Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)la competencia constitucional en materia ambiental no puede extenderse al punto en que se convierta en un verificador de los criterios técnicos vertidos en las normas o por las autoridades administrativas en materia ambiental, sino que se limita a constatar si las dependencias estatales competentes han cumplido la obligación que les impone el artículo 50 , de la Constitución Política, de asumir una actuación responsable y oportuna respecto a la protección del ambiente. Se ha sostenido, también, que la procedencia del recurso de amparo está condicionada a que se acredite la existencia de una perturbación o amenaza a uno o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el país.
lo acusado versa sobre una desavenencia de la recurrente con la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental a un proyecto de condominio horizontal comercial, industrial (resolución N° 1929-2021-SETENA de las ocho horas con diez minutos del ocho de diciembre de dos mil veintiuno). (...) no le corresponde usurpar las atribuciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, ni fungir como órgano de alzada de esta, como para determinar, previa comprobación de los requisitos legales y reglamentarios del caso, si procedía o no otorgar la viabilidad ambiental en cuestión, o si llevaba razón la recurrente en sus alegatos y criterios técnicos vertidos.
English (translation)constitutional jurisdiction in environmental matters cannot extend to the point of becoming a verifier of the technical criteria set forth in norms or by administrative environmental authorities; rather, it is limited to ascertaining whether the competent state agencies have fulfilled the obligation imposed by Article 50 of the Political Constitution to undertake responsible and timely action regarding environmental protection. It has also been held that the admissibility of the amparo remedy is conditioned upon demonstrating the existence of a disturbance or threat to one or more of the rights or guarantees set forth in the Constitution or in international human rights instruments ratified by the country.
the complaint stems from the petitioner's disagreement with the environmental viability granted by the National Environmental Technical Secretariat for a commercial and industrial horizontal condominium project (Resolution No. 1929-2021-SETENA of eight hours ten minutes on December 8, 2021). (...) it is not for this Chamber to usurp the powers of SETENA, nor to serve as an appellate body, in order to determine, after verifying the pertinent legal and regulatory requirements, whether the environmental viability in question should have been granted, or whether the petitioner's arguments and technical criteria were correct.
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Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 00136 - 2023 Fecha de la Resolución: 10 de Enero del 2023 a las 09:15 Expediente: 22-028412-0007-CO Redactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Texto de la resolución EXPEDIENTE N° 22-028412-0007-CO PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2023000136 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del diez de enero de dos mil veintitres . Recurso de amparo interpuesto por [NOMBRE 001], cédula de identidad número [Valor 001]; contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, la SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, y la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA. Resultando: 1.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las diez horas con treinta y seis minutos del catorce de diciembre de dos mil veintidós, la recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Ambiente y Energía, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, y la Municipalidad de Alajuela, y manifiesta que: por medio de resolución N° 1929-2021-SETENA de las ocho horas con diez minutos del ocho de diciembre de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental le otorgó a Cuestamoras Operativa CMO S.A., la viabilidad (licencia) ambiental para el inicio de obras y actividades del denominado “Proyecto Condominio Horizontal Comercial, Industrial de Fincas Filiales Primarias Individualizadas Logísticas Coyol (Parque Logístico Coyol)”, según consta en el expediente administrativo N° DI-22889-2018-SETENA. Argumenta que el referido proyecto carece, entro otros requisitos, de un estudio de impacto vial y ambiental, por lo que el otorgamiento de la licencia es improcedente. Refiere que el once de octubre de dos mil veintiuno, presentó recurso extraordinario de revisión o reconsideración contra la resolución N° 1929-2021-SETENA citada; no obstante, dichas impugnaciones fueron rechazas por extemporáneas, lo que acota violenta los principios de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que considera que la Administración debe revocar, revisar o rectificar sus actuaciones. Por otra parte, dice que el veintisiete de octubre del año pasado, presentó una gestión ante la Municipalidad de Alajuela, a efecto de que no se otorgaran los permisos de movimiento de tierra y urbanización a la empresa desarrolladora Cuestamoras Operativa CMO, S.A., por considerar que se sustentaba en una resolución improcedente. No obstante, acusa que no ha recibido resolución a esa gestión. Consideran vulnerados los numerales 41 y 50, de la Constitución Política. La recurrente solicita que se declare con lugar el presente recurso de amparo, se le ordene al Ministerio de Ambiente y Energía y a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental proceder a la revisión de la viabilidad ambiental otorgada dentro del expediente administrativo N° DI-22989-2018-SETENA, de oficio anular el acto que estima es absolutamente nulo de conformidad con el artículo 174, de la Ley General de la Administración Pública, ordenar iniciar el correspondiente proceso administrativo, y ordenar la presentación del estudio de impacto ambiental. Pretende además que esta Sala emitida una medida cautelar y suspenda la resolución N° 1929-2021-SETENA de las ocho horas con diez minutos del ocho de diciembre de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, y ordene la paralización del proyecto en forma inmediata, hasta tanto, se resuelva por el fondo este asunto. 2.- Por resolución de las catorce horas con treinta y seis minutos del quince de diciembre de este año, se le previno a la recurrente para que, dentro de tercer día contado a partir de la notificación de ese pronunciamiento, aportara copia completa y legible de la resolución N° 1929-2021-SETENA, de las ocho horas con diez minutos del ocho de diciembre de dos mil veintiuno, de la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, expediente N° D1-22989-2018-SETENA. Asimismo, copia completa, legible y con el respectivo comprobante de recibido o remisión de correo electrónico de la gestión que planteó el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, ante la Municipalidad de Alajuela y que alega aún no se ha resuelto. Lo anterior, bajo apercibimiento de rechazar de plano el recurso si no lo hacía (artículos 38 y 42, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). 3.- Que de conformidad con el acta de notificación que consta en el expediente electrónico, la recurrente fue notificada a las dieciséis horas con diecisiete minutos del quince de diciembre pasado, en el medio que señaló para tales efectos. 4.- Por escrito remitido a esta Sala a las diecisiete horas con dieciséis minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós, la recurrente, en cumplimiento de la prevención efectuada por esta Sala, aporta copia de la gestión realizada ante la Municipalidad de Alajuela, así como copia de la resolución N° 1929-2021-SETENA a que hace referencia en este asunto. 5.- El artículo 9, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y, Considerando: I.- OBJETO DEL AMPARO. La recurrente expresa su disconformidad con la viabilidad ambiental otorgada (en diciembre de dos mil veintiuno) al proyecto denominado: “Proyecto Condominio Horizontal Comercial, Industrial de Fincas Filiales Primarias Individualizadas Logísticas Coyol (Parque Logístico Coyol)”. Aduce que sus objeciones no fueron analizadas de modo correcto y, en su lugar, se otorgó la viabilidad citada sin haberse subsanado errores ni analizado bien los criterios técnicos que ella adujo. Agrega que el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, presentó una gestión ante la Municipalidad de Alajuela, a efecto de que no se otorgaran los permisos de movimiento de tierra y urbanización a la empresa desarrolladora Cuestamoras Operativa CMO, S.A., por considerar que se sustentaba en una resolución improcedente. No obstante, acusa que no ha recibido resolución a esa gestión. Consideran vulnerados los numerales 41 y 50, de la Constitución Política. II.- SOBRE LA COMPETENCIA CONSTITUCIONAL EN MATERIA AMBIENTAL. Al respecto, la Sala, por medio de Sentencia N° 2015-000889 de las 9:20 horas del 23 de enero de 2015, dispuso lo siguiente: “Tal y como ha sido reiterado en la jurisprudencia de esta Sala, la competencia constitucional en materia ambiental no puede extenderse al punto en que se convierta en un verificador de los criterios técnicos vertidos en las normas o por las autoridades administrativas en materia ambiental, sino que se limita a constatar si las dependencias estatales competentes han cumplido la obligación que les impone el artículo 50 , de la Constitución Política, de asumir una actuación responsable y oportuna respecto a la protección del ambiente. Se ha sostenido, también, que la procedencia del recurso de amparo está condicionada a que se acredite la existencia de una perturbación o amenaza a uno o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el país. Esta última circunstancia, pone de relieve el carácter eminentemente sumario del proceso de amparo, cuya tramitación no se aviene bien con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar -con carácter declarativo- si existen en realidad o no derechos de rango infra constitucional que las partes citen como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, toda vez que es evidente que esa es una competencia de la que esta Sala carece. Ante esta situación, no resulta procedente que la Sala vierta pronunciamiento alguno (positivo o negativo) en estos casos, porque para dilucidar si ha habido infracción o no de derechos fundamentales, primero se debe resolver dicho conflicto en el plano de la legalidad”. Las consideraciones citadas son plenamente aplicables al sub lite, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Luego de revisado el escrito de interposición, así como la prueba aportada al expediente electrónico, se colige que -en el fondo- lo acusado versa sobre una desavenencia de la recurrente con la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental a un proyecto de condominio horizontal comercial, industrial (resolución N° 1929-2021-SETENA de las ocho horas con diez minutos del ocho de diciembre de dos mil veintiuno). Al respecto, reclama que sus alegatos fueron rechazados; que la Secretaría Técnica accionada cumplió a cabalidad con el trámite administrativo respectivo para otorgar la viabilidad; así como que discrepan de los criterios técnicos utilizados para otorgar dicha viabilidad y, en general, del fundamento dado. Sin embargo, tal y como se explicó en la sentencia parcialmente citada, “la procedencia del recurso de amparo está condicionada a que se acredite la existencia de una perturbación o amenaza a uno o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el país”, lo que no se infiere en el sub examine. En primer lugar, a este Tribunal no le compete revisar la legitimidad de lo resuelto por Secretaría Técnica Nacional Ambiental desde hace más de un año. Además, nótese que esa Secretaría Técnica ya otorgó la viabilidad ambiental y, según se infiere de la prueba, las propias autoridades resolvieron las disconformidades de la amparada, e incluso varios recursos de impugnación interpuestos. Desde este panorama, las inconformidades que tengan la tutelada con el rechazo de sus alegatos y el otorgamiento de la viabilidad, obedece a un conflicto de legalidad ordinaria. Ergo, como se ha dicho reiteradamente, este Sala no debe reemplazar a la Administración activa en la gestión de sus competencias, de modo que no le corresponde usurpar las atribuciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, ni fungir como órgano de alzada de esta, como para determinar, previa comprobación de los requisitos legales y reglamentarios del caso, si procedía o no otorgar la viabilidad ambiental en cuestión, o si llevaba razón la recurrente en sus alegatos y criterios técnicos vertidos. Esos extremos deben dirimirse en la vía común, administrativa o jurisdiccional correspondiente. A partir de esa consideraciones, carece de sustento la pretensión de la petente a efecto de que esta Sala dicte una medida cautelar y suspenda la resolución N° 1929-2021-SETENA citada, pues ese aspecto es propio de analizarse en la sede común. Ergo, el recurso debe rechazarse en cuanto este extremo. IV.- SOBRE LA ALEGADA MOROSIDAD ADMINISTRATIVA. Por otra parte, la promovente alude que la Municipalidad accionada no ha resuelto una gestión que presentó a efecto de que no se otorgaran los permisos de movimiento de tierra y urbanización a una empresa desarrolladora, por considerar que se sustentaba en una resolución improcedente. Tal alegato constituiría una lesión a lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política, que podría conculcar el derecho de justicia pronta y cumplida. No obstante, el amparo resulta inadmisible, de conformidad con las siguientes consideraciones. V.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria. VI.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para la recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle a la parte gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. VII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 41 CONSTITUCIONAL. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia, pues las controversias jurídico-constitucionales que atañen a menores de edad, al ambiente, pago de salario, al pago de las prestaciones cuando la persona se jubila, a las pensiones del régimen no contributivo y los casos de parálisis cerebral profunda, discapacitados, extranjeros que se encuentran fuera del país, servicio de agua potable, adultos mayores cuando no se refiere a cuestiones de su pensión, denuncias de corrupción, derecho de los indígenas, reclamos por la falta de aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social y de licencias de maternidad son de conocimiento de esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo. En los demás casos, y por las razones que se dan en esta sentencia, los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico. VIII.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO. Si bien en el pasado he sostenido el criterio de mayoría del Tribunal, bajo una mejor ponderación de los derechos fundamentales que se reclaman, estimo que la mora administrativa constituye una lesión a una garantía procesal fundamental, razón por la que cambio el criterio que había expuesto, admitiendo la posible infracción al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida, separándome de la visión de la mayoría del Tribunal, en el sentido que –salvo contadas excepciones- este tipo de reproches deben resolverse en la jurisdicción contenciosa administrativa. Por el contrario, estimo que uno de los derechos que esta jurisdicción se encuentra llamada a tutelar es el de la justicia pronta y cumplida, expresamente consagrado en el artículo 41 constitucional. Ello conforme al ámbito de competencia asignado a este Tribunal en materia de protección a derechos fundamentales, en atención a lo dispuesto en los artículos 10 y 48 de la Constitución Política. Si bien, entiendo la importancia de las reformas de la jurisdicción contencioso administrativa a partir de la vigencia de la Ley 8508 del veinticuatro de abril de dos mil seis, lo cierto es que dicha situación no justifica la remisión a dicha instancia de los asuntos que versan sobre materia que es competencia de esta Sala, la cual ha demostrado a lo largo de los años que es un medio célere y efectivo para la tutela de los derechos fundamentales de los habitantes del país. IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se rechaza de plano el recurso. El magistrado Castillo Víquez pone nota. El magistrado Cruz Castro salva el voto, únicamente en relación con el artículo 41 constitucional- Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Jose Roberto Garita N. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- GWIVUGZENHU61 EXPEDIENTE N° 22-028412-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:51:02. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Constitucional Resolution No. 00136 - 2023 Date of Resolution: January 10, 2023, at 09:15 Case File: 22-028412-0007-CO Drafted by: Luis Fdo. Salazar Alvarado Type of Matter: Amparo Action Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Judgment with protected data, in accordance with current regulations Text of the resolution CASE FILE No. 22-028412-0007-CO PROCEEDING: AMPARO ACTION RESOLUTION No. 2023000136 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and fifteen minutes on January tenth, two thousand twenty-three. Amparo action filed by [NOMBRE 001], identity card number [Valor 001]; against MINAE, SETENA, and the MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA. Whereas: 1.- By written submission filed in the Secretariat of this Chamber at ten hours and thirty-six minutes on December fourteenth, two thousand twenty-two, the petitioner files an amparo action against the Ministerio de Ambiente y Energía, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, and the Municipalidad de Alajuela, and states that: by means of resolution No. 1929-2021-SETENA of eight hours and ten minutes on December eighth, two thousand twenty-one, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental granted to Cuestamoras Operativa CMO S.A., the environmental viability (license) for the start of works and activities of the so-called “Proyecto Condominio Horizontal Comercial, Industrial de Fincas Filiales Primarias Individualizadas Logísticas Coyol (Parque Logístico Coyol)”, as recorded in administrative file No. DI-22889-2018-SETENA. She argues that the referenced project lacks, among other requirements, a traffic and environmental impact study, therefore the granting of the license is improper. She relates that on October eleventh, two thousand twenty-one, she filed an extraordinary appeal for review or reconsideration against the cited resolution No. 1929-2021-SETENA; however, those challenges were rejected as untimely, which she notes violates the principles of legality and legal certainty, since she considers that the Administration must revoke, review, or rectify its actions. On the other hand, she says that on October twenty-seventh of last year, she filed a motion before the Municipalidad de Alajuela, so that the earthworks (movimientos de tierra) and development permits would not be granted to the developing company Cuestamoras Operativa CMO, S.A., considering that it was based on an improper resolution. However, she claims that she has not received a resolution on that motion. She considers articles 41 and 50 of the Political Constitution violated. The petitioner requests that this amparo action be granted, ordering the Ministerio de Ambiente y Energía and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental to proceed with the review of the environmental viability granted within administrative file No. DI-22989-2018-SETENA, to ex officio annul the act which she deems is absolutely null in accordance with Article 174 of the Ley General de la Administración Pública, to order the initiation of the corresponding administrative process, and to order the submission of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental). She also seeks for this Chamber to issue a precautionary measure and suspend resolution No. 1929-2021-SETENA of eight hours and ten minutes on December eighth, two thousand twenty-one, issued by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, and order the immediate paralysis of the project, until this matter is resolved on its merits. 2.- By resolution of fourteen hours and thirty-six minutes on December fifteenth of this year, the petitioner was warned to, within three days counted from the notification of that ruling, provide a complete and legible copy of resolution No. 1929-2021-SETENA, of eight hours and ten minutes on December eighth, two thousand twenty-one, from the Comisión Plenaria of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, file No. D1-22989-2018-SETENA. Likewise, a complete, legible copy with the respective proof of receipt or email transmission of the motion she filed on October twenty-seventh, two thousand twenty-two, before the Municipalidad de Alajuela and which she claims has not yet been resolved. The foregoing, under warning of outright dismissal of the action if she did not do so (Articles 38 and 42 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional). 3.- That according to the notification record contained in the electronic file, the petitioner was notified at sixteen hours and seventeen minutes on December fifteenth last, in the manner she indicated for such purposes. 4.- By written submission sent to this Chamber at seventeen hours and sixteen minutes on December twentieth, two thousand twenty-two, the petitioner, in compliance with the warning issued by this Chamber, provides a copy of the motion filed before the Municipalidad de Alajuela, as well as a copy of resolution No. 1929-2021-SETENA referenced in this matter. 5.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to dismiss outright or on the merits, at any time, even from its filing, any motion brought to its attention that proves to be manifestly improper, or when it considers that there are sufficient grounds for evaluation to dismiss it, or that it is a simple reiteration or reproduction of a previous identical or similar motion that was dismissed. Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and, Considering: I.- OBJECT OF THE AMPARO. The petitioner expresses her disagreement with the environmental viability granted (in December two thousand twenty-one) to the project called: “Proyecto Condominio Horizontal Comercial, Industrial de Fincas Filiales Primarias Individualizadas Logísticas Coyol (Parque Logístico Coyol)”. She alleges that her objections were not analyzed correctly and, instead, the cited viability was granted without correcting errors or properly analyzing the technical criteria she alleged. She adds that on October twenty-seventh, two thousand twenty-two, she filed a motion before the Municipalidad de Alajuela, so that the earthworks and development permits would not be granted to the developing company Cuestamoras Operativa CMO, S.A., considering that it was based on an improper resolution. However, she claims that she has not received a resolution on that motion. She considers articles 41 and 50 of the Political Constitution violated. II.- ON CONSTITUTIONAL JURISDICTION IN ENVIRONMENTAL MATTERS. In this regard, the Chamber, through Judgment No. 2015-000889 of 9:20 a.m. on January 23, 2015, ordered the following: “As has been reiterated in the jurisprudence of this Chamber, constitutional jurisdiction in environmental matters cannot extend to the point of becoming a verifier of the technical criteria expressed in the norms or by the administrative authorities in environmental matters, but is limited to verifying whether the competent state agencies have fulfilled the obligation imposed by Article 50 of the Political Constitution, to assume responsible and timely action regarding environmental protection. It has also been held that the admissibility of the amparo action is conditioned upon proving the existence of a disturbance or threat to one or more of the rights or guarantees contemplated in the Constitution or in the international human rights instruments signed by the country. This last circumstance highlights the eminently summary nature of the amparo process, the processing of which does not accord well with the practice of slow and complex evidentiary proceedings, or with the need to first examine—with a declaratory character—whether there actually exist or not infra-constitutional rights that the parties cite as part of the factual context of the amparo action or the statutory report, as the case may be, since it is evident that this is a competence that this Chamber lacks. Given this situation, it is not appropriate for the Chamber to express any pronouncement (positive or negative) in these cases, because to elucidate whether there has been an infringement of fundamental rights or not, this conflict must first be resolved at the level of legality.” The cited considerations are fully applicable to the case at hand, as this Court finds no reasons to vary the criterion expressed in said judgment, nor motives that would cause it to assess the raised situation differently. III.- ON THE SPECIFIC CASE. After reviewing the filing brief, as well as the evidence provided to the electronic file, it is inferred that—in essence—the accusation revolves around a disagreement of the petitioner with the environmental viability granted by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental to a commercial, industrial horizontal condominium project (resolution No. 1929-2021-SETENA of eight hours and ten minutes on December eighth, two thousand twenty-one). In this regard, she complains that her claims were rejected; that the respondent Secretaría Técnica fully complied with the respective administrative procedure to grant the viability; as well as that she disagrees with the technical criteria used to grant said viability and, in general, with the basis given. However, as explained in the partially cited judgment, “the admissibility of the amparo action is conditioned upon proving the existence of a disturbance or threat to one or more of the rights or guarantees contemplated in the Constitution or in the international human rights instruments signed by the country,” which is not inferred in the sub examine. In the first place, it is not the purview of this Court to review the legitimacy of what was resolved by Secretaría Técnica Nacional Ambiental more than a year ago. Moreover, note that this Secretaría Técnica already granted the environmental viability and, as inferred from the evidence, the authorities themselves resolved the disagreements of the protected party, and even several appeals filed. From this perspective, the disagreements that the protected party has with the rejection of her claims and the granting of the viability stem from a conflict of ordinary legality. Ergo, as has been said repeatedly, this Chamber must not replace the active Administration in the management of its competences, such that it is not its responsibility to usurp the powers of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, nor to act as an appellate body for it, as to determine, after prior verification of the legal and regulatory requirements of the case, whether or not it was appropriate to grant the environmental viability in question, or whether the petitioner was correct in her claims and technical criteria expressed. Those extremes must be resolved in the appropriate ordinary, administrative, or jurisdictional channels. Based on these considerations, the petitioner's claim for this Chamber to issue a precautionary measure and suspend the cited resolution No. 1929-2021-SETENA lacks support, as that aspect is to be analyzed in the ordinary venue. Ergo, the action must be dismissed as to this extreme. IV.- ON THE ALLEGED ADMINISTRATIVE DELAY. On the other hand, the petitioner states that the respondent Municipalidad has not resolved a motion she filed so that the earthworks and development permits would not be granted to a developing company, considering that it was based on an improper resolution. Such allegation would constitute a violation of the provisions of Article 41 of the Political Constitution, which could infringe upon the right to prompt and complete justice. However, the amparo is inadmissible, in accordance with the following considerations. V.- NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE AS A SWIFT AND COMPLETE MECHANISM FOR THE PROTECTION OF SUBSTANTIAL LEGAL SITUATIONS OF ADMINISTRATED PERSONS. The Sala Constitucional, since its founding, has used broad admissibility criteria in view of the absence of expedited and swift procedural channels for the protection of substantial legal situations that are grounded in the infra-constitutional legal order or legality parameter, which have an indirect connection with fundamental rights and Constitutional Law. In this regard, one must not lose sight of the fact that the Constitution, by its supremacy, super-legality, and direct and immediate effectiveness, indirectly grounds any conceivable substantial legal situation of persons. However, upon better consideration and in light of the enactment of the Código Procesal Contencioso-Administrativo (Law No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force as of January 1, 2008, it has become clear that litigants now have at their disposal a plenary and universal contentious-administrative jurisdiction, extremely expedited and swift due to the various procedural mechanisms incorporated into the legal order by this legislation, such as the shortening of deadlines to perform various procedural acts, expanded standing, precautionary measures, the numerus apertus of admissible claims, orality—and its sub-principles of concentration, immediacy, and celerity—, a single instance with appeal only in expressly limited situations, intra-procedural conciliation, the unified process, the preferential processing procedure or “amparo of legality,” purely legal proceedings, new execution measures (coercive fines, substitute or commissarial execution, seizure of assets from the fiscal domain and some from the public domain), the broad powers of the body of enforcement judges, the extension and adaptation of the effects of jurisprudence to third parties, and the flexibility of the cassation appeal. All these novel procedural institutions have as their express purpose and aim to achieve procedural economy, speed, promptness, and effective or complete protection of the substantial legal situations of administered persons, all with the guarantee of basic fundamental rights such as due process, defense, and the adversarial principle. In sum, the new contentious-administrative jurisdiction is an ideal channel, due to its new characteristics of simplicity, speed, and promptness, for the amparo and effective protection of the substantial legal situations of administered persons in cases where it is necessary to gather evidence or define certain ordinary legality issues. VI.- VERIFICATION OF THE DEADLINES SET BY LAW TO RESOLVE ADMINISTRATIVE PROCEDURES: AN EVIDENT MATTER OF ORDINARY LEGALITY. It is evident that determining whether or not the public administration complies with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve an administrative procedure by final act—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the appropriate administrative appeals, is an evident matter of ordinary legality that, henceforth, may be discussed and resolved before the contentious-administrative jurisdiction with the application of the principles that nourish constitutional jurisdiction, such as those of vicarious standing, the possibility of material defense—that is, appearing without legal representation—and gratuity for the petitioner. Consequently, outright dismissal is required, and the managing party must be informed that, if she deems it appropriate, she may resort to the contentious-administrative jurisdiction. VII.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ IN RELATION TO THE PROVISIONS OF CONSTITUTIONAL ARTICLE 41. I have supported the thesis of this Court, that when the litigant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in the administrative venue, it is the Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, and not this Chamber, that must hear the legal controversy. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo action established by Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as this Court, based on Article 7 of its Law, is responsible for exclusively defining its own competence, because the legal-constitutional controversies concerning minors, the environment, payment of wages, payment of benefits when a person retires, pensions under the non-contributory regime, and cases of profound cerebral palsy, disabled persons, foreigners who are outside the country, potable water service, older adults when not referring to pension matters, corruption complaints, rights of indigenous peoples, claims for lack of coverage by the Caja Costarricense de Seguro Social, and maternity leave, are to be heard by this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo. In all other cases, and for the reasons given in this judgment, the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with Article 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order. VIII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE CRUZ CASTRO. Although in the past I have upheld the majority criterion of the Court, upon better consideration of the fundamental rights being claimed, I believe that administrative delay constitutes a violation of a fundamental procedural guarantee, which is why I change the criterion I had expressed, admitting the possible infringement of the right to prompt and complete administrative justice, separating myself from the view of the majority of the Court, in the sense that—save for a few exceptions—this type of reproach must be resolved in the contentious-administrative jurisdiction. On the contrary, I believe that one of the rights that this jurisdiction is called upon to protect is that of prompt and complete justice, expressly enshrined in Article 41 of the Constitution. This is in accordance with the scope of competence assigned to this Court in matters of protecting fundamental rights, in consideration of the provisions of Articles 10 and 48 of the Political Constitution. Although I understand the importance of the reforms to the contentious-administrative jurisdiction since the entry into force of Law 8508 of April twenty-fourth, two thousand six, the truth is that this situation does not justify referring matters that are within the competence of this Chamber to that instance, a Chamber which has demonstrated over the years that it is a swift and effective means for the protection of the fundamental rights of the country's inhabitants. IX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The petitioner is warned that if she has provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. Therefore: The action is dismissed outright. Magistrate Castillo Víquez adds a note. Magistrate Cruz Castro dissents, solely in relation to Article 41 of the Constitution. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Jose Roberto Garita N. Digitally Signed Document -- Verification Code -- GWIVUGZENHU61 CASE FILE No. 22-028412-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 13:51:02. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República