Res. 00498-2023 Sala Constitucional — Amparo Dismissal: Precautionary Measure for Río Agres Protection Zone Not GrantedImprocedencia de amparo: solicitud de medida cautelar en zona de protección del Río Agres

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Sala Constitucional

Resolución Nº 00498 - 2023

Fecha de la Resolución: 13 de Enero del 2023 a las 09:15

Expediente: 22-024613-0007-CO

Redactado por: Paul Rueda Leal

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

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Exp: 22-024613-0007-CO

Res. Nº 2023000498

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del trece de enero de dos mil veintitres .

 

Recurso de amparo interpuesto por Nombre80782, cédula de identidad CED44154 contra la MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE) y el PODER JUDICIAL.

Resultando:

 

 1.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 10:00 horas de 31 de octubre de 2022, el recurrente interpone recurso de amparo. Relata: “1- Mediante oficio VA-052-2022-JR del día siete de setiembre de los corrientes dirigido al alcalde de la Municipalidad de Escazú, solicito se me indique si la propiedad 1-728948-000 con numero de plano SJ-29452-2022 ubicada en San Rafael de Escazú de la entrada principal de la Dirección6836, cuenta con: permiso de construcción, demolición, ampliación y/o remodelación, así como si cuenta con patente comercial de restaurante. 2- El día quince de setiembre del año dos mil veintidós se me notifica el oficio COR-DA-432-2022, suscrito por el alcalde Bach. Arnoldo Barahona Cortes el cual responde: a) El terreno consultado no cuenta con permiso de construcción, demolición, ampliación y/o remodelación. b) El local comercial cuenta con la patente 03-11554, que fue otorgada de manera temporal a fin de que se completen los requisitos faltantes. 3- El día veintiocho de setiembre de este año, presento denuncia ante el OIJ, para que se analice los presuntos delitos penales cometidos por en apariencia por la administración municipal escazuceña, causa que se tramita bajos el número 22-026687-0042-PE / 000-22-027670. 4- Al día de hoy, dicho organismo no ha emitido ningún informe al respecto a pesar de que presenté pruebas contundentes de la afectación a la Zona de Protección del Río Agres en apego al numeral 33 de la Ley Forestal 7575. La preocupación radica, en que mientras se lleva a cabo la debida investigación por parte de los órganos competentes, no se establece una medida cautelar en apego al principio precautorio Indubio Pro Natura para no lamentar un perjuicio irreparable al medio ambiente (…) Por las razones expuestas, solicito que se declare con lugar el presente Recurso de Amparo y en consecuencia de manera precautoria este honorable Tribunal se detenga el uso comercial y construcciones dentro de la zona protegida del Rio Agres a fin de no causar un daño irreversible y que el resto de actos denunciados, sean valorados en la sede correspondiente”.

2.- Mediante resolución de las 8:47 horas de 4 de noviembre de 2022 se le dio curso al proceso y se requirió informe al alcalde de Escazú, al ministro de Ambiente y Energía, al jefe del OIJ del I Circuito Judicial de San José y al coordinador de la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José.

3.- Por escrito incorporado al expediente a las 15:50 horas de 7 de noviembre de 2022, el jefe de la Sección Especializada contra Delito Medioambientales del OIJ de San José, informa: “En lo conducente, el Organismo de Investigación Judicial, propiamente la Sección Especializada Contra Delitos Medioambientales, efectivamente se tramita la causa penal número 22-026687-0042-PE, denuncia número 000-22-027670, consecutivo interno 3971-22-0051, en perjuicio de Los Recursos Naturales, por el delito de Invasión Área de Protección, contra Ignorado, el cual se encuentra en proceso de investigación. Ante los hechos recurridos se detalla que la denuncia en la que él señor Nombre80782, detalló una aparente invasión y afectación al área de protección del Rio Agres, esto en el sector de San José, Escazú, San Rafael, de la Dirección6837 150 metros oeste de la entrada principal, así como algunas inacciones por parte de la Municipalidad de Escazú en cuanto al otorgamiento de permisos de construcción y patentes a un negocio en particular, siendo este, el que afecta el área de protección del cuerpo de agua mencionado, fue recibida mediante correo electrónico en la Sección Especializada Contra Delitos Medioambientales el pasado 28 de setiembre de 2022. Ante la información se procedió a solicitar Número Único y en fecha 29 de setiembre de 2022 se le otorgó la denuncia número 000-22-027670, Número Único 22-026687-0042-PE y el día 30 de setiembre del 2022 le fue asignado al investigador Isaac Calderón Navarro, el cual inició el proceso de investigación desarrollando diversas diligencias para poder establecer la verdad real de los hechos denunciados, así como contar con elementos de prueba que los sustenten, dichas diligencias están registradas y acreditas en la bitácora electrónica mediante el sistema denominado Expediente Criminal Único, mismas que cuentan con fecha de realización y de inclusión en el sistema es así como se tiene registro de cada una de ellas, por lo que se detallan: Que el 03 de octubre de 2022, bajo el consecutivo 02 el investigador realizó el análisis de la información recibida. Que en fecha 04 de octubre de los corrientes procedió con la visita del sitio donde se desarrolla el ilícito según lo referido, acto que registró en el sistema bajo el consecutivo 03. Ese mismo día bajo los consecutivos 04 y 05, se estableció que el investigador citó al denunciante para poder realizar una entrevista y ampliar algunos detalles de la delación, concretando como fecha para que se pueda llevar efectuar la diligencia el 11 de octubre de 2022. Por lo que en la fecha antes indicada se llevó acabo la entrevista en la sala B del Departamento de Investigaciones Criminales, acto que fue documentado y agregado a la bitácora de investigación con consecutivo 06. Una vez que el investigador finalizó la entrevista, registró con el consecutivo 07 la Dirección Operativa que realizó con la jefatura debido a los hechos que detalló el señor Nombre80782 y con el objeto de establecer una línea de investigación para tener el mejor éxito, ya que se abarcaron algunos otros hechos o delitos conexos al investigado. La siguiente diligencia bajo el consecutivo 08, fue la recepción de información que había sido solicitada a la Municipalidad de Escazú, dicha documentación fue de acceso del investigador en fecha 27 de octubre de 2022, pero fue proporcionada de manera incompleta por parte de dicha Institución, por lo que se solicitó nuevamente la información faltante. Con el consecutivo 10 se registro la recepción de alguna información adicional que incorporó el denunciante. La última diligencia desarrollada por el funcionario a cargo de la investigación fue la Dirección Funcional con el Fiscal Auxiliar Rodolfo Mora García de la Fiscalía de Pavas, al que se le detalló los alcances de la investigación hasta el momento, el cual solicitó seguir desarrollando la misma para obtener mayores elementos probatorios y fue claro en indicar que desde el punto de vista jurídico, la medida cautelar podría ser solicitada por el Ministerio Público una vez se finalice el proceso de investigación con un informe; además aportó que sería necesario un informe por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación en el que se valore el daño ambiental y afectación al Área de Protección. Finalmente, reitero que para todas las actividades de investigación están amparadas en la tutela del Ministerio Público conforme lo establece el ordenamiento jurídico; motivo por el cual no existen visos de arbitrariedad, ilegitimidad o ilegalidad en el proceder de la Policía Judicial. Una vez informada a la honorable sala, me permito adjuntar para los efectos ulteriores, copia de la siguiente prueba, la cual consta en autos en el expediente principal de la causa, con el objeto de ilustrar ampliamente, lo que motivo la actuación hasta el día de hoy de la policía judicial como del Ministerio Público, en la toma de decisiones siempre apegadas al Debido Proceso y por ende a nuestro ordenamiento jurídico.”.

4.- Por escrito incorporado al expediente a las 8:59 horas de 8 de noviembre de 2022, Álvaro Antonio Montoya Martínez, fiscal adjunto del Primer Circuito Judicial de San José, informa bajo juramento lo siguiente: “Informo que, de acuerdo al Sistema de Gestión de nuestra Fiscalía, el expediente 22- 026687-0042-PE no ha ingresado a la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de San José. Por lo que se menciona en el recurso interpuesto por el señor Rojas, probablemente la causa será enviada a la Fiscalía de Pavas que es la que tramita asuntos del sector de Escazú.”.

5.- Por escrito incorporado al expediente a las 14:46 horas de 9 de noviembre de 2022, Rafael Gutiérrez Rojas, ministro a.i. de Ambiente y Energía, informa bajo juramento lo siguiente: “PRIMERO: Manifiesta el recurrente que mediante VA-052-2022-JR solicitó al Alcalde de la Municipalidad de Escazú indicar si la propiedad 1-728948-000 con Catastrado No. SJ-29452-2022 cuenta con permisos de construcción, demolición, ampliación y/o remodelación, así como si cuenta con patente comercial de restaurante. No me consta. Lo manifestado por el recurrente refiere específicamente a acciones realizadas ante la Municipalidad de Escazú y no corresponde a un hecho de mi representado. Siendo que esa corporación figura como recurrida deberá informar sobre este hecho. No omito señalar que lo consultado por el recurrente se refiere a materias que son competencia de la Municipalidad y no de este Ministerio. Lo relativo a permisos para realizar obras de infraestructura sea construcción o remodelación, así como las patentes para desarrollo de actividades comerciales salen de la esfera de competencias de mi representado. SEGUNDO: Continúa manifestando el recurrente que el día quince de setiembre del año dos mil veintidós se me notifica el oficio COR-DA-432-2022, suscrito por el alcalde Bach. Arnoldo Barahona Cortes el cual responde: a) El terreno consultado no cuenta con permiso de construcción, demolición, ampliación y/o remodelación. b) El local comercial cuenta con la patente 03-11554, que fue otorgada de manera temporal a fin de que se completen los requisitos faltantes. No me consta. Debo señalar que al referirse a competencias y correspondencia del recurrente con la Municipalidad de Escazú deberá está en su condición de recurrida proceder a informar ante esta Honorable Sala. TERCERO: Relata que el día veintiocho de setiembre de este año, presento denuncia ante el OIJ, para que se analice los presuntos delitos penales cometidos por en apariencia por la administración municipal escazuceña, causa que se tramita bajos el número 22-026687-0042-PE / 000-22-027670. No me consta. Nuevamente se refiere a actuaciones realizadas por el recurrente ante otras instituciones y no corresponde a hechos de mi representado. Al estar el Organismo de Investigación Judicial entre los recurridos deberá rendir informe sobre sus actuaciones como corresponde. CUARTO: En el hecho cuarto manifiesta el recurrente que: “…dicho organismo no ha emitido ningún informe al respecto a pesar de que presenté pruebas contundentes de la afectación a la Zona de Protección del Río Agres en apego al numeral 33 de la Ley Forestal 7575. La preocupación radica, en que mientras se lleva a cabo la debida investigación por parte de los órganos competentes, no se establece una medida cautelar en apego al principio precautorio Indubio Pro Natura para no lamentar un perjuicio irreparable al medio ambiente (…) Por las razones expuestas, solicito que se declare con lugar el presente Recurso de Amparo y en consecuencia de manera precautoria este honorable Tribunal se detenga el uso comercial y construcciones dentro de la zona protegida del Rio Agres a fin de no causar un daño irreversible y que el resto de actos denunciados, sean valorados en la sede correspondiente.” No me consta, lo señalado por el recurrente refiere a las actuaciones u omisiones del Organismo de Investigación Judicial, por no tratarse de un hecho de mi representado no es posible rendir informe. Sin embargo, se ha consultado a la Oficina de San José a la que por territorio corresponde la zona el conocimiento del caso en lo relacionado con las competencias del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y según ha informado el Jefe de la Oficina de San José mediante el oficio SINAC-ACC-OSJ-of-1216-2022 dirigido a la Dirección Jurídica de este Ministerio: “Le indico que a la fecha, de acuerdo a la revisión de la base de datos para el control de correspondencia, y, de acuerdo a conversaciones con el funcionario Joshua Ramírez , de la Sección de Atención de Delitos Medioambientales del OIJ, la solicitud de atención de dicha denuncia, no ha sido trasladada a esta dependencia para su atención.” Como se ha indica líneas arriba los hechos a los cuales se refiere el recurrente no corresponden a actuaciones de mi representado. Las oficinas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación no han recibido denuncia relacionada con los hechos de este recurso según fue informado. Es importante señalar que los hechos manifestados por el recurrente se refieren en su mayoría a competencias municipales, tanto los permisos para infraestructura como las patentes comerciales son de competencia municipal. En cuanto a los posibles delitos o infracciones señaladas indica el recurrente que denunció ante el Organismo de Investigación Judicial lo cual es legalmente posible ya que este es el cuerpo principal de investigación judicial y es un derecho del ciudadano elegir esa sede para denunciar. En esos casos la autoridad de policía administrativa, el SINAC, actuara en colaboración de estos de conformidad con la legislación procesal penal. Al ser una facultad también para el ciudadano acudir a la sede administrativa con este tipo de denuncias se ha consultado lo relativo y el jefe de la Oficina de San José informa que aún no ha sido requerida su colaboración en la atención del caso por parte de este Organismo de Investigación Judicial, ni han recibido denuncia en forma directa por el recurrente por lo que no se ha incurrido en violación de ningún derecho al recurrente por parte de este Ministerio. De esta manera dejó rendido el informe solicitado teniendo como fundamento a su vez el informe por los funcionaros a cargo de estos procesos. Solicito que estos informes se tengan por incorporados a mi respuesta. FUNDAMENTO DE DERECHO: Por lo indicado considera este Despacho que no se le han violentado los derechos constitucionales del recurrente ni por acción ni por omisión de las dependencias administrativas de este Ministerio. Los hechos en los que fundamenta su alegato de amparo no corresponden a actuaciones ni omisiones de este Ministerio ya que no ha presentado ninguna gestión ante las dependencias de esta cartera.”.

6.- Por escrito incorporado al expediente a las 12:33 horas de 11 de noviembre de 2022, Arnoldo Barahona Cortés, alcalde de Escazú, rinde informe bajo juramento. Manifiesta que el 7 de septiembre de 2022 la municipalidad recibió el oficio VA-052-2022-JR remitido por el tutelado, quien planteó: “PRIMERO: Ruego indicarme el número de permiso de construcción y demolición, además el número de proyecto APC de la finca número 1-728948-000 con el plano SJ-29452-2022, el cual se llevó a cabo en el transcurso de este año 2022. SEGUNDO: Ruego indicarme el número de patente con el cual se opera la actividad comercial denominada Café Negroni ubicada en la finca antes indicada”. Aduce que la consulta fue atendida mediante el oficio nro. COR-DA-432-2022, notificado al recurrente el 15 de septiembre de 2022. Acota que en tal oficio se indicó: “(…) Se brinda respuesta mediante el oficio COR-CC-865-2022 del Subproceso de Control Constructivo que indica lo siguiente: “Con relación a (sic) la falta de consulta sobre algún trámite de construcción gestionado a la propiedad en cuestión, se debe indicar que a la fecha únicamente se registra la solicitud de permiso de construcción asociado al contrato CFIA-1041077 con el expediente municipal N° 435-22”. Punto Segundo: Se brinda respuesta mediante el oficio COR-TRI-00084-2022 del Proceso de Tributos que indica lo siguiente “Según los registros municipales, la actividad comercial denominada Caffe Negroni, se encuentra bajo el número 03-11554 otorgada de gorma temporal del 26 de agosto del 2022 al 25 de noviembre del 2022”. Expone: “Preocupa a este jerarca que el señor Rojas interprete la respuesta brindada por la Municipalidad de Escazú, toda vez que en el recurso de amparo expone ante el Alto Tribunal hechos totalmente distintos con la intención de crear confusión toda vez que la respuesta brindada por esta Corporación Municipal fue muy clara y no puede ser sujeta de interpretación como temerariamente lo hizo el señor Rojas, si este no tenía claro la respuesta pudo solicitar la aclaración a la misma, pero sorprende al suscrito que exponga hechos totalmente distintos y todavía más preocupante presente el Organismo de Investigación Judicial una denuncia contra este municipio interpretando la respuesta brindada por esta Municipalidad. Ahora bien, aquedado (sic) claro que la Municipalidad no lesionó derecho alguno del señor Rojas, ya que se atendió en tiempo y forma su solicitud de información (…)”.

7.- Por escrito incorporado al expediente a las 6:45 horas de 21 de noviembre de 2022, el recurrente manifiesta: “1- Desde el escrito de interposición del presente recurso, el suscrito ha dejado claro que lo pretendido radica únicamente en velar por la protección del medio ambiente, en el caso que nos ocupa, que se respete la zona de protección del río Agres, claramente normado en el artículo 33 de la Ley Forestal y sobre todo el ordinal 50 de nuestra Carta Magna. 2- Por lo antes expuesto es evidente para este recurrente, que los demás actos denunciados, presuntamente cometidos por la administración municipal, serán objeto de investigación en la sede jurisdiccional correspondiente, pues no competente a ese Tribunal entrar a conocer ni resolver los aspectos ajenos a la sustancia del recurso de amparo. Comprende este recurrente que la razón de ser del referido recurso es la tutela de derechos fundamentales y no la resolución de asuntos de legalidad y otros que competen estrictamente a los Tribunales de Justicia 3- Por su parte, en oficio COR-AJJ-756-2022 suscrito por el alcalde Arnoldo Barahona Cortés, confirma lo dicho en los oficios que adjunté para conocimiento de ese Tribunal con la interposición del recurso; y es que a pesar de lo que señala la Ley de Construcciones (clausura), con respecto a las obras civiles llevadas a cabo sin la respectiva licencia constructiva, la administración sin norma habilitante, permitió que se siguiera con el respectivo proceso e inclusive otorgar la licencia comercial de patente, siendo la un requisito sine qua non para el otorgamiento de esta última licencia, el respectivo permiso de construcción y su recibimiento de obra, de conformidad con la normativa precitada. 4- Dicho lo anterior, con denotado respeto someto a esa Sala el presente oficio a efectos de que quede clara la razón que motivó la presentación del recurso cual es la protección del derecho a medio un ambiente sano consagrado en el Art. 50 de nuestro Texto Constitucional. Por cuanto al día de hoy, la situación descrita respecto a la construcción de una obra nueva y una remodelación dentro de la zona de protección de rio Agres no ha sido atendida en protección de nuestro medio ambiente.”.

8.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

 

I.- OBJETO DEL RECURSO. El accionante indica que, el 7 de setiembre de 2022, mediante oficio VA-052-2022-JR le consultó a la Municipalidad de Escazú que le indicara si la propiedad 1-728948-000, con plano SJ-29452-2022 cuenta con permiso de construcción, demolición, ampliación y/o remodelación, así como si cuenta con patente comercial de restaurante. Detalla que el 15 de setiembre de 2022 se le notificó el oficio COR-DA-432-2022, donde el alcalde consignó: “a) El terreno consultado no cuenta con permiso de construcción, demolición, ampliación y/o remodelación. b) El local comercial cuenta con la patente 03-11554, que fue otorgada de manera temporal a fin de que se completen los requisitos faltantes”. Refiere que por eso el 28 de setiembre de 2022 planteó una denuncia ante el OIJ contra la Municipalidad de Escazú, la cual se tramita en el expediente nro. 22-026687-0042-PE. Reclama que no se ha rendido ningún informe en la causa penal, a pesar de que aportó pruebas contundentes. Solicita que se detenga el uso comercial y construcciones dentro de la zona protegida del Río Agres.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

En cuanto a la Municipalidad de Escazú:

a)   El 7 de septiembre de 2022, el recurrente planteó una gestión ante la municipalidad accionada, en la que indicó: “(…) solicito interponer sus buenos oficios a fin de que se me pueda brindar respuestas a las siguientes interrogantes sobre la patente del comercio denominado Café Negroni. PRIMERO: Ruego indicarme el numero (sic) de permiso de construcción y demolición, además el número de proyecto APC de la finca número 1-728948-000 con el plano SJ-29452-2022, el cual se llevó a cabo en el transcurso de este año 2022. SEGUNDO: Ruego indicarme el número de patente con el cual opera la actividad comercial denominada Café Negroni, ubicado en la finca antes indicada. TERCERO: Ruego indicar el nombre del funcionario del departamento de inspecciones que hizo la recepción de obras y copia del documento donde se recibió la obra.”. (Prueba documental).

b)   El 15 de septiembre de 2022, la municipalidad accionada le notificó al tutelado el oficio nro. COR-DA-432-2022, en el que se señaló: “(…) Se brinda respuesta mediante el oficio COR-CC-865-2022 del Subproceso de Control Constructivo que indica lo siguiente: “Con relación a (sic) la falta de consulta sobre algún trámite de construcción gestionado a la propiedad en cuestión, se debe indicar que a la fecha únicamente se registra la solicitud de permiso de construcción asociado al contrato CFIA-1041077 con el expediente municipal N° 435-22”. Punto Segundo: Se brinda respuesta mediante el oficio COR-TRI-00084-2022 del Proceso de Tributos que indica lo siguiente “Según los registros municipales, la actividad comercial denominada Caffe Negroni, se encuentra bajo el número 03-11554 otorgada de forma temporal del 26 de agosto del 2022 al 25 de noviembre del 2022.”. Punto Tercero: Se brinda respuesta mediante el oficio COR-IG-0769-2022, del Subproceso de Inspección General que indica lo siguiente: Mediante el oficio COR-IG-0724-2022 fechado del 25 de agosto de los corrientes, el Arquitecto Javier Solís Vargas, en su condición de Coordinador a.i. del subproceso de Inspección General, otorgó una recepción de obras constructivas por tres meses calendario para la continuidad del trámite de licencia comercial a nombre de Caffe Negroni. Lo anterior, amparado en el trámite de permiso de construcción que se encuentra en revisión mediante el contrato CFIA OC 1041077 en la plataforma del APC (Administrador de Proyectos de Construcción).”. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).

En relación con el Ministerio de Ambiente y Energía:

c)    El ministro de Ambiente y Energía informa que en las oficinas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación no se ha recibido ninguna denuncia concerniente a los hechos aludidos por el recurrente. (Informe de la autoridad recurrida).

En cuanto al Organismo de Investigación Judicial:

d)   El 28 de septiembre de 2022, el recurrente interpuso una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial, la cual es tramitada bajo la sumaria nro. 22-026687-0042-PE, por el presunto delito de invasión de área de protección. En tal gestión, el recurrente acusó “una aparente invasión y afectación al área de protección del Rio Agres, esto en el sector de San José, Escazú, San Rafael, de la Escuela Presbitero Yanuario Quesada 150 metros oeste de la entrada principal, así como algunas inacciones por parte de la Municipalidad de Escazú en cuanto al otorgamiento de permisos de construcción y patentes a un negocio en particular, siendo este, el que afecta el área de protección del cuerpo de agua mencionado.”. (Informe del OIJ).

e)    El 4 de octubre de 2022, el investigador a cargo realizó una inspección en el sitio. (Informe de la autoridad recurrida).

f)     El 11 de octubre de 2022, se efectuó una entrevista con el denunciante. (Informe de la autoridad recurrida).

g)   El 27 de octubre de 2022, el investigador recibió documentación requerida a la Municipalidad de Escazú. (Informe de la autoridad recurrida).

h)   El 4 de noviembre de 2022, el OIJ realizó dirección funcional con la Fiscalía de Pavas. (Informe de la autoridad recurrida).

Respecto a la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José:

i)     El fiscal adjunto de la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José informa que el expediente nro. 22-026687-0042-PE no ha ingresado a ese despacho. (Informe de la autoridad recurrida).

III.- HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la resolución de este asunto, se estima como no demostrados:

a)    Que el recurrente hubiese planteado alguna denuncia ambiental ante la municipalidad recurrida o antes las autoridades del MINAE por alguna infracción a la zona protegida del Río Agres.

IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, el accionante indica que, el 7 de setiembre de 2022, mediante oficio VA-052-2022-JR le consultó a la Municipalidad de Escazú que le indicara si la propiedad 1-728948-000, con plano SJ-29452-2022 cuenta con permiso de construcción, demolición, ampliación y/o remodelación, así como si cuenta con patente comercial de restaurante. Detalla que el 15 de setiembre de 2022 se le notificó el oficio COR-DA-432-2022, donde el alcalde consignó: “a) El terreno consultado no cuenta con permiso de construcción, demolición, ampliación y/o remodelación. b) El local comercial cuenta con la patente 03-11554, que fue otorgada de manera temporal a fin de que se completen los requisitos faltantes”. Refiere que por eso el 28 de setiembre de 2022 planteó una denuncia ante el OIJ contra la Municipalidad de Escazú, la cual se tramita en el expediente nro. 22-026687-0042-PE. Reclama que no se ha rendido ningún informe en la causa penal, a pesar de que aportó pruebas contundentes. Solicita que se detenga el uso comercial y construcciones dentro de la zona protegida del Río Agres.

Del estudio de los autos se tiene por demostrado, que, el 7 de septiembre de 2022, el recurrente planteó una gestión ante la municipalidad accionada, en la que indicó: “(…) solicito interponer sus buenos oficios a fin de que se me pueda brindar respuestas a las siguientes interrogantes sobre la patente del comercio denominado Café Negroni. PRIMERO: Ruego indicarme el numero (sic) de permiso de construcción y demolición, además el número de proyecto APC de la finca número 1-728948-000 con el plano SJ-29452-2022, el cual se llevó a cabo en el transcurso de este año 2022. SEGUNDO: Ruego indicarme el número de patente con el cual opera la actividad comercial denominada Café Negroni, ubicado en la finca antes indicada. TERCERO: Ruego indicar el nombre del funcionario del departamento de inspecciones que hizo la recepción de obras y copia del documento donde se recibió la obra.”. El 15 de septiembre de 2022, la municipalidad accionada le notificó al tutelado el oficio nro. COR-DA-432-2022, en el que se señaló: “(…) Se brinda respuesta mediante el oficio COR-CC-865-2022 del Subproceso de Control Constructivo que indica lo siguiente: “Con relación a (sic) la falta de consulta sobre algún trámite de construcción gestionado a la propiedad en cuestión, se debe indicar que a la fecha únicamente se registra la solicitud de permiso de construcción asociado al contrato CFIA-1041077 con el expediente municipal N° 435-22”. Punto Segundo: Se brinda respuesta mediante el oficio COR-TRI-00084-2022 del Proceso de Tributos que indica lo siguiente “Según los registros municipales, la actividad comercial denominada Caffe Negroni, se encuentra bajo el número 03-11554 otorgada de forma temporal del 26 de agosto del 2022 al 25 de noviembre del 2022.”. Punto Tercero: Se brinda respuesta mediante el oficio COR-IG-0769-2022, del Subproceso de Inspección General que indica lo siguiente: Mediante el oficio COR-IG-0724-2022 fechado del 25 de agosto de los corrientes, el Arquitecto Javier Solís Vargas, en su condición de Coordinador a.i. del subproceso de Inspección General, otorgó una recepción de obras constructivas por tres meses calendario para la continuidad del trámite de licencia comercial a nombre de Caffe Negroni. Lo anterior, amparado en el trámite de permiso de construcción que se encuentra en revisión mediante el contrato CFIA OC 1041077 en la plataforma del APC (Administrador de Proyectos de Construcción).”. El ministro de Ambiente y Energía informa que en las oficinas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación no se ha recibido ninguna denuncia concerniente a los hechos aludidos por el recurrente. El 28 de septiembre de 2022, el recurrente interpuso una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial, la cual es tramitada bajo la sumaria nro. 22-026687-0042-PE, por el presunto delito de invasión de área de protección. En tal gestión, el recurrente acusó “una aparente invasión y afectación al área de protección del Rio Agres, esto en el sector de San José, Escazú, San Rafael, de la Escuela Presbitero Yanuario Quesada 150 metros oeste de la entrada principal, así como algunas inacciones por parte de la Municipalidad de Escazú en cuanto al otorgamiento de permisos de construcción y patentes a un negocio en particular, siendo este, el que afecta el área de protección del cuerpo de agua mencionado.”. El 4 de octubre de 2022, el investigador a cargo realizó una inspección en el sitio. El 11 de octubre de 2022, se efectuó una entrevista con el denunciante. El 27 de octubre de 2022, el investigador recibió documentación requerida a la Municipalidad de Escazú. El 4 de noviembre de 2022, el OIJ realizó dirección funcional con la Fiscalía de Pavas. El fiscal adjunto de la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José informa que el expediente nro. 22-026687-0042-PE no ha ingresado a ese despacho.

Desde este panorama, en los términos planteados por el accionante, prima facie se descarta alguna situación que, en este momento, amerite la injerencia de esta jurisdicción constitucional

V.- En primer lugar, en cuanto a la Municipalidad de Escazú, se verifica que el 7 de septiembre de 2022 el recurrente planteó una solicitud de información, en la que específicamente requirió que se le indicara lo siguiente en cuanto al comercio denominado “Café Negroni”: “el numero (sic) de permiso de construcción y demolición, además el número de proyecto APC de la finca número 1-728948-000 con el plano SJ-29452-2022 (…) el número de patente con el cual opera la actividad comercial denominada Café Negroni, ubicado en la finca antes indicada (…) el nombre del funcionario del departamento de inspecciones que hizo la recepción de obras y copia del documento donde se recibió la obra.”.

Tal gestión fue contestada por la municipalidad recurrida el 15 de septiembre de 2022 mediante el oficio nro. COR-DA-432-2022, en el que se señaló: “(…)Con relación a (sic) la falta de consulta sobre algún trámite de construcción gestionado a la propiedad en cuestión, se debe indicar que a la fecha únicamente se registra la solicitud de permiso de construcción asociado al contrato CFIA-1041077 con el expediente municipal N° 435-22”. Punto Segundo: (…) Según los registros municipales, la actividad comercial denominada Caffe Negroni, se encuentra bajo el número 03-11554 otorgada de forma temporal del 26 de agosto del 2022 al 25 de noviembre del 2022.”. Punto Tercero: Se brinda respuesta mediante el oficio COR-IG-0769-2022, del Subproceso de Inspección General que indica lo siguiente: Mediante el oficio COR-IG-0724-2022 fechado del 25 de agosto de los corrientes, el Arquitecto Javier Solís Vargas, en su condición de Coordinador a.i. del subproceso de Inspección General, otorgó una recepción de obras constructivas por tres meses calendario para la continuidad del trámite de licencia comercial a nombre de Caffe Negroni. Lo anterior, amparado en el trámite de permiso de construcción que se encuentra en revisión mediante el contrato CFIA OC 1041077 en la plataforma del APC (Administrador de Proyectos de Construcción).”.

Ahora bien, de los autos no se desprende que el accionante hubiese interpuesto alguna denuncia formal ante la municipalidad recurrida relativa a alguna irregularidad en la zona de protección del Río Agres. Tal situación tampoco puede desprenderse de la gestión de 7 de septiembre de 2022, pues como se aprecia, lo solicitado es información atinente al número de permiso de construcción y de patente de un comercio en particular, la cual fue contestada por el gobierno local.

De tal modo, conviene traer a colación lo dispuesto por esta Cámara en circunstancias análogas. Verbigracia, en la sentencia nro. 2019017163 de las 10:10 horas del 10 de setiembre de 2019, se indicó:

“II.- CASO CONCRETO. Si bien de la prueba allegada a los autos se verifica que a las 15:29 horas del 16 de julio de 2019 fue recibido, vía correo electrónico, escrito firmado por la amparada, en cumplimiento a lo prevenido en resolución de las 16:53 hrs. de 12 de julio de 2019, tal situación no varía lo resuelto en sentencia No. 2019-014416 de las 14:20 hrs. de 1 de agosto de 2019. Reiteradamente, este Tribunal ha señalado que la vía constitucional no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias, ni es una instancia tramitadora de denuncias. Lo anterior no es lo mismo que agotar la vía administrativa, sino la simple admisión de que este Tribunal no debe sustituir directamente la voluntad de la Administración y suplantar a los despachos públicos en la gestión de los asuntos de su competencia. Al respecto, en un caso similar, este Tribunal estimó en lo que interesa:

"II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la parte recurrente acude directamente a este Tribunal a fin de denunciar un problema de ausencia de baños públicos, sin alegar o probar haber acudido ante el municipio accionado a plantear formalmente la gestión correspondiente. Ahora bien, como se ha dicho reiteradamente, este Tribunal no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias ni es una instancia tramitadora de denuncias. Por ello, acudir directamente a esta sede, sin antes interponer las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, impide endilgar una omisión ilegítima que atente contra los derechos fundamentales de las personas. Así las cosas, es preciso que, previamente, el amparado acuda ante las autoridades recurridas a plantear formalmente el reclamo aludido, a fin de que ellas tomen las medidas pertinentes para solucionar el problema denunciado o, en su defecto, establecer su reclamo en la vía de legalidad ordinaria. Lo anterior sin demérito de que el amparado acuda a la vía constitucional, luego de que transcurriere un plazo irrazonable sin un actuar efectivo de la Administración y siempre que hubiere amenaza o lesión a un derecho fundamental."

La Sala considera que el precedente transcrito resulta aplicable al caso de marras, toda vez que no se encuentran motivos para variar el criterio transcrito. Así, al no constatarse que el recurrente hubiese denunciado previamente ante la municipalidad accionada alguna afectación a la zona protegida aludida, a priori se descarta alguna omisión de esa dependencia susceptible de ser declarada en esta vía sumaria.

VI.- Ahora bien, este Tribunal aprecia que el recurrente consideró que funcionarios de la municipalidad accionada incurrieron en delitos, debido a presuntas inacciones e irregularidades relativas a los permisos de construcción y patentes de un local comercial, que a su vez incide y afecta la zona de protección del río antes mencionado. Por ello, el 28 de septiembre de 2022 interpuso una denuncia ante el OIJ, para que se efectuara la investigación correspondiente, la cual aún está en curso bajo la sumaria nro. 22-026687-0042-PE.

Al respecto, en primer lugar, debe advertirse que no le corresponde a esta Sala determinar si los hechos en cuestión constituyen o no algún delito sancionado por la legislación penal,  ni tampoco le compete a este Tribunal establecer si en esa sumaria existe mérito para dictar alguna medida cautelar en concreto.  Tales aspectos deberán ser analizados y resueltos por las instancias ordinarias competentes, en el marco del proceso penal que actualmente está en curso, pues esta Cámara no puede hacer las veces de una instancia de alzada en la jurisdicción penal y carece de atribuciones para suplir o suplantar a las autoridades correspondientes en las funciones que le fueron encomendadas por ley. De tal modo, si el recurrente considera que debe dictarse alguna medida cautelar dentro de la sumaria, o si estima que deben llevarse a cabo determinadas diligencias o actos procesales, deberá plantear lo correspondiente dentro del propio proceso penal, a través de los mecanismos que la legislación procesal establece para tales efectos.

Asimismo, si bien el tutelado también alega que la investigación del OIJ de ha demorado, toda vez que aún no se ha emitido el informe respectivo, debe advertirse que, relativo a la materia penal, en reiteradas ocasiones este Tribunal ha señalado que, si en la tramitación de algún asunto, recurso o gestión se ha producido algún retardo, la parte interesada deberá presentar un pronto despacho y, de no obtener respuesta dentro del plazo legalmente establecido, podrá interponer la respectiva queja ante la Inspección Judicial, la Inspección Fiscal o la Corte Plena, según corresponda. Lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 174 del Código Procesal Penal. (Ver en el mismo sentido las sentencias nros. 2785-2020 de las 10:05 horas de 11 de febrero de 2020, 2095-2020 de las 9:30 horas de 31 de enero de 2020, 2022011044 de las 9:20 horas de 17 de mayo de 2022, 2022022238 de las 9:20 horas de 23 de septiembre de 2022, entre otras).

En consecuencia, se declara sin lugar el recurso en cuanto a este extremo.

VII.- Finalmente, en relación con el MINAE y la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José, también corresponde desestimar el recurso.

En el caso del MINAE, se informó bajo juramento que ninguna de sus dependencias ha recibido denuncia alguna del accionante por la situación objeto de este recurso.

Por su parte, el fiscal adjunto accionado informó que a ese despacho no ha ingresado la sumaria que actualmente investiga el Organismo de Investigación Judicial.

En consecuencia, se descarta alguna omisión de las autoridades referidas, que en este momento amerite la injerencia de esta Sala.

VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documento, ya sea en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

 

Por tanto:

 

 Se declara sin lugar el recurso.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Aracelly Pacheco S.

	

 

	

Jose Roberto Garita N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 NUILKBN0UK061

EXPEDIENTE N° 22-024613-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, Dirección1786

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:51:13.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Constitutional Chamber**

**Resolution No. 00498 - 2023**

**Date of Resolution:** 09:15 on January 13, 2023

**Case File:** 22-024613-0007-CO

**Drafted by:** Paul Rueda Leal

**Type of Matter:** Amparo remedy (Recurso de amparo)

**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER

**Judgment with protected data, in accordance with current regulations**

**Text of the resolution**



Exp: 22-024613-0007-CO

Res. No. 2023000498

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours fifteen minutes on the thirteenth of January, two thousand twenty-three.

An amparo remedy (Recurso de amparo) filed by Nombre80782, identity card CED44154 against the MUNICIPALITY OF ESCAZÚ, the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY (MINAE), and the JUDICIAL BRANCH (PODER JUDICIAL).

**Whereas:**

**1.-** By document incorporated into the digital case file at 10:00 hours on October 31, 2022, the petitioner files an amparo remedy. He recounts: "1- Through official document VA-052-2022-JR of the seventh of September of the current year addressed to the mayor of the Municipality of Escazú, I request to be informed whether property 1-728948-000 with plan number SJ-29452-2022 located in San Rafael de Escazú from the main entrance of Dirección6836, has: construction, demolition, expansion and/or remodeling permit, as well as whether it holds a commercial restaurant license (patente). 2- On the fifteenth of September, two thousand twenty-two, I was notified of official document COR-DA-432-2022, signed by the mayor Bach. Arnoldo Barahona Cortes, which responds: a) The consulted land does not have a construction, demolition, expansion and/or remodeling permit. b) The commercial premises hold license (patente) 03-11554, which was granted on a temporary basis in order for the missing requirements to be completed. 3- On the twenty-eighth of September of this year, I filed a complaint with the OIJ, for analysis of the alleged criminal offenses apparently committed by the municipal administration of Escazú, a case processed under number 22-026687-0042-PE / 000-22-027670. 4- As of today, said body has not issued any report on the matter despite the fact that I presented compelling evidence of the impact on the Protection Zone of the Agres River in accordance with numeral 33 of the Forest Law (Ley Forestal) 7575. The concern is that, while the proper investigation is being carried out by the competent bodies, no precautionary measure is established in accordance with the precautionary principle of 'In Dubio Pro Natura' so as not to lament irreparable harm to the environment (…) For the reasons given, I request that this Amparo Remedy be granted and, consequently, that this honorable Court, as a precautionary measure, halt the commercial use and constructions within the protected area of the Agres River so as not to cause irreversible damage and that the remaining denounced acts be assessed in the corresponding venue."

**2.-** By resolution at 8:47 hours on November 4, 2022, the proceeding was given course and reports were required from the mayor of Escazú, the Minister of Environment and Energy, the head of the OIJ of the I Judicial Circuit of San José, and the coordinator of the Adjunta Prosecutor's Office (Fiscalía Adjunta) of the I Judicial Circuit of San José.

**3.-** By document incorporated into the case file at 15:50 hours on November 7, 2022, the head of the Specialized Section against Environmental Crimes of the OIJ of San José, reports: "As relevant, the Judicial Investigation Organization (Organismo de Investigación Judicial, OIJ), specifically the Specialized Section Against Environmental Crimes, is indeed processing criminal case number 22-026687-0042-PE, complaint number 000-22-027670, internal consecutive number 3971-22-0051, to the detriment of Natural Resources, for the crime of Invasion of a Protection Area, against Unknown, which is under investigation. Regarding the facts appealed, it is detailed that the complaint in which Mr. Nombre80782 detailed an apparent invasion and impact on the protection area of the Agres River, this in the sector of San José, Escazú, San Rafael, from Dirección6837 150 meters west of the main entrance, as well as some inactions by the Municipality of Escazú regarding the granting of construction permits and licenses (patentes) to a particular business, this being the one affecting the protection area of the mentioned body of water, was received via email in the Specialized Section Against Environmental Crimes on the past 28th of September 2022. Given the information, a Unique Number was requested, and on September 29, 2022, complaint number 000-22-027670, Unique Number 22-026687-0042-PE was granted, and on September 30, 2022, it was assigned to investigator Isaac Calderón Navarro, who initiated the investigation process by carrying out various procedures to establish the real truth of the reported facts, as well as to gather evidentiary elements to support them. These procedures are registered and accredited in the electronic logbook through the system called Unique Criminal File (Expediente Criminal Único), each having a date of realization and inclusion in the system, thus there is a record of each one, which are detailed as follows: That on October 3, 2022, under consecutive 02, the investigator analyzed the information received. That on October 4 of the current year, he proceeded with a site visit where the illicit act develops according to what was reported, an act he registered in the system under consecutive 03. That same day under consecutives 04 and 05, it was established that the investigator summoned the complainant to conduct an interview and expand on some details of the report, setting October 11, 2022, as the date to carry out the procedure. Thus, on the date indicated above, the interview took place in room B of the Criminal Investigations Department, an act that was documented and added to the investigation logbook with consecutive 06. Once the investigator finished the interview, he registered with consecutive 07 the Operational Direction he conducted with the leadership due to the facts that Mr. Nombre80782 detailed, and with the aim of establishing a line of investigation for the best success, since some other facts or crimes connected to the one under investigation were encompassed. The next procedure under consecutive 08, was the receipt of information that had been requested from the Municipality of Escazú; this documentation was accessed by the investigator on October 27, 2022, but was provided incompletely by said Institution, so the missing information was requested again. With consecutive 10, the receipt of some additional information provided by the complainant was registered. The last procedure carried out by the official in charge of the investigation was the Functional Direction with Auxiliary Prosecutor Rodolfo Mora García of the Pavas Prosecutor's Office, to whom the scope of the investigation up to that point was detailed, who requested to continue developing it to obtain more evidentiary elements and was clear in indicating that, from a legal standpoint, the precautionary measure could be requested by the Public Ministry (Ministerio Público) once the investigation process concludes with a report; he also contributed that a report from the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) assessing the environmental damage and impact on the Protection Area would be necessary. Finally, I reiterate that all investigative activities are protected under the guardianship of the Public Ministry as established by the legal system; therefore, there are no signs of arbitrariness, illegitimacy, or illegality in the actions of the Judicial Police (Policía Judicial). Having informed the honorable chamber, I allow myself to attach, for ulterior purposes, a copy of the following evidence, which is included in the records of the main case file, for the purpose of extensively illustrating what motivated the actions until today of both the judicial police and the Public Ministry, in decision-making always adhering to Due Process and therefore to our legal system.".

**4.-** By document incorporated into the case file at 8:59 hours on November 8, 2022, Álvaro Antonio Montoya Martínez, adjunto prosecutor (fiscal adjunto) of the First Judicial Circuit of San José, reports under oath the following: "I report that, according to the Management System of our Prosecutor's Office, case file 22-026687-0042-PE has not entered the Adjunta Prosecutor's Office of the First Judicial Circuit of San José. Regarding what is mentioned in the remedy filed by Mr. Rojas, the case will probably be sent to the Pavas Prosecutor's Office, which is the one that handles matters from the Escazú sector.".

**5.-** By document incorporated into the case file at 14:46 hours on November 9, 2022, Rafael Gutiérrez Rojas, acting Minister of Environment and Energy, reports under oath the following: "FIRST: The petitioner states that through VA-052-2022-JR he requested the Mayor of the Municipality of Escazú to indicate whether property 1-728948-000 with Cadastral No. SJ-29452-2022 has construction, demolition, expansion and/or remodeling permits, as well as whether it holds a commercial restaurant license (patente). It is not within my knowledge. What the petitioner stated refers specifically to actions carried out before the Municipality of Escazú and does not correspond to an act of my represented entity. As that corporation appears as the respondent, it must report on this fact. I do not omit to point out that what the petitioner consulted refers to matters that are the competence of the Municipality and not of this Ministry. Matters relating to permits for infrastructure works, whether construction or remodeling, as well as licenses for the development of commercial activities, fall outside the sphere of competence of my represented entity. SECOND: The petitioner continues by stating that on the fifteenth of September, two thousand twenty-two, he was notified of official document COR-DA-432-2022, signed by the mayor Bach. Arnoldo Barahona Cortes, which responds: a) The consulted land does not have a construction, demolition, expansion and/or remodeling permit. b) The commercial premises hold license (patente) 03-11554, which was granted on a temporary basis in order for the missing requirements to be completed. It is not within my knowledge. I must point out that by referring to competencies and correspondence between the petitioner and the Municipality of Escazú, the latter must, in its capacity as respondent, proceed to inform this Honorable Chamber. THIRD: He recounts that on the twenty-eighth of September of this year, he filed a complaint with the OIJ, for analysis of the alleged criminal offenses apparently committed by the municipal administration of Escazú, a case processed under number 22-026687-0042-PE / 000-22-027670. It is not within my knowledge. Again, it refers to actions taken by the petitioner before other institutions and does not correspond to acts of my represented entity. As the Judicial Investigation Organization is among the respondents, it must render a report on its actions as appropriate. FOURTH: In the fourth fact, the petitioner states that: '…said body has not issued any report on the matter despite the fact that I presented compelling evidence of the impact on the Protection Zone of the Agres River in accordance with numeral 33 of the Forest Law (Ley Forestal) 7575. The concern is that, while the proper investigation is being carried out by the competent bodies, no precautionary measure is established in accordance with the precautionary principle of In Dubio Pro Natura so as not to lament irreparable harm to the environment (…) For the reasons given, I request that this Amparo Remedy be granted and, consequently, that this honorable Court, as a precautionary measure, halt the commercial use and constructions within the protected area of the Agres River so as not to cause irreversible damage and that the remaining denounced acts be assessed in the corresponding venue.' It is not within my knowledge; what the petitioner pointed out refers to the actions or omissions of the Judicial Investigation Organization. As it is not an act of my represented entity, it is not possible to render a report. However, the San José Office, which by territory corresponds to the area for matters related to the competencies of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), has been consulted, and according to what the Head of the San José Office reported through official document SINAC-ACC-OSJ-of-1216-2022 addressed to the Legal Directorate of this Ministry: 'I indicate to you that to date, according to the review of the database for correspondence control, and, according to conversations with official Joshua Ramírez, of the OIJ's Environmental Crime Attention Section, the request for attention to said complaint has not been transferred to this unit for its handling.' As indicated above, the facts to which the petitioner refers do not correspond to actions of my represented entity. The offices of the National System of Conservation Areas have not received any complaint related to the facts of this remedy, as was reported. It is important to point out that the facts stated by the petitioner refer mostly to municipal competencies; both infrastructure permits and commercial licenses (patentes) are of municipal competence. Regarding the possible crimes or infractions mentioned, the petitioner indicates that he reported them to the Judicial Investigation Organization, which is legally possible as this is the primary judicial investigation body, and it is a citizen's right to choose that venue for reporting. In such cases, the administrative police authority, SINAC, will act in collaboration with them in accordance with the criminal procedural legislation. As it is also a citizen's prerogative to go to the administrative venue with this type of complaint, the relevant matter has been consulted, and the head of the San José Office reports that his collaboration in the handling of the case has not yet been requested by this Judicial Investigation Organization, nor has he received a complaint directly from the petitioner, therefore no violation of any right of the petitioner has been incurred by this Ministry. Thus, I have rendered the requested report, having as its basis, in turn, the report by the officials in charge of these processes. I request that these reports be incorporated into my response. LEGAL BASIS: Given the foregoing, this Office considers that the constitutional rights of the petitioner have not been violated either by action or omission by the administrative departments of this Ministry. The facts on which he bases his amparo argument do not correspond to actions or omissions of this Ministry, as he has not presented any proceeding before the departments of this portfolio.".

**6.-** By document incorporated into the case file at 12:33 hours on November 11, 2022, Arnoldo Barahona Cortés, mayor of Escazú, renders a report under oath. He states that on September 7, 2022, the municipality received official document VA-052-2022-JR sent by the protected party, who posed: "FIRST: I beg you to indicate to me the construction and demolition permit number, as well as the APC project number for property number 1-728948-000 with plan SJ-29452-2022, which was carried out during this year 2022. SECOND: I beg you to indicate to me the license (patente) number with which the commercial activity called Café Negroni located on the aforementioned property operates." He argues that the inquiry was addressed through official document no. COR-DA-432-2022, notified to the petitioner on September 15, 2022. He notes that this official document indicated: "(…) A response is provided through official document COR-CC-865-2022 from the Construction Control Subprocess indicating the following: 'In relation to the lack of inquiry about any construction procedure processed for the property in question, it must be indicated that to date only the construction permit application associated with contract CFIA-1041077 with municipal case file No. 435-22 is registered.' Second Point: A response is provided through official document COR-TRI-00084-2022 from the Tax Process indicating the following: 'According to municipal records, the commercial activity called Caffe Negroni is under number 03-11554, granted on a temporary basis from August 26, 2022, to November 25, 2022.'" He sets forth: "It concerns this official that Mr. Rojas interprets the response provided by the Municipality of Escazú, given that in the amparo remedy he presents to the High Court facts that are totally different with the intention of creating confusion, since the response provided by this Municipal Corporation was very clear and cannot be subject to interpretation as Mr. Rojas recklessly did; if he was unclear about the response, he could have requested clarification of it, but it surprises the undersigned that he presents totally different facts and, even more worryingly, files a complaint with the Judicial Investigation Organization against this municipality interpreting the response provided by this Municipality. Now, it being clear that the Municipality did not harm any right of Mr. Rojas, since his information request was attended to in a timely manner (…)".

**7.-** By document incorporated into the case file at 6:45 hours on November 21, 2022, the petitioner states: "1- Since the written filing of this remedy, the undersigned has made it clear that what is sought lies solely in ensuring the protection of the environment, in the case at hand, that the protection zone of the Agres River be respected, clearly regulated in Article 33 of the Forest Law and especially section 50 of our Magna Carta. 2- From the foregoing, it is evident to this petitioner that the other denounced acts, allegedly committed by the municipal administration, will be the subject of investigation in the corresponding jurisdictional venue, as this Court is not competent to hear or resolve aspects beyond the substance of the amparo remedy. This petitioner understands that the reason the referred remedy exists is the protection (tutela) of fundamental rights and not the resolution of matters of legality and others that fall strictly within the competence of the Courts of Justice. 3- For its part, official document COR-AJJ-756-2022 signed by mayor Arnoldo Barahona Cortés, confirms what was stated in the documents I attached for this Court's knowledge with the filing of the remedy; and that is that despite what the Construction Law (Ley de Construcciones) states (closure), regarding civil works carried out without the respective construction license, the administration, without an enabling norm, allowed the respective process to continue and even granted the commercial operating license (licencia comercial de patente), the respective construction permit and its work completion certificate (recibimiento de obra) being a sine qua non requirement for the granting of this latter license, in accordance with the aforementioned regulations. 4- Having said that, with utmost respect I submit this document to that Chamber so that the reason that motivated the filing of the remedy is clear, which is the protection of the right to a healthy environment enshrined in Art. 50 of our Constitutional Text. Because as of today, the situation described regarding the construction of new works and a remodeling within the protection zone of the Agres River has not been addressed in protection of our environment.".

**8.-** In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Rueda Leal; and,

**Considering:**

**I.- SUBJECT OF THE REMEDY.** The complainant indicates that, on September 7, 2022, through official document VA-052-2022-JR, he consulted the Municipality of Escazú to indicate to him whether property 1-728948-000, with plan SJ-29452-2022, has a construction, demolition, expansion and/or remodeling permit, as well as whether it holds a commercial restaurant license (patente). He details that on September 15, 2022, he was notified of official document COR-DA-432-2022, where the mayor recorded: "a) The consulted land does not have a construction, demolition, expansion and/or remodeling permit. b) The commercial premises hold license (patente) 03-11554, which was granted on a temporary basis in order for the missing requirements to be completed." He recounts that, for this reason, on September 28, 2022, he filed a complaint with the OIJ against the Municipality of Escazú, which is processed under case file no. 22-026687-0042-PE. He complains that no report has been rendered in the criminal case, despite the fact that he provided compelling evidence. He requests that the commercial use and constructions within the protected area of the Agres River be halted.

**II.- PROVEN FACTS.** Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent authority has failed to refer to them, according to what was provided in the initial order:

Regarding the Municipality of Escazú:

a) On September 7, 2022, the petitioner presented a proceeding before the respondent municipality, in which he indicated: "(…) I request that you interpose your good offices so that I may be provided with answers to the following questions about the license (patente) of the business called Café Negroni. FIRST: I beg you to indicate to me the construction and demolition permit number, as well as the APC project number for property number 1-728948-000 with plan SJ-29452-2022, which was carried out during this year 2022. SECOND: I beg you to indicate to me the license (patente) number with which the commercial activity called Café Negroni, located on the aforementioned property, operates. THIRD: I beg you to indicate to me the name of the official from the inspections department who performed the work completion certificate (recepción de obras) and a copy of the document where the work was received." (Documentary evidence).

b) On September 15, 2022, the respondent municipality notified the protected party of official document no. COR-DA-432-2022, in which it was stated: "(…) A response is provided through official document COR-CC-865-2022 from the Construction Control Subprocess indicating the following: 'In relation to the lack of inquiry about any construction procedure processed for the property in question, it must be indicated that to date only the construction permit application associated with contract CFIA-1041077 with municipal case file No. 435-22 is registered.' Second Point: A response is provided through official document COR-TRI-00084-2022 from the Tax Process indicating the following: 'According to municipal records, the commercial activity called Caffe Negroni is under number 03-11554, granted on a temporary basis from August 26, 2022, to November 25, 2022.' Third Point: A response is provided through official document COR-IG-0769-2022, from the General Inspection Subprocess indicating the following: Through official document COR-IG-0724-2022 dated August 25 of the current year, Architect Javier Solís Vargas, in his capacity as Acting Coordinator of the General Inspection Subprocess, granted a construction works completion certificate (recepción de obras constructivas) for three calendar months for the continuity of the commercial license (licencia comercial) procedure in the name of Caffe Negroni. The foregoing, supported by the construction permit procedure that is under review through contract CFIA OC 1041077 on the APC (Construction Project Administrator, Administrador de Proyectos de Construcción) platform." (Report of the respondent authority and documentary evidence).

In relation to the Ministry of Environment and Energy:

c) The Minister of Environment and Energy reports that no complaint concerning the facts alluded to by the petitioner has been received in the offices of the National System of Conservation Areas. (Report of the respondent authority).

Regarding the Judicial Investigation Organization:

d) On September 28, 2022, the petitioner filed a complaint with the Judicial Investigation Organization, which is processed under summary file no. 22-026687-0042-PE, for the alleged crime of invasion of a protection area. In this proceeding, the petitioner accused "an apparent invasion and impact on the protection area of the Agres River, this in the sector of San José, Escazú, San Rafael, from the Presbitero Yanuario Quesada School 150 meters west of the main entrance, as well as some inactions by the Municipality of Escazú regarding the granting of construction permits and licenses (patentes) to a particular business, this being the one affecting the protection area of the mentioned body of water." (Report of the OIJ).

e) On October 4, 2022, the investigator in charge conducted an inspection at the site. (Report of the respondent authority).

f) On October 11, 2022, an interview was conducted with the complainant. (Report of the respondent authority).

g) On October 27, 2022, the investigator received documentation requested from the Municipality of Escazú. (Report of the respondent authority).

h) On November 4, 2022, the OIJ held a functional direction meeting with the Pavas Prosecutor's Office. (Report of the respondent authority).

Regarding the Adjunta Prosecutor's Office of the I Judicial Circuit of San José:

i) The adjunto prosecutor of the Adjunta Prosecutor's Office of the I Judicial Circuit of San José reports that case file no. 22-026687-0042-PE has not been assigned to that office. (Report of the respondent authority).

**III.- UNPROVEN FACTS.** Of importance for the resolution of this matter, the following is deemed not proven:

a) That the petitioner had presented any environmental complaint before the respondent municipality or before the MINAE authorities for any infringement to the protected area of the Agres River.

**IV.- ON THE SPECIFIC CASE.** In the case at bar (sub lite), the complainant indicates that, on September 7, 2022, through official document VA-052-2022-JR, he consulted the Municipality of Escazú to indicate to him whether property 1-728948-000, with plan SJ-29452-2022, has a construction, demolition, expansion and/or remodeling permit, as well as whether it holds a commercial restaurant license (patente). He details that on September 15, 2022, he was notified of official document COR-DA-432-2022, where the mayor recorded: "a) The consulted land does not have a construction, demolition, expansion and/or remodeling permit. b) The commercial premises hold license (patente) 03-11554, which was granted on a temporary basis in order for the missing requirements to be completed." He recounts that, for this reason, on September 28, 2022, he filed a complaint with the OIJ against the Municipality of Escazú, which is processed under case file no. 22-026687-0042-PE. He complains that no report has been rendered in the criminal case, despite the fact that he provided compelling evidence. He requests that the commercial use and constructions within the protected area of the Agres River be halted.

From the study of the case records, it is proven that, on September 7, 2022, the petitioner presented a proceeding before the respondent municipality, in which he indicated: "(…) I request that you interpose your good offices so that I may be provided with answers to the following questions about the license (patente) of the business called Café Negroni. FIRST: I beg you to indicate to me the construction and demolition permit number, as well as the APC project number for property number 1-728948-000 with plan SJ-29452-2022, which was carried out during this year 2022. SECOND: I beg you to indicate to me the license (patente) number with which the commercial activity called Café Negroni, located on the aforementioned property, operates. THIRD: I beg you to indicate to me the name of the official from the inspections department who performed the work completion certificate (recepción de obras) and a copy of the document where the work was received." On September 15, 2022, the respondent municipality notified the protected party of official document no. COR-DA-432-2022, in which it was stated: "(…) A response is provided through official document COR-CC-865-2022 from the Construction Control Subprocess indicating the following: 'In relation to the lack of inquiry about any construction procedure processed for the property in question, it must be indicated that to date only the construction permit application associated with contract CFIA-1041077 with municipal case file No. 435-22 is registered.' Second Point: A response is provided through official document COR-TRI-00084-2022 from the Tax Process indicating the following: 'According to municipal records, the commercial activity called Caffe Negroni is under number 03-11554, granted on a temporary basis from August 26, 2022, to November 25, 2022.' Third Point: A response is provided through official document COR-IG-0769-2022, from the General Inspection Subprocess indicating the following: Through official document COR-IG-0724-2022 dated August 25 of the current year, Architect Javier Solís Vargas, in his capacity as Acting Coordinator of the General Inspection Subprocess, granted a construction works completion certificate (recepción de obras constructivas) for three calendar months for the continuity of the commercial license (licencia comercial) procedure in the name of Caffe Negroni. The foregoing, supported by the construction permit procedure that is under review through contract CFIA OC 1041077 on the APC (Construction Project Administrator, Administrador de Proyectos de Construcción) platform."

The Minister of Environment and Energy reports that the offices of the National System of Conservation Areas have received no complaint concerning the facts alleged by the appellant. On 28 September 2022, the appellant filed a complaint with the Judicial Investigation Agency, which is being processed under summary case no. 22-026687-0042-PE, for the alleged crime of invasion of a protection area. In that filing, the appellant accused “an apparent invasion and damage to the protection area of the Agres River, in the sector of San José, Escazú, San Rafael, from the Presbitero Yanuario Quesada School 150 meters west of the main entrance, as well as some inactions by the Municipality of Escazú regarding the granting of construction permits and licenses to a particular business, which is the one affecting the protection area of the aforementioned body of water.” On 4 October 2022, the investigator in charge conducted an on-site inspection. On 11 October 2022, an interview was held with the complainant. On 27 October 2022, the investigator received documentation requested from the Municipality of Escazú. On 4 November 2022, the OIJ held a functional direction meeting with the Pavas Prosecutor's Office. The deputy prosecutor of the Deputy Prosecutor's Office of the First Judicial Circuit of San José reports that case file no. 22-026687-0042-PE has not been received by that office.

From this perspective, in the terms set forth by the plaintiff, any situation that, at this time, warrants the intervention of this constitutional jurisdiction is prima facie ruled out.

V.- First, with regard to the Municipality of Escazú, it is verified that on 7 September 2022 the appellant filed a request for information, in which he specifically requested to be informed of the following regarding the business called “Café Negroni”: “the number (sic) of the construction and demolition permit, also the APC project number for property number 1-728948-000 with plan SJ-29452-2022 (…) the license number under which the commercial activity called Café Negroni operates, located on the aforementioned property (…) the name of the official from the inspections department who performed the works acceptance (recepción de obras) and a copy of the document where the work was accepted.”

This filing was answered by the respondent municipality on 15 September 2022 through official letter no. COR-DA-432-2022, in which it was stated: “(…) Regarding (sic) the lack of consultation on any construction proceeding processed for the property in question, it must be noted that to date only the application for a construction permit associated with contract CFIA-1041077 under municipal file No. 435-22 is registered.” Second Point: (…) According to municipal records, the commercial activity called Caffe Negroni is under number 03-11554 granted temporarily from 26 August 2022 to 25 November 2022.” Third Point: A response is provided through official letter COR-IG-0769-2022, from the General Inspection Subprocess which indicates the following: Through official letter COR-IG-0724-2022 dated 25 August of this year, Architect Javier Solís Vargas, in his capacity as Acting Coordinator of the General Inspection Subprocess, granted a construction works acceptance for three calendar months for the continuity of the commercial license proceeding in the name of Caffe Negroni. The foregoing, covered by the construction permit proceeding that is under review through contract CFIA OC 1041077 on the APC (Construction Project Administrator) platform.”

Now, it does not appear from the case record that the plaintiff filed any formal complaint with the respondent municipality regarding any irregularity in the protection zone of the Agres River. Nor can such a situation be inferred from the filing of 7 September 2022, since, as can be seen, what was requested was information pertaining to the construction permit number and the license for a specific business, which was answered by the local government.

Thus, it is appropriate to bring up what this Chamber has held in analogous circumstances. For instance, in judgment no. 2019017163 of 10:10 a.m. on 10 September 2019, it was stated:

“II.- SPECIFIC CASE. Although from the evidence submitted to the case record it is verified that at 3:29 p.m. on 16 July 2019, a document signed by the amparado was received, via email, in compliance with the provision in the resolution of 4:53 p.m. on 12 July 2019, this situation does not alter what was decided in judgment No. 2019-014416 of 2:20 p.m. on 1 August 2019. Repeatedly, this Court has indicated that the constitutional avenue must not substitute the active Administration in its competencies, nor is it a complaint-processing instance. The foregoing is not the same as exhausting the administrative remedy, but rather the simple admission that this Court must not directly substitute the will of the Administration and supplant public offices in the handling of matters within their competence. In this regard, in a similar case, this Court held in relevant part:

\"II.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the appellant comes directly to this Court to report a problem of a lack of public restrooms, without alleging or proving having gone before the respondent municipality to formally file the corresponding claim. Now, as has been repeatedly stated, this Court must not substitute the active Administration in its competencies nor is it a complaint-processing instance. Therefore, coming directly to this venue, without first filing the corresponding complaints before the competent authorities, prevents the attribution of an illegitimate omission that violates the fundamental rights of persons. Thus, the amparado must first go before the respondent authorities to formally present the aforementioned claim, so that they may take the pertinent measures to resolve the reported problem or, failing that, assert his claim through the ordinary legal remedy. The foregoing without prejudice to the amparado resorting to the constitutional remedy, after an unreasonable period has elapsed without effective action by the Administration and provided there is a threat or violation of a fundamental right.\"

This Chamber considers that the transcribed precedent is applicable to the case at hand, since no grounds are found to vary the transcribed criterion. Thus, as it is not verified that the appellant previously reported any damage to the aforementioned protected area to the respondent municipality, any omission by that agency susceptible to being declared in this summary proceeding is a priori ruled out.

VI.- Now, this Court notes that the appellant considered that officials of the respondent municipality committed crimes, due to alleged inactions and irregularities regarding construction permits and licenses for a commercial establishment, which in turn affects and damages the protection zone of the aforementioned river. Therefore, on 28 September 2022, he filed a complaint with the OIJ, so that the corresponding investigation would be carried out, which is still underway under summary case no. 22-026687-0042-PE.

In this regard, first, it must be noted that it is not for this Chamber to determine whether the facts in question constitute or not a crime punishable by criminal legislation, nor is it incumbent upon this Court to determine whether there is merit in that summary case to issue any specific precautionary measure. These aspects must be analyzed and resolved by the competent ordinary instances, within the framework of the criminal proceeding that is currently underway, for this Chamber cannot act as an appellate instance in the criminal jurisdiction and lacks the authority to supplement or supplant the corresponding authorities in the functions entrusted to them by law. Thus, if the appellant considers that a precautionary measure should be issued within the summary case, or if he considers that certain proceedings or procedural acts should be carried out, he must raise what is pertinent within the criminal proceeding itself, through the mechanisms that procedural legislation establishes for such purposes.

Likewise, although the protected party also claims that the OIJ investigation has been delayed, since the respective report has not yet been issued, it must be warned that, regarding criminal matters, this Court has repeatedly stated that, if any delay has occurred in the processing of any matter, appeal, or filing, the interested party must file a prompt dispatch motion (pronto despacho) and, if no response is obtained within the legally established timeframe, may file the respective complaint before the Judicial Inspection, the Prosecutor Inspection, or the Plenary Court, as applicable. The foregoing in accordance with the provisions of Article 174 of the Code of Criminal Procedure. (See in the same vein judgments nos. 2785-2020 of 10:05 a.m. on 11 February 2020, 2095-2020 of 9:30 a.m. on 31 January 2020, 2022011044 of 9:20 a.m. on 17 May 2022, 2022022238 of 9:20 a.m. on 23 September 2022, among others).

Consequently, the appeal is declared without merit regarding this point.

VII.- Finally, regarding MINAE and the Deputy Prosecutor's Office of the First Judicial Circuit of San José, the appeal must also be dismissed.

In the case of MINAE, it was reported under oath that none of its agencies has received any complaint from the plaintiff regarding the situation that is the subject of this appeal.

For his part, the respondent deputy prosecutor reported that the summary case currently being investigated by the Judicial Investigation Agency has not been received by that office.

Consequently, any omission by the referred authorities that, at this time, warrants the intervention of this Chamber is ruled out.

VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the appellant that if any document has been provided, whether on paper, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic support or produced by new technologies, these must be removed from the office, within a period of 30 business days, after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the “Regulations on Electronic Case Files before the Judiciary,” approved by the Plenary Court in session No. 27-11 of 22 August 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of 26 January 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on 3 May 2012, article LXXXI.

 

Por tanto:

 

 It is declared without merit the appeal.

 

 

 

\t

Fernando Castillo V.

Presidente

\t

 



Fernando Cruz C.

\t

 

\t

Paul Rueda L.



Jorge Araya G.

\t

 

\t

Anamari Garro V.



Aracelly Pacheco S.

\t

 

\t

Jose Roberto Garita N.

 

 

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