Res. 01774-2023 Sala Constitucional — Municipality must intervene Cañas River channel to prevent flood riskMunicipalidad debe intervenir cauce del Río Cañas ante riesgo de inundaciones

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Sala Constitucional

Resolución Nº 01774 - 2023

Fecha de la Resolución: 27 de Enero del 2023 a las 09:15

Expediente: 22-025512-0007-CO

Redactado por: Ileana Sánchez Navarro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con nota separada

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

ALCANTARILLADO.

001774-23. MUNICIPALIDAD. VECINOS DE URBANIZACIÓN BOCA DEL MONTE Y DE CONCEPCIÓN ARRIBA DE ALAJUELITA, INDICAN QUE, LA ZONA SE HA VISTO AFECTADA POR LA EROSIÓN Y LAS INUNDACIONES QUE PROVOCA EL RÍO CAÑAS, COLOCANDO EN RIESGO SUS VIDAS Y SUS VIVIENDAS. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO Y, EN CONSECUENCIA, SE ORDENA AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, ASÍ COMO AL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA, QUE DE FORMA INMEDIATA ADOPTEN LAS MEDIDAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA INTERVENIR EL CAUCE DEL RÍO CAÑAS Y CULMINAR LAS OBRAS EN UN PLAZO NO MAYOR A TRES MESES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA. ASIMISMO, DEBERÁN NOTIFICAR LO RESUELTO A LOS DENUNCIANTES, AL MEDIO CONSIGNADO PARA TALES EFECTOS. VCG02/2023

“(…) I.- ACLARACIÓN PREVIA. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante la falta de resolución de una denuncia por la erosión que provoca en Río Cañas, colocando en riesgo las vidas y las viviendas de los vecinos. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes aseguran que son vecinos de la Dirección4741 y de Concepción Arriba de Alajuelita. Alega que la zona se ha visto afectada por la erosión y las inundaciones que provoca el Río Cañas, colocando en riesgo sus vidas y sus viviendas. No obstante, a pesar de haber reportado esos acontecimientos ante las autoridades recurridas, a la fecha de interposición de este recurso, las autoridades recurridas no han brindado una solución a los hechos denunciados.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a)       Durante los años 2008 y 2010, los vecinos de la localidad de Concepción de Alajuelita solicitaron a la Municipalidad de Alajuelita realizar las inspecciones correspondientes, debido al falseo del terreno, provocado por el río Cañas (véase prueba aportada por la parte recurrente).

b)      El 21 de septiembre de 2022, los recurrentes presentaron una gestión ante la Plataforma de Servicios de la Municipalidad de Alajuelita, indicando: “COMO JEFE DE NUESTRO GOBIERNO CANTONAL RECURRIMOS A USTED COMO LO HICIMOS EN EL 2008, 2010, 2011 Y 11 AÑOS DESPUÉS 2022 NUEVAMENTE SR ALCALDE, SOMOS LOS VECINOS DE LA URBANIZACIÓN BOCA DEL MONTE FASE 2, CONCEPCIÓN ARRIBA. EN EL 2008 EL RIO SE LLEVO UNA CASA OBLIGANDO AL LA FAMILIA QUE AHÍ HABITABA A SALIR CORRIENDO PUES EL CAUDAL HIZO QUE LAS PAREDES CAYERAN AL RIO COMO LO FUE TAMBIÉN LAS TAPIAS QUE HABÍAMOS PUESTO A TODO LO LARGO DEL TERRENO PLAY. EN ESA OCASIÓN RECURRIMOS A LA MUNICIPALIDAD LA CUAL MANDO A SU INGENIERO, TAMBIÉN LO LLEVAMOS A LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES Y COMISIÓN DE EMERGENCIA. AL FINAL DE TODO LA MUNICIPALIDAD ENVIO LA DRAGA 2 VECES AYUDO UN POCO PERO HASTA AHÍ LLEGO LA COLABORACIÓN DE LAS 3 ENTIDADES ENCARGADAS DE AYUDAR EN ESTOS CA-SOS. NUEVAMENTE EL RIO POR LAS CRECIDAS FALSEO EL PATIO DE LA CASA SIGUIENTE DONDE habitan 2 adultos mayores y 2 jovenes, familia de pocos recursos están a punto de perder su hogar por el cual pagaron, además la corriente se llevo la mitad de la tapia prefa que no daba un poco de seguridad en un lugar donde como todos sabemos hay mucha delincuencia (…)” (sic) (véase prueba aportada por la parte recurrente.).

 

c)       Según el informe técnico N°MA-GDUR-UTGV-194-2022, de fecha 22 de septiembre de 2022, la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Alajuelita indicó: “Sección Boca del Monte. Código 1-10-318. - Primera sección: Con una longitud aproximada de 75 metros, casas al borde del colapso y de caer al río, una sección de 5 metros de la calle arrasada por la creciente. Es necesario implementar muro de 45° para amortiguar el tirante hidráulico del Río Cañas. - Segunda sección: Sector de Boca del Monte II, del cual las tapias de la zona del lote comunal y las casas se encuentran guindando, por lo que es necesario un tramo aproximado de 175 metros de muros a 45° con el fin de estabilizar y mitigar la erosión del río contra las propiedades (…)” (véase informe rendido y prueba aportada por las autoridades recurridas).

d)      El 20 de octubre de 2022, el recurrente Nombre78706 presentó una gestión ante la Municipalidad de Alajuelita, denunciando la problemática generada por el Río Cañas (véase prueba aportada por la parte recurrente).

e)       Mediante el Decreto Ejecutivo N°43752-MP, se emitió la Declaratoria de Emergencia Nacional por la Influencia Directa de la Zona de Convergencia Intertropical, en los cantones de Alajuelita, Aserrí y Desamparados (véase prueba aportada por la parte recurrente).

f)        Bajo el procedimiento N°2021CE-000082-0006500001, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias está realizado el proyecto denominado “Estudios y diseños para las obras de protección contra inundaciones y control de erosión en la cuenca del río Cañas”, con el que se pretende realizar el estudio geológico, geotécnico, hidrológico, hidráulico y de riesgos de toda la cuenca del Río Cañas y sus afluentes principales, iniciando desde Aserrí, pasando por Desamparados y terminando en la zona de Alajuelita, con el fin de detectar los puntos más vulnerables a través de la cuenca, con el fin de que los municipios involucrados cuenten con los insumos requeridos para coordinar las acciones recomendadas en cada sector (véase informe rendido y prueba aportada por las autoridades recurridas).

g)       El 09 de noviembre de 2022, la Gestora Ambiental de la Municipalidad de Alajuelita presentó, ante la Unidad de Desarrollo Estratégico de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, los reportes de afectaciones de la Urbanización Boca del Monte N°2, provocadas por las lluvias del mes de septiembre de 2022 (véase informe rendido y prueba aportada por las autoridades recurridas).

 IV.- HECHOS NO PROBADOS. No se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, de relevancia para la resolución de este asunto:

a)  Que las autoridades municipales hayan notificado a los recurrentes las acciones realizadas durante el proceso de intervención del Río Cañas.

b) Que las autoridades de la Municipalidad de Alajuelita y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias hayan brindado una solución definitiva a la denuncia planteada por la parte recurrente.

V.- SOBRE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL Y LA OBLIGACIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL ANTE SITUACIONES DE RIESGO. Esta Sala, a través de la Sentencia N°2020-010630 de las 09:15 horas del 12 de junio de 2020, se pronunció en los siguientes términos:

“Competencia municipal y obligación de coordinación interinstitucional. El artículo 169, de la Constitución Política, dispone que "La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal (...)". Esta norma ha sido desarrollada por el legislador ordinario, en atención a ello, el artículo 3, del Código Municipal, Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998, dispone que: "El gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal". En este mismo sentido, se ha expresado la Sala Constitucional en su jurisprudencia. Verbigracia, en Sentencia N° 5445-99, de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, se dispuso lo siguiente:

"VI.- DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS MUNICIPALIDADES EN RAZÓN DE LA MATERIA (CONCEPTO DE "LO LOCAL"). Por disposición constitucional expresa -artículo 169-, hay una asignación de funciones o atribuciones en favor de los gobiernos locales en razón de la materia a "lo local", sea, "la administración de los servicios e intereses" de la localidad a la que está circunscrita, para lo cual se la dota de autonomía (") De manera que sus potestades son genéricas, en tanto no hay una enumeración detallada de sus cometidos propios, sino una simple enunciación del ámbito de su competencia; pero no por ello no determinable, a lo que hizo referencia este Tribunal en sentencia número 6469-97, de las dieciséis horas veinte minutos del ocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, en los siguientes términos:

" (...) lo local tiene tal connotación que definir sus alcances por el legislador o el juez, debe conducir al mantenimiento de la integridad de los intereses y servicios locales, de manera que ni siquiera podría el legislador dictar normativa que tienda a desmembrar el Municipio (elemento territorial), si no lo hace observando los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política; ni tampoco promulgar aquella que coloque a sus habitantes (población) en claras condiciones de inferioridad con relación al resto del país; ni la que afecte la esencia misma de lo local (gobierno), de manera que se convierta a la Corporación en un simple contenedor vacío del que subsista solo la nominación, pero desactivando todo el régimen tal y como fue concebido por la Asamblea Nacional Constituyente. En otro giro, habrá cometidos que por su naturaleza son municipales -locales- y no pueden ser substraídos de ese ámbito de competencia para convertirlos en servicios o intereses nacionales, porque hacerlo implicaría desarticular a la Municipalidad, o mejor aún, vaciarla de contenido constitucional, y por ello, no es posible de antemano dictar los límites infranqueables de lo local, sino que para desentrañar lo que corresponde o no al gobierno comunal, deberá extraerse del examen que se haga en cada caso concreto (...)". De lo anterior, resalta el hecho de que, por voluntad expresa de nuestra Carta Fundamental, se asigna una competencia específica a los gobiernos locales, atribución que además es exclusiva de éstos; es decir, se trata de una competencia originaria de la municipalidad y sólo mediante una ley de nacionalización o de regionalización es que puede ser desplazada, total o parcialmente".

En consecuencia, si un grupo de munícipes, en su circunscripción territorial, sufren inundaciones con riesgo para sus vidas y graves daños patrimoniales, psicológicos, calidad de vida y bienestar general, esto se enmarca dentro del concepto de "intereses y servicios locales" del numeral 169 constitucional, problemas cuyas causas tienen que ser identificadas con precisión y, más aun, las soluciones, a fin de implementarlas a la mayor brevedad posible; para lo cual corresponde a la Municipalidad coordinar con las instituciones de nivel nacional con competencia para actuar sobre el problema. En efecto, la Sala ya ha desarrollado la obligación municipal de coordinar con otras instituciones estatales en aras de atender los "intereses" y prestar cumplidamente los "servicios locales". En la citada Sentencia N° 5445-99, la Sala manifestó:

"(...) se refieren a la obligación de coordinación que debe existir entre los gobiernos locales, las instituciones descentralizadas y el Poder Ejecutivo, para llevar a cabo las funciones que le han sido encomendadas, lo que debe ser analizado a partir de la naturaleza misma de la autonomía municipal. Es en virtud de lo dispuesto en el artículo 170 constitucional, que las municipalidades (entes corporativos locales) gozan de autonomía funcional, administrativa y financiera en la administración de los intereses y servicios locales (artículo 169 de la Constitución Política) (...) No puede, entonces, crearse un conflicto por antagonismo o protagonismo entre la materia que integra el fin general de "los intereses y servicios locales" de los intereses y servicios públicos "nacionales" o "estatales", intrínsecamente distintos unos de otros, pero que en realidad están llamados a coexistir (....) Definida la competencia material de la municipalidad en una circunscripción territorial determinada, queda claro que habrá cometidos que por su naturaleza son exclusivamente municipales, a la par de otros que pueden ser reputados nacionales o estatales; por ello es esencial definir la forma de cooparticipación de atribuciones que resulta inevitable, puesto que la capacidad pública de las municipalidades es local, y la del Estado y los demás entes, nacional; de donde resulta que el territorio municipal es simultáneamente estatal e institucional, en la medida en que lo exijan las circunstancias. Es decir, las municipalidades pueden compartir sus competencias con la Administración Pública en general, relación que debe desenvolverse en los términos como está definida en la ley (artículo 5 del Código Municipal anterior, artículo 7 del nuevo Código), que establece la obligación de "coordinación" entre la municipalidades y las instituciones públicas que concurran en el desempeño de sus competencias, para evitar duplicaciones de esfuerzos y contradicciones, sobre todo, porque sólo la coordinación voluntaria es compatible con la autonomía municipal por ser su expresión. En otros términos, la municipalidad está llamada a entrar en relaciones de cooperación con otros entes públicos, y viceversa, dado el carácter concurrente o coincidente -en muchos casos-, de intereses en torno a un asunto concreto. En la doctrina, la coordinación es definida a partir de la existencia de varios centros independientes de acción, cada uno con cometidos y poderes de decisión propios, y eventualmente discrepantes; pese a ello, debe existir una comunidad de fines por materia, pero por concurrencia, en cuanto sea común el objeto receptor de los resultados finales de la actividad y de los actos de cada uno". De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible "concierto" interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros".

Adviértase, por lo demás, que las Municipalidades están obligadas, por imperativo del ordinal 50, de la Constitución Política, a prodigarse en la protección del ambiente (Sentencia N° 2006-7994 de las 8:57 horas de 2 de junio de 2006)” (resaltado no es del original).

 VI.- SOBRE EL FONDO. En el sub lite, la parte recurrente acude ante esta Sala, ya que son vecinos de la Dirección4741 y de Concepción Arriba de Alajuelita. Alegan que la zona se ha visto afectada por la erosión y las inundaciones que provoca el Río Cañas, colocando en riesgo sus vidas y sus viviendas; situación que han denunciado ante la Municipalidad de Alajuelita desde el año 2008. No obstante, a la fecha de interposición de este recurso, el falseo de la zona persiste, colocando en riesgo sus vidas y sus viviendas, sin que las autoridades recurridas hayan brindado una solución integral al problema.

 Al respecto, según se desprende del informe rendido por las autoridades recurridas, se han desplegado una serie de actuaciones para brindar una solución a la problemática planteada, lo cual también afecta a los cantones de Desamparados y Aserrí. Agregan que, según el informe técnico N°MA-GDUR-UTGV-194-2022, de fecha 22 de septiembre de 2022, la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Alajuelita indicó: “Sección Boca del Monte. Código 1-10-318. - Primera sección: Con una longitud aproximada de 75 metros, casas al borde del colapso y de caer al río, una sección de 5 metros de la calle arrasada por la creciente. Es necesario implementar muro de 45° para amortiguar el tirante hidráulico del Río Cañas. - Segunda sección: Sector de Boca del Monte II, del cual las tapias de la zona del lote comunal y las casas se encuentran guindando, por lo que es necesario un tramo aproximado de 175 metros de muros a 45° con el fin de estabilizar y mitigar la erosión del río contra las propiedades (…)”. Posteriormente, dado un esfuerzo conjunto, se logró la emisión del Decreto Ejecutivo N°43752-MP, donde se dio la Declaratoria de Emergencia Nacional por la Influencia Directa de la Zona de Convergencia Intertropical, en los cantones de Alajuelita, Aserrí y Desamparados. Por su parte, la autoridad de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, asegura que bajo el procedimiento N°2021CE-000082-0006500001, se está realizado el proyecto denominado “Estudios y diseños para las obras de protección contra inundaciones y control de erosión en la cuenca del río Cañas”, con el que se pretende realizar el estudio geológico, geotécnico, hidrológico, hidráulico y de riesgos de toda la cuenca del Río Cañas y sus afluentes principales, iniciando desde Aserrí, pasando por Desamparados y terminando en la zona de Alajuelita, con el fin de detectar los puntos más vulnerables a través de la cuenca, con el fin de que los municipios involucrados cuenten con los insumos requeridos para coordinar las acciones recomendadas en cada sector. Por ese motivo, el 09 de noviembre de 2022, la Gestora Ambiental de la Municipalidad de Alajuelita presentó, ante la Unidad de Desarrollo Estratégico de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, los reportes de afectaciones de la Urbanización Boca del Monte N°2, provocadas por las lluvias del mes de septiembre de 2022.

 

 Así las cosas, si bien se desprenden, del elenco de hechos probados, una serie de actuaciones -tanto de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y de la Municipalidad de Alajuelita-, con el fin de buscar una solución integral a la problemática planteada, lo cierto es que este Tribunal no puede tener por acreditado que el cauce del Río Cañas haya sido intervenido. Bajo este panorama, la omisión expuesta resulta especialmente gravosa, dado que la autoridad recurrida tiene conocimiento, desde aproximadamente catorce años, de la condición de riesgo y vulnerabilidad en que se encuentra la zona, de modo que esta Sala estima que la inacción del municipio para coordinar e intervenir en el cauce del río Cañas deviene violatoria de los derechos fundamentales de los habitantes de la comunidad de Concepción de Alajuelita, quienes se encuentran expuestos a la latente amenaza de un desastre natural. Aunado a lo anterior, el artículo 169, Constitucional, le otorga a los municipios el deber de velar por los “intereses y servicios locales” y, como se expuso en el Considerando supra, las inundaciones, al suponer un riesgo para la vida y el bienestar general, se enmarcan dentro de dicho concepto. En ese sentido, las autoridades recurridas deben realizar las coordinaciones correspondientes para actuar sobre el problema y tutelar los derechos fundamentales de los munícipes, lo que implica, a su vez, la protección de la integridad física, de la vivienda, de la vida y del ambiente.

En virtud de lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso, de conformidad con lo indicado en la parte dispositiva de esta Sentencia. (…)”

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Tema: Coordinación

Subtemas:

NO APLICA.

PRINCIPIO DE COORDINACIÓN

“(…) V.- SOBRE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL Y LA OBLIGACIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL ANTE SITUACIONES DE RIESGO. Esta Sala, a través de la Sentencia N°2020-010630 de las 09:15 horas del 12 de junio de 2020, se pronunció en los siguientes términos:

“Competencia municipal y obligación de coordinación interinstitucional. El artículo 169, de la Constitución Política, dispone que "La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal (...)". Esta norma ha sido desarrollada por el legislador ordinario, en atención a ello, el artículo 3, del Código Municipal, Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998, dispone que: "El gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal". En este mismo sentido, se ha expresado la Sala Constitucional en su jurisprudencia. Verbigracia, en Sentencia N° 5445-99, de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, se dispuso lo siguiente:

"VI.- DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS MUNICIPALIDADES EN RAZÓN DE LA MATERIA (CONCEPTO DE "LO LOCAL"). Por disposición constitucional expresa -artículo 169-, hay una asignación de funciones o atribuciones en favor de los gobiernos locales en razón de la materia a "lo local", sea, "la administración de los servicios e intereses" de la localidad a la que está circunscrita, para lo cual se la dota de autonomía (") De manera que sus potestades son genéricas, en tanto no hay una enumeración detallada de sus cometidos propios, sino una simple enunciación del ámbito de su competencia; pero no por ello no determinable, a lo que hizo referencia este Tribunal en sentencia número 6469-97, de las dieciséis horas veinte minutos del ocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, en los siguientes términos:

" (...) lo local tiene tal connotación que definir sus alcances por el legislador o el juez, debe conducir al mantenimiento de la integridad de los intereses y servicios locales, de manera que ni siquiera podría el legislador dictar normativa que tienda a desmembrar el Municipio (elemento territorial), si no lo hace observando los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política; ni tampoco promulgar aquella que coloque a sus habitantes (población) en claras condiciones de inferioridad con relación al resto del país; ni la que afecte la esencia misma de lo local (gobierno), de manera que se convierta a la Corporación en un simple contenedor vacío del que subsista solo la nominación, pero desactivando todo el régimen tal y como fue concebido por la Asamblea Nacional Constituyente. En otro giro, habrá cometidos que por su naturaleza son municipales -locales- y no pueden ser substraídos de ese ámbito de competencia para convertirlos en servicios o intereses nacionales, porque hacerlo implicaría desarticular a la Municipalidad, o mejor aún, vaciarla de contenido constitucional, y por ello, no es posible de antemano dictar los límites infranqueables de lo local, sino que para desentrañar lo que corresponde o no al gobierno comunal, deberá extraerse del examen que se haga en cada caso concreto (...)". De lo anterior, resalta el hecho de que, por voluntad expresa de nuestra Carta Fundamental, se asigna una competencia específica a los gobiernos locales, atribución que además es exclusiva de éstos; es decir, se trata de una competencia originaria de la municipalidad y sólo mediante una ley de nacionalización o de regionalización es que puede ser desplazada, total o parcialmente".

En consecuencia, si un grupo de munícipes, en su circunscripción territorial, sufren inundaciones con riesgo para sus vidas y graves daños patrimoniales, psicológicos, calidad de vida y bienestar general, esto se enmarca dentro del concepto de "intereses y servicios locales" del numeral 169 constitucional, problemas cuyas causas tienen que ser identificadas con precisión y, más aun, las soluciones, a fin de implementarlas a la mayor brevedad posible; para lo cual corresponde a la Municipalidad coordinar con las instituciones de nivel nacional con competencia para actuar sobre el problema. En efecto, la Sala ya ha desarrollado la obligación municipal de coordinar con otras instituciones estatales en aras de atender los "intereses" y prestar cumplidamente los "servicios locales". En la citada Sentencia N° 5445-99, la Sala manifestó:

"(...) se refieren a la obligación de coordinación que debe existir entre los gobiernos locales, las instituciones descentralizadas y el Poder Ejecutivo, para llevar a cabo las funciones que le han sido encomendadas, lo que debe ser analizado a partir de la naturaleza misma de la autonomía municipal. Es en virtud de lo dispuesto en el artículo 170 constitucional, que las municipalidades (entes corporativos locales) gozan de autonomía funcional, administrativa y financiera en la administración de los intereses y servicios locales (artículo 169 de la Constitución Política) (...) No puede, entonces, crearse un conflicto por antagonismo o protagonismo entre la materia que integra el fin general de "los intereses y servicios locales" de los intereses y servicios públicos "nacionales" o "estatales", intrínsecamente distintos unos de otros, pero que en realidad están llamados a coexistir (....) Definida la competencia material de la municipalidad en una circunscripción territorial determinada, queda claro que habrá cometidos que por su naturaleza son exclusivamente municipales, a la par de otros que pueden ser reputados nacionales o estatales; por ello es esencial definir la forma de cooparticipación de atribuciones que resulta inevitable, puesto que la capacidad pública de las municipalidades es local, y la del Estado y los demás entes, nacional; de donde resulta que el territorio municipal es simultáneamente estatal e institucional, en la medida en que lo exijan las circunstancias. Es decir, las municipalidades pueden compartir sus competencias con la Administración Pública en general, relación que debe desenvolverse en los términos como está definida en la ley (artículo 5 del Código Municipal anterior, artículo 7 del nuevo Código), que establece la obligación de "coordinación" entre la municipalidades y las instituciones públicas que concurran en el desempeño de sus competencias, para evitar duplicaciones de esfuerzos y contradicciones, sobre todo, porque sólo la coordinación voluntaria es compatible con la autonomía municipal por ser su expresión. En otros términos, la municipalidad está llamada a entrar en relaciones de cooperación con otros entes públicos, y viceversa, dado el carácter concurrente o coincidente -en muchos casos-, de intereses en torno a un asunto concreto. En la doctrina, la coordinación es definida a partir de la existencia de varios centros independientes de acción, cada uno con cometidos y poderes de decisión propios, y eventualmente discrepantes; pese a ello, debe existir una comunidad de fines por materia, pero por concurrencia, en cuanto sea común el objeto receptor de los resultados finales de la actividad y de los actos de cada uno". De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible "concierto" interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros".

Adviértase, por lo demás, que las Municipalidades están obligadas, por imperativo del ordinal 50, de la Constitución Política, a prodigarse en la protección del ambiente (Sentencia N° 2006-7994 de las 8:57 horas de 2 de junio de 2006)” (resaltado no es del original). (…)” VCG02/2023

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida

Subtemas:

NO APLICA.

VII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VCG02/2023

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Texto de la resolución

*220255120007CO*

Exp: 22-025512-0007-CO

Res. Nº 2023001774

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintisiete de enero de dos mil veintitres .

 

Recurso de amparo que se tramita en el expediente N°22-025512-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], [Nombre 003], cédula de identidad [Valor 003], [Nombre 004], cédula de identidad [Valor 004], [Nombre 005], cédula de residencia [Valor 005], [Nombre 006], cédula de identidad [Valor 006], [Nombre 007], cédula de identidad [Valor 007], [Nombre 008], cédula de identidad [Valor 008], [Nombre 009], cédula de identidad [Valor 009], [Nombre 010], cédula de identidad [Valor 010], [Nombre 011], cédula de identidad [Valor 011], [Nombre 012], cédula de identidad [Valor 012], [Nombre 013], cédula de identidad [Valor 013], [Nombre 014], cédula de identidad [Valor 014], [Nombre 015], cédula de identidad [Valor 015], [Nombre 016], cédula de identidad [Valor 016], [Nombre 017], cédula de identidad [Valor 017], [Nombre 018], cédula de identidad [Valor 018], [Nombre 019], cédula de identidad [Valor 019], [Nombre 020], cédula de identidad [Valor 020], [Nombre 021], cédula de identidad [Valor 021], [Nombre 022], cédula de identidad [Valor 022], [Nombre 023], cédula de identidad [Valor 023], [Nombre 024], cédula de residencia [Valor 024], [Nombre 025], cédula de identidad [Valor 025], [Nombre 026], cédula de identidad [Valor 026], [Nombre 027], cédula de identidad [Valor 027], [Nombre 028], cédula de identidad [Valor 028], [Nombre 029], cédula de identidad [Valor 029], [Nombre 030], cédula de identidad [Valor 030], [Nombre 031], cédula de identidad [Valor 031], [Nombre 032], cédula de identidad [Valor 032], [Nombre 033], cédula de identidad [Valor 033], [Nombre 034], cédula de identidad [Valor 034], [Nombre 035], cédula de identidad [Valor 035], [Nombre 036], cédula de identidad [Valor 036], [Nombre 037], cédula de identidad [Valor 037], [Nombre 038], cédula de identidad [Valor 038], [Nombre 039], cédula de identidad [Valor 039], [Nombre 040], cédula de identidad [Valor 040], [Nombre 041], cédula de identidad [Valor 041], [Nombre 042], cédula de identidad [Valor 042], [Nombre 043], cédula de identidad [Valor 043], [Nombre 044], cédula de identidad [Valor 044], [Nombre 045], cédula de identidad [Valor 045], [Nombre 046], cédula de identidad [Valor 046], [Nombre 047], cédula de identidad [Valor 047], [Nombre 048], cédula de identidad [Valor 048], [Nombre 049], cédula de identidad [Valor 049], [Nombre 050], cédula de identidad [Valor 050], [Nombre 051], cédula de identidad [Valor 051], [Nombre 052], cédula de identidad [Valor 052] y [Nombre 053], cédula de residencia [Valor 053], contra la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA Y LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido ante la Secretaría de la Sala a las 10:11 horas del 09 de noviembre de 2022, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Alajuelita, y manifiesta que son vecinos de la urbanización Boca del Monte etapa 2 y de Concepción Arriba de Alajuelita que han planteado desde los años 2008, 2010, 2011, 2012 y 2022 ante las instancias recurridas la problemática que lesiona sus derechos fundamentales sin que al día que acuden a la Sala se le haya brindado solución alguna. Detallan que son treinta y un familias las cuales adquirieron sus viviendas mediante un préstamo con la Mutual de Cartago (MUCAP), que fueron construidas por la Constructora TECASA S.A., con el aval municipal. Explican que a pesar de lo anterior, el 11 de junio de 2008 los vecinos solicitaron al municipio una inspección debido a que el río Cañas los colocaba en riesgo y obligando a las familias a desalojar. Sobre el particular, la administración municipal confirmó los daños, pero no brindó solución alguna. Para el año 2010, ingresó al país el huracán Tomas, causando graves estragos, por los que se recurrió nuevamente a la municipalidad a instaurar queja por falta de atención al caso. Afirman que dicha gestión fue respondida, aduciendo que no hay fondos para atender la situación y que se buscará ayuda externa. Mencionan que un vecino acudió a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, la cual envió un geólogo que constató la situación pero que solo hizo un informe sin estudios. Plantean que, para el 22 de febrero de 2011, los vecinos interpusieron nueva denuncia por el fuerte invierno que azotó al país y debido a que cuatro viviendas se encontraban en riesgo; así como el sistema de alcantarillado de aguas pluviales y residuales; no obstante, tampoco hubo respuesta alguna. En oficio AMCE N°184-2011 el Alcalde confirmó la denuncia y agrega el peligro latente en que se encuentran; sin embargo, nuevamente recalca la falta de fondos para proteger a los ciudadanos e indica que recurrirá a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Mediante el oficio AMCE N°227-11 del 29 de junio de 2011 el entonces alcalde manifestó que se estaban confeccionando 3 proyectos para realizar intervención inmediata y espera respuesta de la Comisión Nacional de Emergencias. Alegan que ante la falta de acción de las recurridas, acudieron a la Defensoría de los Habitantes, la cual concluyó en el informe emitido el 12 de mayo de 2012 página 9 que las autoridades recurridas no resolvieron nada a los vecinos y en la página 10 efectuaron las recomendaciones pertinentes, sin resultado positivo alguno. Para el 21 de setiembre de 2022 se apersonaron de nuevo al municipio en busca de intervención por encontrarse en peligro; no obstante, tampoco recibieron respuesta. Ante ello, dirigieron el 20 de octubre de 2022 documento a las autoridades involucradas para que tuvieran conocimiento de la grave situación y la urgencia de cumplir con las recomendaciones de la Defensoría de hace 10 años; empero, no hubo respuesta. Por último, alegan que debido al impacto de las lluvias ocasionadas por la onda tropical de setiembre de 2022, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto No. 43752-MP de Emergencia Nacional para la atención de los cantones de Alajuelita, Aserrí y Desamparados. Pese a ello, reclaman que al día que acuden a la Sala, las recurridas no han intervenido la zona impactada donde se ubica la urbanización amparada, el Río Cañas, el sistema de alcantarillado pluvial y residual, que proteja sus vidas y bienes.

2.- Mediante resolución de las 11:59 horas del 16 de noviembre de 2022, se dio curso al proceso y se concedió audiencia al Alcalde y al Director del Departamento de Control Urbano; ambos de la Municipalidad de Alajuelita, así como al Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

3.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala al ser las 10:22 horas del 22 de noviembre de 2022, la parte recurrente manifiesta que no los vecinos no han cesado de presentarse en el municipio recurrido, para que se envíe la draga con carácter de urgencia por el peligro en el que se encuentran, especialmente la última casa, para que se mueva el cauce del río a su estado natural. Añade que, por los acontecimientos presentados, se desvió y toda su fuerza se va contra la urbanización. Indica que el 13 de noviembre de 2022 el río afectó las tapias y un metro aproximado del patio de esa vivienda. Solicita la intervención de este Tribunal.

4.- Informa bajo juramento Alejandro José Picado Eduarte, en su condición de Presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, que es deber del gobierno local garantizar, mediante el planeamiento y el ejercicio de la potestad de policía, que el desarrollo urbanístico atienda a criterios de seguridad, salubridad y sostenibilidad ambiental, en resguardo de los derechos de los ciudadanos. Señala que bajo el número de procedimiento N°2021CE-000082-0006500001, se está realizado el proyecto denominado “Estudios y diseños para las obras de protección contra inundaciones y control de erosión en la cuenca del río Cañas”. Ese proyecto consiste en realizar el estudio geológico, geotécnico, hidrológico, hidráulico y de riesgos de toda la cuenca del río Cañas y sus afluentes principales, iniciando desde Aserrí, pasando por Desamparados y terminando en la zona de Alajuelita, y dentro de estos afluentes se encuentra el río Tiribí. El objetivo final del estudio es llegar a obtener los puntos más vulnerables y que presentan problemas a lo largo de toda la cuenca, y de esta manera las tres Municipalidades (Aserrí, Desamparados y Alajuelita) cuenten con los insumos necesarios para poder coordinar el presupuesto y las acciones recomendadas en cada sector. A pesar de que la Municipalidad de Alajuelita no es Unidad Ejecutora en este proyecto, dicho municipio aportó los insumos necesarios para que la empresa que ejecuta el proyecto lleve a cabo los estudios necesarios en esa zona y ha estado pendiente de que el proyecto llegue a buen fin. Señala que se realizó la consulta a la Gestora Ambiental del municipio, sobre el avance del proceso de presentación de los daños en la zona, ocasionado por las lluvias entre el 16 y 19 de septiembre de 2022, evento del cual se generó el Decreto de Emergencia Declarada e los cantones de Alajuelita, Aserrí y Desamparados. Ante esa consulta, el 09 de noviembre de 2022 se contestó que se realizaron todas las gestiones ante la Unidad de Desarrollo Estratégico de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, y que dentro de esas gestiones se encontraban incluidos los reportes de afectaciones en la Urbanización Boca del Monte N°2. Por otra parte, la Municipalidad de Alajuelita realizó la solicitud de Emergencia No Declarada para la intervención del Cauce en el río Tiribí donde está ubicada la Urbanización Boca del Monte N°2, Esta solicitud de Emergencia No Declarada está esperando el permiso de intervención por parte de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía. Por ello, la autoridad recurrida ha realizado, hasta el momento, las acciones pertinentes y que están dentro del ámbito de sus competencias para darle seguimiento y una posible solución a los problemas de erosión en la Urbanización Boca del Monte N°2. Solicita se declare sin lugar el recurso.

5.- Informa bajo Modesto Alpízar Luna, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Alajuelita, que:

“según el oficio MA-AM-GAMB-078-2022, firmado por la Licda. Johanna Ávila Vargas, Gestora ambiental de la Munipalidad, las medidas tomadas por la Municipalidad de Alajuelita ante las inundaciones producidas por la crecida del Río Cañas en Alajuelita han sido acciones operativas llevadas a cabo por parte del Comité Municipal de Emergencias de Alajuelita, comité coordinado por la Municipalidad y conformado por las instituciones del cantón, estas acciones se resumen desde el punto de vista operativo, logístico y administrativo.

Este trabajo se realiza con base a un estándar de procedimientos de respuesta que tienen los Comités Municipales de Emergencias, mismo que se detalla a continuación:

1. Se activó el Centro Coordinación de Operaciones de Alajuelita con la participación de instituciones de primera respuesta, instituciones de apoyo, Gobierno Local y la participación de comunidades y empresa privada por medio de los Comités Comunales de Emergencias. Se dio acompañamiento por parte del oficial de enlace de la región, Marianela Fallas.

2. Se dio respuesta a los incidentes ingresados por la plataforma del 911, por medio de las instituciones de primera respuesta, las acciones fueron de inspeccionar y evacuar en varias comunidades afectadas por las inundaciones por el desbordamiento del Río Cañas, esto implico la movilización de 20 familias que a pesar de que se les ofreció albergue, decidieron trasladarse donde vecinos o familiares.

3. Mediante las instituciones de primera respuesta, Fuerza Pública y Policía Municipal se estableció una Fuerza de Tarea Social y Salud para dar el acompañamiento y asistencia a las personas con alimentación, suministros de higiene y limpieza

4. Mediante las instituciones del sector social y de salud se realizó actividades competentes de estas entidades, así como la evaluación por parte del IMAS para buscar soluciones de apoyo socio económico a las personas afectadas.

5. En aspectos de evaluación de daños y análisis de necesidades se trabajó con los geólogos e ingenieros de la CNE, en conjunto con los ingenieros de las Municipalidades para la valoración de los terrenos afectados y las viviendas dañadas, así como la inspección de infraestructura vial y fluvial sobre todo en las cercanías a los márgenes del rio Cañas. Con base a estas evaluaciones se hizo los informes de situación para sustentar el trámite de solicitudes de maquinaria para temas de rehabilitación mediante el mecanismo de emergencia no declarada, este trabajo se coordinó con la Municipalidad de Desamparados.

6. En cuanto al tema de asistencia humanitaria se estableció un plan de distribución de alimentos (diarios) a las viviendas valoradas e identificadas en las evaluaciones que se hizo con el apoyo de vehículos de varias instituciones. Además, por medio de una donación de la Embajada de los Estados Unidos se hizo la distribución de alimentación y kits de cocina a las personas afectadas.

7. Con toda la información que se generó durante la emergencia se tramitaron obras bajo el mecanismo de Primer Impacto por parte de la Municipalidad de Desamparados. La solicito la generó Desamparado porque el cantón tenía mayo afectación, pero la intervención que es integral se iba a realiza en la cuenca del Río Cañas, beneficiando al cantón de Alajuelita (comunidades de Boca del Monte, El Muro, Súper la Esperanza, Cantarranas y 8 de Diciembre) y Desamparados.

Producto de las acciones del CME de Alajuelita, Desamparados y Aserrí, el Poder Ejecutivo emite la Declaratoria de Emergencia el Decreto Ejecutivo publicado en el Alcance 229 a La Gaceta Nº 204 del miércoles 26 de octubre del 2022: N° 43752-MP: Declaratoria de emergencia nacional por la influencia directa de la zona de convergencia intertropical en los cantones de Alajuelita, Aserrí y Desamparados durante los días 16 y 19 de setiembre, para la fase de recuperación y reconstrucción de la emergencia de la crecida del Río Cañas.

Finalmente dentro de recuento de afectaciones para los cantones tenemos:

En el cantón de Desamparados, se contabilizaron 33 comunidades con algún tipo de afectación, desbordamientos de ríos y quebradas que ocasionaron inundaciones en, al menos, 153 viviendas y otras 261 reportaron algún nivel de daño. En Aserrí, 20 comunidades fueron reportadas con afectaciones en sectores como Santa Teresita y Concepción y en Alajuelita, se reporta un estimado de 31 viviendas con algún tipo de afectación en comunidades como Boca El Monte, Concepción y Carmen Lyra.

TERCERO: según técnico MA-GDUR-UTGV-194-2022, del 22 de setiembre,2022, firmado por el Ingeniero Luis Frenando Cambronero, encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial en el Barrio 8 de Diciembre, código 1-10-308. Colapsaron 300 metros lineales colindantes con el Río Cañas, las casas existentes fueron arrasadas, quedando solamente una sección de 3,5 metros a la orilla de la calle principal, por lo que se ve comprometida la calle. Se prevé que se deberá hacer un muro de gaviones con tipo colchoneta en un ángulo de 45° para amortiguamiento del tirante hidráulico del río, a una altura aproximada de 5 metros.

CUARTO: en el Sector El Muro, código 1-10-061. Se ven comprometidas la calle principal además de otras calles aledañas, debido a que la longitud de borde del río es de 5 metros por lo que se deberá implementar un muro de amortiguamiento con el propósito de que la calle no se vea comprometida, por lo que se visualiza un sector de 150 metros de muro colchoneta en un ángulo de 45° con el fin de amortiguar el tirante hidráulico del río.

QUINTO: Paso peatonal La Toyita. El paso se ve comprometido ya que los bastiones se encuentran socavados y los gaviones existentes colapsaron, por lo que se deberá implementar una sección de por lo menos 350 metros en ángulos de 45° con el fin de amortiguar el tirante hidráulico.

SEXTO: Sección Boca del Monte. Código 1-10-318.

- Primera sección:

Con una longitud aproximada de 75 metros, casas al borde del colapso y de caer al río, una sección de 5 metros de la calle arrasada por la creciente. Es necesario implementar muro de 45° para amortiguar el tirante hidráulico del Río Cañas.

- Segunda sección:Sector de Boca del Monte II, del cual las tapias de la zona del lote comunal y las casas se encuentran guindando, por lo que es necesario un tramo aproximado de 175 metros de muros a 45° con el fin de estabilizar y mitigar la erosión del río contra las propiedades (…)”.

Solicita se declare sin lugar el recurso.

6.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala al ser las 08:47 horas del 15 de diciembre de 2022, la parte recurrente manifiesta que se encuentran a la espera de que este Tribunal declare con lugar el recurso presentado, y se ordene a las instituciones recurridas proteger a los vecinos, realizando los trabajos solicitados. Recalca que ya comenzó el corto periodo de verano, y si nuevamente llega el invierno no tendrán paz, debido al riesgo de perder sus hogares o sus vidas.

 7.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Sánchez Navarro; y,

 

CONSIDERANDO:

I.- ACLARACIÓN PREVIA. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante la falta de resolución de una denuncia por la erosión que provoca en Río Cañas, colocando en riesgo las vidas y las viviendas de los vecinos. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes aseguran que son vecinos de la Urbanización Boca del Monte etapa 2 y de Concepción Arriba de Alajuelita. Alega que la zona se ha visto afectada por la erosión y las inundaciones que provoca el Río Cañas, colocando en riesgo sus vidas y sus viviendas. No obstante, a pesar de haber reportado esos acontecimientos ante las autoridades recurridas, a la fecha de interposición de este recurso, las autoridades recurridas no han brindado una solución a los hechos denunciados.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a)       Durante los años 2008 y 2010, los vecinos de la localidad de Concepción de Alajuelita solicitaron a la Municipalidad de Alajuelita realizar las inspecciones correspondientes, debido al falseo del terreno, provocado por el río Cañas (véase prueba aportada por la parte recurrente).

b)      El 21 de septiembre de 2022, los recurrentes presentaron una gestión ante la Plataforma de Servicios de la Municipalidad de Alajuelita, indicando: “COMO JEFE DE NUESTRO GOBIERNO CANTONAL RECURRIMOS A USTED COMO LO HICIMOS EN EL 2008, 2010, 2011 Y 11 AÑOS DESPUÉS 2022 NUEVAMENTE SR ALCALDE, SOMOS LOS VECINOS DE LA URBANIZACIÓN BOCA DEL MONTE FASE 2, CONCEPCIÓN ARRIBA. EN EL 2008 EL RIO SE LLEVO UNA CASA OBLIGANDO AL LA FAMILIA QUE AHÍ HABITABA A SALIR CORRIENDO PUES EL CAUDAL HIZO QUE LAS PAREDES CAYERAN AL RIO COMO LO FUE TAMBIÉN LAS TAPIAS QUE HABÍAMOS PUESTO A TODO LO LARGO DEL TERRENO PLAY. EN ESA OCASIÓN RECURRIMOS A LA MUNICIPALIDAD LA CUAL MANDO A SU INGENIERO, TAMBIÉN LO LLEVAMOS A LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES Y COMISIÓN DE EMERGENCIA. AL FINAL DE TODO LA MUNICIPALIDAD ENVIO LA DRAGA 2 VECES AYUDO UN POCO PERO HASTA AHÍ LLEGO LA COLABORACIÓN DE LAS 3 ENTIDADES ENCARGADAS DE AYUDAR EN ESTOS CA-SOS. NUEVAMENTE EL RIO POR LAS CRECIDAS FALSEO EL PATIO DE LA CASA SIGUIENTE DONDE habitan 2 adultos mayores y 2 jovenes, familia de pocos recursos están a punto de perder su hogar por el cual pagaron, además la corriente se llevo la mitad de la tapia prefa que no daba un poco de seguridad en un lugar donde como todos sabemos hay mucha delincuencia (…)” (sic) (véase prueba aportada por la parte recurrente.).

c)       Según el informe técnico N°MA-GDUR-UTGV-194-2022, de fecha 22 de septiembre de 2022, la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Alajuelita indicó: “Sección Boca del Monte. Código 1-10-318. - Primera sección: Con una longitud aproximada de 75 metros, casas al borde del colapso y de caer al río, una sección de 5 metros de la calle arrasada por la creciente. Es necesario implementar muro de 45° para amortiguar el tirante hidráulico del Río Cañas. - Segunda sección: Sector de Boca del Monte II, del cual las tapias de la zona del lote comunal y las casas se encuentran guindando, por lo que es necesario un tramo aproximado de 175 metros de muros a 45° con el fin de estabilizar y mitigar la erosión del río contra las propiedades (…)” (véase informe rendido y prueba aportada por las autoridades recurridas).

d)      El 20 de octubre de 2022, el recurrente Arias Delgado presentó una gestión ante la Municipalidad de Alajuelita, denunciando la problemática generada por el Río Cañas (véase prueba aportada por la parte recurrente).

e)       Mediante el Decreto Ejecutivo N°43752-MP, se emitió la Declaratoria de Emergencia Nacional por la Influencia Directa de la Zona de Convergencia Intertropical, en los cantones de Alajuelita, Aserrí y Desamparados (véase prueba aportada por la parte recurrente).

f)        Bajo el procedimiento N°2021CE-000082-0006500001, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias está realizado el proyecto denominado “Estudios y diseños para las obras de protección contra inundaciones y control de erosión en la cuenca del río Cañas”, con el que se pretende realizar el estudio geológico, geotécnico, hidrológico, hidráulico y de riesgos de toda la cuenca del Río Cañas y sus afluentes principales, iniciando desde Aserrí, pasando por Desamparados y terminando en la zona de Alajuelita, con el fin de detectar los puntos más vulnerables a través de la cuenca, con el fin de que los municipios involucrados cuenten con los insumos requeridos para coordinar las acciones recomendadas en cada sector (véase informe rendido y prueba aportada por las autoridades recurridas).

g)       El 09 de noviembre de 2022, la Gestora Ambiental de la Municipalidad de Alajuelita presentó, ante la Unidad de Desarrollo Estratégico de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, los reportes de afectaciones de la Urbanización Boca del Monte N°2, provocadas por las lluvias del mes de septiembre de 2022 (véase informe rendido y prueba aportada por las autoridades recurridas).

 IV.- HECHOS NO PROBADOS. No se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, de relevancia para la resolución de este asunto:

a)  Que las autoridades municipales hayan notificado a los recurrentes las acciones realizadas durante el proceso de intervención del Río Cañas.

b) Que las autoridades de la Municipalidad de Alajuelita y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias hayan brindado una solución definitiva a la denuncia planteada por la parte recurrente.

V.- SOBRE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL Y LA OBLIGACIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL ANTE SITUACIONES DE RIESGO. Esta Sala, a través de la Sentencia N°2020-010630 de las 09:15 horas del 12 de junio de 2020, se pronunció en los siguientes términos:

“Competencia municipal y obligación de coordinación interinstitucional. El artículo 169, de la Constitución Política, dispone que "La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal (...)". Esta norma ha sido desarrollada por el legislador ordinario, en atención a ello, el artículo 3, del Código Municipal, Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998, dispone que: "El gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal". En este mismo sentido, se ha expresado la Sala Constitucional en su jurisprudencia. Verbigracia, en Sentencia N° 5445-99, de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, se dispuso lo siguiente:

"VI.- DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS MUNICIPALIDADES EN RAZÓN DE LA MATERIA (CONCEPTO DE "LO LOCAL"). Por disposición constitucional expresa -artículo 169-, hay una asignación de funciones o atribuciones en favor de los gobiernos locales en razón de la materia a "lo local", sea, "la administración de los servicios e intereses" de la localidad a la que está circunscrita, para lo cual se la dota de autonomía (") De manera que sus potestades son genéricas, en tanto no hay una enumeración detallada de sus cometidos propios, sino una simple enunciación del ámbito de su competencia; pero no por ello no determinable, a lo que hizo referencia este Tribunal en sentencia número 6469-97, de las dieciséis horas veinte minutos del ocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, en los siguientes términos:

" (...) lo local tiene tal connotación que definir sus alcances por el legislador o el juez, debe conducir al mantenimiento de la integridad de los intereses y servicios locales, de manera que ni siquiera podría el legislador dictar normativa que tienda a desmembrar el Municipio (elemento territorial), si no lo hace observando los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política; ni tampoco promulgar aquella que coloque a sus habitantes (población) en claras condiciones de inferioridad con relación al resto del país; ni la que afecte la esencia misma de lo local (gobierno), de manera que se convierta a la Corporación en un simple contenedor vacío del que subsista solo la nominación, pero desactivando todo el régimen tal y como fue concebido por la Asamblea Nacional Constituyente. En otro giro, habrá cometidos que por su naturaleza son municipales -locales- y no pueden ser substraídos de ese ámbito de competencia para convertirlos en servicios o intereses nacionales, porque hacerlo implicaría desarticular a la Municipalidad, o mejor aún, vaciarla de contenido constitucional, y por ello, no es posible de antemano dictar los límites infranqueables de lo local, sino que para desentrañar lo que corresponde o no al gobierno comunal, deberá extraerse del examen que se haga en cada caso concreto (...)". De lo anterior, resalta el hecho de que, por voluntad expresa de nuestra Carta Fundamental, se asigna una competencia específica a los gobiernos locales, atribución que además es exclusiva de éstos; es decir, se trata de una competencia originaria de la municipalidad y sólo mediante una ley de nacionalización o de regionalización es que puede ser desplazada, total o parcialmente".

En consecuencia, si un grupo de munícipes, en su circunscripción territorial, sufren inundaciones con riesgo para sus vidas y graves daños patrimoniales, psicológicos, calidad de vida y bienestar general, esto se enmarca dentro del concepto de "intereses y servicios locales" del numeral 169 constitucional, problemas cuyas causas tienen que ser identificadas con precisión y, más aun, las soluciones, a fin de implementarlas a la mayor brevedad posible; para lo cual corresponde a la Municipalidad coordinar con las instituciones de nivel nacional con competencia para actuar sobre el problema. En efecto, la Sala ya ha desarrollado la obligación municipal de coordinar con otras instituciones estatales en aras de atender los "intereses" y prestar cumplidamente los "servicios locales". En la citada Sentencia N° 5445-99, la Sala manifestó:

"(...) se refieren a la obligación de coordinación que debe existir entre los gobiernos locales, las instituciones descentralizadas y el Poder Ejecutivo, para llevar a cabo las funciones que le han sido encomendadas, lo que debe ser analizado a partir de la naturaleza misma de la autonomía municipal. Es en virtud de lo dispuesto en el artículo 170 constitucional, que las municipalidades (entes corporativos locales) gozan de autonomía funcional, administrativa y financiera en la administración de los intereses y servicios locales (artículo 169 de la Constitución Política) (...) No puede, entonces, crearse un conflicto por antagonismo o protagonismo entre la materia que integra el fin general de "los intereses y servicios locales" de los intereses y servicios públicos "nacionales" o "estatales", intrínsecamente distintos unos de otros, pero que en realidad están llamados a coexistir (....) Definida la competencia material de la municipalidad en una circunscripción territorial determinada, queda claro que habrá cometidos que por su naturaleza son exclusivamente municipales, a la par de otros que pueden ser reputados nacionales o estatales; por ello es esencial definir la forma de cooparticipación de atribuciones que resulta inevitable, puesto que la capacidad pública de las municipalidades es local, y la del Estado y los demás entes, nacional; de donde resulta que el territorio municipal es simultáneamente estatal e institucional, en la medida en que lo exijan las circunstancias. Es decir, las municipalidades pueden compartir sus competencias con la Administración Pública en general, relación que debe desenvolverse en los términos como está definida en la ley (artículo 5 del Código Municipal anterior, artículo 7 del nuevo Código), que establece la obligación de "coordinación" entre la municipalidades y las instituciones públicas que concurran en el desempeño de sus competencias, para evitar duplicaciones de esfuerzos y contradicciones, sobre todo, porque sólo la coordinación voluntaria es compatible con la autonomía municipal por ser su expresión. En otros términos, la municipalidad está llamada a entrar en relaciones de cooperación con otros entes públicos, y viceversa, dado el carácter concurrente o coincidente -en muchos casos-, de intereses en torno a un asunto concreto. En la doctrina, la coordinación es definida a partir de la existencia de varios centros independientes de acción, cada uno con cometidos y poderes de decisión propios, y eventualmente discrepantes; pese a ello, debe existir una comunidad de fines por materia, pero por concurrencia, en cuanto sea común el objeto receptor de los resultados finales de la actividad y de los actos de cada uno". De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible "concierto" interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros".

Adviértase, por lo demás, que las Municipalidades están obligadas, por imperativo del ordinal 50, de la Constitución Política, a prodigarse en la protección del ambiente (Sentencia N° 2006-7994 de las 8:57 horas de 2 de junio de 2006)” (resaltado no es del original).

 

 VI.- SOBRE EL FONDO. En el sub lite, la parte recurrente acude ante esta Sala, ya que son vecinos de la Urbanización Boca del Monte etapa 2 y de Concepción Arriba de Alajuelita. Alegan que la zona se ha visto afectada por la erosión y las inundaciones que provoca el Río Cañas, colocando en riesgo sus vidas y sus viviendas; situación que han denunciado ante la Municipalidad de Alajuelita desde el año 2008. No obstante, a la fecha de interposición de este recurso, el falseo de la zona persiste, colocando en riesgo sus vidas y sus viviendas, sin que las autoridades recurridas hayan brindado una solución integral al problema.

 Al respecto, según se desprende del informe rendido por las autoridades recurridas, se han desplegado una serie de actuaciones para brindar una solución a la problemática planteada, lo cual también afecta a los cantones de Desamparados y Aserrí. Agregan que, según el informe técnico N°MA-GDUR-UTGV-194-2022, de fecha 22 de septiembre de 2022, la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Alajuelita indicó: “Sección Boca del Monte. Código 1-10-318. - Primera sección: Con una longitud aproximada de 75 metros, casas al borde del colapso y de caer al río, una sección de 5 metros de la calle arrasada por la creciente. Es necesario implementar muro de 45° para amortiguar el tirante hidráulico del Río Cañas. - Segunda sección: Sector de Boca del Monte II, del cual las tapias de la zona del lote comunal y las casas se encuentran guindando, por lo que es necesario un tramo aproximado de 175 metros de muros a 45° con el fin de estabilizar y mitigar la erosión del río contra las propiedades (…)”. Posteriormente, dado un esfuerzo conjunto, se logró la emisión del Decreto Ejecutivo N°43752-MP, donde se dio la Declaratoria de Emergencia Nacional por la Influencia Directa de la Zona de Convergencia Intertropical, en los cantones de Alajuelita, Aserrí y Desamparados. Por su parte, la autoridad de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, asegura que bajo el procedimiento N°2021CE-000082-0006500001, se está realizado el proyecto denominado “Estudios y diseños para las obras de protección contra inundaciones y control de erosión en la cuenca del río Cañas”, con el que se pretende realizar el estudio geológico, geotécnico, hidrológico, hidráulico y de riesgos de toda la cuenca del Río Cañas y sus afluentes principales, iniciando desde Aserrí, pasando por Desamparados y terminando en la zona de Alajuelita, con el fin de detectar los puntos más vulnerables a través de la cuenca, con el fin de que los municipios involucrados cuenten con los insumos requeridos para coordinar las acciones recomendadas en cada sector. Por ese motivo, el 09 de noviembre de 2022, la Gestora Ambiental de la Municipalidad de Alajuelita presentó, ante la Unidad de Desarrollo Estratégico de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, los reportes de afectaciones de la Urbanización Boca del Monte N°2, provocadas por las lluvias del mes de septiembre de 2022.

 Así las cosas, si bien se desprenden, del elenco de hechos probados, una serie de actuaciones -tanto de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y de la Municipalidad de Alajuelita-, con el fin de buscar una solución integral a la problemática planteada, lo cierto es que este Tribunal no puede tener por acreditado que el cauce del Río Cañas haya sido intervenido. Bajo este panorama, la omisión expuesta resulta especialmente gravosa, dado que la autoridad recurrida tiene conocimiento, desde aproximadamente catorce años, de la condición de riesgo y vulnerabilidad en que se encuentra la zona, de modo que esta Sala estima que la inacción del municipio para coordinar e intervenir en el cauce del río Cañas deviene violatoria de los derechos fundamentales de los habitantes de la comunidad de Concepción de Alajuelita, quienes se encuentran expuestos a la latente amenaza de un desastre natural. Aunado a lo anterior, el artículo 169, Constitucional, le otorga a los municipios el deber de velar por los “intereses y servicios locales” y, como se expuso en el Considerando supra, las inundaciones, al suponer un riesgo para la vida y el bienestar general, se enmarcan dentro de dicho concepto. En ese sentido, las autoridades recurridas deben realizar las coordinaciones correspondientes para actuar sobre el problema y tutelar los derechos fundamentales de los munícipes, lo que implica, a su vez, la protección de la integridad física, de la vivienda, de la vida y del ambiente.

 En virtud de lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso, de conformidad con lo indicado en la parte dispositiva de esta Sentencia.

VII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso y, en consecuencia, se ordena a Alejandro José Picado Eduarte, en su condición de Presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, así como a Modesto Alpízar Luna, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Alajuelita, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, que DE FORMA INMEDIATA adopten las medidas técnicas necesarias para intervenir el cauce del Río Cañas y culminar las obras en un plazo no mayor a TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Asimismo, deberán notificar lo resuelto a los denunciantes, al medio consignado para tales efectos. Lo anterior, bajo el apercibimiento que con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiera una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Alajuelita y a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota. Notifíquese.-

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ileana Sánchez N.

	

 

	

Aracelly Pacheco S.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

*VQZBPNUUDQ461*

 VQZBPNUUDQ461

EXPEDIENTE N° 22-025512-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:51:18.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Constitutional Chamber  

Resolution No. 01774 - 2023  

Date of Resolution: January 27, 2023 at 09:15  

Case File: 22-025512-0007-CO  

Drafted by: Ileana Sánchez Navarro  

Type of matter: Amparo appeal  

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER  



Judgment with separate note  

Relevance Indicators  

Relevant judgment  

Judgment with protected data, in accordance with current regulations  



Content of Interest:  

Strategic Topics: Environmental, Economic Social Cultural and Environmental Rights  

Type of content: Majority vote  

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS  

Topic: MUNICIPALITY  

Subtopics:  

SEWERAGE.  

001774-23. MUNICIPALITY. RESIDENTS OF URBANIZACIÓN BOCA DEL MONTE AND CONCEPCIÓN ARRIBA DE ALAJUELITA, STATE THAT THE AREA HAS BEEN AFFECTED BY EROSION AND FLOODING CAUSED BY THE RÍO CAÑAS, PUTTING THEIR LIVES AND HOMES AT RISK. THE APPEAL IS DECLARED WITH MERIT AND, CONSEQUENTLY, THE PRESIDENT OF THE COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, AS WELL AS THE MAYOR OF THE MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA, ARE ORDERED TO IMMEDIATELY ADOPT THE NECESSARY TECHNICAL MEASURES TO INTERVENE IN THE CHANNEL OF THE RÍO CAÑAS AND COMPLETE THE WORKS WITHIN A PERIOD NOT EXCEEDING THREE MONTHS, COUNTED FROM THE NOTIFICATION OF THIS JUDGMENT. LIKEWISE, THEY MUST NOTIFY THE RESOLUTION TO THE COMPLAINANTS, AT THE ADDRESS PROVIDED FOR SUCH PURPOSES. VCG02/2023  

“(…) I.- PRIOR CLARIFICATION. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, based on judgment number 2008-02545 of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction –with some exceptions– those matters in which it is disputed whether the public administration has or has not complied with the deadlines established by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve a final administrative act in a proceeding –initiated ex officio or at the request of a party– or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, in the sub lite, an exception scenario arises, as we are faced with the lack of resolution of a complaint regarding the erosion caused in Río Cañas, putting the lives and homes of the residents at risk. The point being clarified, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

II.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellants state that they are residents of Dirección4741 and of Concepción Arriba de Alajuelita. They claim that the area has been affected by the erosion and flooding caused by the Río Cañas, putting their lives and homes at risk. However, despite having reported these events to the respondent authorities, as of the date of filing this appeal, the respondent authorities have not provided a solution to the reported facts.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been proven or because the respondent omitted to refer to them as provided in the initial order:

a)       During the years 2008 and 2010, the residents of the locality of Concepción de Alajuelita requested the Municipalidad de Alajuelita to carry out the corresponding inspections, due to the ground failure caused by the Río Cañas (see evidence provided by the appellant).

b)      On September 21, 2022, the appellants submitted a filing before the Services Platform of the Municipalidad de Alajuelita, stating: “AS HEAD OF OUR CANTONAL GOVERNMENT WE APPEAL TO YOU AS WE DID IN 2008, 2010, 2011 AND 11 YEARS LATER IN 2022 AGAIN MR. MAYOR, WE ARE THE RESIDENTS OF URBANIZACIÓN BOCA DEL MONTE PHASE 2, CONCEPCIÓN ARRIBA. IN 2008 THE RIVER TOOK A HOUSE FORCING THE FAMILY THAT LIVED THERE TO RUN AWAY AS THE FLOW CAUSED THE WALLS TO FALL INTO THE RIVER AS DID THE PERIMETER WALLS WE HAD PLACED ALONG THE ENTIRE LENGTH OF THE PLAY TERREN. ON THAT OCCASION WE APPEALED TO THE MUNICIPALITY WHICH SENT ITS ENGINEER, WE ALSO TOOK IT TO THE DEFENSORIA DE LOS HABITANTES AND THE COMISIÓN DE EMERGENCIA. IN THE END THE MUNICIPALITY SENT THE DREDGER 2 TIMES IT HELPED A LITTLE BUT THAT IS AS FAR AS THE COLLABORATION FROM THE 3 ENTITIES RESPONSIBLE FOR HELPING IN THESE CASES WENT. AGAIN THE RIVER DUE TO HIGH WATER UNDERMINED THE YARD OF THE NEXT HOUSE WHERE 2 older adults and 2 young people live, a family of limited means are about to lose their home which they paid for, in addition the current took away half of the prefab wall which didn’t provide a bit of security in a place where as we all know there is a lot of crime (…)” (sic) (see evidence provided by the appellant).

 

c)       According to technical report N°MA-GDUR-UTGV-194-2022, dated September 22, 2022, the Unidad Técnica de Gestión Vial of the Municipalidad de Alajuelita indicated: “Sección Boca del Monte. Code 1-10-318. - First section: With an approximate length of 75 meters, houses on the edge of collapse and falling into the river, a section of 5 meters of the road swept away by the high water. It is necessary to implement a 45° wall to dampen the hydraulic thrust (tirante hidráulico) of the Río Cañas. - Second section: Sector of Boca del Monte II, where the perimeter walls of the communal lot area and the houses are hanging, requiring an approximate section of 175 meters of walls at 45° in order to stabilize and mitigate the erosion of the river against the properties (…)” (see report submitted and evidence provided by the respondent authorities).

d)      On October 20, 2022, the appellant Nombre78706 submitted a filing before the Municipalidad de Alajuelita, denouncing the problems generated by the Río Cañas (see evidence provided by the appellant).

e)       Through Decreto Ejecutivo N°43752-MP, the National Emergency Declaration due to the Direct Influence of the Intertropical Convergence Zone was issued, in the cantons of Alajuelita, Aserrí, and Desamparados (see evidence provided by the appellant).

f)        Under procedure N°2021CE-000082-0006500001, the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias is carrying out the project called “Estudios y diseños para las obras de protección contra inundaciones y control de erosión en la cuenca del río Cañas,” which aims to carry out the geological, geotechnical, hydrological, hydraulic, and risk study of the entire Río Cañas basin and its main tributaries, starting from Aserrí, passing through Desamparados, and ending in the Alajuelita area, in order to detect the most vulnerable points throughout the basin, so that the involved municipalities have the required inputs to coordinate the recommended actions in each sector (see report submitted and evidence provided by the respondent authorities).

g)       On November 9, 2022, the Environmental Manager of the Municipalidad de Alajuelita submitted, to the Unidad de Desarrollo Estratégico of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, the damage reports for Urbanización Boca del Monte N°2, caused by the rains of September 2022 (see report submitted and evidence provided by the respondent authorities).

IV.- UNPROVEN FACTS. The following facts, of relevance to the resolution of this matter, are not deemed duly demonstrated:

a)  That the municipal authorities have notified the appellants of the actions taken during the intervention process of the Río Cañas.

b) That the authorities of the Municipalidad de Alajuelita and the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias have provided a definitive solution to the complaint raised by the appellant.

V.- ON MUNICIPAL INTERVENTION AND THE OBLIGATION OF INSTITUTIONAL COORDINATION IN RISK SITUATIONS. This Chamber, through Judgment N°2020-010630 of 09:15 hours on June 12, 2020, ruled in the following terms:

“Municipal competence and obligation of inter-institutional coordination. Article 169 of the Political Constitution provides that \"The administration of local interests and services in each canton shall be the responsibility of the Municipal Government (...)\". This rule has been developed by the ordinary legislator; accordingly, Article 3 of the Código Municipal, Ley N° 7794 of April 30, 1998, provides that: \"The government and administration of cantonal interests and services shall be the responsibility of the municipal government\". In this same sense, the Constitutional Chamber has expressed itself in its jurisprudence. For example, in Judgment N° 5445-99, of 14:30 hours on July 14, 1999, the following was provided:

\"VI.- ON THE ATTRIBUTIONS OF MUNICIPALITIES BASED ON THE SUBJECT MATTER (CONCEPT OF \"LO LOCAL\"). By express constitutional provision -Article 169-, there is an assignment of functions or attributions in favor of local governments based on the subject matter of \"lo local,\" that is, \"the administration of the services and interests\" of the locality to which it is circumscribed, for which it is endowed with autonomy (\") So its powers are generic, as there is no detailed enumeration of its own tasks, but a simple enunciation of the scope of its competence; but not for that reason undeterminable, to which this Court referred in judgment number 6469-97, of sixteen hours twenty minutes on October eight, nineteen ninety-seven, in the following terms:

\" (...) 'lo local' has such a connotation that defining its scope by the legislator or the judge must lead to maintaining the integrity of local interests and services, so that the legislator could not even dictate regulations that tend to dismember the Municipality (territorial element), if it does not do so observing the procedures previously established in the Political Constitution; nor enact those that place its inhabitants (population) in clear conditions of inferiority in relation to the rest of the country; nor those that affect the very essence of 'lo local' (government), so that the Corporation becomes a simple empty container from which only the name subsists, but deactivating the entire regime as it was conceived by the Asamblea Nacional Constituyente. In another vein, there will be tasks that by their nature are municipal -local- and cannot be removed from that sphere of competence to convert them into national services or interests, because doing so would imply disarticulating the Municipality, or better yet, emptying it of constitutional content, and therefore, it is not possible to dictate in advance the insurmountable limits of 'lo local,' but rather, to unravel what corresponds or not to communal government, it must be extracted from the examination made in each specific case (...)\". From the foregoing, it is highlighted that, by the express will of our Fundamental Charter, a specific competence is assigned to local governments, an attribution that is also exclusive to them; that is, it is an originating competence of the municipality and only through a nationalization or regionalization law can it be displaced, totally or partially\".

Consequently, if a group of citizens, in their territorial jurisdiction, suffer flooding with risk to their lives and serious property, psychological, quality of life, and general welfare damage, this falls within the concept of \"local interests and services\" of constitutional numeral 169, problems whose causes must be identified precisely and, moreover, the solutions, in order to implement them as soon as possible; for which it is the responsibility of the Municipality to coordinate with national-level institutions with competence to act on the problem. Indeed, the Chamber has already developed the municipal obligation to coordinate with other state institutions in order to attend to the \"interests\" and fully provide the \"local services\". In the cited Judgment N° 5445-99, the Chamber stated:

\"(...) they refer to the coordination obligation that must exist between local governments, decentralized institutions, and the Executive Power, to carry out the functions entrusted to them, which must be analyzed based on the very nature of municipal autonomy. It is by virtue of the provisions of constitutional Article 170, that municipalities (local corporate entities) enjoy functional, administrative, and financial autonomy in the administration of local interests and services (Article 169 of the Political Constitution) (...) There cannot, then, be a conflict created by antagonism or protagonism between the matter that integrates the general goal of \"local interests and services\" and \"national\" or \"state\" public interests and services, intrinsically distinct from one another, but which in reality are called to coexist (....) Once the material competence of the municipality in a determined territorial jurisdiction is defined, it is clear that there will be tasks that by their nature are exclusively municipal, alongside others that can be reputed as national or state; therefore, it is essential to define the form of co-participation of attributions that is inevitable, since the public capacity of municipalities is local, and that of the State and other entities is national; thus, municipal territory is simultaneously state and institutional, to the extent that circumstances require. That is, municipalities can share their competences with the Public Administration in general, a relationship that must develop in the terms as defined in the law (article 5 of the previous Código Municipal, article 7 of the new Code), which establishes the obligation of \"coordination\" between municipalities and the public institutions that concur in the performance of their competences, to avoid duplication of efforts and contradictions, above all, because only voluntary coordination is compatible with municipal autonomy as it is its expression. In other terms, the municipality is called to enter into cooperative relationships with other public entities, and vice versa, given the concurrent or coincident nature -in many cases- of interests around a specific matter. In the doctrine, coordination is defined based on the existence of several independent centers of action, each with its own tasks and decision-making powers, and potentially discrepant; despite this, there must be a community of ends by subject matter, but by concurrence, insofar as the object receiving the final results of the activity and the acts of each is common\". Thus, coordination is the ordering of the relationships between these diverse independent activities, which takes charge of that concurrence in the same object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the agent subjects. As there is no hierarchical relationship of decentralized institutions, nor of the State itself in relation to municipalities, the imposition of certain conducts on them is not possible, thus the essential inter-institutional \"concert\" arises, in a strict sense, insofar as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one fulfills a role with a view to a mission entrusted to the others\".

Note, moreover, that Municipalities are obligated, by imperative of ordinal 50 of the Political Constitution, to devote themselves to the protection of the environment (Judgment N° 2006-7994 of 8:57 hours on June 2, 2006)” (emphasis not original).

VI.- ON THE MERITS. In the sub lite, the appellant comes before this Chamber, as they are residents of Dirección4741 and Concepción Arriba de Alajuelita. They claim that the area has been affected by the erosion and flooding caused by the Río Cañas, putting their lives and homes at risk; a situation they have denounced before the Municipalidad de Alajuelita since 2008. However, as of the date of filing this appeal, the ground failure in the area persists, putting their lives and homes at risk, without the respondent authorities having provided a comprehensive solution to the problem.

 In this regard, as can be deduced from the report submitted by the respondent authorities, a series of actions have been deployed to provide a solution to the problem raised, which also affects the cantons of Desamparados and Aserrí. They add that, according to technical report N°MA-GDUR-UTGV-194-2022, dated September 22, 2022, the Unidad Técnica de Gestión Vial of the Municipalidad de Alajuelita indicated: “Sección Boca del Monte. Code 1-10-318. - First section: With an approximate length of 75 meters, houses on the edge of collapse and falling into the river, a section of 5 meters of the road swept away by the high water. It is necessary to implement a 45° wall to dampen the hydraulic thrust (tirante hidráulico) of the Río Cañas. - Second section: Sector of Boca del Monte II, where the perimeter walls of the communal lot area and the houses are hanging, requiring an approximate section of 175 meters of walls at 45° in order to stabilize and mitigate the erosion of the river against the properties (…)”. Subsequently, due to a joint effort, the issuance of Decreto Ejecutivo N°43752-MP was achieved, where the National Emergency Declaration due to the Direct Influence of the Intertropical Convergence Zone was issued, in the cantons of Alajuelita, Aserrí, and Desamparados. For its part, the authority of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias assures that under procedure N°2021CE-000082-0006500001, the project called “Estudios y diseños para las obras de protección contra inundaciones y control de erosión en la cuenca del río Cañas” is being carried out, which aims to perform the geological, geotechnical, hydrological, hydraulic, and risk study of the entire Río Cañas basin and its main tributaries, starting from Aserrí, passing through Desamparados, and ending in the Alajuelita area, in order to detect the most vulnerable points throughout the basin, so that the involved municipalities have the required inputs to coordinate the recommended actions in each sector. For this reason, on November 9, 2022, the Environmental Manager of the Municipalidad de Alajuelita submitted, to the Unidad de Desarrollo Estratégico of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, the damage reports for Urbanización Boca del Monte N°2, caused by the rains of September 2022.

 

 Thus, while a series of actions are evident, from the list of proven facts, carried out by the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias and the Municipalidad de Alajuelita, in order to seek a comprehensive solution to the problem raised, the truth is that this Court cannot consider it proven that the channel of the Río Cañas has been intervened. Under this panorama, the exposed omission is particularly burdensome, given that the respondent authority has been aware, for approximately fourteen years, of the risk and vulnerability condition in which the area finds itself, so this Chamber considers that the municipality's inaction to coordinate and intervene in the channel of the Río Cañas becomes violative of the fundamental rights of the inhabitants of the community of Concepción de Alajuelita, who are exposed to the latent threat of a natural disaster. Added to the above, Article 169 of the Constitution grants municipalities the duty to ensure “local interests and services” and, as set forth in the preceding Considerando, flooding, as it poses a risk to life and general welfare, falls within that concept. In that sense, the respondent authorities must carry out the corresponding coordination to act on the problem and protect the fundamental rights of the citizens, which implies, in turn, the protection of physical integrity, housing, life, and the environment.

By virtue of the foregoing, the appropriate course is to declare the appeal with merit, in accordance with what is indicated in the operative part of this Judgment. (…)”

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Content of Interest:

Type of content: Majority vote

Branch of Law: 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE

Topic: Coordination

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

PRINCIPLE OF COORDINATION

“(…) V.- ON MUNICIPAL INTERVENTION AND THE OBLIGATION OF INSTITUTIONAL COORDINATION IN RISK SITUATIONS. This Chamber, through Judgment N°2020-010630 of 09:15 hours on June 12, 2020, ruled in the following terms:

“Municipal competence and obligation of inter-institutional coordination. Article 169 of the Political Constitution provides that \"The administration of local interests and services in each canton shall be the responsibility of the Municipal Government (...)\". This rule has been developed by the ordinary legislator; accordingly, Article 3 of the Código Municipal, Ley N° 7794 of April 30, 1998, provides that: \"The government and administration of cantonal interests and services shall be the responsibility of the municipal government\". In this same sense, the Constitutional Chamber has expressed itself in its jurisprudence. For example, in Judgment N° 5445-99, of 14:30 hours on July 14, 1999, the following was provided:

\"VI.- ON THE ATTRIBUTIONS OF MUNICIPALITIES BASED ON THE SUBJECT MATTER (CONCEPT OF \"LO LOCAL\"). By express constitutional provision -Article 169-, there is an assignment of functions or attributions in favor of local governments based on the subject matter of \"lo local,\" that is, \"the administration of the services and interests\" of the locality to which it is circumscribed, for which it is endowed with autonomy (\") So its powers are generic, as there is no detailed enumeration of its own tasks, but a simple enunciation of the scope of its competence; but not for that reason undeterminable, to which this Court referred in judgment number 6469-97, of sixteen hours twenty minutes on October eight, nineteen ninety-seven, in the following terms:

\" (...) 'lo local' has such a connotation that defining its scope by the legislator or the judge must lead to maintaining the integrity of local interests and services, so that the legislator could not even dictate regulations that tend to dismember the Municipality (territorial element), if it does not do so observing the procedures previously established in the Political Constitution; nor enact those that place its inhabitants (population) in clear conditions of inferiority in relation to the rest of the country; nor those that affect the very essence of 'lo local' (government), so that the Corporation becomes a simple empty container from which only the name subsists, but deactivating the entire regime as it was conceived by the Asamblea Nacional Constituyente. In another vein, there will be tasks that by their nature are municipal -local- and cannot be removed from that sphere of competence to convert them into national services or interests, because doing so would imply disarticulating the Municipality, or better yet, emptying it of constitutional content, and therefore, it is not possible to dictate in advance the insurmountable limits of 'lo local,' but rather, to unravel what corresponds or not to communal government, it must be extracted from the examination made in each specific case (...)\". From the foregoing, it is highlighted that, by the express will of our Fundamental Charter, a specific competence is assigned to local governments, an attribution that is also exclusive to them; that is, it is an originating competence of the municipality and only through a nationalization or regionalization law can it be displaced, totally or partially\".

Consequently, if a group of citizens, in their territorial jurisdiction, suffer flooding with risk to their lives and serious property, psychological, quality of life, and general welfare damage, this falls within the concept of \"local interests and services\" of constitutional numeral 169, problems whose causes must be identified precisely and, moreover, the solutions, in order to implement them as soon as possible; for which it is the responsibility of the Municipality to coordinate with national-level institutions with competence to act on the problem. Indeed, the Chamber has already developed the municipal obligation to coordinate with other state institutions in order to attend to the \"interests\" and fully provide the \"local services\". In the cited Judgment N° 5445-99, the Chamber stated:

\"(...) they refer to the coordination obligation that must exist between local governments, decentralized institutions, and the Executive Power, to carry out the functions entrusted to them, which must be analyzed based on the very nature of municipal autonomy. It is by virtue of the provisions of constitutional Article 170, that municipalities (local corporate entities) enjoy functional, administrative, and financial autonomy in the administration of local interests and services (Article 169 of the Political Constitution) (...) There cannot, then, be a conflict created by antagonism or protagonism between the matter that integrates the general goal of \"local interests and services\" and \"national\" or \"state\" public interests and services, intrinsically distinct from one another, but which in reality are called to coexist (....) Once the material competence of the municipality in a determined territorial jurisdiction is defined, it is clear that there will be tasks that by their nature are exclusively municipal, alongside others that can be reputed as national or state; therefore, it is essential to define the form of co-participation of attributions that is inevitable, since the public capacity of municipalities is local, and that of the State and other entities is national; thus, municipal territory is simultaneously state and institutional, to the extent that circumstances require. That is, municipalities can share their competences with the Public Administration in general, a relationship that must develop in the terms as defined in the law (article 5 of the previous Código Municipal, article 7 of the new Code), which establishes the obligation of \"coordination\" between municipalities and the public institutions that concur in the performance of their competences, to avoid duplication of efforts and contradictions, above all, because only voluntary coordination is compatible with municipal autonomy as it is its expression. In other terms, the municipality is called to enter into cooperative relationships with other public entities, and vice versa, given the concurrent or coincident nature -in many cases- of interests around a specific matter. In the doctrine, coordination is defined based on the existence of several independent centers of action, each with its own tasks and decision-making powers, and potentially discrepant; despite this, there must be a community of ends by subject matter, but by concurrence, insofar as the object receiving the final results of the activity and the acts of each is common\". Thus, coordination is the ordering of the relationships between these diverse independent activities, which takes charge of that concurrence in the same object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the agent subjects. As there is no hierarchical relationship of decentralized institutions, nor of the State itself in relation to municipalities, the imposition of certain conducts on them is not possible, thus the essential inter-institutional \"concert\" arises, in a strict sense, insofar as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one fulfills a role with a view to a mission entrusted to the others\".

Note, moreover, that Municipalities are obligated, by imperative of ordinal 50 of the Political Constitution, to devote themselves to the protection of the environment (Judgment N° 2006-7994 of 8:57 hours on June 2, 2006)” (emphasis not original). (…)” VCG02/2023

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Content of Interest:

Type of content: Separate note

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Topic: 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

VII.- NOTE FROM MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE.

I have supported this Court's thesis that, when a party claims a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, the contentious-administrative courts, not this Chamber, should hear the legal dispute. However, with the recent enactment of Law No. 9097, the Law Regulating the Right of Petition (Ley de Regulación del Derecho de Petición), it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo remedy established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica (Constitución Política de la República de Costa Rica), in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulations do not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as it is exclusively responsible for defining its own jurisdiction based on Article 7 of its Law. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo protective process, in all other cases, and for the reasons this Court has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with Article 25 of the American Convention on Human Rights (Convención Americana sobre Derechos Humanos), Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal rules based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VCG02/2023

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Text of the resolution

*220255120007CO*

Exp: 22-025512-0007-CO

Res. No. 2023001774

 

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on January twenty-seventh, two thousand twenty-three.

 

Amparo proceeding processed in case file No. 22-025512-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], [Name 002], identity card [Value 002], [Name 003], identity card [Value 003], [Name 004], identity card [Value 004], [Name 005], residence card [Value 005], [Name 006], identity card [Value 006], [Name 007], identity card [Value 007], [Name 008], identity card [Value 008], [Name 009], identity card [Value 009], [Name 010], identity card [Value 010], [Name 011], identity card [Value 011], [Name 012], identity card [Value 012], [Name 013], identity card [Value 013], [Name 014], identity card [Value 014], [Name 015], identity card [Value 015], [Name 016], identity card [Value 016], [Name 017], identity card [Value 017], [Name 018], identity card [Value 018], [Name 019], identity card [Value 019], [Name 020], identity card [Value 020], [Name 021], identity card [Value 021], [Name 022], identity card [Value 022], [Name 023], identity card [Value 023], [Name 024], residence card [Value 024], [Name 025], identity card [Value 025], [Name 026], identity card [Value 026], [Name 027], identity card [Value 027], [Name 028], identity card [Value 028], [Name 029], identity card [Value 029], [Name 030], identity card [Value 030], [Name 031], identity card [Value 031], [Name 032], identity card [Value 032], [Name 033], identity card [Value 033], [Name 034], identity card [Value 034], [Name 035], identity card [Value 035], [Name 036], identity card [Value 036], [Name 037], identity card [Value 037], [Name 038], identity card [Value 038], [Name 039], identity card [Value 039], [Name 040], identity card [Value 040], [Name 041], identity card [Value 041], [Name 042], identity card [Value 042], [Name 043], identity card [Value 043], [Name 044], identity card [Value 044], [Name 045], identity card [Value 045], [Name 046], identity card [Value 046], [Name 047], identity card [Value 047], [Name 048], identity card [Value 048], [Name 049], identity card [Value 049], [Name 050], identity card [Value 050], [Name 051], identity card [Value 051], [Name 052], identity card [Value 052] and [Name 053], residence card [Value 053], against the MUNICIPALITY OF ALAJUELITA (MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA) and the NATIONAL COMMISSION FOR RISK PREVENTION AND EMERGENCY RESPONSE (COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS).

WHEREAS:

1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at 10:11 a.m. on November 9, 2022, the petitioners filed an amparo action against the Municipality of Alajuelita, stating that they are residents of the Boca del Monte stage 2 urbanization and of Concepción Arriba de Alajuelita who, since 2008, 2010, 2011, 2012, and 2022, have raised the issue harming their fundamental rights before the respondent bodies, without any solution being provided as of the date they appear before the Chamber. They detail that they are thirty-one families who acquired their homes through a loan with Mutual de Cartago (MUCAP), built by Constructora TECASA S.A., with municipal approval. They explain that despite the foregoing, on June 11, 2008, the residents requested an inspection from the municipality because the Cañas River put them at risk, forcing the families to evacuate. On this matter, the municipal administration confirmed the damage but provided no solution. In 2010, Hurricane Tomas entered the country, causing severe damage, for which they again appealed to the municipality to file a complaint for lack of attention to the case. They state that this request was answered, claiming that there are no funds to address the situation and that external help will be sought. They mention that a resident went to the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, which sent a geologist who verified the situation but only produced a report without studies. They argue that, on February 22, 2011, the residents filed a new complaint due to the severe winter that hit the country and because four homes were at risk, as well as the stormwater and wastewater sewer system; however, there was also no response. In official letter AMCE No. 184-2011, the Mayor confirmed the complaint and added the latent danger they are in; however, he again emphasized the lack of funds to protect the citizens and indicated that he would appeal to the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response. Through official letter AMCE No. 227-11 of June 29, 2011, the then-mayor stated that three projects were being prepared for immediate intervention and that he was awaiting a response from the National Emergency Commission. They allege that, given the respondents' lack of action, they went to the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes), which concluded in the report issued on May 12, 2012, page 9, that the respondent authorities had resolved nothing for the residents, and on page 10 made the pertinent recommendations, without any positive result. On September 21, 2022, they again appeared before the municipality seeking intervention because they were in danger; however, they also received no response. In light of this, on October 20, 2022, they addressed a document to the involved authorities so they would be aware of the serious situation and the urgency of complying with the Ombudsman's Office's recommendations from 10 years ago; however, there was no response. Finally, they allege that due to the impact of the rains caused by the September 2022 tropical wave, the Executive Branch issued Decree No. 43752-MP declaring a National Emergency for the attention of the cantons of Alajuelita, Aserrí, and Desamparados. Despite this, they claim that as of the date they appear before the Chamber, the respondents have not intervened in the impacted area where the protected urbanization, the Cañas River, and the stormwater and wastewater sewer system are located, to protect their lives and property.

2.- By resolution of 11:59 a.m. on November 16, 2022, the proceeding was admitted and a hearing was granted to the Mayor and the Director of the Urban Control Department, both of the Municipality of Alajuelita, as well as to the Executive President of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, regarding the facts alleged by the petitioner.

3.- By brief filed in the Secretariat of the Chamber at 10:22 a.m. on November 22, 2022, the petitioner states that the residents have not ceased appearing before the respondent municipality to request that the dredge be sent urgently due to the danger they are in, especially the last house, so that the riverbed can be moved back to its natural state. They add that, due to the events that occurred, it was diverted and its full force is directed against the urbanization. They indicate that on November 13, 2022, the river affected the perimeter walls and approximately one meter of that home's yard. They request the intervention of this Court.

4.- Alejandro José Picado Eduarte, in his capacity as President of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, reports under oath that it is the duty of the local government to guarantee, through planning and the exercise of police power, that urban development meets criteria of safety, health, and environmental sustainability, in protection of citizens' rights. He indicates that under procedure number No. 2021CE-000082-0006500001, the project called "Studies and Designs for Flood Protection and Erosion Control Works in the Cañas River Basin" (Estudios y diseños para las obras de protección contra inundaciones y control de erosión en la cuenca del río Cañas) is being carried out. This project consists of conducting the geological, geotechnical, hydrological, hydraulic, and risk study of the entire Cañas River basin and its main tributaries, starting from Aserrí, passing through Desamparados, and ending in the Alajuelita area, and among these tributaries is the Tiribí River. The final objective of the study is to identify the most vulnerable points that present problems along the entire basin, so that the three Municipalities (Aserrí, Desamparados, and Alajuelita) have the necessary inputs to coordinate the budget and recommended actions in each sector. Although the Municipality of Alajuelita is not an Executing Unit in this project, said municipality provided the necessary inputs for the company executing the project to carry out the necessary studies in that area and has been monitoring that the project reaches a successful conclusion. He indicates that a consultation was made to the municipality's Environmental Manager regarding the progress of the damage reporting process in the area, caused by the rains between September 16 and 19, 2022, an event that generated the Declared Emergency Decree for the cantons of Alajuelita, Aserrí, and Desamparados. In response to that consultation, on November 9, 2022, it was answered that all procedures were carried out before the Strategic Development Unit of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, and that these procedures included the damage reports in the Boca del Monte No. 2 Urbanization. Furthermore, the Municipality of Alajuelita submitted an Undeclared Emergency request for the intervention of the riverbed on the Tiribí River where the Boca del Monte No. 2 Urbanization is located. This Undeclared Emergency request is awaiting the intervention permit from the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy. Therefore, the respondent authority has carried out, to date, the pertinent actions that are within the scope of its competencies to monitor and find a possible solution to the erosion problems in the Boca del Monte No. 2 Urbanization. He requests that the appeal be dismissed.

5.- Modesto Alpízar Luna, in his capacity as Mayor of the Municipality of Alajuelita, reports under oath that:

"according to official letter MA-AM-GAMB-078-2022, signed by Licda. Johanna Ávila Vargas, Environmental Manager of the Municipality, the measures taken by the Municipality of Alajuelita regarding the floods produced by the swelling of the Cañas River in Alajuelita have been operational actions carried out by the Municipal Emergency Committee of Alajuelita, a committee coordinated by the Municipality and composed of the canton's institutions. These actions are summarized from an operational, logistical, and administrative point of view.

This work is carried out based on a standard response procedure procedure that the Municipal Emergency Committees have, as detailed below:

1. The Alajuelita Operations Coordination Center was activated with the participation of first responder institutions, support institutions, the Local Government, and the participation of communities and private enterprise through the Community Emergency Committees. Accompaniment was provided by the regional liaison officer, Marianela Fallas.

2. Response was given to incidents logged through the 911 platform, through the first responder institutions. The actions involved inspecting and evacuating in several communities affected by the floods from the Cañas River overflowing. This involved the mobilization of 20 families who, despite being offered shelter, decided to move to neighbors' or relatives' homes.

3. Through the first responder institutions, Public Force (Fuerza Pública) and Municipal Police, a Social and Health Task Force was established to provide accompaniment and assistance to people with food, hygiene, and cleaning supplies.

4. Through the social and health sector institutions, activities within the competence of these entities were carried out, as well as an evaluation by the IMAS to seek socio-economic support solutions for the affected people.

5. In aspects of damage assessment and needs analysis, work was done with the geologists and engineers of the CNE, together with the engineers of the Municipalities, for the evaluation of the affected lands and damaged homes, as well as the inspection of road and river infrastructure, especially near the banks of the Cañas River. Based on these evaluations, situation reports were prepared to support the processing of machinery requests for rehabilitation matters through the undeclared emergency mechanism. This work was coordinated with the Municipality of Desamparados.

6. Regarding humanitarian assistance, a food distribution plan (daily) was established for the homes assessed and identified in the evaluations, carried out with the support of vehicles from several institutions. In addition, through a donation from the United States Embassy, food and kitchen kits were distributed to the affected people.

7. With all the information generated during the emergency, works were processed under the First Impact mechanism by the Municipality of Desamparados. Desamparados generated the request because the canton had greater damage, but the intervention, which is comprehensive, was to be carried out in the Cañas River Basin, benefiting the canton of Alajuelita (communities of Boca del Monte, El Muro, Súper la Esperanza, Cantarranas, and 8 de Diciembre) and Desamparados.

As a product of the actions of the CME of Alajuelita, Desamparados, and Aserrí, the Executive Branch issued the Emergency Declaration, the Executive Decree published in Supplement 229 to La Gaceta No. 204 of Wednesday, October 26, 2022: No. 43752-MP: Declaration of national emergency due to the direct influence of the intertropical convergence zone in the cantons of Alajuelita, Aserrí, and Desamparados during September 16 and 19, for the recovery and reconstruction phase of the Cañas River flooding emergency.

Finally, within the count of damages for the cantons, we have:

In the canton of Desamparados, 33 communities were counted with some type of damage, river and stream overflows that caused floods in at least 153 homes, and another 261 reported some level of damage. In Aserrí, 20 communities were reported with damage in sectors such as Santa Teresita and Concepción, and in Alajuelita, an estimated 31 homes are reported with some type of damage in communities such as Boca El Monte, Concepción, and Carmen Lyra.

THIRD: according to technical report MA-GDUR-UTGV-194-2022, dated September 22, 2022, signed by Engineer Luis Frenando Cambronero, head of the Technical Road Management Unit in the 8 de Diciembre neighborhood, code 1-10-308. 300 linear meters adjacent to the Cañas River collapsed; the existing houses were swept away, leaving only a 3.5-meter section at the edge of the main road, thus the road is compromised. It is expected that a gabion wall with a mattress type at a 45° angle must be built to cushion the river's hydraulic thrust, at an approximate height of 5 meters.

FOURTH: in the El Muro Sector, code 1-10-061. The main road and other adjacent roads are compromised because the distance from the riverbank edge is 5 meters, so a cushioning wall must be implemented to prevent the road from being compromised, thus a 150-meter section of mattress wall at a 45° angle is envisioned to cushion the river's hydraulic thrust.

FIFTH: La Toyita pedestrian crossing. The crossing is compromised because the abutments are undermined and the existing gabions collapsed, so a section of at least 350 meters at 45° angles must be implemented to cushion the hydraulic thrust.

SIXTH: Boca del Monte Section. Code 1-10-318.

- First section:

With an approximate length of 75 meters, houses on the brink of collapse and falling into the river, a 5-meter section of the road swept away by the flood. It is necessary to implement a 45° wall to cushion the Cañas River's hydraulic thrust.

- Second section: Boca del Monte II Sector, where the perimeter walls of the communal lot area and the houses are hanging over, so an approximate stretch of 175 meters of walls at 45° is necessary to stabilize and mitigate the erosion of the river against the properties (...)".

He requests that the appeal be dismissed.

6.- By brief filed in the Secretariat of the Chamber at 08:47 a.m. on December 15, 2022, the petitioner states that they are waiting for this Court to grant the filed appeal and order the respondent institutions to protect the residents by carrying out the requested works. They emphasize that the short summer period has already begun, and if winter arrives again, they will have no peace due to the risk of losing their homes or their lives.

 7.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.

 Drafted by Magistrate Sánchez Navarro; and,

 

WHEREAS:

I.- PRIOR CLARIFICATION. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, based on judgment number 2008-02545 of 08:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the timeframes established by the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) (Articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve an administrative procedure by final act – initiated ex officio or at the request of a party – or to hear the admissible administrative appeals. Precisely, in the case at hand (sub lite), an exceptional case is raised, since it involves the failure to resolve a complaint regarding the erosion caused by the Cañas River, placing the lives and homes of the residents at risk. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

II.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellants assert that they are residents of the Boca del Monte stage 2 Urbanization and of Concepción Arriba de Alajuelita. They allege that the area has been affected by erosion and floods caused by the Cañas River, placing their lives and homes at risk. However, despite having reported these events to the respondent authorities, as of the date of filing this appeal, the respondent authorities have not provided a solution to the reported facts.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:

a) During the years 2008 and 2010, the residents of the Concepción de Alajuelita locality requested that the Municipality of Alajuelita carry out the corresponding inspections, due to the land subsidence (falseo del terreno) caused by the Cañas River (see evidence provided by the petitioner).

b) On September 21, 2022, the appellants filed a petition before the Service Platform of the Municipality of Alajuelita, stating: "AS HEAD OF OUR CANTONAL GOVERNMENT, WE APPEAL TO YOU AS WE DID IN 2008, 2010, 2011, AND 11 YEARS LATER IN 2022 AGAIN, MR. MAYOR. WE ARE THE RESIDENTS OF THE BOCA DEL MONTE PHASE 2 URBANIZATION, CONCEPCIÓN ARRIBA. IN 2008, THE RIVER CARRIED AWAY A HOUSE, FORCING THE FAMILY LIVING THERE TO FLEE BECAUSE THE FLOW CAUSED THE WALLS TO FALL INTO THE RIVER, AS DID THE PERIMETER WALLS WE HAD PLACED ALONG THE ENTIRE PLAY LOT. ON THAT OCCASION, WE APPEALED TO THE MUNICIPALITY WHICH SENT ITS ENGINEER; WE ALSO TOOK IT TO THE OMBUDSMAN'S OFFICE AND THE EMERGENCY COMMISSION. IN THE END, THE MUNICIPALITY SENT THE DREDGE TWICE, WHICH HELPED A LITTLE, BUT THAT'S AS FAR AS THE COLLABORATION OF THE 3 ENTITIES RESPONSIBLE FOR HELPING IN THESE CASES WENT. AGAIN, THE RIVER, DUE TO THE FLOODS, UNDERMINED THE PATIO OF THE NEXT HOUSE WHERE 2 ELDERLY ADULTS AND 2 YOUNG PEOPLE LIVE. A FAMILY OF FEW RESOURCES IS ABOUT TO LOSE THE HOME THEY PAID FOR. FURTHERMORE, THE CURRENT CARRIED AWAY HALF OF THE PREFA PERIMETER WALL THAT PROVIDED SOME SECURITY IN A PLACE WHERE, AS WE ALL KNOW, THERE IS A LOT OF CRIME (...)" (sic) (see evidence provided by the petitioner.).

c) According to technical report No. MA-GDUR-UTGV-194-2022, dated September 22, 2022, the Technical Road Management Unit of the Municipality of Alajuelita stated: "Boca del Monte Section. Code 1-10-318. - First section: With an approximate length of 75 meters, houses on the brink of collapse and falling into the river, a 5-meter section of the road swept away by the flood. It is necessary to implement a 45° wall to cushion the Cañas River's hydraulic thrust. - Second section: Boca del Monte II Sector, where the perimeter walls of the communal lot area and the houses are hanging over, so an approximate stretch of 175 meters of walls at 45° is necessary to stabilize and mitigate the erosion of the river against the properties (...)" (see the report provided and evidence provided by the respondent authorities).

d) On October 20, 2022, the appellant Arias Delgado filed a petition before the Municipality of Alajuelita, reporting the problems caused by the Cañas River (see evidence provided by the petitioner).

e) By Executive Decree No. 43752-MP, the Declaration of National Emergency for the Direct Influence of the Intertropical Convergence Zone was issued, in the cantons of Alajuelita, Aserrí, and Desamparados (see evidence provided by the petitioner).

f) Under procedure No. 2021CE-000082-0006500001, the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response is carrying out the project called "Studies and Designs for Flood Protection and Erosion Control Works in the Cañas River Basin" (Estudios y diseños para las obras de protección contra inundaciones y control de erosión en la cuenca del río Cañas), which aims to conduct the geological, geotechnical, hydrological, hydraulic, and risk study of the entire Cañas River basin and its main tributaries, starting from Aserrí, passing through Desamparados, and ending in the Alajuelita area, in order to detect the most vulnerable points throughout the basin, so that the involved municipalities have the necessary inputs to coordinate the recommended actions in each sector (see the report provided and evidence provided by the respondent authorities).

g) On November 9, 2022, the Environmental Manager of the Municipality of Alajuelita submitted the damage reports for the Boca del Monte No. 2 Urbanization, caused by the September 2022 rains, to the Strategic Development Unit of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (see the report provided and evidence provided by the respondent authorities).

 IV.- UNPROVEN FACTS. The following facts, of relevance for the resolution of this matter, are not deemed duly proven:

a) That the municipal authorities have notified the appellants of the actions taken during the Cañas River intervention process.

b) That the authorities of the Municipality of Alajuelita and the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response have provided a definitive solution to the complaint filed by the petitioner.

V.- ON MUNICIPAL INTERVENTION AND THE OBLIGATION OF INSTITUTIONAL COORDINATION IN RISK SITUATIONS. This Chamber, through Judgment No. 2020-010630 of 09:15 a.m. on June 12, 2020, ruled in the following terms:

"Municipal competence and obligation of inter-institutional coordination. Article 169 of the Political Constitution provides that 'The administration of local interests and services in each canton shall be the responsibility of the Municipal Government (...)'. This rule has been developed by the ordinary legislator. In response to this, Article 3 of the Municipal Code (Código Municipal), Law No. 7794 of April 30, 1998, stipulates that: 'The government and administration of cantonal interests and services shall be the responsibility of the municipal government'. In this same sense, the Constitutional Chamber has expressed itself in its jurisprudence. For example, in Judgment No. 5445-99, of 2:30 p.m. on July 14, 1999, the following was provided:

'VI.- ON THE ATTRIBUTIONS OF MUNICIPALITIES BY REASON OF SUBJECT MATTER (CONCEPT OF "THE LOCAL"). By express constitutional provision -Article 169-, there is an assignment of functions or attributions in favor of local governments by reason of subject matter to "the local", that is, "the administration of the services and interests" of the locality to which it is circumscribed, for which it is endowed with autonomy. Thus, its powers are generic, in that there is no detailed enumeration of its own duties, but rather a simple statement of the scope of its competence; but not therefore indeterminable, to which this Court referred in judgment number 6469-97, of sixteen hours twenty minutes on October eight, nineteen ninety-seven, in the following terms:

' (...) the local has such a connotation that defining its scope by the legislator or the judge must lead to maintaining the integrity of local interests and services, so that the legislator could not even dictate regulations tending to dismember the Municipality (territorial element), if it does not do so observing the procedures previously established in the Political Constitution; nor promulgate those that place its inhabitants (population) in clear conditions of inferiority relative to the rest of the country; nor those that affect the very essence of the local (government), so that the Corporation becomes a simple empty container from which only the name subsists, but deactivating the entire regime as conceived by the National Constituent Assembly. In another sense, there will be tasks that by their nature are municipal -local- and cannot be removed from that sphere of competence to convert them into national services or interests, because doing so would imply dismantling the Municipality, or better yet, emptying it of constitutional content, and therefore, it is not possible to dictate in advance the insurmountable limits of the local, but rather, to discern what corresponds or not to the communal government, it must be extracted from the examination carried out in each specific case (...)".

From the foregoing, the fact stands out that, by express will of our Fundamental Charter, a specific competence is assigned to local governments, an attribution that is moreover exclusive to them; that is, it is an original competence of the municipality and only through a nationalization or regionalization law can it be displaced, totally or partially."

Consequently, if a group of residents, in their territorial circumscription, suffer floods with risk to their lives and serious patrimonial, psychological, quality of life, and general welfare damages, this falls within the concept of "local interests and services" of constitutional article 169, problems whose causes must be precisely identified and, even more so, the solutions, in order to implement them as soon as possible; for which it is incumbent upon the Municipality to coordinate with national-level institutions with competence to act on the problem. Indeed, the Chamber has already developed the municipal obligation to coordinate with other state institutions in order to attend to the "interests" and duly provide the "local services." In the cited Judgment No. 5445-99, the Chamber stated:

"(...) they refer to the coordination obligation that must exist between local governments, decentralized institutions, and the Executive Branch, to carry out the functions entrusted to them, which must be analyzed based on the very nature of municipal autonomy. It is by virtue of the provisions of constitutional article 170, that the municipalities (local corporate entities) enjoy functional, administrative, and financial autonomy in the administration of local interests and services (article 169 of the Political Constitution) (...) A conflict cannot, then, be created by antagonism or protagonism between the matter that makes up the general purpose of 'local interests and services' and 'national' or 'state' public interests and services, intrinsically distinct from one another, but which in reality are called to coexist (....) Once the material competence of the municipality in a determined territorial circumscription is defined, it is clear that there will be tasks that by their nature are exclusively municipal, alongside others that can be deemed national or state; therefore, it is essential to define the form of co-participation of attributions that is inevitable, since the public capacity of the municipalities is local, and that of the State and other entities, national; from which it follows that the municipal territory is simultaneously state and institutional, to the extent that circumstances so require. That is, municipalities can share their competences with the Public Administration in general, a relationship that must develop in the terms as defined in the law (article 5 of the former Municipal Code, article 7 of the new Code), which establishes the obligation of 'coordination' between the municipalities and the public institutions that concur in the performance of their competences, to avoid duplication of efforts and contradictions, above all, because only voluntary coordination is compatible with municipal autonomy, as it is its expression. In other terms, the municipality is called to enter into cooperative relations with other public entities, and vice versa, given the concurrent or coincident nature—in many cases—of interests around a specific matter. In doctrine, coordination is defined based on the existence of several independent centers of action, each with its own tasks and decision-making powers, and potentially discrepant; despite this, there must be a community of ends by subject matter, but by concurrence, insofar as the receiving object of the final results of the activity and acts of each one is common." So that coordination is the ordering of relations between these diverse independent activities, which takes charge of that concurrence in a single object or entity, to make it useful to a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the acting subjects. Since there is no hierarchical relationship of the decentralized institutions, nor of the State itself in relation to the municipalities, the imposition of certain conducts upon them is not possible, whereby the indispensable inter-institutional "concert," in the strict sense, arises, insofar as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one fulfills a role with a view to a mission entrusted to the others."

Note, moreover, that the Municipalities are obligated, by imperative of article 50 of the Political Constitution, to exert themselves in the protection of the environment (Judgment No. 2006-7994 of 8:57 a.m. on June 2, 2006)" (highlighting is not from the original).

 
 VI.- ON THE MERITS. In the sub lite, the appealing party comes before this Chamber, as they are residents of the Urbanización Boca del Monte stage 2 and of Concepción Arriba de Alajuelita. They allege that the area has been affected by erosion and flooding caused by the Río Cañas, placing their lives and homes at risk; a situation they have reported to the Municipalidad de Alajuelita since 2008. Nevertheless, as of the date of filing this appeal, the falseo of the area persists, placing their lives and homes at risk, without the respondent authorities having provided a comprehensive solution to the problem.

 In this regard, as can be inferred from the report rendered by the respondent authorities, a series of actions have been deployed to provide a solution to the issues raised, which also affects the cantons of Desamparados and Aserrí. They add that, according to technical report No. MA-GDUR-UTGV-194-2022, dated September 22, 2022, the Unidad Técnica de Gestión Vial of the Municipalidad de Alajuelita indicated: “Sección Boca del Monte. Código 1-10-318. - First section: With an approximate length of 75 meters, houses on the edge of collapse and falling into the river, a 5-meter section of the road swept away by the flood. It is necessary to implement a 45° wall to cushion the hydraulic thrust of the Río Cañas. - Second section: Sector of Boca del Monte II, where the boundary walls of the communal lot area and the houses are left hanging, making an approximate stretch of 175 meters of 45° walls necessary to stabilize and mitigate river erosion against the properties (…)”. Subsequently, following a joint effort, the issuance of Decreto Ejecutivo N°43752-MP was achieved, which declared a National Emergency due to the Direct Influence of the Intertropical Convergence Zone, in the cantons of Alajuelita, Aserrí, and Desamparados. For its part, the authority of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, assures that under procedure No. 2021CE-000082-0006500001, the project called “Studies and designs for flood protection works and erosion control in the Río Cañas basin” is being carried out, intended to conduct the geological, geotechnical, hydrological, hydraulic, and risk study of the entire Río Cañas basin and its main tributaries, starting from Aserrí, passing through Desamparados, and ending in the Alajuelita zone, in order to detect the most vulnerable points throughout the basin, so that the involved municipalities have the inputs required to coordinate the recommended actions in each sector. For this reason, on November 9, 2022, the Environmental Manager of the Municipalidad de Alajuelita submitted, to the Unidad de Desarrollo Estratégico of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, the reports of impacts on the Urbanización Boca del Monte No. 2, caused by the rains of September 2022.

 Thus, although a series of actions can be inferred from the list of proven facts—by both the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias and the Municipalidad de Alajuelita—aimed at finding a comprehensive solution to the issues raised, the truth is that this Court cannot consider it accredited that the channel (cauce) of the Río Cañas has been intervened. Under this scenario, the omission exposed is especially burdensome, given that the respondent authority has known, for approximately fourteen years, of the risk and vulnerability condition in which the area finds itself, so this Chamber considers that the municipality's inaction in coordinating and intervening in the channel (cauce) of the Río Cañas becomes a violation of the fundamental rights of the inhabitants of the community of Concepción de Alajuelita, who are exposed to the latent threat of a natural disaster. Added to the above, constitutional article 169 grants the municipalities the duty to ensure "local interests and services" and, as set forth in the Considerando supra, floods, by posing a risk to life and general welfare, fall within said concept. In that sense, the respondent authorities must carry out the corresponding coordination to act on the problem and protect the fundamental rights of the residents, which implies, in turn, the protection of physical integrity, housing, life, and the environment.

 By virtue of the foregoing, the appropriate course is to declare the appeal with merit, in accordance with what is indicated in the operative part of this Judgment.

VII.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND FULFILLED ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Tribunal's thesis that when the claimant alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in administrative proceedings, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulations do not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, since based on article 7 of its Law, it is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which do properly proceed to be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in all other cases, and for the reasons this Tribunal has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent ones are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with article 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order.

VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, has been provided, these must be withdrawn from the Office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in Session No. 27-11, of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, article LXXXI.

POR TANTO:

The appeal is declared with merit and, consequently, it is ordered to Alejandro José Picado Eduarte, in his capacity as President of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, as well as to Modesto Alpízar Luna, in his capacity as Mayor of the Municipalidad de Alajuelita, or to whomever exercises those positions in their stead, to IMMEDIATELY adopt the necessary technical measures to intervene in the channel (cauce) of the Río Cañas and to complete the works within a period no longer than THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment. Likewise, they must notify the decision to the complainants, at the address provided for such purposes. The foregoing, under the warning that, based on the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo appeal, and fails to comply with it or enforce it, provided the crime is not more severely penalized. The Municipalidad de Alajuelita and the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias are condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Castillo Víquez records a note. Notify.-

 
 
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Fernando Castillo V.

President

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Fernando Cruz C.

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Paul Rueda L.



Jorge Araya G.

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Anamari Garro V.



Ileana Sánchez N.

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Aracelly Pacheco S.

 

 

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