evitar la contaminación generada en el precario, ni ha realizado ninguna gestión para detener el cambio de uso de suelo en esa zona…” Como acciones en la Zona 6 Región Huetar Caribe mediante oficio GSP-RHC-2022-00714, que adjunta el informe correspondiente, los cuales se anexan como prueba se detalla lo siguiente: “…las gestiones realizadas durante 10 años de gestión para el resguardo del Acuífero Moín; en la Tabla N° 1, se muestra un resumen de 34 casos que fueron gestionados por AyA, estos casos se dividen en tres categorías: Denuncias, Desarrollos de Nuevos Proyectos e Instalaciones existentes. Dado que las actuaciones del AyA, en el tema de la Protección del Recurso Hídrico de Las Nacientes de Moín, han sido abordadas con la misma estrategia en los últimos 19 años, se utilizará la misma metodología de trabajo que se indicó en el memorando RHA-OM-2013-0666, donde se detallaran los principales casos atendidos del 2013 a la fecha, utilizando la misma categorización, con la diferencia que se realizarán explicaciones detalladas en los casos que permitan referirse de forma directa al Precario Villa Plata y a como se tramitan y ejecutan Nuevos Proyectos en la Zona 6 del Acuífero Moín. A) Denuncias Presentadas: En la Tabla N° 1, se muestran las Denuncias presentadas por movimientos de Tierras, tala de árboles dentro de la Zona 6 de Moín o instalación de actividades no compatibles con las Recomendaciones de Regulación, establecidas en el Acuerdo de Junta Directiva de AyA 2011-112. Para ser concisos sobre el tema solicitado, solo se adjuntará la evidencia de los casos referente al Precario Villa Plata, los cuales serán presentados como anexos de este documento y son los marcados en color amarillo. (…) Detallando las denuncias que tienen que ver con el Precario de Villa Plata: Denuncia N° 7 y N° 8: En setiembre del 2018 se presentó por parte del Ingeniero José Matarrita del AyA Región Huetar Caribe estas denuncias mediante los Oficios GSP-RA-2018-02131 y GSP-RA-2018-02132 ( Adjuntos ), las cuales fueron notificadas tanto a las autoridades del MINAE, como a la Municipalidad de Limón, sobre movimientos de tierra ilegales en el Precario Villa Plata y dentro de la propiedad Folio Real N° 27136-000. A la fecha se tramita la misma, a través del Tribunal Ambiental Administrativo Expediente N° 064-19-01-TAA. Denuncia N° 9: En marzo del 2019, se presentó por parte del Ingeniero Alejandro Rodríguez Vindas del AyA Región Huetar Caribe, Oficio GSP-RA-2019-00456 donde denuncia Corta Forestal y Movimiento de Tierra en la Zona Boscosa del Acuífero de Moín, la cual fue notificada tanto a las autoridades del MINAE, como a la Municipalidad de Limón, sobre movimientos de tierra ilegales y corta de vegetación Forestal. Tal y como se muestre en la Figura N° 1, parte de estos movimientos de tierra y corta de vegetación forestal, se dieron en el costado Sur este de la Finca Folio Real N° 27136-000 (…) De estas denuncias, se evidencia que el AyA ha aplicado los mecanismos que el marco jurídico le permite, para denunciar la corta de vegetación y movimientos de tierra en la propiedad Folio Real N° 27136-000, situación que no ha sido atendida por las autoridades competentes ni por el propio dueño de la propiedad, el cual nunca ha sido posible contactar al momento que se hace este tipo de denuncias. B) Desarrollo de Nuevos Proyectos: En la Tabla N° 2, se muestran las principales solicitudes de Nuevos Proyectos en la Zona 6 del Acuífero Moín. Para demostrar que es factible la realización de los Proyectos en Zona 6 del Acuífero Moín, se enmarcan de color verde los Proyectos que han obtenido el visto bueno y disponibilidades de agua requeridas para construir estos; tal y como se desprende de los resultados obtenidos, de 10 Proyectos propuestos el 50 % fueron aprobados por AyA para iniciar los trámites constructivos correspondientes, mediante la emisión de cartas de disponibilidad de agua. Tabla N° 2. Muestra las principales solicitudes de Proyectos presentadas al AyA desde el año 2013 a la fecha, se resaltan en color verde los proyectos que han contado con la disponibilidad de agua del AyA. En color rojo se indican los proyectos que no cuentan con disponibilidad de agua potable (…) Para explicar el proceso de cómo se valoran los proyectos nuevos, se procede a explicar el procedimiento seguido por la Región Huetar Caribe para verificar que la conceptualización estos cumpla con las recomendaciones de regulación plasmadas en el Acuerdo de Junta Directiva de AyA N° 2011-112 y como se valoran los casos en la Comisión del Acuífero, cuando un Proyecto con características especiales, así lo requiere. Como metodología, se explica el proceso mediante uno de los proyectos construidos, específicamente el Proyecto N° 2 denominado 24 Apartamentos MATAMA VILLAGE. Los pasos a seguir para valorar que la conceptualización de los Proyectos, cumplan las Recomendaciones de Regulación establecidas en el Acuerdo de Junta Directiva N° 2011-112, son : Tal y como se ha acordado en la Comisión Institucional sobre las Nacientes de Moín; antes de suministrar la carta de disponibilidad de agua en los Proyectos dentro de la Zona 6, a los desarrolladores se les solicita una conceptualización del Proyecto que cumpla con algunos aspectos que se establecen en el Acuerdo de Junta Directiva AyA 2011-0112. Entre los aspectos ha (sic) verificar en la concepción del Proyecto se tienen: (…) Una vez verificado que el bosquejo del Proyecto cumple con estos requerimientos, se procede a otorgar la carta de disponibilidad de agua para que los desarrolladores tramiten el proyecto, cumpliendo con toda la normativa ambiental aplicable. (…) De lo anterior se desprende que las Recomendaciones de Regulación establecidas por AyA en el Acuerdo de Junta Directiva N° 2011-112, no vacían el derecho del propietario de realizar actividades y Proyectos de diversa índole, tal y como se ha demostrado. De hecho, la ejecución de proyectos sobre la Zona 6 del Acuífero de Moín, requiere que el Proyecto planteado sea ambientalmente amigable; haciendo consideraciones que permitan maximizar la recarga del acuífero y minimizar el impacto de las aguas residuales generadas mediante sistemas de tratamiento, que permiten proteger y resguardar la calidad del recurso hídrico. En adición a este planteamiento, se tiene que en el período de los años 2020 y 2021; tal y como se muestra en la Tabla N° 3, se tienen 80 solicitudes de disponibilidad de agua potable para vivienda unifamiliar, de las cuales el 54 % o 43 solicitudes de disponibilidad de agua, fueron aprobadas por la Oficina Cantonal de Limón, dentro de la Zona 6 del Acuífero Moín, lo que refuerza el hecho de que es factible desarrollar las propiedades dentro de esta zona. (…) C) Instalaciones existentes: En la Tabla N° 4, se muestran los principales criterios dados por el AyA Región Huetar Caribe, respecto a las Instalaciones existentes y como (sic) lograr que estas instalaciones, logren cumplir con las Recomendaciones de Regulación dadas por AyA dependiendo en el sector donde se ubican y según criterios de los Acuerdos de Junta Directiva N° 2007-177 o N° 2011-112. Para ser concisos sobre el tema solicitado, solo se adjuntará la evidencia de los casos referente al Precario Villa Plata, los cuales serán presentados como anexos de este documento y son los marcados en color amarillo. (…) En el caso del Precario Villa Plata, se han externado a través del tiempo múltiples criterios emitidos por la Oficina Cantonal de Limón, en el caso de la Tabla N° 4, se indican 3 de ellos, en los cuales ha sido reiterado el criterio de que no es posible otorgar servicio de agua, ni disponibilidades de agua, ni la posibilidad de colocar pajas públicas dentro del precario. Adicionalmente, en todas las notas se le indica la ubicación de este Precario dentro de la Zona de recarga y de protección de aguas de las nacientes de Moín, donde se debe dar el cumplimiento de los Acuerdos de Junta Directiva N° 2007-177 y N° 2011-112. (…) De la lectura de este texto, se desprende que el Precario Villa Plata tiene muchos años de haberse establecido, de hecho, el sello de la Asociación de Desarrollo impreso en la solicitud indica el año 2010, esto puede ser corroborado con la Figura N° 9, donde al hacer un extracto de una imagen de Google Earth con fecha febrero del 2010, ya se tiene dentro de las propiedades 00027138-000 y 00027136-000 gran cantidad de caminos internos, viviendas, áreas sin bosque; etc. (…) Lo anterior es muy importante hacerlo notar dado a que los propietarios de estos terrenos indican que AyA, no ha hecho lo necesario para proteger el Acuífero de Moín; sin embargo existe evidencia documental suficiente para demostrar que durante más de 14 años se ha denegado por parte de AyA las disponibilidades de servicios de agua potable en el Precario Villa Plata y que durante ese mismo tiempo, no consta ninguna gestión por parte de los propietarios de estos terrenos para recobrarlos; sin embargo independientemente de este hecho, AyA ha realizado las denuncias y las actuaciones que la ley le permite dentro de lo que en el informe se ha denominado “instalaciones existentes” en la Zona 6, para que se cumpla el Acuerdo de Junta Directiva N° 2011-112. Se adjunta como anexos los documentos GSP-L-2018-001218 y GSP-RHC-L-2022-00494, los que reafirman la posición Institucional referente al Precario Villa Plata…” Es importante reiterar y aclarar en lo que se refiere hasta este punto el informe, que al hacerse referencia al Precario Villa Plata; se trata del inmueble propiedad de un particular que durante años no realizó ninguna gestión como le correspondía; para defender su derecho de propiedad; sino que viene años después a escudarse en los acuerdos adoptados por el Instituto para hacer desaparecer su responsabilidad; trasladarla a las instituciones; y solicitar se le indemnice; cuando es claro que lo que existen son disposiciones socio-ambientales para protección de fuentes. Continúa indicando el informe remitido mediante oficio GSP-RHC-2022-00714: “…Finamente, el AyA en el caso de la Zona 6 del Acuífero Moín ha realizado diferentes Proyectos o acciones y planea hacer otras actividades que permiten mejorar la Protección del Recurso Hídrico de las Nacientes de Moín, entre ellos están: A) Creación de la Comisión del Acuífero Moín: En el mes de julio del 2010; AyA creó una Comisión Multidisciplinaria para resolver los casos pendientes, a esa fecha sobre el Acuífero de Moín, denominada como “ Comisión de Acuífero Moín”. En esta instancia, se tiene representación de la Unidad Ambiental, Departamento Legal, la Subgerencia General del AyA y funcionarios de la Región Huetar Caribe. Actualmente esta Comisión emite de manera colegiada los criterios técnicos en proyectos o casos que así lo ameriten en las Zonas establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva N° 2007-177 y N° 2011-112. B) Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable: Dentro del décimo punto del Acuerdo Nº 2007- 177 se indicó: “ Salvo que se demuestre que las fuentes de Moín hayan sido afectadas de manera irreversible, según la normativa, por el evento de Químicos Holanda, se deberán mantener en uso para abastecimiento a la población por razones de orden técnico, de demanda; con las siguientes condiciones: Ordenar la construcción inmediata de una planta de tratamiento, incluyendo un sistema de carbón activado o de la tecnología necesaria para asegurar la calidad por cualquier posible contaminación. Se deberá iniciar de inmediato los estudios para definir la posibilidad de utilizar la cuenca alta del río Banano con miras a sustituir la (sic) fuentes de Moín en caso de que se lleguen a contaminar por las actividades industriales que se desarrollan en la cuenca” En acatamiento a ese acuerdo y tal y como se observa en la Figura N° 10, está operando desde el mes de marzo del 2012, la Planta de Tratamiento de Moín, cuyo costo fue del orden de ¢ 400,000.000,00 (Cuatrocientos millones de colones). Esta planta permite tratar las aguas de la Naciente, mediante la remoción de turbiedad y carga orgánica que tienen las aguas de las Nacientes de Moín y de esta manera garantizar la potabilidad del agua que se brinda a la población. Es importante indicar que esta planta, no está capacitada para tratar sustancias peligrosas, químicos, combustibles, etc (…) C) Comunicación al más alto Nivel: Tal y como consta en el documento PRE-1426-2012 en el mes noviembre del 2012, la Presidenta Ejecutiva de AyA la Ing. Yesenia Calderón Solano; notifica al Sr Alcalde de la Municipalidad de Limón Lic. Nestor (sic) Mattis Williams, sobre la aplicación de los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007-177 y N° 2011-112, dentro del Plan Regulador de Limón, finalmente se indica: (…) De igual forma mediante Oficio PRE-1426-2012 en el mes noviembre del 2012 (adjunto), la Presidenta Ejecutiva de AyA la Ing. Yesenia Calderón Solano; notifica al Ing. Uriel Juárez Baltodano de la Secretaria Técnica Ambiental, sobre la aplicación de los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007-177 y N° 2011-112. D) Proyecto Lidar: Mediante la contratación N° 2017FTS-00113-PRI por un monto de 20 millones de colones, se contrató por parte del Departamento de Cuencas hidrográficas del AyA, los Servicios para el levantamiento, identificación y sistematización de información técnica como un mecanismo de integración de la información bajo el concepto de cuenca, aplicación mediante un estudio fotogramétrico y Lidar sobre la Zona 6 del Acuífero de Moín. Entre los resultados obtenidos y tal y como se muestra en la Figura N° 11, se logró identificar las dolinas, sumideros y depresiones topográficas dentro de la zona, lo que permite identificar la densidad de estos elementos dentro de las propiedades donde se solicita la realización de Proyectos nuevos en la zona 6 del Acuífero Moín, una vez identificadas estas estructuras; la Unidad Ambiental del AyA realiza el levantamiento en el sitio y emite el criterio correspondiente sobre los mismos. Esta información permite valorar la conceptualización de los proyectos sobre la Zona 6 antes detallada para emitir las disponibilidades de agua de estos y para corroborar la información que emiten los desarrolladores. (…) E) Proyecto de Construcción del Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Moín: Como parte de las gestiones realizadas por el AyA para la Protección del Acuífero de Moín, se tiene dentro del Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de Calidad Eficiencia del Servicio BCIE 2188, el Proyecto BPIP 1984 denominado “ Construcción de Alcantarillado Sanitario de Moín, el cual pretende realizar la construcción del alcantarillado sanitario en el área mostrada en la Figura N° 12 y la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales mostrada en la Figura N° 13, todo dentro de los sectores con mayor densidad de población dentro de la Zona 6 del Acuífero de Moín. (…) CONCLUSIONES: 1) El AyA por más de 19 años ha realizado las denuncias necesarias ante la Municipalidad de Limón y el Ministerio de Ambiente y Energía para que se paralicen los movimientos de tierra, cortas de vegetación forestal en el momento en que se detecta una afectación a las zonas de Recarga del Acuífero de Moín. Además, denuncia la realización de actividades existentes que no son compatibles con las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007- 177 y N° 2011-112. 2) El AyA por más de 19 años ha revisado que la conceptualización de los Nuevos Proyectos en las Zonas de Recarga del Acuífero de Moín, cumplan con las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007- 177 y N° 2011-112, permitiendo a la fecha la realización del 50 % de los Proyectos presentados, con resultados exitosos, como lo es el ejemplo mostrado donde los Apartamentos de Matama Village tienen 6 años de estar en operación, sin generar ningún riesgo de contaminación al Acuífero de Moín. 3) En los años 2020 y 2021 se han aprobado el 54 % de las disponibilidades de agua para construcción de vivienda unifamiliar en la Zona 6 del Acuífero de Moín. 4) Considerando lo indicado en las conclusiones 2 y 3, no cabe duda que es factible el desarrollo de diferentes tipos de Proyectos en la Zona 6 del Acuífero de Moín, con lo que estas regulaciones, no vacían el derecho del propietario de realizar actividades y Proyectos de diversa índole, tal y como se ha demostrado. 5) Con respecto a las actividades existentes, queda demostrado que el AyA por 19 años ha emitido los criterios necesarios para poder lograr que las actividades actuales cumplan con las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007, 177 y N° 2011-112. 6) En el caso particular del Precario Villa Plata, a la fecha no se ha suministrado ninguna disponibilidad de servicio de agua, ni paja pública para este desarrollo, donde recurrentemente, se pone de conocimiento de la Asociación Integral de Desarrollo de Villa Plata, las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007- 177 y N° 2011-112 y la imposibilidad de brindar los servicios, de igual manera se han interpuesto las denuncias respectivas dentro del propio Precario. Todo lo anterior en resguardo de la titularidad de ambas propiedades. 7) Las autoridades de más alto nivel del AyA, han solicitados el cumplimiento del Voto N° 2008-004751 de la Sala Constitucional, para que la Municipalidad de Limón modifique el Plan Regulador para que se incorporen las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007- 177 y N° 2011-112. 8) No consta en nuestro archivos y expedientes ninguna gestión realizada por el propietario de las Fincas N° 00027138-000 y 00027136-000, para lograr frenar la ocupación por más 14 años del Precario Villa Plata y no ha existido ninguna comunicación previa del propietario con la Región Huetar Caribe, que hubiese permitido coordinar las denuncias que se han presentado o para mantenerle informado sobre resultado de las gestiones de solicitud de agua potable que realiza la Asociación Integral del Precario Villa Plata en sus terrenos. 9) El Instituto ha realizado proyectos importantes en la Protección del Acuífero moín, como lo son la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Moín, el Desarrollo del Proyecto Lidar ya explicado y a futuro la realización del alcantarillado sanitario de Moín y su Planta de Tratamiento de aguas residuales , donde el Sector de Villa Plata ( Sector 3) está incluido como parte del caudal de tratamiento, ya que se desconoce a futuro que va a pasar con el Precario de Villa Plata, precisamente por la inacción por varios años de sus propietarios. 10) Con todo lo anterior se demuestra que lo apuntado por el recurrente respecto a la inacción Institucional carece de sustento técnico y documental, tal y como queda demostrado en este informe…” Nótese además que mediante oficio GSP-RHC-L-2022-00494, se le dio respuesta a la Asociación de Desarrollo Villa Plata (asentamiento que se ubica en la propiedad objeto de este Amparo) de forma reciente: “(…) 1.Si bien es cierto, las declaraciones juradas son para terrenos sin escribir, Villa Plata posee una finca generada (tiene dueño registral), razón por lo cual esta gestión no es procedente para el caso en cuestión. Se aclara a su vez que no aplica para el caso de Villa Plata, los planos de agrimensura y declaraciones juradas, debido a que el asentamiento posee un dueño registral… 4. La solicitud de servicios para Villa Plata no tan sólo trata sobre el suministro de agua potable, sino de una regularización completa, cumpliendo para todos los demás servicios, dentro de los cuales la solución de aguas residuales, tamaño de terreno y área impermeabilizada, resultan de importancia por lo ya expuesto y por lo indicado en los ya mencionados Acuerdos de Junta Directiva de AyA, mismos que son vinculantes según lo indicado por la Sala Constitucional. Esto quiere decir que, aun resolviéndose el tema de titularidad de los terrenos de Villa Plata, debe de considerarse las recomendaciones de los Acuerdos de Junta Directiva, tratamiento y solución de las aguas residuales, capacidad hidráulica e hídrica, entre otros…” De forma coincidente el informe UEN-GA-2022-00850 de la Subgerencia de Ambiente Investigación y Desarrollo, desarrolla las Acciones de Coordinación Interinstitucional que el AyA ha materializado de la siguiente manera: (…) Tal y como lo citan los informes, se reitera particularmente en lo que respecta sobre esta propiedad, este Instituto dentro del marco de sus competencias y la posibilidad que le otorga la ley, interpuso las denuncias correspondientes mediante oficios GSP-RA-2018-02131 y 02132 con sello de recibido por la Municipalidad y el MINAET (SINAC), asimismo ante el Tribunal Ambiental se encuentra todavía en trámite el Expediente No. 064-19-01-TAA Para que proceda una expropiación es necesario que se demuestre el interés público y que el propietario demuestre que se han vaciado todos los atributos del derecho de propiedad, elementos que en este caso no se configuran. Nuevamente con fundamento en lo expuesto en la Respuesta Primera, en este caso es importante retomar la indicación de que no se trata de prohibiciones que emanan de los Acuerdos de Junta Directiva, sino de recomendaciones de carácter general, para la protección del recurso hídrico. El propietario puede llevar a cabo actividades, que requieren ajustarse a recomendaciones, que velan por la protección del recurso. TERCERO: En lo que respecta a la petición de Expropiación. Se rechaza la solicitud de expropiación del inmueble en virtud de que no existe violación al derecho de propiedad, el propietario puede disponer de la misma. No se justifica una expropiación cuando es el propietario quien no ha cumplido con los requisitos para llevar a cabo la actividad que desea desarrollar en el inmueble o bien porque no quiere realizar los actos procedimentales para el desalojo ; dicha potestad es exclusiva del titular del dominio del inmueble, de conformidad con el artículo 264 del Código Civil, donde se enumera cuáles son los derechos que integran a el (sic) dominio o la propiedad absoluta sobre una cosa, y entre ellos se encuentran los de defensa y exclusión, y los de restitución e indemnización, los que se desarrolla más adelante en los artículos 295 a 315 y 316 a 334, respectivamente, de tal forma que, la potestad probatoria de la titularidad, como requisito fundamental para el proceso de desalojo resulta excluyente en este caso para el AyA. “(…) en principio, por sí mismas y por definición, las limitaciones de interés social impuestas a la propiedad no son indemnizables, por no implicar expropiación, es decir, cuando la propiedad no sufre desmembraciones que hagan desaparecer el derecho. Desde luego que sí implican una carga o deber jurídico -en sentido estricto, de no hacer, o a lo sumo, de soportar la intromisión del Estado en la propiedad con fines públicos, deber que se agrega a los poderes o facultades del propietario, pero sin desnaturalizarlos o destruirlos. Estas limitaciones deben ser de carácter general, lo que implica no solamente su destinatario, sino también el supuesto de hecho de aplicación de la misma, ya que cuando se convierten en singulares o concretas podrían equipararse a verdaderas expropiaciones (…)” (Voto Nº 1996-04205 de las 14:33 hrs. de 20 de agosto de 1996). Exp: 10-007810-0007-CO) (Res. Nº 2010012209 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas y treinta y dos minutos del veinte de julio del dos mil diez) No hay una configuración de un interés público sobre el bien del actor ni existe un menoscabo del interés legítimo del derecho de propiedad, siendo estos los elementos necesarios para que proceda un análisis de expropiación. En la propiedad de análisis, el actor tiene aptitud para realizar o desarrollar distintas actividades, siempre y cuando cuenten con la prueba de ciencia y técnica que demuestre la factibilidad. CUARTO: El recurrente, pretende que el Estado por medio del Ministerio de Ambiente y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, realice un estudio de una propiedad privada con la finalidad de que se le realice un desalojo de invasores. Es necesario tener presente que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarilla-dos, se encuentra inhibido por su Ley Constitutiva de realizar donaciones, materia bajo la cual se tutelaría la realización de estudios sin justificación o fundamento en un convenio u otra figura legal en el que se garantice la existencia de un interés público conforme a las competencias institucionales, que se localice en propiedad privada. Lo anterior, también encuentra fundamento en el hecho de que los ingresos de AyA están respaldados, únicamente, en las tarifas que pagan los usuarios por los servicios que brinda el Instituto. En ese sentido, la ley obliga a invertir los rubros autorizados en los pliegos tarifarios respectivos, en la prestación de los servicios a nuestros clientes en condiciones de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima. La disposición de los fondos derivados de las tarifas por parte de AyA, en otras instituciones, igualmente obligadas a cubrir con sus tarifas, créditos u otras formas de financiamiento aceptables dentro del sector público, genera no sólo la transgresión de diversa normativa como la indicada, sino todo el marco jurídico aplicable conforme al principio de legalidad que rige el actuar de la Administración Pública. En ese sentido, además, aplicarían las obligaciones y prohibiciones contenidas en la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley General de Control Interno, Ley de Creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, entre otras. Igualmente, pondría al Instituto ante la disyuntiva de dejar de lado algunas de las obligaciones que requieren de dichos fondos y que fueron justificados oportunamente ante ARESEP y autorizados por ésta. b) Petición de estudios por parte externa del AyA Se brindó una clara respuesta al amparado en su momento tal y como se aporta en la prueba, de que existe posibilidad jurídica de cumplir con una petición de realización de un estudio, sin embargo, dicha actuación no puede ser de forma gratuita, de conformidad con lo que se le explica a continuación: Con relación al Reglamento “Prestación de Servicios a los Clientes”, en su artículo 10 nos dice que: “Los servicios prestados por AyA a sus clientes, por Ley no podrán ser gratuitos, así se trate de entidades públicas nacionales, regionales o municipales”. Por otra parte, dentro de los principios de la Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos N° 7593, se encuentra el principio de servicio al costo, y de autorización los cuales están definidos por los numerales 3 y 94, así: “Artículo 3.- Definiciones Para efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos: (…) b) Servicio al costo: principio que determina la forma de fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos, de manera que se contemplen únicamente los costos necesarios para prestar el servicio, que permitan una retribución competitiva y garanticen el adecua-do desarrollo de la actividad, de acuerdo con lo que establece el artículo 31…” Artículo 94.- “Autorización: Se autoriza a las instituciones y empresas públicas que brin-dan servicios para vender directamente a otras empresas o instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, servicios de asesoramiento, consultoría, capacitación o cualquier otra actividad afín a sus competencias”. De ahí que “las solicitudes de estudios técnicos especializados tales como la demarcación de la zona de protección, utilizando las metodologías actuales, de acuerdo al (sic) artículo 10 del Reglamento a la Prestación de Servicios al Cliente, el artículo 94 de la Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos y la normativa vigente, concluye que el servicio solicitado debe cobrarse, cuando dicha información deba ser generada como “nueva” por el AyA. Por otra parte, también se le brindó claridad al indicar que en caso de que decidiera que el AyA realizara el estudio, además de depositar los montos correspondientes, dicha actividad tendría que entrar en la agenda de asuntos de prioridad de acuerdo a (sic) la atención de actividades que se encuentran en orden de prelación y por otra parte debía como propietario realizar las coordinaciones correspondientes con la fuerza pública para asegurar la integridad física de los funcionarios, para el ingreso al inmueble. Todo este tipo de indicaciones pretende ahora el recurrente, que se le trasladen al AyA y al MINAE, y que la Sala ordene la realización de un Estudio, para que sean estas las que realicen el desalojo (que por principio de legalidad no puede plasmarse) y segundo, que en su defecto se obligue a realizar una expropiación, cuando ha quedado demostrado que las propiedades de la zona 6 pueden realizar actividades, no se les ha vaciado de contenido su derecho de propiedad. QUINTO: Tal y como indica el actor, la petición remitida vía correo electrónico fue: “…Mi consulta es de que forma el AYA nos puede ayudar para iniciar un proceso de desalojo de todas las personas que están contaminando el acuífero, pues en voto de la Sala Constitucional fecha de la Resolución: 01 de Agosto del 2008 a las 10:11 a. m, Expediente: 07-009140-0007-CO, de la Sala Constitucional y que consiste en un recurso de amparo que se interpuso directamente sobre el caso del acuífero de Moín, se dispuso la obligación del AYA de ejercer las potestades administrativas para proteger los mantos acuíferos…“Este Instituto fue diligente en la atención a la consulta y explicó ampliamente los motivos por los cuales legal y técnicamente: “…de previo a emitir recomendaciones, es necesario verificar en campo las condiciones hidrogeológicas del inmueble, en específico la presencia y distribución de las dolinas dentro del lote, por lo que se requiere por parte del interesado, en caso de interés de realizar dicho levantamiento, se gestione con la Fuerza Pública y demás Instituciones competentes realizar el acompañamiento respectivo para el cartografiado de las estructuras...” (oficio UEN-GA-2021-02951) y la consideración legal de imposibilidad legal de que el AyA asuma un desalojo de una propiedad privada que se encuentra invadida por precaristas (GSP-RHC-2022-00090, PRE-J-2022-00477), concluyéndole de forma clara el criterio legal PRE-J-2022-00477 que aportó como prueba en el escrito de interposición: (…) SEXTO: La Subgerencia de Ambiente Investigación y Desarrollo en relación a (sic) la gestión, remite el informe UEN-GA-2022-00850 , detallando las acciones realizadas de la siguiente forma y emitiendo las conclusiones: “(…) III. Caso de atención del recurso. En atención al caso referente al recurso de amparo con Expediente No. 22-008354-0007-CO, interpuesto por el Sr. [Nombre 001], se indican las siguientes acciones realizadas por la Comisión Moín: 1. Mediante correo electrónico del 13 de octubre de 2021, emitido por el Lic. Fabian (sic) Leandro (Anexo 28), se realiza consulta al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en el cual se cita: “Mi consulta es de que forma el AYA nos puede ayudar para iniciar un proceso de desalojo de todas las personas que están contaminando el acuífero, pues en voto de la Sala Constitucional fecha de la Resolución: 01 de Agosto del 2008 a las 10:11 a. m, Expediente: 07-009140-0007-CO, de la Sala Constitucional y que consiste en un recurso de amparo que se interpuso directamente sobre el caso del acuífero de Moín, se dispuso la obligación del AYA de ejercer las potestades administrativas para proteger los mantos acuíferos“ 2. Mediante correo electrónico con fecha 14 de octubre de 2021 (Anexo 29), por parte de la Dirección Jurídica, se solicita al Lic. Fabian (sic) Leandro, la información referente al shp con la delimitación del inmueble en consulta. 3. Mediante correo electrónico con fecha 03 de noviembre de 2021 (Anexo 30), se adjunta por parte de la Dirección Jurídica – Legal Ambiental, el archivo denominado “prop valdi shp”, aportado por el Lic. Fabian (sic) Leandro. 4. Mediante oficio UEN-GA-2021-02951 (Anexo 31), con fecha 15 de noviembre de 2021, emitido por la UEN Gestión Ambiental, se da respuesta a la Dirección Jurídica a la consulta del Lic. Fabian (sic) Leandro, en el cual se indica (Figura 2): “Por lo tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se indica lo siguiente: a. Los lotes propiedad de [Nombre 003] aportados por el Lic. Fabian (sic) Leandro, se encuentran ubicados en la Zona 6 de Vulnerabilidad Alta, dentro de la Zona de Protección del Acuífero Moín, la cual fue definida mediante Acuerdo 2011-0112 Junta Directiva del AyA (Sesión Ordinaria Número 2011-017 del 7 de abril del 2011 y publicado en la Gaceta No.83, del 2 de mayo del 2011). b. Se recomienda al Área Legal de la Región Huetar Caribe, realizar consulta a la Dirección Regional Huetar Caribe, con el objetivo de que se manifieste si en la propiedad se encuentra infraestructura operativa destinada a servicio de abastecimiento poblacional (…) c. En cuanto a la colaboración para el proceso de desalojo de todas las personas que están contaminando el acuífero, es importante que desde el punto de vista Legal se establezcan las recomendaciones, a efectos que la UEN Gestión Ambiental apoye según corresponda.” 5. Mediante oficio GSP-RHC-2022-00090, con fecha 20 de enero de 2022 (Anexo 32), emitido por la Dirección Región Huetar Caribe, se indica lo siguiente: “Respecto a la consulta recibida debo de indicar lo siguiente: 1. Efectivamente la propiedad descrita se encuentra dentro de la denominada zona 6, en esta zona existe una tubería de HF 300 mm conducción de la planta potabilizadora de Moín hacia el tanque de Pueblo Nuevo, lo que no significa que esta tubería está en esa finca propiamente dicha. 2.Sobre solicitudes de desalojo, debo de indicar que no le corresponde a esta Dirección gestionar el desalojo de propiedad que son de un tercero, esto si lo hemos hecho para propiedades del AyA, también hemos puesto en conocimiento de la situación al MINAE, sin embargo, reitero no podemos hacer gestiones para que se den desalojos en una propiedad que no le pertenece al Instituto, de hecho las autoridades de policía ni siquiera reciben la denuncia si no son interpuestas por el propietario registral.” 6. Mediante oficio UEN-GA-2022-00182 (Anexo 33), con fecha 28 de enero, emitido por la UEN Gestión Ambiental, hacia la Dirección Jurídica, se indica lo siguiente: “Debido a lo anterior, se adjuntan los siguientes criterios emitidos en referencia: • Memorando UEN-GA-2021-02951, emitido por la UEN Gestión Ambiental (Anexo 1). • Memorando GSP-RHC-2022-00090, emitido por la Dirección regional Huetar Caribe de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos (Anexo 2). Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se dan traslado de los oficios correspondientes al caso en consulta, siendo necesario que se defina desde el punto de vista Legal las recomendaciones referentes al involucramiento y apoyo de parte de las áreas institucionales, según corresponda.” 7. Mediante oficio PRE-J-2022-00477 (Anexo 34), con fecha 07 de febrero de 2022, emitido por la Dirección Jurídica, se indica lo siguiente: “De conformidad con lo indicado en los criterios técnicos, GSP-RHC-2022-00090, UEN-GA- 2021-02951 y UEN-GA-2022-00182 corresponde que se le comuniquen al interesado, reiterando que: A) El AyA por principio de legalidad no puede instaurar procesos de desalojo en propiedades privadas; pues dicha potestad es exclusiva del titular del dominio del inmueble, de conformidad con el artículo 264 del Código Civil, donde se enumera cuáles son los derechos que integran a el (sic) dominio o la propiedad absoluta sobre una cosa, y entre ellos se encuentran los de defensa y exclusión, y los de restitución e indemnización, los que se desarrolla más adelante en los artículos 295 a 315 y 316 a 334, respectivamente, de tal forma que, la potestad probatoria de la titularidad, como requisito fundamental para el proceso de desalojo resulta excluyente en este caso para el AyA. B) Si bien el artículo 2 inciso c) de la Ley Nº 2726 establece un deber para el Instituto, de controlar la contaminación de los cuerpos de agua y la Sala Constitucional mediante distintas sentencias ha hecho referencia a la protección al recurso hídrico, no puede el Instituto violentar el ordenamiento jurídico y transgredir derechos fundamentales como el de propiedad y en nombre de dicho deber arrogarse competencias que van más allá de su límite de actuación. C) En caso de realización de estudio técnico en la propiedad de consulta, corresponde al propietario generar las condiciones y coordinación para que se brinde seguridad de los funcionarios correspondientes en el ingreso a la propiedad, asimismo dicha labor deberá programarse de conformidad con la prioridad institucional.” 8. Mediante oficio PRE-J-2022-00480 (Anexo 35), con fecha 07 de febrero de 2022, emitido por la Dirección Jurídica, se da traslado al Lic. Fabian (sic) Leandro de los criterios institucionales, en el que se indica: “Sirva encontrar adjunto, los documentos que sirven como traslado para dar respuesta a la consulta realizada: Memorando UEN-GA-2022-00182, con sus dos anexos (GSPRHC- 2022-00090, UEN-GA-2021-02951), los cuales corresponden al criterio técnico de la UEN. Así como el Memorando No.PRE-J-2022-00477 correspondiente al criterio del área legal ambiental.” 9. Mediante nota con fecha 21 de febrero de 2022 (Anexo 36), emitido por el Lic. Fabian (sic) Leandro solicita a la Comisión Moín los aspectos técnicos para considerar en el estudio hidrogeológico a realizar en el inmueble. 10. Mediante oficio UEN-GA-2022-00528 (Anexo 37), con fecha 17 de marzo de 2022, la UEN Gestión Ambiental en repuesta a la nota del Lic. Fabian (sic) Leandro, se indica: “Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental, se indica que el inmueble propiedad de [Nombre 003], se ubica en la Zona 6, la cual tiene Vulnerabilidad intrínseca Alta definida por el AyA, por lo que el estudio técnico que se debe realizar debe contemplar este parámetro ya definido e incorporar el levantamiento de dolinas (depresiones en el terreno), las cuales pueden variar en dimensión, forma y distribución. Una vez conocidos los elementos (vulnerabilidad alta y ubicación de dolinas), deberá presentar un plan de manejo ambiental concordante con la actividad que se pretenda realizar que garantice la no afectación al recurso hídrico. Una vez finalizado el estudio donde se presenten los resultados finales por parte del interesado, se deberá entregar ante la Comisión Moín coordinada por la Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo. El AyA se reserva la facultad de constatación de la información aportada, para lo cual, deberá gestionarse por el interesado la protección de los funcionarios con la Fuerza Pública y demás Instituciones competentes para realizar la visita al sitio.” Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se indica: a. Los Acuerdos de Junta Directiva del AyA 2007-117 y 2011-112, establecen recomendaciones para la protección del acuífero Moín, de tal manera que las actividades que se desarrollen sean sostenibles con el ambiente y no haya afectación al recurso hídrico captado en las fuentes Moín para el abastecimiento poblacional. b. Los lotes mencionados en el recurso, propiedad de [Nombre 003], se encuentran ubicados en la Zona 6 de Vulnerabilidad Alta, dentro de la Zona de Protección del Acuífero Moín, la cual fue definida mediante Acuerdo 2011-0112 Junta Directiva del AyA (Sesión Ordinaria Número 2011-017 del 7 de abril del 2011 y publicado en la Gaceta No.83, del 2 de mayo del 2011), los cuales cuentan con recomendaciones para asegurar la calidad y cantidad del recurso hídrico que es empleado para abastecimiento poblacional. c. El AyA con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos de Junta Directiva, conformó a lo interno de la institución la Comisión Moín, la cual está constituida por la UEN Gestión Ambiental, la Dirección Jurídica, la Dirección Regional Huetar Caribe, la UEN Programación y Control y la Dirección de Urbanizaciones, estas áreas desde el ámbito de sus competencias, realizan los análisis correspondientes para los casos en consulta relacionados con los Acuerdo del Acuífero Moín, actividad que se ha mantenido desde el año 2007. d. El AyA, con el objetivo de articular las acciones interinstitucionales para la protección del recurso hídrico en el Acuífero Moín, ha socializado, divulgado y capacitado a diferentes instituciones en referencia a los Acuerdos de Junta Directiva 2007-117 y 2011-112, como ha quedado demostrado en la sección II, del presente oficio. Además, se ha conformado la Comisión Interinstitucional integrada por el AyA, Ministerio de Salud, Municipalidad de Limón y la Dirección de Agua, para dar seguimiento a las inspecciones que se acuerden de manera integral según solicitud de alguna de estas instancias. e. A partir de lo expuesto en el punto IV de este oficio, queda demostrado que las consultas realizadas por el interesado siempre fueron atendidas de conformidad con las competencias institucionales. En este caso particular, debido a que la propiedad tiene una de invasión de 150 personas que resguardan con armas los distintos accesos que tiene el inmueble, según comunicado por el Lic. Fabian (sic) Leandro (abogado representante del propietario), el apoyo brindado por el AyA, estaría condicionado, a que el propietario genere las condiciones y coordinaciones para que se brinde seguridad de los funcionarios públicos del AyA, para el acompañamiento e inspección correspondiente. f. El AyA, de conformidad con lo definido con el Acuerdo de Junta Directiva 2007-117 y 2011-112, a partir de la información y estudios suministrados (Art. 109, Ley de Biodiversidad) ha dado apoyo a diferentes proyectos, a través de las inspecciones conjuntas a inmuebles, donde ha privado el interés institucional, en la protección del recurso hídrico…” SEPTIMO: Como parte de las acciones realizadas por este Instituto ante el TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, ÓRGANO DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO, Expediente No. 064-19-01-TAA, DENUNCIADO: VILLA PLATA DE MOÍN, Lugar de los Hechos: Provincia de Limón, Sector de Villa Plata de Moín, específicamente 350 metros este y 200 metros norte de El Empalme de Moín. Infracción de la denuncia: Supuesto movimiento de tierra. Se interpuso denuncia por movimientos de tierra sin autorización en el folio real objeto de este recurso de Amparo, según consta mediante Comprobante de Denuncia INAD_064-19-01TAA. Así se le clarificó al Tribunal Ambiental el 25 de marzo del 2022, dentro del plazo señalado por el Tribunal Ambiental, al medio indicado, al correo electrónico: [email protected] o, Lic. Bernabé Zeledón Villalobos: “…PRIMERO: Mediante informe GSP-RHC-2022-00476, se indica que originalmente este Instituto por medio de la Dirección Región Huetar Caribe presentó denuncia ante las instancias administrativas mediante oficios GSP-RA-2018-02131 y 02132 con sello de recibido por la Municipalidad y el MINAET (SINAC), gestión que fuera trasladada al Tribunal Ambiental Administrativo, sin que el SINAC realizara la valoración correspondiente. En dichas notas se evidenciaba, que los movimientos de tierra eran en Villa Plata, en el sitio que se ubica en las coordenadas CRTM 05 Norte 1105634 y Oeste 602415, específicamente 350 metros este y 200 metros norte de El Empalme de Moín. Las anteriores coordenadas se ubican en la propiedad de [Nombre 003], con cédula jurídica [Valor 003], fincas 7-27136, PLANO: L-0509859-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL:701010027136 y de la finca FINCA: 27138 PLANO: L-0509860-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL: 701010027138, ambas de la PROVINCIA: LIMON. El informe GSP-RHC-2022-00483 indica respecto a la verificación de localización de las coordenadas originalmente citadas que: “…-El sitio para el que se presenta la denuncia, tanto a la municipalidad de Limón como al MINAE SINAC Área de Conservación La Amistad Caribe, se ubica en la finca N° 7-027136-000, cuyo propietario registral es Propiedades Val Di Sole S.A. No obstante, se aclara que esta finca es objeto de ocupación precaria desde hace muchos años y que lo trabajos denunciados muy probablemente fueron ejecutados por algunos de los ocupantes. – La finca se ubica dentro de la denominada zona 6 de área de recarga del acuífero de Limón para el cual existen acuerdos de Junta Directiva de AyA (2007-177 y 2011-112) que recomiendan regulaciones en el uso del territorio. – Por su misma condición precaria, no existen servicios formales de agua potable en la finca. – En cuanto a los movimientos de tierra, por el tiempo transcurrido, estos no persisten. Este tipo de intervenciones son normalmente de corta duración, de ahí que AyA recurra a las instituciones locales, con la autoridad suficiente para detenerlos…”  SEGUNDO: Mediante oficio PRE-J-2021-04524, comunicado por correo electrónico, se da traslado y se pone en conocimiento el 13 de octubre del 2021, al Lic. Fabián Leandro, representante de los propietarios actuales del inmueble 7-027136-000, donde se realizaron los movimientos de tierra, la situación con respecto al acceso a dicha finca, la cual se encuentra invadida: “El Presente correo tiene por objeto se me informe el resultado de la gestión realizada a esa oficina administrativa del AYA para el desalojo de las personas que están contaminando el acuífero de Moín y que están a la vez sobre la finca [Nombre 002], con cédula jurídica [Valor 003], fincas 7-27136 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000, SEGREGACIONES: NO HAY, NATURALEZA: TERRENO DE REPASTO Y EN PARTE DE BOSQUE, SITUADA EN EL DISTRITO 1-LIMON CANTON 1-LIMON DE LA PROVINCIA DE LIMON, FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA, LINDEROS: NORTE : QUEBRADA Y JOSE JOAQUIN ROJAS QUIROS, SUR : CALLE PUBLICA CON 529,18 METROS, ESTE : QUEBRADA Y JUAN SARKIS ESTEFANO, OESTE : CON COSAS DE MADERA S A, MIDE: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN METROS CON TREINTA Y DOS DECIMETROS CUADRADOS, PLANO:L-0509859-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL:701010027136 y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: 27138 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000, SEGREGACIONES: NO HAY, NATURALEZA: TERRENO CON 4 CASAS Y OTROS, SITUADA EN EL 5 DISTRITO 1-LIMON CANTON 1-LIMON DE LA PROVINCIA DE LIMON, FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA, LINDEROS: NORTE : CALLE PUBLICA, SUR : LINEA DE FERROCARRIL Y OTRO, ESTE : CALLE PUBLICA Y OTRO, OESTE : TROCHA DEL FERROCARRIL, MIDE: CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS CON VEINTITRES DECIMETROS CUADRADOS, PLANO:L-0509860-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL: 701010027138. Ambas fincas se ubican en un lugar llamado Villa Plata, que es un precario donde hay gran cantidad de casas y personas usurpando la finca. Dichas fincas se ubican en un cien por ciento dentro de la zona 6 descrita en el oficio Nº 2007- 177, ASUNTO: Oficialización del estudio hidrogeológico y vulnerabilidad del acuífero Moín, Limón, y la actualización de la zona de protección DGAMB-2007-031, y en ella existen gran cantidad de casas de habitación, parceleros que están ilegítimamente poseyendo la finca y al mismo tiempo generando daños al ambiente y contaminación del acuífero. Mi consulta es de que forma el AYA nos puede ayudar para iniciar un proceso de desalojo de todas las personas que están contaminando el acuífero…” A partir de lo indicado, se señala que, pese a que el momento de la denuncia (2018) los movimientos de tierra fueron responsabilidad del propietario registral, los mismos no continuaron luego de los hechos denunciados. Por lo cual, no puede identificarse al día de hoy, de forma fehaciente, cuál fue la consecuencia de los mismos o dimensionar el daño causado al momento de su realización. Este Instituto debido a la situación actual de invasión al inmueble, el cual es a la fecha un asentamiento consolidado en la propiedad de [Nombre 003], con cédula jurídica [Valor 003], fincas 7-27136, PLANO:L-0509859-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL:701010027136 y de la finca FINCA: 27138 PLANO:L-0509860-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL: 701010027138 , ambas de la PROVINCIA: LIMON, no puede a la fecha, facilitar la individualización de la persona que provocó el daño ambiental, para lo que corresponde a ese Tribunal Ambiental en la búsqueda de la verdad real de los hechos, así como para lo que corresponda al derecho de defensa de los presuntos causantes del daño al ambiente y a la salud de las personas por acción u omisión…”ASPECTOS DE FONDO La MUNICIPALIDAD DE LA LIMON tiene la obligación de supervisar su funcionamiento y vigilar las actuaciones de los miembros de su comunidad con respeto a la determinación de que lugares son aptos para el desarrollo urbano, la forma que construyen, descargan las aguas residuales provenientes de sus viviendas y de esta forma garantizar, defender y preservar el derecho de todos a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (…) Ahora bien, en todo proceso constructivo, el Gobierno Municipal, tiene una responsabilidad de vigilancia, ya que es el ente estatal que en última instancia otorga el permiso constructivo, ejerciendo el ius aedifandi ( derecho a construir – edificar): (…) Con base en las normas citadas, se concluye que la MUNICIPALIDAD DE LIMON, es la responsable directa en la determinación de las medidas requeridas para determinar si en la propiedad objeto de este recurso es posible el desarrollo habitacional, evitar la invasión, precarismo y construcciones que no cumplan con los requisitos normativos., esto sin perjuicio de que coordine con los entes que puedan gestionar para que ese alcantarillado sea el adecuado (considérese además lo resuelto en el Exp: 06-015593-0007-CO, Res. Nº 2008-004751, que fuera citado en la solicitud de Litis Consorcio Pasiva Necesaria) La MUNICIPALIDAD DE LIMON tiene la obligación de hacer cumplir las leyes en la materia y su obligación de garantizar el disfrute de los habitantes de la zona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con las consecuencias para la salud de esas personas debido a la naturaleza del problema sanitario que les aqueja. La Municipalidad teniendo pleno conocimiento de la problemática que afecta a los pobladores de su cantón, se ha limitado a constatar su existencia y evadir su responsabilidad y sin realizar las acciones oportunas para mitigar el mismo o controlarlo. A diferencia del AyA, la Municipalidad si tiene competencia para demoler las construcciones que no han obtenido los permisos correspondientes, notificar al propietario registral y en conjunto con este realizar las acciones de desalojo que pretende el actor que sean realizadas por el MINAE y el AyA, quienes por principio de legalidad no pueden ingresar a propiedad privada, realizar desalojos. A) Sobre la responsabilidad del propietario de velar por la correcta disposición de las aguas residuales. Deriva una obligación a todo propietario el conectar el sistema de eliminación de excretas de aguas negras y servidas de su propiedad al alcantarillado sanitario en los lugares en que éste estuviera en funcionamiento. Tiene obligación de velar por la higiene y seguridad de su vivienda personal o familiar, debiendo realizar las prácticas especiales de limpieza, desinfección cumpliendo a cabalidad las instrucciones y órdenes que para tales efectos imparta la autoridad de salud. Todo propietario y administrador de viviendas y locales de alquiler, están en la obligación de dotar a sus inmuebles de las condiciones, instalaciones y servicios exigidos por las normas sanitarias reglamentarias, a fin de ofrecer a los arrendatarios y ocupantes, condiciones de sanidad y seguridad adecuados. Como sanción directa todo propietario que se conecte en forma ilícita o construya una infraestructura de tanque séptico contraviniendo las disposiciones legales y técnicas, sin ser aprobada por la Oficina respectiva, sufriendo las penas que tengan señaladas las leyes, sin que esto impida a la Comisión de Cañerías y Cloacas Municipales (hoy AyA) ordenar a costa del infractor, la destrucción o enmienda de lo instalado. Todo ciudadano tiene un “DERECHO DEBER” ambiental de costear las obras y servicios PRIVADOS que solicita desarrollar para que le garanticen ese ambiente sano. Lo que implica que si todos somos responsables del Desarrollo del país, no podemos pretender que la administración pública que representa a todo el pueblo, el AyA asuma los costos de mantenimiento, modificación, debida disposición, y se les construya la infraestructura, que en aplicación de los principios de razonabilidad, ellos están obligados a financiar. B) Sobre la imposibilidad de que el AyA invierta y asuma la administración – responsabilidad de sistemas de disposición de aguas residuales (privados) localizados en propiedad privada. Es necesario tener presente que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se encuentra inhibido por su Ley Constitutiva de realizar donaciones (materia bajo la cual se tutelaría el mantenimiento – debido funcionamiento del sistema de consulta, que se localiza en propiedad privada). Lo anterior, también encuentra fundamento en el hecho de que los ingresos de AyA están respaldados, únicamente, en las tarifas que pagan los usuarios por los servicios que brinda el Instituto. En ese sentido, la ley obliga a invertir los rubros autorizados en los pliegos tarifarios respectivos, en la prestación de los servicios a nuestros clientes en condiciones de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima. La disposición de los fondos derivados de las tarifas, por parte de AyA, en otras instituciones, igualmente obligadas a cubrir con sus tarifas, créditos u otras formas de financiamiento aceptables dentro del sector público, sus obligaciones, genera no sólo la transgresión de diversa normativa como la indicada, sino todo el marco jurídico aplicable conforme al principio de legalidad que rige el actuar de la Administración Pública (En ese sentido además, aplicarían las obligaciones y prohibiciones contenidas en la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley General de Control Interno, Ley de Creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, entre otras). Igualmente, pondría al Instituto ante la disyuntiva de dejar de lado algunas de las obligaciones que requieren de dichos fondos y que fueron justificados oportunamente ante ARESEP y autorizados por ésta. Por último, cabe indicar que conforme con el Reglamento de Prestación de Servicios Acuerdo No. 2019-461, Artículo 16, 17, la responsabilidad del AyA llega hasta el lindero de la propiedad, en cuanto prestación de servicios, y en este caso no se ha materializado al ser un asentamiento informal, este Instituto no brinda servicio de abastecimiento y recolección en la propiedad objeto de este recurso, Registro Público de la Propiedad al folio real 7-27136 cuya naturaleza es terreno de repasto y en parte de bosque, situada en el distrito 1-Limón, Cantón 1-Limón, de la provincia de Limón, finca que se encuentra en zona catastrada, linderos: norte quebrada y José Joaquín Rojas Quirós, sur calle pública con 529,18 metros, este quebrada y Juan Sarkis, Estefano, oeste: con Cosas de Madera SA, plano: L-0509859-1983; y de la finca al folio real: 27138, naturaleza: terreno con 4 casas y sita en el distrito 1-Limón, cantón 1-Limón, de la provincia de Limón, finca que se encuentra en zona catastrada, linderos: norte calle pública, sur línea de ferrocarril y otro, este calle pública y otro, oeste trocha del ferrocarril, plano: l-0509860-1983 (…) PETITORIA Con fundamento en las razones de hecho y de derecho señaladas, dejo rendido el informe solicitado. Expresamente indico que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en cumplimiento de sus fines, no ha desobedecido, violentado normas, garantías, ni principios constitucionales, sino que ha tenido una conducta responsable en resguardo y protección al derecho al ambiente, a la salud y a la vida, apegándose al ordenamiento jurídico por lo que debe declararse sin lugar el recurso en todos sus extremos en contra de AyA, por principio de legalidad el AyA no puede realizar desalojos en propiedad privada, no puede realizar estudios técnicos de forma gratuita. Por más de 19 años, continúa este Instituto dentro del marco de sus competencias y posibilidad que le otorga el principio de legalidad, con la interposición de las denuncias y ha comunicado lo procedente ante la Municipalidad de Limón, el Ministerio de Ambiente y Energía, y el Ministerio de Salud. No procede que este Instituto Expropie el inmueble de interés del propietario, pues no se han vaciado los atributos del derecho de propiedad, elementos que más bien están en completo ejercicio del titular, sin perjuicio de acatar las recomendaciones socio ambientales que soporta el inmueble. La realización del desalojo solicitada es una potestad que es exclusiva del titular del dominio del inmueble, de conformidad con el artículo 264 del Código Civil, donde se enumera cuáles son los derechos que integran a el (sic) dominio o la propiedad absoluta sobre una cosa, y entre ellos se encuentran los de defensa y exclusión, y los de restitución e indemnización, los que se desarrolla más adelante en los artículos 295 a 315 y 316 a 334 respectivamente, de tal forma que, la potestad probatoria de la titularidad, como requisito fundamental para el proceso de desalojo resulta excluyente en este caso para el AyA. No procede trasladarse la inercia y tolerancia del propietario al Estado, del presente caso, que desde el 2018 ya tenía conocimiento tanto el, como el Gobierno Local, con la finalidad de que ejerciera la defensa correspondiente en aras de evitar la invasión”.

5.- Por escrito incorporado al expediente digital el 1° de junio de 2022, Fabián Leandro Marín manifiesta: “Que siendo el abogado de la parte recurrente según consta en autos Solicito a su autoridad que se me incluya en el presente proceso como parte”.

6.- Por escrito incorporado al expediente digital el 1° de junio de 2022, Fabián Leandro Marín expone: “actuando en mi calidad de apoderado especial judicial del promovente, atento manifiesto lo siguiente: Dada la contestación del amparo emitida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, se desprende la omisión de deberes de dicho Instituto con base en lo siguiente: UNO: EL Artículo 31 de la Ley de Aguas es claro al señalar: Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación: a) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio; b) La zona forestal que protege o debe proteger el conjunto de terrenos en que se produce la infiltración de aguas potables, así como el de los que dan asiento a cuencas hidrográficas y márgenes de depósito, fuentes surtidoras o curso permanente de las mismas aguas. Por ello al determinar cómo zona SEIS el área de terreno en donde se ubican las fincas propiedad de mis representados, está declarando como de dominio público la totalidad de la finca y la totalidad de terrenos particulares contenidos dentro de los límites de esa zona SEIS. Aunado a ello el voto de la Sala Constitucional dictado en el expediente Exp: 07-009140-0007-CO, Res. Nº 012043-2008, SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas once minutos del primero de agosto de dos mil ocho. Recurso de amparo que se tramita en expediente número 07-009140-0007-CO, interpuesto por MARIA SARKIS DEJUIK, mayor, portadora de la cédula de identidad número 0700310942, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, declaró con lugar un Recurso de Amparo señalando: Se le ordena Heibel Rodríguez Araya, o a quien en su lugar ejerza el cargo Gerente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados iniciar, a la mayor brevedad posible, los procedimientos de expropiación sobre las propiedades inscritas en el Registro Público, bajo folio real, matrículas 112375-000 y 112376-000 a fin que se le indemnice a la empresa amparada lo que le corresponda por ese motivo. Se le advierte a Heibel Rodríguez Araya o a quien en su lugar ocupe el cargo, que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese a HEIBEL RODRÍGUEZ ARAYA o a quien ocupe el cargo de Gerente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en forma personal. Pues en ese caso la Sala tuvo por probado que la empresa amparada es propietaria de dos inmuebles situados en la Provincia de Limón, Cantón Central, Distrito Central, inscritas en el Registro Público de la Propiedad bajo matrícula número 112375-000 y 112376-000, que se ubican dentro de la denominada zona 6, la cual, según el estudio técnico Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero Moín, Limón que al efecto realizó la hidrogeóloga Viviana Ramos S., de la Unidad de Estudios Básicos de la Dirección de Gestión Ambiental del Instituto recurrido, se caracteriza por ser una zona de alta vulnerabilidad a la contaminación, determinándola como una zona de protección absoluta. También se tiene como demostrado que mediante acuerdo de Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados número AN-2007-177, inciso a) del artículo 6 de la sesión ordinaria N°2007-020 celebrada el 10 de abril de 2007, se dispuso oficializar el estudio hidrogeológico y de vulnerabilidad del acuífero Moín-Limón y actualización de la zona de protección, pasando esas zonas a formar parte de las zonas reservadas, en razón del interés público a la protección de mantos acuíferos ubicados en la provincia. Y señaló “…Si bien es cierto la autoridad recurrida aduce que el acuerdo de Junta Directiva no vulnera el derecho de propiedad de la recurrente, pues en él se establecen una serie de recomendaciones y no limitaciones que deben ser observadas, también lo es que en concordancia con las competencias legalmente asignadas al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se trata de recomendaciones vinculantes, en función del interés superior que se tutela, de manera tal que –a juicio de esta Sala- se convierten en limitaciones que vacían de contenido los atributos que deriva la amparada de su propiedad y, por consiguiente, deben serle indemnizadas por el ente recurrido, según le habilita el inciso c) del artículo 5° de la Ley Constitutiva del ICAA número 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas. Lo anterior, considerando, además, como dijo la Sala en el fallo de cita, que por las características de la contaminación de los mantos acuíferos destinados al abastecimiento público y su difícil regeneración, las medidas para evitar la contaminación deben ser preventivas y protectoras, máxime en una zona como en la que se ubica la propiedad de la empresa amparada, que ha sido técnicamente catalogada como de alta vulnerabilidad a la contaminación y, por ende, como una zona de protección absoluta…”. Por ello si hay una limitación absoluta del derecho de propiedad impuesta a la propiedad de mi representado por estar inmersa en esa Zona SEIS. DOS: Se demuestra el conocimiento del INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS de la existencia de un asentamiento precario sobre la finca propiedad de mi representada que se ubica en la ZONA SEIS que es de alta sensibilidad de recarga acuífera, y que fue afectada directamente mediante acuerdo 2007-177, publicado en la Gaceta No. 83 del miércoles 2 de mayo de 2007, pues indica ese Instituto que ha denegado el otorgamiento de pajas de agua en ese sector y que han atendido denuncias, más sin embargo no ha hecho nada por la permanente construcción de casas, los usos de las aguas negras y jabonosas, las aplicaciones de químicos en agricultura, las chapeas, talas de árboles etc., incumpliendo con ello el principio ambiental in dubio pro-natura, pues la sola existencia de esas casas, de la presencia de gente trabajando al campo en la zona SEIS, genera un impacto ambiental. Por ello al detectar ese Instituto la presencia de un asentamiento precario en la ZONA SEIS debió interponer las solicitudes de desalojos correspondientes en aplicación del artículo 32 de la Ley de Aguas que establece: “Artículo 32.- Cuando en una área mayor de la anteriormente señalada exista peligro de contaminación ya sea en las aguas superficiales o en las subterráneas, el Poder Ejecutivo, por medio de la Sección de Aguas Potables a que alude el artículo siguiente, dispondrá en el área dicha las medidas que juzgue oportunas para evitar el peligro de contaminación”. Con ello ese Instituto viola el artículo 50 Constitucional. Nótese al respecto como bien lo detalla la Sala en el voto señalado las características de la contaminación de los mantos acuíferos destinados al abastecimiento público son de difícil regeneración, y por ello es muy importante tomar las medidas preventivas y protectoras para evitar la contaminación máxime en una zona como en la que se ubica la propiedad, que ha sido técnicamente catalogada como de alta vulnerabilidad a la contaminación y, por ende, como una zona de protección absoluta. SOLICITO SE TENGA AMPLIADO EL RECURSO DE AMPARO Tal y como lo indica el Instituto de Acueductos y Alcantarillados solicito se amplie (sic) el amparo en contra de la Municipalidad de Limón por haber tolerado la construcción de viviendas sobre un área de protección absoluta como lo es la Zona seis, PROPIAMENTE DENTRO DE LAS FINCAS PROPIEDAD DE MI REPRESENTADA, y se le ordene la demolición de las edificaciones existentes en esa finca y la expulsión de las personas que se ubican en ella. Asimismo, solicito se declare en el aparo (sic) que de conformidad con el artículo 50 Constitucional, en relación con el artículo 32 de la Ley de Aguas, el Instituto Cuestionado podía perfectamente solicitar desalojos administrativos en propiedad privada, cuando se está dando una contaminación a los mantos acuíferos y zonas de recarga acuífera”.

7.- Mediante resolución del magistrado instructor de las 8:28 horas del 6 de junio de 2022 se ampliaron las partes consignadas en el recurso y se requirió informe al director ejecutivo de SINAC y al alcalde de Limón, sobre los hechos acusados por la parte recurrente.

8.- Por escrito incorporado al expediente digital el 13 de junio de 2022, informa bajo juramento Rafael Gutiérrez Rojas, en su condición de director ejecutivo del SINAC. Menciona que: “se pone en conocimiento el oficio SINAC-ACLAC-DR-214-2022 del 9 de mayo del 2022 emitido por el señor Mario Cerdas Gómez Director Regional a.i del Área de Conservación La Amistad Caribe, que en lo que interesa al Sistema Nacional de Áreas de conservación, específicamente al Área de Conservación la Amistad Caribe, no ha recibido denuncia alguna sobre lo alegado por la parte recurrente ni tampoco ha sido notificado ni coordinado ninguna gestión por el AYA sobre este particular en relación con los hechos denunciados, ni sobre el tema de contaminación en el acuífero Moín”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

9.- Por escrito incorporado al expediente digital el 13 de junio de 2022, informa bajo juramento Néstor Mattis Williams, en su condición de alcalde de Limón. Refiere que: “(…) Que, a mi representada no le consta que se estén talando bosques y en cuanto a los precarios, existen desde tiempos inmemorables. TERCERO: Que, dichos precarios se encuentran en propiedad de [Nombre 003], finca 7-27136, plano catastro L-0509859-1983. CUARTO: Como podemos notar, nuestra representada se encuentra impedida de poder ejercer acción alguna”. Pide que se declare sin lugar el recurso.

10.- Mediante resolución del magistrado instructor de las 9:36 horas del 16 de junio de 2022, se indicó: “se ordena como prueba para mejor resolver a Eric Alonso Bogantes Cabezas, Franz Tattenbach Capra, Rafael Gutiérrez Rojas y Néstor Mattis Williams, por su orden, gerente general del ICAA, ministro de Ambiente y Energía, director ejecutivo del SINAC y alcalde de Limón, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, que, coordinen lo necesario y lleven a cabo las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, en el plazo máximo de CINCO DÍAS, contado a partir de la notificación de esta resolución, efectúen una inspección en la zona 6 de protección y de recarga acuífera de Moín zona 6, lo que incluye las fincas propiedad de la parte tutelada, a los efectos de que revisen lo concerniente a los hechos alegados por la parte accionante, a saber (…) Además de lo anterior, cada autoridad, dentro del ámbito de sus competencias, deberá remitir a la Sala, en los DOS DÍAS siguientes a la diligencia supramencionada, un informe en el que se describan los hallazgos de la inspección, así como aquellos aspectos que estimen convenientes en relación con los hechos acusados en el sub lite por la parte accionante. Asimismo, en tal informe se deberá indicar: 1) si existe o no afectación al acuífero de Moín; 2) si en la zona 6 del referido acuífero se da o no la adecuada disposición de las aguas residuales; 3) si en tal zona se cumple o no lo dispuesto en los acuerdos n. os 2007-177 y 2011-112 adoptados por la Junta Directiva del ICAA; 4) si en la zona 6 del acuífero de Moín se han producido o no movimientos de tierra no autorizados y si se han construido o no edificaciones carentes de los permisos respectivos; y 5) si en el sitio en cuestión se ha producido o no la tala de árboles”.

11.- Por escrito incorporado al expediente digital el 16 de junio de 2022, Fabián Leandro Marín “actuando en mi calidad de apodero especial judicial del promovente” manifiesta: “Debido a la inspección que solicita su autoridad para verificar la existencia de contaminación, solicito se tenga como prueba y antecedente de los problemas de contaminación que se dan en el acuífero, el expediente. 12-013986-0007-CO Res. Nº 2012016679, SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Recurso de amparo interpuesto por [E.M.S], cédula de identidad […], contra EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, EL MINISTERIO DE SALUD, Y LA MUNICIPALIDAD DE LIMÓN.-, en el cual se señaló: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 19:35 del 25 de octubre de 2012, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Limón y manifiesta que en el sector de Villa del Mar Uno y Dos, así como en los barrios aledaños como Cielo y Villa Plata en Limón no existe alcantarillado público, por lo que no se encuentra con ningún sistema de evacuación de aguas negras, servidas y pluviales, situación que genera una serie de problemas para dichas comunidades. Pese a ello, el 4 de julio de 2012 en horas de la tarde un funcionario del Ministerio de Salud se presentó a su casa de habitación, pues al parecer existe una demanda en su contra por un problema de aguas servidas, además que por medio de una orden sanitaria se le prevenía para que en el término de cinco días presentara los recursos correspondientes. En vista de lo anterior, el 10 de julio del año en curso presentó el recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la Orden Sanitaria número HA-ARS-L-06397-2012, no obstante, la misma que fue declarada sin lugar por medio de la resolución DM-J-4092-12 de las 10:50 horas. Señala que el Ministerio de Salud pretende que el problema de las aguas. En la contestación del recurso se señaló: 2.- Informa bajo juramento [G.L.B], en su calidad de Directora del Área Rectora de Salud de Limón, que en atención a la denuncia confidencial número 121-12, en la que se acusaba problemas de malos olores y moscas, funcionarios del Área Rectora recurrida realizaron una inspección en el sitio donde se ubica la vivienda del recurrente. Indica que en dicha visita, se procedió a aplica<r una prueba de fluoresceína a las residencias cercanas, constatando que varias d estas disponían las aguas negras en el alcantarillado pluvial, por lo que procedieron a emitir una serie de ordenes sanitarias a distintas personas…Agrega que en dichas ordenes se requería realizar las acciones necesarias para eliminar la mala evacuación de las aguas servidas al sistema de alcantarillado pluvial, con la finalidad de proteger la salud pública….Por su parte el AYA contestó el recurso a través de su Director Regional Huetar Atlántico , en los sectores de Villa del Mar 1 y 1, Cielo Amarillo, Moín y Villa Plata no existe alcantarillado sanitario, sin embargo, el recurrente no lleva razón al alegar que por ese hecho se generan una serie de problemas para las comunidades. Explica que en dichos sitios no existe alcantarillado sanitario pues en razón de las características de la tenencia de la tierra en esos sectores, donde las propiedades cuentan con suficiente zona verde, así como en virtud de la baja densidad de población, la dispersión entre los centros de población y las diferentes condiciones topográficas, el tratamiento y disposición de aguas residuales puede hacerse en forma adecuada mediante tanque séptico y drenajes, por lo que niega que se requiera de forma obligatoria la construcción de sistemas de alcantarillado sanitario. Alega que el problema que enfrenta el recurrente se da por su mala práctica de no pagar para que se limpie el tanque séptico de su vivienda, insistiendo ahora que es AyA quien debe solucionar la situación. Reitera que la solicitud del amparado para que se construya un alcantarillado sanitario no es factible y es técnicamente innecesaria, ya que los sistemas de tanque séptico son los recomendados para esas zonas. Por lo anterior, pide que se desestime el recurso. Es preocupante la contestación dada por el AyA en dicho recurso de amparo, pues ese expediente data del año 2012, y los lugares descritos en ese Amparo forman parte de la ZONA SEIS de protección absoluta, creada por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que declaró la zona de protección y de recarga acuífera de MOIN, (ZONA 6) mediante acuerdo de 2007-177, publicado en la Gaceta N° 83 del miércoles 2 de mayo del 2007, en el cual se otorgó la OFICIALIZACION DEL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y VULNERABILIDAD DEL ACUIFERO MOÍN, LIMON, Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DGAMB-2007-031. Con el cual revoca EL ACUERDO 80-121 EN CUANTO A SU ZONA DE LIMITACION Y RECOMENDACIONES DE REGULACION DE USO DEL SUELO, ampliando la delimitación y ubicación realizada por los Departamentos de Topografía de la Dirección de Estudios y Proyectos, la Dirección Región Huetar Atlántica, la Dirección de Gestión Ambiental y el informe DGAmb-2007-031 y en esa zona es prohibido entre otras actividades la perforación o excavación de pozos, galerías de infiltración o cualquier otra obra de captación de aguas, el desarrollo de urbanizaciones y de lotificaciones, las instalaciones de basureros, rellenos sanitarios o botaderos de desperdicios de cualquier índole. Actividades de cualquier índole que afecten a criterio del AyA la calidad y la cantidad del agua que se utiliza para el abastecimiento a poblaciones. En este caso dentro de la ZONA 6 se da la indicación de parte del AYA que se puede realizar el desfogue de aguas negras al suelo en una zona de recarga acuífera”.

12.- Por escrito incorporado al expediente digital el 21 de junio de 2022, informa bajo juramento Rafael Gutiérrez Rojas, en su condición de director ejecutivo de SINAC. Expone: “En cumplimiento en forma dentro del plazo ordenado por la Sala Constitucional en sentencia, en cuanto a lo indicado sobre solicitud de informe, se pone en conocimiento el oficio SINACACLAC-PPCP-027-2022 emitido por el funcionario Ing. Alexis Salas Rodríguez coordinador del Programa Prevención, Control y Protección ACLAC-SINAC-MINAE y se manifiesta que se realizó la inspección de campo al sitio indicado que dispone de los números de plano catastrado 7-0509859-1983 y 7-0509860-1983, esta inspección fue realizada por los funcionarios Alexis Salas Rodríguez y Diego Alberto Alvarado Cerdas, en la unidad 347-63, el día 17 de junio de 2022”.

13.- Por escrito incorporado al expediente digital el 23 de junio de 2022, informa bajo juramento Franz Tattenbach Capra, en su condición de ministro de Ambiente y Energía. Indica que: “Que, según lo visto en el considerando anterior, este Despacho, a través del oficio DAJ-261-2022 de 16 de junio de 2022 emitido por la Dirección de Asesoría Jurídica bajo mis instrucciones, solicitó al señor Rafael Gutiérrez Rojas, Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación –en adelante SINAC– la inspección de campo y el informe de hallazgos requerido por esta Sala Constitucional mediante la resolución de las nueve horas, treinta y seis minutos del dieciséis de junio de dos mil veintidós del presente año. TERCERO: Que, mediante el oficio SINAC-ACLAC-DR-286-2022 del 20 de junio, suscrito por el señor Mario Cerdas Gómez director regional a.i del área de Conservación La Amistad Caribe y mediante el oficio número SINAC-ACLAC-PPCP-027-2022 del 18 de junio de 2022 suscrito por ingeniero del SINAC Alexis Salas Rodríguez, coordinador del programa prevención control y protección del ACLAC-SINAC-MINAE se hace el traslado del informe de hallazgos encontrados en la inspección de campo realizada en la zona en cuestión, detallando los aspectos señalados por esta Sala. Ambos documentos del SINAC se adjuntan a este oficio de conformidad con las diligencias judiciales atendidas por orden emitida mediante la resolución de las nueve horas, treinta y seis minutos del dieciséis de junio de dos mil veintidós del presente año 2022”.

14.- Por escrito incorporado al expediente digital el 24 de junio de 2022, informa bajo juramento Néstor Mattis Williams, en su condición de alcalde de Limón. Indica: “Que, a mi representada no le consta que se estén talando bosques y en cuanto a los precarios, existen desde tiempos inmemorables. TERCERO: Que, dichos precarios se encuentran en propiedad de [Nombre 003], finca 7-27136, plano catastro L-0509859-1983. CUARTO: Como podemos notar, nuestra representada se encuentra impedida de poder ejercer acción alguna”. Pide que se declare sin lugar el recurso.

15.- Por escrito incorporado al expediente digital el 28 de junio de 2022, informa Eric Bogantes Cabezas, en su condición de gerente general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Expone que: “Como preámbulo, es necesario tener absoluta claridad que el asentamiento conocido como Villa Plata ubicado en la propiedad del amparado, tiene aproximadamente 25 años de existencia, su consolidación se ha debido a la tolerancia por parte de sus propietarios, quienes siendo los titulares de esa propiedad privada, no han ejercido el derecho de exclusión y defensa, y a las autorizaciones o falta de vigilancia de quienes tienen a su cargo el control urbano, por lo que los acuerdos de Junta Directiva del AyA, no han limitado de ninguna manera el derecho de propiedad. REVISION DE LA RESPUESTA A LOS HECHOS PRIMERO: Alcance de los Acuerdos No. 80-121, N°2007-177 N° 2011-112. En los años 80´s se había adoptado un acuerdo para la protección de las fuentes de Moín, el cual fue derogado mediante acuerdo Acuerdo N°2007-177 de la Junta Directiva del AyA, publicado en la Gaceta N° 83 del miércoles 2 de mayo del 2007, donde se otorgó la OFICIALIZACION DEL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y VULNERABILIDAD DEL ACUIFERO MOIN, LIMON, Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DGAMB-2007-03, éste posteriormente fue dimensionado y aclarado mediante Acuerdo N°2011-112, tomado en la Sesión No 2011-017 de fecha 5-4-2011 que plasma recomendaciones con son de carácter ambiental. En el Por Tanto primero de dicho acuerdo, se enlistan las posibilidades de desarrollo de actividades. 1) Los Acuerdos N° 2007-1777 y N°2011-112, no violentan la garantía tutelada en el artículo 45 de la Constitución Política; pues se trata de regulaciones de carácter socio-ambiental. Resulta claro lo expuesto a partir del segundo párrafo del artículo 45 de la Constitución Política, donde se establece de forma clara la existencia de un dinamismo en el derecho de propiedad, y con ello la posibilidad de imponer dentro de su estructura, entendida como el conjunto de derechos y obligaciones del propietario limitaciones de interés social. En ese sentido, existen propiedades que tienen características distintas, propiedades como la que nos ocupa, que por su propia naturaleza soporta limitaciones ambientales. Indistintamente de si el AyA capta las fuentes o no, no hace desaparecer las cargas socioambientales que debe soportar el inmueble así adquirido por el propietario. Las medidas para evitar la contaminación deben ser preventivas y protectoras, mediante la prohibición de ciertas actividades humanas en determinadas zonas u ordenando medidas de seguridad sobre ciertas actividades potencialmente contaminantes, pero esas medidas administrativas no vacían en ningún momento el derecho de propiedad. La regulación del uso del suelo y el ordenamiento urbano son una función pública, un poder-deber a cargo de los entes públicos con potestad normativa y un tema de reserva de Ley propia de la Asamblea Legislativa, de las Municipalidades, del INVU, del Poder Ejecutivo y del Estado. Por su parte, en el marco jurídico ambiental, la legislación regula el uso del suelo para terrenos con características particulares, ejemplo de ello es el artículo 128 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, artículo 50 y siguientes de la Ley Orgánica del Ambiente y los artículos 275, 276, 285 y 291 de la Ley General de Salud. Los Acuerdos de Junta Directiva de AyA, no vienen a variar o alterar el fondo del derecho del propietario, sino que definen una serie de recomendaciones, no solo concordantes con lo que ya se encuentra establecido en diferentes normativas, sino que dichas recomendaciones tienen el propósito de proteger el acuífero, sin perjuicio de permitir la coexistencia de actividades privadas, precisamente en procura de lograr un desarrollo sostenible en la zona. No es cierto que los amparados no puedan desarrollar ninguna actividad en la propiedad, ni tampoco que las recomendaciones establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del AyA, impliquen una expropiación automática en toda la localidad de Moín. Se aclara nuevamente, que las propiedades ubicadas en la zona 6 tienen aptitud para ser desarrolladas, por lo que no existe un quebranto al bien tutelado en el artículo 45 Constitucional al que hace mención el recurrente. Sino que, cumpliendo los parámetros indicados en los acuerdos, se pueden desarrollar las actividades que consideren. Es necesario recordar que la carga de la prueba de la no contaminación y factibilidad del proyecto de conformidad con la Ley, recae sobre el interesado ( Ley de Biodiversidad No. 7788 Artículo 109.- Carga de la prueba: La carga de la prueba, de la ausencia de contaminación, degradación o afectación no permitidas, corresponderá a quien solicite la aprobación, el permiso o acceso a la biodiversidad o a quien se le acuse de haber ocasionado daño ambiental.), por lo que el AyA no puede venir a realizar dichos estudios de forma gratuita en beneficio de un interés privado, como lo es el de venta de una propiedad. 2) Posibilidad de desarrollo de actividades en las propiedades ubicadas en la zona 6 Moín (Informe Técnico de Respuesta al oficio PRE-J-2022-01740, que anexa el oficio GSP-RHC-2022-00714, visibles a imágenes 573, 580 al 602 del Expediente digital del Amparo) Tal y como se indicó anteriormente, los acuerdos de Junta Directiva relacionados con la protección de la zona 6 de Moín, no impiden en ninguna manera la realización de actividades privadas, muestra de ello lo constituyen: A) Desarrollo de Nuevos Proyectos: En la Tabla N° 2, se muestran las principales solicitudes de Nuevos Proyectos en la Zona 6 del Acuífero Moín. Para demostrar que es factible la realización de los Proyectos en Zona 6 del Acuífero Moín, se enmarcan de color verde los Proyectos que han obtenido el visto bueno y disponibilidades de agua requeridas para construir estos; tal y como se desprende de los resultados obtenidos, de 10 Proyectos propuestos el 50 % fueron aprobados por AyA para iniciar los trámites constructivos correspondientes, mediante la emisión de cartas de disponibilidad de agua. Otros proyectos fueron denegados por incumplimiento de requisitos de distinta índole. Tabla N° 2. Muestra las principales solicitudes de Proyectos presentadas al AyA desde el año 2013 a la fecha, se resaltan en color verde los proyectos que han contado con la disponibilidad de agua del AyA. En color rojo se indican los proyectos que no cuentan con disponibilidad de agua potable. (…) De manera coincidente, en el anterior escrito de respuesta se explicó y aportó prueba suficiente, relacionada con las actividades posibles de desarrollar en la Zona 6 Moín. De lo anterior se desprende, que las Recomendaciones de Regulación establecidas por AyA en el Acuerdo de Junta Directiva N° 2011-112, no vacían el derecho del propietario de realizar actividades y Proyectos de diversa índole, tal y como se ha demostrado. De hecho, la ejecución de proyectos sobre la Zona 6 del Acuífero de Moín, requiere que el Proyecto planteado sea ambientalmente amigable; de tal forma que permita maximizar la recarga del acuífero y minimizar el impacto de las aguas residuales generadas mediante sistemas de tratamiento, que permitan proteger y resguardar la calidad del recurso hídrico. En adición a este planteamiento, se tiene que en el período de los años 2020 y 2021; tal y como se muestra en la Tabla N° 3, se tienen 80 solicitudes de disponibilidad de agua potable para vivienda unifamiliar, de las cuales el 54 % que equivalen a 43 solicitudes de disponibilidad de agua, fueron aprobadas por la Oficina Cantonal de Limón dentro de la Zona 6 del Acuífero Moín, lo que refuerza el hecho de que es factible desarrollar las propiedades dentro de esta zona. Nótese la Tabla N° 3 que fuera aportada en la respuesta principal. Muestra las 80 disponibilidades de agua del año 2020 y 2021 solicitadas para el otorgamiento de servicios y construcción de vivienda unifamiliar sobre la Zona 6 del Acuífero de Moín. Se aprobaron 43 solicitudes de disponibilidad de agua y se denegaron 37 (…) B) Instalaciones existentes: En la Tabla N° 4, se muestran los principales criterios dados por el AyA Región Huetar Caribe, respecto a las instalaciones existentes y como lograr que estas, cumplan con las Recomendaciones de Regulación dadas por AyA, teniendo en consideración el sector donde se ubican y según los criterios técnicos de los Acuerdos de Junta Directiva N° 2007-177 o N° 2011-112. Para ser concisos sobre el tema solicitado, solo se adjuntará la evidencia de los casos referente al Precario Villa Plata, los cuales serán presentados como anexos de este documento y son los marcados en color amarillo. Tabla N° 4. Muestra los principales criterios dados por AyA sobre instalaciones o actividades existentes desde el año 2013 a la fecha, se resaltan en color, las que tienen que ver con el Precario Villa Plata. (…) SEGUNDO: En concordancia con la respuesta dada en el hecho anterior, no se requiere la expropiación del inmueble, considerando que este es susceptible de desarrollo por parte del propietario, acatando las recomendaciones de carácter técnico-ambiental. Acciones realizadas por el AyA para la protección del recurso El Instituto dentro de los alcances de su competencia, ha realizado distintas acciones a lo largo del tiempo, también dirigidas a la protección de la zona 6, en las cuales se incluye el Precario Villa Plata ubicado en el inmueble propiedad del amparado; esto, teniendo presente que han sido acciones para que el Gobierno Local como ente competente, regule el ordenamiento urbano (uso del suelo), de igual forma, en el caso de perforación de pozos, el MINAE atienda lo que resulte ser de su competencia. El hecho de que el Instituto haya definido una zona de protección acuífera, no resulta ser contradictorio o incompatible con el derecho de propiedad privada, dado que no vacía su contenido, pues el Instituto no tiene las competencias de reserva de ley para los Gobiernos Locales, en cuanto a establecer limitaciones de uso del territorio. Lo anterior, sin dejar de tener presente, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 del Código Civil, el propietario tiene además del derecho de posesión, el de defensa y exclusión, y todos los otros que en dicha norma se regulan, y no puede pretender que su inercia y tolerancia, hagan responsable a la institución de las acciones de desalojo de los habitantes en precario, que le corresponden a él de forma exclusiva y excluyente. A) Denuncias Presentadas: En la Tabla N° 1, se muestran las Denuncias presentadas por movimientos de tierra, tala de árboles o instalación de actividades no compatibles con las Recomendaciones de Regulación establecidas en el Acuerdo de Junta Directiva de AyA 2011-112 dentro de la Zona 6 de Moín. Para ser concisos sobre el tema, se evidencian los casos referentes al Precario Villa Plata, los cuales están presentados marcados en color amarillo. Tabla N° 1. Muestra las principales denuncias presentadas por AyA desde el año 2013 a la fecha, se resaltan en color, las que tiene que ver con el Precario Villa Plata. (…) Detallando las denuncias que tienen que ver con el Precario de Villa Plata, se ubican las siguientes: Denuncia N° 7 y N° 8: En setiembre del 2018 se presentó por parte del Ingeniero Jose Matarrita del AyA Región Huetar Caribe, estas denuncias mediante los Oficios GSP-RA-2018-02131 y GSP-RA-2018-02132 (que fueran ya adjuntados como prueba y constan en el expediente), las cuales fueron notificadas tanto a las autoridades del MINAE, como a la Municipalidad de Limón, sobre movimientos de tierra presuntamente ilegales en el Precario Villa Plata y dentro de la propiedad Folio Real N° 27136-000. A la fecha se tramita la misma, a través del Tribunal Ambiental Administrativo Expediente N° 064-19-01-TAA. Denuncia N° 9: En marzo del 2019, se presentó por parte del Ingeniero Alejandro Rodríguez Vindas del AyA Región Huetar Caribe, Oficio GSP-RA-2019-00456 donde denuncia Corta Forestal y Movimiento de Tierra en la Zona Boscosa del Acuífero de Moín, la cual fue notificada tanto a las autoridades del MINAE, como a la Municipalidad de Limón, sobre movimientos de tierra presuntamente ilegales y corta de vegetación forestal. Lo anterior evidencia, que el AyA ha aplicado los mecanismos que el marco jurídico le permite para denunciar la corta de vegetación y movimientos de tierra en la propiedad Folio Real N° 27136-000, situación que no ha sido atendida por las autoridades competentes, ni por el propio dueño de la propiedad, el cual nunca ha sido posible contactar al momento que se hace este tipo de denuncias. B) Acción realizada ante el Tribunal Ambiental (Consta la prueba a imágenes 638-643 del expediente digital de la Sala Constitucional) Como parte de las acciones realizadas por el Instituto ante el Tribunal Ambiental Administrativo, bajo el Expediente No. 064-19-01-TAA, se sigue procedimiento de denuncia por Supuesto movimiento de tierra sin autorización, contra VILLA PLATA DE MOÍN. Los hechos denunciados se dieron en el inmueble cuyo folio real es objeto de este recurso de Amparo. (Comprobante de Denuncia INAD_064-19-01TAA.) Así se le clarificó al Tribunal Ambiental el 25 de marzo del 2022, dentro del plazo señalado al medio indicado, al correo electrónico: [email protected] o, Lic. Bernabé Zeledón Villalobos C) Acción de comunicación directa de los Acuerdos vigentes a la Municipalidad de Limón para lo que es de su competencia: Tal y como consta en el documento PRE-1426-2012 en el mes noviembre del 2012 (Imagen 635 del Expediente de Amparo), la entonces Presidenta Ejecutiva de AyA Ing. Yesenia Calderón Solano; notifica al Sr Alcalde de la Municipalidad de Limón Lic. Nestor (sic) Mattis Williams, los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007-177 y N° 2011-112, para su aplicación de dentro del Plan Regulador de Limón, al efecto se indica: De igual forma, mediante Oficio PRE-1426-2012 en el mes noviembre del 2012, la entonces Presidenta Ejecutiva de AyA la Ing. Yesenia Calderón Solano; notifica al Ing. Uriel Juárez Baltodano de la Secretaria Técnica Ambiental, sobre la aplicación de los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007-177 y N° 2011-112. D) Acciones que forman parte de la actividad ordinaria de la Institución que constan en el Informe de Prueba GSP-RHC-2022-00476 y SP-RHC-2022-00483, GSP-RHC-2022-00714 (Imagen de expediente digital 576-573) El Instituto como parte de sus actividades programadas de forma ordinaria, para la protección de la zona 6, ha desarrollado distintos proyectos, los cuales fueron expuestos de forma amplia en la respuesta primaria al recurso, entre ellos se mencionan los siguientes, cuya información se encuentra visible en las imágenes 576-573 del expediente del Amparo: 1) Proyecto Lidar 2) Proyecto de Construcción del Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Moín E) Acciones de coordinación interinstitucional (oficio UEN-GA-2022-00850 ya aportado al expediente digital imagen 678 a 692). El AyA como institución rectora en el abastecimiento poblacional, ha realizado investigaciones con el objetivo de generar el sustento técnico, que permite la protección del recurso hídrico en el Acuífero Moín, del cual se abastece parte de la población de Limón. Para lograr este propósito, se han realizado acciones con diferentes instituciones competentes a fin de socializar la información técnica que se ha generado y asesorarlas desde el punto de vista hidrogeológico, legal y operativo, de manera que la información brindada sea una herramienta en las valoraciones técnicas que realizan las instancias para la adopción de los actos administrativos. A continuación, se presenta un resumen de las gestiones efectuadas entre los años 2018, 2019 y 2020, las cuales se indican en el oficio UEN-GA-2022-00850 aportado al expediente, visible a imágenes digitales 678 a 692. 1. Mediante oficio UEN-GA-2018-00322 (Anexo 3), la UEN Gestión Ambiental, realiza consulta a la Dirección del Ministerio de Salud, sobre el permiso de funcionamiento de un proyecto ubicado en la Zona 6 del Acuífero Moín, Limón. 2. Mediante oficio DR-HC-0488-2018 (Anexo 4), la Dirección Regional del Ministerio de Salud en Limón, atiende el oficio UEN-GA-2018-00322, en el cual informa que estará dando respuesta a lo solicitado a la brevedad a través de la Dra. Giselle Lucas Bolivar, directora del Área Rectora de Salud de Limón. 3. Mediante oficio UEN-GA-2018-00556 (Anexo 5), la UEN Gestión Ambiental, solicita al Área Rectora de Salud, información técnica referente a permisos de funcionamiento para el proyecto IRR ALCARIBE, ubicado en la Zona 6, Moín. 4. Mediante reunión celebrada el 02 de octubre de 2018 (Anexo 6), entre el SENARA y el AYA, se expone la información técnica relacionada al Proyecto Matama Village, en donde se acuerda compartir la información con la que cuenta el AyA referente a la Zona 6. 5. Mediante oficio UEN-GA-2018-01659 (Anexo 7), con fecha 02 de octubre de 2018, la UEN Gestión Ambiental hace entrega al SENARA del estudio técnico denominado: “Servicios de levantamiento, identificación y sistematización de información técnica como un mecanismo de integración de la información bajo el concepto de cuenca, aplicación mediante un estudio fotogramétrico y LiDAR en un sector del Acuífero Moín, Limón” 6. Mediante oficio UEN-GA-2018-01975 (Anexo 8) con fecha 21 de noviembre de 2018, la Comisión Moín, solicita al alcalde Municipal información sobre el expediente administrativo de la Empresa Ticontainers. 7. Mediante oficio PRE-2019-00516 (Anexo 9), la Presidencia Ejecutiva del AyA, solicitó al Alcalde Municipal y al Concejo Municipal de Limón, así como al Director Regional del Ministerio de Salud y al Área Rectora de Salud de Limón, una reunión para atender un caso de un proyecto en la Zona 6, en la cual indicó: “Ante esto se les solicita muy amablemente ser parte de la reunión con los técnicos del AyA (UEN Gestión Ambiental, Dirección de Urbanizaciones, Dirección Jurídica, Dirección Regional), el día 22 de mayo de 2019 (fecha definida con suficiente antelación para la coordinación de agendas respectivas), a las 08:30 am en las oficinas de la Dirección Regional del AyA ubicada en Barrio Roosevelt, Limón, y posteriormente si se considera oportuno una visita de campo.” 8. Mediante Acuerdo SM-248-2019 (Anexo 10), con fecha 07 de mayo de 2019, el Concejo Municipal de Limón, en referencia al oficio PRE-2019-00516 del AyA, indica: “SE ACUERDA: Confirmar la participación de las siguientes personas: Alma Maxwell Daley, Eladio Arce Coto, Johnny Smith Bennett – Regidores Propietarios; Ana Yan Leung – Regidora Suplente; Larry Wein Calvin – Síndico Propietario y Johana Watson Martínez – Síndica Suplente; con el fin que asistan el día 22 de mayo del 2019” 9. Mediante reunión del 22 de mayo de 2019 (Anexo 11), celebrada en Dirección Regional del AyA en Limón, participaron los siguientes funcionarios: • José Matarrita Cortes- AyA • Alexander Salas l. – Dirección Regional Ministerio de Salud • Giselle Lucas Bolivar – Área Rectora de Salud • Viviana Ramos Sánchez – AyA • Ana Yon Leung – Concejo Municipal Limón • Luis Diego Jiménez -AyA • Alejandro Rodríguez V. – AyA • Christian Delgado Segura – AyA • Moisés Bermúdez G – AyA En donde se acuerda: 1.Crear una Comisión Interinstitucional Moín, conformada por al menos un representante de cada una de las instituciones, AyA, MINSA, Municipalidad. La cual analizará en conjunto la constatación de no afectación de contaminación de las fuentes captadas por el AyA, en los permisos de funcionamiento ubicados en la Zona 6 Moín… …6. Girar invitación a la Dirección de Aguas del MINAE para que participe de la Comisión Interinstitucional… …Para el caso de la Empresa Ticontainers, se acuerda la realización de una inspección conjunta, el día 04 de julio de 2019, luego de dicha inspección se emitirán recomendaciones técnicas…” 10. Mediante oficio GSP-RA-2019-01013 (Anexo 12), emitido por la Dirección Regional del AYA, se solicita al Concejo Municipal de Limón audiencia para exponer por parte de la Comisión Moín del AyA, los alcances ambientales, técnicos y legales, de la Zona 6 Moín, como Zona de Interés Estratégico de Captación, los Acuerdos de Junta Directiva 2007-117 y 2011-017 del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 11. Mediante Acuerdo SM-331-2019 (Anexo 13), con fecha 11 de junio de 2019, el Concejo Municipal de Limón, en referencia a la solicitud de audiencia emitida por el AyA, indica: “SE ACUERDA: Se le autoriza la Audiencia para el miércoles 19 de junio de 2019, al ser las 17:00 horas; en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Limón.” 12. Mediante correo emitido por la Dirección de la UEN Gestión Ambiental con fecha 12 de junio de 2019 (Anexo 14), dirigido a los representantes de la Comisión Interinstitucional conformada en la reunión del 22 de mayo de 2019, se coordina la participación en la sesión del Concejo Municipal de Limón el 19 de junio de 2019 a las 05:00 pm. 13. Mediante correo emitido por la Dirección del Área Rectora de Salud (Anexo 15), con fecha 17 de junio de 2019, se coordina una presentación por parte del AyA, al personal técnico del Ministerio de Salud sobre las investigaciones realizadas en la Zona 6, y de aspectos legales y operativos. 14. Mediante reunión celebrada el 19 de junio de 2019 (Anexo 16) en la Dirección Regional del AyA en Limón, por parte del AyA se expone a los funcionarios del Ministerio de Salud los Acuerdos de Junta Directiva del AyA. 15. Mediante Sesión Municipal del 19 de junio de 2019, se expone por parte del AyA al Concejo Municipal los Acuerdos de Junta Directiva del AyA. 16. Mediante Acta Extraordinaria N°33 del miércoles 19 de junio de 2019 (Anexo 17), se presentan los acuerdos de la sesión municipal, en la cual el AyA presentó aspectos técnicos referentes a la Zona 6 del Acuífero Moín, entre los que se indica: “MOCIÓN: Nombrar a las siguientes personas para que formen parte de la Comisión Interinstitucional del AyA; a la Lic. Ana Cecilia Yan Leung- Regidora Suplente, Ing. Antonio Babb Reid-Dirección de Ingeniería Municipal y el Ing. Erwing Amador Ulloa-Unidad de Censo y Catastro Municipal.” 17. Mediante correo del 25 de junio de 2019 (Anexo 18), la UEN Gestión Ambiental, le remite a la Dirección de Agua la presentación técnica realizada el 19 de junio de 2019 en el Concejo Municipal de Limón y los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007-177 y N° 2011-112. 18. Mediante inspección realizada el 11 de julio de 2019 (Anexo 19), se realiza visita de campo por parte de funcionarios del AyA y Ministerio de Salud al proyecto Ticontainers. 19. Mediante oficio UEN-GA-2020-00494 (Anexo 20), emitido por la UEN Gestión Ambiental, se remite al Área Rectora de Salud en Limón, el informe de inspección de la visita de campo realizada en Ticontainers y coordina para futuras reuniones, en donde indica: “Asimismo, se le solicita su anuencia para continuar con el acompañamiento de las inspecciones en proyectos ubicados en la Zona 6, siendo de interés particular de la Comisión Moín realizar una reunión para elaborar un cronograma del año 2020, ante esto le proponemos el jueves 26 de marzo, a las 1:00 pm en sus instalaciones o en las instalaciones de la Región Huetar Caribe del AyA, quedamos atentos a su disponibilidad, mediante correo o nota en atención a esta propuesta de fecha, con los siguiente contactos: • M.Sc. Viviana Ramos Sánchez, Directora UEN de Gestión Ambiental Correo: [email protected] • Geól. Christian Delgado Segura, Director Área Funcional de Hidrogeología Correo: [email protected]” 20. Mediante oficio MS-DRRSHC-ARSL-01437-2020 (Anexo 21), la Dirección del Área Rectora de Salud de Limón, remite a la Dirección de la UEN Gestión Ambiental, el informe técnico MS-DRRSHC-IT-01030-2020, referente al caso Ticontainers. 21. Mediante oficio UEN-GA-2020-00836 (Anexo 22), la UEN Gestión Ambiental comunica a la Dirección del Área Rectora de Salud, la cancelación de reunión por pandemia y reprogramación de la misma, en donde se indica: “En atención al oficio UEN-GA-2020-00494, donde se solicita una reunión sobre el Proyecto Ticontainers, a realizarse el día 26 de marzo del 2020, muy amablemente y en referencia a la situación del país, ante la presencia del Covid-19, se procederá a reprogramar la reunión para el día 23 de abril del 2020, a la 1:00 pm, en sus instalaciones o en las instalaciones de la Región Huetar Caribe del AyA, quedamos atentos a su disponibilidad, mediante correo o nota en atención a esta propuesta de fecha…” 22. Mediante oficio UEN-GA-2020-01399 (Anexo 23), la UEN Gestión Ambiental, le comunica a la Dirección del Área Rectora de Salud lo siguiente: “De la manera más atenta, y según documento UEN-GA-2020-00836, de fecha 18 de marzo del 2020, donde se indica la fecha 23 de abril del 2020, como fecha tentativa, para realizar reunión de seguimiento sobre el Proyecto Ticontainers y otras empresas, y debido a la emergencia Covid-19, la misma se tendrá que reprogramar hasta nuevo aviso, ya que es sumamente importante la reunión presencial y ese mismo día realizar la gira de campo.” 23. Mediante oficios UEN-GA-2018-01766 (Anexo 24), PRE-2019-00009 (Anexo 25), PRE-2019-00810 (Anexo 26), PRE-2020-00865 (Anexo 27), emitidos por el AyA, se ha informado a grupos organizados como es el caso de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, sobre acciones de coordinación y abordaje con las instituciones y el Gobierno Local, en relación con proyectos en la Zona 6 del Acuífero Moín. Es importante señalar, que el AyA desde la publicación del Acuerdo de Junta Directiva del año 2007, ha realizado acciones de coordinación con las diferentes instituciones públicas, sin embargo, para atender el recurso de amparo, se presenta un resumen de las acciones ejecutadas durante los años 2018, 2019 y 2020. Adicionalmente, por un tema de salud pública, en el marco de pandemia por la enfermedad del COVID, el Ministerio de Salud ha tenido una carga de trabajo importante y liderazgo en la atención de la misma, razón por la que el AyA no ha continuado con las reuniones e inspecciones presenciales, debido a que requiere el acompañamiento del Ministerio, quien es la entidad con potestad para ingresar a las propiedades para realizar las inspecciones de las actividades que no impacten el recurso hídrico que es utilizado para abastecimiento poblacional. Sin embargo, el AyA ante una solicitud de inspección de un proyecto de urgencia y contando con el aval del propietario y las medidas de seguridad correspondiente, está con la entera disposición de realizar la misma en caso de ser necesario. F) Consideraciones particulares sobre acciones en el caso Precario Villa Plata y las peticiones de Asociación de Desarrollo de Villa Plata. Tal y como reiteradamente se ha indicado, la propiedad del amparado por su propia tolerancia y negligencia se encuentra invadida por precaristas desde hace más de 25 años, mucho tiempo antes de la adopción de los acuerdos que están siendo objetados, la inacción de sus derechos al no realizar el desalojo ha permitido la permanencia de los ocupantes, y con ello la consolidación de las viviendas. En el caso del Precario Villa Plata, se han externado a través del tiempo múltiples criterios emitidos por la Oficina Cantonal de Limón, en el caso de la Tabla N° 4 que se cita en el hecho anterior, se indican 3 de ellos, en los cuales ha sido reiterado el criterio de que no es posible otorgar servicio de agua, ni disponibilidades de agua, ni la posibilidad de colocar pajas públicas dentro del precario. Como ejemplo, se puede mencionar el Oficio GSP-RHC-L-2018-00348 (Imagen de expediente digital del Amparo 574) donde se le indica a la Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata, su ubicación a los acuerdos de Junta Directiva. Así mismo, en atención a la solicitud de la Asociación de Desarrollo de Villa Plata, (documento anexo que este Instituto ya aportó como prueba) es importante resaltar, que dentro de la nota se indica por parte de esa Asociación lo siguiente: (…) De la lectura de este texto, se desprende que el Precario Villa Plata tiene muchos años de haberse establecido, de hecho, el sello de la Asociación de Desarrollo impreso en la solicitud, indica el año 2010, esto puede ser corroborado con la Figura N° 9 del Informe Técnico que se emitió como respuesta al oficio PRE-J-2022-01740, que anexa el oficio GSP-RHC-2022-00714 Imágenes 573 y 595 del Expediente del Amparo), donde al hacer un extracto de una imagen de Google Earth con fecha febrero del 2010, ya se tiene dentro de las propiedades 00027138-000 y 00027136-000 gran cantidad de caminos internos, viviendas, áreas sin bosque; etc. Lo anterior, es muy importante hacerlo notar dado a que los propietarios de estos terrenos indican que AyA, no ha hecho lo necesario para proteger el Acuífero de Moín; sin embargo, existe evidencia documental suficiente para demostrar que durante más de 14 años se ha denegado por parte de AyA las disponibilidades de servicios de agua potable en el Precario Villa Plata y que durante ese mismo tiempo, no consta ninguna gestión por parte de los propietarios de estos terrenos para recobrarlos; sin embargo, independientemente de este hecho, AyA ha realizado las denuncias y las actuaciones que la ley le permite dentro de lo que en el informe se ha denominado “instalaciones existentes” en la Zona 6, para que se cumpla el Acuerdo de Junta Directiva N° 2011-112. Se adjunta como anexo, el documento GSP-RHC-L-2022-00494 (Imagen 587 de expediente digital del Amparo), los que reafirman la posición Institucional referente al Precario Villa Plata…” Tal y como lo citan los informes, se reitera en lo que respecta a esta propiedad, que el Instituto dentro del marco de sus competencias y la posibilidad que le otorga la ley, interpuso las denuncias correspondientes mediante oficios GSP-RA-2018- 02131 y 02132 (Imagen 549 , 555 del expediente digital del Amparo) con sello de recibido por la Municipalidad y el MINAE (SINAC), asimismo, ante el Tribunal Ambiental se encuentra todavía en trámite el Expediente No. 064-19-01-TAA Nuevamente, reiterando lo expuesto en la respuesta al Hecho Primero, en este caso, es importante retomar la indicación de que no se trata de prohibiciones que emanan de los Acuerdos de Junta Directiva, sino de recomendaciones de carácter general, para la protección del recurso hídrico. El propietario puede llevar a cabo actividades, que requieren ajustarse a recomendaciones, que velan por la protección del recurso. Para que proceda una expropiación es necesario que se declare el interés público y la utilidad social, además de que el propietario demuestre que se han vaciado todos los atributos del derecho de propiedad, elementos que en este caso no se configuran. TERCERO: En lo que respecta a la petición de Expropiación. Se ratificó el rechazo de la solicitud de expropiación del inmueble, en virtud de que no existe interés por parte del AyA en adquirir la propiedad del amparado, amén de que las disposiciones del Instituto plasmadas en los acuerdos de Junta Directiva, de ninguna manera violentan, lesionan y ni siquiera ponen en riesgo el derecho de propiedad, resulta claro que el propietario puede disponer de la misma. No se justifica una expropiación, cuando es el propietario quien no ha cumplido con los requisitos para llevar a cabo la actividad que desea desarrollar en el inmueble o bien porque no quiere realizar los actos procedimentales para el desalojo; dicha potestad es exclusiva del titular del dominio del inmueble de conformidad con el artículo 264 del Código Civil, donde se enumera cuáles son los derechos que integran el dominio o la propiedad absoluta sobre una cosa, entre ellos se encuentran los de defensa y exclusión, los de restitución e indemnización, los cuales se desarrollan más adelante en los artículos 295 a 315 y 316 a 334 de dicha normativa, de tal forma que, la potestad probatoria de la titularidad, como requisito fundamental para el proceso de desalojo resulta excluyente en este caso para el AyA. “(…) en principio, por sí mismas y por definición, las limitaciones de interés social impuestas a la propiedad no son indemnizables, por no implicar expropiación, es decir, cuando la propiedad no sufre desmembraciones que hagan desaparecer el derecho. Desde luego que sí implican una carga o deber jurídico -en sentido estricto, de no hacer, o a lo sumo, de soportar la intromisión del Estado en la propiedad con fines públicos, deber que se agrega a los poderes o facultades del propietario, pero sin desnaturalizarlos o destruirlos. Estas limitaciones deben ser de carácter general, lo que implica no solamente su destinatario, sino también el supuesto de hecho de aplicación de la misma, ya que cuando se convierten en singulares o concretas podrían equipararse a verdaderas expropiaciones (…)” (Voto Nº 1996-04205 de las 14:33 hrs. de 20 de agosto de 1996). Exp: 10-007810-0007-CO) (Res. Nº 2010012209 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas y treinta y dos minutos del veinte de julio del dos mil diez) No hay una configuración de un interés público sobre el bien del actor, ni existe un menoscabo del interés legítimo del derecho de propiedad, siendo estos los elementos necesarios para que proceda un análisis de expropiación. En la propiedad de análisis, el actor tiene aptitud para realizar o desarrollar distintas actividades, siempre y cuando cuenten con la prueba de ciencia y técnica que demuestre la factibilidad. CUARTO: Sobre la petición puntual de colaboración para realizar el desalojo: Tal y como indica el amparado, la petición remitida vía correo electrónico fue: “…Mi consulta es de que forma el AYA nos puede ayudar para iniciar un proceso de desalojo de todas las personas que están contaminando el acuífero, pues en voto de la Sala Constitucional fecha de la Resolución: 01 de Agosto del 2008 a las 10:11 a. m, Expediente: 07-009140-0007-CO, de la Sala Constitucional y que consiste en un recurso de amparo que se interpuso directamente sobre el caso del acuífero de Moín, se dispuso la obligación del AYA de ejercer las potestades administrativas para proteger los mantos acuíferos…“Al respecto, diligentemente se atendió la consulta y se explicó ampliamente los motivos legales y técnicos de la improcedencia, señalándose: “…de previo a emitir recomendaciones, es necesario verificar en campo las condiciones hidrogeológicas del inmueble, en específico la presencia y distribución de las dolinas dentro del lote, por lo que se requiere por parte del interesado, en caso de interés de realizar dicho levantamiento, se gestione con la Fuerza Pública y demás Instituciones competentes realizar el acompañamiento respectivo para el cartografiado de las estructuras…” (oficio UEN-GA-2021-02951 imagen 911-912 del expediente digital de la Sala Constitucional). Por su parte, la consideración de imposibilidad legal de que el AyA asuma un desalojo de una propiedad privada que se encuentra invadida por precaristas, está visible en los oficios GSP-RHC-2022-00090 (imagen 914), y PRE-J-2022-00477 (Imagen 917-920, todos del Expediente digital del Amparo). Dicho criterio legal, fue aportado como prueba por parte del amparado en su escrito de interposición, igualmente consta en el escrito de respuesta primaria que se dio por parte de AyA a este recurso y se confirma con la prueba aportada a los autos UEN-GA-2022-00850 (Imagen 678-691 del Expediente digital de la Sala Constitucional). Lo anterior, le fue comunicado mediante oficio PRE-J-2022-00480 (imagen 921), Memorando UEN-GA-2022-00182 (Imagen 915-916), con sus dos anexos (GSPRHC-2022-00090 Imagen 914, UEN-GA-2021-02951 en imagen 911-912 todos del expediente digital del Amparo), los cuales corresponden al criterio técnico de la UEN; así como el Memorando No.PRE-J-2022-00477 (Imagen 917-920), correspondiente al criterio del área legal ambiental. Llama poderosamente la atención, que el recurrente no indica a la Sala Constitucional de su inercia y tolerancia como propietario, durante todo este tiempo, considerando que desde el año 2018 y hasta el año en curso se realizan movimientos de tierra, sin que este ejerza su derecho de defensa de propiedad ante el Gobierno Local y ante la vía Judicial, los cuales permitieron que hoy en día exista ya un asentamiento consolidado. La actividad de invasión no materializa construcciones de un día para otro, requiere de movimientos de tierra, movimiento de materiales, movimiento de personas, que se dieron a vista, paciencia, tolerancia, inercia del propietario registral y del Gobierno Local, pese a las denuncias que este Instituto realizó mediante oficios GSP-RA-2018-02131 y 02132 con sello de recibido por la Municipalidad y el MINAE (SINAC) ( Imagen 549 , 555 del expediente digital del Amparo), así mismo, ante el Tribunal Ambiental que todavía tiene en trámite el Expediente No. 064-19-01-TAA. En el mismo sentido, confirma y resume lo expuesto el oficio UEN-GA-2022-00850, que se ubica en Imagen 678-691 del expediente digital del Amparo aportado como prueba. “… a. Los Acuerdos de Junta Directiva del AyA 2007-117 y 2011-112, establecen recomendaciones para la protección del acuífero Moín, de tal manera que las actividades que se desarrollen sean sostenibles con el ambiente y no haya afectación al recurso hídrico captado en las fuentes Moín para el abastecimiento poblacional. b. Los lotes mencionados en el recurso, propiedad de [Nombre 003], se encuentran ubicados en la Zona 6 de Vulnerabilidad Alta, dentro de la Zona de Protección del Acuífero Moín, la cual fue definida mediante Acuerdo 2011-0112 Junta Directiva del AyA (Sesión Ordinaria Número 2011-017 del 7 de abril del 2011 y publicado en la Gaceta No.83, del 2 de mayo del 2011), los cuales cuentan con recomendaciones para asegurar la calidad y cantidad del recurso hídrico que es empleado para abastecimiento poblacional… c. A partir de lo expuesto en el punto IV de este oficio, queda demostrado que las consultas realizadas por el interesado siempre fueron atendidas de conformidad con las competencias institucionales. En este caso particular, debido a que la propiedad tiene una de invasión de aproximadamente 150 personas que resguardan con armas los distintos accesos que tiene el inmueble, según comunicado por el Lic. Fabian (sic) Leandro (abogado representante del propietario), el apoyo brindado por el AyA, estaría condicionado, a que el propietario genere las condiciones y coordinaciones para que se brinde seguridad de los funcionarios públicos del AyA, para el acompañamiento e inspección correspondiente…” RESPECTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER SOLICITADA I) A efectos de poder remitir la prueba para mejor resolver solicitada por ese Tribunal Constitucional, el Instituto gestionó ante la Fuerza Pública el acompañamiento al sitio y con el propietario del inmueble la autorización de ingreso, a fin de poder realizar la inspección de campo y comunicó a las demás partes recurridas de esta gestión para lograr recabar dicha prueba, cuyos resultados se muestran en los informes (UEN-GA-2022-01214 & el Informe de Inspección: Caso De Asentamiento Informal (Precario) Villa Plata, Zona 6) que se aportan para estos efectos, y que dan todo el soporte para contestar las interrogantes planteadas. 1) ¿Si existe o no afectación al acuífero de Moín? Con relación a esta pregunta, el AyA no encuentra afectación al acuífero que incida la calidad del agua del servicio de abastecimiento poblacional, que se encuentra bajo su administración y operación. “…El desarrollo de proyectos en la Zona 6, a partir de las recomendaciones técnicas y ambientales que se han realizado y que resultan ser compatibles con la protección del recurso hídrico, demuestran que los Acuerdos de Junta Directiva del AyA, no impiden el desarrollo de actividades o construcción de obras… Dado lo anterior, se considera que en el marco de las competencias institucionales ha existido un abordaje para el cumplimiento de los Acuerdos de la Junta Directiva del AyA, en referencia al acuífero de Moín, en específico en aquellas actividades donde AyA participó mediante gestión de denuncias, conceptualización de nuevos desarrollos, regularización de actividades existentes, coordinaciones interinstitucionales y construcción de infraestructura, con lo cual a la fecha, se ha garantizado la protección del acuífero de Moín, el cual es estratégico para el abastecimiento de la población presente y futura de la Ciudad de Limón. En el caso particular del precario de Villa Plata, el cual es objeto del presente recurso, se realizó un levantamiento de campo el día 22 de junio de 2022 por parte del AyA (Anexo 1), en el que se determinó que un 96% de las casas inspeccionadas, descargan sus aguas residuales a un sistema de tanque séptico y drenaje, sin que estás se ubiquen en las dolinas o sumideros. Se detectó una descarga de aguas grises (jabonosas) en algunos patios, los cuales, aunque no son descargas adecuadas, no drenan directo al acuífero…” 2) Si en la zona 6 del referido acuífero se da o no la adecuada disposición de las aguas residuales: El informe UEN-GA-2022-01214, determina que en las zonas densamente pobladas en la Zona 6 se cuenta con sistemas de disposición de aguas residuales mediante tanque séptico y drenaje, por lo que, sí hay disposición adecuada, en los casos particulares se han planteado las denuncias correspondientes para su corrección. “…Respecto a las instalaciones existentes, se han planteado las denuncias correspondientes para que se corrijan las descargas inadecuadas en la Zona 6 del Acuífero de Moín, medidas que han sido acatadas en la mayoría de los casos. En el caso de las zonas densamente pobladas con sistemas de disposición de aguas residuales mediante tanque séptico y drenaje, dentro de la Zona 6 del Acuífero de Moín, el AyA a través del “Proyecto BPIP 001984 Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, Limón”, ha considerado las siguientes poblaciones: Villa del Mar 1 y 2, Loma de Moín y el aporte del caudal del Precario de Villa Plata (Figura 2)… En el caso particular del precario de Villa Plata, AyA mediante la construcción del alcantarillado sanitario de Moín, ha dispuesto resolver la descarga y el tratamiento de las aguas residuales mediante la asignación del caudal generado por esta población, tal como se indica en el informe de inspección denominado “Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Zona 6. Exp 22-008354-0007-CO”, Anexo 1: “A partir del levantamiento de campo realizado en el inmueble cuyo plano catastrado es el L-0509859-1983, el cual tiene un área total de 322 421.32 m2 (Figura 3), se tomó una muestra de un área de 159 959,26 m2, lo cual representa un 50% del área del inmueble L-0509859-1983, se pudo constatar en esta muestra que hay un total de 72 viviendas, de las cuales 69 viviendas representan el 96%, tratan las aguas residuales mediante sistemas de tanque séptico y drenaje y solamente 3 que representan el 4%, utilizan letrinas…” 3) ¿Si en tal zona se cumple o no lo dispuesto en los acuerdos N° 2007-177 y 2011-112 adoptados por la Junta Directiva del ICAA? En la resolución de toda disponibilidad de servicio el AyA da cumplimiento y verifica que los proyectos se ajusten a los Acuerdos 2007-177 y 2011-112. Corresponde a las demás Instituciones competentes cumplir con estas recomendaciones que emanan de la facultad del artículo 2 inciso d) de la Ley 2726. “…AyA en el marco de las competencias institucionales ha dado un abordaje para el cumplimiento de los Acuerdos de la Junta Directiva del AyA, en referencia al acuífero de Moín, en específico en aquellas actividades donde AyA participa mediante gestión de denuncias, conceptualización de nuevos desarrollos, regularización de actividades existentes, coordinaciones interinstitucionales y construcción de infraestructura, con lo cual a la fecha, se ha procurado la protección al acuífero de Moín, el cual es estratégico para el abastecimiento de la población presente y futura de la Ciudad de Limón. Es importante señalar que estos acuerdos de Junta Directiva del AyA, son un marco orientador para que la administración encargada de resolver el permiso, licencia o autorización, lo considere e implemente. Para que se dé un cumplimiento de los Acuerdos de Junta Directiva del AyA y que se pueda garantizar que la protección sea efectiva, es necesario la participación de las entidades que regulan el uso del territorio y ordenamiento urbano, como la Municipalidad, Ministerio de Salud, Vivienda, IMAS, INDER, MINAE, entre otros…”4) ¿Si en la zona 6 del acuífero de Moín se han producido o no movimientos de tierra no autorizados y si se han construido o no edificaciones carentes de los permisos respectivos? Luego del análisis realizado por el AyA y tal y como se prueba con las denuncias presentadas, se han detectado movimientos de tierra y construcciones no autorizadas. La competencia del AyA por principio de legalidad, circunscribe su accionar en la interposición de estas denuncias, no tiene potestad de ingreso o demolición a la propiedad privada, pues dicha competencia es propia del gobierno local. “…De conformidad con lo indicado en la respuesta de la pregunta 1 de este oficio y según lo señalado en el oficio RHA-OM-2013-00666, específicamente en la Tabla N°1, los casos 3, 4, 5 y 34 (imagen 646 a 653 del expediente digital del amparo), evidencian las denuncias presentadas por el AyA ante los entes competentes por movimientos de tierra. De igual manera, en el informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740, en la Tabla N°1, casos 7, 8 y 9, anexado por GSP-RHC-2022-00714 (imagen 582 del expediente digital del Amparo), se denuncian movimientos de tierra y talas dentro del precario Villa Plata, objeto del presente recurso de amparo, ante los entes competentes… En el marco de las competencias institucionales, el AyA no aprueba, ni fiscaliza los permisos de construcción, siendo que ha brindado los insumos al Gobierno Local, para que los desarrollos se ejecuten según las recomendaciones dadas en el Acuerdo de Junta Directiva, cuya aplicación ha sido indicada por la Sala Constitucional en el Voto 4751-08…” 5) ¿Si en el sitio en cuestión se ha producido o no la tala de árboles? La respuesta resulta ser afirmativa y conforme a ello, este Instituto dentro del marco de su competencia presentó las denuncias correspondientes. “…es importante identificar que el ente competente para determinar si ha existido una tala de árboles o no, es el SINAC; aclarado lo anterior y de conformidad con lo indicado en la respuesta a la pregunta N° 1, de este oficio y según lo señalado en el oficio RHA-OM-2013-00666, específicamente en la Tabla N°1, los casos 3, 4 y 5 (imagen 646 a 653 del expediente digital del Amparo), evidencian las denuncias presentadas por el AyA ante los entes competentes por corta de vegetación forestal. De igual manera, en el informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740, en la Tabla N°1, caso N° 9 (imagen 582 del expediente digital del Amparo), se denuncia la corta de vegetación Forestal dentro del precario Villa Plata. A partir del levantamiento de campo realizado el día 22 de junio de 2022 (Anexo 1), en el precario de Villa Plata, objeto del presente recurso de amparo, se identificaron árboles cortados distribuidos en diferentes sectores (Figura 2, del informe de inspección “Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Zona 6. Exp 22-008354-0007-CO”, Anexo 1)…” Finalmente, el informe UEN-GA-2022-01214 concluye: “(…) 1. El AyA, luego de la revisión de sus sistemas de acueducto, no encuentra afectación a la calidad del agua captada del acuífero Moín, en la cual se ubica la Zona 6 y que incluye los inmuebles con planos de catastro 7-0509859-1983 y 7-059860-1983, objeto del presente recurso de amparo, razón por la cual se mantiene vigente la captación de la Fuentes-Moín, para fines de abastecimiento poblacional. 2. No debe permitirse la continuidad de un crecimiento urbano sin planificación en la Zona 6, no solo por el impacto en los servicios públicos, sino por las implicaciones que se puede tener a futuro en la cantidad y calidad del recurso hídrico que se capta en las fuentes Moín. 3. El trabajo de campo permitió identificar que el asentamiento Villa Plata, ubicado en los inmuebles con planos de catastro 7-0509859-1983 y 7-059860-1983, se encuentra habitado desde hace más de 20 años, según así lo manifestaron los habitantes de la localidad, identificándose infraestructura (viviendas), la cual consta en el informe de inspección (Anexo 1), así como el registro documental que consta en el expediente digital del Amparo. 4. Luego de una revisión de la documentación aportada en el expediente digital del Amparo, se aprecia el informe rendido por el SINAC, mediante Oficio SINAC-ACLAC-PPCP-027-2022, Inspección de campo al sitio indicado que dispone de los números de plano catastrado 7-0509859-1983 y 7-0509860-1983, la cual fue realizada por los funcionarios Alexis Salas Rodríguez y Diego Alberto Alvarado Cerdas, el día 17 de junio de 2022 (visible a imágenes 1100-1110 del expediente digital del Amparo), es importante señalar, que se procedió a verificar las coordenadas que se cita en el punto V de este informe, las cuales no coinciden en los planos citados, sino que se encuentran a una distancia de 400 metros al Sureste, lejos del inmueble que debió valorarse según lo ordenado por la Sala…” (el resaltado es nuestro) II) En lo que respecta al Informe de Inspección: Caso De Asentamiento Informal (Precario) Villa Plata, Zona 6, visita de inspección por parte de un equipo técnico del AyA al inmueble folio real 7-27136 plano: L-0509859-1983 (propiedad sector norte) y folio real 7-27138 plano L-0509860-1983 (propiedad sector sur) el día 22 de junio del 2022, se indica en lo que interesa: La inspección realizada el 22 de junio del 2022, fue hecha en coordinación con el Sr Fabián Leandro Marín representante legal de los propietarios del inmueble a nombre de VAL DI SOMER S.A., con el apoyo de la Fuerza Pública de Limón y la compañía del Sr Rodolfo Gómez Martínez, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata, que se anexa como prueba, y arribó a las siguientes conclusiones y recomendaciones: “…3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A. A partir de la inspección realizada y las entrevistas a los habitantes del asentamiento informal (precario) Villa Plata, se indica que hay personas que cuentan con más de 20 años de habitar en el lugar. B. Con base en la inspección realizada y aunado a la revisión de fotografías satelitales, se identificaron un total de 194 estructuras (viviendas). C. A partir del levantamiento de campo realizado en el inmueble cuyo plano catastrado es el L-0509859-1983, el cual tiene un área total de 322 421.32 m2, se tomó una muestra de un área de 159 959,26 m2, lo cual representa un 50% del área del inmueble L-0509859-1983, se pudo constatar en esta muestra que hay un total de 72 viviendas, de las cuales 69 viviendas representan el 96%, tratan las aguas residuales mediante sistemas de tanque séptico y drenaje y solamente 3 que representan el 4%, utilizan letrinas. De igual manera, del total de las casas ubicadas dentro de la muestra de área (159 959,26 m2), se identificó que un total de 12 casas (16,6%) disponen sus aguas grises en los patios de las viviendas caños o surcos y no de forma directa a las dolinas, situación que debe corregirse de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud. D. Se ubicaron 10 sitios clandestinos para el depósito de desechos sólidos que requieren de la atención del Gobierno Local, lo anterior por la inexistencia del servicio de recolección. E. Se identificaron 15 dolinas en campo con geometría y grado de desarrollo distinto, siendo las más comunes las redondeadas. F. Se ubicaron 14 puntos en donde se evidenció movimientos de tierra, principalmente cortes y rellenos para la construcción de viviendas y caminos. G. En 5 sitios se identifica la corta de árboles para la apertura de trochas de acceso y para el establecimiento de viviendas habitacionales…” (el resaltado es nuestro) ASPECTOS DE FONDO Los acuerdos de Junta Directiva N° 2007-177 y N° 2011-112, para la zona de recarga del acuífero de Moín, se encuentran en igual rango a otras ya establecidas por el AyA y se fundamentan en el Artículo 2 inciso d) de la Ley 2726; tales como: Puente Mulas, Rio Banano, Barranca y Bananito, que de ninguna manera implican una prohibición absoluta para el desarrollo de actividades, de hecho abarcan amplias zonas geográficas de población y desarrollo urbano sostenible y sustentable, que resultan compatibles con las recomendaciones socio ambientales, dentro de dichas declaratorias se tiene: A) Acuerdo Número 78.253-254 (No. JD-78.187), del 24 de octubre de 1978, Zona de Reserva de aguas subterráneas para el acueducto de Limón, publicado en la Gaceta 21 del 30 de enero del 79. La información de este Acuerdo se incorpora al Decreto Ejecutivo N° 29393-MINAE del 15 de enero del 2001. B) Acuerdo No.2015-253, Gaceta 141, miércoles 22 de julio del 2015 área de interés estratégico para Acueductos y Alcantarillados en las secciones superior y media de la cuenca del río Banano en el marco del Proyecto: Acueducto de Limón. C) Rio Barranca, Acuerdo 78-056, 4 de abril 1978, D) Bananito por Decreto 28024-MINAE, Gaceta 154, 10 de agosto 1999 El Instituto de conformidad con su Ley Constitutiva 2726, Artículo 2 inciso d), se encuentra facultado para emitir criterios técnicos con la finalidad de tutelar y regular el recurso hídrico para uso poblacional, así lo ha manifestado la Sala Constitucional mediante el Voto Exp:2008-004751, donde reconoce la legalidad e implementación en la valoración de permisos, licencias y autorizaciones por parte de las demás instituciones competentes de los Acuerdos de Junta Directiva 2007-177 y 2011-112. Lo anterior, se confirma además mediante el cumplimiento de la matriz de vulnerabilidad del uso del suelo, que estableciera el SENARA y que es la base del Acuerdo 2011-112, requiriéndose de su valoración para autorizar actividades de parqueo de contenedores o cualquier otra de gran desarrollo, así lo indica recientemente la Sala Constitucional, mediante Voto Nº 2012-08892 , 2017-006340, que clarifica que dichos acuerdos del AyA, deben de aplicarse en conjunto con la emisión del criterio de SENARA. Asimismo, de conformidad con el análisis que ha realizado la Sala en el voto 2010-012209 y en apego a las facultades que derivan de la Ley 2726, estamos ante actos administrativos de carácter general y no de acuerdos que resuelven una valoración particular y específica. La Legalidad también fue valorada mediante Voto Res. Nº 2010-012209 que considera que: “por sus efectos de carácter general y por cuanto no vacían el contenido esencial del derecho de propiedad, las limitaciones reclamadas no requieren de una indemnización.” En el desarrollo urbano y la consideración de tomar en cuenta la recomendación dada por el AyA, La Municipalidad de Limón como parte de sus obligaciones, por competencia debe supervisar y vigilar las actuaciones de los miembros de su comunidad con respeto a la determinación de que lugares son aptos para el desarrollo urbano, la forma que construyen, descargan las aguas residuales provenientes de sus viviendas y de esta forma garantizar, defender y preservar el derecho de todos a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Al respecto, es conveniente tomar en cuenta lo establecido en el artículo 169 de la Constitución Política en relación con el Régimen Municipal: “Artículo 169.- La Administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley.” Por su parte el Código Municipal, en el artículo 4 regula lo relativo a las atribuciones de las municipalidades, en donde se tipifica la responsabilidad de vigilancia, ya que es el ente estatal que en última instancia otorga el permiso constructivo, ejerciendo el ius aedifandi (derecho a construir – edificar): “(…) 1) El permiso o licencia de construcción es una autorización administrativa de carácter municipal, por medio de la cual se ejerce un control preventivo en relación con el ejercicio del ius aedificandi, a través de la comprobación de su conformidad con el ordenamiento jurídico ambiental-urbanístico. Con su otorgamiento se remueven los obstáculos jurídicos para convertir al mismo en un ejercicio lícito de dicho derecho, y en consecuencia, se posibilita la realización de obras de construcción en una determinada localidad. 2) A la par de las autorizaciones administrativas, se encuentra la actividad de inspección, como un deber o carga que la administración impone en forma generalizada a los administrados, y cuyo principal objetivo es corroborar el cumplimiento de las regulaciones urbanísticas, singulares o generales. 3) En ejercicio de esta potestad de vigilancia, los inspectores municipales deben ingresar a predios o edificaciones privadas, con el único y exclusivo fin de constatar si las obras que se construyen se ajustan o no al ordenamiento urbanístico. Para tal efecto, se encuentran sujetos a límites objetivos y subjetivos, tales como la razonabilidad y proporcionalidad de la medida de inspección, la inviolabilidad del domicilio, el respeto a la intimidad de los particulares, la imposibilidad de registrar o secuestrar información o documentos privados, el levantamiento del acta de inspección, la debida investidura del funcionario que practique la inspección, así como su acreditación como inspector municipal, entre otros. 4) En caso de adoptarse un acto administrativo de sanción -previo cumplimiento de un procedimiento debidamente establecido y en acatamiento de normas legales que tipifican una infracción y su consecuencia punitiva- el mismo puede ser ejecutado por la misma administración sin necesidad de recurrir a los tribunales, y aún en contra la voluntad del administrado (artículo 146 de la LGAP). En la ejecución de la sanción, los funcionarios municipales se encuentran sujetos a los mismos límites de la inspección urbanística. 5) Si la sanción que se ejecuta es la de demolición, la administración debe procurar la adecuada tutela de la seguridad, salubridad, propiedad y libertad de los administrados, de modo que en la destrucción de las edificaciones se adopten todas aquellas medidas necesarias y razonables que permitan prevenir, contener, mitigar y reparar cualquier daño o lesión que pueda ser causada a los ejecutados, vecinos o transeúntes. 6) En la realización de esta diligencia, los funcionarios municipales pueden servirse de la colaboración de miembros de la Fuerza Pública, quienes a su vez tienen la atribución de auxiliar a las municipalidades cuando éstas así lo soliciten. (…)”(Opinión Jurídica. Procuraduría General de la República C-390-2007, 6 de noviembre de 2007) (El resaltado es nuestro) Con base en las normas citadas, se concluye que la Municipalidad de Limón, es la responsable directa en la determinación de las medidas requeridas para determinar si en la propiedad objeto de este recurso es posible el desarrollo habitacional, evitar las construcciones que no cumplan con los requisitos normativos, esto sin perjuicio de que coordine con los entes que puedan gestionar para que ese alcantarillado sea el adecuado (considérese además lo resuelto en el Exp: 06-015593-0007-CO, Res. Nº 2008-004751, que fuera citado en la solicitud de Litis Consorcio Pasiva Necesaria) La Municipalidad de Limón tiene la obligación de hacer cumplir las leyes en la materia y su obligación de garantizar el disfrute de los habitantes de la zona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Municipalidad ha tenido pleno conocimiento de la problemática que afecta a los pobladores de su cantón, sin embargo, al parecer se ha limitado a constatar su existencia y evadir su responsabilidad, sin realizar las acciones oportunas para mitigar el mismo o controlarlo. A diferencia del AyA, la Municipalidad si tiene competencia para demoler las construcciones que no han obtenido los permisos correspondientes, notificar al propietario registral y en conjunto con este realizar las acciones de desalojo que ahora pretende el actor se trasladen al AyA, quien por principio de legalidad no puede ingresar a propiedad privada, ni realizar desalojos en nombre de terceros. a) Sobre la imposibilidad de que el AyA invierta y asuma la administración – responsabilidad de sistemas de disposición de aguas residuales (privados) localizados en propiedad privada. Es necesario tener presente que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se encuentra inhibido por su Ley Constitutiva de realizar donaciones (materia bajo la cual se tutelaría el mantenimiento – debido funcionamiento del sistema de consulta, que se localiza en propiedad privada). Lo anterior, también encuentra fundamento en el hecho de que los ingresos de AyA están respaldados, únicamente, en las tarifas que pagan los usuarios por los servicios que brinda el Instituto. En ese sentido, la ley obliga a invertir los rubros autorizados en los pliegos tarifarios respectivos, en la prestación de los servicios a nuestros clientes en condiciones de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima. La disposición de los fondos derivados de las tarifas, por parte de AyA, en otras instituciones, igualmente obligadas a cubrir con sus tarifas, créditos u otras formas de financiamiento aceptables dentro del sector público, sus obligaciones, genera no sólo la transgresión de diversa normativa como la indicada, sino todo el marco jurídico aplicable conforme al principio de legalidad que rige el actuar de la Administración Pública (En ese sentido además, aplicarían las obligaciones y prohibiciones contenidas en la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley General de Control Interno, Ley de Creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, entre otras). Igualmente, pondría al Instituto ante la disyuntiva de dejar de lado algunas de las obligaciones que requieren de dichos fondos y que fueron justificados oportunamente ante ARESEP y autorizados por ésta. Por último, cabe indicar que conforme con el Reglamento de Prestación de Servicios Acuerdo No. 2019-461, artículos 16 y 17, la responsabilidad del AyA llega hasta el lindero de la propiedad, en cuanto prestación de servicios, y en este caso no se ha materializado al ser un asentamiento informal, este Instituto no brinda servicio de abastecimiento agua potable, ni de saneamiento en las propiedades objeto de este recurso. (…) PETITORIA Con fundamento en las razones de hecho y de derecho señaladas, dejo rendido el informe solicitado. Expresamente se reitera que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en cumplimiento de sus fines, no ha desobedecido, violentado normas, garantías, ni principios constitucionales, sino que ha tenido una conducta responsable en resguardo y protección al derecho al ambiente, a la salud y a la vida, apegándose al ordenamiento jurídico por lo que debe declararse sin lugar el recurso en todos sus extremos en su contra, por principio de legalidad el AyA no puede realizar desalojos en propiedad privada, no puede realizar estudios técnicos de forma gratuita. Por más de 19 años, continúa este Instituto dentro del marco de sus competencias y posibilidad que le otorga el principio de legalidad, con la interposición de las denuncias y ha comunicado lo procedente ante la Municipalidad de Limón, el Ministerio de Ambiente y Energía, y el Ministerio de Salud. No procede que este Instituto expropie el inmueble de interés del propietario, pues la adopción de los acuerdos de Junta Directiva, de ninguna forma han vaciado los atributos del derecho de propiedad, elementos que más bien están en completo ejercicio del titular, sin perjuicio de acatar las recomendaciones socio ambientales que soporta el inmueble. A nivel de Gobierno Local el Precario Villa Plata, está considerada como una comunidad, con una permanencia de más de 20 años, con aparentes calles públicas, alumbrado eléctrico interno, dentro de un terreno privado. En este caso se trata de un tema privado, que debe ser resuelto en la vía civil donde el propietario y los ocupantes logren concordar un acuerdo, con la finalidad de que se normalice la situación jurídica y urbana. La realización del desalojo solicitada es una potestad que es exclusiva del titular del dominio del inmueble, de conformidad con el artículo 264 del Código Civil, donde se enumera cuáles son los derechos que integran a el (sic) dominio o la propiedad absoluta sobre una cosa, y entre ellos se encuentran los de defensa y exclusión, y los de restitución e indemnización, los que se desarrollan en los artículos 295 a 315 y 316 a 334 respectivamente, de tal forma que, la potestad probatoria de la titularidad, como requisito fundamental para el proceso de desalojo resulta excluyente en este caso para el AyA. No procede trasladarle la inercia y tolerancia del propietario al Instituto, pues es sabido que desde el año 2018 tanto él, como el Gobierno Local, tenían conocimiento de la situación y en ese momento debieron ejercer la defensa correspondiente en aras de evitar la invasión. A pesar de la existencia de la actividad urbana irregular en el Precario Villa Plata, que se ubica en las propiedades objeto de este recurso, el trabajo de campo realizado ha permitido concluir que la misma no ha generado afectación, en la calidad del agua del servicio de abastecimiento poblacional que brinda el Instituto en la Zona 6 y tampoco ha afectado o contaminado el acuífero”.

16.- Mediante resolución del magistrado instructor de las 14:49 horas del 28 de junio de 2022 se ampliaron las partes del recurso y se solicitó informe a la ministra de Salud. Además, se ordenó a tal autoridad que “efectúe una inspección en la zona 6 de protección y de recarga acuífera de Moín zona 6, lo que incluye las fincas propiedad de la parte tutelada, a los efectos de que se revise lo concerniente a los hechos alegados por la parte accionante. Además, deberá remitir un informe ante esta Cámara en el que se describan los hallazgos de la inspección, así como aquellos aspectos que estimen convenientes en relación con los hechos acusados en el sub lite por la parte accionante. Asimismo, en tal informe se deberá indicar: 1) si existe o no afectación al acuífero de Moín; 2) si en la zona 6 del referido acuífero se da o no la adecuada disposición de las aguas residuales; 3) si en tal zona se cumple o no lo dispuesto en los acuerdos n. os 2007-177 y 2011-112 adoptados por la Junta Directiva del ICAA; 4) si en la zona 6 del acuífero de Moín se han producido o no movimientos de tierra no autorizados y si se han construido o no edificaciones carentes de los permisos respectivos; y 5) si en el sitio en cuestión se ha producido o no la tala de árboles”.

17.- Por escrito incorporado al expediente digital el 1° de julio de 2022, Fabián Leandro Marín expone que: “aclaro a su autoridad que son falsas las manifestaciones que hace la accionada INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) al señalar: “…Tal y como reiteradamente se ha indicado, la propiedad del amparado por su propia tolerancia y negligencia se encuentra invadida por precaristas desde hace más de 25 años, mucho tiempo antes de la adopción de los acuerdos que están siendo objetados, la inacción de sus derechos al no realizar el desalojo ha permitido la permanencia de los ocupantes, y con ello la consolidación de las viviendas. …Lo anterior, es muy importante hacerlo notar dado a que los propietarios de estos terrenos indican que AyA, no ha hecho lo necesario para proteger el Acuífero de Moín; sin embargo, existe evidencia documental suficiente para demostrar que durante más de 14 años se ha denegado por parte de AyA las disponibilidades de servicios de agua potable en el Precario Villa Plata y que durante ese mismo tiempo, no consta ninguna gestión por parte de los propietarios de estos terrenos para recobrarlos; ….Llama poderosamente la atención, que el recurrente no indica a la Sala Constitucional de su inercia y tolerancia como propietario, durante todo este tiempo, considerando que desde el año 2018 y hasta el año en curso se realizan movimientos de tierra, sin que este ejerza su derecho de defensa de propiedad ante el Gobierno Local y ante la vía Judicial, los cuales permitieron que hoy en día exista ya un asentamiento consolidado. La actividad de invasión no materializa construcciones de un día para otro, requiere de movimientos de tierra, movimiento de materiales, movimiento de personas, que se dieron a vista, paciencia, tolerancia, inercia del propietario registral y del Gobierno…, pues desde el año 2005 se encuentra en trámite un EXPEDIENTE [Valor 004] – PROCESO: ORDINARIO, PARTE ACTORA: PROPIEDADES [Nombre 003], PARTE DEMANDADA: ABELYN SÁNCHEZ y otros, que se tramita en el JUZGADO AGRARIO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLÁNTICA, el cual ha sufrido un calvario judicial debido a las estrategias que se han utilizado por los precaristas, con la invasión hormiga consistente en que uno tras de otro van entrando a la propiedad, marcan terrenos, sin que se sepa quien lo marca como para demandarlo y de un día para otro ya hay una casa, en la cual en el día nunca hay nadie. Asimismo, se informa que los precaristas han sido desalojados una y otra vez de la finca y se vuelven a meter y prueba de ellos es la resolución 348-98 de las quince horas del 20 de marzo de 1998, dictada en un proceso de desalojo Administrativo. Por ello se demuestra los esfuerzos de los propietarios registrales para sacar a los precaristas de la finca. Todo ello con el agravante de que de manera ilegítima en este momento las 194 viviendas que describe el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) en su informe y que se ubican sobre la finca de mi representado, tienen acceso al agua potable, servicios de electricidad. Ello ha generado que en este momento el proceso judicial se tenga como demandados alrededor de un diez por ciento de personas, en relación con la cantidad de familias que ahí viven y además que de esas personas demandadas” muchas ya ni siquiera viven en la finca, siendo imposible poder identificar a todas las personas que habitan la zona, dado que muchas son extranjeras y con situación irregular en el país y debido a que muchos lotes no se saben quién reclama su posesión. La tesis del INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA), en el sentido de que en la zona SEIS no se imponen limitaciones al derecho de propiedad, alegando que se pueden construir viviendas. Ello no es de recibo, pues mi representados quieren recuperar la propiedad para establecer una plantación forestal de teca y evidentemente al imponer la limitación de no poder cortar árboles esa plantación forestal no podría cortarse. Con ello no pueden disponer mis representados de todos los atributos del derecho de propiedad. Nótese el artículo 31 de la Ley de Aguas Nº 276 es claro al señalar que toda la finca forma parte del área de recarga acuífera y por ello dicha norma decreta ese terreno como una zona de reserva de dominio a favor de la Nación. Igualmente el artículo 33 de la Ley Forestal establece que al estar la finca de mis representados dentro de la zona SEIS de protección absoluta de recarga del acuífero de Moín, se constituye en una zona de protección cuyos límites ya fueron determinados por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) zona de protección y de recarga acuífera de MOIN, (ZONA 6) mediante acuerdo de 2007-177, publicado en la Gaceta N° 83 del miércoles 2 de mayo del 2007, en el cual se otorgó la OFICIALIZACION DEL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y VULNERABILIDAD DEL ACUIFERO MOÍN, LIMON, Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DGAMB-2007-031. Con el cual revoca EL ACUERDO 80-121 EN CUANTO A SU ZONA DE LIMITACION Y RECOMENDACIONES DE REGULACION DE USO DEL SUELO. Por ello la finca de mis representados forma parte del zona de protección del acuífero de Moín y todas las irregularidades que se han encontrado en la finca, daños, cambio de uso de suelo, mecanización de suelo, se deben detener y ello se puede únicamente sacando a la gente de la finca, pues hay regulaciones como las de no almacenar químicos, no aplicar fungicidas al suelo y otros, que implican, necesariamente la exclusión de las personas de esa zona. Solicito se tenga en consideración el voto de la Sala Constitucional que resolvió el tema de las limitaciones impuestas al derecho de propiedad por el (ICAA), al declarar que si existe una limitación al derecho de propiedad y ordenó a ese instituto proceder con la expropiación. Ver Recurso de Amparo que se tramitó en expediente número 07-009140-0007-CO, interpuesto por M.S.D., mayor, portadora de la cédula de identidad número 0-000-000, a favor de [Nombre 004] S.A, mayor, cédula de persona jurídica número 3101227094, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. Cuyo por tanto dispuso: Por tanto: Se declara con lugar el recurso. Se le ordena H.R.A., o a quien en su lugar ejerza el cargo Gerente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados iniciar, a la mayor brevedad posible, los procedimientos de expropiación sobre las propiedades inscritas en el Registro Público, bajo folio real, matrículas 112375-000 y 112376-000 a fin de que se le indemnice a la empresa amparada lo que le corresponda por ese motivo. Se le advierte a H.R.A. o a quien en su lugar ocupe el cargo, que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese a H.R.A. o a quien ocupe el cargo de Gerente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en forma personal. COMUNÍQUESE. En el caso de mi representada el problema es más grave toda vez que en sus fincas son terceras personas las que están realizando actividades que generan un potencial riesgo de contaminación y daños al acuífero y por ello se acudió a la institución recurrida en busca de una colaboración para proceder con el desalojo administrativo rápido de los ocupantes y así evitar los daños y cambios de uso de suelo que se estaban dando. Adjunto copia de resolución de señalamiento a juicio en el expediente [Valor 004] – PROCESO: ORDINARIO, PARTE ACTORA: PROPIEDADES [Nombre 003], PARTE DEMANDADA: ABELYN SÁNCHEZ y otros, que se tramita en el JUZGADO AGRARIO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLÁNTICA, en la que se demuestra las gestiones judiciales que se han desplegado para sacar a los precaristas de la finca, y documento en el que consta el proceso de desalojo administrativo. Por ello corresponde a la Honorable sala determinar si en la denominada zona SEIS se da una limitación al derecho de propiedad que debe ser expropiado, o bien si lleva razón el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, en que en esa zona NO SE LIMITA EL DERECHO DE PROPIEDAD y por ello se pueden desarrollar proyectos habitacionales. Sin embargo, en uno u otro sentido debe la Sala conminar a las citadas instituciones para que procedan a ordenar el desalojo de precaristas de la finca, con el fin de evitar la contaminación que se está dando”.

18.- Por escrito incorporado al expediente digital el 11 de julio de 2022, informa bajo juramento Joselyn Chacón Madrigal, en su condición de ministra de Salud. Refiere que: “Expuesto lo anterior, atiendo el presente informe de ley con sustento en los oficios N° Oficio N° MS-DRRSHC-0846-2022 (adjunto) del 06 de julio de 2022, suscrito por el Dr. Alexander Salas López, Director de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Huetar Caribe y N° MS-DRRSHC-ARSL-04398-2022 (adjunto) del 07 de julio de 2022, suscrito por la Dra. Aura Baltodano Madrigal, Directora a.i. del Área Rectora de Salud de Limón, a saber: a.- Oficio N° MS-DRRSHC-0846-2022, suscrito por el Dr. Alexander Salas López, Director de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Huetar Caribe: “…les anexo el oficio MS-DRRSHC-ARSL-04398-2022, suscrito por Dra. Aura Baltodano Madrigal, Directora a.i. del Área Rectora de Salud de Limón en el cual detalla los hallazgos de la inspección efectuada el a 01 de Julio del 2022. En salvaguarda de la salud como un bien tutelado por el Estado, este servidor reafirma las recomendaciones emitidas, con relación a que se debe realizar el debido desalojo tramitándose por la vía judicial, así como solicitar a las autoridades competentes de Acueducto y Alcantarillado y a la Municipalidad de Limón la información requerida.” b.- Oficio N° MS-DRRSHC-ARSL-04398-2022, suscrito por la Dra. Aura Baltodano Madrigal, Directora a.i. del Área Rectora de Salud de Limón. “… Que en atención de lo enunciado líneas arriba se realiza la inspección el día 01 de Julio del 2022, al ser las 13:30 horas, donde se realiza el recorrido por toda la comunidad, donde se visualiza un aproximado de 154 casas de habitación construidas a base de material de cemento, Block, Madera, Baldosas y que muchos utilizando un sistema de Tanque Sépticos y tanque séptico mejorados, algunas viviendas cuentan con una mala disposición de las aguas Residuales, es importante mencionar que existen una verdulería y venta de cocos rayado dentro de las misma vivienda, con respecto al fondo del recurso se recomienda que dicho desalojo deberá ser tramitado por la vía Judicial (Tribunales de Justicia), con respecto a lo solicitado bajo el Recurso de Amparo se le informa de lo siguiente. 1. Si existe o no afectación al acuífero de Moín: Que con respecto al punto enunciado la misma se deberá solicitar al Acueducto y Alcantarillado que se realice las pruebas pertinentes para la verificación, si los mantos acuíferos zona 6 están siendo afectados ya que dicha instancia es la responsable de la vigilancia y regulación de la zona Protegida. 2. Si en la zona 6 del referido acuífero se da o no la adecuada disposición de las aguas residuales: Que con respecto al punto enunciado la misma se deberá solicitar al Acueducto y Alcantarillado que se realice las pruebas pertinentes para la verificación que si las viviendas están afectando los mantos acuíferos zona 6, por la mala disposición de las aguas Residuales. 3. Sí en tal zona se cumple o no lo dispuesto en los acuerdos N. OS 2007- 177 y 2011-112 adoptados por la Junta Directiva del ICAA: Que según lo indicado reformado el punto anterior mediante acuerdo N° 112-2011, publicado en La Gaceta N° 83 del 2 de mayo del 2011), Para el caso de DESARROLLOS DE URBANIZACIONES, LOTIFICACIONES, FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS, deberá construirse alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales de tipo ordinario. Se pueden permitir desarrollos con densidades iguales o inferiores a una unidad habitacional por cada 1000 metros. 4. Sí en la zona 6 del acuífero de Moín se han producido o no movimientos de tierra no autorizados y si se han construido o no edificaciones carentes de los permisos respectivos: Que con respecto al punto enunciado la misma se deberá solicitar a la Municipalidad de Limón Regulador que da las autorizaciones para el movimiento de tierra. 5. Sí en el sitio en cuestión se ha producido o no la tala de árboles: Que con respecto al punto anterior se deberá realizar la consulta al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) entidad reguladora de tala de árboles. (…) Por lo tanto, según lo indicado bajo en los puntos ya explicados y por lo que se recomienda que el debido desalojo se deberá tramitar por la vía judicial.” CONCLUSIÓN: De conformidad con lo expuesto, autoridades de la Dirección del Área Rectora de Salud de Limón, desplegaron las acciones necesarias para dar respuesta a la información solicitada por el aquí amparado. Cabe destacar que en la inspección realizada en la zona 6 de protección y de recarga acuífera de Moín, zona 6, dichas autoridades lograron constatar, en el lugar, un aproximado de 154 casas de habitación de las cuales utilizan un sistema de tanque séptico, y otras cuentan con una mala disposición de las aguas residuales. Como se puede observar, se atendió en el ámbito de nuestras competencias las acciones solicitas, tal y como se indica supra (…) En virtud de lo expuesto, respetuosamente solicito al Honorable Tribunal Constitucional, DECLARAR SIN LUGAR el presente Recurso de Amparo, por cuanto esta Institución, dentro del ámbito de sus competencias, atendió las acciones planteadas; por lo que reitero la solicitud de que se EXIMA DE TODA RESPONSABILIDAD A LA SUSCRITA MINISTRA DE SALUD Y SE DECLARE SIN LUGAR EL PRESENTE RECURSO DE AMPARO”.

19.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

I.- CUESTIÓN PREVIA. En el escrito incorporado al expediente digital el 1° de junio de 2022, Fabián Leandro Marín indica “Que siendo el abogado de la parte recurrente según consta en autos Solicito a su autoridad que se me incluya en el presente proceso como parte”.

Ahora bien, la Sala observa que el escrito de interposición fue planteado por [Nombre 001]-Kron a favor de Propiedades [Nombre 003]. Ergo, no se verifica que Fabián Leandro Marín figure como accionante ni como parte tutelada en el sub lite. Además, no se omite señalar que, si bien en el referido escrito figura el nombre y firma de Fabián Leandro Marín, no menos cierto es que ello se consigna en su condición de abogado autenticante.

Así las cosas, en la especie no se comprueba que Fabián Leandro Marín figure como accionante dentro del expediente bajo estudio, ni se aprecia que derive derechos subjetivos de los hechos objeto de este recurso, tampoco que posea un interés legítimo en el resultado del proceso. En consecuencia, no se acoge la solicitud formulada por Fabián Leandro Marín a fin de que se le tenga como parte de este recurso de amparo.

II.- OBJETO DEL RECURSO. La parte accionante refiere que la Junta Directiva del ICAA declaró la zona de protección y de recarga acuífera de Moín (zona 6), mediante acuerdo n.° 2007-177, en el cual se dio la oficialización del estudio hidrogeológico y vulnerabilidad del acuífero Moín y la actualización de la zona de protección DGAMB-2007031. Señala que su representada tiene dos propiedades ubicadas en la referida zona 6, a las cuales se les impuso una serie de limitaciones. Indica que, desde la creación de la mencionada zona 6, el ICAA ha incumplido sus deberes, pues en ese lugar se ha dado un cambio de uso de suelo con la construcción de casas tipo precario, sin que se haya realizado un control del uso y manejo de las aguas residuales, aguas negras, perforaciones de pozos y, además, no ha hecho cosa alguna para evitar la tala del bosque. Sostiene que, debido a lo anterior, requirió colaboración ante el ICAA con el fin de proceder con el desalojo administrativo de todas las personas que están invadiendo sus fincas, debido a los daños que generan a los recursos naturales y la contaminación al acuífero; empero, no se les proporcionó ayuda alguna. Manifiesta que se envió una gestión vía correo electrónico el 21 de febrero de 2022 a la Comisión Moín del ICAA, en la cual se solicitó información necesaria para realizar un estudio privado de contaminación al acuífero; sin embargo, no se le ha dado respuesta. Acusa que tanto el ICAA como el MINAE tienen conocimiento de la usurpación que existe en la zona 6 del acuífero de Moín, de los cambios de uso de suelo y de la contaminación; sin embargo, no han realizado actuación alguna para desalojar a las personas que de manera ilegítima usurpan el patrimonio del Estado. Solicita que se declare con lugar el recurso y se condene a las autoridades recurridas por su negligencia al proteger la zona aludida. Pide que se ordene a la parte accionada efectuar los trámites necesarios para ejecutar los desalojos correspondientes de las fincas supramencionadas. Requiere que se ordene llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para proteger al acuífero de Moín, mediante la expropiación y pago correspondiente a su representada.

III.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

a)     La parte amparada es dueña registral de las fincas inscritas en los folios reales 7-27136 y 27138, las cuales se encuentran en su totalidad dentro de la zona de protección absoluta del acuífero de Moín denominada zona 6. Tales propiedades han sido invadidas por varias personas quienes conformaron el llamado “Precario Villa Plata”. (Hecho incontrovertido).

b)    Desde el año 2005 se tramita ante el Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica un proceso ordinario en el expediente [Valor 004]-0 interpuesto por la sociedad amparada. (Ver prueba documental).

c)     En la sesión ordinaria n.° 2007-020 del 10 de abril de 2007, la Junta Directiva del ICAA adoptó el acuerdo n.° 2007-177 “OFICIALIZACIÓN DEL ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y VULNERABILIDAD DEL ACUÍFERO MOÍN, LIMÓN, Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DGAMB-2007-031”, en el que se dispuso:

“(…) PRIMERO: Se oficializa el Estudio Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero Moín, Limón, realizado por la Hidrogeologa (sic) Viviana Ramos Sánchez, para que la Dirección Región Huetar Atlántica lo aplique al momento de resolver las solicitudes presentadas por el Administrado, de conformidad con las siguientes zonas de vulnerabilidad: (…)

SEGUNDO: SE REVOCA EL ACUERDO 80-121 EN CUANTO A SU ZONA DE LIMITACION Y RECOMENDACIONES DE REGULACION DE USO DEL SUELO, de conformidad con la delimitación y ubicación realizada por los Departamentos de Topografía de la Dirección de Estudios y Proyectos, la Dirección Región Huetar Atlántica, la Dirección de Gestión Ambiental y el informe DGAmb-2007-031, se determina la ubicación topográfica de la ZONA DE PROTECCIÓN RESTRINGIDA, catalogada como Zona 6, en la resolución de toda solicitud de permiso, licencia o autorización presentada por el Administrado, de la siguiente forma: Partiendo del pto. 1 con 1arant. N=221517 y E=639446 en el cruce del camino viejo a Limón Ruta #240 (por la costa) y la entrada oeste a la Urbanización Cangrejos, se continua unos 106m al sur por la calle de la Urbanización hasta el pto. 2 con 1arant. N=221414, E=639471, se dobla al sur oeste unos 77m hasta el pto. 3 con 1arant. N=221367 y E=639410, se continúa al este unos 316m hasta el cruce con el camino a Pacuare, pto. 4 con 1arant. N=221297, E=639682, luego se continua al sur unos 1.4 km por este camino hasta el pto 5, inicio de la Urbanización del mismo nombre con 1arant. N=220474 y E=640380, continuando con rumbo sur sur oeste unos 170m hasta el pto. 6 con 1arant. N=220318 y E=640302, luego con rumbo sur este unos 38m hasta el pto 7 con 1arant. N=220297 y E=640333, luego hacia el sur sur oeste unos 82m hasta el pto. 8 con 1arant. N=220159 y E=640251. De este pto. 8 donde termina la calle de la Urbanización, se continua con el mismo rumbo sur sur oeste a campo traviesa unos 370m hasta el pto. 9 con 1arant. N=219858 y E=640034. Se continua a campo traviesa hacia el oeste unos 190m hasta encontrarse la calle que va a Cielo Amarillo en el pto. 10 con 1arant. N=219846 y E=639845, de este pto. 10 que venía paralela al lindero, ya en la calle, se continua hacia el sur unos 90m hasta el pto. 11 con 1arant. N=219764 y E=639832. De este pto. 11 se continua por la calle que va a Villa Plata unos 220m al sur oeste hasta el pto. 12 con 1arant. N=219689 y E=639630, se continua al sur unos 320m hasta la línea del ferrocarril en el pto. 13 con 1arant. N=219449 y E=639624, continúese por la línea férrea hacia el este unos 100m hasta el pto. 14 con 1arant. N=219447 y E=639723 de este pto. 14 se continua unos 460m hacia el sur por la calle que sale a la ruta nacional #32 (Saopin) hasta el pto. 15 con 1arant. N=218995 y E=639652. De este pto. 15 ya en la calle se continua unos 2.4 km hacia el oeste por la ruta # 32, hasta llegar a la primera entrada hacia Villa Vista del Mar 1 hasta el pto. 16 con 1arant. N=218883 y E=637297 y luego a la derecha con rumbo norte para ir a Villa Vista del Mar 1, unos 270m hasta llegar al cruce de caminos, a un costado de la escuela de Villa Vista de Mar 1, en el pto.17 con 1arant. N=219085 y E=637177, 106m norte luego se continua por 106m al norte hasta el pto 18 con 1arant. N=219207 y E=637179, de este pto. 18, se continua unos 260m al oeste hasta el fin de la calle y de ahí continua unos 160m siempre al oeste por el lindero norte entre predios hasta intersectar (sic) la carretera de concreto ruta #240, en el pto. 19 con 1arant. N=219325 y E=636795, luego continuando 2km hacia el noreste por la ruta #240 hasta la intersección de caminos hacia Villa Plata en el pto. 20. con 1arant. N=220976 y E=637688, de este pto. 20 se continua al norte por la ruta #240 con una distancia aproximadamente de 2.6km hasta llegar a la intersección de caminos con la Urbanización Cangrejos siendo este cruce el pto. 1 de partida con 1arant. N=221517 y E=639446. (…)

COMO RECOMENDACIONES DE REGULACION DE USO DEL SUELO DE LA ZONA 6 SE ESTEBLECEN LAS SIGUIENTES RESTRICCIONES:

1. TODA ACTIVIDAD INDUSTRIAL.

2. USO Y ALMACENAMIENTO DE PLAGUICIDAS, PESTICIDAS Y COMBUSTIBLES, O PRECURSORES DE ESTOS CON CUALQUIER FIN.

3. LA REMOCIÓN O EXTRACCIÓN DE TODO TIPO DE MATERIALES.

4. CAMBIO DE USO DE LA TIERRA.

5. TODA CORTA DE VEGETACIÓN FORESTAL.

6. TODA ACTIVIDAD AGROPECUARIA E INSTALACIONES LIGADAS A LA MISMA.

7. LA PERFORACIÓN O EXCAVACIÓN DE POZOS, GALERÍAS DE INFILTRACIÓN O CUALQUIER OTRA OBRA DE CAPTACIÓN DE AGUAS.

8. EL DESARROLLO DE URBANIZACIONES Y DE LOTIFICACIONES.

9. LAS INSTALACIONES DE BASUREROS, RELLENOS SANITARIOS O BOTADEROS DE DESPERDICIOS DE CUALQUIER ÍNDOLE.

10. ACTIVIDADES DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE AFECTEN A CRITERIO DEL AYA LA CALIDAD Y LA CANTIDAD DEL AGUA QUE SE UTILIZA PARA EL ABASTECIMIENTO A POBLACIONES.

SE ADMITIRÁ EN LA ZONA 6 LAS CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS ORIGINADAS POR EL CRECIMIENTO VEGETATIVO, SIEMPRE QUE SE ASEGURE QUE LAS AGUAS RESIDUALES NO SE DESCARGAN A DOLINAS Y SE REALIZA LA RECOLECCIÓN DE LAS BASURAS POR EL SERVICIO MUNICIPAL U OTRO MEDIO.

TERCERO: Se Establecen para las zonas 2, 5 y 7 del “Estudio Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero de Moín, Limón”, las siguientes medidas de protección del acuífero:

1. No permitir el almacenamiento de químicos;

2. No permitir la construcción de estaciones de abastecimiento de combustible;

3. No permitir la explotación de tajos;

4. No permitir la construcción de pozos, permitiendo sólo para el abastecimiento público.

CUARTO: En la zona 2 se realizarán estudios de prospección con miras a determinar la capacidad de producción y se mantiene esta zona como reserva para el abastecimiento a la población del sector de río Blanco.

QUINTO: Para las zonas 7, 8, 9, y 10 se deberá exigir a todo proyecto de desarrollo la construcción de alcantarillado sanitario y el AyA deberá iniciar los estudios necesarios a fin de construir los colectores primarios y secundarios que permitan evacuar el agua residual hacia el emisario submarino.

SEXTO: Se solicitará al poder ejecutivo que se se (sic) promulgue un decreto con miras a la protección de las fuentes de Moín; así como las limitaciones de uso del suelo que aseguren la conservación y el mejoramiento de las condiciones ambientales en las otras zonas del Acuífero de Moín; en concordancia con el “Estudio Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero de Moín, Limón” y las recomendaciones de uso del suelo.

SEPTIMO: Para la zona 6, la Dirección Regional Huetar Atlántica y la Dirección de Gestión Ambiental, harán y mantendrán un inventario exhaustivo del uso del suelo, identificando las actividades y establecimientos que almacenen sustancias de riesgo para la calidad del agua para uso humano.

OCTAVO: Se deberá promover ante los entes competentes, la realización de un análisis de riesgo de las industrias establecidas en la zona de influencia directa de las fuentes de Moin, que debe incluir una posible conflagración de varias industrias y se deberá establecer un protocolo de acción para enfrentar una posible emergencia que considere la participación de todas la (sic) industrias establecidas en la zona.

NOVENO: Para garantizar la observancia de las restricciones y dar seguimiento a la aplicación de las medidas definidas, se conformará la Comisión Regional de Control Ambiental de la Región Atlántica, a cargo de la Gerencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

DECIMO: Salvo que se demuestre que las fuentes de Moín hayan sido afectadas de manera irreversible, según la normativa, por el evento de Químicos Holanda, se deberán mantener en uso para abastecimiento a la población por razones de orden técnico, de demanda; con las siguientes condiciones: Ordenar la construcción inmediata de una planta de tratamiento, incluyendo un sistema de carbón activado o de la tecnología necesaria para asegurar la calidad por cualquier posible contaminación. Se deberá iniciar de inmediato los estudios para definir la posibilidad de utilizar la cuenca alta del río Banano con miras a sustituir la fuentes (sic) de Moín en caso de que se lleguen a contaminar por las actividades industriales que se desarrollan en la cuenca.

SE LE NOTIFICARA (sic) A LAS MUNICIPALIDADES QUE SE UBICAN EN LAS ZONAS DE ALTA, MEDIA Y BAJA VULNERABILIDAD EL PRESENTE ACUERDO PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN EL PLAN REGULADOR DE MANERA QUE “LAS RECOMENDACIONES DE REGULACIÓN DE USO DE LA PROPIEDAD Y EL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y VULNERABILIDAD DEL ACUIFERO DE MOIN – LIMON” SEAN VINCULANTES, DANDO ÉNFASIS A LA NECESIDAD DE QUE SE CONSIDERE LA ZONA 6 COMO DE PROTECCIÓN RESTRINGIDA. ASIMISMO SE NOTIFICARA (sic) AL MINISTERIO DE SALUD, AL MINAE, AL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, AL SENARA Y A LA SETENA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS COMPETENCIAS. RIGE A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN. PUBLIQUESE EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA. NOTIFIQUESE. PUBLÍQUESE” (la negrita fue agregada). (Ver prueba documental).

d)    En la sesión ordinaria n.° 2011-017 del 5 de abril de 2011, la Junta Directiva del ICAA adoptó el acuerdo n.° 2011-112 “PROYECTO DE ACUERDO PARA MODIFICAR PARCIALMENTE EL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA 2007-177, TOMADO EN LA SESION ORDINARIA 2007-020, DEL 10 DE ABRIL DEL 2007, EN SU ARTÍCULO 6, INCISO A, PUBLICADO EN LA GACETA Nº 83, DEL MIERCOLES 2 DE MAYO DEL 2007, SOBRE LA OFICIALIZACION DEL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y VULNERABILIDAD DEL ACUIFERO MOIN, LIMON, Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DGAMB-2007-031”, en el que se dispuso:

“PRIMERO: Se Modifica el Acuerdo 2007-177, en su Por Tanto Segundo, respecto a la enumeración de recomendaciones de regulación de uso del suelo de la Zona 6, con los siguientes lineamientos de restricción y en aplicación de la “Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de los Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico, emitida por la Junta Directiva de SENARA en sesión del 26 de setiembre del 2006:

• Para toda actividad el área de impermeabilización por hectárea no debe sobrepasar el 20%

• Aquellas ACTIVIDADADES INDUSTRIALES que a lo largo de las distintas etapas de construcción y operación, generen impacto ambiental negativo al acuífero, deberán presentar un Estudio de Impacto Ambiental debidamente aprobado por SETENA.

De acuerdo con el Reglamento del Ministerio de Salud, Decreto 30465 S y el Reglamento de Vertidos y Rehúso de Aguas Residuales. N. 26041-S MINAE, no se permiten las actividades industriales de alto riesgo por la posible afectación de la contaminación. Se definen estas actividades de alto riesgo como aquellas que tienen posibilidad de explosión, incendio, fuga o derrame súbito que resulte del proceso en el curso de las actividades industriales, así como en ductos y en transportes, en los que intervengan una o varias sustancias peligrosas y que suponga un peligro grave (de manifestación inmediata o retardada, reversible o irreversible) para la población, sus bienes, el ambiente y los ecosistemas.

• No autorizar actividades de almacenamiento y USO DE PLAGUICIDAS, PESTICIDAS, COMBUSTIBLES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS, O PRECURSORES DE ESTOS CON CUALQUIER FIN.

• Para la REMOCIÓN, CORTE Y RELLENO DE MATERIALES (MOVIMIENTOS DE TIERRA), deberá realizarse un estudio Hidrogeológico que compruebe que no habrá afectación al acuífero y un Plan de Gestión Ambiental debidamente aprobados por SETENA.

• NO SE AUTORIZA LA CONSTRUCCIÓN O EXCAVACIÓN DE POZOS, GALERÍAS DE INFILTRACIÓN O CUALQUIER OTRA OBRA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS.

• Para el caso de DESARROLLOS DE URBANIZACIONES, LOTIFICACIONES, FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS, deberá construirse alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales de tipo ordinario. Se pueden permitir desarrollos con densidades iguales o inferiores a una unidad habitacional por cada 1000 metros.

• Para el caso de HOTELES Y SIMILARES PARA HOSPEDAJE, se puede permitir sujeto al manejo de efluentes con planta de tratamiento cumpliendo con el Reglamento de Vertidos vigente. El número de habitaciones no debe exceder una carga equivalente a 50 personas por hectárea.

• NO INSTALAR BASUREROS, RELLENOS SANITARIOS O BOTADEROS DE DESPERDICIOS DE CUALQUIER ÍNDOLE.

• El AyA considerando los estudios presentados por el interesado y avalados por las instancias pertinentes, podrá dictaminar otro tipo de actividades de las no enumeradas en este acuerdo, que afecten la calidad y la cantidad del agua, estableciendo las recomendaciones técnicas vinculantes para la regulación de la actividad. El AYA estará facultado por la Ley 2726, para evaluar si existe afectación al acuífero y la disposición correcta de las aguas residuales de conformidad con el reglamento de vertidos vigente, además de la aprobación o denegatoria de la actividad.

• Se admitirá en la Zona 6 las construcciones de viviendas originadas por el crecimiento vegetativo, siempre que se asegure que las aguas residuales no se viertan a dolinas y se realice la recolección de las basuras por el servicio municipal u otro medio.

TERCERO: Se recomienda al Gobierno Local y a las Instituciones Competentes, proceder a realizar medidas de protección tendientes a la conservación de las zonas boscosas.

CUARTO: Se instruye a la Administración Superior, para que gestione lo procedente y solicite a la Municipalidad de Limón, la implementación de las recomendaciones emitidas en el presente acuerdo.

QUINTO: Se instruye a la Administración Superior, para que gestione a lo procedente y solicite al MINAET, para que restrinja TODA CORTA DE VEGETACIÓN FORESTAL EN LA ZONA 6.

SEXTO: Para la zona 6, la Dirección Regional Huetar Atlántica y la UEN de Ambiente, Investigación y Desarrollo, harán y mantendrán un inventario exhaustivo del uso del suelo, identificando las actividades y establecimientos que almacenen sustancias de riesgo para la calidad del agua para uso humano. Asimismo les corresponderá el análisis de las propuestas presentadas por el Administrado y la valoración de no afectación del acuífero y disposición correcta de las aguas residuales.

SÉTIMO: En todo lo demás se mantiene vigente lo dictaminado en el Acuerdo de Junta Directiva 2007-177. Notifíquese. Publíquese” (el destacado fue agregado). (Ver prueba documental).

e)     El 5 de marzo de 2018, la Dirección UEN Gestión Ambiental del ICAA dirigió el oficio UEN-GA-2018-00322 al Ministerio de Salud y al alcalde de Limón, por medio del que externó:

“(…) El AyA en aras de conservar y proteger las aguas subterráneas y captaciones que son aprovechadas para el abastecimiento público en la provincia de Limón, ha definido técnica y legalmente zonas de protección del acuífero kárstico en Moín, mediante el acuerdo de Junta Directiva 2011-112 sesión No.2011-017, donde se establecen restricciones al uso del suelo de las zonas que conforman este acuífero.

Ante esta situación y debido al interés de este Instituto (AyA) por proteger el agua subterránea usada para el abastecimiento público y en atención al Voto N°2012-006424, correspondiente al Recurso de Amparo 10-013628-0007-CO, se les solicita respetuosamente nos indiquen las consideraciones y fundamentos técnicos de parte de la Municipalidad y el Ministerio de Salud para otorgar nuevamente el permiso de funcionamiento del predio IRR al Caribe, ya que la Sala Constitucional consideró en esa oportunidad que la actividad realizada por esas empresas pone en peligro la calidad de las aguas subterráneas que sirven de abastecimiento público.

De igual manera, ¿qué medidas se implementaron para evitar todo riesgo de contaminación de las aguas subterráneas de la denominada zona 6 acuífero de Moín sus representadas? ¿fueron valoradas por la SETENA? ¿Se realizó una nueva valoración de la actividad de parte del SENARA para que la Municipalidad otorgara el nuevo permiso de funcionamiento? ¿Existe un pronunciamiento por parte del Ministerio de Salud?”. (Ver prueba documental). 

f)      El 9 de abril de 2018, el ICAA emitió el “INFORME TÉCNICO DE PROCESADO DE DATOS Servicios para el levantamiento, identificación y sistematización de información técnica como un mecanismo de integración de la información bajo el concepto de cuenca, aplicación mediante un estudio fotogramétrico y LiDAR en un sector del Acuífero de Moín, Limón”, en el que se indicó:

“8.6.- Conclusiones En este proyecto se ha puesto de manifiesto la potencialidad del empleo de sensores de última generación (concretamente, cámaras digitales fotogramétricas y sensores LiDAR) para la obtención de información de alta calidad (elevada exactitud posicional y un alto nivel de detalle) orientada al estudio de una zona marcadamente dolinizada. El empleo de este tipo de metodologías de captura de datos, apoyada en el tratamiento y posterior análisis de la información extraída permite una caracterización de los fenómenos que se producen en la misma, dicha caracterización constituye un buen punto de partida a completar con otros tipos de estudios. Todo ello en una zona con una complejidad importante, en el sentido, de ser una zona con una importante presencia de vegetación. Al respecto, se puede indicar que de las 438 dolinas detectadas en el interior de la zona 6, un total de 414 estaban completa o parcialmente cubiertas por árboles, dificultando su localización y caracterización mediante metodologías clásicas basadas en métodos topográficos de campo o incluso mediante imágenes aéreas”. (Ver prueba documental).

g)    El 13 de abril de 2018, la Unidad Cantonal de Limón del ICAA dirigió el oficio GSP-RHC-L-2018-00348 a la Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata, mediante la que explicó:

“(…) En atención a su carta presentada a esta Oficina Cantonal, en donde solicita información sobre si AyA tiene proyectado hacer uso del suelo en las fincas N° 00027138-000 y 00027136-000 de Villa Plata, me permito indicarle que dicha comunidad se encuentra dentro de la zona de recarga y protección de aguas de las nacientes de Moín-Limón, según el Acuerdo de Junta Directiva N° 2007-177 y su modificación N° 2011-112.

Por lo tanto, a la comunidad de Villa Plata le alcanza las prohibiciones descritas en los anteriores Acuerdos de Junta Directiva”. (Ver prueba documental).

h)    El 19 de abril de 2018, la Dirección UEN Gestión Ambiental del ICAA envió el oficio UEN-GA-2018-00556 a la directora del Área de Salud de Limón, por medio del cual explicó lo requerido por el instituto, de acuerdo con lo establecido en el memorial UEN-GA-2018-00332. (Ver prueba documental).

i)      Por memorial GSP-RA-2018-02131 del 25 de setiembre de 2018 (con fecha de recibido 26 de setiembre de 2018), la Región Huetar Atlántica denunció ante la Municipalidad de Limón movimientos de tierra en el sector de Villa Plata de Moín. Además, indicó:

“(…) El interés sobre este asunto nace a raíz de la ubicación de estos terrenos dentro de la denominada zona 6 de Moín, esto según el estudio hidrogeológico y de vulnerabilidad realizado para este acuífero. Para esta zona y otras del mismo acuífero, existen recomendaciones de uso establecidas en los acuerdos de Junta Directiva de AyA número 2007-0177 y 2011-0112. Este último es exclusivo para la zona 6 y dentro de las regulaciones se establece que para la remoción, corte y relleno materiales (movimientos de tierra), deberá realizarse un estudio hidrogeológico que compruebe que no habrá afectación al acuífero y un Plan de Gestión Ambiental debidamente aprobados por SETENA (…)

la finca donde se registran los movimiento (sic) de tierra se ubica en Villa Plata con coordenadas CRTM 05 Norte 1105634 y Oeste 602415 (…)

se solicita la intervención para que la actividad se detenga por completo y se investiguen los hechos descritos”. (Ver prueba documental).

j)      La Región Huetar Atlántica del ICAA dirigió el memorial GSP-RA-2018-02132 del 25 de setiembre de 2018 a la Oficina Subregional de Limón de MINAET (con sello de recibido del 26 de setiembre de 2018 por SINAC-ACLAC), en el que formuló una denuncia por movimiento de tierra en Villa Plata de Limón. Asimismo, señaló: “se solicita la intervención para que la actividad se detenga por completo y se investiguen los hechos descritos. Se indica que en otros casos similares se ha contado con el apoyo de MINAET ACLAC para levantar las pruebas necesarias, en caso que se realice una denuncia de tipo administrativa o judicial”. Tal denuncia fue remitida al Tribunal Ambiental Administrativo, quien le asignó el expediente n.° 064-19-01-TAA. (Ver prueba documental).

k)     El 2 de octubre de 2018, la UEN Gestión Ambiental del ICAA remitió el documento UEN-GA-2018-01659 a la gerencia general del Servicio Nacional de Riego y Avenamiento, por medio del cual señaló:

“En atención a los acuerdos de la reunión celebrada el día 02 de octubre de 2018 en las instalaciones del SENARA con referencia al Caso de Matama Village, se adjunta el estudio técnico denominado “Servicios para el levantamiento, identificación y sistematización de información técnica como un mecanismo de integración de la información bajo el concepto de cuenca, aplicación mediante un estudio fotogramétrico y LiDAR en un sector del Acuífero de Moín, Limón” realizado por la empresa STEREO CARTO CENTROAMERICA mediante contratación 2017FTS – 00113 – PRI del Área Funcional de Cuencas Hidrográficas de la UEN de Gestión Ambiental.

El estudio se elaboró en la Zona 6 del acuífero Moín, la cual fue oficializada mediante los acuerdos de Junta Directiva del AyA 2007 – 177 y 2011 – 112”. (Ver prueba documental).

l)      El 2 de noviembre de 2018, el ICAA denegó la solicitud de paja de agua planteada por la Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata el 9 de octubre de 2018, debido a que no se ajusta a los requerimientos al estar dentro de la denominada zona 6. (Ver prueba documental).

m)  El 14 de marzo de 2019, el ICAA remitió el oficio GSP-RA-2019-00456 al director del ACLAC MINAE, el jefe de la Subregión de Limón y el alcalde de Limón referente a “Corta Forestal y Movimientos de tierra en la Zona Boscosa de Recarga del Acuífero de Moín”. En tal documento se indicó que ese mismo día se constató el uso de maquinaria tipo retroexcavador que estaba realizando movimientos de tierra para la posible conformación de caminos dentro de la zona de protección de las fuentes de Moín denominada zona 6. Asimismo, se afirmó que se “está dando la tala de árboles dentro de la misma zona de protección”. De igual forma, se detalló la importancia de garantizar la protección de las nacientes de Moín. Además, se señaló:

“Las actividades de conformación de caminos, movimientos de tierra y tala de árboles dentro de la zona , cuya ubicación se indica en la Figura N° 4, provoca: deforestación, pérdida de recarga acuífera, contaminación con sedimentos y aguas residuales dentro de la zona de recarga e incluso descargando este tipo de desechos directamente en las dolinas, que son ventanas al acuífero; se considera que estas actividades denunciadas provocan un alto riesgo e impacto sobre la Zona de Protección del Acuífero de Moín, máxime si se considera que este sitio de posible invasión, corresponde a uno de los lugares con mayor cobertura boscosa de la Zona de Recarga Directa de las Nacientes de Moín (Pulmón de Nacientes de Moín).

Por todo lo anterior, se les solicita de forma inmediata y dentro del marco de sus competencias, que se realicen acciones necesarias para impedir de forma oportuna, que se siga talando y realizando movimientos de tierra en el sitio denunciado y se pueda proteger la cobertura boscosa de esta zona.

No se omite manifestar que se espera una acción rápida y oportuna por parte de sus dependencias, esto por las consecuencias a la salud pública y al medio ambiente, que tienen las acciones denunciadas”. (Ver prueba documental).

n)    El 31 de mayo de 2019, la Región Huetar Caribe del ICAA remitió el documento CSP-RA-2019-01013 al Concejo Municipal de Limón, por medio del cual solicitó una audiencia, a fin de que el instituto expusiera los alcances técnicos, ambientales y legales de la zona 6 de Moín. Ante tal requerimiento, la Municipalidad de Limón autorizó la audiencia para el 19 de junio de 2019. (Ver prueba documental).

o)    El 1° de julio de 2019, el ICAA emitió el escrito PRE-2019-00810, en el que indicó:

“(…) se le pone en conocimiento, que se han realizado por parte de la Comisión Moín, conformada por la UEN Gestión Ambiental, Área Legal Ambiental y la Región Huetar Atlántica,

las siguientes acciones:

1. Reunión con el personal del Ministerio de Salud local, para dar una capacitación de la importancia del Acuífero Moín, desde el punto de vista hidrogeológico, legal y operativo. (realizada el día 19 de julio 2019)

2. Audiencia en el Concejo Municipal de Limón, en relación a (sic) la (sic) implicaciones de la Zona 6 (Acuífero Moín), Limón, se le explicó al Concejo, la necesidad de que se dé una constatación previa de que no existe riesgo de contaminación de las fuentes captadas por el AyA, de toda actividad, antes del otorgamiento de permisos de ubicación y de funcionamiento. (realizada el día 19 de julio 2019)

De conformidad con lo anterior, se acordó la conformación de una comisión interinstitucional conformada por un representante del Concejo Municipal, de la Municipalidad, Área de Salud Limón y Dirección Regional AyA. Por otra parte, para iniciar con las labores de constatación, que ha ordenada la Sala Constitucional, el día 11 de julio 2019, se estará convocando a una gira en conjunto a la empresa Ticontainers, como parte de los casos existentes, y luego de la visita, se emita el informe técnico y se tomen las acciones inmediatas a corto y largo plazo procedentes”. (Ver prueba documental).

p)    El 11 de julio de 2019, el ICAA efectuó una inspección a la empresa Ticontainers. (Ver prueba documental).

q)    En febrero de 2020, el ICAA emitió un informe de “INSPECCIÓN DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL ZONA 6 – ACUÍFERO MOÍN AYA – MINISTERIO DE SALUD CASO: PLANTEL DE CONTENEDORES, TICONTAINERS S. A.”. En tal documento se consignó:

“Conclusiones

a) La propiedad inspeccionada (Plano L-843089-2003) se ubica dentro de la Zona 6 del Acuífero Moín que es de vulnerabilidad alta.

b) En la propiedad objeto de inspección se identifica un plantel de contenedores, en la cual se encuentran oficinas, taller mantenimiento y reparación, así como materiales dispersos sin orden, ni disposición correcta en la propiedad.

c) En la propiedad se identifican geológicamente depósitos coralinos aflorando en los altos topográficos. Las zonas planas en la propiedad fueron conformadas y niveladas con gravas, los cuales están subyacidas por las formaciones coralinas.

d) Se ubicaron dos dolinas dentro de la propiedad, las cuales han sido modificada y condicionada para el desfogue pluvial de la propiedad objeto de inspección.

e) Se observaron dos dolinas fuera de la propiedad, a las cuales llegan las aguas pluviales generadas por la escorrentía superficial tanto en la propiedad de inspección como del proyecto que colinda al Oeste (Empresa AI Caribe) y de la ruta 32.

f) Se ha identificado hidrocarburos, químicos (con etiquetas de sustancias peligrosas), aceites almacenados sin tratamiento, disposición final y resguardo adecuado, expuestos al agua, sol y viento, sin alguna medida de seguridad, lo cual representa un alto riesgo a la salud de los trabajadores y al recurso hídrico que abastece a la provincia de Limón.

g) Se determinó el derrame de aguas residuales crudas sobre la superficie del predio (ver fotos), los cuales son focos de contaminación para las aguas subterráneas.

h) Las aguas residuales son dispuestas usando tanques sépticos, drenajes y pozos de absorción con serias deficiencias, el uso de este tipo de sistemas que infiltran las aguas residuales, no deben ser utilizadas como medio de disposición en la zona 6.

8. Recomendaciones

Con el objetivo de protección del recurso hídrico en la Zona 6 del Acuífero Moín, se recomiendan las siguientes acciones:

a) Se recomienda el acatamiento de los alcances de los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007-177 y 2011-112.

b) Se recomienda al Ministerio de Salud que se giren las instrucciones de disposición, recolección y tratamiento de conformidad con las actividades de predio, inspección, mantenimiento y reparación de transporte de contenedores, lo anterior con lo normado en la legislación vigente, debido a que la ausencia genera una amenaza sobre las aguas subterráneas, lo que implica ser una condicionante necesaria.

c) Debido a la Vulnerabilidad Alta donde se localiza la propiedad no corresponde el almacenamiento de hidrocarburos y la utilización de químicos que pongan en riesgo el abastecimiento con agua potable a 15 mil personas del Sistema de Limón, incluyendo la zona portuaria y la nueva terminal de contenedores.

d) Señalizar, proteger y usar adecuadamente las dolinas en la propiedad de manera que las actividades que se realicen en el predio no las impacten negativamente.

e) Separar las aguas residuales ordinarias y especiales de las aguas pluviales, de tal manera que el ingreso del agua (pluviales y escorrentía) a las dolinas no representen una amenaza a la calidad del acuífero y no se vea afectada la recarga al agua subterránea.

f) Eliminar la estructura existente del pozo de absorción y todos los sistemas de tanques sépticos y drenajes en el predio.

g) Se recomienda la implementación de un sistema de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales ordinarias y especiales que no utilice como medio de disposición final la infiltración en el subsuelo ni las dolinas.

h) Se solicita al Ministerio de Salud la verificación en el predio no exista combustibles almacenados, según las recomendaciones de los acuerdos de Junta Directiva.

i) Presentar el diseño del sitio, en el cual se indique los porcentajes de impermeabilización según se establece en los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007-177 y 2011-112 (no superar el 20%), así como la infraestructura de manejo de aguas pluviales, que garantice la disposición adecuada de las mismas.

Es importante indicar, que dado que la Ley 2726 no le otorga al AyA competencias para emisión de Ordenes y ante el desacato posibilidad de resolver clausura de locales, corresponde al Área de Salud del Ministerio de Salud, la valoración de las recomendaciones presentadas en este informe, para que proceda conforme con sus competencias, según la Ley 5395.

De parte de este Instituto se les indica al Ministerio de Salud, que estamos con la anuencia en brindar acompañamiento, revisión de documentación y asesoramiento en las inspecciones de actividades que se realicen en las zonas que estén relacionados con los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007-177 y 2011-112”. (Ver prueba documental).

r)     El 5 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud le comunicó al ICAA que la empresa TICONTAINERS cumplió los aspectos solicitados en la orden sanitaria MS-DRRSHC-ARSL-0360-2020-OS, por lo que se archivó el caso. (Ver prueba documental).

s)     El 15 de junio de 2020, la presidenta ejecutiva del ICAA emitió el oficio PRE-2020-00865, en el que expresó:

“(…) A. Acciones de coordinación realizadas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en el marco de sus competencias ha realizado distintas acciones enfocadas al manejo y protección de la zona 6 del Acuífero Moín, las cuales se detallan a continuación:

Mediante publicación en la Gaceta 83 del 02 de mayo de 2011, del Acuerdo de Junta Directiva N° 2011-112 (Anexo 1), se modificó parcialmente el Acuerdo de Junta Directiva 2007-177, sobre la oficialización del Estudio hidrogeológico y vulnerabilidad del acuífero Moín, Limón, y la actualización de la zona de protección DGAMB-2007-031.

En dicho Acuerdo se establecen recomendaciones de regulación de uso del suelo de la Zona 6 a las entidades competentes en el por tanto Primero.

b. Gestiones de coordinación más recientes entre las distintas instancias competentes:

• Oficios emitidos por la Comisión Moín N° UEN – GA – 2018 – 00322 (Anexo 2) con fecha marzo de 2018, UEN – GA – 2018 – 00556 (Anexo 3) con fecha abril de 2018, UEN – GA – 2018 – 01827 (Anexo 4) con fecha octubre de 2018 y UEN – GA – 2018 – 1975 (Anexo 5) con fecha noviembre de 2018 dirigidos al Gobierno Local y al Ministerio de Salud.

• Exposición dada por la Comisión Moín el 22 de mayo de 2019 en la oficina Regional del AyA – Huetar Caribe a la Municipalidad de Limón y al Ministerio de Salud para abordar el tema de la Zona 6, Acuífero Moín en la provincia de Limón.

• Exposición dada por Comisión Moín el 19 de junio de 2019 al Concejo Municipal de Limón de las características hidrogeológicas del acuífero Moín, así como los alcances ambientales, técnicos y legales en relación con los permisos de funcionamiento, patente y ubicación en la Zona 6 del Acuífero Moín.

• Mediante oficios UEN-GA-2020-00836 (Anexo 6) y UEN-GA-2020-01399 (Anexo 7), se han estado gestionando inspecciones con el Ministerio de Salud, sin embargo, se han pospuesto debido al estado de emergencia decretado por el COVID-19.

B. Competencias del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

a. Tal y como se le ha indicado anteriormente, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados como entidad pública, debe apegarse al Principio de Legalidad, que emana de la Ley General de Administración Pública en su artículo 11 y circunscribe las competencias del AyA en su Ley Constitutiva Nº2726.

Nuevamente, se le aclara que la Institución no tiene competencia para ingresar a propiedad privada para constatar que las edificaciones cumplan con los parámetros constructivos o que utilicen correctamente el sistema de tanque séptico, realizar desalojos, levantamiento del estado físico sanitario de cada una de las construcciones y actividades comerciales, tampoco puede “dejar sin efecto un permiso de funcionamiento”, o “clausurar una actividad” y mucho menos, plantear una denuncia o recurso sin que esté fundamentado en un informe técnico.

b. Los acuerdos de Junta Directiva, son recomendaciones de orden técnico, que corresponde aplicar a las Instituciones competentes, al momento de resolver una petición, u otorgar permisos, licencias o autorizaciones. De igual forma, a partir de lo que dispone la Ley General de Administración Pública, estas instituciones tienen la posibilidad de apartarse de esas recomendaciones de forma motivada.

En razón de lo anterior, es claro que el Instituto en el marco de sus competencias e interés de proteger el Acuífero Moín, del cual se abastece un sector de la población de Limón, ha realizado una serie de acciones y creado instrumentos, que sirven de insumo tanto a la Municipalidad como al Ministerio de Salud, para que puedan emitir regulaciones en el uso del terreno, así como autorizar la realización de actividades que no afecten la calidad y cantidad del recurso hídrico, es por ello que se hacen las siguientes aclaraciones:

Es el Ministerio de Salud, en el caso de edificaciones industriales y comerciales, quien en cumplimiento de lo que establece la Ley General de Salud y sus reglamentos, otorga el permiso de funcionamiento; para esto, considera el pronunciamiento técnico que ha comunicado el AyA.

A nivel administrativo, el otorgamiento de todo permiso debe apegarse al principio de legalidad, al cumplimiento y verificación de los requisitos, para que la Administración pueda proceder a realizar la valoración y resolver de conformidad. Téngase presente que la Sala Constitucional en toda la localidad de Limón incluyendo la zona 6, en ningún momento ordenó no otorgar nuevos permisos de funcionamiento (al efecto véase los Votos Nº2008-004751 de 27/3/08 y N°2012-006424, este último correspondiente al Recurso de Amparo 10-013628-0007-CO)

2. El Área de Salud respectiva, es quien puede realizar un levantamiento del estado físico sanitario de cada una de las construcciones y actividades comerciales; de hecho, se encuentra dentro de su actividad ordinaria realizar dicha gestión de forma permanente acatando el deber de fiscalización.

3. Por su parte, es al Gobierno Local a quien le compete otorgar las patentes y emitir el permiso de construcción de toda edificación, de conformidad con el uso del suelo y la valoración técnica que diera el AyA.

De lo expuesto, lo que correspondería en principio es que su persona como interesado, dirija su inquietud a dichas instancias para que le brinden la información que resulta de su interés. Sin embargo, en aplicación de la Ley 8220 y sus reformas, se pondrá en conocimiento de esas entidades esta misma nota, para que manifiesten lo procedente según sus competencias.

4. Para que sea posible y eficaz la exigencia de responsabilidad, toda denuncia debe aportar una carga probatoria que permita demostrar la existencia del nexo de causalidad, entre la realización de una actividad o conducta y el resultado ineludible de la comisión de un daño.

En materia judicial se aplican los protocolos acordados con la Fiscalía Ambiental. A la fecha el AyA no tiene en su infraestructura de abastecimiento, indicios de contaminación que hayan hecho salir de operación la planta potabilizadora o los sistemas de abastecimiento en la Zona 6, Acuífero Moín; tampoco hay sospechas de alguna entidad, persona física o jurídica que figure en esa condición, por ocasionar algún hecho contaminante.

Por tanto, de parte de este Instituto se reitera la anuencia de continuar con la realización de acciones entre las diferentes instituciones competentes, con el objetivo de que las actividades que actualmente se desarrollan, o las que potencialmente se lleguen a autorizar, no afecten la calidad y cantidad del recurso hídrico que es aprovechado para el abastecimiento poblacional”. (Ver prueba documental).

t)      El 13 de octubre de 2021, Fabián Leandro remitió un correo a [email protected], por medio del cual expuso la situación experimentada en las fincas de la sociedad tutelada. Además, indicó: “Mi consulta es de que (sic) forma el AYA nos puede ayudar para iniciar un proceso de desalojo de todas las personas que están contaminando el acuífero (…)”. En respuesta, el día siguiente se acusó recibido de la comunicación electrónica y se requirió el envió de los planos de la propiedad en formato “shape”. (Ver prueba documental).

u)    El 15 de noviembre de 2021, la Dirección del Área Funcional de Hidrogeología de la UEN Gestión Ambiental del ICAA emitió el memorando UEN-GA-2021-02951 en atención a consulta efectuada por Fabián Leandro referente a las propiedades de Val Di S. A., en el cual se indicó:

“Por lo tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se indica lo siguiente:

a. Los lotes propiedad de [Nombre 003] aportados por el Lic. Fabian (sic) Leandro, se encuentran ubicados en la Zona 6 de Vulnerabilidad Alta, dentro de la Zona de Protección del Acuífero Moín, la cual fue definida mediante Acuerdo 2011-0112 Junta Directiva del AyA (Sesión Ordinaria Número 2011-017 del 7 de abril del 2011 y publicado en la Gaceta No.83, del 2 de mayo del 2011).

b. Se recomienda al Área Legal de la Región Huetar Caribe, realizar consulta a la Dirección Regional Huetar Caribe, con el objetivo de que se manifieste si en la propiedad se encuentra infraestructura operativa destinada a servicio de abastecimiento poblacional.

c. En cuanto a la colaboración para el proceso de desalojo de todas las personas que están contaminando el acuífero, es importante que desde el punto de vista Legal se establezcan las recomendaciones, a efectos que la UEN Gestión Ambiental apoye según corresponda”. (Ver prueba documental).

v)    El 20 de enero de 2022, la Región Huetar Caribe del ICAA emitió el memorando GSP-RHC-2022-00090, por medio del que se señaló en respuesta al oficio PRE-J-2021-04524:

“Respecto a la consulta recibida debo de indicar lo siguiente:

V-               Efectivamente la propiedad descrita se encuentra dentro de la denominada zona 6, en esta zona existe una tubería de HF 300 mm conducción de la planta potabilizadora de Moín hacia el tanque de Pueblo Nuevo, lo que no significa que esta tubería está en esa finca propiamente dicha.

2- Sobre solicitudes de desalojo, debo de indicar que no le corresponde a esta Dirección gestionar el desalojo de propiedad que son de un tercero, esto si lo hemos hecho para propiedades del AyA, también hemos puesto en conocimiento de la situación al MINAE, sin embargo, reitero no podemos hacer gestiones para que se den desalojos en una propiedad que no le pertenece al Instituto, de hecho las autoridades de policía ni siquiera reciben la denuncia si no son interpuestas por el propietario registral”. (Ver prueba documental).

w)   El 28 de enero de 2021 (sic), la Dirección UEN Gestión Ambiental del ICAA explicó, en el memorando UEN-GA-2022-00182, que:

“se adjuntan los siguientes criterios emitidos en referencia:

• Memorando UEN-GA-2021-02951, emitido por la UEN Gestión Ambiental (Anexo 1).

• Memorando GSP-RHC-2022-00090, emitido por la Dirección regional Huetar Caribe de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos (Anexo 2).

Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se dan traslado de los oficios correspondientes al caso en consulta, siendo necesario que se defina desde el punto de vista Legal las recomendaciones referentes al involucramiento y apoyo de parte de las áreas institucionales, según corresponda”. (Ver prueba documental).

x)     El 7 de febrero de 2022, un servidor del ICAA emitió el memorando PRE-J-2022-00477, en el que se detalló:

“(…) Se consideran para efectos de esta respuesta los criterios técnicos, GSP-RHC-2022-00090, de la Región Huetar Caribe y UEN-GA-2021-02951 y UEN-GA-2022-00182 de la UEN Gestión Ambiental, para indicar al efecto:

Por principio de legalidad, el AyA en cumplimiento de la Ley 2726, no tiene competencia para realizar desalojos en propiedades – folio real, que no se encuentren inscritas a su nombre, siendo ésta, facultad exclusiva del propietario registral. Lo anterior, también encuentra fundamento en el hecho de que los ingresos de AyA están respaldados, únicamente, en las tarifas que pagan los usuarios por los servicios que brinda el Instituto. En ese sentido, la ley obliga a invertir los rubros autorizados en los pliegos tarifarios respectivos, directamente en la infraestructura bajo administración del AyA, en las propiedades que se encuentran a nombre del AyA, en la prestación de los servicios a nuestros clientes en condiciones de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima. La disposición de los fondos derivados de las tarifas, por parte de AyA, en otras instituciones, igualmente obligadas a cubrir con sus tarifas, créditos u otras formas de financiamiento aceptables dentro del sector público, sus obligaciones, o realizar acciones en propiedad privada, genera no sólo la transgresión de diversa normativa como la indicada, sino todo el marco jurídico aplicable conforme al principio de legalidad que rige el actuar de la Administración Pública (En ese sentido además, aplicarían las obligaciones y prohibiciones contenidas en la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley General de Control Interno, Ley de Creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, entre otras). Igualmente, pondría al Instituto ante la disyuntiva de dejar de lado algunas de las obligaciones que requieren de dichos fondos y que fueron justificados oportunamente ante ARESEP y autorizados por ésta.

Por otra parte, de conformidad con la posibilidad de realización de un estudio en la Propiedad de consulta, de conformidad con los principios de la Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, ALCANCE NO 29 A LA GACETA NO 27, martes 9 de febrero del 2021, se encuentra el principio de servicio al costo, y de autorización los cuales están definidos por los numerales 3 y 94 de de (sic) la Ley indicada, así:

“Artículo 3.- Definiciones Para efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:

(…) b) Servicio al costo: principio que determina la forma de fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos, de manera que se contemplen únicamente los costos necesarios para prestar el servicio, que permitan una retribución competitiva y garanticen el adecuado desarrollo de la actividad, de acuerdo con lo que establece el artículo 31…”

Artículo 94.- “Autorización: Se autoriza a las instituciones y empresas públicas que brindan servicios para vender directamente a otras empresas o instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, servicios de asesoramiento, consultoría, capacitación o cualquier otra actividad afín a sus competencias”.

Es necesario tener presente que el Exp: 07-009140-0007-CO, Res. Nº 012043-2008 que se invoca, indicando que corresponde al AyA: “…c) Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas (…) la obligación del AYA de ejercer las potestades administrativas para proteger los mantos acuíferos….”, debe ser analizado bajo el contexto que se dio y que obedeció a la valoración de una propiedad en particular, en donde este Instituto debió proceder a realizar los estudios correspondientes por orden de la Sala Constitucional, para llegar a determinar la aptitud de utilización de la propiedad, dicho voto no implica ser una autorización general para que el AyA realice dicha labor en todas las propiedades que se ubican en la zona 6, sin la autorización del propietario y sin que el propietario genere las condiciones para que se pueda realizar la valoración correspondiente.

CONCLUSION

De conformidad con lo indicado en los criterios técnicos, GSP-RHC-2022-00090, UENGA-2021-02951 y UEN-GA-2022-00182 corresponde que se le comuniquen al interesado, reiterando que:

A) El AyA por principio de legalidad no puede instaurar procesos de desalojo en propiedades privadas; pues dicha potestad es exclusiva del titular del dominio del inmueble, de conformidad con el artículo 264 del Código Civil, donde se enumera cuáles son los derechos que integran a el (sic) dominio o la propiedad absoluta sobre una cosa, y entre ellos se encuentran los de defensa y exclusión, y los de restitución e indemnización, los que se desarrolla más adelante en los artículos 295 a 315 y 316 a 334, respectivamente, de tal forma que, la potestad probatoria de la titularidad, como requisito fundamental para el proceso de desalojo resulta excluyente en este caso para el AyA.

B) Si bien el artículo 2 inciso c) de la Ley Nº 2726 establece un deber para el Instituto, de controlar la contaminación de los cuerpos de agua y la Sala Constitucional mediante distintas sentencias ha hecho referencia a la protección al recurso hídrico, no puede el Instituto violentar el ordenamiento jurídico y transgredir derechos fundamentales como el de propiedad y en nombre de dicho deber arrogarse competencias que van más allá de su límite de actuación.

C) En caso de realización de estudio técnico en la propiedad de consulta, corresponde al propietario generar las condiciones y coordinación para que se brinde seguridad de los funcionarios correspondientes en el ingreso a la propiedad, asimismo dicha labor deberá programarse de conformidad con la prioridad institucional”. (Ver prueba documental).

y)     El 7 de febrero de 2022, una funcionaria del ICAA dirigió el memorando PRE-J-2022-00480 a Fabián Leandro, mediante el cual indicó “Sirva encontrar adjunto, los documentos que sirven como traslado para dar respuesta a la consulta realizada: Memorando UEN-GA-2022-00182, con sus dos anexos (GSPRHC-2022-00090, UEN-GA-2021-02951), los cuales corresponden al criterio técnico de la UEN. Así como el Memorando No.PRE-J-2022-00477 correspondiente al criterio del área legal ambiental”. (Ver prueba documental).

z)     El 21 de febrero de 2022, Fabián Leandro remitió un escrito a Jorge Madrigal García de la Comisión Moín del ICAA, en el que externó:

“(…) Sin embargo, se nos indicó que el AYA no podía intervenir y se nos indicó que, en caso de realización de un estudio técnico en la propiedad de consulta, corresponde al propietario generar las condiciones y coordinación para que se brinde seguridad de los funcionarios correspondientes en el ingreso a la propiedad, asimismo dicha labor deberá programarse de conformidad con la prioridad institucional.

Es por ello por lo que el propietario tomó la decisión de asumir el estudio correspondiente en virtud de la carga de trabajo y agenda que se manifestó el AyA les impedía realizarla.

Por lo anterior se requiere nos indiquen cuáles serían los ámbitos a considerar por parte de la empresa privada en el estudio de contaminación del acuífero, los términos de referencia que se deben consignar en el Estudio, metodología a emplear en la propiedad, con el fin de que dicho estudio sea aceptado por el AYA.

Para notificaciones futuras se ofrece Las mías las recibiré en el correo [email protected], o bien al fax 27101678”.  (Ver prueba documental).

aa)                        El 2 de marzo de 2022, la Región Huetar Caribe le remitió el oficio GSP-RHC-2022-00354 a Fabián Leandro Marín, por medio del cual se indicó que su caso fue trasladado a la UEN Ambiental Investigación y Desarrollo “que indica va a trabajar en la elaboración de los términos de referencia para la ejecución de los estudios pertinentes”. (Ver prueba documental).

bb)                        El 17 de marzo de 2022, la UEN Gestión Ambiental le envió el memorando UEN-GA-2022-00528 a la Región Huetar Caribe del ICAA, mediante el cual se consignó:

“En atención al correo electrónico emitido por la Dirección de la Región Huetar Caribe a la Dirección de la UEN Gestión Ambiental, en donde se da traslado de la nota del Lic. Fabian (sic) Leandro Marín, referente al caso del inmueble propiedad de [Nombre 003], se indica lo siguiente:

1. Mediante Acuerdo de Junta Directiva del AyA Nº 2007-177, publicado en La Gaceta Nº 83 — Miércoles 2 de mayo del 2007, se presenta por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados la Oficialización del estudio hidrogeológico y vulnerabilidad del acuífero Moín, Limón, y la actualización de la zona de protección DGAMB-2007-031.

2. Mediante Acuerdo de Junta Directiva Nº 2011-112 del AyA, publicado en la Gaceta Nº 83 — Miércoles 2 de mayo del 2011, se presenta por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el proyecto de acuerdo para modificar parcialmente el acuerdo de Junta Directiva 2007-177, en el cual se establecen lineamientos de restricción para la Zona 6.

3. Mediante oficio UEN-GA-2021-02951, emitido por la UEN Gestión Ambiental, se indica lo siguiente:

“Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental, se indica que de previo a emitir recomendaciones, es necesario verificar en campo las condiciones hidrogeológicas del inmueble, en específico la presencia y distribución de las dolinas dentro del lote, por lo que se requiere por parte del interesado, en caso de interés de realizar dicho levantamiento, se gestione con la Fuerza Pública y demás Instituciones competentes realizar el acompañamiento respectivo para el cartografiado de las estructuras.

Por lo tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se indica lo siguiente:

Los lotes propiedad de [Nombre 003] aportados por el Lic. Fabian (sic) Leandro, se encuentran ubicados en la Zona 6 de Vulnerabilidad Alta, dentro de la Zona de Protección del Acuífero Moín, la cual fue definida mediante Acuerdo 2011-0112 Junta Directiva del AyA (Sesión Ordinaria Número 2011-017 del 7 de abril del 2011 y publicado en la Gaceta No.83, del 2 de mayo del 2011)…”

Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental, se indica que el inmueble propiedad de [Nombre 003], se ubica en la Zona 6, la cual tiene Vulnerabilidad intrínseca Alta definida por el AyA, por lo que el estudio técnico que se debe realizar debe contemplar este parámetro ya definido e incorporar el levantamiento de dolinas (depresiones en el terreno), las cuales pueden variar en dimensión, forma y distribución.

Una vez conocidos los elementos (vulnerabilidad alta y ubicación de dolinas), deberá presentar un plan de manejo ambiental concordante con la actividad que se pretenda realizar que garantice la no afectación al recurso hídrico.

Una vez finalizado el estudio donde se presenten los resultados finales por parte del interesado, se deberá entregar ante la Comisión Moín coordinada por la Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo. El AyA se reserva la facultad de constatación de la información aportada, para lo cual, deberá gestionarse por el interesado la protección de los funcionarios con la Fuerza Pública y demás Instituciones competentes para realizar la visita al sitio”. (Ver prueba documental).

cc) El 25 de marzo de 2022, la Región Huetar Caribe del ICAA emitió el memorando GSP-RHC-2022-00483, en el que se detalló:

“En atención al oficio del asunto y a la información adicional solicitada vía correo electrónico, y con relación a la denuncia por movimientos de tierra en el sector de Villa Plata de Moín, Limón, se indica lo siguiente:

- El sitio para el que se presenta la denuncia, tanto a la municipalidad de Limón como al MINAE SINAC Área de Conservación La Amistad Caribe, se ubica en la finca N° 7-027136-000, cuyo propietario registral es Propiedades Val Di Sole S.A.

No obstante, se aclara que esta finca es objeto de ocupación precaria desde hace muchos años y que lo trabajos denunciados muy probablemente fueron ejecutados por algunos de los ocupantes.

- La finca se ubica dentro de la denominada zona 6 de área de recarga del acuífero de Limón para el cual existen acuerdos de Junta Directiva de AyA (2007-177 y 2011-112) que recomiendan regulaciones en el uso del territorio.

- Por su misma condición precaria, no existen servicios formales de agua potable en la finca.

- En cuanto a los movimientos de tierra, por el tiempo transcurrido, estos no persisten. Este tipo de intervenciones son normalmente de corta duración, de ahí que AyA recurra a las instituciones locales, con la autoridad suficiente para detenerlos.

- Esta denuncia no corresponde al caso ya tratado de la Escuela de Villa del Mar 1 (ver imagen 1) (…)”. (Ver prueba documental).

dd)                        El 25 de marzo de 2022, el presidente ejecutivo del ICAA remitió un escrito ante el Tribunal Ambiental Administrativo concerniente al expediente 064-19-01-TAA en el que se indicó:

“PRIMERO: Mediante informe GSP-RHC-2022-00476, se indica que originalmente este Instituto por medio de la Dirección Región Huetar Caribe presentó denuncia ante las instancias administrativas mediante oficios GSP-RA-2018-02131 y 02132 con sello de recibido por la Municipalidad y el MINAET (SINAC), gestión que fuera trasladada al Tribunal Ambiental Administrativo, sin que el SINAC realizara la valoración correspondiente. En dichas notas se evidenciaba, que los movimientos de tierra eran en Villa Plata, en el sitio que se ubica en las coordenadas CRTM 05 Norte 1105634 y Oeste 602415, específicamente 350 metros este y 200 metros norte de El Empalme de Moín.

Las anteriores coordenadas se ubican en la propiedad de [Nombre 003], con cédula jurídica 3-101-663655, fincas 7-27136, PLANO: L-0509859-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL:701010027136 y de la finca FINCA: 27138 PLANO: L-0509860-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL: 701010027138, ambas de la PROVINCIA: LIMON.

El informe GSP-RHC-2022-00483 indica respecto a la verificación de localización de las coordenadas originalmente citadas que:

“…-El sitio para el que se presenta la denuncia, tanto a la municipalidad de Limón como al MINAE SINAC Área de Conservación La Amistad Caribe, se ubica en la finca N° 7-027136-000, cuyo propietario registral es Propiedades Val Di Sole S.A.

No obstante, se aclara que esta finca es objeto de ocupación precaria desde hace muchos años y que lo trabajos denunciados muy probablemente fueron ejecutados por algunos de los ocupantes.

- La finca se ubica dentro de la denominada zona 6 de área de recarga del acuífero de Limón para el cual existen acuerdos de Junta Directiva de AyA (2007-177 y 2011-112) que recomiendan regulaciones en el uso del territorio.

- Por su misma condición precaria, no existen servicios formales de agua potable en la finca.

- En cuanto a los movimientos de tierra, por el tiempo transcurrido, estos no persisten. Este tipo de intervenciones son normalmente de corta duración, de ahí que AyA recurra a las instituciones locales, con la autoridad suficiente para detenerlos…”

SEGUNDO: Mediante oficio PRE-J-2021-04524, comunicado por correo electrónico, se da traslado y se pone en conocimiento el 13 de octubre del 2021, al Lic. Fabián Leandro, representante de los propietarios actuales del inmueble 7-027136-000, donde se realizaron los movimientos de tierra, la situación con respecto al acceso a dicha finca, la cual se encuentra invadida:

“El Presente correo tiene por objeto se me informe el resultado de la gestión realizada a esa oficina administrativa del AYA para el desalojo de las personas que están contaminando el acuífero de Moín y que están a la vez sobre la finca [Nombre 002], con cédula jurídica 3-101-663655, fincas 7-27136 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000, SEGREGACIONES: NO HAY, NATURALEZA: TERRENO DE REPASTO Y EN PARTE DE BOSQUE, SITUADA EN EL DISTRITO 1-LIMON CANTON 1-LIMON DE LA PROVINCIA DE LIMON, FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA, LINDEROS: NORTE : QUEBRADA Y JOSE JOAQUIN ROJAS QUIROS, SUR : CALLE PUBLICA CON 529,18 METROS, ESTE : QUEBRADA Y JUAN SARKIS ESTEFANO, OESTE : CON COSAS DE MADERA S A, MIDE: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN METROS CON TREINTA Y DOS DECIMETROS CUADRADOS, PLANO:L-0509859-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL:701010027136 y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: 27138 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000, SEGREGACIONES: NO HAY, NATURALEZA: TERRENO CON 4 CASAS Y OTROS, SITUADA EN EL 5 DISTRITO 1-LIMON CANTON 1-LIMON DE LA PROVINCIA DE LIMON, FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA, LINDEROS: NORTE : CALLE PUBLICA, SUR : LINEA DE FERROCARRIL Y OTRO, ESTE : CALLE PUBLICA Y OTRO, OESTE : TROCHA DEL FERROCARRIL, MIDE: CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS CON VEINTITRES DECIMETROS CUADRADOS, PLANO:L-0509860-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL: 701010027138.

Ambas fincas se ubican en un lugar llamado Villa Plata, que es un precario donde hay gran cantidad de casas y personas usurpando la finca.

Dichas fincas se ubican en un cien por ciento dentro de la zona 6 descrita en el oficio Nº 2007- 177, ASUNTO: Oficialización del estudio hidrogeológico y vulnerabilidad del acuífero Moín, Limón, y la actualización de la zona de protección DGAMB-2007-031, y en ella existen gran cantidad de casas de habitación, parceleros que están ilegítimamente poseyendo la finca y al mismo tiempo generando daños al ambiente y contaminación del acuífero.

Mi consulta es de que forma el AYA nos puede ayudar para iniciar un proceso de desalojo de todas las personas que están contaminando el acuífero…”

A partir de lo indicado, se señala que, pese a que el momento de la denuncia (2018) los movimientos de tierra fueron responsabilidad del propietario registral, los mismos no continuaron luego de los hechos denunciados. Por lo cual, no puede identificarse al día de hoy, de forma fehaciente, cuál fue la consecuencia de los mismos ó (sic) dimensionar el daño causado al momento de su realización. Este Instituto debido a la situación actual de invasión al inmueble, el cual es a la fecha un asentamiento consolidado en la propiedad de [Nombre 003], con cédula jurídica 3-101-663655, fincas 7-27136, PLANO:L-0509859-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL:701010027136 y de la finca FINCA: 27138 PLANO:L-0509860-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL: 701010027138 , ambas de la PROVINCIA: LIMON, no puede a la fecha, facilitar la individualización de la persona que provocó el daño ambiental, para lo que corresponde a ese Tribunal Ambiental en la búsqueda de la verdad real de los hechos, así como para lo que corresponda al derecho de defensa de los presuntos causantes del daño al ambiente y a la salud de las personas por acción u omisión”. (Ver prueba documental).

ee) El 8 de abril de 2022, la Unidad Cantonal de Limón del ICAA emitió el documento GSP-RHC-L-2022-00494 dirigido a la Asociación de Desarrollo Integral Villa Plata, en el que se consignó:

“Como adenda y aclaración al oficio GSP-RHC-L-2022-00488 del 07 de abril del 2022, quiero referirme muy atentamente a lo siguiente:

1. Si bien es cierto, las declaraciones juradas son para terrenos sin escribir, Villa Plata posee una finca generada (tiene dueño registral), razón por lo cual esta gestión no es procedente para el caso en cuestión. Se aclara a su vez que no aplica para el caso de Villa Plata, los planos de agrimensura y declaraciones juradas, debido a que el asentamiento posee un dueño registral.

2. Villa Plata es un asentamiento no autorizado por el dueño registral de la Finca, razón por lo cual, sus habitantes no cuentan con la titularidad de los bienes inmuebles. Por esta razón, AyA no puede entrar a valorar la factibilidad de prestar su servicio en Villa Plata. Considerando lo anterior, no es posible realizar una inspección de campo de acuerdo con los solicitado en su documento recibido en esta Oficina el pasado 25-03-2022, ya que el asentamiento es de índole privado.

3. Villa Plata está ubicada en una zona estratégica dentro de las áreas de recarga del acuífero de Moín, en especial lo atinente a la denominada “Zona 6”, con recomendaciones establecidas y reguladas por los Acuerdos de Junta Directiva N° AN-2007-177 y N° 2011-112. Se adjuntan los acuerdos mencionados.

4. La solicitud de servicios para Villa Plata no tan sólo trata sobre el suministro de agua potable, sino de una regularización completa, cumpliendo para todos los demás servicios, dentro de los cuales la solución de aguas residuales, tamaño de terreno y área impermeabilizada, resultan de importancia por lo ya expuesto y por lo indicado en los ya mencionados Acuerdos de Junta Directiva de AyA, mismos que son vinculantes según lo indicado por la Sala Constitucional. Esto quiere decir que, aun resolviéndose el tema de titularidad de los terrenos de Villa Plata, debe de considerarse las recomendaciones de los Acuerdos de Junta Directiva, tratamiento y solución de las aguas residuales, capacidad hidráulica e hídrica, entre otros.

Siendo este un asentamiento en condición precaria no es posible entrar a analizar o sugerir al respecto de la solicitud planteada, hasta que sea resuelto la tenencia de suelos, y se ajuste el requerimiento a los mencionados Acuerdos de Junta Directiva (…)”. (Ver prueba documental).

ff)    El 5 de mayo de 2022, el ministro de MINAE y el presidente ejecutivo del ICAA fueron notificados de la resolución de curso de este recurso. (Ver actas de notificación).

gg)                        El 9 de mayo de 2022, el ICAA efectuó el informe técnico PRE-J-2022-01740 referente al “Precario Villa Plata Fincas 00027138-000 y 00027136-000”, en el que se indicó:

“A) Denuncias Presentadas:

En la Tabla N° 1, se muestran las Denuncias presentadas por movimientos de Tierras, tala de árboles dentro de la Zona 6 de Moín o instalación de actividades no compatibles con las Recomendaciones de Regulación, establecidas en el Acuerdo de Junta Directiva de AyA 2011-112. Para ser concisos sobre el tema solicitado, solo se adjuntará la evidencia de los casos referente al Precario Villa Plata, los cuales serán presentados como anexos de este documento y son los marcados en color amarillo (…)

Detallando las denuncias que tienen que ver con el Precario de Villa Plata:

Denuncia N° 7 y N° 8: En setiembre del 2018 se presentó por parte del Ingeniero Jose Matarrita del AyA Región Huetar Caribe estas denuncias mediante los Oficios GSP-RA-2018-02131 y GSP-RA-2018-02132 (Adjuntos), las cuales fueron notificadas tanto a las autoridades del MINAE, como a la Municipalidad de Limón, sobre movimientos de tierra ilegales en el Precario Villa Plata y dentro de la propiedad Folio Real N° 27136-000. A la fecha se tramita la misma, a través del Tribunal Ambiental Administrativo Expediente N° 064-19-01-TAA.

Denuncia N° 9: En marzo del 2019, se presentó por parte del Ingeniero Alejandro Rodríguez Vindas del AyA Región Huetar Caribe, Oficio GSP-RA-2019-00456 donde denuncia Corta Forestal y Movimiento de Tierra en la Zona Boscosa del Acuífero de Moín, la cual fue notificada tanto a las autoridades del MINAE, como a la Municipalidad de Limón, sobre movimientos de tierra ilegales y corta de vegetación Forestal.

Tal y como se muestre en la Figura N° 1, parte de estos movimientos de tierra y corta de vegetación forestal, se dieron en el costado Sur este de la Finca Folio Real N° 27136-000 (…)

De estas denuncias, se evidencia que el AyA ha aplicado los mecanismos que el marco jurídico le permite, para denunciar la corta de vegetación y movimientos de tierra en la propiedad Folio Real N° 27136-000, situación que no ha sido atendida por las autoridades competentes ni por el propio dueño de la propiedad, el cual nunca ha sido posible contactar al momento que se hace este tipo de denuncias.

B) Desarrollo de Nuevos Proyectos:

En la Tabla N° 2, se muestran las principales solicitudes de Nuevos Proyectos en la Zona 6 del Acuífero Moín. Para demostrar que es factible la realización de los Proyectos en Zona 6 del Acuífero Moín, se enmarcan de color verde los Proyectos que han obtenido el visto bueno y disponibilidades de agua requeridas para construir estos; tal y como se desprende de los resultados obtenidos, de 10 Proyectos propuestos el 50 % fueron aprobados por AyA para iniciar los trámites constructivos correspondientes, mediante la emisión de cartas de disponibilidad de agua (…)

(…) las Recomendaciones de Regulación establecidas por AyA en el Acuerdo de Junta Directiva N° 2011-112, no vacían el derecho del propietario de realizar actividades y Proyectos de diversa índole, tal y como se ha demostrado. De hecho, la ejecución de proyectos sobre la Zona 6 del Acuífero de Moín, requiere que el Proyecto planteado sea ambientalmente amigable; haciendo consideraciones que permitan maximizar la recarga del acuífero y minimizar el impacto de las aguas residuales generadas mediante sistemas de tratamiento, que permiten proteger y resguardar la calidad del recurso hídrico.

En adición a este planteamiento, se tiene que en el período de los años 2020 y 2021; tal y como se muestra en la Tabla N° 3, se tienen 80 solicitudes de disponibilidad de agua potable para vivienda unifamiliar, de las cuales el 54 % o 43 solicitudes de disponibilidad de agua, fueron aprobadas por la Oficina Cantonal de Limón, dentro de la Zona 6 del Acuífero Moín, lo que refuerza el hecho de que es factible desarrollar las propiedades dentro de esta zona (…)

C) Instalaciones existentes:

En la Tabla N° 4, se muestran los principales criterios dados por el AyA Región Huetar Caribe, respecto a las Instalaciones existentes y como (sic) lograr que estas instalaciones, logren cumplir con las Recomendaciones de Regulación dadas por AyA dependiendo en el sector donde se ubican y según criterios de los Acuerdos de Junta Directiva N° 2007-177 o N° 2011-112. Para ser concisos sobre el tema solicitado, solo se adjuntará la evidencia de los casos referente al Precario Villa Plata, los cuales serán presentados como anexos de este documento y son los marcados en color amarillo (…)

En el caso del Precario Villa Plata, se han externado a través del tiempo múltiples criterios emitidos por la Oficina Cantonal de Limón, en el caso de la Tabla N° 4, se indican 3 de ellos, en los cuales ha sido reiterado el criterio de que no es posible otorgar servicio de agua, ni disponibilidades de agua, ni la posibilidad de colocar pajas públicas dentro del precario. Adicionalmente, en todas las notas se le indica la ubicación de este Precario dentro de la Zona de recarga y de protección de aguas de las nacientes de Moín, donde se debe dar el cumplimiento de los Acuerdos de Junta Directiva N° 2007-177 y N° 2011-112 (…)

(…) el Precario Villa Plata tiene muchos años de haberse establecido, de hecho, el sello de la Asociación de Desarrollo impreso en la solicitud indica el año 2010, esto puede ser corroborado con la Figura N° 9, donde al hacer un extracto de una imagen de Google Earth con fecha febrero del 2010, ya se tiene dentro de las propiedades 00027138-000 y 00027136-000 gran cantidad de caminos internos, viviendas, áreas sin bosque; etc. (…)

Lo anterior es muy importante hacerlo notar dado a que los propietarios de estos terrenos indican que AyA, no ha hecho lo necesario para proteger el Acuífero de Moín; sin embargo existe evidencia documental suficiente para demostrar que durante más de 14 años se ha denegado por parte de AyA las disponibilidades de servicios de agua potable en el Precario Villa Plata y que durante ese mismo tiempo, no consta ninguna gestión por parte de los propietarios de estos terrenos para recobrarlos; sin embargo independientemente de este hecho, AyA ha realizado las denuncias y las actuaciones que la ley le permite dentro de lo que en el informe se ha denominado “instalaciones existentes” en la Zona 6, para que se cumpla el Acuerdo de Junta Directiva N° 2011-112 (…)

Finamente, el AyA en el caso de la Zona 6 del Acuífero Moín ha realizado diferentes Proyectos o acciones y planea hacer otras actividades que permiten mejorar la Protección del Recurso Hídrico de las Nacientes de Moín, entre ellos están:

V)               Creación de la Comisión del Acuífero Moín:

En el mes de julio del 2010; AyA creó una Comisión Multidisciplinaria para resolver los casos pendientes, a esa fecha sobre el Acuífero de Moín, denominada como “ Comisión de Acuífero Moín”. En esta instancia, se tiene representación de la Unidad Ambiental, Departamento Legal, la Subgerencia General del AyA y funcionarios de la Región Huetar Caribe. Actualmente esta Comisión emite de manera colegiada los criterios técnicos en proyectos o casos que así lo ameriten en las Zonas establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva N° 2007-177 y N° 2011-112.

B) Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Potable:

Dentro del décimo punto del Acuerdo Nº 2007- 177 se indicó:

“ Salvo que se demuestre que las fuentes de Moín hayan sido afectadas de manera irreversible, según la normativa, por el evento de Químicos Holanda, se deberán mantener en uso para abastecimiento a la población por razones de orden técnico, de demanda; con las siguientes condiciones: Ordenar la construcción inmediata de una planta de tratamiento, incluyendo un sistema de carbón activado o de la tecnología necesaria para asegurar la calidad por cualquier posible contaminación. Se deberá iniciar de inmediato los estudios para definir la posibilidad de utilizar la cuenca alta del río Banano con miras a sustituir la fuentes (sic) de Moín en caso de que se lleguen a contaminar por las actividades industriales que se desarrollan en la cuenca”

En acatamiento a ese acuerdo y tal y como se observa en la Figura N° 10, está operando desde el mes de marzo del 2012, la Planta de Tratamiento de Moín, cuyo costo fue del orden de ¢ 400,000.000,00 (Cuatrocientos millones de colones).

Esta planta permite tratar las aguas de la Naciente, mediante la remoción de turbiedad y carga orgánica que tienen las aguas de las Nacientes de Moín y de esta manera garantizar la potabilidad del agua que se brinda a la población. Es importante indicar que esta planta, no está capacitada para tratar sustancias peligrosas, químicos, combustibles, etc (…)

C) Comunicación al más alto Nivel:

Tal y como consta en el documento PRE-1426-2012 en el mes noviembre del 2012, la Presidenta Ejecutiva de AyA la Ing. Yesenia Calderón Solano; notifica al Sr Alcalde de la Municipalidad de Limón Lic. Nestor Mattis Williams, sobre la aplicación de los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007-177 y N° 2011-112, dentro del Plan Regulador de Limón, finalmente se indica: (…)

De igual forma mediante Oficio PRE-1426-2012 en el mes noviembre del 2012 (adjunto), la Presidenta Ejecutiva de AyA la Ing. Yesenia Calderón Solano; notifica al Ing. Uriel Juárez Baltodano de la Secretaria Técnica Ambiental, donde lo notifica sobre la aplicación de los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007-177 y N° 2011-112.

D) Proyecto Lidar: Mediante la contratación N° 2017FTS-00113-PRI por un monto de 20 millones de colones, se contrató por parte del Departamento de Cuencas hidrográficas del AyA, los Servicios para el levantamiento, identificación y sistematización de información técnica como un mecanismo de integración de la información bajo el concepto de cuenca, aplicación mediante un estudio fotogramétrico y Lidar sobre la Zona 6 del Acuífero de Moín.

Entre los resultados obtenidos y tal y como se muestra en la Figura N° 11, se logró identificar las dolinas, sumideros y depresiones topográficas dentro de la zona, lo que permite identificar la densidad de estos elementos dentro de las propiedades donde se solicita la realización de Proyectos nuevos en la zona 6 del Acuífero Moín, una vez identificadas estas estructuras; la Unidad Ambiental del AyA realiza el levantamiento en el sitio y emite el criterio correspondiente sobre los mismos. Esta información permite valorar la conceptualización de los proyectos sobre la Zona 6 antes detallada para emitir las disponibilidades de agua de estos y para corroborar la información que emiten los desarrolladores. (…)

E) Proyecto de Construcción del Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Moín:

Como parte de las gestiones realizadas por el AyA para la Protección del Acuífero de Moín, se tiene dentro del Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de Calidad Eficiencia del Servicio BCIE 2188, el Proyecto BPIP 1984 denominado “ Construcción de Alcantarillado Sanitario de Moín, el cual pretende realizar la construcción del alcantarillado sanitario en el área mostrada en la Figura N° 12 y la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales mostrada en la Figura N° 13, todo dentro de los sectores con mayor densidad de población dentro de la Zona 6 del Acuífero de Moín (…)

CONCLUSIONES:

1) El AyA por más de 19 años ha realizado las denuncias necesarias ante la Municipalidad de Limón y el Ministerio de Ambiente y Energía para que se paralicen los movimientos de tierra, cortas de vegetación forestal en el momento en que se detecta una afectación a las zonas de Recarga del Acuífero de Moín. Además, denuncia la realización de actividades existentes que no son compatibles con las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007- 177 y N° 2011-112.

2) El AyA por más de 19 años ha revisado que la conceptualización de los Nuevos Proyectos en las Zonas de Recarga del Acuífero de Moín, cumplan con las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007- 177 y N° 2011-112, permitiendo a la fecha la realización del 50 % de los Proyectos presentados, con resultados exitosos, como lo es el ejemplo mostrado donde los Apartamentos de Matama Village tienen 6 años de estar en operación, sin generar ningún riesgo de contaminación al Acuífero de Moín.

3) En los años 2020 y 2021 se han aprobado el 54 % de las disponibilidades de agua para construcción de vivienda unifamiliar en la Zona 6 del Acuífero de Moín.

4) Considerando lo indicado en las conclusiones 2 y 3, no cabe duda que es factible el desarrollo de diferentes tipos de Proyectos en la Zona 6 del Acuífero de Moín, con lo que estas regulaciones, no vacían el derecho del propietario de realizar actividades y Proyectos de diversa índole, tal y como se ha demostrado.

5) Con respecto a las actividades existentes, queda demostrado que el AyA por 19 años ha emitido los criterios necesarios para poder lograr que las actividades actuales cumplan con las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007, 177 y N° 2011-112.

6) En el caso particular del Precario Villa Plata, a la fecha no se ha suministrado ninguna disponibilidad de servicio de agua, ni paja pública para este desarrollo, donde recurrentemente, se pone de conocimiento de la Asociación Integral de Desarrollo de Villa Plata, las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007- 177 y N° 2011-112 y la imposibilidad de brindar los servicios, de igual manera se han interpuesto las denuncias respectivas dentro del propio Precario. Todo lo anterior en resguardo de la titularidad de ambas propiedades.

7) Las autoridades de más alto nivel del AyA, han solicitados el cumplimiento del Voto N° 2008-004751 de la Sala Constitucional, para que la Municipalidad de Limón modifique el Plan Regulador para que se incorporen las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007- 177 y N° 2011-112.

8) No consta en nuestro archivos y expedientes ninguna gestión realizada por el propietario de las Fincas N° 00027138-000 y 00027136-000, para lograr frenar la ocupación por más 14 años del Precario Villa Plata y no ha existido ninguna comunicación previa del propietario con las Región Huetar Caribe, que hubiese permitido coordinar las denuncias que se han presentado o para mantenerle informado sobre resultado de las gestiones de solicitud de agua potable que realiza la Asociación Integral del Precario Villa Plata en sus terrenos.

9) El Instituto ha realizado proyectos importantes en la Protección del Acuífero Moín, como lo son la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Moín, el Desarrollo del Proyecto Lidar ya explicado y a futuro la realización del alcantarillado sanitario de Moín y su Planta de Tratamiento de aguas residuales , donde el Sector de Villa Plata ( Sector 3) está incluido como parte del caudal de tratamiento, ya que se desconoce a futuro que va a pasar con el Precario de Villa Plata, precisamente por la inacción por varios años de sus propietarios.

10) Con todo lo anterior se demuestra que lo apuntado por el recurrente respecto a la inacción Institucional carece de sustento técnico y documental, tal y como queda demostrado en este informe”. (Ver prueba documental).

hh)                        El 9 de mayo de 2022, la UEN Gestión Ambiental del ICAA suscribió el memorando UEN-GA-2022-00850, en el que se indicó:

“(…) II. Acciones de Coordinación Interinstitucional

El AyA como institución rectora en el abastecimiento poblacional, ha realizado investigaciones con el objetivo de generar el sustento técnico que permita la protección del recurso hídrico en el Acuífero Moín, del cual se abastece parte de la población de Limón.

Debido a lo anterior, por parte del AyA se han realizado acciones con diferentes instituciones competentes para socializar la información técnica que se ha generado y asesorarlas desde el punto de vista hidrogeológico, legal y operativo, de manera que la información brindada sea una herramienta en las valoraciones técnicas que realizan las instancias.

A continuación, se presenta un resumen de las gestiones efectuadas entre el año 2018, 2019 y 2020:

1. Mediante oficio UEN-GA-2018-00322 (Anexo 3), la UEN Gestión Ambiental, realiza consulta a la Dirección del Ministerio de Salud sobre el permiso de funcionamiento de un proyecto ubicado en la Zona 6 del Acuífero Moín, Limón.

2. Mediante oficio DR-HC-0488-2018 (Anexo 4), la Dirección Regional del Ministerio de Salud en Limón, atiende el oficio UEN-GA-2018-00322, en el cual informa que estará dando respuesta a lo solicitado a la brevedad a través de la Dra. Giselle Lucas Bolívar, directora del Área Rectora de Salud de Limón. 

3. Mediante oficio UEN-GA-2018-00556 (Anexo 5), la UEN Gestión Ambiental, solicita al Área Rectora de Salud, información técnica referente a permisos de funcionamiento para el proyecto IRR ALCARIBE, ubicado en la Zona 6, Moín.

4. Mediante reunión celebrada el 02 de octubre de 2018 (Anexo 6), entre el SENARA y el AYA, se expone la información técnica relacionada al Proyecto Matama Village, en donde se acuerda compartir la información referente a la Zona 6, con la que cuenta el AyA.

5. Mediante oficio UEN-GA-2018-01659 (Anexo 7), con fecha 02 de octubre de 2018, la UEN Gestión Ambiental hace entrega al SENARA del estudio técnico denominado: “Servicios de levantamiento, identificación y sistematización de información técnica como un mecanismo de integración de la información bajo el concepto de cuenca, aplicación mediante un estudio fotogramétrico y LiDAR en un sector del Acuífero Moín, Limón”

6. Mediante oficio UEN-GA-2018-01975 (Anexo 8) con fecha 21 de noviembre de 2018, la Comisión Moín, solicita al alcalde Municipal información sobre el expediente administrativo de la Empresa Ticontainers.

7. Mediante oficio PRE-2019-00516 (Anexo 9), la Presidencia Ejecutiva del AyA, solicita al Alcalde Municipal y al Concejo Municipal de Limón, así como al Director Regional del Ministerio de Salud y al Área Rectora de Salud de Limón,una reunión para atender un caso de un proyecto en la Zona 6, en la cual indica:

“Ante esto se les solicita muy amablemente ser parte de la reunión con los técnicos del AyA (UEN Gestion (sic) Ambiental, Dirección de Urbanizaciones, Dirección Jurídica, Dirección Regional), el día 22 de mayo de 2019 (fecha definida con suficiente antelación para la coordinación de agendas respectivas), a las 08:30 am en las oficinas de la Dirección Regional del AyA ubicada en Barrio Roosevelt, Limón, y posteriormente si se considera oportuno una visita de campo.”

8. Mediante Acuerdo SM-248-2019 (Anexo 10), con fecha 07 de mayo de 2019, el Concejo Municipal de Limón, en referencia al oficio PRE-2019-00516 del AyA, indica:

“SE ACUERDA: Confirmar la participación de las siguientes personas: Alma Maxwell Daley, Eladio Arce Coto, Johnny Smith Bennett – Regidores Propietarios; Ana Yan Leung – Regidora Suplente; Larry Wein Calvin – Síndico Propietario y Johana Watson Martínez – Síndica Suplente; con el fin que asistan el día 22 de mayo del 2019”

9. Mediante reunión del 22 de mayo de 2019 (Anexo 11), celebrada en Dirección Regional del AyA en Limón, participaron los siguientes funcionarios: (…)

En donde se acuerda: 1.Crear una Comisión Interinstitucional Moín, conformada por al menos un representante de cada una de las instituciones, AyA, MinSa, Municipalidad. La cual analizará en conjunto la constatación de no afectación de contaminación de las fuentes captadas por el AyA, en los permisos de funcionamiento ubicados en la Zona 6 Moín…

…6. Girar invitación a la Dirección de Aguas del MINAE para que participe de la Comisión Interinstitucional…

…Para el caso de la Empresa Ticontainers, se acuerda la realización de una inspección conjunta, el día 04 de julio de 2019, luego de dicha inspección se emitirán recomendaciones técnicas…”

10. Mediante oficio GSP-RA-2019-01013 (Anexo 12), emitido por la Dirección Regional del AYA, se solicita al Concejo Municipal de Limón audiencia para exponer por parte de la Comisión Moín del AyA, los alcances ambientales, técnicos y legales, de la Zona 6 Moín, como Zona de Interés Estratégico de Captación, los Acuerdos de Junta Directiva 2007-117 y 2011-017 del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

11. Mediante Acuerdo SM-331-2019 (Anexo 13), con fecha 11 de junio de 2019, el Concejo Municipal de Limón, en referencia a la solicitud de audiencia emitida por el AyA, indica:

“SE ACUERDA: Se le autoriza la Audiencia para el día miércoles 19 de junio de 2019, al ser las 17:00 horas; en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Limón.”

12. Mediante correo emitido por la Dirección de la UEN Gestión Ambiental con fecha 12 de junio de 2019 (Anexo 14), dirigido a los representantes de la Comisión Interinstitucional conformada en la reunión del 22 de mayo de 2019, se coordina

la participación en la sesión del Concejo Municipal de Limón el 19 de junio de 2019 a las 05:00 pm.

13. Mediante correo emitido por la Dirección del Área Rectora de Salud (Anexo 15), con fecha 17 de junio de 2019, se coordina una presentación por parte del AyA, al personal técnico del Ministerio de Salud sobre las investigaciones realizadas en la Zona 6, y de aspectos legales y operativos.

14. Mediante reunión celebrada el 19 de junio de 2019 (Anexo 16) en la Dirección Regional del AyA en Limón, por parte del AyA se expone a los funcionarios del Ministerio de Salud los Acuerdos de Junta Directiva del AyA.

15. Mediante Sesión Municipal del 19 de junio de 2019, se expone por parte del AyA al Concejo Municipal los Acuerdos de Junta Directiva del AyA.

16. Mediante Acta Extraordinaria N°33 del miércoles 19 de junio de 2019 (Anexo 17), se presentan los acuerdos de la sesión municipal, en la cual el AyA presentó aspectos técnicos referentes a la Zona 6 del Acuífero Moín, entre los que se indica:

“MOCIÓN: Nombrar a las siguientes personas para que formen parte de la Comisión Interinstitucional del AyA; a la Lic. Ana Cecilia Yan Leung-Regidora Suplente, Ing. Antonio Babb Reid-Dirección de Ingeniería Municipal y el Ing. Erwing Amador Ulloa-Unidad de Censo y Catastro Municipal.”

17. Mediante correo del 25 de junio de 2019 (Anexo 18), la UEN Gestión Ambiental, le remite a la Dirección de Agua la presentación técnica realizada el 19 de junio de 2019 en el Concejo Municipal de Limón y los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007-177 y N° 2011-112.

18. Mediante inspección realizada el 11 de julio de 2019 (Anexo 19), se realiza visita de campo por parte de funcionarios del AyA y Ministerio de Salud al proyecto Ticontainers.

19. Mediante oficio UEN-GA-2020-00494 (Anexo 20), emitido por la UEN Gestión Ambiental, se remite al Área Rectora de Salud en Limón, el informe de inspección de la visita de campo realizada en Ticontainers y coordina para futuras reuniones, en donde indica:

“Asimismo, se le solicita su anuencia para continuar con el acompañamiento de las inspecciones en proyectos ubicados en la Zona 6, siendo de interés particular de la Comisión Moín realizar una reunión para elaborar un cronograma del año 2020, ante esto le proponemos el jueves 26 de marzo, a las 1:00 pm en sus instalaciones o en las instalaciones de la Región Huetar Caribe del AyA, quedamos atentos a su disponibilidad, mediante correo o nota en atención a esta propuesta de fecha, con los siguiente contactos:

• M.Sc. Viviana Ramos Sánchez, Directora UEN de Gestión Ambiental Correo: [email protected]

• Geól. Christian Delgado Segura, Director Área Funcional de Hidrogeología Correo: [email protected]”

20. Mediante oficio MS-DRRSHC-ARSL-01437-2020 (Anexo 21), la Dirección del Área Rectora de Salud de Limón, remite a la Dirección de la UEN Gestión Ambiental, el informe técnico MS-DRRSHC-IT-01030-2020, referente al caso Ticontainers.

21. Mediante oficio UEN-GA-2020-00836 (Anexo 22), la UEN Gestión Ambiental comunica a la Dirección del Área Rectora de Salud, la cancelación de reunión por pandemia y reprogramación de la misma, en donde se indica:

“En atención al oficio UEN-GA-2020-00494, donde se solicita una reunión sobre el Proyecto Ticontainers, a realizarse el día 26 de marzo del 2020, muy amablemente y en referencia a la situación del país, ante la presencia del Covid-19, se procederá a reprogramar la reunión para el día 23 de abril del 2020, a la 1:00 pm, en sus instalaciones o en las instalaciones de la Región Huetar Caribe del AyA, quedamos atentos a su disponibilidad, mediante correo o nota en atención a esta propuesta de fecha…”

22. Mediante oficio UEN-GA-2020-01399 (Anexo 23), la UEN Gestión Ambiental, le comunica a la Dirección del Área Rectora de Salud lo siguiente:

“De la manera más atenta, y según documento UEN-GA-2020-00836, de fecha 18 de Marzo del 2020, donde se indica la fecha 23 de abril del 2020, como fecha tentativa, para realizar reunión de seguimiento sobre el Proyecto Ticontainers y otras empresas, y debido a la emergencia Covid-19, la misma se tendrá que reprogramar hasta nuevo aviso, ya que es sumamente importante la reunión presencial y ese mismo día realizar la gira de campo.”

23. Mediante oficios UEN-GA-2018-01766 (Anexo 24), PRE-2019-00009 (Anexo 25), PRE-2019-00810 (Anexo 26), PRE-2020-00865 (Anexo 27), emitidos por el AyA, se ha informado a grupos organizados como es el caso de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, sobre acciones de coordinación y abordaje con las instituciones y el Gobierno Local, en relación a (sic) proyectos en la Zona 6 del Acuífero Moín.

Es importante señalar, que el AyA desde la publicación del Acuerdo de Junta Directiva 2007, ha realizado acciones de coordinación con las diferentes instituciones públicas, sin embargo, para atender el recurso de amparo, se presenta un resumen de las acciones ejecutadas durante los años 2018, 2019 y 2020.

Adicionalmente, por un tema de salud pública, en el marco de pandemia por el COVID, el Ministerio de Salud ha tenido una carga de trabajo importante y liderazgo en la atención de la misma, razón por la que el AyA no ha continuado con las reuniones e inspecciones presenciales, debido a que requiere el acompañamiento del Ministerio, quien es la entidad competente para ingresar a las propiedades para realizar las inspecciones de las actividades que no impacten el recurso hídrico, que es utilizado para abastecimiento poblacional. Sin embargo, el AyA ante una solicitud de inspección de un proyecto de urgencia y contando con el aval del propietario y las medidas de seguridad correspondiente, esta con la entera disposición de realizar la misma en caso de ser necesario.

III. Casos de aplicación de acuerdo de Junta Directiva en proyectos de desarrollo.

De conformidad con el interés institucional por conservar la cantidad y calidad del agua subterránea que es captada en las Fuentes Moín y el cumplimiento de los acuerdos de Junta Directiva citados en el apartado del punto I de este oficio, el AyA ha fiscalizado levantamientos de campo, reuniones con las partes interesadas y realizado informes

técnicos, de manera que las actividades que se desarrollen sean congruentes con los Acuerdos de Junta Directiva del AyA.

A continuación, se presentan algunos ejemplos donde los interesados han presentado informes técnicos:

a. Mediante oficio PRE-2018-00116 emitido por la Presidencia Ejecutiva del AyA, se emite criterio en referencia a los levantamientos de campo realizados por el AyA en los inmuebles con Plano 7-1615161-2012 (Musmanni) y 7-1615160-2012 (Sarkis)

b. Mediante oficio UEN-GA-2016-00363, emitido por la UEN Gestión Ambiental, se remiten la siguiente información:

• Observaciones correspondientes a la revisión del “Estudio Hidrogeológico de detalle, análisis de vulnerabilidad a la contaminación acuífera y revisión de las zonas de protección del Acuífero Moín (Zona 6) para las propiedades según catastros L-862177-2003 y L- 859280-2003”, elaborado por la Empresa Geotest, noviembre 2015.

• Se presenta el informe técnico denominado “INSPECCION GEOLOGICA, PLANO L-86217-2003 y L-859280-2003 MOIN, LIMON”, elaborado por el Área Funcional de Hidrogeología de la UEN Gestión Ambiental.

c. Mediante oficio UEN-GA-2020-00494, emitido por la Comisión Moín, se remite al Ministerio de Salud el informe de inspección realizado de manera conjunta entre el AyA y el Ministerio de Salud en el Proyecto Ticontainers ubicado en la Zona 6 del Acuífero Moín, Limón, en el cual se informa de los resultados obtenidos en la visita de campo, así como recomendaciones técnicas.

d. Mediante oficio UEN-GA-2021-00736, emitido por la UEN Gestión Ambiental, en referencia a la consulta realizada por el Lic. Andrés Chaves en representación del Sr. Jesús Sarkis Dejuk, se indica lo siguiente:

““…Hay una invasión de 150 personas que resguardan con armas los distintos accesos que tiene el inmueble…”

“Ante esta indicación, será necesario que el propietario del inmueble realice las gestiones necesarias en coordinación con la fuerza pública para resguardar la seguridad de los funcionarios del AyA, que estarán realizando la corroboración de campo correspondiente con la presencia del propietario registral o su apoderado, además de aportar los permisos por escrito de acceso al inmueble ante la UEN Gestión Ambiental.

Estos requerimientos indicados en el párrafo anterior deberán ser coordinados por el propietario del inmueble debido a que el AyA, no tiene infraestructura destinada a servicio público en la propiedad. En cuanto al trámite con la fuerza pública, se requiere el documento correspondiente de esta entidad, que respalde el acompañamiento durante todo el recorrido con los funcionarios del AyA, siendo necesario para el trabajo de campo 4 oficiales.

Por lo tanto, la UEN Gestión Ambiental, solicita con el objetivo de atender la consulta correspondiente al plano L-768772-2002, que, con al menos 15 días hábiles, se le indique la fecha para realizar la corroboración de campo, a efecto de que este Instituto pueda coordinar a lo interno lo que corresponda y confirmar si la fecha propuesta es viable según los programas de trabajo.”

IV. Caso de atención del recurso.

En atención al caso referente al recurso de amparo con Expediente No. 22-008354-0007-CO, interpuesto por el Sr. [Nombre 001], se indican las siguientes acciones realizadas por la Comisión Moín:

Mediante correo electrónico del 13 de octubre de 2021, emitido por el Lic. Fabian (sic) Leandro (Anexo 28), se realiza consulta al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en el cual se cita:

“Mi consulta es de que forma el AYA nos puede ayudar para iniciar un proceso de desalojo de todas las personas que están contaminando el acuífero, pues en voto de la Sala Constitucional fecha de la Resolución: 01 de Agosto del 2008 a las 10:11 a. m, Expediente: 07-009140-0007-CO, de la Sala Constitucional y que consiste en un recurso de amparo que se interpuso directamente sobre el caso del acuífero de Moín, se dispuso la obligación del AYA de ejercer las potestades administrativas para proteger los mantos acuíferos“

2. Mediante correo electrónico con fecha 14 de octubre de 2021 (Anexo 29), por parte de la Dirección Jurídica, se solicita al Lic. Fabian (sic) Leandro, la información referente al shp con la delimitación del inmueble en consulta.

3. Mediante correo electrónico con fecha 03 de noviembre de 2021 (Anexo 30), se adjunta por parte de la Dirección Jurídica – Legal Ambiental, el archivo denominado “prop valdi shp”, aportado por el Lic. Fabian (sic) Leandro.

4. Mediante oficio UEN-GA-2021-02951 (Anexo 31), con fecha 15 de noviembre de 2021, emitido por la UEN Gestión Ambiental, se da respuesta a la Dirección Jurídica a la consulta del Lic. Fabian (sic) Leandro, en el cual se indica (Figura 2):

“Por lo tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se indica lo siguiente:

a. Los lotes propiedad de [Nombre 003] aportados por el Lic. Fabian (sic) Leandro, se encuentran ubicados en la Zona 6 de Vulnerabilidad Alta, dentro de la Zona de Protección del Acuífero Moín, la cual fue definida mediante Acuerdo 2011-0112 Junta Directiva del AyA (Sesión Ordinaria Número 2011-017 del 7 de abril del 2011 y publicado en la Gaceta No.83, del 2 de mayo del 2011).

b. Se recomienda al Área Legal de la Región Huetar Caribe, realizar consulta a la Dirección Regional Huetar Caribe, con el objetivo de que se manifieste si en la propiedad se encuentra infraestructura operativa destinada a servicio de abastecimiento poblacional (…)

c. En cuanto a la colaboración para el proceso de desalojo de todas las personas que están contaminando el acuífero, es importante que desde el punto de vista Legal se establezcan las recomendaciones, a efectos que la UEN Gestión Ambiental apoye según corresponda.”

5. Mediante oficio GSP-RHC-2022-00090, con fecha 20 de enero de 2022 (Anexo 32), emitido por la Dirección Región Huetar Caribe, se indica lo siguiente:

“Respecto a la consulta recibida debo de indicar lo siguiente:

1. Efectivamente la propiedad descrita se encuentra dentro de la denominada zona 6, en esta zona existe una tubería de HF 300 mm conducción de la planta potabilizadora de Moín hacia el tanque de Pueblo Nuevo, lo que no significa que esta tubería está en esa finca propiamente dicha.

2. Sobre solicitudes de desalojo, debo de indicar que no le corresponde a esta Dirección gestionar el desalojo de propiedad que son de un tercero, esto si lo hemos hecho para propiedades del AyA, también hemos puesto en conocimiento de la situación al MINAE, sin embargo, reitero no podemos hacer gestiones para que se den desalojos en una propiedad que no le

pertenece al Instituto, de hecho las autoridades de policía ni siquiera reciben la denuncia si no son interpuestas por el propietario registral.”

6. Mediante oficio UEN-GA-2022-00182 (Anexo 33), con fecha 28 de enero, emitido por la UEN Gestión Ambiental, hacia la Dirección Jurídica, se indica lo siguiente:

“Debido a lo anterior, se adjuntan los siguientes criterios emitidos en referencia:

• Memorando UEN-GA-2021-02951, emitido por la UEN Gestión Ambiental (Anexo 1).

• Memorando GSP-RHC-2022-00090, emitido por la Dirección regional Huetar Caribe de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos (Anexo 2).

Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se dan traslado de los oficios correspondientes al caso en consulta, siendo necesario que se defina desde el punto de vista Legal las recomendaciones referentes al involucramiento y apoyo de parte de las áreas institucionales, según corresponda.”

7. Mediante oficio PRE-J-2022-00477 (Anexo 34), con fecha 07 de febrero de 2022, emitido por la Dirección Jurídica, se indica lo siguiente:

“De conformidad con lo indicado en los criterios técnicos, GSP-RHC-2022-00090, UEN-GA- 2021-02951 y UEN-GA-2022-00182 corresponde que se le comuniquen al interesado, reiterando que:

A) El AyA por principio de legalidad no puede instaurar procesos de desalojo en propiedades privadas; pues dicha potestad es exclusiva del titular del dominio del inmueble, de conformidad con el artículo 264 del Código Civil, donde se enumera cuáles son los derechos que integran a el (sic) dominio o la propiedad absoluta sobre una cosa, y entre ellos se encuentran los de defensa y exclusión, y los de restitución e indemnización, los que se desarrolla más adelante en los artículos 295 a 315 y 316 a 334, respectivamente, de tal forma que, la potestad probatoria de la titularidad, como requisito fundamental para el proceso de desalojo resulta excluyente en este caso para el AyA.

B) Si bien el artículo 2 inciso c) de la Ley Nº 2726 establece un deber para el Instituto, de controlar la contaminación de los cuerpos de agua y la Sala Constitucional mediante distintas sentencias ha hecho referencia a la protección al recurso hídrico, no puede el Instituto violentar el ordenamiento jurídico y transgredir derechos fundamentales como el de propiedad y en nombre de dicho deber arrogarse competencias que van más allá de su límite de actuación.

C) En caso de realización de estudio técnico en la propiedad de consulta, corresponde al propietario generar las condiciones y coordinación para que se brinde seguridad de los funcionarios correspondientes en el ingreso a la propiedad, asimismo dicha labor deberá programarse de conformidad con la prioridad institucional.”

8. Mediante oficio PRE-J-2022-00480 (Anexo 35), con fecha 07 de febrero de 2022, emitido por la Dirección Jurídica, se da traslado al Lic. Fabian (sic) Leandro de los criterios institucionales, en el que se indica:

“Sirva encontrar adjunto, los documentos que sirven como traslado para dar respuesta a la consulta realizada: Memorando UEN-GA-2022-00182, con sus dos anexos (GSPRHC- 2022-00090, UEN-GA-2021-02951), los cuales corresponden al criterio técnico de la UEN. Así como el Memorando No.PREJ-2022-00477 correspondiente al criterio del área legal ambiental.”

9. Mediante nota con fecha 21 de febrero de 2022 (Anexo 36), emitido por el Lic. Fabian (sic) Leandro solicita a la Comisión Moín los aspectos técnicos para considerar en el estudio hidrogeológico a realizar en el inmueble.

10. Mediante oficio UEN-GA-2022-00528 (Anexo 37), con fecha 17 de marzo de 2022, la UEN Gestión Ambiental el (sic) repuesta a la nota del Lic. Fabian (sic) Leandro, se indica:

“Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental, se indica que el inmueble propiedad de [Nombre 003], se ubica en la Zona 6, la cual tiene Vulnerabilidad intrínseca Alta definida por el AyA, por lo que el estudio técnico que se debe realizar debe contemplar este parámetro ya definido e incorporar el levantamiento de dolinas (depresiones en el terreno), las cuales pueden variar en dimensión, forma y distribución. Una vez conocidos los elementos (vulnerabilidad alta y ubicación de dolinas), deberá presentar un plan de manejo ambiental concordante con la actividad que se pretenda realizar que garantice la no afectación al recurso hídrico.

Una vez finalizado el estudio donde se presenten los resultados finales por parte del interesado, se deberá entregar ante la Comisión Moín coordinada por la Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo. El AyA se reserva la facultad de constatación de la información aportada, para lo cual, deberá gestionarse por el interesado la protección de los funcionarios con la Fuerza Pública y demás Instituciones competentes para realizar la visita al sitio.”

Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se indica:

a. Los Acuerdos de Junta Directiva del AyA 2007-117 y 2011-112, establecen recomendaciones para la protección del acuífero Moín, de tal manera que las actividades que se desarrollen sean sostenibles con el ambiente y no haya afectación al recurso hídrico captado en las fuentes Moín para el abastecimiento poblacional.

b. Los lotes mencionados en el recurso, propiedad de [Nombre 003], se encuentran ubicados en la Zona 6 de Vulnerabilidad Alta, dentro de la Zona de Protección del Acuífero Moín, la cual fue definida mediante Acuerdo 2011-0112 Junta Directiva del AyA (Sesión Ordinaria Número 2011-017 del 7 de abril del 2011 y publicado en la Gaceta No.83, del 2 de mayo del 2011), los cuales cuentan con recomendaciones para asegurar la calidad y cantidad del recurso hídrico que es empleado para abastecimiento poblacional.

c. El AyA con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos de Junta Directiva, conformó a lo interno de la institución la Comisión Moín, la cual está constituida por la UEN Gestión Ambiental, la Dirección Jurídica, la Dirección Regional Huetar Caribe, la UEN Programación y Control y la Dirección de Urbanizaciones, estas áreas desde el ámbito de sus competencias, realizan los análisis correspondientes para los casos en consulta relacionados con los Acuerdo del Acuífero Moín, actividad que se ha mantenido desde el año 2007.

d. El AyA, con el objetivo de articular las acciones interinstitucionales para la protección del recurso hídrico en el Acuífero Moín, ha socializado, divulgado y capacitado a diferentes instituciones en referencia a los Acuerdos de Junta Directiva 2007-117 y 2011-112, como ha quedado demostrado en la sección II, del presente oficio.

Además, se ha conformado la Comisión Interinstitucional integrada por el AyA, Ministerio de Salud, Municipalidad de Limón y la Dirección de Agua, para dar seguimiento a las inspecciones que se acuerden de manera integral según solicitud de alguna de estas instancias.

e. A partir de lo expuesto en el punto IV de este oficio, queda demostrado que las consultas realizadas por el interesado siempre fueron atendidas de conformidad con las competencias institucionales.

En este caso particular, debido a que la propiedad tiene una de invasión de 150 personas que resguardan con armas los distintos accesos que tiene el inmueble, según comunicado por el Lic. Fabian (sic) Leandro (abogado representante del propietario), el apoyo brindado por el AyA, estaría condicionado, a que el propietario genere las condiciones y coordinaciones para que se brinde seguridad de los funcionarios públicos del AyA, para el acompañamiento e inspección correspondiente.

f. El AyA, de conformidad con lo definido con el Acuerdo de Junta Directiva 2007-117 y 2011-112, a partir de la información y estudios suministrados (Art. 109, Ley de Biodiversidad) ha dado apoyo a diferentes proyectos, a través de las inspecciones conjuntas a inmuebles, donde ha privado el interés institucional, en la protección del recurso hídrico”. (Ver prueba documental).

ii)    El 9 de mayo de 2022, el director regional a. i. del Área de Conservación La Amistad Caribe del SINAC emitió el escrito SINAC-ACLAC-DR-214-202, en el que detalló:

“Que el Sistema Nacional de Áreas de conservación, área de Conservación la Amistad Caribe, no ha recibido denuncia alguna sobre los hechos narrados por el recurrente, ni el SINACACLAC, ha sido notificado por el AYA sobre este particular.

QUINTA: Es importante que el recurrente presente documento de recibido, que valide su dicho sobre que el SINAC-ACLAC está informado de los hechos denunciados con el fin de darle mejor seguimiento y respuesta a esta honorable Sala, ya que por el volumen de casos y denuncias es prácticamente tarea imposible encontrar algún antecedente sin documentos de referencia.

SEXTA: A la fecha el AYA no ha informado, notificado o coordinado con SINAC- ACLAC, para atender algo en relación con los hechos denunciados, ni sobre el tema de contaminación en el acuífero Moín, ni hemos recibido alguna denuncia al respecto”. (Ver prueba documental).

jj)    E 7 de junio de 2022, el director ejecutivo de SINAC fue notificado de la resolución de curso de este recurso. (Ver actas de notificación).

kk) El 13 de junio de 2022, el director de ingeniería de la Municipalidad de Limón emitió el memorial DIM-029-2022, en el que se indica:

“Respecto de esto debo indicarle, que el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, que es acuerdo 2007-107 “Oficialización del estudio Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero Moín, Limón, y la actualización de la zona de protección DGAMB-2007-031” (…)

Dicho acuerdo fue debidamente comunicado y en consecuencia, el Gobierno Local, fue obligado a incorporar en la operativización de nuestro Plan Regulador dicha Matriz, por lo que no autoriza el uso de suelo, que no cumpla con dichos requisitos”. (Ver prueba documental).

ll)    El 18 de junio de 2022, el coordinador del Programa de Prevención, Control y Protección del SINAC emitió el memorial SINAC-ACLAC-PPCP-027-2022, en el que se detalló:

“Según lo indicado en el Oficio SINAC-SE-AJ-257-2022, se realizó la inspección de campo al sitio indicado que dispone de los números de plano catastrado 7-0509859-1983 y 7-0509860-1983, esta inspección fue realizada por los funcionarios Alexis Salas Rodríguez y Diego Alberto Alvarado Cerdas, en la unidad 347-63, el día 17 de junio de 2022.

Atendiendo de manera puntual lo solicitado, se resuelve de la siguiente manera:

1. En el sitio, según lo determinado en el acuerdo 2007-177 del AYA, se observó el desarrollo de infraestructura, mal manejo de desechos sólidos y aguas residuales, prácticas agrícolas, tala y quema de vegetación, tenencia de animales domésticos, movimiento de tierra, entre otros, en contraposición al área determinada para el acuífero Moín, así como lo estipulado para las actividades que no se deben realizar en el área determinada, se puede aducir que si existe una afectación.

2. De las infraestructuras de habitación desarrolladas en el sitio, le compete a la Municipalidad respectiva determinar si cuentan con permisos de construcción. Estas son en su mayoría de latas con estructuras de madera, de las cuales se visualizó tubos para el desagüe de las aguas grises las cuales no tienen un adecuado encausamiento, al lado de las mismas se observó los espacios denominados letrinas. De manera que se determinó que no existe la adecuada disposición de las aguas residuales.

3. Según lo dispuesto en los acuerdos por la Junta Directiva del ICAA, en este sitio no se está cumpliendo lo anterior. Es evidente el cultivo de plátano, yuca, modificación y remoción del suelo, desarrollo de distintos tipos de infraestructura, aplicación de herbicidas, quemas de vegetación y basura residual del consumo humano, cambio de uso en cobertura vegetal, entre otros.

4. Efectivamente se realizan movimientos de tierra no autorizados, y el desarrollo de edificaciones de diferentes tamaños y materiales. Los residentes de este sitio se encuentran usurpando dichas zonas.

5. El cambio de uso de la cobertura de los inmuebles en cuestión es evidente y constante. Se identificó tocones en estado avanzado de descomposición, y árboles con poco tiempo de haber sido cortados, entre las especies que se pudo apreciar que han sido taladas son, poro, guácimo colorado, laurel y chilamate. Así también se identificó en las coordenadas E602883 N1105156 un nacimiento de agua, el cual dispone del suficiente caudal para generar escorrentía. El área de protección para este cuerpo de agua es inexistente”. (Ver prueba documental).

mm)                    El 21 de junio de 2022, la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Limón emitió el “INFORME DE INSPECCIÓN FINCA PROPIEDADES [Nombre 003], FOLIO REAL 7-27136, COMUNIDAD DE VILLA PLATA, LIMON”, en el que se señaló:

“Este primer recorrido comprende zona baja de la finca con topografía relativamente plana. En ese sector se puede observar una serie de construcciones a la orilla de la calle principal que recorre el límite de la finca. Existen accesos por trochas que van hacia otros lotes que se ubican al pie de la pendiente.

No observé cuerpos de agua superficiales en este sector. Hay un puente que atraviesa un zanjo, que aparentemente se construyó para evacuar las aguas pluviales de escorrentía que bajan del lado NORTE de la pendiente de la finca y que se acumulan en la parte baja y que forman parte de las aguas superficiales que recorren el sector sur en la parte baja de Villa Plata.

No se observó en el momento de la inspección, acumulación de aguas negras en el zanjo, que demuestren una afectación de contaminación superficial por el vertido de aguas de las viviendas.

El segundo recorrido se realizó sobre la calle de acceso de la finca hacia el límite ESTE, aproximadamente de 650 metros. Esta parte tiene pendientes relativamente fuertes, sin embargo también se han realizado contrucciones (sic) en ese sector a lo largo de las diferentes calles internas de acceso dentro de la finca. Quizá por la pendiente y otros factores asociados que limitan el desarrollo urbanístico, se observa una menor densidad de construcciones comparado con la parte baja y también se observan patios más arborizados, principalmente con especies frutales diversos e inclusive cultivo de cacao en algunos patios.

Tomamos una calle interna de acceso hacia el OESTE de la finca, casi se puede decir que es la cresta (parte mas (sic) alta) de la finca por el relieve que presenta, esa área de relieve acusado y que perfectamente se puede indicar que es la divisoria de aguas, ya que son elevaciones mayores donde las aguas de lluvia de precipitación natural (pluviales) escurren hacia los diferntes (sic) sectores.

Durante todo el recorrido, no se observaron cuerpos de aguas superficiales que nacen en ese sector que formen un sistema fluvial y que escurren a los diferentes lados de la finca y que conformen una cuenca o microcuenca.

Si es importante mencionar que en ese sector hay una menor ocupación y una densidad menor de contrucciones (sic). Se observa más lotes dedicados a los cultivos de cacao y otras especies frutales de subsistencia como son fruta de pan, guanábana, pejibaye, manzana de agua, carambola, caimito, nance, entre otras, esto hace que se visualice una mayor cobertura vegetal hacia el sector norte y oeste de la finca.

En los sitios visitados, no se notó condiciones de bosque secundario o primario, pero si hay una mayor cobertura vegetal en ese sector hacia el lado norte y oeste de la finca. Hasta el momento la ocupación se nota con una mayor dedicación a la producción agrícola de subsistencia y con una predominancia de cultivo de especies frutales. En lo observado tampoco se nota una regeneración que evolucione hacia un bosque secundario, esto debido a las actividades que están relizando (sic) los ocupantes de la propiedad.

Con relación al tratamiento que realizan los ocupantes de viviendas dentro de la finca, no se pudo observar los sistemas de tratamiento de las aguas residuales y aguas negras, debido a que no se pudo accesar a los lotes que han sido delimitados dentro de la propiedad, ya que no es posible ingresar a las viviendas sin la debida autorización.

CONCLUSIONES

• La finca bajo folio real 7-27136, se encuentra dentro de la zona 6 de protección y de recarga acuífera de Moín.

• Es posible que haya una afectación de las aguas subterráneas o mantos acuíferos de ese sector, pero no es posible determinarlo mediante está inspección, y debe ser con profesionales especializados de instituciones de competencia, aplicando metodologías científicas que puedan determinar la situación con respecto a la afectación que está produciendo la ocupación de la finca.

• La ocupación que existe en la finca, debió ser controlada por el dueño registral de la propiedad, debido a que las contrucciones (sic) ilegales se encuentran dentro de la propiedad privada.

• No es posible determinar, sin una línea base, cual (sic) era la situación de cobertura boscosa o vegetal de la finca y el nivel de deterioro y/o recuperación de la misma, así como la afectación que ha causado la ocupación actual que se ha dado en la finca. Las autoridades en el campo ambiental y aguas (MINAE y AyA) con sus profesionales especializados en ese campo pueden hacer una mejor valoración al respecto.

• Se nota que en la parte NORTE y OESTE de la finca existe una menor densidad de contrucciones (sic) y una mayor cobertura vegetal, lo que implica un menor impacto ambiental en relación al (sic) sector SUR que esta (sic) más poblado y urbanizado.

• No se pudo determinar mediante esta gira de inspección los tratamientos que están dando los ocupantes de la finca a las aguas residuales o aguas negras en las diferentes construcciones establecidas en los lotes segregados por los ocupantes en la finca privada”. (Ver prueba documental).

nn)                        El 21 de junio de 2022, el jefe de la Unidad de Censo y Catastro de la Municipalidad de Limón emitió el memorial UCC-0201-21-06-2022, en el que se indicó:

“(…) se realizó inspección en el sitio el día martes veinte uno de Junio del presente año, en la provincia de Limón, cantón de Limón distrito de Limón lugar conocido como villa de plata, comenzando en las coordenada CRTM05 ESTE 602059.892 Y NORTE 1105530.712 hacia el sector de cielo amarillo.

Donde en la parte catastral obtuvimos que en dicho sector se encuentran las fincas 7-27136-000 y la finca 7-27138-000 ambas propiedades pertenecientes a [Nombre 002] cedula jurídica 3-101-663655 donde la primera cuenta con el plano 7-509859-1983 con un área de TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTI UN METROS CON TREINTA Y DOS DECIMETROS CUADRADOS y la segunda cuenta con el plano 7- 509860-1983 con área de CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS CON VEINTITRES DECIMETROS CUADRADOS. Adjunto ambos planos e imagen área para su mejor apreciación.

Ya en el campo ambas propiedades tienen un frente a calle publica principal que se dirige al barrio de Cielo Amarillo de aproximadamente cuatrocientos metros lineales, además de accesos internos dentro de ambas propiedades, conjuntamente es importante mencionar que la finca 7- 27136-000 tiene un camino que se dirige hacia el barrio de Ojo de Agua que la parte en dos a la finca 7-27136-000

Asimismo, se observaron bastantes construcciones sin generar ningún tipo de plano catastro diferente al de los planos madres de las fincas 7-27136-000 y 7-27138-000.

Toda esta información obtenida le corresponde a la de la Unidad de Topografía y fue rescatada mediante la visita de campo y el estudio en oficina realizado”. (Ver prueba documental).

oo)                        El 22 de junio de 2022, el jefe de la Unidad Técnica y Estudio de la Municipalidad de Limón expresó en el oficio UTE-AML-025-2022 que:

“El presente documento es la recopilación de datos que se encontraron el día 21 de junio en la inspección con los compañeros de la ubicación Villa Plata.

En la inspección que se realizó se apreció caminos con mucho lastre o material de barro realizado manualmente con maquinaria pesada, se logro (sic) ver que carecen de cunetas y de cordón de caño en la vía pública.

Las casas que se visualizaron fueron en sistema de block, madera, fibrolit y baldosas, siendo un aproximado de 81.13% viviendas materiales de baldosa y un 9.43% fibrolit.

Todas las casas que detectaron rondaban entre 42 metros cuadrados y 120 metros cuadrados, la mayoría sin cielo raso en sus viviendas y sin precinta y con el alero excediendo el límite permitido como lo indica el Articulo 150. Marquesinas (Reglamento Construcciones) en edificaciones cuya planta se proyecte construir en línea de propiedad, pueden incluir un alero, marquesina o voladizo de un ancho mínimo igual al ancho total de la acera, menos 0.50 metros.

Se encontró viviendas que no poseen canoas ni bajantes para darle la evacuación correcta a las aguas de lluvia como lo establece el Artículo 121. Drenaje Pluvial. (Reglamento construcciones). No se permite la caída libre de aguas pluviales sobre la vía pública, debiendo disponerse para tal efecto de canoas y bajante pluviales desde techos, balcones, voladizo y cualquier otro saliente que deriven tragante para encauzar las aguas hasta el caño, dentro de la acera.

Se aprecio (sic) viviendas con elevaciones superiores con respecto a las otras viviendas ocasionando erosión en las pendientes de los taludes, se encontró mucho material arcilloso y parte de coral en el camino transitado duraste la inspección en sitio.

Las viviendas tenían cerramiento perimetral en sus propiedades. Unos de los materiales utilizados para realizar el cerramiento fueron alambre de púas, zinc y sarán. Los zincs que utilizaron para sus techos fueron de lámina ondulada sin embargo la mayoría se encontraba en mal estado porque no se coloco (sic) pintura anticorrosiva para techos para evitar corrosión y darle mayor durabilidad al zinc.

Se otro (sic) hallazgo, fue ver viviendas que no han sido terminadas, lo que ha generado corrosión en las varillas por no tener su recubrimiento respectivo. La mayoría viviendas poseen verjas en sus ventanas con materiales distintos algunos con varillas 3/8, otros con malla electrosoldada (4.88 mm) y malla panel cerca galvanizada (50 x 200 x 4 mm).

Se detecto (sic) un puente de 2 metros de ancho con 4 metro lineales de largo el cual está sin baranda para paso de peatones y sin sistema de contención para vehículos. Se logro (sic) ver que el cauce (Cuerpo Receptor) tenía un tirante por debajo de 1.50 metros y un espejo de agua de 2 metros, pero lo boscoso que estaba el cauce impidió poder tomar medidas exactas.

La mayoría de viviendas no poseen cerámica, sino tienen una losa de concreto, se encuentra con la losa de concreto sin darle ningún acabado respectivo.

La mayoría de techos de las viviendas poseen 3 a 4 caídas de agua y no hay un control estas. El 90% de viviendas poseen ventanas laterales irrespetando el Artículo 127. (Reglamento Construcciones). Ventanas a colindancia 1 piso a 1.50 metros debe estar la tapia y 2 piso 3.00 metros debe estar la tapia. Se encontró caminos con lastre manipulado con maquinaria pesada para realizar el camino respectivo.

Se encontró viviendas que excedía su cobertura (Área construida). Como lo indica Articulo 95 Cobertura (Reglamento Construcciones). No se puede exceder del 75% del área del predio, Cuando la relación frente – fondo exceda de 3.5 la cobertura no debe ser mayor de un 70%. Aclarar que esas viviendas NO están registradas con permisos de construcción en la base de datos del año 2017 al 2022”.  (Ver prueba documental).

pp)                        En junio de 2022, el ICAA emitió el “INFORME DE INSPECCIÓN: CASO DE ASENTAMIENTO INFORMAL (PRECARIO) VILLA PLATA, ZONA 6”, en el cual se consignó:

“(…) El día 22 de junio del 2022 se realiza inspección en los inmuebles folio real 7-27136 plano: L-0509859-1983 y folio real 7-27138 plano L-0509860-1983 en coordinación con el Sr Fabián Leandro Marín representante legal de los propietarios del inmueble a nombre de VAL DI SOMER S.A., y con el apoyo de la fuerza pública de Limón.

Durante las inspecciones se tuvo la compañía del Sr Rodolfo Gómez Martínez, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata (…)

V)               MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Se identifica la presencia de basura dispuesta en cauces de agua superficial (Fotografía 1), además de excavaciones realizadas para la acumulación de desechos (Fotografía 2) y la disposición de estos sobre patios de viviendas (Fotografía 3). En el sector no se presta el servicio de recolección de basura por parte de la Municipalidad de Limón. En total se levantaron 10 puntos donde se da esta afectación (Figura 2) (…)

b) DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES

Corresponde con todos aquellos vertidos generados en las viviendas, tanto las descargas de los servicios sanitarios como aquellas descargas de aguas jabonosas provenientes de baños, pilas lavadoras y cocinas, las cuales se catalogan como aguas grises. A partir del levantamiento de campo realizado en el inmueble cuyo plano catastrado es el L-0509859-1983, el cual tiene un área total de 322 421.32 m2 (Figura 3), se tomó una muestra de un área de 159 959,26 m2, lo cual representa un 50% del área del inmueble L-0509859-1983, se pudo constatar en esta muestra que hay un total de 72 viviendas, de las cuales 69 viviendas representan el 96%, tratan las aguas residuales mediante sistemas de tanque séptico y drenaje y solamente 3 que representan el 4%, utilizan letrinas.

De igual manera, del total de las casas ubicadas dentro de la muestra de área (159 959,26 m2), se identificó que un total de 12 casas (16,6%) disponen sus aguas grises en los patios de las viviendas caños o surcos y no de forma directa a las dolinas, situación que debe corregirse de acuerdo a (sic) la normativa del Ministerio de Salud.

En las fotografías 4 y 5, se muestran ejemplos de los tanques sépticos que se ubican en el sitio (…)

La mayoría de los hogares visitados cuentan con algún tipo de tanque séptico para la disposición de las aguas residuales. Se encuentran tuberías que descargan aguas jabonosas hacia la parte trasera de los terrenos (Fotografía 6) (…)

Se evidencia un caso donde el rebalse del tanque séptico se dispone directamente en la superficie del terreno (Fotografía 7). (…)

c) CONDICIONES GEOMORFOLÓGICAS-KÁRSTICAS (DOLINAS)

Durante el recorrido de la propiedad en interés, se identificaron un total de 15 dolinas las cuales presentan diversas características. En la Fotografía 8 se observa la presencia de una dolina con un diámetro de unos 15 cm y una profundidad que supera los 20 cm. Mientras que en el sector noreste del área de Villa Plata se encontraron dolinas con un mayor tamaño, con geometría y grado de desarrollo distinto, siendo más comunes las redondeadas, como se observa en la Fotografía 9 y Fotografía 10 (…)

En el suroeste de la zona estudiada se observó el agua estancada en una dolina (Fotografía 11) (…)

Mientras que en el sector Oeste de la propiedad en estudio, se identifica la presencia de dolinas incipientes de tamaños variados y de formas subredondeadas, con extensiones de 8 m de largo por 4 m de ancho hasta 10 m de largo por 4 m de ancho y una de forma circular de 1.5 m de radio (Fotografía 12 y Fotografía 13) (…)

d) MOVIMIENTOS DE TIERRA

Según las observaciones de campo y conversaciones con los propietarios de algunas casas, se han realizado movimientos de tierra como relleno en las propiedades para construir casas, como se observa en la Fotografía 14, Fotografía 15, Fotografía 16 y Fotografía 17, donde se dio un movimiento del terreno para prepáralo para construcciones (…)

En total se reconocieron 14 sitios donde se presentaron movimientos de tierra de algún tipo.

Además, se encontraron edificación actualmente en construcción, con materiales de concreto y gypsum los cuales no tenían ningún tipo de rotulación referente a un permiso para su construcción (Fotografía 20 y Fotografía 21). En el mapa de la Figura 4, se muestran todas las estructuras (viviendas) reconocidas en el campo con ayuda de fotografías aéreas, sumando un total de 194 (…)

e) CORTA DE ÁRBOLES

Se contabilizaron un total de 5 cortas de árboles en diversos sectores del sitio en estudio, realizadas para la apertura de trochas de acceso y para el establecimiento de viviendas habitacionales (Fotografía 22, Fotografía 23 y Fotografía 24) (…)

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. A partir de la inspección realizada y las entrevistas a los habitantes del asentamiento informal (precario) Villa Plata, se indica que hay personas que cuentan con más de 20 años de habitar en el lugar.

B. Con base en la inspección realizada y aunado a la revisión de fotografías satelitales, se identificaron un total de 194 estructuras (viviendas).

C. A partir del levantamiento de campo realizado en el inmueble cuyo plano catastrado es el L-0509859-1983, el cual tiene un área total de 322 421.32 m2, se tomó una muestra de un área de 159 959,26 m2, lo cual representa un 50% del área del inmueble L-0509859-1983, se pudo constatar en esta muestra que hay un total de 72 viviendas, de las cuales 69 viviendas representan el 96%, tratan las aguas residuales mediante sistemas de tanque séptico y drenaje y solamente 3 que representan el 4%, utilizan letrinas. De igual manera, del total de las casas ubicadas dentro de la muestra de área (159 959,26 m2), se identificó que un total de 12 casas (16,6%) disponen sus aguas grises en los patios de las viviendas caños o surcos y no de forma directa a las dolinas, situación que debe corregirse de acuerdo a (sic) la normativa del Ministerio de Salud.

D. Se ubicaron 10 sitios clandestinos para el depósito de desechos sólidos que requieren de la atención del Gobierno Local, lo anterior por la inexistencia del servicio de recolección.

E. Se identificaron 15 dolinas en campo con geometría y grado de desarrollo distinto, siendo las más comunes las redondeadas.

F. Se ubicaron 14 puntos en donde se evidenció movimientos de tierra, principalmente cortes y rellenos para la construcción de viviendas y caminos.

G. En 5 sitios se identifica la corta de árboles para la apertura de trochas de acceso y para el establecimiento de viviendas habitacionales”. (el destacado fue incorporado). (Ver prueba documental).

qq)                        El 27 de junio de 2022, el ICAA emitió el memorando UEN-GA-2022-01214, en el que se detalló:

“En atención a la solicitud de prueba para mejor resolver emitida por la Sala Constitucional, con fecha 16 de junio de 2022, expediente 22 008354 0007 CO, interpuesto por [Nombre 001], referente a la Zona 6 del Acuífero de Moín, que incluye al inmueble PROPIEDADES [Nombre 003], se desarrollan los puntos indicados en el orden solicitado:

V)               ¿Si existe o no afectación al acuífero de Moín?

Como parte del seguimiento establecido en los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N°2007-177 y N°2011-112, se ha definido como estrategia para prevenir y proteger la eventual afectación al acuífero de Moín, y en este caso particular para la Zona 6, la ejecución de las siguientes acciones:

V.5 Interposición de denuncias: cuando se detectan o conocen actividades que afecta-rían el acuífero y que no cumplen con las recomendaciones emitidas en los acuerdos de Junta Directiva de AyA 2007-177 y 2011-112; se ha presentado las respectivas denuncias ante las instancias administrativas. El primero de estos acuerdos establece recomendaciones de actividades para todas las zonas de recarga acuífera en Moín y el segundo es específico para la zona 6.

A manera de resumen, se tiene registro desde el año 2003 a la fecha de 16 denuncias presentadas ante las instancias competentes, como por ejemplo la Municipalidad de Limón, Ministerio de Salud, MINAE y a otras instancias administrativas como lo es el Tribunal Ambiental Administrativo; considerando que el AyA no tiene poder sancionatorio ni le corresponde regular la materia urbana.

Ejemplo de lo anterior son las denuncias citadas en el oficio RHA-OM-2013-0666 del 09 de abril de 2013 (imágenes 644 al 675 del expediente digital del amparo) y el informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740 (imágenes 580 a 602 del expediente digital del amparo).

1.2 Desarrollo de Nuevos Proyectos: El desarrollo de proyectos en la Zona 6, a partir de las recomendaciones técnicas y ambientales que se han realizado y que resultan ser compatible con la protección del recurso hídrico, demuestra que los Acuerdos de Junta Directiva del AyA, no impiden el desarrollo de actividades o construcción de obras.

Para la atención de solicitudes de nuevos desarrollos, AyA ha conformado la Comisión Moín, la cual está constituida por profesionales del Área Operativa de la Región Huetar Caribe, la UEN Gestión Ambiental, Dirección de Urbanizaciones, representantes de AyA en SETENA y el Área Legal-Ambiental de la Dirección Jurídica. El objetivo de esta Comisión es que los nuevos desarrollos, en su conceptualización, consideren el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los acuerdos de Junta Directiva citados.

Tal y como se evidencia en la tabla N°2, del informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740 (imágenes 580 a 602 del expediente digital del amparo), se han tramitado en esta comisión desde el año 2013 a la fecha 10 proyectos nuevos, de los cuales el 50% han cumplido con los acuerdos y por tanto el AyA, ha emitido el visto bueno para que prosigan su trámite. De los restantes cinco proyectos, a la fecha de emisión de este informe, se está a la espera de la presentación de subsanaciones de dos de ellos.

El ejemplo más reciente corresponde al desarrollo “Matama Village”, el cual es un edificio para 24 apartamentos que se describe en el informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740 (imágenes 580 a 602 del expediente digital del Amparo).

1.3 Inspección a instalaciones existentes. Las inspecciones a instalaciones existentes en la Zona 6, se realizan en aquellos casos donde hay denuncias interpuestas por AyA o terceros, solicitudes de servicios de agua potable u otros trámites donde AyA se involucre. Entre las actividades que se realizan, se verifica el cumplimiento de: disposición de aguas residuales, almacenamiento de combustibles y sustancias denominadas peligrosas, gestión de residuos sólidos, área impermeabilizada, existencia de pozos para abastecimiento, entre otros.

Como resultado de las inspecciones, se giran las recomendaciones para corregir aquellos aspectos que puedan afectar el recurso hídrico, que es empleado para el abastecimiento poblacional, o bien, se realiza la denuncia a la instancia competente.

Del 2003 a la fecha, se ha realizado 23 inspecciones a instalaciones (oficio RHA-OM-2013-0666 tabla N° 1 (imagen 444 hasta la 451 del expediente digital del Amparo) y el informe de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740 Tabla N° 4 (imagen 593 del expediente digital del Amparo). A manera de ejemplo se cita el caso de TICONTAINER, tramitado mediante oficio UEN-GA-2020-00494 (imagen 676 a 677 del expediente digital del Amparo) adjunto en anexo al oficio UEN-GA-2022-00850 (imagen 678 a 691 del expediente digital del Amparo) adjunto en el primer informe remitido a la Sala Constitucional para este expediente.

Como caso especial de instalaciones existentes, se tiene a los asentamientos informales (precarios), que, por su misma condición no solicitan trámites a las instituciones tales como disponibilidades de servicios, usos de suelo o permisos de construcción. Esto limita el accionar de AyA al no poseer potestades para ingresar a propiedades privadas, sin autorización del propietario registral y considerando el entorno peligroso que pueda existir en estos sitios para la integridad física de los funcionarios. En el caso de solicitudes de servicios de agua, AyA indica que, por tratarse de propiedades precarizadas, no cumplen con los requisitos descritos en el Reglamento de Prestación de Servicios y se procede a denegarlas, máxime si se considera que en muchos de ellos existe una inadecuada disposición de aguas residuales que se generen.

Caso Villa Plata:

Como resultado del trabajo de campo ordenado por la Sala Constitucional, se determinó para el Precario Villa Plata que hay un total de 194 viviendas, ubicadas en los planos de catastro 7-0509859-1983 y 7-059860-1983, donde a pesar de su situación irregular de cumplimiento de normas de ordenamiento urbano, las viviendas en su gran mayoría realizan las descargas y tratamiento de sus aguas residuales a través de tanque séptico y drenajes, entre otras características que se detallan en el informe de inspección denominado “Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Zona 6. Exp 22-008354-0007-CO”, y de donde se puede indicar (Anexo 1.):

“A partir del levantamiento de campo realizado en el inmueble cuyo plano catastrado es el L-0509859-1983, el cual tiene un área total de 322 421.32 m2 (Figura 3), se tomó una muestra de un área de 159 959,26 m2, lo cual representa un 50% del área del inmueble L-0509859-1983, se pudo constatar en esta muestra que hay un total de 72 viviendas, de las cuales 69 viviendas representan el 96%, tratan las aguas residuales mediante sistemas de tanque séptico y drenaje y solamente 3 que representan el 4%, utilizan letrinas.

De igual manera, del total de las casas ubicadas dentro de la muestra de área, un total de 12 casas (16,6%) disponen sus aguas grises en los patios de las viviendas caños o surcos y no de forma directa a las dolinas, situación que debe corregirse de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud”

1.4 Coordinación institucional. Tal y como consta en el documento PRE-1426-2012 en el mes noviembre del 2012 (imagen 634 del expediente digital del amparo), la Presidenta Ejecutiva de AyA, Yesenia Calderón Solano, notifica al señor Alcalde de la Municipalidad de Limón, señor Néstor Mattis Williams, sobre la actualización de los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007-177 y N° 2011-112, para que sean incluidos dentro del Plan Regulador de Limón. Este oficio hace referencia a la orden emitida por la Sala Constitucional en el Voto 4751-08 que indica: “…en el término improrrogable de doce meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, inicien el procedimiento respectivo para modificar el Plan Regulador de Limón a efectos incluir las disposiciones establecidas en el acuerdo 80-121 de la sesión 80-028 del catorce de abril del mil novecientos ochenta el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.”

También, mediante oficio PRE-1426-2012 de noviembre del 2012 (imagen 634 del expediente digital del amparo), la Presidenta Ejecutiva de AyA notifica al señor Uriel Juárez Baltodano, de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, sobre la aplicación de los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007-177 y N° 2011-112.

Según lo indicado en el oficio UEN-GA-2022-00850 (imagen 678 a 691 del expediente digital del amparo), en el apartado 2, se mencionan todas las acciones realizadas por el AyA, en las cuales se ha coordinado con diferentes instancias competentes relacionada con actividades ubicadas en la zona 6. Como ejemplo se cita la reunión el 22 de mayo de 2019 con el Área Rectora Limón del Ministerio de Salud y con representantes de La Municipalidad de Limón, en donde se crea la Comisión Interinstitucional Moín.

Adicionalmente, se realizó una exposición de los acuerdos de Junta Directiva para Moín en la sesión del Concejo Municipal del 19 de junio de 2019, que quedó registrada en el Acta Municipal Extraordinaria N° 33 (imagen 823 a 872 del expediente digital del Amparo) donde se hace referencia a la invasión por precarios en zonas boscosas dentro de la zona de recarga de los acuíferos de Moín.

1.5 Infraestructura para mitigar el riesgo a contaminación. Como medida para 1arantizar la salud pública de la población que es abastecida por las fuentes de Moín, AyA ha desarrollado obras de infraestructura tales como la planta potabilizadora y los estudios y diseños para un sistema de alcantarillado sanitario dentro de las zonas con mayor densidad de población dentro de la zona 6 (Villa del Mar 1 y 2, Loma de Moín y Villa Plata)

En el caso de la planta potabilizadora de Moín, se construye en acatamiento al punto 10 del acuerdo de Junta Directiva 2007-177 y entra en operación en marzo de 2012 con un costo cercano a los ¢400 millones (informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740 (imágenes 580 a 602 del expediente digital del Amparo)

En cuanto al “Proyecto BPIP 001984 Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, Limón”, actualmente se encuentra en la fase diseño (citado en el informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740, anexado por el oficio GSP-RHC-2022-00714 (imagen 599 a 602 del expediente digital del amparo), se ampliará más adelante al referirse a la pregunta número 2 (aguas residuales) solicitada por la Sala Constitucional.

Dado lo anterior, se considera que en el marco de las competencias institucionales ha existido un abordaje para el cumplimiento de los Acuerdos de la Junta Directiva del AyA, en referencia al acuífero de Moín, en específico en aquellas actividades donde AyA participó mediante gestión de denuncias, conceptualización de nuevos desarrollos, regularización de actividades existentes, coordinaciones interinstitucionales y construcción de infraestructura, con lo cual a la fecha, se ha garantizado la protección del acuífero de Moín, el cual es estratégico para el abastecimiento de la población presente y futura de la Ciudad de Limón.

En el caso particular del precario de Villa Plata, el cual es objeto del presente recurso, se realizó un levantamiento de campo el día 22 de junio de 2022 por parte del AyA (Anexo 1), en el que se determinó que un 96% de las casas inspeccionadas, descargan sus aguas residuales a un sistema de tanque séptico y drenaje, sin que estás se ubiquen en las dolinas o sumideros. Se detectó una descarga de aguas grises (jabonosas) en algunos patios, los cuales, aunque no son descargas adecuadas, no drenan directo al acuífero.

Se considera que esta situación favorable, es el resultado de que este asentamiento tiene una cronología de vieja data (más de 20 años), lo que fue constatado durante la visita, donde las condiciones de las viviendas son semejantes a la de cualquier barrio residencial-urbano.

Como parte de las acciones dirigidas a la protección del acuífero, la UEN de Gestión Ambiental y la Dirección Regional Huetar Caribe del AyA, crearon desde marzo del 2010, una base de datos que sintetiza la información de ubicación de los proyectos existentes y propuestos, así como los sitios de denuncias dentro del área de la zona 6, con lo cual además se da cumplimiento con lo indicado en el Punto N°6 del, Por Tanto, del acuerdo de Junta Directiva 2011 112.

En la Figura 1, se presenta el detalle de los inmuebles estudiados del 2003 al 2022. (…)

2) Si en la zona 6 del referido acuífero se da o no la adecuada disposición de las aguas residuales:

Tal como se indicó en la respuesta anterior, existe un abordaje institucional para garantizar que los nuevos proyectos cuenten con soluciones de aguas residuales según lo recomendado en los Acuerdos de Junta Directiva del AyA.

Respecto a las instalaciones existentes, se han planteado las denuncias correspondientes para que se corrijan las descargas inadecuadas en la Zona 6 del Acuífero de Moín, medidas que han sido acatadas en la mayoría de los casos.

En el caso de las zonas densamente pobladas con sistemas de disposición de aguas residuales mediante tanque séptico y drenaje, dentro de la Zona 6 del Acuífero de Moín, el AyA a través del “Proyecto BPIP 001984 Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, Limón”, ha considerado las siguientes poblaciones: Villa del Mar 1 y 2, Loma de Moín y el aporte del caudal del Precario de Villa Plata (Figura 2). (…)

En el caso particular del precario de Villa Plata, AyA mediante la construcción del alcantarillado sanitario de Moín, ha dispuesto resolver la descarga y el tratamiento de las aguas residuales mediante la asignación del caudal generado por esta población, tal como se indica en el informe de inspección denominado “Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Zona 6. Exp 22-008354-0007-CO”, Anexo 1:

“A partir del levantamiento de campo realizado en el inmueble cuyo plano catastrado es el L-0509859-1983, el cual tiene un área total de 322 421.32 m2 (Figura 3), se tomó una muestra de un área de 159 959,26 m2, lo cual representa un 50% del área del inmueble L-0509859-1983, se pudo constatar en esta muestra que hay un total de 72 viviendas, de las cuales 69 viviendas representan el 96%, tratan las aguas residuales mediante sistemas de tanque séptico y drenaje y solamente 3 que representan el 4%, utilizan letrinas”

3) ¿Si en tal zona se cumple o no lo dispuesto en los acuerdos N° 2007-177 y 2011-112 adoptados por la Junta Directiva del ICAA?

De conformidad con lo indicado en la respuesta de la pregunta 1 de este oficio, el AyA en el marco de las competencias institucionales ha dado un abordaje para el cumplimiento de los Acuerdos de la Junta Directiva del AyA, en referencia al acuífero de Moín, en específico en aquellas actividades donde AyA participa mediante gestión de denuncias, conceptualización de nuevos desarrollos, regularización de actividades existentes, coordinaciones interinstitucionales y construcción de infraestructura, con lo cual a la fecha, se ha procurado la protección al acuífero de Moín, el cual es estratégico para el abastecimiento de la población presente y futura de la Ciudad de Limón.

Es importante señalar que estos acuerdos de Junta Directiva del AyA, son un marco orientador para que la administración encargada de resolver el permiso, licencia o autorización, lo considere e implemente.

Para que se dé un cumplimiento de los Acuerdos de Junta Directiva del AyA y que se pueda garantizar que la protección sea efectiva, es necesario la participación de las entidades que regulan el uso del territorio y ordenamiento urbano, como la Municipalidad, Ministerio de Salud, Vivienda, IMAS, INDER, MINAE, entre otros.

4) ¿Si en la zona 6 del acuífero de Moín se han producido o no movimientos de tierra no autorizados y si se han construido o no edificaciones carentes de los permisos respectivos?

De conformidad con lo indicado en la respuesta de la pregunta 1 de este oficio y según lo señalado en el oficio RHA-OM-2013-00666, específicamente en la Tabla N°1, los casos 3, 4, 5 y 34 (imagen 646 a 653 del expediente digital del amparo), evidencian las denuncias presentadas por el AyA ante los entes competentes por movimientos de tierra. De igual manera, en el informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740, en la Tabla N°1, casos 7, 8 y 9, anexado por GSP-RHC-2022-00714 (imagen 582 del expediente digital del Amparo), se denuncian movimientos de tierra y talas dentro del precario Villa Plata, objeto del presente recurso de amparo, ante los entes competentes.

A partir del levantamiento de campo realizado el día 22 de junio de 2022 (Anexo 1), en el precario de Villa Plata, objeto del presente recurso de amparo, se identificaron movimientos de tierra distribuidos en diferentes sectores (Figura 2, del informe de inspección “Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Zona 6. Exp 22-008354-0007-CO”, Anexo 1).

Es importante señalar, que la instalación de infraestructura o edificaciones carentes de los permisos respectivos, se dan mayormente en asentamientos informales, por ejemplo el asentamiento de Villa Plata, en donde se han identificado 194 viviendas, las cuales no han gestionado ninguna disponibilidad de agua para su construcción y edificadas sobre accesos que en su mayoría no corresponden a calles públicas ni a servidumbres de paso, lo que se evidencia en el informe de inspección “Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Zona 6. Exp 22-008354-0007-CO”, Anexo 1.

En el marco de las competencias institucionales, el AyA no aprueba, ni fiscaliza los permisos de construcción, siendo que ha brindado los insumos al Gobierno Local, para que los desarrollos se ejecuten según las recomendaciones dadas en el Acuerdo de Junta Directiva, cuya aplicación ha sido indicada por la Sala Constitucional en el Voto 4751-08.

5) ¿Si en el sitio en cuestión se ha producido o no la tala de árboles?

Antes de contestar esta pregunta, es importante identificar que el ente competente para determinar si ha existido una tala de árboles o no, es el SINAC; aclarado lo anterior y de conformidad con lo indicado en la respuesta a la pregunta N° 1, de este oficio y según lo señalado en el oficio RHA-OM-2013-00666, específicamente en la Tabla N°1, los casos 3, 4 y 5 (imagen 646 a 653 del expediente digital del Amparo), evidencian las denuncias presentadas por el AyA ante los entes competentes por corta de vegetación forestal.

De igual manera, en el informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740, en la Tabla N°1, caso N° 9 (imagen 582 del expediente digital del Amparo), se denuncia la corta de vegetación Forestal dentro del precario Villa Plata.

A partir del levantamiento de campo realizado el día 22 de junio de 2022 (Anexo 1), en el precario de Villa Plata, objeto del presente recurso de amparo, se identificaron árboles cortados distribuidos en diferentes sectores (Figura 2, del informe de inspección “Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Zona 6. Exp 22-008354-0007-CO”, Anexo 1).

Finalmente es importante mencionar lo siguiente:

1. El AyA, luego de la revisión de sus sistemas de acueducto, no encuentra afectación a la calidad del agua captada del acuífero Moín, en la cual se ubica la Zona 6 y que incluye los inmuebles con planos de catastro 7-0509859-1983 y 7-059860-1983, objeto del presente recurso de amparo, razón por la cual se mantiene vigente la captación de la Fuentes-Moín, para fines de abastecimiento poblacional.

2. No debe permitirse la continuidad de un crecimiento urbano sin planificación en la Zona 6, no solo por el impacto en los servicios públicos, sino por las implicaciones que se puede tener a futuro en la cantidad y calidad del recurso hídrico que se capta en las fuentes Moín.

3. El trabajo de campo permitió identificar que el asentamiento Villa Plata, ubicado en los inmuebles con planos de catastro 7-0509859-1983 y 7-059860-1983, se encuentra habitado desde hace más de 20 años, según así lo manifestaron los habitantes de la localidad, identificándose infraestructura (viviendas), la cual consta en el informe de inspección (Anexo 1), así como el registro documental que consta en el expediente digital del Amparo.

4. Luego de una revisión de la documentación aportada en el expediente digital del Amparo, se aprecia el informe rendido por el SINAC, mediante Oficio SINAC-ACLAC-PPCP-027-2022, Inspección de campo al sitio indicado que dispone de los números de plano catastrado 7-0509859-1983 y 7-0509860-1983, la cual fue realizada por los funcionarios Alexis Salas Rodríguez y Diego Alberto Alvarado Cerdas, el día 17 de junio de 2022 (visible a imágenes 1100-1110 del expediente digital del Amparo), es importante señalar, que se procedió a verificar las coordenadas que se cita en el punto V de este informe, las cuales no coinciden en los planos citados, sino que se encuentran a una distancia de 400 metros al Sureste, lejos del inmueble que debió valorarse según lo ordenado por la Sala”. (Ver prueba documental).

rr)  El 7 de julio de 2022, la directora a. i. del Área Rectora de Salud de Limón del Ministerio de Salud emitió el memorial MS-DRRSHC-ARSL-04398-2022, en el que se consignó:

“(…) realiza la inspección el día 01 de Julio del 2022, al ser las 13:30 horas, donde se realiza el recorrido por toda la comunidad, donde se visualiza un aproximado de 154 casas de habitación construidas a base de material de cemento, Block, Madera, Baldosas y que muchos utilizando un sistema de Tanque Sépticos y tanque séptico mejorados, algunas viviendas cuentan con una mala disposición de las aguas Residuales, es importante mencionar que existen una verdulería y venta de cocos rayado dentro de las misma vivienda, con respecto al fondo del recurso se recomienda que dicho desalojo deberá ser tramitado por la vía Judicial (Tribunales de Justicia), con respecto a lo solicitado bajo el Recurso de Amparo se le informa de lo siguiente. (…)

3. Sí en tal zona se cumple o no lo dispuesto en los acuerdos N. OS 2007- 177 y 2011-112 adoptados por la Junta Directiva del ICAA: Que según lo indicado reformado el punto anterior mediante acuerdo N° 112-2011, publicado en La Gaceta N° 83 del 2 de mayo del 2011), Para el caso de DESARROLLOS DE URBANIZACIONES, LOTIFICACIONES, FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS, deberá construirse alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales de tipo ordinario. Se pueden permitir desarrollos con densidades iguales o inferiores a una unidad habitacional por cada 1000 metros (…)

Por lo tanto, según lo indicado bajo en los puntos ya explicados y por lo que se recomienda que el debido desalojo se deberá tramitar por la vía judicial”. (Ver prueba documental).

IV.- HECHO NO PROBADO.  De importancia para la resolución de este asunto, se estima como no demostrado el siguiente hecho:

a)    Que se le haya remitido el oficio UEN-GA-2022-00528 suscrito el 17 de marzo de 2022 por la UEN Gestión Ambiental al medio de notificaciones establecido por la parte recurrente.

V.- SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO.

Concerniente a la naturaleza de los hechos acusados en el sub lite, este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones respecto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Verbigracia, en la sentencia n.° 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Cámara señaló:

“En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha subrayado que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra reconocido tanto a nivel constitucional como convencional. Asimismo, se ha indicado que la protección efectiva a ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, contexto en que el Estado y la ciudadanía en general deben actuar según los principios que rigen la materia ambiental. En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos. Así, el Estado costarricense se encuentra obligado a adoptar las medidas que garanticen la defensa y preservación efectiva del ambiente conforme a tales principios. Ahora, tal obligación objetiva no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los órganos jurisdiccionales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades, o bien, de personas físicas y jurídicas, conforme la reconocida teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales (Drittwirkung der Menschenrechte), entre cuyas manifestaciones procesales se encuentra el amparo contra sujetos de derecho privado.

Interesa también resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, desarrolló lo atinente a las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente, en aras de la salvaguardia a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En esa opinión, la Corte reconoció la interrelación entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos, en tanto la degradación ambiental afecta el goce y desarrollo efectivo de los derechos humanos. En tal sentido, señaló:

“47. Esta Corte ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos. Asimismo, el preámbulo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “Protocolo de San Salvador”), resalta la estrecha relación entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales -que incluye el derecho a un medio ambiente sano - y la de los derechos civiles y políticos, e indica que las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros (…)

49. Por su parte, la Comisión Interamericana ha resaltado que varios derechos de rango fundamental requieren, como una precondición necesaria para su ejercicio, una calidad medioambiental mínima, y se ven afectados en forma profunda por la degradación de los recursos naturales. En el mismo sentido, la Asamblea General de la OEA ha reconocido la estrecha relación entre la protección al medio ambiente y los derechos humanos (supra párr. 22) y destacado que el cambio climático produce efectos adversos en el disfrute de los derechos humanos. 50. En el ámbito europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que la degradación severa del medio ambiente puede afectar el bienestar del individuo y, como consecuencia, generar violaciones a los derechos de las personas, tales como los derechos a la vida, al respeto a la vida privada y familiar68 y a la propiedad privada. De manera similar, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha indicado que el derecho a un “medio ambiente general satisfactorio, favorable al desarrollo” está estrechamente relacionado con los derechos económicos y sociales en la medida en que el medio ambiente afecta la calidad de vida y la seguridad del individuo (…) 52. Por otra parte, existe un amplio reconocimiento en el derecho internacional sobre la relación interdependiente entre la protección al medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Dicha interrelación se ha afirmado desde la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (en adelante “Declaración de Estocolmo”), donde se estableció que “[e]l desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la Tierra las condiciones necesarias para mejorar la calidad de la vida”, afirmándose la necesidad de balancear el desarrollo con la protección del medio humano. Posteriormente, en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (en adelante “Declaración de Río”), los Estados reconocieron que “[l]os seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible” y, a la vez, destacaron que “a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo”. En seguimiento de lo anterior, en la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible se establecieron los tres pilares del desarrollo sostenible: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección ambiental. Asimismo, en el correspondiente Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, los Estados reconocieron la consideración que se debe prestar a la posible relación entre el medio ambiente y los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo. 53. Además, al adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que el alcance de los derechos humanos de todas las personas depende de la consecución de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, social y ambiental. En el mismo sentido, varios instrumentos del ámbito interamericano se han referido a la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, tales como la Carta Democrática Interamericana la cual prevé que “[e]l ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente”, por lo cual “es esencial que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones” (…) 55. Como consecuencia de la estrecha conexión entre la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos (supra párrs. 47 a 55), actualmente (i) múltiples sistemas de protección de derechos humanos reconocen el derecho al medio ambiente sano como un derecho en sí mismo, particularmente el sistema interamericano de derechos humanos, a la vez que no hay duda que (ii) otros múltiples derechos humanos son vulnerables a la degradación del medio ambiente, todo lo cual conlleva una serie de obligaciones ambientales de los Estados a efectos del cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de estos derechos. Precisamente, otra consecuencia de la interdependencia e indivisibilidad entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente es que, en la determinación de estas obligaciones estatales, la Corte puede hacer uso de los principios, derechos y obligaciones del derecho ambiental internacional, los cuales como parte del corpus iuris internacional contribuyen en forma decisiva a fijar el alcance de las obligaciones derivadas de la Convención Americana en esta materia (supra párrs. 43 a 45) (…) 59. El derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un derecho con connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión colectiva, el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras. Ahora bien, el derecho al medio ambiente sano también tiene una dimensión individual, en la medida en que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad.”.

Esta interrelación entre el medio ambiente y el disfrute de otros derechos humanos también ha sido reconocida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien en la resolución A/HRC/RES/46/7, adoptada el 23 de marzo de 2021 en el 46° periodo de sesiones, sostuvo:

“Reconociendo también que el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, incluidos los ecosistemas, contribuyen al bienestar humano y al disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos a la vida, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a un nivel de vida adecuado, a una alimentación adecuada, al agua potable y el saneamiento y a la vivienda, y los derechos culturales.”.

También, recientemente, en la resolución A/HRC/RES/48/13, adoptada el 8 de octubre de 2021, ese Consejo señaló:

 “(…) Reconociendo que el desarrollo sostenible, en sus tres dimensiones (social, económica y ambiental), y la protección del medio ambiente, incluidos los ecosistemas, contribuyen al bienestar humano y al disfrute de los derechos humanos y promueven ambos, incluido el disfrute de los derechos a la vida, al más alto nivel posible de salud física y mental, a un nivel de vida adecuado, a una alimentación adecuada, a la vivienda, al agua potable y el saneamiento y a la participación en la vida cultural, para las generaciones presentes y futuras (…)

Reconociendo además que la degradación del medio ambiente, el cambio climático y el desarrollo insostenible son algunas de las amenazas más acuciantes y graves a la capacidad de las generaciones presentes y futuras de disfrutar de los derechos humanos, incluido el derecho a la vida (…)

Reconociendo la importancia de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como algo fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos (…)

1. Reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano importante para el disfrute de los derechos humanos;

2. Observa que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos y el derecho internacional vigente (…)”. (El resaltado no corresponde al original).

De este modo, se refleja la particular relevancia del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, cuya defensa trasciende la protección de este bien constitucional en sí, toda vez que su preservación constituye un factor esencial para el resguardo efectivo de otros bienes primordiales del ser humano (como la vida, la salud, la propiedad, la igualdad), de modo que si en lo primero se falla, el resguardo efectivo de lo segundo no se alcanza.

Allende de lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión supra aludida, reconoció el derecho a un ambiente sano como uno autónomo, susceptible de protección con independencia de algún riesgo de afectación a personas individuales. En tal sentido, dispuso:

“62. Esta Corte considera importante resaltar que el derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia de otros derechos, protege los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. En este sentido, la Corte advierte una tendencia a reconocer personería jurídica y, por ende, derechos a la naturaleza no solo en sentencias judiciales sino incluso en ordenamientos constitucionales. 63. De esta manera, el derecho a un medio ambiente sano como derecho autónomo es distinto al contenido ambiental que surge de la protección de otros derechos, tales como el derecho a la vida o el derecho a la integridad personal.”. (El resaltado no corresponde al original).

Esta tesitura fue adoptada en la sentencia de 6 de febrero de 2020 relativa al caso “Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina”, en la que, superando un enfoque antropocéntrico, la CorteIDH afirma que el derecho al ambiente sano, amén de ser fundamental para la propia existencia del ser humano, constituye un derecho autónomo y universal, de manera que la protección a diversos componentes del ambiente (como bosques, mares, ríos y otros) configura un interés jurídico por sí mismo. En palabras de la CorteIDH: “Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta.” Dada la trascendencia de esta afirmación, resulta oportuno transcribir este apartado de la referida resolución:

“203. La Corte ya se ha referido al contenido y alcance de este derecho, considerando diversas normas relevantes, en su Opinión Consultiva OC-23/17, por lo que se remite a dicho pronunciamiento. Afirmó en esa oportunidad que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo […] protege los componentes del […] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales.”. (El resaltado no corresponde al original).

Con base en lo expuesto, esta Sala, como garante de los derechos fundamentales, debe velar por el respeto a las obligaciones convencionales y constitucionales, que constriñen al Estado no solo a reconocer los derechos ahí consagrados, sino también a imponer las medidas jurídicas requeridas para su resguardo” (el resaltado es del original).

Aunado a lo anterior, recientemente, la Asamblea General de las Naciones Unidad adoptó la resolución n.º A/RES/76/1-A/RES/76/300 del 28 de julio de 2022, en la que se consignó:

“1. Reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano;

2. Observa que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos y el derecho internacional vigente;

3. Afirma que la promoción del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible requiere la plena aplicación de los acuerdos multilaterales relativos al medio ambiente con arreglo a los principios del derecho ambiental internacional;

4. Exhorta a los Estados, las organizaciones internacionales, las empresas y otros interesados pertinentes a que adopten políticas, aumenten la cooperación internacional, refuercen la creación de capacidad y sigan compartiendo buenas prácticas con el fin de intensificar los esfuerzos para garantizar un medio ambiente limpio, saludable y sostenible para todos”.

Esta resolución es la expresión formal de la voluntad del órgano principal de deliberación, adopción de políticas y representación de la Organización de Naciones Unidas. En consecuencia, constituye un compromiso político de carácter universal que debe ser valorado como fuente de soft law de la mayor relevancia.

Precisamente, la resolución n.º A/RES/76/1-A/RES/76/300 afirma que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado tiene naturaleza de derecho humano. Con esto, en buena medida contribuye a su positivización, de lo que resulta su comprensión técnica como “derecho fundamental”. Asimismo, robustece la noción de que la protección al ambiente es un derecho humano “autónomo”, esto es, que vale por sí mismo, de manera que, por un lado, tiene una existencia conceptual propia y distinta al contenido ambiental que sin duda surge de la protección de otros derechos (como la vida o la salud) y, por otro, su objeto de protección trasciende al ser humano, puesto que brinda cobijo a los diversos componentes de la naturaleza debido a su trascendencia para preservar la existencia de los organismos vivos en general, independientemente de su utilidad para con los seres humanos.

Asimismo, reitera y, por esa vía, fortalece la tesitura de que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra vinculado con otros derechos humanos, lo que implica que su transgresión puede acarrear la vulneración de la salud, la vida, el desarrollo sostenible democrático, por citar tan solo algunos ejemplos. Lo anterior confiere un significado jurídico particularmente relevante al derecho de marras.

En adición, la Asamblea General de la ONU preceptúa que la protección al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado demanda la plena aplicación de los derechos convencionales relacionados con el ambiente en consonancia con los principios del derecho ambiental internacional. De lo anterior se colige su imprescindible inclusión dentro del control jurisdiccional de constitucionalidad por parte de esta Sala.

Por último, en armonía con la reconocida teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales (Drittwirkung der Menschenrechte), la resolución n.º A/RES/76/1-A/RES/76/300 regula que la obligación de resguardar al ambiente, allende de los estados, se extiende a organizaciones internacionales, empresas y otros interesados, término último que comprende a los seres humanos en general. Justamente es en ese sentido, que la Ley de la Jurisdicción Constitucional contempla el amparo contra sujetos de derecho privado.

En suma, bajo el marco conceptual explicado ut supra, este Tribunal Constitucional, como garante de los derechos fundamentales, debe velar por el cumplimiento de los compromisos convencionales y constitucionales que al Estado costarricense y a la sociedad en general le imponen no solo la obligación de reconocer los derechos, principios y valores de la materia ambiental, sino también la de implementar todas aquellas medidas y actuaciones que se precisan para asegurar la efectiva protección a aquellos.

VI.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Del estudio de los autos se desprende que la parte amparada es dueña registral de las fincas inscritas en los folios reales 7-27136 y 27138, las cuales se encuentran en su totalidad dentro de la zona de protección absoluta del acuífero de Moín denominada zona 6. Tales propiedades han sido invadidas por varias personas quienes conformaron el llamado “Precario Villa Plata”. Además, se observa que desde el año 2005 se tramita ante el Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica un proceso ordinario en el expediente [Valor 004]-0 interpuesto por la sociedad amparada.

En la sesión ordinaria n.° 2007-020 del 10 de abril de 2007, la Junta Directiva del ICAA adoptó el acuerdo n.° 2007-177 “OFICIALIZACIÓN DEL ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y VULNERABILIDAD DEL ACUÍFERO MOÍN, LIMÓN, Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DGAMB-2007-031”, en el que se dispuso: “(…) PRIMERO: Se oficializa el Estudio Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero Moín, Limón, realizado por la Hidrogeologa (sic) Viviana Ramos Sánchez, para que la Dirección Región Huetar Atlántica lo aplique al momento de resolver las solicitudes presentadas por el Administrado, de conformidad con las siguientes zonas de vulnerabilidad: (…) SEGUNDO: SE REVOCA EL ACUERDO 80-121 EN CUANTO A SU ZONA DE LIMITACION Y RECOMENDACIONES DE REGULACION DE USO DEL SUELO, de conformidad con la delimitación y ubicación realizada por los Departamentos de Topografía de la Dirección de Estudios y Proyectos, la Dirección Región Huetar Atlántica, la Dirección de Gestión Ambiental y el informe DGAmb-2007-031, se determina la ubicación topográfica de la ZONA DE PROTECCIÓN RESTRINGIDA, catalogada como Zona 6, en la resolución de toda solicitud de permiso, licencia o autorización presentada por el Administrado, de la siguiente forma: Partiendo del pto. 1 con 1arant. N=221517 y E=639446 en el cruce del camino viejo a Limón Ruta #240 (por la costa) y la entrada oeste a la Urbanización Cangrejos, se continua unos 106m al sur por la calle de la Urbanización hasta el pto. 2 con 1arant. N=221414, E=639471, se dobla al sur oeste unos 77m hasta el pto. 3 con 1arant. N=221367 y E=639410, se continúa al este unos 316m hasta el cruce con el camino a Pacuare, pto. 4 con 1arant. N=221297, E=639682, luego se continua al sur unos 1.4 km por este camino hasta el pto 5, inicio de la Urbanización del mismo nombre con 1arant. N=220474 y E=640380, continuando con rumbo sur sur oeste unos 170m hasta el pto. 6 con 1arant. N=220318 y E=640302, luego con rumbo sur este unos 38m hasta el pto 7 con 1arant. N=220297 y E=640333, luego hacia el sur sur oeste unos 82m hasta el pto. 8 con 1arant. N=220159 y E=640251. De este pto. 8 donde termina la calle de la Urbanización, se continua con el mismo rumbo sur sur oeste a campo traviesa unos 370m hasta el pto. 9 con 1arant. N=219858 y E=640034. Se continua a campo traviesa hacia el oeste unos 190m hasta encontrarse la calle que va a Cielo Amarillo en el pto. 10 con 1arant. N=219846 y E=639845, de este pto. 10 que venía paralela al lindero, ya en la calle, se continua hacia el sur unos 90m hasta el pto. 11 con 1arant. N=219764 y E=639832. De este pto. 11 se continua por la calle que va a Villa Plata unos 220m al sur oeste hasta el pto. 12 con 1arant. N=219689 y E=639630, se continua al sur unos 320m hasta la línea del ferrocarril en el pto. 13 con 1arant. N=219449 y E=639624, continúese por la línea férrea hacia el este unos 100m hasta el pto. 14 con 1arant. N=219447 y E=639723 de este pto. 14 se continua unos 460m hacia el sur por la calle que sale a la ruta nacional #32 (Saopin) hasta el pto. 15 con 1arant. N=218995 y E=639652. De este pto. 15 ya en la calle se continua unos 2.4 km hacia el oeste por la ruta # 32, hasta llegar a la primera entrada hacia Villa Vista del Mar 1 hasta el pto. 16 con 1arant. N=218883 y E=637297 y luego a la derecha con rumbo norte para ir a Villa Vista del Mar 1, unos 270m hasta llegar al cruce de caminos, a un costado de la escuela de Villa Vista de Mar 1, en el pto.17 con 1arant. N=219085 y E=637177, 106m norte luego se continua por 106m al norte hasta el pto 18 con 1arant. N=219207 y E=637179, de este pto. 18, se continua unos 260m al oeste hasta el fin de la calle y de ahí continua unos 160m siempre al oeste por el lindero norte entre predios hasta intersectar (sic) la carretera de concreto ruta #240, en el pto. 19 con 1arant. N=219325 y E=636795, luego continuando 2km hacia el noreste por la ruta #240 hasta la intersección de caminos hacia Villa Plata en el pto. 20. con 1arant. N=220976 y E=637688, de este pto. 20 se continua al norte por la ruta #240 con una distancia aproximadamente de 2.6km hasta llegar a la intersección de caminos con la Urbanización Cangrejos siendo este cruce el pto. 1 de partida con 1arant. N=221517 y E=639446. (…) COMO RECOMENDACIONES DE REGULACION DE USO DEL SUELO DE LA ZONA 6 SE ESTEBLECEN LAS SIGUIENTES RESTRICCIONES: 1. TODA ACTIVIDAD INDUSTRIAL. 2. USO Y ALMACENAMIENTO DE PLAGUICIDAS, PESTICIDAS Y COMBUSTIBLES, O PRECURSORES DE ESTOS CON CUALQUIER FIN. 3. LA REMOCIÓN O EXTRACCIÓN DE TODO TIPO DE MATERIALES. 4. CAMBIO DE USO DE LA TIERRA. 5. TODA CORTA DE VEGETACIÓN FORESTAL. 6. TODA ACTIVIDAD AGROPECUARIA E INSTALACIONES LIGADAS A LA MISMA. 7. LA PERFORACIÓN O EXCAVACIÓN DE POZOS, GALERÍAS DE INFILTRACIÓN O CUALQUIER OTRA OBRA DE CAPTACIÓN DE AGUAS. 8. EL DESARROLLO DE URBANIZACIONES Y DE LOTIFICACIONES. 9. LAS INSTALACIONES DE BASUREROS, RELLENOS SANITARIOS O BOTADEROS DE DESPERDICIOS DE CUALQUIER ÍNDOLE. 10. ACTIVIDADES DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE AFECTEN A CRITERIO DEL AYA LA CALIDAD Y LA CANTIDAD DEL AGUA QUE SE UTILIZA PARA EL ABASTECIMIENTO A POBLACIONES. SE ADMITIRÁ EN LA ZONA 6 LAS CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS ORIGINADAS POR EL CRECIMIENTO VEGETATIVO, SIEMPRE QUE SE ASEGURE QUE LAS AGUAS RESIDUALES NO SE DESCARGAN A DOLINAS Y SE REALIZA LA RECOLECCIÓN DE LAS BASURAS POR EL SERVICIO MUNICIPAL U OTRO MEDIO. TERCERO: Se Establecen para las zonas 2, 5 y 7 del “Estudio Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero de Moín, Limón”, las siguientes medidas de protección del acuífero: 1. No permitir el almacenamiento de químicos; 2. No permitir la construcción de estaciones de abastecimiento de combustible; 3. No permitir la explotación de tajos; 4. No permitir la construcción de pozos, permitiendo sólo para el abastecimiento público. CUARTO: En la zona 2 se realizarán estudios de prospección con miras a determinar la capacidad de producción y se mantiene esta zona como reserva para el abastecimiento a la población del sector de río Blanco. QUINTO: Para las zonas 7, 8, 9, y 10 se deberá exigir a todo proyecto de desarrollo la construcción de alcantarillado sanitario y el AyA deberá iniciar los estudios necesarios a fin de construir los colectores primarios y secundarios que permitan evacuar el agua residual hacia el emisario submarino. SEXTO: Se solicitará al poder ejecutivo que se se (sic) promulgue un decreto con miras a la protección de las fuentes de Moín; así como las limitaciones de uso del suelo que aseguren la conservación y el mejoramiento de las condiciones ambientales en las otras zonas del Acuífero de Moín; en concordancia con el “Estudio Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero de Moín, Limón” y las recomendaciones de uso del suelo. SEPTIMO: Para la zona 6, la Dirección Regional Huetar Atlántica y la Dirección de Gestión Ambiental, harán y mantendrán un inventario exhaustivo del uso del suelo, identificando las actividades y establecimientos que almacenen sustancias de riesgo para la calidad del agua para uso humano. OCTAVO: Se deberá promover ante los entes competentes, la realización de un análisis de riesgo de las industrias establecidas en la zona de influencia directa de las fuentes de Moín, que debe incluir una posible conflagración de varias industrias y se deberá establecer un protocolo de acción para enfrentar una posible emergencia que considere la participación de todas la (sic) industrias establecidas en la zona. NOVENO: Para garantizar la observancia de las restricciones y dar seguimiento a la aplicación de las medidas definidas, se conformará la Comisión Regional de Control Ambiental de la Región Atlántica, a cargo de la Gerencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. DECIMO: Salvo que se demuestre que las fuentes de Moín hayan sido afectadas de manera irreversible, según la normativa, por el evento de Químicos Holanda, se deberán mantener en uso para abastecimiento a la población por razones de orden técnico, de demanda; con las siguientes condiciones: Ordenar la construcción inmediata de una planta de tratamiento, incluyendo un sistema de carbón activado o de la tecnología necesaria para asegurar la calidad por cualquier posible contaminación. Se deberá iniciar de inmediato los estudios para definir la posibilidad de utilizar la cuenca alta del río Banano con miras a sustituir la fuentes (sic) de Moín en caso de que se lleguen a contaminar por las actividades industriales que se desarrollan en la cuenca. SE LE NOTIFICARA (sic) A LAS MUNICIPALIDADES QUE SE UBICAN EN LAS ZONAS DE ALTA, MEDIA Y BAJA VULNERABILIDAD EL PRESENTE ACUERDO PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN EL PLAN REGULADOR DE MANERA QUE “LAS RECOMENDACIONES DE REGULACIÓN DE USO DE LA PROPIEDAD Y EL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y VULNERABILIDAD DEL ACUIFERO DE MOIN – LIMON” SEAN VINCULANTES, DANDO ÉNFASIS A LA NECESIDAD DE QUE SE CONSIDERE LA ZONA 6 COMO DE PROTECCIÓN RESTRINGIDA. ASIMISMO SE NOTIFICARA (sic) AL MINISTERIO DE SALUD, AL MINAE, AL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, AL SENARA Y A LA SETENA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS COMPETENCIAS. RIGE A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN. PUBLIQUESE EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA. NOTIFIQUESE. PUBLÍQUESE” (la negrita fue agregada).

Mientras que, en la sesión ordinaria n.° 2011-017 del 5 de abril de 2011, la Junta Directiva del ICAA adoptó el acuerdo n.° 2011-112 “PROYECTO DE ACUERDO PARA MODIFICAR PARCIALMENTE EL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA 2007-177, TOMADO EN LA SESION ORDINARIA 2007-020, DEL 10 DE ABRIL DEL 2007, EN SU ARTÍCULO 6, INCISO A, PUBLICADO EN LA GACETA Nº 83, DEL MIERCOLES 2 DE MAYO DEL 2007, SOBRE LA OFICIALIZACION DEL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y VULNERABILIDAD DEL ACUIFERO MOIN, LIMON, Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DGAMB-2007-031”, en el que se dispuso: “PRIMERO: Se Modifica el Acuerdo 2007-177, en su Por Tanto Segundo, respecto a la enumeración de recomendaciones de regulación de uso del suelo de la Zona 6, con los siguientes lineamientos de restricción y en aplicación de la “Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de los Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico, emitida por la Junta Directiva de SENARA en sesión del 26 de setiembre del 2006: • Para toda actividad el área de impermeabilización por hectárea no debe sobrepasar el 20% • Aquellas ACTIVIDADADES INDUSTRIALES que a lo largo de las distintas etapas de construcción y operación, generen impacto ambiental negativo al acuífero, deberán presentar un Estudio de Impacto Ambiental debidamente aprobado por SETENA. De acuerdo con el Reglamento del Ministerio de Salud, Decreto 30465 S y el Reglamento de Vertidos y Rehúso de Aguas Residuales. N. 26041-S MINAE, no se permiten las actividades industriales de alto riesgo por la posible afectación de la contaminación. Se definen estas actividades de alto riesgo como aquellas que tienen posibilidad de explosión, incendio, fuga o derrame súbito que resulte del proceso en el curso de las actividades industriales, así como en ductos y en transportes, en los que intervengan una o varias sustancias peligrosas y que suponga un peligro grave (de manifestación inmediata o retardada, reversible o irreversible) para la población, sus bienes, el ambiente y los ecosistemas. • No autorizar actividades de almacenamiento y USO DE PLAGUICIDAS, PESTICIDAS, COMBUSTIBLES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS, O PRECURSORES DE ESTOS CON CUALQUIER FIN. • Para la REMOCIÓN, CORTE Y RELLENO DE MATERIALES (MOVIMIENTOS DE TIERRA), deberá realizarse un estudio Hidrogeológico que compruebe que no habrá afectación al acuífero y un Plan de Gestión Ambiental debidamente aprobados por SETENA. • NO SE AUTORIZA LA CONSTRUCCIÓN O EXCAVACIÓN DE POZOS, GALERÍAS DE INFILTRACIÓN O CUALQUIER OTRA OBRA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS. • Para el caso de DESARROLLOS DE URBANIZACIONES, LOTIFICACIONES, FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS, deberá construirse alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales de tipo ordinario. Se pueden permitir desarrollos con densidades iguales o inferiores a una unidad habitacional por cada 1000 metros. • Para el caso de HOTELES Y SIMILARES PARA HOSPEDAJE, se puede permitir sujeto al manejo de efluentes con planta de tratamiento cumpliendo con el Reglamento de Vertidos vigente. El número de habitaciones no debe exceder una carga equivalente a 50 personas por hectárea. • NO INSTALAR BASUREROS, RELLENOS SANITARIOS O BOTADEROS DE DESPERDICIOS DE CUALQUIER ÍNDOLE. • El AyA considerando los estudios presentados por el interesado y avalados por las instancias pertinentes, podrá dictaminar otro tipo de actividades de las no enumeradas en este acuerdo, que afecten la calidad y la cantidad del agua, estableciendo las recomendaciones técnicas vinculantes para la regulación de la actividad. El AYA estará facultado por la Ley 2726, para evaluar si existe afectación al acuífero y la disposición correcta de las aguas residuales de conformidad con el reglamento de vertidos vigente, además de la aprobación o denegatoria de la actividad. • Se admitirá en la Zona 6 las construcciones de viviendas originadas por el crecimiento vegetativo, siempre que se asegure que las aguas residuales no se viertan a dolinas y se realice la recolección de las basuras por el servicio municipal u otro medio. TERCERO: Se recomienda al Gobierno Local y a las Instituciones Competentes, proceder a realizar medidas de protección tendientes a la conservación de las zonas boscosas. CUARTO: Se instruye a la Administración Superior, para que gestione lo procedente y solicite a la Municipalidad de Limón, la implementación de las recomendaciones emitidas en el presente acuerdo. QUINTO: Se instruye a la Administración Superior, para que gestione a lo procedente y solicite al MINAET, para que restrinja TODA CORTA DE VEGETACIÓN FORESTAL EN LA ZONA 6. SEXTO: Para la zona 6, la Dirección Regional Huetar Atlántica y la UEN de Ambiente, Investigación y Desarrollo, harán y mantendrán un inventario exhaustivo del uso del suelo, identificando las actividades y establecimientos que almacenen sustancias de riesgo para la calidad del agua para uso humano. Asimismo les corresponderá el análisis de las propuestas presentadas por el Administrado y la valoración de no afectación del acuífero y disposición correcta de las aguas residuales. SÉTIMO: En todo lo demás se mantiene vigente lo dictaminado en el Acuerdo de Junta Directiva 2007-177. Notifíquese. Publíquese” (el destacado fue agregado).

El 5 de marzo de 2018, la Dirección UEN Gestión Ambiental del ICAA dirigió el oficio UEN-GA-2018-00322 al Ministerio de Salud y al alcalde de Limón, por medio del que externó: “(…) El AyA en aras de conservar y proteger las aguas subterráneas y captaciones que son aprovechadas para el abastecimiento público en la provincia de Limón, ha definido técnica y legalmente zonas de protección del acuífero kárstico en Moín, mediante el acuerdo de Junta Directiva 2011-112 sesión No.2011-017, donde se establecen restricciones al uso del suelo de las zonas que conforman este acuífero. Ante esta situación y debido al interés de este Instituto (AyA) por proteger el agua subterránea usada para el abastecimiento público y en atención al Voto N°2012-006424, correspondiente al Recurso de Amparo 10-013628-0007-CO, se les solicita respetuosamente nos indiquen las consideraciones y fundamentos técnicos de parte de la Municipalidad y el Ministerio de Salud para otorgar nuevamente el permiso de funcionamiento del predio IRR al Caribe, ya que la Sala Constitucional consideró en esa oportunidad que la actividad realizada por esas empresas pone en peligro la calidad de las aguas subterráneas que sirven de abastecimiento público. De igual manera, ¿qué medidas se implementaron para evitar todo riesgo de contaminación de las aguas subterráneas de la denominada zona 6 acuífero de Moín sus representadas? ¿fueron valoradas por la SETENA? ¿Se realizó una nueva valoración de la actividad de parte del SENARA para que la Municipalidad otorgara el nuevo permiso de funcionamiento? ¿Existe un pronunciamiento por parte del Ministerio de Salud?”.

El 9 de abril de 2018, el ICAA emitió el “INFORME TÉCNICO DE PROCESADO DE DATOS Servicios para el levantamiento, identificación y sistematización de información técnica como un mecanismo de integración de la información bajo el concepto de cuenca, aplicación mediante un estudio fotogramétrico y LiDAR en un sector del Acuífero de Moín, Limón”, en el que se indicó: “8.6.- Conclusiones En este proyecto se ha puesto de manifiesto la potencialidad del empleo de sensores de última generación (concretamente, cámaras digitales fotogramétricas y sensores LiDAR) para la obtención de información de alta calidad (elevada exactitud posicional y un alto nivel de detalle) orientada al estudio de una zona marcadamente dolinizada. El empleo de este tipo de metodologías de captura de datos, apoyada en el tratamiento y posterior análisis de la información extraída permite una caracterización de los fenómenos que se producen en la misma, dicha caracterización constituye un buen punto de partida a completar con otros tipos de estudios. Todo ello en una zona con una complejidad importante, en el sentido, de ser una zona con una importante presencia de vegetación. Al respecto, se puede indicar que de las 438 dolinas detectadas en el interior de la zona 6, un total de 414 estaban completa o parcialmente cubiertas por árboles, dificultando su localización y caracterización mediante metodologías clásicas basadas en métodos topográficos de campo o incluso mediante imágenes aéreas”.

Mientras que, el 13 de abril de 2018, la Unidad Cantonal de Limón del ICAA dirigió el oficio GSP-RHC-L-2018-00348 a la Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata, mediante la que explicó: “(…) En atención a su carta presentada a esta Oficina Cantonal, en donde solicita información sobre si AyA tiene proyectado hacer uso del suelo en las fincas N° 00027138-000 y 00027136-000 de Villa Plata, me permito indicarle que dicha comunidad se encuentra dentro de la zona de recarga y protección de aguas de las nacientes de Moín-Limón, según el Acuerdo de Junta Directiva N° 2007-177 y su modificación N° 2011-112. Por lo tanto, a la comunidad de Villa Plata le alcanza las prohibiciones descritas en los anteriores Acuerdos de Junta Directiva” (el destacado fue agregado). Además, el 19 de abril de 2018, la Dirección UEN Gestión Ambiental del ICAA envió el oficio UEN-GA-2018-00556 a la directora del Área de Salud de Limón, por medio del cual explicó lo requerido por el instituto, de acuerdo con lo establecido en el memorial UEN-GA-2018-00332.

Por memorial GSP-RA-2018-02131 del 25 de setiembre de 2018 (con fecha de recibido 26 de setiembre de 2018), la Región Huetar Atlántica denunció ante la Municipalidad de Limón movimientos de tierra en el sector de Villa Plata de Moín. Además, indicó: “(…) El interés sobre este asunto nace a raíz de la ubicación de estos terrenos dentro de la denominada zona 6 de Moín, esto según el estudio hidrogeológico y de vulnerabilidad realizado para este acuífero. Para esta zona y otras del mismo acuífero, existen recomendaciones de uso establecidas en los acuerdos de Junta Directiva de AyA número 2007-0177 y 2011-0112. Este último es exclusivo para la zona 6 y dentro de las regulaciones se establece que para la remoción, corte y relleno materiales (movimientos de tierra), deberá realizarse un estudio hidrogeológico que compruebe que no habrá afectación al acuífero y un Plan de Gestión Ambiental debidamente aprobados por SETENA (…) la finca donde se registran los movimiento (sic) de tierra se ubica en Villa Plata con coordenadas CRTM 05 Norte 1105634 y Oeste 602415 (…) se solicita la intervención para que la actividad se detenga por completo y se investiguen los hechos descritos”. Asimismo, la Región Huetar Atlántica del ICAA dirigió el memorial GSP-RA-2018-02132 del 25 de setiembre de 2018 a la Oficina Subregional de Limón de MINAET (con sello de recibido del 26 de setiembre de 2018 por SINAC-ACLAC), en el que formuló una denuncia por movimiento de tierra en Villa Plata de Limón. Asimismo, señaló: “se solicita la intervención para que la actividad se detenga por completo y se investiguen los hechos descritos. Se indica que en otros casos similares se ha contado con el apoyo de MINAET ACLAC para levantar las pruebas necesarias, en caso que se realice una denuncia de tipo administrativa o judicial”. Tal denuncia fue remitida al Tribunal Ambiental Administrativo, quien le asignó el expediente n.° 064-19-01-TAA.

En tanto que, el 2 de octubre de 2018, la UEN Gestión Ambiental del ICAA remitió el documento UEN-GA-2018-01659 a la gerencia general del Servicio Nacional de Riego y Avenamiento, por medio del cual señaló: “En atención a los acuerdos de la reunión celebrada el día 02 de octubre de 2018 en las instalaciones del SENARA con referencia al Caso de Matama Village, se adjunta el estudio técnico denominado “Servicios para el levantamiento, identificación y sistematización de información técnica como un mecanismo de integración de la información bajo el concepto de cuenca, aplicación mediante un estudio fotogramétrico y LiDAR en un sector del Acuífero de Moín, Limón” realizado por la empresa STEREO CARTO CENTROAMERICA mediante contratación 2017FTS – 00113 – PRI del Área Funcional de Cuencas Hidrográficas de la UEN de Gestión Ambiental. El estudio se elaboró en la Zona 6 del acuífero Moín, la cual fue oficializada mediante los acuerdos de Junta Directiva del AyA 2007 – 177 y 2011 – 112”. Asimismo, se observa que, el 2 de noviembre de 2018, el ICAA denegó la solicitud de paja de agua planteada por la Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata el 9 de octubre de 2018, debido a que no se ajusta a los requerimientos al estar dentro de la denominada zona 6.

El 14 de marzo de 2019, el ICAA remitió el oficio GSP-RA-2019-00456 al director del ACLAC MINAE, el jefe de la Subregión de Limón y el alcalde de Limón referente a “Corta Forestal y Movimientos de tierra en la Zona Boscosa de Recarga del Acuífero de Moín”. En tal documento se indicó que ese mismo día se constató el uso de maquinaria tipo retroexcavador que estaba realizando movimientos de tierra para la posible conformación de caminos dentro de la zona de protección de las fuentes de Moín denominada zona 6. Asimismo, se indicó que se “está dando la tala de árboles dentro de la misma zona de protección”. De igual forma, se detalló la importancia de garantizar la protección de las nacientes de Moín. Además, se afirmó: “Las actividades de conformación de caminos, movimientos de tierra y tala de árboles dentro de la zona , cuya ubicación se indica en la Figura N° 4, provoca: deforestación, pérdida de recarga acuífera, contaminación con sedimentos y aguas residuales dentro de la zona de recarga e incluso descargando este tipo de desechos directamente en las dolinas, que son ventanas al acuífero; se considera que estas actividades denunciadas provocan un alto riesgo e impacto sobre la Zona de Protección del Acuífero de Moín, máxime si se considera que este sitio de posible invasión, corresponde a uno de los lugares con mayor cobertura boscosa de la Zona de Recarga Directa de las Nacientes de Moín (Pulmón de Nacientes de Moín). Por todo lo anterior, se les solicita de forma inmediata y dentro del marco de sus competencias, que se realicen acciones necesarias para impedir de forma oportuna, que se siga talando y realizando movimientos de tierra en el sitio denunciado y se pueda proteger la cobertura boscosa de esta zona. No se omite manifestar que se espera una acción rápida y oportuna por parte de sus dependencias, esto por las consecuencias a la salud pública y al medio ambiente, que tienen las acciones denunciadas” (el destacado fue añadido). Mientras que, el 31 de mayo de 2019, la Región Huetar Caribe del ICAA remitió el documento CSP-RA-2019-01013 al Concejo Municipal de Limón, por medio del cual solicitó una audiencia, a fin de que el instituto expusiera los alcances técnicos, ambientales y legales de la zona 6 de Moín. Ante tal requerimiento, la Municipalidad de Limón autorizó la audiencia para el 19 de junio de 2019.

El 1° de julio de 2019, el ICAA emitió el escrito PRE-2019-00810, en el que indicó: “(…) se le pone en conocimiento, que se han realizado por parte de la Comisión Moín, conformada por la UEN Gestión Ambiental, Área Legal Ambiental y la Región Huetar Atlántica, las siguientes acciones: 1. Reunión con el personal del Ministerio de Salud local, para dar una capacitación de la importancia del Acuífero Moín, desde el punto de vista hidrogeológico, legal y operativo. (realizada el día 19 de julio 2019) 2. Audiencia en el Concejo Municipal de Limón, en relación a (sic) la (sic) implicaciones de la Zona 6 (Acuífero Moín), Limón, se le explicó al Concejo, la necesidad de que se dé una constatación previa de que no existe riesgo de contaminación de las fuentes captadas por el AyA, de toda actividad, antes del otorgamiento de permisos de ubicación y de funcionamiento. (realizada el día 19 de julio 2019) De conformidad con lo anterior, se acordó la conformación de una comisión interinstitucional conformada por un representante del Concejo Municipal, de la Municipalidad, Área de Salud Limón y Dirección Regional AyA. Por otra parte, para iniciar con las labores de constatación, que ha ordenada la Sala Constitucional, el día 11 de julio 2019, se estará convocando a una gira en conjunto a la empresa Ticontainers, como parte de los casos existentes, y luego de la visita, se emita el informe técnico y se tomen las acciones inmediatas a corto y largo plazo procedentes”. Así, el 11 de julio de 2019, el ICAA efectuó una inspección a la empresa Ticontainers. Además, en febrero de 2020, el ICAA emitió un informe de “INSPECCIÓN DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL ZONA 6 – ACUÍFERO MOÍN AYA – MINISTERIO DE SALUD CASO: PLANTEL DE CONTENEDORES, TICONTAINERS S. A.”. En tal documento se consignó: “Conclusiones a) La propiedad inspeccionada (Plano L-843089-2003) se ubica dentro de la Zona 6 del Acuífero Moín que es de vulnerabilidad alta. b) En la propiedad objeto de inspección se identifica un plantel de contenedores, en la cual se encuentran oficinas, taller mantenimiento y reparación, así como materiales dispersos sin orden, ni disposición correcta en la propiedad. c) En la propiedad se identifican geológicamente depósitos coralinos aflorando en los altos topográficos. Las zonas planas en la propiedad fueron conformadas y niveladas con gravas, los cuales están subyacidas por las formaciones coralinas. d) Se ubicaron dos dolinas dentro de la propiedad, las cuales han sido modificada y condicionada para el desfogue pluvial de la propiedad objeto de inspección. e) Se observaron dos dolinas fuera de la propiedad, a las cuales llegan las aguas pluviales generadas por la escorrentía superficial tanto en la propiedad de inspección como del proyecto que colinda al Oeste (Empresa AI Caribe) y de la ruta 32. f) Se ha identificado hidrocarburos, químicos (con etiquetas de sustancias peligrosas), aceites almacenados sin tratamiento, disposición final y resguardo adecuado, expuestos al agua, sol y viento, sin alguna medida de seguridad, lo cual representa un alto riesgo a la salud de los trabajadores y al recurso hídrico que abastece a la provincia de Limón. g) Se determinó el derrame de aguas residuales crudas sobre la superficie del predio (ver fotos), los cuales son focos de contaminación para las aguas subterráneas. h) Las aguas residuales son dispuestas usando tanques sépticos, drenajes y pozos de absorción con serias deficiencias, el uso de este tipo de sistemas que infiltran las aguas residuales, no deben ser utilizadas como medio de disposición en la zona 6. 8. Recomendaciones Con el objetivo de protección del recurso hídrico en la Zona 6 del Acuífero Moín, se recomiendan las siguientes acciones: a) Se recomienda el acatamiento de los alcances de los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007-177 y 2011-112. b) Se recomienda al Ministerio de Salud que se giren las instrucciones de disposición, recolección y tratamiento de conformidad con las actividades de predio, inspección, mantenimiento y reparación de transporte de contenedores, lo anterior con lo normado en la legislación vigente, debido a que la ausencia genera una amenaza sobre las aguas subterráneas, lo que implica ser una condicionante necesaria. c) Debido a la Vulnerabilidad Alta donde se localiza la propiedad no corresponde el almacenamiento de hidrocarburos y la utilización de químicos que pongan en riesgo el abastecimiento con agua potable a 15 mil personas del Sistema de Limón, incluyendo la zona portuaria y la nueva terminal de contenedores. d) Señalizar, proteger y usar adecuadamente las dolinas en la propiedad de manera que las actividades que se realicen en el predio no las impacten negativamente. e) Separar las aguas residuales ordinarias y especiales de las aguas pluviales, de tal manera que el ingreso del agua (pluviales y escorrentía) a las dolinas no representen una amenaza a la calidad del acuífero y no se vea afectada la recarga al agua subterránea. f) Eliminar la estructura existente del pozo de absorción y todos los sistemas de tanques sépticos y drenajes en el predio. g) Se recomienda la implementación de un sistema de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales ordinarias y especiales que no utilice como medio de disposición final la infiltración en el subsuelo ni las dolinas. h) Se solicita al Ministerio de Salud la verificación en el predio no exista combustibles almacenados, según las recomendaciones de los acuerdos de Junta Directiva. i) Presentar el diseño del sitio, en el cual se indique los porcentajes de impermeabilización según se establece en los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007-177 y 2011-112 (no superar el 20%), así como la infraestructura de manejo de aguas pluviales, que garantice la disposición adecuada de las mismas. Es importante indicar, que dado que la Ley 2726 no le otorga al AyA competencias para emisión de Ordenes y ante el desacato posibilidad de resolver clausura de locales, corresponde al Área de Salud del Ministerio de Salud, la valoración de las recomendaciones presentadas en este informe, para que proceda conforme con sus competencias, según la Ley 5395. De parte de este Instituto se les indica al Ministerio de Salud, que estamos con la anuencia en brindar acompañamiento, revisión de documentación y asesoramiento en las inspecciones de actividades que se realicen en las zonas que estén relacionados con los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007-177 y 2011-112”. En tanto que, el 5 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud le comunicó al ICAA que la empresa TICONTAINERS cumplió los aspectos solicitados en la orden sanitaria MS-DRRSHC-ARSL-0360-2020-OS, por lo que se archivó el caso.

Este Tribunal acredita que, el 15 de junio de 2020, la presidenta ejecutiva del ICAA emitió el oficio PRE-2020-00865, en el que expresó: “(…) A. Acciones de coordinación realizadas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en el marco de sus competencias ha realizado distintas acciones enfocadas al manejo y protección de la zona 6 del Acuífero Moín, las cuales se detallan a continuación: a. Mediante publicación en la Gaceta 83 del 02 de mayo de 2011, del Acuerdo de Junta Directiva N° 2011-112 (Anexo 1), se modificó parcialmente el Acuerdo de Junta Directiva 2007-177, sobre la oficialización del Estudio hidrogeológico y vulnerabilidad del acuífero Moín, Limón, y la actualización de la zona de protección DGAMB-2007-031. En dicho Acuerdo se establecen recomendaciones de regulación de uso del suelo de la Zona 6 a las entidades competentes en el por tanto Primero. b. Gestiones de coordinación más recientes entre las distintas instancias competentes: • Oficios emitidos por la Comisión Moín N° UEN – GA – 2018 – 00322 (Anexo 2) con fecha marzo de 2018, UEN – GA – 2018 – 00556 (Anexo 3) con fecha abril de 2018, UEN – GA – 2018 – 01827 (Anexo 4) con fecha octubre de 2018 y UEN – GA – 2018 – 1975 (Anexo 5) con fecha noviembre de 2018 dirigidos al Gobierno Local y al Ministerio de Salud. • Exposición dada por la Comisión Moín el 22 de mayo de 2019 en la oficina Regional del AyA – Huetar Caribe a la Municipalidad de Limón y al Ministerio de Salud para abordar el tema de la Zona 6, Acuífero Moín en la provincia de Limón. • Exposición dada por Comisión Moín el 19 de junio de 2019 al Concejo Municipal de Limón de las características hidrogeológicas del acuífero Moín, así como los alcances ambientales, técnicos y legales en relación con los permisos de funcionamiento, patente y ubicación en la Zona 6 del Acuífero Moín. • Mediante oficios UEN-GA-2020-00836 (Anexo 6) y UEN-GA-2020-01399 (Anexo 7), se han estado gestionando inspecciones con el Ministerio de Salud, sin embargo, se han pospuesto debido al estado de emergencia decretado por el COVID-19. B. Competencias del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a. Tal y como se le ha indicado anteriormente, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados como entidad pública, debe apegarse al Principio de Legalidad, que emana de la Ley General de Administración Pública en su artículo 11 y circunscribe las competencias del AyA en su Ley Constitutiva Nº2726. Nuevamente, se le aclara que la Institución no tiene competencia para ingresar a propiedad privada para constatar que las edificaciones cumplan con los parámetros constructivos o que utilicen correctamente el sistema de tanque séptico, realizar desalojos, levantamiento del estado físico sanitario de cada una de las construcciones y actividades comerciales, tampoco puede “dejar sin efecto un permiso de funcionamiento”, o “clausurar una actividad” y mucho menos, plantear una denuncia o recurso sin que esté fundamentado en un informe técnico. b. Los acuerdos de Junta Directiva, son recomendaciones de orden técnico, que corresponde aplicar a las Instituciones competentes, al momento de resolver una petición, u otorgar permisos, licencias o autorizaciones. De igual forma, a partir de lo que dispone la Ley General de Administración Pública, estas instituciones tienen la posibilidad de apartarse de esas recomendaciones de forma motivada. En razón de lo anterior, es claro que el Instituto en el marco de sus competencias e interés de proteger el Acuífero Moín, del cual se abastece un sector de la población de Limón, ha realizado una serie de acciones y creado instrumentos, que sirven de insumo tanto a la Municipalidad como al Ministerio de Salud, para que puedan emitir regulaciones en el uso del terreno, así como autorizar la realización de actividades que no afecten la calidad y cantidad del recurso hídrico, es por ello que se hacen las siguientes aclaraciones: 1. Es el Ministerio de Salud, en el caso de edificaciones industriales y comerciales, quien en cumplimiento de lo que establece la Ley General de Salud y sus reglamentos, otorga el permiso de funcionamiento; para esto, considera el pronunciamiento técnico que ha comunicado el AyA. A nivel administrativo, el otorgamiento de todo permiso debe apegarse al principio de legalidad, al cumplimiento y verificación de los requisitos, para que la Administración pueda proceder a realizar la valoración y resolver de conformidad. Téngase presente que la Sala Constitucional en toda la localidad de Limón incluyendo la zona 6, en ningún momento ordenó no otorgar nuevos permisos de funcionamiento (al efecto véase los Votos Nº2008-004751 de 27/3/08 y N°2012-006424, este último correspondiente al Recurso de Amparo 10-013628-0007-CO) 2. El Área de Salud respectiva, es quien puede realizar un levantamiento del estado físico sanitario de cada una de las construcciones y actividades comerciales; de hecho, se encuentra dentro de su actividad ordinaria realizar dicha gestión de forma permanente acatando el deber de fiscalización. 3. Por su parte, es al Gobierno Local a quien le compete otorgar las patentes y emitir el permiso de construcción de toda edificación, de conformidad con el uso del suelo y la valoración técnica que diera el AyA. De lo expuesto, lo que correspondería en principio es que su persona como interesado, dirija su inquietud a dichas instancias para que le brinden la información que resulta de su interés. Sin embargo, en aplicación de la Ley 8220 y sus reformas, se pondrá en conocimiento de esas entidades esta misma nota, para que manifiesten lo procedente según sus competencias. 4. Para que sea posible y eficaz la exigencia de responsabilidad, toda denuncia debe aportar una carga probatoria que permita demostrar la existencia del nexo de causalidad, entre la realización de una actividad o conducta y el resultado ineludible de la comisión de un daño. En materia judicial se aplican los protocolos acordados con la Fiscalía Ambiental. A la fecha el AyA no tiene en su infraestructura de abastecimiento, indicios de contaminación que hayan hecho salir de operación la planta potabilizadora o los sistemas de abastecimiento en la Zona 6, Acuífero Moín; tampoco hay sospechas de alguna entidad, persona física o jurídica que figure en esa condición, por ocasionar algún hecho contaminante. Por tanto, de parte de este Instituto se reitera la anuencia de continuar con la realización de acciones entre las diferentes instituciones competentes, con el objetivo de que las actividades que actualmente se desarrollan, o las que potencialmente se lleguen a autorizar, no afecten la calidad y cantidad del recurso hídrico que es aprovechado para el abastecimiento poblacional” (el resaltado fue agregado).

Aunado a lo anterior, el 13 de octubre de 2021, Fabián Leandro remitió un correo a [email protected], por medio del cual expuso la situación experimentada en las fincas de la sociedad tutelada. Además, indicó: “Mi consulta es de que (sic) forma el AYA nos puede ayudar para iniciar un proceso de desalojo de todas las personas que están contaminando el acuífero (…)”. En respuesta, el día siguiente se acusó recibido de la comunicación electrónica y se requirió el envió de los planos de la propiedad en formato “shape”. El 15 de noviembre de 2021, la Dirección del Área Funcional de Hidrogeología de la UEN Gestión Ambiental del ICAA emitió el memorando UEN-GA-2021-02951 en atención a consulta efectuada por Fabián Leandro referente a las propiedades de Val Di S. A., en el cual se indicó: “Por lo tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se indica lo siguiente: a. Los lotes propiedad de [Nombre 003] aportados por el Lic. Fabian (sic) Leandro, se encuentran ubicados en la Zona 6 de Vulnerabilidad Alta, dentro de la Zona de Protección del Acuífero Moín, la cual fue definida mediante Acuerdo 2011-0112 Junta Directiva del AyA (Sesión Ordinaria Número 2011-017 del 7 de abril del 2011 y publicado en la Gaceta No.83, del 2 de mayo del 2011). b. Se recomienda al Área Legal de la Región Huetar Caribe, realizar consulta a la Dirección Regional Huetar Caribe, con el objetivo de que se manifieste si en la propiedad se encuentra infraestructura operativa destinada a servicio de abastecimiento poblacional. c. En cuanto a la colaboración para el proceso de desalojo de todas las personas que están contaminando el acuífero, es importante que desde el punto de vista Legal se establezcan las recomendaciones, a efectos que la UEN Gestión Ambiental apoye según corresponda”. En tanto que, el 20 de enero de 2022, la Región Huetar Caribe del ICAA emitió el memorando GSP-RHC-2022-00090, por medio del que se señaló en respuesta al oficio PRE-J-2021-04524: “Respecto a la consulta recibida debo de indicar lo siguiente: 1- Efectivamente la propiedad descrita se encuentra dentro de la denominada zona 6, en esta zona existe una tubería de HF 300 mm conducción de la planta potabilizadora de Moín hacia el tanque de Pueblo Nuevo, lo que no significa que esta tubería está en esa finca propiamente dicha. 2- Sobre solicitudes de desalojo, debo de indicar que no le corresponde a esta Dirección gestionar el desalojo de propiedad que son de un tercero, esto si lo hemos hecho para propiedades del AyA, también hemos puesto en conocimiento de la situación al MINAE, sin embargo, reitero no podemos hacer gestiones para que se den desalojos en una propiedad que no le pertenece al Instituto, de hecho las autoridades de policía ni siquiera reciben la denuncia si no son interpuestas por el propietario registral” (la negrita fue incorporada).

El 28 de enero de 2021 (sic), la Dirección UEN Gestión Ambiental del ICAA explicó, en el memorando UEN-GA-2022-00182, que: “se adjuntan los siguientes criterios emitidos en referencia: • Memorando UEN-GA-2021-02951, emitido por la UEN Gestión Ambiental (Anexo 1). • Memorando GSP-RHC-2022-00090, emitido por la Dirección regional Huetar Caribe de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos (Anexo 2). Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se dan traslado de los oficios correspondientes al caso en consulta, siendo necesario que se defina desde el punto de vista Legal las recomendaciones referentes al involucramiento y apoyo de parte de las áreas institucionales, según corresponda”. Mientras que, el 7 de febrero de 2022, un servidor del ICAA emitió el memorando PRE-J-2022-00477, en el que se detalló: “(…) Se consideran para efectos de esta respuesta los criterios técnicos, GSP-RHC-2022-00090, de la Región Huetar Caribe y UEN-GA-2021-02951 y UEN-GA-2022-00182 de la UEN Gestión Ambiental, para indicar al efecto:  Por principio de legalidad, el AyA en cumplimiento de la Ley 2726, no tiene competencia para realizar desalojos en propiedades – folio real, que no se encuentren inscritas a su nombre, siendo ésta, facultad exclusiva del propietario registral. Lo anterior, también encuentra fundamento en el hecho de que los ingresos de AyA están respaldados, únicamente, en las tarifas que pagan los usuarios por los servicios que brinda el Instituto. En ese sentido, la ley obliga a invertir los rubros autorizados en los pliegos tarifarios respectivos, directamente en la infraestructura bajo administración del AyA, en las propiedades que se encuentran a nombre del AyA, en la prestación de los servicios a nuestros clientes en condiciones de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima. La disposición de los fondos derivados de las tarifas, por parte de AyA, en otras instituciones, igualmente obligadas a cubrir con sus tarifas, créditos u otras formas de financiamiento aceptables dentro del sector público, sus obligaciones, o realizar acciones en propiedad privada, genera no sólo la transgresión de diversa normativa como la indicada, sino todo el marco jurídico aplicable conforme al principio de legalidad que rige el actuar de la Administración Pública (En ese sentido además, aplicarían las obligaciones y prohibiciones contenidas en la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley General de Control Interno, Ley de Creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, entre otras). Igualmente, pondría al Instituto ante la disyuntiva de dejar de lado algunas de las obligaciones que requieren de dichos fondos y que fueron justificados oportunamente ante ARESEP y autorizados por ésta. Por otra parte, de conformidad con la posibilidad de realización de un estudio en la Propiedad de consulta, de conformidad con los principios de la Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, ALCANCE NO 29 A LA GACETA NO 27, martes 9 de febrero del 2021, se encuentra el principio de servicio al costo, y de autorización los cuales están definidos por los numerales 3 y 94 de de (sic) la Ley indicada, así: “Artículo 3.- Definiciones Para efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos: (…) b) Servicio al costo: principio que determina la forma de fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos, de manera que se contemplen únicamente los costos necesarios para prestar el servicio, que permitan una retribución competitiva y garanticen el adecuado desarrollo de la actividad, de acuerdo con lo que establece el artículo 31…” Artículo 94.- “Autorización: Se autoriza a las instituciones y empresas públicas que brindan servicios para vender directamente a otras empresas o instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, servicios de asesoramiento, consultoría, capacitación o cualquier otra actividad afín a sus competencias”. Es necesario tener presente que el Exp: 07-009140-0007-CO, Res. Nº 012043-2008 que se invoca, indicando que corresponde al AyA: “…c) Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas (…) la obligación del AYA de ejercer las potestades administrativas para proteger los mantos acuíferos….”, debe ser analizado bajo el contexto que se dio y que obedeció a la valoración de una propiedad en particular, en donde este Instituto debió proceder a realizar los estudios correspondientes por orden de la Sala Constitucional, para llegar a determinar la aptitud de utilización de la propiedad, dicho voto no implica ser una autorización general para que el AyA realice dicha labor en todas las propiedades que se ubican en la zona 6, sin la autorización del propietario y sin que el propietario genere las condiciones para que se pueda realizar la valoración correspondiente. CONCLUSION De conformidad con lo indicado en los criterios técnicos, GSP-RHC-2022-00090, UENGA-2021-02951 y UEN-GA-2022-00182 corresponde que se le comuniquen al interesado, reiterando que: A) El AyA por principio de legalidad no puede instaurar procesos de desalojo en propiedades privadas; pues dicha potestad es exclusiva del titular del dominio del inmueble, de conformidad con el artículo 264 del Código Civil, donde se enumera cuáles son los derechos que integran a el (sic) dominio o la propiedad absoluta sobre una cosa, y entre ellos se encuentran los de defensa y exclusión, y los de restitución e indemnización, los que se desarrolla más adelante en los artículos 295 a 315 y 316 a 334, respectivamente, de tal forma que, la potestad probatoria de la titularidad, como requisito fundamental para el proceso de desalojo resulta excluyente en este caso para el AyA. B) Si bien el artículo 2 inciso c) de la Ley Nº 2726 establece un deber para el Instituto, de controlar la contaminación de los cuerpos de agua y la Sala Constitucional mediante distintas sentencias ha hecho referencia a la protección al recurso hídrico, no puede el Instituto violentar el ordenamiento jurídico y transgredir derechos fundamentales como el de propiedad y en nombre de dicho deber arrogarse competencias que van más allá de su límite de actuación. C) En caso de realización de estudio técnico en la propiedad de consulta, corresponde al propietario generar las condiciones y coordinación para que se brinde seguridad de los funcionarios correspondientes en el ingreso a la propiedad, asimismo dicha labor deberá programarse de conformidad con la prioridad institucional”. Por su parte, el 7 de febrero de 2022, una funcionaria del ICAA dirigió el memorando PRE-J-2022-00480 a Fabián Leandro, mediante el cual indicó “Sirva encontrar adjunto, los documentos que sirven como traslado para dar respuesta a la consulta realizada: Memorando UEN-GA-2022-00182, con sus dos anexos (GSPRHC-2022-00090, UEN-GA-2021-02951), los cuales corresponden al criterio técnico de la UEN. Así como el Memorando No.PRE-J-2022-00477 correspondiente al criterio del área legal ambiental”.

El 21 de febrero de 2022, Fabián Leandro remitió un escrito a Jorge Madrigal García de la Comisión Moín del ICAA, en el que externó: “(…) Sin embargo, se nos indicó que el AYA no podía intervenir y se nos indicó que, en caso de realización de un estudio técnico en la propiedad de consulta, corresponde al propietario generar las condiciones y coordinación para que se brinde seguridad de los funcionarios correspondientes en el ingreso a la propiedad, asimismo dicha labor deberá programarse de conformidad con la prioridad institucional.  Es por ello por lo que el propietario tomó la decisión de asumir el estudio correspondiente en virtud de la carga de trabajo y agenda que se manifestó el AyA les impedía realizarla.  Por lo anterior se requiere nos indiquen cuáles serían los ámbitos a considerar por parte de la empresa privada en el estudio de contaminación del acuífero, los términos de referencia que se deben consignar en el Estudio, metodología a emplear en la propiedad, con el fin de que dicho estudio sea aceptado por el AYA.  Para notificaciones futuras se ofrece Las mías las recibiré en el correo [email protected], o bien al fax 27101678”. Al respecto, el 2 de marzo de 2022, la Región Huetar Caribe le remitió el oficio GSP-RHC-2022-00354 a Fabián Leandro Marín, por medio del cual se indicó que su caso fue trasladado a la UEN Ambiental Investigación y Desarrollo “que indica va a trabajar en la elaboración de los términos de referencia para la ejecución de los estudios pertinentes”. Mientras que, el 17 de marzo de 2022, la UEN Gestión Ambiental le envió el memorando UEN-GA-2022-00528 a la Región Huetar Caribe del ICAA, mediante el cual se consignó: “En atención al correo electrónico emitido por la Dirección de la Región Huetar Caribe a la Dirección de la UEN Gestión Ambiental, en donde se da traslado de la nota del Lic. Fabian (sic) Leandro Marín, referente al caso del inmueble propiedad de [Nombre 003], se indica lo siguiente: 1. Mediante Acuerdo de Junta Directiva del AyA Nº 2007-177, publicado en La Gaceta Nº 83 — Miércoles 2 de mayo del 2007, se presenta por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados la Oficialización del estudio hidrogeológico y vulnerabilidad del acuífero Moín, Limón, y la actualización de la zona de protección DGAMB-2007-031. 2. Mediante Acuerdo de Junta Directiva Nº 2011-112 del AyA, publicado en la Gaceta Nº 83 — Miércoles 2 de mayo del 2011, se presenta por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el proyecto de acuerdo para modificar parcialmente el acuerdo de Junta Directiva 2007-177, en el cual se establecen lineamientos de restricción para la Zona 6. 3. Mediante oficio UEN-GA-2021-02951, emitido por la UEN Gestión Ambiental, se indica lo siguiente: “Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental, se indica que de previo a emitir recomendaciones, es necesario verificar en campo las condiciones hidrogeológicas del inmueble, en específico la presencia y distribución de las dolinas dentro del lote, por lo que se requiere por parte del interesado, en caso de interés de realizar dicho levantamiento, se gestione con la Fuerza Pública y demás Instituciones competentes realizar el acompañamiento respectivo para el cartografiado de las estructuras. Por lo tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se indica lo siguiente: a. Los lotes propiedad de [Nombre 003] aportados por el Lic. Fabian (sic) Leandro, se encuentran ubicados en la Zona 6 de Vulnerabilidad Alta, dentro de la Zona de Protección del Acuífero Moín, la cual fue definida mediante Acuerdo 2011-0112 Junta Directiva del AyA (Sesión Ordinaria Número 2011-017 del 7 de abril del 2011 y publicado en la Gaceta No.83, del 2 de mayo del 2011)…” Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental, se indica que el inmueble propiedad de [Nombre 003], se ubica en la Zona 6, la cual tiene Vulnerabilidad intrínseca Alta definida por el AyA, por lo que el estudio técnico que se debe realizar debe contemplar este parámetro ya definido e incorporar el levantamiento de dolinas (depresiones en el terreno), las cuales pueden variar en dimensión, forma y distribución. Una vez conocidos los elementos (vulnerabilidad alta y ubicación de dolinas), deberá presentar un plan de manejo ambiental concordante con la actividad que se pretenda realizar que garantice la no afectación al recurso hídrico. Una vez finalizado el estudio donde se presenten los resultados finales por parte del interesado, se deberá entregar ante la Comisión Moín coordinada por la Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo. El AyA se reserva la facultad de constatación de la información aportada, para lo cual, deberá gestionarse por el interesado la protección de los funcionarios con la Fuerza Pública y demás Instituciones competentes para realizar la visita al sitio”.

De otro lado, el 25 de marzo de 2022, la Región Huetar Caribe del ICAA emitió el memorando GSP-RHC-2022-00483, en el que se detalló: “En atención al oficio del asunto y a la información adicional solicitada vía correo electrónico, y con relación a la denuncia por movimientos de tierra en el sector de Villa Plata de Moín, Limón, se indica lo siguiente: - El sitio para el que se presenta la denuncia, tanto a la municipalidad de Limón como al MINAE SINAC Área de Conservación La Amistad Caribe, se ubica en la finca N° 7-027136-000, cuyo propietario registral es Propiedades Val Di Sole S.A. No obstante, se aclara que esta finca es objeto de ocupación precaria desde hace muchos años y que lo trabajos denunciados muy probablemente fueron ejecutados por algunos de los ocupantes. – La finca se ubica dentro de la denominada zona 6 de área de recarga del acuífero de Limón para el cual existen acuerdos de Junta Directiva de AyA (2007-177 y 2011-112) que recomiendan regulaciones en el uso del territorio. – Por su misma condición precaria, no existen servicios formales de agua potable en la finca.  – En cuanto a los movimientos de tierra, por el tiempo transcurrido, estos no persisten. Este tipo de intervenciones son normalmente de corta duración, de ahí que AyA recurra a las instituciones locales, con la autoridad suficiente para detenerlos. – Esta denuncia no corresponde al caso ya tratado de la Escuela de Villa del Mar 1 (ver imagen 1) (…)” (la negrita fue incorporada).

Adicionalmente, el 25 de marzo de 2022, el presidente ejecutivo del ICAA remitió un escrito ante el Tribunal Ambiental Administrativo concerniente al expediente 064-19-01-TAA en el que se indicó: “PRIMERO: Mediante informe GSP-RHC-2022-00476, se indica que originalmente este Instituto por medio de la Dirección Región Huetar Caribe presentó denuncia ante las instancias administrativas mediante oficios GSP-RA-2018-02131 y 02132 con sello de recibido por la Municipalidad y el MINAET (SINAC), gestión que fuera trasladada al Tribunal Ambiental Administrativo, sin que el SINAC realizara la valoración correspondiente. En dichas notas se evidenciaba, que los movimientos de tierra eran en Villa Plata, en el sitio que se ubica en las coordenadas CRTM 05 Norte 1105634 y Oeste 602415, específicamente 350 metros este y 200 metros norte de El Empalme de Moín. Las anteriores coordenadas se ubican en la propiedad de [Nombre 003], con cédula jurídica 3-101-663655, fincas 7-27136, PLANO: L-0509859-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL:701010027136 y de la finca FINCA: 27138 PLANO: L-0509860-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL: 701010027138, ambas de la PROVINCIA: LIMON. El informe GSP-RHC-2022-00483 indica respecto a la verificación de localización de las coordenadas originalmente citadas que: “…-El sitio para el que se presenta la denuncia, tanto a la municipalidad de Limón como al MINAE SINAC Área de Conservación La Amistad Caribe, se ubica en la finca N° 7-027136-000, cuyo propietario registral es Propiedades Val Di Sole S.A. No obstante, se aclara que esta finca es objeto de ocupación precaria desde hace muchos años y que lo trabajos denunciados muy probablemente fueron ejecutados por algunos de los ocupantes. – La finca se ubica dentro de la denominada zona 6 de área de recarga del acuífero de Limón para el cual existen acuerdos de Junta Directiva de AyA (2007-177 y 2011-112) que recomiendan regulaciones en el uso del territorio. – Por su misma condición precaria, no existen servicios formales de agua potable en la finca. – En cuanto a los movimientos de tierra, por el tiempo transcurrido, estos no persisten. Este tipo de intervenciones son normalmente de corta duración, de ahí que AyA recurra a las instituciones locales, con la autoridad suficiente para detenerlos…” SEGUNDO: Mediante oficio PRE-J-2021-04524, comunicado por correo electrónico, se da traslado y se pone en conocimiento el 13 de octubre del 2021, al Lic. Fabián Leandro, representante de los propietarios actuales del inmueble 7-027136-000, donde se realizaron los movimientos de tierra, la situación con respecto al acceso a dicha finca, la cual se encuentra invadida: “El Presente correo tiene por objeto se me informe el resultado de la gestión realizada a esa oficina administrativa del AYA para el desalojo de las personas que están contaminando el acuífero de Moín y que están a la vez sobre la finca [Nombre 002], con cédula jurídica 3-101-663655, fincas 7-27136 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000, SEGREGACIONES: NO HAY, NATURALEZA: TERRENO DE REPASTO Y EN PARTE DE BOSQUE, SITUADA EN EL DISTRITO 1-LIMON CANTON 1-LIMON DE LA PROVINCIA DE LIMON, FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA, LINDEROS: NORTE : QUEBRADA Y JOSE JOAQUIN ROJAS QUIROS, SUR : CALLE PUBLICA CON 529,18 METROS, ESTE : QUEBRADA Y JUAN SARKIS ESTEFANO, OESTE : CON COSAS DE MADERA S A, MIDE: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN METROS CON TREINTA Y DOS DECIMETROS CUADRADOS, PLANO:L-0509859-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL:701010027136 y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: 27138 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000, SEGREGACIONES: NO HAY, NATURALEZA: TERRENO CON 4 CASAS Y OTROS, SITUADA EN EL 5 DISTRITO 1-LIMON CANTON 1-LIMON DE LA PROVINCIA DE LIMON, FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA, LINDEROS: NORTE : CALLE PUBLICA, SUR : LINEA DE FERROCARRIL Y OTRO, ESTE : CALLE PUBLICA Y OTRO, OESTE : TROCHA DEL FERROCARRIL, MIDE: CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS CON VEINTITRES DECIMETROS CUADRADOS, PLANO:L-0509860-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL: 701010027138. Ambas fincas se ubican en un lugar llamado Villa Plata, que es un precario donde hay gran cantidad de casas y personas usurpando la finca. Dichas fincas se ubican en un cien por ciento dentro de la zona 6 descrita en el oficio Nº 2007- 177, ASUNTO: Oficialización del estudio hidrogeológico y vulnerabilidad del acuífero Moín, Limón, y la actualización de la zona de protección DGAMB-2007-031, y en ella existen gran cantidad de casas de habitación, parceleros que están ilegítimamente poseyendo la finca y al mismo tiempo generando daños al ambiente y contaminación del acuífero. Mi consulta es de que forma el AYA nos puede ayudar para iniciar un proceso de desalojo de todas las personas que están contaminando el acuífero…” A partir de lo indicado, se señala que, pese a que el momento de la denuncia (2018) los movimientos de tierra fueron responsabilidad del propietario registral, los mismos no continuaron luego de los hechos denunciados. Por lo cual, no puede identificarse al día de hoy, de forma fehaciente, cuál fue la consecuencia de los mismos ó (sic) dimensionar el daño causado al momento de su realización. Este Instituto debido a la situación actual de invasión al inmueble, el cual es a la fecha un asentamiento consolidado en la propiedad de [Nombre 003], con cédula jurídica 3-101-663655, fincas 7-27136, PLANO:L-0509859-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL:701010027136 y de la finca FINCA: 27138 PLANO:L-0509860-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL: 701010027138, ambas de la PROVINCIA: LIMON, no puede a la fecha, facilitar la individualización de la persona que provocó el daño ambiental, para lo que corresponde a ese Tribunal Ambiental en la búsqueda de la verdad real de los hechos, así como para lo que corresponda al derecho de defensa de los presuntos causantes del daño al ambiente y a la salud de las personas por acción u omisión”. (la negrita fue incorporada).

El 8 de abril de 2022, la Unidad Cantonal de Limón del ICAA emitió el documento GSP-RHC-L-2022-00494 dirigido a la Asociación de Desarrollo Integral Villa Plata, en el que se consignó: “Como adenda y aclaración al oficio GSP-RHC-L-2022-00488 del 07 de abril del 2022, quiero referirme muy atentamente a lo siguiente:  1. Si bien es cierto, las declaraciones juradas son para terrenos sin escribir, Villa Plata posee una finca generada (tiene dueño registral), razón por lo cual esta gestión no es procedente para el caso en cuestión. Se aclara a su vez que no aplica para el caso de Villa Plata, los planos de agrimensura y declaraciones juradas, debido a que el asentamiento posee un dueño registral. 2. Villa Plata es un asentamiento no autorizado por el dueño registral de la Finca, razón por lo cual, sus habitantes no cuentan con la titularidad de los bienes inmuebles. Por esta razón, AyA no puede entrar a valorar la factibilidad de prestar su servicio en Villa Plata. Considerando lo anterior, no es posible realizar una inspección de campo de acuerdo con los solicitado en su documento recibido en esta Oficina el pasado 25-03-2022, ya que el asentamiento es de índole privado. 3. Villa Plata está ubicada en una zona estratégica dentro de las áreas de recarga del acuífero de Moín, en especial lo atinente a la denominada “Zona 6”, con recomendaciones establecidas y reguladas por los Acuerdos de Junta Directiva N° AN-2007-177 y N° 2011-112. Se adjuntan los acuerdos mencionados. 4. La solicitud de servicios para Villa Plata no tan sólo trata sobre el suministro de agua potable, sino de una regularización completa, cumpliendo para todos los demás servicios, dentro de los cuales la solución de aguas residuales, tamaño de terreno y área impermeabilizada, resultan de importancia por lo ya expuesto y por lo indicado en los ya mencionados Acuerdos de Junta Directiva de AyA, mismos que son vinculantes según lo indicado por la Sala Constitucional. Esto quiere decir que, aun resolviéndose el tema de titularidad de los terrenos de Villa Plata, debe de considerarse las recomendaciones de los Acuerdos de Junta Directiva, tratamiento y solución de las aguas residuales, capacidad hidráulica e hídrica, entre otros. Siendo este un asentamiento en condición precaria no es posible entrar a analizar o sugerir al respecto de la solicitud planteada, hasta que sea resuelto la tenencia de suelos, y se ajuste el requerimiento a los mencionados Acuerdos de Junta Directiva (…)”.

El 9 de mayo de 2022, el ICAA efectuó el informe técnico PRE-J-2022-01740 referente al “Precario Villa Plata Fincas 00027138-000 y 00027136-000”, en el que se indicó: “A) Denuncias Presentadas: En la Tabla N° 1, se muestran las Denuncias presentadas por movimientos de Tierras, tala de árboles dentro de la Zona 6 de Moín o instalación de actividades no compatibles con las Recomendaciones de Regulación, establecidas en el Acuerdo de Junta Directiva de AyA 2011-112. Para ser concisos sobre el tema solicitado, solo se adjuntará la evidencia de los casos referente al Precario Villa Plata, los cuales serán presentados como anexos de este documento y son los marcados en color amarillo (…) Detallando las denuncias que tienen que ver con el Precario de Villa Plata: Denuncia N° 7 y N° 8: En setiembre del 2018 se presentó por parte del Ingeniero José Matarrita del AyA Región Huetar Caribe estas denuncias mediante los Oficios GSP-RA-2018-02131 y GSP-RA-2018-02132 (Adjuntos), las cuales fueron notificadas tanto a las autoridades del MINAE, como a la Municipalidad de Limón, sobre movimientos de tierra ilegales en el Precario Villa Plata y dentro de la propiedad Folio Real N° 27136-000. A la fecha se tramita la misma, a través del Tribunal Ambiental Administrativo Expediente N° 064-19-01-TAA. Denuncia N° 9: En marzo del 2019, se presentó por parte del Ingeniero Alejandro Rodríguez Vindas del AyA Región Huetar Caribe, Oficio GSP-RA-2019-00456 donde denuncia Corta Forestal y Movimiento de Tierra en la Zona Boscosa del Acuífero de Moín, la cual fue notificada tanto a las autoridades del MINAE, como a la Municipalidad de Limón, sobre movimientos de tierra ilegales y corta de vegetación Forestal. Tal y como se muestre en la Figura N° 1, parte de estos movimientos de tierra y corta de vegetación forestal, se dieron en el costado Sur este de la Finca Folio Real N° 27136-000 (…) De estas denuncias, se evidencia que el AyA ha aplicado los mecanismos que el marco jurídico le permite, para denunciar la corta de vegetación y movimientos de tierra en la propiedad Folio Real N° 27136-000, situación que no ha sido atendida por las autoridades competentes ni por el propio dueño de la propiedad, el cual nunca ha sido posible contactar al momento que se hace este tipo de denuncias. B) Desarrollo de Nuevos Proyectos: En la Tabla N° 2, se muestran las principales solicitudes de Nuevos Proyectos en la Zona 6 del Acuífero Moín. Para demostrar que es factible la realización de los Proyectos en Zona 6 del Acuífero Moín, se enmarcan de color verde los Proyectos que han obtenido el visto bueno y disponibilidades de agua requeridas para construir estos; tal y como se desprende de los resultados obtenidos, de 10 Proyectos propuestos el 50 % fueron aprobados por AyA para iniciar los trámites constructivos correspondientes, mediante la emisión de cartas de disponibilidad de agua (…) las Recomendaciones de Regulación establecidas por AyA en el Acuerdo de Junta Directiva N° 2011-112, no vacían el derecho del propietario de realizar actividades y Proyectos de diversa índole, tal y como se ha demostrado. De hecho, la ejecución de proyectos sobre la Zona 6 del Acuífero de Moín, requiere que el Proyecto planteado sea ambientalmente amigable; haciendo consideraciones que permitan maximizar la recarga del acuífero y minimizar el impacto de las aguas residuales generadas mediante sistemas de tratamiento, que permiten proteger y resguardar la calidad del recurso hídrico. En adición a este planteamiento, se tiene que en el período de los años 2020 y 2021; tal y como se muestra en la Tabla N° 3, se tienen 80 solicitudes de disponibilidad de agua potable para vivienda unifamiliar, de las cuales el 54 % o 43 solicitudes de disponibilidad de agua, fueron aprobadas por la Oficina Cantonal de Limón, dentro de la Zona 6 del Acuífero Moín, lo que refuerza el hecho de que es factible desarrollar las propiedades dentro de esta zona (…) C) Instalaciones existentes: En la Tabla N° 4, se muestran los principales criterios dados por el AyA Región Huetar Caribe, respecto a las Instalaciones existentes y como (sic) lograr que estas instalaciones, logren cumplir con las Recomendaciones de Regulación dadas por AyA dependiendo en el sector donde se ubican y según criterios de los Acuerdos de Junta Directiva N° 2007-177 o N° 2011-112. Para ser concisos sobre el tema solicitado, solo se adjuntará la evidencia de los casos referente al Precario Villa Plata, los cuales serán presentados como anexos de este documento y son los marcados en color amarillo (…) En el caso del Precario Villa Plata, se han externado a través del tiempo múltiples criterios emitidos por la Oficina Cantonal de Limón, en el caso de la Tabla N° 4, se indican 3 de ellos, en los cuales ha sido reiterado el criterio de que no es posible otorgar servicio de agua, ni disponibilidades de agua, ni la posibilidad de colocar pajas públicas dentro del precario. Adicionalmente, en todas las notas se le indica la ubicación de este Precario dentro de la Zona de recarga y de protección de aguas de las nacientes de Moín, donde se debe dar el cumplimiento de los Acuerdos de Junta Directiva N° 2007-177 y N° 2011-112 (…) el Precario Villa Plata tiene muchos años de haberse establecido, de hecho, el sello de la Asociación de Desarrollo impreso en la solicitud indica el año 2010, esto puede ser corroborado con la Figura N° 9, donde al hacer un extracto de una imagen de Google Earth con fecha febrero del 2010, ya se tiene dentro de las propiedades 00027138-000 y 00027136-000 gran cantidad de caminos internos, viviendas, áreas sin bosque; etc. (…) Lo anterior es muy importante hacerlo notar dado a que los propietarios de estos terrenos indican que AyA, no ha hecho lo necesario para proteger el Acuífero de Moín; sin embargo existe evidencia documental suficiente para demostrar que durante más de 14 años se ha denegado por parte de AyA las disponibilidades de servicios de agua potable en el Precario Villa Plata y que durante ese mismo tiempo, no consta ninguna gestión por parte de los propietarios de estos terrenos para recobrarlos; sin embargo independientemente de este hecho, AyA ha realizado las denuncias y las actuaciones que la ley le permite dentro de lo que en el informe se ha denominado “instalaciones existentes” en la Zona 6, para que se cumpla el Acuerdo de Junta Directiva N° 2011-112 (…) Finamente, el AyA en el caso de la Zona 6 del Acuífero Moín ha realizado diferentes Proyectos o acciones y planea hacer otras actividades que permiten mejorar la Protección del Recurso Hídrico de las Nacientes de Moín, entre ellos están: A) Creación de la Comisión del Acuífero Moín: En el mes de julio del 2010; AyA creó una Comisión Multidisciplinaria para resolver los casos pendientes, a esa fecha sobre el Acuífero de Moín, denominada como “ Comisión de Acuífero Moín”. En esta instancia, se tiene representación de la Unidad Ambiental, Departamento Legal, la Subgerencia General del AyA y funcionarios de la Región Huetar Caribe. Actualmente esta Comisión emite de manera colegiada los criterios técnicos en proyectos o casos que así lo ameriten en las Zonas establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva N° 2007-177 y N° 2011-112. B) Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Potable: Dentro del décimo punto del Acuerdo Nº 2007- 177 se indicó: “ Salvo que se demuestre que las fuentes de Moín hayan sido afectadas de manera irreversible, según la normativa, por el evento de Químicos Holanda, se deberán mantener en uso para abastecimiento a la población por razones de orden técnico, de demanda; con las siguientes condiciones: Ordenar la construcción inmediata de una planta de tratamiento, incluyendo un sistema de carbón activado o de la tecnología necesaria para asegurar la calidad por cualquier posible contaminación. Se deberá iniciar de inmediato los estudios para definir la posibilidad de utilizar la cuenca alta del río Banano con miras a sustituir la fuentes (sic) de Moín en caso de que se lleguen a contaminar por las actividades industriales que se desarrollan en la cuenca” En acatamiento a ese acuerdo y tal y como se observa en la Figura N° 10, está operando desde el mes de marzo del 2012, la Planta de Tratamiento de Moín, cuyo costo fue del orden de ¢ 400,000.000,00 (Cuatrocientos millones de colones). Esta planta permite tratar las aguas de la Naciente, mediante la remoción de turbiedad y carga orgánica que tienen las aguas de las Nacientes de Moín y de esta manera garantizar la potabilidad del agua que se brinda a la población. Es importante indicar que esta planta, no está capacitada para tratar sustancias peligrosas, químicos, combustibles, etc (…) C) Comunicación al más alto Nivel: Tal y como consta en el documento PRE-1426-2012 en el mes noviembre del 2012, la Presidenta Ejecutiva de AyA la Ing. Yesenia Calderón Solano; notifica al Sr Alcalde de la Municipalidad de Limón Lic. Nestor Mattis Williams, sobre la aplicación de los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007-177 y N° 2011-112, dentro del Plan Regulador de Limón, finalmente se indica: (…) De igual forma mediante Oficio PRE-1426-2012 en el mes noviembre del 2012 (adjunto), la Presidenta Ejecutiva de AyA la Ing. Yesenia Calderón Solano; notifica al Ing. Uriel Juárez Baltodano de la Secretaria Técnica Ambiental, donde lo notifica sobre la aplicación de los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007-177 y N° 2011-112. D) Proyecto Lidar: Mediante la contratación N° 2017FTS-00113-PRI por un monto de 20 millones de colones, se contrató por parte del Departamento de Cuencas hidrográficas del AyA, los Servicios para el levantamiento, identificación y sistematización de información técnica como un mecanismo de integración de la información bajo el concepto de cuenca, aplicación mediante un estudio fotogramétrico y Lidar sobre la Zona 6 del Acuífero de Moín. Entre los resultados obtenidos y tal y como se muestra en la Figura N° 11, se logró identificar las dolinas, sumideros y depresiones topográficas dentro de la zona, lo que permite identificar la densidad de estos elementos dentro de las propiedades donde se solicita la realización de Proyectos nuevos en la zona 6 del Acuífero Moín, una vez identificadas estas estructuras; la Unidad Ambiental del AyA realiza el levantamiento en el sitio y emite el criterio correspondiente sobre los mismos. Esta información permite valorar la conceptualización de los proyectos sobre la Zona 6 antes detallada para emitir las disponibilidades de agua de estos y para corroborar la información que emiten los desarrolladores. (…) E) Proyecto de Construcción del Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Moín: Como parte de las gestiones realizadas por el AyA para la Protección del Acuífero de Moín, se tiene dentro del Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de Calidad Eficiencia del Servicio BCIE 2188, el Proyecto BPIP 1984 denominado “Construcción de Alcantarillado Sanitario de Moín, el cual pretende realizar la construcción del alcantarillado sanitario en el área mostrada en la Figura N° 12 y la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales mostrada en la Figura N° 13, todo dentro de los sectores con mayor densidad de población dentro de la Zona 6 del Acuífero de Moín (…) CONCLUSIONES: 1) El AyA por más de 19 años ha realizado las denuncias necesarias ante la Municipalidad de Limón y el Ministerio de Ambiente y Energía para que se paralicen los movimientos de tierra, cortas de vegetación forestal en el momento en que se detecta una afectación a las zonas de Recarga del Acuífero de Moín. Además, denuncia la realización de actividades existentes que no son compatibles con las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007- 177 y N° 2011-112. 2) El AyA por más de 19 años ha revisado que la conceptualización de los Nuevos Proyectos en las Zonas de Recarga del Acuífero de Moín, cumplan con las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007- 177 y N° 2011-112, permitiendo a la fecha la realización del 50 % de los Proyectos presentados, con resultados exitosos, como lo es el ejemplo mostrado donde los Apartamentos de Matama Village tienen 6 años de estar en operación, sin generar ningún riesgo de contaminación al Acuífero de Moín. 3) En los años 2020 y 2021 se han aprobado el 54 % de las disponibilidades de agua para construcción de vivienda unifamiliar en la Zona 6 del Acuífero de Moín. 4) Considerando lo indicado en las conclusiones 2 y 3, no cabe duda que es factible el desarrollo de diferentes tipos de Proyectos en la Zona 6 del Acuífero de moín, con lo que estas regulaciones, no vacían el derecho del propietario de realizar actividades y Proyectos de diversa índole, tal y como se ha demostrado. 5) Con respecto a las actividades existentes, queda demostrado que el AyA por 19 años ha emitido los criterios necesarios para poder lograr que las actividades actuales cumplan con las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007, 177 y N° 2011-112. 6) En el caso particular del Precario Villa Plata, a la fecha no se ha suministrado ninguna disponibilidad de servicio de agua, ni paja pública para este desarrollo, donde recurrentemente, se pone de conocimiento de la Asociación Integral de Desarrollo de Villa Plata, las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007- 177 y N° 2011-112 y la imposibilidad de brindar los servicios, de igual manera se han interpuesto las denuncias respectivas dentro del propio Precario. Todo lo anterior en resguardo de la titularidad de ambas propiedades. 7) Las autoridades de más alto nivel del AyA, han solicitados el cumplimiento del Voto N° 2008-004751 de la Sala Constitucional, para que la Municipalidad de Limón modifique el Plan Regulador para que se incorporen las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007- 177 y N° 2011-112. 8) No consta en nuestro archivos y expedientes ninguna gestión realizada por el propietario de las Fincas N° 00027138-000 y 00027136-000, para lograr frenar la ocupación por más 14 años del Precario Villa Plata y no ha existido ninguna comunicación previa del propietario con las Región Huetar Caribe, que hubiese permitido coordinar las denuncias que se han presentado o para mantenerle informado sobre resultado de las gestiones de solicitud de agua potable que realiza la Asociación Integral del Precario Villa Plata en sus terrenos. 9) El Instituto ha realizado proyectos importantes en la Protección del Acuífero Moín, como lo son la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Moín, el Desarrollo del Proyecto Lidar ya explicado y a futuro la realización del alcantarillado sanitario de Moín y su Planta de Tratamiento de aguas residuales , donde el Sector de Villa Plata ( Sector 3) está incluido como parte del caudal de tratamiento, ya que se desconoce a futuro que va a pasar con el Precario de Villa Plata, precisamente por la inacción por varios años de sus propietarios. 10) Con todo lo anterior se demuestra que lo apuntado por el recurrente respecto a la inacción Institucional carece de sustento técnico y documental, tal y como queda demostrado en este informe” (la negrita fue incorporada).  

El 9 de mayo de 2022, la UEN Gestión Ambiental del ICAA suscribió el memorando UEN-GA-2022-00850, en el que se indicó: “(…) II. Acciones de Coordinación Interinstitucional El AyA como institución rectora en el abastecimiento poblacional, ha realizado investigaciones con el objetivo de generar el sustento técnico que permita la protección del recurso hídrico en el Acuífero Moín, del cual se abastece parte de la población de Limón. Debido a lo anterior, por parte del AyA se han realizado acciones con diferentes instituciones competentes para socializar la información técnica que se ha generado y asesorarlas desde el punto de vista hidrogeológico, legal y operativo, de manera que la información brindada sea una herramienta en las valoraciones técnicas que realizan las instancias. A continuación, se presenta un resumen de las gestiones efectuadas entre el año 2018, 2019 y 2020: 1. Mediante oficio UEN-GA-2018-00322 (Anexo 3), la UEN Gestión Ambiental, realiza consulta a la Dirección del Ministerio de Salud sobre el permiso de funcionamiento de un proyecto ubicado en la Zona 6 del Acuífero Moín, Limón. 2. Mediante oficio DR-HC-0488-2018 (Anexo 4), la Dirección Regional del Ministerio de Salud en Limón, atiende el oficio UEN-GA-2018-00322, en el cual informa que estará dando respuesta a lo solicitado a la brevedad a través de la Dra. Giselle Lucas Bolívar, directora del Área Rectora de Salud de Limón. 3. Mediante oficio UEN-GA-2018-00556 (Anexo 5), la UEN Gestión Ambiental, solicita al Área Rectora de Salud, información técnica referente a permisos de funcionamiento para el proyecto IRR ALCARIBE, ubicado en la Zona 6, Moín. 4. Mediante reunión celebrada el 02 de octubre de 2018 (Anexo 6), entre el SENARA y el AYA, se expone la información técnica relacionada al Proyecto Matama Village, en donde se acuerda compartir la información referente a la Zona 6, con la que cuenta el AyA. 5. Mediante oficio UEN-GA-2018-01659 (Anexo 7), con fecha 02 de octubre de 2018, la UEN Gestión Ambiental hace entrega al SENARA del estudio técnico denominado: “Servicios de levantamiento, identificación y sistematización de información técnica como un mecanismo de integración de la información bajo el concepto de cuenca, aplicación mediante un estudio fotogramétrico y LiDAR en un sector del Acuífero Moín, Limón” 6. Mediante oficio UEN-GA-2018-01975 (Anexo 8) con fecha 21 de noviembre de 2018, la Comisión Moín, solicita al alcalde Municipal información sobre el expediente administrativo de la Empresa Ticontainers. 7. Mediante oficio PRE-2019-00516 (Anexo 9), la Presidencia Ejecutiva del AyA, solicita al Alcalde Municipal y al Concejo Municipal de Limón, así como al Director Regional del Ministerio de Salud y al Área Rectora de Salud de Limón, una reunión para atender un caso de un proyecto en la Zona 6, en la cual indica: “Ante esto se les solicita muy amablemente ser parte de la reunión con los técnicos del AyA (UEN Gestion (sic) Ambiental, Dirección de Urbanizaciones, Dirección Jurídica, Dirección Regional), el día 22 de mayo de 2019 (fecha definida con suficiente antelación para la coordinación de agendas respectivas), a las 08:30 am en las oficinas de la Dirección Regional del AyA ubicada en Barrio Roosevelt, Limón, y posteriormente si se considera oportuno una visita de campo.” 8. Mediante Acuerdo SM-248-2019 (Anexo 10), con fecha 07 de mayo de 2019, el Concejo Municipal de Limón, en referencia al oficio PRE-2019-00516 del AyA, indica: “SE ACUERDA: Confirmar la participación de las siguientes personas: Alma Maxwell Daley, Eladio Arce Coto, Johnny Smith Bennett – Regidores Propietarios; Ana Yan Leung – Regidora Suplente; Larry Wein Calvin – Síndico Propietario y Johana Watson Martínez – Síndica Suplente; con el fin que asistan el día 22 de mayo del 2019” 9. Mediante reunión del 22 de mayo de 2019 (Anexo 11), celebrada en Dirección Regional del AyA en Limón, participaron los siguientes funcionarios: (…) En donde se acuerda: 1. Crear una Comisión Interinstitucional Moín, conformada por al menos un representante de cada una de las instituciones, AyA, MinSa, Municipalidad. La cual analizará en conjunto la constatación de no afectación de contaminación de las fuentes captadas por el AyA, en los permisos de funcionamiento ubicados en la Zona 6 Moín… …6. Girar invitación a la Dirección de Aguas del MINAE para que participe de la Comisión Interinstitucional… …Para el caso de la Empresa Ticontainers, se acuerda la realización de una inspección conjunta, el día 04 de julio de 2019, luego de dicha inspección se emitirán recomendaciones técnicas…” 10. Mediante oficio GSP-RA-2019-01013 (Anexo 12), emitido por la Dirección Regional del AYA, se solicita al Concejo Municipal de Limón audiencia para exponer por parte de la Comisión Moín del AyA, los alcances ambientales, técnicos y legales, de la Zona 6 Moín, como Zona de Interés Estratégico de Captación, los Acuerdos de Junta Directiva 2007-117 y 2011-017 del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 11. Mediante Acuerdo SM-331-2019 (Anexo 13), con fecha 11 de junio de 2019, el Concejo Municipal de Limón, en referencia a la solicitud de audiencia emitida por el AyA, indica: “SE ACUERDA: Se le autoriza la Audiencia para el día miércoles 19 de junio de 2019, al ser las 17:00 horas; en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Limón.” 12. Mediante correo emitido por la Dirección de la UEN Gestión Ambiental con fecha 12 de junio de 2019 (Anexo 14), dirigido a los representantes de la Comisión Interinstitucional conformada en la reunión del 22 de mayo de 2019, se coordina la participación en la sesión del Concejo Municipal de Limón el 19 de junio de 2019 a las 05:00 pm. 13. Mediante correo emitido por la Dirección del Área Rectora de Salud (Anexo 15), con fecha 17 de junio de 2019, se coordina una presentación por parte del AyA, al personal técnico del Ministerio de Salud sobre las investigaciones realizadas en la Zona 6, y de aspectos legales y operativos. 14. Mediante reunión celebrada el 19 de junio de 2019 (Anexo 16) en la Dirección Regional del AyA en Limón, por parte del AyA se expone a los funcionarios del Ministerio de Salud los Acuerdos de Junta Directiva del AyA. 15. Mediante Sesión Municipal del 19 de junio de 2019, se expone por parte del AyA al Concejo Municipal los Acuerdos de Junta Directiva del AyA. 16. Mediante Acta Extraordinaria N°33 del miércoles 19 de junio de 2019 (Anexo 17), se presentan los acuerdos de la sesión municipal, en la cual el AyA presentó aspectos técnicos referentes a la Zona 6 del Acuífero Moín, entre los que se indica: “MOCIÓN: Nombrar a las siguientes personas para que formen parte de la Comisión Interinstitucional del AyA; a la Lic. Ana Cecilia Yan Leung-Regidora Suplente, Ing. Antonio Babb Reid-Dirección de Ingeniería Municipal y el Ing. Erwing Amador Ulloa-Unidad de Censo y Catastro Municipal.” 17. Mediante correo del 25 de junio de 2019 (Anexo 18), la UEN Gestión Ambiental, le remite a la Dirección de Agua la presentación técnica realizada el 19 de junio de 2019 en el Concejo Municipal de Limón y los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007-177 y N° 2011-112. 18. Mediante inspección realizada el 11 de julio de 2019 (Anexo 19), se realiza visita de campo por parte de funcionarios del AyA y Ministerio de Salud al proyecto Ticontainers. 19. Mediante oficio UEN-GA-2020-00494 (Anexo 20), emitido por la UEN Gestión Ambiental, se remite al Área Rectora de Salud en Limón, el informe de inspección de la visita de campo realizada en Ticontainers y coordina para futuras reuniones, en donde indica: “Asimismo, se le solicita su anuencia para continuar con el acompañamiento de las inspecciones en proyectos ubicados en la Zona 6, siendo de interés particular de la Comisión Moín realizar una reunión para elaborar un cronograma del año 2020, ante esto le proponemos el jueves 26 de marzo, a las 1:00 pm en sus instalaciones o en las instalaciones de la Región Huetar Caribe del AyA, quedamos atentos a su disponibilidad, mediante correo o nota en atención a esta propuesta de fecha, con los siguiente contactos: • M.Sc. Viviana Ramos Sánchez, Directora UEN de Gestión Ambiental Correo: [email protected] • Geól. Christian Delgado Segura, Director Área Funcional de Hidrogeología Correo: [email protected]” 20. Mediante oficio MS-DRRSHC-ARSL-01437-2020 (Anexo 21), la Dirección del Área Rectora de Salud de Limón, remite a la Dirección de la UEN Gestión Ambiental, el informe técnico MS-DRRSHC-IT-01030-2020, referente al caso Ticontainers. 21. Mediante oficio UEN-GA-2020-00836 (Anexo 22), la UEN Gestión Ambiental comunica a la Dirección del Área Rectora de Salud, la cancelación de reunión por pandemia y reprogramación de la misma, en donde se indica: “En atención al oficio UEN-GA-2020-00494, donde se solicita una reunión sobre el Proyecto Ticontainers, a realizarse el día 26 de marzo del 2020, muy amablemente y en referencia a la situación del país, ante la presencia del Covid-19, se procederá a reprogramar la reunión para el día 23 de abril del 2020, a la 1:00 pm, en sus instalaciones o en las instalaciones de la Región Huetar Caribe del AyA, quedamos atentos a su disponibilidad, mediante correo o nota en atención a esta propuesta de fecha…”  22. Mediante oficio UEN-GA-2020-01399 (Anexo 23), la UEN Gestión Ambiental, le comunica a la Dirección del Área Rectora de Salud lo siguiente: “De la manera más atenta, y según documento UEN-GA-2020-00836, de fecha 18 de Marzo del 2020, donde se indica la fecha 23 de abril del 2020, como fecha tentativa, para realizar reunión de seguimiento sobre el Proyecto Ticontainers y otras empresas, y debido a la emergencia Covid-19, la misma se tendrá que reprogramar hasta nuevo aviso, ya que es sumamente importante la reunión presencial y ese mismo día realizar la gira de campo.” 23. Mediante oficios UEN-GA-2018-01766 (Anexo 24), PRE-2019-00009 (Anexo 25), PRE-2019-00810 (Anexo 26), PRE-2020-00865 (Anexo 27), emitidos por el AyA, se ha informado a grupos organizados como es el caso de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, sobre acciones de coordinación y abordaje con las instituciones y el Gobierno Local, en relación a (sic) proyectos en la Zona 6 del Acuífero Moín. Es importante señalar, que el AyA desde la publicación del Acuerdo de Junta Directiva 2007, ha realizado acciones de coordinación con las diferentes instituciones públicas, sin embargo, para atender el recurso de amparo, se presenta un resumen de las acciones ejecutadas durante los años 2018, 2019 y 2020. Adicionalmente, por un tema de salud pública, en el marco de pandemia por el COVID, el Ministerio de Salud ha tenido una carga de trabajo importante y liderazgo en la atención de la misma, razón por la que el AyA no ha continuado con las reuniones e inspecciones presenciales, debido a que requiere el acompañamiento del Ministerio, quien es la entidad competente para ingresar a las propiedades para realizar las inspecciones de las actividades que no impacten el recurso hídrico, que es utilizado para abastecimiento poblacional. Sin embargo, el AyA ante una solicitud de inspección de un proyecto de urgencia y contando con el aval del propietario y las medidas de seguridad correspondiente, esta (sic) con la entera disposición de realizar la misma en caso de ser necesario. III. Casos de aplicación de acuerdo de Junta Directiva en proyectos de desarrollo. De conformidad con el interés institucional por conservar la cantidad y calidad del agua subterránea que es captada en las Fuentes Moín y el cumplimiento de los acuerdos de Junta Directiva citados en el apartado del punto I de este oficio, el AyA ha fiscalizado levantamientos de campo, reuniones con las partes interesadas y realizado informes técnicos, de manera que las actividades que se desarrollen sean congruentes con los Acuerdos de Junta Directiva del AyA. A continuación, se presentan algunos ejemplos donde los interesados han presentado informes técnicos: a. Mediante oficio PRE-2018-00116 emitido por la Presidencia Ejecutiva del AyA, se emite criterio en referencia a los levantamientos de campo realizados por el AyA en los inmuebles con Plano 7-1615161-2012 (Musmanni) y 7-1615160-2012 (Sarkis) b. Mediante oficio UEN-GA-2016-00363, emitido por la UEN Gestión Ambiental, se remiten la siguiente información: • Observaciones correspondientes a la revisión del “Estudio Hidrogeológico de detalle, análisis de vulnerabilidad a la contaminación acuífera y revisión de las zonas de protección del Acuífero Moín (Zona 6) para las propiedades según catastros L-862177-2003 y L- 859280-2003”, elaborado por la Empresa Geotest, noviembre 2015. • Se presenta el informe técnico denominado “INSPECCION GEOLOGICA, PLANO L-86217-2003 y L-859280-2003 MOIN, LIMON”, elaborado por el Área Funcional de Hidrogeología de la UEN Gestión Ambiental. c. Mediante oficio UEN-GA-2020-00494, emitido por la Comisión Moín, se remite al Ministerio de Salud el informe de inspección realizado de manera conjunta entre el AyA y el Ministerio de Salud en el Proyecto Ticontainers ubicado en la Zona 6 del Acuífero Moín, Limón, en el cual se informa de los resultados obtenidos en la visita de campo, así como recomendaciones técnicas. d. Mediante oficio UEN-GA-2021-00736, emitido por la UEN Gestión Ambiental, en referencia a la consulta realizada por el Lic. Andrés Chaves en representación del Sr. Jesús Sarkis Dejuk, se indica lo siguiente: ““…Hay una invasión de 150 personas que resguardan con armas los distintos accesos que tiene el inmueble…” “Ante esta indicación, será necesario que el propietario del inmueble realice las gestiones necesarias en coordinación con la fuerza pública para resguardar la seguridad de los funcionarios del AyA, que estarán realizando la corroboración de campo correspondiente con la presencia del propietario registral o su apoderado, además de aportar los permisos por escrito de acceso al inmueble ante la UEN Gestión Ambiental. Estos requerimientos indicados en el párrafo anterior deberán ser coordinados por el propietario del inmueble debido a que el AyA, no tiene infraestructura destinada a servicio público en la propiedad. En cuanto al trámite con la fuerza pública, se requiere el documento correspondiente de esta entidad, que respalde el acompañamiento durante todo el recorrido con los funcionarios del AyA, siendo necesario para el trabajo de campo 4 oficiales. Por lo tanto, la UEN Gestión Ambiental, solicita con el objetivo de atender la consulta correspondiente al plano L-768772-2002, que, con al menos 15 días hábiles, se le indique la fecha para realizar la corroboración de campo, a efecto de que este Instituto pueda coordinar a lo interno lo que corresponda y confirmar si la fecha propuesta es viable según los programas de trabajo.” IV. Caso de atención del recurso. En atención al caso referente al recurso de amparo con Expediente No. 22-008354-0007-CO, interpuesto por el Sr. [Nombre 001], se indican las siguientes acciones realizadas por la Comisión Moín: 1. Mediante correo electrónico del 13 de octubre de 2021, emitido por el Lic. Fabian (sic) Leandro (Anexo 28), se realiza consulta al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en el cual se cita: “Mi consulta es de que forma el AYA nos puede ayudar para iniciar un proceso de desalojo de todas las personas que están contaminando el acuífero, pues en voto de la Sala Constitucional fecha de la Resolución: 01 de Agosto del 2008 a las 10:11 a. m, Expediente: 07-009140-0007-CO, de la Sala Constitucional y que consiste en un recurso de amparo que se interpuso directamente sobre el caso del acuífero de Moín, se dispuso la obligación del AYA de ejercer las potestades administrativas para proteger los mantos acuíferos“ 2. Mediante correo electrónico con fecha 14 de octubre de 2021 (Anexo 29), por parte de la Dirección Jurídica, se solicita al Lic. Fabian (sic) Leandro, la información referente al shp con la delimitación del inmueble en consulta. 3. Mediante correo electrónico con fecha 03 de noviembre de 2021 (Anexo 30), se adjunta por parte de la Dirección Jurídica – Legal Ambiental, el archivo denominado “prop valdi shp”, aportado por el Lic. Fabian (sic) Leandro. 4. Mediante oficio UEN-GA-2021-02951 (Anexo 31), con fecha 15 de noviembre de 2021, emitido por la UEN Gestión Ambiental, se da respuesta a la Dirección Jurídica a la consulta del Lic. Fabian (sic) Leandro, en el cual se indica (Figura 2): “Por lo tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se indica lo siguiente:  a. Los lotes propiedad de [Nombre 003] aportados por el Lic. Fabian (sic) Leandro, se encuentran ubicados en la Zona 6 de Vulnerabilidad Alta, dentro de la Zona de Protección del Acuífero Moín, la cual fue definida mediante Acuerdo 2011-0112 Junta Directiva del AyA (Sesión Ordinaria Número 2011-017 del 7 de abril del 2011 y publicado en la Gaceta No.83, del 2 de mayo del 2011). b. Se recomienda al Área Legal de la Región Huetar Caribe, realizar consulta a la Dirección Regional Huetar Caribe, con el objetivo de que se manifieste si en la propiedad se encuentra infraestructura operativa destinada a servicio de abastecimiento poblacional (…) c. En cuanto a la colaboración para el proceso de desalojo de todas las personas que están contaminando el acuífero, es importante que desde el punto de vista Legal se establezcan las recomendaciones, a efectos que la UEN Gestión Ambiental apoye según corresponda.” 5. Mediante oficio GSP-RHC-2022-00090, con fecha 20 de enero de 2022 (Anexo 32), emitido por la Dirección Región Huetar Caribe, se indica lo siguiente: “Respecto a la consulta recibida debo de indicar lo siguiente: 1. Efectivamente la propiedad descrita se encuentra dentro de la denominada zona 6, en esta zona existe una tubería de HF 300 mm conducción de la planta potabilizadora de Moín hacia el tanque de Pueblo Nuevo, lo que no significa que esta tubería está en esa finca propiamente dicha. 2. Sobre solicitudes de desalojo, debo de indicar que no le corresponde a esta Dirección gestionar el desalojo de propiedad que son de un tercero, esto si lo hemos hecho para propiedades del AyA, también hemos puesto en conocimiento de la situación al MINAE, sin embargo, reitero no podemos hacer gestiones para que se den desalojos en una propiedad que no le pertenece al Instituto, de hecho las autoridades de policía ni siquiera reciben la denuncia si no son interpuestas por el propietario registral.” 6. Mediante oficio UEN-GA-2022-00182 (Anexo 33), con fecha 28 de enero, emitido por la UEN Gestión Ambiental, hacia la Dirección Jurídica, se indica lo siguiente: “Debido a lo anterior, se adjuntan los siguientes criterios emitidos en referencia: • Memorando UEN-GA-2021-02951, emitido por la UEN Gestión Ambiental (Anexo 1). • Memorando GSP-RHC-2022-00090, emitido por la Dirección regional Huetar Caribe de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos (Anexo 2). Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se dan traslado de los oficios correspondientes al caso en consulta, siendo necesario que se defina desde el punto de vista Legal las recomendaciones referentes al involucramiento y apoyo de parte de las áreas institucionales, según corresponda.” 7. Mediante oficio PRE-J-2022-00477 (Anexo 34), con fecha 07 de febrero de 2022, emitido por la Dirección Jurídica, se indica lo siguiente: “De conformidad con lo indicado en los criterios técnicos, GSP-RHC-2022-00090, UEN-GA- 2021-02951 y UEN-GA-2022-00182 corresponde que se le comuniquen al interesado, reiterando que: A) El AyA por principio de legalidad no puede instaurar procesos de desalojo en propiedades privadas; pues dicha potestad es exclusiva del titular del dominio del inmueble, de conformidad con el artículo 264 del Código Civil, donde se enumera cuáles son los derechos que integran a el (sic) dominio o la propiedad absoluta sobre una cosa, y entre ellos se encuentran los de defensa y exclusión, y los de restitución e indemnización, los que se desarrolla más adelante en los artículos 295 a 315 y 316 a 334, respectivamente, de tal forma que, la potestad probatoria de la titularidad, como requisito fundamental para el proceso de desalojo resulta excluyente en este caso para el AyA. B) Si bien el artículo 2 inciso c) de la Ley Nº 2726 establece un deber para el Instituto, de controlar la contaminación de los cuerpos de agua y la Sala Constitucional mediante distintas sentencias ha hecho referencia a la protección al recurso hídrico, no puede el Instituto violentar el ordenamiento jurídico y transgredir derechos fundamentales como el de propiedad y en nombre de dicho deber arrogarse competencias que van más allá de su límite de actuación. C) En caso de realización de estudio técnico en la propiedad de consulta, corresponde al propietario generar las condiciones y coordinación para que se brinde seguridad de los funcionarios correspondientes en el ingreso a la propiedad, asimismo dicha labor deberá programarse de conformidad con la prioridad institucional.” 8. Mediante oficio PRE-J-2022-00480 (Anexo 35), con fecha 07 de febrero de 2022, emitido por la Dirección Jurídica, se da traslado al Lic. Fabian (sic) Leandro de los criterios institucionales, en el que se indica: “Sirva encontrar adjunto, los documentos que sirven como traslado para dar respuesta a la consulta realizada: Memorando UEN-GA-2022-00182, con sus dos anexos (GSPRHC- 2022-00090, UEN-GA-2021-02951), los cuales corresponden al criterio técnico de la UEN. Así como el Memorando No.PREJ-2022-00477 correspondiente al criterio del área legal ambiental.” 9. Mediante nota con fecha 21 de febrero de 2022 (Anexo 36), emitido por el Lic. Fabian (sic) Leandro solicita a la Comisión Moín los aspectos técnicos para considerar en el estudio hidrogeológico a realizar en el inmueble. 10. Mediante oficio UEN-GA-2022-00528 (Anexo 37), con fecha 17 de marzo de 2022, la UEN Gestión Ambiental el (sic) repuesta a la nota del Lic. Fabian (sic) Leandro, se indica: “Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental, se indica que el inmueble propiedad de [Nombre 003], se ubica en la Zona 6, la cual tiene Vulnerabilidad intrínseca Alta definida por el AyA, por lo que el estudio técnico que se debe realizar debe contemplar este parámetro ya definido e incorporar el levantamiento de dolinas (depresiones en el terreno), las cuales pueden variar en dimensión, forma y distribución. Una vez conocidos los elementos (vulnerabilidad alta y ubicación de dolinas), deberá presentar un plan de manejo ambiental concordante con la actividad que se pretenda realizar que garantice la no afectación al recurso hídrico. Una vez finalizado el estudio donde se presenten los resultados finales por parte del interesado, se deberá entregar ante la Comisión Moín coordinada por la Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo. El AyA se reserva la facultad de constatación de la información aportada, para lo cual, deberá gestionarse por el interesado la protección de los funcionarios con la Fuerza Pública y demás Instituciones competentes para realizar la visita al sitio.” Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se indica: a. Los Acuerdos de Junta Directiva del AyA 2007-117 y 2011-112, establecen recomendaciones para la protección del acuífero Moín, de tal manera que las actividades que se desarrollen sean sostenibles con el ambiente y no haya afectación al recurso hídrico captado en las fuentes Moín para el abastecimiento poblacional. b. Los lotes mencionados en el recurso, propiedad de [Nombre 003], se encuentran ubicados en la Zona 6 de Vulnerabilidad Alta, dentro de la Zona de Protección del Acuífero Moín, la cual fue definida mediante Acuerdo 2011-0112 Junta Directiva del AyA (Sesión Ordinaria Número 2011-017 del 7 de abril del 2011 y publicado en la Gaceta No.83, del 2 de mayo del 2011), los cuales cuentan con recomendaciones para asegurar la calidad y cantidad del recurso hídrico que es empleado para abastecimiento poblacional. c. El AyA con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos de Junta Directiva, conformó a lo interno de la institución la Comisión Moín, la cual está constituida por la UEN Gestión Ambiental, la Dirección Jurídica, la Dirección Regional Huetar Caribe, la UEN Programación y Control y la Dirección de Urbanizaciones, estas áreas desde el ámbito de sus competencias, realizan los análisis correspondientes para los casos en consulta relacionados con los Acuerdo del Acuífero Moín, actividad que se ha mantenido desde el año 2007. d. El AyA, con el objetivo de articular las acciones interinstitucionales para la protección del recurso hídrico en el Acuífero Moín, ha socializado, divulgado y capacitado a diferentes instituciones en referencia a los Acuerdos de Junta Directiva 2007-117 y 2011-112, como ha quedado demostrado en la sección II, del presente oficio. Además, se ha conformado la Comisión Interinstitucional integrada por el AyA, Ministerio de Salud, Municipalidad de Limón y la Dirección de Agua, para dar seguimiento a las inspecciones que se acuerden de manera integral según solicitud de alguna de estas instancias. e. A partir de lo expuesto en el punto IV de este oficio, queda demostrado que las consultas realizadas por el interesado siempre fueron atendidas de conformidad con las competencias institucionales. En este caso particular, debido a que la propiedad tiene una de invasión de 150 personas que resguardan con armas los distintos accesos que tiene el inmueble, según comunicado por el Lic. Fabian (sic) Leandro (abogado representante del propietario), el apoyo brindado por el AyA, estaría condicionado, a que el propietario genere las condiciones y coordinaciones para que se brinde seguridad de los funcionarios públicos del AyA, para el acompañamiento e inspección correspondiente. f. El AyA, de conformidad con lo definido con el Acuerdo de Junta Directiva 2007-117 y 2011-112, a partir de la información y estudios suministrados (Art. 109, Ley de Biodiversidad) ha dado apoyo a diferentes proyectos, a través de las inspecciones conjuntas a inmuebles, donde ha privado el interés institucional, en la protección del recurso hídrico” (el resaltado fue suplido).

El 9 de mayo de 2022, el director regional a. i. del Área de Conservación La Amistad Caribe del SINAC emitió el escrito SINAC-ACLAC-DR-214-202, en el que detalló: “Que el Sistema Nacional de Áreas de conservación, área de Conservación la Amistad Caribe, no ha recibido denuncia alguna sobre los hechos narrados por el recurrente, ni el SINACACLAC, ha sido notificado por el AYA sobre este particular.  QUINTA: Es importante que el recurrente presente documento de recibido, que valide su dicho sobre que el SINAC-ACLAC está informado de los hechos denunciados con el fin de darle mejor seguimiento y respuesta a esta honorable Sala, ya que por el volumen de casos y denuncias es prácticamente tarea imposible encontrar algún antecedente sin documentos de referencia. SEXTA: A la fecha el AYA no ha informado, notificado o coordinado con SINAC- ACLAC, para atender algo en relación con los hechos denunciados, ni sobre el tema de contaminación en el acuífero Moín, ni hemos recibido alguna denuncia al respecto”.

El 13 de junio de 2022, el director de ingeniería de la Municipalidad de Limón emitió el memorial DIM-029-2022, en el que se indica: “Respecto de esto debo indicarle, que el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, que es acuerdo 2007-107 “Oficialización del estudio Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero Moín, Limón, y la actualización de la zona de protección DGAMB-2007-031” (…) Dicho acuerdo fue debidamente comunicado y en consecuencia, el Gobierno Local, fue obligado a incorporar en la operativización de nuestro Plan Regulador dicha Matriz, por lo que no autoriza el uso de suelo, que no cumpla con dichos requisitos”.

El 18 de junio de 2022, el coordinador del Programa de Prevención, Control y Protección del SINAC emitió el memorial SINAC-ACLAC-PPCP-027-2022, en el que se detalló: “Según lo indicado en el Oficio SINAC-SE-AJ-257-2022, se realizó la inspección de campo al sitio indicado que dispone de los números de plano catastrado 7-0509859-1983 y 7-0509860-1983, esta inspección fue realizada por los funcionarios Alexis Salas Rodríguez y Diego Alberto Alvarado Cerdas, en la unidad 347-63, el día 17 de junio de 2022. Atendiendo de manera puntual lo solicitado, se resuelve de la siguiente manera: 1. En el sitio, según lo determinado en el acuerdo 2007-177 del AYA, se observó el desarrollo de infraestructura, mal manejo de desechos sólidos y aguas residuales, prácticas agrícolas, tala y quema de vegetación, tenencia de animales domésticos, movimiento de tierra, entre otros, en contraposición al área determinada para el acuífero Moín, así como lo estipulado para las actividades que no se deben realizar en el área determinada, se puede aducir que si existe una afectación. 2. De las infraestructuras de habitación desarrolladas en el sitio, le compete a la Municipalidad respectiva determinar si cuentan con permisos de construcción. Estas son en su mayoría de latas con estructuras de madera, de las cuales se visualizó tubos para el desagüe de las aguas grises las cuales no tienen un adecuado encausamiento, al lado de las mismas se observó los espacios denominados letrinas. De manera que se determinó que no existe la adecuada disposición de las aguas residuales. 3. Según lo dispuesto en los acuerdos por la Junta Directiva del ICAA, en este sitio no se está cumpliendo lo anterior. Es evidente el cultivo de plátano, yuca, modificación y remoción del suelo, desarrollo de distintos tipos de infraestructura, aplicación de herbicidas, quemas de vegetación y basura residual del consumo humano, cambio de uso en cobertura vegetal, entre otros. 4. Efectivamente se realizan movimientos de tierra no autorizados, y el desarrollo de edificaciones de diferentes tamaños y materiales. Los residentes de este sitio se encuentran usurpando dichas zonas. 5. El cambio de uso de la cobertura de los inmuebles en cuestión es evidente y constante. Se identificó tocones en estado avanzado de descomposición, y árboles con poco tiempo de haber sido cortados, entre las especies que se pudo apreciar que han sido taladas son, poro, guácimo colorado, laurel y chilamate. Así también se identificó en las coordenadas E602883 N1105156 un nacimiento de agua, el cual dispone del suficiente caudal para generar escorrentía. El área de protección para este cuerpo de agua es inexistente” (el destacado fue añadido).

Por su parte, el 21 de junio de 2022, la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Limón emitió el “INFORME DE INSPECCIÓN FINCA PROPIEDADES [Nombre 003], FOLIO REAL 7-27136, COMUNIDAD DE VILLA PLATA, LIMON”, en el que se señaló: “Este primer recorrido comprende zona baja de la finca con topografía relativamente plana. En ese sector se puede observar una serie de construcciones a la orilla de la calle principal que recorre el límite de la finca. Existen accesos por trochas que van hacia otros lotes que se ubican al pie de la pendiente. No observé cuerpos de agua superficiales en este sector. Hay un puente que atraviesa un zanjo, que aparentemente se construyó para evacuar las aguas pluviales de escorrentía que bajan del lado NORTE de la pendiente de la finca y que se acumulan en la parte baja y que forman parte de las aguas superficiales que recorren el sector sur en la parte baja de Villa Plata. No se observó en el momento de la inspección, acumulación de aguas negras en el zanjo, que demuestren una afectación de contaminación superficial por el vertido de aguas de las viviendas. El segundo recorrido se realizó sobre la calle de acceso de la finca hacia el límite ESTE, aproximadamente de 650 metros. Esta parte tiene pendientes relativamente fuertes, sin embargo también se han realizado contrucciones (sic) en ese sector a lo largo de las diferentes calles internas de acceso dentro de la finca. Quizá por la pendiente y otros factores asociados que limitan el desarrollo urbanístico, se observa una menor densidad de construcciones comparado con la parte baja y también se observan patios más arborizados, principalmente con especies frutales diversos e inclusive cultivo de cacao en algunos patios. Tomamos una calle interna de acceso hacia el OESTE de la finca, casi se puede decir que es la cresta (parte mas (sic) alta) de la finca por el relieve que presenta, esa área de relieve acusado y que perfectamente se puede indicar que es la divisoria de aguas, ya que son elevaciones mayores donde las aguas de lluvia de precipitación natural (pluviales) escurren hacia los diferntes (sic) sectores. Durante todo el recorrido, no se observaron cuerpos de aguas superficiales que nacen en ese sector que formen un sistema fluvial y que escurren a los diferentes lados de la finca y que conformen una cuenca o microcuenca. Si es importante mencionar que en ese sector hay una menor ocupación y una densidad menor de contrucciones (sic). Se observa más lotes dedicados a los cultivos de cacao y otras especies frutales de subsistencia como son fruta de pan, guanábana, pejibaye, manzana de agua, carambola, caimito, nance, entre otras, esto hace que se visualice una mayor cobertura vegetal hacia el sector norte y oeste de la finca. En los sitios visitados, no se notó condiciones de bosque secundario o primario, pero si hay una mayor cobertura vegetal en ese sector hacia el lado norte y oeste de la finca. Hasta el momento la ocupación se nota con una mayor dedicación a la producción agrícola de subsistencia y con una predominancia de cultivo de especies frutales. En lo observado tampoco se nota una regeneración que evolucione hacia un bosque secundario, esto debido a las actividades que están relizando (sic) los ocupantes de la propiedad. Con relación al tratamiento que realizan los ocupantes de viviendas dentro de la finca, no se pudo observar los sistemas de tratamiento de las aguas residuales y aguas negras, debido a que no se pudo accesar a los lotes que han sido delimitados dentro de la propiedad, ya que no es posible ingresar a las viviendas sin la debida autorización. CONCLUSIONES • La finca bajo folio real 7-27136, se encuentra dentro de la zona 6 de protección y de recarga acuífera de Moín. • Es posible que haya una afectación de las aguas subterráneas o mantos acuíferos de ese sector, pero no es posible determinarlo mediante está inspección, y debe ser con profesionales especializados de instituciones de competencia, aplicando metodologías científicas que puedan determinar la situación con respecto a la afectación que está produciendo la ocupación de la finca. • La ocupación que existe en la finca, debió ser controlada por el dueño registral de la propiedad, debido a que las contrucciones (sic) ilegales se encuentran dentro de la propiedad privada. • No es posible determinar, sin una línea base, cual (sic) era la situación de cobertura boscosa o vegetal de la finca y el nivel de deterioro y/o recuperación de la misma, así como la afectación que ha causado la ocupación actual que se ha dado en la finca. Las autoridades en el campo ambiental y aguas (MINAE y AyA) con sus profesionales especializados en ese campo pueden hacer una mejor valoración al respecto. • Se nota que en la parte NORTE y OESTE de la finca existe una menor densidad de contrucciones (sic) y una mayor cobertura vegetal, lo que implica un menor impacto ambiental en relación al (sic) sector SUR que esta (sic) más poblado y urbanizado. • No se pudo determinar mediante esta gira de inspección los tratamientos que están dando los ocupantes de la finca a las aguas residuales o aguas negras en las diferentes construcciones establecidas en los lotes segregados por los ocupantes en la finca privada”.

El 21 de junio de 2022, el jefe de la Unidad de Censo y Catastro de la Municipalidad de Limón emitió el memorial UCC-0201-21-06-2022, en el que se indicó: “(…) se realizó inspección en el sitio el día martes veinte uno de Junio del presente año, en la provincia de Limón, cantón de Limón distrito de Limón lugar conocido como villa de plata, comenzando en las coordenada CRTM05 ESTE 602059.892 Y NORTE 1105530.712 hacia el sector de cielo amarillo. Donde en la parte catastral obtuvimos que en dicho sector se encuentran las fincas 7-27136-000 y la finca 7-27138-000 ambas propiedades pertenecientes a [Nombre 002] cedula jurídica 3-101-663655 donde la primera cuenta con el plano 7-509859-1983 con un área de TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTI UN METROS CON TREINTA Y DOS DECIMETROS CUADRADOS y la segunda cuenta con el plano 7- 509860-1983 con área de CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS CON VEINTITRES DECIMETROS CUADRADOS. Adjunto ambos planos e imagen área para su mejor apreciación. Ya en el campo ambas propiedades tienen un frente a calle publica principal que se dirige al barrio de Cielo Amarillo de aproximadamente cuatrocientos metros lineales, además de accesos internos dentro de ambas propiedades, conjuntamente es importante mencionar que la finca 7- 27136-000 tiene un camino que se dirige hacia el barrio de Ojo de Agua que la parte en dos a la finca 7-27136-000 Asimismo, se observaron bastantes construcciones sin generar ningún tipo de plano catastro diferente al de los planos madres de las fincas 7-27136-000 y 7-27138-000. Toda esta información obtenida le corresponde a la de la Unidad de Topografía y fue rescatada mediante la visita de campo y el estudio en oficina realizado” (la negrita fue incorporada).

El 22 de junio de 2022, el jefe de la Unidad Técnica y Estudio de la Municipalidad de Limón expresó en el oficio UTE-AML-025-2022 que: “El presente documento es la recopilación de datos que se encontraron el día 21 de junio en la inspección con los compañeros de la ubicación Villa Plata. En la inspección que se realizó se apreció caminos con mucho lastre o material de barro realizado manualmente con maquinaria pesada, se logro (sic) ver que carecen de cunetas y de cordón de caño en la vía pública. Las casas que se visualizaron fueron en sistema de block, madera, fibrolit y baldosas, siendo un aproximado de 81.13% viviendas materiales de baldosa y un 9.43% fibrolit. Todas las casas que detectaron rondaban entre 42 metros cuadrados y 120 metros cuadrados, la mayoría sin cielo raso en sus viviendas y sin precinta y con el alero excediendo el límite permitido como lo indica el Articulo 150. Marquesinas (Reglamento Construcciones) en edificaciones cuya planta se proyecte construir en línea de propiedad, pueden incluir un alero, marquesina o voladizo de un ancho mínimo igual al ancho total de la acera, menos 0.50 metros. Se encontró viviendas que no poseen canoas ni bajantes para darle la evacuación correcta a las aguas de lluvia como lo establece el Artículo 121. Drenaje Pluvial. (Reglamento construcciones). No se permite la caída libre de aguas pluviales sobre la vía pública, debiendo disponerse para tal efecto de canoas y bajante pluviales desde techos, balcones, voladizo y cualquier otro saliente que deriven tragante para encauzar las aguas hasta el caño, dentro de la acera. Se aprecio (sic) viviendas con elevaciones superiores con respecto a las otras viviendas ocasionando erosión en las pendientes de los taludes, se encontró mucho material arcilloso y parte de coral en el camino transitado duraste la inspección en sitio. Las viviendas tenían cerramiento perimetral en sus propiedades. Unos de los materiales utilizados para realizar el cerramiento fueron alambre de púas, zinc y sarán. Los zincs que utilizaron para sus techos fueron de lámina ondulada sin embargo la mayoría se encontraba en mal estado porque no se coloco (sic) pintura anticorrosiva para techos para evitar corrosión y darle mayor durabilidad al zinc. Se otro (sic) hallazgo, fue ver viviendas que no han sido terminadas, lo que ha generado corrosión en las varillas por no tener su recubrimiento respectivo. La mayoría viviendas poseen verjas en sus ventanas con materiales distintos algunos con varillas 3/8, otros con malla electrosoldada (4.88 mm) y malla panel cerca galvanizada (50 x 200 x 4 mm). Se detecto (sic) un puente de 2 metros de ancho con 4 metro lineales de largo el cual está sin baranda para paso de peatones y sin sistema de contención para vehículos. Se logro (sic) ver que el cauce (Cuerpo Receptor) tenía un tirante por debajo de 1.50 metros y un espejo de agua de 2 metros, pero lo boscoso que estaba el cauce impidió poder tomar medidas exactas. La mayoría de viviendas no poseen cerámica, sino tienen una losa de concreto, se encuentra con la losa de concreto sin darle ningún acabado respectivo. La mayoría de techos de las viviendas poseen 3 a 4 caídas de agua y no hay un control estas. El 90% de viviendas poseen ventanas laterales irrespetando el Artículo 127. (Reglamento Construcciones). Ventanas a colindancia 1 piso a 1.50 metros debe estar la tapia y 2 piso 3.00 metros debe estar la tapia. Se encontró caminos con lastre manipulado con maquinaria pesada para realizar el camino respectivo. Se encontró viviendas que excedía su cobertura (Área construida). Como lo indica Articulo 95 Cobertura (Reglamento Construcciones). No se puede exceder del 75% del área del predio, Cuando la relación frente – fondo exceda de 3.5 la cobertura no debe ser mayor de un 70%. Aclarar que esas viviendas NO están registradas con permisos de construcción en la base de datos del año 2017 al 2022” (el destacado fue incorporado). 

Este Tribunal observa que, en junio de 2022, el ICAA emitió el “INFORME DE INSPECCIÓN: CASO DE ASENTAMIENTO INFORMAL (PRECARIO) VILLA PLATA, ZONA 6”, en el cual se consignó: “(…) El día 22 de junio del 2022 se realiza inspección en los inmuebles folio real 7-27136 plano: L-0509859-1983 y folio real 7-27138 plano L-0509860-1983 en coordinación con el Sr Fabián Leandro Marín representante legal de los propietarios del inmueble a nombre de VAL DI SOMER S.A., y con el apoyo de la fuerza pública de Limón. Durante las inspecciones se tuvo la compañía del Sr Rodolfo Gómez Martínez, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata (…) a) MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS Se identifica la presencia de basura dispuesta en cauces de agua superficial (Fotografía 1), además de excavaciones realizadas para la acumulación de desechos (Fotografía 2) y la disposición de estos sobre patios de viviendas (Fotografía 3). En el sector no se presta el servicio de recolección de basura por parte de la Municipalidad de Limón. En total se levantaron 10 puntos donde se da esta afectación (Figura 2) (…) b) DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Corresponde con todos aquellos vertidos generados en las viviendas, tanto las descargas de los servicios sanitarios como aquellas descargas de aguas jabonosas provenientes de baños, pilas lavadoras y cocinas, las cuales se catalogan como aguas grises. A partir del levantamiento de campo realizado en el inmueble cuyo plano catastrado es el L-0509859-1983, el cual tiene un área total de 322 421.32 m2 (Figura 3), se tomó una muestra de un área de 159 959,26 m2, lo cual representa un 50% del área del inmueble L-0509859-1983, se pudo constatar en esta muestra que hay un total de 72 viviendas, de las cuales 69 viviendas representan el 96%, tratan las aguas residuales mediante sistemas de tanque séptico y drenaje y solamente 3 que representan el 4%, utilizan letrinas. De igual manera, del total de las casas ubicadas dentro de la muestra de área (159 959,26 m2), se identificó que un total de 12 casas (16,6%) disponen sus aguas grises en los patios de las viviendas caños o surcos y no de forma directa a las dolinas, situación que debe corregirse de acuerdo a (sic) la normativa del Ministerio de Salud. En las fotografías 4 y 5, se muestran ejemplos de los tanques sépticos que se ubican en el sitio (…) La mayoría de los hogares visitados cuentan con algún tipo de tanque séptico para la disposición de las aguas residuales. Se encuentran tuberías que descargan aguas jabonosas hacia la parte trasera de los terrenos (Fotografía 6) (…) Se evidencia un caso donde el rebalse del tanque séptico se dispone directamente en la superficie del terreno (Fotografía 7). (…) c) CONDICIONES GEOMORFOLÓGICAS-KÁRSTICAS (DOLINAS) Durante el recorrido de la propiedad en interés, se identificaron un total de 15 dolinas las cuales presentan diversas características. En la Fotografía 8 se observa la presencia de una dolina con un diámetro de unos 15 cm y una profundidad que supera los 20 cm. Mientras que en el sector noreste del área de Villa Plata se encontraron dolinas con un mayor tamaño, con geometría y grado de desarrollo distinto, siendo más comunes las redondeadas, como se observa en la Fotografía 9 y Fotografía 10 (…) En el suroeste de la zona estudiada se observó el agua estancada en una dolina (Fotografía 11) (…) Mientras que en el sector Oeste de la propiedad en estudio, se identifica la presencia de dolinas incipientes de tamaños variados y de formas subredondeadas, con extensiones de 8 m de largo por 4 m de ancho hasta 10 m de largo por 4 m de ancho y una de forma circular de 1.5 m de radio (Fotografía 12 y Fotografía 13) (…) d) MOVIMIENTOS DE TIERRA Según las observaciones de campo y conversaciones con los propietarios de algunas casas, se han realizado movimientos de tierra como relleno en las propiedades para construir casas, como se observa en la Fotografía 14, Fotografía 15, Fotografía 16 y Fotografía 17, donde se dio un movimiento del terreno para prepáralo para construcciones (…) En total se reconocieron 14 sitios donde se presentaron movimientos de tierra de algún tipo. Además, se encontraron edificación actualmente en construcción, con materiales de concreto y gypsum los cuales no tenían ningún tipo de rotulación referente a un permiso para su construcción (Fotografía 20 y Fotografía 21). En el mapa de la Figura 4, se muestran todas las estructuras (viviendas) reconocidas en el campo con ayuda de fotografías aéreas, sumando un total de 194 (…) e) CORTA DE ÁRBOLES Se contabilizaron un total de 5 cortas de árboles en diversos sectores del sitio en estudio, realizadas para la apertura de trochas de acceso y para el establecimiento de viviendas habitacionales (Fotografía 22, Fotografía 23 y Fotografía 24) (…) 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A. A partir de la inspección realizada y las entrevistas a los habitantes del asentamiento informal (precario) Villa Plata, se indica que hay personas que cuentan con más de 20 años de habitar en el lugar. B. Con base en la inspección realizada y aunado a la revisión de fotografías satelitales, se identificaron un total de 194 estructuras (viviendas). C. A partir del levantamiento de campo realizado en el inmueble cuyo plano catastrado es el L-0509859-1983, el cual tiene un área total de 322 421.32 m2, se tomó una muestra de un área de 159 959,26 m2, lo cual representa un 50% del área del inmueble L-0509859-1983, se pudo constatar en esta muestra que hay un total de 72 viviendas, de las cuales 69 viviendas representan el 96%, tratan las aguas residuales mediante sistemas de tanque séptico y drenaje y solamente 3 que representan el 4%, utilizan letrinas. De igual manera, del total de las casas ubicadas dentro de la muestra de área (159 959,26 m2), se identificó que un total de 12 casas (16,6%) disponen sus aguas grises en los patios de las viviendas caños o surcos y no de forma directa a las dolinas, situación que debe corregirse de acuerdo a (sic) la normativa del Ministerio de Salud. D. Se ubicaron 10 sitios clandestinos para el depósito de desechos sólidos que requieren de la atención del Gobierno Local, lo anterior por la inexistencia del servicio de recolección. E. Se identificaron 15 dolinas en campo con geometría y grado de desarrollo distinto, siendo las más comunes las redondeadas. F. Se ubicaron 14 puntos en donde se evidenció movimientos de tierra, principalmente cortes y rellenos para la construcción de viviendas y caminos. G. En 5 sitios se identifica la corta de árboles para la apertura de trochas de acceso y para el establecimiento de viviendas habitacionales”. (el destacado fue incorporado).

El 27 de junio de 2022, el ICAA emitió el memorando UEN-GA-2022-01214, en el que se detalló: “En atención a la solicitud de prueba para mejor resolver emitida por la Sala Constitucional, con fecha 16 de junio de 2022, expediente 22 008354 0007 CO, interpuesto por [Nombre 001], referente a la Zona 6 del Acuífero de Moín, que incluye al inmueble PROPIEDADES [Nombre 003], se desarrollan los puntos indicados en el orden solicitado: 1) ¿Si existe o no afectación al acuífero de Moín? Como parte del seguimiento establecido en los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N°2007-177 y N°2011-112, se ha definido como estrategia para prevenir y proteger la eventual afectación al acuífero de Moín, y en este caso particular para la Zona 6, la ejecución de las siguientes acciones: 1.1 Interposición de denuncias: cuando se detectan o conocen actividades que afecta-rían el acuífero y que no cumplen con las recomendaciones emitidas en los acuerdos de Junta Directiva de AyA 2007-177 y 2011-112; se ha presentado las respectivas denuncias ante las instancias administrativas. El primero de estos acuerdos establece recomendaciones de actividades para todas las zonas de recarga acuífera en Moín y el segundo es específico para la zona 6. A manera de resumen, se tiene registro desde el año 2003 a la fecha de 16 denuncias presentadas ante las instancias competentes, como por ejemplo la Municipalidad de Limón, Ministerio de Salud, MINAE y a otras instancias administrativas como lo es el Tribunal Ambiental Administrativo; considerando que el AyA no tiene poder sancionatorio ni le corresponde regular la materia urbana. Ejemplo de lo anterior son las denuncias citadas en el oficio RHA-OM-2013-0666 del 09 de abril de 2013 (imágenes 644 al 675 del expediente digital del amparo) y el informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740 (imágenes 580 a 602 del expediente digital del amparo). 1.2 Desarrollo de Nuevos Proyectos: El desarrollo de proyectos en la Zona 6, a partir de las recomendaciones técnicas y ambientales que se han realizado y que resultan ser compatible con la protección del recurso hídrico, demuestra que los Acuerdos de Junta Directiva del AyA, no impiden el desarrollo de actividades o construcción de obras. Para la atención de solicitudes de nuevos desarrollos, AyA ha conformado la Comisión Moín, la cual está constituida por profesionales del Área Operativa de la Región Huetar Caribe, la UEN Gestión Ambiental, Dirección de Urbanizaciones, representantes de AyA en SETENA y el Área Legal-Ambiental de la Dirección Jurídica. El objetivo de esta Comisión es que los nuevos desarrollos, en su conceptualización, consideren el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los acuerdos de Junta Directiva citados. Tal y como se evidencia en la tabla N°2, del informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740 (imágenes 580 a 602 del expediente digital del amparo), se han tramitado en esta comisión desde el año 2013 a la fecha 10 proyectos nuevos, de los cuales el 50% han cumplido con los acuerdos y por tanto el AyA, ha emitido el visto bueno para que prosigan su trámite. De los restantes cinco proyectos, a la fecha de emisión de este informe, se está a la espera de la presentación de subsanaciones de dos de ellos. El ejemplo más reciente corresponde al desarrollo “Matama Village”, el cual es un edificio para 24 apartamentos que se describe en el informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740 (imágenes 580 a 602 del expediente digital del Amparo). 1.3 Inspección a instalaciones existentes. Las inspecciones a instalaciones existentes en la Zona 6, se realizan en aquellos casos donde hay denuncias interpuestas por AyA o terceros, solicitudes de servicios de agua potable u otros trámites donde AyA se involucre. Entre las actividades que se realizan, se verifica el cumplimiento de: disposición de aguas residuales, almacenamiento de combustibles y sustancias denominadas peligrosas, gestión de residuos sólidos, área impermeabilizada, existencia de pozos para abastecimiento, entre otros. Como resultado de las inspecciones, se giran las recomendaciones para corregir aquellos aspectos que puedan afectar el recurso hídrico, que es empleado para el abastecimiento poblacional, o bien, se realiza la denuncia a la instancia competente. Del 2003 a la fecha, se ha realizado 23 inspecciones a instalaciones (oficio RHA-OM-2013-0666 tabla N° 1 (imagen 444 hasta la 451 del expediente digital del Amparo) y el informe de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740 Tabla N° 4 (imagen 593 del expediente digital del Amparo). A manera de ejemplo se cita el caso de TICONTAINER, tramitado mediante oficio UEN-GA-2020-00494 (imagen 676 a 677 del expediente digital del Amparo) adjunto en anexo al oficio UEN-GA-2022-00850 (imagen 678 a 691 del expediente digital del Amparo) adjunto en el primer informe remitido a la Sala Constitucional para este expediente. Como caso especial de instalaciones existentes, se tiene a los asentamientos informales (precarios), que, por su misma condición no solicitan trámites a las instituciones tales como disponibilidades de servicios, usos de suelo o permisos de construcción. Esto limita el accionar de AyA al no poseer potestades para ingresar a propiedades privadas, sin autorización del propietario registral y considerando el entorno peligroso que pueda existir en estos sitios para la integridad física de los funcionarios. En el caso de solicitudes de servicios de agua, AyA indica que, por tratarse de propiedades precarizadas, no cumplen con los requisitos descritos en el Reglamento de Prestación de Servicios y se procede a denegarlas, máxime si se considera que en muchos de ellos existe una inadecuada disposición de aguas residuales que se generen. Caso Villa Plata: Como resultado del trabajo de campo ordenado por la Sala Constitucional, se determinó para el Precario Villa Plata que hay un total de 194 viviendas, ubicadas en los planos de catastro 7-0509859-1983 y 7-059860-1983, donde a pesar de su situación irregular de cumplimiento de normas de ordenamiento urbano, las viviendas en su gran mayoría realizan las descargas y tratamiento de sus aguas residuales a través de tanque séptico y drenajes, entre otras características que se detallan en el informe de inspección denominado “Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Zona 6. Exp 22-008354-0007-CO”, y de donde se puede indicar (Anexo 1.): “A partir del levantamiento de campo realizado en el inmueble cuyo plano catastrado es el L-0509859-1983, el cual tiene un área total de 322 421.32 m2 (Figura 3), se tomó una muestra de un área de 159 959,26 m2, lo cual representa un 50% del área del inmueble L-0509859-1983, se pudo constatar en esta muestra que hay un total de 72 viviendas, de las cuales 69 viviendas representan el 96%, tratan las aguas residuales mediante sistemas de tanque séptico y drenaje y solamente 3 que representan el 4%, utilizan letrinas. De igual manera, del total de las casas ubicadas dentro de la muestra de área, un total de 12 casas (16,6%) disponen sus aguas grises en los patios de las viviendas caños o surcos y no de forma directa a las dolinas, situación que debe corregirse de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud” 1.4 Coordinación institucional. Tal y como consta en el documento PRE-1426-2012 en el mes noviembre del 2012 (imagen 634 del expediente digital del amparo), la Presidenta Ejecutiva de AyA, Yesenia Calderón Solano, notifica al señor Alcalde de la Municipalidad de Limón, señor Néstor Mattis Williams, sobre la actualización de los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007-177 y N° 2011-112, para que sean incluidos dentro del Plan Regulador de Limón. Este oficio hace referencia a la orden emitida por la Sala Constitucional en el Voto 4751-08 que indica: “…en el término improrrogable de doce meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, inicien el procedimiento respectivo para modificar el Plan Regulador de Limón a efectos incluir las disposiciones establecidas en el acuerdo 80-121 de la sesión 80-028 del catorce de abril del mil novecientos ochenta el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.” También, mediante oficio PRE-1426-2012 de noviembre del 2012 (imagen 634 del expediente digital del amparo), la Presidenta Ejecutiva de AyA notifica al señor Uriel Juárez Baltodano, de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, sobre la aplicación de los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007-177 y N° 2011-112. Según lo indicado en el oficio UEN-GA-2022-00850 (imagen 678 a 691 del expediente digital del amparo), en el apartado 2, se mencionan todas las acciones realizadas por el AyA, en las cuales se ha coordinado con diferentes instancias competentes relacionada con actividades ubicadas en la zona 6. Como ejemplo se cita la reunión el 22 de mayo de 2019 con el Área Rectora Limón del Ministerio de Salud y con representantes de La Municipalidad de Limón, en donde se crea la Comisión Interinstitucional Moín. Adicionalmente, se realizó una exposición de los acuerdos de Junta Directiva para Moín en la sesión del Concejo Municipal del 19 de junio de 2019, que quedó registrada en el Acta Municipal Extraordinaria N° 33 (imagen 823 a 872 del expediente digital del Amparo) donde se hace referencia a la invasión por precarios en zonas boscosas dentro de la zona de recarga de los acuíferos de Moín. 1.5 Infraestructura para mitigar el riesgo a contaminación. Como medida para 1arantizar la salud pública de la población que es abastecida por las fuentes de Moín, AyA ha desarrollado obras de infraestructura tales como la planta potabilizadora y los estudios y diseños para un sistema de alcantarillado sanitario dentro de las zonas con mayor densidad de población dentro de la zona 6 (Villa del Mar 1 y 2, Loma de Moín y Villa Plata) En el caso de la planta potabilizadora de Moín, se construye en acatamiento al punto 10 del acuerdo de Junta Directiva 2007-177 y entra en operación en marzo de 2012 con un costo cercano a los ¢400 millones (informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740 (imágenes 580 a 602 del expediente digital del Amparo) En cuanto al “Proyecto BPIP 001984 Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, Limón”, actualmente se encuentra en la fase diseño (citado en el informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740, anexado por el oficio GSP-RHC-2022-00714 (imagen 599 a 602 del expediente digital del amparo), se ampliará más adelante al referirse a la pregunta número 2 (aguas residuales) solicitada por la Sala Constitucional. Dado lo anterior, se considera que en el marco de las competencias institucionales ha existido un abordaje para el cumplimiento de los Acuerdos de la Junta Directiva del AyA, en referencia al acuífero de Moín, en específico en aquellas actividades donde AyA participó mediante gestión de denuncias, conceptualización de nuevos desarrollos, regularización de actividades existentes, coordinaciones interinstitucionales y construcción de infraestructura, con lo cual a la fecha, se ha garantizado la protección del acuífero de Moín, el cual es estratégico para el abastecimiento de la población presente y futura de la Ciudad de Limón. En el caso particular del precario de Villa Plata, el cual es objeto del presente recurso, se realizó un levantamiento de campo el día 22 de junio de 2022 por parte del AyA (Anexo 1), en el que se determinó que un 96% de las casas inspeccionadas, descargan sus aguas residuales a un sistema de tanque séptico y drenaje, sin que estás se ubiquen en las dolinas o sumideros. Se detectó una descarga de aguas grises (jabonosas) en algunos patios, los cuales, aunque no son descargas adecuadas, no drenan directo al acuífero. Se considera que esta situación favorable, es el resultado de que este asentamiento tiene una cronología de vieja data (más de 20 años), lo que fue constatado durante la visita, donde las condiciones de las viviendas son semejantes a la de cualquier barrio residencial-urbano. Como parte de las acciones dirigidas a la protección del acuífero, la UEN de Gestión Ambiental y la Dirección Regional Huetar Caribe del AyA, crearon desde marzo del 2010, una base de datos que sintetiza la información de ubicación de los proyectos existentes y propuestos, así como los sitios de denuncias dentro del área de la zona 6, con lo cual además se da cumplimiento con lo indicado en el Punto N°6 del, Por Tanto, del acuerdo de Junta Directiva 2011 112. En la Figura 1, se presenta el detalle de los inmuebles estudiados del 2003 al 2022. (…) 2) Si en la zona 6 del referido acuífero se da o no la adecuada disposición de las aguas residuales: Tal como se indicó en la respuesta anterior, existe un abordaje institucional para garantizar que los nuevos proyectos cuenten con soluciones de aguas residuales según lo recomendado en los Acuerdos de Junta Directiva del AyA. Respecto a las instalaciones existentes, se han planteado las denuncias correspondientes para que se corrijan las descargas inadecuadas en la Zona 6 del Acuífero de Moín, medidas que han sido acatadas en la mayoría de los casos. En el caso de las zonas densamente pobladas con sistemas de disposición de aguas residuales mediante tanque séptico y drenaje, dentro de la Zona 6 del Acuífero de Moín, el AyA a través del “Proyecto BPIP 001984 Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, Limón”, ha considerado las siguientes poblaciones: Villa del Mar 1 y 2, Loma de Moín y el aporte del caudal del Precario de Villa Plata (Figura 2). (…) En el caso particular del precario de Villa Plata, AyA mediante la construcción del alcantarillado sanitario de Moín, ha dispuesto resolver la descarga y el tratamiento de las aguas residuales mediante la asignación del caudal generado por esta población, tal como se indica en el informe de inspección denominado “Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Zona 6. Exp 22-008354-0007-CO”, Anexo 1: “A partir del levantamiento de campo realizado en el inmueble cuyo plano catastrado es el L-0509859-1983, el cual tiene un área total de 322 421.32 m2 (Figura 3), se tomó una muestra de un área de 159 959,26 m2, lo cual representa un 50% del área del inmueble L-0509859-1983, se pudo constatar en esta muestra que hay un total de 72 viviendas, de las cuales 69 viviendas representan el 96%, tratan las aguas residuales mediante sistemas de tanque séptico y drenaje y solamente 3 que representan el 4%, utilizan letrinas” 3) ¿Si en tal zona se cumple o no lo dispuesto en los acuerdos N° 2007-177 y 2011-112 adoptados por la Junta Directiva del ICAA? De conformidad con lo indicado en la respuesta de la pregunta 1 de este oficio, el AyA en el marco de las competencias institucionales ha dado un abordaje para el cumplimiento de los Acuerdos de la Junta Directiva del AyA, en referencia al acuífero de Moín, en específico en aquellas actividades donde AyA participa mediante gestión de denuncias, conceptualización de nuevos desarrollos, regularización de actividades existentes, coordinaciones interinstitucionales y construcción de infraestructura, con lo cual a la fecha, se ha procurado la protección al acuífero de Moín, el cual es estratégico para el abastecimiento de la población presente y futura de la Ciudad de Limón. Es importante señalar que estos acuerdos de Junta Directiva del AyA, son un marco orientador para que la administración encargada de resolver el permiso, licencia o autorización, lo considere e implemente. Para que se dé un cumplimiento de los Acuerdos de Junta Directiva del AyA y que se pueda garantizar que la protección sea efectiva, es necesario la participación de las entidades que regulan el uso del territorio y ordenamiento urbano, como la Municipalidad, Ministerio de Salud, Vivienda, IMAS, INDER, MINAE, entre otros. 4) ¿Si en la zona 6 del acuífero de Moín se han producido o no movimientos de tierra no autorizados y si se han construido o no edificaciones carentes de los permisos respectivos? De conformidad con lo indicado en la respuesta de la pregunta 1 de este oficio y según lo señalado en el oficio RHA-OM-2013-00666, específicamente en la Tabla N°1, los casos 3, 4, 5 y 34 (imagen 646 a 653 del expediente digital del amparo), evidencian las denuncias presentadas por el AyA ante los entes competentes por movimientos de tierra. De igual manera, en el informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740, en la Tabla N°1, casos 7, 8 y 9, anexado por GSP-RHC-2022-00714 (imagen 582 del expediente digital del Amparo), se denuncian movimientos de tierra y talas dentro del precario Villa Plata, objeto del presente recurso de amparo, ante los entes competentes. A partir del levantamiento de campo realizado el día 22 de junio de 2022 (Anexo 1), en el precario de Villa Plata, objeto del presente recurso de amparo, se identificaron movimientos de tierra distribuidos en diferentes sectores (Figura 2, del informe de inspección “Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Zona 6. Exp 22-008354-0007-CO”, Anexo 1). Es importante señalar, que la instalación de infraestructura o edificaciones carentes de los permisos respectivos, se dan mayormente en asentamientos informales, por ejemplo el asentamiento de Villa Plata, en donde se han identificado 194 viviendas, las cuales no han gestionado ninguna disponibilidad de agua para su construcción y edificadas sobre accesos que en su mayoría no corresponden a calles públicas ni a servidumbres de paso, lo que se evidencia en el informe de inspección “Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Zona 6. Exp 22-008354-0007-CO”, Anexo 1. En el marco de las competencias institucionales, el AyA no aprueba, ni fiscaliza los permisos de construcción, siendo que ha brindado los insumos al Gobierno Local, para que los desarrollos se ejecuten según las recomendaciones dadas en el Acuerdo de Junta Directiva, cuya aplicación ha sido indicada por la Sala Constitucional en el Voto 4751-08. 5) ¿Si en el sitio en cuestión se ha producido o no la tala de árboles? Antes de contestar esta pregunta, es importante identificar que el ente competente para determinar si ha existido una tala de árboles o no, es el SINAC; aclarado lo anterior y de conformidad con lo indicado en la respuesta a la pregunta N° 1, de este oficio y según lo señalado en el oficio RHA-OM-2013-00666, específicamente en la Tabla N°1, los casos 3, 4 y 5 (imagen 646 a 653 del expediente digital del Amparo), evidencian las denuncias presentadas por el AyA ante los entes competentes por corta de vegetación forestal. De igual manera, en el informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740, en la Tabla N°1, caso N° 9 (imagen 582 del expediente digital del Amparo), se denuncia la corta de vegetación Forestal dentro del precario Villa Plata. A partir del levantamiento de campo realizado el día 22 de junio de 2022 (Anexo 1), en el precario de Villa Plata, objeto del presente recurso de amparo, se identificaron árboles cortados distribuidos en diferentes sectores (Figura 2, del informe de inspección “Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Zona 6. Exp 22-008354-0007-CO”, Anexo 1). Finalmente es importante mencionar lo siguiente: 1. El AyA, luego de la revisión de sus sistemas de acueducto, no encuentra afectación a la calidad del agua captada del acuífero Moín, en la cual se ubica la Zona 6 y que incluye los inmuebles con planos de catastro 7-0509859-1983 y 7-059860-1983, objeto del presente recurso de amparo, razón por la cual se mantiene vigente la captación de la Fuentes-Moín, para fines de abastecimiento poblacional. 2. No debe permitirse la continuidad de un crecimiento urbano sin planificación en la Zona 6, no solo por el impacto en los servicios públicos, sino por las implicaciones que se puede tener a futuro en la cantidad y calidad del recurso hídrico que se capta en las fuentes Moín. 3. El trabajo de campo permitió identificar que el asentamiento Villa Plata, ubicado en los inmuebles con planos de catastro 7-0509859-1983 y 7-059860-1983, se encuentra habitado desde hace más de 20 años, según así lo manifestaron los habitantes de la localidad, identificándose infraestructura (viviendas), la cual consta en el informe de inspección (Anexo 1), así como el registro documental que consta en el expediente digital del Amparo. 4. Luego de una revisión de la documentación aportada en el expediente digital del Amparo, se aprecia el informe rendido por el SINAC, mediante Oficio SINAC-ACLAC-PPCP-027-2022, Inspección de campo al sitio indicado que dispone de los números de plano catastrado 7-0509859-1983 y 7-0509860-1983, la cual fue realizada por los funcionarios Alexis Salas Rodríguez y Diego Alberto Alvarado Cerdas, el día 17 de junio de 2022 (visible a imágenes 1100-1110 del expediente digital del Amparo), es importante señalar, que se procedió a verificar las coordenadas que se cita en el punto V de este informe, las cuales no coinciden en los planos citados, sino que se encuentran a una distancia de 400 metros al Sureste, lejos del inmueble que debió valorarse según lo ordenado por la Sala” (el destacado fue suplido).

Por último, el 7 de julio de 2022, la directora a. i. del Área Rectora de Salud de Limón del Ministerio de Salud emitió el memorial MS-DRRSHC-ARSL-04398-2022, en el que se consignó: “(…) realiza la inspección el día 01 de Julio del 2022, al ser las 13:30 horas, donde se realiza el recorrido por toda la comunidad, donde se visualiza un aproximado de 154 casas de habitación construidas a base de material de cemento, Block, Madera, Baldosas y que muchos utilizando un sistema de Tanque Sépticos y tanque séptico mejorados, algunas viviendas cuentan con una mala disposición de las aguas Residuales, es importante mencionar que existen una verdulería y venta de cocos rayado dentro de las misma vivienda, con respecto al fondo del recurso se recomienda que dicho desalojo deberá ser tramitado por la vía Judicial (Tribunales de Justicia), con respecto a lo solicitado bajo el Recurso de Amparo se le informa de lo siguiente. (…) 3. Sí en tal zona se cumple o no lo dispuesto en los acuerdos N. OS 2007- 177 y 2011-112 adoptados por la Junta Directiva del ICAA: Que según lo indicado reformado el punto anterior mediante acuerdo N° 112-2011, publicado en La Gaceta N° 83 del 2 de mayo del 2011), Para el caso de DESARROLLOS DE URBANIZACIONES, LOTIFICACIONES, FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS, deberá construirse alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales de tipo ordinario. Se pueden permitir desarrollos con densidades iguales o inferiores a una unidad habitacional por cada 1000 metros (…) Por lo tanto, según lo indicado bajo en los puntos ya explicados y por lo que se recomienda que el debido desalojo se deberá tramitar por la vía judicial” (la negrita fue agregada).

Ahora bien, en el sub examine, la parte accionante refiere que la Junta Directiva del ICAA declaró la zona de protección y de recarga acuífera de Moín (zona 6), mediante acuerdo n.° 2007-177, en el cual se dio la oficialización del estudio hidrogeológico y vulnerabilidad del acuífero Moín y la actualización de la zona de protección DGAMB-2007031. Señala que su representada tiene dos propiedades ubicadas en la referida zona 6, a las cuales se les impuso una serie de limitaciones. Indica que, desde la creación de la mencionada zona 6, el ICAA ha incumplido sus deberes, pues en ese lugar se ha dado un cambio de uso de suelo con la construcción de casas tipo precario, sin que se haya realizado un control del uso y manejo de las aguas residuales, aguas negras, perforaciones de pozos y, además, no ha hecho cosa alguna para evitar la tala del bosque. Sostiene que, debido a lo anterior, requirió colaboración ante el ICAA con el fin de proceder con el desalojo administrativo de todas las personas que están invadiendo sus fincas, debido a los daños que generan a los recursos naturales y la contaminación al acuífero; empero, no se les proporcionó ayuda alguna. Acusa que tanto el ICAA como el MINAE tienen conocimiento de la usurpación que existe en la zona 6 del acuífero de Moín, de los cambios de uso de suelo y de la contaminación; sin embargo, no han realizado actuación alguna para desalojar a las personas que de manera ilegítima usurpan el patrimonio del Estado. Solicita que se declare con lugar el recurso y se condene a las autoridades recurridas por su negligencia al proteger la zona aludida. Pide que se ordene a la parte accionada efectuar los trámites necesarios para ejecutar los desalojos correspondientes de las fincas supramencionadas. Requiere que se ordene llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para proteger al acuífero de Moín, mediante la expropiación y pago correspondiente a su representada.

Al respecto, obsérvese que este Tribunal se ha pronunciado previamente sobre el acuífero supramencionado y la tutelada jurídica que merece. En ese sentido, en la sentencia n.° 2008012043 de las 10:11 horas del 1° de agosto de 2008, se indicó:

“II.- OBJETO DEL RECURSO. Acude la recurrente en tutela del derecho de propiedad de la empresa [Nombre 004].  Dice que la amparada es propietaria de dos inmuebles situados en la Provincia de Limón, ubicados en la zona 6, las cuales, por medio del artículo 6, inciso a) de la Sesión de Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados número 2007-20, pasaron a formar parte de una serie de zonas ubicadas en la provincia de Limón catalogadas como zonas reservadas por un interés público de protección a mantos acuíferos.  Aduce que según ese acuerdo la empresa amparada no puede ejercer ninguna actividad en sus propiedades, cuya cabida entre las dos cubre un área de trescientos treinta y tres mil ciento noventa y un metros con dieciséis decímetros cuadrados, por lo que se vulnera su derecho de propiedad al establecer limitaciones a ese derecho por la vía de un acuerdo de Junta Directiva de una institución autónoma y no por medio de una ley; asimismo, porque se trata de una limitación excesiva que conlleva un desapoderamiento de sus propiedades, es decir “un acto de expropiación de hecho”, al incluirlas dentro de zonas con reserva absoluta y totalmente limitadas en cuanto a su uso y explotación sin proceder a la respectiva expropiación conforme al derecho de la Constitución (…)

III.- AGUAS SUBTERRÁNEAS Y DERECHOS FUNDAMENTALES.   En la sentencia de esta Sala número 2004-01923 de las 14:55 horas del 25 de febrero de 2004, se trató ampliamente el tema de las aguas subterráneas y su ligamen con los derechos fundamentales. Específicamente se dijo lo siguiente:

 

“Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, enuncia el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual se logra, entre otros factores, a través de la protección y conservación de la calidad y cantidad del agua para consumo y uso humano y para mantener el equilibrio ecológico en los hábitats de la flora y la fauna (v. gr. humedales) y, en general, de la biosfera como patrimonio común de la humanidad. Del mismo modo, el acceso al agua potable asegura los derechos a la vida –“sin agua no hay vida posible” afirma la Carta del Agua aprobada por el Consejo de Europa en Estrasburgo el 6 de mayo de 1968-, a la salud de las personas –indispensable para su alimento, bebida e higiene- (artículo 21 de la Constitución Política) y, desde luego, está asociado al desarrollo y crecimiento socio-económico de los pueblos para asegurarle a cada individuo un bienestar y una calidad de vida dignos (artículo 33 de la Constitución Política y 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos). La escasez, la falta de acceso o disponibilidad y la contaminación de ese líquido preciado provoca el empobrecimiento de los pueblos y limita el desarrollo social en grandes proporciones. Consecuentemente, la protección y explotación de los reservorios de aguas subterráneas es una obligación estratégica para preservar la vida y la salud de los seres humanos y, desde luego, para el adecuado desarrollo de cualquier pueblo. En el año 1995 se estimó que 1000 millones de habitantes no tenían acceso al agua potable y se calcula que para el año 2025 cerca de 5.500 millones de personas tendrán escasez de agua, siendo que anualmente mueren entre 5 y 10 millones de personas por uso de agua no tratada. En otro orden de ideas, actualmente, se ha reconocido el deber de preservar, para las generaciones futuras, unas condiciones de existencia al menos iguales a las heredadas (desarrollo sostenible), por lo que la (sic) necesidades del presente deben ser satisfechas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para hacerlo con las propias (Principio 2 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Estocolmo, 1972). En esencia, el agua, desde un punto de vista económico y ecológico, es un bien preciado, puesto que, es indispensable para cualquier actividad humana (industrial, agrícola, doméstica, comercial, servicios etc.), como fuente de energía, materia prima, vía de transporte, soporte de actividades recreativas y elemento constitutivo para el mantenimiento de los ecosistemas naturales –uso del agua no contaminante o compatible con el ambiente.”

 

Se determinó, además, que cuando se produce la contaminación de las aguas subterráneas su regeneración puede ser extraordinariamente lenta y, en ocasiones, irreversible por el alto costo de los medios para hacerlo, así como por la falta de infraestructura organizacional, recursos materiales, financieros y humanos, en este último caso, debidamente capacitados para evaluar, medir y, en general, monitorear la calidad  de esta agua y la dimensión exacta de su contaminación, de ahí que la degradación y contaminación de los mantos acuíferos le impone al legislador y a  las administraciones públicas la tarea urgente e impostergable de protegerlos.

 

IV.-PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS.  En la sentencia de cita se estableció que por las características de la contaminación de los mantos acuíferos destinados al abastecimiento público y su difícil regeneración, las medidas para evitar la contaminación deben ser preventivas y protectoras, mediante la prohibición de ciertas actividades humanas en determinadas zonas u ordenando medidas de seguridad sobre ciertas actividades potencialmente contaminantes. No obstante, se llegó a la conclusión de que nuestro ordenamiento jurídico- administrativo (legislación, reglamentos y decretos) carece, lamentablemente, de una regulación precisa, clara y completa para la protección de los mantos acuíferos, zonas de recarga y áreas de captación de aguas subterráneas, regulación con la cual sí cuentan en otros países, por ejemplo en la. Ley de Aguas española 29/1985 del 2 de agosto, en la cual se prevén algunas potestades extraordinarias de intervención administrativa en la economía del agua que atañen directamente a la protección de los mantos acuíferos, en aras de lograr un aprovechamiento sostenido de los recursos hídricos, esto es, para garantizar una disponibilidad de agua en cantidad suficiente y calidad requerida para atender la necesidades humanas y ecológicas presentes y futuras.  Al efecto, textualmente dijo la Sala lo siguiente:

 

“Estas potestades administrativas extraordinarias, que deben ser admitidas en nuestro ordenamiento jurídico -pese a su falta de regulación- como implícitas en la competencia expresa y general de protección y conservación de las aguas subterráneas que tienen atribuidas el Estado y los entes descentralizados del sector hídrico, tienen sustento en la necesidad de lograr una utilización racional y equilibrada del agua. La escasez y degradación de las condiciones naturales del recurso hídrico imponen la posibilidad administrativa de adoptar tales medidas para evitar su agotamiento o deterioro irreversible y de superar, temporalmente, los efectos nocivos que pueda generar una crisis hídrica. Este tipo de medidas administrativas suponen diversas restricciones y controles drásticos sobre los múltiples usos o aprovechamientos de agua –en especial los generales o especiales de carácter privado- y sobre las actividades preexistentes que puedan afectar el recurso en cuanto se justifican en un interés público, por lo que no afectan el derecho de propiedad o la integridad del patrimonio. En esencia, tales medidas deben ser reputadas como limitaciones de interés social que no vacían de contenido el derecho de propiedad o amplían el dominio público sobre las aguas subterráneas sin previa indemnización sino que moldean su contenido esencial por lo que deben ser soportadas, al tratarse de un sacrificio o una carga general, por todos los usuarios, los que, en último término, son los beneficiarios de éstas, en tanto están orientadas a corregir una situación coyuntural de carestía o contaminación inminente que afecta la economía del recurso hídrico en una zona determinada.  Tales medidas administrativas de intervención, virtualmente contenidas en los artículos 32 de la Ley de Aguas de 1942 y 10° del Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas (Decreto Ejecutivo No. 30387 del 29 de abril del 2002), pueden ser las siguientes:

 

a) Perímetros de protección de los mantos acuíferos: Una de los instrumentos más novedosos en la protección de los recursos hídricos es la definición de perímetros de protección para la conservación del recurso y de su entorno. Esta medida de intervención administrativa busca preservar la calidad y cantidad del agua contenida pero también de su continente, esto es, de la formación geológica denominada acuífero. Esa actividad consiste en proyectar y trazar sobre la superficie una demarcación bajo la que se asienta un acuífero o parte de éste, en la que se establece un régimen específico de utilización del dominio hidráulico –ordenación y restricción de las concesiones de agua preexistentes, impedimento de otorgar nuevas-  y de control de las actividades e instalaciones que puedan afectarlo –a través de autorizaciones- (v. gr. minas, canteras; actividades urbanas que incluyan tanques sépticos, cementerios, rellenos sanitarios –almacenamiento, transporte y tratamiento de residuos sólidos y líquidos-; actividades agrícolas y ganaderas con depósito y distribución de fertilizantes y plaguicidas, riego con aguas residuales y granjas; actividades industriales con almacenamiento, transporte y tratamiento de hidrocarburos líquidos o gaseosos, productos químicos, farmacéuticos y radiactivos, industrias alimentarias y mataderos, etc.). Evidentemente, la definición de perímetros por las autoridades nacionales –MINAE e ICAA-  debe ser respetada por los gobiernos locales (Municipalidades) y el INVU (dada su competencia residual en materia de planificación urbana en ausencia de planes reguladores locales) para compatibilizar, desarrollar y reflejar efectivamente los condicionamientos establecidos en la definición de los perímetros de protección en la normativa contenida en los respectivos Planes Reguladores sobre los usos de suelo o de ordenación del territorio (v. gr. reglamento de zonificación, de construcciones, etc.).  Obviamente, a lo anterior debe añadirse la protección alrededor de las áreas de captación (pozos -PPP: perímetros de protección de los pozos-, manantiales, nacientes, etc.-), mediante la definición de una zona alrededor en la que se prohíban o limiten determinadas actividades humanas regulándose o controlándose el uso del suelo. La determinación del perímetro depende de la zona de captura o de carga del pozo (ZOC) y su extensión depende de las características y propiedades del área de captación y del terreno de recarga, puesto que, las normas no pueden ser iguales para el caso de terrenos permeables o fisurados que para los que tengan formaciones impermeables. La definición de perímetros debe conjugarse con la cartografía de vulnerabilidad o susceptibilidad natural de los mantos acuíferos de abastecimiento a las cargas de contaminación antrópica, en función de sus características hidrogeológicas y geoquímicas, ante problemas de contaminación antropogénica, lo que se logra mediante el levantado de mapas. Sendas medidas, perímetros de protección y la cartografía de vulnerabilidad son idóneas para poder reubicar a tiempo un determinado tipo de actividad, la fuente de abastecimiento o, en último término, introducir métodos e instrumentos técnicos para el tratamiento y disposición de los agentes contaminantes. Las medidas a tomar a partir de los perímetros y cartografía de vulnerabilidad varían según se trate de una (a) área sin ocupación territorial, siendo  útil para definir las actividades que en el futuro puedan instalarse o no; (b)  áreas ya ocupadas, en cuyo caso se efectúa un mapeo de la vulnerabilidad natural y de las áreas con mayor susceptibilidad a la contaminación, pudiéndose, ante la amenaza de un índice elevado de contaminación, reubicar las actividades, las fuentes de abastecimiento e introducir tecnología para el tratamiento y disposición de contaminantes; (c) áreas ya contaminadas, para lo cual se podrán buscar fuentes alternas, evitar la propagación de las plumas de contaminación y, de ser posible, por su elevado costo, tratar las aguas del acuífero después de su extracción; (d) áreas para nuevas captaciones, supuesto en el cual se debe inventariar las actividades potencialmente contaminantes y el área de impacto de cada una de éstas.  

 

b) Declaración de acuífero sobreexplotado: La sobreexplotación de un acuífero sobreviene cuando las extracciones o aprovechamientos son tan intensivos –descarga- y fuertes que superan los volúmenes de la recarga, con lo que las reservas de agua del acuífero se disminuyen progresivamente y se degradan. La sobreexplotación provoca nefastos efectos económicos y naturales; entre los primeros, los usuarios pueden experimentar el encarecimientos de los costos de extracción –más energía para hacer fluir las mismas cantidades de agua o gastos para reprofundizar un pozo para alcanzar el nivel de agua-, agotamiento de los pozos ubicados en la zonas periféricas del acuífero y en las de mayor concentración de perforaciones; entre los efectos de carácter natural, está la merma en los caudales de aguas en manantiales, ríos, arroyos, quebradas, lagunas, lagos y humedales con lo que se pone en peligro la existencia de éstos y la afectación de la capacidad de las formaciones geológicas – acuíferos – para almacenar agua al disminuir el espacio intersticial en las rocas por falta de la presión interior que aporta el agua, la subsidiencia del terreno por compactación, con alteración del acuífero, aparición de grietas y corrimiento de laderas. En la hipótesis de la sobreexplotación del acuífero, la autoridad administrativa competente puede declarar ese estado para revertir el estado de cosas a través de una ordenación, restricción y reparto de las extracciones o aprovechamientos preexistentes para lograr una explotación racional y la inmediata suspensión de las solicitudes nuevas o de modificación de concesiones pendientes a ese momento. Desde luego, que, también, se pueden implementar medidas de ahorro y buena utilización de los recursos como el tratamiento y depuración de las aguas residuales para ser reutilizadas en el riego de ciertos cultivos, sistemas de riego por goteo o nocturno para paliar los efectos de la evapotranspiración, la recarga artificial, etc..   

 

c) Declaración de acuífero en proceso de intrusiones salinas: Se estima que un acuífero está en proceso de salinización cuando, como consecuencia directa de las extracciones, se registran aumentos generalizados y progresivos de concentración salina de las aguas captadas con lo que se corre el peligro de convertirse en inutilizables. La salinización supone una reducción del espesor de la capa de agua dulce bajo la que asciende el agua marina, de modo que el agua de los pozos deja de ser potable e, incluso, inservible para usos domésticos o de riego, siendo la recuperación de acuífero muy difícil o casi imposible. Este problema que se puede presentar en nuestro país, sobre todo, en los acuíferos costeros sobreexplotados –intrusión de origen marítimo- de forma gradual o generalizada, aunque no cabe descartar, en otros puntos, la intrusión de origen continental. La causa de la intrusión salina se encuentra en una explotación irracional o sobreexplotación, por lo que deben implementarse medidas similares a las dispuestas para cuando se produce ese problema tales como la ordenación, restricción y reparto de los aprovechamientos o usos preexistentes y suspensión de las solicitudes nuevas o de modificación de concesiones.

 

d) Estados de necesidad y crisis hídrica: En circunstancias anómalas, excepcionales y coyunturales que provocan una calamidad pública o conmoción interna (v. gr. sequías  extraordinarias, sobreexplotación grave de acuíferos o intrusión salina generalizada de éstos), el Estado –a través del Poder Ejecutivo- y, con fundamento en el principio de necesidad, puede adoptar las medidas necesarias e idóneas respecto a la utilización del dominio público hidráulico para superar ese estado de cosas o evitar que se agrave. Cuando cesa el estado de necesidad y se restablece la normalidad se pueden adoptar otro tipo de medidas como las anteriormente expuestas (perímetros de protección, declaración de acuíferos sobreexplotados o en proceso de salinización).” (El resaltado en negritas no es del original)

 

V.- PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN COSTA RICA. Este aspecto fue abordado en la sentencia 2004-01923, de la siguiente forma:

 

“El artículo 31 de la Ley de Aguas No. 246 del 27 de agosto de 1942, declara como “reserva de dominio a favor de la Nación” lo siguiente: “a) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potables, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio; b) La zona forestal que protege o debe proteger el conjunto de terrenos en que se produce la infiltración de aguas potables (...)”. Esta declaratoria resulta de suma importancia, puesto que, a partir de la misma  surge la obligación del Estado, a través de sus órganos competentes, de fijar y determinar las áreas de protección perimetral de los pozos o áreas de captación –de 200 metros- y, desde luego, de las áreas de recarga de los mantos acuíferos –zona  en que “se produce la infiltración de aguas potables”- que cuenten o deban contar con una capa forestal para su protección que son tan sensibles para su conservación y protección. De la misma forma, a partir de tal afectación expresa, el Estado puede ejercer las acciones reivindicatorias y posesorias para garantizar la indemnidad de esas zonas y substraerlas de todo tipo de contaminación sometiéndolas a un fuerte régimen de control del uso del suelo, atribución que, muy probablemente, ha omitido ejercer de forma oportuna y exacta. El numeral 32 de la Ley de Aguas de 1942 establece que “Cuando en un área mayor de la anteriormente señalada exista peligro de contaminación en las aguas superficiales o en las subterráneas, el Poder Ejecutivo, por medio de la Sección de Aguas Potables –actualmente ICAA- (...) dispondrá en el área dicha las medidas que juzgue oportunas para evitar el peligro de contaminación”, esta norma le impone un ineludible deber de colaboración y cooperación al Poder Ejecutivo con el ICAA para adoptar todos los actos y providencias administrativas oportunas y convenientes para conjurar el peligro de contaminación en un área mayor a los perímetros de protección de las áreas de recarga de los acuíferos y zonas de captación. El contenido de la norma es sumamente significativo y rico, puesto que, habilita al Estado para adoptar cualquier medida oportuna para evitar los daños y perjuicios irreversibles que podría provocar un estado de emergencia por crisis hídrica. Evidentemente se trata, también, de una competencia que no ha sido ejercida responsablemente o infrautilizada. La Ley General de Agua Potable, No. 1634 del 18 de septiembre de 1953, en su artículo 2°, establece que “Son de dominio público todas aquellas tierras que tanto el Ministerio de Obras Públicas como el Ministerio de Salubridad Pública –órganos del Poder Ejecutivo que fueron sustituidos por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados por virtud de su Ley de Creación No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas y, más concretamente, el artículo 2°, inciso h), que le encomendó hacer cumplir la Ley General de Agua Potable- consideren indispensables para construir o para situar cualquiera parte o partes de los sistemas de abastecimiento de aguas potables, así como para asegurar la protección sanitaria y física, y caudal necesarios de las mismas (...)”, evidentemente, esta norma tiene una enorme trascendencia, puesto que, se declara de dominio público las áreas de captación que pueden incluir los manantiales o nacientes –forma de descarga natural de las aguas subterráneas- y, lo que es más importante, le otorga la condición de bien demanial a todos aquellos terrenos necesarios para asegurar la protección sanitaria y física y su caudal, lo cual, necesariamente, incluye las áreas de recarga de los mantos acuíferos claramente delimitadas a través de la actividad perimetradora ya indicada, puesto que, la desprotección de estas zonas incide, necesariamente, en la calidad –por contaminación- y caudal –por impermeabilización o sobreexplotación- de las aguas para consumo y uso humanos que brotan de un manantial.  La Ley Forestal No. 7575 del 13 de febrero de 1996, en su artículo 33, incisos a) y d), respectivamente, dispone que son áreas de protección las “ (...) que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal” y “Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en el Reglamento de esta ley”, evidentemente estas normas le dan sustento a la actividad o intervención administrativa para definir los perímetros de protección de los acuíferos y zonas de captación. La Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 del 13 de octubre de 1995, en su artículo 51, indica que para la conservación y uso sostenible del agua, deben aplicarse, entre otros, los siguientes criterios: “a) Proteger, conservar y en lo posible, recuperar los ecosistemas acuáticos y los elementos que intervienen en el ciclo hidrológico”,  “b) Proteger los ecosistemas que permiten regular el régimen hídrico” y “c) Mantener el equilibrio del sistema agua, protegiendo cada uno de los componentes de las cuencas hidrográficas”.  Se establece así la necesidad de proteger y conservar la integridad y unidad del ciclo hidrológico sin hacer distinciones, el cual comprende, especialmente, las aguas subterráneas.  Finalmente, los artículos 5°, inciso e), párrafo in fine de la Ley de Creación del ICAA (No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas) y 15 de la Ley de Creación del SENARA (No. 6877 del 18 de julio de 1983 y sus reformas) coronan el marco normativo para la protección institucional de las aguas subterráneas al indicar, respectivamente, “Se declaran de utilidad pública y de interés social, y podrán ser expropiados, los terrenos necesarios para la conservación y protección de los recursos de agua, así como para las construcciones que se hagan necesarias en la captación (...)”  “Decláranse (sic) de interés público las acciones que promueve el Estado, con el objeto de asegurar la protección y el uso racional de las aguas (...)”. En el ordenamiento jurídico-administrativo de las aguas nos encontraremos, también, con una serie de obligaciones y cargas impuestas a los particulares y sujetos de derecho público –entes y órganos públicos- para una adecuada protección del dominio público hidráulico subterráneo y superficial. Así la Ley de Aguas de 1942 y otros cuerpos legislativos, establecen una serie de prohibiciones y obligaciones para los propietarios y usuarios de los manantiales –que son un componente del área de descarga de un manto acuífero-, como las siguientes: a) los usuarios o concesionarios deben ajustarse a los reglamentos de policía y salubridad en cuanto a las aguas sobrantes que son devueltas a un manantial para evitar contaminaciones o fetidez –de no hacerlo pueden perder el aprovechamiento especial y sufrir pena de multa- (artículos 57 y 166, inciso III, ibidem), de modo concordante, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317 del 21 de octubre de 1992, en su artículo 132, párrafo 1°, prohíbe “(...) arrojar aguas servidas, aguas negras, desechos o cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no (...) lagos (...)” y le impone al que incumpla la norma una multa de 50.000 a 100.000 colones convertible en pena de presión de uno a dos años. b) Se prohíbe la construcción de estanques para criaderos de peces en los manantiales destinados al abastecimiento de poblaciones (artículo 63 ibidem). c) Los propietarios de terrenos en los que existan manantiales en cuyos contornos hayan sido destruidos los bosques que les brindaban abrigo están obligados a plantar árboles en las márgenes a una distancia no mayor de 5 metros (artículo 148 ibidem). d) Se prohíbe destruir, tanto en bosques nacionales como particulares, los árboles situados a menos de 60 metros de los manantiales que nacen en los cerros o a menos de 50 metros de los que surgen en terrenos planos (artículo 149 ibidem), la Ley Forestal, No. 7575 del 13 de febrero de 1996, dispone, en su artículo 34, de forma coincidente, que “Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección que bordean las nacientes permanentes y de recarga y los acuíferos de los manantiales”. e) Toda solicitud de aprovechamiento de aguas vivas, corrientes y manantiales deberá dirigirse al Ministerio de Ambiente y Energía con la presentación de una serie de requisitos (artículo 178 ibidem). En lo tocante a los entes y órganos públicos que tienen competencia y responsabilidades en materia de protección de las aguas subterráneas, se establecen una serie de obligaciones y prohibiciones tales como las siguientes: a) Se le prohíbe a las Municipalidades enajenar, hipotecar o comprometer de otra manera, arrendar, dar en esquilmo, prestar o explotar por su propia cuenta –sobre todo si supone deforestación- las tierras que posean o adquieran en las márgenes de los ríos, arroyos o manantiales o en cuencas u hoyas hidrográficas en que broten manantiales o en que tenga sus orígenes (artículos 154 y 155 ibidem). b) Se obliga a las Municipalidades a reforestar tales terrenos (artículo 156 ibidem). c)  Se obliga a toda Municipalidad, Junta de Educación, Junta de Protección Social y, en general, a todo “organismo de carácter público”, consultar para obtener el respectivo permiso al Ministerio de Agricultura para enajenar, hipotecar, dar en arriendo, esquilmo o explotar por su cuenta terrenos que posean o adquieran en los que existan aguas de dominio público utilizables (artículo 157 ibidem).  La Ley General de Salud, No. 5395 del 30 de octubre de 1973 y sus reformas, de su parte, contiene normas específicas para la protección y conservación efectiva de las aguas subterráneas, así el artículo 275 estipula que “Queda prohibido a toda persona natural o jurídica contaminar las aguas superficiales, subterráneas (...) directa o indirectamente, mediante drenajes o la descarga o almacenamiento, voluntario o negligente, de residuos o desechos líquidos, sólidos o gaseosos, radiactivos o no radiactivos, aguas negras o sustancias de cualquier naturaleza, que, alterando las características físicas, químicas y biológicas del agua la hagan peligrosa para la salud de las personas, de la fauna terrestre y acuática o inservible para usos domésticos, agrícolas, industriales o de recreación.”, por su parte el numeral 276 establece que solo con permiso del Ministerio se podrán hacer drenajes o proceder a la descarga de residuos o desechos sólidos o líquidos u otros que puedan contaminar el agua superficial, subterránea, o marítima, “(...) ciñéndose a las normas y condiciones de seguridad reglamentaria y a los procedimientos especiales que el Ministerio imponga en el caso particular para hacerlos inocuos”. Los artículos 285 y 291 de ese cuerpo normativo, respectivamente, obligan a toda persona a eliminar las excretas y aguas negras de forma adecuada y sanitariamente para evitar la “contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano” y prohíben la descarga de residuos industriales o de establecimientos de salud en el alcantarillado para “evitar la contaminación de las fuentes o cursos de agua”. Finalmente, el artículo 309 de esa ley establece que a los urbanizadores el Ministerio de Salud les aprobará el proyecto, entre otras cosas, si éste “(...) dispone de sistemas sanitarios adecuados (...) de disposición de excretas, aguas negras y aguas servidas”.

 

VI.- ENTES Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS RESPONSABLES DE LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y, EN ESPECIAL, DE LOS MANTOS ACUÍFEROS. DELIMITACION DE COMPETENCIAS.  Siguiendo el fallo que se viene citando, se indicó que en el conjunto heterogéneo y disperso de entes y órganos administrativos que conforman la administración pública costarricense se puede identificar un sector de éstos que tienen asignadas, por ley o reglamento, una serie de competencias irrenunciables, intransferibles e imprescriptibles en materia de conservación y protección de aguas subterráneas que no pueden declinar y deben ejercer de forma efectiva en aras de un derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de todos los habitantes del país. En ese sector del aparato público o de organizaciones serviciales para la satisfacción de las necesidades de toda la colectividad, se puede identificar un grupo que pertenece a la administración central o ente público mayor –Estado- que son, preponderantemente algunos Ministerios u órganos de éstos- y otro conformado por entes descentralizados funcionalmente o por servicios –de carácter técnico- y territorialmente –Municipalidades-. Refiriéndose específicamente al ente aquí recurrido textualmente dijo la Sala lo siguiente:

 

“(…)  2.- Administración descentralizada.

 

a)  ICAA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados)

 

   La Ley Constitutiva del ICAA (No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas) le atribuye, en lo que es de interés, las siguientes competencias (artículo 2°): a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas (...) c) Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas (...) d) Asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades públicas y privadas en todos los asuntos relativos al (...) control de la contaminación de los recursos de agua (...) siendo obligatoria, en todo caso, su consulta, e inexcusable el cumplimiento de sus recomendaciones (...) f) Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en ejercicio de los derechos que el Estado tiene sobre ellas, conforme a la ley número 276 de 27 de agosto de 1942, a cuyo efecto el Instituto se considerará el órgano sustitutivo de las potestades atribuidas en esa ley al Estado, ministerios y municipalidades”. De su parte el artículo 5° de esa ley habilita al ICAA para “c) Adquirir en propiedad bienes muebles e inmuebles” y “e) Tramitar las expropiaciones necesarias para el cumplimiento de sus fines, siendo que este mismo inciso en su párrafo 2° declara de utilidad pública y de interés social, pudiendo ser expropiados, “(...) los terrenos necesarios para la conservación y protección de los recursos de agua, así como para las construcciones que se hagan necesarias en la captación (...). El numeral 21 de la ley de Creación le confiere al ICAA la potestad de aprobar o improbar todo proyecto de construcción, ampliación o modificación de sistemas de disposición de aguas servidas y pluviales, público o privado, siendo la misma obligatoria, so pena de nulidad, en tratándose de construcción de fraccionamientos, urbanizaciones o lotificaciones. Finalmente, el artículo 22 de su ley de creación establece que “Es obligación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado sufragar los gastos que demanden la conservación, ampliación y seguridad de los bosques que sirvan para mantener las fuentes de aguas, en las propiedades de aquellas Municipalidades donde asuma los servicios de aguas y alcantarillado”.

 

De acuerdo con el artículo 2°, inciso h), de la Ley de Creación de este ente descentralizado (No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas) es parte de sus competencias la de hacer cumplir la Ley de Agua Potable, No. 1634 del 18 de septiembre de 1953, siendo que el artículo 16 de este último cuerpo normativo prohíbe las instalaciones, edificaciones o labores comprendidas en las “zonas cercanas a fuentes de abastecimiento (...) que perjudique en forma alguna (...) las condiciones físicas, químicas o bactereológicas del agua; esta zonas serán fijadas por el Ministerio de Obras Públicas y Salubridad Pública” –órganos que, como ya se indicó fueron sustituidos, para todos los efectos legales, por el ICAA-. Consecuentemente, al ICAA, también, le compete definir las áreas de protección de fuentes de abastecimiento tales como los manantiales o nacientes que son una forma natural de descarga de las aguas subterráneas. El artículo 34, párrafo in fine, de la Ley Forestal le impone la realización de los alineamientos de las áreas de protección al INVU. Se trata, en realidad, de una competencia que no es exclusiva o excluyente del ICAA o del INVU, sino concurrente o compartida, por lo que los dos entes públicos tienen el deber de ejercerla.

 

   El artículo 3° de la Ley General de Agua Potable, No. 1634 del 18 de septiembre de 1953, le impone la obligación al ICAA de “(...) seleccionar y localizar las aguas destinadas al servicio de cañería (...), con lo cual es responsabilidad de este ente efectuar un inventario pormenorizado de las nacientes que puedan ser utilizadas para proveer de agua de consumo humano a las poblaciones, lo anterior, independientemente, de encontrarse el suministro y distribución en manos de un Municipio en un cantón determinado.” (el destacado fue agregado).

En virtud de lo expuesto, en el sub lite se constata la lesión al derecho al agua y al ambiente sano y ecológicamente equilibrado ante la inacción de las autoridades recurridas en atender y resolver la problemática que afecta al acuífero de Moín, específicamente, en las fincas que son propiedad de la amparada ubicadas en la zona de protección restringida (catalogada como zona 6).

Nótese que desde el año 2007 se adoptó el acuerdo n.° 2007-177, por medio del cual el ICAA declaró la zona de protección restringida (zona 6) concerniente al acuífero de Moín e impuso una serie de restricciones, la cuales fueron modificadas por el acuerdo n.° 2011-112. Además, en la especie queda acreditado que las partes recurridas tienen conocimiento de la existencia de un precario denominado Villa Plata, que se ubica en las propiedades de la parte amparada y ha ocasionado alteraciones en la zona que ponen en riesgo el acuífero referido. Verbigracia, este Tribunal aprecia que, en setiembre de 2018, el ICAA formuló denuncias tanto ante la Municipalidad de Limón como ante el MINAE MINAET (con sello de recibido del 26 de setiembre de 2018 por SINAC-ACLAC), en la que acusó que en las propiedades mencionadas se estaban efectuando movimientos de tierra. Asimismo, por oficio GSP-RA-2019-00456 del 14 de marzo de 2019, el ICAA comunicó al director del ACLAC MINAE, el jefe de la Subregión de Limón y el alcalde de Limón, que en la zona en cuestión se estaban dando movimientos de tierra y tala de árboles; además, se afirmó que “se considera que estas actividades denunciadas provocan un alto riesgo e impacto sobre la Zona de Protección del Acuífero de Moín, máxime si se considera que este sitio de posible invasión, corresponde a uno de los lugares con mayor cobertura boscosa de la Zona de Recarga Directa de las Nacientes de Moín (Pulmón de Nacientes de Moín). Por todo lo anterior, se les solicita de forma inmediata y dentro del marco de sus competencias, que se realicen acciones necesarias para impedir de forma oportuna, que se siga talando y realizando movimientos de tierra en el sitio denunciado y se pueda proteger la cobertura boscosa de esta zona”.

De igual forma, cabe reiterar que, el 15 de junio de 2020, la presidenta ejecutiva del ICAA emitió el oficio PRE-2020-00865, en el que expresó: “Mediante oficios UEN-GA-2020-00836 (Anexo 6) y UEN-GA-2020-01399 (Anexo 7), se han estado gestionando inspecciones con el Ministerio de Salud, sin embargo, se han pospuesto debido al estado de emergencia decretado por el COVID-19 (…) el Instituto en el marco de sus competencias e interés de proteger el Acuífero Moín, del cual se abastece un sector de la población de Limón, ha realizado una serie de acciones y creado instrumentos, que sirven de insumo tanto a la Municipalidad como al Ministerio de Salud, para que puedan emitir regulaciones en el uso del terreno, así como autorizar la realización de actividades que no afecten la calidad y cantidad del recurso hídrico, es por ello que se hacen las siguientes aclaraciones: 1. Es el Ministerio de Salud, en el caso de edificaciones industriales y comerciales, quien en cumplimiento de lo que establece la Ley General de Salud y sus reglamentos, otorga el permiso de funcionamiento; para esto, considera el pronunciamiento técnico que ha comunicado el AyA. A nivel administrativo, el otorgamiento de todo permiso debe apegarse al principio de legalidad, al cumplimiento y verificación de los requisitos, para que la Administración pueda proceder a realizar la valoración y resolver de conformidad. (…) 2. El Área de Salud respectiva, es quien puede realizar un levantamiento del estado físico sanitario de cada una de las construcciones y actividades comerciales; de hecho, se encuentra dentro de su actividad ordinaria realizar dicha gestión de forma permanente acatando el deber de fiscalización. 3. Por su parte, es al Gobierno Local a quien le compete otorgar las patentes y emitir el permiso de construcción de toda edificación, de conformidad con el uso del suelo y la valoración técnica que diera el AyA (…)”.

Por su parte, en el informe técnico PRE-J-2022-01740 del 9 de mayo de 2022 referente al “Precario Villa Plata Fincas 00027138-000 y 00027136-000”, el ICAA indicó: “(…) 1) El AyA por más de 19 años ha realizado las denuncias necesarias ante la Municipalidad de Limón y el Ministerio de Ambiente y Energía para que se paralicen los movimientos de tierra, cortas de vegetación forestal en el momento en que se detecta una afectación a las zonas de Recarga del Acuífero de Moín. Además, denuncia la realización de actividades existentes que no son compatibles con las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007- 177 y N° 2011-112 (…)”.

Aunado a lo anterior, ante la prueba para mejor resolver ordenada en el sub lite, las autoridades recurridas inspeccionaron las fincas de la tutelada. En ese sentido, destaca lo señalado por el coordinador del Programa de Prevención, Control y Protección del SINAC en el memorial SINAC-ACLAC-PPCP-027-2022: “(…) se observó el desarrollo de infraestructura, mal manejo de desechos sólidos y aguas residuales, prácticas agrícolas, tala y quema de vegetación, tenencia de animales domésticos, movimiento de tierra, entre otros, en contraposición al área determinada para el acuífero Moín, así como lo estipulado para las actividades que no se deben realizar en el área determinada, se puede aducir que si existe una afectación (…) no existe la adecuada disposición de las aguas residuales (…) Es evidente el cultivo de plátano, yuca, modificación y remoción del suelo, desarrollo de distintos tipos de infraestructura, aplicación de herbicidas, quemas de vegetación y basura residual del consumo humano, cambio de uso en cobertura vegetal, entre otros. 4. Efectivamente se realizan movimientos de tierra no autorizados, y el desarrollo de edificaciones de diferentes tamaños y materiales (…) se identificó en las coordenadas E602883 N1105156 un nacimiento de agua, el cual dispone del suficiente caudal para generar escorrentía. El área de protección para este cuerpo de agua es inexistente”. Adicionalmente, en el memorial UCC-0201-21-06-2022 del 21 de junio de 2022, el jefe de la Unidad de Censo y Catastro de la Municipalidad de Limón destacó que en tal lugar: “se observaron bastantes construcciones sin generar ningún tipo de plano catastro diferente al de los planos madres de las fincas 7-27136-000 y 7-27138-000”.

En cuanto al informe de inspección efectuado por el ICAA en junio de 2022, se determinó que: “Se identifica la presencia de basura dispuesta en cauces de agua superficial (…) se tomó una muestra de un área de 159 959,26 m2, lo cual representa un 50% del área del inmueble L-0509859-1983, se pudo constatar en esta muestra que hay un total de 72 viviendas, de las cuales 69 viviendas representan el 96%, tratan las aguas residuales mediante sistemas de tanque séptico y drenaje y solamente 3 que representan el 4%, utilizan letrinas. De igual manera, del total de las casas ubicadas dentro de la muestra de área (159 959,26 m2), se identificó que un total de 12 casas (16,6%) disponen sus aguas grises en los patios de las viviendas caños o surcos y no de forma directa a las dolinas, situación que debe corregirse de acuerdo a (sic) la normativa del Ministerio de Salud (…) Durante el recorrido de la propiedad en interés, se identificaron un total de 15 dolinas las cuales presentan diversas características (…) se han realizado movimientos de tierra como relleno en las propiedades para construir casas (…) En total se reconocieron 14 sitios donde se presentaron movimientos de tierra de algún tipo. Además, se encontraron edificación actualmente en construcción, con materiales de concreto y gypsum los cuales no tenían ningún tipo de rotulación referente a un permiso para su construcción (…) Se contabilizaron un total de 5 cortas de árboles en diversos sectores del sitio en estudio, realizadas para la apertura de trochas de acceso y para el establecimiento de viviendas habitacionales (…) hay personas que cuentan con más de 20 años de habitar en el lugar. B. Con base en la inspección realizada y aunado a la revisión de fotografías satelitales, se identificaron un total de 194 estructuras (viviendas). (…) Se ubicaron 10 sitios clandestinos para el depósito de desechos sólidos que requieren de la atención del Gobierno Local, lo anterior por la inexistencia del servicio de recolección. E. Se identificaron 15 dolinas en campo con geometría y grado de desarrollo distinto, siendo las más comunes las redondeadas. F. Se ubicaron 14 puntos en donde se evidenció movimientos de tierra, principalmente cortes y rellenos para la construcción de viviendas y caminos. G. En 5 sitios se identifica la corta de árboles para la apertura de trochas de acceso y para el establecimiento de viviendas habitacionales”.

En adición, en el oficio UEN-GA-2022-01214 del 27 de junio de 2022, el ICAA estableció que: “1. El AyA, luego de la revisión de sus sistemas de acueducto, no encuentra afectación a la calidad del agua captada del acuífero Moín, en la cual se ubica la Zona 6 y que incluye los inmuebles con planos de catastro 7-0509859-1983 y 7-059860-1983, objeto del presente recurso de amparo, razón por la cual se mantiene vigente la captación de la Fuentes-Moín, para fines de abastecimiento poblacional. 2. No debe permitirse la continuidad de un crecimiento urbano sin planificación en la Zona 6, no solo por el impacto en los servicios públicos, sino por las implicaciones que se puede tener a futuro en la cantidad y calidad del recurso hídrico que se capta en las fuentes Moín. 3. El trabajo de campo permitió identificar que el asentamiento Villa Plata, ubicado en los inmuebles con planos de catastro 7-0509859-1983 y 7-059860-1983, se encuentra habitado desde hace más de 20 años, según así lo manifestaron los habitantes de la localidad, identificándose infraestructura (viviendas), la cual consta en el informe de inspección (Anexo 1), así como el registro documental que consta en el expediente digital del Amparo” (la negrita fue añadida).

Con base en lo expuesto, esta Sala considera reprochable la demora de las autoridades recurridas en atender y solucionar la problemática en la zona de protección restringida (catalogada como zona 6) del acuífero de Moín, específicamente, en el sector donde se ubican las fincas de la amparada. Lo anterior porque la inacción de las partes recurridas en resolver el problema ocasionado por el precario Villa Plata, pone en riesgo al acuífero de Moín. Justamente, los habitantes de tal lugar, en el que se detectaron 194 estructuras tipo vivienda, han provocado tala y quema de vegetación, mal manejo de desechos sólidos y de aguas residuales, movimientos de tierra y construcciones ilegales, actividades agrícolas carentes de control, entre otras. Además, si bien las autoridades accionadas han emprendido algunas acciones relativas a la problemática aludida, no menos cierto es que en el sub lite se echa de menos una actuación diligente, a pesar de la importancia del acuífero mencionado. Aunado a lo anterior, resulta menester abordar de forma eficaz y diligente la situación expuesta, dado que, tal como asevera el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en el memorial UEN-GA-2022-01214 del 27 de junio de 2022: “No debe permitirse la continuidad de un crecimiento urbano sin planificación en la Zona 6, no solo por el impacto en los servicios públicos, sino por las implicaciones que se puede tener a futuro en la cantidad y calidad del recurso hídrico que se capta en las fuentes Moín”.

Ergo, en el sub examine se acredita la conculcación al ordinal 50 de la Constitución Política, el cual reza:

“ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones”.

Por ende, se acoge el recurso en lo que a este extremo atañe en los términos establecidos en la parte dispositiva de este pronunciamiento.

VII.- De otro lado, este Tribunal observa que en el escrito de interposición se solicita la expropiación de dos fincas de la parte amparada debido a la gravedad de las limitaciones impuestas, consecuencia de estar ubicadas en la zona 6 de protección del acuífero de Moín.

Al respecto, este Tribunal ha conocido reclamos como el supramencionado. Verbigracia, en la sentencia n.° 2010011878 de las 10:18 horas del 9 de julio de 2010, se dispuso:

“II.- SOBRE EL FONDO.  La Zona 6 ya citada, de acuerdo con la copia del Estudio Hidrogeológico y de Vulnerabilidad del Acuífero de Moín, Provincia de Limón, es un área determinada técnicamente, como parte fundamental de ese acuífero, catalogada como “zona de protección absoluta”.  Se trata de una porción de terreno que tiene una recarga total de agua de 5.187.701 metros cúbicos al año y una extracción de 5.171.904 metros cúbicos al año, lo que indica su importancia en el abastecimiento de agua para el consumo de la población de esa provincia.  Ahora bien, esta Sala ya se ha pronunciado sobre el mismo acto administrativo de afectación de las propiedades privadas incluidas en esa zona:

 

“VII.- CASO CONCRETO: de las limitaciones al derecho de propiedad.  Es el artículo 45 de la Constitución Política el que consagra el derecho de propiedad, y lo hace de la siguiente manera:

 

"La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia.

 

    Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social ."

 

 El criterio sostenido por la Sala es que las limitaciones que se impongan a la propiedad encuentran su frontera natural en el grado de afectación a ese derecho, por lo que cuando la restricción se convierte en una verdadera expropiación, se constituye para la Administración la obligación de indemnizar, porque se hace desaparecer completamente el derecho. Es decir, que serán legítimas las limitaciones que se impongan a la propiedad que permitan al propietario la posibilidad de explotar "normalmente" el bien, salvo, claro está, la parte o función afectada por la limitación impuesta por el Estado, con lo cual se respeta el uso natural del bien, al mantenerse su valor como medio de producción o valor económico en el mercado (En este sentido, entre otras, ver sentencias número 0796-91, de las quince horas diez minutos del veintiséis de abril de mil novecientos noventa y uno; número 5893-95, de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco, y número 2345-96, de las nueve horas veinticuatro minutos del diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y seis).  En la sentencia número 2003-03656 de las 14:53 horas del 7 de mayo de 2003 se dijo, sobre este particular, lo siguiente:

 

“Así lo señaló la Corte Plena en relación con las limitaciones a imponer a la propiedad cuando traspasan el límite señalado, en sesión extraordinaria del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y tres:

 

‘[...] es decir «limitaciones» como las llama el artículo 45, pero no despojo de la propiedad privada ni privación de un atributo primario del dominio, porque impedir el goce de los bienes equivale, al menos en este caso, a una forma de expropiación sin el requisito de previa indemnización que ordena la Carta Política.’

 

En igual sentido se pronunció este Tribunal en las citadas sentencias número 5097-93 y 2345-96; bajo las siguientes consideraciones:

 

‘IV.) Para la Sala los límites razonables que el Estado puede imponer a la propiedad privada, de acuerdo con su naturaleza, son constitucionalmente posibles en tanto no vacíen su contenido. Cuando ello ocurre deja de ser ya una limitación razonable para convertirse en una privación del derecho mismo’ (sentencia número 5097-93, supra citada);

 

‘Es decir, pueden limitarse los atributos de la propiedad, en tanto el propietario reserve para sí la posibilidad de explotar normalmente el bien, excluida claro está, la parte o la función afectada por la limitación impuesta por el Estado. Fuera de estos parámetros, si el bienestar social exige sacrificios de uno o de algunos únicamente, debe ser indemnizado, lo mismo que ocurre cuando el sacrificio que se impone al propietario es de tal identidad, que lo hace perder en su totalidad el bien. Así, la limitación a la propiedad resiste el análisis constitucional, cuando la afectación a los atributos esenciales de la propiedad que son aquellos que permiten el uso natural de la cosa dentro de la realidad socio-económica actual, no hace desaparecer la naturaleza del bien o haga imposible el uso de la cosa, porque el Estado imponga requisitos de autorización o de aprobación tan complejos que impliquen de hecho, la imposibilidad de usufructuar el bien.’ (sentencia número 2345-96, supra citada). –El subrayado es del original-

 

En el presente caso se tiene por probado que la empresa amparada es propietaria de dos inmuebles situados en la Provincia de Limón, Cantón Central, Distrito Central, inscritas en el Registro Público de la Propiedad bajo matrícula número 112375-000 y 112376-000, que se ubican dentro de la denominada zona 6, la cual, según el estudio técnico Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero Moín, Limón que al efecto realizó la hidrogeóloga Viviana Ramos S., de la Unidad de Estudios Básicos de la Dirección de Gestión Ambiental del Instituto recurrido, se caracteriza por ser una zona de alta vulnerabilidad a la contaminación, determinándola como una zona de protección absoluta.    También se tiene como demostrado que mediante acuerdo de Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados número  AN-2007-177, inciso a) del artículo 6 de la sesión ordinaria N°2007-020 celebrada el 10 de abril de 2007, se dispuso oficializar el estudio hidrogeológico y de vulnerabilidad del acuífero Moín-Limón y actualización de la zona de protección, pasando esas zonas a formar parte de las zonas reservadas, en razón del interés público a la  protección de mantos acuíferos ubicados en la provincia.  En el “Por Tanto” del citado acuerdo se señala, en lo que interesa:

 

“…COMO RECOMENDACIONES DE REGULACIÓN DE USO DEL SUELO SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES RESTRICCIONES:

1. TODA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

2. USO Y ALMACENAMIENTO DE PLAGUICIDAS, PESTICIDAS Y COMBUSTIBLES, O PRECURSORES DE ESTOS CON CUALQUIER FIN.

3. LA REMOCIÓN O EXTRACCIÓN DE TODO TIPO DE MATERIALES.

4. CAMBIO DE USO DE LA TIERRA.

5. TODA CORTA DE VEGETACIÓN FORESTAL.

6. TODA ACTIVIDAD AGROPECUARIA E INSTALACIONES LIGADAS A LA MISMA.

7. LA PERFORACIÓN O EXCAVACIÓN DE POZOS, GALERÍAS DE INFILTRACIÓN O CUALQUIER OTRA OBRA DE CAPTACIÓN DE AGUAS.

8. EL DESARROLLO DE URBANIZACIONES Y DE LOTIFICACIONES.

9. LAS INSTALACIONES DE BASUREROS, RELLENOS SANITARIOS O BOTADEROS DE DESPERDICIOS DE CUALQUIER ÍNDOLE.

10. ACTIVIDADES DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE AFECTEN A CRITERIO DEL AYA LA CALIDAD Y LA CANTIDAD DE AGUA QUE SE UTILIZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE POBLACIONES.”

 

Si bien es cierto la autoridad recurrida aduce que el acuerdo de Junta Directiva no vulnera el derecho de propiedad de la recurrente, pues en él se establecen una serie de recomendaciones y no limitaciones que deben ser observadas, también lo es que en concordancia con las competencias legalmente asignadas al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se trata de recomendaciones vinculantes, en función del interés superior que se tutela, de manera tal que –a juicio de esta Sala- se convierten en limitaciones que vacían de contenido los atributos que deriva la amparada de su propiedad y, por consiguiente, deben serle indemnizadas por el ente recurrido, según le habilita el inciso c) del artículo 5° de la Ley Constitutiva del ICAA número 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas.   Lo anterior, considerando, además, como dijo la Sala en el fallo de cita, que por las características de la contaminación de los mantos acuíferos destinados al abastecimiento público y su difícil regeneración, las medidas para evitar la contaminación deben ser preventivas y protectoras, máxime en una zona como en la que se ubica la propiedad de la empresa amparada, que ha sido técnicamente catalogada como de alta vulnerabilidad a la contaminación y, por ende, como una zona de protección absoluta” (ver voto No. 012043-2008).

Del anterior precedente jurisprudencial se desprende que el acto impugnado, es decir, las “recomendaciones” sobre el uso del suelo en la Zona 6, son limitaciones que vacían de contenido los atributos del derecho de propiedad de la amparada.  En consecuencia, procede estimar el recurso formulado contra Acueductos y Alcantarillados, y ordenarle que realice el respectivo proceso de expropiación, de acuerdo con lo que la Sala ya ha resuelto para esta concreta situación. Asimismo, corresponde desestimarlo en relación con la Municipalidad accionada, dado que no dictó el acto recurrido” (el destacado fue agregado).

Mientras que en la sentencia n.° 2010012209 de las 17:32 horas del 20 de julio de 2010, esta Sala estableció:

“III.- SOBRE LA LEGITIMIDAD DE LAS LIMITACIONES POR RAZÓN DE INTERÉS SOCIAL. Con anterioridad, esta Sala se ha pronunciado sobre limitaciones como las que reclama el amparado, estimando en lo que interesa, lo siguiente:

“(…) en principio, por sí mismas y por definición, las limitaciones de interés social impuestas a la propiedad no son indemnizables, por no implicar expropiación, es decir, cuando la propiedad no sufre desmembraciones que hagan desaparecer el derecho. Desde luego que sí implican una carga o deber jurídico -en sentido estricto, de no hacer, o a lo sumo, de soportar la intromisión del Estado en la propiedad con fines públicos, deber que se agrega a los poderes o facultades del propietario, pero sin desnaturalizarlos o destruirlos. Estas limitaciones deben ser de carácter general, lo que implica no solamente su destinatario, sino también el supuesto de hecho de aplicación de la misma, ya que cuando se convierten en singulares o concretas podrían equipararse a verdaderas expropiaciones (…)” (Voto Nº 1996-04205 de las 14:33 hrs. de 20 de agosto de 1996).

IV.- CASO CONCRETO. Se encuentra plena e idóneamente demostrado que el inmueble del amparado, se encuentra ubicado dentro de la zona de protección del Acuífero Moín- Limón, definida como una zona de alta vulnerabilidad hidrogeológica. Precisamente, por sus efectos de carácter general y por cuanto no vacían el contenido esencial del derecho de propiedad, las limitaciones reclamadas no requieren de una indemnización. Bajo esta inteligencia, descarta la Sala que se haya producido el agravio reclamado. Como corolario de lo expuesto, se impone declarar sin lugar el recurso” (la negrita no es del original).

Ahora bien, en el sub examine, el accionante acusa que las limitaciones impuestas a las fincas de la tutelada ubicadas en la zona 6 de protección del acuífero de Moín deben llevar a su expropiación, pues no se puede disfrutar libremente del derecho a la propiedad. Al respecto, el Tribunal aprecia que el acuerdo n.° 2011-112 “PROYECTO DE ACUERDO PARA MODIFICAR PARCIALMENTE EL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA 2007-177, TOMADO EN LA SESION ORDINARIA 2007-020, DEL 10 DE ABRIL DEL 2007, EN SU ARTÍCULO 6, INCISO A, PUBLICADO EN LA GACETA Nº 83, DEL MIERCOLES 2 DE MAYO DEL 2007, SOBRE LA OFICIALIZACION DEL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y VULNERABILIDAD DEL ACUIFERO MOIN, LIMON, Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DGAMB-2007-031”, adoptado en la sesión ordinaria n.° 2011-017 del 5 de abril de 2011 por la Junta Directiva del ICAA se dispuso: “PRIMERO: Se Modifica el Acuerdo 2007-177, en su Por Tanto Segundo, respecto a la enumeración de recomendaciones de regulación de uso del suelo de la Zona 6, con los siguientes lineamientos de restricción y en aplicación de la “Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de los Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico, emitida por la Junta Directiva de SENARA en sesión del 26 de setiembre del 2006: • Para toda actividad el área de impermeabilización por hectárea no debe sobrepasar el 20% • Aquellas ACTIVIDADADES INDUSTRIALES que a lo largo de las distintas etapas de construcción y operación, generen impacto ambiental negativo al acuífero, deberán presentar un Estudio de Impacto Ambiental debidamente aprobado por SETENA. De acuerdo con el Reglamento del Ministerio de Salud, Decreto 30465 S y el Reglamento de Vertidos y Rehúso de Aguas Residuales. N. 26041-S MINAE, no se permiten las actividades industriales de alto riesgo por la posible afectación de la contaminación. Se definen estas actividades de alto riesgo como aquellas que tienen posibilidad de explosión, incendio, fuga o derrame súbito que resulte del proceso en el curso de las actividades industriales, así como en ductos y en transportes, en los que intervengan una o varias sustancias peligrosas y que suponga un peligro grave (de manifestación inmediata o retardada, reversible o irreversible) para la población, sus bienes, el ambiente y los ecosistemas. • No autorizar actividades de almacenamiento y USO DE PLAGUICIDAS, PESTICIDAS, COMBUSTIBLES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS, O PRECURSORES DE ESTOS CON CUALQUIER FIN. • Para la REMOCIÓN, CORTE Y RELLENO DE MATERIALES (MOVIMIENTOS DE TIERRA), deberá realizarse un estudio Hidrogeológico que compruebe que no habrá afectación al acuífero y un Plan de Gestión Ambiental debidamente aprobados por SETENA. • NO SE AUTORIZA LA CONSTRUCCIÓN O EXCAVACIÓN DE POZOS, GALERÍAS DE INFILTRACIÓN O CUALQUIER OTRA OBRA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS. • Para el caso de DESARROLLOS DE URBANIZACIONES, LOTIFICACIONES, FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS, deberá construirse alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales de tipo ordinario. Se pueden permitir desarrollos con densidades iguales o inferiores a una unidad habitacional por cada 1000 metros.  • Para el caso de HOTELES Y SIMILARES PARA HOSPEDAJE, se puede permitir sujeto al manejo de efluentes con planta de tratamiento cumpliendo con el Reglamento de Vertidos vigente. El número de habitaciones no debe exceder una carga equivalente a 50 personas por hectárea. • NO INSTALAR BASUREROS, RELLENOS SANITARIOS O BOTADEROS DE DESPERDICIOS DE CUALQUIER ÍNDOLE. • El AyA considerando los estudios presentados por el interesado y avalados por las instancias pertinentes, podrá dictaminar otro tipo de actividades de las no enumeradas en este acuerdo, que afecten la calidad y la cantidad del agua, estableciendo las recomendaciones técnicas vinculantes para la regulación de la actividad. El AYA estará facultado por la Ley 2726, para evaluar si existe afectación al acuífero y la disposición correcta de las aguas residuales de conformidad con el reglamento de vertidos vigente, además de la aprobación o denegatoria de la actividad. • Se admitirá en la Zona 6 las construcciones de viviendas originadas por el crecimiento vegetativo, siempre que se asegure que las aguas residuales no se viertan a dolinas y se realice la recolección de las basuras por el servicio municipal u otro medio. TERCERO: Se recomienda al Gobierno Local y a las Instituciones Competentes, proceder a realizar medidas de protección tendientes a la conservación de las zonas boscosas. CUARTO: Se instruye a la Administración Superior, para que gestione lo procedente y solicite a la Municipalidad de Limón, la implementación de las recomendaciones emitidas en el presente acuerdo. QUINTO: Se instruye a la Administración Superior, para que gestione a lo procedente y solicite al MINAET, para que restrinja TODA CORTA DE VEGETACIÓN FORESTAL EN LA ZONA 6. SEXTO: Para la zona 6, la Dirección Regional Huetar Atlántica y la UEN de Ambiente, Investigación y Desarrollo, harán y mantendrán un inventario exhaustivo del uso del suelo, identificando las actividades y establecimientos que almacenen sustancias de riesgo para la calidad del agua para uso humano. Asimismo les corresponderá el análisis de las propuestas presentadas por el Administrado y la valoración de no afectación del acuífero y disposición correcta de las aguas residuales. SÉTIMO: En todo lo demás se mantiene vigente lo dictaminado en el Acuerdo de Junta Directiva 2007-177. Notifíquese. Publíquese” (el destacado fue agregado).

En virtud de lo anterior, a priori esta Cámara Constitucional descarta que con la adopción del supracitado acuerdo n.° 2011-112 se haya vulnerado de forma evidente y manifiesta el núcleo esencial del derecho a la propiedad en perjuicio de la parte tutelada, ni que se haya vaciado el contenido de tal derecho en los términos acusados. Ergo, se desestima el recurso en cuanto a este extremo. No obstante, advierta la parte recurrente que, de persistir su inconformidad con las limitaciones impuestas a las fincas de la parte amparada ubicadas en la zona 6 de protección del acuífero de Moín, si a bien lo tiene, puede formular tal reclamo en la vía jurisdiccional ordinaria, donde se podrá discutir de forma amplia sobre el fondo del asunto.

VIII.- Por otra parte, el accionante acusa que se envió una gestión vía correo electrónico el 21 de febrero de 2022 a la Comisión Moín del ICAA, en la cual se solicitó información necesaria para realizar un estudio privado de contaminación al acuífero; sin embargo, no se le ha dado respuesta.

Efectivamente, se verifica que, el 21 de febrero de 2022, Fabián Leandro remitió un escrito a Jorge Madrigal García de la Comisión Moín del ICAA, en el que expuso: “(…) Sin embargo, se nos indicó que el AYA no podía intervenir y se nos indicó que, en caso de realización de un estudio técnico en la propiedad de consulta, corresponde al propietario generar las condiciones y coordinación para que se brinde seguridad de los funcionarios correspondientes en el ingreso a la propiedad, asimismo dicha labor deberá programarse de conformidad con la prioridad institucional. Es por ello por lo que el propietario tomó la decisión de asumir el estudio correspondiente en virtud de la carga de trabajo y agenda que se manifestó el AyA les impedía realizarla. Por lo anterior se requiere nos indiquen cuáles serían los ámbitos a considerar por parte de la empresa privada en el estudio de contaminación del acuífero, los términos de referencia que se deben consignar en el Estudio, metodología a emplear en la propiedad, con el fin de que dicho estudio sea aceptado por el AYA. Para notificaciones futuras se ofrece Las mías las recibiré en el correo [email protected], o bien al fax 27101678”.  En respuesta, el 2 de marzo de 2022, la Región Huetar Caribe remitió el oficio GSP-RHC-2022-00354 a Fabián Leandro Marín, por medio del cual señaló que su caso había sido trasladado a la UEN Ambiental Investigación y Desarrollo “que indica va a trabajar en la elaboración de los términos de referencia para la ejecución de los estudios pertinentes”.

La Sala aprecia que, el 17 de marzo de 2022, la UEN Gestión Ambiental envió el memorando UEN-GA-2022-00528 a la Región Huetar Caribe del ICAA, mediante el cual se consignó: “En atención al correo electrónico emitido por la Dirección de la Región Huetar Caribe a la Dirección de la UEN Gestión Ambiental, en donde se da traslado de la nota del Lic. Fabian (sic) Leandro Marín, referente al caso del inmueble propiedad de [Nombre 003], se indica lo siguiente: 1. Mediante Acuerdo de Junta Directiva del AyA Nº 2007-177, publicado en La Gaceta Nº 83 — Miércoles 2 de mayo del 2007, se presenta por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados la Oficialización del estudio hidrogeológico y vulnerabilidad del acuífero Moín, Limón, y la actualización de la zona de protección DGAMB-2007-031. 2. Mediante Acuerdo de Junta Directiva Nº 2011-112 del AyA, publicado en la Gaceta Nº 83 — Miércoles 2 de mayo del 2011, se presenta por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el proyecto de acuerdo para modificar parcialmente el acuerdo de Junta Directiva 2007-177, en el cual se establecen lineamientos de restricción para la Zona 6. 3. Mediante oficio UEN-GA-2021-02951, emitido por la UEN Gestión Ambiental, se indica lo siguiente: “Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental, se indica que de previo a emitir recomendaciones, es necesario verificar en campo las condiciones hidrogeológicas del inmueble, en específico la presencia y distribución de las dolinas dentro del lote, por lo que se requiere por parte del interesado, en caso de interés de realizar dicho levantamiento, se gestione con la Fuerza Pública y demás Instituciones competentes realizar el acompañamiento respectivo para el cartografiado de las estructuras. Por lo tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se indica lo siguiente: a. Los lotes propiedad de [Nombre 003] aportados por el Lic. Fabian (sic) Leandro, se encuentran ubicados en la Zona 6 de Vulnerabilidad Alta, dentro de la Zona de Protección del Acuífero Moín, la cual fue definida mediante Acuerdo 2011-0112 Junta Directiva del AyA (Sesión Ordinaria Número 2011-017 del 7 de abril del 2011 y publicado en la Gaceta No.83, del 2 de mayo del 2011)…” Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental, se indica que el inmueble propiedad de [Nombre 003], se ubica en la Zona 6, la cual tiene Vulnerabilidad intrínseca Alta definida por el AyA, por lo que el estudio técnico que se debe realizar debe contemplar este parámetro ya definido e incorporar el levantamiento de dolinas (depresiones en el terreno), las cuales pueden variar en dimensión, forma y distribución. Una vez conocidos los elementos (vulnerabilidad alta y ubicación de dolinas), deberá presentar un plan de manejo ambiental concordante con la actividad que se pretenda realizar que garantice la no afectación al recurso hídrico. Una vez finalizado el estudio donde se presenten los resultados finales por parte del interesado, se deberá entregar ante la Comisión Moín coordinada por la Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo. El AyA se reserva la facultad de constatación de la información aportada, para lo cual, deberá gestionarse por el interesado la protección de los funcionarios con la Fuerza Pública y demás Instituciones competentes para realizar la visita al sitio”.

Sin embargo, en el sub lite no hay material probatorio alguno para acreditar que la UEN Gestión Ambiental haya remitido el oficio UEN-GA-2022-00528, suscrito el 17 de marzo de 2022, al medio de notificaciones señalado por la parte recurrente.

En consecuencia, en la especie no se tiene por demostrado que el ICAA haya brindado una respuesta a la parte recurrente a la gestión formulada el 21 de febrero de 2022, motivo por el cual se acoge el recurso en lo que a este extremo se refiere únicamente respecto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

IX.- EL MAGISTRADO RUEDA LEAL CONSIGNA NOTA. Debo advertir que desde la sentencia n.° 2019-2355 de las 9:30 de 12 de febrero de 2019, mi postura ha sido la siguiente en relación con los recursos de amparo cuando estos han sido planteados a favor de una persona jurídica:

“…en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Granier y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural  que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica  a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”.

Ahora, si bien el recurso fue formulado a favor de [Nombre 002], no menos cierto es que en el sub lite se acusa la lesión al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derecho respecto del cual procede la acción popular a la luz del numeral 105 de la Ley de Biodiversidad. En virtud de lo anterior, estimo procedente pronunciarme sobre el fondo del asunto (en similar sentido véanse las notas que consigné en las sentencias n.os 2022010648 de las 9:40 horas del 13 de mayo de 2022, 2022013678 de las 9:20 horas del 17 de junio de 2022, 2022018681 de las 9:05 horas del 12 de agosto de 2022, 2022019174 de las 9:15 horas del 19 de agosto de 2022, 2022019289 de las 9:15 horas del 19 de agosto de 2022).

X.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por problemas de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la propietaria de las fincas sobre las cuales se ubica el precario Villa Plata, acusa un problema de larga data, pues a pesar de haberse declarado zona de protección restringida (ICAA), se causa problemas de contaminación y vulnerabilidad del acuífero Moín, por el cambio de uso de suelo con construcciones en precario, sin control de uso y manejo de las aguas residuales, perforaciones de pozos y tala de árboles, lo que evidentemente afecta el manto acuífero, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

XI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso en cuanto a la demora en atender y dar una solución a la problemática que afecta al acuífero de Moín, específicamente, en las fincas que son propiedad de la amparada ubicadas en la zona de protección restringida (catalogada como zona 6). Se les ordena a Franz Tattenbach Capra, Eric Alonso Bogantes Cabezas, Rafael Gutiérrez Rojas, Néstor Mattis Williams y Joselyn Chacón Madrigal, por su orden, de ministro de Ambiente y Energía, gerente general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, alcalde de Limón y ministra de Salud, o a quienes en su lugar ocupen esos puestos, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que: 1) en el plazo de CINCO DÍAS, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se cree una comisión interinstitucional que se encargue de abordar la problemática que afecta al acuífero de Moín, específicamente en las fincas que son propiedad de la amparada ubicadas en la zona de protección restringida; y 2) en el plazo de UN MES, contado a partir de la creación de la comisión interinstitucional supramencionada, se diseñe y ponga en ejecución un plan para atender y dar solución al problema que perturba al acuífero de Moín, específicamente, en las fincas que son propiedad de la tutelada ubicadas en la zona de protección restringida. En cuanto a la falta de atención a la gestión formulada a favor de la parte tutelada el 21 de febrero de 2022, se declara con lugar el recurso únicamente en cuanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Se le ordena a Eric Alonso Bogantes Cabezas, en su condición de gerente general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien en su lugar ocupe ese puesto, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia para que, dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se atienda como en derecho corresponda la gestión formulada a favor de la parte amparada el 21 de febrero de 2022, y se le notifique lo correspondiente al medio señalado para tales efectos. Lo anterior se dicta con el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado, a la Municipalidad de Limón, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás se declara sin lugar el recurso. El magistrado Rueda Leal consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese. 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Alexandra Alvarado P.

	

 

	

Jose Roberto Garita N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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EXPEDIENTE N° 22-008354-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 23-02-2026 15:51:02.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Grande
Normal
Pequeña
Sala Constitucional

Resolution No. 22070 - 2022

Date of Resolution: September 23, 2022 at 09:20

Expediente: 22-008354-0007-CO

Drafted by: Paul Rueda Leal

Type of case: Amparo petition

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL

Judgment with separate note

Relevance Indicators

Relevant judgment

Related Judgments

Judgment with protected data, in accordance with current regulations

Content of Interest:

Type of content: Majority vote

Branch of Law: 8. IACHR JURISPRUDENCE

Topic: CONSTITUTIONAL CHAMBER JUDGMENTS - I/A COURT H.R.

Subtopics:

Advisory Opinion.

"…horizontal effect of fundamental rights (Drittwirkung der Menschenrechte), among whose procedural manifestations is the amparo petition against subjects of private law. It is also worth highlighting that the Inter-American Court of Human Rights, in Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017, developed matters pertaining to State obligations in relation to the environment, for the sake of safeguarding the human rights enshrined in the American Convention on Human Rights…" 22070-22

CO11/22

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Content of Interest:

Strategic Topics: Environmental, Economic Social Cultural and Environmental Rights

Type of content: Majority vote

Branch of Law: 4. MATTERS OF GUARANTEE

Topic: ENVIRONMENT

Subtopics:

PROTECTED AREA.
WATERS.

022070-22. ENVIRONMENT. THE LACK OF ACTION BY THE AUTHORITIES IS QUESTIONED, REGARDING THE VILLA PLATA squatter settlement (precarío), WHICH IS LOCATED IN A PROTECTION ZONE. THE PETITION IS GRANTED WITH REGARD TO THE DELAY IN ADDRESSING AND PROVIDING A SOLUTION TO THE PROBLEM AFFECTING THE MOÍN AQUIFER, SPECIFICALLY, ON THE PROPERTIES OWNED BY THE PROTECTED PARTY LOCATED IN THE RESTRICTED PROTECTION ZONE (CLASSIFIED AS ZONE 6). THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND ENERGY, THE GENERAL MANAGER OF THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, THE MAYOR OF LIMÓN, AND THE MINISTER OF HEALTH ARE ORDERED TO COORDINATE WHAT IS NECESSARY AND CARRY OUT ALL ACTIONS WITHIN THE SCOPE OF THEIR COMPETENCIES TO: 1) WITHIN A PERIOD OF FIVE DAYS, COUNTED FROM THE NOTIFICATION OF THIS PRONOUNCEMENT, CREATE AN INTER-INSTITUTIONAL COMMISSION RESPONSIBLE FOR ADDRESSING THE PROBLEM AFFECTING THE MOÍN AQUIFER, SPECIFICALLY ON THE PROPERTIES OWNED BY THE PROTECTED PARTY LOCATED IN THE RESTRICTED PROTECTION ZONE; AND 2) WITHIN A PERIOD OF ONE MONTH, COUNTED FROM THE CREATION OF THE AFOREMENTIONED INTER-INSTITUTIONAL COMMISSION, DESIGN AND IMPLEMENT A PLAN TO ADDRESS AND PROVIDE A SOLUTION TO THE PROBLEM DISTURBING THE MOÍN AQUIFER, SPECIFICALLY, ON THE PROPERTIES OWNED BY THE PROTECTED PARTY LOCATED IN THE RESTRICTED PROTECTION ZONE. REGARDING THE LACK OF RESPONSE TO THE REQUEST MADE ON BEHALF OF THE PROTECTED PARTY ON FEBRUARY 21, 2022, THE PETITION IS GRANTED ONLY WITH REGARD TO THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. VCG06/2023

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Content of Interest:

Type of content: Separate note

Branch of Law: 6. CONSTITUTIONAL JURISDICTION LAW ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE

Topic: 033- Active standing

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

IX.- MAGISTRATE RUEDA LEAL SETS FORTH A NOTE. I must advise that since judgment no. 2019-2355 of 9:30 a.m. on February 12, 2019, my position has been the following in relation to amparo petitions when they have been filed on behalf of a legal entity:

"…in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right of petition for legal entities under special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the fact is that "Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, so legal entities are not holders of the rights enshrined in said treaty." On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court provided that, in certain particular contexts, natural persons may exercise their rights through legal entities (for example, through a media outlet, as occurred in the Granier et al. v. Venezuela case); however, in order for this to be protectable before the inter-American system, "the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person who requires protection from the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, since a simple link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons are indeed being protected and not those of legal entities. Indeed, proof is required beyond the simple participation of the natural person in the activities inherent to the legal entity, such that said participation is substantially related to the rights alleged to have been violated." (emphasis added) (OC. 22/16)".

Now, although the petition was filed on behalf of [Name 002], it is no less true that in the sub lite case, the violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged, a right regarding which a popular action (acción popular) is appropriate in light of Article 105 of the Biodiversity Law. By virtue of the foregoing, I deem it appropriate to rule on the merits of the matter (in a similar sense, see the notes I set forth in judgments no. 2022010648 of 9:40 a.m. on May 13, 2022, 2022013678 of 9:20 a.m. on June 17, 2022, 2022018681 of 9:05 a.m. on August 12, 2022, 2022019174 of 9:15 a.m. on August 19, 2022, 2022019289 of 9:15 a.m. on August 19, 2022).

VCG06/2023

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Content of Interest:

Type of content: Separate note

Branch of Law: 4. MATTERS OF GUARANTEE

Topic: ENVIRONMENT

Subtopics:

WATERS.

X.- NOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the criterion of the undersigned that if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution corresponds to the administrative contentious jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of persons affected by pollution problems are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the owner of the properties on which the Villa Plata squatter settlement (precarío) is located alleges a long-standing problem, since despite having been declared a restricted protection zone (ICAA), pollution problems and vulnerability of the Moín aquifer are caused by the land-use change (cambio de uso de suelo) with squatter constructions, without control of the use and management of wastewater, well drilling, and tree felling, which evidently affects the aquifer, violating the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.

VCG06/2023

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Text of the resolution

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Exp: 22-008354-0007-CO

Res. No. 2022022070

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and twenty minutes on September twenty-third, two thousand twenty-two.

Amparo petition processed in expediente number 22-008354-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], on behalf of [Name 002], legal ID [Value 002], against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA), the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), the MINISTERIO DE SALUD, and the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE).

Whereas:

1.- By document incorporated into the digital file on April 20, 2022, the petitioner files an amparo petition. He states that the Board of Directors of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados declared the protection and aquifer recharge zone of MOÍN, (ZONE 6) by means of agreement no. 2007-177 "OFFICIALIZATION OF THE HYDROGEOLOGICAL STUDY AND VULNERABILITY OF THE MOÍN AQUIFER, LIMÓN, AND THE UPDATE OF THE PROTECTION ZONE DGAMB-2007-031", published in La Gaceta no. 83 of May 2, 2007, by which agreement no. 80-121 was revoked, regarding its limitation zone and recommendations for land-use regulation "in accordance with the delimitation and location carried out by the Topography Departments of the Dirección de Estudios y Proyectos, the Dirección Región Huetar Atlántica, the Dirección de Gestión Ambiental, and report DGAmb-2007-031, the topographic location of the RESTRICTED PROTECTION ZONE is determined, classified as Zone 6, in the resolution of any application for permit, license, or authorization submitted by the Applicant." He points out that said agreement affected, among other sectors, the property of his represented party, for which reason these limitations were imposed: "A.- As recommendations for Land-Use Regulation, the following restrictions are established: All industrial activity. Use and storage of pesticides, herbicides, and fuels, or precursors thereof for any purpose. The removal or extraction of all types of materials. Land-use change (cambio de uso de la tierra). All cutting of forest vegetation. All agricultural and livestock activities and installations linked thereto. The drilling or excavation of wells, infiltration galleries, or any other water catchment works. The development of developments (urbanizaciones) and subdivisions (lotificaciones). The installation of garbage dumps, sanitary landfills, or waste disposal sites of any kind. Activities of any kind that affect, in the judgment of AyA, the quality and quantity of the water used for population supply." He states that, since the creation of the so-called zone six of absolute protection of the Moín aquifer, the ICAA has failed to comply with its legal duties to protect the aquifer, because within that zone a land-use change (cambio de uso de suelo) has occurred with the uncontrolled construction of squatter-type houses, without having applied control over the use and management of wastewater, sewage, well drilling; furthermore, it has taken no action to prevent forest clearing, which constitutes damage to the aquifer protection area and generates potential contamination. He indicates that the protected party is the legitimate owner of the property duly registered in the Public Property Registry under real folio 7-27136, whose nature is pastureland and, in part, forest, situated in district 1- Limón, Canton 1-Limón, province of Limón. This property is in a cadastral zone, boundaries: north riverbed and José Joaquín Rojas Quirós, south public street with 529.18 meters, east riverbed and Juan Sarkis, Estefano, west: with Cosas de Madera SA, map: l-0509859-1983; and of the property under real folio: 27138, nature: land with 4 houses and located in district 1-Limón, canton 1-Limón, of the province of Limón, a property that is in a cadastral zone, boundaries: north public street, south railroad line and another, east public street and another, west railroad trail, map: l-0509860-1983. He recounts that both properties are located 100% within the absolute protection zone of the Moín aquifer, called zone six, for which reason the ICAA imposed, upon creating zone 6, a series of limitations by means of agreement no. 80-121 of session no. 80-028 of April 14, 1980, which declared that sector a protection zone for the spring (naciente) waters of Moín-Limón and imposed these prohibitions: the drilling or excavation of wells, infiltration galleries, or any other water catchment works; construction of dwelling houses, industrial and commercial installations, pigsties, chicken coops, and pens, in general, septic tanks, cesspools, or sanitary systems that may affect subsurface waters; the removal or extraction of all types of materials; all agricultural and livestock activity; all cutting of forest vegetation; the use of pesticides, herbicides, or poisonous substances for any purpose; installation of garbage dumps, sanitary landfills, or waste disposal sites of any kind. He adds that the cited property located in zone six of the Moín aquifer was directly affected by agreement no. 2007-177, published in La Gaceta no. 83 of May 2, 2007. Since that date, the ICAA has not executed any action for its expropriation nor has it carried out any type of intervention on the property to prevent the contamination generated in the squatter settlement (precarío); neither has it undertaken any effort to stop the land-use change (cambio de uso de suelo) in that zone. He indicates that on the properties owned by the protected party, there is a squatter conflict, since, over time, some families have been entering clandestinely and have engaged in carrying out a land-use change, forest clearing, and construction of houses; additionally, they engage in agricultural work in the areas where they have removed the forest, apply chemicals, and proper management of the sewage and gray water from the squatter-constructed buildings is not carried out. He states that this is failing to comply with the limitations established by the ICAA when declaring that area as zone 6. He recounts that, since said institute itself affected that area with the so-called zone 6 of absolute protection, they requested its collaboration to proceed with the rapid administrative eviction of all the persons invading the property, due to the damage they cause to natural resources and contamination to the aquifer. He adds that, despite recognizing that the property is located in zone 6, they were told that the eviction of the persons who are contaminating the aquifer does not concern them, with the argument that it is not property owned by the ICAA. This demonstrates that the limitation imposed is only administrative in nature, without direct intervention on the property, since it limited itself to issuing decrees with the limitation, but without materially applying its ordinances in the field and without executing the expropriations. He maintains that the squatters are organized in an Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata, with legal ID 3-002-625483, which has historically been responsible for bringing people onto the property. He states that day after day, and by the mere fact that the illegitimate occupants dispose of the property freely, contamination is being caused to the Moín aquifer, because they discharge gray water, toilet water, chemicals used in agriculture, onto the soil that is an aquifer recharge zone; in addition, they fell trees and, therefore, change the land use. Faced with such a situation, via email he requested help from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, so that jointly with the registered owner, they would proceed with the immediate administrative eviction of the illegal occupants for the sake of preventing contamination to the Moín aquifer. He explains that the respondent replied negatively to the request, indicating that it was a private conflict and that they could not intervene. He adds that they are failing to apply the jurisprudence of the Sala Constitucional, which obliges this institute to ensure the protection of aquifer mantles and aquifer recharge sites. He affirms that by means of official letter dated January 20, 2022, sent by Jorge Madrigal García of the Región Huetar Caribe, in response to official letter no. PRE-J-2021-04524, a response was given to his request to collaborate with the immediate administrative eviction of the persons located on the property and who are contaminating the aquifer, regarding which it was stated: "… Regarding the consultation received, I must indicate the following: 1- Indeed, the described property is located within the so-called Zone 6, in this zone there is a 300 mm HF pipeline conducting from the Moín potabilization plant to the Pueblo Nuevo tank, which does not mean that this pipeline is on that property proper. 2- Regarding eviction requests, I must indicate that it does not correspond to this Directorate to manage the eviction of property belonging to a third party; we have done this for AyA properties; we have also brought the situation to the attention of MINAE; however, I reiterate we cannot make efforts for evictions to occur on a property that does not belong to the Institute; in fact, the police authorities do not even accept the complaint if it is not filed by the registered owner." He states that, due to the respondent's negligence in exercising its powers to protect the Moín Aquifer, a request was sent via email on February 21, 2022, to Lic. Jorge Madrigal García of the Moín Commission of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in which a series of necessary information was requested in order to carry out a private contamination study of the aquifer, because the contracted company asked them to request from the ICAA what the scopes would be for consideration by the private company in the aquifer contamination study, the terms of reference to be set forth in the Study, and the methodology to be used on the property, so that said study would be accepted by the ICAA. He details that, despite the time elapsed, to date they have not received a response. He adds that in that official letter it was indicated: "By means of MEMORANDUM No. PRE-J-2022-00477, dated February 7, 2022, sent by Pablo Rodríguez Fallas to Licenciada Yamileth Andrea Rojas Anderson, a consultation raised by the undersigned was resolved in relation to the manner of proceeding with the eviction from the property of my represented party, [Name 002], with legal ID [Value 003], which is the owner of properties 7-27136 DUPLICATE: HORIZONTAL: RIGHT: 000, SEGREGATIONS: NONE, NATURE: PASTURELAND AND PARTIALLY FOREST, SITUATED IN DISTRICT 1-LIMON CANTON 1-LIMON OF THE PROVINCE OF LIMON, PROPERTY IS IN A CADASTRAL ZONE, BOUNDARIES: NORTH: RIVERBED AND JOSE JOAQUIN ROJAS QUIROS, SOUTH: PUBLIC STREET WITH 529.18 METERS, EAST: RIVERBED AND JUAN SARKIS ESTEFANO, WEST: WITH COSAS DE MADERA S A, MEASURES: THREE HUNDRED TWENTY-TWO THOUSAND FOUR HUNDRED TWENTY-ONE METERS AND THIRTY-TWO SQUARE DECIMETERS, MAP: L-0509859-1983, PREDIAL IDENTIFIER: 701010027136 and of the property PROVINCE: LIMON PROPERTY: 27138 DUPLICATE: HORIZONTAL: RIGHT: 000, SEGREGATIONS: NONE, NATURE: LAND WITH 4 HOUSES AND OTHERS, SITUATED IN 5 DISTRICT 1-LIMON CANTON 1-LIMON OF THE PROVINCE OF LIMON, PROPERTY IS IN A CADASTRAL ZONE, BOUNDARIES: NORTH PUBLIC STREET, SOUTH: RAILROAD LINE AND ANOTHER, EAST PUBLIC STREET AND ANOTHER, WEST RAILROAD TRAIL, MEASURES: FIFTY-ONE THOUSAND THREE HUNDRED FIFTY-FIVE METERS WITH TWENTY-THREE SQUARE DECIMETERS, MAP: L 0509860-1983, PREDIAL IDENTIFIER: 701010027138. For both properties are located in a place called Villa Plata, which is a squatter settlement (precarío) where there is a large number of houses and persons usurping the property. These properties are located one hundred percent within zone 6 described in official letter No. 2007-177, SUBJECT: Officialization of the hydrogeological study and vulnerability of the Moín aquifer, Limón, and the update of protection zone DGAMB 2007-031, and within it there are a large number of dwelling houses, plot holders who are illegitimately possessing the property and at the same time generating environmental damage and contamination of the aquifer. The consultation raised to AYA was in the sense of seeking, jointly with the registered owner, the quickest way to evict the families that are generating land-use changes (cambios de uso de suelo), weeding (chapeas), tree felling, contamination from discharge of sewage and gray water onto the soil, in an area designated by AYA as one of absolute protection for aquifer recharge. However, we were informed that AYA could not intervene and we were told that, in the event a technical study is carried out on the property under consultation, it is up to the owner to generate the conditions and coordination to provide security for the corresponding officials entering the property; likewise, said work must be scheduled in accordance with institutional priority. That is why the owner made the decision to assume the corresponding study by virtue of the workload and schedule that AyA stated prevented them from carrying it out. Therefore, we need you to indicate to us what the scopes would be for consideration by the private company in the aquifer contamination study, the terms of reference to be set forth in the Study, and the methodology to be used on the property, so that said study would be accepted by AYA. That is why my represented party made the decision to assume the corresponding technical study by virtue of the workload and schedule that AyA stated prevented them from carrying it out. Therefore, we need you to indicate to us what the scopes would be for consideration by the private company in the aquifer contamination study, the terms of reference to be set forth in the Study, and the methodology to be used on the property, so that said study would be accepted by AYA." He maintains that, to date, both the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and MINAE are aware of the usurpation occurring in the so-called zone 6 of the MOIN aquifer, of the land-use changes (cambios de uso de suelo), and of the contamination; however, they have not executed any action to evict the persons who illegitimately usurp the State's patrimony, such as the cited zone 6 of aquifer recharge. He requests that the petition be granted.

2.- By resolution of the Presidency of the Chamber at 1:14 p.m. on May 2, 2022, the process was initiated and the executive president of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Minister of Environment and Energy were requested to report on the facts alleged by the petitioner.

3.- By document incorporated into the digital file on May 11, 2022, Franz Tattenbach Capra, in his capacity as Minister of Environment and Energy, reports under oath. He clarifies the competence of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación. He states that a request was made to the Área de Conservación La Amistad Caribe, the sector in which the Moín aquifer is located, to refer to the petition under study. He cites memorandum SINAC-ACLAC-DR-214-2022 of May 9, 2022. He maintains that SINAC has not received from the petitioner, from the ICAA, or from any other person or institution any document regarding the facts alleged in the petition. He requests that the amparo petition be declared without merit.

4.- By document incorporated into the digital file on May 11, 2022, Eric Alonso Bogantes Cabezas, in his capacity as general manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reports under oath. He states: "In accordance with the provisions of Articles 57 and following of the Law of Constitutional Jurisdiction and Article 106 of the Code of Civil Procedure, WE REQUEST THAT THE MUNICIPALIDAD DE LIMON BE DIRECTED AND INCLUDED IN THIS AMPARO PETITION BY VIRTUE OF THE MANDATORY NECESSARY PASSIVE JOINDER, whose competence includes controlling urban development, preventing the location of constructions without complying with the corresponding permits and conditions, and likewise, it is its responsibility to exercise its power of demolition of any work built without authorization, exercising jointly with the owner the actions for the corresponding eviction. Already, by means of Exp: 06-015593-0007-CO, Res. No. 2008-004751 this Constitutional Court ruled on its competence and (…) To refer to the reasons why it did not carry out the demolition of constructions without authorization. RESPONSE TO THE FACTS FIRST: It is appropriate to clarify the scope of Agreements No. 80-121 and Agreement 2007-177 that are invoked, in the following sense: By means of Agreement 2007-177 of the Board of Directors of AyA, published in La Gaceta No. 83 of Wednesday, May 2, 2007, the OFFICIALIZATION OF THE HYDROGEOLOGICAL STUDY AND VULNERABILITY OF THE MOIN AQUIFER, LIMON, AND THE UPDATE OF PROTECTION ZONE DGAMB-2007-031 was granted, and its Por Tanto provided "(….) SECOND: AGREEMENT 80-121 IS REVOKED REGARDING ITS LIMITATION ZONE AND RECOMMENDATIONS FOR LAND-USE REGULATION, in accordance with the delimitation and location carried out by the Topography Departments of the Dirección de Estudios y Proyectos, the Dirección Región Huetar Atlántica, the Dirección de Gestión Ambiental, and report DGAmb-2007-031, it is recommended to apply the topographic location of the ZONE OF ABSOLUTE PROTECTION, classified as Zone 6, in the resolution of any application for permit, license, or authorization submitted by the Applicant, in the following manner: Starting from pt. 1 with coord. N=221517 and E=639446 at the junction of the old road to Limón Route #240 (along the coast) and the west entrance to the Cangrejos Development, continue approximately 106m south along the street of the Development to pt. 2 with coord. N=221414, E=639471, turn southwest approximately 77m to pt. 3 with coord. N=221367 and E=639410, continue east approximately 316m to the junction with the road to Pacuare, pt. 4 with coord. N=221297, E=639682, then continue south approximately 1.4 km along this road to pt 5, beginning of the Development of the same name with coord. N=220474 and E=640380, continuing with a south-southwest bearing approximately 170m to pt. 6 with coord. N=220318 and E=640302, then with a southeast bearing approximately 38m to pt 7 with coord. N=220297 and E=640333, then south-southwest approximately 82m to pt. 8 with coord. N=220159 and E=640251. From this pt. 8 where the Development street ends, continue with the same south-southwest bearing cross-country approximately 370m to pt. 9 with coord. N=219858 and E=640034. Continue cross-country west approximately 190m until encountering the road to Cielo Amarillo at pt. 10 with coord. N=219846 and E=639845, from this pt. 10 which paralleled the boundary, now on the road, continue south approximately 90m to pt. 11 with coord. N=219764 and E=639832. From this pt. 11 continue along the road to Villa Plata approximately 220m southwest to pt. 12 with coord. N=219689 and E=639630, continue south approximately 320m to the railroad line at pt. 13 with coord. N=219449 and E=639624, continue along the railway line east approximately 100m to pt. 14 with coord. N=219447 and E=639723 from this pt. 14 continue approximately 460m south along the road that exits to national route #32 (Saopin) to pt. 15 with coord. N=218995 and E=639652. From this pt. 15 now on the road, continue approximately 2.4 km west along route # 32, until reaching the first entrance to Villa Vista del Mar 1 at pt. 16 with coord. N=218883 and E=637297 and then to the right with a north bearing to go to Villa Vista del Mar 1, approximately 270m until reaching the crossroads, next to the school of Villa Vista de Mar 1, at pt. 17 with coord. N=219085 and E=637177, 106m north then continue 106m north to pt 18 with coord. N=219207 and E=637179, from this pt. 18, continue approximately 260m west to the end of the road and from there continue approximately 160m always west along the north boundary between parcels until intersecting the concrete highway route #240, at pt. 19 with coord. N=219325 and E=636795, then continuing 2km northeast along route #240 to the road junction to Villa Plata at pt. 20. with coord. N=220976 and E=637688, from this pt. 20 continue north along route #240 for a distance of approximately 2.6km until reaching the road junction with the Cangrejos Development, this junction being the starting pt. 1 with coord. N=221517 and E=639446. (…) AS RECOMMENDATIONS FOR LAND-USE REGULATION, THE FOLLOWING RESTRICTIONS ARE ESTABLISHED: 1. All industrial activity. 2. Use and storage of pesticides, herbicides, and fuels, or precursors thereof for any purpose. 3. The removal or extraction of all types of materials. 4. Land-use change (Cambio de uso de la tierra). 5. All cutting of forest vegetation. 6. All agricultural and livestock activities and installations linked thereto. 7. The drilling or excavation of wells, infiltration galleries, or any other water catchment works. 8. The development of developments (urbanizaciones) and subdivisions (lotificaciones). 9. The installation of garbage dumps, sanitary landfills, or waste disposal sites of any kind. 10.

Activities of any kind that, in the judgment of AyA, affect the quality and quantity of the water used for supplying populations….” The appellant's statements are completely erroneous in indicating that no activity is permitted in zone 6; the same agreement in its time clearly established: “…IN ZONE 6, HOUSING CONSTRUCTIONS ORIGINATED BY VEGETATIVE GROWTH SHALL BE ADMITTED, PROVIDED THAT IT IS ENSURED THAT WASTEWATER IS NOT DISCHARGED INTO SINKHOLES (DOLINAS) AND THAT GARBAGE COLLECTION IS CARRIED OUT BY THE MUNICIPAL SERVICE OR OTHER MEANS…”; on the other hand, note that the agreement indicates: Land Use Recommendations, it does not indicate restrictions. By Board of Directors Agreement No. 2011-112, of Session No. 2011-017, dated 5-4-2011, Article 5, subsection 1, it was ordered: the modification of Agreement AN-2007-177, in which the scopes are clarified in the sense that there are a large number of activities that allow the property to be used with the recommendations according to its use, without this implying expropriation; thus it is indicated in the First Por Tanto: “….FIRST: Agreement 2007-177 is Modified, in its Second Por Tanto, regarding the enumeration of land use regulation recommendations for Zone 6, with the following restriction guidelines and in application of the “Matrix of Land Use Criteria according to Aquifer Contamination Vulnerability for Water Resource Protection, issued by the Board of Directors of SENARA in session of September 26, 2006: • For all activities, the impervious area per hectare must not exceed 20% • Those INDUSTRIAL ACTIVITIES that, throughout the different stages of construction and operation, generate a negative environmental impact on the aquifer, must submit an Environmental Impact Study duly approved by SETENA. In accordance with the Regulation of the Ministry of Health, Decree 30465 S and the Regulation on Discharges and Reuse of Wastewater, No. 26041-S MINAE, high-risk industrial activities are not permitted due to the possible contamination effects. These high-risk activities are defined as those that have the possibility of explosion, fire, leak, or sudden spill resulting from the process in the course of industrial activities, as well as in pipelines and transport, involving one or more hazardous substances and that pose a serious danger (of immediate or delayed manifestation, reversible or irreversible) to the population, their property, the environment, and ecosystems. • Do not authorize storage activities and USE OF PESTICIDES, PESTICIDES, FUELS AND HAZARDOUS SUBSTANCES, OR PRECURSORS OF THESE FOR ANY PURPOSE. • For the REMOVAL, CUTTING, AND FILLING OF MATERIALS (EARTHWORKS (MOVIMIENTOS DE TIERRA)), a Hydrogeological study must be carried out proving that there will be no impact on the aquifer and an Environmental Management Plan duly approved by SETENA. • THE CONSTRUCTION OR EXCAVATION OF WELLS, INFILTRATION GALLERIES, OR ANY OTHER WATER EXTRACTION WORK IS NOT AUTHORIZED. • In the case of DEVELOPMENT OF URBANIZATIONS, LOTIFICATIONS, SUBDIVISIONS (FRACCIONAMIENTOS), AND CONDOMINIUMS, sanitary sewer systems and an ordinary-type wastewater treatment plant must be built. Developments with densities equal to or less than one housing unit per 1000 square meters may be permitted. • In the case of HOTELS AND SIMILAR LODGING ESTABLISHMENTS, it may be permitted subject to effluent management with a treatment plant complying with the current Discharges Regulation. The number of rooms must not exceed an equivalent load of 50 people per hectare. • DO NOT INSTALL GARBAGE DUMPS, LANDFILLS, OR WASTE DISPOSAL SITES OF ANY KIND. • AyA, considering the studies presented by the interested party and endorsed by the relevant instances, may rule on other types of activities not listed in this agreement that affect the quality and quantity of the water, establishing binding technical recommendations for the regulation of the activity. AYA will be empowered by Law 2726 to evaluate if there is an impact on the aquifer and the correct disposal of wastewater in accordance with the current discharges regulation, in addition to the approval or denial of the activity. • In Zone 6, housing constructions originated by vegetative growth shall be admitted, provided that it is ensured that wastewater is not discharged into sinkholes (dolinas) and that garbage collection is carried out by the municipal service or other means…” There is no violation of the Constitutional Rights indicated in Article 45. Article 45 of the Political Constitution, in the second paragraph, establishes the possibility of limiting property rights for reasons of social interest. In the specific case, there are laws that regulate land use for this type of land, such as the Wildlife Conservation Law, Article 128, the Organic Environmental Law, Article 50 and following, the General Health Law, Articles 275, 276, 285, and 291. Land regulation is a public function; it is a power-duty held by public entities with regulatory authority, such as the Legislative Assembly, the Municipalities, INVU, the Executive Branch, and the State through its institutions. As mentioned, there are laws that establish regulations regarding environmental protection and water resources. The AyA Board of Directors Agreement only comes to define a series of recommendations in accordance with what is already established in different laws. It is not true that the plaintiffs cannot carry out any activity on the property, nor that the recommendations issued in the AyA Board of Directors Agreements signify a mandatory automatic expropriation by AyA throughout the locality of Moín. It is clarified again that properties located in zone 6 are suitable for development; there is no violation of Constitutional Article 45 mentioned by the appellant. Rather, by complying with the parameters previously indicated, they can develop the activities they deem appropriate. It is necessary to remember that the burden of proof of non-contamination and project feasibility in accordance with the Law lies with the interested party (Biodiversity Law No. 7788 Article 109.- Burden of proof: The burden of proof of the absence of contamination, degradation, or non-permitted impact shall correspond to whoever requests the approval, permit, or access to biodiversity or to whoever is accused of having caused environmental damage.), and the State cannot come to carry out such studies free of charge for the benefit of a private interest, such as the sale of a property. SECOND: What the appellant indicates is not true when saying: “…that the cited farm located in zone six of the Moín aquifer was directly affected by agreement 2007-177, published in Gazette No. 83 of Wednesday, May 2, 2007, and since that date the respondent has not carried out any action for its expropriation, nor has it carried out any type of intervention on the farm to prevent contamination generated in the informal settlement (precario), nor has it carried out any procedure to stop the land-use change (cambio de uso del suelo) in that zone…” As actions in Zone 6, Huetar Caribe Region, through official letter GSP-RHC-2022-00714, which attaches the corresponding report, which are attached as evidence, the following is detailed: “…the procedures carried out during 10 years of management for the protection of the Moín Aquifer; in Table No. 1, a summary of 34 cases is shown that were managed by AyA; these cases are divided into three categories: Complaints, New Project Developments, and Existing Installations. Given that AyA's actions regarding the Protection of the Water Resource of the Moín Springs (Nacientes de Moín) have been addressed with the same strategy over the last 19 years, the same work methodology indicated in memorandum RHA-OM-2013-0666 will be used, where the main cases handled from 2013 to date will be detailed, using the same categorization, with the difference that detailed explanations will be provided in cases that allow direct reference to the Villa Plata Informal Settlement and how New Projects are processed and executed in Zone 6 of the Moín Aquifer. A) Complaints Filed: In Table No. 1, the Complaints filed for earthworks (movimientos de tierras), tree felling within Zone 6 of Moín, or installation of activities not compatible with the Regulation Recommendations established in AyA Board of Directors Agreement 2011-112 are shown. To be concise on the requested topic, only the evidence of the cases referring to the Villa Plata Informal Settlement will be attached, which will be presented as annexes to this document and are marked in yellow. (…) Detailing the complaints related to the Villa Plata Informal Settlement: Complaint No. 7 and No. 8: In September 2018, these complaints were filed by Engineer José Matarrita of AyA Huetar Caribe Region through Official Letters GSP-RA-2018-02131 and GSP-RA-2018-02132 (Attached), which were notified to both MINAE authorities and the Municipality of Limón, regarding illegal earthworks (movimientos de tierra) in the Villa Plata Informal Settlement and within the property with Real Property Folio No. 27136-000. To date, the matter is being processed through the Administrative Environmental Tribunal, File No. 064-19-01-TAA. Complaint No. 9: In March 2019, it was filed by Engineer Alejandro Rodríguez Vindas of AyA Huetar Caribe Region, Official Letter GSP-RA-2019-00456, denouncing Forest Clearing and Earthworks (Movimiento de Tierra) in the Forested Zone of the Moín Aquifer, which was notified to both MINAE authorities and the Municipality of Limón, regarding illegal earthworks (movimientos de tierra) and clearing of Forest vegetation. As shown in Figure No. 1, part of these earthworks (movimientos de tierra) and clearing of forest vegetation occurred on the southeastern side of the Farm with Real Property Folio No. 27136-000 (…) From these complaints, it is evident that AyA has applied the mechanisms permitted by the legal framework to denounce the clearing of vegetation and earthworks (movimientos de tierra) on the property with Real Property Folio No. 27136-000, a situation that has not been addressed by the competent authorities nor by the property owner themselves, whom it has never been possible to contact at the time these types of complaints are filed. B) Development of New Projects: In Table No. 2, the main requests for New Projects in Zone 6 of the Moín Aquifer are shown. To demonstrate that undertaking Projects in Zone 6 of the Moín Aquifer is feasible, the Projects that have obtained approval and required water availabilities to build them are highlighted in green; as can be seen from the results obtained, of 10 proposed Projects, 50% were approved by AyA to begin the corresponding construction procedures, through the issuance of water availability letters. Table No. 2. Shows the main Project requests submitted to AyA from the year 2013 to date; projects that have had water availability from AyA are highlighted in green. Projects that do not have potable water availability are indicated in red (…) To explain the process of how new projects are evaluated, we proceed to explain the procedure followed by the Huetar Caribe Region to verify that their conceptualization complies with the regulation recommendations set forth in AyA Board of Directors Agreement No. 2011-112 and how cases are assessed in the Aquifer Commission when a Project with special characteristics so requires. As methodology, the process is explained through one of the constructed projects, specifically Project No. 2 called 24 Apartments MATAMA VILLAGE. The steps to follow to assess that the conceptualization of the Projects complies with the Regulation Recommendations established in Board of Directors Agreement No. 2011-112 are: As agreed in the Institutional Commission on the Moín Springs (Nacientes de Moín); before providing the water availability letter for Projects within Zone 6, developers are asked for a conceptualization of the Project that complies with certain aspects established in AyA Board of Directors Agreement 2011-0112. Among the aspects to verify in the conception of the Project are: (…) Once it is verified that the Project outline meets these requirements, the water availability letter is granted so that developers can process the project, complying with all applicable environmental regulations. (…) From the foregoing, it is clear that the Regulation Recommendations established by AyA in Board of Directors Agreement No. 2011-112 do not void the owner's right to carry out activities and Projects of various kinds, as has been demonstrated. In fact, the execution of projects on Zone 6 of the Moín Aquifer requires that the proposed Project be environmentally friendly; making considerations that allow maximizing aquifer recharge and minimizing the impact of wastewater generated through treatment systems, which allow protecting and safeguarding the quality of the water resource. In addition to this approach, it is noted that in the period of years 2020 and 2021; as shown in Table No. 3, there were 80 requests for potable water availability for single-family housing, of which 54% or 43 water availability requests were approved by the Cantonal Office of Limón within Zone 6 of the Moín Aquifer, reinforcing the fact that developing properties within this zone is feasible. (…) C) Existing Installations: In Table No. 4, the main criteria given by AyA Huetar Caribe Region regarding Existing Installations and how to ensure these installations manage to comply with the Regulation Recommendations given by AyA depending on the sector where they are located and according to criteria of Board of Directors Agreements No. 2007-177 or No. 2011-112 are shown. To be concise on the requested topic, only the evidence of the cases referring to the Villa Plata Informal Settlement will be attached, which will be presented as annexes to this document and are marked in yellow. (…) In the case of the Villa Plata Informal Settlement, multiple criteria issued by the Cantonal Office of Limón have been expressed over time; in the case of Table No. 4, 3 of them are indicated, in which the criterion has been reiterated that it is not possible to grant water service, water availabilities, or the possibility of placing public standpipes within the informal settlement (precario). Additionally, in all the notes, the location of this Informal Settlement is indicated as being within the Recharge and water protection zone of the Moín Springs (nacientes de Moín), where compliance with Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112 must be ensured. (…) From reading this text, it is clear that the Villa Plata Informal Settlement has been established for many years; in fact, the Development Association seal printed on the request indicates the year 2010; this can be corroborated with Figure No. 9, where, by taking an extract from a Google Earth image dated February 2010, a large number of internal roads, dwellings, areas without forest, etc., already exist within properties 00027138-000 and 00027136-000. (…) The above is very important to note given that the owners of these lands indicate that AyA has not done what is necessary to protect the Moín Aquifer; however, there is sufficient documentary evidence to demonstrate that for more than 14 years, AyA has denied the availabilities of potable water services in the Villa Plata Informal Settlement and that during that same time, there is no record of any action by the owners of these lands to recover them; however, independently of this fact, AyA has filed the complaints and actions that the law allows within what the report has called “existing installations” in Zone 6, so that Board of Directors Agreement No. 2011-112 is complied with. Documents GSP-L-2018-001218 and GSP-RHC-L-2022-00494 are attached as annexes, which reaffirm the Institutional position regarding the Villa Plata Informal Settlement…” It is important to reiterate and clarify in what the report refers to up to this point, that when referencing the Villa Plata Informal Settlement; it concerns a property owned by a private individual who for years did not carry out any action as was their responsibility to defend their property right; instead, they come years later to shield themselves behind the agreements adopted by the Institute to make their responsibility disappear, transfer it to the institutions, and request compensation; when it is clear that what exist are socio-environmental provisions for the protection of sources. The report sent via official letter GSP-RHC-2022-00714 continues indicating: “…Finally, AyA, in the case of Zone 6 of the Moín Aquifer, has carried out different Projects or actions and plans to carry out other activities that allow improving the Protection of the Water Resource of the Moín Springs (Nacientes de Moín), among them are: A) Creation of the Moín Aquifer Commission: In July 2010; AyA created a Multidisciplinary Commission to resolve pending cases as of that date concerning the Moín Aquifer, called “Moín Aquifer Commission”. In this instance, there is representation from the Environmental Unit, Legal Department, the General Deputy Management of AyA, and officials from the Huetar Caribe Region. Currently, this Commission issues technical criteria jointly in projects or cases that warrant it in the Zones established in Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112. B) Construction of a Potable Water Treatment Plant: Within the tenth point of Agreement No. 2007-177, it was indicated: “Unless it is demonstrated that the Moín sources have been irreversibly affected, according to regulations, by the Químicos Holanda event, they must be kept in use for supplying the population for technical and demand reasons; with the following conditions: Order the immediate construction of a treatment plant, including an activated carbon system or the necessary technology to ensure quality against any possible contamination. Studies must be initiated immediately to define the possibility of using the upper basin of the Banano River with a view to substituting the Moín sources in case they become contaminated by industrial activities developed in the basin.” In compliance with that agreement, and as observed in Figure No. 10, the Moín Treatment Plant has been operating since March 2012, at a cost on the order of ¢400,000,000.00 (Four hundred million colones). This plant allows treating the Spring (Naciente) waters by removing turbidity and organic load present in the waters of the Moín Springs (Nacientes de Moín) and thus guaranteeing the potability of the water provided to the population. It is important to indicate that this plant is not equipped to treat hazardous substances, chemicals, fuels, etc. (…) C) Communication at the Highest Level: As stated in document PRE-1426-2012, in November 2012, the Executive President of AyA, Eng. Yesenia Calderón Solano, notified the Mayor of the Municipality of Limón, Lic. Nestor Mattis Williams, regarding the application of AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112 within the Regulatory Plan of Limón; finally, it is indicated: (…) Similarly, through Official Letter PRE-1426-2012 in November 2012 (attached), the Executive President of AyA, Eng. Yesenia Calderón Solano, notified Eng. Uriel Juárez Baltodano of the Technical Environmental Secretariat regarding the application of AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112. D) Lidar Project: Through Contract No. 2017FTS-00113-PRI for an amount of 20 million colones, the AyA Department of Hydrographic Basins contracted Services for the survey, identification, and systematization of technical information as a mechanism for integrating information under the basin concept, applied through a photogrammetric and Lidar study over Zone 6 of the Moín Aquifer. Among the results obtained, and as shown in Figure No. 11, it was possible to identify the sinkholes (dolinas), sinkholes, and topographic depressions within the zone, allowing the density of these elements to be identified within the properties where the execution of new Projects in Zone 6 of the Moín Aquifer is requested; once these structures are identified, AyA's Environmental Unit carries out the site survey and issues the corresponding criterion on them. This information allows evaluating the conceptualization of projects on Zone 6, detailed above, to issue the water availabilities for these and to corroborate the information issued by developers. (…) E) Project for the Construction of the Sanitary Sewer System and Wastewater Treatment Plant of Moín: As part of the actions carried out by AyA for the Protection of the Moín Aquifer, the Project BPIP 1984 called “Construction of the Sanitary Sewer System of Moín” is included within the Program for Potable Water and Sanitation of Coastal Zones, Quality and Efficiency Management of Service BCIE 2188, which aims to build the sanitary sewer system in the area shown in Figure No. 12 and the construction of a Wastewater Treatment Plant shown in Figure No. 13, all within the sectors with the highest population density within Zone 6 of the Moín Aquifer. (…) CONCLUSIONS: 1) For more than 19 years, AyA has filed the necessary complaints with the Municipality of Limón and the Ministry of Environment and Energy so that earthworks (movimientos de tierra) and forest vegetation clearing are halted when an impact on the Recharge zones of the Moín Aquifer is detected. In addition, it reports the existence of activities that are not compatible with the Regulation Recommendations established in AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112. 2) For more than 19 years, AyA has reviewed that the conceptualization of New Projects in the Recharge Zones of the Moín Aquifer complies with the Regulation Recommendations established in AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112, allowing to date the execution of 50% of the Projects submitted, with successful results, such as the example shown where the Matama Village Apartments have been in operation for 6 years without generating any risk of contamination to the Moín Aquifer. 3) In the years 2020 and 2021, 54% of the water availabilities for single-family home construction in Zone 6 of the Moín Aquifer have been approved. 4) Considering what is indicated in conclusions 2 and 3, there is no doubt that the development of different types of Projects in Zone 6 of the Moín Aquifer is feasible, meaning that these regulations do not void the owner's right to carry out activities and Projects of various kinds, as has been demonstrated. 5) Regarding existing activities, it is demonstrated that AyA, for 19 years, has issued the necessary criteria to ensure that current activities comply with the Regulation Recommendations established in AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112. 6) In the particular case of the Villa Plata Informal Settlement, to date no water service availability or public standpipe has been provided for this development, where recurrently, the Villa Plata Integral Development Association is informed of the Regulation Recommendations established in AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112 and the impossibility of providing services; likewise, the respective complaints have been filed within the Informal Settlement itself. All of the above in protection of the ownership of both properties. 7) The highest-level authorities of AyA have requested compliance with Constitutional Chamber Ruling No. 2008-004751, so that the Municipality of Limón modifies the Regulatory Plan to incorporate the Regulation Recommendations established in AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112. 8) There is no record in our files and records of any action taken by the owner of Farms No. 00027138-000 and 00027136-000 to stop the occupation of the Villa Plata Informal Settlement for more than 14 years, and there has been no prior communication from the owner with the Huetar Caribe Region that would have allowed coordinating the complaints that have been filed or to keep them informed about the results of the potable water request procedures carried out by the Villa Plata Informal Settlement Integral Association on their lands. 9) The Institute has carried out important projects in the Protection of the Moín Aquifer, such as the construction of the Moín Potable Water Treatment Plant, the Development of the Lidar Project already explained, and, in the future, the execution of the Moín sanitary sewer system and its Wastewater Treatment Plant, where the Villa Plata Sector (Sector 3) is included as part of the treatment flow, since it is unknown what will happen in the future with the Villa Plata Informal Settlement, precisely due to the inaction of its owners for several years. 10) With all the foregoing, it is demonstrated that the appellant's claim regarding Institutional inaction lacks technical and documentary support, as demonstrated in this report…” Note also that through official letter GSP-RHC-L-2022-00494, a response was recently given to the Villa Plata Development Association (settlement located on the property subject to this Amparo): “(…) 1. Although it is true that sworn declarations are for unregistered lands, Villa Plata possesses a generated farm (it has a registered owner), which is why this procedure is not appropriate for the case in question. It is also clarified that survey plans and sworn declarations do not apply for the case of Villa Plata, because the settlement has a registered owner… 4. The request for services for Villa Plata does not only concern the supply of potable water, but rather a complete regularization, complying with all other services, among which the wastewater solution, land size, and impervious area are important due to what has already been stated and what is indicated in the aforementioned AyA Board of Directors Agreements, which are binding as indicated by the Constitutional Chamber. This means that, even if the issue of land ownership in Villa Plata is resolved, the recommendations of the Board of Directors Agreements, wastewater treatment and solution, hydraulic and water capacity, among others, must be considered…” Coincidentally, report UEN-GA-2022-00850 from the Deputy Management of Environment, Research and Development develops the Inter-institutional Coordination Actions that AyA has materialized as follows: (…) As the reports cite, it is particularly reiterated regarding this property that this Institute, within the framework of its competencies and the possibility granted by law, filed the corresponding complaints through official letters GSP-RA-2018-02131 and 02132 with receipt stamp by the Municipality and MINAET (SINAC); likewise, File No. 064-19-01-TAA is still being processed before the Environmental Tribunal. For an expropriation to proceed, it is necessary to demonstrate public interest and that the owner demonstrates that all attributes of the property right have been voided, elements that are not present in this case. Again, based on what was stated in the First Response, in this case, it is important to reiterate the indication that these are not prohibitions emanating from the Board of Directors Agreements, but rather general recommendations for the protection of the water resource. The owner can carry out activities, which need to be adjusted to recommendations that ensure the protection of the resource. THIRD: Regarding the Expropriation request. The request for expropriation of the property is rejected because there is no violation of property rights; the owner can dispose of it. An expropriation is not justified when it is the owner who has not complied with the requirements to carry out the activity they wish to develop on the property, or because they do not wish to carry out the procedural acts for eviction; such power is exclusive to the holder of the property ownership, in accordance with Article 264 of the Civil Code, which lists the rights that comprise ownership or absolute property over a thing, among which are those of defense and exclusion, and those of restitution and indemnification, which are further developed in Articles 295 to 315 and 316 to 334, respectively; therefore, the probative power of ownership, as a fundamental requirement for the eviction process, is excluding in this case for AyA.

“…in principle, by their very nature and by definition, limitations of social interest imposed on property are not indemnifiable, because they do not imply expropriation—that is, when the property does not suffer dismemberments that make the right disappear. Naturally, they do imply a burden or legal duty—in a strict sense, a duty of non-action, or at most, a duty to tolerate the State’s intrusion into the property for public purposes, a duty that is added to the powers or faculties of the owner, but without denaturing or destroying them. These limitations must be general in character, which implies not only their addressee but also the factual assumption for their application, since when they become singular or specific they could be equated to true expropriations…” (Voto Nº 1996-04205 of 14:33 hrs. of August 20, 1996). Exp: 10-007810-0007-CO) (Res. Nº 2010012209 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at seventeen hours and thirty-two minutes of July twenty, two thousand ten) There is no configuration of a public interest over the petitioner’s property, nor is there any impairment of the legitimate interest of the right of property, these being the necessary elements for an expropriation analysis to proceed. In the property under analysis, the petitioner has the capacity to carry out or develop various activities, provided they are supported by scientific and technical evidence demonstrating feasibility.

FOURTH: The appellant seeks that the State, through the Ministry of Environment and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, conduct a study of a private property with the aim of carrying out an eviction of invaders. It must be borne in mind that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is barred by its Constitutive Law from making donations, a matter under which the performance of studies without justification or basis in an agreement or other legal instrument—in which the existence of a public interest in accordance with institutional competencies, located on private property, is guaranteed—would be shielded. The foregoing is also grounded in the fact that AyA’s revenues are backed solely by the rates that users pay for the services provided by the Institute. In that regard, the law requires investing the line items authorized in the respective rate schedules in the provision of services to our clients under conditions of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal delivery. The use of funds derived from rates by AyA, in other institutions equally obliged to cover their costs with their own rates, credits, or other acceptable forms of financing within the public sector, generates not only the violation of various regulations such as those indicated, but also of the entire applicable legal framework in accordance with the principle of legality (principio de legalidad) that governs the actions of the Public Administration. In that regard, moreover, the obligations and prohibitions contained in the Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, the Ley General de Control Interno, the Ley de Creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, among others, would also apply. Likewise, it would place the Institute before the dilemma of setting aside some of the obligations that require those funds and that were duly justified before ARESEP and authorized by it.

b) Request for studies by a party external to AyA
A clear response was provided to the protected party at the time, as shown in the evidence, that there is legal possibility to comply with a request to carry out a study; however, such action cannot be free of charge, in accordance with what is explained below:

Regarding the Regulation “Prestación de Servicios a los Clientes,” its article 10 tells us that: “The services provided by AyA to its clients, by Law, may not be free, even in the case of national, regional, or municipal public entities.” Furthermore, among the principles of the Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos N° 7593 is the principle of cost-of-service (servicio al costo) and the principle of authorization, which are defined by numerals 3 and 94, as follows: “Article 3.- Definitions For the purposes of this law, the following concepts are defined: (…) b) Cost-of-service (Servicio al costo): the principle that determines the manner of setting the tariffs and prices of public services, so that they contemplate only the costs necessary to provide the service, which allow a competitive return and guarantee the adequate development of the activity, in accordance with what is established in Article 31…” Article 94.- “Authorization: Institutions and public companies that provide services are authorized to sell directly to other public and private companies or institutions, national or foreign, advisory, consulting, training services, or any other activity related to their competencies.” Hence, “requests for specialized technical studies such as the demarcation of the protection zone, using current methodologies, in accordance with Article 10 of the Reglamento a la Prestación de Servicios al Cliente, Article 94 of the Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, and current regulations, concludes that the requested service must be charged for, when such information must be generated as ‘new’ by AyA.

Moreover, clarity was also provided by indicating that should he decide for AyA to carry out the study, in addition to depositing the corresponding amounts, said activity would have to enter into the schedule of priority matters according to the handling of activities that are in order of precedence, and additionally, as the owner, he had to make the corresponding coordination with the public force to ensure the physical integrity of the officials for entry onto the property. All this type of indication the appellant now seeks to have transferred to AyA and MINAE, and for the Chamber to order the performance of a Study, so that it is these entities that carry out the eviction (which, by the principle of legality, cannot be accomplished) and secondly, that failing that, an expropriation be compelled, when it has been demonstrated that the properties in zone 6 can carry out activities; their property right has not been emptied of content.

FIFTH: As the petitioner indicates, the request sent via email was: “…My query is in what way can AYA help us to initiate an eviction process of all the persons who are contaminating the aquifer, since in a vote of the Sala Constitucional date of the Resolution: August 01, 2008 at 10:11 a.m, Expediente: 07-009140-0007-CO, of the Sala Constitucional and consisting of an amparo action that was filed directly regarding the case of the Moín aquifer, the obligation of AYA was ordered to exercise the administrative powers to protect the aquifers…” This Institute was diligent in responding to the query and extensively explained the reasons why legally and technically: “…prior to issuing recommendations, it is necessary to verify in the field the hydrogeological conditions of the property, specifically the presence and distribution of sinkholes (dolinas) within the lot, so it is required by the interested party, should they be interested in carrying out such a survey, to coordinate with the Public Force and other competent Institutions to provide the respective accompaniment for the mapping of the structures...” (official communication UEN-GA-2021-02951) and the legal consideration of the legal impossibility for AyA to undertake an eviction of a private property that is invaded by squatters (precaristas) (GSP-RHC-2022-00090, PRE-J-2022-00477), clearly concluding to him the legal opinion PRE-J-2022-00477 that he provided as evidence in the filing brief: (…)

SIXTH: The Subgerencia de Ambiente Investigación y Desarrollo, regarding the matter, submits report UEN-GA-2022-00850, detailing the actions taken as follows and issuing the conclusions: “(…) III. Case of attention to the appeal. In attention to the case regarding the amparo action with Expediente No. 22-008354-0007-CO, filed by Mr. [Name 001], the following actions taken by the Moín Commission are noted: 1. By email dated October 13, 2021, issued by Lic. Fabian (sic) Leandro (Annex 28), a query is made to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, which cites: “My query is in what way can AYA help us to initiate an eviction process of all the persons who are contaminating the aquifer, since in a vote of the Sala Constitucional date of the Resolution: August 01, 2008 at 10:11 a.m, Expediente: 07-009140-0007-CO, of the Sala Constitucional and consisting of an amparo action that was filed directly regarding the case of the Moín aquifer, the obligation of AYA was ordered to exercise the administrative powers to protect the aquifers” 2. By email dated October 14, 2021 (Annex 29), the Dirección Jurídica requests from Lic. Fabian (sic) Leandro the information concerning the shp with the delimitation of the property under consultation. 3. By email dated November 3, 2021 (Annex 30), the Dirección Jurídica – Legal Ambiental attaches the file named “prop valdi shp”, provided by Lic. Fabian (sic) Leandro. 4. By official communication UEN-GA-2021-02951 (Annex 31), dated November 15, 2021, issued by the UEN Gestión Ambiental, a response is given to the Dirección Jurídica regarding the consultation of Lic. Fabian (sic) Leandro, in which it is stated (Figure 2): “Therefore, on behalf of the UEN Gestión Ambiental, the following is indicated: a. The lots owned by [Name 003] provided by Lic. Fabian (sic) Leandro are located in Zone 6 of High Vulnerability, within the Zona de Protección of the Moín Aquifer, which was defined by Acuerdo 2011-0112 Junta Directiva del AyA (Sesión Ordinaria Número 2011-017 of April 7, 2011 and published in Gaceta No.83, of May 2, 2011). b. It is recommended that the Legal Area of the Huetar Caribe Region consult the Huetar Caribe Regional Directorate, with the aim of ascertaining whether there is operational infrastructure on the property intended for population supply service (…) c. Regarding collaboration for the eviction process of all the persons who are contaminating the aquifer, it is important that from the Legal point of view the recommendations be established, so that the UEN Gestión Ambiental provides support as appropriate.” 5. By official communication GSP-RHC-2022-00090, dated January 20, 2022 (Annex 32), issued by the Dirección Región Huetar Caribe, the following is stated: “Regarding the consultation received, I must indicate the following: 1. Indeed, the described property is located within the so-called zone 6. In this zone there is a 300 mm DIP pipe conveying water from the Moín water treatment plant (planta potabilizadora) to the Pueblo Nuevo tank, which does not mean that this pipe is on that property proper. 2. Regarding eviction requests, I must indicate that this Directorate is not responsible for managing the eviction of property that belongs to a third party. We have done this for properties belonging to AyA, and we have also brought the situation to the attention of MINAE; however, I reiterate, we cannot take steps for evictions to occur on a property that does not belong to the Institute. In fact, the police authorities will not even accept a complaint unless it is filed by the registered owner.” 6. By official communication UEN-GA-2022-00182 (Annex 33), dated January 28, issued by the UEN Gestión Ambiental to the Dirección Jurídica, the following is stated: “Due to the above, the following opinions issued in reference are attached: • Memo UEN-GA-2021-02951, issued by the UEN Gestión Ambiental (Annex 1). • Memo GSP-RHC-2022-00090, issued by the Huetar Caribe Regional Directorate of the Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos (Annex 2). Therefore, on behalf of the UEN Gestión Ambiental, the corresponding official communications for the case under consultation are forwarded, it being necessary that the recommendations regarding the involvement and support from the institutional areas be defined from the Legal point of view, as appropriate.” 7. By official communication PRE-J-2022-00477 (Annex 34), dated February 7, 2022, issued by the Dirección Jurídica, the following is stated: “In accordance with what is indicated in the technical opinions, GSP-RHC-2022-00090, UEN-GA-2021-02951, and UEN-GA-2022-00182, it is appropriate that the interested party be informed, reiterating that: A) AyA, by the principle of legality, cannot institute eviction proceedings on private properties, since said power is exclusive to the holder of title (dominio) over the property, in accordance with Article 264 of the Código Civil, which enumerates what rights make up title (dominio) or absolute ownership over a thing, and among them are the rights of defense and exclusion, and the rights of restitution and indemnification, which are further developed in Articles 295 to 315 and 316 to 334, respectively, in such a way that the evidential power of ownership, as a fundamental requirement for the eviction process, proves excluding in this case for AyA. B) While Article 2 subsection c) of Ley Nº 2726 establishes a duty for the Institute to control the contamination of bodies of water, and the Sala Constitucional, through various judgments, has referred to the protection of water resources, the Institute cannot violate the legal order and transgress fundamental rights such as that of property, and in the name of said duty arrogate to itself powers that go beyond its scope of action. C) In the event that a technical study is carried out on the property under consultation, it is the owner’s responsibility to create the conditions and coordination to provide safety for the corresponding officials when entering the property; likewise, said work must be scheduled in accordance with institutional priority.” 8. By official communication PRE-J-2022-00480 (Annex 35), dated February 7, 2022, issued by the Dirección Jurídica, the institutional opinions are forwarded to Lic. Fabian (sic) Leandro, in which it is stated: “Please find attached the documents that serve as a transmittal to respond to the consultation made: Memo UEN-GA-2022-00182, with its two annexes (GSPRHC-2022-00090, UEN-GA-2021-02951), which correspond to the technical opinion of the UEN. As well as Memo No. PRE-J-2022-00477 corresponding to the opinion of the environmental legal area.” 9. By note dated February 21, 2022 (Annex 36), issued by Lic. Fabian (sic) Leandro, he requests from the Moín Commission the technical aspects to be considered in the hydrogeological study to be carried out on the property. 10. By official communication UEN-GA-2022-00528 (Annex 37), dated March 17, 2022, the UEN Gestión Ambiental, in response to the note from Lic. Fabian (sic) Leandro, states: “Therefore, on behalf of the UEN Gestión Ambiental, it is noted that the property owned by [Name 003] is located in Zone 6, which has High intrinsic Vulnerability as defined by AyA, such that the technical study to be conducted must contemplate this already defined parameter and incorporate the survey of sinkholes (dolinas) (depressions in the terrain), which may vary in dimension, shape, and distribution. Once the elements are known (high vulnerability and location of sinkholes), you must submit an environmental management plan consistent with the activity to be pursued that guarantees no impact to the water resource. Once the study is completed and the final results are submitted by the interested party, it must be delivered to the Moín Commission coordinated by the Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo. AyA reserves the power to verify the information provided, for which purpose the interested party must arrange for the protection of the officials with the Public Force and other competent Institutions to conduct the site visit.” Therefore, on behalf of the UEN Gestión Ambiental, it is noted: a. The Acuerdos de Junta Directiva del AyA 2007-117 and 2011-112 establish recommendations for the protection of the Moín aquifer, so that the activities developed are environmentally sustainable and there is no impact to the water resource captured at the Moín sources for population supply. b. The lots mentioned in the appeal, owned by [Name 003], are located in Zone 6 of High Vulnerability, within the Zona de Protección of the Moín Aquifer, which was defined by Acuerdo 2011-0112 Junta Directiva del AyA (Sesión Ordinaria Número 2011-017 of April 7, 2011 and published in Gaceta No.83, of May 2, 2011), which have recommendations to ensure the quality and quantity of the water resource used for population supply. c. AyA, with the aim of following up on the Board of Directors’ agreements, internally formed the Moín Commission, which is composed of the UEN Gestión Ambiental, the Dirección Jurídica, the Dirección Regional Huetar Caribe, the UEN Programación y Control, and the Dirección de Urbanizaciones; these areas, within the scope of their competencies, carry out the corresponding analyses for cases under consultation related to the Moín Aquifer Agreements, an activity that has been ongoing since 2007. d. AyA, with the aim of articulating inter-institutional actions for the protection of the water resource in the Moín Aquifer, has socialized, disseminated, and trained different institutions regarding the Acuerdos de Junta Directiva 2007-117 and 2011-112, as has been demonstrated in Section II of this official communication. Furthermore, an Inter-Institutional Commission has been formed, composed of AyA, the Ministry of Health, the Municipality of Limón, and the Dirección de Agua, to follow up on inspections agreed upon in an integrated manner at the request of any of these instances. e. From what is set forth in point IV of this communication, it is demonstrated that the consultations made by the interested party were always addressed in accordance with institutional competencies. In this particular case, because the property has an invasion of 150 people who guard the various accesses to the property with weapons, as communicated by Lic. Fabian (sic) Leandro (attorney representing the owner), the support provided by AyA would be conditional upon the owner creating the conditions and coordination to ensure the safety of AyA’s public officials for the corresponding accompaniment and inspection. f. AyA, in accordance with what is defined by the Acuerdo de Junta Directiva 2007-117 and 2011-112, based on the information and studies provided (Art. 109, Ley de Biodiversidad), has supported various projects through joint inspections of properties, where the institutional interest in the protection of the water resource has prevailed…”

SEVENTH: As part of the actions taken by this Institute before the TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, ÓRGANO DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO, Expediente No. 064-19-01-TAA, DENOUNCED: VILLA PLATA DE MOÍN, Place of the Facts: Province of Limón, Sector of Villa Plata de Moín, specifically 350 meters east and 200 meters north of El Empalme de Moín. Infraction of the complaint: Alleged earthworks (movimiento de tierra). A complaint was filed for earthworks (movimientos de tierra) without authorization on the registered property that is the subject of this amparo action, as evidenced by Denuncia Receipt INAD_064-19-01TAA. This was clarified to the Environmental Tribunal on March 25, 2022, within the deadline set by the Environmental Tribunal, to the indicated medium, to the email: [email protected], Lic. Bernabé Zeledón Villalobos: “…FIRST: By report GSP-RHC-2022-00476, it is indicated that originally this Institute, through the Dirección Región Huetar Caribe, filed a complaint before the administrative instances through official communications GSP-RA-2018-02131 and 02132 with a receipt stamp by the Municipality and MINAET (SINAC), a matter that was transferred to the Tribunal Ambiental Administrativo, without SINAC having carried out the corresponding assessment. In said notes it was evidenced that the earthworks (movimientos de tierra) were in Villa Plata, at the site located at coordinates CRTM 05 North 1105634 and West 602415, specifically 350 meters east and 200 meters north of El Empalme de Moín. The above coordinates are located on the property of [Name 003], with legal identification number [Value 003], farm 7-27136, PLANO: L-0509859-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL: 701010027136, and farm FINCA: 27138, PLANO: L-0509860-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL: 701010027138, both of the PROVINCE: LIMON. Report GSP-RHC-2022-00483 states regarding the verification of the location of the originally cited coordinates that: “…-The site for which the complaint is filed, both with the Municipality of Limón and with MINAE SINAC Área de Conservación La Amistad Caribe, is located on farm No. 7-027136-000, whose registered owner is Propiedades Val Di Sole S.A. However, it is clarified that this farm has been subject to squatting (ocupación precaria) for many years and that the work reported was most likely carried out by some of the occupants. – The farm is located within the so-called zone 6 of the recharge area of the Limón aquifer, for which there are agreements of the Junta Directiva of AyA (2007-177 and 2011-112) recommending regulations on land use. – Due to its very condition as a squatter settlement, there are no formal potable water services on the farm. – As for the earthworks (movimientos de tierra), due to the passage of time, these no longer persist. Interventions of this type are normally of short duration, hence AyA resorts to local institutions with sufficient authority to stop them…” SECOND: By official communication PRE-J-2021-04524, communicated by email, a transfer is made and brought to the knowledge on October 13, 2021, of Lic. Fabián Leandro, representative of the current owners of property 7-027136-000, where the earthworks (movimientos de tierra) were carried out, the situation regarding access to said farm, which is invaded: “The purpose of this email is to be informed of the result of the action taken before that administrative office of AYA for the eviction of persons who are contaminating the Moín aquifer and who are at the same time on farm [Name 002], with legal identification number [Value 003], farms 7-27136 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000, SEGREGACIONES: NO HAY, NATURALEZA: TERRENO DE REPASTO Y EN PARTE DE BOSQUE, SITUADA EN EL DISTRITO 1-LIMON CANTON 1-LIMON DE LA PROVINCIA DE LIMON, FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA, LINDEROS: NORTE : QUEBRADA Y JOSE JOAQUIN ROJAS QUIROS, SUR : CALLE PUBLICA CON 529,18 METROS, ESTE : QUEBRADA Y JUAN SARKIS ESTEFANO, OESTE : CON COSAS DE MADERA S A, MIDE: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN METROS CON TREINTA Y DOS DECIMETROS CUADRADOS, PLANO:L-0509859-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL:701010027136 and of the farm PROVINCIA: LIMON FINCA: 27138 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000, SEGREGACIONES: NO HAY, NATURALEZA: TERRENO CON 4 CASAS Y OTROS, SITUADA EN EL 5 DISTRITO 1-LIMON CANTON 1-LIMON DE LA PROVINCIA DE LIMON, FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA, LINDEROS: NORTE : CALLE PUBLICA, SUR : LINEA DE FERROCARRIL Y OTRO, ESTE : CALLE PUBLICA Y OTRO, OESTE : TROCHA DEL FERROCARRIL, MIDE: CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS CON VEINTITRES DECIMETROS CUADRADOS, PLANO:L-0509860-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL: 701010027138. Both farms are located in a place called Villa Plata, which is a squatter settlement (precario) where there are a large number of houses and persons usurping the farm. Said farms are located one hundred percent within zone 6 described in official communication Nº 2007-177, SUBJECT: Officialization of the hydrogeological study and vulnerability of the Moín aquifer, Limón, and updating of the protection zone DGAMB-2007-031, and in it there are a large number of dwelling houses, small-scale farmers who are illegitimately possessing the farm and at the same time causing damage to the environment and contamination of the aquifer. My query is in what way can AYA help us to initiate an eviction process of all the persons who are contaminating the aquifer…” Based on what has been stated, it is noted that, despite the fact that at the time of the complaint (2018) the earthworks (movimientos de tierra) were the responsibility of the registered owner, they did not continue after the events reported. Therefore, it cannot be identified today, in a reliable manner, what the consequence of the same was or the extent of the damage caused at the time of their execution. This Institute, due to the current situation of invasion of the property, which is as of today a consolidated settlement on the property of [Name 003], with legal identification number [Value 003], farms 7-27136, PLANO: L-0509859-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL:701010027136 and of the farm FINCA: 27138 PLANO:L-0509860-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL: 701010027138, both of the PROVINCE: LIMON, cannot at this date facilitate the individualization of the person who caused the environmental damage, for which matters it is incumbent upon that Environmental Tribunal in the search for the real truth of the facts, as well as for matters relating to the right of defense of the presumed causers of damage to the environment and to the health of persons by action or omission…”

SUBSTANTIVE ASPECTS
The MUNICIPALITY OF LIMON has the obligation to supervise its operation and monitor the actions of members of its community with respect to determining which places are suitable for urban development, the way they build, and how they discharge wastewater from their dwellings, and in this way guarantee, defend, and preserve the right of all to enjoy a healthy and ecologically balanced environment (…) Having said that, in any construction process, the Municipal Government has a responsibility for oversight, since it is the state entity that ultimately grants the construction permit, exercising the ius aedificandi (right to build): (…) Based on the cited norms, it is concluded that the MUNICIPALITY OF LIMON is the direct party responsible for determining the measures required to determine whether residential development is possible on the property subject to this appeal, and to prevent invasion, squatting (precarismo), and constructions that do not meet regulatory requirements, this without prejudice to it coordinating with the entities that can take steps so that the sewage system is adequate (consider also what was resolved in Exp: 06-015593-0007-CO, Res. Nº 2008-004751, which was cited in the request for Necessary Passive Joinder). The MUNICIPALITY OF LIMON has the obligation to enforce the laws in the matter and its obligation to guarantee the inhabitants of the area the enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment, with the consequences for the health of those persons due to the nature of the sanitary problem that afflicts them. The Municipality, having full knowledge of the problems affecting the residents of its canton, has limited itself to verifying its existence and evading its responsibility, without taking the appropriate actions to mitigate or control it. Unlike AyA, the Municipality does have the competence to demolish constructions that have not obtained the corresponding permits, to notify the registered owner, and together with the latter, to carry out the eviction actions that the petitioner seeks to have carried out by MINAE and AyA, who, by the principle of legality (principio de legalidad), cannot enter private property or carry out evictions.

A) Regarding the responsibility of the owner to ensure the proper disposal of wastewater.
Every owner derives an obligation to connect the black and gray water excreta disposal system of their property to the sanitary sewer system in places where it is in operation. They have the obligation to ensure the hygiene and safety of their personal or family dwelling, and must carry out special cleaning and disinfection practices in full compliance with the instructions and orders given for such purposes by the health authority. Every owner and administrator of rental dwellings and premises is obliged to provide their properties with the conditions, facilities, and services required by the regulatory sanitary norms, in order to offer tenants and occupants adequate conditions of health and safety. As a direct sanction, any owner who connects in an illicit manner or builds a septic tank infrastructure contravening the legal and technical provisions, without being approved by the respective Office, shall suffer the penalties provided by law, without this preventing the Commission of Municipal Sewers and Drains (today AyA) from ordering, at the cost of the infractor, the destruction or amendment of what was installed. Every citizen has an environmental “RIGHT-DUTY” to pay for the works and PRIVATE services they request to develop in order to guarantee themselves that healthy environment.

Which implies that if we are all responsible for the country's development, we cannot expect the public administration that represents all the people, AyA, to assume the costs of maintenance, modification, proper disposal, and to have the infrastructure built for them, which, in application of the principles of reasonableness, they are obligated to finance. B) Regarding the impossibility of AyA investing in and assuming the administration – responsibility of wastewater disposal systems (private) located on private property. It is necessary to keep in mind that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is prohibited by its Constitutive Law from making donations (a matter under which the maintenance – proper functioning of the consultation system, which is located on private property, would be protected). The foregoing is also based on the fact that AyA's revenues are solely supported by the rates paid by users for the services provided by the Institute. In that regard, the law requires investing the authorized items in the respective rate schedules in the provision of services to our clients under conditions of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision. The disposition of funds derived from rates by AyA in other institutions, equally obligated to cover their obligations with their rates, credits, or other acceptable forms of financing within the public sector, generates not only the transgression of various regulations as indicated, but also of the entire applicable legal framework pursuant to the principle of legality that governs the actions of the Public Administration (In that regard, the obligations and prohibitions contained in the Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, the Ley General de Control Interno, the Ley de Creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, among others, would also apply). Likewise, it would place the Institute at the crossroads of setting aside some of the obligations that require said funds and that were duly justified before ARESEP and authorized by it. Finally, it should be noted that pursuant to the Reglamento de Prestación de Servicios Acuerdo No. 2019-461, Articles 16, 17, AyA's responsibility extends only to the property boundary, regarding the provision of services, and in this case it has not materialized as it is an informal settlement; this Institute does not provide supply and collection service on the property subject to this remedy, Public Property Registry at real folio 7-27136, whose nature is pasture land and partly forest, located in district 1-Limón, Canton 1-Limón, of the province of Limón, a property that is located in a cadastral zone, boundaries: north quebrada and José Joaquín Rojas Quirós, south public street with 529.18 meters, east quebrada and Juan Sarkis, Estefano, west with Cosas de Madera SA, plan: L-0509859-1983; and of the property at real folio: 27138, nature: land with 4 houses and located in district 1-Limón, canton 1-Limón, of the province of Limón, a property that is located in a cadastral zone, boundaries: north public street, south railway line and another, east public street and another, west railway path, plan: l-0509860-1983 (…) PETITION Based on the reasons of fact and law indicated, I hereby render the requested report. I expressly state that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in fulfillment of its purposes, has not disobeyed or violated norms, guarantees, or constitutional principles, but rather has conducted itself responsibly in safeguarding and protecting the right to the environment, health, and life, adhering to the legal system; therefore, the remedy must be dismissed in all its aspects against AyA. By principle of legality, AyA cannot carry out evictions on private property, nor can it conduct technical studies free of charge. For more than 19 years, this Institute has continued, within the framework of its powers and the possibility granted by the principle of legality, to file complaints and has communicated the appropriate steps to the Municipality of Limón, the Ministry of Environment and Energy, and the Ministry of Health. It is not appropriate for this Institute to expropriate the property of interest to the owner, since the attributes of the property right have not been emptied, elements which are rather in full exercise by the titleholder, without prejudice to complying with the socio-environmental recommendations that the property bears. Carrying out the requested eviction is a power exclusive to the titleholder of the property domain, in accordance with article 264 of the Civil Code, which enumerates the rights that make up the domain or absolute property over a thing, and among them are those of defense and exclusion, and those of restitution and indemnification, which are developed further in articles 295 to 315 and 316 to 334 respectively; thus, the probative authority of ownership, as a fundamental requirement for the eviction process, is exclusionary in this case for AyA. It is not appropriate to transfer the inertia and tolerance of the owner to the State in this case, since both he and the Local Government had knowledge since 2018, in order for him to exercise the corresponding defense to avoid the invasion."

5.- By document incorporated into the digital case file on June 1, 2022, Fabián Leandro Marín states: "As the attorney for the appellant, as evidenced in the court records, I request your authority to include me as a party in this proceeding."

6.- By document incorporated into the digital case file on June 1, 2022, Fabián Leandro Marín states: "acting in my capacity as special judicial representative of the petitioner, I hereby state the following: Given the response to the amparo issued by the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, the omission of duties by said Institute emerges based on the following: ONE: Article 31 of the Ley de Aguas is clear in stating: The following are declared as reserved domain in favor of the Nation: a) The lands surrounding the collection sites or intakes supplying potable water, within a perimeter of no less than two hundred meters in radius; b) The forested area that protects or should protect the set of lands where potable water infiltration occurs, as well as those supporting hydrographic basins and the margins of deposits, supply sources, or permanent courses of said waters. Therefore, by determining as Zona SEIS the area of land where the properties belonging to my clients are located, it is declaring the entirety of the property and all private lands contained within the limits of that Zona SEIS as public domain. In addition, the ruling of the Constitutional Chamber issued in case file Exp: 07-009140-0007-CO, Res. No. 012043-2008, SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at ten hours eleven minutes on August first, two thousand eight. Amparo proceeding handled under case file number 07-009140-0007-CO, filed by MARIA SARKIS DEJUIK, of legal age, identification number 0700310942, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, PRESIDENT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, EXECUTIVE PRESIDENT OF THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, granted an amparo remedy, stating: It is ordered that Heibel Rodríguez Araya, or whoever holds the position of Manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, initiate, as soon as possible, expropriation proceedings over the properties registered in the Public Registry under real folio, registrations 112375-000 and 112376-000, so that the protected company is indemnified accordingly. Heibel Rodríguez Araya, or whoever holds the position, is warned that failure to comply with said order will incur the crime of disobedience, and pursuant to article 71 of the Law of this Jurisdiction, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and fails to comply with or enforce it, provided the crime is not more severely punished. The INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the contentious-administrative judgment. Notify HEIBEL RODRÍGUEZ ARAYA or whoever holds the position of Manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados personally. In that case, the Chamber considered it proven that the protected company is the owner of two properties located in the Province of Limón, Central Canton, Central District, registered in the Public Property Registry under registration numbers 112375-000 and 112376-000, which are located within the so-called zone 6, which, according to the Hydrogeological and Vulnerability Technical Study of the Moín Aquifer, Limón, conducted by hydrogeologist Viviana Ramos S. from the Basic Studies Unit of the Environmental Management Directorate of the respondent Institute, is characterized as a zone of high vulnerability to contamination, designating it as an absolute protection zone. It is also established as proven that through Board of Directors agreement of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados number AN-2007-177, subparagraph a) of article 6 of ordinary session No. 2007-020 held on April 10, 2007, it was decided to formalize the hydrogeological and vulnerability study of the Moín-Limón aquifer and update the protection zone, with those zones becoming part of the reserved zones in the public interest for the protection of aquifers located in the province. And it stated: '...While it is true the respondent authority argues that the Board of Directors' agreement does not violate the appellant's property right, since it establishes a series of recommendations and not limitations that must be observed, it is also true that, in accordance with the legally assigned powers of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, these are binding recommendations, based on the superior interest being protected, such that – in this Chamber's judgment – they become limitations that empty the attributes derived by the protected party from her property, and consequently, she must be indemnified by the respondent entity, as authorized by subparagraph c) of article 5 of the Constitutive Law of ICAA number 2726 of April 14, 1961, and its amendments. The foregoing, considering, moreover, as this Chamber stated in the cited ruling, that due to the characteristics of contamination of aquifers intended for public supply and their difficult regeneration, measures to prevent contamination must be preventive and protective, especially in an area such as the one where the protected company's property is located, which has been technically cataloged as highly vulnerable to contamination and, therefore, as an absolute protection zone...' Therefore, there is an absolute limitation on the property right imposed on my client's property because it is immersed in that Zona SEIS. TWO: It demonstrates the knowledge by the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS of the existence of a precarious settlement on the property belonging to my client, which is located in ZONA SEIS, an area of high aquifer recharge sensitivity, and that was directly affected by agreement 2007-177, published in Gazette No. 83 of Wednesday, May 2, 2007, since that Institute indicates that it has denied the granting of water connections in that sector and that it has attended to complaints, yet it has done nothing about the ongoing construction of houses, the discharges of wastewater and graywater, the applications of chemicals in agriculture, the brush clearing, tree felling, etc., thereby failing to comply with the environmental principle in dubio pro-natura, since the mere existence of these houses, of people working the land in Zona SEIS, generates an environmental impact. Therefore, upon detecting the presence of a precarious settlement in ZONA SEIS, that Institute should have filed the corresponding eviction requests in application of article 32 of the Ley de Aguas, which establishes: 'Article 32.- When in an area larger than the aforementioned there is a danger of contamination, whether in surface water or groundwater, the Executive Power, through the Potable Water Section referred to in the following article, shall order in said area the measures it deems appropriate to prevent the danger of contamination.' With this, that Institute violates Constitutional article 50. Note in this regard, as the Chamber well details in the cited ruling, the characteristics of contamination of aquifers intended for public supply are difficult to regenerate, and therefore it is very important to take preventive and protective measures to prevent contamination, especially in an area such as the one where the property is located, which has been technically cataloged as highly vulnerable to contamination and, therefore, as an absolute protection zone. I REQUEST THAT THE AMPARO REMEDY BE EXPANDED As the Instituto de Acueductos y Alcantarillados indicates, I request that the amparo be expanded against the Municipality of Limón for having tolerated the construction of dwellings in an absolute protection area such as Zona seis, SPECIFICALLY WITHIN THE PROPERTIES OWNED BY MY CLIENT, and that it be ordered to demolish the existing buildings on that property and expel the persons located there. Likewise, I request that it be declared in the amparo that, pursuant to Constitutional article 50, in relation to article 32 of the Ley de Aguas, the Respondent Institute could perfectly well request administrative evictions on private property when contamination of aquifers and aquifer recharge zones is occurring."

7.- By order of the instructing magistrate at 8:28 a.m. on June 6, 2022, the parties named in the remedy were expanded, and a report was requested from the executive director of SINAC and the mayor of Limón regarding the facts accused by the appellant.

8.- By document incorporated into the digital case file on June 13, 2022, Rafael Gutiérrez Rojas reports under oath in his capacity as executive director of SINAC. He mentions that: "notification is given of official letter SINAC-ACLAC-DR-214-2022 of May 9, 2022, issued by Mr. Mario Cerdas Gómez, Acting Regional Director of the Área de Conservación La Amistad Caribe, which, to the extent relevant to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, specifically the Área de Conservación la Amistad Caribe, states that it has not received any complaint regarding the allegations by the appellant, nor has it been notified of or coordinated any action by AYA on this matter in relation to the reported facts, nor regarding the issue of contamination in the Moín aquifer." He requests that the remedy be dismissed.

9.- By document incorporated into the digital case file on June 13, 2022, Néstor Mattis Williams reports under oath in his capacity as mayor of Limón. He states that: "(…) That, my represented party is not aware that forests are being felled, and regarding the precarious settlements, they have existed since time immemorial. THIRD: That, said precarious settlements are located on property belonging to [Name 003], property 7-27136, cadastral plan L-0509859-1983. FOURTH: As we can see, my represented party is prevented from being able to exercise any action." He requests that the remedy be dismissed.

10.- By order of the instructing magistrate at 9:36 a.m. on June 16, 2022, it was stated: "as evidence for better resolution, it is ordered that Eric Alonso Bogantes Cabezas, Franz Tattenbach Capra, Rafael Gutiérrez Rojas, and Néstor Mattis Williams, respectively, general manager of ICAA, minister of Environment and Energy, executive director of SINAC, and mayor of Limón, or whoever holds those positions, coordinate what is necessary and carry out the actions within the scope of their powers so that, within a maximum period of FIVE DAYS, counted from the notification of this order, they carry out an inspection in the Moín aquifer protection and recharge zone 6, zone 6, which includes the properties belonging to the protected party, for the purpose of reviewing the matters concerning the facts alleged by the petitioner, namely (…) In addition to the above, each authority, within the scope of its powers, must send to the Chamber, within the TWO DAYS following the aforementioned proceeding, a report describing the findings of the inspection, as well as those aspects they deem appropriate in relation to the facts alleged in this case by the petitioner. Likewise, said report must indicate: 1) whether or not there is an impact on the Moín aquifer; 2) whether or not proper wastewater disposal is taking place in zone 6 of said aquifer; 3) whether or not the provisions of agreements no. 2007-177 and 2011-112 adopted by the Board of Directors of ICAA are being complied with in that zone; 4) whether or not unauthorized earthworks (movimientos de tierra) have occurred in zone 6 of the Moín aquifer and whether or not buildings lacking the respective permits have been constructed; and 5) whether or not tree felling has occurred at the site in question."

11.- By document incorporated into the digital case file on June 16, 2022, Fabián Leandro Marín "acting in my capacity as special judicial representative of the petitioner" states: "Due to the inspection that your authority requests to verify the existence of contamination, I request that case file 12-013986-0007-CO Res. No. 2012016679, SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA be accepted as evidence and background of the contamination problems occurring in the aquifer. Amparo remedy filed by [E.M.S], identification number […], against EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, EL MINISTERIO DE SALUD, Y LA MUNICIPALIDAD DE LIMÓN.- in which it was stated: 1.- By document received at the Secretariat of the Chamber at 19:35 on October 25, 2012, the appellant files an amparo remedy against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Ministry of Health, and the Municipality of Limón, and states that in the sector of Villa del Mar Uno and Dos, as well as in neighboring neighborhoods such as Cielo and Villa Plata in Limón, there is no public sewer system, and therefore they lack any system for the evacuation of wastewater, sewage, and stormwater, a situation that generates a series of problems for said communities. Despite this, on July 4, 2012, in the afternoon, an official from the Ministry of Health appeared at his residence, since there apparently is a complaint against him for a wastewater problem, and furthermore, through a sanitary order, he was warned to present the corresponding remedies within five days. In view of the above, on July 10 of the current year, he filed a revocation appeal with a subsidiary appeal against Sanitary Order number HA-ARS-L-06397-2012; however, it was dismissed by means of resolution DM-J-4092-12 at 10:50 hours. He notes that the Ministry of Health intends that the water problem... In the response to the remedy, it was stated: 2.- [G.L.B] reports under oath, in her capacity as Director of the Área Rectora de Salud of Limón, that in response to confidential complaint number 121-12, which accused problems of bad odors and flies, officials from the respondent Área Rectora carried out an inspection at the site where the appellant's dwelling is located. She indicates that during said visit, a fluorescein test was applied to the nearby residences, verifying that several of them discharged wastewater into the storm sewer, and they therefore proceeded to issue a series of sanitary orders to various persons... She adds that said orders required taking the necessary actions to eliminate the improper discharge of sewage into the storm sewer system, in order to protect public health... For its part, AYA responded to the remedy through its Huetar Atlántico Regional Director, stating that in the sectors of Villa del Mar 1 and 1, Cielo Amarillo, Moín, and Villa Plata, there is no sanitary sewer system; however, the appellant is incorrect in alleging that this fact generates a series of problems for the communities. He explains that in said sites there is no sanitary sewer system because, given the characteristics of land tenure in those sectors, where properties have sufficient green areas, as well as by virtue of the low population density, the dispersion between population centers, and the different topographical conditions, the treatment and disposal of wastewater can be adequately done through septic tank and drainage fields, and therefore denies that the construction of sanitary sewer systems is mandatorily required. He alleges that the problem the appellant faces is due to his own bad practice of not paying for his dwelling's septic tank to be cleaned, now insisting that it is AyA that must solve the situation. He reiterates that the petitioner's request to build a sanitary sewer system is not feasible and is technically unnecessary, since septic tank systems are the recommended ones for those areas. Therefore, he requests that the remedy be dismissed. The response given by AyA in that amparo remedy is concerning, since that case file dates from 2012, and the places described in that amparo form part of ZONA SEIS of absolute protection, created by the Board of Directors of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, which declared the Moín aquifer protection and recharge zone (ZONA 6) through agreement 2007-177, published in Gazette No. 83 of Wednesday, May 2, 2007, in which the FORMALIZATION OF THE HYDROGEOLOGICAL AND VULNERABILITY STUDY OF THE MOÍN, LIMÓN AQUIFER AND THE UPDATE OF THE PROTECTION ZONE DGAMB-2007-031 was granted. With which it revokes AGREEMENT 80-121 REGARDING ITS ZONE OF LIMITATION AND LAND-USE REGULATION RECOMMENDATIONS, expanding the delimitation and location carried out by the Topography Departments of the Directorate of Studies and Projects, the Dirección Región Huetar Atlántica, the Dirección de Gestión Ambiental, and report DGAmb-2007-031, and in that zone, among other activities, the drilling or excavation of wells, infiltration galleries, or any other water catchment works, the development of urbanizations and subdivisions (lotificaciones), the installation of garbage dumps, sanitary landfills, or waste disposal sites of any kind are prohibited. Activities of any kind that, in AyA's judgment, affect the quality and quantity of water used for supplying populations. In this case, within ZONA 6, there is an indication from AYA that the discharge of wastewater into the ground can be carried out in an aquifer recharge zone."

12.- By document incorporated into the digital case file on June 21, 2022, Rafael Gutiérrez Rojas reports under oath in his capacity as executive director of SINAC. He states: "In timely compliance within the period ordered by the Constitutional Chamber in its ruling, regarding the request for a report, notification is given of official letter SINACACLAC-PPCP-027-2022 issued by official Ing. Alexis Salas Rodríguez, coordinator of the Prevention, Control and Protection Program ACLAC-SINAC-MINAE, and it is stated that the field inspection was carried out at the indicated site, which has cadastral plan numbers 7-0509859-1983 and 7-0509860-1983; this inspection was conducted by officials Alexis Salas Rodríguez and Diego Alberto Alvarado Cerdas, in unit 347-63, on June 17, 2022."

13.- By document incorporated into the digital case file on June 23, 2022, Franz Tattenbach Capra reports under oath in his capacity as minister of Environment and Energy. He states that: "That, as seen in the preceding recital, this Office, through official letter DAJ-261-2022 of June 16, 2022, issued by the Dirección de Asesoría Jurídica under my instructions, requested Mr. Rafael Gutiérrez Rojas, Executive Director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación – hereinafter SINAC – to conduct the field inspection and report of findings required by this Constitutional Chamber through the order of nine hours, thirty-six minutes on June sixteenth, two thousand twenty-two, of this year. THIRD: That, through official letter SINAC-ACLAC-DR-286-2022 of June 20, signed by Mr. Mario Cerdas Gómez, acting regional director of the Área de Conservación La Amistad Caribe, and through official letter number SINAC-ACLAC-PPCP-027-2022 of June 18, 2022, signed by SINAC engineer Alexis Salas Rodríguez, coordinator of the prevention control and protection program of ACLAC-SINAC-MINAE, the report of findings from the field inspection carried out in the zone in question is forwarded, detailing the aspects indicated by this Chamber. Both SINAC documents are attached to this official letter in accordance with the judicial proceedings attended to by order issued through the order of nine hours, thirty-six minutes on June sixteenth, two thousand twenty-two, of this year 2022."

14.- By document incorporated into the digital case file on June 24, 2022, Néstor Mattis Williams reports under oath in his capacity as mayor of Limón. He states: "That, my represented party is not aware that forests are being felled, and regarding the precarious settlements, they have existed since time immemorial. THIRD: That, said precarious settlements are located on property belonging to [Name 003], property 7-27136, cadastral plan L-0509859-1983. FOURTH: As we can see, my represented party is prevented from being able to exercise any action." He requests that the remedy be dismissed.

15.- By document incorporated into the digital case file on June 28, 2022, Eric Bogantes Cabezas reports in his capacity as general manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. He states that: "As a preamble, it is necessary to be absolutely clear that the settlement known as Villa Plata, located on the property of the petitioner, has existed for approximately 25 years; its consolidation has been due to the tolerance by its owners, who, being the titleholders of that private property, have not exercised the right of exclusion and defense, and to the authorizations or lack of oversight by those in charge of urban control; therefore, the agreements of AyA's Board of Directors have in no way limited the property right. REVIEW OF THE RESPONSE TO THE FACTS FIRST: Scope of Agreements No. 80-121, No. 2007-177, No. 2011-112. In the 80s, an agreement had been adopted for the protection of the Moín sources, which was repealed by Agreement No. 2007-177 of AyA's Board of Directors, published in Gazette No. 83 of Wednesday, May 2, 2007, which granted the FORMALIZATION OF THE HYDROGEOLOGICAL AND VULNERABILITY STUDY OF THE MOIN, LIMON AQUIFER AND THE UPDATE OF THE PROTECTION ZONE DGAMB-2007-03; this was subsequently dimensioned and clarified by Agreement No. 2011-112, adopted at Session No. 2011-017 dated April 5, 2011, which sets forth recommendations of an environmental nature. In the first Por Tanto of said agreement, the possibilities for development of activities are listed. 1) Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112 do not violate the guarantee protected in article 45 of the Political Constitution, since they are regulations of a socio-environmental nature. The foregoing is clear from the second paragraph of article 45 of the Political Constitution, which clearly establishes the existence of a dynamism in the property right, and with it the possibility of imposing limitations of social interest within its structure, understood as the set of rights and obligations of the owner. In that sense, there are properties with different characteristics, properties such as the one at hand, which by its very nature bears environmental limitations. Regardless of whether AyA abstracts water from the sources or not, this does not eliminate the socio-environmental burdens that the property thus acquired must bear. Measures to prevent contamination must be preventive and protective, through the prohibition of certain human activities in certain zones or by ordering security measures for certain potentially contaminating activities, but these administrative measures do not at any time empty the property right. Land-use regulation (regulación del uso del suelo) and urban planning are a public function, a power-duty vested in public entities with regulatory authority, and a matter reserved to law by the Legislative Assembly, the Municipalities, INVU, the Executive Power, and the State.

For its part, within the environmental legal framework, legislation regulates land use for lands with particular characteristics; an example of this is article 128 of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Vida Silvestre), article 50 and following of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), and articles 275, 276, 285, and 291 of the General Health Law (Ley General de Salud). AyA's Board of Directors Agreements do not vary or alter the substance of the owner's right; rather, they define a series of recommendations, not only consistent with what is already established in various regulations, but these recommendations also have the purpose of protecting the aquifer (acuífero), without prejudice to allowing the coexistence of private activities, precisely in pursuit of achieving sustainable development in the area. It is not true that the amparo petitioners cannot develop any activity on the property, nor that the recommendations established in AyA's Board of Directors Agreements imply an automatic expropriation throughout the locality of Moín. It is clarified again that the properties located in zone 6 have the suitability to be developed; therefore, there is no impairment of the right protected under Article 45 of the Constitution to which the appellant refers. Rather, by complying with the parameters indicated in the agreements, they can develop the activities they deem appropriate. It is necessary to remember that the burden of proof regarding non-contamination and project feasibility in accordance with the Law rests on the interested party (Biodiversity Law No. 7788 (Ley de Biodiversidad No. 7788) Article 109.- Burden of proof (Carga de la prueba): The burden of proof of the absence of unpermitted contamination, degradation, or harm shall correspond to whoever requests approval, permission, or access to biodiversity or to whoever is accused of having caused environmental damage.), therefore AyA cannot come to conduct such studies free of charge for the benefit of a private interest, such as the sale of a property.

2) Possibility of developing activities on properties located in zone 6 Moín (Technical Response Report to official communication PRE-J-2022-01740, which attaches official communication GSP-RHC-2022-00714, visible at images 573, 580 to 602 of the Digital Amparo File)

As indicated previously, the Board of Directors agreements related to the protection of zone 6 of Moín do not in any way prevent the realization of private activities; evidence of this is constituted by:

A) Development of New Projects: Table No. 2 shows the main requests for New Projects in Zone 6 of the Moín Aquifer (Acuífero Moín). To demonstrate that the realization of Projects in Zone 6 of the Moín Aquifer (Acuífero Moín) is feasible, the Projects that have obtained approval and the water availability (disponibilidades de agua) required to build them are framed in green; as can be deduced from the results obtained, of 10 proposed Projects, 50% were approved by AyA to begin the corresponding construction procedures, through the issuance of water availability letters. Other projects were denied for failure to comply with requirements of various kinds.

Table No. 2. Shows the main Project requests submitted to AyA from 2013 to date; the projects that have had water availability (disponibilidad de agua) from AyA are highlighted in green. Projects that do not have drinking water availability (disponibilidad de agua potable) are indicated in red.

(…)

Coincidentally, in the previous response brief, sufficient evidence was explained and provided, related to the possible activities to develop in Zone 6 Moín. From the foregoing, it follows that the Regulation Recommendations established by AyA in Board of Directors Agreement No. 2011-112 do not empty the owner's right to carry out activities and Projects of various kinds, as has been demonstrated. In fact, the execution of projects on Zone 6 of the Moín Aquifer (Acuífero de Moín) requires that the proposed Project be environmentally friendly, in such a way as to maximize aquifer (acuífero) recharge and minimize the impact of the wastewater generated through treatment systems that allow for protecting and safeguarding the quality of the water resource (recurso hídrico). In addition to this approach, it is observed that in the period of years 2020 and 2021, as shown in Table No. 3, there were 80 requests for drinking water availability (disponibilidad de agua potable) for single-family housing, of which 54%, equivalent to 43 water availability (disponibilidad de agua) requests, were approved by the Cantonal Office of Limón within Zone 6 of the Moín Aquifer (Acuífero Moín), which reinforces the fact that it is feasible to develop properties within this zone.

Note Table No. 3, which was provided in the main response. It shows the 80 water availabilities (disponibilidades de agua) for the years 2020 and 2021 requested for the granting of services and single-family housing construction on Zone 6 of the Moín Aquifer (Acuífero de Moín). 43 water availability (disponibilidad de agua) requests were approved and 37 were denied (…)

B) Existing Installations: Table No. 4 shows the main criteria given by AyA Huetar Caribe Region regarding existing installations and how to ensure these comply with the Regulation Recommendations given by AyA, taking into consideration the sector where they are located and according to the technical criteria of Board of Directors Agreements No. 2007-177 or No. 2011-112. To be concise on the requested topic, only the evidence of the cases referring to the Precario Villa Plata will be attached, which will be presented as annexes to this document and are those marked in yellow.

Table No. 4. Shows the main criteria given by AyA on existing installations or activities from 2013 to date; those related to Precario Villa Plata are highlighted in color.

(…)

SECOND: In accordance with the response given in the preceding fact, the expropriation of the property is not required, considering that it is susceptible to development by the owner, by complying with the technical-environmental recommendations.

Actions carried out by AyA for the protection of the resource

The Institute, within the scope of its competence, has carried out various actions over time, also aimed at the protection of zone 6, which include Precario Villa Plata located on the property owned by the amparo petitioner; this, bearing in mind that these have been actions so that the Local Government, as the competent entity, regulates urban planning (land use (uso del suelo)); likewise, in the case of well drilling, that MINAE addresses what falls within its competence. The fact that the Institute has defined an aquifer protection zone (zona de protección acuífera) does not prove to be contradictory or incompatible with private property rights, given that it does not empty its content, as the Institute does not have the powers of legal reservation for Local Governments regarding establishing land-use (uso del territorio) limitations. The foregoing, without ceasing to bear in mind that, in accordance with the provisions of article 264 of the Civil Code (Código Civil), the owner has, in addition to the right of possession, those of defense and exclusion, and all others regulated in said norm, and cannot claim that their inertia and tolerance make the institution responsible for the eviction actions of the squatter inhabitants, which correspond exclusively and excludably to them.

A) Complaints Filed:
Table No. 1 shows the Complaints filed for earthworks (movimientos de tierra), tree felling, or installation of activities not compatible with the Regulation Recommendations established in AyA Board of Directors Agreement 2011-112 within Zone 6 of Moín. To be concise on the topic, the cases referring to Precario Villa Plata are evidenced, which are presented marked in yellow.

Table No. 1. Shows the main complaints filed by AyA from 2013 to date; those related to Precario Villa Plata are highlighted in color.

(…)

Detailing the complaints related to Precario Villa Plata, the following are located:

Complaint No. 7 and No. 8: In September 2018, Engineer Jose Matarrita of AyA Huetar Caribe Region filed these complaints through official communications GSP-RA-2018-02131 and GSP-RA-2018-02132 (which were already attached as evidence and appear in the file), which were notified both to MINAE authorities and to the Municipality of Limón, regarding allegedly illegal earthworks (movimientos de tierra) in Precario Villa Plata and within property Folio Real No. 27136-000. To date, it is being processed through the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) File No. 064-19-01-TAA.

Complaint No. 9: In March 2019, Engineer Alejandro Rodríguez Vindas of AyA Huetar Caribe Region filed official communication GSP-RA-2019-00456, in which he reports Forest Clearing (Corta Forestal) and Earthworks (Movimiento de Tierra) in the Forested Area of the Moín Aquifer (Zona Boscosa del Acuífero de Moín), which was notified both to MINAE authorities and to the Municipality of Limón, regarding allegedly illegal earthworks (movimientos de tierra) and forest vegetation clearing (corta de vegetación forestal). The foregoing shows that AyA has applied the mechanisms that the legal framework allows it to report vegetation clearing (corta de vegetación) and earthworks (movimientos de tierra) on property Folio Real No. 27136-000, a situation that has not been addressed by the competent authorities, nor by the property owner himself, whom it has never been possible to contact at the time such complaints are made.

B) Action taken before the Environmental Tribunal (Probative evidence is recorded at images 638-643 of the Digital File of the Constitutional Chamber)

As part of the actions taken by the Institute before the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), under File No. 064-19-01-TAA, a complaint procedure is being followed for Alleged unauthorized earthworks (movimiento de tierra sin autorización), against VILLA PLATA DE MOÍN. The reported acts occurred on the property whose real folio is the subject of this Amparo appeal. (Complaint Certificate INAD_064-19-01TAA.) This was thus clarified to the Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental) on March 25, 2022, within the deadline indicated to the specified means, to the email: [email protected], to Lic. Bernabé Zeledón Villalobos.

C) Action of direct communication of the current Agreements to the Municipality of Limón regarding its competence:

As recorded in document PRE-1426-2012 in the month of November 2012 (Image 635 of the Amparo File), the then Executive President of AyA, Eng. Yesenia Calderón Solano, notified the Mayor of the Municipality of Limón, Mr. Nestor (sic) Mattis Williams, of AyA's Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112, for their application within the Regulatory Plan of Limón (Plan Regulador de Limón); to this effect it is stated: Likewise, through official communication PRE-1426-2012 in the month of November 2012, the then Executive President of AyA, Eng. Yesenia Calderón Solano, notified Eng. Uriel Juárez Baltodano of the Technical Environmental Secretariat (Secretaria Técnica Ambiental), regarding the application of AyA's Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112.

D) Actions that are part of the Institution's ordinary activity, recorded in the Proof Report GSP-RHC-2022-00476 and SP-RHC-2022-00483, GSP-RHC-2022-00714 (Digital File Image 576-573)

The Institute, as part of its ordinarily scheduled activities for the protection of zone 6, has developed various projects, which were extensively presented in the primary response to the appeal; among them, the following are mentioned, whose information is visible in images 576-573 of the Amparo File:
1) Lidar Project
2) Moín Sanitary Sewer and Wastewater Treatment Plant Construction Project

E) Inter-institutional coordination actions (official communication UEN-GA-2022-00850 already provided to the digital file image 678 to 692).

AyA, as the governing institution for population supply, has conducted research with the objective of generating the technical basis that allows for the protection of the water resource (recurso hídrico) in the Moín Aquifer (Acuífero Moín), from which part of the population of Limón is supplied. To achieve this purpose, actions have been taken with different competent institutions to socialize the technical information that has been generated and advise them from the hydrogeological, legal, and operational point of view, so that the information provided is a tool in the technical assessments that the entities make for the adoption of administrative acts. Below is a summary of the efforts made during the years 2018, 2019, and 2020, which are indicated in official communication UEN-GA-2022-00850 provided to the file, visible at digital images 678 to 692.

1. Through official communication UEN-GA-2018-00322 (Anexo 3), UEN Gestión Ambiental consulted the Directorate of the Ministry of Health (Ministerio de Salud) regarding the operating permit for a project located in Zone 6 of the Moín Aquifer (Acuífero Moín), Limón.
2. Through official communication DR-HC-0488-2018 (Anexo 4), the Regional Directorate of the Ministry of Health in Limón responded to official communication UEN-GA-2018-00322, in which it informs that it will be responding to the request shortly through Dr. Giselle Lucas Bolivar, director of the Governing Health Area of Limón (Área Rectora de Salud de Limón).
3. Through official communication UEN-GA-2018-00556 (Anexo 5), UEN Gestión Ambiental requested from the Governing Health Area (Área Rectora de Salud) technical information regarding operating permits for the IRR ALCARIBE project, located in Zone 6, Moín.
4. Through a meeting held on October 2, 2018 (Anexo 6), between SENARA and AYA, the technical information related to the Matama Village Project was presented, where it was agreed to share the information that AyA has regarding Zone 6.
5. Through official communication UEN-GA-2018-01659 (Anexo 7), dated October 2, 2018, UEN Gestión Ambiental delivered to SENARA the technical study called: "Services of surveying, identification, and systematization of technical information as a mechanism for integrating information under the watershed concept, application through a photogrammetric and LiDAR study in a sector of the Moín Aquifer (Acuífero Moín), Limón"
6. Through official communication UEN-GA-2018-01975 (Anexo 8) dated November 21, 2018, the Moín Commission requested from the Municipal Mayor information on the administrative file of Empresa Ticontainers.
7. Through official communication PRE-2019-00516 (Anexo 9), the Executive Presidency of AyA requested from the Municipal Mayor and the Municipal Council of Limón, as well as from the Regional Director of the Ministry of Health and the Governing Health Area of Limón (Área Rectora de Salud de Limón), a meeting to address a case of a project in Zone 6, in which it stated: "Given this, you are kindly requested to be part of the meeting with AyA technicians (UEN Gestión Ambiental, Urbanizations Directorate, Legal Directorate, Regional Directorate), on May 22, 2019 (a date defined sufficiently in advance for the coordination of respective agendas), at 8:30 am in the offices of AyA's Regional Directorate located in Barrio Roosevelt, Limón, and subsequently, if deemed appropriate, a field visit."
8. Through Agreement SM-248-2019 (Anexo 10), dated May 7, 2019, the Municipal Council of Limón, in reference to AyA's official communication PRE-2019-00516, indicated: "IT IS AGREED: To confirm the participation of the following persons: Alma Maxwell Daley, Eladio Arce Coto, Johnny Smith Bennett – Proprietary Council Members; Ana Yan Leung – Alternate Council Member; Larry Wein Calvin – Proprietary Syndic and Johana Watson Martínez – Alternate Syndic; for the purpose of attending on May 22, 2019."
9. Through a meeting held on May 22, 2019 (Anexo 11), at AyA's Regional Directorate in Limón, the following officials participated:
• José Matarrita Cortes- AyA
• Alexander Salas l. – Regional Directorate Ministry of Health
• Giselle Lucas Bolivar – Governing Health Area (Área Rectora de Salud)
• Viviana Ramos Sánchez – AyA
• Ana Yon Leung – Municipal Council Limón
• Luis Diego Jiménez -AyA
• Alejandro Rodríguez V. – AyA
• Christian Delgado Segura – AyA
• Moisés Bermúdez G – AyA
Where it is agreed: 1. To create an Inter-institutional Commission Moín (Comisión Interinstitucional Moín), comprised of at least one representative from each of the institutions, AyA, MINSA, Municipality. Which will jointly analyze the verification of non-harmful contamination of sources tapped by AyA, in operating permits located in Zone 6 Moín… …6. To issue an invitation to the Water Directorate (Dirección de Aguas) of MINAE to participate in the Inter-institutional Commission… …For the case of Empresa Ticontainers, a joint inspection is agreed upon for July 4, 2019; after said inspection, technical recommendations will be issued..."
10. Through official communication GSP-RA-2019-01013 (Anexo 12), issued by AyA's Regional Directorate, an audience was requested from the Municipal Council of Limón to present, by AyA's Moín Commission, the environmental, technical, and legal scope of Zone 6 Moín as a Zone of Strategic Interest for Abstraction, the Board of Directors Agreements 2007-117 and 2011-017 of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados).
11. Through Agreement SM-331-2019 (Anexo 13), dated June 11, 2019, the Municipal Council of Limón, in reference to the request for an audience issued by AyA, indicated: "IT IS AGREED: The Audience is authorized for Wednesday, June 19, 2019, at 5:00 p.m., in the Session Hall of the Municipality of Limón."
12. Through an email sent by the Directorate of UEN Gestión Ambiental dated June 12, 2019 (Anexo 14), addressed to the representatives of the Inter-institutional Commission formed at the meeting of May 22, 2019, participation in the session of the Municipal Council of Limón on June 19, 2019, at 5:00 p.m. was coordinated.
13. Through an email sent by the Directorate of the Governing Health Area (Área Rectora de Salud) (Anexo 15), dated June 17, 2019, a presentation by AyA to the technical staff of the Ministry of Health on the research conducted in Zone 6, and on legal and operational aspects, was coordinated.
14. Through a meeting held on June 19, 2019 (Anexo 16) at AyA's Regional Directorate in Limón, AyA presented the AyA Board of Directors Agreements to the officials of the Ministry of Health.
15. Through the Municipal Session of June 19, 2019, AyA presented the AyA Board of Directors Agreements to the Municipal Council.
16. Through Extraordinary Record No. 33 of Wednesday, June 19, 2019 (Anexo 17), the agreements of the municipal session are presented, in which AyA presented technical aspects regarding Zone 6 of the Moín Aquifer (Acuífero Moín), among which it is stated: "MOTION: To appoint the following persons to be part of AyA's Inter-institutional Commission; to Lic. Ana Cecilia Yan Leung- Alternate Council Member, Eng. Antonio Babb Reid-Municipal Engineering Directorate and Eng. Erwing Amador Ulloa-Municipal Census and Cadastre Unit."
17. Through an email dated June 25, 2019 (Anexo 18), UEN Gestión Ambiental forwarded to the Water Directorate (Dirección de Agua) the technical presentation made on June 19, 2019, to the Municipal Council of Limón and the AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112.
18. Through an inspection conducted on July 11, 2019 (Anexo 19), a field visit was carried out by AyA and Ministry of Health officials to the Ticontainers project.
19. Through official communication UEN-GA-2020-00494 (Anexo 20), issued by UEN Gestión Ambiental, the inspection report of the field visit conducted at Ticontainers was sent to the Governing Health Area (Área Rectora de Salud) in Limón, and coordination for future meetings was arranged, stating: "Likewise, your consent is requested to continue with the support of inspections on projects located in Zone 6, with a particular interest for the Moín Commission to hold a meeting to draw up a schedule for the year 2020; therefore, we propose Thursday, March 26, at 1:00 pm at your facilities or at the facilities of AyA's Huetar Caribe Region; we await your availability, via email or note in response to this date proposal, with the following contacts:
• M.Sc. Viviana Ramos Sánchez, Director UEN de Gestión Ambiental Email: [email protected]
• Geól. Christian Delgado Segura, Director Functional Area of Hydrogeology Email: [email protected]"
20. Through official communication MS-DRRSHC-ARSL-01437-2020 (Anexo 21), the Directorate of the Governing Health Area of Limón (Área Rectora de Salud de Limón) forwarded to the Directorate of UEN Gestión Ambiental the technical report MS-DRRSHC-IT-01030-2020, regarding the Ticontainers case.
21. Through official communication UEN-GA-2020-00836 (Anexo 22), UEN Gestión Ambiental informed the Directorate of the Governing Health Area (Área Rectora de Salud) of the cancellation of the meeting due to the pandemic and its rescheduling, stating: "In response to official communication UEN-GA-2020-00494, which requests a meeting on the Ticontainers Project, to be held on March 26, 2020, we kindly inform you that in reference to the country's situation due to the presence of Covid-19, the meeting will be rescheduled for April 23, 2020, at 1:00 pm, at your facilities or at the facilities of AyA's Huetar Caribe Region; we await your availability, via email or note in response to this date proposal…"
22. Through official communication UEN-GA-2020-01399 (Anexo 23), UEN Gestión Ambiental informed the Directorate of the Governing Health Area (Área Rectora de Salud) of the following: "In the kindest manner, and according to document UEN-GA-2020-00836, dated March 18, 2020, which indicates the date of April 23, 2020, as a tentative date to hold a follow-up meeting on the Ticontainers Project and other companies, and due to the Covid-19 emergency, it will have to be rescheduled until further notice, as the in-person meeting and conducting the field tour on the same day is extremely important."
23. Through official communications UEN-GA-2018-01766 (Anexo 24), PRE-2019-00009 (Anexo 25), PRE-2019-00810 (Anexo 26), PRE-2020-00865 (Anexo 27), issued by AyA, organized groups such as the Development Association for Ecology (Asociación de Desarrollo para la Ecología) have been informed about coordination and approach actions with the institutions and the Local Government, in relation to projects in Zone 6 of the Moín Aquifer (Acuífero Moín). It is important to point out that AyA, since the publication of the Board of Directors Agreement of 2007, has carried out coordination actions with the various public institutions; however, to address the amparo appeal, a summary of the actions executed during the years 2018, 2019, and 2020 is presented. Additionally, due to a public health matter, within the framework of the COVID disease pandemic, the Ministry of Health has had a significant workload and leadership in addressing it, which is why AyA has not continued with the in-person meetings and inspections, because it requires the support of the Ministry, which is the entity with the authority to enter properties to conduct inspections of activities that do not impact the water resource (recurso hídrico) used for population supply. However, AyA, upon a request for an inspection of an urgent project and having the owner's endorsement and corresponding safety measures, is fully willing to conduct it if necessary.

F) Particular considerations on actions in the Precario Villa Plata case and the requests of the Development Association of Villa Plata (Asociación de Desarrollo de Villa Plata).

As has been repeatedly indicated, the amparo petitioner's property, due to their own tolerance and negligence, has been invaded by squatters (precaristas) for over 25 years, long before the adoption of the agreements being challenged; the inaction of their rights by not carrying out the eviction has allowed the permanence of the occupants, and thereby the consolidation of the dwellings. In the case of Precario Villa Plata, multiple criteria issued by the Cantonal Office of Limón have been expressed over time; in the case of Table No. 4 cited in the preceding fact, 3 of them are indicated, in which the criterion has been reiterated that it is not possible to grant water service, nor water availabilities (disponibilidades de agua), nor the possibility of placing public standpipes within the squatter settlement. As an example, official communication GSP-RHC-L-2018-00348 (Amparo Digital File Image 574) can be mentioned, where the Integral Development Association of Villa Plata (Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata) is informed of its situation regarding the Board of Directors agreements. Likewise, in response to the request of the Development Association of Villa Plata (Asociación de Desarrollo de Villa Plata) (attached document that this Institute has already provided as evidence), it is important to highlight that within the note, said Association states the following:

(…)

From the reading of this text, it is clear that Precario Villa Plata has been established for many years; in fact, the seal of the Development Association (Asociación de Desarrollo) printed on the request indicates the year 2010; this can be corroborated with Figure No. 9 of the Technical Report that was issued in response to official communication PRE-J-2022-01740, which attaches official communication GSP-RHC-2022-00714 (Images 573 and 595 of the Amparo File), where upon taking an excerpt from a Google Earth image dated February 2010, within properties 00027138-000 and 00027136-000 there are already a large number of internal roads, dwellings, areas without forest, etc. The foregoing is very important to note given that the owners of these lands indicate that AyA has not done what is necessary to protect the Moín Aquifer (Acuífero de Moín); however, there is sufficient documentary evidence to demonstrate that for more than 14 years, AyA has denied drinking water service availabilities (disponibilidades de servicios de agua potable) in Precario Villa Plata, and that during that same time, there is no record of any action by the owners of these lands to recover them; however, regardless of this fact, AyA has filed the complaints and taken the actions that the law permits within what in the report has been termed "existing installations" in Zone 6, so that Board of Directors Agreement No. 2011-112 is complied with. Document GSP-RHC-L-2022-00494 is attached as an annex (Image 587 of the Amparo Digital File), which reaffirms the Institutional position regarding Precario Villa Plata…”

As cited in the reports, it is reiterated with respect to this property that the Institute, within the framework of its competencies and the possibility granted by law, filed the corresponding complaints through official communications GSP-RA-2018- 02131 and 02132 (Images 549, 555 of the Amparo Digital File) with the stamp of receipt by the Municipality and MINAE (SINAC); likewise, File No. 064-19-01-TAA is still pending before the Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental).

Again, reiterating what was stated in the response to Fact One, in this case, it is important to revisit the indication that these are not prohibitions emanating from the Board of Directors Agreements, but rather general recommendations for the protection of the water resource (recurso hídrico). The owner can carry out activities, which need to be adjusted to recommendations that ensure the protection of the resource. For an expropriation to proceed, it is necessary that public interest and social utility be declared, and that the owner demonstrate that all the attributes of the property right have been emptied, elements that are not present in this case.

THIRD: Regarding the Expropriation request. The rejection of the property expropriation request was ratified, by virtue of the fact that AyA has no interest in acquiring the amparo petitioner's property, in addition to the fact that the Institute's provisions set forth in the Board of Directors agreements in no way violate, injure, or even put the property right at risk; it is clear that the owner can dispose of it. An expropriation is not justified when it is the owner who has not complied with the requirements to carry out the activity they wish to develop on the property, or because they do not wish to institute the procedural actions for eviction; said power is exclusive to the owner of the domain of the property in accordance with article 264 of the Civil Code (Código Civil), which enumerates the rights that comprise the domain or absolute property over a thing, among which are those of defense and exclusion, those of restitution and indemnification, which are further developed in articles 295 to 315 and 316 to 334 of said regulation, such that the evidentiary power of ownership, as a fundamental requirement for the eviction process, is exclusive in this case to AyA. "(…) in principle, by themselves and by definition, limitations of social interest imposed on property are not compensable, as they do not imply expropriation, that is, when the property does not suffer dismemberments that cause the right to disappear. Of course, they do imply a burden or legal duty -in the strict sense, of not doing, or at most, of tolerating the State's intrusion into the property for public purposes, a duty that is added to the powers or faculties of the owner, but without denaturing or destroying them. These limitations must be of a general nature, which implies not only their addressee but also the factual situation for their application, since when they become singular or concrete they could be equated to true expropriations (…)" (Voto Nº 1996-04205 of 14:33 hrs. of August 20, 1996). Exp: 10-007810-0007-CO) (Res.)

No. 2010012209 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at seventeen hours and thirty-two minutes on July twenty, two thousand ten) There is no configuration of a public interest over the plaintiff's property, nor is there an impairment of the legitimate interest of property rights, these being the necessary elements for an expropriation analysis to proceed. On the property under analysis, the plaintiff has the capacity to carry out or develop different activities, as long as they have the scientific and technical proof demonstrating feasibility. FOURTH: Regarding the specific request for collaboration to carry out the eviction: As indicated by the amparo petitioner, the request sent via email was: "...My inquiry is how can AyA help us to initiate an eviction process for all the persons who are contaminating the aquifer, since in the Constitutional Chamber vote date of the Resolution: August 01, 2008 at 10:11 a.m., Case File: 07-009140-0007-CO, of the Constitutional Chamber and which consists of an amparo action (recurso de amparo) that was filed directly on the Moín aquifer case, the obligation of AyA to exercise administrative powers to protect the aquifer mantles was ordered..." In this regard, the inquiry was diligently addressed and the legal and technical reasons for the inadmissibility were extensively explained, pointing out: "...prior to issuing recommendations, it is necessary to verify in the field the hydrogeological conditions of the property, specifically the presence and distribution of sinkholes (dolinas) within the lot, therefore it is required by the interested party, if interested in carrying out said survey, to coordinate with the Public Police Force (Fuerza Pública) and other competent Institutions to provide the respective accompaniment for the mapping of the structures..." (official communication UEN-GA-2021-02951 image 911-912 of the digital case file of the Constitutional Chamber). For its part, the consideration of the legal impossibility for AyA to undertake an eviction of a private property that is invaded by squatters (precaristas), is visible in official communications GSP-RHC-2022-00090 (image 914), and PRE-J-2022-00477 (Images 917-920, all from the digital Amparo case file). Said legal criterion was contributed as evidence by the amparo petitioner in his filing brief, likewise it is recorded in the primary response brief provided by AyA to this action (recurso) and is confirmed with the evidence contributed to the case records UEN-GA-2022-00850 (Images 678-691 of the digital case file of the Constitutional Chamber). The foregoing was communicated to him via official communication PRE-J-2022-00480 (image 921), Memorandum UEN-GA-2022-00182 (Images 915-916), with its two annexes (GSPRHC-2022-00090 Image 914, UEN-GA-2021-02951 in image 911-912 all from the digital Amparo case file), which correspond to the technical criterion of the UEN; as well as Memorandum No. PRE-J-2022-00477 (Images 917-920), corresponding to the criterion of the environmental legal area. It is powerfully noteworthy that the claimant does not indicate to the Constitutional Chamber his inertia and tolerance as owner, during all this time, considering that from the year 2018 until the current year earthworks (movimientos de tierra) have been carried out, without him exercising his right of property defense before the Local Government and before the Judicial route, which allowed for a consolidated settlement (asentamiento) to exist today. The invasion activity does not materialize constructions from one day to the next, it requires earthworks, movement of materials, movement of people, which occurred in plain sight, patience, tolerance, and inertia of the registered owner and the Local Government, despite the complaints that this Institute made through official communications GSP-RA-2018-02131 and 02132 stamped as received by the Municipality and MINAE (SINAC) (Image 549, 555 of the digital Amparo case file), likewise, before the Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental) which still has Case File No. 064-19-01-TAA pending. In the same vein, official communication UEN-GA-2022-00850, located in Images 678-691 of the digital Amparo case file contributed as evidence, confirms and summarizes what was stated. "... a. The AyA Board of Directors Agreements 2007-117 and 2011-112, establish recommendations for the protection of the Moín aquifer, such that the activities carried out are environmentally sustainable and there is no impact on the water resource captured at the Moín sources for population supply. b. The lots mentioned in the action (recurso), property of [Name 003], are located in Zone 6 of High Vulnerability, within the Moín Aquifer Protection Zone, which was defined by Agreement 2011-0112 AyA Board of Directors (Ordinary Session Number 2011-017 of April 7, 2011 and published in La Gaceta No. 83, of May 2, 2011), which have recommendations to ensure the quality and quantity of the water resource used for population supply… c. From what is stated in point IV of this communication, it is demonstrated that the inquiries made by the interested party were always addressed in accordance with institutional competencies. In this particular case, because the property has an invasion of approximately 150 people who guard the different accesses to the property with weapons, as communicated by Mr. Fabian (sic) Leandro (attorney representing the owner), the support provided by AyA would be conditioned on the owner generating the conditions and coordination to provide safety for AyA public officials, for the corresponding accompaniment and inspection…" REGARDING THE EVIDENCE FOR BETTER DECISION REQUESTED I) For the purpose of submitting the evidence for better decision requested by this Constitutional Court, the Institute arranged with the Public Police Force the accompaniment to the site and with the property owner the authorization for entry, in order to conduct the field inspection and communicated to the other respondent parties about this effort to obtain said evidence, the results of which are shown in the reports (UEN-GA-2022-01214 & the Inspection Report: Case of Informal Settlement (Precario) Villa Plata, Zone 6) that are provided for these purposes, and which provide all the support to answer the questions raised. 1) Whether or not there is an impact on the Moín aquifer? In relation to this question, AyA does not find an impact on the aquifer that affects the water quality of the population supply service under its administration and operation. "...The development of projects in Zone 6, based on the technical and environmental recommendations that have been made and which are compatible with the protection of the water resource, demonstrate that the AyA Board of Directors Agreements do not impede the development of activities or construction of works... Given the above, it is considered that within the framework of institutional competencies, there has been an approach to comply with the AyA Board of Directors Agreements, in reference to the Moín aquifer, specifically in those activities where AyA participated through complaint management, conceptualization of new developments, regularization of existing activities, inter-institutional coordination, and infrastructure construction, with which, to date, the protection of the Moín aquifer has been guaranteed, which is strategic for the supply of the present and future population of the City of Limón. In the particular case of the slum (precario) of Villa Plata, which is the object of this action (recurso), a field survey was conducted on June 22, 2022 by AyA (Annex 1), in which it was determined that 96% of the inspected houses discharge their wastewater (aguas residuales) to a septic tank and drainage system, without these being located in the sinkholes or sumps. A discharge of gray water (jabonosas) was detected in some yards, which, although they are not adequate discharges, do not drain directly into the aquifer…" 2) Whether or not adequate wastewater disposal is occurring in zone 6 of the referred aquifer: Report UEN-GA-2022-01214 determines that in the densely populated areas in Zone 6 there are wastewater disposal systems via septic tank and drainage, therefore, there is adequate disposal; in specific cases, corresponding complaints have been filed for their correction. "...Regarding existing installations, corresponding complaints have been filed so that inadequate discharges in Zone 6 of the Moín Aquifer are corrected, measures that have been complied with in the majority of cases. In the case of densely populated areas with wastewater disposal systems via septic tank and drainage, within Zone 6 of the Moín Aquifer, AyA through 'Project BPIP 001984 Construction Moín Sanitary Sewer System, Limón', has considered the following populations: Villa del Mar 1 and 2, Loma de Moín and the flow contribution from the Villa Plata Slum (Precario de Villa Plata) (Figure 2)… In the particular case of the Villa Plata slum, AyA, through the construction of the Moín sanitary sewer system (alcantarillado sanitario), has arranged to resolve the discharge and treatment of wastewater through the allocation of the flow generated by this population, as indicated in the inspection report called 'Case of Informal Settlement (precario) Villa Plata, Zone 6. Exp 22-008354-0007-CO', Annex 1: 'From the field survey carried out on the property whose cadastral map is L-0509859-1983, which has a total area of 322,421.32 m2 (Figure 3), a sample was taken from an area of 159,959.26 m2, which represents 50% of the area of property L-0509859-1983; it was possible to verify in this sample that there is a total of 72 dwellings, of which 69 dwellings represent 96%, treat wastewater through septic tank and drainage systems and only 3, representing 4%, use latrines…'" 3) Whether or not the provisions of Agreements No. 2007-177 and 2011-112 adopted by the ICAA Board of Directors are being complied with in said zone? In the resolution of every service availability, AyA complies with and verifies that projects conform to Agreements 2007-177 and 2011-112. It is the responsibility of the other competent Institutions to comply with these recommendations emanating from the power of Article 2 subsection d) of Law 2726. "...AyA, within the framework of institutional competencies, has provided an approach for compliance with the AyA Board of Directors Agreements, in reference to the Moín aquifer, specifically in those activities where AyA participates through complaint management, conceptualization of new developments, regularization of existing activities, inter-institutional coordination, and infrastructure construction, with which, to date, the protection of the Moín aquifer has been pursued, which is strategic for the supply of the present and future population of the City of Limón. It is important to note that these AyA Board of Directors agreements are a guiding framework for the administration responsible for granting the permit, license, or authorization to consider and implement it. For compliance with the AyA Board of Directors Agreements to occur and for protection to be effectively guaranteed, the participation of the entities that regulate territory use and urban planning is necessary, such as the Municipality, Ministry of Health, Housing, IMAS, INDER, MINAE, among others…" 4) Whether or not unauthorized earthworks have occurred in zone 6 of the Moín aquifer and whether or not constructions lacking the respective permits have been built? After the analysis conducted by AyA and as proven by the complaints filed, earthworks and unauthorized constructions have been detected. AyA's competence, by the principle of legality, limits its action to the filing of these complaints; it does not have the power to enter or demolish on private property, as said competence belongs to the local government. "...In accordance with what is indicated in the response to question 1 of this communication and as noted in official communication RHA-OM-2013-00666, specifically in Table No. 1, cases 3, 4, 5 and 34 (image 646 to 653 of the digital amparo case file), evidence the complaints filed by AyA before the competent entities for earthworks. Likewise, in the technical report responding to official communication PRE-J-2022-01740, in Table No. 1, cases 7, 8 and 9, annexed by GSP-RHC-2022-00714 (image 582 of the digital Amparo case file), earthworks and tree felling (talas) are reported within the Villa Plata slum, object of this amparo action, before the competent entities… Within the framework of institutional competencies, AyA does not approve, nor does it oversee construction permits, having provided inputs to the Local Government, so that developments are executed according to the recommendations given in the Board of Directors Agreement, whose application has been indicated by the Constitutional Chamber in Vote 4751-08…" 5) Whether or not tree felling (tala de árboles) has occurred at the site in question? The answer is affirmative and accordingly, this Institute, within the scope of its competence, filed the corresponding complaints. "...it is important to identify that the competent entity to determine whether tree felling has occurred or not, is SINAC; having clarified the foregoing and in accordance with what is indicated in the response to question No. 1, of this communication and as noted in official communication RHA-OM-2013-00666, specifically in Table No. 1, cases 3, 4 and 5 (image 646 to 653 of the digital Amparo case file), evidence the complaints filed by AyA before the competent entities for cutting forest vegetation (vegetación forestal). Likewise, in the technical report responding to official communication PRE-J-2022-01740, in Table No. 1, case No. 9 (image 582 of the digital Amparo case file), the cutting of forest vegetation within the Villa Plata slum is reported. From the field survey conducted on June 22, 2022 (Annex 1), in the Villa Plata slum, object of this amparo action, cut trees distributed in different sectors were identified (Figure 2, of the inspection report 'Case of Informal Settlement (precario) Villa Plata, Zone 6. Exp 22-008354-0007-CO', Annex 1)…" Finally, report UEN-GA-2022-01214 concludes: "(…) 1. AyA, after reviewing its aqueduct systems, does not find any impact on the quality of the water captured from the Moín aquifer, in which Zone 6 is located and which includes the properties with cadastral maps 7-0509859-1983 and 7-059860-1983, object of this amparo action, which is why the extraction from Fuentes-Moín remains in force for population supply purposes. 2. The continuity of unplanned urban growth in Zone 6 should not be permitted, not only due to the impact on public services, but also due to the implications it may have in the future on the quantity and quality of the water resource captured at the Moín sources. 3. The field work allowed identification that the Villa Plata settlement, located on the properties with cadastral maps 7-0509859-1983 and 7-059860-1983, has been inhabited for more than 20 years, as stated by the local inhabitants, identifying infrastructure (dwellings), which is recorded in the inspection report (Annex 1), as well as the documentary record contained in the digital Amparo case file. 4. After reviewing the documentation provided in the digital Amparo case file, the report rendered by SINAC is observed, via Official Communication SINAC-ACLAC-PPCP-027-2022, Field inspection of the indicated site that has cadastral map numbers 7-0509859-1983 and 7-0509860-1983, which was carried out by officials Alexis Salas Rodríguez and Diego Alberto Alvarado Cerdas, on June 17, 2022 (visible in images 1100-1110 of the digital Amparo case file); it is important to point out that we proceeded to verify the coordinates cited in point V of this report, which do not coincide on the cited maps, but are located at a distance of 400 meters to the Southeast, far from the property that should have been assessed according to what was ordered by the Chamber…" (the highlighting is ours) II) Regarding the Inspection Report: Case of Informal Settlement (Precario) Villa Plata, Zone 6, inspection visit by an AyA technical team to the property registered under real estate folio 7-27136 map: L-0509859-1983 (north sector property) and real estate folio 7-27138 map L-0509860-1983 (south sector property) on June 22, 2022, the following is indicated in relevant part: The inspection carried out on June 22, 2022, was done in coordination with Mr. Fabián Leandro Marín, legal representative of the property owners on behalf of VAL DI SOMER S.A., with the support of the Limón Public Police Force and the company of Mr. Rodolfo Gómez Martínez, president of the Villa Plata Integral Development Association (Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata), which is attached as evidence, and reached the following conclusions and recommendations: "...3. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS A. Based on the inspection carried out and interviews with the inhabitants of the informal settlement (precario) Villa Plata, it is indicated that there are people who have been living in the place for more than 20 years. B. Based on the inspection carried out and coupled with the review of satellite photographs, a total of 194 structures (dwellings) were identified. C. From the field survey carried out on the property whose cadastral map is L-0509859-1983, which has a total area of 322,421.32 m2, a sample was taken from an area of 159,959.26 m2, which represents 50% of the area of property L-0509859-1983; it was possible to verify in this sample that there is a total of 72 dwellings, of which 69 dwellings represent 96%, treat wastewater through septic tank and drainage systems and only 3, representing 4%, use latrines. Similarly, of the total houses located within the area sample (159,959.26 m2), it was identified that a total of 12 houses (16.6%) dispose of their gray water in the yards of the dwellings, pipes, or furrows and not directly into the sinkholes, a situation that must be corrected in accordance with Ministry of Health regulations. D. 10 clandestine sites for solid waste disposal were located that require the attention of the Local Government, the above due to the lack of collection service. E. 15 sinkholes were identified in the field with different geometry and degree of development, the most common being rounded ones. F. 14 points were located where earthworks were evidenced, mainly cuts and fills for the construction of dwellings and roads. G. In 5 sites, tree cutting is identified for the opening of access paths and for the establishment of residential dwellings…" (the highlighting is ours) SUBSTANTIVE ASPECTS The Board of Directors agreements No. 2007-177 and No. 2011-112, for the recharge zone of the Moín aquifer, are at the same level as others already established by AyA and are based on Article 2 subsection d) of Law 2726; such as: Puente Mulas, Río Banano, Barranca and Bananito, which in no way imply an absolute prohibition for the development of activities; in fact, they cover broad geographical zones of population and sustainable and sustainable urban development, which are compatible with the socio-environmental recommendations, within said declarations there are: A) Agreement Number 78.253-254 (No. JD-78.187), of October 24, 1978, Underground Water Reserve Zone for the Limón aqueduct, published in La Gaceta 21 of January 30, '79. The information in this Agreement is incorporated into Executive Decree No. 29393-MINAE of January 15, 2001. B) Agreement No. 2015-253, Gaceta 141, Wednesday, July 22, 2015, area of strategic interest for Aqueducts and Sewers in the upper and middle sections of the Río Banano basin within the framework of the Project: Limón Aqueduct. C) Río Barranca, Agreement 78-056, April 4, 1978, D) Bananito by Decree 28024-MINAE, Gaceta 154, August 10, 1999. The Institute, in accordance with its Constitutive Law 2726, Article 2 subsection d), is empowered to issue technical criteria for the purpose of protecting and regulating water resources for population use, as the Constitutional Chamber has stated through Vote Exp:2008-004751, where it recognizes the legality and implementation in the assessment of permits, licenses, and authorizations by other competent institutions of Board of Directors Agreements 2007-177 and 2011-112. The foregoing is also confirmed through compliance with the land-use vulnerability matrix, which was established by SENARA and is the basis of Agreement 2011-112, requiring its assessment to authorize activities such as container parking or any other large-scale development, as recently indicated by the Constitutional Chamber, through Vote No. 2012-08892, 2017-006340, which clarifies that said AyA agreements must be applied in conjunction with the issuance of SENARA's criterion. Likewise, in accordance with the analysis conducted by the Chamber in vote 2010-012209 and adhering to the powers derived from Law 2726, we are dealing with administrative acts of a general nature and not agreements that resolve a particular and specific assessment. Legality was also assessed through Vote Res. No. 2010-012209 which considers that: "due to their general effects and because they do not empty the essential content of property rights, the limitations claimed do not require compensation." In urban development and the consideration of taking into account the recommendation given by AyA, the Municipality of Limón, as part of its obligations, must by competence supervise and monitor the actions of its community members with respect to determining which places are suitable for urban development, how they build, and discharge wastewater from their dwellings, and in this way guarantee, defend, and preserve the right of all to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. In this regard, it is advisable to consider what is established in Article 169 of the Political Constitution in relation to the Municipal Regime: "Article 169.- The Administration of local interests and services in each canton shall be in charge of the Municipal Government, formed by a deliberative body, composed of municipal council members (regidores municipales) elected by popular vote, and an executive official designated by law." For its part, the Municipal Code, in Article 4, regulates matters related to the attributions of municipalities, where the responsibility of vigilance is typified, since it is the state entity that ultimately grants the construction permit, exercising the ius aedificandi (right to build – construct): "(…) 1) The construction permit or license is a municipal administrative authorization, through which preventive control is exercised in relation to the exercise of the ius aedificandi, by verifying its conformity with the environmental-urban legal system. Its granting removes legal obstacles to make the exercise of said right lawful, and consequently, enables the realization of construction works in a specific locality. 2) Alongside administrative authorizations, there is the inspection activity, as a duty or burden that the administration imposes in a generalized manner on the citizens (administrados), and whose main objective is to corroborate compliance with urban regulations, whether singular or general. 3) In the exercise of this power of vigilance, municipal inspectors must enter private properties or buildings, for the sole and exclusive purpose of verifying whether or not the works being built conform to urban planning. For this purpose, they are subject to objective and subjective limits, such as the reasonableness and proportionality of the inspection measure, the inviolability of domicile, respect for the privacy of individuals, the impossibility of recording or seizing private information or documents, the drawing up of the inspection record, the due authority of the official conducting the inspection, as well as their accreditation as a municipal inspector, among others. 4) In the event of adopting an administrative sanctioning act - after complying with a duly established procedure and in adherence to legal norms that typify an infraction and its punitive consequence - it can be executed by the same administration without needing to resort to the courts, and even against the will of the citizen (Article 146 of the LGAP). In the execution of the sanction, municipal officials are subject to the same limits as urban inspection. 5) If the sanction being executed is demolition, the administration must ensure the adequate protection of the safety, health, property, and freedom of the citizens, so that in the destruction of buildings all necessary and reasonable measures are adopted to prevent, contain, mitigate, and repair any damage or injury that may be caused to the executed parties, neighbors, or passers-by. 6) In carrying out this diligence, municipal officials may avail themselves of the collaboration of members of the Public Police Force, who in turn have the power to assist municipalities when they so request. (…)" (Legal Opinion. Procuraduría General de la República C-390-2007, November 6, 2007) (The highlighting is ours) Based on the cited norms, it is concluded that the Municipality of Limón is the direct party responsible for determining the measures required to decide whether residential development is possible on the property object of this action (recurso), preventing constructions that do not meet regulatory requirements, without prejudice to coordinating with the entities that can take steps so that the sewer system is adequate (also consider what was resolved in Exp: 06-015593-0007-CO, Res. No. 2008-004751, which was cited in the Necessary Passive Litis Consorcio request). The Municipality of Limón has the obligation to enforce the laws on the matter and its obligation to guarantee the enjoyment of the inhabitants of the area of a healthy and ecologically balanced environment. The Municipality has had full knowledge of the problem affecting the residents of its canton, however, it appears it has limited itself to verifying its existence and evading its responsibility, without carrying out timely actions to mitigate or control it. Unlike AyA, the Municipality does have the competence to demolish constructions that have not obtained the corresponding permits, notify the registered owner, and jointly with the latter carry out the eviction actions that the plaintiff now seeks to transfer to AyA, which, by the principle of legality, cannot enter private property, nor carry out evictions on behalf of third parties. a) On the impossibility of AyA investing in and assuming the administration – responsibility for (private) wastewater disposal systems located on private property. It is necessary to keep in mind that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is prohibited by its Constitutive Law from making donations (a matter under which the maintenance – proper functioning of the system in question, which is located on private property, would be protected). The foregoing is also grounded in the fact that AyA's income is backed, solely, by the rates paid by users for the services provided by the Institute. In this sense, the law obliges the investment of authorized items in the respective rate schedules, in providing services to our clients under conditions of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal delivery. The disposal of funds derived from rates, by AyA, in other institutions, equally obliged to cover their obligations with their rates, credits, or other acceptable forms of financing within the public sector, generates not only the transgression of various norms as indicated, but the entire applicable legal framework in accordance with the principle of legality that governs the actions of Public Administration (In this sense, moreover, the obligations and prohibitions contained in the Law of Financial Administration of the Republic and Public Budgets, General Law of Internal Control, Law Establishing the Regulatory Authority for Public Services, among others, would apply). Likewise, it would put the Institute before the dilemma of setting aside some of the obligations that require said funds and which were duly justified before ARESEP and authorized by it. Finally, it is worth indicating that according to the Service Provision Regulation Agreement No. 2019-461, articles 16 and 17, AyA's responsibility extends up to the property boundary line, regarding service provision, and in this case it has not materialized since it is an informal settlement; this Institute does not provide potable water supply service, nor sanitation service on the properties object of this action (recurso). (…) PETITION Based on the factual and legal grounds indicated, I hereby render the requested report.

It is expressly reiterated that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), in fulfilling its purposes, has not disobeyed or violated rules, guarantees, or constitutional principles, but rather has acted responsibly in safeguarding and protecting the right to the environment, to health, and to life, adhering to the legal system, and therefore the appeal must be dismissed in all its aspects against it; by the principle of legality, AyA cannot carry out evictions on private property, nor can it perform technical studies free of charge. For more than 19 years, this Institute has continued, within the framework of its powers and the possibility granted by the principle of legality, to file complaints and has communicated the appropriate steps to the Municipality of Limón, the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía), and the Ministry of Health. It is not appropriate for this Institute to expropriate the property of interest to the owner, since the adoption of the Board of Directors' agreements has in no way emptied the attributes of the property right, elements which are rather in the full exercise of the titleholder, without prejudice to complying with the socio-environmental recommendations that the property supports. At the Local Government level, the Precario Villa Plata is considered a community, with a permanence of more than 20 years, with apparent public streets, internal electric lighting, within private land. In this case, it is a private matter, which must be resolved in civil court where the owner and the occupants can reach an agreement, in order to regularize the legal and urban situation. Carrying out the requested eviction is a power that belongs exclusively to the titleholder of the property's domain, in accordance with Article 264 of the Civil Code, which lists the rights that make up domain or absolute ownership over a thing, and among them are those of defense and exclusion, and those of restitution and indemnification, which are developed in Articles 295 to 315 and 316 to 334 respectively, so that the probative power of titleholding, as a fundamental requirement for the eviction process, is preclusive in this case for AyA. It is not appropriate to transfer the inaction and tolerance of the owner to the Institute, since it is known that since 2018 both he and the Local Government were aware of the situation and at that time should have exercised the corresponding defense in order to avoid the invasion. Despite the existence of irregular urban activity in the Precario Villa Plata, which is located on the properties subject to this appeal, the field work carried out has allowed the conclusion that it has not generated an impact on the water quality of the population supply service provided by the Institute in Zone 6, nor has it affected or contaminated the aquifer."

16.- By resolution of the instructing magistrate at 2:49 p.m. on June 28, 2022, the parties to the appeal were expanded and a report was requested from the Minister of Health. In addition, that authority was ordered to "carry out an inspection in zone 6 of protection and aquifer recharge of Moín zone 6, which includes the properties owned by the protected party, for the purpose of reviewing matters concerning the facts alleged by the plaintiff. Additionally, a report must be submitted to this Chamber describing the findings of the inspection, as well as those aspects deemed relevant in relation to the facts alleged in the sub lite by the plaintiff. Likewise, said report must indicate: 1) whether or not there is an impact on the Moín aquifer; 2) whether or not there is adequate disposal of wastewater in zone 6 of said aquifer; 3) whether or not the provisions of agreements No. 2007-177 and 2011-112 adopted by the Board of Directors of the ICAA are complied with in that zone; 4) whether or not unauthorized earthworks (movimientos de tierra) have occurred in zone 6 of the Moín aquifer and whether or not buildings lacking the respective permits have been constructed; and 5) whether or not tree felling has occurred at the site in question."

17.- By a document incorporated into the digital file on July 1, 2022, Fabián Leandro Marín states that: "I clarify to your authority that the assertions made by the respondent COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (ICAA) are false when it states: '...As has been repeatedly indicated, the property of the amparado (protected party), due to his own tolerance and negligence, has been invaded by squatters (precaristas) for more than 25 years, long before the adoption of the agreements that are being challenged; the inaction of his rights by not carrying out the eviction has allowed the permanence of the occupants, and with it the consolidation of the dwellings. ...The foregoing is very important to note given that the owners of these lands indicate that AyA has not done what is necessary to protect the Moín Aquifer; however, there is sufficient documentary evidence to demonstrate that for more than 14 years, AyA has denied the availabilities of potable water services in the Precario Villa Plata and that during that same time, there is no record of any action by the owners of these lands to recover them; ....It powerfully draws attention that the appellant does not indicate to the Constitutional Chamber his inaction and tolerance as owner, during all this time, considering that from 2018 until the current year, earthworks are carried out, without him exercising his right of property defense before the Local Government and before the Judicial branch, which allowed that today there is already a consolidated settlement. Invasion activity does not materialize constructions from one day to the next; it requires earthworks, movement of materials, movement of people, which occurred in plain sight, patience, tolerance, and inaction of the registered owner and the Government..., since 2005, a FILE [Value 004] – PROCESS: ORDINARY, PLAINTIFF: PROPERTIES [Name 003], DEFENDANT: ABELYN SÁNCHEZ et al., has been in process, which is being handled in the AGRICULTURAL COURT OF THE FIRST JUDICIAL CIRCUIT OF THE ATLANTIC ZONE, which has suffered a judicial ordeal due to the strategies that have been used by the squatters, with the ant-like invasion consisting of one after another entering the property, marking lands, without knowing who marks it so as to sue them, and from one day to the next there is already a house, in which during the day there is never anyone. Likewise, it is reported that the squatters have been evicted again and again from the property and they re-enter, and proof of this is resolution 348-98 of 3:00 p.m. on March 20, 1998, issued in an Administrative eviction process. This demonstrates the efforts of the registered owners to remove the squatters from the property. All this with the aggravating circumstance that illegitimately at this moment, the 194 dwellings described by the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (ICAA) in its report and which are located on my client's property, have access to potable water and electricity services. This has meant that at this moment, the judicial process has around ten percent of the people as defendants, in relation to the number of families living there, and furthermore, of those sued persons, many no longer even live on the property, making it impossible to identify all the people inhabiting the area, given that many are foreigners with irregular status in the country and because for many lots it is unknown who claims possession. The thesis of the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (ICAA), that in ZONE SIX no limitations are imposed on the property right, alleging that dwellings can be built, is unacceptable, since my clients want to recover the property to establish a teak forest plantation and evidently, by imposing the limitation of not being able to cut trees, that forest plantation could not be cut. Consequently, my clients cannot dispose of all the attributes of the property right. Note that Article 31 of the Water Law No. 276 is clear in stating that the entire property forms part of the aquifer recharge area and therefore that norm decrees that land as a domain reserve zone in favor of the Nation. Likewise, Article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal) establishes that since my clients' property is within the ZONE SIX of absolute protection of recharge of the Moín aquifer, it constitutes a protection zone whose limits were already determined by the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (ICAA), protection and aquifer recharge zone of MOIN, (ZONE 6), by agreement 2007-177, published in Gazette No. 83 of Wednesday, May 2, 2007, in which the OFFICIALIZATION OF THE HYDROGEOLOGICAL STUDY AND VULNERABILITY OF THE MOÍN AQUIFER, LIMÓN, AND THE UPDATE OF THE PROTECTION ZONE DGAMB-2007-031 was granted, which revokes AGREEMENT 80-121 AS TO ITS LIMITATION ZONE AND LAND-USE REGULATION RECOMMENDATIONS. Therefore, my clients' property is part of the protection zone of the Moín aquifer and all the irregularities that have been found on the property—damages, land-use change (cambio de uso del suelo), soil mechanization—must be stopped, and this can only be done by removing the people from the property, since there are regulations such as not storing chemicals, not applying fungicides to the soil, and others, which necessarily imply the exclusion of people from that area. I request that the vote of the Constitutional Chamber that resolved the issue of limitations imposed on the property right by the ICAA be taken into consideration, by declaring that a limitation on the property right does exist and ordered that institute to proceed with the expropriation. See the Amparo Appeal processed under file number 07-009140-0007-CO, filed by M.S.D., of legal age, holder of identity card number 0-000-000, on behalf of [Name 004] S.A., of legal age, legal entity identification number 3101227094, against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS, PRESIDENT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS, EXECUTIVE PRESIDENT OF THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS, whose operative part (Por tanto) ordered: Por tanto: The appeal is granted. H.R.A., or whoever in his place holds the position of Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), is ordered to initiate, as soon as possible, the expropriation procedures on the properties registered in the Public Registry, under real folio, registrations 112375-000 and 112376-000, so that the protected company is indemnified as appropriate for that reason. H.R.A., or whoever in his place occupies the position, is warned that failure to comply with said order shall incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on whoever receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with or enforce it, provided the crime is not more severely punished. The COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative proceeding. Notify H.R.A., or whoever holds the position of Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, personally. LET IT BE COMMUNICATED. In the case of my client, the problem is more serious since on her properties, third parties are carrying out activities that generate a potential risk of contamination and damage to the aquifer, and for this reason, the respondent institution was approached seeking collaboration to proceed with the rapid administrative eviction of the occupants and thus prevent the damages and land-use changes that were occurring. I attach a copy of the trial scheduling resolution in file [Value 004] – PROCESS: ORDINARY, PLAINTIFF: PROPERTIES [Name 003], DEFENDANT: ABELYN SÁNCHEZ et al., which is being handled in the AGRICULTURAL COURT OF THE FIRST JUDICIAL CIRCUIT OF THE ATLANTIC ZONE, which demonstrates the judicial actions that have been deployed to remove the squatters from the property, and a document evidencing the administrative eviction process. Therefore, it is for the Honorable Chamber to determine whether in the so-called zone six there is a limitation on the property right that must be expropriated, or whether the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS is correct that in that zone THE PROPERTY RIGHT IS NOT LIMITED and therefore housing projects can be developed. However, in either case, the Chamber must urge the aforementioned institutions to proceed to order the eviction of squatters from the property, in order to prevent the contamination that is occurring."

18.- By a document incorporated into the digital file on July 11, 2022, Joselyn Chacón Madrigal, in her capacity as Minister of Health, reports under oath. She states that: "Having set forth the foregoing, I attend to this legal report based on official letters No. MS-DRRSHC-0846-2022 (attached) of July 6, 2022, signed by Dr. Alexander Salas López, Director of the Regional Directorate of Health Stewardship Huetar Caribe, and No. MS-DRRSHC-ARSL-04398-2022 (attached) of July 7, 2022, signed by Dr. Aura Baltodano Madrigal, Acting Director of the Health Stewardship Area of Limón, namely: a.- Official letter No. MS-DRRSHC-0846-2022, signed by Dr. Alexander Salas López, Director of the Regional Directorate of Health Stewardship Huetar Caribe: '...I attach official letter MS-DRRSHC-ARSL-04398-2022, signed by Dr. Aura Baltodano Madrigal, Acting Director of the Health Stewardship Area of Limón, in which she details the findings of the inspection carried out on July 1, 2022. In safeguarding health as a right protected by the State, this servant reaffirms the recommendations issued, regarding the need to carry out the due eviction processed through the judicial route, as well as to request the required information from the competent authorities of Aqueducts and Sewers and the Municipality of Limón.' b.- Official letter No. MS-DRRSHC-ARSL-04398-2022, signed by Dr. Aura Baltodano Madrigal, Acting Director of the Health Stewardship Area of Limón. '... That in response to what was stated above, the inspection is carried out on July 1, 2022, at 1:30 p.m., where a tour is made throughout the community, where approximately 154 dwelling houses built with cement material, concrete block, wood, tiles are observed, and many using a system of Septic Tanks and improved septic tanks; some dwellings have poor disposal of Wastewater; it is important to mention that there is a small grocery store and sale of shaved coconut within the same dwelling. Regarding the substance of the appeal, it is recommended that said eviction must be processed through the Judicial route (Courts of Justice). Regarding what was requested under the Amparo Appeal, the following is reported: 1. Whether or not there is an impact on the Moín aquifer: That with respect to the stated point, the same must be requested from the Aqueduct and Sewers to carry out the pertinent tests for verification, whether the aquifer layers in zone 6 are being affected since said entity is responsible for the surveillance and regulation of the Protected zone. 2. Whether or not there is adequate disposal of wastewater in zone 6 of said aquifer: That with respect to the stated point, the same must be requested from the Aqueduct and Sewers to carry out the pertinent tests for verification that the dwellings are affecting the aquifer layers in zone 6, due to the poor disposal of Wastewater. 3. Whether or not the provisions of agreements No. 2007-177 and 2011-112 adopted by the Board of Directors of the ICAA are complied with in that zone: That as indicated, the previous point was amended by agreement No. 112-2011, published in La Gaceta No. 83 of May 2, 2011, for the case of DEVELOPMENT OF URBANIZATIONS, LOTTIFICATIONS, SUBDIVISIONS (FRACCIONAMIENTOS) AND CONDOMINIUMS, a sanitary sewer system and an ordinary-type wastewater treatment plant must be built. Developments with densities equal to or less than one housing unit per 1000 square meters may be permitted. 4. Whether or not unauthorized earthworks have occurred in zone 6 of the Moín aquifer and whether or not buildings lacking the respective permits have been constructed: That with respect to the stated point, the same must be requested from the Municipality of Limón, the Regulator that grants authorizations for earth movement. 5. Whether or not tree felling has occurred at the site in question: That with respect to the previous point, consultation must be made to the Ministry of Environment and Energy (MINAE), the regulatory entity for tree felling. (...) Therefore, according to what has been indicated under the points already explained, and for which it is recommended that the due eviction be processed through the judicial route.' CONCLUSION: In accordance with the foregoing, authorities of the Directorate of the Health Stewardship Area of Limón deployed the necessary actions to respond to the information requested by the amparado. It is worth noting that in the inspection carried out in zone 6 of protection and aquifer recharge of Moín, zone 6, said authorities were able to verify, on site, approximately 154 dwelling houses, some of which use a septic tank system, and others have poor wastewater disposal. As can be seen, the requested actions were attended to within the scope of our competencies, as indicated supra (...) By virtue of the foregoing, I respectfully request the Honorable Constitutional Court to DISMISS the present Amparo Appeal, since this Institution, within the scope of its competencies, attended to the actions raised; therefore, I reiterate the request that THE UNDERSIGNED MINISTER OF HEALTH BE EXEMPTED FROM ALL RESPONSIBILITY AND THAT THE PRESENT AMPARO APPEAL BE DISMISSED."

19.- In the procedures followed, the legal prescriptions have been observed.

 Drafted by Magistrate Rueda Leal; and,

Considering:

I.- PRELIMINARY ISSUE. In the document incorporated into the digital file on June 1, 2022, Fabián Leandro Marín indicates: "Being the attorney for the appellant party as recorded in the case file, I request your authority to include me in the present process as a party."

Now, the Chamber observes that the filing document was submitted by [Name 001]-Kron on behalf of Propiedades [Name 003]. Ergo, it is not verified that Fabián Leandro Marín appears as a plaintiff or as a protected party in the sub lite. Furthermore, it cannot be omitted to note that, although the name and signature of Fabián Leandro Marín appear in the referenced document, it is no less true that this is recorded in his capacity as authenticating attorney.

Thus, in the case at hand, it is not verified that Fabián Leandro Marín appears as a plaintiff within the file under study, nor is it appreciated that he derives subjective rights from the facts subject to this appeal, nor that he has a legitimate interest in the outcome of the process. Consequently, the request made by Fabián Leandro Marín to be considered a party to this amparo appeal is not accepted.

II.- OBJECT OF THE APPEAL. The plaintiff party states that the Board of Directors of the ICAA declared the protection and aquifer recharge zone of Moín (zone 6), through agreement No. 2007-177, in which the officialization of the hydrogeological study and vulnerability of the Moín aquifer and the update of the protection zone DGAMB-2007031 were given. They indicate that their client has two properties located in the referenced zone 6, on which a series of limitations were imposed. They state that, since the creation of the mentioned zone 6, the ICAA has breached its duties, as a land-use change has occurred in that place with the construction of shanty-type houses, without any control of the use and management of wastewater, black water, well drilling, and, moreover, it has done nothing to prevent the felling of the forest. They maintain that, due to the foregoing, they requested collaboration from the ICAA in order to proceed with the administrative eviction of all the people who are invading their properties, due to the damages they cause to the natural resources and contamination to the aquifer; however, no help was provided. They state that a request was sent via email on February 21, 2022, to the Moín Commission of the ICAA, in which information necessary to carry out a private study of contamination to the aquifer was requested; however, no response has been given. They accuse that both the ICAA and MINAE are aware of the usurpation that exists in zone 6 of the Moín aquifer, of the land-use changes and contamination; however, they have not taken any action to evict the people who illegitimately usurp the State's property. They request that the appeal be granted and that the respondent authorities be condemned for their negligence in protecting the aforementioned zone. They ask that the respondent party be ordered to carry out the necessary procedures to execute the corresponding evictions of the aforementioned properties. They require that an order be issued to carry out all necessary actions to protect the Moín aquifer, through the expropriation and corresponding payment to their client.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been thus accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them, as provided in the initial order:

a) The protected party is the registered owner of the properties inscribed in real folios 7-27136 and 27138, which are located entirely within the zone of absolute protection of the Moín aquifer called zone 6. Such properties have been invaded by several people who formed the so-called "Precario Villa Plata". (Undisputed fact).

b) Since 2005, an ordinary process has been pending before the Agricultural Court of the First Judicial Circuit of the Atlantic Zone in file [Value 004]-0, filed by the protected company. (See documentary evidence).

c) In ordinary session No. 2007-020 of April 10, 2007, the Board of Directors of the ICAA adopted agreement No. 2007-177 "OFFICIALIZATION OF THE HYDROGEOLOGICAL STUDY AND VULNERABILITY OF THE MOÍN AQUIFER, LIMÓN, AND THE UPDATE OF THE PROTECTION ZONE DGAMB-2007-031", in which it ordered:

"(...) FIRST: The Hydrogeological Study and Vulnerability of the Moín Aquifer, Limón, carried out by Hydrogeologist Viviana Ramos Sánchez, is officialized, so that the Huetar Atlántica Regional Directorate applies it when resolving requests submitted by the Administered Party, in accordance with the following vulnerability zones: (...)

SECOND: AGREEMENT 80-121 IS REVOKED AS TO ITS LIMITATION ZONE AND LAND-USE REGULATION RECOMMENDATIONS, in accordance with the delimitation and location carried out by the Topography Departments of the Directorate of Studies and Projects, the Huetar Atlántica Regional Directorate, the Environmental Management Directorate and report DGAmb-2007-031, the topographical location of the RESTRICTED PROTECTION ZONE, categorized as Zone 6, is determined, in the resolution of any request for permit, license or authorization submitted by the Administered Party, as follows: Starting from point 1 with coordinates N=221517 and E=639446 at the crossing of the old road to Limón Route #240 (along the coast) and the west entrance to the Cangrejos Urbanization, continue approx. 106m south along the street of the Urbanization to point 2 with N=221414, E=639471, turn southwest approx. 77m to point 3 with N=221367 and E=639410, continue east approx. 316m to the crossing with the road to Pacuare, point 4 with N=221297, E=639682, then continue south approx. 1.4 km along this road to point 5, start of the Urbanization of the same name with N=220474 and E=640380, continuing south-southwest approx. 170m to point 6 with N=220318 and E=640302, then southeast approx. 38m to point 7 with N=220297 and E=640333, then south-southwest approx. 82m to point 8 with N=220159 and E=640251. From this point 8 where the Urbanization street ends, continue with the same south-southwest bearing cross-country approx. 370m to point 9 with N=219858 and E=640034. Continue cross-country west approx. 190m to meet the road to Cielo Amarillo at point 10 with N=219846 and E=639845; from this point 10 which ran parallel to the boundary, now on the road, continue south approx. 90m to point 11 with N=219764 and E=639832. From this point 11, continue along the road to Villa Plata approx. 220m southwest to point 12 with N=219689 and E=639630, continue south approx. 320m to the railway line at point 13 with N=219449 and E=639624, continue along the railway line east approx. 100m to point 14 with N=219447 and E=639723; from this point 14, continue approx. 460m south along the road that goes out to national route #32 (Saopin) to point 15 with N=218995 and E=639652. From this point 15, now on the road, continue approx. 2.4 km west along route #32, until reaching the first entrance to Villa Vista del Mar 1 at point 16 with N=218883 and E=637297, and then turn right heading north to go to Villa Vista del Mar 1, approx. 270m until reaching the road crossing, next to the school of Villa Vista de Mar 1, at point 17 with N=219085 and E=637177, continue 106m north to point 18 with N=219207 and E=637179; from this point 18, continue approx. 260m west to the end of the street and from there continue approx. 160m always west along the northern boundary between properties until intersecting the concrete highway route #240, at point 19 with N=219325 and E=636795, then continuing 2km northeast along route #240 to the road intersection towards Villa Plata at point 20 with N=220976 and E=637688; from this point 20, continue north along route #240 a distance of approximately 2.6km until reaching the road intersection with the Cangrejos Urbanization, this crossing being the starting point 1 with N=221517 and E=639446. (...)

THE FOLLOWING RESTRICTIONS ARE ESTABLISHED AS LAND-USE REGULATION RECOMMENDATIONS FOR ZONE 6:

1. ALL INDUSTRIAL ACTIVITY.

2. USE AND STORAGE OF PLAGUICIDES, PESTICIDES AND FUELS, OR PRECURSORS THEREOF FOR ANY PURPOSE.

3. THE REMOVAL OR EXTRACTION OF ALL TYPES OF MATERIALS.

4. LAND-USE CHANGE.

5. ALL CUTTING OF FOREST VEGETATION.

6. ALL AGRICULTURAL AND LIVESTOCK ACTIVITY AND FACILITIES LINKED THERETO.

7. THE DRILLING OR EXCAVATION OF WELLS, INFILTRATION GALLERIES OR ANY OTHER WATER CATCHMENT WORKS.

8. THE DEVELOPMENT OF URBANIZATIONS AND LOTTIFICATIONS.

9. THE INSTALLATIONS OF LANDFILLS, SANITARY LANDFILLS OR WASTE DUMPS OF ANY KIND.

10. ACTIVITIES OF ANY KIND THAT, AT AYA'S DISCRETION, AFFECT THE QUALITY AND QUANTITY OF THE WATER USED FOR POPULATION SUPPLY.

CONSTRUCTIONS OF DWELLINGS ORIGINATING FROM VEGETATIVE GROWTH WILL BE PERMITTED IN ZONE 6, PROVIDED IT IS ENSURED THAT WASTEWATER IS NOT DISCHARGED INTO SINKHOLES (DOLINAS) AND GARBAGE COLLECTION IS CARRIED OUT BY THE MUNICIPAL SERVICE OR ANOTHER MEANS.

THIRD: The following aquifer protection measures are established for zones 2, 5 and 7 of the "Hydrogeological Study and Vulnerability of the Moín Aquifer, Limón":

1. Do not permit the storage of chemicals;

2. Do not permit the construction of fuel supply stations;

3. Do not permit the exploitation of quarries;

Not to permit the construction of wells, allowing them only for public supply.

FOURTH: In zone 2, prospecting studies shall be carried out with a view to determining production capacity, and this zone is maintained as a reserve for supply to the population of the río Blanco sector.

FIFTH: For zones 7, 8, 9, and 10, all development projects shall be required to construct sanitary sewerage, and the AyA shall initiate the necessary studies in order to construct the primary and secondary collectors that will allow for the evacuation of wastewater towards the submarine outfall.

SIXTH: The executive branch shall be requested to promulgate a decree for the protection of the Moín sources; as well as the land-use (uso del suelo) limitations that ensure the conservation and improvement of environmental conditions in the other zones of the Moín Aquifer; in accordance with the “Hydrogeological Study and Vulnerability of the Moín Aquifer, Limón” and the land-use recommendations.

SEVENTH: For zone 6, the Huetar Atlántica Regional Directorate and the Environmental Management Directorate shall create and maintain an exhaustive land-use inventory, identifying activities and establishments that store substances hazardous to water quality for human use.

EIGHTH: The carrying out of a risk analysis for industries established in the area of direct influence of the Moín sources shall be promoted before the competent entities, which must include a possible conflagration of several industries, and an action protocol shall be established to address a possible emergency that considers the participation of all industries established in the area.

NINTH: To guarantee compliance with the restrictions and to follow up on the application of the defined measures, the Regional Commission for Environmental Control of the Atlántica Region shall be formed, under the charge of the Management of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

TENTH: Unless it is demonstrated that the Moín sources have been irreversibly affected, according to the regulations, by the Químicos Holanda event, they shall be maintained in use for supply to the population for technical and demand reasons, with the following conditions: To order the immediate construction of a treatment plant, including an activated carbon system or the technology necessary to ensure quality against any possible contamination. Studies shall be initiated immediately to define the possibility of utilizing the upper Banano River basin with a view to substituting the Moín sources in the event they become contaminated by the industrial activities taking place in the basin.

THE MUNICIPALITIES LOCATED IN THE HIGH, MEDIUM, AND LOW VULNERABILITY ZONES SHALL BE NOTIFIED OF THIS AGREEMENT FOR ITS IMPLEMENTATION IN THE REGULATORY PLAN SUCH THAT THE “RECOMMENDATIONS FOR REGULATION OF THE USE OF PROPERTY AND THE HYDROGEOLOGICAL STUDY AND VULNERABILITY OF THE MOÍN AQUIFER – LIMÓN” ARE BINDING, EMPHASIZING THE NEED FOR ZONE 6 TO BE CONSIDERED A RESTRICTED PROTECTION ZONE. LIKEWISE, THE MINISTRY OF HEALTH, MINAE, THE INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, SENARA, AND SETENA SHALL BE NOTIFIED FOR COMPLIANCE WITH THEIR COMPETENCIES. IT TAKES EFFECT UPON ITS PUBLICATION. LET IT BE PUBLISHED IN THE OFFICIAL NEWSPAPER LA GACETA. LET IT BE NOTIFIED. LET IT BE PUBLISHED” (bold text added). (See documentary evidence).

d) At ordinary session No. 2011-017 of April 5, 2011, the Board of Directors of the ICAA adopted agreement No. 2011-112: “PROPOSED AGREEMENT TO PARTIALLY MODIFY BOARD OF DIRECTORS AGREEMENT 2007-177, ADOPTED AT ORDINARY SESSION 2007-020, OF APRIL 10, 2007, IN ITS ARTICLE 6, SUBSECTION A, PUBLISHED IN LA GACETA NO. 83, OF WEDNESDAY, MAY 2, 2007, ON THE OFFICIALIZATION OF THE HYDROGEOLOGICAL STUDY AND VULNERABILITY OF THE MOÍN AQUIFER, LIMÓN, AND THE UPDATE OF THE PROTECTION ZONE DGAMB-2007-031”, in which it resolved:

“FIRST: Agreement 2007-177 is modified, in its Por tanto Segundo, regarding the enumeration of recommendations for the regulation of land-use (uso del suelo) in Zone 6, with the following restriction guidelines and in application of the “Matrix of Land-Use Criteria According to the Vulnerability to Contamination of Aquifers for the Protection of Water Resources, issued by the Board of Directors of SENARA in session on September 26, 2006:

• For any activity, the impervious surface area per hectare must not exceed 20%.

• Those INDUSTRIAL ACTIVITIES that, throughout their various stages of construction and operation, generate a negative environmental impact (impacto ambiental) on the aquifer, must submit an environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental, EIA) duly approved by SETENA.

In accordance with the Ministry of Health Regulation, Decree 30465 S, and the Regulation on Effluent Discharges and Wastewater Reuse, No. 26041-S MINAE, high-risk industrial activities are not permitted due to the potential for contamination. These high-risk activities are defined as those with the possibility of explosion, fire, leak, or sudden spill resulting from a process in the course of industrial activities, as well as in pipelines and transport, involving one or several hazardous substances and that represent a serious risk (of immediate or delayed manifestation, reversible or irreversible) for the population, its property, the environment, and ecosystems.

• Do not authorize activities involving the storage and USE OF PESTICIDES, INSECTICIDES, FUELS, AND HAZARDOUS SUBSTANCES, OR PRECURSORS THEREOF FOR ANY PURPOSE.

• For the REMOVAL, CUTTING, AND FILLING OF MATERIALS (earthworks (movimientos de tierra)), a hydrogeological study must be conducted to confirm that there will be no impact on the aquifer, along with an Environmental Management Plan duly approved by SETENA.

• THE CONSTRUCTION OR EXCAVATION OF WELLS, INFILTRATION GALLERIES, OR ANY OTHER WATER EXTRACTION WORKS IS NOT AUTHORIZED.

• In the case of URBAN DEVELOPMENT, PLOTTING, SUBDIVISIONS (LOTIFICACIONES, FRACCIONAMIENTOS), AND CONDOMINIUMS, a sanitary sewerage system and an ordinary-type wastewater treatment plant must be constructed. Developments with densities equal to or less than one dwelling unit per 1,000 square meters may be permitted.

• In the case of HOTELS AND SIMILAR LODGING ESTABLISHMENTS, this may be permitted subject to effluent management with a treatment plant in compliance with the Regulation on Effluent Discharges in force. The number of rooms must not exceed a load equivalent to 50 persons per hectare.

• DO NOT INSTALL DUMP SITES, SANITARY LANDFILLS, OR WASTE DISPOSAL SITES OF ANY KIND.

• The AyA, considering the studies presented by the interested party and endorsed by the relevant instances, may rule on other types of activities not listed in this agreement that affect the quality and quantity of the water, establishing binding technical recommendations for the regulation of the activity. The AyA shall be empowered by Law 2726 to evaluate whether there is an impact on the aquifer and the correct disposal of wastewater in accordance with the Regulation on Effluent Discharges in force, in addition to the approval or denial of the activity.

• Housing construction originating from vegetative growth will be allowed in Zone 6, provided that it is ensured that wastewater is not discharged into sinkholes (dolinas) and that garbage collection is carried out by the municipal service or other means.

THIRD: The Local Government and the Competent Institutions are recommended to proceed with protection measures aimed at the conservation of forested areas.

FOURTH: The Senior Administration is instructed to manage the appropriate steps and request that the Municipality of Limón implement the recommendations issued in this agreement.

FIFTH: The Senior Administration is instructed to manage the appropriate steps and request from MINAET that it restrict ALL CUTTING OF FOREST VEGETATION IN ZONE 6.

SIXTH: For zone 6, the Huetar Atlántica Regional Directorate and the UEN of Environment, Research and Development shall create and maintain an exhaustive land-use (uso del suelo) inventory, identifying the activities and establishments that store substances hazardous to water quality for human use. They will also be responsible for the analysis of proposals submitted by the Administrado and the assessment of non-impact to the aquifer and correct disposal of wastewater.

SEVENTH: In all other respects, what was ruled in Board of Directors Agreement 2007-177 remains in force. Let it be notified. Let it be published” (highlighting added). (See documentary evidence).

e) On March 5, 2018, the UEN Environmental Management Directorate of the ICAA sent official letter UEN-GA-2018-00322 to the Ministry of Health and the mayor of Limón, through which it stated:

“(…) The AyA, in its efforts to conserve and protect the groundwater and intakes utilized for public supply in the province of Limón, has technically and legally defined protection zones for the karstic aquifer in Moín, through Board of Directors agreement 2011-112, session No. 2011-017, which establishes land-use (uso del suelo) restrictions for the zones comprising this aquifer.

Given this situation, and due to this Institute’s (AyA) interest in protecting the groundwater used for public supply, and in response to Voto No. 2012-006424, corresponding to the Recurso de Amparo 10-013628-0007-CO, you are respectfully requested to inform us of the considerations and technical basis from the Municipality and the Ministry of Health for once again granting the operating permit for the IRR al Caribe property, since the Sala Constitucional considered on that occasion that the activity carried out by these companies endangers the quality of the groundwater used for public supply.

Likewise, what measures were implemented to prevent any risk of contamination of the groundwater in the so-called zone 6 of the Moín aquifer for your represented parties? Were they assessed by SETENA? Was a new assessment of the activity carried out by SENARA so that the Municipality could grant the new operating permit? Is there a ruling from the Ministry of Health?”. (See documentary evidence).

f) On April 9, 2018, the ICAA issued the “TECHNICAL REPORT ON DATA PROCESSING Services for the surveying, identification, and systematization of technical information as a mechanism for information integration under the watershed concept, application through a photogrammetric and LiDAR study in a sector of the Moín Aquifer, Limón”, which stated:

“8.6.- Conclusions. This project has demonstrated the potential of using state-of-the-art sensors (specifically, digital photogrammetric cameras and LiDAR sensors) to obtain high-quality information (high positional accuracy and a high level of detail) oriented toward the study of a markedly sinkhole-prone (dolinizada) area. The use of this type of data capture methodology, supported by the processing and subsequent analysis of the extracted information, allows for a characterization of the phenomena occurring within it. This characterization constitutes a good starting point to be complemented with other types of studies. All this in an area of significant complexity, in the sense of being an area with a significant presence of vegetation. In this regard, it can be stated that of the 438 sinkholes (dolinas) detected within zone 6, a total of 414 were completely or partially covered by trees, making their location and characterization difficult using classical methodologies based on field topographic methods or even using aerial imagery.” (See documentary evidence).

g) On April 13, 2018, the Limón Cantonal Unit of the ICAA sent official letter GSP-RHC-L-2018-00348 to the Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata, through which it explained:

“(…) In response to your letter submitted to this Cantonal Office, requesting information on whether the AyA plans to use the land on farms No. 00027138-000 and 00027136-000 of Villa Plata, I inform you that this community is located within the recharge and water protection zone of the Moín-Limón springs (nacientes), according to Board of Directors Agreement No. 2007-177 and its modification No. 2011-112.

Therefore, the community of Villa Plata is subject to the prohibitions described in the aforementioned Board of Directors Agreements.” (See documentary evidence).

h) On April 19, 2018, the UEN Environmental Management Directorate of the ICAA sent official letter UEN-GA-2018-00556 to the director of the Limón Health Area, through which it explained what was required by the institute, in accordance with what was established in memorandum UEN-GA-2018-00332. (See documentary evidence).

i) By memorandum GSP-RA-2018-02131 of September 25, 2018 (with a received date of September 26, 2018), the Huetar Atlántica Region reported earthworks (movimientos de tierra) in the Villa Plata sector of Moín to the Municipality of Limón. Additionally, it stated:

“(…) The interest in this matter stems from the fact that these lands are located within the so-called zone 6 of Moín, according to the hydrogeological and vulnerability study carried out for this aquifer. For this zone and others in the same aquifer, there are use recommendations established in the AyA Board of Directors agreements number 2007-0177 and 2011-0112. The latter is exclusive to zone 6, and among the regulations it is established that for the removal, cutting, and filling of materials (earthworks (movimientos de tierra)), a hydrogeological study must be conducted to confirm that there will be no impact on the aquifer, along with an Environmental Management Plan duly approved by SETENA (…)

the farm where the earthworks (movimiento de tierra) are recorded is located in Villa Plata with coordinates CRTM 05 North 1105634 and West 602415 (…)

intervention is requested so that the activity stops completely and the described facts are investigated.” (See documentary evidence).

j) The Huetar Atlántica Region of the ICAA sent memorandum GSP-RA-2018-02132 of September 25, 2018, to the Limón Subregional Office of MINAET (with a received stamp of September 26, 2018, by SINAC-ACLAC), in which it filed a complaint for earthworks (movimiento de tierra) in Villa Plata, Limón. It also stated: “intervention is requested so that the activity stops completely and the described facts are investigated. It is indicated that in other similar cases, the support of MINAET ACLAC has been relied upon to gather the necessary evidence, should an administrative or judicial complaint be filed.” This complaint was referred to the Tribunal Ambiental Administrativo, which assigned it case file No. 064-19-01-TAA. (See documentary evidence).

k) On October 2, 2018, the UEN Environmental Management of the ICAA sent document UEN-GA-2018-01659 to the general management of the Servicio Nacional de Riego y Avenamiento, through which it noted:

“In response to the agreements of the meeting held on October 2, 2018, at the facilities of SENARA concerning the Matama Village Case, the technical study called “Services for the surveying, identification, and systematization of technical information as a mechanism for information integration under the watershed concept, application through a photogrammetric and LiDAR study in a sector of the Moín Aquifer, Limón” carried out by the company STEREO CARTO CENTROAMERICA through contract 2017FTS – 00113 – PRI of the Functional Watershed Area of the UEN of Environmental Management is attached.

The study was conducted in Zone 6 of the Moín aquifer, which was formalized through AyA Board of Directors agreements 2007 – 177 and 2011 – 112.” (See documentary evidence).

l) On November 2, 2018, the ICAA denied the request for a water connection (paja de agua) made by the Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata on October 9, 2018, because it did not meet the requirements, being located within the so-called zone 6. (See documentary evidence).

m) On March 14, 2019, the ICAA sent official letter GSP-RA-2019-00456 to the director of ACLAC MINAE, the head of the Limón Subregion, and the mayor of Limón regarding “Forest Cutting and Earthworks (Movimientos de tierra) in the Recharge Forest Zone of the Moín Aquifer.” This document stated that on that same day, the use of backhoe-type machinery was observed, which was carrying out earthworks (movimientos de tierra) for the possible construction of roads within the protection zone of the Moín sources called zone 6. It was also affirmed that “tree clearing is taking place within the same protection zone.” Likewise, the importance of guaranteeing the protection of the Moín springs (nacientes) was detailed. Additionally, it was noted:

“The activities of road construction, earthworks (movimientos de tierra), and tree clearing within the zone, the location of which is indicated in Figure No. 4, cause: deforestation, loss of aquifer recharge, contamination with sediments and wastewater within the recharge zone, and even discharging this type of waste directly into the sinkholes (dolinas), which are windows to the aquifer; it is considered that these reported activities pose a high risk and impact on the Moín Aquifer Protection Zone, especially considering that this possible invasion site corresponds to one of the places with the greatest forest cover (cobertura boscosa) in the Direct Recharge Zone of the Moín Springs (Nacientes de Moín) (The Lung of the Moín Springs).

Therefore, you are requested, immediately and within the scope of your competencies, to take the necessary actions to timely prevent further tree clearing and earthworks (movimientos de tierra) at the reported site and to protect the forest cover (cobertura boscosa) of this area.

It is not omitted to state that a rapid and timely action is expected from your departments, due to the consequences for public health and the environment caused by the reported actions.” (See documentary evidence).

n) On May 31, 2019, the Huetar Caribe Region of the ICAA sent document CSP-RA-2019-01013 to the Municipal Council of Limón, by which it requested an audience so that the institute could present the technical, environmental, and legal scope of Moín’s zone 6. In response to this request, the Municipality of Limón authorized the audience for June 19, 2019. (See documentary evidence).

o) On July 1, 2019, the ICAA issued communication PRE-2019-00810, which stated:

“(…) you are hereby informed that the following actions have been taken by the Moín Commission, comprised of the UEN Environmental Management, the Environmental Legal Area, and the Huetar Atlántica Region:

1. Meeting with local Ministry of Health personnel to provide training on the importance of the Moín Aquifer from a hydrogeological, legal, and operational standpoint. (held on July 19, 2019)

2. Hearing before the Municipal Council of Limón, regarding the implications of Zone 6 (Moín Aquifer), Limón; the Council was informed of the need for prior verification that there is no risk of contamination to the sources abstracted by the AyA, for every activity, before the granting of location and operating permits. (held on July 19, 2019)

In accordance with the foregoing, it was agreed to form an inter-institutional commission comprising a representative from the Municipal Council, the Municipality, the Limón Health Area, and the AyA Regional Directorate. Furthermore, to initiate the verification tasks ordered by the Sala Constitucional, on July 11, 2019, a joint site visit to the company Ticontainers will be convened, as part of the existing cases, and following the visit, the technical report will be issued and the appropriate immediate short- and long-term actions will be taken.” (See documentary evidence).

p) On July 11, 2019, the ICAA conducted an inspection of the company Ticontainers. (See documentary evidence).

q) In February 2020, the ICAA issued an “INSPECTION REPORT OF THE INTER-INSTITUTIONAL COMMISSION ZONE 6 – MOÍN AQUIFER AYA – MINISTRY OF HEALTH CASE: CONTAINER DEPOT, TICONTAINERS S. A.” This document recorded:

“Conclusions

a) The inspected property (Plan L-843089-2003) is located within Zone 6 of the Moín Aquifer, which is of high vulnerability.

b) On the property subject to inspection, a container depot is identified, which includes offices, a maintenance and repair workshop, as well as materials scattered in a disorganized manner without proper arrangement or disposal on the property.

c) On the property, coral deposits are geologically identified, outcropping on the topographic highs. The flat areas on the property were shaped and leveled with gravel, which are underlain by the coral formations.

d) Two sinkholes (dolinas) were located within the property, which have been modified and conditioned for stormwater drainage of the property subject to inspection.

e) Two sinkholes (dolinas) were observed outside the property, which receive stormwater generated by surface runoff both from the inspection property and the adjacent project to the West (Empresa AI Caribe) and from Route 32.

f) Hydrocarbons, chemicals (with hazardous substance labels), and oils stored without treatment, final disposal, and proper safeguarding have been identified, exposed to water, sun, and wind, without any safety measures, which represents a high risk to the health of the workers and the water resource that supplies the province of Limón.

g) The discharge of raw wastewater onto the ground surface was determined (see photos), which are sources of contamination for groundwater.

h) Wastewater is disposed of using septic tanks, drains, and absorption wells with serious deficiencies; the use of these types of systems that infiltrate wastewater should not be used as a means of disposal in zone 6.

8. Recommendations

For the purpose of protecting the water resource in Zone 6 of the Moín Aquifer, the following actions are recommended:

a) Compliance with the provisions set forth in the AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and 2011-112 is recommended.

b) It is recommended that the Ministry of Health issue instructions for the disposal, collection, and treatment in accordance with the property’s activities of container transport inspection, maintenance, and repair, in compliance with prevailing legislation, because its absence poses a threat to groundwater, which implies a necessary condition.

c) Due to the High Vulnerability of the property’s location, the storage of hydrocarbons and the use of chemicals that endanger the drinking water supply for 15,000 people in the Limón System, including the port area and the new container terminal, is not appropriate.

d) Signage, protection, and proper use of the sinkholes (dolinas) on the property are recommended so that the activities carried out on the premises do not negatively impact them.

e) Separate ordinary and special wastewater from stormwater, so that the entry of water (stormwater and runoff) into the sinkholes (dolinas) does not pose a threat to the aquifer’s quality and does not affect groundwater recharge.

f) Eliminate the existing absorption well structure and all septic tank and drainage systems on the property.

g) The implementation of a collection, treatment, and disposal system for ordinary and special wastewater that does not use subsurface infiltration or sinkholes (dolinas) as a final disposal method is recommended.

h) The Ministry of Health is requested to verify that there are no stored fuels on the property, according to the recommendations of the Board of Directors agreements.

i) Present the site design, indicating the percentages of impervious surface area as established in AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and 2011-112 (not to exceed 20%), as well as the stormwater management infrastructure that guarantees their proper disposal.

It is important to note that since Law 2726 does not grant the AyA the authority to issue Orders or, in the event of non-compliance, the possibility of ordering the closure of premises, it is the responsibility of the Ministry of Health’s Health Area to assess the recommendations presented in this report in order to proceed in accordance with its competencies under Law 5395.

On behalf of this Institute, the Ministry of Health is informed that we are willing to provide support, document review, and advisory services in the inspections of activities carried out in the zones related to AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and 2011-112.” (See documentary evidence).

r) On March 5, 2020, the Ministry of Health informed the ICAA that the company TICONTAINERS had complied with the aspects requested in sanitary order MS-DRRSHC-ARSL-0360-2020-OS, and therefore the case was archived. (See documentary evidence).

s) On June 15, 2020, the executive president of the ICAA issued official letter PRE-2020-00865, which stated:

“(…) A. Coordination actions taken by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, within the framework of its competencies, has taken various actions focused on the management and protection of zone 6 of the Moín Aquifer, which are detailed below:

Through publication in La Gaceta 83 of May 2, 2011, of Board of Directors Agreement No. 2011-112 (Annex 1), Board of Directors Agreement 2007-177 was partially modified, regarding the officialization of the Hydrogeological Study and vulnerability of the Moín Aquifer, Limón, and the update of protection zone DGAMB-2007-031.

This Agreement establishes recommendations for the regulation of land-use (uso del suelo) in Zone 6 to the competent entities in the Por tanto Primero.

b. Most recent coordination efforts among the various competent instances:

• Official letters issued by the Moín Commission No. UEN – GA – 2018 – 00322 (Annex 2) dated March 2018, UEN – GA – 2018 – 00556 (Annex 3) dated April 2018, UEN – GA – 2018 – 01827 (Annex 4) dated October 2018, and UEN – GA – 2018 – 1975 (Annex 5) dated November 2018, addressed to the Local Government and the Ministry of Health.

• Presentation given by the Moín Commission on May 22, 2019, at the AyA Regional Office – Huetar Caribe to the Municipality of Limón and the Ministry of Health to address the issue of Zone 6, Moín Aquifer in the province of Limón.

• Presentation given by the Moín Commission on June 19, 2019, to the Municipal Council of Limón regarding the hydrogeological characteristics of the Moín aquifer, as well as the environmental, technical, and legal implications concerning operating permits, business licenses, and location in Zone 6 of the Moín Aquifer.

• Through official letters UEN-GA-2020-00836 (Annex 6) and UEN-GA-2020-01399 (Annex 7), inspections have been being coordinated with the Ministry of Health; however, they have been postponed due to the state of emergency decreed for COVID-19.

B. Competencies of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

a. As has been previously indicated, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as a public entity, must adhere to the Principle of Legality, which emanates from the Ley General de Administración Pública in its Article 11 and circumscribes the competencies of the AyA in its Constitutive Law No. 2726.

Again, it is clarified that the Institution does not have the competence to enter private property to verify that buildings comply with construction parameters or correctly use the septic tank system, carry out evictions, survey the physical health status of each construction and commercial activity; nor can it “render an operating permit null and void,” or “close down an activity,” and much less, file a complaint or appeal that is not based on a technical report.

b. The Board of Directors agreements are technical recommendations that the competent Institutions must apply when resolving a petition or granting permits, licenses, or authorizations.

Similarly, pursuant to the provisions of the General Law of Public Administration (Ley General de Administración Pública), these institutions have the possibility of departing from those recommendations in a reasoned manner.

In light of the foregoing, it is clear that the Institute, within the framework of its powers and its interest in protecting the Moín Aquifer (Acuífero Moín), which supplies a sector of the population of Limón, has carried out a series of actions and created instruments that serve as input for both the Municipality and the Ministry of Health, so that they can issue regulations on land use, as well as authorize activities that do not affect the quality and quantity of the water resource; therefore, the following clarifications are made:

It is the Ministry of Health, in the case of industrial and commercial buildings, which, in compliance with the provisions of the General Health Law (Ley General de Salud) and its regulations, grants the operating permit; for this purpose, it considers the technical pronouncement communicated by AyA.

At the administrative level, the granting of any permit must adhere to the principle of legality, to the fulfillment and verification of the requirements, so that the Administration can proceed to carry out the assessment and resolve accordingly. Bear in mind that the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) throughout the locality of Limón, including zone 6, at no time ordered that no new operating permits be granted (in this regard, see Votos Nº2008-004751 of 27/3/08 and N°2012-006424, the latter corresponding to Recurso de Amparo 10-013628-0007-CO)

2. The respective Health Area is the entity that can carry out a survey of the physical-sanitary condition of each of the buildings and commercial activities; in fact, it is within its ordinary activity to carry out said management permanently in compliance with the duty of oversight.

3. For its part, it is the Local Government that is responsible for granting business licenses (patentes) and issuing the construction permit for any building, in accordance with land use and the technical assessment provided by AyA.

Based on the foregoing, what would be appropriate, in principle, is for you as the interested party to direct your inquiry to said authorities so that they provide you with the information of your interest. However, in application of Law 8220 and its amendments, this same communication will be made known to those entities, so that they may state what is appropriate according to their powers.

4. In order for the demand for liability to be possible and effective, any complaint must provide an evidentiary burden that allows proving the existence of a causal link between the performance of an activity or conduct and the unavoidable result of the commission of damage.

In judicial matters, the protocols agreed upon with the Environmental Prosecutor's Office (Fiscalía Ambiental) are applied. To date, AyA does not have, in its supply infrastructure, indications of contamination that have caused the potabilization plant or the supply systems in Zone 6, Moín Aquifer (Acuífero Moín), to go out of operation; nor are there suspicions of any entity, natural or legal person, appearing in that condition, for causing any contaminating event.

Therefore, on behalf of this Institute, the willingness to continue carrying out actions among the different competent institutions is reiterated, with the objective that the activities currently being developed, or those that may potentially be authorized, do not affect the quality and quantity of the water resource that is used for population supply." (See documentary evidence).

t) On October 13, 2021, Fabián Leandro sent an email to [email protected], through which he set forth the situation experienced on the properties of the protected company. Additionally, he stated: "My inquiry is how (sic) AYA can help us to initiate an eviction (desalojo) process for all the people who are contaminating the aquifer (…)". In response, the following day, receipt of the electronic communication was acknowledged, and the sending of the property plans in "shape" format was requested. (See documentary evidence).

u) On November 15, 2021, the Directorate of the Functional Hydrogeology Area of the UEN Environmental Management (UEN Gestión Ambiental) of ICAA issued memorandum UEN-GA-2021-02951 in response to an inquiry made by Fabián Leandro regarding the properties of Val Di S. A., in which it was stated:

"Therefore, on behalf of the UEN Environmental Management (UEN Gestión Ambiental), the following is indicated:

a. The lots owned by [Name 003] provided by Mr. Fabian (sic) Leandro are located in High Vulnerability Zone 6, within the Protection Zone of the Moín Aquifer (Zona de Protección del Acuífero Moín), which was defined by AyA Board of Directors Agreement (Acuerdo de Junta Directiva) 2011-0112 (Ordinary Session Number 2011-017 of April 7, 2011, and published in La Gaceta No. 83, of May 2, 2011).

b. It is recommended that the Legal Area of the Huetar Caribe Region consult the Huetar Caribe Regional Directorate, with the objective of stating whether there is operational infrastructure on the property intended for population supply service.

c. Regarding the collaboration for the eviction (desalojo) process of all the people who are contaminating the aquifer, it is important that from a Legal standpoint, recommendations be established, so that the UEN Environmental Management (UEN Gestión Ambiental) provides support as appropriate." (See documentary evidence).

v) On January 20, 2022, the Huetar Caribe Region of ICAA issued memorandum GSP-RHC-2022-00090, through which it was stated in response to official communication PRE-J-2021-04524:

"Regarding the inquiry received, I must indicate the following:

1- Indeed, the described property is located within the so-called zone 6; in this zone, there is a 300 mm HF pipeline conveying water from the Moín potabilization plant to the Pueblo Nuevo tank, which does not mean that this pipeline is on that property per se.

2- Regarding eviction (desalojo) requests, I must indicate that it is not the responsibility of this Directorate to manage the eviction of property belonging to a third party. We have done this for AyA properties; we have also made the situation known to MINAE; however, I reiterate that we cannot take steps to bring about evictions on a property that does not belong to the Institute. In fact, the police authorities will not even accept the complaint if it is not filed by the registered owner." (See documentary evidence).

w) On January 28, 2021 (sic), the Directorate of the UEN Environmental Management (UEN Gestión Ambiental) of ICAA explained, in memorandum UEN-GA-2022-00182, that:

"the following criteria issued in reference are attached:

• Memorandum UEN-GA-2021-02951, issued by the UEN Environmental Management (UEN Gestión Ambiental) (Annex 1).

• Memorandum GSP-RHC-2022-00090, issued by the Huetar Caribe Regional Directorate of the Peripheral Systems Management Sub-Management (Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos) (Annex 2).

Therefore, on behalf of the UEN Environmental Management (UEN Gestión Ambiental), the corresponding official communications for the case under inquiry are forwarded, it being necessary that from a Legal standpoint, recommendations be defined regarding the involvement and support from the institutional areas, as appropriate." (See documentary evidence).

x) On February 7, 2022, a server of ICAA issued memorandum PRE-J-2022-00477, in which it was detailed:

"(…) For the purposes of this response, the technical criteria GSP-RHC-2022-00090, from the Huetar Caribe Region, and UEN-GA-2021-02951 and UEN-GA-2022-00182 from the UEN Environmental Management (UEN Gestión Ambiental), are considered, in order to indicate the following:

By the principle of legality, AyA, in compliance with Law 2726, does not have the power to carry out evictions (desalojos) on properties – registered property (folio real) – that are not registered in its name, this being the exclusive faculty of the registered owner. The foregoing also finds its basis in the fact that AyA's income is supported solely by the rates paid by users for the services provided by the Institute. In that sense, the law obliges the investment of the authorized items in the respective tariff schedules, directly in the infrastructure under AyA's administration, in the properties that are in AyA's name, in the provision of services to our clients under conditions of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal delivery. The disposition of funds derived from rates, by AyA, in other institutions, equally obliged to cover their obligations with their tariffs, credits, or other forms of financing acceptable within the public sector, or to carry out actions on private property, generates not only the violation of diverse regulations as indicated, but also the entire applicable legal framework in accordance with the principle of legality that governs the actions of the Public Administration. (In that sense, the obligations and prohibitions contained in the Law of the Financial Administration of the Republic and Public Budgets (Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos), the General Law of Internal Control (Ley General de Control Interno), the Law Creating the Regulatory Authority for Public Services (Ley de Creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), among others, would also apply.) Likewise, it would place the Institute before the dilemma of setting aside some of the obligations that require such funds and that were duly justified before ARESEP and authorized by it.

Furthermore, in accordance with the possibility of carrying out a study on the Property under inquiry, in accordance with the principles of the Law of the Regulatory Authority for Public Services, SCOPE NO. 29 TO LA GACETA NO. 27, Tuesday, February 9, 2021, there is the principle of cost-based service (servicio al costo) and authorization, which are defined by numerals 3 and 94 of (sic) the indicated Law, as follows:

"Article 3.- Definitions For the purposes of this law, the following concepts are defined:

(…) b) Cost-based service (Servicio al costo): principle that determines the manner of setting the tariffs and prices of public services, so that only the costs necessary to provide the service are contemplated, which allow a competitive return and guarantee the adequate development of the activity, in accordance with the provisions of Article 31…"

Article 94.- "Authorization: Public institutions and companies that provide services are authorized to directly sell advisory, consulting, training services, or any other activity related to their powers, to other national or foreign public or private companies or institutions."

It is necessary to bear in mind that File: 07-009140-0007-CO, Res. No. 012043-2008 invoked, indicating that AyA is responsible for: "…c) Promoting the conservation of hydrographic basins and ecological protection, as well as the control of water contamination (…) the obligation of AYA to exercise administrative powers to protect aquifers…", must be analyzed under the context that occurred and which was due to the assessment of a particular property, in which this Institute had to proceed to carry out the corresponding studies by order of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), to arrive at determining the suitability of the property's use. Said ruling does not imply a general authorization for AyA to carry out such work on all properties located in zone 6, without the owner's authorization and without the owner creating the conditions so that the corresponding assessment can be carried out.

CONCLUSION

In accordance with what is indicated in the technical criteria GSP-RHC-2022-00090, UENGA-2021-02951, and UEN-GA-2022-00182, it is appropriate that they be communicated to the interested party, reiterating that:

A) AyA, by the principle of legality, cannot institute eviction (desalojo) proceedings on private properties; for such power is exclusive to the owner of the domain of the property, in accordance with Article 264 of the Civil Code, which enumerates the rights that comprise (sic) the domain or absolute ownership over a thing, and among them are those of defense and exclusion, and those of restitution and indemnification, which are further developed in Articles 295 to 315 and 316 to 334, respectively, in such a way that the evidential power of ownership, as a fundamental requirement for the eviction (desalojo) process, is exclusionary in this case for AyA.

B) Although Article 2, subsection c) of Law No. 2726 establishes a duty for the Institute to control the contamination of water bodies, and the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), through various rulings, has referred to the protection of water resources, the Institute cannot violate the legal system and transgress fundamental rights such as property, and in the name of said duty, arrogate to itself powers that go beyond its limit of action.

C) In the event of carrying out a technical study on the property under inquiry, it is the owner's responsibility to create the conditions and coordination so that the safety of the corresponding officials is ensured upon entering the property; likewise, said work must be scheduled in accordance with institutional priority." (See documentary evidence).

y) On February 7, 2022, an official of ICAA addressed memorandum PRE-J-2022-00480 to Fabián Leandro, through which she indicated, "Please find attached the documents that serve as a transfer to respond to the inquiry made: Memorandum UEN-GA-2022-00182, with its two annexes (GSPRHC-2022-00090, UEN-GA-2021-02951), which correspond to the technical opinion of the UEN. As well as Memorandum No. PRE-J-2022-00477 corresponding to the opinion of the environmental legal area." (See documentary evidence).

z) On February 21, 2022, Fabián Leandro sent a writing to Jorge Madrigal García of the Moín Commission of ICAA, in which he expressed:

"(…) However, we were told that AYA could not intervene, and we were told that, in the event of carrying out a technical study on the property under inquiry, it is the owner's responsibility to create the conditions and coordination so that the safety of the corresponding officials is ensured upon entering the property; likewise, said work must be scheduled in accordance with institutional priority.

That is why the owner made the decision to undertake the corresponding study, given the workload and schedule that AyA indicated prevented them from carrying it out.

Therefore, we are asked to please indicate what the areas to be considered by the private company in the aquifer contamination study would be, the terms of reference that must be included in the Study, and the methodology to be employed on the property, so that said study is accepted by AYA.

For future notifications, I offer: I will receive mine at the email [email protected], or at fax 27101678." (See documentary evidence).

aa) On March 2, 2022, the Huetar Caribe Region sent official communication GSP-RHC-2022-00354 to Fabián Leandro Marín, through which it was indicated that his case had been transferred to the UEN Environmental Research and Development (UEN Ambiental Investigación y Desarrollo), "which indicates it will work on preparing the terms of reference for the execution of the pertinent studies." (See documentary evidence).

bb) On March 17, 2022, the UEN Environmental Management (UEN Gestión Ambiental) sent memorandum UEN-GA-2022-00528 to the Huetar Caribe Region of ICAA, through which it was stated:

"In response to the email issued by the Directorate of the Huetar Caribe Region to the Directorate of the UEN Environmental Management (UEN Gestión Ambiental), forwarding the note from Mr. Fabian (sic) Leandro Marín, regarding the case of the property owned by [Name 003], the following is indicated:

1. Through AyA Board of Directors Agreement (Acuerdo de Junta Directiva) No. 2007-177, published in La Gaceta No. 83 — Wednesday, May 2, 2007, the Officialization of the hydrogeological study and vulnerability of the Moín Aquifer, Limón, and the update of the protection zone DGAMB-2007-031 is presented by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados).

2. Through AyA Board of Directors Agreement (Acuerdo de Junta Directiva) No. 2011-112, published in La Gaceta No. 83 — Wednesday, May 2, 2011, the proposed agreement to partially modify Board of Directors Agreement 2007-177 is presented by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, in which restriction guidelines for Zone 6 are established.

3. Through official communication UEN-GA-2021-02951, issued by the UEN Environmental Management (UEN Gestión Ambiental), the following is indicated:

"Therefore, on behalf of the UEN Environmental Management (UEN Gestión Ambiental), it is indicated that prior to issuing recommendations, it is necessary to verify in the field the hydrogeological conditions of the property, specifically the presence and distribution of sinkholes (dolinas) within the lot; therefore, it is required by the interested party, in case of interest in carrying out said survey, to arrange with the Public Force and other competent Institutions to provide the respective accompaniment for the mapping of the structures.

Therefore, on behalf of the UEN Environmental Management (UEN Gestión Ambiental), the following is indicated:

The lots owned by [Name 003] provided by Mr. Fabian (sic) Leandro are located in High Vulnerability Zone 6, within the Protection Zone of the Moín Aquifer (Zona de Protección del Acuífero Moín), which was defined by AyA Board of Directors Agreement (Acuerdo de Junta Directiva) 2011-0112 (Ordinary Session Number 2011-017 of April 7, 2011, and published in La Gaceta No. 83, of May 2, 2011)…"

Therefore, on behalf of the UEN Environmental Management (UEN Gestión Ambiental), it is indicated that the property owned by [Name 003] is located in Zone 6, which has High intrinsic Vulnerability defined by AyA; therefore, the technical study that must be carried out must contemplate this already defined parameter and incorporate the survey of sinkholes (dolinas) (depressions in the ground), which can vary in size, shape, and distribution.

Once the elements are known (high vulnerability and location of sinkholes (dolinas)), an environmental management plan consistent with the activity intended to be carried out must be presented, guaranteeing no impact on the water resource.

Once the study is completed and the final results are presented by the interested party, they must be submitted to the Moín Commission coordinated by the Environmental, Research and Development Sub-Management (Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo). AyA reserves the right to verify the information provided, for which purpose the interested party must arrange for the protection of the officials with the Public Force and other competent Institutions to carry out the site visit." (See documentary evidence).

cc) On March 25, 2022, the Huetar Caribe Region of ICAA issued memorandum GSP-RHC-2022-00483, in which it was detailed:

"In response to the official communication on the matter and the additional information requested via email, and in relation to the complaint for earthworks (movimientos de tierra) in the Villa Plata sector of Moín, Limón, the following is indicated:

- The site for which the complaint is filed, both with the Municipality of Limón and with MINAE SINAC La Amistad Caribe Conservation Area (Área de Conservación La Amistad Caribe), is located on property N° 7-027136-000, whose registered owner is Propiedades Val Di Sole S.A.

However, it is clarified that this property has been the subject of squatter occupation (ocupación precaria) for many years and that the works reported were most likely executed by some of the occupants.

- The property is located within the so-called zone 6 of the recharge area of the Limón Aquifer, for which there are AyA Board of Directors Agreements (Acuerdos de Junta Directiva) (2007-177 and 2011-112) that recommend regulations on land use.

- Due to its squatter condition (condición precaria), there are no formal potable water services on the property.

- Regarding the earthworks (movimientos de tierra), given the time elapsed, they are no longer ongoing. This type of intervention is normally of short duration, hence AyA appeals to local institutions with sufficient authority to stop them.

- This complaint does not correspond to the already addressed case of the Villa del Mar 1 School (see image 1) (…)". (See documentary evidence).

dd) On March 25, 2022, the executive president of ICAA sent a writing to the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) concerning file 064-19-01-TAA, in which it was stated:

"FIRST: Through report GSP-RHC-2022-00476, it is indicated that originally this Institute, through the Huetar Caribe Region Directorate, filed a complaint before the administrative authorities through official communications GSP-RA-2018-02131 and 02132, with a receipt stamp from the Municipality and MINAET (SINAC), a proceeding that was transferred to the Environmental Administrative Tribunal, without SINAC carrying out the corresponding assessment. Said notes evidenced that the earthworks (movimientos de tierra) were in Villa Plata, at the site located at coordinates CRTM 05 North 1105634 and West 602415, specifically 350 meters east and 200 meters north of El Empalme de Moín.

The preceding coordinates are located on the property of [Name 003], with legal identification number 3-101-663655, properties 7-27136, PLAN: L-0509859-1983, PROPERTY IDENTIFIER: 701010027136 and of the property PROPERTY: 27138 PLAN: L-0509860-1983, PROPERTY IDENTIFIER: 701010027138, both of the PROVINCE: LIMON.

Report GSP-RHC-2022-00483 indicates, regarding the verification of the location of the originally cited coordinates, that:

"…- The site for which the complaint is filed, both with the Municipality of Limón and with MINAE SINAC La Amistad Caribe Conservation Area (Área de Conservación La Amistad Caribe), is located on property N° 7-027136-000, whose registered owner is Propiedades Val Di Sole S.A.

However, it is clarified that this property has been the subject of squatter occupation (ocupación precaria) for many years and that the works reported were most likely executed by some of the occupants.

- The property is located within the so-called zone 6 of the recharge area of the Limón Aquifer, for which there are AyA Board of Directors Agreements (Acuerdos de Junta Directiva) (2007-177 and 2011-112) that recommend regulations on land use.

- Due to its squatter condition (condición precaria), there are no formal potable water services on the property.

- Regarding the earthworks (movimientos de tierra), given the time elapsed, they are no longer ongoing. This type of intervention is normally of short duration, hence AyA appeals to local institutions with sufficient authority to stop them…"

SECOND: Through official communication PRE-J-2021-04524, communicated by email, the situation regarding access to property 7-027136-000, where the earthworks (movimientos de tierra) were carried out, which is invaded, was forwarded and made known on October 13, 2021, to Mr. Fabián Leandro, representative of the current owners of said property:

"The purpose of this email is for you to inform me of the result of the proceeding carried out with that administrative office of AYA for the eviction (desalojo) of the people who are contaminating the Moín Aquifer and who are also on property [Name 002], with legal identification number 3-101-663655, properties 7-27136 DUPLICATE: HORIZONTAL: RIGHT: 000, SEGREGATIONS: NONE, NATURE: PASTURE LAND AND PARTLY FOREST, LOCATED IN DISTRICT 1-LIMON CANTON 1-LIMON OF THE PROVINCE OF LIMON, PROPERTY IS IN A CADASTRED ZONE, BOUNDARIES: NORTH: QUEBRADA AND JOSE JOAQUIN ROJAS QUIROS, SOUTH: PUBLIC STREET WITH 529.18 METERS, EAST: QUEBRADA AND JUAN SARKIS ESTEFANO, WEST: WITH COSAS DE MADERA S A, MEASURES: THREE HUNDRED TWENTY-TWO THOUSAND FOUR HUNDRED TWENTY-ONE SQUARE METERS AND THIRTY-TWO SQUARE DECIMETERS, PLAN:L-0509859-1983, PROPERTY IDENTIFIER:701010027136 and of the property PROVINCE: LIMON PROPERTY: 27138 DUPLICATE: HORIZONTAL: RIGHT: 000, SEGREGATIONS: NONE, NATURE: LAND WITH 4 HOUSES AND OTHERS, LOCATED IN DISTRICT 5 1-LIMON CANTON 1-LIMON OF THE PROVINCE OF LIMON, PROPERTY IS IN A CADASTRED ZONE, BOUNDARIES: NORTH: PUBLIC STREET, SOUTH: RAILROAD LINE AND OTHER, EAST: PUBLIC STREET AND OTHER, WEST: RAILROAD TRAIL, MEASURES: FIFTY-ONE THOUSAND THREE HUNDRED FIFTY-FIVE SQUARE METERS AND TWENTY-THREE SQUARE DECIMETERS, PLAN:L-0509860-1983, PROPERTY IDENTIFIER: 701010027138.

Both properties are located in a place called Villa Plata, which is a squatter settlement (precario) where there are a large number of houses and people usurping the property.

Said properties are located one hundred percent within zone 6 described in official communication No. 2007-177, SUBJECT: Officialization of the hydrogeological study and vulnerability of the Moín Aquifer, Limón, and the update of the protection zone DGAMB-2007-031, and within it there are a large number of residential houses, squatters (parceleros) who are illegitimately occupying the property and at the same time generating environmental damage and contamination of the aquifer.

My inquiry is how AYA can help us to initiate an eviction (desalojo) process for all the people who are contaminating the aquifer…"

Based on what has been indicated, it is noted that, despite the fact that at the time of the complaint (2018) the earthworks (movimientos de tierra) were the responsibility of the registered owner, they did not continue after the reported events. Therefore, it is not possible to reliably identify today what the consequence thereof was or (sic) to measure the damage caused at the time of their execution. This Institute, due to the current situation of invasion of the property, which is currently a consolidated settlement on the property of [Name 003], with legal identification number 3-101-663655, properties 7-27136, PLAN:L-0509859-1983, PROPERTY IDENTIFIER:701010027136 and of the property PROPERTY: 27138 PLAN:L-0509860-1983, PROPERTY IDENTIFIER: 701010027138, both of the PROVINCE: LIMON, cannot at this time facilitate the identification of the person who caused the environmental damage, for what corresponds to that Environmental Tribunal in the search for the real truth of the facts, as well as for what corresponds to the right of defense of the presumed causers of the damage to the environment and to the health of persons by action or omission." (See documentary evidence).

ee) On April 8, 2022, the Limón Cantonal Unit of ICAA issued document GSP-RHC-L-2022-00494 addressed to the Asociación de Desarrollo Integral Villa Plata, in which it was stated:

"As an addendum and clarification to official communication GSP-RHC-L-2022-00488 of April 7, 2022, I would like to refer very respectfully to the following:

1. While it is true that sworn statements are for unregistered lands, Villa Plata has a registered property (has a registered owner), which is why this proceeding is not appropriate for the case in question. It is also clarified that the survey plans and sworn statements do not apply to the case of Villa Plata, because the settlement has a registered owner.

2. Villa Plata is an unauthorized settlement by the registered owner of the Property, which is why its inhabitants do not hold title to the real estate. For this reason, AyA cannot assess the feasibility of providing its service in Villa Plata. Considering the foregoing, it is not possible to carry out a field inspection in accordance with what was requested in your document received at this Office on March 25, 2022, since the settlement is of a private nature.

3. Villa Plata is located in a strategic zone within the recharge areas of the Moín Aquifer, especially concerning the so-called "Zone 6," with established recommendations regulated by AyA Board of Directors Agreements (Acuerdos de Junta Directiva) No. AN-2007-177 and No. 2011-112. The mentioned agreements are attached.

4. The request for services for Villa Plata is not just about the supply of potable water, but about a complete regularization, complying with all other services, within which the solution for wastewater, lot size, and impermeable area are of importance due to the foregoing and due to what is indicated in the already mentioned AyA Board of Directors Agreements, which are binding according to what was indicated by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional). This means that, even if the issue of land ownership of Villa Plata is resolved, the recommendations of the Board of Directors Agreements, treatment and solution of wastewater, hydraulic and water capacity, among others, must be considered.

This being a settlement in squatter condition (condición precaria), it is not possible to analyze or suggest regarding the request filed until the land tenure is resolved, and the requirement is adjusted to the mentioned Board of Directors Agreements (…)". (See documentary evidence).

ff) On May 5, 2022, the minister of MINAE and the executive president of ICAA were notified of the resolution granting leave for this appeal. (See notification records).

gg) On May 9, 2022, ICAA prepared technical report PRE-J-2022-01740 regarding "Squatter Settlement (Precario) Villa Plata Properties 00027138-000 and 00027136-000," in which it was stated:

"A) Complaints Filed:

Table No. 1 shows the Complaints filed for earthworks (movimientos de tierras), tree felling within Zone 6 of Moín, or installation of activities not compatible with the Regulation Recommendations established in AyA Board of Directors Agreement (Acuerdo de Junta Directiva) 2011-112.

To be concise on the requested matter, only the evidence regarding the Villa Plata informal settlement (Precario Villa Plata) will be attached, which will be presented as annexes to this document and are those marked in yellow (…)

Detailing the complaints related to the Villa Plata informal settlement:

Complaint No. 7 and No. 8: In September 2018, Engineer Jose Matarrita of AyA Huetar Caribe Region filed these complaints through Official Letters GSP-RA-2018-02131 and GSP-RA-2018-02132 (Attached), which were notified to both MINAE authorities and the Municipality of Limón, regarding illegal earthworks (movimientos de tierra) in the Villa Plata informal settlement and within the property Folio Real No. 27136-000. To date, it is being processed through the Environmental Administrative Tribunal Expediente No. 064-19-01-TAA.

Complaint No. 9: In March 2019, Engineer Alejandro Rodríguez Vindas of AyA Huetar Caribe Region filed Official Letter GSP-RA-2019-00456 reporting forest clearing (corta forestal) and earthworks (movimiento de tierra) in the Forested Zone of the Moín Aquifer, which was notified to both MINAE authorities and the Municipality of Limón, regarding illegal earthworks and clearing of forest vegetation.

As shown in Figure No. 1, part of these earthworks and clearing of forest vegetation occurred on the southeastern side of the Farm Folio Real No. 27136-000 (…)

From these complaints, it is evident that AyA has applied the mechanisms permitted by the legal framework to report the clearing of vegetation and earthworks on the property Folio Real No. 27136-000, a situation that has not been addressed by the competent authorities nor by the owner of the property, whom it has never been possible to contact when such complaints are made.

B) Development of New Projects:

Table No. 2 shows the main applications for New Projects in Zone 6 of the Moín Aquifer. To demonstrate that it is feasible to carry out projects in Zone 6 of the Moín Aquifer, the Projects that have obtained approval (visto bueno) and water availabilities (disponibilidades de agua) required to build them are marked in green; as can be seen from the results obtained, of 10 proposed Projects, 50% were approved by AyA to begin the corresponding construction procedures, through the issuance of water availability letters (…)

(…) the Regulatory Recommendations established by AyA in Board of Directors Agreement No. 2011-112 do not empty the owner's right to carry out activities and Projects of various kinds, as has been demonstrated. In fact, the execution of projects on Zone 6 of the Moín Aquifer requires that the proposed Project be environmentally friendly; making considerations that maximize aquifer recharge and minimize the impact of generated wastewater through treatment systems, which allow protecting and safeguarding the quality of the water resource.

In addition to this approach, it is noted that in the period of the years 2020 and 2021; as shown in Table No. 3, there were 80 applications for potable water availability for single-family housing, of which 54% or 43 water availability applications were approved by the Cantonal Office of Limón, within Zone 6 of the Moín Aquifer, which reinforces the fact that it is feasible to develop properties within this zone (…)

C) Existing Facilities:

Table No. 4 shows the main criteria given by AyA Huetar Caribe Region, regarding Existing Facilities and how to achieve that these facilities comply with the Regulatory Recommendations given by AyA depending on the sector where they are located and according to criteria of Board of Directors Agreements No. 2007-177 or No. 2011-112. To be concise on the requested matter, only the evidence regarding the Villa Plata informal settlement will be attached, which will be presented as annexes to this document and are those marked in yellow (…)

In the case of the Villa Plata informal settlement, multiple criteria issued by the Cantonal Office of Limón have been expressed over time; in the case of Table No. 4, 3 of them are indicated, in which the criterion has been reiterated that it is not possible to grant water service, nor water availabilities, nor the possibility of placing public standpipes (pajas públicas) within the informal settlement. Additionally, in all the notes, the location of this informal settlement is indicated within the recharge and water protection zone of the Moín springs (nacientes), where compliance with Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112 must be ensured (…)

(…) the Villa Plata informal settlement has been established for many years; in fact, the seal of the Development Association printed on the application indicates the year 2010, this can be corroborated with Figure No. 9, where by extracting an image from Google Earth dated February 2010, a large number of internal roads, dwellings, areas without forest, etc., already exist within properties 00027138-000 and 00027136-000. (…)

The foregoing is very important to note given that the owners of these lands indicate that AyA has not done what is necessary to protect the Moín Aquifer; however, there is sufficient documentary evidence to demonstrate that for more than 14 years, AyA has denied the availabilities (disponibilidades) of potable water services in the Villa Plata informal settlement and that during that same time, there is no record of any action by the owners of these lands to recover them; however, independently of this fact, AyA has made the complaints and taken the actions that the law allows within what the report has termed “existing facilities” in Zone 6, so that Board of Directors Agreement No. 2011-112 is complied with (…)

Finally, AyA, in the case of Zone 6 of the Moín Aquifer, has carried out different Projects or actions and plans to do other activities that allow improving the Protection of the Water Resource of the Moín Springs, among them are:

V) Creation of the Moín Aquifer Commission:

In July 2010, AyA created a Multidisciplinary Commission to resolve pending cases, at that date, regarding the Moín Aquifer, called the “Moín Aquifer Commission.” In this body, there is representation from the Environmental Unit, Legal Department, the Deputy General Management of AyA, and officials from the Huetar Caribe Region. Currently, this Commission issues, in a collegial manner, the technical criteria in projects or cases that so warrant in the Zones established in Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112.

B) Construction of the Potable Water Treatment Plant:

Within the tenth point of Agreement No. 2007-177, it was indicated:

“Unless it is demonstrated that the Moín sources have been irreversibly affected, according to regulations, by the Químicos Holanda event, they must be kept in use for supply to the population for technical and demand reasons; with the following conditions: Order the immediate construction of a treatment plant, including an activated carbon system or the technology necessary to ensure quality against any possible contamination. Studies must be initiated immediately to define the possibility of using the upper basin of the Banano River with a view to substituting the Moín sources in case they become contaminated by the industrial activities developed in the basin”

In compliance with that agreement and as observed in Figure No. 10, the Moín Treatment Plant has been operating since March 2012, at a cost in the order of ¢ 400,000,000.00 (Four hundred million colones).

This plant allows treating the waters of the spring (naciente), by removing turbidity and organic load present in the waters of the Moín Springs and thus guaranteeing the potability of the water provided to the population. It is important to indicate that this plant is not capable of treating hazardous substances, chemicals, fuels, etc. (…)

C) Communication at the Highest Level:

As recorded in document PRE-1426-2012 in November 2012, the Executive President of AyA, Eng. Yesenia Calderón Solano, notified the Mayor of the Municipality of Limón, Lic. Nestor Mattis Williams, regarding the application of AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112, within the Limón Regulatory Plan (Plan Regulador), finally indicating: (…)

Similarly, through Official Letter PRE-1426-2012 in November 2012 (attached), the Executive President of AyA, Eng. Yesenia Calderón Solano, notified Eng. Uriel Juárez Baltodano of the Environmental Technical Secretariat (Secretaria Técnica Ambiental), notifying him about the application of AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112.

D) Lidar Project: Through Contract No. 2017FTS-00113-PRI for an amount of 20 million colones, the AyA Department of Hydrographic Basins contracted the Services for surveying, identifying, and systematizing technical information as a mechanism for integrating information under the basin concept, applied through a photogrammetric and Lidar study on Zone 6 of the Moín Aquifer.

Among the results obtained and as shown in Figure No. 11, it was possible to identify the sinkholes (dolinas), sumps (sumideros), and topographic depressions within the zone, which allows identifying the density of these elements within the properties where the execution of new Projects in Zone 6 of the Moín Aquifer is requested; once these structures are identified, the AyA Environmental Unit carries out the on-site survey and issues the corresponding criterion on them. This information allows assessing the conceptualization of projects on the aforementioned Zone 6 to issue their water availabilities (disponibilidades de agua) and to corroborate the information provided by developers. (…)

E) Project for the Construction of the Sanitary Sewer System and Wastewater Treatment Plant of Moín:

As part of the efforts made by AyA for the Protection of the Moín Aquifer, within the Potable Water and Sanitation Program for Coastal Zones, Service Quality and Efficiency Management BCIE 2188, there is Project BPIP 1984 called “Construction of the Sanitary Sewer System of Moín,” which aims to construct the sanitary sewer system in the area shown in Figure No. 12 and the construction of a Wastewater Treatment Plant shown in Figure No. 13, all within the sectors with the highest population density within Zone 6 of the Moín Aquifer (…)

CONCLUSIONS:

1) AyA, for more than 19 years, has made the necessary complaints to the Municipality of Limón and the Ministry of Environment and Energy to halt earthworks (movimientos de tierra) and clearing of forest vegetation at the moment an impact on the Recharge zones of the Moín Aquifer is detected. Additionally, it reports the existence of activities that are not compatible with the Regulatory Recommendations established in AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112.

2) AyA, for more than 19 years, has reviewed that the conceptualization of New Projects in the Recharge Zones of the Moín Aquifer complies with the Regulatory Recommendations established in AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112, allowing to date the execution of 50% of the Projects presented, with successful results, as is the example shown where the Matama Village Apartments have been in operation for 6 years, without generating any risk of contamination to the Moín Aquifer.

3) In the years 2020 and 2021, 54% of the water availabilities for single-family housing construction in Zone 6 of the Moín Aquifer have been approved.

4) Considering what is indicated in conclusions 2 and 3, there is no doubt that the development of different types of Projects in Zone 6 of the Moín Aquifer is feasible, meaning that these regulations do not empty the owner's right to carry out activities and Projects of various kinds, as has been demonstrated.

5) With respect to existing activities, it is demonstrated that AyA, for 19 years, has issued the necessary criteria to ensure that current activities comply with the Regulatory Recommendations established in AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112.

6) In the particular case of the Villa Plata informal settlement, to date, no water service availability (disponibilidad de servicio de agua) or public standpipe (paja pública) has been provided for this development, where recurrently, the Integral Development Association of Villa Plata is informed of the Regulatory Recommendations established in AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112 and the impossibility of providing the services; likewise, the respective complaints have been filed within the informal settlement itself. All the foregoing in protection of the ownership of both properties.

7) The highest-level authorities of AyA have requested compliance with Voto No. 2008-004751 of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), so that the Municipality of Limón modifies the Regulatory Plan (Plan Regulador) to incorporate the Regulatory Recommendations established in AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112.

8) There is no record in our archives and files of any action taken by the owner of Farms No. 00027138-000 and 00027136-000 to stop the occupation for more than 14 years of the Villa Plata informal settlement, and there has been no prior communication from the owner with the Huetar Caribe Region that would have allowed coordinating the complaints that have been filed or to keep them informed about the result of the potable water request procedures carried out by the Integral Association of the Villa Plata informal settlement on their lands.

9) The Institute has carried out important projects for the Protection of the Moín Aquifer, such as the construction of the Moín Potable Water Treatment Plant, the Development of the Lidar Project already explained, and in the future, the execution of the Moín sanitary sewer system and its Wastewater Treatment Plant, where the Villa Plata Sector (Sector 3) is included as part of the treatment flow, since it is unknown what will happen in the future with the Villa Plata informal settlement, precisely due to the inaction of its owners for several years.

10) With all the foregoing, it is demonstrated that what was pointed out by the appellant regarding Institutional inaction lacks technical and documentary support, as demonstrated in this report.” (See documentary evidence).

hh) On May 9, 2022, the UEN Environmental Management (UEN Gestión Ambiental) of ICAA signed memorandum UEN-GA-2022-00850, which stated:

“(…) II. Inter-institutional Coordination Actions

AyA, as the governing institution in population supply, has carried out research with the objective of generating the technical support that allows the protection of the water resource in the Moín Aquifer, from which part of the population of Limón is supplied.

Due to the above, AyA has carried out actions with different competent institutions to socialize the technical information that has been generated and to advise them from the hydrogeological, legal, and operational point of view, so that the information provided is a tool in the technical assessments carried out by the entities.

Below is a summary of the efforts made between the years 2018, 2019, and 2020:

1. Through official letter UEN-GA-2018-00322 (Annex 3), the UEN Environmental Management consults the Directorate of the Ministry of Health regarding the operating permit for a project located in Zone 6 of the Moín Aquifer, Limón.

2. Through official letter DR-HC-0488-2018 (Annex 4), the Regional Directorate of the Ministry of Health in Limón responds to official letter UEN-GA-2018-00322, in which it informs that it will be responding to the request shortly through Dr. Giselle Lucas Bolívar, director of the Rector Health Area (Área Rectora de Salud) of Limón.

3. Through official letter UEN-GA-2018-00556 (Annex 5), the UEN Environmental Management requests from the Rector Health Area technical information regarding operating permits for the project IRR ALCARIBE, located in Zone 6, Moín.

4. Through a meeting held on October 2, 2018 (Annex 6), between SENARA and AYA, the technical information related to the Matama Village Project is presented, where it is agreed to share the information regarding Zone 6 held by AyA.

5. Through official letter UEN-GA-2018-01659 (Annex 7), dated October 2, 2018, the UEN Environmental Management delivers to SENARA the technical study called: “Services for surveying, identification and systematization of technical information as a mechanism for integrating information under the basin concept, application through a photogrammetric and LiDAR study in a sector of the Moín Aquifer, Limón”

6. Through official letter UEN-GA-2018-01975 (Annex 8) dated November 21, 2018, the Moín Commission requests from the Municipal Mayor information on the administrative file of the Company Ticontainers.

7. Through official letter PRE-2019-00516 (Annex 9), the Executive Presidency of AyA requests the Municipal Mayor and the Municipal Council of Limón, as well as the Regional Director of the Ministry of Health and the Rector Health Area of Limón, a meeting to address a case of a project in Zone 6, in which it indicates:

“Given this, you are kindly requested to be part of the meeting with AyA technicians (UEN Environmental Management, Urbanizations Directorate, Legal Directorate, Regional Directorate), on May 22, 2019 (date set with sufficient notice for coordination of respective agendas), at 08:30 am at the offices of the AyA Regional Directorate located in Barrio Roosevelt, Limón, and subsequently, if deemed appropriate, a field visit.”

8. Through Agreement SM-248-2019 (Annex 10), dated May 7, 2019, the Municipal Council of Limón, in reference to AyA official letter PRE-2019-00516, indicates:

“IT IS AGREED: To confirm the participation of the following persons: Alma Maxwell Daley, Eladio Arce Coto, Johnny Smith Bennett – Proprietary Councilors; Ana Yan Leung – Alternate Councilor; Larry Wein Calvin – Proprietary Syndic and Johana Watson Martínez – Alternate Syndic; in order that they attend on May 22, 2019”

9. Through a meeting on May 22, 2019 (Annex 11), held at the AyA Regional Directorate in Limón, the following officials participated: (…)

Where it is agreed: 1. To create a Moín Inter-institutional Commission, made up of at least one representative from each of the institutions, AyA, MinSa, Municipality. Which will jointly analyze the verification of no contamination impact on the sources captured by AyA, in the operating permits located in Zone 6 Moín…

…6. To extend an invitation to the Water Directorate (Dirección de Aguas) of MINAE to participate in the Inter-institutional Commission…

…For the case of the Company Ticontainers, a joint inspection is agreed upon, on July 4, 2019, after which technical recommendations will be issued…”

10. Through official letter GSP-RA-2019-01013 (Annex 12), issued by the AYA Regional Directorate, an audience is requested from the Municipal Council of Limón to present, on behalf of the AyA Moín Commission, the environmental, technical, and legal scopes of Zone 6 Moín, as a Zone of Strategic Interest for Water Catchment (Zona de Interés Estratégico de Captación), the Board of Directors Agreements 2007-117 and 2011-017 of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados).

11. Through Agreement SM-331-2019 (Annex 13), dated June 11, 2019, the Municipal Council of Limón, in reference to the audience request issued by AyA, indicates:

“IT IS AGREED: The Audience is authorized for Wednesday, June 19, 2019, at 5:00 p.m.; in the Session Hall of the Municipality of Limón.”

12. Through an email sent by the Directorate of the UEN Environmental Management dated June 12, 2019 (Annex 14), addressed to the representatives of the Inter-institutional Commission formed at the meeting of May 22, 2019, the participation in the session of the Municipal Council of Limón on June 19, 2019, at 05:00 pm is coordinated.

13. Through an email sent by the Directorate of the Rector Health Area (Annex 15), dated June 17, 2019, a presentation is coordinated by AyA to the technical staff of the Ministry of Health on the research carried out in Zone 6, and on legal and operational aspects.

14. Through a meeting held on June 19, 2019 (Annex 16) at the AyA Regional Directorate in Limón, AyA presents the AyA Board of Directors Agreements to the officials of the Ministry of Health.

15. Through the Municipal Session of June 19, 2019, AyA presents the AyA Board of Directors Agreements to the Municipal Council.

16. Through Extraordinary Minutes No. 33 of Wednesday, June 19, 2019 (Annex 17), the agreements of the municipal session are presented, in which AyA presented technical aspects regarding Zone 6 of the Moín Aquifer, among which it is indicated:

“MOTION: To appoint the following persons to be part of the AyA Inter-institutional Commission; Lic. Ana Cecilia Yan Leung-Alternate Councilor, Eng. Antonio Babb Reid-Municipal Engineering Directorate and Eng. Erwing Amador Ulloa-Municipal Census and Cadastre Unit.”

17. Through an email of June 25, 2019 (Annex 18), the UEN Environmental Management sends the Water Directorate the technical presentation made on June 19, 2019, at the Municipal Council of Limón and the AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112.

18. Through an inspection carried out on July 11, 2019 (Annex 19), a field visit is made by AyA and Ministry of Health officials to the Ticontainers project.

19. Through official letter UEN-GA-2020-00494 (Annex 20), issued by the UEN Environmental Management, the inspection report of the field visit carried out at Ticontainers is sent to the Rector Health Area in Limón and coordination for future meetings is arranged, wherein it indicates:

“Likewise, your consent is requested to continue accompanying inspections on projects located in Zone 6, it being of particular interest to the Moín Commission to hold a meeting to prepare a schedule for the year 2020, therefore we propose Thursday, March 26, at 1:00 pm at your facilities or at the facilities of the AyA Huetar Caribe Region, we await your availability, by email or note in response to this date proposal, with the following contacts:

• M.Sc. Viviana Ramos Sánchez, Director UEN Environmental Management Email: [email protected]

• Geol. Christian Delgado Segura, Director Functional Hydrogeology Area Email: [email protected]”

20. Through official letter MS-DRRSHC-ARSL-01437-2020 (Annex 21), the Directorate of the Rector Health Area of Limón sends the Directorate of the UEN Environmental Management the technical report MS-DRRSHC-IT-01030-2020, regarding the Ticontainers case.

21. Through official letter UEN-GA-2020-00836 (Annex 22), the UEN Environmental Management informs the Directorate of the Rector Health Area of the cancellation of the meeting due to the pandemic and its rescheduling, wherein it indicates:

“In response to official letter UEN-GA-2020-00494, where a meeting on the Ticontainers Project is requested, to be held on March 26, 2020, very kindly and in reference to the country's situation, in the presence of Covid-19, the meeting will be rescheduled for April 23, 2020, at 1:00 pm, at your facilities or at the facilities of the AyA Huetar Caribe Region, we await your availability, by email or note in response to this date proposal…”

22. Through official letter UEN-GA-2020-01399 (Annex 23), the UEN Environmental Management informs the Directorate of the Rector Health Area of the following:

“Most attentively, and according to document UEN-GA-2020-00836, dated March 18, 2020, indicating the date of April 23, 2020, as a tentative date to hold a follow-up meeting on the Ticontainers Project and other companies, and due to the Covid-19 emergency, it will have to be rescheduled until further notice, since the in-person meeting and conducting the field tour on the same day is extremely important.”

23. Through official letters UEN-GA-2018-01766 (Annex 24), PRE-2019-00009 (Annex 25), PRE-2019-00810 (Annex 26), PRE-2020-00865 (Annex 27), issued by AyA, organized groups such as the Development Association for Ecology have been informed about coordination and approach actions with the institutions and the Local Government, in relation to projects in Zone 6 of the Moín Aquifer.

It is important to note that AyA, since the publication of Board of Directors Agreement 2007, has carried out coordination actions with the different public institutions; however, to address the amparo appeal (recurso de amparo), a summary of the actions executed during the years 2018, 2019, and 2020 is presented.

Additionally, due to a public health issue, within the framework of the COVID pandemic, the Ministry of Health has had a significant workload and leadership in addressing it, which is why AyA has not continued with in-person meetings and inspections, because it requires the accompaniment of the Ministry, which is the competent entity to enter properties to inspect activities that do not impact the water resource used for population supply. However, AyA, upon an urgent inspection request for a project and with the endorsement of the owner and the corresponding security measures, is fully willing to carry it out if necessary.

III. Cases of application of Board of Directors agreement in development projects.

In accordance with the institutional interest in conserving the quantity and quality of the groundwater captured at the Moín Sources and compliance with the Board of Directors agreements cited in section I of this official letter, AyA has supervised field surveys, meetings with interested parties, and prepared technical reports, so that the activities carried out are consistent with the AyA Board of Directors Agreements.

Below are some examples where interested parties have submitted technical reports:

a. Through official letter PRE-2018-00116 issued by the Executive Presidency of AyA, a criterion is issued in reference to the field surveys carried out by AyA on the properties with Plan 7-1615161-2012 (Musmanni) and 7-1615160-2012 (Sarkis)

b. Through official letter UEN-GA-2016-00363, issued by the UEN Environmental Management, the following information is sent:

• Observations corresponding to the review of the “Detailed Hydrogeological Study, analysis of vulnerability to aquifer contamination and review of the protection zones of the Moín Aquifer (Zone 6) for the properties according to cadastres L-862177-2003 and L-859280-2003”, prepared by the Company Geotest, November 2015.

• The technical report called “GEOLOGICAL INSPECTION, PLAN L-86217-2003 and L-859280-2003 MOIN, LIMON”, prepared by the Functional Hydrogeology Area of the UEN Environmental Management, is presented.

c. Through official letter UEN-GA-2020-00494, issued by the Moín Commission, the inspection report carried out jointly between AyA and the Ministry of Health at the Ticontainers Project located in Zone 6 of the Moín Aquifer, Limón, is sent to the Ministry of Health, in which the results obtained in the field visit are reported, as well as technical recommendations.

d. Through official letter UEN-GA-2021-00736, issued by the UEN Environmental Management, in reference to the consultation made by Lic. Andrés Chaves on behalf of Mr. Jesús Sarkis Dejuk, the following is indicated:

“"…There is an invasion of 150 people who guard the different accesses to the property with weapons…"

"Given this indication, it will be necessary for the property owner to take the necessary steps in coordination with the public force to safeguard the safety of the AyA officials, who will be carrying out the corresponding field corroboration in the presence of the registered owner or their authorized representative, in addition to providing written access permits to the property to the UEN Environmental Management.

These requirements indicated in the previous paragraph must be coordinated by the property owner because AyA does not have infrastructure intended for public service on the property."

Regarding the procedure with the public force, the corresponding document from this entity is required, supporting the accompaniment throughout the entire journey with AyA officials, with 4 officers being necessary for the field work.

Therefore, the UEN Gestión Ambiental requests, with the objective of addressing the consultation corresponding to plan L-768772-2002, that, with at least 15 business days' notice, the date for carrying out the field corroboration be indicated, so that this Institute can coordinate internally what is applicable and confirm whether the proposed date is viable according to work schedules."

IV. Case addressing the appeal.

In addressing the case concerning the amparo appeal with Docket No. 22-008354-0007-CO, filed by Mr. [Name 001], the following actions carried out by the Moín Commission are indicated:

By email dated October 13, 2021, issued by Lic. Fabian (sic) Leandro (Annex 28), a consultation is made to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in which it is stated:

"My consultation is regarding how AYA can help us to initiate an eviction process for all the people who are contaminating the aquifer, since in a vote of the Constitutional Chamber, Resolution date: August 1, 2008 at 10:11 a.m., Docket: 07-009140-0007-CO, of the Constitutional Chamber, which consists of an amparo appeal that was filed directly concerning the Moín aquifer case, the obligation of AYA was ordered to exercise administrative powers to protect the aquifers."

2. By email dated October 14, 2021 (Annex 29), the Dirección Jurídica requests Lic. Fabian (sic) Leandro for the information regarding the .shp file with the delimitation of the property under consultation.

3. By email dated November 3, 2021 (Annex 30), the file named "prop valdi shp," provided by Lic. Fabian (sic) Leandro, is attached by the Dirección Jurídica – Environmental Legal division.

4. By official communication UEN-GA-2021-02951 (Annex 31), dated November 15, 2021, issued by the UEN Gestión Ambiental, a response is given to the Dirección Jurídica regarding Lic. Fabian (sic) Leandro's consultation, in which it is indicated (Figure 2):

"Therefore, on behalf of the UEN Gestión Ambiental, the following is indicated:

a. The lots owned by [Name 003] provided by Lic. Fabian (sic) Leandro are located in Zone 6 of High Vulnerability, within the Moín Aquifer Protection Zone, which was defined by AyA Board of Directors' Agreement 2011-0112 (Ordinary Session Number 2011-017 of April 7, 2011, and published in La Gaceta No. 83, of May 2, 2011).

b. It is recommended that the Legal Area of the Huetar Caribe Region consult the Dirección Regional Huetar Caribe, with the objective of having it state whether there is operational infrastructure intended for public water supply service on the property (…)

c. Regarding the collaboration for the eviction process of all persons who are contaminating the aquifer, it is important that recommendations be established from the Legal standpoint, so that the UEN Gestión Ambiental can provide support as applicable."

5. By official communication GSP-RHC-2022-00090, dated January 20, 2022 (Annex 32), issued by the Dirección Región Huetar Caribe, the following is indicated:

"Regarding the consultation received, I must indicate the following:

1. The described property is indeed located within the so-called Zone 6; in this zone, there is a 300 mm HF pipe carrying water from the Moín treatment plant to the Pueblo Nuevo tank, which does not mean that this pipe is on that specific property.

2. Regarding eviction requests, I must indicate that it is not the responsibility of this Directorate to manage the eviction of properties belonging to a third party; we have done this for AyA properties. We have also brought the situation to MINAE's attention; however, I reiterate, we cannot take steps to bring about evictions on a property that does not belong to the Institute. In fact, the police authorities do not even accept the complaint if they are not filed by the registered owner."

6. By official communication UEN-GA-2022-00182 (Annex 33), dated January 28, issued by the UEN Gestión Ambiental to the Dirección Jurídica, the following is indicated:

"Due to the foregoing, the following opinions issued in this matter are attached:

• Memorandum UEN-GA-2021-02951, issued by the UEN Gestión Ambiental (Annex 1).

• Memorandum GSP-RHC-2022-00090, issued by the Dirección Regional Huetar Caribe of the Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos (Annex 2).

Therefore, on behalf of the UEN Gestión Ambiental, the corresponding official communications for the case under consultation are forwarded, it being necessary that recommendations regarding the involvement and support from the institutional areas be defined from the Legal standpoint, as applicable."

7. By official communication PRE-J-2022-00477 (Annex 34), dated February 7, 2022, issued by the Dirección Jurídica, the following is indicated:

"In accordance with what is indicated in the technical opinions, GSP-RHC-2022-00090, UEN-GA-2021-02951, and UEN-GA-2022-00182, this should be communicated to the interested party, reiterating that:

A) AyA, by the principle of legality, cannot institute eviction processes on private properties, as said power is exclusive to the owner of the property's title, in accordance with Article 264 of the Civil Code, which lists the rights that comprise title or absolute ownership over a thing, and among them are the rights of defense and exclusion, and those of restitution and indemnification, which are further developed in Articles 295 to 315 and 316 to 334, respectively. Thus, the probative power of ownership, as a fundamental requirement for the eviction process, is exclusionary in this case for AyA.

B) Although Article 2, subsection c) of Law No. 2726 establishes a duty for the Institute to control the contamination of bodies of water, and the Constitutional Chamber, through various rulings, has referred to the protection of water resources, the Institute cannot violate the legal system and infringe upon fundamental rights such as property. In the name of said duty, it cannot arrogate powers that go beyond its scope of action.

C) In the event of conducting a technical study on the property under consultation, it is the owner's responsibility to create the conditions and coordination to ensure the safety of the corresponding officials upon entering the property; likewise, said work must be scheduled in accordance with institutional priority."

8. By official communication PRE-J-2022-00480 (Annex 35), dated February 7, 2022, issued by the Dirección Jurídica, the institutional opinions are forwarded to Lic. Fabian (sic) Leandro, in which it is indicated:

"Please find attached the documents serving as a referral to respond to the consultation made: Memorandum UEN-GA-2022-00182, with its two annexes (GSPRHC-2022-00090, UEN-GA-2021-02951), which correspond to the UEN's technical opinion. As well as Memorandum No. PREJ-2022-00477 corresponding to the environmental legal area's opinion."

9. By note dated February 21, 2022 (Annex 36), issued by Lic. Fabian (sic) Leandro, the Moín Commission is requested to provide the technical aspects to consider in the hydrogeological study to be conducted on the property.

10. By official communication UEN-GA-2022-00528 (Annex 37), dated March 17, 2022, the UEN Gestión Ambiental, in response to Lic. Fabian (sic) Leandro's note, indicates:

"Therefore, on behalf of the UEN Gestión Ambiental, it is indicated that the property owned by [Name 003] is located in Zone 6, which has High intrinsic vulnerability as defined by AyA. Thus, the technical study to be conducted must contemplate this previously defined parameter and incorporate the survey of sinkholes (dolinas) (depressions in the terrain), which can vary in dimension, shape, and distribution. Once the elements are known (high vulnerability and sinkhole location), an environmental management plan must be submitted that is concordant with the activity intended to be carried out, guaranteeing no impact on the water resource.

Once the study is completed, where the final results are presented by the interested party, it must be submitted to the Moín Commission coordinated by the Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo. AyA reserves the right to verify the information provided, for which purpose the interested party must arrange for the protection of the officials with the Public Force and other competent Institutions to conduct the site visit."

Therefore, on behalf of the UEN Gestión Ambiental, the following is indicated:

a. AyA Board of Directors' Agreements 2007-117 and 2011-112 establish recommendations for the protection of the Moín aquifer, so that the activities developed are sustainable with the environment and there is no impact on the water resource captured at the Moín sources for public supply.

b. The lots mentioned in the appeal, owned by [Name 003], are located in Zone 6 of High Vulnerability, within the Moín Aquifer Protection Zone, which was defined by AyA Board of Directors' Agreement 2011-0112 (Ordinary Session Number 2011-017 of April 7, 2011, and published in La Gaceta No. 83, of May 2, 2011), which include recommendations to ensure the quality and quantity of the water resource used for public supply.

c. AyA, with the objective of monitoring the Board of Directors' agreements, formed the Moín Commission internally within the institution, which is composed of the UEN Gestión Ambiental, the Dirección Jurídica, the Dirección Regional Huetar Caribe, the UEN Programación y Control, and the Dirección de Urbanizaciones. These areas, within the scope of their competencies, carry out the corresponding analyses for cases under consultation related to the Moín Aquifer Agreements, an activity that has been maintained since 2007.

d. AyA, with the objective of coordinating inter-institutional actions for the protection of the water resource in the Moín Aquifer, has socialized, disseminated, and trained different institutions regarding Board of Directors' Agreements 2007-117 and 2011-112, as has been demonstrated in section II of this official communication.

Furthermore, the Inter-Institutional Commission has been formed, composed of AyA, the Ministry of Health, the Municipality of Limón, and the Dirección de Agua, to follow up on inspections agreed upon in an integrated manner upon request from any of these entities.

e. Based on what is set forth in point IV of this official communication, it is demonstrated that the consultations made by the interested party were always addressed in accordance with institutional competencies.

In this particular case, because the property has an invasion by 150 people who guard the various accesses to the property with weapons, as communicated by Lic. Fabian (sic) Leandro (lawyer representing the owner), the support provided by AyA would be conditioned on the owner creating the conditions and coordination to ensure the safety of the AyA public officials for the corresponding accompaniment and inspection.

f. AyA, in accordance with what is defined by Board of Directors' Agreements 2007-117 and 2011-112, based on the information and studies provided (Art. 109, Biodiversity Law), has provided support to different projects through joint inspections of properties, where the institutional interest in protecting the water resource has prevailed." (See documentary evidence).

ii) On May 9, 2022, the acting regional director of the Área de Conservación La Amistad Caribe of SINAC issued document SINAC-ACLAC-DR-214-202, in which he detailed:

"That the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación La Amistad Caribe, has not received any complaint regarding the facts narrated by the appellant, nor has SINAC-ACLAC been notified by AYA on this matter.

FIFTH: It is important that the appellant present a receipt document validating his statement that SINAC-ACLAC is informed of the reported facts, in order to provide better follow-up and response to this honorable Chamber, since due to the volume of cases and complaints, it is practically impossible to find any background without reference documents.

SIXTH: To date, AYA has not informed, notified, or coordinated with SINAC-ACLAC to address anything related to the reported facts, nor regarding the issue of contamination in the Moín aquifer, nor have we received any complaint in this regard." (See documentary evidence).

jj) On June 7, 2022, the executive director of SINAC was notified of the resolution ordering the continuation of this appeal. (See notification records).

kk) On June 13, 2022, the engineering director of the Municipality of Limón issued memorandum DIM-029-2022, in which it is indicated:

"Regarding this, I must indicate to you that the agreement of the Board of Directors of the Instituto de Acueductos y Alcantarillados, which is agreement 2007-107 'Oficialización del estudio Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero Moín, Limón, y la actualización de la zona de protección DGAMB-2007-031' (…)

Said agreement was duly communicated and, consequently, the Local Government was obliged to incorporate said Matrix into the operationalization of our Plan Regulador, therefore, land use that does not meet said requirements is not authorized." (See documentary evidence).

ll) On June 18, 2022, the coordinator of the SINAC Prevention, Control, and Protection Program issued memorandum SINAC-ACLAC-PPCP-027-2022, in which it was detailed:

"As indicated in Official Communication SINAC-SE-AJ-257-2022, the field inspection was conducted at the indicated site, which has cadastral plan numbers 7-0509859-1983 and 7-0509860-1983. This inspection was carried out by officials Alexis Salas Rodríguez and Diego Alberto Alvarado Cerdas, in unit 347-63, on June 17, 2022.

Addressing what was requested in a timely manner, it is resolved as follows:

1. At the site, according to what is established in AYA agreement 2007-177, the development of infrastructure, poor solid waste and wastewater management, agricultural practices, felling and burning of vegetation, keeping of domestic animals, earthworks (movimientos de tierra), among others, was observed, in contravention of the designated area for the Moín aquifer, as well as what is stipulated for activities that should not be carried out in the designated area. It can be argued that there is indeed an impact.

2. Regarding the residential infrastructures developed at the site, it is the responsibility of the respective Municipality to determine if they have construction permits. These are mostly made of sheet metal with wooden structures; drainage pipes for greywater without adequate channeling were observed coming from them, and spaces called latrines were observed next to them. Therefore, it was determined that there is no adequate disposal of wastewater.

3. According to the provisions of the ICAA Board of Directors' agreements, what was previously mentioned is not being complied with at this site. The cultivation of plantain and cassava, soil modification and removal, development of different types of infrastructure, application of herbicides, burning of vegetation and residual garbage from human consumption, change in vegetation cover (cambio de cobertura vegetal) use, among others, are evident.

4. Unauthorized earthworks are indeed being carried out, and the development of buildings of different sizes and materials is occurring. The residents of this site are squatting on these areas.

5. The land-use change (cambio de uso) of the cover on the properties in question is evident and constant. Tree stumps in an advanced state of decomposition and trees that had been cut recently were identified. Among the species observed to have been felled are poro, guácimo colorado, laurel, and chilamate. Also, a spring (naciente) was identified at coordinates E602883 N1105156, which has sufficient flow to generate runoff. The protection area for this body of water is nonexistent." (See documentary evidence).

mm) On June 21, 2022, the Environmental Management Unit of the Municipality of Limón issued the "INSPECCIÓN REPORT FOR THE PROPERTY OWNED BY [Name 003], FOLIO REAL 7-27136, COMMUNITY OF VILLA PLATA, LIMÓN," in which it was stated:

"This first tour covers the lower zone of the property with relatively flat topography. In that sector, a series of constructions can be observed on the edge of the main public road that runs along the property boundary. There are accesses via trails leading to other lots located at the foot of the slope.

I did not observe surface bodies of water in this sector. There is a bridge crossing a ditch, which was apparently built to evacuate rainwater runoff coming down from the NORTH side of the property's slope and accumulating in the lower part, forming part of the surface waters that run through the southern sector in the lower part of Villa Plata.

At the time of the inspection, no accumulation of sewage was observed in the ditch that would demonstrate surface contamination from the discharge of household wastewater.

The second tour was carried out along the access road to the property towards the EAST boundary, for approximately 650 meters. This part has relatively steep slopes; however, constructions have also been built in that sector along the various internal access roads within the property. Perhaps due to the slope and other associated factors that limit urban development, a lower density of constructions is observed compared to the lower part, and more wooded yards are also observed, mainly with diverse fruit species and even cocoa cultivation in some yards.

We took an internal access road towards the WEST of the property; it can almost be said to be the crest (highest part) of the property due to its relief. That area has accentuated relief and can perfectly be described as a watershed divide, as these are higher elevations where natural precipitation (rainwater) runs off toward the different sectors.

Throughout the entire tour, no surface bodies of water originating in that sector and forming a fluvial system running off to different sides of the property to form a basin or micro-basin were observed.

It is important to mention that in that sector, there is less occupation and a lower density of constructions. More lots dedicated to cocoa cultivation and other subsistence fruit species such as breadfruit, soursop, pejibaye, water apple, star fruit, caimito, nance, among others, are observed, resulting in a greater perception of vegetation cover towards the north and west sector of the property.

At the visited sites, conditions of secondary or primary forest were not noted, but there is indeed greater vegetation cover in that sector towards the north and west side of the property. So far, the occupation appears to be more dedicated to subsistence agricultural production with a predominance of fruit tree cultivation. In what was observed, no regeneration evolving towards secondary forest was noted either, due to the activities being carried out by the occupants of the property.

Regarding the treatment carried out by the occupants of dwellings within the property, the wastewater and sewage treatment systems could not be observed, because it was not possible to access the lots that have been delimited within the property, since it is not possible to enter the dwellings without proper authorization.

CONCLUSIONS

• The property under folio real 7-27136 is located within zone 6 of the Moín aquifer protection and recharge area.

• An impact on the groundwater or aquifers of that sector is possible, but it cannot be determined through this inspection; it must be assessed by specialized professionals from competent institutions, applying scientific methodologies that can determine the situation regarding the impact being caused by the occupation of the property.

• The occupation existing on the property should have been controlled by the registered owner of the property, because the illegal constructions are located within private property.

• It is not possible to determine, without a baseline, what the situation of the forest cover (cobertura boscosa) or vegetation of the property was, the level of deterioration and/or recovery thereof, or the impact caused by the current occupation that has occurred on the property. The environmental and water authorities (MINAE and AyA), with their specialized professionals in this field, can make a better assessment in this regard.

• It is noted that in the NORTHERN and WESTERN part of the property, there is a lower density of constructions and greater vegetation cover, which implies a lower environmental impact compared to the SOUTHERN sector, which is more populated and urbanized.

• It was not possible to determine, through this inspection tour, the treatments being given by the occupants of the property to the wastewater or sewage in the different constructions established on the lots segregated by the occupants on the private property." (See documentary evidence).

nn) On June 21, 2022, the head of the Census and Cadastre Unit of the Municipality of Limón issued memorandum UCC-0201-21-06-2022, in which it was indicated:

"(…) a site inspection was carried out on Tuesday, June twenty-first of this year, in the province of Limón, canton of Limón, district of Limón, in a place known as Villa Plata, starting at CRTM05 coordinates EAST 602059.892 AND NORTH 1105530.712, heading towards the Cielo Amarillo sector.

Regarding the cadastral part, we found that in said sector are located properties 7-27136-000 and 7-27138-000, both properties belonging to [Name 002], legal ID 3-101-663655, where the first has plan 7-509859-1983 with an area of THREE HUNDRED TWENTY-TWO THOUSAND FOUR HUNDRED TWENTY-ONE SQUARE METERS AND THIRTY-TWO SQUARE DECIMETERS, and the second has plan 7-509860-1983 with an area of FIFTY-ONE THOUSAND THREE HUNDRED FIFTY-FIVE SQUARE METERS AND TWENTY-THREE SQUARE DECIMETERS. Both plans and aerial image are attached for better appreciation.

In the field, both properties have frontage onto the main public road leading to the Cielo Amarillo neighborhood of approximately four hundred linear meters, in addition to internal accesses within both properties; it is also important to mention that property 7-27136-000 has a road heading towards the Ojo de Agua neighborhood that bisects property 7-27136-000.

Likewise, quite a few constructions were observed without generating any cadastral plan other than the parent plans of properties 7-27136-000 and 7-27138-000.

All this obtained information corresponds to the Surveying Unit and was gathered through the field visit and the office study conducted." (See documentary evidence).

oo) On June 22, 2022, the head of the Technical and Study Unit of the Municipality of Limón stated in official communication UTE-AML-025-2022 that:

"The present document is the compilation of data found on June 21 during the inspection with colleagues at the Villa Plata location.

In the inspection carried out, roads with a lot of ballast or mud material, manually created with heavy machinery, were observed; it was noted that they lack ditches and curb-and-gutter on the public road.

The houses observed were of block, wood, fibrolit, and ceramic tile systems, with approximately 81.13% of dwellings being tile material and 9.43% fibrolit.

All the houses detected ranged between 42 square meters and 120 square meters, the majority without a ceiling finish in their dwellings, without sealing tape, and with the eave exceeding the permitted limit as indicated in Article 150. Marquees (Construction Regulations). In buildings whose ground plan is designed to be built on the property line, an eave, marquee, or cantilever may be included with a minimum width equal to the total width of the sidewalk, minus 0.50 meters.

Dwellings were found that do not have gutters or downspouts to correctly evacuate rainwater as established in Article 121. Pluvial Drainage. (Construction Regulations). The free fall of rainwater onto public roads is not permitted; gutters and rainwater downspouts from roofs, balconies, cantilevers, and any other projections must be provided, leading to a drain to channel the water to the gutter within the sidewalk.

Dwellings with higher elevations relative to other dwellings were observed, causing erosion on the slope faces; a lot of clayey material and part coral was found on the road traveled during the on-site inspection.

The dwellings had perimeter fencing on their properties. Some of the materials used for the fencing were barbed wire, zinc sheets, and shade cloth. The zinc sheets used for their roofs were corrugated sheet metal; however, the majority was in poor condition because anti-corrosive paint for roofs was not applied to prevent corrosion and provide greater durability to the zinc.

Another finding was seeing dwellings that have not been finished, which has generated corrosion on the rebar due to lacking the respective coating. The majority of dwellings have grilles on their windows with different materials, some with 3/8-inch rebar, others with welded wire mesh (4.88 mm), and galvanized panel fence mesh (50 x 200 x 4 mm).

A bridge was detected, 2 meters wide and 4 linear meters long, which lacks a railing for pedestrian crossing and a containment system for vehicles. It was observed that the riverbed (Receiving Body) had a water depth below 1.50 meters and a water surface width of 2 meters, but the thick vegetation in the riverbed prevented taking exact measurements.

The majority of dwellings do not have ceramic tile but rather a concrete slab; the concrete slab was found without any respective finishing.

The majority of dwelling roofs have 3 to 4 water falls (slopes) and there is no control over these. 90% of dwellings have side windows violating Article 127 (Construction Regulations). Side-facing windows to the property line: on the 1st floor, the wall must be 1.50 meters away; on the 2nd floor, the wall must be 3.00 meters away. Roads with ballast manipulated with heavy machinery to create the respective road were found.

Dwellings were found that exceeded their lot coverage (Built-up Area), as indicated in Article 95 Lot Coverage (Construction Regulations). It cannot exceed 75% of the lot area. When the frontage-to-depth ratio exceeds 3.5, the lot coverage must not be greater than 70%. To clarify, these dwellings are NOT registered with construction permits in the database from 2017 to 2022." (See documentary evidence).

pp) In June 2022, the ICAA issued the "INSPECTION REPORT: CASE OF INFORMAL SETTLEMENT (PRECARIO) VILLA PLATA, ZONE 6", in which it was recorded:

"(…) On June 22, 2022, an inspection was carried out on the properties under folio real 7-27136 plan: L-0509859-1983 and folio real 7-27138 plan L-0509860-1983, in coordination with Mr. Fabián Leandro Marín, legal representative of the property owners on behalf of VAL DI SOMER S.A., and with the support of the public force of Limón.

During the inspections, we were accompanied by Mr. Rodolfo Gómez Martínez, president of the Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata (…)

V) INADEQUATE SOLID WASTE MANAGEMENT

The presence of garbage disposed of in surface water courses is identified (Photograph 1), in addition to excavations carried out for the accumulation of waste (Photograph 2) and the disposal of this waste on dwelling yards (Photograph 3). In the sector, garbage collection service is not provided by the Municipality of Limón. In total, 10 points where this impact occurs were recorded (Figure 2) (…)

b) WASTEWATER DISCHARGE

This corresponds to all those discharges generated in the dwellings, both the discharges from sanitary services and those soapy water discharges from bathrooms, laundry sinks, and kitchens, which are classified as greywater.

Based on the field survey conducted on the property whose cadastral map is L-0509859-1983, which has a total area of 322,421.32 m2 (Figure 3), a sample was taken from an area of 159,959.26 m2, representing 50% of the area of property L-0509859-1983. It was verified in this sample that there are a total of 72 dwellings, of which 69 dwellings, representing 96%, treat wastewater using septic tank and drainage systems, and only 3, representing 4%, use latrines.

Similarly, of the total houses located within the sample area (159,959.26 m2), it was identified that a total of 12 houses (16.6%) dispose of their greywater (aguas grises) in the yards of the dwellings via pipes or furrows and not directly into the sinkholes (dolinas), a situation that must be corrected in accordance with [sic] the Ministry of Health regulations.

In photographs 4 and 5, examples of the septic tanks located at the site are shown (…)

Most of the homes visited have some type of septic tank for wastewater disposal. Pipes discharging soapy water toward the rear of the lots were found (Photograph 6) (…)

A case is evident where the overflow from the septic tank is discharged directly onto the ground surface (Photograph 7). (…)

c) GEOMORPHOLOGICAL-KARSTIC CONDITIONS (DOLINAS)

During the walkthrough of the property in question, a total of 15 sinkholes (dolinas) with diverse characteristics were identified. Photograph 8 shows the presence of a sinkhole (dolina) with a diameter of about 15 cm and a depth exceeding 20 cm. Meanwhile, in the northeastern sector of the Villa Plata area, sinkholes (dolinas) of a larger size were found, with different geometry and degree of development, with rounded ones being more common, as seen in Photograph 9 and Photograph 10 (…)

In the southwest of the studied area, stagnant water was observed in a sinkhole (dolina) (Photograph 11) (…)

Meanwhile, in the western sector of the property under study, the presence of incipient sinkholes (dolinas) of varied sizes and sub-rounded shapes was identified, with extensions from 8 m long by 4 m wide to 10 m long by 4 m wide, and one with a circular shape of 1.5 m radius (Photograph 12 and Photograph 13) (…)

d) EARTHWORKS

According to field observations and conversations with the owners of some houses, earthworks (movimientos de tierra) such as fill have been carried out on the properties to build houses, as seen in Photograph 14, Photograph 15, Photograph 16, and Photograph 17, where earth movement (movimiento del terreno) occurred to prepare it for construction (…)

In total, 14 sites were recognized where some type of earthworks (movimientos de tierra) occurred.

In addition, a building currently under construction was found, using concrete and gypsum materials, which did not have any signage regarding a construction permit (Photograph 20 and Photograph 21). The map in Figure 4 shows all the structures (dwellings) recognized in the field with the aid of aerial photographs, totaling 194 (…)

e) TREE FELLING

A total of 5 tree fellings (cortas de árboles) were counted in various sectors of the site under study, carried out for the opening of access trails and for the establishment of residential dwellings (Photograph 22, Photograph 23, and Photograph 24) (…)

3. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

A. Based on the inspection conducted and the interviews with the inhabitants of the informal settlement (precario) Villa Plata, it is indicated that there are people who have been living in the place for more than 20 years.

B. Based on the inspection conducted and coupled with the review of satellite photographs, a total of 194 structures (dwellings) were identified.

C. Based on the field survey conducted on the property whose cadastral map is L-0509859-1983, which has a total area of 322,421.32 m2, a sample was taken from an area of 159,959.26 m2, representing 50% of the area of property L-0509859-1983. It was verified in this sample that there are a total of 72 dwellings, of which 69 dwellings, representing 96%, treat wastewater using septic tank and drainage systems, and only 3, representing 4%, use latrines. Similarly, of the total houses located within the sample area (159,959.26 m2), it was identified that a total of 12 houses (16.6%) dispose of their greywater (aguas grises) in the yards of the dwellings via pipes or furrows and not directly into the sinkholes (dolinas), a situation that must be corrected in accordance with [sic] the Ministry of Health regulations.

D. Ten clandestine sites for the deposit of solid waste were located, which require the attention of the Local Government, due to the nonexistence of a collection service.

E. Fifteen sinkholes (dolinas) with different geometry and degree of development were identified in the field, the most common being rounded ones.

F. Fourteen points were located where earthworks (movimientos de tierra) were evident, mainly cuts and fills for the construction of dwellings and roads.

G. At 5 sites, tree felling (corta de árboles) is identified for the opening of access trails and for the establishment of residential dwellings.” (highlighting added). (See documentary evidence).

qq) On June 27, 2022, ICAA issued memorandum UEN-GA-2022-01214, detailing:

“In response to the request for evidence for a better resolution issued by the Constitutional Chamber, dated June 16, 2022, case file 22 008354 0007 CO, filed by [Name 001], regarding Zone 6 of the Moín Aquifer, which includes property PROPIEDADES [Name 003], the points indicated in the requested order are developed:

V) Whether or not there is an impact on the Moín aquifer?

As part of the follow-up established in AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112, the following actions have been defined as a strategy to prevent and protect the potential impact on the Moín aquifer, and in this particular case for Zone 6:

V.5 Filing of complaints: when activities that would affect the aquifer are detected or known and that do not comply with the recommendations issued in AyA Board of Directors agreements 2007-177 and 2011-112; the respective complaints have been filed before the administrative bodies. The first of these agreements establishes activity recommendations for all aquifer recharge zones in Moín, and the second is specific to zone 6.

In summary, there is a record from 2003 to date of 16 complaints filed before the competent bodies, such as the Municipality of Limón, the Ministry of Health, MINAE, and other administrative bodies such as the Environmental Administrative Tribunal; considering that AyA has no sanctioning power nor is it responsible for regulating urban matters.

An example of the above are the complaints cited in official letter RHA-OM-2013-0666 of April 9, 2013 (images 644 to 675 of the digital amparo case file) and the technical report responding to official letter PRE-J-2022-01740 (images 580 to 602 of the digital amparo case file).

1.2 Development of New Projects: The development of projects in Zone 6, based on the technical and environmental recommendations that have been made and that prove to be compatible with the protection of the water resource, demonstrates that the AyA Board of Directors Agreements do not impede the development of activities or construction of works.

For addressing requests for new developments, AyA has formed the Moín Commission, which is composed of professionals from the Operational Area of the Huetar Caribe Region, the UEN Environmental Management, the Urbanization Directorate, AyA representatives at SETENA, and the Legal-Environmental Area of the Legal Directorate. The objective of this Commission is for new developments, in their conceptualization, to consider compliance with the recommendations contained in the cited Board of Directors agreements.

As evidenced in table No. 2 of the technical report responding to official letter PRE-J-2022-01740 (images 580 to 602 of the digital amparo case file), 10 new projects have been processed in this commission from 2013 to date, of which 50% have complied with the agreements and therefore AyA has issued approval for them to proceed with their process. Of the remaining five projects, as of the date of issuance of this report, the submission of corrections for two of them is awaited.

The most recent example corresponds to the development “Matama Village,” which is a building for 24 apartments described in the technical report responding to official letter PRE-J-2022-01740 (images 580 to 602 of the digital Amparo case file).

1.3 Inspection of existing installations. Inspections of existing installations in Zone 6 are conducted in those cases where there are complaints filed by AyA or third parties, requests for potable water services, or other procedures where AyA is involved. Among the activities carried out, compliance is verified regarding: wastewater disposal, storage of fuels and substances deemed hazardous, solid waste management, impermeable area, existence of supply wells, among others.

As a result of the inspections, recommendations are issued to correct those aspects that may affect the water resource, which is used for population supply, or else, a complaint is filed with the competent body.

From 2003 to date, 23 inspections of installations have been conducted (official letter RHA-OM-2013-0666 table No. 1 (image 444 to 451 of the digital Amparo case file) and the report responding to official letter PRE-J-2022-01740 Table No. 4 (image 593 of the digital Amparo case file). As an example, the case of TICONTAINER is cited, processed via official letter UEN-GA-2020-00494 (image 676 to 677 of the digital Amparo case file) attached as an annex to official letter UEN-GA-2022-00850 (image 678 to 691 of the digital Amparo case file) attached in the first report submitted to the Constitutional Chamber for this case file.

As a special case of existing installations, there are informal settlements (precarios), which, due to their condition, do not request procedures from institutions such as service availabilities, land uses, or construction permits. This limits AyA's actions as it does not have the authority to enter private properties without the authorization of the registered owner and considering the dangerous environment that may exist in these sites for the physical integrity of the officials. In the case of requests for water services, AyA indicates that, because these are precarious properties, they do not meet the requirements described in the Reglamento de Prestación de Servicios and proceeds to deny them, especially considering that in many of them there is inadequate disposal of the wastewater generated.

Villa Plata Case:

As a result of the field work ordered by the Constitutional Chamber, it was determined for the Precario Villa Plata that there is a total of 194 dwellings, located on cadastral maps 7-0509859-1983 and 7-059860-1983, where despite their irregular situation regarding compliance with urban planning standards, the vast majority of the dwellings discharge and treat their wastewater through septic tanks and drainages, among other characteristics detailed in the inspection report called “Case of Informal Settlement (precario) Villa Plata, Zone 6. Exp 22-008354-0007-CO,” and from which it can be indicated (Annex 1.):

“Based on the field survey conducted on the property whose cadastral map is L-0509859-1983, which has a total area of 322,421.32 m2 (Figure 3), a sample was taken from an area of 159,959.26 m2, representing 50% of the area of property L-0509859-1983. It was verified in this sample that there are a total of 72 dwellings, of which 69 dwellings, representing 96%, treat wastewater using septic tank and drainage systems, and only 3, representing 4%, use latrines.

Similarly, of the total houses located within the sample area, a total of 12 houses (16.6%) dispose of their greywater (aguas grises) in the yards of the dwellings via pipes or furrows and not directly into the sinkholes (dolinas), a situation that must be corrected in accordance with the Ministry of Health regulations”

1.4 Institutional coordination. As stated in document PRE-1426-2012 from November 2012 (image 634 of the digital amparo case file), the Executive President of AyA, Yesenia Calderón Solano, notified the Mayor of the Municipality of Limón, Mr. Néstor Mattis Williams, about the update of AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112, so that they be included within the Limón Regulatory Plan. This official letter refers to the order issued by the Constitutional Chamber in Voto 4751-08 which indicates: “…within the non-extendable term of twelve months counted from the notification of this judgment, initiate the respective procedure to modify the Limón Regulatory Plan in order to include the provisions established in agreement 80-121 of session 80-028 of April fourteenth, nineteen eighty, of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.”

Also, through official letter PRE-1426-2012 of November 2012 (image 634 of the digital amparo case file), the Executive President of AyA notified Mr. Uriel Juárez Baltodano, of the National Environmental Technical Secretariat, about the application of AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112.

According to what is indicated in official letter UEN-GA-2022-00850 (image 678 to 691 of the digital amparo case file), in section 2, all the actions carried out by AyA are mentioned, in which coordination has taken place with different competent bodies related to activities located in zone 6. As an example, the meeting on May 22, 2019, with the Limón Governing Area of the Ministry of Health and with representatives of the Municipality of Limón is cited, where the Moín Interinstitutional Commission was created.

Additionally, a presentation of the Board of Directors agreements for Moín was made at the Municipal Council session on June 19, 2019, which was recorded in Extraordinary Municipal Record No. 33 (image 823 to 872 of the digital Amparo case file) where reference is made to the invasion by informal settlements (precarios) in forested areas within the recharge zone of the Moín aquifers.

1.5 Infrastructure to mitigate contamination risk. As a measure to guarantee the public health of the population supplied by the Moín sources, AyA has developed infrastructure works such as the water treatment plant and the studies and designs for a sanitary sewer system within the areas with the highest population density within zone 6 (Villa del Mar 1 and 2, Loma de Moín, and Villa Plata).

In the case of the Moín water treatment plant, it was built in compliance with point 10 of Board of Directors agreement 2007-177 and began operation in March 2012 at a cost close to ¢400 million (technical report responding to official letter PRE-J-2022-01740 (images 580 to 602 of the digital Amparo case file).

Regarding the “Project BPIP 001984 Construction of Moín Sanitary Sewer, Limón,” it is currently in the design phase (cited in the technical report responding to official letter PRE-J-2022-01740, annexed by official letter GSP-RHC-2022-00714 (image 599 to 602 of the digital amparo case file), and will be expanded upon later when referring to question number 2 (wastewater) requested by the Constitutional Chamber.

Given the above, it is considered that within the framework of institutional competencies, there has been an approach to compliance with the AyA Board of Directors Agreements, in reference to the Moín aquifer, specifically in those activities where AyA participated through complaint management, conceptualization of new developments, regularization of existing activities, inter-institutional coordination, and infrastructure construction, with which, to date, the protection of the Moín aquifer, which is strategic for the present and future population supply of the City of Limón, has been guaranteed.

In the particular case of the precario of Villa Plata, which is the subject of this appeal, a field survey was carried out on June 22, 2022, by AyA (Annex 1), in which it was determined that 96% of the inspected houses discharge their wastewater into a septic tank and drainage system, without these being located in the sinkholes (dolinas) or drains. A discharge of greywater (aguas grises) (soapy) was detected in some yards, which, although they are not adequate discharges, do not drain directly into the aquifer.

It is considered that this favorable situation is the result of this settlement having a long-standing chronology (more than 20 years), which was verified during the visit, where the dwellings' conditions are similar to those of any urban-residential neighborhood.

As part of the actions aimed at protecting the aquifer, the UEN Environmental Management and the Huetar Caribe Regional Directorate of AyA created, in March 2010, a database that synthesizes the location information of existing and proposed projects, as well as the complaint sites within the zone 6 area, thereby also complying with Point No. 6 of the Por tanto of Board of Directors agreement 2011 112.

Figure 1 presents the detail of the properties studied from 2003 to 2022. (…)

2) Whether or not there is adequate wastewater disposal in zone 6 of the referenced aquifer:

As indicated in the previous response, there is an institutional approach to ensure that new projects have wastewater solutions as recommended in the AyA Board of Directors Agreements.

Regarding existing installations, corresponding complaints have been filed to correct inadequate discharges in Zone 6 of the Moín Aquifer, measures that have been complied with in most cases.

In the case of densely populated areas with wastewater disposal systems using septic tanks and drainage, within Zone 6 of the Moín Aquifer, AyA, through the “Project BPIP 001984 Construction of Moín Sanitary Sewer, Limón,” has considered the following populations: Villa del Mar 1 and 2, Loma de Moín, and the flow contribution from the Precario of Villa Plata (Figure 2). (…)

In the particular case of the precario of Villa Plata, AyA, through the construction of the Moín sanitary sewer, has arranged to resolve the discharge and treatment of wastewater by allocating the flow generated by this population, as indicated in the inspection report called “Case of Informal Settlement (precario) Villa Plata, Zone 6. Exp 22-008354-0007-CO,” Annex 1:

“Based on the field survey conducted on the property whose cadastral map is L-0509859-1983, which has a total area of 322,421.32 m2 (Figure 3), a sample was taken from an area of 159,959.26 m2, representing 50% of the area of property L-0509859-1983. It was verified in this sample that there are a total of 72 dwellings, of which 69 dwellings, representing 96%, treat wastewater using septic tank and drainage systems, and only 3, representing 4%, use latrines”

3) Whether or not what is provided in agreements No. 2007-177 and 2011-112 adopted by the Board of Directors of ICAA is complied with in said zone?

In accordance with what is indicated in the response to question 1 of this official letter, AyA, within the framework of institutional competencies, has provided an approach to compliance with the AyA Board of Directors Agreements, in reference to the Moín aquifer, specifically in those activities where AyA participates through complaint management, conceptualization of new developments, regularization of existing activities, inter-institutional coordination, and infrastructure construction, with which, to date, the protection of the Moín aquifer, which is strategic for the present and future population supply of the City of Limón, has been sought.

It is important to note that these AyA Board of Directors agreements are a guiding framework for the administration responsible for issuing the permit, license, or authorization, to consider and implement.

For compliance with the AyA Board of Directors Agreements to occur and for the protection to be effective, the participation of the entities that regulate land use and urban planning is necessary, such as the Municipality, the Ministry of Health, Housing, IMAS, INDER, MINAE, among others.

4) Whether or not unauthorized earthworks (movimientos de tierra) have occurred in zone 6 of the Moín aquifer and whether or not buildings lacking the respective permits have been constructed?

In accordance with what is indicated in the response to question 1 of this official letter and as noted in official letter RHA-OM-2013-00666, specifically in Table No. 1, cases 3, 4, 5, and 34 (image 646 to 653 of the digital amparo case file), evidence the complaints filed by AyA before the competent entities for earthworks (movimientos de tierra). Similarly, in the technical report responding to official letter PRE-J-2022-01740, in Table No. 1, cases 7, 8, and 9, annexed by GSP-RHC-2022-00714 (image 582 of the digital Amparo case file), earthworks (movimientos de tierra) and fellings within the precario Villa Plata, the subject of the present amparo appeal, are reported before the competent entities.

Based on the field survey conducted on June 22, 2022 (Annex 1), in the precario of Villa Plata, the subject of the present amparo appeal, earthworks (movimientos de tierra) distributed in different sectors were identified (Figure 2, of the inspection report “Case of Informal Settlement (precario) Villa Plata, Zone 6. Exp 22-008354-0007-CO,” Annex 1).

It is important to note that the installation of infrastructure or buildings lacking the respective permits occurs mostly in informal settlements (asentamientos informales), for example the Villa Plata settlement, where 194 dwellings have been identified, which have not processed any water availability for their construction and are built on accesses that mostly do not correspond to public streets or passage easements (servidumbres de paso), as evidenced in the inspection report “Case of Informal Settlement (precario) Villa Plata, Zone 6. Exp 22-008354-0007-CO,” Annex 1.

Within the framework of institutional competencies, AyA does not approve or supervise construction permits, and it has provided inputs to the Local Government so that developments are executed according to the recommendations given in the Board of Directors Agreement, whose application has been indicated by the Constitutional Chamber in Voto 4751-08.

5) Whether or not tree felling (tala de árboles) has occurred at the site in question?

Before answering this question, it is important to identify that the competent entity to determine whether tree felling (tala de árboles) has occurred or not is SINAC; having clarified the above and in accordance with what is indicated in the response to question No. 1 of this official letter and as noted in official letter RHA-OM-2013-00666, specifically in Table No. 1, cases 3, 4, and 5 (image 646 to 653 of the digital Amparo case file), evidence the complaints filed by AyA before the competent entities for the cutting of forest vegetation.

Similarly, in the technical report responding to official letter PRE-J-2022-01740, in Table No. 1, case No. 9 (image 582 of the digital Amparo case file), the cutting of forest vegetation within the precario Villa Plata is reported.

Based on the field survey conducted on June 22, 2022 (Annex 1), in the precario of Villa Plata, the subject of the present amparo appeal, cut trees distributed in different sectors were identified (Figure 2, of the inspection report “Case of Informal Settlement (precario) Villa Plata, Zone 6. Exp 22-008354-0007-CO,” Annex 1).

Finally, it is important to mention the following:

1. AyA, after reviewing its aqueduct systems, finds no impact on the quality of the water captured from the Moín aquifer, in which Zone 6 is located and which includes the properties with cadastral maps 7-0509859-1983 and 7-059860-1983, the subject of the present amparo appeal, which is why the capture from the Fuentes-Moín remains in effect for population supply purposes.

2. The continuation of unplanned urban growth in Zone 6 must not be permitted, not only due to the impact on public services, but also due to the future implications it may have on the quantity and quality of the water resource captured at the Moín sources.

3. The field work allowed identifying that the Villa Plata settlement, located on the properties with cadastral maps 7-0509859-1983 and 7-059860-1983, has been inhabited for more than 20 years, as stated by the local inhabitants, identifying infrastructure (dwellings), which is recorded in the inspection report (Annex 1), as well as the documentary record contained in the digital Amparo case file.

4. After reviewing the documentation provided in the digital Amparo case file, the report issued by SINAC, through Official Letter SINAC-ACLAC-PPCP-027-2022, Field inspection at the indicated site which has the cadastral map numbers 7-0509859-1983 and 7-0509860-1983, which was carried out by officials Alexis Salas Rodríguez and Diego Alberto Alvarado Cerdas on June 17, 2022 (visible at images 1100-1110 of the digital Amparo case file), is noted. It is important to point out that the coordinates cited in point V of this report were verified and they do not coincide on the cited maps; rather, they are located at a distance of 400 meters to the southeast, far from the property that should have been assessed as ordered by the Chamber.” (See documentary evidence).

rr) On July 7, 2022, the acting director of the Limón Governing Health Area of the Ministry of Health issued memorandum MS-DRRSHC-ARSL-04398-2022, which stated:

“(…) the inspection is carried out on July 1, 2022, at 1:30 p.m., where a tour of the entire community is conducted, and an approximate 154 dwelling houses built with cement, block, wood, and tile materials are observed, many using a Septic Tank system and improved septic tanks. Some dwellings have poor Wastewater disposal. It is important to mention that there is a vegetable stand and sale of shaved coconut within one of the dwellings. Regarding the merits of the appeal, it is recommended that said eviction must be processed through the Judicial Route (Courts of Justice). Regarding what is requested under the Amparo Appeal, the following is reported. (…)

3. Whether or not what is provided in agreements No. 2007- 177 and 2011-112 adopted by the Board of Directors of ICAA is complied with in said zone: That according to what is indicated, the preceding point was amended by agreement No. 112-2011, published in La Gaceta No. 83 of May 2, 2011). For the case of DEVELOPMENT OF URBANIZATIONS, LOTIFICATIONS, SUBDIVISIONS (FRACCIONAMIENTOS), AND CONDOMINIUMS, a sanitary sewer and an ordinary-type wastewater treatment plant must be built. Developments with densities equal to or less than one housing unit per 1000 meters may be permitted (…)

Therefore, according to what is indicated under the points already explained and why it is recommended that the due eviction must be processed through the judicial route.” (See documentary evidence).

IV.- FACT NOT PROVEN. Of importance for the resolution of this matter, the following fact is deemed as not demonstrated:

a) That official letter UEN-GA-2022-00528, signed on March 17, 2022, by UEN Environmental Management, was sent to the notification address established by the appellant.

V.- ON THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT.

Concerning the nature of the facts alleged in the case at hand, this Court has repeatedly ruled regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment. For example, in ruling no. 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021, this Chamber stated:

“On repeated occasions, the jurisprudence of this Chamber has stressed that the right to a healthy and ecologically balanced environment is recognized both at the constitutional and conventional levels. Likewise, it has been indicated that the effective protection of this right requires that resources be used in a rational manner, a context in which the State and the general public must act according to the principles governing environmental matters. In this regard, the specialized doctrine has pointed out that the preventive principle demands that, when there is certainty of possible environmental damage, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned upon compliance with certain requirements.”

In general, this principle applies when there are clearly defined risks identified as at least probable; likewise, this principle is useful when there are no technical reports or administrative permits guaranteeing the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee potential negative impacts. On the other hand, the precautionary principle (principio precautorio) indicates that, where there is a threat of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of cost-effective measures to prevent environmental degradation. From the foregoing, it is noted that the principle starts from reasonable scientific uncertainty together with the threat of serious and irreversible environmental damage. In general terms, a relevant difference between the preventive principle (principio preventivo) and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty of the risks that an activity or work may cause. While in the former such certainty exists, in the latter what is observed is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies. Thus, the Costa Rican State is obliged to adopt measures that guarantee the defense and effective preservation of the environment in accordance with these principles. Now, this objective obligation does not inevitably entail a subjective right of individuals to demand, through jurisdictional bodies, that a specific measure be taken, but it does entail the right that suitable measures be adopted to protect that right, in the face of openly negligent attitudes by authorities, or by natural and legal persons, in accordance with the recognized theory of the horizontal effect of fundamental rights (Drittwirkung der Menschenrechte), among whose procedural manifestations is the amparo against private law subjects.

It is also important to highlight that the Inter-American Court of Human Rights, in Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017, developed matters pertaining to state obligations in relation to the environment, in the interest of safeguarding the human rights enshrined in the American Convention on Human Rights.

In that opinion, the Court recognized the interrelationship between environmental protection and the realization of other rights, insofar as environmental degradation affects the effective enjoyment and development of human rights. In this regard, it stated:

"47. This Court has recognized the existence of an undeniable relationship between environmental protection and the realization of other human rights, as environmental degradation and the adverse effects of climate change affect the effective enjoyment of human rights. Likewise, the preamble of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter 'Protocol of San Salvador'), highlights the close relationship between the validity of economic, social and cultural rights - which includes the right to a healthy environment - and that of civil and political rights, and indicates that the different categories of rights constitute an indissoluble whole that finds its basis in the recognition of the dignity of the human person, for which they require permanent protection and promotion with the aim of achieving their full validity, without the violation of some ever being justified in pursuit of the realization of others (...)

49. For its part, the Inter-American Commission has stressed that several rights of fundamental rank require, as a necessary precondition for their exercise, a minimum environmental quality, and are profoundly affected by the degradation of natural resources. In the same vein, the OAS General Assembly has recognized the close relationship between environmental protection and human rights (supra para. 22) and emphasized that climate change produces adverse effects on the enjoyment of human rights. 50. In the European sphere, the European Court of Human Rights has recognized that severe environmental degradation can affect the well-being of the individual and, as a consequence, generate violations of people's rights, such as the rights to life, to respect for private and family life, and to private property. Similarly, the African Commission on Human and Peoples' Rights has indicated that the right to a 'general satisfactory environment favorable to development' is closely related to economic and social rights to the extent that the environment affects the quality of life and security of the individual (...) 52. Furthermore, there is broad recognition in international law of the interdependent relationship between environmental protection, sustainable development, and human rights. This interrelationship has been affirmed since the Stockholm Declaration on the Human Environment (hereinafter 'Stockholm Declaration'), where it was established that '[e]conomic and social development is essential for ensuring a favorable living and working environment for man and for creating conditions on earth that are necessary for the improvement of the quality of life,' affirming the need to balance development with the protection of the human environment. Subsequently, in the Rio Declaration on Environment and Development (hereinafter 'Rio Declaration'), States recognized that '[h]uman beings are at the center of concerns for sustainable development' and, at the same time, emphasized that 'in order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process.' Following up on this, the Johannesburg Declaration on Sustainable Development established the three pillars of sustainable development: economic development, social development, and environmental protection. Likewise, in the corresponding Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development, States recognized the consideration that must be given to the possible relationship between the environment and human rights, including the right to development. 53. Furthermore, upon adopting the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations General Assembly recognized that the scope of all people's human rights depends on the achievement of the three dimensions of sustainable development: economic, social, and environmental. In the same vein, several instruments in the inter-American sphere have referred to environmental protection and sustainable development, such as the Inter-American Democratic Charter, which provides that '[t]he exercise of democracy facilitates the preservation and proper management of the environment,' therefore 'it is essential that the States of the Hemisphere implement policies and strategies for environmental protection, respecting the various treaties and conventions, to achieve sustainable development for the benefit of future generations' (...) 55. As a consequence of the close connection between environmental protection, sustainable development, and human rights (supra paras. 47 to 55), currently (i) multiple human rights protection systems recognize the right to a healthy environment as a right in itself, particularly the inter-American human rights system, while there is no doubt that (ii) multiple other human rights are vulnerable to environmental degradation, all of which entails a series of environmental obligations for States for the purpose of fulfilling their obligations to respect and guarantee these rights. Precisely, another consequence of the interdependence and indivisibility between human rights and environmental protection is that, in determining these state obligations, the Court may make use of the principles, rights, and obligations of international environmental law, which as part of the international corpus iuris contribute decisively to setting the scope of the obligations derived from the American Convention in this matter (supra paras. 43 to 45) (...) 59. The human right to a healthy environment has been understood as a right with both individual and collective connotations. In its collective dimension, the right to a healthy environment constitutes a universal interest, owed both to present and future generations. Now, the right to a healthy environment also has an individual dimension, to the extent that its violation can have direct or indirect repercussions on people due to its connection with other rights, such as the right to health, personal integrity, or life, among others. Environmental degradation can cause irreparable harm to human beings, which is why a healthy environment is a fundamental right for the existence of humanity."

This interrelationship between the environment and the enjoyment of other human rights has also been recognized by the United Nations Human Rights Council, which in resolution A/HRC/RES/46/7, adopted on March 23, 2021, at its 46th session, stated:

"Recognizing also that sustainable development and the protection of the environment, including ecosystems, contribute to human well-being and the enjoyment of human rights, in particular the rights to life, to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, to an adequate standard of living, to adequate food, to safe drinking water and sanitation, and to housing, and cultural rights."

Also, recently, in resolution A/HRC/RES/48/13, adopted on October 8, 2021, that Council stated:

"(…) Recognizing that sustainable development, in its three dimensions (social, economic and environmental), and the protection of the environment, including ecosystems, contribute to and promote human well-being and the enjoyment of human rights, including the enjoyment of the rights to life, to the highest attainable standard of physical and mental health, to an adequate standard of living, to adequate food, to housing, to safe drinking water and sanitation, and to participation in cultural life, for present and future generations (…)

Recognizing further that environmental degradation, climate change and unsustainable development constitute some of the most pressing and serious threats to the ability of present and future generations to enjoy human rights, including the right to life (…)

Recognizing the importance of a clean, healthy and sustainable environment as fundamental to the enjoyment of all human rights (…)

1. Recognizes the right to a clean, healthy and sustainable environment as a human right important for the enjoyment of human rights;

2. Notes that the right to a clean, healthy and sustainable environment is related to other rights and existing international law (…)" (The highlighting does not correspond to the original).

In this way, the particular relevance of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment is reflected, whose defense transcends the protection of this constitutional good in itself, since its preservation constitutes an essential factor for the effective safeguarding of other primordial goods of the human being (such as life, health, property, equality), so that if the former fails, the effective safeguarding of the latter is not achieved.

Beyond the foregoing, the Inter-American Court of Human Rights, in the aforementioned advisory opinion, recognized the right to a healthy environment as an autonomous right, susceptible to protection independently of any risk of harm to individual persons. In this regard, it provided:

"62. This Court considers it important to emphasize that the right to a healthy environment as an autonomous right, unlike other rights, protects the components of the environment, such as forests, rivers, seas, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence regarding the risk to individual persons. It is about protecting nature and the environment not only because of their connection to a utility for the human being or because of the effects that their degradation could cause on other rights of persons, such as health, life, or personal integrity, but because of their importance for the other living organisms with whom the planet is shared, also deserving of protection in themselves. In this sense, the Court notes a tendency to recognize legal personhood and, therefore, rights to nature not only in judicial rulings but even in constitutional orders. 63. Thus, the right to a healthy environment as an autonomous right is distinct from the environmental content that arises from the protection of other rights, such as the right to life or the right to personal integrity." (The highlighting does not correspond to the original).

This stance was adopted in the judgment of February 6, 2020, regarding the case "Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat Association (Our Land) v. Argentina," in which, surpassing an anthropocentric approach, the CourtIDH affirms that the right to a healthy environment, besides being fundamental for the very existence of the human being, constitutes an autonomous and universal right, such that the protection of various components of the environment (such as forests, seas, rivers, and others) constitutes a legal interest in its own right. In the words of the CourtIDH: "It is about protecting nature," not only for its "utility" or "effects" regarding human beings, "but because of its importance for the other living organisms with whom the planet is shared." Given the transcendence of this affirmation, it is appropriate to transcribe this section of the aforementioned resolution:

"203. The Court has already referred to the content and scope of this right, considering various relevant norms, in its Advisory Opinion OC-23/17, for which it refers to that pronouncement. It affirmed on that occasion that the right to a healthy environment 'constitutes a universal interest' and 'is a fundamental right for the existence of humanity,' and that 'as an autonomous right [...] it protects the components of the [...] environment, such as forests, seas, rivers, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence regarding the risk to individual persons. It is about protecting nature,' not only for its 'utility' or 'effects' regarding human beings, 'but because of its importance for the other living organisms with whom the planet is shared.' The foregoing does not prevent, of course, that other human rights may be violated as a consequence of environmental damage." (The highlighting does not correspond to the original).

Based on the foregoing, this Chamber (Sala), as guarantor of fundamental rights, must ensure respect for conventional and constitutional obligations, which constrain the State not only to recognize the rights enshrined therein, but also to impose the legal measures required for their safeguarding" (the highlighting is original).

In addition to the foregoing, recently, the United Nations General Assembly adopted resolution A/RES/76/1-A/RES/76/300 of July 28, 2022, which stated:

"1. Recognizes the right to a clean, healthy and sustainable environment as a human right;

2. Notes that the right to a clean, healthy and sustainable environment is related to other rights and existing international law;

3. Affirms that the promotion of the human right to a clean, healthy and sustainable environment requires the full implementation of the multilateral environmental agreements under the principles of international environmental law;

4. Calls upon States, international organizations, business enterprises and other relevant stakeholders to adopt policies, enhance international cooperation, strengthen capacity-building and continue to share good practices in order to scale up efforts to ensure a clean, healthy and sustainable environment for all."

This resolution is the formal expression of the will of the main deliberative, policy-making and representative organ of the United Nations. Consequently, it constitutes a political commitment of a universal nature that must be valued as a source of soft law of the utmost relevance.

Precisely, resolution A/RES/76/1-A/RES/76/300 affirms that the right to a healthy and ecologically balanced environment has the nature of a human right. With this, it contributes significantly to its positivization, resulting in its technical understanding as a "fundamental right." Likewise, it strengthens the notion that environmental protection is an "autonomous" human right, that is, one that is valid in itself, so that, on the one hand, it has its own conceptual existence distinct from the environmental content that undoubtedly arises from the protection of other rights (such as life or health) and, on the other hand, its object of protection transcends the human being, since it provides shelter to the various components of nature due to their importance for preserving the existence of living organisms in general, regardless of their utility for human beings.

Likewise, it reiterates and, through that route, strengthens the stance that the right to a healthy and ecologically balanced environment is linked to other human rights, which implies that its transgression can lead to the violation of health, life, democratic sustainable development, to cite just a few examples. The foregoing confers a particularly relevant legal meaning to the right in question.

In addition, the UN General Assembly prescribes that the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment demands the full application of conventional rights related to the environment in accordance with the principles of international environmental law. From the foregoing, its essential inclusion within the jurisdictional control of constitutionality by this Chamber is inferred.

Finally, in harmony with the recognized theory of the horizontal effect of fundamental rights (Drittwirkung der Menschenrechte), resolution A/RES/76/1-A/RES/76/300 regulates that the obligation to safeguard the environment, beyond states, extends to international organizations, business enterprises, and other stakeholders, the latter term encompassing human beings in general. It is precisely in this sense that the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) contemplates the amparo against subjects of private law.

In summary, under the conceptual framework explained supra, this Constitutional Court, as guarantor of fundamental rights, must ensure compliance with the conventional and constitutional commitments that impose upon the Costa Rican State and society in general not only the obligation to recognize the rights, principles, and values of environmental matters, but also the obligation to implement all those measures and actions required to ensure their effective protection.

VI.- ON THE SPECIFIC CASE. From the study of the case file, it is clear that the protected party is the registered owner of the properties recorded in real folios 7-27136 and 27138, which are entirely within the absolute protection zone of the Moín aquifer called zone 6. These properties have been invaded by several persons who formed the so-called "Precario Villa Plata." Furthermore, it is observed that since 2005, an ordinary proceeding has been processed before the Agrarian Court of the I Judicial Circuit of the Atlantic Zone in file [Value 004]-0, filed by the protected company.

In ordinary session No. 2007-020 of April 10, 2007, the Board of Directors of ICAA adopted agreement No. 2007-177 "OFFICIALIZATION OF THE HYDROGEOLOGICAL STUDY AND VULNERABILITY OF THE MOÍN AQUIFER, LIMÓN, AND THE UPDATE OF THE PROTECTION ZONE DGAMB-2007-031," which provided: "(…) FIRST: The Hydrogeological Study and Vulnerability of the Moín Aquifer, Limón, carried out by Hydrogeologist (sic) Viviana Ramos Sánchez, is officialized for the Huetar Atlántica Regional Directorate to apply when resolving requests submitted by the Administered, in accordance with the following vulnerability zones: (…) SECOND: AGREEMENT 80-121 IS REVOKED REGARDING ITS LIMITATION ZONE AND LAND-USE REGULATION RECOMMENDATIONS, in accordance with the delimitation and location carried out by the Topography Departments of the Directorate of Studies and Projects, the Huetar Atlántica Regional Directorate, the Environmental Management Directorate, and report DGAmb-2007-031, the topographic location of the RESTRICTED PROTECTION ZONE, cataloged as Zone 6, is determined in the resolution of any request for permission, license, or authorization submitted by the Administered, as follows: Starting from point 1 with 1arant. N=221517 and E=639446 at the intersection of the old road to Limón Route #240 (along the coast) and the west entrance to Cangrejos Urbanization, continue approximately 106m south along the street of the Urbanization to point 2 with 1arant. N=221414, E=639471, turn southwest approximately 77m to point 3 with 1arant. N=221367 and E=639410, continue east approximately 316m to the intersection with the road to Pacuare, point 4 with 1arant. N=221297, E=639682, then continue south approximately 1.4 km along this road to point 5, the start of the Urbanization of the same name with 1arant. N=220474 and E=640380, continuing south-southwest approximately 170m to point 6 with 1arant. N=220318 and E=640302, then southeast approximately 38m to point 7 with 1arant. N=220297 and E=640333, then south-southwest approximately 82m to point 8 with 1arant. N=220159 and E=640251. From this point 8 where the street of the Urbanization ends, continue with the same south-southwest heading cross-country approximately 370m to point 9 with 1arant. N=219858 and E=640034. Continue cross-country west approximately 190m to meet the road that goes to Cielo Amarillo at point 10 with 1arant. N=219846 and E=639845, from this point 10 which ran parallel to the boundary, already on the road, continue south approximately 90m to point 11 with 1arant. N=219764 and E=639832. From this point 11 continue along the road that goes to Villa Plata approximately 220m southwest to point 12 with 1arant. N=219689 and E=639630, continue south approximately 320m to the railway line at point 13 with 1arant. N=219449 and E=639624, continue along the railway line east approximately 100m to point 14 with 1arant. N=219447 and E=639723, from this point 14 continue approximately 460m south along the road that exits onto national route #32 (Saopin) to point 15 with 1arant. N=218995 and E=639652. From this point 15 on the road, continue approximately 2.4 km west along route # 32, until reaching the first entrance to Villa Vista del Mar 1, to point 16 with 1arant. N=218883 and E=637297 and then to the right heading north to go to Villa Vista del Mar 1, approximately 270m until reaching the crossroads, next to the Villa Vista de Mar 1 school, at point 17 with 1arant. N=219085 and E=637177, then continue 106m north to point 18 with 1arant. N=219207 and E=637179, from this point 18, continue approximately 260m west to the end of the street and from there continue approximately 160m always west along the north boundary between properties until intersecting (sic) the concrete highway route #240, at point 19 with 1arant. N=219325 and E=636795, then continuing 2km northeast along route #240 to the road intersection towards Villa Plata at point 20 with 1arant. N=220976 and E=637688, from this point 20 continue north along route #240 for a distance of approximately 2.6km until reaching the road intersection with Cangrejos Urbanization, this crossing being the starting point 1 with 1arant. N=221517 and E=639446. (…) AS LAND-USE REGULATION RECOMMENDATIONS FOR ZONE 6, THE FOLLOWING RESTRICTIONS ARE ESTABLISHED: 1. ALL INDUSTRIAL ACTIVITY. 2. USE AND STORAGE OF PESTICIDES AND FUELS, OR PRECURSORS THEREOF FOR ANY PURPOSE. 3. THE REMOVAL OR EXTRACTION OF ALL TYPES OF MATERIALS. 4. LAND-USE CHANGE (CAMBIO DE USO DE LA TIERRA). 5. ANY CUTTING OF FOREST VEGETATION. 6. ALL AGRICULTURAL AND LIVESTOCK ACTIVITY AND FACILITIES LINKED THERETO. 7. THE DRILLING OR EXCAVATION OF WELLS, INFILTRATION GALLERIES, OR ANY OTHER WATER EXTRACTION WORKS. 8. THE DEVELOPMENT OF URBANIZATIONS AND SUBDIVISIONS. 9. THE FACILITIES OF DUMPING GROUNDS, LANDFILLS, OR WASTE DEPOSITS OF ANY KIND. 10. ACTIVITIES OF ANY KIND THAT AFFECT, AT THE DISCRETION OF AYA, THE QUALITY AND QUANTITY OF WATER USED FOR SUPPLYING POPULATIONS. RESIDENTIAL CONSTRUCTIONS ORIGINATING FROM VEGETATIVE GROWTH WILL BE ADMITTED IN ZONE 6, PROVIDED IT IS ENSURED THAT WASTEWATER IS NOT DISCHARGED INTO DOLINES AND GARBAGE COLLECTION IS CARRIED OUT BY THE MUNICIPAL SERVICE OR OTHER MEANS. THIRD: The following aquifer protection measures are established for zones 2, 5, and 7 of the 'Hydrogeological Study and Vulnerability of the Moín Aquifer, Limón': 1. Do not permit the storage of chemicals; 2. Do not permit the construction of fuel supply stations; 3. Do not permit quarry exploitation; 4. Do not permit the construction of wells, permitting it only for public supply. FOURTH: In zone 2, exploration studies will be carried out with a view to determining production capacity, and this zone is maintained as a reserve for supplying the population of the río Blanco sector. FIFTH: For zones 7, 8, 9, and 10, all development projects must be required to construct sanitary sewerage, and AyA must initiate the necessary studies in order to build the primary and secondary collectors that allow wastewater to be evacuated towards the submarine outfall. SIXTH: The executive branch will be requested to promulgate (sic) a decree with a view to protecting the Moín sources; as well as the land-use limitations that ensure the conservation and improvement of environmental conditions in the other zones of the Moín Aquifer; in accordance with the 'Hydrogeological Study and Vulnerability of the Moín Aquifer, Limón' and the land-use recommendations. SEVENTH: For zone 6, the Huetar Atlántica Regional Directorate and the Environmental Management Directorate shall create and maintain an exhaustive inventory of land use, identifying activities and establishments that store substances hazardous to the quality of water for human use. EIGHTH: The competent entities must be urged to carry out a risk analysis of the industries established in the zone of direct influence of the Moín sources, which must include a possible conflagration of several industries, and an action protocol must be established to address a possible emergency that considers the participation of all (sic) industries established in the zone. NINTH: To guarantee the observance of the restrictions and follow up on the application of the defined measures, the Regional Environmental Control Commission of the Atlantic Region shall be formed, under the charge of the Management of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados). TENTH: Unless it is demonstrated that the Moín sources have been irreversibly affected, according to the regulations, by the Químicos Holanda event, they must be maintained in use for supplying the population for technical and demand reasons; under the following conditions: Order the immediate construction of a treatment plant, including an activated carbon system or the necessary technology to ensure quality against any possible contamination. Studies must be initiated immediately to define the possibility of using the upper basin of the Banano River with a view to substituting the Moín sources (sic) in case they become contaminated by the industrial activities carried out in the basin. THIS AGREEMENT SHALL BE NOTIFIED (sic) TO THE MUNICIPALITIES LOCATED IN THE HIGH, MEDIUM, AND LOW VULNERABILITY ZONES FOR ITS IMPLEMENTATION IN THE REGULATORY PLAN (PLAN REGULADOR) SO THAT THE 'PROPERTY USE REGULATION RECOMMENDATIONS AND THE HYDROGEOLOGICAL STUDY AND VULNERABILITY OF THE MOÍN AQUIFER - LIMÓN' ARE BINDING, EMPHASIZING THE NEED FOR ZONE 6 TO BE CONSIDERED AS A RESTRICTED PROTECTION ZONE. LIKEWISE, THE MINISTRY OF HEALTH, MINAE, THE NATIONAL INSTITUTE OF HOUSING AND URBANISM (INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO), SENARA, AND SETENA SHALL BE NOTIFIED (sic) FOR THE FULFILLMENT OF THEIR COMPETENCES. IT TAKES EFFECT FROM ITS PUBLICATION. PUBLISH IN THE OFFICIAL GAZETTE LA GACETA. NOTIFY."

In the news of August 11, 2012, published in the newspaper "El País," from

PUBLISH” (bold type added).

Meanwhile, in regular session no. 2011-017 of April 5, 2011, the ICAA Board of Directors adopted agreement no. 2011-112 “DRAFT AGREEMENT TO PARTIALLY MODIFY BOARD OF DIRECTORS AGREEMENT 2007-177, ADOPTED IN REGULAR SESSION 2007-020, OF APRIL 10, 2007, IN ITS ARTICLE 6, SUBSECTION A, PUBLISHED IN GAZETTE No. 83, OF WEDNESDAY, MAY 2, 2007, ON THE OFFICIALIZATION OF THE HYDROGEOLOGICAL STUDY AND VULNERABILITY OF THE MOIN AQUIFER, LIMON, AND THE UPDATE OF PROTECTION ZONE DGAMB-2007-031,” which provided: “FIRST: Agreement 2007-177 is Modified, in its Second Por Tanto, regarding the enumeration of land-use regulation recommendations for Zone 6, with the following restriction guidelines and in application of the ‘Matrix of Land-Use Criteria according to Aquifer Contamination Vulnerability for the Protection of Water Resources, issued by the SENARA Board of Directors in session of September 26, 2006: • For any activity, the impervious surface area per hectare must not exceed 20%. • Those INDUSTRIAL ACTIVITIES that, throughout the different construction and operation stages, generate negative environmental impact on the aquifer, must submit an environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental) duly approved by SETENA. In accordance with the Ministry of Health Regulation, Decree 30465 S and the Wastewater Discharge and Reuse Regulation No. 26041-S MINAE, high-risk industrial activities are not permitted due to the possible impact of contamination. These high-risk activities are defined as those with the possibility of explosion, fire, leak, or sudden spill resulting from the process in the course of industrial activities, as well as in pipelines and transport, involving one or several hazardous substances and posing a serious danger (of immediate or delayed, reversible or irreversible manifestation) to the population, their property, the environment, and ecosystems. • Do not authorize activities for the storage and USE OF PESTICIDES, PESTICIDES, FUELS AND HAZARDOUS SUBSTANCES, OR PRECURSORS THEREOF FOR ANY PURPOSE. • For the REMOVAL, CUTTING AND FILLING OF MATERIALS (earthworks (movimientos de tierra)), a hydrogeological study must be conducted proving that there will be no impact on the aquifer, and an Environmental Management Plan must be duly approved by SETENA. • THE CONSTRUCTION OR EXCAVATION OF WELLS, INFILTRATION GALLERIES OR ANY OTHER WATER EXPLOITATION WORKS IS NOT AUTHORIZED. • In the case of RESIDENTIAL DEVELOPMENTS, SUBDIVISIONS, SUBDIVISIONS (fraccionamientos) AND CONDOMINIUMS, a sanitary sewer system and an ordinary-type wastewater treatment plant must be built. Developments with densities equal to or less than one housing unit per every 1000 square meters may be permitted. • In the case of HOTELS AND SIMILAR LODGING ESTABLISHMENTS, this may be permitted subject to effluent management with a treatment plant in compliance with the current Wastewater Discharge Regulation. The number of rooms must not exceed a load equivalent to 50 persons per hectare. • DO NOT INSTALL DUMPS, SANITARY LANDFILLS, OR WASTE DISPOSAL SITES OF ANY KIND. • The AyA, considering the studies submitted by the interested party and endorsed by the relevant authorities, may rule on other types of activities not listed in this agreement that affect the quality and quantity of water, establishing binding technical recommendations for the regulation of the activity. The AYA shall be empowered by Law 2726 to assess whether there is an impact on the aquifer and the correct disposal of wastewater in accordance with the current discharge regulation, in addition to the approval or denial of the activity. • Housing constructions originating from vegetative growth shall be permitted in Zone 6, provided that it is ensured that wastewater is not discharged into sinkholes (dolinas) and that waste collection is carried out by the municipal service or other means. THIRD: It is recommended that the Local Government and the Competent Institutions proceed to implement protection measures aimed at the conservation of forested areas. FOURTH: The Senior Management is instructed to take the appropriate steps and request the Municipality of Limón to implement the recommendations issued in this agreement. FIFTH: The Senior Management is instructed to take the appropriate steps and request MINAET to restrict ALL FOREST VEGETATION CLEARING IN ZONE 6. SIXTH: For zone 6, the Huetar Atlántica Regional Directorate and the Environment, Research and Development UEN shall create and maintain an exhaustive land-use inventory, identifying activities and establishments that store substances hazardous to the quality of water for human use. They shall also be responsible for analyzing proposals submitted by the Applicant and assessing the non-impact on the aquifer and correct disposal of wastewater. SEVENTH: In all other respects, the provisions of Board of Directors Agreement 2007-177 remain in force. Notify. Publish” (highlighting added).

On March 5, 2018, the ICAA’s UEN Environmental Management Directorate addressed official communication UEN-GA-2018-00322 to the Ministry of Health and the mayor of Limón, through which it expressed: “(…) The AyA, in its efforts to conserve and protect groundwater and intakes used for public supply in the province of Limón, has technically and legally defined protection zones for the karstic aquifer in Moín, through Board of Directors agreement 2011-112 session No.2011-017, which establishes restrictions on land use for the zones comprising this aquifer. Given this situation and due to this Institute’s (AyA) interest in protecting groundwater used for public supply, and in response to Ruling No. 2012-006424, corresponding to Amparo Appeal 10-013628-0007-CO, we respectfully request that you indicate the considerations and technical grounds on the part of the Municipality and the Ministry of Health for granting again the operating permit for the IRR al Caribe property, since the Constitutional Chamber considered on that occasion that the activity carried out by those companies endangers the quality of the groundwater used for public supply. Likewise, what measures were implemented to prevent any risk of contamination of the groundwater in the so-called zone 6 of the Moín aquifer by your represented parties? Were they assessed by SETENA? Was a new assessment of the activity carried out by SENARA for the Municipality to grant the new operating permit? Is there a pronouncement by the Ministry of Health?”

On April 9, 2018, the ICAA issued the “TECHNICAL DATA PROCESSING REPORT Services for the survey, identification and systematization of technical information as a mechanism for integrating information under the basin concept, application through a photogrammetric and LiDAR study in a sector of the Moín Aquifer, Limón,” which stated: “8.6.- Conclusions This project has demonstrated the potential of using state-of-the-art sensors (specifically, photogrammetric digital cameras and LiDAR sensors) to obtain high-quality information (high positional accuracy and a high level of detail) oriented to the study of a markedly sinkhole-prone area. The use of this type of data capture methodologies, supported by the processing and subsequent analysis of the extracted information, allows for a characterization of the phenomena occurring within it; this characterization constitutes a good starting point to be complemented with other types of studies. All of this in an area of significant complexity, in the sense of being an area with a significant presence of vegetation. In this regard, it can be noted that of the 438 sinkholes (dolinas) detected within zone 6, a total of 414 were completely or partially covered by trees, hindering their location and characterization through classical methodologies based on field topographic methods or even through aerial imagery.”

Meanwhile, on April 13, 2018, the ICAA’s Limón Cantonal Unit addressed official communication GSP-RHC-L-2018-00348 to the Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata, explaining: “(…) In response to your letter submitted to this Cantonal Office, requesting information on whether AyA plans to use the land on properties No. 00027138-000 and 00027136-000 in Villa Plata, I hereby inform you that said community is located within the recharge and water protection zone of the Moín-Limón springs (nacientes), according to Board of Directors Agreement No. 2007-177 and its modification No. 2011-112. Therefore, the Villa Plata community is subject to the prohibitions described in the aforementioned Board of Directors Agreements” (highlighting added). Furthermore, on April 19, 2018, the ICAA’s UEN Environmental Management Directorate sent official communication UEN-GA-2018-00556 to the director of the Limón Health Area, through which it explained what was required by the institute, in accordance with the provisions of memorandum UEN-GA-2018-00332.

Through memorandum GSP-RA-2018-02131 of September 25, 2018 (received on September 26, 2018), the Huetar Atlántica Region reported earthworks (movimientos de tierra) in the Villa Plata sector of Moín to the Municipality of Limón. It also indicated: “(…) The interest in this matter arises from the location of these lands within the so-called zone 6 of Moín, according to the hydrogeological and vulnerability study conducted for this aquifer. For this zone and others within the same aquifer, there are use recommendations established in AyA Board of Directors agreements number 2007-0177 and 2011-0112. The latter is exclusive to zone 6 and, within the regulations, it is established that for the removal, cutting and filling of materials (earthworks), a hydrogeological study must be conducted proving that there will be no impact on the aquifer, and an Environmental Management Plan must be duly approved by SETENA (…) the property where the earth movements (sic) are recorded is located in Villa Plata at coordinates CRTM 05 North 1105634 and West 602415 (…) intervention is requested so that the activity is completely halted and the described facts are investigated.” Likewise, the ICAA’s Huetar Atlántica Region addressed memorandum GSP-RA-2018-02132 of September 25, 2018, to the MINAET Limón Subregional Office (stamped received on September 26, 2018, by SINAC-ACLAC), in which it filed a complaint regarding earth movement in Villa Plata de Limón. It also stated: “intervention is requested so that the activity is completely halted and the described facts are investigated. It is noted that in other similar cases, the support of MINAET ACLAC has been available to gather the necessary evidence, should an administrative or judicial complaint be filed.” This complaint was referred to the Administrative Environmental Tribunal, which assigned it case file no. 064-19-01-TAA.

On October 2, 2018, the ICAA’s UEN Environmental Management sent document UEN-GA-2018-01659 to the general management of the Servicio Nacional de Riego y Avenamiento, stating: “In compliance with the agreements of the meeting held on October 2, 2018, at SENARA’s facilities regarding the Matama Village Case, the technical study entitled ‘Services for the survey, identification and systematization of technical information as a mechanism for integrating information under the basin concept, application through a photogrammetric and LiDAR study in a sector of the Moín Aquifer, Limón,’ conducted by the company STEREO CARTO CENTROAMERICA through contract 2017FTS – 00113 – PRI of the Functional Watershed Area of the UEN Environmental Management, is attached. The study was prepared for Zone 6 of the Moín aquifer, which was made official through AyA Board of Directors agreements 2007 – 177 and 2011 – 112.” It is also noted that, on November 2, 2018, the ICAA denied the water connection request submitted by the Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata on October 9, 2018, because it did not meet the requirements as it is located within the so-called zone 6.

On March 14, 2019, the ICAA sent official communication GSP-RA-2019-00456 to the director of ACLAC MINAE, the head of the Limón Subregion, and the mayor of Limón regarding “Forest Clearing and Earthworks in the Forested Recharge Zone of the Moín Aquifer.” This document stated that on that same day, the use of backhoe-type machinery was verified, which was performing earthworks (movimientos de tierra) for the possible construction of roads within the protection zone of the Moín springs called zone 6. It also indicated that “tree felling is taking place within the same protection zone.” Likewise, the importance of guaranteeing the protection of the Moín springs (nacientes) was detailed. Furthermore, it was affirmed: “The road construction activities, earthworks, and tree felling within the zone, whose location is indicated in Figure No. 4, cause: deforestation, loss of aquifer recharge, contamination with sediments and wastewater within the recharge zone, even discharging this type of waste directly into the sinkholes (dolinas), which are windows to the aquifer; these reported activities are considered to pose a high risk and impact on the Moín Aquifer Protection Zone, especially considering that this possible invasion site corresponds to one of the places with the greatest forest cover (cobertura boscosa) in the Direct Recharge Zone of the Moín Springs (Lung of the Moín Springs). For all of the above, you are requested immediately and within the framework of your powers, to take the necessary actions to timely prevent continued felling and earthworks at the reported site and to protect the forest cover (cobertura boscosa) of this area. We do not fail to state that we expect rapid and timely action from your offices, due to the consequences for public health and the environment resulting from the reported actions” (highlighting added). Meanwhile, on May 31, 2019, the ICAA’s Huetar Caribe Region sent document CSP-RA-2019-01013 to the Limón Municipal Council, requesting an audience so that the institute could present the technical, environmental, and legal scope of zone 6 of Moín. In response to this request, the Municipality of Limón authorized the audience for June 19, 2019.

On July 1, 2019, the ICAA issued document PRE-2019-00810, in which it indicated: “(…) we inform you that the following actions have been carried out by the Moín Commission, comprised of the UEN Environmental Management, the Environmental Legal Area, and the Huetar Atlántica Region: 1. Meeting with local Ministry of Health personnel to provide training on the importance of the Moín Aquifer, from a hydrogeological, legal, and operational point of view. (held on July 19, 2019) 2. Audience before the Municipal Council of Limón, regarding (sic) the (sic) implications of Zone 6 (Moín Aquifer), Limón; the Council was explained the need for a prior verification that there is no risk of contamination of the sources captured by the AyA, for any activity, before granting location and operating permits. (held on July 19, 2019) In accordance with the above, the formation of an inter-institutional commission was agreed upon, comprised of a representative of the Municipal Council, the Municipality, the Limón Health Area, and the AyA Regional Directorate. On the other hand, to begin the verification tasks ordered by the Constitutional Chamber, on July 11, 2019, a joint site visit to the company Ticontainers will be convened as part of the existing cases, and after the visit, the technical report will be issued and the appropriate immediate short- and long-term actions will be taken.” Thus, on July 11, 2019, the ICAA conducted an inspection of the company Ticontainers. Additionally, in February 2020, the ICAA issued a report on “INSPECTION BY THE INTER-INSTITUTIONAL COMMISSION ZONE 6 – MOÍN AQUIFER AYA – MINISTRY OF HEALTH CASE: CONTAINER DEPOT, TICONTAINERS S. A.” This document recorded: “Conclusions a) The inspected property (Plan L-843089-2003) is located within Zone 6 of the Moín Aquifer, which has high vulnerability. b) A container depot is identified on the property under inspection, containing offices, a maintenance and repair workshop, as well as materials scattered without order or proper arrangement on the property. c) Geologically, coral deposits are identified on the property, outcropping at topographic highs. The flat areas on the property were shaped and leveled with gravel, which are underlain by the coral formations. d) Two sinkholes (dolinas) were located within the property, which have been modified and conditioned for stormwater drainage of the property under inspection. e) Two sinkholes (dolinas) were observed outside the property, which receive stormwater generated by surface runoff both on the inspection property and the project bordering to the West (AI Caribe Company) and from Route 32. f) Hydrocarbons, chemicals (labeled as hazardous substances), and oils stored without treatment, final disposal, and adequate protection were identified, exposed to water, sun, and wind, without any safety measures, which represents a high risk to the health of workers and the water resource supplying the province of Limón. g) The spill of raw wastewater was determined on the surface of the property (see photos), which are sources of contamination for the groundwater. h) Wastewater is disposed of using septic tanks, drainfields, and absorption wells with serious deficiencies; the use of this type of systems that infiltrate wastewater must not be used as a means of disposal in zone 6. 8. Recommendations With the objective of protecting the water resource in Zone 6 of the Moín Aquifer, the following actions are recommended: a) Compliance with the scope of AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and 2011-112 is recommended. b) The Ministry of Health is recommended to issue instructions for the disposal, collection, and treatment in accordance with the activities of the property—inspection, maintenance, and repair of container transport—pursuant to current legislation, because the absence thereof generates a threat to groundwater, which implies being a necessary condition. c) Due to the High Vulnerability of the property’s location, the storage of hydrocarbons and the use of chemicals that endanger the drinking water supply for 15,000 people in the Limón System, including the port area and the new container terminal, are not appropriate. d) Signpost, protect, and adequately use the sinkholes (dolinas) on the property so that the activities carried out on the premises do not negatively impact them. e) Separate ordinary and special wastewater from stormwater, so that the inflow of water (stormwater and runoff) into the sinkholes (dolinas) does not represent a threat to the quality of the aquifer and recharge to the groundwater is not affected. f) Eliminate the existing structure of the absorption well and all septic tank and drainfield systems on the property. g) The implementation of a collection, treatment, and disposal system for ordinary and special wastewater that does not use infiltration into the subsoil or sinkholes (dolinas) as a final disposal method is recommended. h) The Ministry of Health is requested to verify that no stored fuels exist on the property, according to the recommendations of the Board of Directors agreements. i) Submit a site design indicating the impermeabilization percentages as established in AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and 2011-112 (not to exceed 20%), as well as the stormwater management infrastructure that guarantees their adequate disposal. It is important to note that, given that Law 2726 does not grant the AyA powers to issue Orders and, in the event of non-compliance, the possibility of ordering the closure of premises, it is the responsibility of the Ministry of Health’s Health Area to assess the recommendations presented in this report, so that it may proceed according to its powers, pursuant to Law 5395. On behalf of this Institute, the Ministry of Health is informed that we are willing to provide accompaniment, document review, and advice in inspections of activities carried out in areas related to AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and 2011-112.” Meanwhile, on March 5, 2020, the Ministry of Health informed the ICAA that the company TICONTAINERS had complied with the aspects required in health order MS-DRRSHC-ARSL-0360-2020-OS, and the case was therefore archived.

This Tribunal certifies that, on June 15, 2020, the executive president of the ICAA issued official communication PRE-2020-00865, stating: “(…) A. Coordination actions carried out by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, within the framework of its powers, has carried out various actions focused on the management and protection of zone 6 of the Moín Aquifer, which are detailed below: a. Through publication in Gazette 83 of May 2, 2011, of Board of Directors Agreement No. 2011-112 (Annex 1), Board of Directors Agreement 2007-177 was partially modified, regarding the officialization of the Hydrogeological Study and Vulnerability of the Moín Aquifer, Limón, and the update of protection zone DGAMB-2007-031. This Agreement establishes land-use regulation recommendations for Zone 6 to the competent entities in the first Por tanto. b. More recent coordination efforts among the various competent bodies: • Official communications issued by the Moín Commission No. UEN – GA – 2018 – 00322 (Annex 2) dated March 2018, UEN – GA – 2018 – 00556 (Annex 3) dated April 2018, UEN – GA – 2018 – 01827 (Annex 4) dated October 2018 and UEN – GA – 2018 – 1975 (Annex 5) dated November 2018 addressed to the Local Government and the Ministry of Health. • Presentation given by the Moín Commission on May 22, 2019, at the AyA – Huetar Caribe Regional Office to the Municipality of Limón and the Ministry of Health to address the issue of Zone 6, Moín Aquifer in the province of Limón. • Presentation given by the Moín Commission on June 19, 2019, to the Municipal Council of Limón regarding the hydrogeological characteristics of the Moín aquifer, as well as the environmental, technical, and legal scope in relation to operating permits, business licenses, and location in Zone 6 of the Moín Aquifer. • Through official communications UEN-GA-2020-00836 (Annex 6) and UEN-GA-2020-01399 (Annex 7), inspections have been arranged with the Ministry of Health; however, they have been postponed due to the state of emergency decreed for COVID-19. B. Powers of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a. As previously indicated, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as a public entity, must adhere to the Principle of Legality, which emanates from the General Public Administration Law in its article 11 and circumscribes the AyA’s powers in its Constitutive Law No. 2726. Again, it is clarified that the Institution does not have the power to enter private property to verify that buildings comply with construction parameters or correctly use the septic tank system, carry out evictions, survey the physical sanitary condition of each construction and commercial activity, nor can it “void an operating permit,” or “close an activity” and much less file a complaint or appeal without it being based on a technical report. b. The Board of Directors agreements are recommendations of a technical nature, which must be applied by the competent Institutions when resolving a petition or granting permits, licenses, or authorizations. Likewise, pursuant to the General Public Administration Law, these institutions have the possibility of departing from those recommendations in a reasoned manner. In light of the above, it is clear that the Institute, within the framework of its powers and interest in protecting the Moín Aquifer, from which a sector of the population of Limón is supplied, has carried out a series of actions and created instruments that serve as input for both the Municipality and the Ministry of Health, so that they can issue regulations on land use, as well as authorize activities that do not affect the quality and quantity of the water resource. Therefore, the following clarifications are made: 1. It is the Ministry of Health, in the case of industrial and commercial buildings, that, in compliance with the provisions of the General Health Law and its regulations, grants the operating permit; for this purpose, it considers the technical pronouncement communicated by the AyA. At the administrative level, the granting of any permit must adhere to the principle of legality, compliance with, and verification of, the requirements, so that the Administration can proceed with the assessment and resolve accordingly. It should be kept in mind that the Constitutional Chamber, for the entire locality of Limón including zone 6, at no time ordered that no new operating permits be granted (see in this regard Rulings No. 2008-004751 of 03/27/08 and No. 2012-006424, the latter corresponding to Amparo Appeal 10-013628-0007-CO). 2. The respective Health Area is the entity that can carry out a survey of the physical sanitary condition of each construction and commercial activity; in fact, performing this task permanently, complying with the duty of oversight, is within its ordinary activity. 3. For its part, it is the Local Government that is responsible for granting business licenses and issuing construction permits for any building, in accordance with land use and the technical assessment provided by the AyA. Based on the foregoing, what would be appropriate in principle is for you, as an interested party, to direct your inquiry to those authorities so they can provide you with the information of interest to you. However, in application of Law 8220 and its amendments, this same communication will be brought to the attention of those entities so that they may state what is appropriate according to their powers. 4. For the demand for liability to be possible and effective, any complaint must provide an evidentiary burden that demonstrates the existence of a causal link between the performance of an activity or conduct and the unavoidable result of the commission of harm. In judicial matters, the protocols agreed upon with the Environmental Prosecutor’s Office are applied. To date, the AyA has no evidence of contamination in its supply infrastructure that has caused the water treatment plant or the supply systems in Zone 6, Moín Aquifer to cease operations; nor are there suspicions of any entity, natural or legal person, appearing in that condition for having caused any contaminating event. Therefore, on behalf of this Institute, the willingness to continue carrying out actions among the various competent institutions is reiterated, with the objective that the activities currently being carried out, or those that may potentially be authorized, do not affect the quality and quantity of the water resource used for public supply” (highlighting added).

In addition to the above, on October 13, 2021, Fabián Leandro sent an email to [email protected], explaining the situation experienced on the properties of the protected company. He also stated: “My query is how (sic) can AYA help us to initiate an eviction process for all the people who are contaminating the aquifer (…)”. In response, the following day receipt of the electronic communication was acknowledged, and the sending of the property plans in “shape” format was requested. On November 15, 2021, the Directorate of the Functional Hydrogeology Area of the ICAA’s UEN Environmental Management issued memorandum UEN-GA-2021-02951 in response to an inquiry made by Fabián Leandro regarding the properties of Val Di S. A., which stated: “Therefore, on behalf of the UEN Environmental Management, the following is indicated: a. The lots owned by [Name 003] provided by Mr. Fabian (sic) Leandro are located in Zone 6 of High Vulnerability, within the Moín Aquifer Protection Zone, which was defined by AyA Board of Directors Agreement 2011-0112 (Regular Session Number 2011-017 of April 7, 2011, and published in Gazette No. 83 of May 2, 2011). b.

It is recommended that the Legal Area of the Huetar Caribe Region consult the Huetar Caribe Regional Directorate, with the objective of having it state whether the property contains operational infrastructure intended for public supply service. c. Regarding collaboration for the eviction process of all persons who are contaminating the aquifer, it is important that from a legal standpoint recommendations be established, so that the UEN Gestión Ambiental provides support as appropriate.” Meanwhile, on January 20, 2022, the Huetar Caribe Region of the ICAA issued memorandum GSP-RHC-2022-00090, by means of which it stated in response to official letter PRE-J-2021-04524: “Regarding the consultation received, I must state the following: 1- The described property is indeed located within what is called zone 6; in this zone there is a 300 mm HF pipe conveying water from the Moín potabilization plant to the Pueblo Nuevo tank, which does not mean that this pipe is on that farm itself. 2- Regarding eviction requests, I must state that it is not this Directorate’s responsibility to manage the eviction of property belonging to a third party; we have done this for AyA properties, and we have also brought the situation to the attention of MINAE; however, I reiterate we cannot take steps to bring about evictions on a property that does not belong to the Institute; in fact, the police authorities do not even accept a complaint unless it is filed by the registered owner” (the bold text was incorporated).

On January 28, 2021 (sic), the UEN Gestión Ambiental Directorate of the ICAA explained, in memorandum UEN-GA-2022-00182, that: “the following opinions issued in reference are attached: • Memorandum UEN-GA-2021-02951, issued by the UEN Gestión Ambiental (Annex 1). • Memorandum GSP-RHC-2022-00090, issued by the Huetar Caribe Regional Directorate of the Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos (Annex 2). Therefore, from the UEN Gestión Ambiental, the relevant official letters for the case under consultation are forwarded, it being necessary that recommendations regarding the involvement and support of the institutional areas be defined from a legal standpoint, as appropriate.” Meanwhile, on February 7, 2022, an ICAA official issued memorandum PRE-J-2022-00477, which detailed: “(…) For the purposes of this response, the technical opinions, GSP-RHC-2022-00090, from the Huetar Caribe Region and UEN-GA-2021-02951 and UEN-GA-2022-00182 from the UEN Gestión Ambiental, are considered, to indicate in this regard: By principle of legality, AyA, in compliance with Ley 2726, does not have competence to carry out evictions on properties – registered folio, that are not registered in its name, this being the exclusive power of the registered owner. The foregoing is also grounded in the fact that AyA’s revenues are supported solely by the fees that users pay for the services provided by the Institute. In that sense, the law requires investing the authorized items in the respective fee schedules directly in infrastructure under AyA’s administration, in properties that are in AyA’s name, in the provision of services to our clients under conditions of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision. The use of funds derived from fees, by AyA, in other institutions equally obligated to cover their obligations with their own fees, credits, or other acceptable forms of financing within the public sector, or carrying out actions on private property, generates not only a violation of various regulations such as those indicated, but of the entire applicable legal framework in accordance with the principle of legality that governs the actions of the Public Administration (In this regard, the obligations and prohibitions contained in the Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, the Ley General de Control Interno, the Ley de Creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, among others, would also apply). Likewise, it would place the Institute before the dilemma of setting aside some of the obligations that require those funds and that were duly justified before ARESEP and authorized by it. On the other hand, in accordance with the possibility of conducting a study on the property under consultation, in accordance with the principles of the Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, ALCANCE NO 29 A LA GACETA NO 27, Tuesday, February 9, 2021, the principle of cost-of-service and authorization are found, which are defined by numerals 3 and 94 of the indicated Law, as follows: “Article 3.- Definitions For the purposes of this law, the following concepts are defined: (…) b) Cost-of-service: principle that determines the manner of setting fees and prices of public services, so that only the costs necessary to provide the service are contemplated, allowing a competitive return and guaranteeing the adequate development of the activity, in accordance with the provisions of article 31…” Article 94.- “Authorization: Institutions and public enterprises that provide services are authorized to directly sell advisory, consulting, training, or any other service related to their competencies to other public and private enterprises or institutions, national or foreign.” It is necessary to keep in mind that Exp: 07-009140-0007-CO, Res. No. 012043-2008 that is invoked, indicating that it corresponds to AyA: “…c) Promote the conservation of hydrographic watersheds and ecological protection, as well as the control of water contamination (…) the obligation of AYA to exercise administrative powers to protect aquifers….”, must be analyzed under the context in which it arose and which was due to the evaluation of a particular property, where this Institute had to proceed to conduct the corresponding studies by order of the Sala Constitucional, in order to determine the suitability of the property’s use; said ruling does not imply a general authorization for AyA to carry out such work on all properties located in zone 6, without the owner’s authorization and without the owner establishing the conditions for the corresponding evaluation to be carried out. CONCLUSION In accordance with the technical opinions, GSP-RHC-2022-00090, UENGA-2021-02951 and UEN-GA-2022-00182, the following must be communicated to the interested party, reiterating that: A) By principle of legality, AyA cannot institute eviction proceedings on private properties, as this power is exclusive to the holder of the property’s domain, in accordance with article 264 of the Código Civil, which enumerates the rights that make up the domain or absolute ownership of a thing, including the rights of defense and exclusion, and those of restitution and indemnification, developed further in articles 295 to 315 and 316 to 334, respectively, such that the evidentiary power of ownership, as a fundamental requirement for the eviction process, is excluding in this case for AyA. B) Even though article 2, subsection c) of Ley No. 2726 establishes a duty for the Institute to control the contamination of water bodies and the Sala Constitucional, through various rulings, has referred to the protection of water resources, the Institute cannot violate the legal system and infringe upon fundamental rights such as property and, in the name of said duty, arrogate to itself powers that go beyond its scope of action. C) In the event of conducting a technical study on the property under consultation, it is the owner’s responsibility to establish the conditions and coordination so that the safety of the corresponding officials upon entering the property is provided; likewise, said work must be scheduled in accordance with institutional priority.” In turn, on February 7, 2022, an ICAA official addressed memorandum PRE-J-2022-00480 to Fabián Leandro, by means of which she indicated: “Please find attached the documents serving as a referral to respond to the consultation made: Memorandum UEN-GA-2022-00182, with its two annexes (GSPRHC-2022-00090, UEN-GA-2021-02951), which correspond to the UEN’s technical opinion. As well as Memorandum No.PRE-J-2022-00477 corresponding to the environmental legal area’s opinion.”

On February 21, 2022, Fabián Leandro sent a writing to Jorge Madrigal García of the Comisión Moín of the ICAA, in which he stated: “(…) However, we were told that AYA could not intervene, and we were told that, in the event of conducting a technical study on the property under consultation, it is the owner’s responsibility to establish the conditions and coordination so that the safety of the corresponding officials upon entering the property is provided; likewise, said work must be scheduled in accordance with institutional priority. That is why the owner decided to take on the corresponding study due to the workload and schedule that AyA stated prevented them from carrying it out. Therefore, we require that you indicate what areas should be considered by the private company in the aquifer contamination study, the terms of reference that must be set out in the Study, and the methodology to be used on the property, so that said study is accepted by AYA. For future notifications, my own will be received at the email [email protected], or at fax 27101678.” In this regard, on March 2, 2022, the Huetar Caribe Region sent official letter GSP-RHC-2022-00354 to Fabián Leandro Marín, by means of which it indicated that his case was transferred to the UEN Ambiental Investigación y Desarrollo “which indicates it will work on the preparation of terms of reference for the execution of the pertinent studies.” Meanwhile, on March 17, 2022, the UEN Gestión Ambiental sent memorandum UEN-GA-2022-00528 to the Huetar Caribe Region of the ICAA, by means of which it set forth: “In response to the email issued by the Directorate of the Huetar Caribe Region to the Directorate of the UEN Gestión Ambiental, forwarding the note from Lic. Fabian (sic) Leandro Marín regarding the case of the property owned by [Name 003], the following is stated: 1. By AyA Board of Directors Agreement No. 2007-177, published in La Gaceta No. 83 — Wednesday, May 2, 2007, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados presents the Officialization of the hydrogeological study and Moín aquifer vulnerability, Limón, and the update of the protection zone DGAMB-2007-031. 2. By Board of Directors Agreement No. 2011-112 of AyA, published in La Gaceta No. 83 — Wednesday, May 2, 2011, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados presents the draft agreement to partially modify Board of Directors Agreement 2007-177, which establishes restriction guidelines for Zone 6. 3. By official letter UEN-GA-2021-02951, issued by the UEN Gestión Ambiental, the following is stated: “Therefore, from the UEN Gestión Ambiental, it is stated that prior to issuing recommendations, it is necessary to verify in the field the hydrogeological conditions of the property, specifically the presence and distribution of sinkholes (dolinas) within the lot, therefore it is required of the interested party, should it wish to carry out such a survey, to coordinate with the Public Force and other competent Institutions to provide the respective accompaniment for the mapping of the structures. Therefore, from the UEN Gestión Ambiental, the following is stated: a. The lots owned by [Name 003] provided by Lic. Fabian (sic) Leandro are located in Zone 6 of High Vulnerability, within the Moín Aquifer Protection Zone, which was defined by Agreement 2011-0112 AyA Board of Directors (Ordinary Session Number 2011-017 of April 7, 2011, and published in La Gaceta No. 83, of May 2, 2011)…” Therefore, from the UEN Gestión Ambiental, it is stated that the property owned by [Name 003] is located in Zone 6, which has High intrinsic vulnerability as defined by AyA, therefore the technical study to be conducted must contemplate this already-defined parameter and incorporate the survey of sinkholes (dolinas), which may vary in size, shape, and distribution. Once the elements (high vulnerability and location of sinkholes (dolinas)) are known, an environmental management plan in accordance with the activity intended to be carried out must be submitted, guaranteeing no impact to the water resource. Once the study with the final results presented by the interested party is completed, it must be delivered to the Comisión Moín coordinated by the Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo. AyA reserves the right to verify the information provided, for which the interested party must arrange for the protection of the officials with the Public Force and other competent Institutions to conduct the site visit.”

On the other hand, on March 25, 2022, the Huetar Caribe Region of the ICAA issued memorandum GSP-RHC-2022-00483, in which it detailed: “In response to the official letter in question and the additional information requested via email, and in relation to the complaint regarding earthworks (movimientos de tierra) in the Villa Plata sector of Moín, Limón, the following is stated: - The site for which the complaint is filed, both with the municipality of Limón and with MINAE SINAC Área de Conservación La Amistad Caribe, is located on farm No. 7-027136-000, whose registered owner is Propiedades Val Di Sole S.A. However, it is clarified that this farm has been subject to squatting (ocupación precaria) for many years and that the reported works were very probably carried out by some of the occupants. – The farm is located within what is called zone 6 of the recharge area of the Limón aquifer, for which AyA Board of Directors agreements (2007-177 and 2011-112) exist, recommending land-use regulations. – Due to its squatting condition, there are no formal potable water services on the farm. – As for the earthworks (movimientos de tierra), due to the elapsed time, they are no longer ongoing. This type of intervention is normally of short duration, hence AyA resorts to local institutions with sufficient authority to stop them. – This complaint does not correspond to the already-addressed case of the Escuela de Villa del Mar 1 (see image 1) (…)” (the bold text was incorporated).

Additionally, on March 25, 2022, the executive president of the ICAA sent a submission to the Tribunal Ambiental Administrativo concerning file 064-19-01-TAA, in which it stated: “FIRST: By report GSP-RHC-2022-00476, it is indicated that originally this Institute, through the Huetar Caribe Region Directorate, filed a complaint before administrative bodies by means of official letters GSP-RA-2018-02131 and 02132, stamped as received by the Municipality and MINAET (SINAC), a matter that was transferred to the Tribunal Ambiental Administrativo, without SINAC carrying out the corresponding assessment. Those notes showed that the earthworks (movimientos de tierra) were in Villa Plata, at the site located at CRTM 05 coordinates North 1105634 and West 602415, specifically 350 meters east and 200 meters north of El Empalme de Moín. The above coordinates are located on the property of [Name 003], with legal identification number 3-101-663655, farms 7-27136, PLAN: L-0509859-1983, PROPERTY IDENTIFIER: 701010027136 and farm FARM: 27138 PLAN: L-0509860-1983, PROPERTY IDENTIFIER: 701010027138, both of PROVINCE: LIMON. Report GSP-RHC-2022-00483 indicates, regarding the verification of the location of the originally cited coordinates, that: “…-The site for which the complaint is filed, both with the municipality of Limón and with MINAE SINAC Área de Conservación La Amistad Caribe, is located on farm No. 7-027136-000, whose registered owner is Propiedades Val Di Sole S.A. However, it is clarified that this farm has been subject to squatting (ocupación precaria) for many years and that the reported works were very probably carried out by some of the occupants. – The farm is located within what is called zone 6 of the recharge area of the Limón aquifer, for which AyA Board of Directors agreements (2007-177 and 2011-112) exist, recommending land-use regulations. – Due to its squatting condition, there are no formal potable water services on the farm. – As for the earthworks (movimientos de tierra), due to the elapsed time, they are no longer ongoing. This type of intervention is normally of short duration, hence AyA resorts to local institutions with sufficient authority to stop them…” SECOND: By official letter PRE-J-2021-04524, communicated by email, the situation regarding access to said farm, which is invaded, is forwarded and brought to the attention on October 13, 2021, to Lic. Fabián Leandro, representative of the current owners of property 7-027136-000, where the earthworks (movimientos de tierra) were carried out: “The purpose of this email is to inform me of the result of the action taken with that AYA administrative office for the eviction of the persons who are contaminating the Moín aquifer and who are also on the farm [Name 002], with legal identification number 3-101-663655, farms 7-27136 DUPLICATE: HORIZONTAL: RIGHT: 000, SEGREGATIONS: NONE, NATURE: GRAZING LAND AND PARTLY FOREST, LOCATED IN DISTRICT 1-LIMON, CANTO 1-LIMON, PROVINCE OF LIMON, THE FARM IS IN A CADASTRAL ZONE, BOUNDARIES: NORTH: CREEK AND JOSE JOAQUIN ROJAS QUIROS, SOUTH: PUBLIC STREET WITH 529.18 METERS, EAST: CREEK AND JUAN SARKIS ESTEFANO, WEST: WITH COSAS DE MADERA S A, MEASURES: THREE HUNDRED TWENTY-TWO THOUSAND FOUR HUNDRED TWENTY-ONE SQUARE METERS AND THIRTY-TWO DECIMETERS, PLAN: L-0509859-1983, PROPERTY IDENTIFIER: 701010027136 and of the farm PROVINCE: LIMON FARM: 27138 DUPLICATE: HORIZONTAL: RIGHT: 000, SEGREGATIONS: NONE, NATURE: LAND WITH 4 HOUSES AND OTHERS, LOCATED IN DISTRICT 1-LIMON, CANTO 1-LIMON, PROVINCE OF LIMON, THE FARM IS IN A CADASTRAL ZONE, BOUNDARIES: NORTH: PUBLIC STREET, SOUTH: RAILWAY LINE AND OTHER, EAST: PUBLIC STREET AND OTHER, WEST: RAILWAY TRAIL, MEASURES: FIFTY-ONE THOUSAND THREE HUNDRED FIFTY-FIVE SQUARE METERS AND TWENTY-THREE DECIMETERS, PLAN: L-0509860-1983, PROPERTY IDENTIFIER: 701010027138. Both farms are located in a place called Villa Plata, which is a slum (precario) where there are a large number of houses and people squatting on the farm. These farms are located one hundred percent within zone 6 described in official letter No. 2007-177, SUBJECT: Officialization of the hydrogeological study and Moín aquifer vulnerability, Limón, and the update of the protection zone DGAMB-2007-031, and within them there are a large number of dwellings, plot holders who are illegally possessing the farm and at the same time causing environmental damage and aquifer contamination. My query is how AYA can help us to initiate an eviction process for all the persons who are contaminating the aquifer…” Based on the above, it is noted that, although at the time of the complaint (2018) the earthworks (movimientos de tierra) were the responsibility of the registered owner, they did not continue after the reported events. Therefore, it cannot be reliably determined today what the consequence of them was or the damage caused at the time they were carried out be quantified. This Institute, due to the current situation of encroachment on the property, which as of today is a consolidated settlement on the property of [Name 003], with legal identification number 3-101-663655, farms 7-27136, PLAN: L-0509859-1983, PROPERTY IDENTIFIER: 701010027136 and farm FARM: 27138 PLAN: L-0509860-1983, PROPERTY IDENTIFIER: 701010027138, both of PROVINCE: LIMON, cannot at present facilitate the identification of the individual who caused the environmental damage, for the purposes corresponding to that Tribunal Ambiental in the search for the real truth of the facts, as well as for what corresponds to the right of defense of the alleged causers of damage to the environment and human health by action or omission.” (the bold text was incorporated).

On April 8, 2022, the Limón Cantonal Unit of the ICAA issued document GSP-RHC-L-2022-00494 addressed to the Asociación de Desarrollo Integral Villa Plata, in which it stated: “As an addendum and clarification to official letter GSP-RHC-L-2022-00488 of April 7, 2022, I wish to respectfully refer to the following: 1. While it is true that sworn statements are for unregistered lands, Villa Plata has a registered farm (it has a registered owner), which is why this procedure is not applicable to the case in question. It is also clarified that surveying plans and sworn statements do not apply in the case of Villa Plata, because the settlement has a registered owner. 2. Villa Plata is a settlement not authorized by the registered owner of the Farm, which is why its inhabitants do not have title to the real estate. For this reason, AyA cannot proceed to evaluate the feasibility of providing its service in Villa Plata. Considering the foregoing, it is not possible to conduct a field inspection in accordance with your request received at this Office on March 25, 2022, since the settlement is of a private nature. 3. Villa Plata is located in a strategic zone within the recharge areas of the Moín aquifer, especially concerning what is called “Zone 6,” with recommendations established and regulated by Board of Directors Agreements No. AN-2007-177 and No. 2011-112. The mentioned agreements are attached. 4. The request for services for Villa Plata is not only about potable water supply but about a complete regularization, complying with all other services, within which the solution for wastewater, lot size, and impermeable area are important for what has been stated and for what is indicated in the aforementioned AyA Board of Directors Agreements, which are binding as indicated by the Sala Constitucional. This means that, even if the issue of land tenure in Villa Plata were resolved, the recommendations of the Board of Directors Agreements, treatment and solution of wastewater, hydraulic and water capacity, among others, must be considered. This being a settlement in squatting condition, it is not possible to proceed to analyze or suggest regarding the request made, until the land tenure is resolved and the requirement is adjusted to the mentioned Board of Directors Agreements (…)”.

On May 9, 2022, the ICAA produced technical report PRE-J-2022-01740 regarding the “Villa Plata Slum (Precario) Farms 00027138-000 and 00027136-000,” in which it indicated: “A) Complaints Filed: Table No. 1 shows the Complaints filed for earthworks (movimientos de tierra), tree felling within Zone 6 of Moín, or installation of activities not compatible with the Regulatory Recommendations established in AyA Board of Directors Agreement 2011-112. To be concise on the requested subject, only evidence of the cases related to the Villa Plata Slum (Precario) will be attached, which will be presented as annexes to this document and are those marked in yellow (…) Detailing the complaints related to the Villa Plata Slum (Precario): Complaint No. 7 and No. 8: In September 2018, Engineer José Matarrita of AyA Huetar Caribe Region filed these complaints through Official Letters GSP-RA-2018-02131 and GSP-RA-2018-02132 (Attached), which were notified both to the MINAE authorities and to the Municipality of Limón, regarding illegal earthworks (movimientos de tierra) in the Villa Plata Slum (Precario) and within the Registered Folio Property No. 27136-000. As of today, it is being processed through the Tribunal Ambiental Administrativo, File No. 064-19-01-TAA. Complaint No. 9: In March 2019, Engineer Alejandro Rodríguez Vindas of AyA Huetar Caribe Region filed Official Letter GSP-RA-2019-00456, denouncing forest clearing (Corta Forestal) and earthworks (movimiento de tierra) in the Forested Zone of the Moín Aquifer, which was notified both to the MINAE authorities and to the Municipality of Limón, regarding illegal earthworks (movimientos de tierra) and clearing of forest vegetation (corta de vegetación forestal). As shown in Figure No. 1, part of these earthworks (movimientos de tierra) and clearing of forest vegetation (corta de vegetación forestal) occurred on the southeast side of Registered Folio Farm No. 27136-000 (…) From these complaints, it is evident that AyA has applied the mechanisms permitted by the legal framework to denounce the clearing of vegetation and earthworks (movimientos de tierra) on Registered Folio Property No. 27136-000, a situation that has not been addressed by the competent authorities or by the owner of the property himself, whom it has never been possible to contact at the time such complaints are made. B) Development of New Projects: Table No. 2 shows the main applications for New Projects in Zone 6 of the Moín Aquifer. To demonstrate that it is feasible to carry out Projects in Zone 6 of the Moín Aquifer, the Projects that have obtained approval and water availability required to build them are outlined in green, as is evident from the results obtained; out of 10 proposed Projects, 50% were approved by AyA to begin the corresponding construction procedures, through the issuance of water availability certificates (…) the Regulatory Recommendations established by AyA in Board of Directors Agreement No. 2011-112 do not void the owner’s right to carry out activities and Projects of various kinds, as has been demonstrated. In fact, the execution of projects in Zone 6 of the Moín Aquifer requires that the proposed Project be environmentally friendly, making considerations that allow maximizing aquifer recharge and minimizing the impact of generated wastewater through treatment systems that protect and safeguard the quality of the water resource. In addition to this approach, it is shown that in the 2020 and 2021 period, as shown in Table No. 3, there were 80 applications for potable water availability for single-family dwellings, of which 54%, or 43 water availability applications, were approved by the Limón Cantonal Office within Zone 6 of the Moín Aquifer, reinforcing the fact that it is feasible to develop properties within this zone (…) C) Existing Installations: Table No. 4 shows the main criteria given by AyA Huetar Caribe Region regarding Existing Installations and how to ensure that these installations comply with the Regulatory Recommendations given by AyA depending on the sector where they are located and according to the criteria of Board of Directors Agreements No. 2007-177 or No. 2011-112. To be concise on the requested subject, only evidence of the cases related to the Villa Plata Slum (Precario) will be attached, which will be presented as annexes to this document and are those marked in yellow (…) In the case of the Villa Plata Slum (Precario), multiple criteria issued by the Limón Cantonal Office have been expressed over time; in the case of Table No. 4, 3 of them are indicated, in which the criterion has been reiterated that it is not possible to grant water service, water availability, or the possibility of installing public standpipes within the slum (precario). Additionally, all notes indicate the location of this Slum (Precario) within the Recharge and Protection Zone for the waters of the Moín springs (nacientes), where compliance with Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112 must be met (…) the Villa Plata Slum (Precario) has been established for many years; in fact, the seal of the Development Association printed on the application indicates the year 2010; this can be corroborated with Figure No. 9, where by taking an extract from a Google Earth image dated February 2010, a large number of internal roads, dwellings, areas without forest cover, etc., already exist within properties 00027138-000 and 00027136-000.”

(…) It is very important to note the foregoing because the owners of these lands indicate that AyA has not done what is necessary to protect the Moín Aquifer (Acuífero de Moín); however, there is sufficient documentary evidence to demonstrate that for more than 14 years, AyA has denied the availability of potable water services in the Precario Villa Plata and that during that same time, no action by the owners of these lands to recover them is recorded; however, regardless of this fact, AyA has filed the complaints and taken the actions that the law permits within what the report has termed "existing installations" in Zone 6, to ensure compliance with Board of Directors Agreement No. 2011-112 (…) Finally, in the case of Zone 6 of the Moín Aquifer, AyA has carried out different Projects or actions and plans to do other activities that improve the Protection of the Water Resource of the Moín Springs (Nacientes de Moín), among them are: A) Creation of the Moín Aquifer Commission: In the month of July 2010; AyA created a Multidisciplinary Commission to resolve pending cases, at that date, regarding the Moín Aquifer, called the "Moín Aquifer Commission." In this instance, there is representation from the Environmental Unit (Unidad Ambiental), Legal Department, the Deputy General Management of AyA, and officials from the Huetar Caribe Region. Currently, this Commission collegially issues technical criteria on projects or cases that warrant it in the Zones established in Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112. B) Construction of a Potable Water Treatment Plant: Within the tenth point of Agreement No. 2007-177, it was indicated: "Unless it is demonstrated that the Moín sources have been irreversibly affected, according to regulations, by the Químicos Holanda event, they must be kept in use for supplying the population for technical and demand reasons; with the following conditions: Order the immediate construction of a treatment plant, including an activated carbon system or the necessary technology to ensure quality against any possible contamination. Studies must be initiated immediately to define the possibility of using the upper basin of the Banano River with a view to replacing the Moín sources in case they become contaminated by industrial activities carried out in the basin." In compliance with that agreement and as seen in Figure No. 10, the Moín Treatment Plant has been operating since March 2012, at a cost of approximately ¢400,000,000.00 (Four hundred million colones). This plant treats the waters of the Spring (Naciente) by removing turbidity and organic load present in the waters of the Moín Springs, thus guaranteeing the potability of the water provided to the population. It is important to note that this plant is not capable of treating hazardous substances, chemicals, fuels, etc. (…) C) Communication at the Highest Level: As recorded in document PRE-1426-2012 in November 2012, the Executive President of AyA, Engineer Yesenia Calderón Solano, notified the Mayor of the Municipality of Limón, Lic. Nestor Mattis Williams, about the application of AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112 within the Limón Regulatory Plan (Plan Regulador de Limón); it finally states: (…) Similarly, through Official Letter PRE-1426-2012 in November 2012 (attached), the Executive President of AyA, Engineer Yesenia Calderón Solano, notified Engineer Uriel Juárez Baltodano of the Technical Environmental Secretariat (Secretaria Técnica Ambiental), informing him about the application of AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112. D) LiDAR Project: Through Contract No. 2017FTS-00113-PRI for an amount of 20 million colones, AyA's Department of Hydrographic Basins contracted Services for the survey, identification, and systematization of technical information as a mechanism for integrating information under the basin concept, applied through a photogrammetric and LiDAR study over Zone 6 of the Moín Aquifer. Among the results obtained, and as shown in Figure No. 11, it was possible to identify sinkholes (dolinas), swallow holes (sumideros), and topographic depressions within the zone, which allows identification of the density of these elements within the properties where new Projects are requested in Zone 6 of the Moín Aquifer. Once these structures are identified, AyA's Environmental Unit conducts the site survey and issues the corresponding criteria on them. This information allows for evaluating the conceptualization of projects in the aforementioned Zone 6 to issue water availability permits for them and to corroborate the information provided by developers. (…) E) Project for the Construction of the Sanitary Sewer System and Wastewater Treatment Plant for Moín: As part of the actions taken by AyA for the Protection of the Moín Aquifer, within the Potable Water and Sanitation Program for Coastal Zones, Service Quality and Efficiency Management BCIE 2188, there is Project BPIP 1984 called "Construction of the Sanitary Sewer System of Moín," which aims to build the sanitary sewer system in the area shown in Figure No. 12 and the construction of a Wastewater Treatment Plant shown in Figure No. 13, all within the sectors with the highest population density within Zone 6 of the Moín Aquifer (…) CONCLUSIONS: 1) For more than 19 years, AyA has filed the necessary complaints before the Municipality of Limón and the Ministry of Environment and Energy to halt earthworks (movimientos de tierra) and clearing of forest vegetation at the moment an impact on the Recharge Zones of the Moín Aquifer is detected. Additionally, it reports the existence of ongoing activities that are not compatible with the Regulation Recommendations established in AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112. 2) For more than 19 years, AyA has reviewed the conceptualization of New Projects in the Recharge Zones of the Moín Aquifer to ensure compliance with the Regulation Recommendations established in AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112, allowing to date the implementation of 50% of the submitted Projects, with successful results, as exemplified by the Matama Village Apartments, which have been in operation for 6 years without generating any risk of contamination to the Moín Aquifer. 3) In the years 2020 and 2021, 54% of water availability permits for single-family home construction in Zone 6 of the Moín Aquifer were approved. 4) Considering what is indicated in conclusions 2 and 3, there is no doubt that the development of different types of Projects in Zone 6 of the Moín Aquifer is feasible; therefore, these regulations do not nullify the owner's right to carry out activities and Projects of various kinds, as has been demonstrated. 5) Regarding existing activities, it has been demonstrated that AyA has, for 19 years, issued the necessary criteria to ensure that current activities comply with the Regulation Recommendations established in AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112. 6) In the particular case of the Precario Villa Plata, to date, no water service availability or public water supply connection (paja pública) has been provided for this development. The Integral Development Association of Villa Plata is recurrently informed of the Regulation Recommendations established in AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112 and the impossibility of providing services. Likewise, the respective complaints have been filed within the Precario itself. All of the foregoing to safeguard the ownership of both properties. 7) The highest-level authorities of AyA have requested compliance with Ruling No. 2008-004751 (Voto N° 2008-004751) of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), so that the Municipality of Limón modifies the Regulatory Plan to incorporate the Regulation Recommendations established in AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112. 8) In our files and records, there is no evidence of any action taken by the owner of Farms No. 00027138-000 and 00027136-000 to stop the occupation of the Precario Villa Plata for over 14 years, and there has been no prior communication from the owner with the Huetar Caribe Region that would have allowed coordinating the complaints that have been filed or keeping him informed about the outcome of requests for potable water made by the Integral Association of Precario Villa Plata on his lands. 9) The Institute has carried out important projects for the Protection of the Moín Aquifer, such as the construction of the Moín Potable Water Treatment Plant, the development of the LiDAR Project already explained, and the future implementation of the sanitary sewer system of Moín and its Wastewater Treatment Plant, where the Villa Plata Sector (Sector 3) is included as part of the treatment flow, given that the future of the Precario Villa Plata is unknown, precisely due to the inaction of its owners for several years. 10) With all of the foregoing, it is demonstrated that the petitioner's claim regarding institutional inaction lacks technical and documentary support, as demonstrated in this report." (bold text added).

On May 9, 2022, the ICAA UEN Environmental Management (UEN Gestión Ambiental) issued memorandum UEN-GA-2022-00850, which stated: "(…) II. Inter-Institutional Coordination Actions AyA, as the governing institution for population supply, has conducted research with the objective of generating the technical support that allows for the protection of the water resource in the Moín Aquifer, from which part of the population of Limón is supplied. Due to the above, AyA has taken actions with various competent institutions to socialize the technical information that has been generated and advise them from a hydrogeological, legal, and operational point of view, so that the information provided serves as a tool in the technical assessments conducted by the entities. A summary of the actions taken between 2018, 2019, and 2020 is presented below: 1. Through official letter UEN-GA-2018-00322 (Annex 3), the UEN Environmental Management consulted the Directorate of the Ministry of Health regarding the operating permit for a project located in Zone 6 of the Moín Aquifer, Limón. 2. Through official letter DR-HC-0488-2018 (Annex 4), the Regional Directorate of the Ministry of Health in Limón responded to official letter UEN-GA-2018-00322, informing that it would be responding to the request shortly through Dr. Giselle Lucas Bolívar, director of the Governing Health Area (Área Rectora de Salud) of Limón. 3. Through official letter UEN-GA-2018-00556 (Annex 5), the UEN Environmental Management requested from the Governing Health Area technical information regarding operating permits for the IRR ALCARIBE project, located in Zone 6, Moín. 4. Through a meeting held on October 2, 2018 (Annex 6), between SENARA and AYA, the technical information related to the Matama Village Project was presented, where it was agreed to share the information regarding Zone 6 held by AyA. 5. Through official letter UEN-GA-2018-01659 (Annex 7), dated October 2, 2018, the UEN Environmental Management delivered to SENARA the technical study entitled: "Services for the survey, identification, and systematization of technical information as a mechanism for integrating information under the basin concept, applied through a photogrammetric and LiDAR study in a sector of the Moín Aquifer, Limón." 6. Through official letter UEN-GA-2018-01975 (Annex 8), dated November 21, 2018, the Moín Commission requested from the Municipal Mayor information on the administrative file of the Company Ticontainers. 7. Through official letter PRE-2019-00516 (Annex 9), the Executive Presidency of AyA requested a meeting from the Municipal Mayor and the Municipal Council of Limón, as well as the Regional Director of the Ministry of Health and the Governing Health Area of Limón, to address a case of a project in Zone 6, stating: "Given this, you are kindly requested to participate in the meeting with AyA technicians (UEN Environmental Management, Directorate of Urbanizations, Legal Directorate, Regional Directorate), on May 22, 2019 (a date set with sufficient notice for coordinating respective agendas), at 08:30 am at the offices of the AyA Regional Directorate located in Barrio Roosevelt, Limón, and subsequently, if deemed appropriate, a site visit." 8. Through Agreement SM-248-2019 (Annex 10), dated May 7, 2019, the Municipal Council of Limón, in reference to AyA's official letter PRE-2019-00516, indicated: "IT IS AGREED: To confirm the participation of the following persons: Alma Maxwell Daley, Eladio Arce Coto, Johnny Smith Bennett – Proprietary Councilors; Ana Yan Leung – Alternate Councilor; Larry Wein Calvin – Proprietary Trustee and Johana Watson Martínez – Alternate Trustee; so that they attend on May 22, 2019." 9. Through a meeting on May 22, 2019 (Annex 11), held at the AyA Regional Directorate in Limón, the following officials participated: (…) Where it is agreed: 1. To create a Moín Inter-Institutional Commission, composed of at least one representative from each of the institutions: AyA, MinSa, Municipality. This commission shall jointly analyze the verification of non-impact from contamination of the sources captured by AyA, regarding operating permits located in Zone 6 Moín… …6. To extend an invitation to the Water Directorate of MINAE to participate in the Inter-Institutional Commission… …In the case of the Company Ticontainers, a joint inspection is agreed upon, for July 4, 2019. After said inspection, technical recommendations will be issued…" 10. Through official letter GSP-RA-2019-01013 (Annex 12), issued by the AYA Regional Directorate, an audience was requested from the Municipal Council of Limón for AyA's Moín Commission to present the environmental, technical, and legal scopes of Zone 6 Moín, as a Zone of Strategic Interest for Catchment (Zona de Interés Estratégico de Captación), the Board of Directors Agreements 2007-117 and 2011-017 of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. 11. Through Agreement SM-331-2019 (Annex 13), dated June 11, 2019, the Municipal Council of Limón, in reference to the request for an audience made by AyA, indicated: "IT IS AGREED: The Audience is authorized for Wednesday, June 19, 2019, at 5:00 p.m.; in the Sessions Hall of the Municipality of Limón." 12. Through an email sent by the Directorate of the UEN Environmental Management on June 12, 2019 (Annex 14), addressed to the representatives of the Inter-Institutional Commission formed at the May 22, 2019, meeting, participation in the session of the Municipal Council of Limón on June 19, 2019, at 5:00 p.m. was coordinated. 13. Through an email sent by the Directorate of the Governing Health Area (Annex 15), dated June 17, 2019, a presentation by AyA to the technical staff of the Ministry of Health regarding the investigations carried out in Zone 6, and legal and operational aspects, was coordinated. 14. Through a meeting held on June 19, 2019 (Annex 16) at the AyA Regional Directorate in Limón, AyA presented the AyA Board of Directors Agreements to the officials of the Ministry of Health. 15. Through the Municipal Session of June 19, 2019, AyA presented the AyA Board of Directors Agreements to the Municipal Council. 16. Through Extraordinary Minutes No. 33 of Wednesday, June 19, 2019 (Annex 17), the agreements of the municipal session were presented, in which AyA presented technical aspects regarding Zone 6 of the Moín Aquifer, including the following: "MOTION: To appoint the following persons to be part of the AyA Inter-Institutional Commission; Lic. Ana Cecilia Yan Leung – Alternate Councilor, Eng. Antonio Babb Reid – Municipal Engineering Directorate, and Eng. Erwing Amador Ulloa – Municipal Census and Cadastre Unit." 17. Through an email dated June 25, 2019 (Annex 18), the UEN Environmental Management forwarded to the Water Directorate the technical presentation given on June 19, 2019, to the Municipal Council of Limón and the AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112. 18. Through an inspection carried out on July 11, 2019 (Annex 19), a site visit was conducted by officials from AyA and the Ministry of Health to the Ticontainers project. 19. Through official letter UEN-GA-2020-00494 (Annex 20), issued by the UEN Environmental Management, the inspection report for the site visit conducted at Ticontainers was sent to the Governing Health Area in Limón, and coordination for future meetings was arranged, stating: "Likewise, your consent is requested to continue with the accompaniment of inspections at projects located in Zone 6. The Moín Commission is particularly interested in holding a meeting to develop a schedule for 2020. Therefore, we propose Thursday, March 26, at 1:00 p.m. at your facilities or at the facilities of AyA's Huetar Caribe Region. We await your availability, via email or official note in response to this date proposal, using the following contacts: • M.Sc. Viviana Ramos Sánchez, Director UEN Environmental Management, Email: [email protected] • Geól. Christian Delgado Segura, Director Functional Area of Hydrogeology, Email: [email protected]" 20. Through official letter MS-DRRSHC-ARSL-01437-2020 (Annex 21), the Directorate of the Governing Health Area of Limón sent the technical report MS-DRRSHC-IT-01030-2020, regarding the Ticontainers case, to the Directorate of the UEN Environmental Management. 21. Through official letter UEN-GA-2020-00836 (Annex 22), the UEN Environmental Management informed the Directorate of the Governing Health Area of the cancellation of the meeting due to the pandemic and its rescheduling, stating: "In response to official letter UEN-GA-2020-00494, which requests a meeting regarding the Ticontainers Project, to be held on March 26, 2020, very kindly, and in reference to the country's situation due to the presence of Covid-19, the meeting will be rescheduled for April 23, 2020, at 1:00 p.m., at your facilities or at the facilities of AyA's Huetar Caribe Region. We await your availability, via email or official note in response to this date proposal…" 22. Through official letter UEN-GA-2020-01399 (Annex 23), the UEN Environmental Management communicated the following to the Directorate of the Governing Health Area: "Most respectfully, and as per document UEN-GA-2020-00836, dated March 18, 2020, which indicates April 23, 2020, as a tentative date for a follow-up meeting regarding the Ticontainers Project and other companies, and due to the Covid-19 emergency, the same must be rescheduled until further notice, as the face-to-face meeting and conducting the field tour on the same day is of utmost importance." 23. Through official letters UEN-GA-2018-01766 (Annex 24), PRE-2019-00009 (Annex 25), PRE-2019-00810 (Annex 26), PRE-2020-00865 (Annex 27), issued by AyA, organized groups such as the Development Association for Ecology have been informed about coordination and approach actions with institutions and the Local Government, in relation to projects in Zone 6 of the Moín Aquifer. It is important to note that AyA, since the publication of Board of Directors Agreement 2007, has carried out coordination actions with various public institutions; however, to address the amparo appeal (recurso de amparo), a summary of the actions executed during 2018, 2019, and 2020 is presented. Additionally, due to a public health issue within the framework of the COVID pandemic, the Ministry of Health has had a significant workload and leadership in addressing it. For this reason, AyA has not continued with face-to-face meetings and inspections, because it requires the accompaniment of the Ministry, which is the competent entity to enter properties to conduct inspections of activities to ensure they do not impact the water resource used for population supply. However, in the event of a request for an urgent project inspection and with the owner's authorization and corresponding safety measures, AyA is fully willing to carry it out if necessary. III. Cases of application of the Board of Directors Agreement in development projects. In accordance with the institutional interest in preserving the quantity and quality of the groundwater captured at the Moín Sources and compliance with the Board of Directors agreements cited in point I of this official letter, AyA has overseen field surveys, held meetings with interested parties, and prepared technical reports, so that the activities carried out are consistent with the AyA Board of Directors Agreements. Below are some examples where interested parties have submitted technical reports: a. Through official letter PRE-2018-00116 issued by the Executive Presidency of AyA, a criterion was issued regarding field surveys conducted by AyA on properties with Plat 7-1615161-2012 (Musmanni) and 7-1615160-2012 (Sarkis). b. Through official letter UEN-GA-2016-00363, issued by the UEN Environmental Management, the following information was sent: • Observations corresponding to the review of the "Detailed Hydrogeological Study, analysis of vulnerability to aquifer contamination, and review of the protection zones for the Moín Aquifer (Zone 6) for the properties according to cadastres L-862177-2003 and L-859280-2003," prepared by Geotest Company, November 2015. • The technical report entitled "GEOLOGICAL INSPECTION, PLAT L-86217-2003 and L-859280-2003 MOIN, LIMON," prepared by the Functional Area of Hydrogeology of the UEN Environmental Management is presented. c. Through official letter UEN-GA-2020-00494, issued by the Moín Commission, the Ministry of Health was sent the inspection report jointly conducted by AyA and the Ministry of Health at the Ticontainers Project located in Zone 6 of the Moín Aquifer, Limón, reporting the results obtained during the site visit, as well as technical recommendations. d. Through official letter UEN-GA-2021-00736, issued by the UEN Environmental Management, in reference to the query made by Lic. Andrés Chaves representing Mr. Jesús Sarkis Dejuk, the following is indicated: "…'There is an invasion of 150 people who guard the various accesses to the property with weapons…' "Given this indication, it will be necessary for the property owner to take the necessary steps in coordination with the public force to safeguard the safety of AyA officials, who will be conducting the corresponding field verification with the presence of the registered owner or his proxy, in addition to providing written access permits to the property to the UEN Environmental Management. These requirements indicated in the previous paragraph must be coordinated by the property owner because AyA has no infrastructure intended for public service on the property. Regarding the procedure with the public force, the corresponding document from this entity is required, endorsing the accompaniment throughout the entire tour with AyA officials; 4 officers are needed for the fieldwork. Therefore, the UEN Environmental Management requests, in order to address the query corresponding to plat L-768772-2002, that the date for field verification be communicated at least 15 business days in advance, so that this Institute can internally coordinate accordingly and confirm if the proposed date is viable according to work schedules." IV. Case regarding the appeal. In response to the case concerning the amparo appeal (recurso de amparo) under File No. 22-008354-0007-CO, filed by Mr. [Name 001], the following actions carried out by the Moín Commission are indicated: 1. Via email on October 13, 2021, sent by Lic. Fabian Leandro (Annex 28), a query was made to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, stating: "My query is how AYA can help us to initiate an eviction process for all the people who are contaminating the aquifer, since in a ruling of the Constitutional Chamber, Resolution Date: August 1, 2008, at 10:11 a.m., File: 07-009140-0007-CO, of the Constitutional Chamber, which consists of an amparo appeal filed directly on the Moín aquifer case, the obligation of AYA to exercise administrative powers to protect the aquifers was ordered." 2. Via email dated October 14, 2021 (Annex 29), the Legal Directorate requested from Lic. Fabian Leandro the information regarding the shp file with the delimitation of the property in question. 3. Via email dated November 3, 2021 (Annex 30), the file named "prop valdi shp," provided by Lic. Fabian Leandro, was attached by the Legal Directorate – Environmental Legal. 4. Via official letter UEN-GA-2021-02951 (Annex 31), dated November 15, 2021, issued by the UEN Environmental Management, a response was given to the Legal Directorate regarding the query from Lic. Fabian Leandro, which stated (Figure 2): "Therefore, the UEN Environmental Management indicates the following: a. The lots owned by [Name 003], provided by Lic. Fabian Leandro, are located in Zone 6 of High Vulnerability, within the Protection Zone of the Moín Aquifer, which was defined by Agreement 2011-0112 of the AyA Board of Directors (Ordinary Session Number 2011-017 of April 7, 2011, and published in Gazette No. 83, of May 2, 2011). b. It is recommended that the Legal Area of the Huetar Caribe Region consult the Huetar Caribe Regional Directorate, with the aim of having it report whether there is operational infrastructure for population supply service on the property (…) c. Regarding the collaboration for the eviction process of all the people who are contaminating the aquifer, it is important that from a Legal standpoint, recommendations be established, so that the UEN Environmental Management can support as appropriate." 5. Via official letter GSP-RHC-2022-00090, dated January 20, 2022 (Annex 32), issued by the Huetar Caribe Region Directorate, the following is indicated: "Regarding the query received, I must state the following: 1. Indeed, the described property is located within the so-called zone 6. In this zone, there is an HF 300 mm pipeline carrying water from the Moín purification plant to the Pueblo Nuevo tank, which does not mean this pipeline is on that specific farm. 2. Regarding eviction requests, I must state that this Directorate is not responsible for managing the eviction of property belonging to a third party. We have done this for AyA properties, and we have also informed MINAE of the situation. However, I reiterate, we cannot take steps to ensure evictions are carried out on a property that does not belong to the Institute. In fact, police authorities will not even accept the complaint unless it is filed by the registered owner." 6. Via official letter UEN-GA-2022-00182 (Annex 33), dated January 28, issued by the UEN Environmental Management to the Legal Directorate, the following is indicated: "Due to the above, the following criteria issued in reference are attached: • Memorandum UEN-GA-2021-02951, issued by the UEN Environmental Management (Annex 1). • Memorandum GSP-RHC-2022-00090, issued by the Huetar Caribe Regional Directorate of the Deputy Management of Peripheral Systems Management (Annex 2). Therefore, the UEN Environmental Management forwards the corresponding official letters for the case in question. It is necessary for the Legal department to define recommendations regarding the involvement and support of institutional areas, as appropriate." 7. Via official letter PRE-J-2022-00477 (Annex 34), dated February 7, 2022, issued by the Legal Directorate, the following is indicated: "In accordance with what is stated in technical criteria GSP-RHC-2022-00090, UEN-GA-2021-02951, and UEN-GA-2022-00182, the interested party must be informed, reiterating that: A) AyA, based on the principle of legality, cannot institute eviction processes on private properties; as this power is exclusive to the titleholder of the domain of the property, in accordance with Article 264 of the Civil Code, which enumerates the rights that constitute the domain or absolute property over a thing, and among them are those of defense and exclusion, and those of restitution and compensation, which are developed later in Articles 295 to 315 and 316 to 334, respectively, such that the power to prove ownership, as a fundamental requirement for the eviction process, is exclusionary for AyA in this case.

B) Although Article 2(c) of Law No. 2726 establishes a duty for the Institute to control the contamination of water bodies, and the Constitutional Chamber, through various rulings, has referred to the protection of water resources, the Institute cannot violate the legal system and infringe upon fundamental rights such as property rights, nor, in the name of said duty, arrogate powers that go beyond its scope of action. C) In the event that a technical study is carried out on the property in question, it is the owner's responsibility to create the conditions and coordination so that the safety of the relevant officials is ensured when entering the property; likewise, said work must be scheduled in accordance with institutional priority.” 8. By official letter PRE-J-2022-00480 (Annex 35), dated February 7, 2022, issued by the Legal Directorate, the institutional criteria were forwarded to Mr. Fabian (sic) Leandro, stating: “Please find attached the documents serving as a transfer to respond to the consultation made: Memorandum UEN-GA-2022-00182, with its two annexes (GSPRHC-2022-00090, UEN-GA-2021-02951), which correspond to the technical criterion of the UEN. As well as Memorandum No. PREJ-2022-00477 corresponding to the criterion of the environmental legal area.” 9. By note dated February 21, 2022 (Annex 36), issued by Mr. Fabian (sic) Leandro, he requested from the Moín Commission the technical aspects to be considered in the hydrogeological study to be carried out on the property. 10. By official letter UEN-GA-2022-00528 (Annex 37), dated March 17, 2022, the UEN Environmental Management, in response to Mr. Fabian (sic) Leandro’s note, indicated: “Therefore, on behalf of the UEN Environmental Management, it is indicated that the property owned by [Name 003] is located in Zone 6, which has a High Intrinsic Vulnerability as defined by AyA; therefore, the technical study to be conducted must consider this already-defined parameter and incorporate the survey of dolines (dolinas) (depressions in the ground), which can vary in size, shape, and distribution. Once the elements (high vulnerability and location of dolines (dolinas)) are known, an environmental management plan consistent with the intended activity must be submitted, guaranteeing no impact on the water resource. Once the study presenting the final results by the interested party is completed, it must be delivered to the Moín Commission, coordinated by the Environmental, Research and Development Deputy Management. AyA reserves the right to verify the information provided, for which the interested party must arrange for the protection of officials by the Public Force and other competent Institutions to conduct the site visit.” Therefore, on behalf of the UEN Environmental Management, the following is indicated: a. AyA Board of Directors Agreements 2007-117 and 2011-112 establish recommendations for the protection of the Moín aquifer, so that the activities developed are environmentally sustainable and there is no impact on the water resource captured at the Moín sources for public supply. b. The lots mentioned in the appeal, owned by [Name 003], are located in High Vulnerability Zone 6, within the Moín Aquifer Protection Zone, which was defined by AyA Board of Directors Agreement 2011-0112 (Ordinary Session Number 2011-017 of April 7, 2011, and published in La Gaceta No. 83, of May 2, 2011), which contain recommendations to ensure the quality and quantity of the water resource used for public supply. c. AyA, with the objective of following up on the Board of Directors agreements, internally formed the Moín Commission, which is composed of the UEN Environmental Management, the Legal Directorate, the Huetar Caribe Regional Directorate, the UEN Programming and Control, and the Urban Development Directorate. These areas, within the scope of their competencies, carry out the corresponding analyses for the cases under consultation related to the Moín Aquifer Agreements, an activity that has been maintained since 2007. d. AyA, with the objective of articulating inter-institutional actions for the protection of the water resource in the Moín Aquifer, has socialized, disseminated, and trained different institutions regarding Board of Directors Agreements 2007-117 and 2011-112, as has been demonstrated in section II of this official letter. Furthermore, an Inter-institutional Commission has been formed, comprised of AyA, the Ministry of Health, the Municipality of Limón, and the Water Directorate, to provide follow-up on inspections that are agreed upon in an integral manner at the request of any of these bodies. e. Based on what is set forth in point IV of this official letter, it is demonstrated that the consultations made by the interested party were always attended to in accordance with institutional competencies. In this particular case, due to the property having an invasion of 150 people who guard the various accesses to the property with weapons, as communicated by Mr. Fabian (sic) Leandro (the owner's legal representative), the support provided by AyA would be conditional on the owner creating the conditions and coordinations to ensure the safety of AyA public officials for the corresponding accompaniment and inspection. f. AyA, in accordance with what is defined in Board of Directors Agreement 2007-117 and 2011-112, based on the information and studies provided (Art. 109, Biodiversity Law), has supported different projects through joint inspections of properties, where the institutional interest in protecting the water resource has prevailed” (the highlighting was supplied).

On May 9, 2022, the acting regional director of the La Amistad Caribe Conservation Area of SINAC issued document SINAC-ACLAC-DR-214-202, in which he detailed: “That the National System of Conservation Areas, La Amistad Caribe Conservation Area, has not received any complaint regarding the events narrated by the appellant, nor has SINAC-ACLAC been notified by AyA on this matter. FIFTH: It is important that the appellant present a document of receipt validating his claim that SINAC-ACLAC is informed of the reported events, in order to provide better follow-up and response to this honorable Chamber, since due to the volume of cases and complaints, it is practically impossible to find any background without reference documents. SIXTH: To date, AyA has not informed, notified, or coordinated with SINAC-ACLAC to address anything in relation to the reported events, nor on the matter of contamination in the Moín aquifer, nor have we received any complaint in this regard.”

On June 13, 2022, the engineering director of the Municipality of Limón issued memorandum DIM-029-2022, which states: “Regarding this, I must indicate that the agreement of the Board of Directors of the Institute of Aqueducts and Sewers, which is agreement 2007-107 ‘Officialization of the Hydrogeological Study and Vulnerability of the Moín Aquifer, Limón, and the update of the protection zone DGAMB-2007-031’ (…) Said agreement was duly communicated and, consequently, the Local Government was obliged to incorporate said Matrix into the operationalization of our Regulatory Plan, and therefore does not authorize land use that does not comply with said requirements.”

On June 18, 2022, the coordinator of the Prevention, Control and Protection Program of SINAC issued memorandum SINAC-ACLAC-PPCP-027-2022, detailing: “As indicated in Official Letter SINAC-SE-AJ-257-2022, a field inspection was carried out at the indicated site, which has cadastral map numbers 7-0509859-1983 and 7-0509860-1983. This inspection was conducted by officials Alexis Salas Rodríguez and Diego Alberto Alvarado Cerdas, in unit 347-63, on June 17, 2022. Addressing in a timely manner what was requested, the resolution is as follows: 1. At the site, as determined in AyA agreement 2007-177, the development of infrastructure, poor management of solid waste and wastewater, agricultural practices, felling and burning of vegetation, keeping of domestic animals, earthworks (movimiento de tierra), among others, were observed, in contravention of the area determined for the Moín aquifer, as well as what is stipulated for the activities that should not be carried out in the determined area; it can be argued that there is indeed an impact. 2. Regarding the housing infrastructures developed on the site, it is the responsibility of the respective Municipality to determine if they have construction permits. These are mostly made of tin sheets with wooden structures; for these, pipes for the drainage of greywater were observed, which do not have adequate channeling, and spaces designated as latrines were observed next to them. Thus, it was determined that there is no adequate disposal of wastewater. 3. According to the provisions of the ICAA Board of Directors agreements, compliance is not being met at this site. The cultivation of plantain, cassava, modification and removal of soil, development of different types of infrastructure, application of herbicides, burning of vegetation and residual garbage from human consumption, change in land use of vegetation cover, among others, are evident. 4. Unauthorized earthworks (movimientos de tierra) are indeed being carried out, along with the development of buildings of different sizes and materials. The residents of this site are usurping said zones. 5. The land-use change (cambio de uso) of the cover of the properties in question is evident and constant. Stumps in an advanced state of decomposition and trees that had been cut down recently were identified; among the species that could be observed to have been felled are poro, guácimo colorado, laurel, and chilamate. Likewise, a spring (naciente) of water was identified at coordinates E602883 N1105156, which has sufficient flow to generate runoff. The protection area for this water body is non-existent” (the highlighting was added).

In turn, on June 21, 2022, the Environmental Management Unit of the Municipality of Limón issued the “INSPECTION REPORT FOR FARM PROPERTIES [Name 003], REAL FOLIO 7-27136, COMMUNITY OF VILLA PLATA, LIMON,” which stated: “This first tour covers the lower zone of the farm with relatively flat topography. In that sector, a series of constructions can be observed on the edge of the main street that runs along the boundary of the farm. There are accesses via trails that go toward other lots located at the foot of the slope. I did not observe any surface water bodies in this sector. There is a bridge crossing a ditch, which was apparently built to evacuate the stormwater runoff coming down from the NORTH side of the farm's slope and accumulating in the lower part, forming part of the surface water that runs through the southern sector in the lower part of Villa Plata. At the time of the inspection, no accumulation of sewage was observed in the ditch that would demonstrate a surface contamination impact from the discharge of water from the dwellings. The second tour was carried out on the farm's access road toward the EAST boundary, approximately 650 meters. This part has relatively steep slopes; however, constructions have also been built in that sector along the different internal access streets within the farm. Perhaps due to the slope and other associated factors that limit urban development, a lower density of constructions is observed compared to the lower part, and the yards are also more wooded, mainly with various fruit species and even cocoa cultivation in some yards. We took an internal access street toward the WEST of the farm, which can almost be described as the crest (the highest part) of the farm due to its relief; that area has pronounced relief and can perfectly be indicated as the water divide, as they are higher elevations where natural precipitation water (stormwater) runs off toward different sectors. Throughout the entire tour, no surface water bodies originating in that sector were observed that would form a fluvial system and drain to the different sides of the farm and form a basin or micro-basin. It is important to mention that in that sector there is lower occupation and a lower density of constructions. More lots dedicated to cocoa cultivation and other subsistence fruit species such as breadfruit, soursop, pejibaye, water apple, star fruit, caimito, nance, among others, were observed, which means greater vegetation cover is seen toward the northern and western sectors of the farm. At the visited sites, no conditions of secondary or primary forest were noted, but there is indeed greater vegetation cover in that sector toward the north and west side of the farm. So far, the occupation is noted to have a greater dedication to subsistence agricultural production and a predominance of fruit species cultivation. In what was observed, no regeneration evolving into a secondary forest is noted either, due to the activities that the occupants of the property are carrying out. Regarding the treatment carried out by the occupants of dwellings within the farm, the treatment systems for wastewater and sewage could not be observed, as it was not possible to access the lots that have been delimited within the property, since entering the dwellings is not possible without due authorization. CONCLUSIONS • The farm under real folio 7-27136 is located within protection and aquifer recharge zone 6 of Moín. • It is possible that there is an impact on the groundwater or aquifers of that sector, but it is not possible to determine this through this inspection, and it must be done by specialized professionals from competent institutions, applying scientific methodologies that can determine the situation regarding the impact being produced by the occupation of the farm. • The occupation existing on the farm should have been controlled by the registered owner of the property, since the illegal constructions are located within the private property. • It is not possible to determine, without a baseline, what the forest cover (cobertura boscosa) or vegetation situation of the farm was and the level of deterioration and/or recovery thereof, as well as the impact caused by the current occupation of the farm. The authorities in the environmental and water field (MINAE and AyA) with their specialized professionals in that field can make a better assessment in this regard. • It is noted that in the NORTH and WEST part of the farm there is a lower density of constructions and greater vegetation cover, implying a lesser environmental impact compared to the SOUTH sector, which is more populated and urbanized. • It was not possible to determine through this inspection tour the treatments that the occupants of the farm are applying to the wastewater or sewage in the different constructions established on the lots segregated by the occupants on the private farm.”

On June 21, 2022, the head of the Census and Cadastre Unit of the Municipality of Limón issued memorandum UCC-0201-21-06-2022, which stated: “(…) an inspection was carried out on site on Tuesday, June twenty-first of this year, in the province of Limón, canton of Limón, district of Limón, in a place known as Villa Plata, starting at coordinates CRTM05 EAST 602059.892 AND NORTH 1105530.712 heading toward the sector of Cielo Amarillo. Where, in the cadastral part, we obtained that in said sector are located farms 7-27136-000 and farm 7-27138-000, both properties belonging to [Name 002], legal ID 3-101-663655, where the first has map 7-509859-1983 with an area of THREE HUNDRED TWENTY-TWO THOUSAND FOUR HUNDRED TWENTY-ONE SQUARE METERS AND THIRTY-TWO SQUARE DECIMETERS and the second has map 7-509860-1983 with an area of FIFTY-ONE THOUSAND THREE HUNDRED FIFTY-FIVE SQUARE METERS AND TWENTY-THREE SQUARE DECIMETERS. Both maps and an aerial image are attached for your better appreciation. In the field, both properties have frontage on a main public street heading to the Cielo Amarillo neighborhood of approximately four hundred linear meters, in addition to internal accesses within both properties; jointly, it is important to mention that farm 7-27136-000 has a road heading toward the Ojo de Agua neighborhood that splits farm 7-27136-000 in two. Likewise, many constructions were observed without generating any cadastral map different from the parent maps of farms 7-27136-000 and 7-27138-000. All this information obtained corresponds to that of the Surveying Unit and was recovered through the field visit and office study carried out” (the bold was incorporated).

On June 22, 2022, the head of the Technical and Study Unit of the Municipality of Limón stated in official letter UTE-AML-025-2022 that: “This document is the compilation of data found on June 21 during the inspection with colleagues at the Villa Plata location. In the inspection carried out, roads with a lot of ballast or mud material made manually with heavy machinery were observed; it was observed that they lack ditches and curb channels on public roads. The houses visualized were of block, wood, fibrolite, and tile construction systems, with approximately 81.13% of the dwellings being tile materials and 9.43% fibrolite. All the houses detected ranged between 42 square meters and 120 square meters, the majority without ceilings inside their dwellings and without sealing tape, and with the eave exceeding the permitted limit as indicated in Article 150. Canopies (Construction Regulations) in buildings whose ground floor is projected to be built on the property line, may include an eave, canopy, or overhang with a minimum width equal to the total width of the sidewalk, minus 0.50 meters. Dwellings were found that do not have gutters or downspouts to provide correct evacuation of rainwater as established in Article 121. Storm Drainage. (Construction Regulations). The free fall of stormwater onto public roads is not permitted, and gutters and storm downspouts must be installed for this purpose from roofs, balconies, overhangs, and any other projection that channels water to the drain, within the sidewalk. Dwellings with higher elevations compared to other dwellings were observed, causing erosion on the slopes of the embankments; much clayey material and part of coral were found on the road traveled during the on-site inspection. Dwellings had perimeter fencing on their properties. Some of the materials used for fencing were barbed wire, zinc, and shade cloth. The zinc sheets used for their roofs were corrugated; however, the majority were in poor condition because no anti-corrosive paint for roofs was applied to prevent corrosion and give greater durability to the zinc. Another finding was seeing dwellings that have not been finished, which has generated corrosion in the rods for not having their respective covering. The majority of dwellings have grilles on their windows with different materials, some with 3/8 rods, others with electrowelded mesh (4.88 mm) and galvanized mesh fencing panel (50 x 200 x 4 mm). A bridge was detected, 2 meters wide and 4 linear meters long, which has no handrail for pedestrian crossing and no vehicle restraint system. It was observed that the channel (Receiving Body) had a water depth of less than 1.50 meters and a water surface width of 2 meters, but how wooded the channel was prevented taking exact measurements. The majority of dwellings do not have ceramic tile, but rather have a concrete slab, unfinished without any respective finish. The majority of dwelling roofs have 3 to 4 water falls and there is no control over these. 90% of dwellings have side windows, disregarding Article 127. (Construction Regulations). Windows on the boundary: 1 story, the wall must be at 1.50 meters, and 2 stories, the wall must be at 3.00 meters. Roads were found with ballast manipulated with heavy machinery to make the respective road. Dwellings were found that exceeded their coverage (Constructed area). As indicated in Article 95 Coverage (Construction Regulations). Cannot exceed 75% of the lot area. When the front-to-depth ratio exceeds 3.5, the coverage must not be greater than 70%. To clarify, these dwellings are NOT registered with construction permits in the database from 2017 to 2022” (the highlighting was incorporated).

This Tribunal observes that, in June 2022, the ICAA issued the “INSPECTION REPORT: CASE OF INFORMAL SETTLEMENT (PRECARIO) VILLA PLATA, ZONE 6,” which stated: “(…) On June 22, 2022, an inspection is carried out on the properties real folio 7-27136 map: L-0509859-1983 and real folio 7-27138 map L-0509860-1983, in coordination with Mr. Fabián Leandro Marín, legal representative of the property owners in the name of VAL DI SOMER S.A., and with the support of the public force of Limón. During the inspections, we were accompanied by Mr. Rodolfo Gómez Martínez, president of the Integral Development Association of Villa Plata (…) a) INADEQUATE SOLID WASTE MANAGEMENT The presence of garbage disposed in surface water channels is identified (Photograph 1), in addition to excavations made for waste accumulation (Photograph 2) and the disposal of this waste on dwelling yards (Photograph 3). In the sector, no garbage collection service is provided by the Municipality of Limón. In total, 10 points were recorded where this impact occurs (Figure 2) (…) b) WASTEWATER DISCHARGE This corresponds to all those discharges generated in the dwellings, both discharges from sanitary services and those soapy water discharges from bathrooms, laundry sinks and kitchens, which are categorized as greywater. From the field survey carried out on the property whose cadastral map is L-0509859-1983, which has a total area of 322,421.32 m2 (Figure 3), a sample was taken from an area of 159,959.26 m2, which represents 50% of the area of property L-0509859-1983. It was confirmed in this sample that there are a total of 72 dwellings, of which 69 dwellings, representing 96%, treat wastewater using septic tank and drainage systems, and only 3, representing 4%, use latrines. Similarly, of the total houses located within the sample area (159,959.26 m2), it was identified that a total of 12 houses (16.6%) dispose their greywater in the yards of the dwellings, ditches or furrows, and not directly into the dolines (dolinas), a situation that must be corrected according to Ministry of Health regulations. Photographs 4 and 5 show examples of the septic tanks located on the site (…) The majority of the visited homes have some type of septic tank for the disposal of wastewater. Pipes were found discharging soapy water to the rear of the lots (Photograph 6) (…) A case was evidenced where the overflow from the septic tank is disposed directly on the ground surface (Photograph 7). (…) c) GEOMORPHOLOGICAL-KARSTIC CONDITIONS (DOLINES (DOLINAS)) During the tour of the property of interest, a total of 15 dolines (dolinas) were identified, presenting various characteristics. Photograph 8 shows the presence of a doline (dolina) with a diameter of about 15 cm and a depth exceeding 20 cm. Meanwhile, in the northeast sector of the Villa Plata area, dolines (dolinas) of a larger size were found, with different geometry and degree of development, with rounded ones being more common, as observed in Photograph 9 and Photograph 10 (…) In the southwest of the studied area, stagnant water was observed in a doline (dolina) (Photograph 11) (…) Meanwhile, in the West sector of the property under study, the presence of incipient dolines (dolinas) of varied sizes and sub-rounded shapes is identified, with extensions from 8 m long by 4 m wide up to 10 m long by 4 m wide, and one circular one with a 1.5 m radius (Photograph 12 and Photograph 13) (…) d) EARTHWORKS (MOVIMIENTOS DE TIERRA) According to field observations and conversations with the owners of some houses, earthworks (movimientos de tierra) have been carried out as fill on the properties to build houses, as observed in Photograph 14, Photograph 15, Photograph 16, and Photograph 17, where ground movement occurred to prepare it for constructions (…) In total, 14 sites were recognized where earthworks (movimientos de tierra) of some type occurred. Furthermore, a building currently under construction was found, with concrete and gypsum materials, which did not have any type of signage referring to a permit for its construction (Photograph 20 and Photograph 21). The map in Figure 4 shows all the structures (dwellings) recognized in the field with the aid of aerial photographs, totaling 194 (…) e) TREE FELLING A total of 5 instances of tree felling were counted in various sectors of the site under study, carried out for the opening of access trails and for the establishment of residential dwellings (Photograph 22, Photograph 23 and Photograph 24) (…) 3. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS A. Based on the inspection carried out and interviews with the inhabitants of the informal settlement (precario) Villa Plata, it is indicated that there are people who have been living in the place for more than 20 years. B. Based on the inspection carried out and coupled with the review of satellite photographs, a total of 194 structures (dwellings) were identified. C. From the field survey carried out on the property whose cadastral map is L-0509859-1983, which has a total area of 322,421.32 m2, a sample was taken from an area of 159,959.26 m2, which represents 50% of the area of property L-0509859-1983. It was confirmed in this sample that there are a total of 72 dwellings, of which 69 dwellings, representing 96%, treat wastewater using septic tank and drainage systems, and only 3, representing 4%, use latrines. Similarly, of the total houses located within the sample area (159,959.26 m2), it was identified that a total of 12 houses (16.6%) dispose their greywater in the yards of the dwellings, ditches or furrows, and not directly into the dolines (dolinas), a situation that must be corrected according to Ministry of Health regulations. D. 10 clandestine sites for the deposit of solid waste were located, which require the attention of the Local Government, due to the nonexistence of the collection service. E. 15 dolines (dolinas) were identified in the field with different geometry and degree of development, the rounded ones being the most common. F. 14 points were located where earthworks (movimientos de tierra) were evidenced, mainly cuts and fills for the construction of dwellings and roads. G. In 5 sites, tree felling is identified for the opening of access trails and for the establishment of residential dwellings.” (the highlighting was incorporated).

On June 27, 2022, the ICAA issued memorandum UEN-GA-2022-01214, which detailed: “In response to the request for evidence for better resolution issued by the Constitutional Chamber, dated June 16, 2022, case file 22 008354 0007 CO, filed by [Name 001], regarding Zone 6 of the Moín Aquifer, which includes the property PROPIEDADES [Name 003], the following points are developed in the requested order: 1) Whether or not there is an impact on the Moín aquifer? As part of the follow-up established in AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112, the execution of the following actions has been defined as a strategy to prevent and protect against eventual impact on the Moín aquifer, and in this particular case for Zone 6: 1.1 Filing of complaints: when activities that would affect the aquifer and that do not comply with the recommendations issued in AyA Board of Directors Agreements 2007-177 and 2011-112 are detected or become known, the respective complaints have been filed before administrative bodies. The first of these agreements establishes activity recommendations for all the aquifer recharge zones in Moín, and the second is specific to zone 6. In summary, there is a record from 2003 to date of 16 complaints filed before competent bodies, such as, for example, the Municipality of Limón, Ministry of Health, MINAE, and other administrative bodies such as the Environmental Administrative Tribunal; considering that AyA does not have sanctioning power nor is it responsible for regulating urban matters. An example of the above are the complaints cited in official letter RHA-OM-2013-0666 of April 9, 2013 (images 644 to 675 of the digital amparo file) and the technical report in response to official letter PRE-J-2022-01740 (images 580 to 602 of the digital amparo file).

1.2 Development of New Projects: The development of projects in Zone 6, based on the technical and environmental recommendations that have been made and that prove to be compatible with the protection of the water resource, demonstrates that the AyA Board of Directors Agreements do not prevent the development of activities or construction of works. To handle requests for new developments, AyA has formed the Moín Commission, which is made up of professionals from the Operational Area of the Huetar Caribe Region, the UEN Environmental Management, the Urbanization Directorate, AyA representatives at SETENA, and the Legal-Environmental Area of the Legal Directorate. The objective of this Commission is for new developments, in their conceptualization, to consider compliance with the recommendations contained in the cited Board of Directors agreements. As evidenced in table No. 2, of the technical report responding to official letter PRE-J-2022-01740 (images 580 to 602 of the digital case file of the amparo), 10 new projects have been processed in this commission from 2013 to date, of which 50% have complied with the agreements and, therefore, AyA has issued approval for them to continue their process. Of the remaining five projects, as of the issuance date of this report, the submission of corrections for two of them is awaited. The most recent example corresponds to the "Matama Village" development, which is a building for 24 apartments described in the technical report responding to official letter PRE-J-2022-01740 (images 580 to 602 of the digital case file of the Amparo). 1.3 Inspection of existing facilities. Inspections of existing facilities in Zone 6 are carried out in those cases where there are complaints filed by AyA or third parties, requests for potable water services, or other procedures where AyA is involved. Among the activities carried out, compliance is verified regarding: wastewater disposal, storage of fuels and substances classified as hazardous, solid waste management, impermeable area, existence of wells for supply, among others. As a result of the inspections, recommendations are issued to correct those aspects that may affect the water resource, which is used for population supply, or a complaint is filed with the competent authority. From 2003 to date, 23 inspections of facilities have been conducted (official letter RHA-OM-2013-0666 table No. 1 (image 444 to 451 of the digital case file of the Amparo) and the response report to official letter PRE-J-2022-01740 Table No. 4 (image 593 of the digital case file of the Amparo). By way of example, the case of TICONTAINER is cited, processed through official letter UEN-GA-2020-00494 (image 676 to 677 of the digital case file of the Amparo) attached as an annex to official letter UEN-GA-2022-00850 (image 678 to 691 of the digital case file of the Amparo) attached in the first report sent to the Constitutional Chamber for this case file. As a special case of existing facilities, there are informal settlements (precarios), which, by their very condition, do not request procedures from institutions such as service availability, land use, or construction permits. This limits AyA's actions as it does not possess the authority to enter private properties without authorization from the registered owner and considering the dangerous environment that may exist in these sites for the physical integrity of officials. In the case of water service requests, AyA indicates that, because these are precarious properties, they do not meet the requirements described in the Service Provision Regulation and they are denied, especially considering that in many of them there is inadequate disposal of the wastewater generated. Villa Plata Case: As a result of the field work ordered by the Constitutional Chamber, it was determined for the Precario Villa Plata that there are a total of 194 dwellings, located on cadastral maps 7-0509859-1983 and 7-059860-1983, where, despite their irregular situation regarding compliance with urban planning regulations, the vast majority of dwellings discharge and treat their wastewater through septic tank and drainage systems, among other characteristics detailed in the inspection report called "Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Zona 6. Exp 22-008354-0007-CO", from which it can be stated (Anexo 1): "From the field survey conducted on the property whose cadastral map is L-0509859-1983, which has a total area of 322,421.32 m2 (Figure 3), a sample was taken from an area of 159,959.26 m2, which represents 50% of the area of property L-0509859-1983. It was possible to verify in this sample that there is a total of 72 dwellings, of which 69 dwellings, representing 96%, treat wastewater through septic tank and drainage systems, and only 3, representing 4%, use latrines. Likewise, of the total number of houses located within the area sample, a total of 12 houses (16.6%) dispose of their greywater in the yards of the dwellings, ditches, or furrows, and not directly into the sinkholes, a situation that must be corrected in accordance with Ministry of Health regulations." 1.4 Institutional coordination. As recorded in document PRE-1426-2012 in the month of November 2012 (image 634 of the digital case file of the amparo), the Executive President of AyA, Yesenia Calderón Solano, notified the Mayor of the Municipality of Limón, Mr. Néstor Mattis Williams, about the update of the AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112, so that they are included in the Limón Regulatory Plan (Plan Regulador de Limón). This official letter refers to the order issued by the Constitutional Chamber in Voto 4751-08 which states: "…within the non-extendable term of twelve months from the notification of this judgment, initiate the respective procedure to modify the Limón Regulatory Plan in order to include the provisions established in agreement 80-121 of session 80-028 of April fourteenth, nineteen hundred and eighty of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados." Also, through official letter PRE-1426-2012 of November 2012 (image 634 of the digital case file of the amparo), the Executive President of AyA notified Mr. Uriel Juárez Baltodano, of the National Environmental Technical Secretariat, about the application of the AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112. As indicated in official letter UEN-GA-2022-00850 (image 678 to 691 of the digital case file of the amparo), in section 2, all actions carried out by AyA are mentioned, in which coordination has been made with different competent authorities related to activities located in zone 6. As an example, the meeting on May 22, 2019, with the Limón Governing Area of the Ministry of Health and with representatives of the Municipality of Limón is cited, where the Moín Inter-institutional Commission was created. Additionally, a presentation of the Board of Directors agreements for Moín was given at the Municipal Council session on June 19, 2019, which was recorded in the Extraordinary Municipal Act No. 33 (image 823 to 872 of the digital case file of the Amparo) where reference is made to the invasion by informal settlements in forested areas within the recharge zone of the Moín aquifers. 1.5 Infrastructure to mitigate contamination risk. As a measure to 1arantee the public health of the population supplied by the Moín sources, AyA has developed infrastructure works such as the potabilization plant and the studies and designs for a sanitary sewerage system within the areas with the highest population density within zone 6 (Villa del Mar 1 and 2, Loma de Moín, and Villa Plata). In the case of the Moín potabilization plant, it was built in compliance with point 10 of Board of Directors agreement 2007-177 and began operations in March 2012 with a cost close to ¢400 million (technical report responding to official letter PRE-J-2022-01740 (images 580 to 602 of the digital case file of the Amparo). Regarding the "Project BPIP 001984 Construction of the Moín Sanitary Sewerage System, Limón", it is currently in the design phase (cited in the technical report responding to official letter PRE-J-2022-01740, annexed by official letter GSP-RHC-2022-00714 (image 599 to 602 of the digital case file of the amparo), and will be expanded upon later when referring to question number 2 (wastewater) requested by the Constitutional Chamber. Given the above, it is considered that within the framework of institutional competencies, there has been an approach to the fulfillment of the AyA Board of Directors Agreements, in reference to the Moín aquifer, specifically in those activities where AyA participated through complaint management, conceptualization of new developments, regularization of existing activities, inter-institutional coordination, and construction of infrastructure, with which, to date, the protection of the Moín aquifer has been guaranteed, which is strategic for the present and future water supply for the population of Limón City. In the particular case of the Villa Plata informal settlement, which is the subject of this remedy, a field survey was conducted on June 22, 2022, by AyA (Anexo 1), in which it was determined that 96% of the inspected houses discharge their wastewater to a septic tank and drainage system, without these being located in the sinkholes or drains. A discharge of greywater (soapy water) was detected in some yards, which, although not adequate discharges, do not drain directly to the aquifer. This favorable situation is considered to be the result of this settlement having an old chronology (more than 20 years), which was verified during the visit, where the conditions of the dwellings are similar to those of any residential-urban neighborhood. As part of the actions directed at protecting the aquifer, the UEN Environmental Management and the Huetar Caribe Regional Directorate of AyA created, in March 2010, a database that synthesizes location information for existing and proposed projects, as well as complaint sites within the area of zone 6, thereby also complying with what is indicated in Point No. 6 of the Por Tanto of Board of Directors Agreement 2011-112. Figure 1 presents the detail of the properties studied from 2003 to 2022. (…) 2) Whether or not there is adequate wastewater disposal in zone 6 of the referred aquifer: As indicated in the previous response, there is an institutional approach to ensure that new projects have wastewater solutions as recommended in the AyA Board of Directors Agreements. Regarding existing facilities, corresponding complaints have been filed so that inadequate discharges in Zone 6 of the Moín Aquifer are corrected, measures that have been complied with in most cases. In the case of densely populated areas with wastewater disposal systems via septic tank and drainage within Zone 6 of the Moín Aquifer, AyA, through the "Project BPIP 001984 Construction of the Moín Sanitary Sewerage System, Limón", has considered the following populations: Villa del Mar 1 and 2, Loma de Moín, and the flow contribution from the Precario de Villa Plata (Figure 2). (…) In the particular case of the Villa Plata informal settlement, AyA, through the construction of the Moín sanitary sewerage system, has arranged to resolve the discharge and treatment of wastewater by assigning the flow generated by this population, as indicated in the inspection report called "Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Zona 6. Exp 22-008354-0007-CO", Anexo 1: "From the field survey conducted on the property whose cadastral map is L-0509859-1983, which has a total area of 322,421.32 m2 (Figure 3), a sample was taken from an area of 159,959.26 m2, which represents 50% of the area of property L-0509859-1983. It was possible to verify in this sample that there is a total of 72 dwellings, of which 69 dwellings, representing 96%, treat wastewater through septic tank and drainage systems, and only 3, representing 4%, use latrines." 3) Whether or not the provisions of agreements No. 2007-177 and 2011-112 adopted by the ICAA Board of Directors are being complied with in that zone? In accordance with what is indicated in the response to question 1 of this official letter, AyA, within the framework of institutional competencies, has provided an approach to the fulfillment of the AyA Board of Directors Agreements, in reference to the Moín aquifer, specifically in those activities where AyA participates through complaint management, conceptualization of new developments, regularization of existing activities, inter-institutional coordination, and construction of infrastructure, with which, to date, the protection of the Moín aquifer has been sought, which is strategic for the present and future water supply for the population of Limón City. It is important to note that these AyA Board of Directors Agreements are a guiding framework for the administration responsible for resolving the permit, license, or authorization to consider and implement. For compliance with the AyA Board of Directors Agreements to occur and to be able to guarantee that protection is effective, the participation of the entities that regulate land use and urban planning is necessary, such as the Municipality, Ministry of Health, Housing, IMAS, INDER, MINAE, among others. 4) Whether or not unauthorized earthworks (movimientos de tierra) have occurred in zone 6 of the Moín aquifer and whether or not buildings lacking the respective permits have been constructed? In accordance with what is indicated in the response to question 1 of this official letter and as noted in official letter RHA-OM-2013-00666, specifically in Table No. 1, cases 3, 4, 5, and 34 (image 646 to 653 of the digital case file of the amparo), demonstrate the complaints filed by AyA before the competent authorities for earthworks. Similarly, in the technical report responding to official letter PRE-J-2022-01740, in Table No. 1, cases 7, 8, and 9, annexed by GSP-RHC-2022-00714 (image 582 of the digital case file of the Amparo), earthworks and tree felling within the Villa Plata informal settlement, the subject of this amparo remedy, are reported to the competent authorities. From the field survey conducted on June 22, 2022 (Anexo 1), in the Villa Plata informal settlement, the subject of this amparo remedy, earthworks distributed in different sectors were identified (Figure 2, of the inspection report "Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Zona 6. Exp 22-008354-0007-CO", Anexo 1). It is important to note that the installation of infrastructure or buildings lacking the respective permits occurs mostly in informal settlements, for example, the Villa Plata settlement, where 194 dwellings have been identified, which have not processed any water availability for their construction and are built on accesses that mostly do not correspond to public streets or right-of-way easements (servidumbres de paso), as evidenced in the inspection report "Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Zona 6. Exp 22-008354-0007-CO", Anexo 1. Within the framework of institutional competencies, AyA does not approve or supervise construction permits, having provided inputs to the Local Government so that developments are executed according to the recommendations given in the Board of Directors Agreement, whose application has been indicated by the Constitutional Chamber in Voto 4751-08. 5) Whether or not tree felling has occurred at the site in question? Before answering this question, it is important to identify that the competent entity to determine whether tree felling has occurred or not is SINAC; having clarified the above, and in accordance with what is indicated in the response to question No. 1, of this official letter, and as noted in official letter RHA-OM-2013-00666, specifically in Table No. 1, cases 3, 4, and 5 (image 646 to 653 of the digital case file of the Amparo), demonstrate the complaints filed by AyA before the competent authorities for the cutting of forest vegetation. Similarly, in the technical report responding to official letter PRE-J-2022-01740, in Table No. 1, case No. 9 (image 582 of the digital case file of the Amparo), the cutting of forest vegetation within the Villa Plata informal settlement is reported. From the field survey conducted on June 22, 2022 (Anexo 1), in the Villa Plata informal settlement, the subject of this amparo remedy, felled trees distributed in different sectors were identified (Figure 2, of the inspection report "Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Zona 6. Exp 22-008354-0007-CO", Anexo 1). Finally, it is important to mention the following: 1. AyA, after reviewing its aqueduct systems, does not find any impact on the quality of the water drawn from the Moín aquifer, in which Zone 6 is located and which includes the properties with cadastral maps 7-0509859-1983 and 7-059860-1983, the subject of this amparo remedy, which is why the drawing of water from the Fuentes-Moín for population supply purposes remains in force. 2. The continuation of unplanned urban growth in Zone 6 should not be permitted, not only because of the impact on public services, but also because of the implications it may have in the future on the quantity and quality of the water resource drawn from the Moín sources. 3. The field work made it possible to identify that the Villa Plata settlement, located on the properties with cadastral maps 7-0509859-1983 and 7-059860-1983, has been inhabited for more than 20 years, as stated by the local inhabitants, identifying infrastructure (dwellings), which is recorded in the inspection report (Anexo 1), as well as the documentary record in the digital case file of the Amparo. 4. After a review of the documentation provided in the digital case file of the Amparo, the report issued by SINAC is observed, through Official Letter SINAC-ACLAC-PPCP-027-2022, Field inspection of the indicated site having cadastral map numbers 7-0509859-1983 and 7-0509860-1983, which was conducted by officials Alexis Salas Rodríguez and Diego Alberto Alvarado Cerdas, on June 17, 2022 (visible at images 1100-1110 of the digital case file of the Amparo). It is important to note that an attempt was made to verify the coordinates cited in point V of this report, which do not coincide with the cited maps, but are located at a distance of 400 meters to the Southeast, far from the property that should have been assessed as ordered by the Chamber" (emphasis supplied).\n\nFinally, on July 7, 2022, the acting director of the Limón Governing Health Area of the Ministry of Health issued memorandum MS-DRRSHC-ARSL-04398-2022, in which it was recorded: "(…) the inspection is carried out on July 1, 2022, at 1:30 p.m., where a tour of the entire community is conducted, where an approximate 154 dwelling houses built with cement material, Block, Wood, Tiles are observed, and many using a Septic Tank and improved septic tank system. Some dwellings have poor wastewater disposal. It is important to mention that there is a small greengrocer's shop and a sale of shaved coconut within the same dwellings. Regarding the substance of the remedy, it is recommended that said eviction should be processed through judicial channels (Courts of Justice). With respect to what is requested under the Amparo Remedy, the following is reported. (…) 3. Whether or not the provisions of agreements No. OS 2007- 177 and 2011-112 adopted by the ICAA Board of Directors are being complied with in that zone: That according to what is indicated, the previous point was reformed by means of agreement No. 112-2011, published in La Gaceta No. 83 of May 2, 2011). For the case of DEVELOPMENTS OF URBANIZATIONS, LOTIFICATIONS, SUBDIVISIONS (FRACCIONAMIENTOS), AND CONDOMINIUMS, a sanitary sewerage system and ordinary-type wastewater treatment plant must be built. Developments may be permitted with densities equal to or less than one housing unit per 1,000 meters (…) Therefore, according to what is indicated under the points already explained and for what is recommended, the due eviction must be processed through judicial channels" (bold added).\n\nNow then, in the sub examine, the plaintiff states that the ICAA Board of Directors declared the Moín protection and aquifer recharge zone (zone 6), through agreement No. 2007-177, in which the hydrogeological study and vulnerability of the Moín aquifer and the update of the protection zone DGAMB-2007031 were formalized. It indicates that its represented party has two properties located in the referred zone 6, which have had a series of limitations imposed on them. It indicates that, since the creation of the aforementioned zone 6, the ICAA has failed in its duties, because in that place there has been a land-use change (cambio de uso de suelo) with the construction of precarious-type houses, without any control having been carried out over the use and management of wastewater, sewage, and well drilling, and, moreover, it has not done anything to prevent the felling of the forest. It maintains that, due to the foregoing, it requested collaboration from the ICAA in order to proceed with the administrative eviction of all the people who are invading its farms, due to the damage they cause to natural resources and contamination of the aquifer; however, no help was provided. It accuses that both the ICAA and MINAE have knowledge of the usurpation that exists in zone 6 of the Moín aquifer, of the changes in land use, and of the contamination; however, they have not taken any action to evict the people who illegitimately usurp the State's patrimony. It requests that the remedy be declared with merit and that the respondent authorities be condemned for their negligence in protecting the alluded zone. It requests that the respondent be ordered to carry out the necessary procedures to execute the corresponding evictions of the aforementioned farms. It requires that an order be given to carry out all necessary actions to protect the Moín aquifer, through the expropriation and corresponding payment to its represented party.\n\nIn this regard, note that this Tribunal has previously ruled on the aforementioned aquifer and the legal protection it deserves. In that sense, in judgment No. 2008012043 of 10:11 a.m. on August 1, 2008, it was stated:\n\n"II.- SUBJECT OF THE REMEDY. The appellant comes in protection of the property right of the company [Name 004]. It says that the protected party is the owner of two properties located in the Province of Limón, located in zone 6, which, through article 6, subsection a) of the Board of Directors Session of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados number 2007-20, became part of a series of zones located in the province of Limón categorized as reserved zones for a public interest of protecting aquifers. It argues that according to that agreement, the protected company cannot carry out any activity on its properties, whose combined area covers an area of three hundred thirty-three thousand one hundred and ninety-one square meters with sixteen square decimeters, thus violating its property right by establishing limitations to that right through a Board of Directors agreement of an autonomous institution and not through a law; likewise, because it is an excessive limitation that entails a dispossession of its properties, that is, 'a de facto expropriation act', by including them within zones with absolute reserve and totally limited in terms of their use and exploitation without proceeding to the respective expropriation in accordance with constitutional law (…)\n\nIII.- GROUNDWATER AND FUNDAMENTAL RIGHTS. In judgment of this Chamber number 2004-01923 of 2:55 p.m. on February 25, 2004, the subject of groundwater and its link to fundamental rights was extensively discussed. Specifically, the following was stated:\n\n \n\n"Our Political Constitution, in its article 50, states the right to a healthy and ecologically balanced environment, which is achieved, among other factors, through the protection and conservation of the quality and quantity of water for human consumption and use and to maintain the ecological balance in the habitats of flora and fauna (e.g., wetlands) and, in general, of the biosphere as the common patrimony of humanity. Similarly, access to potable water ensures the rights to life – 'without water, life is not possible' affirms the Water Charter approved by the Council of Europe in Strasbourg on May 6, 1968 -, to people's health – indispensable for their nourishment, drink, and hygiene - (article 21 of the Political Constitution) and, of course, is associated with the socio-economic development and growth of peoples to ensure each individual a decent well-being and quality of life (article 33 of the Political Constitution and 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights). The scarcity, lack of access or availability, and contamination of this precious liquid causes the impoverishment of peoples and limits social development in large proportions. Consequently, the protection and exploitation of groundwater reservoirs is a strategic obligation to preserve the life and health of human beings and, of course, for the adequate development of any people. In 1995, it was estimated that 1 billion inhabitants did not have access to potable water, and it is calculated that by the year 2025, about 5.5 billion people will have water scarcity, with between 5 and 10 million people dying annually from the use of untreated water. In another order of ideas, currently, the duty to preserve, for future generations, conditions of existence at least equal to those inherited (sustainable development) has been recognized, meaning that the needs of the present must be satisfied without compromising the capacity of future generations to do so with their own (Principle 2 of the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 1972). In essence, water, from an economic and ecological point of view, is a precious good, since it is indispensable for any human activity (industrial, agricultural, domestic, commercial, services, etc.), as a source of energy, raw material, transportation route, support for recreational activities, and a constitutive element for the maintenance of natural ecosystems – use of water that is non-contaminating or compatible with the environment."\n\n \n\nIt was further determined that when groundwater contamination occurs, its regeneration can be extraordinarily slow and, on occasions, irreversible due to the high cost of the means to do so, as well as the lack of organizational infrastructure, material, financial, and human resources, in the latter case, duly trained to evaluate, measure, and, in general, monitor the quality of this water and the exact dimension of its contamination. Hence, the degradation and contamination of aquifers imposes on the legislator and public administrations the urgent and unpostponable task of protecting them.\n\n \n\nIV.- PROTECTION OF GROUNDWATER. In the cited judgment, it was established that due to the characteristics of contamination of aquifers intended for public supply and their difficult regeneration, measures to avoid contamination must be preventive and protective, through the prohibition of certain human activities in certain zones or by ordering safety measures on certain potentially contaminating activities. However, the conclusion was reached that our legal-administrative system (legislation, regulations, and decrees) unfortunately lacks precise, clear, and complete regulation for the protection of aquifers, recharge zones, and groundwater catchment areas, regulation that other countries do have, for example, in the Spanish Water Law 29/1985 of August 2, which provides for some extraordinary powers of administrative intervention in the water economy that directly concern the protection of aquifers, in order to achieve sustained use of water resources, that is, to guarantee water availability in sufficient quantity and required quality to meet present and future human and ecological needs. To this effect, the Chamber textually stated the following:\n\n \n\n"These extraordinary administrative powers, which must be admitted in our legal system - despite their lack of regulation - as implicit in the express and general competence for the protection and conservation of groundwater attributed to the State and decentralized entities of the water sector, are based on the need to achieve rational and balanced use of water."

The scarcity and degradation of the natural conditions of water resources impose the administrative possibility of adopting such measures to prevent their exhaustion or irreversible deterioration and to temporarily overcome the harmful effects that a water crisis may generate. This type of administrative measures involve various drastic restrictions and controls on the multiple uses or exploitations of water—especially general or special private uses—and on pre-existing activities that may affect the resource, insofar as they are justified by a public interest, and therefore do not affect the right to property or the integrity of one's assets. In essence, such measures must be deemed as limitations of social interest that do not empty the right to property of its content or expand the public domain over groundwater without prior compensation, but rather shape its essential content, and therefore must be borne, as a sacrifice or general burden, by all users, who, ultimately, are the beneficiaries of these measures, as they are aimed at correcting a temporary situation of scarcity or imminent contamination affecting the economy of the water resource in a specific area. Such administrative intervention measures, virtually contained in Article 32 of the Water Law (Ley de Aguas) of 1942 and Article 10 of the Regulation for Drilling and Exploitation of Groundwater (Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas) (Executive Decree No. 30387 of April 29, 2002), may be the following:

a) Protection perimeters of aquifers: One of the most innovative instruments in the protection of water resources is the definition of protection perimeters for the conservation of the resource and its surroundings. This administrative intervention measure seeks to preserve the quality and quantity of the contained water, but also of its container, that is, the geological formation called an aquifer. This activity consists of projecting and tracing on the surface a demarcation under which an aquifer or part of it is situated, in which a specific regime is established for the use of the hydraulic domain—management and restriction of pre-existing water concessions, impediment to granting new ones—and for the control of activities and installations that may affect it—through authorizations—(e.g., mines, quarries; urban activities including septic tanks, cemeteries, sanitary landfills—storage, transport, and treatment of solid and liquid waste—; agricultural and livestock activities with deposit and distribution of fertilizers and pesticides, irrigation with wastewater, and farms; industrial activities with storage, transport, and treatment of liquid or gaseous hydrocarbons, chemical, pharmaceutical, and radioactive products, food industries and slaughterhouses, etc.). Evidently, the definition of perimeters by national authorities—MINAE and ICAA—must be respected by local governments (Municipalities) and INVU (given its residual competence in urban planning matters in the absence of local regulatory plans) to harmonize, develop, and effectively reflect the conditions established in the definition of protection perimeters in the regulations contained in the respective Regulatory Plans (Planes Reguladores) on land uses or territorial planning (e.g., zoning regulations, construction regulations, etc.). Obviously, to the above must be added the protection around catchment areas (wells—PPP: wellhead protection perimeters—, springs, spring (naciente), etc.), through the definition of a zone around them in which certain human activities are prohibited or limited, regulating or controlling land use (uso del suelo). The determination of the perimeter depends on the well's capture zone or zone of contribution (ZOC) and its extent depends on the characteristics and properties of the catchment area and the recharge land, since the rules cannot be the same for permeable or fissured lands as for those with impermeable formations. The definition of perimeters must be combined with the mapping of vulnerability or natural susceptibility of supply aquifers to anthropogenic contamination loads, based on their hydrogeological and geochemical characteristics, in the face of anthropogenic contamination problems, which is achieved through the creation of maps. Both measures, protection perimeters and vulnerability mapping, are suitable for being able to relocate a certain type of activity in time, the supply source, or, ultimately, introduce technical methods and instruments for the treatment and disposal of polluting agents. The measures to be taken based on the perimeters and vulnerability mapping vary depending on whether it is (a) an area without territorial occupation, being useful for defining which activities may or may not be installed in the future; (b) already occupied areas, in which case a mapping of natural vulnerability and of the areas with greater susceptibility to contamination is carried out, making it possible, given the threat of a high contamination index, to relocate activities, supply sources, and introduce technology for the treatment and disposal of pollutants; (c) already contaminated areas, for which alternative sources can be sought, the spread of contamination plumes can be prevented, and, if possible, given its high cost, the aquifer's waters can be treated after extraction; (d) areas for new catchments, in which case potentially contaminating activities and the impact area of each of these must be inventoried.

b) Declaration of overexploited aquifer: The overexploitation of an aquifer occurs when the extractions or exploitations are so intensive—discharge—and strong that they exceed the volumes of recharge, whereby the water reserves of the aquifer are progressively diminished and degraded. Overexploitation causes disastrous economic and natural effects; among the former, users may experience increased extraction costs—more energy to make the same amounts of water flow or expenses to re-deepen a well to reach the water level—, exhaustion of wells located in the peripheral areas of the aquifer and in those with a higher concentration of drillings; among the natural effects, there is the reduction in water flows in springs, rivers, streams, creeks (quebradas), lagoons, lakes, and wetlands, thereby endangering their existence, and the impairment of the capacity of geological formations—aquifers—to store water by diminishing the interstitial space in rocks due to lack of the internal pressure provided by the water, land subsidence due to compaction, with alteration of the aquifer, the appearance of cracks, and hillside slippage. In the hypothesis of aquifer overexploitation, the competent administrative authority can declare this state to reverse the state of affairs through the management, restriction, and apportionment of pre-existing extractions or exploitations to achieve rational exploitation and the immediate suspension of new applications or modifications of concessions pending at that time. Of course, savings and good-use measures for resources can also be implemented, such as the treatment and purification of wastewater for reuse in irrigating certain crops, drip or nighttime irrigation systems to mitigate the effects of evapotranspiration, artificial recharge, etc.

c) Declaration of aquifer in a process of saline intrusion: An aquifer is considered to be in a process of salinization when, as a direct consequence of extractions, generalized and progressive increases in the saline concentration of the captured waters are recorded, thereby running the risk of becoming unusable. Salinization entails a reduction in the thickness of the freshwater layer under which marine water rises, so that the water from the wells ceases to be potable and even becomes useless for domestic or irrigation uses, with the recovery of the aquifer being very difficult or almost impossible. This problem can occur in our country, above all, in overexploited coastal aquifers—intrusion of maritime origin—in a gradual or generalized manner, although intrusion of continental origin cannot be ruled out in other locations. The cause of saline intrusion lies in irrational exploitation or overexploitation, therefore measures similar to those provided for when this problem arises must be implemented, such as the management, restriction, and apportionment of pre-existing exploitations or uses and suspension of new applications or modifications of concessions.

d) States of necessity and water crisis: In anomalous, exceptional, and temporary circumstances that cause a public calamity or internal disturbance (e.g., extraordinary droughts, severe overexploitation of aquifers, or generalized saline intrusion thereof), the State—through the Executive Branch—and, based on the principle of necessity, can adopt the necessary and suitable measures regarding the use of the public hydraulic domain to overcome that state of affairs or prevent it from worsening. When the state of necessity ceases and normality is restored, other types of measures may be adopted such as those previously set forth (protection perimeters, declaration of overexploited aquifers or those in a process of salinization).” (The bold highlighting is not from the original)

V.- LEGAL PROTECTION OF GROUNDWATER IN COSTA RICA. This aspect was addressed in judgment 2004-01923, as follows:

“Article 31 of the Water Law (Ley de Aguas) No. 246 of August 27, 1942, declares as a “domain reserve in favor of the Nation” the following: “a) The lands that surround the catchment sites or intakes supplying potable water, within a perimeter of not less than two hundred meters in radius; b) The forest zone that protects or should protect the entirety of the lands where the infiltration of potable waters occurs (...)”. This declaration is of utmost importance, since, from it arises the obligation of the State, through its competent bodies, to set and determine the perimetral protection areas of wells or catchment areas—of 200 meters—and, of course, of the recharge areas of aquifers—the zone where “the infiltration of potable waters occurs”—that have or should have a forest layer for their protection, which are so sensitive for their conservation and protection. In the same way, based on such express designation, the State can exercise reivindicatory and possessory actions to guarantee the indemnity of those zones and subtract them from all types of contamination by subjecting them to a strong regime of land-use control (control del uso del suelo), an attribution that, most probably, it has omitted to exercise in a timely and exact manner. Article 32 of the Water Law (Ley de Aguas) of 1942 establishes that “When in an area larger than the previously indicated there exists a danger of contamination in surface waters or groundwater, the Executive Branch, through the Potable Water Section—currently ICAA—(...) shall provide in said area the measures it deems appropriate to avoid the danger of contamination”, this rule imposes an unavoidable duty of collaboration and cooperation on the Executive Branch with ICAA to adopt all timely and convenient administrative acts and measures to conjure the danger of contamination in an area larger than the protection perimeters of the aquifer recharge areas and catchment zones. The content of the rule is extremely significant and rich, since it empowers the State to adopt any timely measure to avoid the irreversible damages and losses that a state of emergency due to a water crisis could cause. Evidently, this is also a competence that has not been responsibly exercised or is underutilized. The General Potable Water Law (Ley General de Agua Potable), No. 1634 of September 18, 1953, in its Article 2, establishes that “All those lands that both the Ministry of Public Works and the Ministry of Public Health—Executive Branch bodies that were substituted by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers by virtue of its Creation Law No. 2726 of April 14, 1961, and its reforms, and, more specifically, Article 2, subsection h), which entrusted it with enforcing the General Potable Water Law (Ley General de Agua Potable)—consider indispensable for constructing or for locating any part or parts of potable water supply systems, as well as for ensuring the sanitary and physical protection and necessary flow thereof (...)”, evidently, this rule has enormous significance, since it declares the catchment areas that may include springs or spring (naciente)—a form of natural discharge of groundwater—as public domain, and, what is more important, it grants the status of demanial property to all those lands necessary to ensure sanitary and physical protection and its flow, which necessarily includes the clearly delimited recharge areas of the aquifers through the perimetral activity already indicated, since the lack of protection of these zones necessarily affects the quality—by contamination—and flow—by impermeabilization or overexploitation—of the waters for human consumption and use that emerge from a spring. The Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575 of February 13, 1996, in its Article 33, subsections a) and d), respectively, provides that areas of protection are those “(...) bordering permanent springs, defined within a radius of one hundred meters measured horizontally” and “The recharge areas and the aquifers of the springs, whose limits shall be determined by the competent bodies established in the Regulation of this law”, evidently these rules support the administrative activity or intervention to define the protection perimeters of aquifers and catchment zones. The Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) No. 7554 of October 13, 1995, in its Article 51, indicates that for the conservation and sustainable use of water, the following criteria, among others, must be applied: “a) Protect, conserve, and if possible, recover aquatic ecosystems and the elements that intervene in the hydrological cycle”, “b) Protect the ecosystems that allow regulating the water regime” and “c) Maintain the balance of the water system, protecting each of the components of the hydrographic basins”. This establishes the need to protect and conserve the integrity and unity of the hydrological cycle without making distinctions, which especially includes groundwater. Finally, Articles 5, subsection e), final paragraph of the ICAA Creation Law (Ley de Creación del ICAA) (No. 2726 of April 14, 1961, and its reforms) and 15 of the SENARA Creation Law (Ley de Creación del SENARA) (No. 6877 of July 18, 1983, and its reforms) crown the normative framework for the institutional protection of groundwater by indicating, respectively, “The lands necessary for the conservation and protection of water resources, as well as for the constructions that become necessary in the catchment, are declared of public utility and social interest, and may be expropriated (...)” “Actions promoted by the State are declared of public interest, for the purpose of ensuring the protection and rational use of waters (...)”. In the legal-administrative system of waters, we will also find a series of obligations and burdens imposed on individuals and public law subjects—public entities and bodies—for the adequate protection of the underground and surface public hydraulic domain. Thus, the Water Law (Ley de Aguas) of 1942 and other legislative bodies establish a series of prohibitions and obligations for the owners and users of springs—which are a component of the discharge area of an aquifer—such as the following: a) users or concessionaires must comply with the police and health regulations regarding surplus waters that are returned to a spring to avoid contamination or stench—failure to do so may result in losing the special use and suffering a fine—(Articles 57 and 166, subsection III, ibidem), in a concordant manner, the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre) No. 7317 of October 21, 1992, in its Article 132, paragraph 1, prohibits “(...) dumping wastewater, sewage, waste, or any contaminating substance in springs, rivers, creeks (quebradas), permanent or non-permanent streams (...) lakes (...)” and imposes on the violator a fine of 50,000 to 100,000 colones convertible to a prison sentence of one to two years. b) The construction of ponds for fish hatcheries in springs destined for the supply of populations is prohibited (Article 63 ibidem). c) Owners of lands where springs exist on whose contours the forests that sheltered them have been destroyed are obligated to plant trees on the banks at a distance of no more than 5 meters (Article 148 ibidem). d) Destroying trees located less than 60 meters from springs that arise in the hills or less than 50 meters from those that emerge on flat lands is prohibited, both in national and private forests (Article 149 ibidem), the Forestry Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 13, 1996, provides, in its Article 34, coincidentally, that “The cutting or elimination of trees in the protection areas bordering permanent springs and the recharge areas and aquifers of the springs is prohibited”. e) Every application for use of spring and flowing waters (aguas vivas, corrientes y manantiales) must be addressed to the Ministry of Environment and Energy with the presentation of a series of requirements (Article 178 ibidem). Regarding public entities and bodies that have competence and responsibilities in the matter of groundwater protection, a series of obligations and prohibitions are established such as the following: a) Municipalities are prohibited from alienating, mortgaging, or otherwise encumbering, leasing, exploiting for timber, lending, or exploiting on their own account—especially if it involves deforestation—the lands they possess or acquire on the banks of rivers, streams, or springs or in hydrographic basins or watersheds where springs arise or have their origins (Articles 154 and 155 ibidem). b) Municipalities are obligated to reforest such lands (Article 156 ibidem). c) Every Municipality, Education Board, Social Protection Board, and, in general, every “public body”, is obligated to consult to obtain the respective permit from the Ministry of Agriculture to alienate, mortgage, lease, exploit for timber, or exploit on their own account lands they possess or acquire where there exist usable public domain waters (Article 157 ibidem). The General Health Law (Ley General de Salud), No. 5395 of October 30, 1973, and its reforms, for its part, contains specific rules for the effective protection and conservation of groundwater, thus Article 275 stipulates that “All natural or legal persons are prohibited from contaminating surface waters, groundwater (...) directly or indirectly, through drainage or the discharge or storage, voluntary or negligent, of liquid, solid, or gaseous residues or waste, radioactive or non-radioactive, sewage, or substances of any nature that, by altering the physical, chemical, and biological characteristics of the water, make it dangerous for the health of persons, terrestrial and aquatic fauna, or unusable for domestic, agricultural, industrial, or recreational uses.”, for its part, Article 276 establishes that only with permission from the Ministry may drainage be carried out or the discharge of solid or liquid residues or waste or others that may contaminate surface water, groundwater, or maritime water, “(...) adhering to the regulatory safety norms and conditions and the special procedures that the Ministry imposes in the particular case to render them innocuous”. Articles 285 and 291 of that regulatory body, respectively, obligate every person to eliminate excrement and sewage in an adequate and sanitary manner to avoid “contamination of the soil and of the natural water sources for human use and consumption” and prohibit the discharge of industrial waste or waste from health establishments into the sewage system to “avoid contamination of water sources or courses”. Finally, Article 309 of that law establishes that the Ministry of Health will approve a developer's project, among other things, if it “(...) has adequate sanitary systems (...) for the disposal of excrement, sewage, and wastewater”.

VI.- ADMINISTRATIVE ENTITIES AND BODIES RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF GROUNDWATER AND, ESPECIALLY, AQUIFERS. DELIMITATION OF COMPETENCES. Following the ruling that has been cited, it was indicated that within the heterogeneous and dispersed set of administrative entities and bodies that make up the Costa Rican public administration, a sector of these can be identified that have assigned, by law or regulation, a series of non-renounceable, non-transferable, and imprescriptible competences in matters of conservation and protection of groundwater that they cannot decline and must exercise effectively for the sake of the right to a healthy and ecologically balanced environment for all the inhabitants of the country. In that sector of the public apparatus or of service organizations for the satisfaction of the needs of the entire community, a group can be identified that belongs to the central administration or major public entity—the State—which are, predominantly, some Ministries or bodies thereof—and another made up of functionally decentralized entities or services—of a technical nature—and territorially—Municipalities. Referring specifically to the entity appealed here, the Chamber textually stated the following:

“(…) 2.- Decentralized Administration.

a) ICAA (Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers)

The Constitutive Law of the ICAA (No. 2726 of April 14, 1961, and its reforms) attributes to it, in what is of interest, the following competences (Article 2): a) To direct and supervise everything concerning the provision of potable water service, collection and evacuation of sewage, liquid industrial waste, and rainwater in urban areas (...) c) To promote the conservation of hydrographic basins and ecological protection, as well as the control of water contamination (...) d) To advise other State bodies and coordinate public and private activities in all matters related to (...) the control of the contamination of water resources (...) its consultation being mandatory in all cases, and compliance with its recommendations inexcusable (...) f) To exploit, utilize, govern, or supervise, as the case may be, all public domain waters indispensable for the due fulfillment of the provisions of this law, in exercise of the rights that the State has over them, in accordance with Law No. 276 of August 27, 1942, for which purpose the Institute shall be considered the substitute body for the powers attributed in that law to the State, ministries, and municipalities”. For its part, Article 5 of that law empowers the ICAA to “c) Acquire movable and immovable property” and “e) Process the expropriations necessary for the fulfillment of its purposes, this same subsection in its 2nd paragraph declaring of public utility and social interest, and subject to expropriation, “(...) the lands necessary for the conservation and protection of water resources, as well as for the constructions that become necessary in the catchment (...). Article 21 of the Creation Law confers upon the ICAA the power to approve or disapprove any project for the construction, expansion, or modification of wastewater and rainwater disposal systems, public or private, which is mandatory, under penalty of nullity, in the case of construction of subdivisions (fraccionamientos), developments, or lotifications. Finally, Article 22 of its creation law establishes that “It is the obligation of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to defray the expenses demanded by the conservation, expansion, and security of the forests that serve to maintain water sources, on the properties of those Municipalities where it assumes the water and sewerage services”.

In accordance with Article 2, subsection h), of the Creation Law of this decentralized entity (No. 2726 of April 14, 1961, and its reforms), one of its competences is to enforce the Potable Water Law (Ley de Agua Potable), No. 1634 of September 18, 1953, it being that Article 16 of this latter regulatory body prohibits installations, buildings, or works included in the “zones near supply sources (...) that prejudice in any way (...) the physical, chemical, or bacteriological conditions of the water; these zones shall be fixed by the Ministry of Public Works and Public Health”—bodies that, as already indicated, were substituted, for all legal effects, by the ICAA—. Consequently, the ICAA is also competent to define the protection areas for supply sources such as springs or spring (naciente) which are a natural form of groundwater discharge. Article 34, final paragraph, of the Forestry Law (Ley Forestal) imposes the task of carrying out the alignments of protection areas on the INVU. In reality, this is a competence that is not exclusive or excluding to the ICAA or the INVU, but concurrent or shared, for which reason both public entities have the duty to exercise it.

Article 3 of the General Potable Water Law (Ley General de Agua Potable), No. 1634 of September 18, 1953, imposes the obligation on the ICAA of “(...) selecting and locating the waters destined for the piping service (...)”, whereby it is the responsibility of this entity to carry out a detailed inventory of the springs that can be used to supply drinking water to populations, the foregoing, independently of whether the supply and distribution is in the hands of a Municipality in a specific canton.” (the emphasis was added).

By virtue of the foregoing, in the sub lite, the infringement of the right to water and to a healthy and ecologically balanced environment is verified given the inaction of the respondent authorities in attending to and resolving the problematic affecting the Moín aquifer, specifically, on the properties owned by the protected party located in the restricted protection zone (cataloged as zone 6).

It should be noted that since 2007, agreement No. 2007-177 was adopted, through which the ICAA declared the restricted protection zone (zone 6) concerning the Moín aquifer and imposed a series of restrictions, which were modified by agreement No. 2011-112. Moreover, in the case, it is accredited that the respondent parties are aware of the existence of a squatter settlement (precarío) called Villa Plata, which is located on the properties of the protected party and has caused alterations in the area that put the referenced aquifer at risk. For example, this Tribunal notes that, in September 2018, the ICAA filed complaints both before the Municipality of Limón and before MINAE MINAET (with a received stamp dated September 26, 2018, by SINAC-ACLAC), in which it accused that on the mentioned properties, earthworks (movimientos de tierra) were being carried out. Likewise, by official letter GSP-RA-2019-00456 of March 14, 2019, the ICAA communicated to the director of ACLAC MINAE, the head of the Limón Subregion, and the mayor of Limón, that in the zone in question, earthworks (movimientos de tierra) and tree felling were occurring; furthermore, it was affirmed that “it is considered that these denounced activities cause a high risk and impact on the Moín Aquifer Protection Zone, especially considering that this possible invasion site corresponds to one of the places with the greatest forest cover (cobertura boscosa) in the Direct Recharge Zone of the Moín Springs (Pulmón de Nacientes de Moín).”

Based on all of the foregoing, you are hereby requested immediately and within the framework of your powers to take the necessary actions to timely prevent further felling and earthworks (movimientos de tierra) at the reported site and to protect the forest cover (cobertura boscosa) of this area."

Likewise, it bears reiterating that on June 15, 2020, the Executive President of ICAA issued official communication PRE-2020-00865, in which she stated: "Through official communications UEN-GA-2020-00836 (Anexo 6) and UEN-GA-2020-01399 (Anexo 7), inspections have been coordinated with the Ministry of Health; however, they have been postponed due to the state of emergency decreed for COVID-19 (...) the Institute, within the framework of its powers and interest in protecting the Moín Aquifer, which supplies a sector of the population of Limón, has carried out a series of actions and created instruments that serve as input for both the Municipality and the Ministry of Health, so that they can issue regulations on land use and authorize activities that do not affect the quality and quantity of the water resource; therefore, the following clarifications are made: 1. It is the Ministry of Health, in the case of industrial and commercial buildings, which, in compliance with the provisions of the General Health Law and its regulations, grants the operating permit; for this, it considers the technical opinion communicated by AyA. At the administrative level, the granting of any permit must adhere to the principle of legality and compliance with and verification of requirements, so that the Administration may proceed with the assessment and resolve accordingly. (...) 2. The respective Health Area is the entity that can conduct a survey of the physical and sanitary condition of each of the constructions and commercial activities; in fact, it is within its ordinary activity to carry out such management permanently, in compliance with the duty of oversight. 3. For its part, it is the Local Government that is responsible for granting business licenses and issuing the construction permit for any building, in accordance with land use and the technical assessment provided by AyA (...)".

For its part, in technical report PRE-J-2022-01740 of May 9, 2022, regarding the "Precario Villa Plata Fincas 00027138-000 and 00027136-000," ICAA stated: "(...) 1) AyA has, for more than 19 years, filed the necessary complaints before the Municipality of Limón and the Ministry of Environment and Energy to halt earthworks (movimientos de tierra) and the felling of forest vegetation whenever an impact on the Recharge Zones of the Moín Aquifer is detected. Furthermore, it reports the existence of ongoing activities that are not compatible with the Regulatory Recommendations established in AyA Board of Directors Agreements N° 2007-177 and N° 2011-112 (...)".

In addition to the above, following the evidence ordered for a better resolution in the sub lite matter, the respondent authorities inspected the properties of the protected party. In that regard, what was noted by the coordinator of the SINAC Prevention, Control, and Protection Program in brief SINAC-ACLAC-PPCP-027-2022 stands out: "(...) the development of infrastructure, poor management of solid waste and wastewater, agricultural practices, felling and burning of vegetation, keeping of domestic animals, earthworks (movimiento de tierra), among others, was observed, and in contravention of the area designated for the Moín aquifer, as well as the stipulations for activities that must not be carried out in the designated area, it can be argued that there is indeed an impact (...) there is no adequate disposal of wastewater (...) The cultivation of plantain and cassava, modification and removal of soil, development of different types of infrastructure, application of herbicides, burning of vegetation and residual waste from human consumption, land-use change (cambio de uso) in plant cover, among others, is evident. 4. Unauthorized earthworks (movimientos de tierra) are indeed being carried out, along with the development of buildings of different sizes and materials (...) a spring (nacimiento de agua) was identified at coordinates E602883 N1105156, which has sufficient flow to generate runoff. The protection area for this water body is non-existent." Additionally, in brief UCC-0201-21-06-2022 of June 21, 2022, the head of the Census and Cadastre Unit of the Municipality of Limón highlighted that in that location: "quite a few constructions were observed without generating any type of cadastral map other than the parent maps of properties 7-27136-000 and 7-27138-000."

Regarding the inspection report carried out by ICAA in June 2022, it was determined that: "The presence of garbage disposed in surface water channels is identified (...) a sample was taken from an area of 159,959.26 m2, which represents 50% of the area of property L-0509859-1983; it was found in this sample that there are a total of 72 dwellings, of which 69 dwellings, representing 96%, treat wastewater through septic tank and drainage systems, and only 3, representing 4%, use latrines. Likewise, out of the total number of houses located within the area sample (159,959.26 m2), it was identified that a total of 12 houses (16.6%) dispose of their greywater in the patios of the dwellings, pipes, or furrows and not directly into the dolines (dolinas), a situation that must be corrected in accordance with the regulations of the Ministry of Health (...) During the tour of the property in question, a total of 15 dolines (dolinas) were identified, which present various characteristics (...) earthworks (movimientos de tierra) such as fill have been carried out on the properties to build houses (...) In total, 14 sites where some type of earthworks (movimientos de tierra) occurred were recognized. In addition, a building currently under construction was found, with concrete and gypsum materials, which did not have any type of signage regarding a permit for its construction (...) A total of 5 tree fellings were counted in various sectors of the site under study, carried out for the opening of access paths and for the establishment of residential dwellings (...) there are people who have lived in the location for more than 20 years. B. Based on the inspection carried out and coupled with the review of satellite photographs, a total of 194 structures (dwellings) were identified. (...) 10 clandestine sites for the deposit of solid waste were located that require the attention of the Local Government, due to the non-existence of a collection service. E. 15 dolines (dolinas) were identified in the field with different geometry and degree of development, the most common being rounded ones. F. 14 points were located where earthworks (movimientos de tierra) were evident, mainly cuts and fills for the construction of dwellings and roads. G. In 5 sites, the felling of trees for the opening of access paths and for the establishment of residential dwellings is identified."

In addition, in official communication UEN-GA-2022-01214 of June 27, 2022, ICAA established that: "1. AyA, after reviewing its aqueduct systems, finds no impact on the quality of the water captured from the Moín aquifer, in which Zone 6 is located and which includes the properties with cadastral maps 7-0509859-1983 and 7-059860-1983, the subject of this amparo proceeding, which is why the catchment from Fuentes-Moín remains in force for population supply purposes. 2. The continuation of unplanned urban growth in Zone 6 must not be permitted, not only because of the impact on public services but also because of the implications it may have in the future for the quantity and quality of the water resource captured at the Moín sources. 3. The fieldwork allowed for the identification that the Villa Plata settlement, located on the properties with cadastral maps 7-0509859-1983 and 7-059860-1983, has been inhabited for more than 20 years, as stated by the residents of the locality, identifying infrastructure (dwellings) which is recorded in the inspection report (Anexo 1), as well as the documentary record contained in the digital file of the Amparo" (boldface added).

Based on the foregoing, this Chamber finds the delay by the respondent authorities in addressing and resolving the issues in the restricted protection zone (cataloged as Zone 6) of the Moín aquifer, specifically in the sector where the properties of the amparada are located, to be reprehensible. This is because the inaction of the respondent parties in resolving the problem caused by the Precario Villa Plata puts the Moín aquifer at risk. Precisely, the inhabitants of that location, where 194 dwelling-type structures were detected, have caused the felling and burning of vegetation, poor management of solid waste and wastewater, earthworks (movimientos de tierra) and illegal constructions, uncontrolled agricultural activities, among others. Furthermore, although the respondent authorities have undertaken some actions related to the aforementioned problem, it is no less true that diligent action is lacking in the sub lite matter, despite the importance of the mentioned aquifer. In addition to the above, it is essential to address the described situation effectively and diligently, given that, as the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados asserts in brief UEN-GA-2022-01214 of June 27, 2022: "The continuation of unplanned urban growth in Zone 6 must not be permitted, not only because of the impact on public services but also because of the implications it may have in the future for the quantity and quality of the water resource captured at the Moín sources."

Ergo, in the sub examine matter, a violation of Article 50 of the Political Constitution is substantiated, which reads:

"ARTICLE 50.- The State shall seek the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to report acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions. Every person has the basic and inalienable human right of access to drinking water, as an essential good for life. Water is a national asset, indispensable to protect such a human right. Its use, protection, sustainability, conservation, and exploitation shall be governed by the provisions of the law that shall be created for these purposes, and priority shall be given to the supply of drinking water for the consumption of persons and populations."

Therefore, the recourse is granted with respect to this point under the terms established in the operative part of this pronouncement.

VII.- On the other hand, this Court observes that the filing brief requests the expropriation of two properties of the amparada party due to the seriousness of the limitations imposed, resulting from their location in Zone 6 of protection of the Moín aquifer.

In this regard, this Court has heard claims such as the aforementioned. For example, in judgment No. 2010011878 of 10:18 a.m. on July 9, 2010, it was ordered:

"II.- ON THE MERITS. The aforementioned Zone 6, according to the copy of the Hydrogeological and Vulnerability Study of the Moín Aquifer, Limón Province, is an area technically determined to be a fundamental part of that aquifer, cataloged as an 'absolute protection zone.' It is a portion of land that has a total water recharge of 5,187,701 cubic meters per year and an extraction of 5,171,904 cubic meters per year, which indicates its importance in supplying water for the consumption of the population of that province. That being said, this Chamber has already ruled on the same administrative act of affectation of the private properties included in that zone:

 

"VII.- SPECIFIC CASE: on the limitations to the right of property. Article 45 of the Political Constitution enshrines the right of property, and it does so in the following manner:

 

"The right of property is inviolable; no person may be deprived of what is theirs except by legally proven public interest, upon prior compensation in accordance with the law. In the event of war or internal disturbance, it is not essential that the compensation be prior. However, the corresponding payment shall be made no later than two years after the termination of the state of emergency.

 

    For reasons of public necessity, the Legislative Assembly, by a vote of two-thirds of all its members, may impose limitations of social interest upon property."

 

 The criterion held by the Chamber is that the limitations imposed on property find their natural boundary in the degree to which that right is affected, so that when the restriction becomes a true expropriation, the obligation to compensate arises for the Administration, because the right completely disappears. That is to say, limitations imposed on property that allow the owner the possibility of exploiting the asset 'normally' shall be legitimate, except, of course, for the part or function affected by the limitation imposed by the State, thereby respecting the natural use of the asset, as its value as a means of production or economic value in the market is maintained (In this sense, among others, see judgments number 0796-91, of three ten p.m. on April twenty-sixth, nineteen ninety-one; number 5893-95, of nine forty-eight a.m. on October twenty-seventh, nineteen ninety-five; and number 2345-96, of nine twenty-four a.m. on May seventeenth, nineteen ninety-six). In judgment number 2003-03656 of 2:53 p.m. on May 7, 2003, the following was stated on this matter:

 

"As stated by the Full Court regarding the limitations to be imposed on property when they exceed the indicated limit, in extraordinary session on June sixteenth, nineteen eighty-three:

 

'[...] that is to say 'limitations' as Article 45 calls them, but not dispossession of private property or deprivation of a primary attribute of ownership, because preventing the enjoyment of assets is tantamount, at least in this case, to a form of expropriation without the prerequisite of prior compensation ordered by the Political Constitution.'

 

This Court ruled in the same sense in the cited judgments number 5097-93 and 2345-96, under the following considerations:

 

'IV.) For the Chamber, the reasonable limits that the State may impose on private property, in accordance with its nature, are constitutionally possible as long as they do not empty out its content. When this happens, it ceases to be a reasonable limitation and becomes a deprivation of the right itself' (judgment number 5097-93, supra cited);

 

'That is to say, the attributes of property may be limited, as long as the owner retains for himself the possibility of exploiting the asset normally, excluding, of course, the part or function affected by the limitation imposed by the State. Outside of these parameters, if social welfare demands sacrifices from one or only some, they must be compensated, the same as occurs when the sacrifice imposed on the owner is of such magnitude that it causes the total loss of the asset. Thus, the limitation of property withstands constitutional analysis when the affectation of the essential attributes of property—those that allow the natural use of the thing within the current socio-economic reality—does not obliterate the nature of the asset or make the use of the thing impossible, because the State imposes authorization or approval requirements so complex that they imply, in fact, the impossibility of enjoying the asset.' (judgment number 2345-96, supra cited). –The underlining is from the original-

 

In the present case, it has been proven that the amparada company is the owner of two properties located in the Limón Province, Central Canton, Central District, registered in the Public Registry of Property under registration numbers 112375-000 and 112376-000, which are located within the so-called Zone 6, which, according to the technical Hydrogeological and Vulnerability Study of the Moín Aquifer, Limón, carried out for that purpose by hydrogeologist Viviana Ramos S., of the Basic Studies Unit of the Environmental Management Directorate of the respondent Institute, is characterized as a zone of high vulnerability to contamination, determining it as an absolute protection zone. It has also been demonstrated that through Board of Directors Agreement number AN-2007-177, subsection a) of article 6 of the ordinary session No. 2007-020 held on April 10, 2007, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ordered the officialization of the hydrogeological and vulnerability study of the Moín-Limón aquifer and the updating of the protection zone, those zones thereby becoming part of the reserved zones, on the grounds of public interest in the protection of aquifers located in the province. The 'Por Tanto' section of the cited agreement states, in what is relevant:

 

'…THE FOLLOWING RESTRICTIONS ARE ESTABLISHED AS LAND-USE REGULATION RECOMMENDATIONS:

1. ALL INDUSTRIAL ACTIVITY

2. USE AND STORAGE OF PESTICIDES, PLAGUICIDAS, AND FUELS, OR PRECURSORS THEREOF FOR ANY PURPOSE.

3. THE REMOVAL OR EXTRACTION OF ALL TYPES OF MATERIALS.

4. CHANGE OF LAND USE.

5. ALL FOREST VEGETATION FELLING.

6. ALL AGRICULTURAL AND LIVESTOCK ACTIVITY AND FACILITIES RELATED THERETO.

7. THE DRILLING OR EXCAVATION OF WELLS, INFILTRATION GALLERIES, OR ANY OTHER WATER CATCHMENT WORK.

8. THE DEVELOPMENT OF URBANIZATIONS AND SUBDIVISIONS (LOTIFICACIONES).

9. THE INSTALLATION OF DUMPS, SANITARY LANDFILLS, OR WASTE DISPOSAL SITES OF ANY KIND.

10. ACTIVITIES OF ANY KIND THAT, IN THE OPINION OF AYA, AFFECT THE QUALITY AND QUANTITY OF THE WATER USED FOR THE SUPPLY OF POPULATIONS.'

 

While it is true that the respondent authority argues that the Board of Directors agreement does not violate the right of property of the applicant, since it establishes a series of recommendations and not limitations that must be observed, it is also true that, in accordance with the legally assigned powers of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, these are binding recommendations, in light of the superior interest under protection, such that—in the view of this Chamber—they become limitations that empty out the content of the attributes that the amparada derives from its property and, consequently, must be compensated by the respondent entity, as enabled by subsection c) of Article 5 of the Constitutive Law of ICAA number 2726 of April 14, 1961, and its amendments. The foregoing, considering, moreover, as the Chamber stated in the cited ruling, that due to the characteristics of contamination of aquifers destined for public supply and their difficult regeneration, measures to prevent contamination must be preventive and protective, especially in an area such as the one where the property of the amparada company is located, which has been technically cataloged as having high vulnerability to contamination and, thus, as an absolute protection zone" (see vote No. 012043-2008).

From the preceding jurisprudential precedent, it is clear that the challenged act, that is, the 'recommendations' on land use in Zone 6, are limitations that empty out the content of the attributes of the amparada's right of property. Consequently, it is appropriate to grant the recourse filed against Acueductos y Alcantarillados, and order it to carry out the respective expropriation process, in accordance with what the Chamber has already resolved for this specific situation. Likewise, it is appropriate to dismiss it in relation to the respondent Municipality, given that it did not issue the challenged act" (highlighting added).

While in judgment No. 2010012209 of 5:32 p.m. on July 20, 2010, this Chamber established:

"III.- ON THE LEGITIMACY OF LIMITATIONS FOR REASONS OF SOCIAL INTEREST. Previously, this Chamber has ruled on limitations such as those claimed by the amparado, stating, in what is relevant, the following:

"(…) in principle, by themselves and by definition, limitations of social interest imposed on property are not compensable, since they do not imply expropriation, that is, when the property does not suffer dismemberments that cause the right to disappear. Of course, they do imply a burden or legal duty—in a strict sense, a duty to not do, or at most, to tolerate the State's intrusion into the property for public purposes, a duty that is added to the powers or faculties of the owner, but without denaturing or destroying them. These limitations must be of a general nature, which implies not only their addressee but also the factual premise of its application, since when they become singular or concrete, they could be equated to true expropriations (…)" (Vote No. 1996-04205 of 2:33 p.m. on August 20, 1996).

IV.- SPECIFIC CASE. It is fully and suitably demonstrated that the property of the amparado is located within the protection zone of the Moín-Limón Aquifer, defined as a zone of high hydrogeological vulnerability. Precisely, because of their general effects and because they do not empty out the essential content of the right of property, the claimed limitations do not require compensation. Under this understanding, the Chamber rules out that the alleged grievance has occurred. As a corollary of the foregoing, it is necessary to dismiss the recourse" (the boldface is not from the original).

Now then, in the sub examine matter, the applicant alleges that the limitations imposed on the properties of the protected party located in Zone 6 of protection of the Moín aquifer must lead to their expropriation, since the right to property cannot be freely enjoyed. In this regard, the Court observes that Agreement No. 2011-112 'PROJECT OF AGREEMENT TO PARTIALLY MODIFY BOARD OF DIRECTORS AGREEMENT 2007-177, ADOPTED IN ORDINARY SESSION 2007-020, OF APRIL 10, 2007, IN ITS ARTICLE 6, SUBSECTION A, PUBLISHED IN LA GACETA No. 83, OF WEDNESDAY, MAY 2, 2007, ON THE OFFICIALIZATION OF THE HYDROGEOLOGICAL AND VULNERABILITY STUDY OF THE MOIN AQUIFER, LIMON, AND THE UPDATING OF THE PROTECTION ZONE DGAMB-2007-031,' adopted in ordinary session No. 2011-017 of April 5, 2011, by the Board of Directors of ICAA, ordered: 'FIRST: Agreement 2007-177 is Modified, in its Por Tanto Segundo, regarding the enumeration of land-use regulation recommendations for Zone 6, with the following restriction guidelines and in application of the "Matrix of Land-Use Criteria According to the Vulnerability to Contamination of Aquifers for the Protection of the Water Resource, issued by the Board of Directors of SENARA in session of September 26, 2006: • For all activity, the impermeabilization area per hectare must not exceed 20% • Those INDUSTRIAL ACTIVITIES that, throughout the different stages of construction and operation, generate a negative environmental impact to the aquifer, must submit an Environmental Impact Study duly approved by SETENA. In accordance with the Ministry of Health Regulation, Decree 30465 S, and the Regulation for Discharges and Reuse of Wastewater, No. 26041-S MINAE, high-risk industrial activities are not permitted due to the possible impact of contamination. These high-risk activities are defined as those that have the possibility of explosion, fire, sudden leakage or spill resulting from the process in the course of industrial activities, as well as in pipelines and transport, involving one or several hazardous substances and that pose a serious danger (of immediate or delayed manifestation, reversible or irreversible) for the population, their assets, the environment, and ecosystems. • Do not authorize activities for the storage and USE OF PESTICIDES, PLAGUICIDAS, FUELS AND HAZARDOUS SUBSTANCES, OR PRECURSORS THEREOF FOR ANY PURPOSE. • For the REMOVAL, CUTTING, AND FILLING OF MATERIALS (EARTHWORKS) (MOVIMIENTOS DE TIERRA), a Hydrogeological study must be carried out proving that there will be no impact to the aquifer, and an Environmental Management Plan must be duly approved by SETENA. • THE CONSTRUCTION OR EXCAVATION OF WELLS, INFILTRATION GALLERIES, OR ANY OTHER WATER UTILIZATION WORK IS NOT AUTHORIZED. • In the case of DEVELOPMENT OF URBANIZATIONS, SUBDIVISIONS (LOTIFICACIONES), SUBDIVISIONS (FRACCIONAMIENTOS), AND CONDOMINIUMS, a sanitary sewer system and an ordinary-type wastewater treatment plant must be built. Developments with densities equal to or less than one housing unit per 1000 meters may be permitted. • In the case of HOTELS AND SIMILAR LODGING FACILITIES, it may be permitted subject to the management of effluents with a treatment plant complying with the current Discharge Regulation. The number of rooms must not exceed an equivalent load of 50 persons per hectare. • DO NOT INSTALL DUMPS, SANITARY LANDFILLS, OR WASTE DISPOSAL SITES OF ANY KIND. • AyA, considering the studies submitted by the interested party and endorsed by the pertinent instances, may issue an opinion on other types of activities not listed in this agreement that affect the quality and quantity of the water, establishing the binding technical recommendations for the regulation of the activity. AYA shall be empowered by Law 2726 to evaluate whether there is an impact on the aquifer and the correct disposal of wastewater in accordance with the current discharge regulation, in addition to the approval or denial of the activity. • Construction of dwellings originating from vegetative growth shall be permitted in Zone 6, provided that it is ensured that wastewater is not discharged into dolines (dolinas) and that garbage collection is carried out by the municipal service or other means. THIRD: The Local Government and the Competent Institutions are recommended to proceed to implement protection measures aimed at the conservation of forested areas. FOURTH: The Senior Administration is instructed to take the appropriate steps and request the Municipality of Limón to implement the recommendations issued in this agreement. FIFTH: The Senior Administration is instructed to take the appropriate steps and request MINAET to restrict ALL FOREST VEGETATION FELLING IN ZONE 6. SIXTH: For Zone 6, the Huetar Atlántica Regional Directorate and the UEN for Environment, Research, and Development shall conduct and maintain an exhaustive inventory of land use, identifying activities and establishments that store hazardous substances for the quality of water for human use. Likewise, they shall be responsible for the analysis of proposals submitted by the Administered Party and the assessment of non-impact to the aquifer and correct disposal of wastewater. SEVENTH: In all other respects, the provisions of Board of Directors Agreement 2007-177 remain in force. Notify. Publish' (highlighting added).

By virtue of the above, a priori this Constitutional Chamber rules out that the adoption of the aforementioned Agreement No. 2011-112 has clearly and manifestly violated the essential core of the right to property to the detriment of the protected party, nor that the content of such right has been emptied out in the terms alleged. Ergo, the recourse is dismissed with regard to this point. Nevertheless, the applicant is advised that, if their disagreement with the limitations imposed on the properties of the amparada party located in Zone 6 of protection of the Moín aquifer persists, they may, if they so choose, file such a claim in the ordinary jurisdictional venue, where the merits of the matter may be fully discussed.

VIII.- On another note, the applicant alleges that a request was sent via email on February 21, 2022, to the Moín Commission of ICAA, in which information necessary to carry out a private contamination study of the aquifer was requested; however, no response has been given.

Indeed, it is verified that on February 21, 2022, Fabián Leandro sent a communication to Jorge Madrigal García of the Moín Commission of ICAA, in which he stated: "(...) However, we were informed that AYA could not intervene and we were told that, in the event of carrying out a technical study on the property in question, it is up to the owner to create the conditions and coordination to ensure the safety of the corresponding officials when entering the property; likewise, such work must be scheduled in accordance with institutional priority. That is why the owner made the decision to take on the corresponding study given the workload and schedule that, as AyA stated, prevented them from carrying it out. Therefore, we require you to indicate what areas the private company should consider in the aquifer contamination study, the terms of reference that must be set forth in the Study, and the methodology to be used on the property, so that said study is accepted by AYA. For future notifications, I will receive mine at the email [email protected], or by fax at 27101678."

In response, on March 2, 2022, the Huetar Caribe Region sent official letter GSP-RHC-2022-00354 to Fabián Leandro Marín, through which it indicated that his case had been transferred to the UEN Ambiental Investigación y Desarrollo “which indicates it will work on preparing the terms of reference for conducting the pertinent studies.”

The Chamber notes that, on March 17, 2022, the UEN Gestión Ambiental sent memorandum UEN-GA-2022-00528 to the ICAA’s Huetar Caribe Region, through which it stated: “In response to the email sent by the Directorate of the Huetar Caribe Region to the Directorate of the UEN Gestión Ambiental, forwarding the note from Lic. Fabian (sic) Leandro Marín, regarding the case of the property owned by [Name 003], the following is indicated: 1. By means of AyA Board of Directors Agreement No. 2007-177, published in La Gaceta No. 83 — Wednesday, May 2, 2007, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados presents the Formalization of the hydrogeological study and vulnerability of the Moín aquifer, Limón, and the update of the protection zone DGAMB-2007-031. 2. By means of Board of Directors Agreement No. 2011-112 of AyA, published in La Gaceta No. 83 — Wednesday, May 2, 2011, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados presents the draft agreement to partially modify Board of Directors Agreement 2007-177, which establishes restriction guidelines for Zone 6. 3. By means of official letter UEN-GA-2021-02951, issued by the UEN Gestión Ambiental, the following is indicated: “Therefore, on behalf of the UEN Gestión Ambiental, it is indicated that prior to issuing recommendations, it is necessary to verify on-site the hydrogeological conditions of the property, specifically the presence and distribution of sinkholes (dolinas) within the lot; therefore, if the interested party wishes to conduct said survey, it is required that arrangements be made with the Public Force and other competent Institutions to provide the respective accompaniment for the mapping of the structures. Therefore, on behalf of the UEN Gestión Ambiental, the following is indicated: a. The lots owned by [Name 003], provided by Lic. Fabian (sic) Leandro, are located in Zone 6 of High Vulnerability, within the Moín Aquifer Protection Zone, which was defined by AyA Board of Directors Agreement 2011-0112 (Ordinary Session Number 2011-017 of April 7, 2011, and published in La Gaceta No. 83 of May 2, 2011)…” Therefore, on behalf of the UEN Gestión Ambiental, it is indicated that the property owned by [Name 003] is located in Zone 6, which has High intrinsic vulnerability defined by AyA; consequently, the technical study to be conducted must take this already-defined parameter into account and incorporate the survey of sinkholes (dolinas) (ground depressions), which may vary in size, shape, and distribution. Once these elements are known (high vulnerability and sinkhole locations), an environmental management plan consistent with the intended activity must be presented, guaranteeing no impact on the water resource. Upon completion of the study in which the interested party presents the final results, it must be submitted to the Moín Commission coordinated by the Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo. AyA reserves the right to verify the information provided, for which purpose the interested party must arrange for the protection of officials with the Public Force and other competent Institutions in order to conduct the site visit.”

However, in the case at hand, there is no evidentiary material whatsoever to demonstrate that the UEN Gestión Ambiental sent official letter UEN-GA-2022-00528, signed on March 17, 2022, to the notification address indicated by the appellant.

Consequently, in the present case, it is not deemed demonstrated that the ICAA provided a response to the appellant to the petition filed on February 21, 2022; therefore, the appeal is granted as to this point solely with respect to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

IX.- MAGISTRATE RUEDA LEAL NOTES. I must advise that, since judgment No. 2019-2355 of 9:30 a.m. on February 12, 2019, my position has been the following regarding amparo appeals when they have been filed on behalf of a legal person:

“…in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that, although some States recognize the right of petition for legal persons under special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the fact is that ‘Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons; therefore, legal persons are not holders of the rights enshrined in said treaty.’ On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court stated that, in certain particular contexts, natural persons may exercise their rights through legal persons (for example, through a media outlet, as occurred in the case of Granier et al. v. Venezuela); however, for this to be protectable before the inter-American system, ‘the exercise of the right through a legal person must involve an essential and direct relationship between the natural person requiring protection from the inter-American system and the legal person through which the violation occurred, since a mere link between the two persons is insufficient to conclude that the rights of natural persons and not those of legal persons are indeed being protected. In fact, one must prove, beyond the mere participation of the natural person in the activities inherent to the legal person, that such participation is substantially related to the rights alleged to have been violated.’ (emphasis added) (OC. 22/16).”

Now, although the appeal was filed on behalf of [Name 002], it is no less true that the case at hand alleges injury to the right to a healthy and ecologically balanced environment, a right for which a popular action is available in light of Article 105 of the Biodiversity Law. In view of the foregoing, I consider it appropriate to rule on the merits of the matter (in similar vein, see the notes I set forth in judgments Nos. 2022010648 at 9:40 a.m. on May 13, 2022, 2022013678 at 9:20 a.m. on June 17, 2022, 2022018681 at 9:05 a.m. on August 12, 2022, 2022019174 at 9:15 a.m. on August 19, 2022, 2022019289 at 9:15 a.m. on August 19, 2022).

X.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is my view that, if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution fall under the jurisdiction of the administrative-contentious courts. Nevertheless, I do address the merits of the matter when other rights of persons affected by pollution problems are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from pollution (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the owner of the properties on which the Villa Plata informal settlement (precario) is located alleges a long-standing problem; despite the area having been declared a restricted protection zone (ICAA), pollution and vulnerability problems are caused in the Moín aquifer due to the land-use change (cambio de uso del suelo) resulting from informal construction, without control over the use and management of wastewater, well drilling, and tree felling, which evidently affects the aquifer, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified quality of life.

XI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. It is warned that any material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in Article XXVI of session No. 27-11 of August 22, 2011, published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement of the Consejo Superior del Poder Judicial, approved in Article LXXXI of session No. 43-12 held on May 3, 2012.

Por tanto:

The appeal is granted regarding the delay in addressing and resolving the problem affecting the Moín aquifer, specifically, on the properties owned by the petitioner that are located in the restricted protection zone (classified as Zone 6). Franz Tattenbach Capra, Eric Alonso Bogantes Cabezas, Rafael Gutiérrez Rojas, Néstor Mattis Williams, and Joselyn Chacón Madrigal, in their respective capacities as Minister of Environment and Energy, general manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, executive director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, mayor of Limón, and minister of Health, or whoever occupies those positions in their stead, are ordered to coordinate whatever is necessary and carry out all actions within the scope of their authority so that: 1) within FIVE DAYS, counted from the notification of this ruling, an inter-institutional commission is created to address the problem affecting the Moín aquifer, specifically on the properties owned by the petitioner that are located in the restricted protection zone; and 2) within ONE MONTH, counted from the creation of the aforementioned inter-institutional commission, a plan is designed and implemented to address and resolve the problem disturbing the Moín aquifer, specifically, on the properties owned by the protected party that are located in the restricted protection zone. As to the failure to respond to the petition filed on behalf of the protected party on February 21, 2022, the appeal is granted solely with respect to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Eric Alonso Bogantes Cabezas, in his capacity as general manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whoever occupies that position in his stead, is ordered to coordinate whatever is necessary and carry out all actions within the scope of his authority so that, within THREE DAYS, counted from the notification of this judgment, the petition filed on behalf of the protected party on February 21, 2022, is addressed as legally appropriate, and the corresponding response is notified to the address designated for such purposes. The foregoing is issued with the warning that, based on the provisions of Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on those who receive an order that they must execute or have executed, issued in an amparo appeal, and fail to execute it or fail to have it executed, provided that the offense is not more severely punished. The State, the Municipality of Limón, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment phase of the administrative-contentious proceedings. In all other respects, the appeal is denied. Magistrate Rueda Leal notes. Magistrate Salazar Alvarado sets forth a note. Let it be notified.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 



Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.



Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.



Alexandra Alvarado P.

	

 

	

Jose Roberto Garita N.

 

 

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