Res. 01752-2023 Sala Constitucional — Amparo against Directive 003-MJP for lack of indigenous consultationAmparo contra Directriz 003-MJP por falta de consulta indígena

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Sala Constitucional

Resolución Nº 01752 - 2023

Fecha de la Resolución: 27 de Enero del 2023 a las 09:15

Expediente: 22-018449-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

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Exp: 22-018449-0007-CO

Res. Nº 2023001752

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintisiete de enero de dos mil veintitres .

 Recurso de amparo que se tramita en expediente n.° 22-018449-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra el MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ.

Resultando:

1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 15:31 horas del 22 de agosto de 2022, el recurrente interpone recurso de amparo. Expone que es indígena Nombre02 del territorio Quitirrisí de Mora. Refiere acudir contra el ministro de Justicia y Paz por poner en ejecución la directriz n.° 003-MJP del 9 de agosto de 2022, lo anterior en estricta violación de los derechos de los pueblos indígenas. Acota que la cita directriz anunció la “CREACION (sic) Y DECLARATORIA DE INTERES (sic) PUBLICO (sic) DE MESA (sic) INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA DE TRABAJO DE LA POBLACIÓN INDIGENA (sic) 2022-2026”. Transcribe el contenido del documento. Acota que, en 2018, el Poder Ejecutivo convocó a 22 territorios de los 8 pueblos indígenas para celebrar la firma y entrada en ejecución, después de múltiples sesiones de trabajo donde siempre participaron los pueblos indígenas, del decreto ejecutivo n.° 40932-MP-MJP, denominado “Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas”. Considera que ese instrumento está vigente y forma parte de los mecanismos para la defensa, protección y garantía de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Reclama que la directriz n.° 003-MJP del 9 de agosto de 2022 se dictó en detrimento de lo dispuesto en el decreto ejecutivo n.° 40932-MP-MJP. Reprocha que el Poder Ejecutivo “sin mayor valoración de sus actuaciones lanza de buenas a primeras la conformación de esta Mesa y los indígenas somos los últimos en darnos cuenta”. Considera que se lesiona el convenio 169 de la OIT y consecuentemente el mecanismo general de consulta. Refiere que la constitución de esa "mesa" ha ocasionado un desorden público, desestabilización social, alteración de la paz social y la convivencia, debido a la incertidumbre generada por los alcances de la aplicación de la directriz cuestionada. Alega que es necesario que se ordene la suspensión de las "Mesas Técnicas Interinstitucionales" para sesionar en cualquier territorio indígena, para evitar alteraciones al orden y paz social.

 2.- Mediante resolución de la Presidencia de la Sala de las 10:30 horas del 25 de agosto del 2022 se dio curso al amparo. Asimismo, se requirió informe al ministro de Justicia y Paz y a la ministra de la Presidencia.

3.- Por escrito ingresado en la Sala el 29 de agosto de 2022, Doris Ortiz Ortiz, José Manuel Calderón Calderón, Bernabé Zúñiga Díaz y Antonio Fernández Fernández, solicitan ser coadyuvantes dentro del presente recurso de amparo.

4. Informa bajo juramento Natalia Diaz Quintana, Ministra de la Presidencia y Gerald Campos , Ministro de Justicia, que mediante la Directriz 003-MJP de 09 de agosto del 2022,  que fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta n.° 162 del día 26 de agosto del 2022,  denominada “Creación de la mesa Técnica Interinstitucional para la construcción de la ruta de trabajo y la atención de la población indígena 2022-2026”, tuvo como objetivo generar, el inicio del proceso de diálogo intercultural para la construcción de la ruta de trabajo, para la atención de la población indígena 2022-2026, en aras de garantizar los derechos fundamentales de la población indígena. En este sentido, se deberán realizar las valoraciones necesarias que permitan promover la participación y coordinación a lo interno de cada territorio en las comisiones a nivel local y regional, mismas que estarán integrada por Asociaciones de Desarrollo Indígena, Consejos de Mayores, distintas organizaciones internas de cada territorio (mujeres, artesanos, comités de salud, agua, cultural, jóvenes, educación, entre otros) y representantes de población indígena transfronteriza, así como personas indígenas individuales. Esto, con el fin de garantizar que la participación sea lo más amplia posible y haya una verdadera representación para la construcción de la hoja de ruta, como una agenda nacional indígena. Los ejes mínimos de acción bajo los cuales la Mesa Técnica propone la construcción de la hoja de ruta son los siguientes: - Derecho a la tierra y al territorio; - Acceso a servicios públicos; - Libre determinación, autogobierno y participación; Consulta y consentimiento previo libre e informado; - Reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la protección del medio ambiente; - Política Pública para Pueblos Indígenas; - Enfoque de género, y - Respeto a los derechos de la niñez y la adolescencia indígena. Estos ejes de trabajo, generaron como producto el documento: ”Hoja de ruta” que será consensuada con las agendas locales de los 24 territorios de los 8 pueblos indígenas, mediante procedimientos culturalmente apropiados, para que puedan realizar sus aportes y enriquecer las propuestas de trabajo; en este sentido, cada año se realizará una revisión de avances y presentación de informe a los territorios y una valoración a medio período de la pertinencia de la ruta, conforme a la realidad y posibles cambios en los territorios indígenas. Por lo anterior, la ruta de trabajo va a ser producto de una construcción consensuada con territorios indígenas para su validación. La anterior directriz se encuentra fundamentada en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 13 de septiembre de 2007, y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 14 de junio de 2016, que establecen el deber de los Estados de garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas. Asimismo, se fundamentó en la Ley n.° 7316, del 3 de noviembre de 1992, en la cual la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica aprobó la adopción del Convenio n.° 169 del 27 de junio de 1989, sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, con el fin de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de estos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad, de acuerdo a la Ley Indígena, Ley n.° 6172 del 29 de noviembre de 1977, que establece, en su artículo 2, que "Las comunidades indígenas tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de toda clase.", como antecedentes a la emisión de la Directriz 003-MJP, se tomaron las siguientes acciones: 1. A inicios de la presente administración (2022-2026), uno de los temas que se consideró abordar de manera prioritaria, es la problemática que viven los distintos territorios indígenas, los cuales a través del tiempo han sufrido violaciones sistemáticas a sus derechos fundamentales. Es así que desde la Presidencia de la República se tomaron las siguientes decisiones, a partir del mes de mayo del 2022: a. Cambiar la estrategia de abordaje en los temas de esta población, pasando de ser atendidos por el entonces Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano del Ministerio de la Presidencia, con un asesor en materia indígena, (en el anterior gobierno período 2018-2022), a una COMISIÓN DE TRABAJO, liderada por el Viceministerio de Paz, a efecto de que planteara un diagnóstico de los principales problemas que debían atenderse hacia esa población, en aras de plantear una ruta de trabajo, tal comisión surge en este nuevo gobierno con el claro interés de integrar a todos los representantes del Poder Ejecutivo, que puedan tener alguna relación con los temas indígenas. b. El grupo de trabajo inicial para plantear este diagnóstico estuvo representado por instituciones claves, dirigidas a liderar desde el marco de sus competencias, las problemáticas y conflictos principales en los territorios: - Instituto de Desarrollo Rural (INDER) - Ministerio de Seguridad Pública - Ministerio de Justicia y Paz - Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (a cargo de la Unidad Técnica de Consulta Indígena) - Dirección Nacional de Desarrollo Comunitario (DINADECO) - Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 2. Es así que, luego de varias sesiones trabajo, se observaron diversas problemáticas a abordar, con sus posibles acciones y responsables, las cuales se reflejan en los ejes de trabajo mínimos, así establecidos en la directriz de marras. 3. Aunado a lo anterior, se designó, por parte del presidente de la República, como coordinador de este grupo de trabajo, al Viceministerio de Paz. Siendo que, a partir de la elaboración y puesta en marcha de estos puntos iniciales de trabajo, se realizaron, las siguientes acciones, a partir del mes de mayo de 2022: a. Atención constante, por escrito y de manera presencial, a los representantes de organizaciones y asociaciones de los territorios indígenas, para escuchar sus principales necesidades y canalizar de manera inmediata con las entidades competentes. b. Se asumió el compromiso de mantener con cada territorio un diálogo continuo para el seguimiento de estas actividades y que puedan enriquecer con sus aportes las acciones de este Gobierno. c. Creación de la directriz 003-MJP supra mencionada, en la cual se declara de interés público el grupo de trabajo, denominado “Mesa Técnica Interinstitucional para abordar la ruta de trabajo de los territorios indígenas, en el período 2022-2026”. d. Asimismo, por parte de la Presidencia de la República, se designó a un Comisionado de Inclusión Social, para apoyar al Viceministerio de Paz en temas relacionados con la población indígena y que brinde acompañamiento a este grupo de trabajo. La Directriz 003-MJP tiene como fin dar a conocer la creación de un equipo de trabajo interinstitucional, para retomar el deber del Estado de generar todos los esfuerzos tendientes a garantizar el acceso a los derechos humanos de los pueblos indígenas, mediante acciones coordinadas y un diálogo permanente entre el Poder Ejecutivo, las instituciones públicas y los pueblos indígenas. Por lo que, la declaratoria de interés público de esta Mesa Técnica, se da en aras de que las demás entidades del aparato estatal presten especial atención ante un requerimiento o solicitud formulada por la Mesa Técnica Interinstitucional para solventar un problema determinado con algún territorio indígena, incluyendo conformar acciones articuladas, para mejorar las condiciones y calidad de vida de esa población. Lo anterior, claro está, bajo un enfoque intercultural y de derechos humanos, entendiendo éste como un marco de análisis y de acción. Esto implica, un proceso de diálogo permanente, retomando los principios establecidos en el Convenio 169 de la OIT, y así atender de forma pertinente las necesidades de la población indígena con procedimientos culturalmente apropiados, contribuyendo a que el resto de las instituciones públicas incorporen este enfoque y brinden servicios públicos a dicha población, con pertinencia cultural. En fecha 5 de abril del 2018, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta N° 59 de misma fecha, el Decreto Ejecutivo N°40932-MP-MJP, sobre la creación del mecanismo general de consulta indígena, mismo que tiene como objetivo reglamentar la obligación del Poder Ejecutivo de consultar a los pueblos indígenas de forma libre, previa e informada, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas administrativas, proyectos de ley promovidos por el Poder Ejecutivo o proyectos privados, susceptibles de afectarles. Este decreto recoge los principios dispuestos en el Convenio 169 de la OIT, el cual tiene como finalidad la defensa, protección y garantía de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. La construcción del decreto en mención tuvo origen en el artículo 3 de la Directriz Ejecutiva 042 MP del 4 de marzo de 2016, sobre la Construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas, como proceso mediante el cual se construiría, de forma conjunta y exclusiva, entre el Gobierno de la República y los pueblos de los 24 territorios indígenas, el Mecanismo de Consulta a los Pueblos Indígenas. Para la elaboración del presente decreto, el Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano de ese momento, en conjunto con múltiples instituciones públicas realizaron 22 Talleres Informativos, 62 Encuentros en 24 territorios indígenas del país, un Encuentro Nacional de Jóvenes Indígenas, cuatro Encuentros Informativos con estudiantes indígenas de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Nacional de Costa Rica, 22 Talleres de Devolución Final y 2 Encuentros Nacionales de Consulta Indígena. Posterior a ello, la Comisión Redactora Indígena y el Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, oportunamente generaron una propuesta de Mecanismo General de Consulta Indígena, que reunía las demandas de los pueblos indígenas y las precisiones técnicas, políticas y jurídicas, que garantizan la debida aplicación del instrumento, a partir de las posibilidades del Poder Ejecutivo. En este sentido, existe un documento de consenso aprobado por la unanimidad de los delegados indígenas presentes, luego de las observaciones finales y la toma de acuerdos. Sin embargo, no es cierto que, para el caso de la Directriz 003-MJP del 09 de agosto del 2022, se haya violentado el derecho de consulta a los territorios indígenas de nuestro país, por cuanto, en primer lugar, la misma constituye una disposición del Poder Ejecutivo tendiente a organizar administrativamente a un grupo de trabajo interinstitucional e interdisciplinario, que de manera articulada les corresponderá trabajar las diferentes problemáticas de los territorios indígenas, y elaborar una ruta de trabajo con base en diagnósticos y sus posibles soluciones. Lo anterior, en virtud de la responsabilidad que tiene el Estado de velar por los derechos fundamentales de las personas, y en especial, los derechos de las poblaciones indígenas, dada su vulnerabilidad actual, por lo que no es dable que el Gobierno y sus instituciones se encuentran pasivas ante esas situaciones, o bien, sus actividades se encuentren al margen, o se trabaje de manera desarticulada, sin resultados concretos, hacia este grupo de habitantes. Es una potestad de imperio establecida en el ordenamiento jurídico administrativo, que el Estado establezca su propia organización, en aras de satisfacer el interés público. Ejemplo de ello es que, como antecedente a la emisión de la directriz mencionada, se tienen otros decretos emitidos por gobiernos anteriores, que en virtud de obedecer a una organización administrativa para que el Estado pueda cumplir sus deberes, no fueron a su vez objeto de consulta indígena previa: - n.° 017-MP-MJP de 09 de agosto del 2018: Proceso de construcción participativa intercultural de la política pública para los pueblos indígenas 2019-2024- n.º 42250-MAG-MP de 13 de marzo del 2020: Declaratoria de interés público del Plan Nacional para la recuperación de territorios indígenas (Plan-RTI), liderado por INDER y en coordinación con Viceministerio de Asuntos Políticos y el Ministerio de Justicia y Paz. En segundo lugar, la Mesa Técnica Interinstitucional no fue creada para tomar decisiones sobre los territorios indígenas, ni le corresponde, asimismo, una vez elaborada esa ruta de trabajo, implementar acciones sobre los territorios indígenas. De la directriz se emana que la ruta de trabajo, va ser una co-construcción consensuada y participativa con los territorios indígenas, la cual va a llevar un proceso de validación, bajo procedimientos culturalmente apropiados, a fin de facilitar al Estado el cumplimiento de sus deberes en materia de derechos humanos. Esta construcción participativa, si bien no es un proceso de consulta indígena, lo cierto es que se lleva a cabo bajo los principios generales de participación, buena fe y pertinencia cultural establecidos en el mecanismo general de consulta indígena, para que esos habitantes puedan conocer, elaborar, aportar y validar, de manera conjunta, la ruta de trabajo en forma conjunta con el gobierno, para su ejecución. En tercer lugar, de la lectura de la cuestionada directriz, se tiene que la Mesa Técnica Institucional trabajará en ejes transversales que han quedado pendientes de otorgar a la población indígena, tales como la política pública indígena, la agenda nacional indígena y políticas relacionadas con el enfoque de género, niñez, adolescencia y población vulnerable, entre otras iniciativas (según los aportes que se reciban de la población indígena a esta ruta de trabajo). Instrumentos sobre los cuales, la Mesa Técnica deberá iniciar el proceso de consulta indígena pertinente. Como cuarto punto, señala el artículo 2 inciso g) del Decreto Ejecutivo N°40932- MP-MJP, que crea el Mecanismo de Consulta Indígena: “(…) g. Medidas administrativas. Comprende, entre otros, actos administrativos, políticas públicas, decretos ejecutivos y proyectos de desarrollo, promovidos desde las instituciones públicas del Poder Ejecutivo (…)”. Por otra parte, el numeral 13 de tal norma señala: “Artículo 13.-Medidas específicas a consultar contenidas en los tratados internacionales. - Deberán consultarse todas aquellas medidas administrativas específicas contenidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, a saber: a. Exploración o explotación de los recursos naturales dentro de los Territorios (Art. 15 Convenio 169); b. Traslado o reubicación de los pueblos indígenas (Art. 16 del Convenio 169); c. Enajenación de tierras o transmisión de los derechos sobre las tierras fuera de la comunidad (Art. 17 del Convenio 169); d. Programas de formación profesional (Art. 22 del Convenio 169); e. Instituciones educativas y medios de educación propios (Art. 27 del Convenio 169); f. Enseñanza del idioma indígena (Art. 28 del Convenio 169) (…)”. La emisión de esta disposición por parte del Poder Ejecutivo no violenta de modo alguno las disposiciones establecidas por el Convenio 169 de la OIT, ni el mecanismo general de consulta indígena, ya que la misma directriz es una medida administrativa que no afecta los derechos colectivos de los pueblos indígenas, si no que dispone la organización del Estado, para cumplir de manera conjunta con la construcción de la ruta de trabajo con los pueblos indígenas, indicándose de manera expresa que, la misma se realizará mediante procedimientos culturalmente apropiados. En este sentido, establece el numeral 5 de ese decreto los principios de buena fe, consentimiento libre e informado, libre participación y la inclusión de procedimientos culturalmente apropiados, entendiendo este cuando se permita la libre y adecuada expresión de los sistemas de organización cultural, social y político, de los pueblos Indígenas, así como sus formas de comunicación y su idioma, en el marco de su cosmovisión, mediante métodos ajustados a las particularidades culturales, socioeconórnicas, geográficas, demográficas y climatológicas de los territorios indígenas consultados. Por lo anterior, corresponde rechazar de plano la afirmación del recurrente, por ser carente de fundamento fáctico y jurídico. Tercero, cuarto y quinto hecho En cuanto a estos hechos alegados, estos se responderán de manera conjunta al enmarcar un mismo asunto, indicándose de manera preliminar que NO son ciertos y por ende corresponde su rechazo. Como parte de las actividades iniciales de la mesa técnica, se han efectuado a la fecha, las visitas a los territorios indígenas que se detallan: - 17 de agosto del 2022: territorio Maleku, Guatuso de Alajuela - 18 de agosto del 2022: territorios de Ujarrás, Cabagra y Salitre, Buenos Aires de Puntarenas - 19 de agosto del 2022: territorios de Rey Curré, Boruca y Térraba, Buenos Aires de Puntarenas. - 23 de agosto 2022: territorio de Zapatón de Puriscal, San José La finalidad de estas visitas fue: - Dar a conocer la Mesa Técnica, sus miembros y objetivos (primer acercamiento con los territorios). - Presentación de ejes mínimos de trabajo bajo una modalidad participativa e inclusiva. - Escucha y recopilación de necesidades varias de la población, a fin de darles respuesta. - Continuación de las visitas para informar de la construcción de la ruta de trabajo de manera conjunta y validarla. - Explicación sobre la medida cautelar MC-31-12 interpuesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (esto en los territorios de Salitre y Térraba). - Situación actual de los terrenos objeto de disputa. La convocatoria realizada tuvo una participación activa y significativa por parte de la población habitante de cada uno los territorios, como se describe en las pruebas aportadas. Esta participación se dio de la siguiente manera: - De manera verbal, llevando un listado de personas que querían participar para moderar el uso de la palabra. - Recibido de correspondencia que los territorios ya llevaban preparada. - Puesta a disposición de los asistentes, de hojas y lapiceros, a fin de que pudiesen plasmar sus necesidades y peticiones a la mesa técnica, con el fin de darles respuesta. Entre los puntos comunes que se establecieron en los territorios como necesidades primordiales fueron: - Reparación de caminos y puentes en general - Construcción y reparación de infraestructura escolar - Solicitud de respuesta a afiliaciones de parte de las Asociaciones de Desarrollo Integral (en adelante ADI) de los territorios. - Solucionar los problemas de gobernanza en territorios - Respeto a organizaciones ancestrales - Necesidad de servicios de electricidad - Mejoramiento de la calidad del agua - Empoderamiento de la mujer indígena - Rescate a su patrimonio cultural y ambiental - Solución al problema de recuperación de tierras por las vías de hecho - Solución al problema de discriminación de personas indígenas En estas reuniones efectuadas como un primer acercamiento, se estableció la necesidad de concretar un dialogo permanente con las personas beneficiarias de la MC-321-12 para retomar la búsqueda de acuerdos de forma consensuada, lo cual en la zona de Nombre03 fue un gran inicio al lograr un primer acuerdo en gobernanza, entre uno de los consejos de mayores y la Asociación de Desarrollo Integral de cada territorio, relacionado con la inclusión de personas indígenas en la base de datos que tiene a disposición tal territorio. Asimismo, se informó sobre el estado actual de la resolución de la acción de inconstitucionalidad 21-017138-0007-CO, contra jurisprudencia de la Sala Primera de Casación de la Corte Suprema de Justicia, en relación con el artículo 3 de la Ley Indígena (sentencias números 000920- F-S1-2015 de las 14:30 horas del 6 de agosto de 2015, 002848-A-S1-2020 de las 10:10 horas del 3 de diciembre de 2020, 002878-F-S1-2020 de las 10:35 horas del 10 de diciembre de 2020 y 000681-F-S1-2021 de las 10:00 horas del 25 de marzo de 2021), por estimarla contraria a los artículos 9, 11, 41 y 45 de la Constitución Política, y a los principios de buena fe, confianza legítima y no confiscación. Asimismo, los territorios vieron como un aspecto positivo esas visitas, por lo siguiente: - Las personas participantes calificaron de “histórica”, la presencia de varias autoridades al mismo tiempo, trabajando articuladamente como un equipo en beneficio de la población. - Tanto personas indígenas, como aquellas no reconocidas como indígenas, fueron escuchadas, y pudieron expresar sus peticiones, sentimientos y necesidades. - Tuvieron la posibilidad de conocer presencialmente a las personas de la Mesa Técnica Interinstitucional que se hará cargo de llevar adelante la tarea del Gobierno para solventar su problemática, bajo los procesos pertinentes. A la fecha, la Mesa Técnica Interinstitucional continúa con la atención de los diferentes usuarios indígenas que así lo requieren. Ejemplo de ello, es el retomar los esfuerzos con instituciones como el Poder Judicial y la Organización de las Naciones Unidas, quienes también han visto reacciones positivas de las acciones desplegadas, poniéndose a disposición de fungir como observadores de los procesos a seguir. Ahora bien, sobre las apreciaciones del recurrente acerca de que las visitas de este grupo de trabajo han generado actos de violencia, desorden y caos, son inexactas y corresponde su rechazo. Inicialmente, en algunos espacios dentro de los territorios indígenas, se dieron desacuerdos por parte de la población indígena, a que estuvieran presentes personas denominadas, por ellos, como “no indígenas”, ante lo cual la mesa técnica explicó que, la reunión a efectuar no era un espacio objeto de consulta indígena, sino que, al ser una visita de primer acercamiento, escucha, diálogo y detección de necesidades, se iba a poner especial atención a todas las personas que estuviesen anuentes a participar, sin distinción de su condición étnica, racial o de otra índole. Siendo que el transcurso de las reuniones, se dio bajo un margen de respeto, sin agresiones ni violencia entre las personas. Aporta el recurrente, como prueba de actos de violencia, artículos de prensa relacionados con dos hechos puntuales que a continuación de exponen: - Manifestación de un participante, acerca del homicidio del líder indígena Nombre04: Con relación a este evento mencionado por el recurrente, se tiene, en primer término, que el mismo no ocurrió en territorio indígena, sino en la zona central de Buenos Aires de Puntarenas; ello en virtud de la solicitud de espacio en la agenda de trabajo para atender a la Asociación Multiétnica Pluricultural de Buenos Aires (AMPBA), constituida por personas no reconocidas como indígenas, que viven en territorios indígenas objeto de conflictos de tierras. En dicha reunión, un hombre de nombre Nombre05 manifestó que él dio muerte al líder indígena Nombre03 de nombre Nombre04, indicando que lo hizo por legítima defensa, dado que estaba usurpando su territorio de manera violenta. Si bien hubo aplausos por las personas que se encontraban presentes en el lugar, no se dio en ese espacio ningún acto violento que afectara a la población indígena, como indica el amparado. No obstante, la Mesa Técnica, a través de su Coordinador, mediante los comunicados de prensa pertinentes, repudió el hecho de los aplausos ante la comisión de un delito, por ser esa conducta contraria a todo derecho humano. Asimismo, se ratificó que el hecho se encuentra en proceso judicial, a la espera de celebrarse la etapa de juicio, y que el señor Nombre05 se encuentra con medidas cautelares, por lo que esta manifestación pública y notoria corresponderá ser valorada por la Fiscalía, acerca de la pertinencia de su incorporación como medio de prueba en el proceso. Los hechos que fueron objeto de manifiesto, datan del año 2020 y se encuentra bajo el proceso penal llevado bajo el expediente 20-000108-0990- PE, por lo que NO fueron originados por la visita de la Mesa Técnica Institucional. - Supuesto conflicto de intereses por la directora del Consejo Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), al estar fungiendo en la sesión efectuada en el Territorio Térraba, como presidenta de la ADI de esa localidad, y al mismo tiempo, como miembro de la Mesa Técnica Interinstitucional. Asimismo, por el “apartheid” ocasionado al discriminar entre indígenas y no indígenas: Esta noticia reviste de total inexactitud, ya que si bien la Directora de CONAI, Daniela Gutiérrez Villanueva, forma parte de la Mesa Técnica Interinstitucional y estuvo presente en la visita a los territorios mencionados, para el caso de la visita a Térraba, de donde es originaria y asimismo, presidenta de la ADI, la funcionaria, de previo al inicio de la sesión, procedió a indicar a las personas presentes, que para esa actividad se separaría de la mesa, en aras de dirigir la asamblea, indicar los objetivos, establecer el orden de las actividades y moderar el uso de la palabra de los participantes. Sin embargo, en ningún momento emitió criterio alguno con respecto a la Mesa Técnica que se encontraba presente, conforme consta en el video de dicha sesión, que se aporta como prueba. Aunado a lo anterior, tal y como consta en la certificación de fecha 29 de agosto del 2022 emitida por la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), la señorita Gutiérrez Villanueva ya no funge como Presidenta de esa Asociación, por lo que la noticia carece de interés actual. Es importante acotar que, el Decreto Ejecutivo N°41903-MP, del 8 de agosto de 2019, denominado Oficialización de las Base de Datos de Personas de Etnia Térraba/Brörán, como Mecanismo de Consulta para la Administración Pública y su Declaratoria de Interés Nacional, indica, en su artículo 3, que la verificación de la información respaldada en la Base de Datos de Personas de Etnia Térraba/Brörán deberá ser consultada al Registro Civil dentro de un trámite activado por el administrado o la administrada, o bien, de forma oficiosa, por parte de la Administración Pública, cuando se requiera certificar que esa persona pertenece a la etnia Térraba/Brörán. La consulta a la Base de Datos de Personas de la Etnia Térraba/Brörán será obligatoria para las instituciones públicas y sus personas funcionarias, cuando se esté ante un trámite administrativo que esté ligado con la condición de ser persona indígena. Para el caso de Térraba, es importante indicar que existe un instrumento jurídico, que el territorio determinó para identificar quien es indígena o no, por lo que no existió “apartheid” alguno, como lo menciona el amparado. Por último, vale la pena destacar que, posterior a la visita de la Mesa Técnica Interinstitucional en los territorios indígenas, los actos de violencia relacionados con recuperaciones de territorios por las vías de hecho y otro tipo de agresiones, disminuyeron con respecto a las situaciones que venían viviendo los territorios de Buenos Aires de Puntarenas, sobre todo en Térraba, Salitre y Cabagra. Según el informe MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRSBRUN-DPCBA-0996-2022, de fecha 29 de agosto del 2022, suscrito por el Capitán José Ríos Morales, Jefe de la Delegación Policial de Buenos Aires, expuso que los hechos que se han dado en los últimos días con la población indígena, se trata de eventos que son parte de un conflicto existente de meses antes o hasta más de un año por lo que, desde la perspectiva de la Fuerza Pública (ente que responde a los incidentes), de ninguna manera se podría atribuir que surjan con el nombramiento de la Mesa Técnica y la jornada de trabajo que se realizó en Buenos Aires, de hecho, el tipo de incidente, participación de una o la otra parte y caracterización, son similares a los anteriores que se han presentado desde el inicio del conflicto. Asimismo, mencionó que el estado actual de los territorios es de completa normalidad. No se ha atendido incidentes relacionados a los conflictos indígenas por la tenencia de la tierra, que implique abordaje policial complejo, o sumar recurso de otras delegaciones, y se trata de casos que iniciaron mucho antes que el nombramiento de la Mesa Técnica. No obstante, para ser responsable con el tema, tratándose de un asunto con antecedentes de décadas y que en la última es cuando se ha intensificado, a raíz de las acciones de hecho, conocidas como recuperaciones de tierra, en cualquier momento se podría estar atendiendo un caso que implique mayores coordinaciones por parte de la policía para recuperar la paz y prevenir actos de disturbio y violencia, y no por ello se debe atribuir al surgimiento de un nuevo actor, ya que la raíz de todo conflicto relacionado a lo que se viene hablando, sigue siendo el que existe, de varias décadas atrás, como es, la tenencia de las tierras dentro de los territorios indígenas . En conclusión, no es cierto que las visitas de la Mesa Técnica hayan traído como consecuencia, mayores eventos violentos; caso contrario, las reacciones de este primer acercamiento fueron positivas, ejemplo de ello fue el mismo agradecimiento de los territorios indígenas por la visita efectuada, así como el oficio AL-FPLN-SRM-OFI-190-2022, de fecha 23 de agosto del 2023, suscrito por la Diputada Sonia Rojas, quien estuvo presente en las actividades de los territorios indígenas de Buenos Aires de Puntarenas; aunado a otros medios de comunicación que se han expresado de manera positiva hacia las acciones de este grupo de trabajo. En virtud de lo expuesto, el argumento del recurrente sobre derivación de actos violentos con motivo de la creación de la Mesa Técnica Interinstitucional, deviene totalmente de apreciaciones subjetivas y resulta improcedente.

5.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 22:52 horas del 5 de setiembre de 2022, Doris Ortiz Ortiz y José Manuel Calderón Calderón, quienes solicitan ser coadyuvantes del recurso, replican el informe rendido por las autoridades. Indican: “Nos llena de desazón observar el informe presentado por los recurrentes, por las siguientes razones. Segundo: Es improcedente justificarse en violaciones a derecho anteriores para argumentar su actuar, máxime en un país como el nuestro que hace gala del respeto a los derechos de la población indígena, el hecho que anteriormente se emitieran otras directrices sin realizar consulta, que al día de hoy nos están afectando, NO le da derecho a que los recurridos incidan en las mismas acciones violatorias a nuestros derechos. Por consiguientes y enterados de la anterior violación a derechos de la colectividad indígena esperaríamos que como nuevo gobierno y nuevos jerarcas actúen salvaguardando los derechos violentados, pero nunca utilizar como coyuntura la violación a derechos para su continuidad y permanencia. Es atrevido que los recurridos realicen las valoraciones de lo que afecta o beneficia a la colectividad indígena, situación que ellos nunca podrán determinar por nosotros, quienes como pueblo, parte de la colectividad, con un sentir y pensar muy diferente somos los únicos que de acuerdo a nuestra determinación, cada pueblo y territorio indígena podríamos valorar, considerar y emitir criterio si nos afecta o beneficia, lo que también nos afecta de sobremanera es que otros o la administración decida por nosotros, llevamos años sufriendo las consecuencias de las decisiones que toman en San José y en nuestros territorios todo llega como imposición. Tercero, Cuarto y Quinto hecho: No es cierto sobre ningún acuerdo entre la Asociación y el Consejo de Mayores, siendo que intentaron acercar al señor Nombre06 y al señor Genaro Gutiérrez Reyes, este último para ese entonces aún no se encontraba como Presidente de la Asociación por lo que no tenía en ese momento capacidad de actuar como representante de la ADI y sobre el acuerdo que dicen haber llegado con el Consejo de Mayores Bröran y el Señor Diego Álvarez Vargas al día de hoy no ha recibido respuesta por el señor Nombre06, ni del Consejo de Mayores Bröran, de forma que no hubo cumplimiento de ningún acuerdo, por lo que el discurso de quedo en nada. El caos social que generaron a la población indígena fue expuesto ante el Presidente de la República por escrito directamente a su despacho el día 23 de agosto 2022, al correo electrónico ...01, confirmado su recibido el mismo día, sin embargo al día de hoy no emitieron justificación ni respuesta. (Ver documento enviado al Presidente). Sobre el tema en particular del conflicto de intereses, el mismo se llevó a cabo y se mantiene, Daniela Gutiérrez Villanueva para ese momento era la Presidenta de la ADI, su nombramiento venció el día 29 de agosto del presente, a partir de esa fecha asumió su padre Genaro Gutiérrez Reyes, actualmente es Presidenta Ejecutiva de CONAI, miembro de la Mesa Técnica e hija del Presidente de la ADI de Térraba. (Ver constancia de nacimiento, personerías jurídicas) En cuanto al apoyo de la Diputada Sonia Rojas Méndez a la Mesa Técnica para nosotros es evidente que ella lo que pretende es quedar bien con estos para lograr que les aprueben el pliego de peticiones que presentaron en la última reunión del día 18 de agosto 2022, presentándose ella y su hermano el Alcalde De Buenos Aires como indígenas Migrantes Fuera de Territorio, reunión en la que se le realizó un pliego de peticiones a la mesa para beneficio familiar, nuestros intereses como población de los territorios indígenas que representamos están muy alejados de los de la señora Diputada, ella en definitiva no nos representa, ni es nuestra voz, nunca se ha acercado a escuchar nuestro sentir como para transmitir la opinión de la población indígena. (Ver video de la reunión MIFUTES). Lo que si quedó claro es que la directriz citada no se le consultó a ningún territorio indígena, por lo que nuevamente le solicitamos a los honorables magistrados tomar en consideración todo lo indicado en protección de nuestros derechos”.

6.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 18:35 horas del 6 de setiembre de 2022, el accionante manifiesta que, al mejor estilo colonizador, los recurridos creyéndose los dioses del Olimpo, a su conveniencia y sin reparo imponen lo que ellos consideran es lo mejor para los pueblos originarios. Se han tomado los derechos humanos de los pueblos indígenas como propios y pretenden justificar su atroz actuar en que todo lo hacen a beneficio de la población indígena, por cuanto según ellos, es lo que necesitan. Poco o nada les ha importado que todo un pueblo indígena durante muchos años y culminando en el 2018 celebró su principal arma contra la violación de nuestros derechos fundamentales, la cual encuentra sustento y se cobija al amparo del Convenio 169 de la OIT Sobre Poblaciones Indígenas y Tribales en Países Independientes, sea, el "Mecanismo General de Consulta para los Pueblos Indígenas de Costa Rica", decreto n.° 40932-MP-MJP, que tiene por objetivo: “reglamentar la obligación del Poder Ejecutivo de consultar a los pueblos indígenas de forma libre, previa e informada, mediante procedimientos apropiados Y a través de sus instituciones representativos, cada vez que se prevean medidas administrativas proyectos de ley promovidos por el Poder Ejecutivo o proyectos privados, susceptibles de afectarles”. Considera que es lamentable lo ejecutado por los recurrentes al emitir y poner en ejecución una directriz que obligatoriamente debió ser consultada en respeto y garantía a nuestros derechos fundamentales, pero más lamentable aun es la osadía, el irrespeto, la preponderancia, arrogancia, falta de decoro y ética profesional de justificar su actuar arbitrario, atroz y abusivo tal y como lo han manifestado en su informe. se reitera, al mejor estilo colonialista creen que imponiendo a la fuerza esta directriz lograrán la tan ansiada paz en nuestros territorios, según ellos lograrán la reivindicación de nuestros derechos, cuando ha quedado por demás demostrado todo lo contrario, el caos social que ha generado las actuaciones de esta "mesa" en los distintos territorios indígenas visitados ha generado toda clase de repudio, de controversias, de caos social e incluso hasta amenazas contra la vida, todo lo cual ha quedado evidenciado por los múltiples reportajes periodísticos de múltiples medios de comunicación a nivel nacional Igualmente es lamentable y reprochable, como los recurridos pretenden "validar" el no haberse realizado consulta en la presente directriz, por cuanto existen otras similares que no fueron consultadas, ese flaco argumento, desnuda la arbitrariedad de las recurridos de aplicar el mecanismo general de consulta a su antojo, cuando en la realidad son ellos los primeros en garantizar la aplicación de dicho instrumento en las medidas que ellos mismos impulsen, como por ejemplo la directriz que nos ocupa. Igualmente es lamentable y preocupante el hecho incontroversial que estas violaciones se suscitan dentro del ámbito de las competencias del llamado a ser el garante o el órgano rector de los procesos de consulta, el cual debería tener una posición ejemplarizante para el resto de los sujetos pasivos. Sobre los puntos tercero, cuarto y quinto, deben considerar los recurridos que la directriz es de alcance nacional y afecta a todos los indígenas de los 24 territorios y de los a pueblos, razón por la cual no puede verse de forma aislada o regional, por cuanto tarde o temprano esta mesa llegará a crear tempestad a cada uno de nuestros pueblos, el caos es inevitable, tal y como lo han publicado los distintos medios de comunicación y tal y como se ha hecho saber en el recurso de marras. Considera que el caos social que generó esta "mesa técnica" a la población indígena en Buenos Aires de Puntarenas fue expuesto ante el presidente de la República por escrito directamente a su despacho el día 23 de agosto 2022, al correo electrónico ...02, quien confirmó su recibido el mismo día. Sin embargo, al día de hoy no emitieron justificación ni respuesta. No debe dejarse de lado el tono intimidador, amenazante y arrogante de quien lidera la tal llamada "mesa técnica", sea el señor viceministro de Justicia y Paz, Sergio Sevilla, en todos los lugares que visita, por ejemplo el viernes 2 de setiembre asistió junto con los demás integrantes de la mesa técnica a una reunión en donde participaban líderes y lideresas de diferentes pueblos indígenas en Guadalupe, Parque Sendas, en donde con tono intimidante de forma reiterativa y retadora indicó que se había interpuesto un recurso de amparo contra la creación de la mesa técnica y que eso generaría afectación a sus funciones. Estima que existe una flagrante violación al derecho fundamental a la consulta, los recurridos firmaron y pusieron en ejecución una directriz sin haberse consultado ni siquiera a un solo pueblo indígena.

7.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 13:43 horas del 7 de setiembre de 2022, Nombre07, en su condición de representante de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Guatuso plantea solicitud de coadyuvancia pasiva. Expone su posición en contra del amparo de marras y pide que se declare sin lugar el recurso. Detalla: “SOBRE LA LEGITIMACION: Nos fundamentamos de conformidad al Artículo número 34 de la Ley de Jurisdicción Constitucional como garantía para presentar la presente coadyuvancia pasiva al representar interés de todo un pueblo indígena, manifestándonos contra el presente recurso de amparo y contra la tesis del recurrente. Como se puede apreciar, el recurrente cuestiona dentro de otros puntos lo siguientes motivos: VIOLACION A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE COSTA RICA CONFORME A LA NORMATIVA INTERNACIONAL CONVENIO 169 DE LA O.I.T SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES, AL MECANISMO GENERAL DE CONSULTA A PUEBLOS INDIGENAS N` 40932-MP-MJP Y A LA ABUNDANTE JURISPRUDENCIA QUE AL EFECTO A DESARROLLADO ESTA HONORABLE SALA. El recurrente además menciona como efecto ENTRADA EN VIGENCIA DE UNA DIRECTRIZ ADMINISTRATIVA SIN SER CONSULTADO, LO CUAL HA GENERADO UNA DESESTABILIZACION Y CAOS SOCIAL, ALTERACION DE LA PAZ Y CONVIVENCIA. Bajo el análisis de este gobierno local y representante de la colectividad indígena maleku, consideramos que la tesis del recurrente, lejos de representar la defensa de los derechos indígenas, presenta un escenario de absoluta inseguridad y violación a nuestros derechos como pueblo indígena de prosperar dicho recurso de amparo. Este gobierno local observando la directriz impugnada y la verificación de su aplicación en campo como lo fue la vista de la comisión técnica el día 16 de agosto del presente año al territorio Malecu, se constata con total plenitud la procedencia de la directriz, en plena concordancia con las normas naciones e internacionales, en especial el Convenio 169 de la O.I.T. Este gobierno local fue enterada de la visita de la comisión técnica al territorio en donde se hizo amplia difusión para la plena participación de todos los indígenas Malecu, líderes y dirigentes, hombres y mujeres, adultos mayores, organizaciones que comprenden la gobernanza indígena Malecu y por supuesto este gobierno local. Con este escenario y partiendo de las alegaciones del recurrente, como gobierno local decimos que: 1. Conocemos de plena la emisión de la directriz número 003-MJP para el abordaje de la temática indigna costarricense. 2. Que este gobierno local comprende que existe una obligación de estado de organizarse administrativamente desde el Poder Ejecutivo para articular a los pueblos indígenas bajo los principios diversos contenidos en la directriz impugnada. 3. Que desde un principio se nos comunicó que la visita a nuestro territorio por parte de la comisión de trabajo lo era con el objetivo de presentar a la comisión técnica establecida por el gobierno, de sus autoridades y del intercambio de información diversa. 4. Que este gobierno local reafirma que ni desde la directriz ni a propósito de la visita de la Comisión Técnica a nuestros territorios se hayan tomado acuerdo alguno de fondo en cuanto a los derechos indígenas, por cuanto no era el objetivo de la visita más que la presentación del equipo de trabajo. 5. Que al contrario, se nos comunicó y se nos explicó la intensión de la directriz del gobierno y que a partir de este instrumentos se iniciaría todo un proceso participativo para la construcción conjunta de la ruta de trabajo. Con estos puntos nos permite manifestar que de conformidad al derecho de la consulta indígena y relacionado a la directriz impugnada, como gobierno local no encontramos la vulneración de este derecho por cuanto se entiende que esta directriz es la forma de organización del gobierno y las instituciones para articular los pueblos indígenas. Reafirmamos una vez más que en la visita de la comisión de gobierno se nos dijo claramente que el objetivo era la presentación del equipo de trabajo sin la presentación de guía de trabajo o borrador de propuesta que haga presumir un adelanto de trabajo sin nuestra participación, por lo que las acciones llevadas a cabo por la comisión técnica son concordantes con la directriz y el respeto de nuestros derechos y en especial el tema de consulta, misma que no fue vulnerado como derecho nuestro. Con relación a que con la emisión de la directriz se generó un casos social y desestabilización, de la alteración de la paz y otros calificativos del recurrente, esta postura no es correcta desde nuestro gobierno local, esto por cuanto ese caos social y demás calificativos es de vieja data y que lejos de ser producto de la directriz impugnada, una correcta interpretación nos lleva a decir que más bien estos hechos mencionados por el recurrente obedecen más bien a la ausencia por parte del estado de una directriz clara y precisa como la aquí cuestionada por el recurrente. Las manifestaciones en público, llamado de atención y desespero de los indígenas según se pudo apreciar en las distintas visitas a los territorios por parte de la comisión de gobierno, es producto de la opresión y negación de años por parte del estado costarricense. El conflicto entre indígenas y no indígenas e incluso entre indígenas, ha persistido desde siempre y este gobierno local no encuentra fundamentos para descalificar la directriz impugnada como un importante instrumento orientador para el inicio de la construcción de nuestro plan de vida de manera participativa. Nótese señores magistrados que 2 asesinatos que pesa sobre el estado costarricense, no fue producto de la emisión de una directriz, al contrario, fue producto de la ausencia de directrices claras y precisas como la aquí cuestionada. Así las cosas señores magistrados, partiendo de nuestro argumentos y de la realidad de la visita de la Comisión Técnica a nuestro territorio y ante el resguardo de nuestros derechos como pueblo indígena, declarar con lugar el recurso de amparo en mención, significaría una grave violación a nuestros derechos y de un claro desamparo del estado costarricense, que contrario a la tesis del recurrente, implicaría una escalada creciente de más conflictos en las comunidades indígenas. Nuestra comunidad indígena mantiene acciones de recuperación de tierras, 8 propiedades que ha generado la confrontación entre indígenas y no indígenas y la presente directriz es nuestra esperanza para un abordaje inmediato de la problemática y así se lo hicimos saber a la comisión de gobierno que nos visitó”. Pide que se declare sin lugar el recurso.

8. Por escrito incorporado al expediente digital a las 10:20 horas del 14 de setiembre de 2022, Nombre08, en su condición de cacica electa del territorio étnico Guaymi de Conteburrica, y Juan Uriel Sánchez Agüero, en su condición de cacique Guetar, plantean coadyuvancia pasiva. Piden que se declara sin lugar el recurso. Consideran que el accionante actúa en su condición personal y no representa instancia alguna en relación con los 24 territorios indígenas del país. Refieren que la directriz es de alcance general, por lo que la simple condición personal del recurrente no alcanza para tener válida su intervención. Cita distintos instrumentos de tutela de los derechos de la población indígena que ha suscrito Costa Rica. Insisten que la decisión de crear la mesa técnica no afecta derecho de consulta alguna, pues esa actuación le está permita al Estado. Acota que la directriz no excluye para su implementación a los indígenas en sus diversas formas de organización, más bien hace una invitación para que los pueblos indígenas elaboren su propia agenda de desarrollo según sus particularidades culturales e intereses. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.

9.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 7:56 horas del 27 de setiembre de 2022, el accionante plantea una segunda réplica. Indica: “PRIMERO: Ante este atroz atropello a la población indígena nacional reiteramos ante esta honorable sala la obligación del Estado costarricense de garantizar, el poder definir desde nuestros pueblos nuestras propias formas de vida, son claros y contundentes los artículos 6 y 7 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes los cuales mandatan: “Artículo 6 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Artículo 7 1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente 2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. 3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. 4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.” NO ES DE RECIBO QUE NOS HAYAMOS ENTERADO DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE ESTA DIRECTRIZ Y DE LA CONFORMACIÓN DE LA MESA TECNICA A TRAVES DE REDES SOCIALES Y POR LAS NOTICIAS DE SUCESOS PUBLICADAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEVISIVO, DIGITAL Y PERIODISTICO. Todas esas violaciones cometidas no son nuevas, es el modus operandi del Poder Ejecutivo, llama poderosamente la atención el atrevimiento del Ministerio de Justicia y Paz de hacer caso omiso a la vigencia del “Mecanismo General de Consulta” vigente desde el año 2018 y es reprochable la omisión por parte de la UTCI “Unidad Técnica de Consulta Indígena” figura creada a través del decreto N° 40932- MPMJP, instancia que en pleno incumplimiento de deberes se soslaya ante el paso del señor ministro o viceministro de Justicia y Paz, cual siervo menguado; cuando debería ser ésta un bastión que defienda las atrocidades contra las vejaciones de los pueblos indígenas y no convertirse en un dócil servil. Preocupa la actuación de los recurridos por cuanto lo actuado representa un serio retroceso al avance que se venía experimentando, tal como fue reconocido y ampliamente puesto en evidencia en el informe número A/HRC/51/28/Add.1 rendido por el Relator de las Naciones Unidas ante el (Consejo de Derechos Humanos 51er período de sesiones del 12 de septiembre a 7 de octubre 2022 Tema 3 de la agenda Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo Visita a Costa Rica Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Calí Tzay) del cual en lo que nos interesa se transcribe: C. Consulta y consentimiento libre, previo e informado 43. El Relator Especial celebra la adopción de un mecanismo por parte del Gobierno de consulta indígena que busca garantizar el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y la protección efectiva de sus derechos colectivos. El Decreto Ejecutivo núm. 40932 fue aprobado en 2018 con la participación y el consentimiento de 22 territorios indígenas y elaborado con más de 120 visitas territoriales. El Decreto crea la Unidad Técnica de Consulta Indígena, órgano del Ministerio de Justicia y Paz, encargada de la gestión técnica y financiera de los procesos de consulta indígena y las Instancias Territoriales de Consulta Indígena, contraparte territorial indígena que actúa como interlocutora con el Gobierno en cada territorio indígena. Estas instancias son elegidas en cada territorio indígena según sus propias normas y mecanismos de representación. 44. Si bien el Gobierno ha capacitado al personal de la Unidad Técnica de Consulta Indígena con el apoyo del sistema de Naciones Unidas, persiste la necesidad de aumentar su número y fortalecer la capacidad de estas Unidades para atender de manera adecuada todos los procesos consultivos solicitados y reforzar los conocimientos sobre el derecho de los pueblos indígenas de su personal. Preocupa igualmente que en los territorios donde no hay Instancias Territoriales de Consulta Indígena la consulta se realice a través de las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígena 45. El Relator Especial observa que la consulta para la adopción del borrador de la política pública para pueblos indígenas representa la primera aplicación del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas del Ejecutivo, y servirá para evaluar su eficacia. La política pública para pueblos indígenas abordará importantes cuestiones como el reconocimiento de la autonomía y territorialidad indígena, el desarrollo propio y el bienestar, la inclusión social de los pueblos y la eficiencia institucional en la atención a los pueblos indígenas. El Relator Especial felicita al Gobierno de Costa Rica por haber avanzado en la consulta particularmente en el territorio Boruca, pero recuerda al Gobierno que el Mecanismo debe ser implementado completamente en todos los territorios indígenas. SEGUNDO: En relación con la coadyuvanza (sic) presentada por la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Maleku de Guatuso, es de importancia manifestar que ha quedado sumamente claro que las Asociaciones de Desarrollo de los Pueblos Indígenas si bien es cierto son los representantes legales del territorio indígena, no son ellos, la Junta Directiva y afiliados, los únicos sujetos de derecho a la consulta conforme al MECANISMO GENERAL DE CONSULTA de reiterada cita, sino uno mas de los actores, pues es bien sabido que las estas asociaciones mejor conocidas como “ADIS” no representan la totalidad de los indígenas a efectos de un proceso de consulta, pues le estaría cercenando dicho derecho al resto de población indígena que no comparte su estilo de gobernanza el cual ha sido seriamente cuestionado y considerado como una imposición del derecho ordinario que atenta contra nuestra Autonomía. TERCERO: Ahora bien, en cuanto a la coadyuvanza (sic) presentada por quienes se dice llamar la Cacique Nombre08 del territorio gnobe y el supuesto Cacique Juan Sanchez (sic) Agüero, indígena huetar, tome nota esta honorable Sala del irrespeto por parte de este señor quien se sigue autonombrando cacique, a pesar que al efecto esta misma Sala resolvió un recurso de amparo interpuesto por él mismo y otros señores mas (sic) del territorio indígena de Quitirrisi, y tramitado bajo el expediente numero 12-016025-0007-CO con resolución numero 2013-008258 (…) Así las cosas, comparece en calidad de coadyuvante de mala fe el señor Juan Sánchez Agüero en su falta condición de “cacique” Nombre02 de Quitirrisi y en rebeldía contra la resolución de esta honorable Sala. Igualmente indicar, que en comunicación via telefónica con la señora Nombre09 esta ha manifestado desconocer sobre la presente coadyuvanza (sic), lo que hace prever que cierta persona de forma inescrupulosa esta (sic) firmando documentos de este tipo de forma fraudulenta, ante esta situación se puede contactar a la señora Nombre08 al teléfono Telf01 y ante ustedes solicito que se haga comparecer a efectos de vista de la coadyuvanza (sic) indicada y en caso de determinarse su falsedad se proceda a testimoniar piezas ante el Ministerio Publico para que proceda con la investigación respectiva. Así las cosas, honorables magistrados, JAMAS podríamos retroceder con lo que hemos recorrido, el “Mecanismo General de Consulta” lo construimos para que se respete y se garantice por parte del Estado Costarricense la aplicación del Convenio 169 de la OIT, aún no ha demostrado en autos los recurridos haber cumplido para dicha directriz con el proceso de consulta. Todo lo cual acredita violación a ese derecho fundamental, razón por la cual, reiteramos la pretensión del recurrente y en ese sentido, además del actuar doloso y de mala fe, solicitamos SE DECLARE CON LUGAR EN TODOS SUS EXTREMOS EL PRESENTE RECURSO DE AMPARO”.

10.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

 I.- Sobre las coadyuvancias planteadas. Por escrito del 29 de agosto de 2022, Doris Ortiz Ortiz, José Manuel Calderón Calderón, Bernabé Zúñiga Díaz y Antonio Fernández Fernández, solicitaron ser coadyuvantes activos dentro del presente recurso de amparo. Por su parte, mediante escritos del 7 y 27 de setiembre de 2022, Nombre07, Nombre08 y Juan Uriel Sánchez Agüero plantearon coadyuvancias pasivas.

La coadyuvancia es una forma de intervención adhesiva que se da cuando una persona actúa en un proceso adhiriéndose a las pretensiones de alguna de las partes principales, como consecuencia está legitimada para actuar como coadyuvante quien ostente un interés directo en el resultado del recurso, pero al no ser actor principal, el coadyuvante no resultará directamente afectado por la sentencia, es decir, la eficacia de esta no podrá alcanzarle de manera directa e inmediata, ni le afecta la condición de cosa juzgada del pronunciamiento, aunque en materia de amparo pueda favorecerle la eficacia de lo resuelto, debido al carácter de "erga omnes " que tiene la jurisprudencia y precedentes de la jurisdicción constitucional (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).

En este caso, la Sala procede a admitir las coadyuvancias activas planteadas por Doris Ortiz Ortiz, José Manuel Calderón Calderón, Bernabé Zúñiga Díaz y Antonio Fernández Fernández; así como las coadyuvancias pasivas planteadas por Nombre07, Nombre08 y Juan Uriel Sánchez Agüero, pues tienen un claro interés en el resultado de este proceso ya que representan a las comunidades indígenas que podrían verse afectadas.

II.- Objeto del recurso. El recurrente expone que es indígena Nombre02 del territorio Quitirrisí de Mora. Refiere acudir contra el ministro de Justicia y Paz por poner en ejecución la directriz n.° 003-MJP del 9 de agosto de 2022, lo anterior en estricta violación de los derechos de los pueblos indígenas. Acota que la cita directriz anunció la “CREACION (sic) Y DECLARATORIA DE INTERES (sic) PUBLICO (sic) DE MESA (sic) INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA DE TRABAJO DE LA POBLACIÓN INDIGENA (sic) 2022-2026”. Transcribe el contenido del documento. Acota que, en 2018, el Poder Ejecutivo convocó a 22 territorios de los 8 pueblos indígenas para celebrar la firma y entrada en ejecución, después de múltiples sesiones de trabajo donde siempre participaron los pueblos indígenas, del decreto ejecutivo n.° 40932-MP-MJP, denominado “Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas”. Considera que ese instrumento está vigente y forma parte de los mecanismos para la defensa, protección y garantía de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Reclama que la directriz n.° 003-MJP del 9 de agosto de 2022 se dictó en detrimento de lo dispuesto en el decreto ejecutivo n.° 40932-MP-MJP. Reprocha que el Poder Ejecutivo “sin mayor valoración de sus actuaciones lanza de buenas a primeras la conformación de esta Mesa y los indígenas somos los últimos en darnos cuenta”. Considera que se lesiona el convenio 169 de la OIT y consecuentemente el mecanismo general de consulta. Refiere que la constitución de esa "mesa" ha ocasionado un desorden público, desestabilización social, alteración de la paz social y la convivencia, debido a la incertidumbre generada por los alcances de la aplicación de la directriz cuestionada. Alega que es necesario que se ordene la suspensión de las "Mesas Técnicas Interinstitucionales" para sesionar en cualquier territorio indígena, para evitar alteraciones al orden y paz social.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a) Mediante directriz n.° 003-MJP del 9 de agosto de 2022, la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia y Paz dispusieron la “Creación y declaratoria de interés público de la mesa técnica interinstitucional para la construcción de la ruta de trabajo y la atención de la población indígena 2022-2026”. En tal directriz se dispuso:

“Artículo 1º-Creación y objetivo de la mesa técnica interinstitucional para la construcción de la ruta de trabajo y la atención de la población indígena 2022-2026. Se crea la Mesa Técnica Interinstitucional para la construcción de la ruta de trabajo y atención de la población indígena 2022-2026, como un equipo de trabajo tendiente a generar, el inicio del proceso de diálogo intercultural para la construcción de la ruta de trabajo para la atención de la población indígena 2022- 2026 en aras de garantizar los derechos fundamentales de la población indígena.

Las instituciones que conforman la Mesa Técnica Interinstitucional son: Viceministerio de Justicia y Paz en la figura del Viceministro de Paz, la Directora de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos a cargo de la Unidad Técnica de consulta indígena o quienes estos designen, Comisión Nacional de Asuntos Indígenas en la figura de la Directora Ejecutiva o quien está designe, Instituto de Desarrollo Rural en la figura del Presidente Ejecutivo o quien este designe, Ministerio de Seguridad Pública en la figura del Viceministro de Seguridad Pública o quien este designe, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la figura de la Ministra o quien esta designe, y la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad en la figura de la Directora Nacional o quien esta designe.

La Mesa Técnica Interinstitucional realizará las coordinaciones promoviendo la participación y coordinación a lo interno de cada territorio en comisiones a nivel local y regional que estarán integradas por Asociaciones de Desarrollo Indígena, Consejos de Mayores, distintas organizaciones internas de cada territorio (mujeres, artesanos, comités de salud, agua, cultural, jóvenes y educación) y representantes de población indígena transfronteriza, así como personas indígenas individuales. Esto con el fin de garantizar que la participación sea lo más amplia posible y haya una verdadera representación para la construcción de la hoja de ruta como una agenda nacional indígena.

Artículo 2º-Conformación de la ruta de trabajo. La ruta de trabajo, se espera sea el producto guía de la Mesa Técnica, contendrá los ejes principales a abordarse para con la población indígena, con base en las recomendaciones vertidas por la Organización de Naciones Unidas, y tendrá como mínimo, la atención prioritaria de los siguientes temas: a) Derecho a la tierra y al territorio; b) Acceso a servicios públicos; c) Libre determinación, autogobierno y participación; d) Consulta y consentimiento previo libre e informado; e) Reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la protección del medio ambiente; f) Política Pública para Pueblos Indígenas; g) Enfoque de género, y h) Respeto a los derechos de la niñez y la adolescencia indígena.

Esta ruta, generará como producto el documento "Hoja de ruta" que será consensuada con las agendas locales de los veinticuatro territorios de los ocho pueblos indígenas mediante procedimientos culturalmente apropiados, para que puedan realizar sus aportes y enriquecer las propuestas de trabajo, cada año se realizara una revisión de avances y presentación de informe a los territorios y una valoración a medio periodo de la pertinencia de la ruta conforme realidad y posibles cambios en los territorios indígenas.

Artículo 3º-Sesiones. La Mesa Técnica Interinstitucional para la construcción de la ruta de trabajo y atención de la población indígena 2022-2026, se reunirá ordinariamente al menos dos veces al mes y extraordinariamente cuando el encargado de la Mesa lo solicite.

Artículo 4º-Autoridad Responsable. El Ministerio de Justicia y Paz, a través del Viceministerio de Paz, será la autoridad encargada de coordinar la Mesa Técnica Interinstitucional, así como el seguimiento de sus funciones relacionadas con la ruta de trabajo.

Le corresponderá también, con el apoyo y asesoría de la Mesa Técnica Interinstitucional, articular con las demás instituciones las acciones tendientes a la solución de las necesidades de la población indígena.

Corresponderá al Comisionado de Inclusión Social nombrado por la Presidencia de la República, la función de acompañamiento a la comisión para el cumplimento de los objetivos de la presente Directriz.

Artículo 5º-Deber de cooperación interinstitucional. En aplicación de los principios de eficiencia, eficacia y coordinación, se insta a los Ministerios y se insta a las instituciones públicas descentralizadas, cuya participación sea considerada a incorporarse, en el ámbito de sus competencias, a la integración en el proceso de construcción de la hoja de ruta.

Artículo 6º-Declaratoria de interés público. Para asegurar el efectivo cumplimiento de sus objetivos, se declaran de interés público la Mesa Técnica Interinstitucional en la construcción de la ruta de trabajo para la atención de la población indígena 2022-2026.

Artículo 7º-Vigencia de la conformación de la Mesa Técnica Interinstitucional. La vigencia de la Mesa Técnica Interinstitucional para la construcción de la ruta de trabajo y la atención de la población indígena 2022-2026, es a partir del 09 de agosto del 2022 hasta el 07 de mayo del 2026”. (Ver página web del Sistema Costarricense de Información Jurídica).

b)El 17 de agosto de 2022, se efectuó una visita al territorio indígena Maleku en Guatuso de Alajuela. (Ver prueba documental e informe rendido).

c)  El 18 de agosto de 2022, se realizó una visita a los territorios indígenas de Ujarrás, Cabagra y Salitre en Buenos Aires de Puntarenas. (Ver prueba documental e informe rendido).

d)El 19 de agosto de 2022, se concretó una visita a los territorios indígenas de Rey Curré, Boruca y Nombre03 en Buenos Aires de Puntarenas. (Ver prueba documental e informe rendido).

e)  El 23 de agosto de 2022, se efectuó una visita al territorio indígena de Zapatón en Puriscal de San José. (Ver prueba documental e informe rendido).

f)   La finalidad de las visitas realizadas fue: “- Dar a conocer la Mesa Técnica, sus miembros y objetivos (primer acercamiento con los territorios). - Presentación de ejes mínimos de trabajo bajo una modalidad participativa e inclusiva. - Escucha y recopilación de necesidades varias de la población, a fin de darles respuesta. - Continuación de las visitas para informar de la construcción de la ruta de trabajo de manera conjunta y validarla. - Explicación sobre la medida cautelar MC-31-12 interpuesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (esto en los territorios de Salitre y Térraba). - Situación actual de los terrenos objeto de disputa”. (Ver informe rendido).

g) El mecanismo de participación en las visitas realizadas fue el siguiente: “- De manera verbal, llevando un listado de personas que querían participar para moderar el uso de la palabra. - Recibido de correspondencia que los territorios ya llevaban preparada. - Puesta a disposición de los asistentes, de hojas y lapiceros, a fin de que pudiesen plasmar sus necesidades y peticiones a la mesa técnica, con el fin de darles respuesta”. (Ver informe rendido).

h)Los puntos comunes que se establecieron como necesidades primordiales en los territorios indígenas fueron: “- Reparación de caminos y puentes en general - Construcción y reparación de infraestructura escolar - Solicitud de respuesta a afiliaciones de parte de las Asociaciones de Desarrollo Integral (en adelante ADI) de los territorios. - Solucionar los problemas de gobernanza en territorios - Respeto a organizaciones ancestrales - Necesidad de servicios de electricidad - Mejoramiento de la calidad del agua - Empoderamiento de la mujer indígena - Rescate a su patrimonio cultural y ambiental - Solución al problema de recuperación de tierras por las vías de hecho - Solución al problema de discriminación de personas indígenas”. (Ver informe rendido).

i)    Inicialmente, en algunos espacios dentro de los territorios indígenas se dieron desacuerdos por parte de la población indígena en relación con la presencia de personas no indígenas, ante lo cual la mesa técnica explicó que la reunión a efectuar no era un espacio objeto de consulta indígena, sino que, al ser una visita de primer acercamiento, escucha, diálogo y detección de necesidades, se iba a poner especial atención a todas las personas que estuviesen anuentes a participar, sin distinción de su condición étnica, racial o de otra índole. (Ver informe rendido).

j)   El transcurso de las reuniones, se dio bajo un margen de respeto, sin agresiones ni violencia entre las personas. (Ver informe rendido).

IV.- Sobre la consulta a las comunidades indígenas: Esta Sala mediante sentencia n.° 2019-021297 de las 09:20 horas del 1° de noviembre de 2019 consideró:

“(…) IV.- Sobre la consulta a las comunidades indígenas y el Convenio 169 de la OIT. En criterio de este Tribunal Constitucional, siguiendo lo dispuesto en el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado mediante Ley No. 7316, publicada en La Gaceta No. 234 de 4 de diciembre de 1992, debe garantizarse un mecanismo idóneo de participación de las comunidades indígenas en aquellos asuntos que inciden, directamente, sobre éstas. En efecto, el citado Convenio tiene como principio fundamental la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y tribales en todos los niveles de los procesos de toma de decisiones que les conciernen. La normativa en cuestión, en su artículo 4, exige a los gobiernos adoptar las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos interesados. En varias oportunidades, la Sala ha reconocido la necesidad de tomar en consideración las características propias de los grupos indígenas que se mantienen en sus propios territorios, a la hora de interpretar y aplicar las distintas normas que conforman el ordenamiento jurídico. Así, nuestra Constitución Política debe interpretarse y aplicarse de forma que permita y facilite la vida y desarrollo independientes de las minorías étnicas que habitan en Costa Rica, sin otros límites que los mismos derechos humanos que se imponen a la conducta de todas las personas. De la misma forma deben ser desarrolladas las cláusulas de los instrumentos internacionales y de la legislación común al aplicarse a los pueblos indígenas. Por su parte, el artículo 6 del Convenio precitado establece en lo que interesa lo siguiente: "Artículo 6. 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;".  Con base en este precepto, cualquier medida legislativa o administrativa que sea susceptible de afectar directamente a los pueblos interesados debe ser objeto de consulta con ellos. De acuerdo con la definición que hace el artículo 1 de la Ley Indígena, No. 6172 de 29 de noviembre de 1977, esa disposición es aplicable a los pobladores de las reservas indígenas que constituyen grupos étnicos descendientes directos de las civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad (ver en similar sentido sentencias 2014-015855 de las nueve horas veinte minutos del veintiséis de setiembre de dos mil catorce y 2012-007613 de las nueve horas cinco minutos del ocho de junio de dos mil doce, entre muchas otras).  Asimismo, el artículo 6.1 inciso b), de este cuerpo normativo establece en forma expresa, que al aplicar las disposiciones de su articulado, los gobiernos deben: “b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;”. Más, específicamente, en cuanto al tema de la comprensión en los procedimientos legales, el artículo 12 ibídem, dispone en forma expresa que: “Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces”. 

Es menester recalcar entonces que del marco del Convenio 169 de la OIT surge para los Estados signatarios, por un lado, el compromiso de impulsar de una manera amplia, la promoción de las condiciones que permitan el desarrollo de los pueblos indígenas y tribales de un modo que se respete la diversidad étnica y cultural y se asegure los espacios de autonomía requeridos para ello y se desenvuelva en un marco de igualdad. Y por otro lado el deber de consulta previsto en el numeral 6.1 inciso a) anteriormente transcrito, en relación con las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a dichos pueblos. Sin dejar de lado que en este punto esa consulta previa constituye como procedimiento obligatorio en las específicas hipótesis arriba señaladas, por medio del cual se le otorga a los pueblos indígenas y tribales, una de las formas de participación democrática más claras.

De igual forma, la Corte Interamericana de Derecho Humanos, en la sentencia de 8 de octubre de 2015, relativa al caso de Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros vs. Honduras, señaló:

““158. La Corte ha señalado anteriormente, en el Caso del Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, que el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y tribales, además de constituir una norma convencional, es también un principio general del Derecho Internacional que está cimentado, entre otros, en la estrecha relación de dichas comunidades con su territorio y en el respeto de sus derechos a la propiedad colectiva y a la identidad cultural. Dichos derechos deben ser garantizados, particularmente, en una sociedad pluralista, multicultural y democrática. Esto implica la obligación de los Estados de garantizar a los pueblos indígenas y tribales su participación en las decisiones relativas a medidas que pueden afectar sus derechos, y en particular su derecho a la propiedad comunal, de acuerdo con sus valores, costumbres y formas de organización. En este sentido, el Convenio 169 de la OIT reconoce las aspiraciones de los pueblos indígenas y tribales para “asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”170. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.1 del Convenio 169 de la OIT, “[a]l aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. 159. Cabe recordar que la obligación de consultar a los pueblos indígenas y tribales está en relación directa con la obligación general del Estado de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 1.1 de la Convención. Esto implica el deber del Estado de organizar adecuadamente todo el aparato gubernamental y de estructurar sus normas e instituciones de tal forma que la consulta a las comunidades indígenas y tribales pueda llevarse a cabo efectivamente, de conformidad con los estándares internacionales en la materia. Lo anterior es necesario para posibilitar la creación de canales de diálogo sostenidos, efectivos y confiables con los pueblos indígenas y tribales en los procedimientos de consulta y participación a través de sus instituciones representativas . 160. Adicionalmente, específicamente con respecto al derecho a la propiedad colectiva, el Estado debe garantizar el derecho de consulta y participación en todas las fases de planeación e implementación de un proyecto o medida que pueda afectar el territorio de una Comunidad indígena o tribal, u otros derechos esenciales para su supervivencia como pueblo. Lo anterior debe realizarse desde las primeras etapas de la elaboración o planificación del proyecto o la medida propuesta, a fin de que los pueblos indígenas puedan verdaderamente participar e influir en el proceso de adopción de decisiones, de conformidad con los estándares internacionales pertinentes. En esta línea, el Estado debe asegurar que los derechos de los pueblos indígenas y tribales no sean obviados en cualquier otra actividad o acuerdo que haga con terceros, o en el marco de decisiones del poder público que afectarían sus derechos e intereses. Por ello, en su caso, corresponde también al Estado llevar a cabo tareas de fiscalización y de control y desplegar, cuando sea pertinente, formas de tutela efectiva de ese derecho por medio de los órganos judiciales correspondientes. En cuanto a sus características, la Corte ha establecido que la consulta debe ser realizada con carácter previo, de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo, adecuada, accesible e informada.”. 

V.- Sobre el caso concreto: En el sub iudice, el accionante expone que es indígena Nombre02 del territorio Quitirrisí de Mora. Refiere acudir contra el ministro de Justicia y Paz por poner en ejecución la directriz n.° 003-MJP del 9 de agosto de 2022, lo anterior en estricta violación de los derechos de los pueblos indígenas. Acota que la cita directriz anunció la “CREACION (sic) Y DECLARATORIA DE INTERES (sic) PUBLICO (sic) DE MESA (sic) INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA DE TRABAJO DE LA POBLACIÓN INDIGENA (sic) 2022-2026”. Transcribe el contenido del documento. Acota que, en 2018, el Poder Ejecutivo convocó a 22 territorios de los 8 pueblos indígenas para celebrar la firma y entrada en ejecución, después de múltiples sesiones de trabajo donde siempre participaron los pueblos indígenas, del decreto ejecutivo n.° 40932-MP-MJP, denominado “Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas”. Considera que ese instrumento está vigente y forma parte de los mecanismos para la defensa, protección y garantía de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Reclama que la directriz n.° 003-MJP del 9 de agosto de 2022 se dictó en detrimento de lo dispuesto en el decreto ejecutivo n.° 40932-MP-MJP. Reprocha que el Poder Ejecutivo “sin mayor valoración de sus actuaciones lanza de buenas a primeras la conformación de esta Mesa y los indígenas somos los últimos en darnos cuenta”. Considera que se lesiona el convenio 169 de la OIT y consecuentemente el mecanismo general de consulta. Refiere que la constitución de esa "mesa" ha ocasionado un desorden público, desestabilización social, alteración de la paz social y la convivencia, debido a la incertidumbre generada por los alcances de la aplicación de la directriz cuestionada. Alega que es necesario que se ordene la suspensión de las "Mesas Técnicas Interinstitucionales" para sesionar en cualquier territorio indígena, para evitar alteraciones al orden y paz social.

Sobre el particular, la Sala tiene por demostrado que mediante directriz n.° 003-MJP del 9 de agosto de 2022, la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia y Paz dispusieron la “Creación y declaratoria de interés público de la mesa técnica interinstitucional para la construcción de la ruta de trabajo y la atención de la población indígena 2022-2026”. En tal directriz se dispuso:

“Artículo 1º-Creación y objetivo de la mesa técnica interinstitucional para la construcción de la ruta de trabajo y la atención de la población indígena 2022-2026. Se crea la Mesa Técnica Interinstitucional para la construcción de la ruta de trabajo y atención de la población indígena 2022-2026, como un equipo de trabajo tendiente a generar, el inicio del proceso de diálogo intercultural para la construcción de la ruta de trabajo para la atención de la población indígena 2022- 2026 en aras de garantizar los derechos fundamentales de la población indígena.

Las instituciones que conforman la Mesa Técnica Interinstitucional son: Viceministerio de Justicia y Paz en la figura del Viceministro de Paz, la Directora de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos a cargo de la Unidad Técnica de consulta indígena o quienes estos designen, Comisión Nacional de Asuntos Indígenas en la figura de la Directora Ejecutiva o quien está designe, Instituto de Desarrollo Rural en la figura del Presidente Ejecutivo o quien este designe, Ministerio de Seguridad Pública en la figura del Viceministro de Seguridad Pública o quien este designe, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la figura de la Ministra o quien esta designe, y la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad en la figura de la Directora Nacional o quien esta designe.

La Mesa Técnica Interinstitucional realizará las coordinaciones promoviendo la participación y coordinación a lo interno de cada territorio en comisiones a nivel local y regional que estarán integradas por Asociaciones de Desarrollo Indígena, Consejos de Mayores, distintas organizaciones internas de cada territorio (mujeres, artesanos, comités de salud, agua, cultural, jóvenes y educación) y representantes de población indígena transfronteriza, así como personas indígenas individuales. Esto con el fin de garantizar que la participación sea lo más amplia posible y haya una verdadera representación para la construcción de la hoja de ruta como una agenda nacional indígena.

Artículo 2º-Conformación de la ruta de trabajo. La ruta de trabajo, se espera sea el producto guía de la Mesa Técnica, contendrá los ejes principales a abordarse para con la población indígena, con base en las recomendaciones vertidas por la Organización de Naciones Unidas, y tendrá como mínimo, la atención prioritaria de los siguientes temas: a) Derecho a la tierra y al territorio; b) Acceso a servicios públicos; c) Libre determinación, autogobierno y participación; d) Consulta y consentimiento previo libre e informado; e) Reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la protección del medio ambiente; f) Política Pública para Pueblos Indígenas; g) Enfoque de género, y h) Respeto a los derechos de la niñez y la adolescencia indígena.

Esta ruta, generará como producto el documento "Hoja de ruta" que será consensuada con las agendas locales de los veinticuatro territorios de los ocho pueblos indígenas mediante procedimientos culturalmente apropiados, para que puedan realizar sus aportes y enriquecer las propuestas de trabajo, cada año se realizara una revisión de avances y presentación de informe a los territorios y una valoración a medio periodo de la pertinencia de la ruta conforme realidad y posibles cambios en los territorios indígenas.

Artículo 3º-Sesiones. La Mesa Técnica Interinstitucional para la construcción de la ruta de trabajo y atención de la población indígena 2022-2026, se reunirá ordinariamente al menos dos veces al mes y extraordinariamente cuando el encargado de la Mesa lo solicite.

Artículo 4º-Autoridad Responsable. El Ministerio de Justicia y Paz, a través del Viceministerio de Paz, será la autoridad encargada de coordinar la Mesa Técnica Interinstitucional, así como el seguimiento de sus funciones relacionadas con la ruta de trabajo.

Le corresponderá también, con el apoyo y asesoría de la Mesa Técnica Interinstitucional, articular con las demás instituciones las acciones tendientes a la solución de las necesidades de la población indígena.

Corresponderá al Comisionado de Inclusión Social nombrado por la Presidencia de la República, la función de acompañamiento a la comisión para el cumplimento de los objetivos de la presente Directriz.

Artículo 5º-Deber de cooperación interinstitucional. En aplicación de los principios de eficiencia, eficacia y coordinación, se insta a los Ministerios y se insta a las instituciones públicas descentralizadas, cuya participación sea considerada a incorporarse, en el ámbito de sus competencias, a la integración en el proceso de construcción de la hoja de ruta.

Artículo 6º-Declaratoria de interés público. Para asegurar el efectivo cumplimiento de sus objetivos, se declaran de interés público la Mesa Técnica Interinstitucional en la construcción de la ruta de trabajo para la atención de la población indígena 2022-2026.

Artículo 7º-Vigencia de la conformación de la Mesa Técnica Interinstitucional. La vigencia de la Mesa Técnica Interinstitucional para la construcción de la ruta de trabajo y la atención de la población indígena 2022-2026, es a partir del 09 de agosto del 2022 hasta el 07 de mayo del 2026”.

Asimismo, la Sala acredita que, el 17 de agosto de 2022, se efectuó una visita al territorio indígena Maleku en Guatuso de Alajuela. El 18 de agosto de 2022, se realizó una visita a los territorios indígenas de Ujarrás, Cabagra y Salitre en Buenos Aires de Puntarenas. El 19 de agosto de 2022, se concretó una visita a los territorios indígenas de Rey Curré, Boruca y Nombre03 en Buenos Aires de Puntarenas. El 23 de agosto de 2022, se efectuó una visita al territorio indígena de Zapatón en Puriscal de San José. La finalidad de las visitas realizadas fue: “- Dar a conocer la Mesa Técnica, sus miembros y objetivos (primer acercamiento con los territorios). - Presentación de ejes mínimos de trabajo bajo una modalidad participativa e inclusiva. - Escucha y recopilación de necesidades varias de la población, a fin de darles respuesta. - Continuación de las visitas para informar de la construcción de la ruta de trabajo de manera conjunta y validarla. - Explicación sobre la medida cautelar MC-31-12 interpuesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (esto en los territorios de Salitre y Térraba). - Situación actual de los terrenos objeto de disputa”. El mecanismo de participación en las visitas realizadas fue el siguiente: “- De manera verbal, llevando un listado de personas que querían participar para moderar el uso de la palabra. - Recibido de correspondencia que los territorios ya llevaban preparada. - Puesta a disposición de los asistentes, de hojas y lapiceros, a fin de que pudiesen plasmar sus necesidades y peticiones a la mesa técnica, con el fin de darles respuesta”.

Aunado a ello, de los informes rendidos por las autoridades accionadas -con las solemnidades y responsabilidades que ello conlleva-, se desprende que los puntos comunes que se establecieron como necesidades primordiales en los territorios indígenas fueron: “- Reparación de caminos y puentes en general - Construcción y reparación de infraestructura escolar - Solicitud de respuesta a afiliaciones de parte de las Asociaciones de Desarrollo Integral (en adelante ADI) de los territorios. - Solucionar los problemas de gobernanza en territorios - Respeto a organizaciones ancestrales - Necesidad de servicios de electricidad - Mejoramiento de la calidad del agua - Empoderamiento de la mujer indígena - Rescate a su patrimonio cultural y ambiental - Solución al problema de recuperación de tierras por las vías de hecho - Solución al problema de discriminación de personas indígenas”. Inicialmente, en algunos espacios dentro de los territorios indígenas se dieron desacuerdos por parte de la población indígena en relación con la presencia de personas no indígenas, ante lo cual la mesa técnica explicó que la reunión a efectuar no era un espacio objeto de consulta indígena, sino que, al ser una visita de primer acercamiento, escucha, diálogo y detección de necesidades, se iba a poner especial atención a todas las personas que estuviesen anuentes a participar, sin distinción de su condición étnica, racial o de otra índole. El transcurso de las reuniones, se dio bajo un margen de respeto, sin agresiones ni violencia entre las personas.

Desde este panorama, a criterio de este Tribunal, si bien la directriz objeto de este recurso guarda vinculación con la población indígena, no menos cierto es que la misma versa sobre acciones de coordinación propias del Estado, a través de su estructura de gobierno.

Y como tal, en aplicación de lo expuesto en el considerando IV de este pronunciamiento, no se traduce en una medida administrativa que genere una afectación diferenciada en la población indígena, que requiera ser sometida a un proceso de consulta en los términos del Convenio n.° 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, ni la aplicación de lo dispuesto en el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas (decreto ejecutivo n.° 40932-MP-MJP).

En este sentido es importante destacar que la directriz n.° 0003-MJP del 9 de agosto de 2022, lo que procura es articular a las instituciones estatales para conformar un “equipo de trabajo tendiente a generar, el inicio del proceso de diálogo intercultural para la construcción de la ruta de trabajo para la atención de la población indígena 2022- 2026 en aras de garantizar los derechos fundamentales de la población indígena”. Y también procura que se realicen las “coordinaciones promoviendo la participación y coordinación a lo interno de cada territorio en comisiones a nivel local y regional que estarán integradas por Asociaciones de Desarrollo Indígena, Consejos de Mayores, distintas organizaciones internas de cada territorio (mujeres, artesanos, comités de salud, agua, cultural, jóvenes y educación) y representantes de población indígena transfronteriza, así como personas indígenas individuales. Esto con el fin de garantizar que la participación sea lo más amplia posible y haya una verdadera representación para la construcción de la hoja de ruta como una agenda nacional indígena”. De igual forma, la hoja de ruta generada por la mesa interinstitucional, según lo dispone la directriz, “será consensuada con las agendas locales de los veinticuatro territorios de los ocho pueblos indígenas mediante procedimientos culturalmente apropiados, para que puedan realizar sus aportes y enriquecer las propuestas de trabajo, cada año se realizara una revisión de avances y presentación de informe a los territorios y una valoración a medio periodo de la pertinencia de la ruta conforme realidad y posibles cambios en los territorios indígenas”.

Así las cosas, se aprecia que la directriz no implica una afectación a la consulta de pueblos indígenas, en tanto su objetivo es realizar las coordinaciones necesarias para promover la participación, a lo interno, de cada territorio en comisiones a nivel local y regional que estarán integradas por Asociaciones de Desarrollo Indígena, Consejos de Mayores, distintas organizaciones internas de cada territorio y representantes de población indígena transfronteriza, así como personas indígenas individuales, a los efectos de asegurar que la participación sea lo más amplia posible y haya una verdadera representación para la construcción de la hoja de ruta, como una agenda nacional indígena.

Además, es importante poner de relieve que las visitas y reuniones efectuadas por la mesa interinstitucional el 17, 18, 19 y 23 de agosto de 2022 a los territorios indígenas no significaron la toma de decisiones sobre políticas públicas que afectarían a esas  comunidades, las cuales sí deben ser consultadas de previo, tales como lineamientos, reglamentos o normativas de carácter general que el Estado plantee en ejercicio de poder de imperio, o bien proyectos de desarrollo que produjeran alguna afectación. De ahí que las reuniones para exponer las necesidades de las zonas no atentan contra el derecho de participación de las comunidades indígenas (ver en este sentido la sentencia n.° 2014008701 de las 9:05 horas del 13 de junio de 2014).

En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.

VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.  

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso.

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ileana Sánchez N.

	

 

	

Aracelly Pacheco S.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 ABMXBU6XXQ461

EXPEDIENTE N° 22-018449-0007-CO

 

Teléfonos: Telf02/ ALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Dirección03, San José, Distrito Catedral, Dirección04, calles 19 y 21, Dirección05

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:56:26.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours fifteen minutes on the twenty-seventh of January two thousand twenty-three.

An amparo action processed in case file no. 22-018449-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, against the MINISTRY OF THE PRESIDENCY AND THE MINISTRY OF JUSTICE AND PEACE.

**Whereas:**

1.- By a brief filed with the Secretariat of the Chamber at 3:31 p.m. on August 22, 2022, the petitioner files an amparo action. He states that he is an indigenous Nombre02 of the Quitirrisí de Mora territory. He claims to be proceeding against the Minister of Justice and Peace for putting into effect Directive No. 003-MJP of August 9, 2022, in strict violation of the rights of indigenous peoples. He notes that the cited directive announced the "CREATION (sic) AND DECLARATION OF PUBLIC (sic) INTEREST OF THE INTERINSTITUTIONAL (sic) TABLE (sic) FOR THE CONSTRUCTION OF THE WORK ROUTE FOR THE INDIGENOUS (sic) POPULATION 2022-2026". He transcribes the content of the document. He notes that, in 2018, the Executive Branch convened 22 territories of the 8 indigenous peoples to celebrate the signing and entry into force, after multiple working sessions where the indigenous peoples always participated, of Executive Decree No. 40932-MP-MJP, called "General Consultation Mechanism for Indigenous Peoples". He considers that this instrument is in force and forms part of the mechanisms for the defense, protection, and guarantee of the fundamental rights of indigenous peoples. He complains that Directive No. 003-MJP of August 9, 2022 was issued to the detriment of the provisions of Executive Decree No. 40932-MP-MJP. He reproaches that the Executive Branch "without much evaluation of its actions suddenly launches the formation of this Table and we indigenous people are the last to find out". He considers that ILO Convention 169 is harmed and consequently the general consultation mechanism. He states that the constitution of this "table" has caused public disorder, social destabilization, alteration of social peace and coexistence, due to the uncertainty generated by the scope of the application of the questioned directive. He alleges that it is necessary to order the suspension of the "Interinstitutional Technical Tables" from meeting in any indigenous territory, to avoid disturbances to public order and social peace.

2.- By a ruling of the Presidency of the Chamber at 10:30 a.m. on August 25, 2022, the amparo action was admitted. Likewise, a report was requested from the Minister of Justice and Peace and the Minister of the Presidency.

3.- By a brief filed with the Chamber on August 29, 2022, Doris Ortiz Ortiz, José Manuel Calderón Calderón, Bernabé Zúñiga Díaz, and Antonio Fernández Fernández request to be coadjuvants in the present amparo action.

4. Under oath, Natalia Diaz Quintana, Minister of the Presidency, and Gerald Campos, Minister of Justice, report that through Directive 003-MJP of August 9, 2022, which was published in the Official Gazette La Gaceta No. 162 on August 26, 2022, called "Creation of the Interinstitutional Technical Table for the construction of the work route and the attention of the indigenous population 2022-2026", its objective was to generate the start of the intercultural dialogue process for the construction of the work route, for the attention of the indigenous population 2022-2026, in order to guarantee the fundamental rights of the indigenous population. In this sense, the necessary evaluations must be carried out that allow promoting participation and coordination within each territory in commissions at the local and regional level, which will be composed of Integral Development Associations (Asociaciones de Desarrollo Indígena), Councils of Elders (Consejos de Mayores), different internal organizations of each territory (women, artisans, health, water, cultural, youth, education committees, among others) and representatives of the cross-border indigenous population, as well as individual indigenous persons. This, in order to guarantee that participation is as broad as possible and there is true representation for the construction of the roadmap, as a national indigenous agenda. The minimum axes of action under which the Technical Table proposes the construction of the roadmap are the following: - Right to land and territory; - Access to public services; - Self-determination, self-government, and participation; Free, prior, and informed consultation and consent; - Recognition of the rights of indigenous peoples in environmental protection; - Public Policy for Indigenous Peoples; - Gender focus, and - Respect for the rights of indigenous children and adolescents. These work axes generated as a product the document: "Roadmap" (“Hoja de ruta”) which will be agreed upon with the local agendas of the 24 territories of the 8 indigenous peoples, through culturally appropriate procedures, so that they can make their contributions and enrich the work proposals; in this sense, each year a review of progress will be carried out and a report presented to the territories, and a mid-term evaluation of the relevance of the route will be conducted, according to the reality and possible changes in the indigenous territories. Therefore, the work route will be the product of a consensual construction with indigenous territories for its validation. The aforementioned directive is based on the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples of September 13, 2007, and the American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples of June 14, 2016, which establish the duty of States to guarantee the full and effective participation of indigenous peoples. Likewise, it was based on Law No. 7316 of November 3, 1992, in which the Legislative Assembly of the Republic of Costa Rica approved the adoption of Convention No. 169 of June 27, 1989, concerning Indigenous and Tribal Peoples of the International Labour Organization, in order to develop, with the participation of the peoples concerned, coordinated and systematic action to protect the rights of these peoples and guarantee respect for their integrity, in accordance with the Indigenous Law, Law No. 6172 of November 29, 1977, which establishes, in its Article 2, that "Indigenous communities have full legal capacity to acquire rights and contract obligations of all kinds.", as background to the issuance of Directive 003-MJP, the following actions were taken: 1. At the beginning of the current administration (2022-2026), one of the topics considered to be addressed as a priority is the problems experienced by the different indigenous territories, which over time have suffered systematic violations of their fundamental rights. Thus, from the Presidency of the Republic, the following decisions were taken, starting in May 2022: a. Change the strategy for addressing the issues of this population, going from being attended by the then Vice-Ministry of Political Affairs and Citizen Dialogue of the Ministry of the Presidency, with an advisor on indigenous matters, (in the previous government period 2018-2022), to a WORKING COMMISSION, led by the Vice-Ministry of Peace, in order to propose a diagnosis of the main problems that should be addressed for this population, in order to propose a work route, such commission arises in this new government with the clear interest of integrating all representatives of the Executive Branch, who may have any relationship with indigenous issues. b. The initial working group to propose this diagnosis was represented by key institutions, directed to lead, within the framework of their competencies, the main problems and conflicts in the territories: - Institute of Rural Development (Instituto de Desarrollo Rural, INDER) - Ministry of Public Security - Ministry of Justice and Peace - National Directorate for Alternative Conflict Resolution (Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos) (in charge of the Technical Unit for Indigenous Consultation) - National Directorate for Community Development (Dirección Nacional de Desarrollo Comunitario, DINADECO) - National Commission for Indigenous Affairs (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, CONAI) - Ministry of Labor and Social Security. 2. Thus, after several working sessions, various problems to be addressed were observed, with their possible actions and responsible parties, which are reflected in the minimum work axes, as established in the directive in question. 3. In addition to the above, the Vice-Ministry of Peace was designated by the President of the Republic as coordinator of this working group. Given that, from the development and implementation of these initial work points, the following actions were carried out, starting in May 2022: a. Constant attention, in writing and in person, to representatives of organizations and associations of the indigenous territories, to listen to their main needs and channel them immediately with the competent entities. b. The commitment was assumed to maintain a continuous dialogue with each territory for the follow-up of these activities and so that they can enrich the actions of this Government with their contributions. c. Creation of the aforementioned directive 003-MJP, in which the working group, called "Interinstitutional Technical Table to address the work route of the indigenous territories, in the period 2022-2026", is declared of public interest. d. Likewise, by the Presidency of the Republic, a Commissioner for Social Inclusion was designated to support the Vice-Ministry of Peace on issues related to the indigenous population and to provide accompaniment to this working group. Directive 003-MJP aims to publicize the creation of an interinstitutional work team, to resume the State's duty to generate all efforts aimed at guaranteeing access to the human rights of indigenous peoples, through coordinated actions and a permanent dialogue between the Executive Branch, public institutions, and indigenous peoples. Therefore, the declaration of public interest of this Technical Table is given in order for the other entities of the state apparatus to pay special attention to a requirement or request formulated by the Interinstitutional Technical Table to solve a specific problem with an indigenous territory, including forming articulated actions, to improve the conditions and quality of life of that population. The foregoing, of course, under an intercultural and human rights approach, understanding this as a framework for analysis and action. This implies a process of permanent dialogue, resuming the principles established in ILO Convention 169, and thus pertinently address the needs of the indigenous population with culturally appropriate procedures, contributing to the rest of the public institutions incorporating this approach and providing public services to said population, with cultural relevance. On April 5, 2018, Executive Decree No. 40932-MP-MJP was published in the Official Gazette La Gaceta No. 59 of the same date, regarding the creation of the general indigenous consultation mechanism, which aims to regulate the obligation of the Executive Branch to consult indigenous peoples freely, priorly, and in an informed manner, through appropriate procedures and through their representative institutions, whenever administrative measures, legislative bills promoted by the Executive Branch, or private projects, likely to affect them, are foreseen. This decree incorporates the principles established in ILO Convention 169, whose purpose is the defense, protection, and guarantee of the fundamental rights of indigenous peoples. The construction of the decree in question originated in Article 3 of Executive Directive 042 MP of March 4, 2016, on the Construction of the Consultation Mechanism for Indigenous Peoples, as a process through which the Consultation Mechanism for Indigenous Peoples would be built, jointly and exclusively, between the Government of the Republic and the peoples of the 24 indigenous territories. For the preparation of this decree, the Vice-Ministry of Political Affairs and Citizen Dialogue at that time, together with multiple public institutions, held 22 Informational Workshops, 62 Gatherings in 24 indigenous territories of the country, a National Gathering of Indigenous Youth, four Informational Gatherings with indigenous students from the University of Costa Rica, the Distance State University, and the National University of Costa Rica, 22 Final Feedback Workshops, and 2 National Indigenous Consultation Gatherings. Subsequently, the Indigenous Drafting Commission and the Vice-Ministry of the Presidency for Political Affairs and Citizen Dialogue, opportunely generated a proposal for a General Indigenous Consultation Mechanism, which brought together the demands of the indigenous peoples and the technical, political, and legal specifications that guarantee the proper application of the instrument, based on the possibilities of the Executive Branch. In this sense, there is a consensus document approved by the unanimity of the indigenous delegates present, after the final observations and the reaching of agreements. However, it is not true that, in the case of Directive 003-MJP of August 9, 2022, the right to consultation of the indigenous territories of our country was violated, because, first, it constitutes a provision of the Executive Branch aimed at administratively organizing an interinstitutional and interdisciplinary working group, which in an articulated manner will be responsible for working on the different problems of the indigenous territories, and developing a work route based on diagnoses and their possible solutions. The foregoing, by virtue of the State's responsibility to ensure the fundamental rights of individuals, and especially, the rights of indigenous populations, given their current vulnerability, so it is not acceptable for the Government and its institutions to be passive in the face of these situations, or for their activities to be on the sidelines, or to work in an uncoordinated manner, without concrete results, towards this group of inhabitants. It is a sovereign power established in the administrative legal system for the State to establish its own organization, in order to satisfy the public interest. An example of this is that, as background to the issuance of the aforementioned directive, there are other decrees issued by previous governments, which, by virtue of responding to an administrative organization so that the State can fulfill its duties, were not themselves subject to prior indigenous consultation: - No. 017-MP-MJP of August 9, 2018: Process of intercultural participatory construction of public policy for indigenous peoples 2019-2024 - No. 42250-MAG-MP of March 13, 2020: Declaration of public interest of the National Plan for the recovery of indigenous territories (Plan-RTI), led by INDER and in coordination with the Vice-Ministry of Political Affairs and the Ministry of Justice and Peace. Secondly, the Interinstitutional Technical Table was not created to make decisions about indigenous territories, nor is it responsible for implementing actions on indigenous territories once that work route is developed. It emanates from the directive that the work route will be a co-constructed, consensual, and participatory effort with the indigenous territories, which will undergo a validation process, under culturally appropriate procedures, in order to facilitate the State's fulfillment of its duties in matters of human rights. This participatory construction, although not an indigenous consultation process, is carried out under the general principles of participation, good faith, and cultural relevance established in the general indigenous consultation mechanism, so that these inhabitants can know, develop, contribute to, and validate, jointly, the work route together with the government, for its execution. Thirdly, from reading the questioned directive, it is clear that the Institutional Technical Table will work on cross-cutting axes that remain pending to grant to the indigenous population, such as indigenous public policy, the national indigenous agenda, and policies related to gender focus, children, adolescents, and vulnerable populations, among other initiatives (according to the contributions received from the indigenous population to this work route). Instruments on which the Technical Table must initiate the pertinent indigenous consultation process. As a fourth point, Article 2(g) of Executive Decree No. 40932-MP-MJP, which creates the Indigenous Consultation Mechanism, states: "(…) g. Administrative measures. These include, among others, administrative acts, public policies, executive decrees, and development projects, promoted by public institutions of the Executive Branch (…)". On the other hand, Article 13 of said norm states: "Article 13.- Specific measures to be consulted contained in international treaties. - All those specific administrative measures contained in ILO Convention 169 concerning indigenous and tribal peoples must be consulted, namely: a. Exploration or exploitation of natural resources within the Territories (Art. 15, Convention 169); b. Relocation or removal of indigenous peoples (Art. 16 of Convention 169); c. Alienation of lands or transmission of rights over lands outside the community (Art. 17 of Convention 169); d. Vocational training programs (Art. 22 of Convention 169); e. Educational institutions and own means of education (Art. 27 of Convention 169); f. Teaching of the indigenous language (Art. 28 of Convention 169) (…)". The issuance of this provision by the Executive Branch in no way violates the provisions established by ILO Convention 169, nor the general indigenous consultation mechanism, since the directive itself is an administrative measure that does not affect the collective rights of the indigenous peoples, but rather provides for the organization of the State, to comply jointly with the construction of the work route with the indigenous peoples, expressly indicating that it will be carried out through culturally appropriate procedures. In this sense, Article 5 of that decree establishes the principles of good faith, free and informed consent, free participation, and the inclusion of culturally appropriate procedures, understanding this as allowing the free and adequate expression of the systems of cultural, social, and political organization of the Indigenous peoples, as well as their forms of communication and their language, within the framework of their worldview, through methods adjusted to the cultural, socioeconomic, geographic, demographic, and climatological particularities of the consulted indigenous territories. Therefore, the petitioner's assertion must be rejected outright, as it lacks factual and legal basis. Third, fourth, and fifth facts Regarding these alleged facts, they will be addressed jointly as they frame the same issue, preliminarily indicating that they are NOT true and therefore must be rejected. As part of the initial activities of the technical table, visits to the indigenous territories detailed below have been carried out to date: - August 17, 2022: Maleku territory, Guatuso de Alajuela - August 18, 2022: territories of Ujarrás, Cabagra, and Salitre, Buenos Aires de Puntarenas - August 19, 2022: territories of Rey Curré, Boruca, and Térraba, Buenos Aires de Puntarenas. - August 23, 2022: territory of Zapatón de Puriscal, San José The purpose of these visits was: - To publicize the Technical Table, its members, and objectives (first approach with the territories). - Presentation of minimum work axes under a participatory and inclusive modality. - Listening and collecting various needs of the population, in order to respond to them. - Continuation of visits to inform about the construction of the work route jointly and validate it. - Explanation of precautionary measure MC-31-12 filed before the Inter-American Court of Human Rights (this in the territories of Salitre and Térraba). - Current situation of the lands under dispute. The call made had active and significant participation by the population inhabiting each of the territories, as described in the evidence provided. This participation occurred in the following manner: - Verbally, keeping a list of people who wanted to participate to moderate the use of the floor. - Receiving correspondence that the territories had already prepared. - Providing attendees with sheets of paper and pens, so they could express their needs and requests to the technical table, in order to respond to them. Among the common points established in the territories as primary needs were: - Road and bridge repair in general - Construction and repair of school infrastructure - Request for a response to affiliations from the Integral Development Associations (Asociaciones de Desarrollo Integral) (hereinafter ADI) of the territories. - Solving governance problems in territories - Respect for ancestral organizations - Need for electricity services - Improvement of water quality - Empowerment of indigenous women - Rescue of their cultural and environmental heritage - Solution to the problem of land recovery through de facto means - Solution to the problem of discrimination against indigenous persons In these meetings, carried out as a first approach, the need was established to establish a permanent dialogue with the beneficiaries of MC-321-12 to resume the search for consensual agreements, which in the area of Nombre03 was a great start by achieving a first agreement on governance, between one of the councils of elders (consejos de mayores) and the Integral Development Association of each territory, related to the inclusion of indigenous persons in the database that said territory has available. Likewise, information was provided on the current status of the resolution of the unconstitutionality action 21-017138-0007-CO, against jurisprudence of the First Chamber of Cassation of the Supreme Court of Justice, in relation to Article 3 of the Indigenous Law (judgments numbers 000920-F-S1-2015 at 2:30 p.m. on August 6, 2015, 002848-A-S1-2020 at 10:10 a.m. on December 3, 2020, 002878-F-S1-2020 at 10:35 a.m. on December 10, 2020, and 000681-F-S1-2021 at 10:00 a.m. on March 25, 2021), deeming it contrary to Articles 9, 11, 41, and 45 of the Political Constitution, and to the principles of good faith, legitimate expectations, and non-confiscation. Likewise, the territories viewed these visits as a positive aspect, for the following reason: - The participants described as "historic" the presence of several authorities at the same time, working in an articulated manner as a team for the benefit of the population. - Both indigenous persons and those not recognized as indigenous were heard and could express their requests, feelings, and needs. - They had the possibility of meeting in person the members of the Interinstitutional Technical Table who will be responsible for carrying out the Government's task of solving their problems, under the pertinent processes. To date, the Interinstitutional Technical Table continues to serve the different indigenous users who require it. An example of this is resuming efforts with institutions such as the Judiciary and the United Nations, who have also seen positive reactions from the deployed actions, making themselves available to act as observers of the processes to follow. Now, regarding the petitioner's assertions that the visits of this working group have generated acts of violence, disorder, and chaos, they are inaccurate and must be rejected. Initially, in some spaces within the indigenous territories, disagreements arose from the indigenous population regarding the presence of people they termed "non-indigenous", to which the technical table explained that the meeting to be held was not a space subject to indigenous consultation, but rather, being a first-approach visit for listening, dialogue, and needs detection, special attention would be paid to all persons willing to participate, without distinction of their ethnic, racial, or other condition. The meetings proceeded under a margin of respect, without aggression or violence among the people. The petitioner provides, as proof of acts of violence, press articles related to two specific events set forth below: - Statement by a participant, about the homicide of the indigenous leader Nombre04: Regarding this event mentioned by the petitioner, it is held, firstly, that it did not occur in indigenous territory, but in the central area of Buenos Aires de Puntarenas; this by virtue of a request for space in the work agenda to attend the Multiethnic Pluricultural Association of Buenos Aires (Asociación Multiétnica Pluricultural de Buenos Aires, AMPBA), constituted by persons not recognized as indigenous, who live in indigenous territories subject to land conflicts. At that meeting, a man named Nombre05 stated that he killed the indigenous leader of Nombre03 named Nombre04, indicating that he did so in legitimate defense, given that he was usurping his territory violently. While there was applause from the people present at the site, no violent act affecting the indigenous population occurred in that space, as indicated by the amparo petitioner. However, the Technical Table, through its Coordinator, via the pertinent press releases, repudiated the fact of the applause for the commission of a crime, as this conduct is contrary to all human rights. Likewise, it was confirmed that the fact is under judicial process, awaiting the trial stage, and that Mr. Nombre05 is under precautionary measures, so this public and notorious statement will be subject to evaluation by the Prosecutor's Office, regarding the relevance of its incorporation as evidence in the process. The facts that were the subject of the statement date back to 2020 and are under the criminal process conducted under case file 20-000108-0990-PE, so they were NOT caused by the visit of the Institutional Technical Table. - Alleged conflict of interest by the director of the National Commission for Indigenous Affairs (CONAI), by acting in the session held in the Térraba Territory, as president of the ADI of that locality, and at the same time, as a member of the Interinstitutional Technical Table. Likewise, due to the "apartheid" caused by discriminating between indigenous and non-indigenous persons: This news is completely inaccurate, since although the Director of CONAI, Daniela Gutiérrez Villanueva, is part of the Interinstitutional Technical Table and was present at the visit to the mentioned territories, in the case of the visit to Térraba, where she is originally from and also the president of the ADI, the official, prior to the start of the session, proceeded to indicate to the people present that for that activity she would step aside from the table, in order to direct the assembly, indicate the objectives, establish the order of activities, and moderate the use of the floor by the participants. However, at no time did she issue any opinion regarding the Technical Table that was present, as evidenced by the video of that session, which is provided as evidence. In addition to the foregoing, as stated in the certification dated August 29, 2022, issued by the National Directorate for Community Development (DINADECO), Ms. Gutiérrez Villanueva no longer serves as President of that Association, so the news lacks current interest.

It is important to note that Executive Decree No. 41903-MP, of August 8, 2019, called Officialization of the Database of Persons of the Térraba/Brörán Ethnicity, as a Consultation Mechanism for the Public Administration and its Declaration of National Interest, states, in its article 3, that the verification of the information supported in the Database of Persons of the Térraba/Brörán Ethnicity must be consulted to the Civil Registry within a procedure activated by the administered party, or officially, by the Public Administration, when it is required to certify that a person belongs to the Térraba/Brörán ethnicity. The consultation of the Database of Persons of the Térraba/Brörán Ethnicity will be mandatory for public institutions and their officials, when facing an administrative procedure linked to the condition of being an indigenous person. In the case of Térraba, it is important to indicate that a legal instrument exists, which the territory determined to identify who is indigenous or not, so there was no "apartheid" whatsoever, as mentioned by the petitioner for amparo. Finally, it is worth highlighting that, after the visit of the Interinstitutional Technical Working Group in the indigenous territories, the acts of violence related to land recoveries by de facto means and other types of aggressions decreased with respect to the situations that the territories of Buenos Aires de Puntarenas had been experiencing, especially in Térraba, Salitre, and Cabagra. According to report MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRSBRUN-DPCBA-0996-2022, dated August 29, 2022, signed by Captain José Ríos Morales, Chief of the Police Delegation of Buenos Aires, he stated that the events that have occurred in recent days with the indigenous population are incidents that are part of a conflict that has existed for months or more than a year, so, from the perspective of the Public Force (entity that responds to the incidents), it can in no way be attributed that they arise from the appointment of the Technical Working Group and the work session that took place in Buenos Aires; in fact, the type of incident, participation of one or the other party, and characterization are similar to previous ones that have occurred since the beginning of the conflict. Likewise, he mentioned that the current state of the territories is one of complete normality. No incidents related to indigenous conflicts over land tenure, involving complex police intervention or requiring resources from other delegations, have been attended to, and these are cases that began long before the appointment of the Technical Working Group. However, to be responsible regarding the matter, as it is an issue with decades of history and which has intensified in the last one, as a result of de facto actions known as land recoveries, at any moment a case could be being attended to that implies greater coordination by the police to restore peace and prevent acts of disturbance and violence, and this should not be attributed to the emergence of a new actor, since the root of all conflict related to what has been discussed continues to be the one that has existed for several decades, that is, the land tenure within the indigenous territories. In conclusion, it is not true that the visits of the Technical Working Group resulted in greater violent events; on the contrary, the reactions to this first approach were positive, an example of which was the very gratitude of the indigenous territories for the visit made, as well as official letter AL-FPLN-SRM-OFI-190-2022, dated August 23, 2023, signed by Congresswoman Sonia Rojas, who was present at the activities in the indigenous territories of Buenos Aires de Puntarenas; in addition to other media outlets that have expressed themselves positively towards the actions of this working group. By virtue of the foregoing, the appellant's argument regarding the derivation of violent acts due to the creation of the Interinstitutional Technical Working Group stems entirely from subjective assessments and is unfounded.

5.- By a document incorporated into the digital case file at 10:52 p.m. on September 5, 2022, Doris Ortiz Ortiz and José Manuel Calderón Calderón, who request to be coadjuvants in the remedy, reply to the report submitted by the authorities. They state: "We are filled with dismay observing the report presented by the respondents, for the following reasons. Second: It is inappropriate to justify their actions on prior rights violations, especially in a country like ours that boasts respect for the rights of the indigenous population; the fact that other directives were previously issued without consultation, which today are affecting us, does NOT give the respondents the right to incur in the same actions violating our rights. Consequently, and having learned of the previous violation of the rights of the indigenous community, we would hope that as a new government and new senior officials, you act safeguarding the violated rights, but never use the context of rights violations for their continuity and permanence. It is audacious for the respondents to make assessments of what affects or benefits the indigenous community, a situation they can never determine for us, we who as a people, part of the community, with a very different feeling and thinking, are the only ones who, according to our own determination, each indigenous people and territory, could assess, consider, and issue an opinion on whether it affects or benefits us; what also greatly affects us is that others or the administration decide for us; we have spent years suffering the consequences of the decisions made in San José, and in our territories everything arrives as an imposition. Third, Fourth, and Fifth fact: It is not true regarding any agreement between the Association and the Council of Elders, given that attempts were made to approach Mr. Nombre06 and Mr. Genaro Gutiérrez Reyes, the latter of whom, at that time, was not yet President of the Association and therefore did not have the capacity to act as a representative of the ADI at that moment; and regarding the agreement they claim to have reached with the Bröran Council of Elders and Mr. Diego Álvarez Vargas, to this day no response has been received from Mr. Nombre06, nor from the Bröran Council of Elders, so there was no fulfillment of any agreement, and the discourse came to nothing. The social chaos they generated for the indigenous population was presented to the President of the Republic in writing directly to his office on August 23, 2022, to the email address ...01, its receipt confirmed the same day; however, to this day they have not issued any justification or response. (See document sent to the President). On the particular issue of the conflict of interest, it took place and persists; Daniela Gutiérrez Villanueva was the President of the ADI at that time; her appointment expired on the 29th of August of this year; as of that date, her father Genaro Gutiérrez Reyes assumed the position; currently, she is the Executive President of CONAI, a member of the Technical Working Group, and the daughter of the President of the ADI of Térraba. (See birth certificate, certificates of legal capacity). Regarding the support of Congresswoman Sonia Rojas Méndez for the Technical Working Group, it is evident to us that what she intends is to get on their good side to get them to approve the list of petitions they presented at the last meeting on August 18, 2022, with her and her brother, the Mayor of Buenos Aires, presenting themselves as Migrant Indigenous Persons Outside Territory, a meeting in which a list of petitions was made to the working group for family benefit; our interests as the population of the indigenous territories we represent are far removed from those of the Congresswoman, she definitely does not represent us, nor is she our voice; she has never approached us to hear our feelings in order to transmit the opinion of the indigenous population. (See video of the MIFUTES meeting). What was clear is that the cited directive was not consulted with any indigenous territory, so we again request the honorable magistrates to take into consideration everything indicated in protection of our rights."

6.- By a document incorporated into the digital case file at 6:35 p.m. on September 6, 2022, the petitioner states that, in the best colonialist style, the respondents, believing themselves to be the gods of Olympus, at their convenience and without hesitation, impose what they consider to be best for the original peoples. They have taken the human rights of indigenous peoples as their own and intend to justify their heinous actions on the grounds that they do everything for the benefit of the indigenous population, because, according to them, that is what they need. Little or nothing has mattered to them that an entire indigenous people, for many years and culminating in 2018, celebrated its main weapon against the violation of our fundamental rights, which is supported and sheltered under Convention 169 of the ILO on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, that is, the "General Consultation Mechanism for the Indigenous Peoples of Costa Rica", decree No. 40932-MP-MJP, whose objective is: "to regulate the obligation of the Executive Branch to consult indigenous peoples freely, prior, and informed, through appropriate procedures and through their representative institutions, whenever administrative measures, draft laws promoted by the Executive Branch, or private projects are foreseen, capable of affecting them." He considers what was carried out by the respondents in issuing and putting into execution a directive that obligatorily should have been consulted in respect and guarantee of our fundamental rights is lamentable, but even more lamentable is the audacity, disrespect, preponderance, arrogance, lack of decorum, and professional ethics of justifying their arbitrary, atrocious, and abusive actions as they have stated in their report. He reiterates, in the best colonialist style, they believe that by imposing this directive by force they will achieve the long-desired peace in our territories; according to them, they will achieve the vindication of our rights, when the exact opposite has been amply demonstrated; the social chaos generated by the actions of this "working group" in the different indigenous territories visited has generated all kinds of repudiation, controversies, social chaos, and even death threats, all of which has been evidenced by multiple news reports from various nationally circulating media. It is equally lamentable and reprehensible how the respondents try to "validate" the failure to conduct a consultation for this directive, on the grounds that other similar ones were not consulted; this weak argument reveals the arbitrariness of the respondents in applying the general consultation mechanism at their whim, when in reality they are the first who should guarantee the application of said instrument in the measures they themselves promote, such as the directive at hand. Equally lamentable and concerning is the uncontroversial fact that these violations occur within the scope of the competencies of the entity called to be the guarantor or governing body of the consultation processes, which should have an exemplary position for the rest of the passive subjects. Regarding the third, fourth, and fifth points, the respondents must consider that the directive has national scope and affects all indigenous people of the 24 territories and of the 8 peoples, which is why it cannot be viewed in an isolated or regional manner, since sooner or later this working group will come to create a storm in each of our peoples; chaos is inevitable, as published by the various media outlets and as made known in the remedy at issue. He considers that the social chaos that this "technical working group" generated for the indigenous population in Buenos Aires de Puntarenas was presented to the President of the Republic in writing directly to his office on August 23, 2022, to the email address ...02, who confirmed its receipt the same day. However, to this day they have not issued any justification or response. The intimidating, threatening, and arrogant tone of the person leading the so-called "technical working group," that is, Mr. Deputy Minister of Justice and Peace, Sergio Sevilla, in all the places he visits should not be overlooked; for example, on Friday, September 2, he attended, along with the other members of the technical working group, a meeting where leaders from different indigenous peoples participated in Guadalupe, Parque Sendas, where, with an intimidating tone, reiteratively and challengingly, he indicated that an amparo remedy had been filed against the creation of the technical working group and that this would affect their functions. He believes there is a flagrant violation of the fundamental right to consultation; the respondents signed and put into execution a directive without even a single indigenous people having been consulted.

7.- By a document incorporated into the digital case file at 1:43 p.m. on September 7, 2022, Nombre07, in his capacity as representative of the Association for the Integral Development of the Indigenous Reserve of Guatuso, files a request for passive joinder. He states his position against the amparo remedy at issue and requests that the remedy be dismissed. He details: "ON LEGITIMATE STANDING: We ground ourselves in accordance with Article number 34 of the Law of Constitutional Jurisdiction as a guarantee to present this request for passive joinder as we represent the interests of an entire indigenous people, manifesting ourselves against the present amparo remedy and against the petitioner's thesis. As can be appreciated, the petitioner questions, among other points, the following reasons: VIOLATION OF THE FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE INDIGENOUS PEOPLES OF COSTA RICA IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL REGULATORY FRAMEWORK CONVENTION 169 OF THE I.L.O. ON INDIGENOUS AND TRIBAL PEOPLES IN INDEPENDENT COUNTRIES, THE GENERAL MECHANISM FOR CONSULTATION OF INDIGENOUS PEOPLES NO. 40932-MP-MJP, AND THE ABUNDANT JURISPRUDENCE THAT THIS HONORABLE CHAMBER HAS DEVELOPED TO THAT EFFECT. The petitioner also mentions as an effect THE ENTRY INTO FORCE OF AN ADMINISTRATIVE DIRECTIVE WITHOUT BEING CONSULTED, WHICH HAS GENERATED DESTABILIZATION AND SOCIAL CHAOS, ALTERATION OF PEACE AND COEXISTENCE. Under the analysis of this local government and representative of the Maleku indigenous community, we consider that the petitioner's thesis, far from representing the defense of indigenous rights, presents a scenario of absolute insecurity and violation of our rights as an indigenous people should this amparo remedy prosper. This local government, observing the contested directive and verifying its application in the field, such as the visit of the technical commission to the Malecu territory on August 16th of this year, fully establishes the appropriateness of the directive, in full concordance with national and international norms, especially Convention 169 of the I.L.O. This local government was informed of the visit of the technical commission to the territory, where wide dissemination was made for the full participation of all Malecu indigenous people, leaders and directors, men and women, older adults, organizations that comprise the Malecu indigenous governance, and of course, this local government. Given this scenario and based on the petitioner's allegations, as a local government we state that: 1. We are fully aware of the issuance of directive number 003-MJP for addressing Costa Rican indigenous issues. 2. That this local government understands that there is a state obligation to organize itself administratively from the Executive Branch to articulate with indigenous peoples under the diverse principles contained in the contested directive. 3. That from the beginning we were informed that the purpose of the visit to our territory by the working commission was to present the technical commission established by the government, its authorities, and for the exchange of diverse information. 4. That this local government reaffirms that neither from the directive nor on the occasion of the visit of the Technical Commission to our territories, any substantive agreement was made regarding indigenous rights, since the objective of the visit was solely the presentation of the working team. 5. That on the contrary, we were informed and explained the intention of the government directive and that, based on this instrument, a fully participatory process would begin for the joint construction of the work roadmap. These points allow us to state that, in accordance with the right to indigenous consultation and related to the contested directive, as a local government we find no violation of this right, given that it is understood that this directive is the form of organization for the government and its institutions to articulate with indigenous peoples. We reaffirm once again that during the government commission's visit, we were clearly told that the objective was the presentation of the working team, without the presentation of a work guide or draft proposal that would imply advancement of work without our participation; therefore, the actions carried out by the technical commission are consistent with the directive and the respect of our rights, especially the issue of consultation, which was not violated as a right of ours. Regarding the claim that the issuance of the directive generated social chaos and destabilization, alteration of peace, and other qualifiers from the petitioner, this position is not correct from our local government's perspective, because this social chaos and other qualifiers are of long standing and, far from being a product of the contested directive, a correct interpretation leads us to say that these events mentioned by the petitioner are rather due to the absence of a clear and precise directive like the one questioned here by the petitioner. The public demonstrations, calls for attention, and desperation of indigenous people, as could be seen during the various visits to the territories by the government commission, are a product of the oppression and denial of years by the Costa Rican state. The conflict between indigenous and non-indigenous people, and even among indigenous people, has always persisted, and this local government finds no grounds to disqualify the contested directive as an important guiding instrument for the beginning of the construction of our life plan in a participatory manner. Note, honorable magistrates, that the 2 murders for which the Costa Rican state bears responsibility were not a product of the issuance of a directive; on the contrary, they were a product of the absence of clear and precise directives like the one questioned here. Thus, honorable magistrates, based on our arguments and the reality of the visit of the Technical Commission to our territory, and in safeguarding our rights as an indigenous people, granting the amparo remedy in question would mean a serious violation of our rights and a clear abandonment by the Costa Rican state, which, contrary to the petitioner's thesis, would imply a growing escalation of more conflicts in indigenous communities. Our indigenous community maintains land recovery actions, 8 properties that have generated confrontation between indigenous and non-indigenous people, and the present directive is our hope for an immediate approach to this problem, and we made this known to the government commission that visited us." He requests that the remedy be dismissed.

8. By a document incorporated into the digital case file at 10:20 a.m. on September 14, 2022, Nombre08, in her capacity as elected cacica of the Guaymi ethnic territory of Conteburrica, and Juan Uriel Sánchez Agüero, in his capacity as Guetar cacique, file a passive joinder. They request that the remedy be dismissed. They consider that the petitioner acts in his personal capacity and does not represent any instance in relation to the 24 indigenous territories of the country. They state that the directive is of general scope, so the simple personal condition of the petitioner is insufficient for his intervention to be valid. They cite various instruments for the protection of the rights of the indigenous population that Costa Rica has signed. They insist that the decision to create the technical working group does not affect any right to consultation, as this action is permitted to the State. They note that the directive does not exclude indigenous people in their diverse forms of organization for its implementation; rather, it invites indigenous peoples to develop their own development agenda according to their cultural particularities and interests. They request that the remedy be dismissed.

9.- By a document incorporated into the digital case file at 7:56 a.m. on September 27, 2022, the petitioner files a second reply. He states: "FIRST: Given this atrocious outrage against the national indigenous population, we reiterate before this honorable chamber the obligation of the Costa Rican State to guarantee the ability to define, from our peoples, our own ways of life; articles 6 and 7 of Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries are clear and forceful, mandating: “Article 6 1. In applying the provisions of this Convention, governments shall: (a) consult the peoples concerned, through appropriate procedures and in particular through their representative institutions, whenever consideration is being given to legislative or administrative measures which may affect them directly; (b) establish means by which these peoples can freely participate, or to the extent possible, at least to the same degree as other sectors of the population, at all levels of decision-making in elective institutions and administrative and other bodies responsible for policies and programmes which concern them; (c) establish means for the full development of these peoples' own institutions and initiatives, and in appropriate cases provide the resources necessary for this purpose. 2. The consultations carried out in application of this Convention shall be undertaken, in good faith and in a form appropriate to the circumstances, with the objective of achieving agreement or consent to the proposed measures. Article 7 1. The peoples concerned shall have the right to decide their own priorities for the process of development as it affects their lives, beliefs, institutions and spiritual well-being and the lands they occupy or otherwise use, and to exercise control, to the extent possible, over their own economic, social and cultural development. In addition, they shall participate in the formulation, implementation and evaluation of plans and programmes for national and regional development which may affect them directly. 2. The improvement of the conditions of life and work and levels of health and education of the peoples concerned, with their participation and co-operation, shall be a matter of priority in plans for the overall economic development of the areas they inhabit. Special projects for development of the areas in question shall also be so designed as to promote such improvement. 3. Governments shall ensure that, whenever appropriate, studies are carried out, in co-operation with the peoples concerned, to assess the social, spiritual, cultural and environmental impact on them of planned development activities. The results of these studies shall be considered as fundamental criteria for the implementation of these activities. 4. Governments shall take measures, in co-operation with the peoples concerned, to protect and preserve the environment of the territories they inhabit.” IT IS UNACCEPTABLE THAT WE FOUND OUT ABOUT THE ENTRY INTO FORCE OF THIS DIRECTIVE AND THE FORMATION OF THE TECHNICAL WORKING GROUP THROUGH SOCIAL NETWORKS AND THROUGH NEWS STORIES PUBLISHED IN TELEVISED, DIGITAL, AND PRINT MEDIA OUTLETS. All these violations committed are not new; it is the modus operandi of the Executive Branch; the audacity of the Ministry of Justice and Peace in ignoring the validity of the "General Consultation Mechanism" in force since 2018 is powerfully striking, and the omission by the UTCI, "Unidad Técnica de Consulta Indígena" (Indigenous Consultation Technical Unit), a body created through decree No. 40932-MPMJP, is reprehensible; an instance that, in full breach of its duties, evades its responsibility before the actions of the Minister or Deputy Minister of Justice and Peace, like a diminished servant; when it should be a bastion that defends against atrocities and outrages against indigenous peoples and not become a docile servant. The actions of the respondents are concerning because what was done represents a serious setback to the progress that had been being experienced, as was recognized and widely evidenced in report number A/HRC/51/28/Add.1 rendered by the United Nations Rapporteur before the Human Rights Council, 51st session from September 12 to October 7, 2022, Agenda item 3, Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development, Visit to Costa Rica, Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, José Francisco Calí Tzay, from which, regarding our interest, we transcribe: C. Free, prior and informed consultation and consent 43. The Special Rapporteur welcomes the Government’s adoption of an indigenous consultation mechanism that seeks to guarantee the right to free, prior and informed consent of indigenous peoples and the effective protection of their collective rights. Executive Decree No. 40932 was approved in 2018 with the participation and consent of 22 indigenous territories and developed through more than 120 territorial visits. The Decree creates the Indigenous Consultation Technical Unit, an organ of the Ministry of Justice and Peace, responsible for the technical and financial management of indigenous consultation processes, and the Territorial Indigenous Consultation Bodies, the indigenous territorial counterpart that acts as interlocutor with the Government in each indigenous territory. These bodies are elected in each indigenous territory according to their own norms and representation mechanisms. 44. Although the Government has trained the staff of the Indigenous Consultation Technical Unit with the support of the United Nations system, the need persists to increase their number and strengthen the capacity of these Units to adequately attend to all requested consultative processes and reinforce the knowledge of the rights of indigenous peoples among their staff. It is also concerning that in territories where there are no Territorial Indigenous Consultation Bodies, the consultation is carried out through the Associations for Integral Indigenous Development. 45. The Special Rapporteur observes that the consultation for the adoption of the draft public policy for indigenous peoples represents the first application of the Executive's General Consultation Mechanism for Indigenous Peoples, and will serve to evaluate its effectiveness. The public policy for indigenous peoples will address important issues such as the recognition of indigenous autonomy and territoriality, self-determined development and well-being, social inclusion of peoples, and institutional efficiency in attending to indigenous peoples. The Special Rapporteur congratulates the Government of Costa Rica for having advanced in the consultation particularly in the Boruca territory, but reminds the Government that the Mechanism must be implemented completely in all indigenous territories. SECOND: In relation to the joinder motion filed by the Association for the Integral Development of the Maleku Indigenous Territory of Guatuso, it is important to state that it has been made abundantly clear that the Development Associations of Indigenous Peoples, while it is true that they are the legal representatives of the indigenous territory, are not, the Board of Directors and affiliates, the only subjects of the right to consultation according to the GENERAL CONSULTATION MECHANISM repeatedly cited, but rather one more of the actors, since it is well known that these associations, better known as “ADIS,” do not represent the totality of indigenous people for the purposes of a consultation process, as this would curtail that right for the rest of the indigenous population that does not share their governance style, which has been seriously questioned and considered an imposition of ordinary law that violates our Autonomy. THIRD: Now then, regarding the joinder filed by those who claim to be the Cacique Nombre08 of the gnobe territory and the supposed Cacique Juan Sánchez Agüero, Huetar indigenous person, let this honorable Chamber take note of the disrespect by this individual who continues to name himself cacique, despite the fact that this same Chamber resolved an amparo remedy filed by him and other gentlemen from the indigenous territory of Quitirrisí, processed under case file number 12-016025-0007-CO with ruling number 2013-008258 (…) Thus, Mr. Juan Sánchez Agüero appears as a coadjuvant in bad faith, in his false capacity as “cacique” Nombre02 of Quitirrisí, and in contempt of the ruling of this honorable Chamber.

Likewise, to indicate that in a telephone communication with Mrs. Nombre09, she has stated that she is unaware of the present joinder (coadyuvancia) (sic), which suggests that a certain person is unscrupulously signing documents of this type fraudulently; given this situation, Mrs. Nombre08 can be contacted at telephone Telf01 and I request that she be summoned to appear for the purpose of examining the indicated joinder (coadyuvancia) (sic) and, should its falsity be determined, that certified copies of documents be sent to the Public Prosecutor's Office so that it may proceed with the respective investigation. That being the case, honorable judges, we could NEVER go back on what we have achieved; we built the "General Consultation Mechanism" (Mecanismo General de Consulta) so that the application of ILO Convention 169 is respected and guaranteed by the Costa Rican State; the respondents have not yet demonstrated in the case record having complied with the consultation process for said directive. All of which demonstrates a violation of that fundamental right, which is why we reiterate the petitioner's claim and in that sense, in addition to the fraudulent and bad-faith conduct, we request that THIS AMPARO APPEAL BE GRANTED IN ALL ITS EXTREMES."

10.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Judge Cruz Castro; and,

Considering:

I.- Regarding the joinders (coadyuvancias) filed. By brief dated August 29, 2022, Doris Ortiz Ortiz, José Manuel Calderón Calderón, Bernabé Zúñiga Díaz, and Antonio Fernández Fernández requested to be active coadjuvants (coadyuvantes activos) in this amparo appeal. For their part, through briefs dated September 7 and 27, 2022, Nombre07, Nombre08, and Juan Uriel Sánchez Agüero filed passive joinders (coadyuvancias pasivas).

A joinder (coadyuvancia) is a form of adhesive intervention that occurs when a person acts in a proceeding by adhering to the claims of one of the principal parties; consequently, anyone who holds a direct interest in the outcome of the appeal is legitimized to act as a coadjuvant (coadyuvante), but not being a principal actor, the coadjuvant (coadyuvante) will not be directly affected by the judgment, meaning the efficacy of the judgment cannot affect them directly and immediately, nor does the res judicata status of the ruling affect them, although in amparo matters the efficacy of the decision may benefit them, due to the "erga omnes" character of the jurisprudence and precedents of the constitutional jurisdiction (Article 13 of the Law of the Constitutional Jurisdiction).

In this case, the Chamber proceeds to admit the active joinders (coadyuvancias activas) filed by Doris Ortiz Ortiz, José Manuel Calderón Calderón, Bernabé Zúñiga Díaz, and Antonio Fernández Fernández; as well as the passive joinders (coadyuvancias pasivas) filed by Nombre07, Nombre08, and Juan Uriel Sánchez Agüero, as they have a clear interest in the outcome of this process since they represent the indigenous communities that could be affected.

II.- Object of the appeal. The petitioner states that he is an indigenous Nombre02 of the Quitirrisí de Mora territory. He states that he is bringing this action against the Minister of Justice and Peace for putting into effect directive No. 003-MJP of August 9, 2022, in strict violation of the rights of indigenous peoples. He notes that the cited directive announced the "CREATION (sic) AND DECLARATION OF PUBLIC (sic) INTEREST (sic) OF THE INTERINSTITUTIONAL (sic) TABLE (sic) FOR THE CONSTRUCTION OF THE WORK ROUTE FOR THE INDIGENOUS (sic) POPULATION 2022-2026". He transcribes the content of the document. He notes that, in 2018, the Executive Branch convened 22 territories of the 8 indigenous peoples for the signing and entry into effect, after multiple working sessions where indigenous peoples always participated, of Executive Decree No. 40932-MP-MJP, called "General Consultation Mechanism for Indigenous Peoples" (Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas). He considers that this instrument is in force and forms part of the mechanisms for the defense, protection, and guarantee of the fundamental rights of indigenous peoples. He complains that directive No. 003-MJP of August 9, 2022 was issued to the detriment of the provisions of Executive Decree No. 40932-MP-MJP. He reproaches that the Executive Branch "without greater assessment of its actions suddenly launches the formation of this Table (Mesa) and we indigenous people are the last to find out." He considers that ILO Convention 169 and consequently the general consultation mechanism (mecanismo general de consulta) are violated. He states that the constitution of this "table" (mesa) has caused public disorder, social destabilization, alteration of social peace and coexistence, due to the uncertainty generated by the scope of the application of the questioned directive. He alleges that it is necessary to order the suspension of the "Interinstitutional Technical Tables" (Mesas Técnicas Interinstitucionales) from meeting in any indigenous territory, to avoid alterations to public order and social peace.

III.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven:

a) Through directive No. 003-MJP of August 9, 2022, the Presidency of the Republic and the Ministry of Justice and Peace ordered the "Creation and declaration of public interest of the interinstitutional technical table (mesa técnica interinstitucional) for the construction of the work route and the attention of the indigenous population 2022-2026". Said directive ordered:

"Article 1.- Creation and objective of the interinstitutional technical table (mesa técnica interinstitucional) for the construction of the work route and the attention of the indigenous population 2022-2026. The Interinstitutional Technical Table (Mesa Técnica Interinstitucional) for the construction of the work route and attention of the indigenous population 2022-2026 is created, as a working group aimed at generating the beginning of the intercultural dialogue process for the construction of the work route for the attention of the indigenous population 2022-2026 in order to guarantee the fundamental rights of the indigenous population.

The institutions that make up the Interinstitutional Technical Table (Mesa Técnica Interinstitucional) are: the Vice-Ministry of Justice and Peace in the person of the Vice-Minister of Peace, the Director of the National Directorate for Alternative Conflict Resolution in charge of the Technical Unit for Indigenous Consultation (Unidad Técnica de consulta indígena) or whomever they designate, the National Commission for Indigenous Affairs (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas) in the person of the Executive Director or whomever they designate, the Institute of Rural Development (Instituto de Desarrollo Rural) in the person of the Executive President or whomever they designate, the Ministry of Public Security in the person of the Vice-Minister of Public Security or whomever they designate, the Ministry of Labor and Social Security in the person of the Minister or whomever she designates, and the National Directorate of Community Development (Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad) in the person of the National Director or whomever they designate.

The Interinstitutional Technical Table (Mesa Técnica Interinstitucional) shall carry out coordination by promoting participation and coordination within each territory in commissions at the local and regional level that will be composed of Indigenous Development Associations (Asociaciones de Desarrollo Indígena), Councils of Elders (Consejos de Mayores), various internal organizations of each territory (women, artisans, health, water, cultural, youth, and education committees), and representatives of the cross-border indigenous population, as well as individual indigenous persons. This is in order to guarantee that participation is as broad as possible and that there is true representation for the construction of the roadmap (hoja de ruta) as a national indigenous agenda.

Article 2.- Formation of the work route. The work route is expected to be the guiding product of the Technical Table (Mesa Técnica); it will contain the main axes to be addressed for the indigenous population, based on the recommendations issued by the United Nations Organization, and will have, at a minimum, the priority attention to the following topics: a) Right to land and territory; b) Access to public services; c) Free determination, self-government, and participation; d) Prior, free, and informed consultation and consent (Consulta y consentimiento previo libre e informado); e) Recognition of the rights of indigenous peoples in environmental protection; f) Public Policy for Indigenous Peoples; g) Gender approach, and h) Respect for the rights of indigenous children and adolescents.

This route will generate as a product the document "Roadmap" (Hoja de ruta) which will be agreed upon with the local agendas of the twenty-four territories of the eight indigenous peoples through culturally appropriate procedures, so that they can make their contributions and enrich the work proposals; each year a review of progress will be carried out and a report presented to the territories, as well as a mid-term assessment of the relevance of the route according to the reality and possible changes in the indigenous territories.

Article 3.- Sessions. The Interinstitutional Technical Table (Mesa Técnica Interinstitucional) for the construction of the work route and attention of the indigenous population 2022-2026 shall meet ordinarily at least twice a month and extraordinarily when requested by the person in charge of the Table (Mesa).

Article 4.- Responsible Authority. The Ministry of Justice and Peace, through the Vice-Ministry of Peace, shall be the authority responsible for coordinating the Interinstitutional Technical Table (Mesa Técnica Interinstitucional), as well as monitoring its functions related to the work route.

It shall also be responsible, with the support and advice of the Interinstitutional Technical Table (Mesa Técnica Interinstitucional), for coordinating with other institutions the actions aimed at solving the needs of the indigenous population.

The Commissioner for Social Inclusion appointed by the Presidency of the Republic shall have the function of accompanying the commission for the fulfillment of the objectives of this Directive.

Article 5.- Duty of interinstitutional cooperation. In application of the principles of efficiency, effectiveness, and coordination, the Ministries and decentralized public institutions are urged, whose participation is considered to be incorporated, within the scope of their competencies, to integrate into the process of building the roadmap (hoja de ruta).

Article 6.- Declaration of public interest. To ensure the effective fulfillment of its objectives, the Interinstitutional Technical Table (Mesa Técnica Interinstitucional) in the construction of the work route for the attention of the indigenous population 2022-2026 is declared of public interest.

Article 7.- Validity of the formation of the Interinstitutional Technical Table (Mesa Técnica Interinstitucional). The validity of the Interinstitutional Technical Table (Mesa Técnica Interinstitucional) for the construction of the work route and the attention of the indigenous population 2022-2026 is from August 9, 2022, until May 7, 2026." (See the website of the Costa Rican Legal Information System (Sistema Costarricense de Información Jurídica)).

b) On August 17, 2022, a visit was made to the Maleku indigenous territory in Guatuso de Alajuela. (See documentary evidence and report rendered).

c) On August 18, 2022, a visit was made to the indigenous territories of Ujarrás, Cabagra, and Salitre in Buenos Aires de Puntarenas. (See documentary evidence and report rendered).

d) On August 19, 2022, a visit was made to the indigenous territories of Rey Curré, Boruca, and Nombre03 in Buenos Aires de Puntarenas. (See documentary evidence and report rendered).

e) On August 23, 2022, a visit was made to the indigenous territory of Zapatón in Puriscal de San José. (See documentary evidence and report rendered).

f) The purpose of the visits made was: "- To present the Technical Table (Mesa Técnica), its members, and objectives (first approach to the territories). - Presentation of minimum work axes under a participatory and inclusive modality. - Listening to and compiling various needs of the population in order to respond to them. - Continuation of the visits to report on the construction of the work route jointly and to validate it. - Explanation of the provisional measure (medida cautelar) MC-31-12 filed before the Inter-American Court of Human Rights (this in the territories of Salitre and Térraba). - Current situation of the lands under dispute." (See report rendered).

g) The participation mechanism in the visits made was as follows: "- Verbally, keeping a list of people who wanted to participate to moderate speaking turns. - Receipt of correspondence that the territories had already prepared. - Making available to attendees paper and pens so they could set down their needs and requests to the technical table (mesa técnica) in order to respond to them." (See report rendered).

h) The common points established as primary needs in the indigenous territories were: "- Repair of roads and bridges in general - Construction and repair of school infrastructure - Request for response to affiliations from the Integral Development Associations (Asociaciones de Desarrollo Integral, hereinafter ADI) of the territories. - Solving governance problems in territories - Respect for ancestral organizations - Need for electricity services - Improvement of water quality - Empowerment of indigenous women - Rescue of their cultural and environmental heritage - Solution to the problem of land recovery through de facto means - Solution to the problem of discrimination against indigenous people." (See report rendered).

i) Initially, in some spaces within the indigenous territories, there were disagreements from the indigenous population regarding the presence of non-indigenous persons, before which the technical table (mesa técnica) explained that the meeting to be held was not a space subject to indigenous consultation (consulta indígena), but rather, as it was a first approach, listening, dialogue, and needs assessment visit, special attention would be paid to all persons willing to participate, without distinction of their ethnic, racial, or other condition. (See report rendered).

j) The course of the meetings took place within a framework of respect, without aggression or violence among the persons. (See report rendered).

IV.- Regarding consultation of indigenous communities: This Chamber, through judgment No. 2019-021297 of 09:20 hours on November 1, 2019, considered:

"(...) IV.- Regarding the consultation of indigenous communities and ILO Convention 169. In the opinion of this Constitutional Court, following the provisions of Convention No. 169 of the International Labor Organization, approved by Law No. 7316, published in La Gaceta No. 234 of December 4, 1992, a suitable mechanism for the participation of indigenous communities in those matters that directly affect them must be guaranteed. Indeed, the fundamental principle of the cited Convention is the full and effective participation of indigenous and tribal peoples at all levels of decision-making processes that concern them. The regulation in question, in its Article 4, requires governments to adopt the special measures necessary to safeguard the persons, institutions, property, labor, culture, and environment of the peoples concerned. On several occasions, the Chamber has recognized the need to take into consideration the specific characteristics of indigenous groups that remain in their own territories when interpreting and applying the various norms that make up the legal system. Thus, our Political Constitution must be interpreted and applied in a way that permits and facilitates the independent life and development of the ethnic minorities that inhabit Costa Rica, without other limits than the human rights themselves that are imposed on the conduct of all persons. In the same way, the clauses of international instruments and common legislation must be developed when applied to indigenous peoples. For its part, Article 6 of the aforementioned Convention establishes, in what is relevant, the following: "Article 6. 1. In applying the provisions of this Convention, governments shall: (a) consult the peoples concerned, through appropriate procedures and in particular through their representative institutions, whenever consideration is being given to legislative or administrative measures which may affect them directly;". Based on this precept, any legislative or administrative measure that is likely to directly affect the peoples concerned must be subject to consultation with them. According to the definition given by Article 1 of the Indigenous Law (Ley Indígena), No. 6172 of November 29, 1977, this provision is applicable to the inhabitants of indigenous reserves (reservas indígenas) who constitute ethnic groups directly descended from pre-Columbian civilizations and who preserve their own identity (see in a similar sense judgments 2014-015855 of nine hours twenty minutes on September twenty-sixth, two thousand fourteen, and 2012-007613 of nine hours five minutes on June eighth, two thousand twelve, among many others). Likewise, Article 6.1, subsection b), of this normative body expressly establishes that, in applying the provisions of its articles, governments must: "(b) establish means by which the peoples concerned can freely participate, at least to the same extent as other sectors of the population, and at all levels of decision-making in elective institutions and administrative and other bodies responsible for policies and programs that concern them;". More specifically, regarding the issue of understanding in legal proceedings, Article 12 ibidem expressly provides that: "The peoples concerned shall be safeguarded against the violation of their rights, and shall be able to bring legal proceedings, either individually or through their representative bodies, to ensure the effective respect for those rights. Measures shall be taken to ensure that members of these peoples can understand and make themselves understood in legal proceedings, providing them, if necessary, with interpreters or other effective means."

It is necessary to emphasize then that, from the framework of ILO Convention 169, there arises for the signatory States, on the one hand, the commitment to broadly promote conditions that allow the development of indigenous and tribal peoples in a manner that respects ethnic and cultural diversity, ensures the spaces of autonomy required for this, and unfolds within a framework of equality. And, on the other hand, the duty of consultation provided for in numeral 6.1, subsection a) transcribed above, in relation to legislative or administrative measures likely to directly affect said peoples. Without ignoring that, at this point, said prior consultation (consulta previa) constitutes a mandatory procedure in the specific hypotheses indicated above, through which indigenous and tribal peoples are granted one of the clearest forms of democratic participation.

Similarly, the Inter-American Court of Human Rights, in the judgment of October 8, 2015, regarding the case of the Garífuna Community Triunfo de la Cruz and its Members vs. Honduras, stated:

""158. The Court has previously stated, in the Case of the Kichwa Indigenous People of Sarayaku v. Ecuador, that the right to consultation of indigenous and tribal peoples, in addition to constituting a conventional norm, is also a general principle of International Law that is based, among other things, on the close relationship of said communities with their territory and on respect for their rights to collective property and cultural identity. Said rights must be guaranteed, particularly, in a pluralistic, multicultural, and democratic society. This implies the obligation of States to guarantee indigenous and tribal peoples their participation in decisions related to measures that may affect their rights, and in particular their right to communal property, in accordance with their values, customs, and forms of organization. In this sense, ILO Convention 169 recognizes the aspirations of indigenous and tribal peoples to "assume control of their own institutions and ways of life and economic development and to maintain and strengthen their identities, languages, and religions, within the framework of the States in which they live"170. Furthermore, in accordance with the provisions of Article 6.1 of ILO Convention 169, "[i]n applying the provisions of this Convention, governments shall: (a) consult the peoples concerned, through appropriate procedures and in particular through their representative institutions, whenever consideration is being given to legislative or administrative measures which may affect them directly". 159. It should be recalled that the obligation to consult indigenous and tribal peoples is directly related to the general obligation of the State to guarantee the free and full exercise of the rights recognized in Article 1.1 of the Convention. This implies the duty of the State to adequately organize the entire governmental apparatus and to structure its norms and institutions in such a way that consultation of indigenous and tribal communities can be carried out effectively, in accordance with international standards on the matter. The foregoing is necessary to enable the creation of sustained, effective, and reliable channels of dialogue with indigenous and tribal peoples in consultation and participation procedures through their representative institutions. 160. Additionally, specifically with respect to the right to collective property, the State must guarantee the right to consultation and participation in all phases of planning and implementation of a project or measure that may affect the territory of an indigenous or tribal Community, or other rights essential for their survival as a people. The foregoing must be carried out from the initial stages of the elaboration or planning of the proposed project or measure, so that indigenous peoples can truly participate and influence the decision-making process, in accordance with pertinent international standards. In this line, the State must ensure that the rights of indigenous and tribal peoples are not ignored in any other activity or agreement it makes with third parties, or within the framework of public authority decisions that would affect their rights and interests. Therefore, in its case, it also falls to the State to carry out supervisory and control tasks and to deploy, when pertinent, forms of effective protection of that right through the corresponding judicial organs. As for its characteristics, the Court has established that the consultation must be carried out prior, in good faith, with the aim of reaching an agreement, adequate, accessible, and informed.".

V.- Regarding the specific case: In the sub iudice, the petitioner states that he is an indigenous Nombre02 of the Quitirrisí de Mora territory. He states that he is bringing this action against the Minister of Justice and Peace for putting into effect directive No. 003-MJP of August 9, 2022, in strict violation of the rights of indigenous peoples. He notes that the cited directive announced the "CREATION (sic) AND DECLARATION OF PUBLIC (sic) INTEREST (sic) OF THE INTERINSTITUTIONAL (sic) TABLE (sic) FOR THE CONSTRUCTION OF THE WORK ROUTE FOR THE INDIGENOUS (sic) POPULATION 2022-2026". He transcribes the content of the document. He notes that, in 2018, the Executive Branch convened 22 territories of the 8 indigenous peoples for the signing and entry into effect, after multiple working sessions where indigenous peoples always participated, of Executive Decree No. 40932-MP-MJP, called "General Consultation Mechanism for Indigenous Peoples" (Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas). He considers that this instrument is in force and forms part of the mechanisms for the defense, protection, and guarantee of the fundamental rights of indigenous peoples. He complains that directive No. 003-MJP of August 9, 2022 was issued to the detriment of the provisions of Executive Decree No. 40932-MP-MJP. He reproaches that the Executive Branch "without greater assessment of its actions suddenly launches the formation of this Table (Mesa) and we indigenous people are the last to find out." He considers that ILO Convention 169 and consequently the general consultation mechanism (mecanismo general de consulta) are violated. He states that the constitution of this "table" (mesa) has caused public disorder, social destabilization, alteration of social peace and coexistence, due to the uncertainty generated by the scope of the application of the questioned directive. He alleges that it is necessary to order the suspension of the "Interinstitutional Technical Tables" (Mesas Técnicas Interinstitucionales) from meeting in any indigenous territory, to avoid alterations to public order and social peace.

Regarding this particular, the Chamber takes as proven that through directive No. 003-MJP of August 9, 2022, the Presidency of the Republic and the Ministry of Justice and Peace ordered the "Creation and declaration of public interest of the interinstitutional technical table (mesa técnica interinstitucional) for the construction of the work route and the attention of the indigenous population 2022-2026". Said directive ordered:

"Article 1.- Creation and objective of the interinstitutional technical table (mesa técnica interinstitucional) for the construction of the work route and the attention of the indigenous population 2022-2026. The Interinstitutional Technical Table (Mesa Técnica Interinstitucional) for the construction of the work route and attention of the indigenous population 2022-2026 is created, as a working group aimed at generating the beginning of the intercultural dialogue process for the construction of the work route for the attention of the indigenous population 2022-2026 in order to guarantee the fundamental rights of the indigenous population.

The institutions that make up the Interinstitutional Technical Table (Mesa Técnica Interinstitucional) are: the Vice-Ministry of Justice and Peace in the person of the Vice-Minister of Peace, the Director of the National Directorate for Alternative Conflict Resolution in charge of the Technical Unit for Indigenous Consultation (Unidad Técnica de consulta indígena) or whomever they designate, the National Commission for Indigenous Affairs (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas) in the person of the Executive Director or whomever they designate, the Institute of Rural Development (Instituto de Desarrollo Rural) in the person of the Executive President or whomever they designate, the Ministry of Public Security in the person of the Vice-Minister of Public Security or whomever they designate, the Ministry of Labor and Social Security in the person of the Minister or whomever she designates, and the National Directorate of Community Development (Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad) in the person of the National Director or whomever they designate.

The Interinstitutional Technical Table (Mesa Técnica Interinstitucional) shall carry out coordination by promoting participation and coordination within each territory in commissions at the local and regional level that will be composed of Indigenous Development Associations (Asociaciones de Desarrollo Indígena), Councils of Elders (Consejos de Mayores), various internal organizations of each territory (women, artisans, health, water, cultural, youth, and education committees), and representatives of the cross-border indigenous population, as well as individual indigenous persons. This is in order to guarantee that participation is as broad as possible and that there is true representation for the construction of the roadmap (hoja de ruta) as a national indigenous agenda.

Article 2.- Formation of the work route. The work route is expected to be the guiding product of the Technical Table (Mesa Técnica); it will contain the main axes to be addressed for the indigenous population, based on the recommendations issued by the United Nations Organization, and will have, at a minimum, the priority attention to the following topics: a) Right to land and territory; b) Access to public services; c) Free determination, self-government, and participation; d) Prior, free, and informed consultation and consent (Consulta y consentimiento previo libre e informado); e) Recognition of the rights of indigenous peoples in environmental protection; f) Public Policy for Indigenous Peoples; g) Gender approach, and h) Respect for the rights of indigenous children and adolescents.

This route will generate as a product the document "Roadmap" (Hoja de ruta) which will be agreed upon with the local agendas of the twenty-four territories of the eight indigenous peoples through culturally appropriate procedures, so that they can make their contributions and enrich the work proposals; each year a review of progress will be carried out and a report presented to the territories, as well as a mid-term assessment of the relevance of the route according to the reality and possible changes in the indigenous territories.

Article 3.- Sessions. The Interinstitutional Technical Table (Mesa Técnica Interinstitucional) for the construction of the work route and attention of the indigenous population 2022-2026 shall meet ordinarily at least twice a month and extraordinarily when requested by the person in charge of the Table (Mesa).

Article 4.- Responsible Authority. The Ministry of Justice and Peace, through the Vice-Ministry of Peace, shall be the authority responsible for coordinating the Interinstitutional Technical Table (Mesa Técnica Interinstitucional), as well as monitoring its functions related to the work route.

It shall also be responsible, with the support and advice of the Interinstitutional Technical Table (Mesa Técnica Interinstitucional), for coordinating with other institutions the actions aimed at solving the needs of the indigenous population.

The Commissioner for Social Inclusion appointed by the Presidency of the Republic shall have the function of accompanying the commission for the fulfillment of the objectives of this Directive.

Article 5.- Duty of interinstitutional cooperation. In application of the principles of efficiency, effectiveness, and coordination, the Ministries and decentralized public institutions are urged, whose participation is considered to be incorporated, within the scope of their competencies, to integrate into the process of building the roadmap (hoja de ruta).

Article 6.- Declaration of public interest.

To ensure the effective fulfillment of its objectives, the Interinstitutional Technical Working Group (Mesa Técnica Interinstitucional) for the construction of the work plan for the attention of the indigenous population 2022-2026 is declared of public interest.

Article 7—Validity of the formation of the Interinstitutional Technical Working Group. The validity of the Interinstitutional Technical Working Group for the construction of the work plan and the attention of the indigenous population 2022-2026, is from August 9, 2022, until May 7, 2026."

Likewise, the Chamber certifies that, on August 17, 2022, a visit was made to the Maleku indigenous territory in Guatuso de Alajuela. On August 18, 2022, a visit was made to the indigenous territories of Ujarrás, Cabagra, and Salitre in Buenos Aires de Puntarenas. On August 19, 2022, a visit was realized to the indigenous territories of Rey Curré, Boruca, and Nombre03 in Buenos Aires de Puntarenas. On August 23, 2022, a visit was made to the indigenous territory of Zapatón in Puriscal de San José. The purpose of the visits made was: “- To make known the Technical Working Group, its members, and objectives (first approach with the territories). - Presentation of minimum working axes under a participatory and inclusive modality. - Listening to and compiling various needs of the population, in order to provide them with answers. - Continuation of the visits to inform about the joint construction of the work plan and validate it. - Explanation about the provisional measure (medida cautelar) MC-31-12 filed before the Inter-American Court of Human Rights (this in the territories of Salitre and Térraba). - Current situation of the lands under dispute”. The participation mechanism in the visits made was the following: “- Verbally, keeping a list of people who wanted to participate to moderate the use of the floor. - Receipt of correspondence that the territories had already prepared. - Making available to the attendees, sheets of paper and pens, so that they could express their needs and requests to the technical working group, in order to provide them with answers”.

In addition to this, from the reports rendered by the respondent authorities—with the solemnities and responsibilities that this entails—, it is evident that the common points established as primary needs in the indigenous territories were: “- Repair of roads and bridges in general - Construction and repair of school infrastructure - Request for a response to affiliations from the Integral Development Associations (Asociaciones de Desarrollo Integral, hereinafter ADI) of the territories. - Solve governance problems in territories - Respect for ancestral organizations - Need for electricity services - Improvement of water quality - Empowerment of indigenous women - Rescue of their cultural and environmental heritage - Solution to the problem of land recovery through de facto means - Solution to the problem of discrimination against indigenous people”. Initially, in some spaces within the indigenous territories, there were disagreements on the part of the indigenous population regarding the presence of non-indigenous people, to which the technical working group explained that the meeting to be held was not a space subject to indigenous consultation, but rather, since it was a first-approach visit to listen, dialogue, and detect needs, special attention was to be given to all people who were willing to participate, without distinction of their ethnic, racial, or other condition. The course of the meetings took place under a margin of respect, without aggression or violence among the people.

From this panorama, in the opinion of this Tribunal, although the directive (directriz) that is the object of this appeal is linked to the indigenous population, it is no less true that it concerns coordination actions specific to the State, through its government structure.

And as such, in application of what is stated in Considerando IV of this pronouncement, it does not translate into an administrative measure that generates a differentiated impact on the indigenous population, which would need to be subjected to a consultation process under the terms of ILO Convention No. 169, the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, or the application of the provisions of the General Consultation Mechanism for Indigenous Peoples (Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, Decreto Ejecutivo N° 40932-MP-MJP).

In this sense, it is important to highlight that Directriz N° 0003-MJP of August 9, 2022, seeks to articulate state institutions to form a "working team aimed at generating the start of the intercultural dialogue process for the construction of the work plan for the attention of the indigenous population 2022-2026 in order to guarantee the fundamental rights of the indigenous population". And it also seeks to carry out "coordination promoting participation and coordination within each territory in commissions at the local and regional level that will be composed of Indigenous Development Associations (Asociaciones de Desarrollo Indígena), Councils of Elders (Consejos de Mayores), different internal organizations of each territory (women, artisans, health, water, cultural, youth, and education committees) and representatives of cross-border indigenous population, as well as individual indigenous people. This in order to guarantee that the participation is as broad as possible and there is true representation for the construction of the roadmap as a national indigenous agenda". Likewise, the roadmap generated by the interinstitutional working group, as provided by the directive, "shall be agreed upon with the local agendas of the twenty-four territories of the eight indigenous peoples through culturally appropriate procedures, so that they can make their contributions and enrich the work proposals; each year a review of progress and presentation of a report to the territories will be carried out and a mid-term evaluation of the relevance of the route according to reality and possible changes in the indigenous territories".

Thus, it is appreciated that the directive does not imply an impact on the consultation of indigenous peoples, as its objective is to carry out the necessary coordination to promote participation, internally, of each territory in commissions at the local and regional level that will be composed of Indigenous Development Associations, Councils of Elders, different internal organizations of each territory, and representatives of the cross-border indigenous population, as well as individual indigenous people, for the purpose of ensuring that the participation is as broad as possible and there is true representation for the construction of the roadmap, as a national indigenous agenda.

Furthermore, it is important to emphasize that the visits and meetings carried out by the interinstitutional working group on August 17, 18, 19, and 23, 2022, to the indigenous territories did not imply the making of decisions on public policies that would affect those communities, which must indeed be consulted in advance, such as guidelines, regulations, or norms of a general nature that the State proposes in the exercise of its power of imperium, or development projects that would produce some impact. Hence, the meetings to expose the needs of the zones do not violate the right of participation of the indigenous communities (see in this regard judgment No. 2014008701 of 9:05 a.m. on June 13, 2014).

Consequently, the appropriate course is to declare the appeal without merit (sin lugar).

VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any document in paper, as well as objects or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. It is warned that all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Article XXVI of session No. 27-11 of August 22, 2011, published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement of the Consejo Superior del Poder Judicial, approved in Article LXXXI of session No. 43-12 held on May 3, 2012.

Therefore (Por tanto):

The appeal is declared without merit.

 

 

	

Fernando Castillo V.

President

	

 





Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.





Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.





Ileana Sánchez N.

	

 

	

Aracelly Pacheco S.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

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

 ABMXBU6XXQ461

EXPEDIENTE N° 22-018449-0007-CO

 

Teléfonos: Telf02/ ALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Dirección03, San José, Distrito Catedral, Dirección04, calles 19 y 21, Dirección05

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:56:26.

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