Res. 01701-2023 Sala Constitucional — Dismissal of unconstitutionality action concerning Indigenous Law and Supreme Court jurisprudenceRechazo de acción de inconstitucionalidad sobre Ley Indígena y jurisprudencia de la Sala Primera

Grande
Normal
Pequeña
Sala Constitucional

Resolución Nº 01701 - 2023

Fecha de la Resolución: 25 de Enero del 2023 a las 09:30

Expediente: 22-025518-0007-CO

Redactado por: Fernando Castillo Víquez

Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad

Control constitucional: Rechazo de fondo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con nota separada

Sentencias Relacionadas


Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Constitución Política,Pueblos Indígenas

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Tema: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Subtemas:

NO APLICA.

Tema: PROPIEDAD

Subtemas:

NO APLICA.

Tema: MINORÍAS

Subtemas:

NO APLICA.

Descriptor: PROPIEDAD. LIMITACIONES PARA PERSONAS NO INDÍGENAS, EN TERRITORIOS PROTEGIDOS PARA ESTA POBLACIÓN.
Expediente: 22-025518-0007-CO
Sentencia: 001701-23 de 25 de enero de 2023
Tipo de asunto: Acción de inconstitucionalidad
Norma impugnada: Artículo 2 de la Ley Indígena y jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, relacionada con los artículos 2, 3 y 5 de dicha ley. Sentencias 920-F-S1-2015, 2046-F-S1-2020 y 2878-F-S1-2020.                Parte dispositiva: Se rechaza por el fondo la acción. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y declara inconstitucional la línea jurisprudencial impugnada en cuanto asume, de manera genérica, la existencia de mala fe en la causa adquisitiva del negocio traslativo de dominio a partir, exclusivamente, de la vigencia del artículo 5 de la Ley Indígena y, por ello, de la nulidad originaria del negocio de traspaso, derivada de lo dispuesto en el citado artículo. La magistrada Garro Vargas consigna nota.

 

“…este Tribunal, por mayoría, ya concluyó que la citada línea jurisprudencial no contraviene el Derecho de la Constitución y, por el contrario, resulta congruente con el especial régimen de propiedad indígena regulado en los artículos 1, 2, 3 y 5 de la Ley Indígena. Según se verificó, tal pauta jurisprudencial no desconoce o infringe los derechos fundamentales de las personas no indígenas que de buena fe ostentaban la titularidad de un inmueble de previo a que este se integrara al régimen de propiedad indígena, a quienes se les reconoce su derecho a la reubicación o a la expropiación e indemnización por la afectación sufrida. Por lo que debe remitirse nuevamente a lo señalado en el considerando anterior, sobre la posibilidad que tales personas puedan acudir a las instancias respectivas en la eventualidad que no se les hubiera reubicado o expropiado a la fecha. Ahora, sustancialmente distinta es la situación respecto de las personas no indígenas que pretenden derivar derechos de negocios jurídicos posteriores a la constitución de la reserva indígena, pues -como ya se indicó el voto parcialmente transcrito- "(l)ógicamente, a partir de que se ha constituido una reserva indígena (mediante los decretos ejecutivos señalados en el artículo 1 de la propia Ley Indígena), carece de plausibilidad jurídica que una persona no indígena pueda adquirir válidamente una propiedad dentro de tal zona restringida, cuya delimitación física ya ha sido debidamente establecida y publicada a través de los decretos ejecutivos correspondientes. Semejante adquisición, como lo señala el ordinal 3 de la propia Ley Indígena, es absolutamente nula pues la propiedad ya era intransferible. Obsérvese que la reserva indígena y su debida delimitación espacial se constituye a partir del decreto ejecutivo correspondiente, no hasta el momento en que se da una eventual expropiación en los términos del ordinal 5 de la Ley Indígena, como sugiere el recurrente...". En cuyo caso, no existe motivo alguno que justifique variar el criterio ya vertido en tal ocasión.

V.- EN CONCLUSIÓN. Como corolario de lo anterior, procede rechazar por el fondo la acción interpuesta, como así se dispone pone. La magistrada Garro Vargas salva el voto y declara parcialmente con lugar la acción de inconstitucionalidad; en consecuencia, declara inconstitucional la línea jurisprudencial impugnada en cuanto asume, de manera genérica, la existencia de mala fe en la causa adquisitiva del negocio traslativo de dominio a partir, exclusivamente, de la vigencia del artículo 5 de la Ley Indígena y, por ello, de la nulidad originaria del negocio de traspaso, derivada de lo dispuesto en el citado artículo. La magistrada Garro Vargas consigna nota…”

Telf5453

... Ver más
Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto salvado

Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Tema: PROPIEDAD

Subtemas:

NO APLICA.

VI.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS EN CUANTO A LA LÍNEA JURISPRUDENCIAL DE LA SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

La suscrita magistrada advierte que en el precedente citado como fundamento para la desestimatoria de la acción, respecto a la mencionada línea jurisprudencial de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, salvé el voto juntamente con el magistrado Garita. En dicho voto salvado se realizaron las siguientes consideraciones:

“VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS Y DEL MAGISTRADO GARITA NAVARRO, CON REDACCIÓN DE ESTE SEGUNDO.

Con el respeto debido, disentimos de la postura de mayoría por las razones que de seguido se expresan. La Ley Indígena No. 6172, data s del año 1977, en tanto que la creación de la Reserva Indígena Guatuso se realizó mediante Decreto Ejecutivo No. 5904-G, publicado en el Alcance No. 60 a La Gaceta No. 70 del 10 de abril de 1976, y cuyos límites fueron estipulados por los numerales 1 y 2 del Decreto Ejecutivo No. 7962 del 15 de diciembre de 1977. El ordinal 5 de la Ley Indígena establece:

Artículo 5º.- En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. (Así reformado por el artículo 65, inc. d) de la Ley Nº 7495 de 3 de mayo de 1995).

Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO encoordinación con la CONAI.

Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna.

Las expropiaciones e indemnizaciones serán financiadas con el aporte de cien millones de colones en efectivo, que se consignarán mediante cuatro cuotas anuales de veinticinco millones de colones cada una, comenzando la primera en el año de 1979; dichas cuotas serán incluidas en los presupuestos generales de la República de los años 1979, 1980, 1981 y 1982. El fondo será administrado por la CONAI, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República.

Es decir, esta norma fija requisitos impostergables de orden subjetivo, que determinan la procedencia del trámite indemnizatorio que en esa norma se establece, a saber:

a) Personas no indígenas o que no pertenecen a la comunidad indígena;

b) Que hayan adquirido de buena fe, un derecho de propiedad o posesión de un inmueble, antes de la declaración de reserva indígena;

c) Y que, al ubicarse dentro de los límites de la reserva, se vacía su derecho de propiedad o posesión. La buena fe significa que los propietarios o poseedores adquirieron sus derechos sobre los inmuebles según las reglas del Código Civil. En ese sentido, deben probar administrativa y judicialmente, que ejercían actos posesorios sobre el inmueble antes de entrar en vigor la Ley 6172 "Ley Indígena" del 29 de noviembre de 1977, así como su reglamento (Decreto Ejecutivo Nº 8487 de abril de 1978), o bien, de previo a emitirse la norma que definió que un determinado terreno es parte del área de reserva.

El canon 3 ejusdem establece que los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas, es menester en cada caso analizar y ponderar si la adquisición de un inmueble en esas condiciones se realizó de buena o mala fe, para lo cual, habría que considerar, entre otros aspectos, si el bien se adquirió de un indígena, supuesto en el cual, se impondría una nulidad de pleno derecho por la posibilidad objetiva de conocer que la propiedad es indígena, o bien, que esos bienes contaban con rotulaciones o elementos materiales (visuales) que les identificaran como parte de reserva, tuvieran anotaciones registrales o estuvieran ocupados por indígenas o se realizaran dentro de esos predios, actividades por parte de esas comunidades. Empero, cuando se adquiere de un no indígena, es menester considerar si el adquirente estaba en posibilidad objetiva de conocer que el bien estaba afecto a este tipo de dominio especial, supuesto en el cual, las demarcaciones del terreno, así como las anotaciones registrales serían indicativos determinantes.

En ese sentido, la sola disposición de los límites de una reserva de esta índole mediante decreto ejecutivo no supone en modo alguno una suerte de deber de conocer la existencia de esas circunstancias de parte de terceros, quienes amparados en la publicidad registral inmobiliaria, y a la luz del ordinal 455 del Código Civil, adquieren bienes sobre los cuales, desde el plano registral no pesa, ni existe condición marginal alguna (directa o indirecta) que le advierta sobre la naturaleza de ese terreno. Precisamente, dentro de la lógica de la Ley No. 6172, el deber que se impone en el numeral 5 -en cuanto a la expropiación de los terrenos de no indígenas que se ubiquen dentro de esas reservas-, busca tutelar no solamente el derecho de las comunidades indígenas de que les restituyan los terrenos que constituían su ámbito geográfico de existencia, actividades y costumbres, sino además regular y delimitar la obligación asumida por el Estado de devolver a esas comunidades las tierras tradicionalmente ocupadas.

Tal compromiso se reconoce incluso de previo a la emisión de la Ley Indígena (1977), en concreto, en la Ley de Terrenos Baldíos de 1939, en el Convenio 107 de la OIT de 1959, norma que obligó al Estado a reconocer las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas, regulaciones luego reforzadas por la citada Ley No. 6172 y el Convenio 169 de la OIT. Así, esa Ley Indígena obligaba al Estado, junto con el ITCO (ahora INDER y la CONAI) a iniciar los estudios poblacionales y trámites de expropiación para sustraer dicho dominio a no indígenas y retornarlo a los pueblos indígenas. El que se haya dispuesto la obligatoriedad de instruir un trámite expropiatorio, pone en evidencia que ese tratamiento busca una tutela dual, sea, el resguardo de la propiedad comunitaria indígena, de la que fueron desplazados por múltiples razones históricas y, por otro, sobre la base de la buena fe de esos propietarios actuales no indígenas, tutelar el derecho de dominio adquirido de buena fe, pues fue la propia inercia del Estado la que llevó a esos desplazamientos de propiedad, en múltiples casos, no inscripción registral de titularidad.

Ahora, bajo la certeza de que exista delimitación geográfica de la reserva y a la vez claridad para terceros no indígenas, que sus tierras forman parte de la reserva, por lo cual van a ser expropiadas, es que emerge la restricción que impone el ordinal 3 de la Ley Indígena, en cuanto estatuye que los no indígenas no podrán arrendar, adquirir u obtener de cualquier modo, derechos de disposición o uso sobre áreas de reserva indígena. Esto es así ya que, una vez puesta en disposición de los indígenas esas tierras, los no indígenas no pueden adquirirlas de ninguna manera, pues de otro modo se socavaría el fin mismo de la Ley y el deber de retornar la tierra a los pueblos indígenas. Incluso por esa misma razón se reconoce en esa norma (artículo 3), la nulidad de pleno derecho de los traspasos de indígenas a no indígenas, pues la lógica es evitar nuevamente la pérdida del derecho de propiedad de esas comunidades.

Por ende, en los casos como el presente en que pese a que la reserva se delimita desde 1977, la declaratoria no se acompaña de unas conductas ulteriores que lleven a reintegrar materialmente los terrenos a los indígenas, de suerte que se permita poner en posibilidad de conocimiento a terceros adquirentes de buena fe, no es correcto pretender desconocer los efectos de actos de traslado de dominio. Lo anterior puede darse por la ausencia del inicio de estudios, trámites expropiatorios, anotaciones registrales, demarcación de espacios, demarcación física, rotulaciones, notificaciones, etc., Así, en tanto no hubiera posibilidad objetiva de conocer que el área estaba en reserva indígena, no puede asumirse la mala fe, pues de otro modo, el Estado (en el concepto integral del art. 9 de la Carta Magna) evadiría la obligación que le impone el ordinal 5 de la Ley No. 6172.

A juicio de quienes suscriben este voto de minoría, la sanción de nulidad originaria que establece esa norma en cuestión no permite excluir, de manera general y automática, situaciones en las cuales, dadas las condiciones que se han presentado en la creación y disposición de esos terrenos, terceros ocupantes o adquirentes puedan llegar a acreditar una buena fe en el ejercicio de sus derechos. Es decir, la nulidad que se dispone legalmente en torno a los traspasos de dominio de tierras que formen parte de las citadas reservas indígenas, según la delimitación geográfica vigente a ese momento, sin duda, opera de pleno derecho, a partir de lo cual, es innegable que esas heredades deben pasar a dominio indígena, sin que puedan reservarse a dominio privado particular. Sin embargo, esa consecuencia legal no es óbice para que, frente a determinadas circunstancias, personas que haya adquirido situaciones jurídicas al amparo de una máxima de confianza legítima, y siempre que logren acreditar de manera debida y plena razones objetivas que pudiera llevar a colegir estados de ocupación o adquisición de buena fe, puedan emprender acciones indemnizatorias en contra de la Administración Pública por la desatención de las obligaciones que desde 1977 le impuso la Ley Indígena, en lo términos indicado supra. Así, en esos casos de adquisición de buena fe por las condiciones dichas, al margen de que las tierras deban ponerse a disposición de la respectiva comunidad indígena, cabría cuestionarse si las Administraciones obligadas darían cabida a una solicitud de indemnización de parte del propietario original o si, por el contrario, negarían esa reparación bajo el alegato que hubo desplazamiento de propiedad. No se trata entonces de negar que esas tierras son parte de una reserva indígena, sino de lograr un equilibrio en la tutela de las situaciones jurídicas involucradas, que impone no solamente tutelar la propiedad indígena, sino además, tutelar el derecho de quien ha adquirido de buena fe por la circunstancia que la Administración se limitó a declarar vía decreto ejecutivo los límites de una reserva, sin el acompañamiento debido de acciones materiales que permitan el retorno efectivo de la tierra a los indígenas, y sin adoptar acciones concretas que generaran certeza jurídica a los terceros, sobre la indisponibilidad de esos bienes en el tráfico inmobiliario.

De otro modo, se permitiría que esas tierras no sean indemnizadas a los anteriores propietarios, quienes, en virtud de la declaratoria de régimen especial de propiedad mancomunada indígena, deben someterse a esa supresión de dominio, pero sin la obtención correspondiente de la reparación civil que manda la ley. Desde ese plano, el alegato de improcedencia de lo pretendido sobre la única referencia de haber adquirido registralmente en una fecha ulterior a la creación de la reserva, si bien es una postura respetada, en definitiva, se estima violatoria de los derechos regulados en los preceptos 9 y 45 de la Constitución Política, en la medida en que presupone, de manera genérica y abstracta, una mala fe en la causa adquisitiva, negando con ello potenciales indemnizaciones. Nótese que la indemnización prevista por el ordinal 5 de la Ley No. 6172 únicamente está vedada en los casos de titulares u ocupantes de mala fe.

De esa manera, con el respeto debido, se estima que no resulta viable partir de una premisa genérica, extensible a todo caso, al margen de sus particularidades y casuística, que las fincas hayan sido adquiridas bajo la clara noción de que formaban parte de patrimonio indígena. Bien pueden darse casos en los que esas heredades hayan sido adquiridas sin que tuvieran alguna anotación registral que advirtiera de la existencia de una imposibilidad jurídica de ser inscritas mediante causa adquisitiva de compra, mediante trámites de información posesoria. Por el contrario, en el ejemplo de una adquisición por la vía de proceso judicial de información posesoria hace presuponer un análisis en esa causa de la concurrencia de los diversos presupuestos que permiten la titulación por esos medios, como lo es, la ocupación pública, pacífica y de buena fe, de suerte que, de inicio, no sería legítimo desconocer simplemente el contenido y efecto esas resoluciones judiciales, y asumir mala fe en la causa adquisitiva. Si bien existen vías jurídicas para disponer su anulación, esa hipótesis no llevaría a presuponer, sí o sí, una mala fe de parte del ocupante o titular.

A la fecha, pese a que la Ley Indígena impone el deber al INDER y a la CONAI de realizar las delimitaciones y demarcaciones de las áreas que componen las diversas Reservas Indígenas en Costa Rica, realizar los censos poblacionales que le permitan definir y discriminar cuáles de los titulares u ocupantes de los terrenos dentro de esas áreas son indígenas o no indígenas de cara a proceder a concretar las expropiaciones o reubicaciones pertinentes, esas acciones no han sido concretadas. Desde ese plano, con el respeto de siempre, se disiente de la negación de un deber de expropiación o bien, en determinados supuestos, de una responsabilidad patrimonial de la Administración, producto de la inercia en el ejercicio de las acciones formales y materiales para garantizar la adquisición, reivindicación, protección y publicidad debida de esas tierras. Lo anterior ya que ello llevaría a negar la responsabilidad civil que estatuye el canon 9 de la Constitución Política, pese a la acreditación de una indolencia, sea, un funcionamiento anormal por omisión (disfunción) que, con alto grado de probabilidad, pudo haberse constituido como móvil adecuado a partir del cual, se colocó a terceros en posición de adquirir bienes, por confianza legítima, al amparo de la publicidad registral, produciendo un daño patrimonial tutelable.

Lo opuesto llevaría a cohonestar la adquisición forzosa de hecho e ilegítima de esas tierras, sin el reconocimiento compensatorio que, para efectos de la expropiación, fija no solamente el artículo 5 de la Ley Indígena, sino, además, el ordinal 45 párrafo inicial de la Carta Magna, norma que tutela el derecho de propiedad, el que solo puede suprimirse mediante el trámite expropiatorio, previa indemnización correspondiente. De ese modo, si el deber legal (y constitucional) del INDER es la expropiación de los terrenos que pasaron a formar parte de una determinada reserva indígena, y que son de dominio o posesión de buena fe de no indígenas, la falta de reclamo sobre la concreción de la expropiación no es óbice para la oponibilidad de las obligaciones atinentes a esos entes públicos, como garantía de tutela de la situación jurídica de esas personas no indígenas titulares de buena fe. Así, es menester un análisis particular de cada caso concreto, para discriminar si ha existido mala fe en la adquisición. Esta condición no se desprende, en automático, por la nulidad de base legal del negocio de traslado de dominio.

Finalmente, deseamos recalcar que es claro que los traspasos de tierras que se hayan suscrito después de la entrada en vigor de la Ley Indígena o bien, de la creación y delimitación de cada reserva indígena, son nulos, por imperativo legal. De igual manera, no cabría derecho de reclamo patrimonial alguno en los casos en que terceros no indígenas no pudieran acreditar buena fe en el ejercicio de su ocupación o adquisición. Para ello, es evidente que la sola ausencia de anotaciones registrales no determina la validez del negocio jurídico, ni la buena fe en la ocupación, ya que, si en cada caso, pese a esa publicidad registral, existen parámetros objetivos que permitan deducir la naturaleza jurídica de esos bienes, no concurriría esa condición reparatoria. Esto es igualmente aplicable para las demás actuaciones propias del respectivo tracto sucesivo. Ergo, estimamos que la línea jurisprudencial impugnada es congruente con el Derecho de la Constitución, en tanto se entienda que es aplicable a los casos en que, dentro de la respectiva causa judicial, no se haya establecido la concurrencia de buena fe en el negocio de adquisición de la heredad, aspecto que no se encuentra estrictamente supeditado a la calificación legal de nulidad originaria del negocio de traspaso, fijado por el citado numeral 5 de la Ley Indígena. Así, es dentro de la casuística de cada proceso ordinario, que deberá definirse tal condición y ponderar la procedencia o no de eventuales reparaciones civiles, aspecto que, desde luego, escapa al control propio de esta jurisdicción. Empero, la aplicación genérica debatida impide la valoración de potencial aplicabilidad del régimen de responsabilidad por daños atinente a la Administración, se reitera, sustentada en el canon 9 de la Carta Fundamental.

Por tanto, la magistrada Garro Vargas y el magistrado Garita Navarro salvan el voto y declaran inconstitucional la línea jurisprudencial impugnada en cuanto asume, de manera genérica, la existencia de mala fe en la causa adquisitiva del negocio traslativo de dominio a partir, exclusivamente, de la vigencia del artículo 5 de la Ley Indígena y, por ello, de la nulidad originaria del negocio de traspaso, derivada de lo dispuesto en el citado artículo.”

VII.- NOTA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS

Consigno esta nota para subrayar que para quienes suscribimos el referido voto salvado, sin duda, los negocios de traspaso de dominio a personas no indígenas son nulos después de la mencionada ley; pero de ahí no derivamos que incondicionalmente se ha configurado la mala fe en quien adquiere, sino que estimamos que deben examinarse otros elementos. Ciertamente muchos de estos fueron valorados en esas sentencias que se aportan. Sin embargo, lo que debe tenerse presente es que la nulidad del acto no es porque se dio mala fe, sino porque este se realizó después de la entrada en vigor de esa ley.

Telf5453

... Ver más
Texto de la resolución



Exp: 22-025518-0007-CO

Res. Nº 2023001701

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veinticinco de enero de dos mil veintitres .

Acción de inconstitucionalidad promovida por Nombre189, cédula de identidad CED44800, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, carné profesional 3191, como apoderado especial judicial de Nombre114942, cédula de identidad CED44801, en contra de la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia relacionada con los numerales 2, 3 y 5 de la Ley Indígena y del artículo 2 de ese mismo cuerpo legal.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en esta Sala, mediante el Sistema de Gestión en Línea, el día 9 de noviembre de 2022, se solicita que se declare inconstitucional el artículo 2 de la Ley Indígena, así como la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, relacionada con los numerales 2, 3 y 5 de ese mismo cuerpo legal, contenida en las sentencias 920-FS1-2015, 2046-F-S1-2020 y 2878-F-S1-2020. Alega, en primer lugar, que, desde la colonización de América, las pugnas con poblaciones indígenas han sido tópico presente en nuestros Estados latinoamericanos. Agrega que estas disputas se han enmarcado en una clara relación de desventaja para los grupos nativos, que, al situarse lejos de los focos de poder, han sido trasgredidos en multiplicidad de derechos, sean culturales, civiles o territoriales por las repúblicas americanas, que históricamente se han encontrado en deuda con estos pueblos. Desde la segunda mitad del Siglo XX, gracias al auge del Derecho Internacional y los Derechos Humanos, organismos internacionales han intervenido por la reivindicación de estos pueblos. El ejemplo por antonomasia es la Organización Internacional del Trabajo y el Convenio No. 107 sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, adoptado en 1957, el cual tiene como principal cometido la progresiva incorporación de los indígenas en la colectividad nacional, aspecto considerado esencial para asegurar una tutela efectiva de esta población.  Por su parte, el Convenio No.169 de junio de 1989, difiere diametralmente con respecto al objeto del convenio anterior, en tanto el primer instrumento internacional estaba orientado hacia una asimilación cultural, este segundo convenio pretende un empoderamiento de los pueblos autóctonos y de fortalecimiento de sus propias instituciones. Añade que el aspecto territorial comprende uno de los pilares de tutela con respecto al amparo de pueblos indígenas, siendo al día de hoy uno de los temas más controvertidos en esta materia; pues, a pesar de que la promoción de estos territorios data desde 1957 con la promulgación del Convenio No. 107; la indolencia de los Estados ha impedido la consagración de este derecho, al punto de que la 17ª Sesión  del Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (celebrada en abril de 2018), se tituló: “Pueblos Indígenas, derechos colectivos a la tierra, territorios y recursos”, lo cual denota la ausencia generalizada de acciones reales que  garanticen el resguardo de los colectivos indígenas en lo atinente a sus territorios. A nivel nacional, la realidad no ha sido muy diferente a la tendencia latinoamericana de rezago para las poblaciones indígenas y la carencia de tutela de sus derechos en distintos ámbitos. En la Costa Rica contemporánea, las poblaciones indígenas suelen convivir en armonía con las poblaciones no indígenas aledañas; no obstante, este no es un aspecto estandarizado, siendo lamentable ejemplo los conflictos de mediático conocimiento que han tenido lugar en el cantón de Buenos Aires, Puntarenas, provincia que compone una zona con alta densidad de población indígena, siendo que, para el 2011, datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo arrojan que en esa provincia habitan aproximadamente 25316 personas de origen indígena. Estas pugnas étnicas tienen su origen en la disputa territorial entre indígenas (o grupos de estos) con otras facciones indígenas y personas no indígenas de la localidad. Esta beligerancia ha desembocado en agresiones físicas y graves daños materiales, ocasionando pérdidas de cultivos y destrucción de inmuebles. Daños que se registran en ambos bandos del conflicto, desgastando sobremanera una región del país asolada ya de por sí, por el retraso socioeconómico. Acusa que la situación referida obedece a la dilación sistematizada del Estado en ordenar los territorios indígenas, puesto que, al demorarse en recuperar estas tierras mediante los instrumentos establecidos por ley, se ha dilatado dotarlas así del estatus jurídico que las decante a favor de las poblaciones autóctonas, surgiendo entonces focos de descontento entre estas y las poblaciones aledañas de no indígenas, por lo que ambos grupos han acudido a medios poco pacíficos para la defensa de sus intereses. En cuanto a la alegada inconstitucionalidad de la jurisprudencia impugnada y su relación con los artículos 3 y 5 de la Ley Indígena, indica que la citada ley establece sin margen de dudas que las reservas indígenas son inalienables, impidiendo a no indígenas alquilar, comprar o adquirir por cualquier medio terrenos comprendidos en tales territorios, reservando esas facultades de disposición del dominio a negocios entre personas indígenas. A su vez, el numeral 5 de la ley mencionada respeta los derechos de las personas propietarias o poseedoras de inmuebles que fueren destinados a conformar el territorio indígena previamente delimitado por el Poder Ejecutivo, delegando en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (en lo sucesivo INDER) y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (en lo sucesivo CONAI) la competencia para proceder con los estudios y trámites necesarios para la reubicación e indemnización de dichas personas. Sin embargo, las entidades mencionadas han sido sumamente indolentes en dicha labor, de modo que el Poder Ejecutivo ha emitido numerosos decretos delimitando los territorios indígenas reconocidos y protegidos por el Estado y, a la fecha, un importante número de no indígenas propietarios o poseedores de buena fe, no han sido indemnizados o reubicados.  Precisamente, por la mora administrativa en resarcir a los propietarios y poseedores de buena fe, se han generado litigios en aras de hacer cumplir lo dispuesto por el numeral 5 de la Ley Indígena; empero, las entidades públicas involucradas y la Sala Primera, en su jurisprudencia, han optado por criterios inconstitucionales para no dar la razón a las personas que han acudido a la administración de justicia a solicitar el debido cumplimiento de sus derechos o la reparación de los mismos.  Señala que en la resolución 920-F-S1-2015 se concentra el posicionamiento de la Sala Primera sobre los requisitos que deben concurrir para la procedencia de lo dispuesto en el numeral 5 de la Ley Indígena y dicho criterio ha sido reiterado en fallos posteriores. En dicha sentencia se dispuso: “V.- El parágrafo segundo del artículo primero de la Ley Indígena, no. 6172 del 29 de noviembre de 1977, declaró como reservas indígenas las definidas en los Decretos Ejecutivos 5904-G del 10 abril de 1976, 6036-G del 12 de junio de 1976, 6037-G del 15 de junio de 1976, 7267-G y 7268-G del 20 de agosto de 1977, así como la que denominó “Reserva Indígena de Guaymí de Burica”. De más está advertir primero, que los decretos allí enlistados posteriormente han sido objeto de reformas; y en segundo término –y por ser de particular interés en este asunto-, que los límites de la última reserva (establecida de forma directa y expresa por el legislador) fueron inicialmente determinados en el Decreto Ejecutivo 8514 del 2 de mayo de 1978, norma que además modificó su denominación a “Guaymí de Conte-Burica”, nombre que luego fue nuevamente variado por el de “Guaymí de Conteburica” mediante Decreto 13545 del 26 de abril de 1982. Dichas reservas son propiedad de las comunidades indígenas conforme el artículo 2 ejúsdem. El precepto 3 del mismo cuerpo legal dispone además que éstas “son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las reservas indígenas estarán exentos de toda clase de impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros”. Por su parte, el canon 5 establece que “En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. [.-] (…) Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna. (…)”. De las anteriores normas se comprende que: A) los terrenos comprendidos en las reservas indígenas son inalienables, intransferibles; B) las personas no indígenas no pueden adquirir por título alguno dichos terrenos o derechos sobre ellos; y C) las personas no indígenas propietarias o poseedoras de buena fe tienen derecho a ser reubicadas o en su defecto expropiadas, pero ello será siempre y cuando el ejercicio de la posesión o de los actos como propietario haya sido de buena fe, lo que necesariamente requiere que aquéllos tuviesen esa condición de previo a la entrada en vigencia de la Ley Indígena o bien de los diversos Decretos Ejecutivos que, en desarrollo de su artículo primero, definen los límites físicos de las reservas (y en cumplimiento –claro está- de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José), el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las reglas de Brasilia). Aquel elemento temporal (cual es: anterioridad al establecimiento de la reserva por la Ley Indígena o bien, de previo a la incorporación del terreno mediante los decretos ejecutivos que le desarrollan) es consustancial a la posesión o titularidad que da lugar al derecho a la reubicación o indemnización. Es decir, integra su presupuesto, ya que es un factor determinante de la buena fe. Si bien no se halla contenido de forma expresa en la norma 5, se desprende con claridad de la relación con el artículo 3. Nótese en primer término que en ese mandado 5, el legislador tomó como presupuesto fáctico el que para ese momento (emisión de la Ley) personas no indígenas se encontraban ejerciendo de buena fe actos posesorios o como propietarios (al margen de su inscripción registral), y a ellos reconoció derecho a la reubicación o a la indemnización en el párrafo primero. En consecuencia, un sujeto no indígena que haya comenzado con el ejercicio de actos de posesión o propiedad después de la inclusión del terreno en una reserva, no puede estimarse de buena fe. En esa línea, ha de comprenderse que en el artículo 3, luego de establecer que las reservas indígenas son inalienables e intransferibles, se impide a los sujetos no indígenas, todos (tanto a aquellos propietarios o poseedores que reconoció en el primer acápite del mandato 5, como aquellos que no lo fueren, pues no hace distinción), concurrir o ser beneficiarios en cualquier acto o negocio traslativo de dominio. De esta manera, en el caso en que transgrediesen esa prohibición, han de ser calificados como invasores y desalojados sin indemnización alguna, conforme al párrafo tercero del precepto 5. En otras palabras, desde el momento cuando el terreno es integrado mediante el Decreto respectivo a una reserva indígena (bien los enlistados en el canon primero de la Ley, bien los que posteriormente le desarrollan), el sujeto no indígena que hasta entonces ejercía de buena fe la posesión o actos como propietario, tiene el derecho a ser reubicado o en su defecto expropiado e indemnizado, precisamente por cuanto su derecho colisiona con el derecho real de propiedad que ostenta la comunidad indígena según le atribuye el acápite segundo del artículo 2 de la Ley Indígena. A partir de ese momento, además se produce –como manifestó la Sala Constitucional en la sentencia 2097-2011 del 23 de febrero de 2011- el congelamiento del inmueble; y a raíz de ello el individuo que hasta entonces ejercía posesión o propiedad con todos los atributos, tiene restringida absolutamente la facultad de disponer de su derecho sobre ese terreno, así se contempló en ese numeral tercero de la normativa legal. Por consiguiente, no lleva razón el casacionista en cuanto alega errónea interpretación de los cánones 3 y 5 de la Ley Indígena. Tampoco hay violación a los cánones 45 de la Carta Magna y 286 del Código Civil, pues sus argumentos respecto de estas dos últimas normas pendían de la interpretación de las primeras. Y en particular, por cuanto es precisamente en razón de esa colisión con el derecho de dominio establecido a favor de la comunidad indígena y de esa restricción absoluta en la facultad de disposición que trastoca ese contenido esencial de su derecho, que la Ley ordena al Inder la reubicación o la expropiación, en respeto al canon 45 constitucional, lo cual habrá de ser implementado adicionalmente con la aplicación de la normativa internacional indicada y la Ley de Expropiaciones, no 7495. De más está advertir que en el sub júdice, el Juzgado tuvo por demostrado que dentro de la reserva indígena Guaymí de Conte Burica se ubican los planos sin catastrar a nombre de Nombre82219 que describen dos terrenos, uno de 18 hectáreas 5110,18 metros cuadrados, ubicado en La Yerba, y otro de tres hectáreas 801,24 metros cuadrados sito en Río Claro, ambos del distrito cuarto Pavón, cantón sétimo Golfito, de la Provincia de Puntarenas (hechos probados primero y segundo).” Indica, el accionante, que la resolución citada obedece a un proceso en el cual el actor pretendió ser expropiado o reubicado en razón de que inmuebles de su propiedad fueron delimitados para ser constituidos en territorio indígena, petitoria que fue rechazada en todos sus extremos, tanto por el Tribunal de instancia como por la Sala de Casación.  Ahora bien, la resolución de marras analiza los numerales 3 y 5 de la Ley Indígena en aras de establecer los postulados básicos que determinan los presupuestos que deben concurrir para la procedencia de la expropiación o reubicación de los propietarios y poseedores de buena fe contempladas en el artículo 5 de la ley en mención. En virtud de lo anterior, la Sala de Casación concluye a partir de tal norma (en concordancia con los numerales 2 y 3) que los “terrenos comprendidos en las reservas indígenas son inalienables, intransferibles”, además que “las personas no indígenas no pueden adquirir por título alguno dichos terrenos o derechos sobre ellos” y, finalmente, consideró que “las personas no indígenas propietarias o poseedoras de buena fe tienen derecho a ser reubicadas o en su defecto expropiadas, pero ello será siempre y cuando el ejercicio de la posesión o de los actos como propietario haya sido de buena fe, lo que necesariamente requiere que aquéllos tuviesen esa condición de previo a la entrada en vigencia de la Ley Indígena o bien de los diversos Decretos Ejecutivos que, en desarrollo de su artículo primero, definen los límites físicos de las reservas”. Alega que, efectivamente, los territorios indígenas se encuentran fuera del comercio de los no indígenas, y que estos últimos no pueden adquirir derechos sobre los terrenos pertenecientes a las comunidades autóctonas, siendo el numeral 3 claro y contundente al respecto; sin embargo, sobre el derecho que asiste a las personas no indígenas propietarias o poseedoras de buena fe, la Sala Primera realiza una interpretación (la cual ha reiterado en fallos posteriores y replicada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda) que contraviene derechos de rango constitucional. La Sala Primera, al tenor del ordinal quinto de la Ley Indígena, considera que para calificar la posesión o propiedad como de buena fe, es requisito sine qua non que los reclamantes sean dueños del inmueble con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Indígena o de los decretos ejecutivos que limitan las reservas indígenas. Más simple, en criterio de la Sala Primera, para que el propietario o poseedor sea considerado como de buena fe, necesariamente debe ejercer ese derecho de previo a la Ley Indígena de 1977 o de los decretos ejecutivos que han delimitado las reservas. En otras palabras, la buena fe está sujeta a un criterio temporal, en tal sentido, la sentencia de marras indica: “Aquel elemento temporal (cual es: anterioridad al establecimiento de la reserva por la Ley Indígena o bien, de previo a la incorporación del terreno mediante los decretos ejecutivos que le desarrollan) es consustancial a la posesión o titularidad que da lugar al derecho a la reubicación o indemnización. Es decir, integra su presupuesto, ya que es un factor determinante de la buena fe.”  Acusa, el accionante, que se trata de una interpretación extensiva, pues la ley en cuestión en ningún apartado asimila la buena fe de la propiedad o posesión a un criterio temporal. De hecho, el instituto de la buena fe opera como un elemento subjetivo, relacionado con el fuero interno del individuo; no obstante, la jurisprudencia de cita, hace pender de ese criterio (temporal) el presupuesto esencial para determinar el derecho de las personas propietarias o poseedoras de buena fe a la reubicación o indemnización correspondiente. De conformidad con la jurisprudencia accionada, se interpreta que a partir de la promulgación de la ley indígena o, en su caso, de los decretos que delimitan los territorios indígenas, los inmuebles ahí contenidos son inmediatamente excluidos del comercio de las personas no indígenas. Ello deviene de una comprensión errónea del artículo 3 de dicha ley, pues en criterio de la Sala Primera, implica que los no indígenas poseedores o propietarios de buena fe no pueden alquilar, arrendar o disponer de los terrenos que les pertenecen. Esta consecuencia vulnera groseramente los derechos comprendidos en la Constitución Política, pues si bien el derecho a la propiedad privada no es irrestricto y el mismo puede ser objeto de gravámenes en aras del interés público, el numeral 45 de la Carta Magna establece como requisito ineludible la previa indemnización del derecho afectado, contemplando como única excepción para ello los casos de guerra o conmoción interior. Es indiscutible que los territorios indígenas son inalienables, imprescriptibles, intransferibles y exclusivos para las comunidades que las habitan, pues así lo establece ad lítteram el artículo 3 de la Ley Indígena. No obstante, para que opere dicha protección, es necesario, por lógica constitucional, que primero hayan sido debidamente respetados los derechos de las personas propietarias y poseedoras de buena fe que ostentaran derechos en los terrenos delimitados. De modo que una vez que estos fueran expropiados o reubicados, y el inmueble fuera puesto bajo el dominio de la comunidad indígena según el procedimiento debido, se materializa el mandato del numeral 3 referente a que los no indígenas no pueden alquilar, arrendar o de cualquier otra forma adquirir tales terrenos o fincas, de ahí que el numeral tercero establezca que todo traspaso o negociación de tierras (perteneciente a la comunidad indígena) entre indígenas y no indígenas es absolutamente nulo.  Siendo que los distintos poseedores o propietarios de los inmuebles ubicados dentro de la delimitación definida para conformar un territorio indígena específico nunca fueron expropiados ni reubicados, continuaron ejerciendo todos los atributos propios del dominio, incluyendo la posibilidad de arrendar o vender sus inmuebles. Sin embargo, la interpretación realizada por la Sala Primera conlleva cercenar esos derechos de disposición y, a su vez, los derechos de las contrapartes con las cuales se realizaron dichos negocios; pues según ese Tribunal, operó un congelamiento de hecho del derecho de propiedad, con el cual justifica como improcedente cualquier forma de enajenación: “A partir de ese momento, además se produce –como manifestó la Sala Constitucional en la sentencia 2097-2011 del 23 de febrero de 2011- el congelamiento del inmueble; y a raíz de ello el individuo que hasta entonces ejercía posesión o propiedad con todos los atributos, tiene restringida absolutamente la facultad de disponer de su derecho sobre ese terreno, así se contempló en ese numeral tercero de la normativa legal.”  Asevera que resulta desconcertante que la Sala Primera sustente su tesis sobre la prohibición legal de disponer de inmuebles aun cuando su dueño no ha obtenido indemnización alguna por ello, en un congelamiento de facto (que, por tal, es ajeno a la juridicidad) del inmueble. Dicho de otro modo, es impropio que la administración de justicia justifique una interpretación extensiva en una figura no fundada en el derecho, sea el congelamiento de facto de la propiedad. Inclusive, de forma incomprensible, se citado el voto 2097-2011 de esta Sala Constitucional, en el cual, este honorable Tribunal lejos de validar, censura lo que la Sala Primera defiende en la sentencia 920-F-S1-2015. Tal es así, que en el voto 2097-2011, sobre el derecho de propiedad en relación con el congelamiento de inmuebles, indicó: “(…) El párrafo primero del artículo 45 de la Constitución Política reza con claridad: «Artículo 45.-  La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia. […]». El texto constitucional garantiza que el Estado no puede privar a una persona de su propiedad si previamente no lo ha indemnizado.  Esta garantía implica, naturalmente, que la Administración Pública no puede dictar disposiciones o ejecutar actos que de hecho limiten excesivamente el disfrute de ese derecho; es decir que le impidan al dueño realizar todos los actos que normalmente puede ejecutar en relación con su propiedad. Así lo ha dicho este Tribunal en varias sentencias; entre otras, se pronunció así en sentencia No. 2006—01216, de las 15:48 hrs. del 7 de febrero del 2006: «[…] Acerca de las limitaciones al derecho a la propiedad y el deber estatal de indemnizarlas, cuando resulten expropiatorias, en sentencia #2004-02162 de las 12:22 horas del 27 de febrero del 2004 indicó este Tribunal: “Doctrinariamente se ha definido el derecho de propiedad como aquel derecho de poseer exclusivamente una cosa, gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario. En nuestro Estado Democrático de Derecho, la Constitución Política en su artículo 45 establece que la propiedad es inviolable y que nadie podrá ser privado de la suya sino es por un interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley, de lo que se desprende que no se trata de un derecho absoluto. De ahí que en asuntos similares a los que ahora nos ocupa ha dicho la Sala lo siguiente: “El congelamiento de una finca como acto de afectación de ésta a un proyecto de interés del Estado, es un acto de confiscación de la propiedad que ha ejercido el Estado sobre los bienes de determinados propietarios, y esa conducta del Estado ya esta Sala la ha considerado indebida, basado en el principio general de la igualdad ante las cargas públicas, que establece un equilibrio entre los ciudadanos para soportarlas, de manera que no solo uno tenga que tolerar mayores sacrificios que otro. El congelamiento de fincas, implica una carga mayor que la que soportan los demás ciudadanos, y un acto de afectación temporal en favor del Estado y desde luego un enriquecimiento ilícito de éste, en perjuicio del patrimonio del particular (…).”  Del fragmento de cita se desprende, con absoluta claridad, que esta honorable Sala Constitucional considera el congelamiento del derecho de propiedad o posesión como una actuación contraria al Derecho de la Constitución. Sin embargo, la Sala Primera interpreta que esta figura opera a la luz del artículo 3 y 5 de la Ley Indígena, siendo que una vez emitida dicha ley o los reglamentos delimitadores de territorios indígenas, el propietario o poseedor no indígena de buena fe, solo puede esperar a ser indemnizado o reubicado, lo cual implica un cercenamiento del derecho en cuestión, pues ha de abstenerse de ejercer los atributos que contiene el derecho de propiedad, o en su caso, el derecho real parcial que le asista. Aspecto que esta Sala ha catalogado como contrario al bloque de constitucionalidad: “El derecho de propiedad tiene un contenido esencial que la Sala ha definido como la facultad de disfrutar y usar el bien para provecho personal (propiedad privada) o para utilidad pública (propiedad pública). Por ello, so pretexto de imponer determinadas limitaciones de “interés social”, no puede la autoridad pública, sea el Legislador o el Ejecutivo, eliminar uno o varios de sus atributos esenciales (Voto 10578-2007).” Por lo indicado supra, el criterio de temporalidad desarrollado por la Sala Primera en su resolución 920-F-S1-2015 como criterio para determinar la buena fe y, con ello, la viabilidad jurídica de los reclamos por inmuebles delimitados dentro de zona indígena cuyos dueños que no han sido inmunizados o reubicados, es improcedente y contrario al principio de igualdad de las cargas públicas y al derecho de propiedad resguardado por la Constitución Política, pues, necesariamente, implica un congelamiento del derecho real que ostente la persona. Pretender definir la buena fe de quienes son propietarios o poseedores de inmuebles ubicados dentro del área delimitada como territorio indígena en los términos establecidos por la Sala Primera es un criterio sumamente restrictivo y conveniente para la Administración, pues disminuye las expropiaciones o reubicaciones a realizar. Sin embargo, constituye una afrenta para los administrados mediante la trasgresión de derechos fundamentales, pues, esta Sala Constitucional ha consagrado que el texto constitucional garantiza que el Estado no puede privar a una persona de su propiedad si previamente no lo ha indemnizado. Por ello, los propietarios y poseedores de buena fe no tenían impedimento alguno para vender, arrendar, alquilar o enajenar por cualquier forma los inmuebles de su pertinencia sino han sido indemnizados al respecto, por lo que quienes ejercieran como contraparte en dichos negocios, conservarían la etiqueta de la buena fe si así adquirieron, lo cual es congruente con la subrogación de derechos y obligaciones prevista en el numeral 8 de la Ley de Expropiaciones, según el cual, mientras se realiza el procedimiento expropiador, los derechos objeto de expropiación pueden ser transmitidos. Máxime, que la ley indígena se emitió hace más de cuatro décadas, y a la fecha se encuentran numerosos terrenos pendientes de indemnización, por lo que es contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad aspirar a un congelamiento de 40 años del derecho de propiedad o sus derivados. Lo expuesto por la Sala Primera en la sentencia nro. 920-F-S1-2015, excede sobremanera lo dispuesto en el texto de la Ley Indígena, y lo hace a costa de vulnerar derechos subjetivos e intereses legítimos, pues, ciertamente al artículo 3 es contundente al declarar que “las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan”; sin embargo, por la doctrina del artículo 45 de la Carta Política, igualdad de las cargas públicas y los principios de proporcionalidad y razonabilidad, tal premisa no puede ser comprendida como un vaciamiento del derecho de los propietarios y poseedores de buena fe que ostentan fincas dentro del terreno indígena delimitado, quienes tienen el derecho de ejercer los atributos de la propiedad o posesión hasta no ser indemnizados o reubicados. Así las cosas, la buena fe debe determinarse de forma casuística según el acervo probatorio de cada caso concreto, pero pretender establecer un parámetro general aplicable a la universalidad de propietarios y poseedores, reducido a la fecha de adquisición de un inmueble sobre el que no se ha otorgado indemnización alguna, además de vulnerar los numerales 18, 41, 33 y 45 de la Constitución Política, nada dice sobre la buena fe. Pues partiendo de que un propietario cuyo inmueble fue delimitado para ser incorporado en reserva indígena no ha sido indemnizado, no tendría impedimento alguno para vender o alquilar su finca si así lo quisiera. La declaración de inalienabilidad contenida en el artículo 3, necesariamente debe ser comprendida como un atributo que opera una vez que el inmueble en cuestión haya sido puesto bajo el dominio de la comunidad indígena (para lo que se debe seguir el íter administrativo correspondiente), pues una interpretación distinta riñe con el ordenamiento jurídico y contradice la doctrina de los derechos reales referente a la constitución y fenecimiento de estos. Ejemplo de lo indicado en el párrafo anterior, es que el artículo 3 estipula que “los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas”, evidentemente esto requiere de previo que el inmueble haya sido otorgado formalmente a la población indígena. Asimismo, el numeral 5 contempla que “los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI. Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna”, lo cual, dicho con otras palabras, implica que, para ser considerado invasor de una reserva indígena, el derecho que previamente se ejercía (de buena fe) sobre el terreno en cuestión, tuvo que ser debidamente compensado o indemnizado; lo cual atiende plenamente a lo dispuesto por el artículo 45 constitucional. Es decir, que una vez que el inmueble haya sido debidamente indemnizado y puesto en dominio pleno de la comunidad indígena, operan las restricciones y limitaciones contempladas por la ley indígena, de modo que los no indígenas no pueden realizar negocios con esas tierras ni ejercer ningún acto de disposición de los mismos. A modo de colofón, la interpretación de la Sala Primera impide ser considerados propietarios o poseedores de buena fe a todas las personas que realizaran negocios con propietarios o poseedores de buena fe que ejercieran derechos sobre inmuebles integrados dentro de la delimitación de terreno indígenas; no obstante, por todo lo expuesto, ello es contrario al Derecho de la Constitución, pues restringe de forma ilegítima el derecho tutelado en el numeral 45 de la Carta Magna e impone cargas no previstas en la ley sin compensación alguna,  contrariando el principio de igualdad de las cargas públicas, además de contradecir el artículo 33 de la Carta Política, en tanto se realiza una interpretación discriminatoria que atenta contra la dignidad de propietarios y poseedores de buena fe. En cuanto al artículo 8 de la Ley de Expropiaciones, señala que el mismo numeral 5 de la Ley Indígena No. 6172 remite a la Ley de Expropiaciones (Ley No. 7495), ya que claramente indica que se debe ejecutar procedimentalmente la respectiva expropiación e indemnización, todo esto si las personas no indígenas no aceptaran o no fuera posible la reubicación. Dentro de esta normativa se encuentra una figura, que no es desconocida para la jurisdicción pero que ha sido omitida y, aún peor, no reconocida, en cada uno de los fallos que la Sala Primera ha emitido, como es la subrogación de derechos. En el voto nro. 01214-2013 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia se define que “la Subrogación opera cuando el acreedor recibe de un tercero el pago de la deuda, quien paga se constituye en un nuevo acreedor y se sustituye en los derechos, acciones y privilegios que el acreedor original tenía”. Es la delegación o reemplazo de competencias hacia otros en un negocio jurídico, es decir, una persona sustituye a otra en una obligación o derecho. Así lo consolida en nuestro ordenamiento jurídico el artículo 790, inciso 1, del Código Civil: “La subrogación se opera totalmente y de pleno derecho: 1) en favor del acreedor que paga de su peculio a otro acreedor de mejor derecho que él en razón de su privilegio o hipoteca.” Esta figura está muy bien reglada y la Ley de Expropiaciones la reconoce y la aplica. Por lo anterior, es claro y contundente que en el artículo 8 de la Ley de Expropiaciones permite la subrogación de derechos, pues a la letra indica “Articulo 8. Subrogación de derechos. Las transmisiones de derechos que son objeto de expropiación no impedirán continuar con el procedimiento expropiador. El nuevo titular subrogará al anterior en sus obligaciones y derechos.” (lo destacado es nuestro). Los actores de los procesos referidos han subrogado los derechos de las fincas, las cuales las han adquirido conscientes y aceptando la transmisión de derechos para la respectiva expropiación. Lo que no impide, de manera alguna, continuar con el procedimiento expropiador, así lo indica el acápite supra citado. Es inaceptable pretender que, después de más de 45 años, el Estado congele indefinidamente sus bienes que son patrimoniales, esperando que la ley sea pronta y cumplida, como lo estable el artículo 5 de la Ley Indígena donde dice: “Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI”, trámites administrativos que a la fecha no se han concretado, específicamente en los casos determinados del actor. Esto ha ocasionado  que se hayan concretado derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, que al omitir o no reconocerlas se estaría violando el principio de la irretroactividad de la ley del artículo 34 constitucional. Cita el voto nro. 2765-97 de este Tribunal, respecto de los conceptos de “derecho adquirido” y “situación jurídica consolidada”.  Algunos de los propietarios o poseedores originarios de las propiedades declaradas como Reserva Indígena en 1977 han fallecido o simplemente no desearon seguir esperando la debida y constitucional indemnización o en su caso reubicación, y es que mientras no hayan recibido su previa indemnización, tal y como lo indica el artículo 45 de la Carta Magna: “a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley”, no se le puede privar su derecho de realizar negocios jurídicos, ya que violaría también la libertad de comercio protegida en el artículo 46 constitucional. Negocios jurídicos que, dentro de las personas no indígenas de esas regiones, (agricultores, ganaderos) se han vuelto costumbre la transmisión de derechos de posesión de sus fincas, que en ese territorio se vuelven comunes. En nuestro ordenamiento jurídico, la Ley General de la Administración Pública, en su artículo 7, da valor de ley a la costumbre como fuente no escrita. La doctrina es clara en definir a la costumbre, como “el elemento imprescindible de la cultura de un pueblo, inclusive, tejido conjuntivo necesario para la Constitución de una Nación, que puede tener relevancia en el mundo del derecho y dar lugar a reglas de comportamiento que tengan la connotación de normas jurídicas y conformar, por lo tanto, el ordenamiento jurídico”, por lo que no podemos dejar de reconocer, estas transmisiones de derechos que han sido de buena fe, como lo indica el artículo 286 del Código Civil. La mala fe se encuentra en el artículo 285 de misma norma, donde la regla para declarar la mala fe es su plena demostración por quien alega su existencia, pues el artículo 286 adquiere carácter prevalente respecto del 285, al establecer el principio de presunción de la buena fe. Sostiene que no podemos trasgredir derechos consolidados para hacer valer los derechos de otro grupo de sujetos de derecho, que es cierto, fueron trasgredidos siglos atrás, pero en la actualidad estaríamos infringiendo el principio de igualdad, y por ello la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso COMUNIDADES INDÍGENAS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN LHAKA HONHAT (NUESTRA TIERRA) VS. ARGENTINA, sentencia del 6 de febrero de 2020, ordena al Estado Argentino que: “Por unanimidad, que:  9. El Estado, en un plazo de seis años contado desde la notificación de la presente Sentencia, concretará el traslado de la población criolla fuera del territorio indígena, en los términos señalados en los párrafos 325, 329 y 343 de la presente Sentencia.” En donde el punto 329 a la letra ordena: “329. A efectos de garantizar el pleno ejercicio del derecho de propiedad sobre su territorio por parte de las comunidades indígenas víctimas, y como surge de los acuerdos alcanzados entre las mismas, el Estado y la Organización de Familias Criollas en 2007, aprobados por el Decreto 2786/07 y considerados como antecedentes por el Decreto 1498/14, deben concretarse acciones para el traslado de la población criolla fuera del territorio indígena definido de acuerdo a lo ya ordenado (supra párr. 327). Para el logro de tal fin, la Corte ordena al Estado hacer efectivo el traslado de la población criolla, de acuerdo a las pautas que se fijan a continuación: a) El Estado debe promover procedimientos tendientes al traslado voluntario de la población criolla, procurando evitar desalojos compulsivos. b) A fin de garantizar lo anterior, durante los primeros tres años contados a partir de la notificación de la presente Sentencia, las autoridades estatales, judiciales, administrativas o de cualquier índole, provinciales o nacionales, no podrán ejecutar acciones de desalojo forzoso o compulsivo de pobladores criollos c) Sin perjuicio del proceso de acuerdos establecido a partir del Decreto 2786/07 de 2007 en adelante, y descrito en esta Sentencia, el Estado deberá poner a disposición de los interesados procesos de mediación o arbitrales para determinar las condiciones del traslado; en caso de no acudirse a los mismos, podrá recurrirse a la vía jurisdiccional que corresponda. . En el marco de cualquiera de los procesos referidos, quienes concurran a ellos podrán aducir sus pretensiones y los derechos que consideren que les asisten, mas no podrán cuestionar el derecho de propiedad comunitaria indígena determinado en esta Sentencia y, consecuentemente, tampoco la procedencia del traslado fuera del territorio indígena. Las autoridades que eventualmente resuelvan en tales procesos no podrán adoptar decisiones que impidan el cumplimiento de esta Sentencia. d) En cualquier caso, las autoridades competentes, administrativas, judiciales o de cualquier carácter, deberán procurar que el traslado de la población criolla se haga efectivo resguardando los derechos de dicha población. En ese sentido, debe posibilitarse de modo efectivo el reasentamiento o acceso a tierras productivas con adecuada infraestructura predial (inclusive implantación de pasturas y acceso a agua para producción y consumo suficientes, así como instalación de alambrados necesarios) y, en su caso, asistencia técnica y capacitación para la realización de actividades productivas”. Insiste que en Costa Rica hemos sufrido levantamientos entre los pueblos indígenas y los no indígenas, por el retraso y mala interpretación de las normas, dejando indefensos y violentado los derechos constitucionales de los poseedores subrogados o no, pero que definitivamente son de buena fe. Cuestiona el por qué invalidar la transmisión de una propiedad o una posesión ancestral a los nuevos titulares de ello, máxime cuando se han realizado de padre a hijos y dónde está la prohibición. La Sala Primera no ha reconocido estas transmisiones de derechos aludiendo que son poseedores de mala fe, lo cual no ha sido debidamente demostrado, en ninguno de los fallos pues dicho tribunal impone una presunción iuris tantum, según la cual, la mala fe cobija a todos aquellos que adquirieron un derecho de propiedad o posesorio en territorios designados para integrar territorio indígena; no obstante, esto contradice lo dispuesto por el Código Civil respecto la carga de la prueba, siendo presuntiva la buena fe, salvo que la contraparte demuestre lo contrario. Respecto del artículo 2 de la Ley Indígena, indica que, a su vez, el voto 920-2015 en comentario basa su fundamentación en una interpretación errónea de tal norma, pues con ello trasgrede disposiciones de rango constitucional. Dicho artículo, en su literalidad señala: “Artículo 2º.- Las comunidades indígenas tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de toda clase. No son entidades estatales. Declárase propiedad de las comunidades indígenas las reservas mencionadas en el artículo primero de esta ley. La Procuraduría General de la República inscribirá en el Registro Público esas reservas a nombre de las respectivas comunidades indígenas. Las reservas serán inscritas libres de todo gravamen. Los traspasos del Estado a las comunidades indígenas serán gratuitos, no pagarán derechos de Registro y estarán exentos de todo otro tipo de carga impositiva conforme a los términos establecidos en la Ley de CONAI.” El artículo de marras concede derechos reales a las comunidades indígenas sin haber expropiado o reubicado a las personas no indígenas propietarias o poseedoras de buena fe, situación que trasgrede el bloque de constitucionalidad, dado que, el numeral 45 de la Carta Magna no contempla excepción alguna en la cual enmarcar el precepto referido.  Adicionalmente, la inconstitucionalidad reclamada está dirigida a la interpretación de la Sala Primera, al indicar, entre otros enunciados, lo siguiente:  “En otras palabras, desde el momento cuando el terreno es integrado mediante el Decreto respectivo a una reserva indígena (bien los enlistados en el canon primero de la Ley, bien los que posteriormente le desarrollan), el sujeto no indígena que hasta entonces ejercía de buena fe la posesión o actos como propietario, tiene el derecho a ser reubicado o en su defecto expropiado e indemnizado, precisamente por cuanto su derecho colisiona con el derecho real de propiedad que ostenta la comunidad indígena según le atribuye el acápite segundo del artículo 2 de la Ley Indígena.” En concreto, el criterio citado encuentra fundamento en la siguiente premisa del artículo 2: “Declárase propiedad de las comunidades indígenas las reservas mencionadas en el artículo primero de esta ley”; sin embargo, la interpretación expuesta supra trasgrede los numerales 18, 33 y 45 de la Constitución Política. Estima la Sala Primera que el artículo 2 posiciona a las comunidades indígenas como adquirentes del derecho real de propiedad de los inmuebles delimitados por el Poder Ejecutivo para ser otorgados a dicha población; sin embargo, ello dista del espíritu de la norma y riñe con el ordenamiento jurídico. Es tal el yerro interpretativo, que la Sala soslaya otros elementos normativos (algunos, incluso, en el mismo artículo) que complementan el sentido del numeral segundo. Tal es el caso del artículo 8 del Decreto 5904-G publicado en La Gaceta 70, Alcance 60 de 10 de abril de 1976, el cual es mencionado en el artículo 1 de la Ley Indígena y corresponde a las reservas que hace referencia el numeral 2 de esa ley:  “Artículo 8°—En caso de que personas no indígenas hubiesen adquirido la propiedad o que se encuentren en posesión legal, o que sean poseedores en precario de fincas o terrenos enclavados dentro de las reservas, al momento de entrar en vigencia el presente decreto, serán expropiados e indemnizados conforme a los procedimientos establecidos en la ley N° 2825 del 14 de octubre de 1961 y sus reformas. Si hubiese posteriormente invasión de personas no indígenas a las Reservas de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su lanzamiento sin pago de indemnización alguna.” Lo anterior demuestra la noción que tenía el Poder Ejecutivo sobre la existencia de personas que eran propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las delimitaciones terrenales que fueron dispuestas vía decreto ejecutivo para determinar los terrenos que se otorgarían a los pueblos indígenas, disposición que también es incorporada por el numeral 5 de la Ley Indígena.   Adicionalmente, el mismo artículo segundo de la Ley Indígena establece el deber de la Procuraduría General de la República de inscribir en el Registro Público las reservas de las comunidades indígenas; sin embargo, es ineludible que tal mandato debe hacerse al tenor del artículo 5 de la Ley Indígena, el numeral 8 del Decreto 5904-G y el artículo 45 de la Constitución Política, es decir, que es necesario seguir el íter administrativo dispuesto para para la compensación o reubicación de las personas que fueran propietarias o poseedoras de buena fe. Dicho más simple, ciertamente el numeral segundo establece que las reservas indígenas son propiedad de las poblaciones que las habitan, y así es; no obstante, por mandato constitucional, tal disposición no se puede entender como una expropiación de facto de los ciudadanos que de buena fe habitan en los terrenos delimitados para tales efectos, por lo que es preceptivo el respeto de esos derechos. Es indiscutible que los territorios indígenas son propiedad de las comunidades autóctonas; empero, sería contrario a un Estado de Derecho democrático irrespetar derechos subjetivos y el debido proceso que brinda garantías mínimas a los particulares. La interpretación realizada por la Sala Primera, contradice groseramente el derecho a la propiedad privada dispuesto en el numeral 45 de la Carta Política. Dicha disposición jurisprudencial vulnera derechos subjetivos y genera daños y perjuicios a los poseedores y propietarios de buena fe cuyos terrenos fueron delimitados para la conformación de la Reserva indígena en cuestión, además, tal situación conlleva una carga ilegitima para las personas no indígenas en esa situación, pues dicho gravamen es establecido sin la debida compensación previa que exige el artículo 45 constitucional. Así las cosas, el numeral segundo es abordado de forma sesgada por la Sala Primera en la resolución nro. 920-2015 abordada supra para fundamentar el congelamiento de hecho de los inmuebles de propietarios y poseedores de buena fe, lo cual pone de manifiesto el carácter antijurídico de dicha comprensión legal, pues, según se expuso supra, se trata de una situación violatoria del derecho a la propiedad privada. Asimismo, la disposición del artículo 2, tal y como la interpreta la Sala Primera, contradice sobremanera la doctrina atinente a la constitución y fenecimiento de los derechos reales, pues no hay un ejercicio traslativo del derecho de propiedad o posesión, sino que, por lo dicho por esa Sala de Casación, tal derecho es arrebatado sin más al sujeto de derecho, sea propietario o poseedor (sin compensación previa), situación que no encuentra asidero en nuestro ordenamiento jurídico, en tanto únicamente se acepta la ausencia de indemnización previa en casos de guerra o conmoción interior. Véase que la jurisprudencia impugnada señala que los propietarios y poseedores de buena fe están impedidos de disponer de sus inmuebles pues “su derecho colisiona con el derecho real de propiedad que ostenta la comunidad indígena según le atribuye el acápite segundo del artículo 2 de la Ley Indígena”; sin embargo, dicha afirmación contradice (además de lo dicho) el numeral 484 del Código Civil, referente a los modos de adquirir el dominio. Adicionalmente, desconoce la doctrina relacionada a la adquisición, transmisión y extinción de los derechos reales. Según Manuel Albaladejo, la adquisición de estos puede operar de forma originaria o derivada (entre otros mecanismos), siendo la primera la correspondiente a los supuestos de ocupación y usucapión, y en el caso del modo derivado se parte de un derecho previo que es transmitido por el sujeto de derecho al adquirente, criterios que son soslayados por la Sala Primera en la jurisprudencia accionada, pues el razonamiento ahí seguido no encuentra correspondencia con los modos de adquisición de los derechos reales, ya que le otorga a la comunidad indígena un derecho real que no ha salido de la esfera jurídica de los propietarios y poseedores no indígenas de buena fe. Esto se debe a que no han operado los criterios de pérdida o extinción de los derechos reales; que según Meza Lázarus: “... cuando el derecho real se pierde no necesariamente sale el mismo de la vida jurídica y siempre existe adquisición concomitante por parte de otro, sin embargo, cuando el derecho real se extingue, no solo lo pierde su titular, sino que sale de la vida jurídica”. Es decir, que en respeto al bloque de constitucionalidad, para la transmisión del derecho real de propiedad a las comunidades indígenas, de previo dicho derecho real debe salir de la esfera jurídica del propietario o poseedor de buena fe antecedente, ello mediante mecanismos legítimos. Por lo expuesto, queda de manifiesto que al no haber acaecido acto o negocio jurídico alguno que implique la extinción o pérdida del derecho real mediante los supuestos del numeral 5 de la Ley Indígena (en el caso de los propietarios y poseedores de buena fe claro está), no puede interpretarse el numeral 2 como una constitución de carácter ipso facto del derecho real de propiedad a favor de las comunidades indígenas respecto de las territorios delimitados para tal efecto, esto por cuanto es deber del Estado respetar los derechos subjetivos e intereses legítimos de las personas no indígenas que de buena fe ejercieran el dominio de inmuebles en dichas circunscripciones, ello de conformidad con los artículos 18, 33 y 45 de la Constitución Política. Adicionalmente, en atención al numeral 45, se deben respetar los mecanismos que regulan el tráfico jurídico para efectos de la adquisición y extinción o pérdida de los derechos reales. Insiste que, en conclusión, queda patente que la interpretación realizada por la Sala Primera, plasmada en el voto 920-2015, avala a la Administración para incurrir en una actuación material ilegitima, en tanto son irrespetados derechos adquiridos de buena fe tutelados constitucionalmente al imponerse un congelamiento de hecho, conducta que ha sido censurada por esta honorable Sala Constitucional, excediendo así, mediante una vía de hecho, la potestad expropiatoria. Debe considerarse lo expuesto por Nombre10274 y Tomás Ramón Fernández, quienes indican: “En el sentido concreto que aquí no interesa, vía de hecho es todo ataque a la propiedad, derechos e intereses patrimoniales legítimos que provenga de la Administración o de sus agentes o delegados y que, implicando por su contenido una verdadera expropiación, (…), no se acomode, sin embargo, a los límites definidores de la potestad expropiatoria o, aun dentro de ellos, no se ejercite precisamente por el cauce procedimental que la Ley señala, sino solamente de hecho”. El numeral 45 de la Carta Magna es contundente al calificar la propiedad privada como inviolable, y condiciona la disposición de la misma para efectos del interés público, a la previa indemnización del derecho en cuestión. Asimismo, la Ley Indígena en su numeral 5 y el Decreto Ejecutivo 5904-G en el artículo 8 resguardan ese mandato constitucional al contemplar los derechos de las personas propietarias y poseedoras que de buena ejercieran tales derechos dentro de los territorios delimitados para ser otorgados a las poblaciones indígenas. Por ello, en respeto al Derecho de la Constitución y de los Derechos Humanos, resulta inaceptable legitimar el congelamiento de facto en que se basa la tesis de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, pues implica ampliar el alcance de la potestad expropiatoria, dado que se validaría impedir a la ciudadanía de disponer en cualquier forma en manera plena de los atributos del dominio sin haber obtenido un resarcimiento por ello. En cuanto a la reiteración del fallo 920-F-S1-2015, señala que, de conformidad con el criterio de esta honorable Sala Constitucional, para ejercer el control de constitucionalidad sobre una línea jurisprudencial determinada se requiere al menos tres fallos en igual sentido; en cuyo caso, el criterio temporal sobre los criterios esgrimidos en la resolución 920-F-S1-2015 ha sido replicado en sentencias posteriores de la Sala Primera, tal es el caso de las sentencias 2046-F-S1-2020 y 2878-F-S1-2020. Adicionalmente, la resolución 920-F-S1-2015 ha sido invocada en reiteradas ocasiones por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, tal es el caso de los votos 023-2019-IV y 17-2016-VII, en los cuales se aplicó el criterio temporal esgrimido por la Sala Primera en la resolución mencionada para denegar la indemnización o reubicación de propietarios o poseedores. Solicita que, en consecuencia, se declare inconstitucional el artículo 2 de la Ley Indígena, así como la línea jurisprudencial seguida por la Sala Primera de la Corte Suprema Justicia en los votos 920-FS1-2015, 2046-F-S1-2020 y 2878-F-S1-2020 en lo atinente a la interpretación de los artículos 2, 3 y 5 de la Ley Indígena y la omisión y no reconocimiento del artículo 8 de la Ley de Expropiaciones. 

2.- A efecto de sustentar su legitimación, el promovente indica que su poderdante figura como parte en el expediente judicial nro. 17-000087-1028-CA, que, a la fecha de interposición de esta acción de inconstitucionalidad, aún se encuentra pendientes de resolución y en el que se realizó la respectiva reserva de inconstitucionalidad. Asevera que, por el objeto de dicho proceso, es inminente la aplicación de la línea jurisprudencial y normativa aquí impugnada, cumpliéndose así con los requerimientos establecidos en el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

3.- Por resolución de las 11:31 horas del 11 de noviembre de 2022, se previno al accionante que “dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución y bajo apercibimiento de denegarle el trámite a la acción en caso de incumplimiento, deberá acreditar la condición de Nombre82220, cédula de identidad nro. Telf9322, como apoderado generalísimo sin límite de suma de Nombre114942, cédula de identidad nro. CED44801, para lo cual, deberá aportar los respectivos poderes y certificaciones que así lo acrediten (artículos 75, 78 y 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).”

4.- Por escrito asociado a este expediente el 16 de noviembre de 2022, el accionante contestó que, en cumplimiento a la prevención realizada por este Tribunal, se aportaba certificación del poder generalísimo sin límite de suma otorgado por Nombre114942 a Nombre82220, mandato inscrito desde el año 2009.

5.- Mediante oficio del 21 de noviembre de 2022, se solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda que remitiera a esta Sala el expediente judicial que se tramita con el número 17-000087-1028-CA, que es proceso de conocimiento de Nombre114942 contra El Estado.

6.- El 14 de diciembre de 2022, se recibió en esta Sala un disco compacto, que contiene la copia del expediente judicial que se tramita con el número 17-000087-1028-CA.

7.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

 Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

I.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN.  Estima esta Sala que la parte accionante goza de legitimación para promover esta acción de inconstitucionalidad, según el numeral 75, párrafo primero, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al constatarse que la norma y la jurisprudencia impugnada resultan de aplicación en el proceso que se tramita en expediente nro. 17-000087-1028-CA. Incluso, una vez revisado dicho expediente, se puede verificar que la Procuraduría General de la República, al momento de contestar la demanda, hace expresa referencia a la jurisprudencia impugnada. Se acredita, asimismo, que en este proceso se realizó la respectiva invocación de inconstitucionalidad.

Ahora bien, a tenor del artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, este Tribunal puede rechazar por el fondo cualquier gestión, incluso, desde su presentación o in limine litis, cuando considere que existen suficientes elementos de juicio. Lo que así ocurre en el sub lite, como se analizará en los siguientes considerandos.

II.- OBJETO DE LA ACCIÓN. La parte accionante impugna el artículo 2 de la Ley Indígena, que establece:

“Artículo 2º.- Las comunidades indígenas tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de toda clase. No son entidades estatales. Declárase propiedad de las comunidades indígenas las reservas mencionadas en el artículo primero de esta ley. La Procuraduría General de la República inscribirá en el Registro Público esas reservas a nombre de las respectivas comunidades indígenas. Las reservas serán inscritas libres de todo gravamen. Los traspasos del Estado a las comunidades indígenas serán gratuitos, no pagarán derechos de Registro y estarán exentos de todo otro tipo de carga impositiva conforme a los términos establecidos en la Ley de CONAI.”

Asimismo, impugna la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, relacionada con los numerales 2, 3 y 5 de la Ley Indígena, contenida en sentencias 920-FS1-2015, 2046-F-S1-2020 y 2878-F-S1-2020. 

La parte accionante acusa una infracción a los artículos 18, 33, 34, 41, 45 y 46 de la Constitución Política. Se alega, en concreto, una indebida interpretación de los artículos 2, 3 y 5 de la Ley Indígena, de parte de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, respecto de los requisitos que deben concurrir para que procede la reubicación o la expropiación prevista por el artículo 5 de ese mismo cuerpo legal, respecto de las personas no indígenas propietarias o poseedoras de buena fe. Se cuestiona, en específico, el que se exija -para calificar la propiedad o la posesión como de buena fe- que la persona haya ejercido los actos posesorios o como propietario de previo a la Ley Indígena o de los decretos que han delimitados las reservas indígenas. Se acusa que lo anterior obedece a una interpretación extensiva y errónea de la citada normativa legal que no contempla tal criterio temporal e implica reconocer un congelamiento de hecho o de facto del derecho real que ostenta la persona sobre el inmueble en cuestión, sin que se haya procedido con la previa y necesaria indemnización. Con el agravante que han pasado más de cuatro décadas desde que se emitió la Ley Indígena y a la fecha se encuentran numerosos terrenos pendientes de indemnización. Argumenta que, conforme a una adecuada interpretación de la referida normativa, los propietarios y poseedores de buena fe no tenían impedimento alguno para vender, arrendar, alquilar o enajenar por cualquier forma los inmuebles de su pertenencia, si no habían sido indemnizados, por lo que quienes ejercieron como contraparte en tales negocios, conservarían la etiqueta de buena fe si así adquirieron. Asevera que esto resulta plenamente congruente con la subrogación de derechos y obligaciones prevista en el numeral 8 de la Ley de Expropiaciones, que debe ser de aplicación en estos casos. Reclama un vaciamiento del derecho de los propietarios y poseedores de buena fe que ostentan fincas dentro del territorio indígena delimitado, quienes tienen el derecho de ejercer los atributos de la propiedad o posesión hasta no ser indemnizados o reubicados. Señala que la buena fe debe determinarse de forma casuística, según el acervo probatorio de cada caso concreto, pues establecer un parámetro general aplicable a la universalidad de propietarios o poseedores, reducido a la fecha de adquisición de un inmueble respecto del que no se ha otorgado indemnización alguna, nada dice sobre la buena fe. En lo referente específicamente al artículo 2 de la Ley Indígena, se alega que tal norma también ha sido indebidamente interpretada, pues -según argumenta el accionante-  si bien es cierto tal numeral establece que las reservas indígenas son propiedad de las poblaciones indígenas que las habitan, esto no puede entenderse como una expropiación de facto de las personas que de buena fe habitan en los terrenos delimitados para tales efectos, ni puede entenderse como una constitución de carácter ipso facto del derecho real de propiedad a favor de las comunidades indígenas. Acusa, en definitiva, que la forma en que se ha interpretado la citada normativa supone que los propietarios o poseedores se encuentran impedidos para disponer de cualquier forma de los atributos del dominio sin haber obtenido un previo resarcimiento por ello. 

III.- SOBRE EL FONDO: DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY INDÍGENA. En lo referente, específicamente, al artículo 2 de la Ley Indígena, se puede derivar -de una lectura integral del escrito de interposición- que los reproches del accionante se refieren a una presunta interpretación y aplicación indebida de tal numeral, más que respecto al contenido efectivo de tal disposición normativa. En todo caso, cabe señalar que esta Sala se ha pronunciado -de manera reiterada- que tal numeral resulta compatible con el Derecho de la Constitución. De forma reciente, en el voto nro. 2022005033 de las 9:20 horas del 2 de marzo de 2022, esta Sala resolvió -en lo que interesa- que:

“II.- OBJETO DE LA ACCIÓN. La parte accionante impugna el Decreto Ejecutivo nro. 7267-G del 9 de agosto de 1977, en que se establece la Reserva Indígena de Cocles, actualmente, Reserva Indígena Bribrí de Këköldi. Impugna, además, los artículos 1 y 2 de la Ley nro. 6172, Ley Indígena, en que se establece -respectivamente- que:

“Artículo 1º.- Son indígenas las personas que constituyen grupos étnicos descendientes directos de las civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad.

Se declaran reservas indígenas las establecidas en los decretos ejecutivos números 5904-G del 10 de abril de 1976, 6036-G del 12 de junio de 1976, 6037-G del 15 de junio de 1976, 7267-G y 7268-G del 20 de agosto de 1977, así como la Reserva Indígena Guaymi de Conteburica.

Los límites fijados a las reservas, en los citados decretos, no podrán ser variados disminuyendo la cabida de aquéllas, sino mediante ley expresa.”

“Artículo 2º.- Las comunidades indígenas tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de toda clase. No son entidades estatales. Declárase propiedad de las comunidades indígenas las reservas mencionadas en el artículo primero de esta ley. La Procuraduría General de la República inscribirá en el Registro Público esas reservas a nombre de las respectivas comunidades indígenas. Las reservas serán inscritas libres de todo gravamen. Los traspasos del Estado a las comunidades indígenas serán gratuitos, no pagarán derechos de Registro y estarán exentos de todo otro tipo de carga impositiva conforme a los términos establecidos en la Ley de CONAI.”

III.- SOBRE EL FONDO. Esta Sala ya se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de los citados artículos 1 y 2 de la Ley Indígena. Así, en sentencia nro. 0836 de las 17:36 horas del 10 de febrero de 1998, se resolvió:

“II.- LEY INDIGENA: Impugna también el párrafo 1) del artículo 1 y el párrafo 2) del artículo 2, de la Ley Indígena número 6172 del dieciséis de noviembre de mil novecientos setenta y siete, que señalan en su orden lo siguiente:

“Se declaran reservas indígenas las establecidas en los decretos ejecutivos números 5904-G del 10 de abril de mil novecientos setenta y seis, 6036-G del doce de junio de mil novecientos setenta y seis, 6037-G del quince de junio de mil novecientos setenta y seis, 7267-G y 7268-G del veinte de agosto de mil novecientos setenta y siete, así como la Reserva Indígena Guaymí de Burica”

“Declárese propiedad de las comunidades indígenas las reservas mencionadas en el artículo primero de esta Ley”

Señala el accionante que mediante esa legislación se crea un modelo de propiedad no conocido por la doctrina del derecho, cual es, propiedad de una colectividad, en donde la titularidad corresponde a una persona jurídica comunal que la misma Ley crea, pero a su vez, el título se concede a personas físicas individuales.- Con relación a ello debe decirse que ya en la Ley de Terrenos Baldíos número 13 de diez de enero de mil novecientos treinta y nueve al establecer en su artículo 8 que “…se declara inalienable y de propiedad exclusiva de los indígenas, una zona prudencial a juicio del Poder Ejecutivo en los lugares en donde exista tribus de éstos, a fin de que conserven nuestra raza autóctona y de liberarlos de futuras injusticias”, se habían creado las reservas indígenas. Esta norma, que pudiera entenderse como programática, fue ampliada por el Decreto número 45 de tres de diciembre de mil novecientas cuarenta y cinco, al crear la Junta de Protección de las Razas Aborígenes de la Nación, cuya función básica era la protección de las tierras de los aborígenes. Posteriormente, por Decreto Ejecutivo número 34 de quince de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis se declararon las Reservas Indígenas Boruca, Térraba, Salitre Cabagra y China Kichá. Estas disposiciones adquirieron rango superior incluso a la Ley, al tenor del artículo 7° de la Constitución Política, en cuanto la Asamblea Legislativa por Ley número 2330 de nueve de abril de mil novecientos cincuenta y nueve (La Gaceta número 84 de 17 de abril de 1959) aprobó el convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la “Protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales”, el cual, entre otras cosas, les reconoce su legítimo derecho a tener bajo su dominio las tierras de su propiedad, sea ello en forma individual o colectiva, y que la sucesión se regirán por los principios de las costumbres de sus pueblos. La Ley de Tierras y Colonización número 2825 de catorce de octubre de mil novecientos sesenta y uno también incorporó todo un capítulo referido al tema, con el objeto de proteger esas tierras y a las razas autóctonas. Fue a partir de esta normativa que por decretos ejecutivos de mil novecientos sesenta y seis, número 11 del dos de abril y número 26 de doce de noviembre, se ordenó inscribir a nombre del Instituto de Tierras y Colonización, hoy Instituto de Desarrollo Agrario, las tres reservas indígenas creadas en mil novecientos sesenta y seis, esto es, desde antes que se promulgara la Ley creadora de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas número 5251 de once de julio de mil novecientos setenta y tres. En esta última, se establece en su transitorio que el Instituto de Tierras y Colonización entregaría las tierras por medio del trámite de información posesoria a los indígenas. Ese transitorio fue el que se reformó por la Ley número 5651 de trece de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, en donde se retoman los conceptos de la inalienabilidad, según se indicó en el considerando anterior. Esto quiere decir también, que la Reserva Indígena Nombre82221 tuvo un régimen especial mucho antes de la acción del Estado por legalizar la situación de las reservas indígenas a través del Decreto ejecutivo número 5904-G del once de marzo de mil novecientos setenta y seis (para las del Chirripó, Guaymí de Coto Brus, Estrella, Guatuso y Talamanca), o el mismo Decreto ejecutivo número 6037-G del veintiséis de marzo de ese año. Lo que se hace por medio de las normas que el accionante impugna es otorgar rango legal a esas Reservas al citarse expresamente en el artículo 1) párrafo 1) los decretos constitutivos de ellas, otorgándosele un tratamiento más detallado a través del Reglamento de la Ley Indígena, (Decreto ejecutivo número 8487-G del 26 de abril de 1978).- El artículo 2 párrafo 2) lo que hace es trasladar la propiedad de esas reservas, que pertenecían al Instituto de Tierras y Colonización a las comunidades indígenas. Con esa normativa, el Estado lo que hizo fue dar cumplimiento cabal a lo dispuesto en el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Ley número 2330 del nueve de abril de mil novecientos cincuenta y nueve, en donde se establece en el artículo 11 que: “Se deberá reconocer el derecho de propiedad, colectivo o individual, a favor de los miembros de las poblaciones en cuestión sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas”, y en el artículo 13 inciso 2): “Se deberán adoptar medidas para impedir que personas extrañas a dichas poblaciones puedan aprovecharse de esas costumbres o de la ignorancia de las leyes por parte de sus miembros para obtener la propiedad o el uso de las tierras que les pertenezcan” . Con relación a la Ley Indígena, ya esta Sala señaló como ésta lo que hace es adecuar la legislación al Convenio 107, cuando al evacuar una Consulta Legislativa (resolución 3003-92) indicó:

“Costa Rica ha suscrito gran número de instrumentos internacionales que directa o indirectamente protegen los derechos de las minorías en general y en especial los de los pueblos indígenas. En cuanto a esto último, nuestro país suscribió el Convenio 107 de la O.I.T. denominado “Convenio Relativo a los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, adoptado en 1957 y aprobado en 1959 por la Asamblea Legislativa de nuestro país, por Ley N°2330, primer paso hacia la protección de las poblaciones indígenas, colocando al Gobierno como principal responsable del proceso. Ese Convenio, modificado ahora por el 169 que se ha enviado, en consulta por la Asamblea Legislativa, fortalece aquella protección y respeto, con una concepción más universal de igualdad material y jurídica.- De la misma forma, la Ley Indígena, 6172 de 29 de noviembre de 1977, desarrolló, y en algunos aspectos superó las obligaciones internacionales contraídas por Costa Rica; pues reservó importantes porciones de su territorio para los indígenas, tratando de evitar que se inscribieran como propiedad privada de otros. Otorgó plena personería y capacidad jurídica a sus comunidades para dirigir sus actividades y decidir sobre sus bienes; les permitió explotar las reservas naturales dentro de sus territorios y prohibió la extracción de objetos arqueológicos de sus cementerios.”

En definitiva, el artículo 1 párrafo 1) y el artículo 2 párrafo 2) de la Ley Indígena que se cuestionan, no son inconstitucionales.

El accionante impugna también el artículo 3 de la Ley Indígena que señala:

“Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo con las consecuencias legales del caso.”

Señala que esa norma establece restricciones a la propiedad porque contiene una prohibición absoluta de enajenar la propiedad ubicada dentro de las reservas Indígenas entre indígenas y no indígenas, prohibición del uso del instituto de la usucapión por parte de los indígenas, prohibición al costarricense no indígena de la posibilidad de adquirir un inmueble dentro de una reserva indígena, se niega el derecho de disposición del inmueble al indígena, pese a que se le reconoce la posesión. Indica que tales limitaciones a la propiedad debieron aprobarse con mayoría calificada que debe constar expresamente. No es adecuado el planteamiento que hace el accionante. Por medio de la Ley Indígena, según se dijo, lño que se hace es traspasar las reservas indígenas que se encontraban inscritas a nombre del Instituto de Tierras y Colonización a las comunidades indígenas. De manera que no se está hablando de imponer limitaciones de interés social a la propiedad privada, sino de terrenos estatales que se adjudican a nombre de los indígenas, por lo que el análisis respecto de la mayoría calificada es innecesario. La Sala estima -conforme se señaló- que esa norma lo que hace es desarrollar conceptos contenidos en el Convenio 107 de la O.I.T. en donde surge toda una preocupación porque los pueblos indígenas considerados como una colectividad puedan efectivamente conservar sus derechos sobre los territorios ancestrales, comprendiendo no sólo la tierra en sí misma, sino también las aguas, zonas marinas, plantas, animales y otros recursos naturales que en total forman los nexos sociales, culturales, materiales y espirituales de la vida del indígena. Lo que se pretende a través de esas normas es evitar el despojo, ya por remoción física o degradación ambiental que ha causado efectos catastróficos a los pueblos indígenas y defender así el derecho de los pueblos a conservar sus territorios para las generaciones siguientes.” (el destacado no corresponde al original)

Luego, en el voto nro. 2011-000281 de las 9:36 horas del 14 de enero de 2011, esta Sala se pronunció nuevamente sobre el tema de la propiedad indígena y su protección por el Derecho de la Constitución. Se señaló, en concreto, que:

“III.- Sobre la protección jurídica constitucional en materia indígena. Se infiere de la propia Constitución Política un principio de reconocimiento de los pueblos indígenas, sustentado en la idea de protección estatal para lograr preservar su cultura, el cual es reafirmado en Tratados Internacionales debidamente ratificados por Costa Rica. En referencia a la legislación interna, la primera normativa que hace referencia a esta situación se encuentra la Ley de Terrenos Baldíos número 13 del 10 de enero de 1939, la cual establece en su artículo 8: "[...] se declara inalienable y de propiedad exclusiva de los indígenas, una zona prudencial a juicio del Poder Ejecutivo en los lugares en donde exista Tribus de éstos, a fin de que conserven nuestra raza autóctona y de liberarlos de futuras injusticias". Norma que fue ampliada por Decreto número 45 de 3 de diciembre de 1945, al crear la Junta de Protección de las Razas Aborígenes de la Nación, cuya función básica tendía a la protección de las tierras de los aborígenes, con el fin de no desampararles y mantener su étnia. Posteriormente, por Decreto Ejecutivo número 34 de 15 de noviembre de 1956 se declararon las reservas indígenas Nombre82221, Salitre Cabagra y China Kichá. La Asamblea Legislativa por Ley número 2330 de 9 de abril de 1959, aprobó el convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la "Protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales", el cual reconoce su legítimo derecho a tener bajo su dominio las tierras de su propiedad, sea ello en forma individual y colectiva y que la sucesión se regirá por los principios de las costumbres de los pueblos. La Ley de Tierras y Colonización número 2825 de 14 de octubre de 1961 también incorporó un capítulo referido al tema con el objeto de proteger esas tierras y a las razas autóctonas. A partir de esta normativa, por Decretos ejecutivos número 11 del 2 de abril de de 1996, y 26 de 12 de noviembre, se ordenó inscribir a nombre del Instituto de Tierras y Colonización, hoy Instituto de Desarrollo Agrario las tres reservas indígenas creadas en 1956 (véase el voto de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No.223 de las 15:30 horas del 6 de julio de 1990). El Derecho Internacional, por su parte, ha sido generoso en el reconocimiento de derechos de estas comunidades, entre dichos instrumentos se destaca la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 1, 2.1, 7, 17.1 y 27), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (27), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1.1 y 2), Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (2, 13 y 23), Convención Americana sobre Derechos Humanos (24 y 26). La Organización Internacional del Trabajo ha sido la pionera en el tema de protección indígena. Los convenios números 107 y 169 contienen una detallada numeración de derechos reconocidos a estos pueblos. Ambos Convenios -107 y 169- en su Parte II, regulan sobre el régimen de propiedad de las tierras indígenas. Por otro lado, la jurisprudencia constitucional número 1786-93 de las 16:21 horas de 21 de abril de 1993, 06229-99 de las 14:30 horas del 11 de agosto de 1999, entre otras, reconocen la protección especial a su territorio y cultura en razón de sus condiciones de vulnerabilidad, no solo actual, sino también pasada, y sin otros límites que los mismos derechos humanos imponen a la conducta de todos los seres humanos. No cabe duda, por ende, que el Estado costarricense ha reconocido en forma amplia los derechos que corresponden a los grupos indígenas que habitan el país. Además se ha sostenido que los grupos de personas pertenecientes a las comunidades autóctonas tienen el derecho de vivir en las tierras donde históricamente han estado asentados, y el Estado debe garantizar plenamente el disfrute de este derecho fundamental. Reconoce de esa forma, nuestra jurisprudencia constitucional, una jerarquía superior a los Convenios Internacionales, tales como el de la OIT, N° 169 (Ley 7316 del 3 de noviembre de 1992), un grado de tutela superior a las personas y comunidades indígenas, es decir, un “nivel elevado de protección” respecto de aquellos derechos humanos contemplados en la propia Constitución Política, y que por ende exigen el respeto, en los Tribunales ordinarios, de las decisiones que por la vía de la costumbre y la autodeterminación de dichos pueblos indígenas se deriven de las propias comunidades y sus representantes.

IV.- Sobre la propiedad de las comunidades indígenas. Importante es indicar sobre el carácter colectivo o comunitario de la propiedad indígena, ya que la pertenencia de ésta no es personal, sino del colectivo como tal. Entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia a ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Las asociaciones de Desarrollo, como “estructura comunitaria”, son las competentes para disponer de la posesión de la tierra a fin de garantizar el acceso a ella a todos los pobladores indígenas, y en lo que atañe a la propiedad indígena por ser de carácter colectiva, resultan inaplicables las normas sobre derechos individuales para la tutela de la propiedad y la posesión individuales dispuestas en el ordenamiento jurídico al efecto. El artículo 3 de la Ley Indígena dispone que las reservas sean regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales o de las leyes de la República que los rijan. La Ley Indígena declaró propiedad de las comunidades indígenas las reservas mencionadas en el artículo primero de esa ley. Como vemos, se deben atender los mecanismos de control utilizados en las mismas poblaciones indígenas, y cuando no es posible debe tomarse siempre en consideración las costumbres de la población indígena. Es evidente que en nuestro país, la mayor parte de poblaciones indígenas, tienen un grado de evolución cultural bastante avanzado, y por su forma de organización actual, a través de Asociaciones de Desarrollo, se busca la solución de conflictos internamente, y solo en casos extremos, se acude a la vía represiva de los Tribunales, que en todo caso están obligados a acatar las disposiciones de los citados convenios internacionales. De lo contrario “[…] se estaría desconociendo el derecho fundamental de los Indígenas a tener sus propios organismos representativos y a poder actuar en forma autónoma en la defensa de sus derechos […]” (véase resolución de la Sala Constitucional N° 2005-06856, de las 10:02 horas del 1 de junio de 2005). Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. El derecho consuetudinario de los pueblos indígenas debe ser tenido especialmente en cuenta, para los efectos de que se trata como producto de la costumbre, la posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro. Una reserva indígena, es una propiedad agraria originaria y de carácter colectivo, no pudiendo reclamarse sobre ella ningún derecho de propiedad o de posesión individual en perjuicio de la comunidad de pertenencia, siendo su propietario la totalidad de la comunidad, no pudiendo ser desmembrada en propiedad privada precisamente por su naturaleza jurídica destinada a la colectividad. A la luz de la jurisprudencia sobre derechos humanos de los indígenas, emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se dispuso que un tratado internacional de derechos humanos tiene sentido autónomo, por lo que no pueden ser equiparados al sentido que se les atribuye en el derecho interno. Además, expuso que dichos tratados de derechos humanos son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que adecuarse a la evolución de los tiempos, y, en particular, a las condiciones de vida actuales. Han mantenido que, el artículo 29.b de la Convención establece que ninguna disposición puede ser interpretada en el sentido de “limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados. Ahora bien, si realizamos una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección derechos humanos, además tomamos en cuenta las normas de interpretación aplicables y, de conformidad con el artículo 29.b de la Convención- que prohibe una interpretación restrictiva de los derechos-, dicha Corte ha considerado que el artículo 21 de la Convención protege el derecho a la propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal.

De tal forma, que esta Sala ha concluido que el artículo 2 de la Ley Indígena tiene su debido sustento en el cumplimiento de una serie de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en particular, procura que los pueblos indígenas “puedan efectivamente conservar sus derechos sobre los territorios ancestrales, comprendiendo no sólo la tierra en sí misma, sino también las aguas, zonas marinas, plantas, animales y otros recursos naturales que en total forman los nexos sociales, culturales, materiales y espirituales de la vida del indígena”. Lo que lejos de resultar inconstitucional, resulta plenamente compatible con el Derecho de la Constitución.

Asimismo, en tal voto se hizo expresa referencia a la relación entre los artículos 2 y 5 de la Ley Indígena, respecto del artículo 45 de la Constitución Política. Este Tribunal resolvió lo siguiente:

“V.- Finalmente, en lo referente específicamente a la acusada infracción al artículo 45 de la Constitución Política, los accionantes reconocen que la Ley Indígena, en su artículo 5, establece -en lo que interesa- que:

“Artículo 5º.- En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones.”

Sea, la propia Ley Indígena reconoce, expresamente, la obligación de expropiar a los propietarios y poseedores de buena fe, justamente en tutela del artículo 45 constitucional. Según se deriva de la lectura del escrito de interposición, más que un eventual vicio en el contenido de las disposiciones normativas impugnadas en la presente acción, lo que parece acusarse en la especie es un eventual incumplimiento de lo dispuesto en el citado ordinal 5 de la Ley Indígena, así como un conflicto respecto de su debida interpretación y aplicación en determinados supuestos. Lo que no implica, ni supone, que los artículos 1 y 2 de la Ley Indígena -en cuanto declaran ciertas reservas indígenas y declaran que las mismas son propiedad de las comunidades indígenas- sean inconstitucionales. En la eventualidad que a una persona en particular no se le haya expropiado a la fecha, así podrá reclamarse en las instancias correspondientes. Debe recordarse que esta Sala ha señalado que el:

“(...) objeto de un proceso de inconstitucionalidad no es atender una lesión individual que pueda alegar el actor, por el contrario, tiene como objeto un interés general de que los actos sujetos al derecho público y las normas que integran el ordenamiento jurídico, sean conformes con el Derecho de la Constitución.” (voto nro. 2013-002902 de las 14:30 horas del 5 de marzo de 2013).”

Consideraciones plenamente aplicables al caso en estudio, al no existir motivo alguno que justifique variar de criterio. 

IV.- SOBRE EL FONDO: DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Por lo demás, los principales reproches del accionante se circunscriben a la línea jurisprudencial de la Sala Primera relacionada con los numerales 2, 3 y 5 de la Ley Indígena, contenida -entre otras- en sentencias 920-FS1-2015, 2046-F-S1-2020 y 2878-F-S1-2020; en cuyo caso, recientemente, mediante sentencia nro. 2022-024725 de las 12:41 horas del 19 de octubre de 2022, este Tribunal se pronunció sobre tal línea jurisprudencial -respecto de reparos análogos a los formulados en esta nueva acción- y estimó lo siguiente:

“II.- Objeto de la acción. La parte accionante formula acción para que se declare inconstitucional la jurisprudencia de la Sala Primera de Casación (sentencias nros. 000920-F-S1-2015 de las 14:30 horas del 6 de agosto de 2015, 002848-A-S1-2020 de las 10:10 horas del 3 de diciembre de 2020, 002878-F-S1-2020 de las 10:35 horas del 10 de diciembre de 2020 y 000681-F-S1-2021 de las 10:00 horas del 25 de marzo de 2021), concerniente al artículo 3 de la Ley Indígena, por estimarla contraria a los numerales 9, 11, 41 y 45 de la Constitución Política, y a los principios de buena fe, confianza legítima y no confiscación, así como al ordinal 21 inciso 2 de la CADH. Expone que el artículo 3 de la Ley Indígena dispone: “ Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo (sic) podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas (sic) en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso (…)”. Esgrime que, según la jurisprudencia impugnada, quienes obtienen terrenos en las reservas indígenas al amparo del Registro Nacional, a pesar de que no exista anotación registral indicando que la finca adquirida se encuentra incluida dentro de una reserva indígena, son adquirentes de mala fe. Alega que tal criterio lesiona el artículo 45 de la Constitución Política. En su lugar, sostiene que la norma debe interpretarse, en el sentido de que las propiedades privadas ubicadas en una reserva indígena se incorporan jurídicamente a esta a partir del cumplimiento del trámite expropiatorio contemplado en el artículo 5 eiusdem. Arguye que hay personas, como su representada, que adquirieron propiedades en reservas indígenas posterior a su constitución, pero amparadas en que registralmente no había anotación alguna; empero, actualmente, por el criterio cuestionado, no son objeto de expropiación, pues injustamente se aduce que no adquirieron el inmueble de buena fe. Tal situación implica una confiscación ilegítima de la propiedad, pues un bien inmueble es trasladado al régimen de propiedad indígena sin el pago previo de la indemnización respectiva. Argumenta que, mientras la Administración no cumpla con la expropiación, las fincas adquiridas de buena fe, tanto antes como después de la creación de la respectiva reserva indígena, se deben mantener en manos de dominio privado, pues no ha existido una afectación al régimen especial que las haga inalienables, imprescriptibles, intransferibles y exclusivas de las comunidades indígenas. Enfatiza en que el irrespeto a los derechos adquiridos al amparo de la fe registral implica una expropiación de hecho, contraria al numeral 45 de la Constitución, al ordinal 21.2 de la CADH y al principio de no confiscación; también se trasgreden los principios de buena fe y confianza legítima, por cuanto numerosas personas, sin saber que formaban parte de reservas indígenas, adquirieron propiedades que registralmente no estaban sujetas a algún tipo de gravamen oculto, lo que justifica que se les tenga como propietarios de buena fe. Alega que, la incuria de la Administración para anotar tales fincas en el Registro Público de la Propiedad configura una conducta omisiva, violatoria de los principios constitucionales de la buena fe, la confianza legítima, la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad, que no puede perjudicar a terceros adquirentes de buena fe, como justamente es el caso de su representada. Respecto de la violación de los artículos 9 y 41 de la Constitución Política, señala que de esos ordinales y el 11 deriva el principio de la responsabilidad patrimonial de la Administración, con base en el cual los derechos de los administrados deben ser respetados por todas las autoridades estatales, incluidos los tribunales de justicia. Sin embargo, estos eventualmente podrían considerar que hay otros principios de más alto linaje que deben proteger por encima de los citados principios constitucionales de la buena fe y de la confianza legítima y el derecho a la propiedad; verbigracia, la tutela de la propiedad indígena. No obstante, aduce que cuando los tribunales tutelan la propiedad indígena por encima de los citados principios constitucionales de buena fe y de la confianza legítima y el derecho a la propiedad, se viene a transgredir el principio constitucional de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por acto lícito y funcionamiento normal, específicamente por actividad jurisdiccional, dado que el Estado ejerce esta función como una de sus tareas esenciales, según la relación de los artículos 9, 11, 41, 152 y siguientes de la Carta Magna, responsabilidad desarrollada en los numerales 190 y 194 de la LGAP.

(...)

IV.- Sobre la alegada inconstitucionalidad. En el sub lite, la parte accionante formula acción para se declare inconstitucional la jurisprudencia de la Sala Primera de Casación (sentencias nros. 000920-F-S1-2015 de las 14:30 horas del 6 de agosto de 2015, 002848-A-S1-2020 de las 10:10 horas del 3 de diciembre de 2020, 002878-F-S1-2020 de las 10:35 horas del 10 de diciembre de 2020 y 000681-F-S1-2021 de las 10:00 horas del 25 de marzo de 2021), concerniente al artículo 3 de la Ley Indígena, por estimarla contraria a los artículos 9, 11, 41 y 45 de la Constitución Política, y a los principios de buena fe, confianza legítima y no confiscación, así como al ordinal 21 inciso 2 de la CADH. En tal sentido, según tal jurisprudencia, quienes adquieren terrenos en las reservas indígenas al amparo del Registro Nacional (sin anotación registral que indique que la finca adquirida se encuentra dentro de una reserva indígena), no son adquirentes de buena fe, y debido a ello, se les niega la indemnización que establece el ordinal 5 de la Ley Indígena. Ahora, sobre el particular, el numeral 3 eiusdem dispone:

“Artículo 3º.- Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo (sic) podrán negociar sus tierras con otros indígenas . Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas (sic) en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las reservas indígenas estarán exentos de toda clase de impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros.”.

Por su parte, el ordinal 5 eiusdem estatuye:

Artículo 5º.- En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones (…)”.

Así, el accionante cuestiona concretamente que la jurisprudencia impugnada determina que la “buena fe” exigida por la norma supracitada no se configura, cuando una persona adquiere una propiedad posterior a la constitución de una reserva indígena, independientemente de que en el Registro Público no se visualice anotación o restricción alguna sobre el inmueble. En tal sentido, considera contrario al Derecho de la Constitución que en estos casos no se indemnice con sustento en tal interpretación.

Ahora bien, interesa traer a colación lo dispuesto por la Sala Primera de Casación en la sentencia n.° 920-F-S1-2015 de las 14:30 horas del 6 de agosto de 2015, citada por el recurrente:

“V.- El parágrafo segundo del artículo primero de la Ley Indígena, no. 6172 del 29 de noviembre de 1977, declaró como reservas indígenas las definidas en los Decretos Ejecutivos 5904-G del 10 abril de 1976, 6036-G del 12 de junio de 1976, 6037-G del 15 de junio de 1976, 7267-G y 7268-G del 20 de agosto de 1977, así como la que denominó “Reserva Indígena de Guaymí de Burica”. De más está advertir primero, que los decretos allí enlistados posteriormente han sido objeto de reformas; y en segundo término –y por ser de particular interés en este asunto-, que los límites de la última reserva (establecida de forma directa y expresa por el legislador) fueron inicialmente determinados en el Decreto Ejecutivo 8514 del 2 de mayo de 1978, norma que además modificó su denominación a “Guaymí de Conte-Burica”, nombre que luego fue nuevamente variado por el de “Guaymí de Conteburica” mediante Decreto 13545 del 26 de abril de 1982. Dichas reservas son propiedad de las comunidades indígenas conforme el artículo 2 ejúsdem. El precepto 3 del mismo cuerpo legal dispone además que éstas (sic) “son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo (sic) podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas (sic) en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las reservas indígenas estarán exentos de toda clase de impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros” (la negrita se agrega). Por su parte, el canon 5 establece que “En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. [.-] (…) Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna. (…)”. De las anteriores normas se comprende que: A) los terrenos comprendidos en las reservas indígenas son inalienables, intransferibles; B) las personas no indígenas no pueden adquirir por título alguno dichos terrenos o derechos sobre ellos; y C) las personas no indígenas propietarias o poseedoras de buena fe tienen derecho a ser reubicadas o en su defecto expropiadas, pero ello será siempre y cuando el ejercicio de la posesión o de los actos como propietario haya sido de buena fe, lo que necesariamente requiere que aquéllos tuviesen esa condición de previo a la entrada en vigencia de la Ley Indígena o bien de los diversos Decretos Ejecutivos que, en desarrollo de su artículo primero, definen los límites físicos de las reservas (y en cumplimiento –claro está- de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José), el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las reglas de Brasilia). Aquel elemento temporal (cual es: anterioridad al establecimiento de la reserva por la Ley Indígena o bien, de previo a la incorporación del terreno mediante los decretos ejecutivos que le desarrollan) es consustancial a la posesión o titularidad que da lugar al derecho a la reubicación o indemnización. Es decir, integra su presupuesto, ya que es un factor determinante de la buena fe. Si bien no se halla contenido de forma expresa en la norma 5, se desprende con claridad de la relación con el artículo 3. Nótese en primer término que en ese mandato 5, el legislador tomó como presupuesto fáctico el que para ese momento (emisión de la Ley) personas no indígenas se encontraban ejerciendo de buena fe actos posesorios o como propietarios (al margen de su inscripción registral), y a ellos reconoció derecho a la reubicación o a la indemnización en el párrafo primero. En consecuencia, un sujeto no indígena que haya comenzado con el ejercicio de actos de posesión o propiedad después de la inclusión del terreno en una reserva, no puede estimarse de buena fe. En esa línea, ha de comprenderse que en el artículo 3, luego de establecer que las reservas indígenas son inalienables e intransferibles, se impide a los sujetos no indígenas, todos (tanto a aquellos propietarios o poseedores que reconoció en el primer acápite del mandato 5, como aquellos que no lo fueren, pues no hace distinción), concurrir o ser beneficiarios en cualquier acto o negocio traslativo de dominio. De esta manera, en el caso en que transgrediesen esa prohibición, han de ser calificados como invasores y desalojados sin indemnización alguna, conforme al párrafo tercero del precepto 5. En otras palabras, desde el momento cuando el terreno es integrado mediante el Decreto respectivo a una reserva indígena (bien los enlistados en el canon primero de la Ley, bien los que posteriormente le desarrollan), el sujeto no indígena que hasta entonces ejercía de buena fe la posesión o actos como propietario, tiene el derecho a ser reubicado o en su defecto expropiado e indemnizado, precisamente por cuanto su derecho colisiona con el derecho real de propiedad que ostenta la comunidad indígena según le atribuye el acápite segundo del artículo 2 de la Ley Indígena. A partir de ese momento, además se produce –como manifestó la Sala Constitucional en la sentencia 2097-2011 del 23 de febrero de 2011- el congelamiento del inmueble; y a raíz de ello el individuo que hasta entonces ejercía posesión o propiedad con todos los atributos, tiene restringida absolutamente la facultad de disponer de su derecho sobre ese terreno, así se contempló en ese numeral tercero de la normativa legal. Por consiguiente, no lleva razón el casacionista en cuanto alega errónea interpretación de los cánones 3 y 5 de la Ley Indígena. Tampoco hay violación a los cánones 45 de la Carta Magna y 286 del Código Civil, pues sus argumentos respecto de estas dos últimas normas pendían de la interpretación de las primeras. Y en particular, por cuanto es precisamente en razón de esa colisión con el derecho de dominio establecido a favor de la comunidad indígena y de esa restricción absoluta en la facultad de disposición que trastoca ese contenido esencial de su derecho, que la Ley ordena al Inder la reubicación o la expropiación, en respeto al canon 45 constitucional, lo cual habrá de ser implementado adicionalmente con la aplicación de la normativa internacional indicada y la Ley de Expropiaciones, no 7495 (…)”. (El resaltado no corresponde al original).

Asimismo, en la sentencia n.° 2848-A-S1-2020 de las 10:10 horas del 3 de diciembre de 2020, también referida por el recurrente, la instancia de casación dispuso:

“XVII. (…) Por otro lado, respecto a lo manifestado en torno a los preceptos 5 y 8 de la Ley Indígena, el recurrente no cuestionó lo acreditado por el Tribunal en los hechos probados números 2 y 3 respecto a la creación de la Reserva Indígena Matambú y a que fue debidamente delimitada en el año 1980, mediante Decreto Ejecutivo no. 11564, encontrándose dentro de ella la finca en litigio, matrícula no. 28530-000. Por el contrario, como ya se indicó, dicha situación fáctica es plenamente aceptada por la parte actora en los hechos 2 y 4 de la demanda. Como se expuso al analizar el agravio anterior, al tener pleno conocimiento el actor de los Decretos Ejecutivos, no solo de creación de dicha Reserva Indígena; sino también, el de su delimitación, abarcando la heredad en litigio, lo señalado por el Tribunal, de que, cuando el actor adquirió el fundo litigioso ya formaba parte de la Reserva Indígena, por lo cual no debe considerársele como un adquirente o poseedor de buena fe, pues, no puede alegar desconocimiento de la normativa jurídica vigente en ese momento; siendo la negociación y el traspaso del inmueble absolutamente nulos de pleno derecho conforme lo dispone el artículo 3 de la Ley Indígena, el cual configura normativa especial en esta materia, lejos de desvirtuase, se confirma. Ergo, la demanda no podía prosperar. Por demás, el casacionista no cuestionó la conclusión del Tribunal de la nulidad de pleno derecho de la negociación y traspaso, en virtud de lo dispuesto en el canon 3 de la Ley Indígena, lo cual, por sí solo, torna anodino lo señalado por el recurrente. Por otro lado, en torno al aserto del casacionista de que “Respecto a esta norma [se refiere al artículo 5 de la Ley Indígena], el Tribunal aplica indebidamente esta norma, ya que si bien establece que mi representado no cumple con los requisitos de este artículo, no considera que de haber el INDER expropiado al propietario legítimo, mi representado no estaría en esta situación.” Tal afirmación no es de recibo. Como se ha indicado, a la luz de lo expuesto en el hecho 4 de la demanda y en el hecho probado no. 3 de la sentencia cuestionada, el actor tenía pleno conocimiento de la existencia del Decreto Ejecutivo no. 11564 del 2 de junio de 1980, publicado en el diario oficial La Gaceta no. 115 del 18 de junio de ese año, mediante el cual quedó debidamente delimitada la Reserva Indígena Matambú, abarcando el inmueble en litigio. Es por esta situación que, además de no poder considerársele como adquirente o poseedor de buena fe; a tenor de lo dispuesto en el ordinal 3 de la Ley Indígena, se repite, norma especial tratándose de Reservas Indígenas, la negociación y traspaso del fundo a su favor son absolutamente nulos de pleno derecho; razones por las cuales la demanda no podía prosperar.

XVIII. Respecto a lo indicado en el punto 2) “Normas Respecto al Título de Propiedad y Fe Registral”, como se indicó en el apartado anterior, lo dispuesto en el precepto 3 de la Ley Indígena reproducido en el considerando VI de esta resolución, tocante a que “Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas (sic) en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso.”, constituye norma especial aplicable a los fundos ubicados en las Reservas Indígenas. De ahí que, para litigios en donde se alude, analice o discuta la negociación o traspaso de tierras o mejoras en reservas indígenas entre indígenas y no indígenas, como en esta lite, la normativa aplicable es esa y no la contenida en otros cuerpos legales como, verbigracia, el Código Civil. Ergo, lo señalado por el casacionsita en torno a la falta de aplicación de la normativa civil no es de recibo (…)”. (El resaltado no corresponde al original).

En el mismo sentido, en la sentencia n.° 2848-A-S1-2020 de las 10:10 horas del 3 de diciembre de 2020, también aludida por el accionante, se determinó:

“V. En criterio de esta Cámara -consúltese la resolución N° 920-F-S1-2015 de las 14 horas 30 minutos del 6 de agosto de 2015- de la Ley Indígena se pueden extraer los siguientes aspectos: a) los territorios indígenas son inalienables e intransferibles; b) los no indígenas no pueden adquirir por ningún título los terrenos que se encuentren dentro de la reserva y c) los no indígenas propietarios o poseedores de buena fe, tienen derecho a ser reubicados o en su defecto a ser indemnizados y con ello expropiados; esto último, siempre en el entendido de que la posesión o propiedad se haya ejercido al amparo de la buena fe. Lo anterior implica, tener dicha condición de previo a la entrada en vigencia de la Ley Indígena o de los Decretos Ejecutivos que haya incluido a un territorio dentro de una reserva. Este elemento temporal, de anterioridad al establecimiento de la reserva por ley o mediante decreto ejecutivo, resulta consustancial a la posesión o titularidad que da lugar al derecho de reubicación o indemnización. Es decir, este presupuesto es un factor determinante de la buena fe. En consecuencia, un sujeto no indígena que haya comenzado con el ejercicio de actos de posesión o propiedad después de la inclusión del terreno en una reserva, no puede estimarse de buena fe. Es por lo anterior, que la propia ley ha declarado estas tierras como inalienables e intransferibles, por ello se entiende una prohibición expresa para los no indígenas de concurrir o ser beneficiarios en cualquier acto o negocio traslativo de dominio. Si se transgrede este impedimento, tales personas deberán ser calificados como invasores y se exige su desalojo sin indemnización alguna. Dicho de otra manera, desde el momento cuando el terreno es integrado mediante decreto o ley, el no indígena que hasta entonces ejercía actos de posesión o propiedad de buena fe, tiene el derecho a ser reubicado o en su defecto indemnizado y expropiado; pues su derecho colisiona con el derecho real de propiedad que ostenta a partir de ese momento la comunidad indígena conforme se lo atribuye el artículo 2 de la Ley Indígena. Es a partir de ese instante, que se produce el congelamiento del inmueble; así lo ha estipulado la Sala Constitucional en fallo 2097-2011 del 23 de febrero de 2011. El individuo que hasta entonces ejercía su derecho con todos los atributos, tiene restringida absolutamente la facultad de disponer de su derecho sobre el bien. Aunado a lo anterior, en esa misma resolución, determinó esta Cámara, que cuando una persona pretenda la indemnización por estar su terreno dentro de reserva indígena, se hace necesario que además de ser sujeto no indígena y poseedor o propietario de buena fe, conforme a las reglas ya establecidas; en adición a esos dos elementos y en atención a lo dispuesto en el artículo 317 del Código Procesal Civil ley 7130 (de aplicación supletoria en este caso, así lo permite el numeral 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo), le corresponde al actor demostrar mediante prueba contundente como lo sería una pericial fundada en el examen de los planos de los terrenos, para evidenciar sin duda alguna que el terreno en discusión se encuentra dentro de reserva indígena.

VI. (…) Ahora bien, por otro lado, al margen de la comprobación de que los inmuebles en cuestión forman parte de la Reserva, se hace necesario manifestar en esta resolución, por ser objeto de esta litis, que tal y como se indicó en considerandos anteriores, de las pruebas aportadas por el actor, se extrae que este adquirió el terreno el 17 de septiembre de 2013; lo que significa 37 años después de haber sido establecida la Reserva y 36 años con posterioridad a la promulgación de la Ley Indígena. Según se ha expuesto en este fallo , no se puede tener a Nombre82222 como un adquirente de buena fe, pues la Reserva Indígena de Quitirrisí tenía más de tres décadas de estar constituida y protegida. En la demanda se indica que el actor es vecino de Quitirrisí, es decir, de la misma zona donde está la Reserva, de allí que incluso no resulte creíble para esta Cámara que el señor Nombre82223 no sabía que estaba adquiriendo un terreno dentro de zona protegida y propiedad colectiva de la población indígena; y por ende un bien no susceptible de negocio jurídico. Así las cosas, no lleva razón el recurrente y sus reparos deberán ser denegados.”. (El resaltado no corresponde al original).

Atinente a tales criterios, la Procuraduría General de la República aduce que la Sala de Casación no hace más que interpretar correctamente los alcances de las normas antes citadas, con apego al ordinal 45 de la Constitución Política.

En este sentido, señala que efectivamente se reconoce que las personas no indígenas propietarias o poseedoras de buena fe tienen derecho a ser indemnizadas (expropiadas) si tal condición de propietario o poseedor fue adquirida de previo a la vigencia de la Ley Indígena o de los decretos ejecutivos que establecieron los límites físicos de las respectivas reservas indígenas. Por el contrario, una persona no indígena que haya comenzado a ejecutar actos de posesión o propiedad sobre un inmueble posterior a la inclusión de ese terreno dentro de una reserva indígena, no puede considerarse de buena fe, pues la delimitación física de esa reserva ya había sido establecida, y, por ende, tales terrenos ya ostentaban las condiciones de intransferibles e inalienables.

A partir de lo anterior, la Procuraduría considera que, cuando un terreno es integrado a una reserva indígena a través del respectivo decreto, la persona no indígena que hasta ese momento ejercía de buena fe los actos de posesión o propiedad tiene derecho a la reubicación o indemnización que estatuye el artículo 5 eiusdem; empero, distinta es la situación del eventual surgimiento de un nuevo propietario registral, a quien se le hubiera trasladado la propiedad ya afectada por la limitación de reserva indígena. En ese caso, la jurisprudencia impugnada ha señalado, por un lado, que se trata de un negocio traslativo de dominio absolutamente nulo pues contraviene el artículo 3 de la Ley Indígena, y, por otro, en semejante situación se descarta la buena fe en la adquisición de la propiedad.

Al respecto, esta Cámara concluye que los criterios jurisprudenciales cuestionados no contravienen el Derecho de la Constitución.

Precisamente, el numeral 5 de la Ley Indígena señala que se requiere acreditar la “buena fe” para que resulte procedente reubicar o indemnizar a una persona no indígena poseedora o propietaria de un inmueble que se ubique dentro de una reserva indígena; sin embargo, el artículo 3 eiusdem también estatuye que las reservas indígenas son inalienables, imprescriptibles y no transferibles, a la vez que expresamente dispone: “Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. (…)”.

Así las cosas, se aprecia que, en las sentencias aludidas por el accionante, la Sala Primera de Casación ha comprendido que el elemento “buena fe” no es posible acreditarlo, cuando, con posterioridad a la constitución de una reserva indígena (a través del respectivo decreto ejecutivo), una persona adquiere una propiedad dentro de los límites de tal espacio restringido, toda vez que, a partir del momento en que normativamente se establece esa zona como reserva indígena deviene jurídicamente improcedente ejecutar tal acto traslativo de dominio, toda vez que el inmueble en cuestión es intransferible por imperativo de ley.

De esta forma, la Sala descarta que tal interpretación resulte contraria al ordinal 45 de la Constitución Política, pues, precisamente, con apego a esta norma constitucional, las personas que de buena fe ostentaban la titularidad de un inmueble previo a que este integrara el régimen de propiedad indígena deben ser indemnizadas por la afectación sufrida, pues la propiedad sobre tal bien de manera ulterior pasó a una comunidad indígena. Lógicamente, a partir de que se ha constituido una reserva indígena (mediante los decretos ejecutivos señalados en el artículo 1 de la propia Ley Indígena), carece de plausibilidad jurídica que una persona no indígena pueda adquirir válidamente una propiedad dentro de tal zona restringida, cuya delimitación física ya ha sido debidamente establecida y publicada a través de los decretos ejecutivos correspondientes. Semejante adquisición, como lo señala el ordinal 3 de la propia Ley Indígena, es absolutamente nula pues la propiedad ya era intransferible. Obsérvese que la reserva indígena y su debida delimitación espacial se constituye a partir del decreto ejecutivo correspondiente, no hasta el momento en que se da una eventual expropiación en los términos del ordinal 5 de la Ley Indígena, como sugiere el recurrente.

Asimismo, la parte accionante arguye que, independientemente de que el acto traslativo de dominio se hubiera efectuado luego de estar debidamente constituida la reserva indígena, existe buena fe del adquirente, quien actuó amparado en la seguridad jurídica que otorga la publicidad registral, pues no se había incorporado anotación o restricción alguna sobre ese inmueble en el Registro Público. Por ello, argumenta que la denegatorio de la debida indemnización quebranta los principios de buena fe registral y confianza legítima.

No obstante, conforme se indicó ut supra, el negocio jurídico mediante el cual se trasladó el dominio del inmueble se ha dado contra legem, puesto que la propiedad ya se encontraba afectada por el régimen de propiedad indígena, de ahí que, al margen de lo indicado en el Registro Público para el momento del acto negocial, el bien inmueble no podía ser objeto de comercio ni podía ser transferido a una persona ajena a la comunidad indígena.

Relacionado con tal tesitura, atinente al principio de confianza legítima (alegado por el recurrente) conviene resaltar, lo que esta Sala ha señalado:

“En resumen, el principio de confianza legítima descansa sobre la base de que el ciudadano asume un comportamiento confiando en que actúa de manera correcta, toda vez que la conducta constante, estable y a lo largo del tiempo de la Administración le genera razonablemente tal expectativa; dicho de otra forma, la Administración ha emitido signos externos que han venido a orientar al ciudadano hacia una cierta conducta y le han hecho confiar de buena fe en que tal situación persistirá. Como señala Meza Valencia (2013), “la confianza del particular surge con ocasión del nacimiento en el mundo jurídico de una palabra dada o promesa de la administración, pero se fortalece y arraiga con la cadena de conductas posteriores asumidas por la administración, toda vez que estas vayan orientadas a fortalecer y desarrollar la palabra emitida previamente. Sin la existencia de dichos actos posteriores armónicos y coherentes, la promesa dada previamente pierde su vocación de consolidación de la confianza legítima (…)

La jurisprudencia constitucional costarricense ya ha reconocido este principio, como se advierte en los siguientes antecedentes:

"(...) Sobre el desarrollo de este principio y su profunda raigambre constitucional, la doctrina nacional ha manifestado lo siguiente: "Este principio surge en la República Federal de Alemania y, luego, es recogido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, para definir una situación digna de ser amparada al haber sido violada la confianza puesta en la acción de la Administración Pública. El Tribunal Supremo Español, en su sentencia del 1º de febrero de 1990, consideró que este principio ha de ser aplicado, no tan sólo (sic) cuando se produzca cualquier tipo de convicción psicológica en el particular beneficiado, sino más bien cuanto se basa en signos externos producidos por la Administración lo suficientemente concluyentes para que le induzcan razonablemente a confiar en la legalidad de la actuación administrativa, unido a que, dada la ponderación de intereses en juego interés individual e interés general- la revocación o dejación sin efectos del acto, hace crecer en el patrimonio del beneficiado que confió razonablemente en dicha situación administrativa, unos perjuicios que no tiene por qué soportar derivados de unos gastos o inversiones que solo pueden serle restituidos con graves perjuicios en su patrimonio. En cuanto a los requisitos del principio de confianza legítima, la doctrina española, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, ha establecido los siguientes: Debe mediar un acto 1) de la administración lo suficientemente concluyente para provocar en el afectado uno de los tres tipos siguientes de confianza: a) confianza del afectado en que la Administración Pública actúa correctamente; b) confianza del afectado en que es lícita la conducta que mantiene en su relación con la Administración Pública, al existir un eventual error de prohibición; c) confianza del afectado en que sus expectativas como interesado son razonables. 2) La Administración Pública debe provocar signos (actos o hechos) externos que, incluso, sin necesidad de ser jurídicamente vinculantes, orienten al administrado hacia una determinada conducta que de no ser por la apariencia de legalidad creada no hubiere efectuado. 3) Un acto de la Administración Pública (v. gr. un reglamento que reconoce o constituye una situación jurídica individualizada en cuya estabilidad confía el administrado. 4) La causa idónea para provocar la confianza legítima del afectado no puede provocarse por la mera negligencia, tolerancia, ignorancia de la Administración Pública o lo irracional de lo pretendido por el administrado. 5) El administrado debe cumplir los deberes y obligaciones que le competen. El quebranto del principio de la confianza legítima provoca, indudablemente, varios efectos jurídicos de importancia, veamos: 1) Actúa como límite al ejercicio de las potestades discrecionales. 2) Opera como una garantía del principio de igualdad. 3) Provoca el deber de la Administración pública de resarcir la frustración de las expectativas legítimas y los derechos subjetivos lesionados. El principio de la confianza legítima, junto con el de la buena fe en las relaciones jurídico-administrativas, dimana del principio de igualdad jurídica, esto es, la certidumbre de las relaciones con los poderes públicos, saber, el administrado, a qué atenerse con éstos (sic) , quienes deben evitar las situaciones objetivamente confusas y mantener las situaciones jurídicas aunque no sean absolutamente conformes con el ordenamiento jurídico. Este principio, se concreta, entre otros supuestos, con la teoría de la intangibilidad de los actos propios declarativos de derechos para el administrado, la limitación de los actos de gravamen y la irretroactividad. Encuentra aplicación, también, cuando una administración pública dicta y realiza una serie de actos y de actuaciones, que aunque jurídicamente incorrectas, generan una serie de expectativas en el administrado creyendo que ostenta una situación jurídica conforme con el ordenamiento jurídico (...)" (ver sentencia N° 2010-010171 de las 9:58 horas del 11 de junio de 2010).”. (Sentencia n.° 2016008000 de las 11:52 horas de 10 de junio de 2016).

En la especie, este Tribunal descarta que la jurisprudencia cuestionada desatienda el principio antedicho. Así, debe reiterarse que, con independencia de lo que se advierta registralmente, la propiedad integrada a una reserva indígena es intransmisible por disposición expresa de ley, de modo que no es posible recurrir a la buena fe registral o a una presunta confianza legítima para convalidar un acto negocial absolutamente nulo, efectuado en contravención al ordenamiento jurídico. Véase, una vez más, que la delimitación física de las reservas indígenas está establecida a través de distintos decretos ejecutivos, debidamente publicados; además, existe una prohibición legal expresa para que las personas no indígenas adquieran estas propiedades, por lo que los actos de traspaso son nulos. Por ello, la eventual omisión del Registro Público de consignar la afectación de reserva indígena sobre un inmueble de ninguna manera convalida algún acto traslativo de dominio efectuado al margen de la ley, ni constituye una causa idónea para que el adquirente de tal negocio nulo reclame una indemnización en los términos del ordinal 5 de la Ley Indígena, como pretende la parte recurrente.

Ahora, no está de más aclarar que la responsabilidad por la omisión del Registro Público de anotar los inmuebles que son parte de una reserva indígena en un caso concreto, así como la eventual responsabilidad que, como indica la Procuraduría, podría tener el vendedor de una propiedad bajo el régimen de reserva indígena, o la que el presidente de la Sala Primera de Casación aduce que podría tener el notario público que realiza un negocio jurídico en tales términos, no son propias de ser declaradas a través del proceso de control que efectúa esta Sala por medio de una acción de inconstitucionalidad, de ahí que tal tipo de pretensión deberá ventilarse en las vías ordinarias correspondientes.

Por último, el accionante alega que los criterios de la jurisprudencia impugnada vulneran el principio de responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por actividad jurisdiccional, recogido en los artículos 9, 11 y 41 de la Constitución Política, y que se desarrolla en los numerales 190 y 194 de la Ley General de la Administración Pública. Al respecto, esta Cámara comparte lo señalado por la Procuraduría General de la República, en el sentido de que una eventual responsabilidad estatal por actividad jurisdiccional (que lejos de significar un desacuerdo con un criterio jurisprudencial, implica la constatación de alguna irregularidad grave en el cumplimiento de las responsabilidades y competencias jurisdiccionales) no es posible conocerla ni determinarla a través de una acción de inconstitucionalidad, por lo que, de considerar que las instancias ordinarias han incurrido en algún supuesto de este tipo de responsabilidad administrativa, la parte accionante podrá acudir a las vías comunes correspondientes, si a bien lo tiene.

En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad.”

Como corolario, este Tribunal, por mayoría, ya concluyó que la citada línea jurisprudencial no contraviene el Derecho de la Constitución y, por el contrario, resulta congruente con el especial régimen de propiedad indígena regulado en los artículos 1, 2, 3 y 5 de la Ley Indígena. Según se verificó, tal pauta jurisprudencial no desconoce o infringe los derechos fundamentales de las personas no indígenas que de buena fe ostentaban la titularidad de un inmueble de previo a que este se integrara al régimen de propiedad indígena, a quienes se les reconoce su derecho a la reubicación o a la expropiación e indemnización por la afectación sufrida. Por lo que debe remitirse nuevamente a lo señalado en el considerando anterior, sobre la posibilidad que tales personas puedan acudir a las instancias respectivas en la eventualidad que no se les hubiera reubicado o expropiado a la fecha. Ahora, sustancialmente distinta es la situación respecto de las personas no indígenas que pretenden derivar derechos de negocios jurídicos posteriores a la constitución de la reserva indígena, pues -como ya se indicó el voto parcialmente transcrito- "(l)ógicamente, a partir de que se ha constituido una reserva indígena (mediante los decretos ejecutivos señalados en el artículo 1 de la propia Ley Indígena), carece de plausibilidad jurídica que una persona no indígena pueda adquirir válidamente una propiedad dentro de tal zona restringida, cuya delimitación física ya ha sido debidamente establecida y publicada a través de los decretos ejecutivos correspondientes. Semejante adquisición, como lo señala el ordinal 3 de la propia Ley Indígena, es absolutamente nula pues la propiedad ya era intransferible. Obsérvese que la reserva indígena y su debida delimitación espacial se constituye a partir del decreto ejecutivo correspondiente, no hasta el momento en que se da una eventual expropiación en los términos del ordinal 5 de la Ley Indígena, como sugiere el recurrente...".  En cuyo caso, no existe motivo alguno que justifique variar el criterio ya vertido en tal ocasión.

V.- EN CONCLUSIÓN. Como corolario de lo anterior, procede rechazar por el fondo la acción interpuesta, como así se dispone pone. La magistrada Garro Vargas salva el voto y declara parcialmente con lugar la acción de inconstitucionalidad; en consecuencia, declara inconstitucional la línea jurisprudencial impugnada en cuanto asume, de manera genérica, la existencia de mala fe en la causa adquisitiva del negocio traslativo de dominio a partir, exclusivamente, de la vigencia del artículo 5 de la Ley Indígena y, por ello, de la nulidad originaria del negocio de traspaso, derivada de lo dispuesto en el citado artículo. La magistrada Garro Vargas consigna nota.

VI.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS EN CUANTO A LA LÍNEA JURISPRUDENCIAL DE LA SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  

La suscrita magistrada advierte que en el precedente citado como fundamento para la desestimatoria de la acción, respecto a la mencionada línea jurisprudencial de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, salvé el voto juntamente con el magistrado Garita. En dicho voto salvado se realizaron las siguientes consideraciones:

“VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS Y DEL MAGISTRADO GARITA NAVARRO, CON REDACCIÓN DE ESTE SEGUNDO.

Con el respeto debido, disentimos de la postura de mayoría por las razones que de seguido se expresan. La Ley Indígena No. 6172, data s del año 1977, en tanto que la creación de la Reserva Indígena Guatuso se realizó mediante Decreto Ejecutivo No. 5904-G, publicado en el Alcance No. 60 a La Gaceta No. 70 del 10 de abril de 1976, y cuyos límites fueron estipulados por los numerales 1 y 2 del Decreto Ejecutivo No. 7962 del 15 de diciembre de 1977. El ordinal 5 de la Ley Indígena establece:

Artículo 5º.- En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. (Así reformado por el artículo 65, inc. d) de la Ley Nº 7495 de 3 de mayo de 1995).

Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO encoordinación con la CONAI.

Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna.

Las expropiaciones e indemnizaciones serán financiadas con el aporte de cien millones de colones en efectivo, que se consignarán mediante cuatro cuotas anuales de veinticinco millones de colones cada una, comenzando la primera en el año de 1979; dichas cuotas serán incluidas en los presupuestos generales de la República de los años 1979, 1980, 1981 y 1982. El fondo será administrado por la CONAI, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República.

Es decir, esta norma fija requisitos impostergables de orden subjetivo, que determinan la procedencia del trámite indemnizatorio que en esa norma se establece, a saber: 

a)    Personas no indígenas o que no pertenecen a la comunidad indígena; 

b)    Que hayan adquirido de buena fe, un derecho de propiedad o posesión de un inmueble, antes de la declaración de reserva indígena;

c)     Y que, al ubicarse dentro de los límites de la reserva, se vacía su derecho de propiedad o posesión. La buena fe significa que los propietarios o poseedores adquirieron sus derechos sobre los inmuebles según las reglas del Código Civil. En ese sentido, deben probar administrativa y judicialmente, que ejercían actos posesorios sobre el inmueble antes de entrar en vigor la Ley 6172 "Ley Indígena" del 29 de noviembre de 1977, así como su reglamento (Decreto Ejecutivo Nº 8487 de abril de 1978), o bien, de previo a emitirse la norma que definió que un determinado terreno es parte del área de reserva.

El canon 3 ejusdem establece que los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas, es menester en cada caso analizar y ponderar si la adquisición de un inmueble en esas condiciones se realizó de buena o mala fe, para lo cual, habría que considerar, entre otros aspectos, si el bien se adquirió de un indígena, supuesto en el cual, se impondría una nulidad de pleno derecho por la posibilidad objetiva de conocer que la propiedad es indígena, o bien, que esos bienes contaban con rotulaciones o elementos materiales (visuales) que les identificaran como parte de reserva, tuvieran anotaciones registrales o estuvieran ocupados por indígenas o se realizaran dentro de esos predios, actividades por parte de esas comunidades. Empero, cuando se adquiere de un no indígena, es menester considerar si el adquirente estaba en posibilidad objetiva de conocer que el bien estaba afecto a este tipo de dominio especial, supuesto en el cual, las demarcaciones del terreno, así como las anotaciones registrales serían indicativos determinantes.

En ese sentido, la sola disposición de los límites de una reserva de esta índole mediante decreto ejecutivo no supone en modo alguno una suerte de deber de conocer la existencia de esas circunstancias de parte de terceros, quienes amparados en la publicidad registral inmobiliaria, y a la luz del ordinal 455 del Código Civil, adquieren bienes sobre los cuales, desde el plano registral no pesa, ni existe condición marginal alguna (directa o indirecta) que le advierta sobre la naturaleza de ese terreno. Precisamente, dentro de la lógica de la Ley No. 6172, el deber que se impone en el numeral 5 -en cuanto a la expropiación de los terrenos de no indígenas que se ubiquen dentro de esas reservas-, busca tutelar no solamente el derecho de las comunidades indígenas de que les restituyan los terrenos que constituían su ámbito geográfico de existencia, actividades y costumbres, sino además regular y delimitar la obligación asumida por el Estado de devolver a esas comunidades las tierras tradicionalmente ocupadas.

Tal compromiso se reconoce incluso de previo a la emisión de la Ley Indígena (1977), en concreto, en la Ley de Terrenos Baldíos de 1939, en el Convenio 107 de la OIT de 1959, norma que obligó al Estado a reconocer las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas, regulaciones luego reforzadas por la citada Ley No. 6172 y el Convenio 169 de la OIT. Así, esa Ley Indígena obligaba al Estado, junto con el ITCO (ahora INDER y la CONAI) a iniciar los estudios poblacionales y trámites de expropiación para sustraer dicho dominio a no indígenas y retornarlo a los pueblos indígenas. El que se haya dispuesto la obligatoriedad de instruir un trámite expropiatorio, pone en evidencia que ese tratamiento busca una tutela dual, sea, el resguardo de la propiedad comunitaria indígena, de la que fueron desplazados por múltiples razones históricas y, por otro, sobre la base de la buena fe de esos propietarios actuales no indígenas, tutelar el derecho de dominio adquirido de buena fe, pues fue la propia inercia del Estado la que llevó a esos desplazamientos de propiedad, en múltiples casos, no inscripción registral de titularidad.

Ahora, bajo la certeza de que exista delimitación geográfica de la reserva y a la vez claridad para terceros no indígenas, que sus tierras forman parte de la reserva, por lo cual van a ser expropiadas, es que emerge la restricción que impone el ordinal 3 de la Ley Indígena, en cuanto estatuye que los no indígenas no podrán arrendar, adquirir u obtener de cualquier modo, derechos de disposición o uso sobre áreas de reserva indígena. Esto es así ya que, una vez puesta en disposición de los indígenas esas tierras, los no indígenas no pueden adquirirlas de ninguna manera, pues de otro modo se socavaría el fin mismo de la Ley y el deber de retornar la tierra a los pueblos indígenas. Incluso por esa misma razón se reconoce en esa norma (artículo 3), la nulidad de pleno derecho de los traspasos de indígenas a no indígenas, pues la lógica es evitar nuevamente la pérdida del derecho de propiedad de esas comunidades.

Por ende, en los casos como el presente en que pese a que la reserva se delimita desde 1977, la declaratoria no se acompaña de unas conductas ulteriores que lleven a reintegrar materialmente los terrenos a los indígenas, de suerte que se permita poner en posibilidad de conocimiento a terceros adquirentes de buena fe, no es correcto pretender desconocer los efectos de actos de traslado de dominio. Lo anterior puede darse por la ausencia del inicio de estudios, trámites expropiatorios, anotaciones registrales, demarcación de espacios, demarcación física, rotulaciones, notificaciones, etc., Así, en tanto no hubiera posibilidad objetiva de conocer que el área estaba en reserva indígena, no puede asumirse la mala fe, pues de otro modo, el Estado (en el concepto integral del art. 9 de la Carta Magna) evadiría la obligación que le impone el ordinal 5 de la Ley No. 6172.

A juicio de quienes suscriben este voto de minoría, la sanción de nulidad originaria que establece esa norma en cuestión no permite excluir, de manera general y automática, situaciones en las cuales, dadas las condiciones que se han presentado en la creación y disposición de esos terrenos, terceros ocupantes o adquirentes puedan llegar a acreditar una buena fe en el ejercicio de sus derechos. Es decir, la nulidad que se dispone legalmente en torno a los traspasos de dominio de tierras que formen parte de las citadas reservas indígenas, según la delimitación geográfica vigente a ese momento, sin duda, opera de pleno derecho, a partir de lo cual, es innegable que esas heredades deben pasar a dominio indígena, sin que puedan reservarse a dominio privado particular. Sin embargo, esa consecuencia legal no es óbice para que, frente a determinadas circunstancias, personas que haya adquirido situaciones jurídicas al amparo de una máxima de confianza legítima, y siempre que logren acreditar de manera debida y plena razones objetivas que pudiera llevar a colegir estados de ocupación o adquisición de buena fe, puedan emprender acciones indemnizatorias en contra de la Administración Pública por la desatención de las obligaciones que desde 1977 le impuso la Ley Indígena, en lo términos indicado supra. Así, en esos casos de adquisición de buena fe por las condiciones dichas, al margen de que las tierras deban ponerse a disposición de la respectiva comunidad indígena, cabría cuestionarse si las Administraciones obligadas darían cabida a una solicitud de indemnización de parte del propietario original o si, por el contrario, negarían esa reparación bajo el alegato que hubo desplazamiento de propiedad. No se trata entonces de negar que esas tierras son parte de una reserva indígena, sino de lograr un equilibrio en la tutela de las situaciones jurídicas involucradas, que impone no solamente tutelar la propiedad indígena, sino además, tutelar el derecho de quien ha adquirido de buena fe por la circunstancia que la Administración se limitó a declarar vía decreto ejecutivo los límites de una reserva, sin el acompañamiento debido de acciones materiales que permitan el retorno efectivo de la tierra a los indígenas, y sin adoptar acciones concretas que generaran certeza jurídica a los terceros, sobre la indisponibilidad de esos bienes en el tráfico inmobiliario.

De otro modo, se permitiría que esas tierras no sean indemnizadas a los anteriores propietarios, quienes, en virtud de la declaratoria de régimen especial de propiedad mancomunada indígena, deben someterse a esa supresión de dominio, pero sin la obtención correspondiente de la reparación civil que manda la ley. Desde ese plano, el alegato de improcedencia de lo pretendido sobre la única referencia de haber adquirido registralmente en una fecha ulterior a la creación de la reserva, si bien es una postura respetada, en definitiva, se estima violatoria de los derechos regulados en los preceptos 9 y 45 de la Constitución Política, en la medida en que presupone, de manera genérica y abstracta, una mala fe en la causa adquisitiva, negando con ello potenciales indemnizaciones. Nótese que la indemnización prevista por el ordinal 5 de la Ley No. 6172 únicamente está vedada en los casos de titulares u ocupantes de mala fe.

De esa manera, con el respeto debido, se estima que no resulta viable partir de una premisa genérica, extensible a todo caso, al margen de sus particularidades y casuística, que las fincas hayan sido adquiridas bajo la clara noción de que formaban parte de patrimonio indígena. Bien pueden darse casos en los que esas heredades hayan sido adquiridas sin que tuvieran alguna anotación registral que advirtiera de la existencia de una imposibilidad jurídica de ser inscritas mediante causa adquisitiva de compra, mediante trámites de información posesoria. Por el contrario, en el ejemplo de una adquisición por la vía de proceso judicial de información posesoria hace presuponer un análisis en esa causa de la concurrencia de los diversos presupuestos que permiten la titulación por esos medios, como lo es, la ocupación pública, pacífica y de buena fe, de suerte que, de inicio, no sería legítimo desconocer simplemente el contenido y efecto esas resoluciones judiciales, y asumir mala fe en la causa adquisitiva. Si bien existen vías jurídicas para disponer su anulación, esa hipótesis no llevaría a presuponer, sí o sí, una mala fe de parte del ocupante o titular. 

A la fecha, pese a que la Ley Indígena impone el deber al INDER y a la CONAI de realizar las delimitaciones y demarcaciones de las áreas que componen las diversas Reservas Indígenas en Costa Rica, realizar los censos poblacionales que le permitan definir y discriminar cuáles de los titulares u ocupantes de los terrenos dentro de esas áreas son indígenas o no indígenas de cara a proceder a concretar las expropiaciones o reubicaciones pertinentes, esas acciones no han sido concretadas. Desde ese plano, con el respeto de siempre, se disiente de la negación de un deber de expropiación o bien, en determinados supuestos, de una responsabilidad patrimonial de la Administración, producto de la inercia en el ejercicio de las acciones formales y materiales para garantizar la adquisición, reivindicación, protección y publicidad debida de esas tierras. Lo anterior ya que ello llevaría a negar la responsabilidad civil que estatuye el canon 9 de la Constitución Política, pese a la acreditación de una indolencia, sea, un funcionamiento anormal por omisión (disfunción) que, con alto grado de probabilidad, pudo haberse constituido como móvil adecuado a partir del cual, se colocó a terceros en posición de adquirir bienes, por confianza legítima, al amparo de la publicidad registral, produciendo un daño patrimonial tutelable. 

Lo opuesto llevaría a cohonestar la adquisición forzosa de hecho e ilegítima de esas tierras, sin el reconocimiento compensatorio que, para efectos de la expropiación, fija no solamente el artículo 5 de la Ley Indígena, sino, además, el ordinal 45 párrafo inicial de la Carta Magna, norma que tutela el derecho de propiedad, el que solo puede suprimirse mediante el trámite expropiatorio, previa indemnización correspondiente. De ese modo, si el deber legal (y constitucional) del INDER es la expropiación de los terrenos que pasaron a formar parte de una determinada reserva indígena, y que son de dominio o posesión de buena fe de no indígenas, la falta de reclamo sobre la concreción de la expropiación no es óbice para la oponibilidad de las obligaciones atinentes a esos entes públicos, como garantía de tutela de la situación jurídica de esas personas no indígenas titulares de buena fe. Así, es menester un análisis particular de cada caso concreto, para discriminar si ha existido mala fe en la adquisición. Esta condición no se desprende, en automático, por la nulidad de base legal del negocio de traslado de dominio. 

Finalmente, deseamos recalcar que es claro que los traspasos de tierras que se hayan suscrito después de la entrada en vigor de la Ley Indígena o bien, de la creación y delimitación de cada reserva indígena, son nulos, por imperativo legal. De igual manera, no cabría derecho de reclamo patrimonial alguno en los casos en que terceros no indígenas no pudieran acreditar buena fe en el ejercicio de su ocupación o adquisición. Para ello, es evidente que la sola ausencia de anotaciones registrales no determina la validez del negocio jurídico, ni la buena fe en la ocupación, ya que, si en cada caso, pese a esa publicidad registral, existen parámetros objetivos que permitan deducir la naturaleza jurídica de esos bienes, no concurriría esa condición reparatoria. Esto es igualmente aplicable para las demás actuaciones propias del respectivo tracto sucesivo. Ergo, estimamos que la línea jurisprudencial impugnada es congruente con el Derecho de la Constitución, en tanto se entienda que es aplicable a los casos en que, dentro de la respectiva causa judicial, no se haya establecido la concurrencia de buena fe en el negocio de adquisición de la heredad, aspecto que no se encuentra estrictamente supeditado a la calificación legal de nulidad originaria del negocio de traspaso, fijado por el citado numeral 5 de la Ley Indígena. Así, es dentro de la casuística de cada proceso ordinario, que deberá definirse tal condición y ponderar la procedencia o no de eventuales reparaciones civiles, aspecto que, desde luego, escapa al control propio de esta jurisdicción. Empero, la aplicación genérica debatida impide la valoración de potencial aplicabilidad del régimen de responsabilidad por daños atinente a la Administración, se reitera, sustentada en el canon 9 de la Carta Fundamental.  

Por tanto, la magistrada Garro Vargas y el magistrado Garita Navarro salvan el voto y declaran inconstitucional la línea jurisprudencial impugnada en cuanto asume, de manera genérica, la existencia de mala fe en la causa adquisitiva del negocio traslativo de dominio a partir, exclusivamente, de la vigencia del artículo 5 de la Ley Indígena y, por ello, de la nulidad originaria del negocio de traspaso, derivada de lo dispuesto en el citado artículo.”

 VII.- NOTA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS

 Consigno esta nota para subrayar que para quienes suscribimos el referido voto salvado, sin duda, los negocios de traspaso de dominio a personas no indígenas son nulos después de la mencionada ley; pero de ahí no derivamos que incondicionalmente se ha configurado la mala fe en quien adquiere, sino que estimamos que deben examinarse otros elementos. Ciertamente muchos de estos fueron valorados en esas sentencias que se aportan. Sin embargo, lo que debe tenerse presente es que la nulidad del acto no es porque se dio mala fe, sino porque este se realizó después de la entrada en vigor de esa ley.

 VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

 Se rechaza por el fondo la acción. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y declara inconstitucional la línea jurisprudencial impugnada en cuanto asume, de manera genérica, la existencia de mala fe en la causa adquisitiva del negocio traslativo de dominio a partir, exclusivamente, de la vigencia del artículo 5 de la Ley Indígena y, por ello, de la nulidad originaria del negocio de traspaso, derivada de lo dispuesto en el citado artículo. La magistrada Garro Vargas consigna nota.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Aracelly Pacheco S.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 BVSNA4EO4C461

EXPEDIENTE N° 22-025518-0007-CO

 

Teléfonos: Telf7268/  (Telf10). Fax: Telf1209 / Telf7229. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Dirección6012, San José, Dirección2662, Dirección495, calles 19 y 21, Dirección1786

 

 

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:53:23.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

... this Court, by majority, has already concluded that the cited jurisprudential line does not contravene the Law of the Constitution and, on the contrary, is consistent with the special indigenous property regime regulated in Articles 1, 2, 3, and 5 of the Indigenous Law (Ley Indígena). As was verified, such jurisprudential guideline does not disregard or infringe upon the fundamental rights of non-indigenous persons who in good faith held ownership of a property prior to its integration into the indigenous property regime, whom are recognized their right to relocation or to expropriation and compensation for the impact suffered. Therefore, reference must again be made to what was indicated in the preceding recital, regarding the possibility that such persons may resort to the respective instances in the event that they have not been relocated or expropriated to date. Now, the situation is substantially different with respect to non-indigenous persons who seek to derive rights from legal transactions subsequent to the constitution of the indigenous reserve, since -as already indicated in the partially transcribed vote- "(l)ogically, as of the moment an indigenous reserve has been constituted (by means of the executive decrees indicated in Article 1 of the Indigenous Law itself), it lacks legal plausibility that a non-indigenous person can validly acquire a property within such restricted zone, whose physical delimitation has already been duly established and published through the corresponding executive decrees. Such acquisition, as ordinal 3 of the Indigenous Law itself indicates, is absolutely null since the property was already non-transferable. It should be noted that the indigenous reserve and its due spatial delimitation is constituted as of the corresponding executive decree, not until the moment a potential expropriation takes place under the terms of ordinal 5 of the Indigenous Law, as the appellant suggests...". In which case, there is no reason whatsoever that justifies varying the criterion already expressed on that occasion.

V.- IN CONCLUSION. As a corollary of the foregoing, the action filed must be rejected on the merits, as is hereby ordered. Judge Garro Vargas dissents and partially grants the unconstitutionality action; consequently, declares unconstitutional the impugned jurisprudential line insofar as it assumes, generically, the existence of bad faith in the acquisitive cause of the transfer of ownership transaction based exclusively on the validity of Article 5 of the Indigenous Law and, therefore, on the original nullity of the transfer transaction, derived from the provisions of said article. Judge Garro Vargas records a note..."

Telf5453

... See more
Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments
Content of Interest:

Type of content: Dissenting vote

Branch of Law: 3. MATTERS OF CONSTITUTIONALITY CONTROL

Topic: PROPERTY

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

VI.- DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS REGARDING THE JURISPRUDENTIAL LINE OF THE FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.

The undersigned judge notes that in the precedent cited as grounds for the dismissal of the action, regarding the aforementioned jurisprudential line of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, I dissented together with Judge Garita. In said dissenting vote, the following considerations were made:

"DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS AND JUDGE GARITA NAVARRO, WITH THE DRAFTING OF THE LATTER.

With due respect, we dissent from the majority position for the reasons expressed below. The Indigenous Law No. 6172 dates from the year 1977, while the creation of the Guatuso Indigenous Reserve was carried out through Executive Decree No. 5904-G, published in Supplement No. 60 to La Gaceta No. 70 of April 10, 1976, and whose boundaries were stipulated by numerals 1 and 2 of Executive Decree No. 7962 of December 15, 1977. Ordinal 5 of the Indigenous Law establishes:

Article 5.- In the case of non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith within the indigenous reserves, the ITCO must relocate them to other similar lands, if they so desire; if relocation is not possible or they do not accept relocation, it must expropriate and compensate them in accordance with the procedures established in the Law of Expropriations. (Thus amended by Article 65, subsection d) of Law No. 7495 of May 3, 1995).

The studies and procedures for expropriation and compensation shall be carried out by the ITCO in coordination with the CONAI.

If there is a subsequent invasion of non-indigenous persons into the reserves, the competent authorities must immediately proceed with their eviction, without payment of any compensation.

The expropriations and compensations shall be financed with the contribution of one hundred million colones in cash, which shall be deposited in four annual installments of twenty-five million colones each, with the first beginning in the year 1979; said installments shall be included in the general budgets of the Republic for the years 1979, 1980, 1981, and 1982. The fund shall be administered by the CONAI, under the supervision of the Comptroller General of the Republic.

That is to say, this rule establishes urgent subjective requirements that determine the appropriateness of the compensation procedure established therein, namely:

a) Non-indigenous persons or those who do not belong to the indigenous community;

b) Who have acquired, in good faith, a right of property or possession of a property, before the declaration of the indigenous reserve;

c) And who, upon being located within the boundaries of the reserve, have their right of property or possession vacated. Good faith means that the owners or possessors acquired their rights over the properties according to the rules of the Civil Code. In that sense, they must prove administratively and judicially that they exercised possessory acts over the property before Law 6172 "Indigenous Law" entered into force on November 29, 1977, as well as its regulations (Executive Decree No. 8487 of April 1978), or, prior to the issuance of the regulation that defined that a specific plot of land is part of the reserve area.

Canon 3 ejusdem establishes that non-indigenous persons may not rent, lease, buy, or in any other way acquire land or farms comprised within these reserves. It is necessary in each case to analyze and weigh whether the acquisition of a property under those conditions was carried out in good or bad faith, for which purpose, one would have to consider, among other aspects, whether the property was acquired from an indigenous person, a scenario in which a nullity of full right would be imposed due to the objective possibility of knowing that the property is indigenous, or, that those properties had signage or material (visual) elements that identified them as part of the reserve, had registry annotations, or were occupied by indigenous people or activities by those communities were carried out on those premises. However, when acquiring from a non-indigenous person, it is necessary to consider whether the acquirer was in an objective position to know that the property was subject to this special type of domain, a scenario in which the demarcations of the land, as well as the registry annotations, would be determining indicators.

In that sense, the mere establishment of the boundaries of a reserve of this nature by executive decree does not in any way imply a sort of duty to know the existence of those circumstances on the part of third parties, who, protected by the real estate registry publicity, and in light of ordinal 455 of the Civil Code, acquire properties over which, from the registry standpoint, there is no marginal condition (direct or indirect) warning them about the nature of that land. Precisely, within the logic of Law No. 6172, the duty imposed in numeral 5 -in terms of the expropriation of the lands of non-indigenous persons located within those reserves-, seeks to protect not only the right of indigenous communities to have the lands that constituted their geographical sphere of existence, activities, and customs restored to them, but also to regulate and delimit the obligation assumed by the State to return to those communities the lands traditionally occupied.

Such commitment is recognized even prior to the issuance of the Indigenous Law (1977), specifically, in the Law of Vacant Lands of 1939, in Convention 107 of the ILO of 1959, a regulation that obligated the State to recognize the lands traditionally occupied by indigenous peoples, regulations later reinforced by the cited Law No. 6172 and Convention 169 of the ILO. Thus, that Indigenous Law obligated the State, together with the ITCO (now INDER and the CONAI) to initiate population studies and expropriation procedures to withdraw said ownership from non-indigenous persons and return it to the indigenous peoples. The fact that the obligation to conduct an expropriation procedure was established highlights that this treatment seeks a dual protection, that is, the safeguarding of indigenous communal property, from which they were displaced for multiple historical reasons, and, on the other, based on the good faith of those current non-indigenous owners, to protect the right of ownership acquired in good faith, since it was the State's own inertia that led to those displacements of property and, in many cases, the failure to register ownership in the registry.

Now, under the certainty that a geographical delimitation of the reserve exists and simultaneously clarity for non-indigenous third parties that their lands form part of the reserve, for which reason they will be expropriated, the restriction imposed by ordinal 3 of the Indigenous Law emerges, in that it establishes that non-indigenous persons may not rent, acquire, or obtain in any way, rights of disposal or use over indigenous reserve areas. This is so because, once those lands are made available to the indigenous people, non-indigenous persons cannot acquire them in any way, since otherwise the very purpose of the Law and the duty to return the land to the indigenous peoples would be undermined. Even for that same reason, the nullity of full right of transfers from indigenous to non-indigenous persons is recognized in that rule (Article 3), since the logic is to prevent the renewed loss of the property right of those communities.

Therefore, in cases such as the present one where, despite the reserve being delimited since 1977, the declaration is not accompanied by subsequent conduct leading to materially returning the lands to the indigenous people, so as to allow third-party acquirers in good faith to be placed in a position to know, it is not correct to attempt to disregard the effects of acts of transfer of ownership. The foregoing may occur due to the absence of the initiation of studies, expropriation procedures, registry annotations, spatial demarcation, physical demarcation, signage, notifications, etc. Thus, as long as there was no objective possibility of knowing that the area was within an indigenous reserve, bad faith cannot be assumed, since otherwise, the State (in the integral concept of Article 9 of the Magna Carta) would evade the obligation imposed upon it by ordinal 5 of Law No. 6172.

In the judgment of those who subscribe this minority vote, the sanction of original nullity established by that rule in question does not allow for the exclusion, in a general and automatic manner, of situations in which, given the conditions that have arisen in the creation and arrangement of those lands, third-party occupants or acquirers may be able to prove good faith in the exercise of their rights. That is to say, the nullity legally provided for regarding transfers of ownership of lands that form part of the cited indigenous reserves, according to the geographical delimitation in force at that time, undoubtedly operates with full right, as of which, it is undeniable that those properties must pass to indigenous ownership, without being able to be reserved for private ownership. However, that legal consequence is not an obstacle for, in the face of certain circumstances, persons who have acquired legal situations under the protection of a maxim of legitimate expectation, and provided they manage to duly and fully accredit objective reasons that could lead to inferring states of occupation or acquisition in good faith, to be able to undertake compensatory actions against the Public Administration for the neglect of the obligations that the Indigenous Law imposed upon it since 1977, in the terms indicated supra. Thus, in those cases of acquisition in good faith due to the stated conditions, regardless of whether the lands must be placed at the disposal of the respective indigenous community, it would be questionable whether the obligated Administrations would accommodate a request for compensation by the original owner or if, on the contrary, they would deny that reparation under the allegation that a displacement of property occurred. It is not, therefore, about denying that those lands are part of an indigenous reserve, but about achieving a balance in the protection of the legal situations involved, which imposes not only protecting indigenous property, but also protecting the right of one who has acquired in good faith due to the circumstance that the Administration limited itself to declaring the boundaries of a reserve via executive decree, without the proper accompaniment of material actions that allow the effective return of the land to the indigenous people, and without adopting concrete actions that would generate legal certainty for third parties regarding the unavailability of those properties in real estate transactions.

Otherwise, it would allow those lands not to be compensated to the former owners, who, by virtue of the declaration of a special regime of joint indigenous property, must submit to that suppression of ownership, but without obtaining the corresponding civil reparation that the law mandates. From that standpoint, the argument of inadmissibility of what is sought, based on the sole reference to having acquired through the registry on a date subsequent to the creation of the reserve, although it is a respected position, is ultimately deemed violative of the rights regulated in precepts 9 and 45 of the Political Constitution, insofar as it presumes, in a generic and abstract manner, bad faith in the acquisitive cause, thereby denying potential compensations. Note that the compensation provided for by ordinal 5 of Law No. 6172 is only prohibited in cases of owners or occupants in bad faith.

In that way, with due respect, it is considered that it is not viable to start from a generic premise, extensible to every case, aside from its particularities and casuistry, that the properties were acquired under the clear notion that they formed part of indigenous heritage. There may well be cases in which those properties were acquired without having any registry annotation warning of the existence of a legal impossibility to be registered through an acquisitive cause of purchase, through possessory information proceedings. On the contrary, in the example of an acquisition by way of a judicial possessory information proceeding, this presupposes an analysis in that cause of the concurrence of the various prerequisites that permit titling by those means, such as public, peaceful, and good faith occupation, so that, from the outset, it would not be legitimate to simply disregard the content and effect of those judicial resolutions and assume bad faith in the acquisitive cause. Although there are legal avenues to order their annulment, that hypothesis would not lead to presuming, perforce, bad faith on the part of the occupant or owner.

To date, despite the Indigenous Law imposing the duty on the INDER and the CONAI to carry out the delimitations and demarcations of the areas that make up the various Indigenous Reserves in Costa Rica, to carry out the population censuses that allow it to define and discriminate which of the owners or occupants of the lands within those areas are indigenous or non-indigenous in order to proceed to finalize the pertinent expropriations or relocations, those actions have not been concretized. From that standpoint, with abiding respect, we dissent from the denial of a duty of expropriation or, in certain scenarios, of a patrimonial liability of the Administration, resulting from the inertia in the exercise of the formal and material actions to guarantee the acquisition, recovery, protection, and due publicity of those lands. The foregoing, since this would lead to denying the civil liability established by canon 9 of the Political Constitution, despite the accreditation of an indolence, that is, an abnormal functioning by omission (dysfunction) that, with a high degree of probability, could have been constituted as an adequate motive by which third parties were placed in a position to acquire property, through legitimate expectation, under the protection of registry publicity, producing a protectable patrimonial damage.

The opposite would lead to condoning the forced, de facto, and illegitimate acquisition of those lands, without the compensatory recognition that, for expropriation purposes, is established not only by Article 5 of the Indigenous Law, but also by ordinal 45, initial paragraph, of the Magna Carta, a rule that protects the right of property, which can only be suppressed through expropriation proceedings, with prior corresponding compensation. In this way, if the legal (and constitutional) duty of the INDER is the expropriation of the lands that became part of a determined indigenous reserve and that are owned or possessed in good faith by non-indigenous persons, the lack of claim regarding the concretization of the expropriation is not an obstacle for the enforceability of the obligations pertaining to those public entities, as a guarantee of protection of the legal situation of those non-indigenous owners in good faith. Thus, a particular analysis of each specific case is necessary, to discriminate whether there has been bad faith in the acquisition. This condition is not automatically derived from the legally-based nullity of the ownership transfer transaction.

Finally, we wish to emphasize that it is clear that transfers of lands that were entered into after the entry into force of the Indigenous Law, or else, after the creation and delimitation of each indigenous reserve, are null, by legal imperative. Similarly, no right to any patrimonial claim would exist in cases where third-party non-indigenous persons could not prove good faith in the exercise of their occupation or acquisition. For this, it is evident that the mere absence of registry annotations does not determine the validity of the legal transaction, nor the good faith in the occupation, since, if in each case, despite that registry publicity, there are objective parameters that allow deducing the legal nature of those properties, that compensatory condition would not exist. This is equally applicable to the other actions inherent to the respective successive record. Ergo, we consider that the impugned jurisprudential line is consistent with the Law of the Constitution, insofar as it is understood to be applicable to cases in which, within the respective judicial cause, the concurrence of good faith in the acquisition transaction of the property has not been established, an aspect that is not strictly dependent on the legal qualification of original nullity of the transfer transaction, established by the cited numeral 5 of the Indigenous Law. Thus, it is within the casuistry of each ordinary proceeding that such condition must be defined and the appropriateness or inappropriateness of eventual civil reparations weighed, an aspect that, of course, escapes the control of this jurisdiction. However, the criticized generic application prevents the assessment of the potential applicability of the regime of liability for damages pertaining to the Administration, grounded, it is reiterated, in canon 9 of the Fundamental Charter.

Therefore, Judge Garro Vargas and Judge Garita Navarro dissent and declare unconstitutional the impugned jurisprudential line insofar as it assumes, generically, the existence of bad faith in the acquisitive cause of the transfer of ownership transaction based exclusively on the validity of Article 5 of the Indigenous Law and, therefore, on the original nullity of the transfer transaction, derived from the provisions of said article."

VII.- NOTE OF JUDGE GARRO VARGAS

I record this note to underline that for those of us who subscribe the referenced dissenting vote, without doubt, transactions for the transfer of ownership to non-indigenous persons are null after the mentioned law; but from this we do not derive that bad faith is unconditionally established in the acquirer, but rather we consider that other elements must be examined. Certainly, many of these were assessed in those judgments that are provided. However, what must be kept in mind is that the nullity of the act is not because bad faith occurred, but rather because it was carried out after the entry into force of that law.

Telf5453

... See more
Text of the resolution



Exp: 22-025518-0007-CO

Res. No. 2023001701

 

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the twenty-fifth of January two thousand twenty-three.

Unconstitutionality action brought by Nombre189, identity card CED44800, of legal age, married, attorney, resident of Heredia, professional ID 3191, as special judicial representative of Nombre114942, identity card CED44801, against the jurisprudence of the First Chamber of the Supreme Court of Justice related to numerals 2, 3, and 5 of the Indigenous Law and Article 2 of that same legal body.

Whereas:

1.- By document received in this Chamber, through the Online Management System, on November 9, 2022, it is requested that Article 2 of the Indigenous Law be declared unconstitutional, as well as the jurisprudence of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, related to numerals 2, 3, and 5 of that same legal body, contained in judgments 920-FS1-2015, 2046-F-S1-2020, and 2878-F-S1-2020. It alleges, in the first place, that, since the colonization of America, clashes with indigenous populations have been a recurring topic in our Latin American States. It adds that these disputes have been framed in a clear relationship of disadvantage for native groups, who, being situated far from centers of power, have been violated in a multiplicity of rights, be they cultural, civil, or territorial by the American republics, which historically have been in debt to these peoples. Since the second half of the 20th Century, thanks to the rise of International Law and Human Rights, international organizations have intervened for the vindication of these peoples. The quintessential example is the International Labour Organization and Convention No. 107 on Indigenous and Tribal Populations, adopted in 1957, whose main objective is the progressive incorporation of indigenous people into the national community, an aspect considered essential to ensure effective protection of this population. For its part, Convention No. 169 of June 1989, differs diametrically with respect to the object of the previous convention, in that whereas the first international instrument was oriented towards cultural assimilation, this second convention seeks an empowerment of native peoples and the strengthening of their own institutions. It adds that the territorial aspect comprises one of the pillars of protection with respect to the safeguarding of indigenous peoples, being to this day one of the most controversial topics in this matter; because, despite the promotion of these territories dating back to 1957 with the promulgation of Convention No. 107; the indolence of States has prevented the enshrinement of this right, to the point that the 17th Session of the Permanent Forum on Indigenous Issues of the United Nations (held in April 2018), was titled: "Indigenous Peoples, collective rights to land, territories and resources," which denotes the generalized absence of real actions that guarantee the safeguarding of indigenous collectives with respect to their territories. At the national level, the reality has not been very different from the Latin American trend of neglect for indigenous populations and the lack of protection of their rights in different spheres. In contemporary Costa Rica, indigenous populations usually coexist in harmony with the neighboring non-indigenous populations; however, this is not a standardized aspect, a regrettable example being the conflicts of widespread media knowledge that have taken place in the canton of Buenos Aires, Puntarenas, a province that constitutes an area with a high density of indigenous population, given that, for 2011, data from the National Institute of Statistics and Census shows that approximately 25,316 persons of indigenous origin inhabit that province. These ethnic conflicts have their origin in the territorial dispute between indigenous people (or groups of these) with other indigenous factions and non-indigenous persons of the locality. This belligerence has led to physical aggression and serious material damage, causing crop losses and destruction of real estate. Damages that are registered on both sides of the conflict, excessively wearing down a region of the country already plagued by socioeconomic backwardness. It accuses that the referred situation stems from the systematized delay on the part of the State in organizing the indigenous territories, since, by delaying the recovery of these lands through the instruments established by law, it has also delayed endowing them with the legal status that would decide them in favor of the native populations, thereby causing focal points of discontent between these and the neighboring non-indigenous populations, for which reason both groups have resorted to less-than-peaceful means for the defense of their interests. Regarding the alleged unconstitutionality of the impugned jurisprudence and its relationship with Articles 3 and 5 of the Indigenous Law, it indicates that the cited law establishes without any doubt that indigenous reserves are inalienable, preventing non-indigenous persons from renting, buying, or acquiring by any means lands comprised in such territories, reserving those powers of disposition of ownership to transactions between indigenous persons. In turn, numeral 5 of the mentioned law respects the rights of persons who are owners or possessors of properties that were destined to make up the indigenous territory previously delimited by the Executive Branch, delegating to the National Institute of Rural Development (hereinafter INDER) and the National Commission of Indigenous Affairs (hereinafter CONAI) the competence to proceed with the studies and procedures necessary for the relocation and compensation of said persons. However, the mentioned entities have been extremely indolent in that task, such that the Executive Branch has issued numerous decrees delimiting the indigenous territories recognized and protected by the State and, to date, a significant number of non-indigenous owners or possessors in good faith have not been compensated or relocated.

Precisely, the administrative delay in compensating good-faith owners and possessors has generated litigation aimed at enforcing the provisions of section 5 of the Indigenous Law; however, the public entities involved and the First Chamber, in its jurisprudence, have opted for unconstitutional criteria to deny the claims of persons who have turned to the administration of justice to request the due fulfillment of their rights or the reparation thereof. He points out that resolution 920-F-S1-2015 concentrates the First Chamber's position on the requirements that must concur for the applicability of the provisions of section 5 of the Indigenous Law, and this criterion has been reiterated in subsequent rulings. That judgment held: "V.— The second paragraph of article one of the Indigenous Law, No. 6172 of November 29, 1977, declared as indigenous reserves those defined in Executive Decrees 5904-G of April 10, 1976, 6036-G of June 12, 1976, 6037-G of June 15, 1976, 7267-G and 7268-G of August 20, 1977, as well as the one it called "Reserva Indígena de Guaymí de Burica." It goes without saying, first, that the decrees listed therein have subsequently been subject to reforms; and secondly—and being of particular interest in this matter—that the boundaries of the last reserve (established directly and expressly by the legislator) were initially determined in Executive Decree 8514 of May 2, 1978, a regulation that also changed its name to "Guaymí de Conte-Burica," a name later changed again to "Guaymí de Conteburica" by Decree 13545 of April 26, 1982. Said reserves are the property of the indigenous communities pursuant to article 2 of the same law. Precept 3 of the same legal body further provides that these "are inalienable and imprescriptible, non-transferable and exclusive to the indigenous communities that inhabit them. Non-indigenous persons may not rent, lease, buy or in any other way acquire lands or farms comprised within these reserves. Indigenous persons may only negotiate their lands with other indigenous persons. Any transfer or negotiation of lands or improvements thereon in the indigenous reserves, between indigenous and non-indigenous persons, is absolutely null, with the legal consequences of the case. The lands and their improvements and the products of the indigenous reserves shall be exempt from all kinds of national or municipal taxes, present or future." For its part, canon 5 establishes that "In the case of non-indigenous persons who are good-faith owners or possessors within the indigenous reserves, the ITCO must relocate them to other similar lands, if they so desire; if relocation is not possible or they do not accept relocation, it must expropriate and compensate them in accordance with the procedures established in the Expropriations Law. [.-] (…) If there is subsequently an invasion of non-indigenous persons into the reserves, the competent authorities must immediately proceed to evict them, without payment of any compensation whatsoever. (…)." From the foregoing norms it is understood that: A) the lands comprised within the indigenous reserves are inalienable, non-transferable; B) non-indigenous persons may not acquire said lands or rights over them by any title whatsoever; and C) non-indigenous good-faith owners or possessors have the right to be relocated or, failing that, expropriated, but this shall always be provided that the exercise of possession or of acts as owner was in good faith, which necessarily requires that they held that condition prior to the entry into force of the Indigenous Law or of the various Executive Decrees that, in development of its first article, define the physical boundaries of the reserves (and in compliance—of course—with the American Convention on Human Rights (Pact of San José), Convention 169 of the International Labor Organization, the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and the Brasilia Rules). That temporal element (namely: anteriority to the establishment of the reserve by the Indigenous Law or, prior to the incorporation of the land through the executive decrees that develop it) is consubstantial to the possession or ownership that gives rise to the right to relocation or compensation. That is, it integrates its prerequisite, since it is a determining factor of good faith. While it is not expressly contained in rule 5, it is clearly inferred from the relationship with article 3. Note in the first place that in said mandate 5, the legislator took as a factual premise that at that time (issuance of the Law) non-indigenous persons were exercising in good faith possessory acts or acts as owners (regardless of their registry inscription), and it recognized a right to relocation or compensation for them in the first paragraph. Consequently, a non-indigenous subject who began exercising acts of possession or ownership after the inclusion of the land in a reserve cannot be considered to be in good faith. Along these lines, it must be understood that in article 3, after establishing that indigenous reserves are inalienable and non-transferable, all non-indigenous subjects are prevented (both those owners or possessors recognized in the first subsection of mandate 5, as well as those who are not, since it makes no distinction) from participating in or being beneficiaries of any act or business transferring ownership. Thus, in the event that they violate that prohibition, they must be classified as invaders and evicted without any compensation, pursuant to the third paragraph of precept 5. In other words, from the moment the land is integrated into an indigenous reserve through the respective Decree (whether those listed in canon one of the Law, or those that subsequently develop it), the non-indigenous subject who until then exercised possession or acts as owner in good faith, has the right to be relocated or, failing that, expropriated and compensated, precisely because their right collides with the real property right held by the indigenous community as attributed to it by the second subsection of article 2 of the Indigenous Law. From that moment on, furthermore, the freezing (congelamiento) of the property occurs—as the Constitutional Chamber stated in judgment 2097-2011 of February 23, 2011—; and as a result thereof, the individual who until then exercised possession or ownership with all its attributes has absolutely restricted the power to dispose of their right over that land, as was contemplated in that third section of the legal regulation. Consequently, the cassation appellant is not correct in alleging an erroneous interpretation of canons 3 and 5 of the Indigenous Law. Nor is there a violation of canons 45 of the Magna Carta and 286 of the Civil Code, since their arguments regarding these last two norms depended on the interpretation of the former. And in particular, precisely because it is by reason of that collision with the right of ownership established in favor of the indigenous community and of that absolute restriction on the power of disposal that disrupts that essential content of their right, that the Law orders Inder to carry out relocation or expropriation, in respect of constitutional canon 45, which must be implemented additionally with the application of the indicated international regulations and the Expropriations Law, No. 7495. It goes without saying that in the sub júdice, the Court held it as proven that within the Guaymí de Conte Burica indigenous reserve are located the uncadastralized plans in the name of Nombre82219 that describe two pieces of land, one of 18 hectares 5110.18 square meters, located in La Yerba, and another of three hectares 801.24 square meters situated in Río Claro, both in the fourth district of Pavón, seventh canton of Golfito, in the Province of Puntarenas (first and second proven facts)." The claimant indicates that the cited resolution arises from a proceeding in which the plaintiff sought to be expropriated or relocated because properties they owned were delimited to be constituted as indigenous territory, a petition that was rejected in all its aspects, both by the Trial Court and by the Court of Cassation. Now then, the resolution at issue analyzes sections 3 and 5 of the Indigenous Law in order to establish the basic postulates that determine the prerequisites that must concur for the applicability of the expropriation or relocation of good-faith owners and possessors contemplated in article 5 of the aforementioned law. By virtue of the foregoing, the Court of Cassation concludes from said norm (in conjunction with sections 2 and 3) that the "lands comprised within the indigenous reserves are inalienable, non-transferable," furthermore that "non-indigenous persons may not acquire said lands or rights over them by any title whatsoever," and, finally, it considered that "non-indigenous good-faith owners or possessors have the right to be relocated or, failing that, expropriated, but this shall always be provided that the exercise of possession or of acts as owner was in good faith, which necessarily requires that they held that condition prior to the entry into force of the Indigenous Law or of the various Executive Decrees that, in development of its first article, define the physical boundaries of the reserves." He alleges that, indeed, indigenous territories are outside the commerce of non-indigenous persons, and that the latter cannot acquire rights over the lands belonging to the native communities, section 3 being clear and forceful in this regard; however, regarding the right that assists non-indigenous good-faith owners or possessors, the First Chamber performs an interpretation (which it has reiterated in subsequent rulings and which has been replicated by the Administrative and Civil Treasury Court) that contravenes rights of constitutional rank. The First Chamber, in accordance with the fifth ordinal of the Indigenous Law, considers that in order to qualify possession or ownership as in good faith, it is a sine qua non requirement that the claimants be owners of the property prior to the entry into force of the Indigenous Law or of the executive decrees that bound the indigenous reserves. More simply, in the First Chamber's opinion, for the owner or possessor to be considered as in good faith, they must necessarily exercise that right prior to the Indigenous Law of 1977 or to the executive decrees that have delimited the reserves. In other words, good faith is subject to a temporal criterion, in that sense, the judgment at issue states: "That temporal element (namely: anteriority to the establishment of the reserve by the Indigenous Law or, prior to the incorporation of the land through the executive decrees that develop it) is consubstantial to the possession or ownership that gives rise to the right to relocation or compensation. That is, it integrates its prerequisite, since it is a determining factor of good faith." The claimant accuses that this is an extensive interpretation, since the law in question nowhere equates the good faith of ownership or possession with a temporal criterion. In fact, the institution of good faith operates as a subjective element, related to the individual's inner conviction; however, the cited jurisprudence makes the essential prerequisite for determining the right of good-faith owners or possessors to the corresponding relocation or compensation depend on that (temporal) criterion. In accordance with the challenged jurisprudence, it is interpreted that from the promulgation of the indigenous law or, as the case may be, the decrees delimiting the indigenous territories, the properties contained therein are immediately excluded from the commerce of non-indigenous persons. This stems from an erroneous understanding of article 3 of that law, because in the First Chamber's opinion, it implies that non-indigenous good-faith possessors or owners cannot rent, lease, or dispose of the lands that belong to them. This consequence grossly violates the rights enshrined in the Political Constitution, because even though the right to private property is not unrestricted and can be subject to encumbrances for public interest purposes, section 45 of the Magna Carta establishes prior compensation for the affected right as an unavoidable requirement, contemplating as the sole exception thereto cases of war or internal commotion. It is indisputable that indigenous territories are inalienable, imprescriptible, non-transferable, and exclusive to the communities that inhabit them, as established ad litteram by article 3 of the Indigenous Law. However, for said protection to operate, it is necessary, by constitutional logic, that the rights of good-faith owners and possessors who held rights in the delimited lands have first been duly respected. So that once these were expropriated or relocated, and the property was placed under the ownership of the indigenous community in accordance with due process, the mandate of section 3 regarding the fact that non-indigenous persons cannot rent, lease, or in any other way acquire such lands or farms materializes, hence section three establishes that any transfer or negotiation of lands (belonging to the indigenous community) between indigenous and non-indigenous persons is absolutely null. Given that the various possessors or owners of properties located within the delimitation defined to form a specific indigenous territory were never expropriated or relocated, they continued to exercise all the attributes inherent to ownership, including the possibility of leasing or selling their properties. However, the interpretation made by the First Chamber entails curtailing those rights of disposal and, in turn, the rights of the counterparties with whom such transactions were made; because according to that Court, a de facto freezing of the property right occurred, with which it justifies any form of alienation as inadmissible: "From that moment on, furthermore, the freezing of the property occurs—as the Constitutional Chamber stated in judgment 2097-2011 of February 23, 2011—; and as a result thereof, the individual who until then exercised possession or ownership with all its attributes has absolutely restricted the power to dispose of their right over that land, as was contemplated in that third section of the legal regulation." He asserts that it is bewildering that the First Chamber bases its thesis on the legal prohibition to dispose of properties even when their owner has not obtained any compensation therefor, on a de facto freezing (which, as such, is alien to legality) of the property. Put another way, it is improper for the administration of justice to justify an extensive interpretation on a figure not founded in law, namely the de facto freezing of property. Even, incomprehensibly, vote 2097-2011 of this Constitutional Chamber was cited, in which, this honorable Court, far from validating, censures what the First Chamber defends in judgment 920-F-S1-2015. Such is the case that in vote 2097-2011, regarding the right to property in relation to the freezing of properties, it stated: "(…) The first paragraph of article 45 of the Political Constitution clearly reads: «Article 45.— Property is inviolable; no one may be deprived of their own unless for legally proven public interest, upon prior compensation in accordance with the law. In case of war or internal commotion, it is not indispensable that the compensation be prior. However, the corresponding payment shall be made no later than two years after the end of the state of emergency. […]». The constitutional text guarantees that the State cannot deprive a person of their property without having previously compensated them. This guarantee implies, naturally, that the Public Administration cannot issue provisions or execute acts that de facto excessively limit the enjoyment of that right; that is, that prevent the owner from performing all the acts that they can normally execute in relation to their property. This Court has said so in several judgments; among others, it pronounced itself thus in judgment No. 2006—01216, of 15:48 hrs. on February 7, 2006: «[…] Regarding the limitations on the right to property and the state duty to compensate them, when they are expropriatory in nature, in judgment #2004-02162 of 12:22 hours on February 27, 2004, this Court stated: "Doctrinally, the right to property has been defined as that right to exclusively possess a thing, enjoy and dispose of it, without any limitations other than those established by law or by the will of the owner. In our Democratic Rule of Law State, the Political Constitution in its article 45 establishes that property is inviolable and that no one may be deprived of their own except for a legally proven public interest, upon prior compensation in accordance with the law, from which it follows that it is not an absolute right. Hence, in cases similar to those now before us, the Chamber has said the following: 'The freezing of a property as an act of affectation thereof to a project of interest to the State, is an act of confiscation of property that the State has exercised over the assets of certain owners, and this Chamber has already considered such conduct of the State to be improper, based on the general principle of equality before public burdens, which establishes a balance among citizens to bear them, so that not only one has to tolerate greater sacrifices than another. The freezing of properties implies a greater burden than that borne by other citizens, and an act of temporary affectation in favor of the State and, of course, an illicit enrichment of the latter, to the detriment of the individual's patrimony (…)." From the cited fragment, it follows with absolute clarity that this honorable Constitutional Chamber considers the freezing of the right to property or possession as an action contrary to the Law of the Constitution. However, the First Chamber interprets that this figure operates in light of articles 3 and 5 of the Indigenous Law, such that once said law is enacted or the regulations delimiting indigenous territories are issued, the non-indigenous good-faith owner or possessor can only wait to be compensated or relocated, which implies a curtailment of the right in question, since they must refrain from exercising the attributes that the right to property contains, or as the case may be, the partial real right that assists them. An aspect that this Chamber has catalogued as contrary to the constitutional block: "The right to property has an essential content that the Chamber has defined as the faculty to enjoy and use the asset for personal benefit (private property) or for public utility (public property). Therefore, under the pretext of imposing certain 'social interest' limitations, the public authority, whether the Legislative or the Executive, cannot eliminate one or several of its essential attributes (Vote 10578-2007)." Based on the aforementioned, the temporality criterion developed by the First Chamber in its resolution 920-F-S1-2015 as a criterion to determine good faith and, thereby, the legal viability of claims for properties delimited within an indigenous zone whose owners have not been compensated or relocated, is improper and contrary to the principle of equality of public burdens and to the right to property protected by the Political Constitution, because it necessarily implies a freezing of the real right held by the person. Attempting to define the good faith of those who are owners or possessors of properties located within the area delimited as indigenous territory in the terms established by the First Chamber is an extremely restrictive criterion and convenient for the Administration, as it reduces the expropriations or relocations to be carried out. However, it constitutes an affront to the administered through the transgression of fundamental rights, because this Constitutional Chamber has enshrined that the constitutional text guarantees that the State cannot deprive a person of their property without having previously compensated them. Therefore, good-faith owners and possessors had no impediment whatsoever to sell, lease, rent or alienate in any way the properties belonging to them if they have not been compensated therefor, so that those who acted as counterparties in such transactions would retain the label of good faith if they acquired them as such, which is congruent with the subrogation of rights and obligations provided for in section 8 of the Expropriations Law, according to which, while the expropriation procedure is carried out, the rights subject to expropriation may be transferred. Especially since the indigenous law was issued more than four decades ago, and to date there are numerous lands pending compensation, so it is contrary to the principles of reasonableness and proportionality to aspire to a 40-year freezing of the property right or its derivatives. What was stated by the First Chamber in judgment No. 920-F-S1-2015 far exceeds the provisions of the text of the Indigenous Law, and does so at the cost of violating subjective rights and legitimate interests, because indeed article 3 is categorical in declaring that "indigenous reserves are inalienable and imprescriptible, non-transferable and exclusive to the indigenous communities that inhabit them"; however, under the doctrine of article 45 of the Political Charter, equality of public burdens and the principles of proportionality and reasonableness, such a premise cannot be understood as an emptying of the right of good-faith owners and possessors who hold properties within the delimited indigenous land, who have the right to exercise the attributes of ownership or possession until they are compensated or relocated. Thus, good faith must be determined on a case-by-case basis according to the evidentiary body of each specific case, but attempting to establish a general parameter applicable to the universality of owners and possessors, reduced to the date of acquisition of a property for which no compensation whatsoever has been granted, besides violating sections 18, 41, 33 and 45 of the Political Constitution, says nothing about good faith. For starting from the premise that an owner whose property was delimited to be incorporated into an indigenous reserve has not been compensated, they would have no impediment whatsoever to sell or lease their property if they so wished. The declaration of inalienability contained in article 3 must necessarily be understood as an attribute that operates once the property in question has been placed under the ownership of the indigenous community (for which the corresponding administrative iter must be followed), since a different interpretation clashes with the legal system and contradicts the doctrine of real rights regarding their constitution and termination. An example of what was stated in the preceding paragraph is that article 3 stipulates that "indigenous persons may only negotiate their lands with other indigenous persons," evidently this requires beforehand that the property has been formally granted to the indigenous population. Likewise, section 5 contemplates that "the studies and procedures for expropriation and compensation shall be carried out by the ITCO in coordination with CONAI. If there is subsequently an invasion of non-indigenous persons into the reserves, the competent authorities must immediately proceed to evict them, without payment of any compensation," which, said in other words, implies that to be considered an invader of an indigenous reserve, the right that was previously exercised (in good faith) over the land in question had to be duly compensated or indemnified; which fully complies with the provisions of article 45 of the Constitution. That is, once the property has been duly compensated and placed under the full ownership of the indigenous community, the restrictions and limitations contemplated by the indigenous law operate, such that non-indigenous persons cannot conduct business with those lands nor exercise any act of disposal over them. As a concluding remark, the interpretation of the First Chamber prevents all persons who carried out transactions with good-faith owners or possessors exercising rights over properties integrated within the delimitation of indigenous lands from being considered good-faith owners or possessors; however, for all the above reasons, this is contrary to the Law of the Constitution, because it illegitimately restricts the right protected in section 45 of the Magna Carta and imposes burdens not provided for in the law without any compensation, contravening the principle of equality of public burdens, in addition to contradicting article 33 of the Political Charter, insofar as a discriminatory interpretation is made that violates the dignity of good-faith owners and possessors. Regarding article 8 of the Expropriations Law, he points out that section 5 of Indigenous Law No. 6172 itself refers to the Expropriations Law (Law No. 7495), since it clearly indicates that the respective expropriation and compensation must be procedurally executed, all this if non-indigenous persons do not accept relocation or if it is not possible. Within this regulation there is a figure, which is not unknown to the jurisdiction but has been omitted and, even worse, not recognized, in each of the rulings that the First Chamber has issued, namely the subrogation of rights. In vote No. 01214-2013 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, it is defined that "Subrogation operates when the creditor receives from a third party the payment of the debt; the one who pays becomes a new creditor and is substituted in the rights, actions and privileges that the original creditor had." It is the delegation or replacement of competencies to others in a legal transaction, that is, one person substitutes another in an obligation or right. This is consolidated in our legal system by article 790, subsection 1, of the Civil Code: "Subrogation operates totally and by operation of law: 1) in favor of the creditor who pays from their own funds another creditor with a better right than them by reason of their privilege or mortgage." This figure is very well regulated and the Expropriations Law recognizes and applies it. Therefore, it is clear and forceful that article 8 of the Expropriations Law allows the subrogation of rights, as it literally states: "Article 8. Subrogation of rights. The transfers of rights that are the object of expropriation shall not prevent the continuation of the expropriation procedure. The new titleholder shall subrogate the former in its obligations and rights." (emphasis ours). The plaintiffs in the referenced proceedings have subrogated the rights to the properties, which they have acquired aware of and accepting the transfer of rights for the respective expropriation. Which in no way prevents continuing with the expropriation procedure, as the subsection cited supra indicates. It is unacceptable to claim that, after more than 45 years, the State indefinitely freezes their assets, which are patrimonial, waiting for the law to be prompt and fulfilled, as established in article 5 of the Indigenous Law where it states: "The studies and procedures for expropriation and compensation shall be carried out by the ITCO in coordination with CONAI," administrative procedures that to date have not been realized, specifically in the cases determined by the plaintiff. This has caused vested rights and consolidated legal situations to have taken shape, which by omitting or not recognizing them would violate the principle of non-retroactivity of the law in article 34 of the Constitution. He cites vote No. 2765-97 of this Court, regarding the concepts of "vested right" and "consolidated legal situation." Some of the original owners or possessors of the properties declared as an Indigenous Reserve in 1977 have died or simply did not wish to continue waiting for the due and constitutional compensation or, as applicable, relocation, and since they have not received their prior compensation, as indicated in article 45 of the Magna Carta: "no one may be deprived of their own unless for legally proven public interest, upon prior compensation in accordance with the law," they cannot be deprived of their right to carry out legal transactions, as that would also violate the freedom of commerce protected in article 46 of the Constitution. Legal transactions that, among non-indigenous persons in those regions (farmers, cattle ranchers), the transfer of possessory rights over their properties has become a custom, which in that territory becomes common. In our legal system, the General Public Administration Law, in its article 7, grants the value of law to custom as an unwritten source.

Doctrine is clear in defining custom as “the indispensable element of a people’s culture, indeed, the necessary connective tissue for the Constitution of a Nation, which may have relevance in the world of law and give rise to rules of behavior that have the connotation of legal norms and therefore form part of the legal system,” so we cannot fail to recognize these transfers of rights that have been in good faith, as indicated by article 286 of the Civil Code. Bad faith is found in article 285 of the same law, where the rule for declaring bad faith is its full demonstration by whoever alleges its existence, since article 286 takes on a prevailing character over 285, by establishing the principle of the presumption of good faith. He maintains that we cannot violate consolidated rights to enforce the rights of another group of legal subjects, who, it is true, were violated centuries ago, but at present we would be infringing the principle of equality, and for this reason the Inter-American Court of Human Rights, in the case of INDIGENOUS COMMUNITIES MEMBERS OF THE LHAKA HONHAT ASSOCIATION (OUR LAND) VS. ARGENTINA, judgment of February 6, 2020, orders the Argentine State: “Unanimously, that: 9. The State, within a period of six years from notification of this Judgment, shall carry out the relocation of the Creole population outside the indigenous territory, under the terms indicated in paragraphs 325, 329, and 343 of this Judgment.” Wherein paragraph 329 literally orders: “329. For the purpose of guaranteeing the full exercise of the right to property over their territory by the victim indigenous communities, and as arises from the agreements reached among them, the State, and the Organization of Creole Families in 2007, approved by Decree 2786/07 and considered as background by Decree 1498/14, actions must be undertaken for the relocation of the Creole population outside the indigenous territory defined in accordance with what has already been ordered (supra para. 327). To achieve this end, the Court orders the State to make effective the relocation of the Creole population, according to the guidelines set forth below: a) The State must promote procedures aimed at the voluntary relocation of the Creole population, seeking to avoid compulsory evictions. b) In order to guarantee the foregoing, during the first three years counted from notification of this Judgment, state authorities, judicial, administrative, or of any kind, provincial or national, may not execute forced or compulsory eviction actions against Creole settlers. c) Without prejudice to the agreement process established from Decree 2786/07 of 2007 onward, and described in this Judgment, the State must make mediation or arbitration processes available to the interested parties to determine the conditions of the relocation; should they not resort to these, the corresponding judicial avenue may be pursued. Within the framework of any of the referred processes, those who participate in them may assert their claims and the rights they consider assist them, but they may not challenge the indigenous communal property right determined in this Judgment and, consequently, neither the appropriateness of the relocation outside the indigenous territory. The authorities that eventually resolve such processes may not adopt decisions that impede compliance with this Judgment. d) In any case, the competent authorities, administrative, judicial, or of any character, must ensure that the relocation of the Creole population is made effective while safeguarding the rights of said population. In this sense, resettlement or access to productive lands with adequate land infrastructure must be effectively made possible (including establishment of pastures and access to sufficient water for production and consumption, as well as installation of necessary fencing) and, where applicable, technical assistance and training for carrying out productive activities.” He insists that in Costa Rica we have suffered uprisings between indigenous and non-indigenous peoples, due to the delay and misinterpretation of the rules, leaving defenseless and violating the constitutional rights of possessors, subrogated or not, but who are definitively in good faith. He questions why invalidate the transmission of property or ancestral possession to the new holders thereof, especially when they have been made from father to children and where is the prohibition. The First Chamber has not recognized these transfers of rights, alluding that they are possessors in bad faith, which has not been duly demonstrated in any of the rulings because said court imposes a presumption iuris tantum, according to which, bad faith covers all those who acquired a right of ownership or possession in territories designated to form part of indigenous territory; however, this contradicts what is provided by the Civil Code regarding the burden of proof, good faith being presumptive, unless the opposing party proves otherwise. Regarding article 2 of the Indigenous Law, he indicates that, in turn, the decision under comment 920-2015 bases its reasoning on an erroneous interpretation of such norm, since it thereby violates provisions of constitutional rank. Said article, literally states: “Article 2.- Indigenous communities have full legal capacity to acquire rights and contract obligations of all kinds. They are not state entities. The reserves mentioned in article one of this law are declared property of the indigenous communities. The Procuraduría General de la República shall register those reserves in the Public Registry in the name of the respective indigenous communities. The reserves shall be registered free of all encumbrances. Transfers from the State to the indigenous communities shall be free of charge, shall not pay registration fees, and shall be exempt from all other types of tax burdens in accordance with the terms established in the CONAI Law.” The article in question grants property rights (derechos reales) to indigenous communities without having expropriated or relocated non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith, a situation that violates the block of constitutionality, given that numeral 45 of the Magna Carta does not contemplate any exception within which to frame the referred precept. Additionally, the claimed unconstitutionality is directed at the interpretation of the First Chamber, by indicating, among other statements, the following: “In other words, from the moment when the land is integrated by means of the respective Decree into an indigenous reserve (whether those listed in the first canon of the Law, or those that subsequently develop it), the non-indigenous subject who until then exercised possession or acts as owner in good faith, has the right to be relocated or, failing that, expropriated and compensated, precisely because their right collides with the property right (derecho real de propiedad) held by the indigenous community as attributed by the second paragraph of article 2 of the Indigenous Law.” Specifically, the cited criterion finds its basis in the following premise of article 2: “The reserves mentioned in article one of this law are declared property of the indigenous communities”; however, the interpretation set forth supra violates numerals 18, 33, and 45 of the Political Constitution. The First Chamber considers that article 2 positions indigenous communities as acquirers of the property right (derecho real de propiedad) over the real estate delimited by the Executive Branch to be granted to said population; however, this departs from the spirit of the norm and conflicts with the legal system. So great is the interpretative error that the Chamber overlooks other normative elements (some, even, in the same article) that complement the meaning of the second numeral. Such is the case of article 8 of Decree 5904-G published in La Gaceta 70, Alcance 60 of April 10, 1976, which is mentioned in article 1 of the Indigenous Law and corresponds to the reserves referred to in numeral 2 of that law: “Article 8.—In the event that non-indigenous persons have acquired ownership or are in legal possession, or are precarious possessors of farms or lands located within the reserves, at the time this decree enters into force, they shall be expropriated and compensated in accordance with the procedures established in Law No. 2825 of October 14, 1961, and its amendments. If there is subsequently an invasion of non-indigenous persons into the Reserves, the competent authorities must immediately proceed to their eviction without payment of any compensation.” The foregoing demonstrates the notion held by the Executive Branch regarding the existence of persons who were owners or possessors in good faith within the land delimitations that were established via executive decree to determine the lands to be granted to the indigenous peoples, a provision that is also incorporated by numeral 5 of the Indigenous Law. Additionally, the same second article of the Indigenous Law establishes the duty of the Procuraduría General de la República to register the reserves of the indigenous communities in the Public Registry; however, it is unavoidable that such mandate must be carried out in accordance with article 5 of the Indigenous Law, numeral 8 of Decree 5904-G, and article 45 of the Political Constitution, that is, it is necessary to follow the administrative procedure established for the compensation or relocation of persons who were owners or possessors in good faith. Put more simply, numeral two certainly establishes that the indigenous reserves are the property of the populations that inhabit them, and so it is; however, by constitutional mandate, such provision cannot be understood as a de facto expropriation of the citizens who in good faith inhabit the lands delimited for such purposes, therefore respect for those rights is mandatory. It is indisputable that indigenous territories are the property of the native communities; however, it would be contrary to a democratic Rule of Law to disrespect subjective rights and the due process that provides minimum guarantees to individuals. The interpretation made by the First Chamber grossly contradicts the right to private property set forth in numeral 45 of the Political Charter. Said jurisprudential provision violates subjective rights and generates damages and losses to possessors and owners in good faith whose lands were delimited for the formation of the indigenous Reserve in question; moreover, such situation entails an illegitimate burden for non-indigenous persons in that situation, because said encumbrance is established without the prior due compensation required by constitutional article 45. Thus, numeral two is addressed in a biased manner by the First Chamber in resolution No. 920-2015 addressed supra to support the de facto freezing of the real estate of owners and possessors in good faith, which reveals the anti-juridical character of said legal interpretation, since, as set forth supra, it is a situation violative of the right to private property. Likewise, the provision of article 2, as interpreted by the First Chamber, greatly contradicts the doctrine concerning the constitution and termination of property rights (derechos reales), since there is no translative exercise of the right of ownership or possession, but rather, according to what is stated by that Cassation Chamber, such right is simply snatched away from the legal subject, whether owner or possessor (without prior compensation), a situation that finds no foothold in our legal system, insofar as the absence of prior compensation is only accepted in cases of war or internal commotion. Note that the challenged case law indicates that owners and possessors in good faith are prevented from disposing of their real estate because “their right collides with the property right (derecho real de propiedad) held by the indigenous community as attributed by the second paragraph of article 2 of the Indigenous Law”; however, said statement contradicts (in addition to what has been said) numeral 484 of the Civil Code, referring to the modes of acquiring ownership. Additionally, it ignores the doctrine related to the acquisition, transmission, and extinction of property rights (derechos reales). According to Manuel Albaladejo, the acquisition of these can operate in an original or derivative manner (among other mechanisms), the first being that corresponding to cases of occupancy (ocupación) and adverse possession (usucapión), and in the case of the derivative mode, it starts from a pre-existing right that is transmitted by the legal subject to the acquirer, criteria that are overlooked by the First Chamber in the jurisprudence under challenge, since the reasoning followed there finds no correspondence with the modes of acquisition of property rights (derechos reales), as it grants the indigenous community a property right (derecho real) that has not left the legal sphere of the non-indigenous owners and possessors in good faith. This is because the criteria for the loss or extinction of property rights (derechos reales) have not operated; according to Meza Lázarus: “... when the property right is lost, it does not necessarily leave legal life and there is always concomitant acquisition by another, however, when the property right is extinguished, its holder not only loses it, but it leaves legal life.” That is, in respect for the block of constitutionality, for the transmission of the property right (derecho real de propiedad) to the indigenous communities, said property right must first leave the legal sphere of the preceding owner or possessor in good faith, through legitimate mechanisms. From the foregoing, it is evident that since no legal act or transaction has occurred that implies the extinction or loss of the property right (derecho real) through the scenarios of numeral 5 of the Indigenous Law (in the case of owners and possessors in good faith, to be clear), numeral 2 cannot be interpreted as an ipso facto constitution of the property right (derecho real de propiedad) in favor of the indigenous communities with respect to the territories delimited for that purpose, because it is the duty of the State to respect the subjective rights and legitimate interests of non-indigenous persons who in good faith exercised ownership of real estate in said circumscriptions, in accordance with articles 18, 33, and 45 of the Political Constitution. Additionally, in consideration of numeral 45, the mechanisms that regulate legal transactions for the purposes of the acquisition and extinction or loss of property rights (derechos reales) must be respected. He insists that, in conclusion, it is clear that the interpretation made by the First Chamber, embodied in decision 920-2015, endorses the Administration to incur in illegitimate material conduct, insofar as constitutionally protected rights acquired in good faith are disrespected by imposing a de facto freezing, conduct that has been censured by this honorable Constitutional Chamber, thus exceeding, through a de facto means, the expropriatory power. Consideration must be given to what has been stated by Nombre10274 and Tomás Ramón Fernández, who indicate: “In the specific sense that concerns us here, a de facto means is any attack on property, rights, and legitimate patrimonial interests that comes from the Administration or its agents or delegates and that, implying by its content a true expropriation, (…), does not, however, conform to the defining limits of the expropriatory power or, even within them, is not exercised precisely through the procedural channel that the Law indicates, but solely de facto.” Numeral 45 of the Magna Carta is categorical in qualifying private property as inviolable, and conditions the disposition thereof for purposes of public interest on prior compensation for the right in question. Likewise, the Indigenous Law in its numeral 5 and Executive Decree 5904-G in article 8 safeguard that constitutional mandate by contemplating the rights of owners and possessors who in good faith exercised such rights within the territories delimited to be granted to the indigenous populations. Therefore, in respect for Constitutional Law and Human Rights, it is unacceptable to legitimize the de facto freezing on which the thesis of the First Chamber of the Supreme Court of Justice is based, since it implies expanding the scope of the expropriatory power, given that it would validate preventing citizens from disposing in any manner in full of the attributes of ownership without having obtained compensation for it. Regarding the reiteration of ruling 920-F-S1-2015, he notes that, in accordance with the criterion of this honorable Constitutional Chamber, to exercise constitutionality control over a determined jurisprudential line, at least three rulings in the same sense are required; in which case, the temporal criterion on the arguments put forth in resolution 920-F-S1-2015 has been replicated in subsequent judgments of the First Chamber, such is the case of judgments 2046-F-S1-2020 and 2878-F-S1-2020. Additionally, resolution 920-F-S1-2015 has been invoked on repeated occasions by the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, such is the case of decisions 023-2019-IV and 17-2016-VII, in which the temporal criterion put forth by the First Chamber in the mentioned resolution was applied to deny the compensation or relocation of owners or possessors. He requests that, consequently, article 2 of the Indigenous Law be declared unconstitutional, as well as the jurisprudential line followed by the First Chamber of the Supreme Court of Justice in decisions 920-FS1-2015, 2046-F-S1-2020, and 2878-F-S1-2020 as it pertains to the interpretation of articles 2, 3, and 5 of the Indigenous Law and the omission and non-recognition of article 8 of the Expropriations Law.

2.- In order to support his standing (legitimación), the petitioner indicates that his principal appears as a party in judicial file No. 17-000087-1028-CA, which, as of the date of filing this unconstitutionality action, is still pending resolution and in which the respective reservation of unconstitutionality was made. He asserts that, due to the object of said proceeding, the application of the jurisprudential and normative line challenged here is imminent, thus fulfilling the requirements established in article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction.

3.- By resolution at 11:31 a.m. on November 11, 2022, the claimant was warned that “within a period of THREE DAYS, counted from the day following notification of this resolution and under warning of denying the processing of the action in case of non-compliance, must accredit the status of Nombre82220, identity card No. Telf9322, as generalisimo attorney-in-fact without limit of sum for Nombre114942, identity card No. CED44801, for which purpose, must provide the respective powers and certifications that so accredit it (articles 75, 78, and 80 of the Law of Constitutional Jurisdiction).”

4.- By writ associated with this file on November 16, 2022, the claimant responded that, in compliance with the warning made by this Court, a certification was provided of the generalisimo power-of-attorney without limit of sum granted by Nombre114942 to Nombre82220, a mandate registered since 2009.

5.- By official letter of November 21, 2022, the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda was requested to remit to this Chamber the judicial file being processed under number 17-000087-1028-CA, which is a proceeding for a declaration of rights (proceso de conocimiento) by Nombre114942 against The State.

6.- On December 14, 2022, a compact disc was received in this Chamber, containing the copy of the judicial file being processed under number 17-000087-1028-CA.

7.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its submission, any motion presented for its consideration that turns out to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a simple reiteration or reproduction of a previous, equal, or similar motion that was rejected.

Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,

Considering:

I.- REGARDING STANDING (LEGITIMACIÓN). This Chamber considers that the claimant has standing (legitimación) to bring this unconstitutionality action, according to numeral 75, first paragraph, of the Law of Constitutional Jurisdiction, upon verifying that the challenged norm and jurisprudence are applicable in the proceeding processed in file No. 17-000087-1028-CA. Indeed, once said file has been reviewed, it can be verified that the Procuraduría General de la República, when answering the lawsuit, makes express reference to the challenged jurisprudence. It is also accredited that in this proceeding the respective invocation of unconstitutionality was made.

Now then, pursuant to article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction, this Court may reject any motion on the merits, even from its submission or in limine litis, when it considers that there are sufficient elements of judgment. Which is precisely what occurs in the sub lite, as will be analyzed in the following considerandos.

II.- OBJECT OF THE ACTION. The claimant challenges article 2 of the Indigenous Law, which establishes:

“Article 2.- Indigenous communities have full legal capacity to acquire rights and contract obligations of all kinds. They are not state entities. The reserves mentioned in article one of this law are declared property of the indigenous communities. The Procuraduría General de la República shall register those reserves in the Public Registry in the name of the respective indigenous communities. The reserves shall be registered free of all encumbrances. Transfers from the State to the indigenous communities shall be free of charge, shall not pay registration fees, and shall be exempt from all other types of tax burdens in accordance with the terms established in the CONAI Law.”

Likewise, he challenges the jurisprudence of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, related to numerals 2, 3, and 5 of the Indigenous Law, contained in judgments 920-FS1-2015, 2046-F-S1-2020, and 2878-F-S1-2020.

The claimant accuses an infringement of articles 18, 33, 34, 41, 45, and 46 of the Political Constitution. It is alleged, specifically, an improper interpretation of articles 2, 3, and 5 of the Indigenous Law, by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, regarding the requirements that must concur for the relocation or expropriation provided for by article 5 of that same legal body to proceed, with respect to non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith. It is questioned, in particular, that it is required—to qualify the ownership or possession as in good faith—that the person has exercised possessory acts or acts as owner prior to the Indigenous Law or the decrees that have delimited the indigenous reserves. It is accused that the foregoing stems from an extensive and erroneous interpretation of the cited legal norm that does not contemplate such temporal criterion and implies recognizing a de facto or de facto freezing of the property right (derecho real) held by the person over the real estate in question, without having proceeded with the prior and necessary compensation. With the aggravating factor that more than four decades have passed since the Indigenous Law was issued and to date numerous lands remain pending compensation. He argues that, according to an adequate interpretation of the referred normative, owners and possessors in good faith had no impediment whatsoever to sell, lease, rent, or alienate by any means the real estate belonging to them, if they had not been compensated, therefore those who acted as counterparty in such transactions would retain the label of good faith if they so acquired. He asserts that this is fully consistent with the subrogation of rights and obligations provided for in numeral 8 of the Expropriations Law, which must be applicable in these cases. He claims a hollowing out of the right of owners and possessors in good faith who hold farms within the delimited indigenous territory, who have the right to exercise the attributes of ownership or possession until they are compensated or relocated. He points out that good faith must be determined on a case-by-case basis, according to the evidentiary body of each specific case, since establishing a general parameter applicable to the universality of owners or possessors, reduced to the date of acquisition of real estate regarding which no compensation whatsoever has been granted, says nothing about good faith. Specifically regarding article 2 of the Indigenous Law, it is alleged that this norm has also been improperly interpreted, since—according to the claimant’s argument— although it is true that such numeral establishes that the indigenous reserves are the property of the indigenous populations that inhabit them, this cannot be understood as a de facto expropriation of the persons who in good faith inhabit the lands delimited for such purposes, nor can it be understood as an ipso facto constitution of the property right (derecho real de propiedad) in favor of the indigenous communities. He accuses, in short, that the manner in which the cited norms have been interpreted supposes that owners or possessors are prevented from disposing in any manner of the attributes of ownership without having obtained prior compensation for it.

III.- ON THE MERITS: ARTICLE 2 OF THE INDIGENOUS LAW. Regarding, specifically, article 2 of the Indigenous Law, it can be derived—from a comprehensive reading of the filing writ—that the claimant’s reproaches refer to a presumed improper interpretation and application of such numeral, rather than the actual content of said normative provision. In any case, it should be noted that this Chamber has ruled—repeatedly—that such numeral is compatible with Constitutional Law. Recently, in decision No. 2022005033 of 9:20 a.m. on March 2, 2022, this Chamber resolved—in what is relevant—that:

“II.- OBJECT OF THE ACTION. The claimant challenges Executive Decree No. 7267-G of August 9, 1977, which establishes the Indigenous Reserve of Cocles, currently, the Bribrí Indigenous Reserve of Këköldi. He also challenges articles 1 and 2 of Law No. 6172, Indigenous Law, which establish—respectively—that:

“Article 1.- Indigenous persons are those who constitute ethnic groups directly descended from pre-Columbian civilizations and who preserve their own identity.

The reserves established in executive decrees numbers 5904-G of April 10, 1976, 6036-G of June 12, 1976, 6037-G of June 15, 1976, 7267-G and 7268-G of August 20, 1977, as well as the Guaymi Indigenous Reserve of Conteburica, are declared indigenous reserves.

The limits set for the reserves, in the cited decrees, may not be varied by diminishing the area thereof, except by express law.”

“Article 2.- Indigenous communities have full legal capacity to acquire rights and contract obligations of all kinds. They are not state entities. The reserves mentioned in article one of this law are declared property of the indigenous communities. The Procuraduría General de la República shall register those reserves in the Public Registry in the name of the respective indigenous communities. The reserves shall be registered free of all encumbrances. Transfers from the State to the indigenous communities shall be free of charge, shall not pay registration fees, and shall be exempt from all other types of tax burdens in accordance with the terms established in the CONAI Law.”

III.- ON THE MERITS. This Chamber has already ruled on the constitutionality of the cited articles 1 and 2 of the Indigenous Law. Thus, in judgment No.

0836 on February 10, 1998, at 5:36 p.m., it was resolved:

“II.- INDIGENOUS LAW: It also challenges paragraph 1) of article 1 and paragraph 2) of article 2 of the Indigenous Law number 6172 of November 16, 1977, which state in order the following:

“The indigenous reserves established in executive decrees numbers 5904-G of April 10, 1976, 6036-G of June 12, 1976, 6037-G of June 15, 1976, 7267-G and 7268-G of August 20, 1977, as well as the Guaymí de Burica Indigenous Reserve, are declared indigenous reserves”

“The reserves mentioned in the first article of this Law are declared property of the indigenous communities”

The claimant points out that through this legislation, a model of property unknown to legal doctrine is created, which is, property of a collectivity, where ownership corresponds to a communal legal entity that the Law itself creates, but in turn, title is granted to individual natural persons.- In relation to this, it must be said that already in the Law of Vacant Lands (Ley de Terrenos Baldíos) number 13 of January 10, 1939, by establishing in its article 8 that “…a prudential zone at the discretion of the Executive Branch is declared inalienable and exclusive property of the indigenous people, in places where tribes of these exist, in order to preserve our autochthonous race and to free them from future injustices”, indigenous reserves had been created. This norm, which could be understood as programmatic, was expanded by Decree number 45 of December 3, 1945, by creating the Board for the Protection of the Aboriginal Races of the Nation, whose basic function was the protection of the lands of the aborigines. Subsequently, by Executive Decree number 34 of November 15, 1956, the Boruca, Térraba, Salitre Cabagra, and China Kichá Indigenous Reserves were declared. These provisions acquired a rank even superior to Law, pursuant to article 7 of the Political Constitution, insofar as the Legislative Assembly, through Law number 2330 of April 9, 1959 (La Gaceta number 84 of April 17, 1959) approved Convention number 107 of the International Labour Organization concerning the “Protection and integration of indigenous populations and other tribal and semi-tribal populations”, which, among other things, recognizes their legitimate right to have under their dominion the lands they own, whether individually or collectively, and that succession shall be governed by the principles of the customs of their peoples. The Law of Lands and Colonization (Ley de Tierras y Colonización) number 2825 of October 14, 1961 also incorporated an entire chapter referring to the subject, with the object of protecting those lands and the autochthonous races. It was from this regulation that by executive decrees of 1966, number 11 of April 2 and number 26 of November 12, it was ordered to register in the name of the Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización), today the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario), the three indigenous reserves created in 1956, that is, from before the promulgation of the Law creating the National Commission on Indigenous Affairs (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas) number 5251 of July 11, 1973. In this latter law, its transitory provision establishes that the Institute of Lands and Colonization would deliver the lands through the procedure of possessory information to the indigenous people. That transitory provision was the one that was reformed by Law number 5651 of December 13, 1974, in which the concepts of inalienability are retaken, as indicated in the preceding considerando. This also means that the Nombre82221 Indigenous Reserve had a special regime long before the State's action to legalize the situation of the indigenous reserves through Executive Decree number 5904-G of March 11, 1976 (for those of Chirripó, Guaymí de Coto Brus, Estrella, Guatuso, and Talamanca), or the very Executive Decree number 6037-G of March 26 of that year. What is done through the norms that the claimant challenges is to grant legal rank to those Reserves by expressly citing in article 1), paragraph 1) the decrees that created them, granting them more detailed treatment through the Regulation of the Indigenous Law (Reglamento de la Ley Indígena), (Executive Decree number 8487-G of April 26, 1978).- Article 2, paragraph 2) does nothing more than transfer the property of those reserves, which belonged to the Institute of Lands and Colonization, to the indigenous communities. With that regulation, the State fulfilled the provisions of Convention 107 of the International Labour Organization, ratified by Law number 2330 of April 9, 1959, which establishes in article 11 that: “The right of ownership, collective or individual, of the members of the populations concerned over the lands which these populations traditionally occupy shall be recognised”, and in article 13, subsection 2): “Measures shall be taken to prevent persons who are not members of the populations concerned from taking advantage of these customs or of the ignorance of the laws on the part of their members to obtain the ownership or use of the lands belonging to them”. In relation to the Indigenous Law, this Court already indicated how it adapts legislation to Convention 107, when, while addressing a Legislative Consultation (resolution 3003-92), it stated:

“Costa Rica has signed a large number of international instruments that directly or indirectly protect the rights of minorities in general and especially those of indigenous peoples. Regarding the latter, our country signed Convention 107 of the ILO called “Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries”, adopted in 1957 and approved in 1959 by the Legislative Assembly of our country, through Law No. 2330, the first step towards the protection of indigenous populations, placing the Government as the main person responsible for the process. That Convention, now modified by Convention 169 which has been sent in consultation by the Legislative Assembly, strengthens that protection and respect, with a more universal conception of material and legal equality.- In the same manner, the Indigenous Law, 6172 of November 29, 1977, developed, and in some aspects exceeded, the international obligations contracted by Costa Rica; for it reserved important portions of its territory for the indigenous people, trying to prevent them from being registered as private property of others. It granted full legal status and legal capacity to their communities to direct their activities and decide on their goods; it allowed them to exploit the natural reserves within their territories and prohibited the extraction of archaeological objects from their cemeteries.”

In short, article 1, paragraph 1) and article 2, paragraph 2) of the Indigenous Law that are questioned, are not unconstitutional.

The claimant also challenges article 3 of the Indigenous Law which states:

“Indigenous reserves are inalienable and imprescriptible, non-transferable, and exclusive for the indigenous communities that inhabit them. Non-indigenous persons may not rent, lease, buy, or in any other way acquire lands or farms included within these reserves. Indigenous persons may only negotiate their lands with other indigenous persons. Any transfer or negotiation of lands or improvements thereto in the indigenous reserves, between indigenous and non-indigenous persons, is absolutely null, with the legal consequences of the case.”

He points out that this norm establishes restrictions on property because it contains an absolute prohibition on alienating property located within the Indigenous reserves between indigenous and non-indigenous persons, prohibition of the use of the institute of usucapion by indigenous persons, prohibition for the non-indigenous Costa Rican of the possibility of acquiring an immovable property within an indigenous reserve, and the right of disposition of the immovable property is denied to the indigenous person, despite acknowledging their possession. He indicates that such limitations on property should have been approved by a qualified majority that must be expressly recorded. The claimant's approach is not adequate. By means of the Indigenous Law, as stated, what is done is to transfer the indigenous reserves that were registered in the name of the Institute of Lands and Colonization to the indigenous communities. So it is not a matter of imposing socially-oriented limitations on private property, but rather of state lands that are adjudicated in the name of the indigenous people, so the analysis regarding a qualified majority is unnecessary. The Court considers - as indicated - that this norm develops concepts contained in Convention 107 of the ILO, where a whole concern emerges so that indigenous peoples considered as a collectivity can effectively conserve their rights over ancestral territories, comprising not only the land itself, but also the waters, marine zones, plants, animals, and other natural resources that together form the social, cultural, material, and spiritual nexuses of the indigenous person's life. What is intended through these norms is to avoid dispossession, whether through physical removal or environmental degradation that has caused catastrophic effects on indigenous peoples, and thus defend the right of peoples to conserve their territories for future generations.” (the emphasis does not correspond to the original)

Subsequently, in ruling no. 2011-000281 of January 14, 2011, at 9:36 a.m., this Court again pronounced on the topic of indigenous property and its protection under Constitutional Law. It was pointed out, specifically, that:

“III.- On constitutional legal protection in indigenous matters. A principle of recognition of indigenous peoples is inferred from the Political Constitution itself, based on the idea of state protection to preserve their culture, which is reaffirmed in International Treaties duly ratified by Costa Rica. In reference to domestic legislation, the first regulation that refers to this situation is found in the Law of Vacant Lands (Ley de Terrenos Baldíos) number 13 of January 10, 1939, which establishes in its article 8: "[...] a prudential zone at the discretion of the Executive Branch is declared inalienable and exclusive property of the indigenous people, in places where tribes of these exist, in order to preserve our autochthonous race and to free them from future injustices". A norm that was expanded by Decree number 45 of December 3, 1945, by creating the Board for the Protection of the Aboriginal Races of the Nation, whose basic function tended to protect the lands of the aborigines, in order not to abandon them and to maintain their ethnic group. Subsequently, by Executive Decree number 34 of November 15, 1956, the Nombre82221, Salitre Cabagra, and China Kichá indigenous reserves were declared. The Legislative Assembly, through Law number 2330 of April 9, 1959, approved Convention number 107 of the International Labour Organization concerning the "Protection and integration of indigenous populations and other tribal and semi-tribal populations", which recognizes their legitimate right to have under their dominion the lands they own, whether individually or collectively, and that succession shall be governed by the principles of the customs of their peoples. The Law of Lands and Colonization (Ley de Tierras y Colonización) number 2825 of October 14, 1961 also incorporated a chapter referring to the subject with the object of protecting those lands and the autochthonous races. From this regulation, by Executive Decrees number 11 of April 2, 1996, and 26 of November 12, it was ordered to register in the name of the Institute of Lands and Colonization, today the Institute of Agrarian Development, the three indigenous reserves created in 1956 (see ruling of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, No. 223 of July 6, 1990, at 3:30 p.m.). International Law, for its part, has been generous in recognizing the rights of these communities. Among these instruments, the Universal Declaration of Human Rights (articles 1, 2.1, 7, 17.1, and 27), the International Covenant on Civil and Political Rights (27), the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1.1 and 2), the American Declaration of the Rights and Duties of Man (2, 13, and 23), and the American Convention on Human Rights (24 and 26) stand out. The International Labour Organization has been the pioneer on the topic of indigenous protection. Conventions numbers 107 and 169 contain a detailed listing of rights recognized for these peoples. Both Conventions -107 and 169- in their Part II, regulate the property regime of indigenous lands. On the other hand, constitutional jurisprudence numbers 1786-93 of 4:21 p.m. on April 21, 1993, 06229-99 of 2:30 p.m. on August 11, 1999, among others, recognize the special protection of their territory and culture due to their conditions of vulnerability, not only current but also past, and without other limits than those that human rights themselves impose on the conduct of all human beings. There is no doubt, therefore, that the Costa Rican State has broadly recognized the rights pertaining to the indigenous groups inhabiting the country. Furthermore, it has been sustained that groups of people belonging to autochthonous communities have the right to live on the lands where they have historically been settled, and the State must fully guarantee the enjoyment of this fundamental right. In this manner, our constitutional jurisprudence recognizes a superior hierarchy to International Conventions, such as that of the ILO, No. 169 (Law 7316 of November 3, 1992), a superior degree of protection for indigenous persons and communities, that is, an “elevated level of protection” regarding those human rights contemplated in the Political Constitution itself, and which therefore require respect, in ordinary Courts, for the decisions that, through custom and self-determination of said indigenous peoples, derive from the communities themselves and their representatives.

IV.- On the property of indigenous communities. It is important to indicate the collective or communal character of indigenous property, since ownership of it is not personal, but rather of the collective as such. Among indigenous people there exists a communal tradition over a communal form of collective land ownership, in the sense that ownership is not centered on an individual but on the group and its community. Indigenous people, by the very fact of their existence, have the right to live freely in their own territories; the close relationship that indigenous peoples maintain with the land must be recognized and understood as the fundamental basis of their cultures, their spiritual life, their integrity, and their economic survival. The Development Associations (Asociaciones de Desarrollo), as a “community structure”, are the competent entities to dispose of land possession in order to guarantee access to it for all indigenous inhabitants, and insofar as indigenous property is of a collective nature, the norms on individual rights for the protection of individual property and possession provided in the legal system are inapplicable. Article 3 of the Indigenous Law provides that reserves shall be governed by indigenous people in their traditional community structures or by the laws of the Republic that govern them. The Indigenous Law declared the reserves mentioned in the first article of that law to be the property of the indigenous communities. As we see, the control mechanisms used within the indigenous populations themselves must be heeded, and when this is not possible, the customs of the indigenous population must always be taken into consideration. It is evident that in our country, most indigenous populations have a fairly advanced degree of cultural evolution, and through their current form of organization, through Development Associations, the resolution of conflicts is sought internally, and only in extreme cases is recourse made to the repressive means of the Courts, which in any case are obliged to comply with the provisions of the cited international conventions. Otherwise, “[…] the fundamental right of Indigenous Peoples to have their own representative bodies and to be able to act autonomously in the defense of their rights would be disregarded […]” (see resolution of the Constitutional Court No. 2005-06856, of 10:02 a.m. on June 1, 2005). For indigenous communities, the relationship with the land is not merely a matter of possession and production but a material and spiritual element that they must fully enjoy, including to preserve their cultural legacy and transmit it to future generations. The customary law of indigenous peoples must be especially taken into account. For the effects under consideration, as a product of custom, land possession should suffice for indigenous communities lacking a formal title to land ownership to obtain official recognition of said property and the consequent registration. An indigenous reserve is an agrarian property of original and collective character, and no right of individual property or possession can be claimed over it to the detriment of the community to which it belongs, its owner being the totality of the community, and it cannot be dismembered into private property precisely due to its legal nature intended for the collectivity. In light of the jurisprudence on human rights of indigenous people, emanating from the Inter-American Court of Human Rights, it was established that an international human rights treaty has autonomous meaning, so it cannot be equated to the meaning attributed to it in domestic law. Furthermore, it stated that said human rights treaties are living instruments whose interpretation must adapt to the evolution of the times, and, in particular, to current living conditions. It has maintained that Article 29.b of the Convention establishes that no provision may be interpreted in the sense of “limiting the enjoyment and exercise of any right or freedom that may be recognized in accordance with the laws of any of the States Parties or in accordance with another convention to which one of said States is a party.” Now, if we perform an evolutionary interpretation of international human rights protection instruments, and also take into account the applicable rules of interpretation, and, in accordance with Article 29.b of the Convention—which prohibits a restrictive interpretation of rights—, said Court has considered that Article 21 of the Convention protects the right to property in a sense that comprises, among others, the rights of the members of indigenous communities within the framework of communal property.

Thus, this Court has concluded that article 2 of the Indigenous Law has its due support in the fulfillment of a series of international human rights obligations, in particular, it ensures that indigenous peoples “can effectively conserve their rights over ancestral territories, comprising not only the land itself, but also the waters, marine zones, plants, animals, and other natural resources that together form the social, cultural, material, and spiritual nexuses of the indigenous person's life.” Which, far from being unconstitutional, is fully compatible with Constitutional Law.

Furthermore, in said ruling, express reference was made to the relationship between articles 2 and 5 of the Indigenous Law, regarding article 45 of the Political Constitution. This Tribunal resolved the following:

“V.- Finally, regarding specifically the alleged infringement of article 45 of the Political Constitution, the claimants acknowledge that the Indigenous Law, in its article 5, establishes—in what is pertinent—that:

“Article 5.- In the case of non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith within the indigenous reserves, ITCO must relocate them to other similar lands, if they so desire; if relocation is not possible or they do not accept relocation, it must expropriate and indemnify them in accordance with the procedures established in the Law of Expropriations (Ley de Expropiaciones).”

That is, the Indigenous Law itself expressly recognizes the obligation to expropriate owners and possessors in good faith, precisely in protection of article 45 of the Constitution. As can be derived from a reading of the complaint, more than an eventual defect in the content of the normative provisions challenged in this action, what seems to be alleged in this case is an eventual non-compliance with the provisions of the cited article 5 of the Indigenous Law, as well as a conflict regarding its due interpretation and application in certain cases. Which does not imply, nor suppose, that articles 1 and 2 of the Indigenous Law —insofar as they declare certain indigenous reserves and declare that they are the property of the indigenous communities— are unconstitutional. In the event that a particular person has not been expropriated as of today, it may be claimed in the corresponding instances. It must be remembered that this Court has pointed out that:

“(...) the object of a constitutional review process is not to address an individual harm that the claimant may allege; on the contrary, its object is a general interest that the acts subject to public law and the norms that make up the legal system are in conformity with Constitutional Law.” (ruling no. 2013-002902 of 2:30 p.m. on March 5, 2013).”

Considerations fully applicable to the case under study, as there is no reason whatsoever that justifies a change of criterion.

IV.- ON THE MERITS: OF THE JURISPRUDENCE OF THE FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. Moreover, the claimant's main reproaches are circumscribed to the jurisprudential line of the First Chamber related to articles 2, 3, and 5 of the Indigenous Law, contained—among others—in judgments 920-FS1-2015, 2046-F-S1-2020, and 2878-F-S1-2020; in which case, recently, through judgment no. 2022-024725 of October 19, 2022, at 12:41 p.m., this Tribunal pronounced on said jurisprudential line—regarding objections analogous to those formulated in this new action—and considered the following:

“II.- Object of the action. The claimant files an action to declare unconstitutional the jurisprudence of the First Chamber of Cassation (judgments nos. 000920-F-S1-2015 of 2:30 p.m. on August 6, 2015, 002848-A-S1-2020 of 10:10 a.m. on December 3, 2020, 002878-F-S1-2020 of 10:35 a.m. on December 10, 2020, and 000681-F-S1-2021 of 10:00 a.m. on March 25, 2021), concerning article 3 of the Indigenous Law, considering it contrary to articles 9, 11, 41, and 45 of the Political Constitution, and to the principles of good faith, legitimate expectations (confianza legítima), and non-confiscation, as well as to article 21, subsection 2, of the American Convention on Human Rights (CADH). The claimant states that article 3 of the Indigenous Law provides: “ Indigenous reserves are inalienable and imprescriptible, non-transferable, and exclusive for the indigenous communities that inhabit them. Non-indigenous persons may not rent, lease, buy, or in any other way acquire lands or farms included within these reserves. Indigenous persons may only (sic) negotiate their lands with other indigenous persons. Any transfer or negotiation of lands or improvements thereto (sic) in the indigenous reserves, between indigenous and non-indigenous persons, is absolutely null, with the legal consequences of the case (…)”. He argues that, according to the challenged jurisprudence, those who obtain lands in indigenous reserves under the protection of the National Registry (Registro Nacional), despite there being no registry annotation indicating that the acquired farm is included within an indigenous reserve, are acquirers in bad faith. He alleges that such criterion harms article 45 of the Political Constitution. Instead, he maintains that the norm must be interpreted in the sense that private properties located in an indigenous reserve are legally incorporated into it upon the fulfillment of the expropriation procedure contemplated in article 5 eiusdem. He argues that there are persons, like his represented party, who acquired properties in indigenous reserves after their constitution, but protected by the fact that there was no registry annotation whatsoever; however, currently, due to the questioned criterion, they are not subject to expropriation, because it is unjustly asserted that they did not acquire the immovable property in good faith. This situation implies an illegitimate confiscation of property, since an immovable property is transferred to the indigenous property regime without the prior payment of the respective indemnity. He argues that, as long as the Administration does not fulfill the expropriation, the farms acquired in good faith, both before and after the creation of the respective indigenous reserve, must remain in private domain hands, for there has not been an affectation to the special regime that makes them inalienable, imprescriptible, non-transferable, and exclusive to indigenous communities. He emphasizes that the disrespect for rights acquired under the protection of registry faith (fe registral) implies a de facto expropriation, contrary to article 45 of the Constitution, article 21.2 of the CADH, and the principle of non-confiscation; the principles of good faith and legitimate expectations (confianza legítima) are also violated, since numerous persons, without knowing they were part of indigenous reserves, acquired properties that, according to the registry, were not subject to any type of hidden encumbrance, which justifies considering them as owners in good faith. He alleges that the Administration's negligence in annotating such farms in the Public Registry of Property constitutes an omissive conduct, violating the constitutional principles of good faith, legitimate expectations (confianza legítima), legal certainty, and the right to property, which cannot prejudice third-party acquirers in good faith, as is precisely the case of his represented party. Regarding the violation of articles 9 and 41 of the Political Constitution, he points out that from these articles and article 11 derives the principle of patrimonial responsibility of the Administration, based on which the rights of those administered must be respected by all state authorities, including courts of justice. However, the latter could eventually consider that there are other principles of higher lineage that they must protect above the cited constitutional principles of good faith, legitimate expectations (confianza legítima), and the right to property; for example, the protection of indigenous property. Nonetheless, he argues that when courts protect indigenous property over the cited constitutional principles of good faith, legitimate expectations (confianza legítima), and the right to property, it transgresses the constitutional principle of the State's extracontractual patrimonial responsibility for a lawful act and normal functioning, specifically for jurisdictional activity, given that the State exercises this function as one of its essential tasks, according to the relationship of articles 9, 11, 41, 152 and following of the Magna Carta, a responsibility developed in articles 190 and 194 of the General Law of Public Administration (LGAP).

(...)

IV.- On the alleged unconstitutionality. In the sub lite, the claimant files an action to declare unconstitutional the jurisprudence of the First Chamber of Cassation (judgments nos. 000920-F-S1-2015 of 2:30 p.m. on August 6, 2015, 002848-A-S1-2020 of 10:10 a.m. on December 3, 2020, 002878-F-S1-2020 of 10:35 a.m. on December 10, 2020, and 000681-F-S1-2021 of 10:00 a.m. on March 25, 2021), concerning article 3 of the Indigenous Law, considering it contrary to articles 9, 11, 41, and 45 of the Political Constitution, and to the principles of good faith, legitimate expectations (confianza legítima), and non-confiscation, as well as to article 21, subsection 2, of the CADH. In this sense, according to said jurisprudence, those who acquire lands in indigenous reserves under the protection of the National Registry (without a registry annotation indicating that the acquired farm is located within an indigenous reserve), are not acquirers in good faith, and as a result, they are denied the indemnity established by article 5 of the Indigenous Law. Now, on this matter, article 3 eiusdem provides:

“Article 3.- Indigenous reserves are inalienable and imprescriptible, non-transferable, and exclusive for the indigenous communities that inhabit them. Non-indigenous persons may not rent, lease, buy, or in any other way acquire lands or farms included within these reserves. Indigenous persons may only (sic) negotiate their lands with other indigenous persons. Any transfer or negotiation of lands or improvements thereto (sic) in the indigenous reserves, between indigenous and non-indigenous persons, is absolutely null, with the legal consequences of the case.

The lands, their improvements, and the products of the indigenous reserves shall be exempt from all manner of national or municipal taxes, present or future."

For its part, section 5 of the same law provides:

Article 5.- In the case of non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith within the indigenous reserves, ITCO must relocate them to other similar lands, if they so desire; if relocation is not possible or they do not accept the relocation, it must expropriate them and compensate them in accordance with the procedures established in the Expropriations Law (...)".

Thus, the petitioner specifically challenges the impugned case law's determination that the "good faith (buena fe)" required by the aforementioned provision is not established when a person acquires a property after the constitution of an indigenous reserve, regardless of whether the Public Registry shows any notation or restriction whatsoever on the property. In this regard, he considers it contrary to the Law of the Constitution that in these cases no compensation is paid based on such interpretation.

Now, it is pertinent to cite what was held by the First Chamber of Cassation in judgment No. 920-F-S1-2015 of 2:30 p.m. on August 6, 2015, cited by the appellant:

"V.- The second paragraph of Article 1 of the Indigenous Law (Ley Indígena), No. 6172 of November 29, 1977, declared as indigenous reserves those defined in Executive Decrees 5904-G of April 10, 1976, 6036-G of June 12, 1976, 6037-G of June 15, 1976, 7267-G and 7268-G of August 20, 1977, as well as the one it called 'Guaymí de Burica Indigenous Reserve.' It goes without saying, first, that the decrees listed therein have subsequently been subject to amendments; and secondly—this being of particular interest in this matter—that the boundaries of the last reserve (established directly and expressly by the legislator) were initially determined in Executive Decree 8514 of May 2, 1978, a regulation that also changed its name to 'Guaymí de Conte-Burica,' a name that was later changed again to 'Guaymí de Conteburica' by Decree 13545 of April 26, 1982. Said reserves are the property of the indigenous communities pursuant to Article 2 of the same law. Precept 3 of the same body of law further provides that these (sic) 'are inalienable and imprescriptible, non-transferable, and exclusive to the indigenous communities that inhabit them. Non-indigenous persons may not rent, lease, buy, or in any other way acquire land or farms comprised within these reserves. Indigenous persons may only (sic) negotiate their lands with other indigenous persons. Any transfer or negotiation of land or improvements thereof (sic) in the indigenous reserves, between indigenous and non-indigenous persons, is absolutely null and void, with the legal consequences of the case. The lands, their improvements, and the products of the indigenous reserves shall be exempt from all manner of national or municipal taxes, present or future' (bold added). For its part, canon 5 establishes that 'In the case of non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith within the indigenous reserves, ITCO must relocate them to other similar lands, if they so desire; if relocation is not possible or they do not accept the relocation, it must expropriate them and compensate them in accordance with the procedures established in the Expropriations Law. [.-] (...) If there is a subsequent invasion of the reserves by non-indigenous persons, the competent authorities must immediately proceed with their eviction, without payment of any compensation whatsoever. (...).' From the foregoing provisions, it is understood that: A) the lands comprised in the indigenous reserves are inalienable and non-transferable; B) non-indigenous persons may not acquire by any title such lands or rights over them; and C) non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith have the right to be relocated or, failing that, expropriated, but this shall only be so provided that the exercise of possession or acts as an owner have been in good faith (buena fe), which necessarily requires that they had that condition prior to the entry into force of the Indigenous Law or the various Executive Decrees that, in furtherance of its Article 1, define the physical limits of the reserves (and in compliance, of course, with the American Convention on Human Rights (Pact of San José), Convention 169 of the International Labor Organization, the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and the Brasilia Regulations). That temporal element (namely: anteriority to the establishment of the reserve by the Indigenous Law, or prior to the incorporation of the land by the executive decrees that further that law) is consubstantial to the possession or ownership that gives rise to the right to relocation or compensation. That is, it forms part of its premise, since it is a determining factor of good faith. Even if it is not explicitly contained in provision 5, it clearly follows from its relation to Article 3. Note, in the first place, that in that mandate 5, the legislator took as a factual premise that, at that time (the issuance of the Law), non-indigenous persons were exercising in good faith acts of possession or as owners (regardless of their registry inscription), and it recognized their right to relocation or compensation in the first paragraph. Consequently, a non-indigenous subject who began exercising acts of possession or ownership after the inclusion of the land in a reserve cannot be deemed to be in good faith. In this line, it must be understood that in Article 3, after establishing that indigenous reserves are inalienable and non-transferable, all non-indigenous subjects are prevented (both those owners or possessors it recognized in the first subparagraph of mandate 5, and those who were not, as it makes no distinction) from participating in or being beneficiaries of any act or business transferring title. In this way, in the event they violate that prohibition, they must be classified as invaders and evicted without any compensation, pursuant to the third paragraph of precept 5. In other words, from the moment the land is incorporated by the respective Decree into an indigenous reserve (whether those listed in canon one of the Law, or those that subsequently further it), the non-indigenous subject who until then exercised possession or acts as owner in good faith has the right to be relocated or, failing that, expropriated and compensated, precisely because his right collides with the real property right held by the indigenous community as attributed to it by the second subparagraph of Article 2 of the Indigenous Law. From that moment on, there also occurs—as the Constitutional Chamber stated in judgment 2097-2011 of February 23, 2011—the freezing of the property; and as a result, the individual who until then exercised possession or ownership with all its attributes has the power to dispose of his right over that land absolutely restricted, as contemplated in that third section of the legal regulation. Consequently, the appellant is not correct in alleging an erroneous interpretation of canons 3 and 5 of the Indigenous Law. Nor is there a violation of canons 45 of the Magna Carta and 286 of the Civil Code, since his arguments regarding these latter two provisions depended on the interpretation of the former. And in particular, because it is precisely because of that collision with the right of ownership established in favor of the indigenous community and that absolute restriction on the power of disposal which disrupts that essential content of his right, that the Law orders Inder to carry out the relocation or expropriation, in respect of constitutional canon 45, which must additionally be implemented with the application of the indicated international regulations and the Expropriations Law, No. 7495 (...)'. (The highlighting does not appear in the original).

Likewise, in judgment No. 2848-A-S1-2020 of 10:10 a.m. on December 3, 2020, also referenced by the appellant, the cassation instance held:

"XVII. (...) On the other hand, regarding what was stated concerning precepts 5 and 8 of the Indigenous Law, the appellant did not challenge what the Court accredited in proven facts numbers 2 and 3 regarding the creation of the Matambú Indigenous Reserve and that it was duly delimited in 1980, by Executive Decree No. 11564, with the property in litigation, registration number 28530-000, being within it. On the contrary, as already indicated, that factual situation is fully accepted by the plaintiff in facts 2 and 4 of the complaint. As stated when analyzing the previous grievance, having full knowledge of the Executive Decrees—not only of the creation of said Indigenous Reserve, but also of its delimitation, encompassing the estate in litigation—what the Court indicated, that when the plaintiff acquired the litigious property it was already part of the Indigenous Reserve, and therefore he should not be considered a good-faith acquirer or possessor (adquirente o poseedor de buena fe), since he cannot allege ignorance of the legal regulations in force at that time; the negotiation and transfer of the property being absolutely null and void by operation of law as provided in Article 3 of the Indigenous Law, which constitutes special regulations in this matter—far from being disproved, it is confirmed. Ergo, the complaint could not prosper. Moreover, the appellant did not challenge the Court's conclusion regarding the absolute nullity by operation of law of the negotiation and transfer, by virtue of the provisions of canon 3 of the Indigenous Law, which, in and of itself, renders what the appellant stated meaningless. On the other hand, regarding the appellant's assertion that 'With respect to this provision [he refers to Article 5 of the Indigenous Law], the Court improperly applies this provision, since while it establishes that my client does not meet the requirements of this article, it does not consider that had INDER expropriated the legitimate owner, my client would not be in this situation.' Such a statement cannot be accepted. As has been indicated, in light of what was stated in fact 4 of the complaint and in proven fact No. 3 of the challenged judgment, the plaintiff had full knowledge of the existence of Executive Decree No. 11564 of June 2, 1980, published in the official gazette La Gaceta No. 115 of June 18 of that year, through which the Matambú Indigenous Reserve was duly delimited, encompassing the property in litigation. It is for this reason that, in addition to not being considered a good-faith acquirer or possessor; pursuant to the provisions of section 3 of the Indigenous Law—it bears repeating, a special provision regarding Indigenous Reserves—the negotiation and transfer of the property in his favor are absolutely null and void by operation of law; reasons why the complaint could not prosper.

XVIII. Regarding what was indicated in point 2) 'Rules Regarding Title of Ownership and Registry Good Faith,' as indicated in the preceding section, the provisions of precept 3 of the Indigenous Law reproduced in considerando VI of this resolution, concerning that 'Any transfer or negotiation of land or improvements thereof (sic) in the indigenous reserves, between indigenous and non-indigenous persons, is absolutely null and void, with the legal consequences of the case,' constitutes a special rule applicable to properties located in the Indigenous Reserves. Hence, for litigation where the negotiation or transfer of land or improvements in indigenous reserves between indigenous and non-indigenous persons is alluded to, analyzed, or discussed, as in this lawsuit, the applicable regulation is that one and not the provisions contained in other legal bodies such as, for example, the Civil Code. Ergo, what the appellant stated regarding the lack of application of civil regulations cannot be accepted (...).' (The highlighting does not appear in the original).

In the same vein, in judgment No. 2848-A-S1-2020 of 10:10 a.m. on December 3, 2020, also alluded to by the petitioner, it was determined:

"V. In the opinion of this Chamber—see resolution No. 920-F-S1-2015 of 2:30 p.m. on August 6, 2015—the following aspects can be drawn from the Indigenous Law: a) indigenous territories are inalienable and non-transferable; b) non-indigenous persons may not acquire by any title the lands located within the reserve; and c) non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith have the right to be relocated or, failing that, to be compensated and thereby expropriated; the latter, always on the understanding that the possession or ownership was exercised under the aegis of good faith. This implies having that condition prior to the entry into force of the Indigenous Law or the Executive Decrees that included a territory within a reserve. This temporal element of anteriority to the establishment of the reserve by law or through an executive decree is consubstantial to the possession or ownership that gives rise to the right to relocation or compensation. That is to say, this premise is a determining factor of good faith. Consequently, a non-indigenous subject who began exercising acts of possession or ownership after the inclusion of the land in a reserve cannot be deemed to be in good faith. It is for this reason that the law itself has declared these lands as inalienable and non-transferable; therefore, an express prohibition is understood for non-indigenous persons to participate in or be beneficiaries of any act or business transferring title. If this impediment is violated, such persons must be classified as invaders and their eviction without any compensation is required. In other words, from the moment the land is incorporated by decree or law, the non-indigenous person who until then exercised acts of possession or ownership in good faith has the right to be relocated or, failing that, compensated and expropriated; because his right collides with the real property right that the indigenous community holds from that moment on, as attributed to it by Article 2 of the Indigenous Law. It is from that moment that the freezing of the property occurs; so stipulated by the Constitutional Chamber in decision 2097-2011 of February 23, 2011. The individual who until then exercised his right with all its attributes has the power to dispose of his right over the property absolutely restricted. In addition to the foregoing, in that same resolution, this Chamber determined that when a person seeks compensation because his land is within an indigenous reserve, it is necessary that in addition to being a non-indigenous subject and a possessor or owner in good faith, in accordance with the rules already established; in addition to those two elements and in view of the provisions of Article 317 of the Civil Procedure Code Law 7130 (of supplementary application in this case, as permitted by section 220 of the Contentious-Administrative Procedure Code), it is incumbent upon the plaintiff to demonstrate through compelling evidence, such as an expert opinion based on the examination of land plans, to demonstrate beyond any doubt that the land in dispute is located within an indigenous reserve.

VI. (...) Now, on the other hand, aside from the verification that the properties in question are part of the Reserve, it is necessary to state in this resolution—as it is the subject of this lawsuit—that as indicated in previous considerandos, from the evidence provided by the plaintiff, it is deduced that he acquired the land on September 17, 2013; which means 37 years after the Reserve was established and 36 years after the promulgation of the Indigenous Law. As has been set forth in this judgment, Name82222 cannot be considered a good-faith acquirer, because the Quitirrisí Indigenous Reserve had been constituted and protected for more than three decades. The complaint states that the plaintiff is a resident of Quitirrisí, that is, from the same area where the Reserve is located, hence it is not even believable to this Chamber that Mr. Name82223 did not know he was acquiring land within a protected zone and the collective property of the indigenous population; and therefore a property not susceptible to legal transaction. Such being the case, the appellant is not correct, and his objections must be denied." (The highlighting does not appear in the original).

Regarding such criteria, the Office of the Attorney General of the Republic argues that the Chamber of Cassation does nothing more than correctly interpret the scope of the provisions cited above, in compliance with section 45 of the Political Constitution.

In this regard, it notes that it is indeed recognized that non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith have the right to be compensated (expropriated) if that condition of owner or possessor was acquired prior to the effectiveness of the Indigenous Law or the executive decrees that established the physical boundaries of the respective indigenous reserves. Conversely, a non-indigenous person who began carrying out acts of possession or ownership over a property after the inclusion of that land within an indigenous reserve cannot be considered to be in good faith, because the physical delimitation of that reserve had already been established, and, therefore, such lands already held the status of non-transferable and inalienable.

Based on the foregoing, the Office of the Attorney General considers that, when a land is integrated into an indigenous reserve through the respective decree, the non-indigenous person who until that moment exercised acts of possession or ownership in good faith has the right to relocation or compensation that Article 5 of the same law stipulates; however, the situation is different for the eventual emergence of a new registry owner, to whom the property already encumbered by the indigenous reserve limitation would have been transferred. In that case, the impugned case law has indicated, on the one hand, that it is a transaction transferring title that is absolutely null because it contravenes Article 3 of the Indigenous Law, and, on the other, in such a situation good faith in the acquisition of the property is ruled out.

In this regard, this Chamber concludes that the questioned jurisprudential criteria do not contravene the Law of the Constitution.

Precisely, section 5 of the Indigenous Law states that "good faith (buena fe)" must be proven for the relocation or compensation of a non-indigenous person who possesses or owns a property located within an indigenous reserve to be appropriate; however, Article 3 of the same law also stipulates that indigenous reserves are inalienable, imprescriptible, and non-transferable, while expressly providing: "Non-indigenous persons may not rent, lease, buy, or in any other way acquire land or farms comprised within these reserves. (...)".

Thus, it can be seen that, in the judgments alluded to by the petitioner, the First Chamber of Cassation has understood that the element of "good faith" cannot be proven when, subsequent to the constitution of an indigenous reserve (through the respective executive decree), a person acquires a property within the limits of such a restricted space, given that, from the moment that zone is normatively established as an indigenous reserve, it becomes legally improper to carry out such an act transferring title, given that the property in question is non-transferable by legal imperative.

In this way, the Chamber rejects that such interpretation is contrary to section 45 of the Political Constitution, because precisely in compliance with this constitutional norm, persons who in good faith held title to a property before it became part of the indigenous property regime must be compensated for the deprivation suffered, since ownership of such property subsequently passed to an indigenous community. Logically, from the time an indigenous reserve is constituted (through the executive decrees indicated in Article 1 of the Indigenous Law itself), it lacks legal plausibility for a non-indigenous person to validly acquire a property within such a restricted zone, whose physical delimitation has already been duly established and published through the corresponding executive decrees. Such an acquisition, as section 3 of the Indigenous Law itself states, is absolutely null because the property was already non-transferable. Note that the indigenous reserve and its due spatial delimitation are constituted as of the corresponding executive decree, not until the moment an eventual expropriation occurs under the terms of section 5 of the Indigenous Law, as the appellant suggests.

Likewise, the petitioner argues that, regardless of whether the act transferring title was carried out after the indigenous reserve was duly constituted, the acquirer's good faith exists, as he acted under the protection of the legal certainty provided by public registry publicity, since no notation or restriction regarding that property had been incorporated in the Public Registry. For this reason, he argues that the denial of due compensation violates the principles of registry good faith and legitimate expectations.

However, as indicated supra, the legal transaction by which title to the property was transferred occurred contra legem, since the property was already encumbered by the indigenous property regime, hence, regardless of what was indicated in the Public Registry at the time of the negotiated act, the property could not be the object of commerce nor could it be transferred to a person outside the indigenous community.

In connection with such a position, regarding the principle of legitimate expectations (alleged by the appellant), it is worth highlighting what this Chamber has stated:

"In summary, the principle of legitimate expectations rests on the basis that the citizen adopts a behavior, trusting that he is acting correctly, since the constant, stable conduct of the Administration over time reasonably generates such expectation in him; put another way, the Administration has issued external signs that have guided the citizen toward a certain conduct and have made him trust in good faith that such situation will persist. As noted by Meza Valencia (2013), 'the individual's trust arises on the occasion of the birth in the legal world of a given word or promise from the administration, but it is strengthened and rooted by the chain of subsequent conduct assumed by the administration, provided that these are oriented to strengthen and develop the previously issued word. Without the existence of such subsequent harmonious and coherent acts, the previously given promise loses its vocation for consolidating legitimate trust (...).

Costa Rican constitutional case law has already recognized this principle, as can be seen in the following precedents:

"(...) Regarding the development of this principle and its deep constitutional roots, national doctrine has stated the following: 'This principle arises in the Federal Republic of Germany and is later taken up by the case law of the Court of Justice of the European Community to define a situation worthy of protection because the trust placed in the action of the Public Administration has been violated. The Spanish Supreme Court, in its judgment of February 1, 1990, considered that this principle is to be applied not only (sic) when any type of psychological conviction occurs in the benefited individual, but rather when it is based on external signs produced by the Administration that are sufficiently conclusive to reasonably induce him to trust in the legality of the administrative action, coupled with the fact that, given the balancing of interests at stake—individual interest versus general interest—the revocation or annulment of the act causes to grow in the patrimony of the beneficiary who reasonably trusted in said administrative situation, harms that he has no reason to bear derived from expenses or investments that can only be restored to him with serious harm to his patrimony. As for the requirements of the principle of legitimate expectations, Spanish doctrine, following the case law of the Spanish Supreme Court, has established the following: There must be an act 1) of the administration sufficiently conclusive to provoke in the affected party one of the three following types of trust: a) trust of the affected party that the Public Administration acts correctly; b) trust of the affected party that the conduct he maintains in his relationship with the Public Administration is lawful, given a potential error of prohibition; c) trust of the affected party that his expectations as an interested party are reasonable. 2) The Public Administration must provoke external signs (acts or facts) that, even without being legally binding, guide the administered party toward a certain conduct that, had it not been for the appearance of legality created, he would not have carried out. 3) An act of the Public Administration (e.g., a regulation that recognizes or constitutes an individualized legal situation in whose stability the administered party trusts). 4) The cause apt to provoke the legitimate trust of the affected party cannot be caused by mere negligence, tolerance, or ignorance of the Public Administration or the irrationality of what is sought by the administered party. 5) The administered party must fulfill the duties and obligations incumbent upon him. The breach of the principle of legitimate expectations undoubtedly causes several significant legal effects, let us see: 1) It acts as a limit on the exercise of discretionary powers. 2) It operates as a guarantee of the principle of equality. 3) It gives rise to the duty of the Public Administration to compensate for the frustration of legitimate expectations and the injured subjective rights. The principle of legitimate expectations, together with that of good faith in legal-administrative relations, emanates from the principle of legal equality, that is, the certainty of relations with public authorities—the administered party knowing where he stands with them (sic), who must avoid objectively confusing situations and maintain legal situations even if they are not absolutely in conformity with the legal system. This principle is concretized, among other instances, through the theory of the intangibility of one's own declaratory acts of rights for the administered party, the limitation of acts of burden, and non-retroactivity. It also finds application when a public administration issues and performs a series of acts and actions that, although legally incorrect, generate a series of expectations in the administered party, leading him to believe that he holds a legal situation in conformity with the legal system (...)' (see judgment No. 2010-010171 of 9:58 a.m. on June 11, 2010)." (Judgment No. 2016008000 of 11:52 a.m. on June 10, 2016).

In the present case, this Court rules out that the questioned case law disregards the aforementioned principle. Thus, it must be reiterated that, regardless of what is recorded in the registry, property incorporated into an indigenous reserve is non-transferable by express provision of law, such that it is not possible to resort to registry good faith or a presumed legitimate trust to validate a negotiated act that is absolutely null and void, carried out in violation of the legal system. Let it be seen, once again, that the physical delimitation of the indigenous reserves is established through various executive decrees, duly published; furthermore, there is an express legal prohibition for non-indigenous persons to acquire these properties, so transfer acts are null and void. Therefore, the eventual omission by the Public Registry to note the indigenous reserve encumbrance on a property in no way validates any act transferring title carried out outside the law, nor does it constitute a suitable cause for the acquirer of such a null transaction to claim compensation under the terms of section 5 of the Indigenous Law, as the appellant seeks.

Now, it is not superfluous to clarify that the liability for the omission by the Public Registry to note the properties that are part of an indigenous reserve in a specific case, as well as the eventual liability that, as the Office of the Attorney General indicates, the seller of a property under the indigenous reserve regime might have, or that which the president of the First Chamber of Cassation argues a notary public who carries out a legal transaction in such terms might have, are not issues proper to be declared through the review process that this Chamber carries out by means of an unconstitutionality action; hence, such a type of claim must be pursued in the corresponding ordinary channels.

Finally, the petitioner alleges that the impugned jurisprudential criteria violate the principle of the State's extracontractual patrimonial liability for judicial activity, enshrined in Articles 9, 11, and 41 of the Political Constitution, and developed in sections 190 and 194 of the General Law of Public Administration.

In this regard, this Chamber shares what was indicated by the Procuraduría General de la República, in the sense that an eventual state liability for jurisdictional activity (which, far from signifying a disagreement with a jurisprudential criterion, implies the verification of some serious irregularity in the fulfillment of jurisdictional responsibilities and competencies) cannot be known or determined through an unconstitutionality action. Therefore, if it is considered that the ordinary courts have incurred in some case of this type of administrative liability, the petitioner may resort to the corresponding ordinary channels, if they deem it appropriate.

By virtue of the foregoing, the unconstitutionality action is dismissed."

As a corollary, this Court, by majority, has already concluded that the cited jurisprudential line does not contravene the Right of the Constitution and, on the contrary, is consistent with the special indigenous property regime regulated in Articles 1, 2, 3, and 5 of the Ley Indígena. As verified, such jurisprudential guideline does not disregard or infringe upon the fundamental rights of non-indigenous persons who in good faith held title to a property prior to its integration into the indigenous property regime, whose right to relocation or expropriation and compensation for the impact suffered is recognized. Therefore, reference must again be made to what was indicated in the previous whereas clause, regarding the possibility that such persons may resort to the respective bodies in the event they have not been relocated or expropriated to date. Now, the situation is substantially different regarding non-indigenous persons seeking to derive rights from legal transactions subsequent to the constitution of the indigenous reserve, since—as already indicated in the partially transcribed vote—"(l)ogically, from the moment an indigenous reserve has been constituted (through the executive decrees indicated in Article 1 of the Ley Indígena itself), it lacks legal plausibility that a non-indigenous person may validly acquire a property within such a restricted zone, whose physical delimitation has already been duly established and published through the corresponding executive decrees. Such acquisition, as indicated by Article 3 of the Ley Indígena itself, is absolutely null because the property was already non-transferable. Note that the indigenous reserve and its due spatial delimitation is constituted from the corresponding executive decree, not until the moment an eventual expropriation takes place under the terms of Article 5 of the Ley Indígena, as suggested by the appellant...". In which case, there is no reason whatsoever that justifies varying the criterion already expressed on that occasion.

V.- IN CONCLUSION. As a corollary of the foregoing, it is appropriate to reject the filed action on its merits, as is hereby ordered. Judge Garro Vargas dissents and partially upholds the unconstitutionality action; consequently, she declares unconstitutional the impugned jurisprudential line insofar as it generically assumes the existence of bad faith in the acquisitive cause of the title transfer transaction based exclusively on the effectiveness of Article 5 of the Ley Indígena and, therefore, the original nullity of the transfer transaction, derived from the provisions of the cited article. Judge Garro Vargas records a note.

VI.- DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS REGARDING THE JURISPRUDENTIAL LINE OF THE SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

The undersigned judge notes that in the precedent cited as grounds for the dismissal of the action regarding the mentioned jurisprudential line of the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, I dissented together with Judge Garita. In said dissenting vote, the following considerations were made:

"DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS AND JUDGE GARITA NAVARRO, WITH THE WRITING OF THE LATTER.

With due respect, we disagree with the majority position for the reasons expressed below. Ley Indígena No. 6172 dates from the year 1977, while the creation of the Guatuso Indigenous Reserve was carried out through Decreto Ejecutivo No. 5904-G, published in Alcance No. 60 to La Gaceta No. 70 of April 10, 1976, and whose limits were stipulated by clauses 1 and 2 of Decreto Ejecutivo No. 7962 of December 15, 1977. Article 5 of the Ley Indígena establishes:

Article 5.- In the case of non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith within the indigenous reserves, the ITCO must relocate them on other similar lands, if they so desire; if relocation is not possible or they do not accept relocation, it must expropriate them and compensate them according to the procedures established in the Ley de Expropiaciones. (As amended by Article 65, subsection d) of Ley Nº 7495 of May 3, 1995).

The studies and procedures for expropriation and compensation shall be carried out by the ITCO in coordination with the CONAI.

If there is subsequent invasion of non-indigenous persons into the reserves, the competent authorities must immediately proceed to their eviction, without payment of any compensation.

The expropriations and compensations shall be financed with the contribution of one hundred million colones in cash, which shall be deposited in four annual installments of twenty-five million colones each, the first beginning in the year 1979; said installments shall be included in the general budgets of the Republic for the years 1979, 1980, 1981, and 1982. The fund shall be administered by the CONAI, under the supervision of the Contraloría General de la República.

That is to say, this rule sets forth imperative subjective requirements that determine the appropriateness of the compensation procedure established in that rule, namely:

a)    Non-indigenous persons or those not belonging to the indigenous community;

b)    Who have acquired, in good faith, a right of ownership or possession of a property, before the declaration of the indigenous reserve;

c)     And whose right of ownership or possession is vacated upon being located within the limits of the reserve. Good faith means that the owners or possessors acquired their rights over the properties according to the rules of the Civil Code. In that sense, they must prove administratively and judicially that they exercised possessory acts over the property before the entry into force of Ley 6172 "Ley Indígena" of November 29, 1977, as well as its implementing regulation (reglamento) (Decreto Ejecutivo Nº 8487 of April 1978), or, prior to the issuance of the rule that defined a certain land as part of the reserve area.

Canon 3 of the same law establishes that non-indigenous persons may not rent, lease, buy, or in any other way acquire lands or farms comprised within these reserves. It is necessary in each case to analyze and weigh whether the acquisition of a property under those conditions was carried out in good or bad faith, for which purpose, one would have to consider, among other aspects, whether the property was acquired from an indigenous person, a case in which a nullity by operation of law would be imposed due to the objective possibility of knowing that the property is indigenous, or that these properties had signs or material (visual) elements that identified them as part of a reserve, had registry annotations, or were occupied by indigenous people, or activities by those communities were carried out within those plots. However, when acquiring from a non-indigenous person, it is necessary to consider whether the acquirer was in an objective position to know that the property was subject to this type of special domain, a case in which the demarcations of the land, as well as the registry annotations, would be determining indicators.

In that sense, the mere establishment of the limits of a reserve of this nature by executive decree does not in any way imply a sort of duty for third parties to know of the existence of those circumstances, who, protected by the real estate registry publicity, and in light of Article 455 of the Civil Code, acquire properties over which, from the registry plane, there is no marginal condition whatsoever (direct or indirect) that warns them about the nature of that land. Precisely, within the logic of Ley No. 6172, the duty imposed in clause 5—regarding the expropriation of the lands of non-indigenous persons located within those reserves—seeks to protect not only the right of indigenous communities to have the lands that constituted their geographic sphere of existence, activities, and customs restored to them, but also to regulate and delimit the obligation assumed by the State to return to those communities the traditionally occupied lands.

Such commitment is recognized even prior to the issuance of the Ley Indígena (1977), specifically in the Ley de Terrenos Baldíos of 1939, in ILO Convention 107 of 1959, a rule that obliged the State to recognize the lands traditionally occupied by indigenous peoples, regulations later reinforced by the cited Ley No. 6172 and ILO Convention 169. Thus, that Ley Indígena obliged the State, together with the ITCO (now INDER and the CONAI) to begin the population studies and expropriation procedures to withdraw said domain from non-indigenous persons and return it to the indigenous peoples. The fact that the mandatory nature of instituting an expropriation procedure was provided for highlights that this treatment seeks a dual protection, that is, safeguarding the indigenous communal property, from which they were displaced for multiple historical reasons, and, on the other hand, based on the good faith of those current non-indigenous owners, protecting the right of ownership acquired in good faith, since it was the State's own inertia that led to those displacements of property, in multiple cases, and lack of registry inscription of ownership.

Now, under the certainty that a geographic delimitation of the reserve exists and at the same time clarity for non-indigenous third parties that their lands form part of the reserve, for which reason they will be expropriated, the restriction imposed by Article 3 of the Ley Indígena emerges, insofar as it provides that non-indigenous persons may not rent, acquire, or obtain in any way, rights of disposal or use over indigenous reserve areas. This is so because, once those lands are placed at the disposal of the indigenous people, non-indigenous persons cannot acquire them in any way, as otherwise the very purpose of the Law and the duty to return the land to the indigenous peoples would be undermined. Even for that same reason, that rule (Article 3) recognizes the nullity by operation of law of transfers from indigenous to non-indigenous persons, since the logic is to prevent again the loss of the property right of those communities.

Therefore, in cases such as the present one where, despite the reserve being delimited since 1977, the declaration is not accompanied by subsequent actions that lead to materially reintegrating the lands to the indigenous people, such that third-party acquirers in good faith could be put in a position to know, it is not correct to attempt to disregard the effects of title transfer acts. The foregoing may occur due to the absence of the initiation of studies, expropriation procedures, registry annotations, spatial demarcation, physical demarcation, signage, notifications, etc. Thus, as long as there was no objective possibility of knowing that the area was within an indigenous reserve, bad faith cannot be assumed, because otherwise, the State (in the integral concept of Article 9 of the Carta Magna) would evade the obligation imposed on it by Article 5 of Ley No. 6172.

In the opinion of those subscribing to this minority vote, the original nullity sanction established by that rule in question does not allow for excluding, in a general and automatic manner, situations in which, given the conditions that have arisen in the creation and disposition of those lands, third-party occupants or acquirers may be able to prove good faith in the exercise of their rights. That is to say, the nullity legally provided for regarding transfers of title to lands forming part of the cited indigenous reserves, according to the geographic delimitation in force at that time, undoubtedly operates by operation of law, from which point, it is undeniable that those inherited properties must pass to indigenous domain, without being able to be reserved for private domain. However, that legal consequence does not preclude, in the face of certain circumstances, persons who have acquired legal situations under the protection of a maxim of legitimate trust, and provided they are able to duly and fully prove objective reasons that could lead to inferring states of occupation or acquisition in good faith, from being able to bring compensatory actions against the Public Administration for the neglect of the obligations imposed on it since 1977 by the Ley Indígena, under the terms indicated above. Thus, in those cases of good faith acquisition due to the stated conditions, irrespective of the fact that the lands must be placed at the disposal of the respective indigenous community, it would be questionable whether the obligated Administrations would accommodate a compensation request from the original owner or whether, on the contrary, they would deny such reparation under the allegation that a displacement of property occurred. It is not, then, a matter of denying that those lands are part of an indigenous reserve, but of achieving a balance in the protection of the legal situations involved, which requires not only protecting indigenous property, but also protecting the right of those who have acquired in good faith due to the circumstance that the Administration limited itself to declaring, via executive decree, the limits of a reserve, without the due accompaniment of material actions that allow the effective return of the land to the indigenous people, and without adopting concrete actions that would generate legal certainty for third parties regarding the unavailability of those assets in real estate trade.

Otherwise, it would be permitted that those lands are not compensated to the former owners, who, by virtue of the declaration of the special regime of joint indigenous property, must submit to this suppression of ownership, but without obtaining the corresponding civil reparation mandated by law. From that perspective, the allegation of the inadmissibility of what is sought based on the sole reference of having registered the acquisition on a date after the creation of the reserve, while it is a respected position, is ultimately deemed violative of the rights regulated in precepts 9 and 45 of the Constitución Política, to the extent that it presupposes, in a generic and abstract manner, bad faith in the acquisitive cause, thereby denying potential compensations. Note that the compensation provided for by Article 5 of Ley No. 6172 is only barred in cases of owners or occupants in bad faith.

Thus, with due respect, it is considered not viable to start from a generic premise, extendable to every case, regardless of its particularities and casuistry, that the properties were acquired under the clear notion that they formed part of indigenous heritage. There may well be cases in which those inherited properties were acquired without any registry annotation warning of the existence of a legal impossibility of being registered through the acquisitive cause of purchase, through possessory information procedures. On the contrary, the example of an acquisition through a judicial possessory information proceeding presupposes an analysis in that cause of the concurrence of the various prerequisites that allow titling by those means, such as public, peaceful, and good-faith occupation, so that, initially, it would not be legitimate to simply disregard the content and effect of those judicial resolutions and assume bad faith in the acquisitive cause. While legal avenues exist to provide for their annulment, that hypothesis would not necessarily lead to presupposing bad faith on the part of the occupant or holder.

To date, despite the fact that the Ley Indígena imposes on the INDER and the CONAI the duty to carry out the delimitations and demarcations of the areas that make up the various Indigenous Reserves in Costa Rica, to conduct the population censuses that allow it to define and discriminate which of the owners or occupants of the lands within those areas are indigenous or non-indigenous for the purpose of proceeding to concretize the pertinent expropriations or relocations, these actions have not been implemented. From that perspective, with consistent respect, we disagree with the denial of a duty of expropriation or, in certain cases, the patrimonial liability of the Administration resulting from inertia in the exercise of the formal and material actions to guarantee the acquisition, recovery, protection, and due publicity of those lands. The foregoing, since it would lead to denying the civil liability established by canon 9 of the Constitución Política, despite the proof of indolence, that is, abnormal functioning by omission (disfunction) which, with a high degree of probability, could have constituted an adequate motive from which third parties were placed in a position to acquire assets through legitimate trust, under the protection of registry publicity, causing compensable patrimonial damage.

The opposite would lead to condoning the forced, de facto, and illegitimate acquisition of those lands, without the compensatory recognition that, for purposes of expropriation, is established not only by Article 5 of the Ley Indígena but also by Article 45, initial paragraph of the Carta Magna, a rule that protects the right to property, which can only be suppressed through the expropriation proceeding, after the corresponding prior compensation. In this way, if the legal (and constitutional) duty of the INDER is the expropriation of lands that became part of a specific indigenous reserve and that are under the domain or good-faith possession of non-indigenous persons, the lack of a claim regarding the concretization of the expropriation does not prevent the enforceability of the relevant obligations of those public entities, as a guarantee of protection of the legal situation of those non-indigenous persons who are owners in good faith. Thus, a particular analysis of each specific case is necessary to discriminate whether there was bad faith in the acquisition. This condition does not automatically follow from the legal nullity of the title transfer transaction.

Finally, we wish to emphasize that it is clear that transfers of land signed after the entry into force of the Ley Indígena or the creation and delimitation of each indigenous reserve are null by legal imperative. Likewise, there would be no right to any patrimonial claim in cases where non-indigenous third parties could not prove good faith in the exercise of their occupation or acquisition. To this end, it is evident that the mere absence of registry annotations does not determine the validity of the legal transaction, nor good faith in the occupation, since if, in each case, despite that registry publicity, there are objective parameters that allow deducing the legal nature of those assets, that compensatory condition would not concur. This is equally applicable to the other actions typical of the respective successive tract. Ergo, we consider that the impugned jurisprudential line is congruent with the Right of the Constitution, insofar as it is understood to be applicable to cases in which, within the respective judicial cause, the concurrence of good faith in the acquisition transaction of the inherited property has not been established, an aspect that is not strictly contingent upon the legal qualification of the original nullity of the transfer transaction, established by the cited Article 5 of the Ley Indígena. Thus, it is within the casuistry of each ordinary proceeding that such condition must be defined and the appropriateness or not of eventual civil reparations must be weighed, an aspect that, of course, escapes the proper control of this jurisdiction. However, the generic application under debate prevents the assessment of the potential applicability of the liability regime for damages pertaining to the Administration, it is reiterated, based on canon 9 of the Carta Fundamental.

Therefore, Judge Garro Vargas and Judge Garita Navarro dissent and declare unconstitutional the impugned jurisprudential line insofar as it generically assumes the existence of bad faith in the acquisitive cause of the title transfer transaction based exclusively on the effectiveness of Article 5 of the Ley Indígena and, therefore, the original nullity of the transfer transaction, derived from the provisions of the cited article."

VII.- NOTE BY JUDGE GARRO VARGAS

I record this note to underscore that for those of us who subscribe to the referenced dissenting vote, without a doubt, title transfer transactions to non-indigenous persons are null after the mentioned law; but we do not derive from that the unconditional conclusion that bad faith has been configured in the acquirer; rather, we consider that other elements must be examined. Certainly, many of these were assessed in those judgments provided. However, what must be kept in mind is that the nullity of the act is not because bad faith occurred, but because it was carried out after the entry into force of that law.

VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The action is rejected on its merits. Judge Garro Vargas partially dissents and declares unconstitutional the impugned jurisprudential line insofar as it generically assumes the existence of bad faith in the acquisitive cause of the title transfer transaction based exclusively on the effectiveness of Article 5 of the Ley Indígena and, therefore, the original nullity of the transfer transaction, derived from the provisions of the cited article. Judge Garro Vargas records a note.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Aracelly Pacheco S.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 BVSNA4EO4C461

EXPEDIENTE N° 22-025518-0007-CO

 

Teléfonos: Telf7268/ (Telf10). Fax: Telf1209 / Telf7229. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Dirección6012, San José, Dirección2662, Dirección495, calles 19 y 21, Dirección1786

 

 

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONAL del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:53:23.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República