Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)En consecuencia, estima esta Sala que el plazo que ha transcurrido para resolver la denuncia planteada por la parte tutelada y comunicarle lo respectivo por parte de las autoridades recurridas es desproporcionado, por cuanto, ha transcurrido un plazo de, casi dos años, desde la presentación de la denuncia apuntada, sin que a la fecha esta haya sido resuelta, con el agravante que el amparado continúa afectado por la problemática en cuestión. Bajo esta inteligencia, considera esta Sala que el recurso debe ser declarado con lugar, con las consideraciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia.
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Vanessa Rodríguez Rodríguez y Diego Murillo Barrantes, por su orden Alcaldesa y Encargado de la Unidad de Gestión Urbana y Obras Comunales, ambos de la Municipalidad de Sarapiquí, o a quienes ocupen el cargo, que realicen las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y establezcan las acciones y coordinaciones interinstitucionales necesarias, para que en el plazo máximo de un mes contado a partir de la notificación de esta sentencia, se realicen las verificaciones que correspondan para que se determinen las acciones a seguir, y en caso de verificarse la situación denunciada, en el plazo máximo de seis meses contados a partir de ese momento, se realicen todas las acciones que resulten pertinentes para dar solución definitiva a la problemática planteada, y se informe de manera formal a la parte recurrente de lo actuado y resuelto.
English (translation)Consequently, this Chamber considers that the time elapsed to resolve the complaint filed by the petitioner and to communicate the corresponding decision by the respondent authorities is disproportionate, given that almost two years have passed since the complaint was lodged, yet it remains unresolved, and the petitioner continues to suffer from the problem at hand. In light of this, the Chamber finds that the amparo must be granted, with the considerations to be set forth in the operative part of this judgment.
The amparo is granted. Vanessa Rodríguez Rodríguez and Diego Murillo Barrantes, in their capacities as Mayor and Head of the Urban Management and Community Works Unit, respectively, of the Municipality of Sarapiquí, or whoever holds those positions, are ordered to carry out such actions within their competence and establish the necessary inter-institutional actions and coordination so that, within a maximum period of one month from notification of this judgment, the appropriate verifications are conducted to determine the steps to follow, and should the reported situation be confirmed, to take all pertinent actions within six months thereafter to provide a definitive solution to the problem raised, and to formally inform the petitioner of what has been done and decided.
Granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 01129 - 2023 Fecha de la Resolución: 20 de Enero del 2023 a las 09:20 Expediente: 22-027354-0007-CO Redactado por: Jorge Araya Garcia Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Contenido de Interés: Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas: ALCANTARILLADO. 001129-23. MUNICIPALIDAD. SE CUESTIONA EL PROBLEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS NEGRAS QUE GENERA UN PRECARIO EN HORQUETAS DE SARAPIQUÍ. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO. SE ORDENA A LA ALCALDESA Y ENCARGADO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN URBANA Y OBRAS COMUNALES, AMBOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ, QUE REALICEN LAS ACTUACIONES QUE ESTÉN DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ESTABLEZCAN LAS ACCIONES Y COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES NECESARIAS, PARA QUE EN EL PLAZO MÁXIMO DE UN MES CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA, SE REALICEN LAS VERIFICACIONES QUE CORRESPONDAN PARA QUE SE DETERMINEN LAS ACCIONES A SEGUIR, Y EN CASO DE VERIFICARSE LA SITUACIÓN DENUNCIADA, EN EL PLAZO MÁXIMO DE SEIS MESES CONTADOS A PARTIR DE ESE MOMENTO, SE REALICEN TODAS LAS ACCIONES QUE RESULTEN PERTINENTES PARA DAR SOLUCIÓN DEFINITIVA A LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA, Y SE INFORME DE MANERA FORMAL A LA PARTE RECURRENTE DE LO ACTUADO Y RESUELTO. VCG02/2023 “(…) I.- Cuestión Preliminar. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia ambiental, la cual, presuntamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable por parte de la Municipalidad recurrida. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. II.- Objeto del recurso. Alega la recurrente que el 1° de febrero de 2021, presentó una denuncia ante la Municipalidad de Sarapiquí, en virtud de la contaminación y afectaciones que generan unas edificaciones irregulares realizadas cerca de su vivienda. Asegura que a la fecha en que presenta este recurso la denuncia no ha sido resuelta ni se le ha indicado cómo procederá el municipio recurrido para atenderla, lo que estima lesivo de sus derechos fundamentales. III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: 1) El 1° de febrero de 2021, el amparado presentó una denuncia ante la Municipalidad de Sarapiquí, en virtud de la contaminación que genera una serie de edificaciones irregulares que se encuentran cerca de su vivienda y que no cuentan con un sistema sanitario de evacuación de aguas negras y todas van a parar a una zona de estancamiento, convirtiéndose en un foco de infecciones y enfermedades; además, de que se le impide el libre acceso a su propiedad (ver prueba aportada al expediente). 2) A la denuncia planteada por el recurrente se le asignó el número 25023 (ver informe rendido por la autoridad recurrida). 3) Por medio de oficio No. MSGV-085-2021 de 3 de marzo de 2021, la autoridad recurrida le comunicó al tutelado “(…) Con respecto al trámite municipal #25023, interpuesto por su persona el pasado 1 de febrero de 2021, le informamos que estamos coordinando con el Departamento Legal de la Municipalidad, los pormenores para iniciar el trámite dispuesto por la Ley en estos casos. Como comprenderá, de comprobarse la invasión del derecho de vía pública cantonal de esta magnitud, que incluye construcciones de viviendas informales incluso, la Municipalidad debe de cumplir una serie de requisitos legales y administrativos de manera que no se atente con la integridad de ninguna persona, incluidos los menores de edad o personas adultas mayores que presumiblemente están habitando dichos ranchos indicados por su persona. La otra semana, tendremos la respuesta del Departamento Legal, y en caso de ser afirmativa daremos inicio con los estudios de catastro de la zona para definir la demanialidad del terreno (…)” (ver informe rendido por la autoridad recurrida y prueba aportada al expediente). 4) Mediante oficio No. MSGV-669-2022 de 4 de noviembre de 2022, la Unidad Técnica de Gestión Vial le solicitó a la Planificación Sectorial de la Municipalidad colaboración con la denuncia presentada por el amparado, con el fin de determinar si se está dando mal uso del derecho de vía frente a su propiedad (ver prueba aportada al expediente). 5) El 29 de noviembre de 2022, se presentó este recurso (los autos). 6) El 20 de diciembre de 2022, se notificó a las autoridades recurridas la resolución de curso de este proceso de amparo (ver acta de notificación). IV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la parte recurrente acusa que el 1° de febrero de 2021, presentó una denuncia ante la Municipalidad de Sarapiquí, en virtud de la contaminación y afectaciones que generan unas edificaciones irregulares realizadas cerca de su vivienda. Asegura que a la fecha en que presenta este recurso la denuncia no ha sido resuelta ni se le ha indicado cómo procederá el municipio recurrido para atenderla, lo que estima lesivo de sus derechos fundamentales. Al respecto, esta Sala verifica que, en el caso concreto, efectivamente, el día 1° de febrero de 2021, el recurrente presentó una denuncia ante la Municipalidad de Sarapiquí, que el 1° de febrero de 2021, presentó una denuncia ante la Municipalidad de Sarapiquí, en virtud de la contaminación y afectaciones que generan unas edificaciones irregulares realizadas cerca de su vivienda. Asegura que a la fecha en que presenta este recurso la denuncia no ha sido resuelta ni se le ha indicado cómo procederá el municipio recurrido para atenderla, lo que estima lesivo de sus derechos fundamentales. Asimismo, se verificó que el municipio recurrido recibió la denuncia y le asignó el número 25023. Sin embargo, a la fecha de presentación de este recurso, no consta que la Administración haya resuelto la situación acusada por la parte recurrente. Ciertamente, se pudo verificar que, desde el 1° de marzo de 2021, la autoridad recurrida le comunicó al recurrente que se encontraban a la espera de un criterio del Departamento Legal para proceder con la atención de la situación denunciada y consta también que, fue hasta el 4 de noviembre de 2022, es decir, 20 meses después, se solicitó colaboración al efecto a la Planificación Sectorial del municipio. Aunado a lo anterior, en el informe rendido por la municipalidad se limitan a indicar que se encuentran a la espera de una serie de información para determinar si se trata de una ruta cantonal o si existe algún traslape en unas propiedades del INDER en la zona denunciada. No obstante lo anterior, de los autos no se evidencia aún que exista actuación alguna que pueda resolver la denuncia planteada por el tutelado desde inicios del 2021 ni tampoco se indica de manera clara cuándo será atendida la situación que se plantea en ella. En consecuencia, estima esta Sala que el plazo que ha transcurrido para resolver la denuncia planteada por la parte tutelada y comunicarle lo respectivo por parte de las autoridades recurridas es desproporcionado, por cuanto, ha transcurrido un plazo de, casi dos años, desde la presentación de la denuncia apuntada, sin que a la fecha esta haya sido resuelta, con el agravante que el amparado continúa afectado por la problemática en cuestión. Bajo esta inteligencia, considera esta Sala que el recurso debe ser declarado con lugar, con las consideraciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia. (…)” ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida Subtemas: NO APLICA. V.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico. VCG02/2023 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas: ALCANTARILLADO. VI.- Nota del Magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa que aproximadamente hace cinco años, un grupo de personas invadieron una calle municipal, con la que colinda la propiedad del recurrente, realizando a lo largo de los años edificaciones en estados precarios de manera irregular e ilegal, lo cual, ha repercutido en una serie de afectaciones, como que no cuentan con un sistema sanitario de evacuación de aguas negras, ya que hicieron caños y todas esas aguas de drenajes irregulares, pilas, baños y demás van a parar a una zona de estancamiento, convirtiéndose en un foco de infecciones y enfermedades. Además, precisa que frente a la entrada de la propiedad, uno de los vecinos ha construido un taller, impidiendo el libre acceso y uso de la calle pública. Refiere, que presentó una denuncia por tal situación desde el 1 de febrero de 2021, pero no se ha solucionado la situación, en claro quebranto a sus derechos fundamentales a la salud y a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida. VCG02/2023 ... Ver más Texto de la resolución Exp: 22-027354-0007-CO Res. Nº 2023001129 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinte de enero de dos mil veintitres . Recurso de amparo interpuesto por Nombre81894, cédula de identidad No. CED44635, contra la MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 21:53 horas de 29 de noviembre de 2022, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Sarapiquí. Manifiesta que es propietario de una finca situada en Horquetas de Sarapiquí, matrícula folio real No. 122692-000. Afirma que aproximadamente hace 5 años, un grupo de personas invadieron una calle municipal, con la que colinda su propiedad, realizando a lo largo de los años edificaciones en estados precarios de manera irregular e ilegal, lo cual, ha repercutido en una serie de afectaciones, como que no cuentan con un sistema sanitario de evacuación de aguas negras, ya que hicieron caños y todas esas aguas de drenajes irregulares, pilas, baños y demás van a parar a una zona de estancamiento, convirtiéndose en un foco de infecciones y enfermedades. Precisa que, frente a la entrada de la propiedad, uno de los vecinos ha construido un taller, impidiendo el libre acceso y uso de la calle pública. Agrega que el 1° de febrero de 2021 interpuso la denuncia, ante la municipalidad recurrida, con número de oficio 703310980, consecutivo municipal No. 25023; sin embargo, a la fecha de presentado el amparo no ha recibido solución alguna. Solicita que se declare con lugar el recurso. 2.- En resolución de las 22:08 horas de 6 de diciembre de 2022, se previene al recurrente que aporte copia completa, legible y con el respectivo comprobante de recibido o remisión de correo electrónico de la denuncia con número de oficio No. 703310980. 3.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 18:33 horas de 10 de diciembre de 2022, el recurrente cumple con lo prevenido. 4.- En resolución de las 11:26 horas de 13 de diciembre de 2022, se le da curso al proceso y se solicita informe al Alcalde y al Jefe de la Unidad de Gestión Urbana y Obras Comunales, ambos de la Municipalidad de Sarapiquí, sobre los hechos alegados por el recurrente. 5.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 11:13 horas de 22 de diciembre de 2022, informan bajo juramento Vanessa Rodríguez Rodríguez y Diego Murillo Barrantes, por su orden Alcaldesa y Encargado de la Unidad de Gestión Urbana y Obras Comunales, ambos de la Municipalidad de Sarapiquí, que“(…) se está a la espera de que nos informen la verdadera naturaleza del jurídica del tramo de interés, tomando en cuenta además que según información catastral y que ha sido de estudio por los ingenieros municipales existe un posible traslape con terrenos del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) (…) queda claro que no existe materialmente ningún impedimento que evite que el ciudadano Nombre81895 tenga acceso de forma libre y voluntaria a su propiedad o bien pueda ser atribuido a la Municipalidad (…) Ciertamente existe una problemática en el sector que debe ser atendida con la seriedad del caso (…) mediante el documento MSGV-085-2021 de fecha 3 de marzo de 2021 se le brindó la debida contestación al ciudadano (…)”. Solicitan se declare sin lugar el recurso. 6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Araya García; y, Considerando: I.- Cuestión Preliminar. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia ambiental, la cual, presuntamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable por parte de la Municipalidad recurrida. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. II.- Objeto del recurso. Alega la recurrente que el 1° de febrero de 2021, presentó una denuncia ante la Municipalidad de Sarapiquí, en virtud de la contaminación y afectaciones que generan unas edificaciones irregulares realizadas cerca de su vivienda. Asegura que a la fecha en que presenta este recurso la denuncia no ha sido resuelta ni se le ha indicado cómo procederá el municipio recurrido para atenderla, lo que estima lesivo de sus derechos fundamentales. III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: 1) El 1° de febrero de 2021, el amparado presentó una denuncia ante la Municipalidad de Sarapiquí, en virtud de la contaminación que genera una serie de edificaciones irregulares que se encuentran cerca de su vivienda y que no cuentan con un sistema sanitario de evacuación de aguas negras y todas van a parar a una zona de estancamiento, convirtiéndose en un foco de infecciones y enfermedades; además, de que se le impide el libre acceso a su propiedad (ver prueba aportada al expediente). 2) A la denuncia planteada por el recurrente se le asignó el número 25023 (ver informe rendido por la autoridad recurrida). 3) Por medio de oficio No. MSGV-085-2021 de 3 de marzo de 2021, la autoridad recurrida le comunicó al tutelado “(…) Con respecto al trámite municipal #25023, interpuesto por su persona el pasado 1 de febrero de 2021, le informamos que estamos coordinando con el Departamento Legal de la Municipalidad, los pormenores para iniciar el trámite dispuesto por la Ley en estos casos. Como comprenderá, de comprobarse la invasión del derecho de vía pública cantonal de esta magnitud, que incluye construcciones de viviendas informales incluso, la Municipalidad debe de cumplir una serie de requisitos legales y administrativos de manera que no se atente con la integridad de ninguna persona, incluidos los menores de edad o personas adultas mayores que presumiblemente están habitando dichos ranchos indicados por su persona. La otra semana, tendremos la respuesta del Departamento Legal, y en caso de ser afirmativa daremos inicio con los estudios de catastro de la zona para definir la demanialidad del terreno (…)” (ver informe rendido por la autoridad recurrida y prueba aportada al expediente). 4) Mediante oficio No. MSGV-669-2022 de 4 de noviembre de 2022, la Unidad Técnica de Gestión Vial le solicitó a la Planificación Sectorial de la Municipalidad colaboración con la denuncia presentada por el amparado, con el fin de determinar si se está dando mal uso del derecho de vía frente a su propiedad (ver prueba aportada al expediente). 5) El 29 de noviembre de 2022, se presentó este recurso (los autos). 6) El 20 de diciembre de 2022, se notificó a las autoridades recurridas la resolución de curso de este proceso de amparo (ver acta de notificación). IV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la parte recurrente acusa que el 1° de febrero de 2021, presentó una denuncia ante la Municipalidad de Sarapiquí, en virtud de la contaminación y afectaciones que generan unas edificaciones irregulares realizadas cerca de su vivienda. Asegura que a la fecha en que presenta este recurso la denuncia no ha sido resuelta ni se le ha indicado cómo procederá el municipio recurrido para atenderla, lo que estima lesivo de sus derechos fundamentales. Al respecto, esta Sala verifica que, en el caso concreto, efectivamente, el día 1° de febrero de 2021, el recurrente presentó una denuncia ante la Municipalidad de Sarapiquí, que el 1° de febrero de 2021, presentó una denuncia ante la Municipalidad de Sarapiquí, en virtud de la contaminación y afectaciones que generan unas edificaciones irregulares realizadas cerca de su vivienda. Asegura que a la fecha en que presenta este recurso la denuncia no ha sido resuelta ni se le ha indicado cómo procederá el municipio recurrido para atenderla, lo que estima lesivo de sus derechos fundamentales. Asimismo, se verificó que el municipio recurrido recibió la denuncia y le asignó el número 25023. Sin embargo, a la fecha de presentación de este recurso, no consta que la Administración haya resuelto la situación acusada por la parte recurrente. Ciertamente, se pudo verificar que, desde el 1° de marzo de 2021, la autoridad recurrida le comunicó al recurrente que se encontraban a la espera de un criterio del Departamento Legal para proceder con la atención de la situación denunciada y consta también que, fue hasta el 4 de noviembre de 2022, es decir, 20 meses después, se solicitó colaboración al efecto a la Planificación Sectorial del municipio. Aunado a lo anterior, en el informe rendido por la municipalidad se limitan a indicar que se encuentran a la espera de una serie de información para determinar si se trata de una ruta cantonal o si existe algún traslape en unas propiedades del INDER en la zona denunciada. No obstante lo anterior, de los autos no se evidencia aún que exista actuación alguna que pueda resolver la denuncia planteada por el tutelado desde inicios del 2021 ni tampoco se indica de manera clara cuándo será atendida la situación que se plantea en ella. En consecuencia, estima esta Sala que el plazo que ha transcurrido para resolver la denuncia planteada por la parte tutelada y comunicarle lo respectivo por parte de las autoridades recurridas es desproporcionado, por cuanto, ha transcurrido un plazo de, casi dos años, desde la presentación de la denuncia apuntada, sin que a la fecha esta haya sido resuelta, con el agravante que el amparado continúa afectado por la problemática en cuestión. Bajo esta inteligencia, considera esta Sala que el recurso debe ser declarado con lugar, con las consideraciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia. V.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico. VI.- Nota del Magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa que aproximadamente hace cinco años, un grupo de personas invadieron una calle municipal, con la que colinda la propiedad del recurrente, realizando a lo largo de los años edificaciones en estados precarios de manera irregular e ilegal, lo cual, ha repercutido en una serie de afectaciones, como que no cuentan con un sistema sanitario de evacuación de aguas negras, ya que hicieron caños y todas esas aguas de drenajes irregulares, pilas, baños y demás van a parar a una zona de estancamiento, convirtiéndose en un foco de infecciones y enfermedades. Además, precisa que frente a la entrada de la propiedad, uno de los vecinos ha construido un taller, impidiendo el libre acceso y uso de la calle pública. Refiere, que presentó una denuncia por tal situación desde el 1 de febrero de 2021, pero no se ha solucionado la situación, en claro quebranto a sus derechos fundamentales a la salud y a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida. VII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a la parte que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 de 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 de 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Vanessa Rodríguez Rodríguez y Diego Murillo Barrantes, por su orden Alcaldesa y Encargado de la Unidad de Gestión Urbana y Obras Comunales, ambos de la Municipalidad de Sarapiquí, o a quienes ocupen el cargo, que realicen las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y establezcan las acciones y coordinaciones interinstitucionales necesarias, para que en el plazo máximo de un mes contado a partir de la notificación de esta sentencia, se realicen las verificaciones que correspondan para que se determinen las acciones a seguir, y en caso de verificarse la situación denunciada, en el plazo máximo de seis meses contados a partir de ese momento, se realicen todas las acciones que resulten pertinentes para dar solución definitiva a la problemática planteada, y se informe de manera formal a la parte recurrente de lo actuado y resuelto. Se les advierte a los recurridos que, de no acatar la orden dicha, incurrirán en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Sarapiquí al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.- Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Jose Roberto Garita N. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- K39SSKSAVAI61 EXPEDIENTE N° 22-027354-0007-CO Teléfonos: Telf7268/ (Telf10). Fax: Telf1209 / Telf7229. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Dirección6012, San José, Dirección2662, Dirección495, calles 19 y 21, Dirección1786 Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:53:31. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Large Normal Small Constitutional Chamber Resolution No. 01129 - 2023 Date of Resolution: January 20, 2023 at 09:20 Case File (Expediente): 22-027354-0007-CO Drafted by: Jorge Araya Garcia Type of matter: Amparo remedy (Recurso de amparo) Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Judgment with separate note Relevance Indicators Relevant judgment Content of Interest: Strategic Themes: Environmental, Economic Social Cultural and Environmental Rights Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: MUNICIPALITY Subtopics: SEWERAGE. 001129-23. MUNICIPALITY. THE PROBLEM OF BLACK WATER EVACUATION GENERATED BY A SLUM (PRECARIO) IN HORQUETAS DE SARAPIQUÍ IS QUESTIONED. THE REMEDY IS DECLARED WITH MERIT. THE MAYOR AND THE PERSON IN CHARGE OF THE URBAN MANAGEMENT AND COMMUNAL WORKS UNIT, BOTH OF THE MUNICIPALITY OF SARAPIQUÍ, ARE ORDERED TO CARRY OUT THE ACTIONS WITHIN THE SCOPE OF THEIR COMPETENCIES AND ESTABLISH THE NECESSARY ACTIONS AND INTER-INSTITUTIONAL COORDINATIONS, SO THAT WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF ONE MONTH COUNTED FROM THE NOTIFICATION OF THIS JUDGMENT, THE CORRESPONDING VERIFICATIONS ARE CARRIED OUT TO DETERMINE THE ACTIONS TO FOLLOW, AND SHOULD THE REPORTED SITUATION BE VERIFIED, WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF SIX MONTHS COUNTED FROM THAT MOMENT, ALL PERTINENT ACTIONS ARE TAKEN TO PROVIDE A DEFINITIVE SOLUTION TO THE PROBLEM RAISED, AND THE FILING PARTY IS FORMALLY INFORMED OF THE ACTIONS TAKEN AND RESOLVED. VCG02/2023 “(…) I.- Preliminary Matter. Prior to analyzing the merits of the matter —due to the alleged violation of the right to a prompt and completed procedure— it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party— or to hear the appropriate administrative remedies. Precisely, in this case, an exception is raised, since we are faced with an environmental complaint, which, allegedly, has not been resolved within a reasonable time by the respondent Municipality. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo remedy. II.- Purpose of the remedy. The plaintiff alleges that on February 1, 2021, she filed a complaint before the Municipality of Sarapiquí, due to the pollution and impacts generated by some irregular buildings constructed near her home. She asserts that as of the date she files this remedy, the complaint has not been resolved nor has she been informed how the respondent municipality will proceed to address it, which she deems injurious to her fundamental rights. III.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven: 1) On February 1, 2021, the amparo claimant (amparado) filed a complaint before the Municipality of Sarapiquí, due to the pollution generated by a series of irregular buildings located near her home that lack a sanitary system for black water evacuation, all of which drain into a stagnant area, becoming a source of infections and diseases; in addition, her free access to her property is impeded (see evidence provided in the case file). 2) The complaint filed by the plaintiff was assigned number 25023 (see report rendered by the respondent authority). 3) By means of official letter No. MSGV-085-2021 of March 3, 2021, the respondent authority informed the protected party (tutelado) “(…) Regarding municipal procedure #25023, filed by you on February 1, 2021, we inform you that we are coordinating with the Legal Department of the Municipality the details to initiate the procedure set forth by Law in these cases. As you will understand, if the invasion of the cantonal public right-of-way of this magnitude is verified, which includes informal housing constructions as well, the Municipality must comply with a series of legal and administrative requirements so as not to violate the integrity of any person, including minors or older adults who are presumably inhabiting those shanties (ranchos) indicated by you. Next week, we will have the response from the Legal Department, and if it is affirmative, we will begin the cadastral studies of the area to define the public domain status (demanialidad) of the land (…)” (see report rendered by the respondent authority and evidence provided in the case file). 4) Through official letter No. MSGV-669-2022 of November 4, 2022, the Technical Road Management Unit requested collaboration from the Sectoral Planning division of the Municipality regarding the complaint filed by the amparo claimant, in order to determine if the right-of-way in front of her property is being misused (see evidence provided in the case file). 5) On November 29, 2022, this remedy was filed (the court records). 6) On December 20, 2022, the order initiating this amparo proceeding was notified to the respondent authorities (see notification record). IV.- Regarding the specific case. In the sub lite matter, the plaintiff party accuses that on February 1, 2021, she filed a complaint before the Municipality of Sarapiquí, due to the pollution and impacts generated by some irregular buildings constructed near her home. She asserts that as of the date she files this remedy, the complaint has not been resolved nor has she been informed how the respondent municipality will proceed to address it, which she deems injurious to her fundamental rights. In this regard, this Chamber verifies that, in the specific case, indeed, on February 1, 2021, the plaintiff filed a complaint before the Municipality of Sarapiquí; that on February 1, 2021, she filed a complaint before the Municipality of Sarapiquí, due to the pollution and impacts generated by some irregular buildings constructed near her home. She asserts that as of the date she files this remedy, the complaint has not been resolved nor has she been informed how the respondent municipality will proceed to address it, which she deems injurious to her fundamental rights. Likewise, it was verified that the respondent municipality received the complaint and assigned it number 25023. However, as of the filing date of this remedy, there is no record that the Administration has resolved the situation alleged by the plaintiff party. Certainly, it was possible to verify that, as of March 1, 2021, the respondent authority informed the plaintiff that they were awaiting an opinion from the Legal Department to proceed with addressing the reported situation, and it is also on record that it was not until November 4, 2022, that is, 20 months later, that collaboration was requested for this purpose from the municipality's Sectoral Planning division. In addition to the foregoing, the report rendered by the municipality is limited to indicating that they are awaiting a series of information to determine if it involves a cantonal road or if there is any overlap with INDER properties in the reported area. Notwithstanding the foregoing, it is still not evident from the court records that any action exists that can resolve the complaint filed by the protected party since the beginning of 2021, nor is it clearly indicated when the situation raised in it will be addressed. Consequently, this Chamber considers that the time that has elapsed to resolve the complaint filed by the protected party and to communicate the respective outcome by the respondent authorities is disproportionate, given that a period of almost two years has elapsed since the filing of the mentioned complaint, without it having been resolved to date, with the aggravating circumstance that the amparo claimant continues to be affected by the problem in question. Under this understanding, this Chamber considers that the remedy must be declared with merit, with the considerations that will be stated in the operative part of this judgment. (…)” ... See more Content of Interest: Type of content: Separate note Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE Topic: 041- Effective judicial protection. Prompt and completed justice Subtopics: NOT APPLICABLE. V.- Note of Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and completed administrative justice. I have supported the thesis of this Court, that when a person subject to justice alleges a violation of the right to prompt and completed justice in an administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right to Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection by means of the amparo remedy established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is its exclusive responsibility to define its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may proceed to be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo remedy, in all other cases, and for the reasons this Court has given (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent authorities are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system. VCG02/2023 ... See more Content of Interest: Type of content: Separate note Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: MUNICIPALITY Subtopics: SEWERAGE. VI.- Note of Magistrate Salazar Alvarado. In environmental matters, it is the criterion of the undersigned that if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of pollution are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, where it is alleged that approximately five years ago, a group of people invaded a municipal street bordering the plaintiff's property, constructing over the years buildings in precarious states in an irregular and illegal manner, which has resulted in a series of impacts, such as lacking a sanitary system for black water evacuation, since they made pipes and all those irregular drainage waters, sinks, bathrooms, and others drain into a stagnant area, becoming a source of infections and diseases. Furthermore, it is specified that in front of the property entrance, one of the neighbors has built a workshop, impeding free access and use of the public street. The plaintiff states that she filed a complaint regarding this situation as of February 1, 2021, but the situation has not been resolved, in clear breach of her fundamental rights to health and to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified quality of life. VCG02/2023 ... See more Text of the resolution Exp: 22-027354-0007-CO Res. No. 2023001129 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on January twenty, two thousand twenty-three. Amparo remedy filed by Nombre81894, identity card No. CED44635, against the MUNICIPALITY OF SARAPIQUÍ. Whereas: 1.- By written brief received at the Secretariat of the Chamber at 21:53 hours on November 29, 2022, the plaintiff files an amparo remedy against the Municipality of Sarapiquí. She states that she is the owner of a property located in Horquetas de Sarapiquí, registered under real property folio No. 122692-000. She affirms that approximately 5 years ago, a group of people invaded a municipal street bordering her property, constructing over the years buildings in precarious states in an irregular and illegal manner, which has resulted in a series of impacts, such as lacking a sanitary system for black water evacuation, since they made pipes and all those irregular drainage waters, sinks, bathrooms, and others drain into a stagnant area, becoming a source of infections and diseases. She specifies that, in front of the property entrance, one of the neighbors has built a workshop, impeding free access and use of the public street. She adds that on February 1, 2021, she filed the complaint before the respondent municipality, with official letter number 703310980, consecutive municipal number 25023; however, as of the filing date of the amparo remedy, she has not received any solution. She requests the remedy be declared with merit. 2.- In an order issued at 22:08 hours on December 6, 2022, the plaintiff is warned to provide a complete, legible copy with the respective proof of receipt or email submission of the complaint with official letter No. 703310980. 3.- By written brief filed at the Secretariat of the Chamber at 18:33 hours on December 10, 2022, the plaintiff complies with the warning. 4.- In an order issued at 11:26 hours on December 13, 2022, the proceeding is initiated and a report is requested from the Mayor and the Head of the Urban Management and Communal Works Unit, both of the Municipality of Sarapiquí, regarding the facts alleged by the plaintiff. 5.- By written brief filed at the Secretariat of the Chamber at 11:13 hours on December 22, 2022, Vanessa Rodríguez Rodríguez and Diego Murillo Barrantes, in their order Mayor and Person in Charge of the Urban Management and Communal Works Unit, both of the Municipality of Sarapiquí, report under oath that “(…) we are awaiting to be informed of the true legal nature of the section of interest, also taking into account that according to cadastral information and that which has been studied by municipal engineers, there is a possible overlap with lands belonging to the Rural Development Institute (INDER) (…) it is clear there is materially no impediment preventing citizen Nombre81895 from having free and voluntary access to his property or that can be attributed to the Municipality (…) There is certainly a problem in the sector that must be addressed with the seriousness the case deserves (…) by means of document MSGV-085-2021 dated March 3, 2021, the citizen was given the due response (…)”. They request the remedy be declared without merit. 6.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed. Drafted by Magistrate Araya García; and, Considering: I.- Preliminary Matter. Prior to analyzing the merits of the matter —due to the alleged violation of the right to a prompt and completed procedure— it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party— or to hear the appropriate administrative remedies. Precisely, in this case, an exception is raised, since we are faced with an environmental complaint, which, allegedly, has not been resolved within a reasonable time by the respondent Municipality. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo remedy. II.- Purpose of the remedy. The plaintiff alleges that on February 1, 2021, she filed a complaint before the Municipality of Sarapiquí, due to the pollution and impacts generated by some irregular buildings constructed near her home. She asserts that as of the date she files this remedy, the complaint has not been resolved nor has she been informed how the respondent municipality will proceed to address it, which she deems injurious to her fundamental rights. III.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven: 1) On February 1, 2021, the amparo claimant filed a complaint before the Municipality of Sarapiquí, due to the pollution generated by a series of irregular buildings located near her home that lack a sanitary system for black water evacuation, all of which drain into a stagnant area, becoming a source of infections and diseases; in addition, her free access to her property is impeded (see evidence provided in the case file). 2) The complaint filed by the plaintiff was assigned number 25023 (see report rendered by the respondent authority). 3) By means of official letter No. MSGV-085-2021 of March 3, 2021, the respondent authority informed the protected party “(…) Regarding municipal procedure #25023, filed by you on February 1, 2021, we inform you that we are coordinating with the Legal Department of the Municipality the details to initiate the procedure set forth by Law in these cases. As you will understand, if the invasion of the cantonal public right-of-way of this magnitude is verified, which includes informal housing constructions as well, the Municipality must comply with a series of legal and administrative requirements so as not to violate the integrity of any person, including minors or older adults who are presumably inhabiting those shanties indicated by you. Next week, we will have the response from the Legal Department, and if it is affirmative, we will begin the cadastral studies of the area to define the public domain status of the land (…)” (see report rendered by the respondent authority and evidence provided in the case file). 4) Through official letter No. MSGV-669-2022 of November 4, 2022, the Technical Road Management Unit requested collaboration from the Sectoral Planning division of the Municipality regarding the complaint filed by the amparo claimant, in order to determine if the right-of-way in front of her property is being misused (see evidence provided in the case file). 5) On November 29, 2022, this remedy was filed (the court records). 6) On December 20, 2022, the order initiating this amparo proceeding was notified to the respondent authorities (see notification record). IV.- Regarding the specific case. In the sub lite matter, the plaintiff party accuses that on February 1, 2021, she filed a complaint before the Municipality of Sarapiquí, due to the pollution and impacts generated by some irregular buildings constructed near her home. She asserts that as of the date she files this remedy, the complaint has not been resolved nor has she been informed how the respondent municipality will proceed to address it, which she deems injurious to her fundamental rights. In this regard, this Chamber verifies that, in the specific case, indeed, on February 1, 2021, the plaintiff filed a complaint before the Municipality of Sarapiquí; that on February 1, 2021, she filed a complaint before the Municipality of Sarapiquí, due to the pollution and impacts generated by some irregular buildings constructed near her home. She asserts that as of the date she files this remedy, the complaint has not been resolved nor has she been informed how the respondent municipality will proceed to address it, which she deems injurious to her fundamental rights. Likewise, it was verified that the respondent municipality received the complaint and assigned it number 25023. However, as of the filing date of this remedy, there is no record that the Administration has resolved the situation alleged by the plaintiff party. Certainly, it was possible to verify that, as of March 1, 2021, the respondent authority informed the plaintiff that they were awaiting an opinion from the Legal Department to proceed with addressing the reported situation, and it is also on record that it was not until November 4, 2022, that is, 20 months later, that collaboration was requested for this purpose from the municipality's Sectoral Planning division. In addition to the foregoing, the report rendered by the municipality is limited to indicating that they are awaiting a series of information to determine if it involves a cantonal road or if there is any overlap with INDER properties in the reported area. Notwithstanding the foregoing, it is still not evident from the court records that any action exists that can resolve the complaint filed by the protected party since the beginning of 2021, nor is it clearly indicated when the situation raised in it will be addressed. Consequently, this Chamber considers that the time that has elapsed to resolve the complaint filed by the protected party and to communicate the respective outcome by the respondent authorities is disproportionate, given that a period of almost two years has elapsed since the filing of the mentioned complaint, without it having been resolved to date, with the aggravating circumstance that the amparo claimant continues to be affected by the problem in question. Under this understanding, this Chamber considers that the remedy must be declared with merit, with the considerations that will be stated in the operative part of this judgment. V.- Note of Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and completed administrative justice. I have supported the thesis of this Court, that when a person subject to justice alleges a violation of the right to prompt and completed justice in an administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right to Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection by means of the amparo remedy established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is its exclusive responsibility to define its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may proceed to be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo remedy, in all other cases, and for the reasons this Court has given (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent authorities are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system. VI.- Note of Magistrate Salazar Alvarado. In environmental matters, it is the criterion of the undersigned that if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of pollution are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, where it is alleged that approximately five years ago, a group of people invaded a municipal street bordering the plaintiff's property, constructing over the years buildings in precarious states in an irregular and illegal manner, which has resulted in a series of impacts, such as lacking a sanitary system for black water evacuation, since they made pipes and all those irregular drainage waters, sinks, bathrooms, and others drain into a stagnant area, becoming a source of infections and diseases. Furthermore, it is specified that in front of the property entrance, one of the neighbors has built a workshop, impeding free access and use of the public street. The plaintiff states that she filed a complaint regarding this situation as of February 1, 2021, but the situation has not been resolved, in clear breach of her fundamental rights to health and to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified quality of life. VII.- Documentation provided to the case file. The party is warned that, if any paper document, objects, or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies has been provided, these must be removed from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as set forth in the “Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial)”, approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. Therefore (Por tanto): The remedy is declared with merit. Vanessa Rodríguez Rodríguez and Diego Murillo Barrantes, in their order Mayor and Person in Charge of the Urban Management and Communal Works Unit, both of the Municipality of Sarapiquí, or whomever holds those positions, are ordered to carry out the actions within the scope of their competencies and establish the necessary inter-institutional actions and coordinations, so that within a maximum period of one month counted from the notification of this judgment, the corresponding verifications are carried out to determine the actions to follow, and should the reported situation be verified, within a maximum period of six months counted from that moment, all pertinent actions are taken to provide a definitive solution to the problem raised, and the filing party is formally informed of the actions taken and resolved. The respondents are warned that, should they fail to comply with said order, they will incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo remedy, and fails to comply with it or enforce it, provided the crime is not more severely penalized. The Municipality of Sarapiquí is sentenced to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which will be liquidated in the enforcement of judgment phase of the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Castillo Víquez records a note. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Notify.- Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Jose Roberto Garita N. Digitally Signed Document -- Verification code -- K39SSKSAVAI61 CASE FILE (EXPEDIENTE) No. 22-027354-0007-CO Telephones: Telf7268/ (Telf10). Fax: Telf1209 / Telf7229. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters from vulnerable groups: Dirección6012, San José, Dirección2662, Dirección495, calles 19 y 21, Dirección1786 Classification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 13:53:31. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República