Res. 11236-2023 Sala Constitucional — New Public Hearing Required After Prior Environmental Viability ExpiresNueva audiencia pública obligatoria tras caducidad de viabilidad ambiental anterior

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Sala Constitucional

Resolución Nº 11236 - 2023

Fecha de la Resolución: 12 de Mayo del 2023 a las 14:03

Expediente: 23-001586-0007-CO

Redactado por: Fernando Castillo Víquez

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con nota separada

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Sentencia relevante



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

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RELLENO SANITARIO..

AMBIENTE

011236-23. Nombre3763 recibió un formulario D1 para tramitar la Viabilidad Ambiental de un Relleno Sanitario en Miramar de Montes de Oro. Indica que dicho trámite se realizó a solicitud de la Empresa EBI de Costa Rica S.A. Manifiesta que un proyecto para disposición de residuos sólidos en el mismo sitio fue tramitado ante la Nombre3763 en 2007 y en agosto de 2009, hace más de 13 años, en aquel trámite, se llevó a cabo la audiencia pública que establece la legislación, con la intención de darle a la ciudadanía un espacio de participación para presentar sus objeciones y aclarar dudas en relación con el proyecto que está en valoración. RGS7/2023

“(…) IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. De previo resulta de particular importancia señalar que la participación ciudadana está resguardada en nuestro ordenamiento jurídico como un principio. Tal y como la mayoría de este Tribunal lo ha señalado en otras ocasiones, la participación ciudadana directa en los asuntos públicos o el manejo de la cosa pública, es un evidente principio constitucional reconocido normativamente en el artículo 9° de la Constitución, que debe ser actuado por el ordenamiento jurídico constitucional e infraconstitucional, bajo las siguientes consideraciones:

“…La participación ciudadana, como principio general del Derecho Constitucional, se proyecta en el terreno político o de gobierno y el meramente administrativo, para la toma de decisiones fundamentales. En la dimensión política o de gobierno, el tema se desarrolla a través de instrumentos como la regulación de los procesos de elección popular, el referéndum legislativo y la iniciativa popular en la formación de la ley. En el plano estrictamente administrativo, el principio de participación de los administrados debe ser desarrollado de manera paulatina y según la materia y sector, por cuanto, no toda decisión administrativa fundamental, debe estar, necesariamente, precedida, de participación ciudadana, puesto que de ser así se ralentizaría la gestión administrativa que debe ser, por aplicación de los principios constitucionales de eficacia y eficiencia, fluida y dinámica. Nuestra Constitución política, no enuncia ni señala los mecanismos de participación de los administrados en la adopción de las decisiones administrativas fundamentales, esto es, no se ocupa de tal extremo. El ordenamiento infraconstitucional, esencialmente, legal será el que vaya determinando aquellos sectores y materias donde debe haber una mayor participación (v. gr. en materia de elaboración de reglamentos, ambiental, de protección del consumidor, de planificación urbana, regulación y fijación de tarifas en servicios de interés general, realización de consultas populares a nivel municipal como cabildos abiertos y referendos, etc.). Habrá situaciones en las que el legislador ordinario ha configurado tal participación como un verdadero, acabado y perfecto derecho, plenamente exigible, en determinadas circunstancias y bajo ciertos presupuestos y condiciones que habrá que verificar. En tales casos, determinar si se ha quebrantado o no tal derecho de configuración legislativa es una cuestión de legalidad que se debe discutir ante la jurisdicción ordinaria o común y no en esta jurisdicción constitucional. En definitiva, lo que contemplan la Constitución vigente y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, es un principio de participación, que por razones obvias no alcanza el carácter preceptivo y exigible de un derecho fundamental o humano. No resulta posible extraer del texto fundamental y de los instrumentos de Derechos Humanos un supuesto derecho a la participación que rija de manera incondicional para la adopción de cualquier o toda decisión administrativa fundamental que justifique acoger todo amparo siempre que se alegue que se violó el mismo. Es el legislador ordinario el que paulatinamente, va configurando y desarrollando tal derecho de participación en ciertas materias y en determinados sectores del ordenamiento jurídico infraconstitucional, por lo que, reitero, no le corresponde a la jurisdicción constitucional, por ser una cuestión de legalidad ordinaria, establecer cuándo se ha infringido un derecho de configuración legal. En razón de lo expuesto, no resulta posible hablar, desde una perspectiva constitucional o convencional, de un derecho perfecto a la participación, debiendo, en su lugar, hacerse referencia al principio constitucional de la participación ciudadana en la toma de decisiones fundamentales, sean políticas o administrativas.” (Sentencia nro. 2017-1163 de las 9:40 horas del 27 de enero de 2017. Ver en similar sentido las sentencias números 2019-19902, 2021-25386 y 2022-25374)

          Sin embargo, en este caso en particular, este Tribunal advierte una vulneración directa del artículo 50 constitucional, el cual establece que, “[t]oda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado”. Consecuente con ello, se reconoce la existencia de un interés difuso para que cualquier persona pueda gestionar lo que estime pertinente, en relación con la defensa del derecho al ambiente, bajo los diferentes mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico.

En el sub examine, la actividad cuya viabilidad ambiental se discute -la instalación de un relleno sanitario en Miramar de Montes de Oro-, requiere que, dentro del proceso de aprobación del estudio de impacto ambiental se realice una audiencia pública. Es por ello que, para el momento en que se otorgó previamente la viabilidad, esa audiencia se realizó en el año 2009. Ahora bien, la discusión sobre si debe o no realizarse nuevamente tal audiencia actualmente, es porque la resolución nro. 2966-2009 del 16 de diciembre de 2009, mediante la cual el proyecto obtuvo la viabilidad ambiental venció, sin que se iniciaran las obras. De manera que, la empresa EBI de Costa Rica S.A. tuvo que iniciar el procedimiento nuevamente el 15 de noviembre de 2021; y, en esta ocasión, Nombre3763 determinó que, dado que las condiciones del proyecto y del lugar propuesto eran similares a las analizadas en el año 2009, se le podía eximir de la realización de tal audiencia, según resolución nro. 2032-2022-SETENA de fecha 14 de diciembre de 2022.

No obstante, en criterio de este Tribunal, exonerar de tal requisito a esa actividad, luego de 10 años o más de haber sido valorada tal situación por la población, resulta totalmente improcedente, pues lo razonable para la tutela concreta del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado reconocido en el artículo 50 de la Constitución, es que la audiencia pública establecida por el legislador en estos casos, deba realizarse en las condiciones del momento en el cual se desarrollará la actividad en cuestión, lo cual no se puede tener por cumplido en este caso, con una audiencia celebrada hace más de diez años. Es por ello que lo actuado por Nombre3763, al otorgar la viabilidad ambiental de un proyecto sin la celebración de una nueva audiencia, a pesar del tiempo transcurrido respecto de la audiencia anterior de este proyecto sin haber iniciado su funcionamiento, resulta violatorio al derecho reconocido en el referido artículo 50 de la Constitución.

En criterio de esta Sala, así como debieron ser aplicados nuevamente los instrumentos técnicos para determinar los eventuales impactos ambientales que una actividad de tal naturaleza podría producir, a la luz de las circunstancias actuales, igualmente debe respetarse el procedimiento establecido para tal efecto, garantizando a la población actual la transparencia de la actuación de la función pública establecida para este tipo de obras y la debida tutela del ambiente, de conformidad con el artículo 50 constitucional, 23 de la Ley Orgánica del Ambiente y el artículo 95 de la Ley de Biodiversidad. Es por ello que este amparo resulta procedente únicamente contra SETENA, y lo procedente es anular la resolución nro. 2032-2022-SETENA de fecha 14 de diciembre de 2022 y, en consecuencia, ordenar la programación de la audiencia pública en cuestión. (…)”

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Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

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AMBIENTE

011236-23. SETENA recibió un formulario D1 para tramitar la Viabilidad Ambiental de un Relleno Sanitario en Miramar de Montes de Oro. Indica que dicho trámite se realizó a solicitud de la Empresa EBI de Costa Rica S.A. Manifiesta que un proyecto para disposición de residuos sólidos en el mismo sitio fue tramitado ante la SETENA en 2007 y en agosto de 2009, hace más de 13 años, en aquel trámite, se llevó a cabo la audiencia pública que establece la legislación, con la intención de darle a la ciudadanía un espacio de participación para presentar sus objeciones y aclarar dudas en relación con el proyecto que está en valoración. RGS7/2023

“(…) VI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas que podrían ser afectadas por contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa que el proyecto de disposición de residuos sólidos para llevar a cabo en Miramar de Montes de Oro, no cumplió con los requisitos jurídicos de una audiencia pública, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.”

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Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

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RELLENO SANITARIO..

AMBIENTE

011236-23. SETENA recibió un formulario D1 para tramitar la Viabilidad Ambiental de un Relleno Sanitario en Miramar de Montes de Oro. Indica que dicho trámite se realizó a solicitud de la Empresa EBI de Costa Rica S.A. Manifiesta que un proyecto para disposición de residuos sólidos en el mismo sitio fue tramitado ante la SETENA en 2007 y en agosto de 2009, hace más de 13 años, en aquel trámite, se llevó a cabo la audiencia pública que establece la legislación, con la intención de darle a la ciudadanía un espacio de participación para presentar sus objeciones y aclarar dudas en relación con el proyecto que está en valoración. RGS7/2023

 

“(…) VII.- LOS MAGISTRADOS RUEDA LEAL, GARITA NAVARRO Y FERNÁNDEZ ARGÜELLO DAN RAZONES DIFERENTES. Coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, pero diferimos en cuanto a las razones que aduce la mayoría del Tribunal para condenar a la parte recurrida; por lo que consideramos importante acotar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resalta la estrecha relación que existe entre democracia y libertad de expresión, indica que se trata de un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. En tal sentido, señala que es “conditio sine qua non” para que quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente, razón por la cual, afirma que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso BARAONA BRAY VS. CHILE, en su sentencia del 24 de noviembre de 2022, puntualizó:

“… La Corte ha establecido que la libertad de expresión, particularmente en asuntos de interés público, “es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad 30 democrática”102. Así, este derecho no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que resultan ingratas para el Estado o cualquier sector de la población. De esta forma, cualquier condición, restricción o sanción en esta materia deben ser proporcionales al fin legítimo que se persigue; pues, sin una efectiva garantía de la libertad de expresión, se debilita el sistema democrático y sufren quebranto el pluralismo y la tolerancia; los mecanismos de control y denuncia ciudadana pueden volverse inoperantes y, en definitiva, se crea un campo fértil para que arraiguen sistemas autoritarios. La Corte recuerda que, en una sociedad democrática, los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros105. En ese sentido, este Tribunal advierte que los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana resaltan la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática, al establecer que “[s]on elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”. En la misma línea, la vertiente colectiva de la libertad de expresión, como pilar fundamental de la sociedad, y como derecho procedimental para el ejercicio de la participación pública, permite que por este medio, las personas puedan ejercer el control democrático de las gestiones estatales para poder cuestionar, indagar y considerar el cumplimiento de las funciones públicas. En ese sentido, posibilita que las personas puedan formar parte del proceso de toma de decisiones y que sus opiniones sean escuchadas. Así, el control democrático por parte de la sociedad, a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública…”. (el realice no es del original.)

 

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos añadió en su misma sentencia, lo siguiente:

“…La Corte ha reconocido que los derechos especialmente vinculados al medio ambiente pueden ser clasificados en dos grupos. De un lado, los derechos cuyo disfrute es particularmente vulnerable a la degradación del medio ambiente, también identificados como derechos sustantivos (por ejemplo, los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud o la propiedad). De otro lado, los derechos cuyo ejercicio respalda la mejor formulación de políticas ambientales, también identificados como derechos de procedimiento. En esta última categoría se encuentran las libertades de expresión y asociación, el derecho a la información, a la participación y a un recurso efectivo110. 95. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte ha considerado que las obligaciones procedimentales en materia de protección del medio ambiente también se derivan de la interpretación sistemática de las obligaciones de respetar y garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal, así como otros derechos previstos en la Convención Americana. 96. Además, la Corte recuerda que la participación representa un mecanismo para integrar las preocupaciones y el conocimiento de la ciudadanía en las decisiones de políticas públicas que afectan el medio ambiente y aumenta la capacidad de los gobiernos para responder a las inquietudes y demandas públicas de manera oportuna, ayuda a construir consensos y a mejorar la aceptación y el cumplimiento de las decisiones ambientales112. Además, la participación pública facilita que las comunidades exijan responsabilidades de las autoridades públicas para la adopción de decisiones y mejora la evidencia y la credibilidad de los procesos gubernamentales. Lo anterior, por cuanto el control democrático por parte de la sociedad, a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública113. 97. Al respecto, este Tribunal ha retomado lo señalado por otras instancias internacionales de protección de derechos humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido la participación pública en la toma de decisiones ambientales como una garantía procesal del derecho a la vida privada y familiar114. Asimismo, ha subrayado que un elemento esencial de esta garantía procesal es la capacidad del individuo de impugnar actos u omisiones oficiales que afectan sus derechos ante una autoridad independiente115, así como de participar activamente en los procedimientos de planificación de actividades y proyectos, a través de la expresión de sus opiniones116. En un sentido similar, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha reconocido que las libertades de opinión, de expresión, de reunión pacífica y de asociación, son elementos esenciales para la promoción y protección de los derechos humanos y la protección y conservación del ambiente117. 98. Además, la Corte toma nota del desarrollo en el derecho internacional sobre los asuntos ambientales, en particular, sobre la estrecha relación existente entre la democracia, la libertad de expresión y la participación, la cual fue plasmada en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992. Según el principio 10 de este instrumento, relativo a la Democracia Ambiental, “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”. Para lograr tal objetivo, el principio contempla la necesidad de garantizar derechos de carácter procedimental conocidos como “derechos de acceso”. Además del derecho a la participación, hacen parte de esta categoría el derecho de acceso a la información y el acceso a la justicia (“… El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación del público poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”. Cfr. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3-14 de junio de 1992, Doc. ONU NCONP.I51/26/Rev.1 (Vol. 1).) (El realce no es del original).

En esa línea, la Corte Interamericana, respecto a la participación pública de las personas en los procesos de la toma de decisiones ambientales, indicó:

“… Asimismo, como desarrollo directo de este principio, el 4 de marzo de 2018 los Estados de América Latina y el Caribe adoptaron un tratado internacional específicamente dirigido a garantizar los derechos de acceso: acceso a la información pública, participación pública y acceso a la justicia, el cual a la fecha ha sido suscrito por 25 Estados y ratificado por 14 Estados. El Acuerdo de Escazú señala en su preámbulo que, los compromisos allí adquiridos se basan en la convicción de que “los derechos de acceso contribuyen al fortalecimiento, entre otros, de la democracia, el desarrollo sostenible y los derechos humanos”. Bajo esta óptica, el tratado busca contribuir “a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible” (artículo 1). Asimismo, el Acuerdo de Escazú en su artículo 7 establece la participación pública en los procesos de la toma de decisiones ambientales. Así, entre otros aspectos, cada Parte deberá asegurar el derecho a la participación del público y, para ello, se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional (artículo 7.1). Además, se establece la obligación de garantizar mecanismos de participación y promover la participación del público en los diferentes procesos relacionados con asuntos ambientales (artículo 7.2 y 7.3)119. 100. Por último, la Corte considera que el respeto y garantía de la libertad de expresión en asuntos ambientales es un elemento esencial para asegurar la participación de la ciudadanía en los procesos relativos a dichos asuntos y, con ella, el fortalecimiento del sistema democrático a través de la vigencia del principio de democracia ambiental…”.

 

Es igualmente pertinente destacar, que en diferentes documentos que conforman el bloque de constitucionalidad se ha reconocido el principio y derecho de la participación. Por ejemplo, ello sucede: i) en el artículo 21 Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, disposición que expresa el derecho de las personas para intervenir en el gobierno de su país; ii) el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, norma que atribuye a los individuos la potestad de mediar en la dirección de los asuntos públicos; iii) los artículos 13, 20, 21 y 22 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de la Organización de Estados Americanos se consignan los derechos a ser parte en las decisiones de las autoridades, a reunirse y a asociarse, así como a presentar peticiones respetuosas; y iv) el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra varios derechos políticos, entre ellos se halla la facultad de todo ciudadano a participar en los asuntos públicos.

La participación es un derecho de raigambre fundamental, puesto que es una expresión del principio democrático del Estado Social de Derecho que busca facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, es decir una potestad subjetiva en cabeza de los ciudadanos. Por ello, la participación expresa un modelo de comportamiento de los ciudadanos y de las autoridades, lo que implica que el concepto de ciudadanía y el papel de las personas en las decisiones de los asuntos públicos, se hayan ampliado, otorgándole un mayor espacio a las comunidades, por lo que a través de esta garantía, se fortalecen y democratizan las instancias de representación, se promueven valores constitucionales como el pluralismo y la tolerancia, al igual que se amplía la injerencia de la ciudadanía a temas diversos.

Bajo el marco jurídico convencional, la CIDH resalta que no pueden existir espacios vedados para la participación ciudadana en las decisiones que afectan a las comunidades. Así, se protege ese derecho en determinaciones de la administración que van más allá de la representación, de la toma de decisiones colectivas mediante mecanismos de participación. Ello sucede en la construcción e implementación de acciones afirmativas, en el ejercicio del control político, en el procedimiento de decisiones que restringen derechos fundamentales, o normatividades regulatorias de desarrollo, construcción de políticas sociales o de distribución de recursos, es decir, en una participación administrativa. La maximización de la intervención de la población se justifica en que la eficacia de la administración también depende de la materialidad de la participación del pueblo, por eso, ésta debe ser activa, real y efectiva, al punto que no se limita a obtener información sobre los asuntos públicos, por ello el ciudadano tiene el derecho de satisfacer sus necesidades, traducido en el reconocimiento de amplias facultades que ostenta la colectividad, con el fin de que su voz sea escuchada por las autoridades públicas.

Bajo dicho concepto, la participación en la gestión ambiental también trae beneficios prácticos, a saber: i) aumenta el entendimiento de los eventuales impactos ambientales; ii) especifica las alternativas para mitigar las consecuencias negativas de la administración de los recursos naturales; iii) identifica los conflictos sociales y las soluciones a los mismos; iv) reconoce la necesidad de compensar a las comunidades afectadas con la medida de gestión, y establece la manera de realizarlo; v) señala las prioridades de la comunidad y abre espacios de diálogo para implementar un desarrollo sostenible; vi) facilita una gestión ambiental transparente; y vii) genera consensos sobre el manejo de los recursos naturales.

Por ende, el derecho a participar comprende la acción social que permite la interacción entre actores o agentes ambientales. Ello implica la facultad de intervenir e incidir en las decisiones de las autoridades que prefiguran un orden justo, y promueven un desarrollo sostenible así como una equitativa distribución de cargas y recursos ecológicos. La participación incluye el derecho a ser escuchado, la garantía del debido proceso y la obligación de responder las peticiones formuladas, aspectos que deben ir de la mano para que se comprenda que existe un verdadero procedimiento participativo, por lo que los avances en el camino hacia la sostenibilidad son inseparables de los logros en la construcción del concepto de ciudadanía, toda vez que tal condición sólo se materializa en el compromiso proactivo y efectivo que la gestión ambiental demanda ante la exigencia de una alta calidad en los procesos participativos de la comunidad involucrada en cualquier proyecto, que pueda afectar el entorno ambiental en el que se desarrolle.

Por otra parte, son múltiples los instrumentos internacionales de carácter universal y regional como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturares, la Convención Americana de Derechos Humanos el Protocolo Adicional la Convención Americana sobre Derechos  Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturares y Ambientales, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la  Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, que consagran las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Estas obligaciones han sido articuladas por los principios marco sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente de las Naciones Unidas. Estos principios además de esclarecer el contenido de las obligaciones de respeto, protección y garantía del derecho a vivir en un medio ambiente sano, también consagran que los Estados deben garantizar un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, con el fin de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos.

Dichos principios expresan la dimensión procedimental del derecho al medio ambiente sano, según los cuales los Estados deben respetar y proteger los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en relación con las cuestiones ambientales, impartir educación y sensibilizar a la opinión pública sobre las cuestiones ambientales, proporcionar acceso público a la información ambiental mediante la reunión y difusión de datos.

Ahora, a fin de evitar autorizar actividades con impactos ambientales que interfieran en el pleno goce de los derechos humanos, según los mecanismos internaciones señalados supra, se ha establecido de manera reiterada que los Estados deben exigir la evaluación previa de los posibles impactos ambientales de los proyectos propuestos, incluidos sus posibles efectos en el disfrute de los derechos humanos, prever y facilitar la participación pública en el proceso de adopción de decisiones relacionadas con el medio ambiente y tener en cuenta las opiniones de la sociedad en ese proceso. Ergo, para que el principio relativo a la participación pública sea efectivo, este debe ser abierto a todos los miembros de la sociedad que puedan verse afectados y tener lugar desde el comienzo del proceso de adopción de decisiones, de manera que se le pueda garantizar a la población la posibilidad del derecho a una audiencia pública, para que puedan consultar de manera objetiva, comprensible y oportuna, toda la información sobre el proyecto y el proceso de adopción de decisiones. Asimismo, el público debe contar con la oportunidad para formular observaciones sobre el detalle del proceso de participación. A su vez, la audiencia pública debe entenderse como un derecho mediante el cual, las autoridades tengan en cuenta las opiniones expresadas por la población al momento de la toma de decisiones y expliquen y publiciten el proyecto a instaurar.

En nuestro criterio, es relevante señalar que, en cuanto al derecho de participación, la preeminencia de este derecho, además, ha sido puesto de manifiesto en otros instrumentos internacionales verbigracia, y a modo de referencia el artículo 7 del Acuerdo de Escazú consagra los estándares generales para asegurar la materialización del derecho a la audiencia como un desprendimiento axiológico del principio de participación ciudadana, por lo que el Estado debe garantizar mecanismos para que el público participe en las decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones que estén vinculadas a proyectos, decisiones y asuntos de interés público que tengan o puedan tener impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo la salud. Asimismo, el procedimiento de participación debe ser temprano e informado, esto implica: (i) que sea posible desde las etapas iniciales de planeación de los proyectos, (ii) que al público le sea proporcionada la información de manera clara, oportuna y comprensible.

Así las cosas, complementariamente es marco referencial que establece la obligación a cargo de los Estados de realizar esfuerzos para identificar al público directamente afectado por proyectos que tengan o puedan tener impacto significativo en el medio ambiente e implementar acciones para facilitar su participación. Con respecto a las decisiones, el Acuerdo de Escazú consagra la obligación de la autoridad pública de tener en cuenta el resultado del proceso de participación antes de adoptar la decisión. Adicionalmente, los Estados deberán velar por informar oportunamente al público de la decisión tomada, difundiéndola en medios apropiados -escritos, electrónicos, orales y por los métodos tradicionales-. La decisión debe difundirse con la motivación que la sustenta y con los procedimientos administrativos y judiciales existentes que el público puede iniciar. Tal desarrollo es conteste y congruente con parámetros de protección del derecho de marras en los términos supra expuestos en este fallo.

Aunado a lo anterior, el Convenio de Aarhus sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en materia de Medio Ambiente, es un tratado negociado bajo el auspicio de la Comisión Económica de Europa, que tiene como objetivo también proteger el derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar. Para alcanzar este objetivo, el Convenio de Aarhus establece tres pilares fundamentales para el derecho internacional de los derechos humanos en materia ambiental, a saber, el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto, es de relevancia constitucional que el Estado garantice la audiencia pública como un derecho, a través de las formas de participación directa de los ciudadanos en asuntos que pueden tener un impacto ambiental, con la finalidad de aportar mayores elementos y establecer procedimientos para la toma de decisiones, con el efecto de mejorar la protección ambiental y dar a conocer a las organizaciones sociales y a la comunidades, la existencia de un proyecto o actividad, los impactos que éste puede generar y las medidas de manejo propuestas o implementadas para prevenir, corregir o compensar posibles impactos al ambiente.

Ciertamente, la participación ciudadana en los asuntos ambientales abarca dos puntos esenciales: el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales, o que puedan causar una lesión a los recursos naturales y al medio ambiente, y la garantía de una efectiva participación en la toma de decisiones en estos asuntos. Por ello, el Estado costarricense no sólo debe invitar a la participación ciudadana, sino que debe promoverla y respetarla cuando se produzca (ver sentencia número 2001-10466). De esta suerte, resulta de gran importancia la puesta a disposición de los interesados de la información que en la materia tengan en las oficinas públicas, caso de la relativa a los estudios de impacto ambiental a cargo de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Por lo que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona debe tener adecuada formación sobre el medio ambiente que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones.

Este principio de la participación ciudadana en los asuntos ambientales, nace y se justifica precisamente de la aplicación de la positivación del principio democrático -consagrado en el artículo 1° de la Constitución Política-, por lo que del referido principio, se evidencia claramente la importancia que se le debe dar a las cuestiones ambientales, y en general, sobre todo, a la participación de la sociedad civil en decisiones de gran trascendencia para la comunidad.

Por ello, contrario a lo manifestado por la autoridad recurrida, no se trata de una desconstitucionalización del principio de legalidad de la Administración Pública al fomentar la práctica de la audiencia pública que solicita en este proceso de garantía la parte recurrente, pues dicha práctica encierra en buena forma un gobierno más democrático y abierto a la participación ciudadana, que amplía los foros de debate sobre temas como el de la protección al medio ambiente, y en virtud de ello, quedan abiertos a la intervención y opinión ciudadana. Estamos, pues, ante una opción ya muy aceptada en la evolución del concepto de democracia y este amparo ofrece una magnífica oportunidad de darle clara y efectiva vigencia, para que no se quede en el mero discurso. Por eso mismo es que la cuestión ambiental es un tema que ya la Sala ha reconocido como aquellos que otorgan a los particulares una legitimación especial, y de la que se reconoce como un -derecho reaccional- (ver en ese sentido las sentencias números 2233-93 y 3705-93).

En el derecho ambiental, el presupuesto procesal de la legitimación tiende a extenderse y ampliarse en una dimensión tal, que lleva necesariamente al abandono del concepto tradicional, debiendo entender que en términos generales, toda persona puede ser parte y que su derecho no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera ejercer según las reglas del derecho convencional, sino que su actuación procesal responde a lo que los modernos tratadistas denominan el interés difuso, mediante el cual la legitimación original del interesado legítimo o aún del simple interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran. Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, se transforma, en virtud de su incorporación al elenco de los derechos de la persona humana, convirtiéndose en un verdadero "derecho reaccional", que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular para "reaccionar" frente a la violación originada en actos u omisiones ilegítimos.

A pesar de la tesis defendida por la mayoría, consideramos que la audiencia pública es un elemento que garantiza el principio de publicidad contenido en los artículos 23 de la Ley No. 7554 (Ley Orgánica del Ambiente) y artículo 95 de la Ley No. 7788 (Ley de Biodiversidad), pero sobre todo garantiza el derecho fundamental de todo habitante del país a la participación pública y estar informado en orden a las decisiones que afecten el ambiente. Sobre este tema, ha indicado la Sala Constitucional:

“IV.-Por otro lado, este Tribunal ha potenciado el derecho que tiene la población de participar en aquellos asuntos que sean de su interés y que involucren la afectación al ambiente. Sobre el particular se ha indicado, que la participación ciudadana en los asuntos ambientales abarca dos puntos esenciales: el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales, o que puedan causar una lesión a los recursos naturales y al medio ambiente, y la garantía de una efectiva participación en la toma de decisiones en estos asuntos. Por ello, el Estado costarricense no solo debe invitar a la participación ciudadana, sino que debe promoverla y respetarla cuando se produzca (ver sentencias número 2001-10466, 2003-6322 y 2010-6922). Así, resulta de gran importancia que sea puesta a disposición de los interesados la información que en la materia tengan en las oficinas públicas, relativa a los estudios de impacto ambiental a cargo de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (ver sentencia N. 9795-2013 de las 10:00 horas del 19 de julio de 2013)

 

Analizando la sentencia parcialmente transcrita, se puede inferir que del contenido del artículo 50 de la Constitución Política, así como de lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Orgánica del Ambiente, se desprende que la legitimación en materia ambiental es propia de una acción popular, grado máximo de legitimación que habilita a cualquier persona, al margen de todo vínculo o relación subjetiva con determinado objeto de tutela, requerir acciones de resguardo o control respecto de determinado bien jurídico, en este caso, el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Este instituto pone en evidencia la relevancia de la participación popular en los procesos y procedimientos de análisis y control de la materia ambiental, atendiendo al grado de expansión general que ostenta dicho derecho, constitucionalmente amparado. De ahí que las audiencias públicas en acciones de verificación de idoneidad ambiental de proyectos antrópicos, garantizan el ejercicio del citado derecho desde la arista de participación y control en la toma de decisiones, conocimiento de las implicaciones y pormenores de las obras propuestas y la ponderación de su impacto en el medio.

Es por ello, que creemos que es un deber no sólo constitucional -a tenor de lo dispuesto en el artículo 50 de la Carta Magna- sino de relevancia convencional, que el SETENA realice una nueva audiencia pública para que la comunidad cercana, en donde eventualmente desarrollará el proyecto la empresa gestora, tengan la oportunidad de manifestarse y se consideren las posiciones formuladas por la comunidad interesada en la toma de decisiones que podrían afectar el ambiente.

En consecuencia, la audiencia del proyecto de 2007 no permite tener por cumplido el requisito para la gestión del 2021, pues se trata de un contexto y entorno diverso ya superado, y que impone la consideración y análisis de las condiciones actuales y del impacto probable que en la actualidad, a la fecha de la nueva petición, se estaría generando al ambiente.”

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

RELLENO SANITARIO..

AMBIENTE

011236-23. SETENA recibió un formulario D1 para tramitar la Viabilidad Ambiental de un Relleno Sanitario en Miramar de Montes de Oro. Indica que dicho trámite se realizó a solicitud de la Empresa EBI de Costa Rica S.A. Manifiesta que un proyecto para disposición de residuos sólidos en el mismo sitio fue tramitado ante la SETENA en 2007 y en agosto de 2009, hace más de 13 años, en aquel trámite, se llevó a cabo la audiencia pública que establece la legislación, con la intención de darle a la ciudadanía un espacio de participación para presentar sus objeciones y aclarar dudas en relación con el proyecto que está en valoración. RGS7/2023

“(…) Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente por los hechos relacionados con la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). Se anula la resolución N° 2032-2022-SETENA de fecha 14 de diciembre de 2022 y se ordena a Ulises Álvarez Acosta, en su condición de secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que gire las órdenes pertinentes para que, en un plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se realice la audiencia pública solicitada por la recurrente y se tomen en cuenta las observaciones que efectúen las comunidades interesadas para la posible ejecución del referido proyecto. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. En cuanto a la Empresa EBI de Costa Rica S.A, se declara sin lugar el recurso. Los magistrados Rueda Leal, Garita Navarro y Fernández Argüello dan razones diferentes. Notifiquese.”

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Texto de la resolución

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Exp: 23-001586-0007-CO

Res. Nº 2023011236

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas tres minutos del doce de mayo de dos mil veintitrés.

  Recurso de amparo que se tramita en el expediente N° 23-001586-0007-CO, interpuesto por [Nombre1]   , cédula de identidad CED1, contra la SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL.

Resultando:

1.- Por escrito agregado al Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales de esta Sala a las 13:49 horas del 24 de enero de 2023, la parte recurrente presenta recurso de amparo en contra de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). Manifiesta que el 15 de noviembre de 2021, la SETENA recibió un formulario D1 para tramitar la Viabilidad Ambiental de un Relleno Sanitario en Miramar de Montes de Oro. Indica que dicho trámite se realizó a solicitud de la Empresa EBI de Costa Rica S.A. Manifiesta que un proyecto para disposición de residuos sólidos en el mismo sitio fue tramitado ante la SETENA en 2007 y en agosto de 2009, hace más de 13 años, en aquel trámite, se llevó a cabo la audiencia pública que establece la legislación, con la intención de darle a la ciudadanía un espacio de participación para presentar sus objeciones y aclarar dudas en relación con el proyecto que está en valoración. Narra que en diciembre de 2009, la SETENA le concedió a aquel proyecto la Viabilidad Ambiental solicitada, sin embargo, esa viabilidad ambiental concedida en 2009 caducó sin que la desarrolladora iniciara el proyecto y, por eso, ahora tuvo que presentar una nueva solicitud de Viabilidad Ambiental. Agrega que en el trámite de esta nueva solicitud presentada en noviembre de 2021, la SETENA decidió no convocar a audiencia pública alegando, entre otras cosas, que ya se había realizado una para un proyecto similar en agosto de 2009, lo cual, es una enorme e imperdonable violación a todos los principios y normas constitucionales que garantizan, tutelan y promueven, la participación ciudadana dentro de este tipo de procesos y más cuando son de carácter ambiental. Indica que en un tiempo récord, de escasos 13 meses de 'tramitación' la SETENA aprobó, en la oscuridad y secretismo, más absoluto, un proyecto de alto impacto ambiental, como lo es un relleno sanitario, impidiéndole a las y los ciudadanos participar en una audiencia pública que nunca se convocó y, por tanto, impidiéndoles presentar las denuncias y dudas que sobre el proyecto autorizado existen, y que son de gran diversidad e importancia. Manifiesta que jamás se puede aceptar como argumento, para no convocar a la audiencia pública, el hecho de que se hubiera realizado una similar en agosto de 2009, hace más de trece años. Narra que es muy fácil comprender que, en tanto tiempo, las realidades ambientales de determinada zona cambian y, por ello, es indispensable que el nuevo proyecto sea analizado con las realidades de 2022 o 2023 y nunca de 2009, como se ha pretendido. Agrega que en 2009, a propósito del proyecto mencionado, se vio obligación de acudir por primera vez ante la Sala Constitucional, en virtud que, en aquel procedimiento de evaluación ambiental, pese a que se había realizado una primera audiencia pública, en la misma no hubo un verdadero espacio de participación ciudadana y lo que ocurrió es que el desarrollador se limitó a presentar el proyecto y ni siquiera pudieron plantear dudas ni preocupaciones, ni éstas fueron aclaradas. Indica que pese a que hubo audiencia, la Sala tuvo por demostrado que la misma no fue coherente con lo que exige la legislación y al no haberse dado un verdadero espacio de participación a la ciudadanía, la Sala decidió anular la audiencia y ordenar que se reprogramara una nueva y que en esa nueva se garantizara la participación popular. Manifiesta que todo eso ocurrió en el expediente 09-003830-0007-CO, en el que, el 08 de mayo de 2009, se dictó la resolución 2009-07540. Narra que si dicho voto anuló una audiencia por no garantizar la participación efectiva de la ciudadanía, ¿cuánto más grave es que ni siquiera se convoque a la audiencia? Estima que la falta de participación, conforme lo dispuso la Sala en aquella oportunidad, constituye una grave violación a los derechos fundamentales, por lo que la resolución 2032-2022-SETENA de 14 de diciembre de 2022, resulta nula, por haberse emitido sin que se hubiera convocado y celebrado la audiencia pública.

2.- Por resolución de Presidencia de las 16:49 horas del 25 de enero de 2023, se le dio curso al presente amparo y traslado al secretario técnico de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

3.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 15:55 horas del 18 de febrero de 2023, informa bajo juramento [Nombre2]  , en su condición de secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). Manifiesta que: “… PRIMERO: Menciona la recurrente lo siguiente: “… Agrega que, en el trámite de esta nueva solicitud presentada en noviembre de 2021, la SETENA decidió no convocar Audiencia Pública alegando, entre otras cosas, que ya se había realizado una para un proyecto similar en agosto de 2009, lo cual es una enorme e imperdonable violación a todos los principios y normas constitucionales que garantizan, tutelan y promueven, la participación ciudadana dentro de este tipo de procesos y más cuando son de carácter ambiental.” En este punto se ha de tomar en cuenta varios aspectos, los cuales son los siguientes: Este proyecto NO es nuevo para la ciudadanía cercana al mismo, pues este mismo proyecto sin modificación significativa en su concepción, respecto del presentado hace 10 años, realizó dos audiencias públicas en el pasado, donde se convocó a las posibles personas interesadas en el Gimnasio del Colegio de Montes de Oro, a presentarse un día sábado, para ser informadas y dar a conocer el proyecto y además, recibir cualquier comentario o inquietud referente al mismo. Por otra parte, con respecto a que han pasado 10 años desde que se hicieron tales audiencias y que las condiciones ambientales según refiere la recurrente han cambiado y que por eso debe de realizarse una nueva audiencia pública, carecen de fundamento técnico, pues la recurrente no presenta, ni una razón ambiental de cambio significativa, mientras que el estudio de impacto ambiental elaborado por al menos siete profesionales en distintas ramas, determinan prácticamente que las condiciones ambientales permanecen idénticas e invariables a las determinadas hace 10 años. Por otra parte, hay un enorme error de concepto por parte de la recurrente, al circunscribir o encasillar la participación ciudadana solo a una Audiencia Pública tal cual está concebida, cuando existen en la actualidad gran cantidad de formas de realizar y garantizar esta participación ciudadana y brindarle acceso a la información a todas las personas interesadas en el proyecto, sin siquiera salir de sus casas. La Evaluación de Impacto Ambiental es la primera etapa de la Gestión Ambiental de un proyecto, es la etapa donde apenas el proyecto está definido solo en papel y donde la participación ciudadana apenas inicia, es decir, la participación ciudadana NO solo se limita a esta etapa, ni se concibe su papel como decisorio en el sentido, de que en esta etapa (ni en ninguna otra) la ciudadanía debe decidir si aprueba o rechaza el proyecto, ese no es el papel de la ciudadanía en temas ambientales, sino que la ciudadanía debe ser parte de todo el proceso de Gestión Ambiental, para garantizar y/o constatar que el proyecto se desarrolle en armonía con el ambiente. La participación ciudadana en temas ambientales es un proceso continuo durante el ciclo de vida del proyecto, donde en las diferentes etapas del mismo, la ciudadanía tenga un papel tanto vigilante como acompañante, de modo que las acciones y/o actividades del proyecto tengan como parte de su sustento las inquietudes y/o necesidades de la población cercana al mismo. Esto quiere decir que la participación ciudadana no se manifiesta ni tiene su papel “máximo” en una actividad puntual en el espacio y tiempo, como la Audiencia Pública, porque esto sería limitar de forma tajante el papel de la ciudadanía en el resto de la vida del proyecto y en las etapas incluso más trascendentales del mismo, como son la construcción y operación. La SETENA consciente de lo anterior y garante de la que la participación ciudadana es continua y fundamental, sobre todo en este tipo de proyectos, que por su naturaleza genera en algunos sectores de la población cierto nivel de rechazo y/o preocupación, ha establecido mecanismos bien definidos para garantizar que la participación ciudadana sea continua y eficaz en el tiempo de vida del proyecto, dentro de estos se tienen los siguientes: a. El establecimiento de la Comisión de Monitoreo Ambiental (COMIMA), la cual es una comisión que se crea en el momento en que el proyecto inicia su construcción y operación, esta Comisión está integrada por representantes de la Sociedad Civil, que los propone la misma Sociedad, así como de las instituciones gubernamentales de la zona, cuya función específica es realizar un seguimiento minucioso de las actividades del proyecto y de garantizar que las mismas se realicen de acuerdo a lo previsto o incluso que se modifiquen si esto será en beneficio del ambiente. Esta Comisión, tiene todo un plan de trabajo y sus reuniones se realizan justo en el sitio del proyecto, de modo que dicha Comisión realiza una verificación en campo de las acciones que realiza el proyecto, y tiene la potestad de sugerir cambios de medidas ambientales que garanticen el mínimo impacto a la población cercana al proyecto, si así se logra constatar. b. La participación ciudadana, tampoco desaparece después de la Evaluación de Impacto Ambiental, pues una vez que el proyecto inicia su construcción y operación, el expediente está a la vista y acceso de cualquier ciudadano que requiera analizarlo, y cualquier persona puede presentar si así lo considera acciones de consulta o denuncia ante situaciones de tipo ambiental que puedan afectarlo directa o indirectamente. c. También la participación ciudadana se garantiza en cualquier etapa del proyecto, mediante la figura legal del Apersonamiento, que garantiza y legitima a cualquier ciudadano a ser parte del expediente y que cualquier acto administrativo del mismo, le sea comunicado formalmente y estar enterado de lo que sucede a nivel administrativo con el expediente y realizar las acciones legales que considere convenientes según su motivación. Por otra parte, es importante mencionar que tal y como lo establece el Decreto 32966- MINAE y otros relacionados, la Audiencia Pública es potestativa de la SETENA, y no es obligatoria, Y SU NO REALIZACIÓN, NO IMPLICA DE NINGUNA MANERA, QUE SE ESTE LIMITANDO O AFECTANDO LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA A SER PARTE DE LA TOMA DE DECISONES DE CARÁCTER AMBIENTAL, sino que la SETENA como órgano técnico, debe de valorar todos los elementos TECNICOS Y LEGALES necesarios para determinar y fundamentar la pertinencia de realizar una Audiencia Pública en dicha etapa procesal. La Audiencia Pública como instrumento de participación ciudadana es una de las posibilidades y opciones dentro de los mecanismos existentes de participación ciudadana en esta etapa de ciclo de vida del proyecto, y se debe de optar la realización de la misma cuando se haya comprobado que otros mecanismos han fallado o cuando estos mecanismos previos indiquen que es necesario e imprescindible llegar a este último instrumento. La legislación existente no indica de manera tácita o explicita que, para proyectos como el presente, ni ningún otro tipo, se deba por obligación solicitar o implementar una Audiencia Pública, incluso la misma Sala IV, menciona en temas ambientales de la obligación de la participación ciudadana, pero no menciona que esta se refiera una y exclusivamente a una única técnica como lo es la Audiencia Pública. Se debe de recordar, que el Reglamento de la SETENA data del año 2004 y en aquella época el acceso a la información, incluso la existencia de medios de comunicación era más limitada y, por lo tanto, la forma de llegar a la población mediante Audiencia Pública se creía como la mejor opción, cuando en la actualidad existen muchas formas de comunicación y medios para llegar a las personas, mucho mejores y eficientes e incluso con óptimos resultados que incluso los que anteriormente se ha obtenido en una Audiencia Pública. Ahora bien, específicamente para el proyecto en cuestión dentro de las razones que se consideraron para no solicitar y/o realizar una Audiencia Pública están las siguientes: El Desarrollador del proyecto aplicando una de las técnicas de participación ciudadana estipuladas dentro del Decreto 32966-MINAE que rige la Evaluación de Impacto Ambiental, el desarrollador realiza la técnica de PARTICIPACIÓN CIUDADANA denominada “Estudio cuantitativo de percepción local” el cual es una herramienta bien definida y elaborada por la Sociología, cuya finalidad es tomar en consideración de manera directa la opinión y/o percepción de las personas que puedan verse afectadas o interesadas por el desarrollo del proyecto. Mediante esta técnica todas las inquietudes, dudas e incluso molestias, son tomadas en cuenta por el sociólogo, para ser incorporadas dentro del eje social de la Gestión Ambiental para ser convertidas en acciones dirigidas al componente social del proyecto. Por ejemplo: una de las frecuentes preocupaciones que surgen de la ciudadanía respecto del proyecto, es: “…en que se verá beneficiada la comunidad con la realización del proyecto…” esto lo toma el sociólogo y en conjunto con el desarrollador, y basado en las necesidades y/o características socioeconómicas detectadas en el mismo estudio de impacto ambiental del componente social, establecen las acciones concretas que de parte del proyecto puedan generarse para contribuir a la mejora de la ciudadanía, ejemplos de algunas de estas acciones son las siguientes: la contratación de personal de la zona, el aporte económico a las Asociaciones de Desarrollo de la zona, mejoras en infraestructura comunal, etc. Para el presente proyecto, el sociólogo [Nombre3]   realiza todo un análisis Socioeconómico del área de influencia directa e indirecta del proyecto, que incluye la participación ciudadana de personas cercanas al proyecto, así se observa en el siguiente extracto: “Cada comunidad y poblado fue visitado para aplicar el instrumento de análisis, de conformidad con los parámetros de SETENA, para valorar la percepción social con relación al proyecto.”. “El instrumento de evaluación (encuesta) fue aplicado en a una muestra, cuyo número se determinó siguiendo los parámetros indicados en el Decreto 32966-MINAE, donde se establece que se debe cumplir con un nivel de confianza del 90% y un margen de error del ±10%. Dando como resultado una muestra de 71 viviendas, donde se aplicó el instrumento mediante entrevistas directa (cara a cara) con los habitantes de las viviendas.” “Se definió el tamaño de muestreo con un nivel de confianza del 90% y se utilizó un muestreo por “conveniencia”, que es una técnica de muestreo no probabilístico, donde los entrevistados son elegidos por “conveniencia, accesibilidad y proximidad”, lo que hace más fácil el reclutamiento del grupo meta a entrevistar por el equipo consultor. Se escogió esta técnica de muestreo, ya que es rápida, fácil y, sobre todo, los sujetos están disponibles en el momento de llegar a cada vivienda a realizar la entrevista.” “También se construyó un segundo instrumento para la captura de datos, con el objetivo de obtener la percepción local sobre el Proyecto mediante un estudio cuantitativo, haciendo énfasis en el perfil de la población consultada, así como en lo referente al conocimiento, opiniones, actitudes, percepciones y preocupaciones de las personas que habitan en el sector de análisis respecto al posible desarrollo de "EL PROYECTO”.  En la siguiente tabla tomada del EsIA, se observa donde se realizaron las entrevistas para tomar en cuenta la participación ciudadana respecto del proyecto:

 Además, nótese en la siguiente imagen que los sitios donde se fue a realizar el procedimiento de participación ciudadana fue en los sectores que eventualmente puedan verse afectados por el desarrollo del proyecto.

Del proceso de participación ciudadana que realizó el desarrollador, se presenta el nombre de las personas que fueron seleccionadas al azar para ser informadas del proyecto y que estos manifestaran sus inquietudes (si es que las tuvieran) respecto de la actividad que se pretende desarrollar. De esta forma se da un acercamiento directo a la población, más efectivo incluso que la Audiencia Pública, porque se conoce a la ciudadanía justo en su lugar de habitación y se puede determinar con mayor precisión cuál es su entorno natural y como el proyecto podría afectar, ya sea mejorar o desmejorar su calidad de vida y plasmar esto en acciones o medidas ambientales más certeras, que permitan que el impacto ambiental del proyecto hacía la ciudadanía sea el mínimo posible. La lista se muestra a continuación:

Una vez que el sociólogo, junto a su equipo realizan las entrevistas a todas las personas, este usando su criterio profesional analiza y determina, cual es la impresión y preocupaciones generales que muestra la población respecto del desarrollo del proyecto, de modo, que estas se conviertan en parte de la Gestión Ambiental del proyecto. Por ejemplo, si una de las preocupaciones de la ciudadanía, durante esta etapa de participación ciudadana, es que el proyecto les preocupa, porque este “puede contaminar los ríos”, esto lo toma el sociólogo y elabora una estrategia, que será incorporada dentro de la Gestión Ambiental para asegurar a la población e informarle, que el proyecto no contaminará los ríos y que lo demostrará por ejemplo, mediante análisis del agua del río, que serán publicados en la página de internet de la empresa, o mediante panfletos o alguna otra forma de comunicación de fácil acceso a estos. Dentro de las respuestas obtenidas durante la participación ciudadana se tienen las siguientes:

Por todo lo mencionado anteriormente, la recurrente no tiene razón en sus argumentaciones para solicitar una Audiencia Pública, alegando que sin ésta la Participación Ciudadana es nula. Otra motivación por la cual se consideró la no realización de una Audiencia Pública como instrumento de participación ciudadana es, que la ubicación del proyecto, dista de más de 3 km en línea recta del primer centro de población (Aranjuez) y a 5 km del centro de población de Montes de oro, tal cual se observa en la siguiente imagen tomada de Google Earth:

Según se observa en la imagen, las distancias a los centros de población en línea recta, son considerables, y si la distancia se midiera a través de las calles públicas de acceso a dichos centros, las distancias serían mayores, esto hace que los impactos ambientales que pueda generar el proyecto, sean difícilmente tan siquiera percibidos por la ciudadanía. Si a esto además, se le suma el hecho de que los camiones cargados de basura, circularán solo por la [Dirección1]  , y que el proyecto se desarrollará en una finca que está en su exterior cubierta por árboles, la existencia del proyecto será casi desapercibida por la población, por lo tanto el nivel de cercanía del proyecto con los centros de población es la adecuada y justificante, para no realizar un proceso de participación ciudadana de audiencia pública, sino que se utilizó otra técnica aprobada y desarrollada por la Sociología. Otra de las motivaciones por las cuales esta Secretaria, determinó la inconveniencia de realizar una Audiencia Pública, fue la existencia del Decreto de Emergencia Nacional por motivo del COVID 19 en el año 2021, año de ingreso del expediente, que prohibía eventos de alta asistencia, y que a pesar de que dicho Decreto ya fue derogado en el año 2022, aun a la fecha el COVID 19 sigue causando internamientos hospitalarios por personas afectadas por dicha enfermedad y en especial han aumentado los pacientes menores de edad, y si además se le suma el hecho de que en la zona no existe un inmueble con las condiciones sanitarias adecuadas para realizar una actividad, que congregue a un alto volumen de personas, se consideró que la audiencia pública no era la mejor opción para el proceso de participación ciudadana. SEGUNDO: La recurrente menciona lo siguiente: “Indica que en un tiempo récord, de escasos 13 meses de “tramitación” la SETENA aprobó, en la oscuridad y secretismo, más absoluto, un proyecto de alto impacto ambiental, como lo es un relleno sanitario, impidiéndole a las y los ciudadanos participar en una audiencia pública que nunca se convocó y, por tanto, impidiéndoles presentar las denuncias y dudas que sobre el proyecto autorizado existen, y que son de gran diversidad e importancia.” Lo que menciona la recurrente es una expresión temeraria que pone en tela de duda la labor del Departamento de Evaluación Ambiental y de la SETENA misma. La recurrente desconoce de todos los cambios internos en la metodología de trabajo que se han realizado en SETENA, que han permitido disminuir considerablemente los tiempos de respuesta de los procesos que atiende SETENA, en aras de una respuesta administrativa más eficiente, de manera que en todo caso 13 meses no es un tiempo “record” o sospechoso como lo hace querer ver la accionante. También desconoce en apariencia la recurrente, que desde el año 2020 los trámites que realiza SETENA son virtuales y que toda la información se encuentra disponible al público en la página de internet de la SETENA para su revisión y descarga, es decir, las personas interesadas, ni siquiera deben de presentarse físicamente a la SETENA para consultar la misma, sino que por internet pueden tener acceso a todo el expediente y sus documentos. Además, como lo estipula la legislación se realizó la publicación respectiva en un medio de comunicación de circulación nacional, sobre la presentación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto a SETENA. Por lo que no ha existido ningún secretismo en el trámite del mismo, sino que se ha cumplido con la legislación actual. Además, siendo que este mismo proyecto fue presentado y aprobado en SETENA en el año 2010 y que para aquella época se habían resuelto todas las inquietudes técnicas y/o legales del mismo (incluidas las pocas que resultaron como producto de las audiencias), era factible y predecible, que al volver a presentarse nuevamente el proyecto, el mismo presentara mínimas carencias de información que implicaran largos tiempos de resolución, por lo tanto, la tramitación del expediente ha sido correcta y se podría considerar rápida si se compara que en el pasado este tipo de proyectos tardan entre 3 y 4 años para aprobarse, pero esto no indica de ninguna forma, que esto sea lo correcto, ni sea lo deseable para los trámites de proyectos en SETENA de este tipo. Considerando que la recurrente no ha demostrado, ni presentado, ninguna prueba técnico-científica que permita refutar los criterios utilizados por este Departamento para no solicitar una Audiencia Pública, y que todas las dudas o deficiencias mencionadas por la recurrente, poseen una adecuada fundamentación dentro de los documentos del expediente, se recomienda rechazar desde el punto de vista técnico el presente recurso de amparo. Por otro lado, debe considerarse que la accionante del presente recurso en el uso de su derecho de participación ciudadana interpuso el pasado 19 de diciembre del 2022 un recurso administrativo de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución que otorgó la Viabilidad Ambiental al proyecto, de manera que ahí se discutirá y responderán sus inquietudes técnicas sobre el proyecto, de acuerdo al orden procesal del expediente. TERCERO: Sobre el voto de la Sala Constitucional 2009-07540 del 08 de mayo del 2009. En el recurso de amparo presentado ante la Sala Constitucional por la señora [Nombre1] menciona que: “la Sala decidió anular la audiencia y ordenar que se reprogramara una nueva y que en esa nueva se garantizara la participación popular. Manifiesta que todo eso ocurrió en el expediente 09-003830-0007-CO, en el que, el 08 de mayo de 2009, se dictó la resolución 2009-07540. Narra que si dicho voto anuló una audiencia por no garantizar la participación efectiva de la ciudadanía, ¿cuánto más grave es que ni siquiera se convoque a la audiencia? Estima que la falta de participación, conforme lo dispuso la Sala en aquella oportunidad, constituye una grave violación a los derechos fundamentales, por lo que la resolución 2032-2022-SETENA de 14 de diciembre de 2022, resulta nula, por haberse emitido sin que se hubiera convocado y celebrado la audiencia pública. En cuanto a lo que indica la recurrente NO lleva razón ya que el espíritu de lo dictado por la Sala Constitucional en el Voto 2009-07540, del 08 de mayo del 2009 refiere a un recurso de amparo que presentó la recurrente [Nombre1]    el 12 de marzo del 2009 explicando que: “(…) es vecina de Miramar de Montes de Oro, cantón en donde la empresa EBI pretende construir un relleno sanitario, en razón de lo cual, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental señaló la celebración de una audiencia pública para el veintiuno de febrero de dos mil nueve. En dicha audiencia, reclama que los empleados de la empresa EBI se dedicaron a explicar los beneficios de la instalación del relleno en disputa y, cuando trató de emitir sus comentarios, la recurrida le impidió el uso de la palabra, indicándole que no podía referirse a otros proyectos en ejecución. En virtud de lo expuesto, estima lesionados sus derechos fundamentales.”(…) En dicho voto la Sala se pronuncia sobre el fondo indicando lo siguiente: “La Ley Orgánica del Ambiente, en su artículo 6, establece que: “El Estado y las municipalidades, fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente.” Por su parte, el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto 31849-MINAE-MOPT-MAG-MEIC) dispone, en lo que se refiere a mecanismos para ser escuchados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, lo siguiente: (…) Artículo 56.—Requerimiento de una audiencia. Conforme el artículo 95 de la Ley de Biodiversidad, cuando alguna persona física o jurídica solicite a la SETENA se lleve a cabo audiencia pública de información y análisis para el caso de una determinada actividad, obra o proyecto, la Comisión Plenaria de la SETENA en virtud de la magnitud del potencial impacto ambiental, determinará, previa valoración técnica de las situaciones implicadas en el desarrollo de la misma, la necesidad o no de celebrarla. En caso de decidir no celebrar la audiencia pública solicitada, dicha comisión deberá determinar el mecanismo mediante el cuál recibirá las observaciones. (el subrayado y la negrita no es del original). (…) Asimismo, conviene hacer referencia a lo dispuesto por esta [Nombre4]. al tratar asuntos relacionados con la celebración de audiencias públicas. En tal sentido, en la sentencia número 2007-06315 de las catorce horas y treinta y tres minutos del nueve de mayo de dos mil siete, se dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “IX.- Sobre la omisión de consulta. La recurrente [Nombre5]. también reclama que a pesar de las implicaciones del proyecto analizado, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental no consultó a la comunidad, ni a la Reserva C.B., ni a las organizaciones ambientalistas interesadas en el asunto, con lo cual se les colocó en indefensión. Al respecto, debe indicarse que según lo establece el artículo 35 y siguientes, del Decreto Ejecutivo 25705- MINAE (Reglamento sobre Procedimientos de la SETENA), la audiencia oral prevista queda a criterio de SETENA, previa valoración de las situaciones e implicaciones de cada proyecto, así como de la posibilidad de que un particular presente el proyecto para realizar una audiencia pública. Si bien es cierto este voto resolvió CON LUGAR el recurso interpuesto, el criterio del Tribunal refiere a que el derecho de participación ciudadana no fue garantizado, por las restricciones que se aplicaron afectando el derecho de opinión de la recurrente y los demás intervinientes de dicha actividad, en consecuencia se anuló la audiencia pública, por el prejuicio ocasionado; pero a la vez deja claramente evidenciado que la SETENA cuenta con amplia potestad y criterio para decidir sobre la realización o no de una audiencia pública; reafirmando lo dispuesto en otras ocasiones por la Sala en asuntos relacionados con la celebración de audiencias públicas; reseñando a la sentencia número 2007-06315 de las catorce horas y treinta y tres minutos del nueve de mayo de dos mil siete, así como lo establecido en la norma jurídica, en el artículo 35 y siguientes, del Decreto Ejecutivo 25705- MINAE (Reglamento sobre Procedimientos de la SETENA), y el artículo 56 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto 31849- MINAE-MOPT-MAG-MEIC) entre otros. Por lo que en este caso no constituye una violación a los derechos fundamentales el no haberse realizado una audiencia pública. Siendo la Resolución 2032-2022-SETENA de 14 de diciembre de 2022 legitima …”. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.

4.- Mediante resolución dictada a las 14:47 horas del 25 de abril de 2023, el magistrado instructor amplió las partes del presente proceso.

5.- Por escrito incorporado al expediente digital el 02 de mayo de 2023, informa [Nombre6]   , en su condición de apoderada general judicial de EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A., cédula de persona jurídica número: CED2, quien manifiesta que: “… Tal y como se puede apreciar a partir de la transcripción en el apartado anterior de lo aducido por la recurrente, tres son los ejes temáticos sobre los que hace descansar su línea argumentativa: 1) La no convocatoria a Audiencia Pública; 2) El “tiempo récord” en el que SETENA aprobó un Proyecto de Alto Impacto Ambiental y 3) El contenido de la Sentencia No. 2009-07540 del 08 de mayo del 2009, emitido por la Sala Constitucional. Siendo ello así, seguidamente nos referiremos a cada unos (sic) de los argumentos de comentario, indicando desde ya que nos adherimos a los datos y fundamentos jurídicos informados por SETENA a este Alto Tribunal, los cuales en todo se ajustan a las reglas inequívocas de la ciencia y de la técnica y al principio de legalidad. 1.-) Arguye la recurrente que: “… en el trámite de esta nueva solicitud presentada en noviembre de 2021, la SETENA decidió no convocar Audiencia Pública alegando, entre otras cosas, que ya se había realizado una para un proyecto similar en agosto de 2009, lo cual es una enorme e imperdonable violación a todos los principios y normas constitucionales que garantizan, tutelan y promueven, la participación ciudadana dentro de este tipo de procesos y más cuando son de carácter ambiental.” Lo así argumentado no resulta atendible por las razones que seguidamente se explican. Tal y como se puede colegir de una simple revisión del expediente administrativo, el Proyecto de mi representada no es nuevo para la comunidad o comunidades cercanas al mismo. Pues, reiteramos, como así se desprende con absoluta claridad del expediente administrativo, se trata del mismo Proyecto presentado hace aproximadamente una década y con ocasión del cual se convocó a las personas interesadas a dos audiencias públicas -un día sábado-, que se realizaron en el Gimnasio del Colegio de Montes de Oro -. Audiencias, que claro está, fueron programadas para informar y dar a conocer el Proyecto, así como para recibir cualquier comentario o inquietud en cuanto al mismo. Indica la recurrente que ha pasado más de diez años desde que se llevaron a cabo tales audiencias y que las condiciones ambientales han cambiado. De ahí que se requiere la realización de una nueva audiencia. Lo así argumentado carece por completo de fundamento técnico. En esta línea, nótese que la recurrente no pasa de realizar una simple manifestación sin aportar a los autos una prueba que sustente su dicho, no dando ni una sola razón de naturaleza ambiental que de cuenta de un cambio significativo de las condiciones ambientales, como temerariamente lo afirma. Aunado a lo anterior -sea, la ausencia total de razones y pruebas que den soporte a su dicho-, ha de recordarse que en el estudio de impacto ambiental elaborado por al menos 7 profesionales en distintas ramas, estos determinan prácticamente que las condiciones ambientales permanecen idénticas e invariables a las determinadas hace 10 años. Sin perjuicio de lo antes señalado, respetuosamente estimamos que la recurrente incurre en un grueso error conceptual, en tanto la misma parece entender que solamente a través de una audiencia pública se puede garantizar la participación ciudadana, cuando es lo cierto que en la actualidad existen una gran cantidad de formas de realizar y garantizar dicha participación y brindarle acceso a la información a todas las personas interesadas en el Proyecto, sin necesidad de que se desplacen. En tal sentido, la tecnología actual permite la gestión y envío de información a través de canales digitales -como los “emails”-, de soportes digitales como la llave maya y el Cd, así como la participación virtual en reuniones a través de plataformas tecnológicas como Teams de Microsoft o Zoom. Ahora bien, como es sabido, la Evaluación de Impacto Ambiental es la primera etapa de la Gestión Ambiental de un proyecto, es la etapa donde apenas el proyecto está definido solo en papel y donde la participación ciudadana apenas inicia. Es decir, la participación ciudadana no debe entenderse limitada a esta etapa, ni se concibe su papel como decisorio en el sentido, sea que en esta etapa (ni en ninguna otra) la ciudadanía debe decidir si aprueba o rechaza el proyecto. Lo anterior, por cuanto ese no es el papel de la ciudadanía en temas ambientales, sino que la misma es parte activa de todo el proceso de Gestión Ambiental, para garantizar y/o constatar que el proyecto se desarrolle en armonía con el ambiente y tome en cuenta los impactos identificados por la comunidad y las medidas de mitigación que los profesionales plantean, tomando en cuenta las voces de los actores comunitarios. La participación ciudadana en temas ambientales es un proceso continuo durante el ciclo de vida del proyecto, donde en las diferentes etapas del mismo, la ciudadanía tiene un papel tanto vigilante como acompañante, de modo que las acciones y/o actividades del proyecto tengan como parte de su sustento las inquietudes y/o necesidades de la población cercana al mismo. Esto quiere decir que la participación ciudadana no se manifiesta ni tiene su papel “máximo” en una actividad puntual en el espacio y tiempo, como la Audiencia Pública, porque esto sería limitar de forma tajante el papel de la ciudadanía en el resto de la vida del proyecto y en las etapas incluso más trascendentales del mismo, como son la construcción y operación. Por otra parte, es importante mencionar que tal y como lo establece el Decreto 32966- MINAE y normativa conexa, la Audiencia Pública es potestativa de la SETENA. En otras palabras, no es obligatoria y por tal razón, su no realización en modo alguno implica que se esté limitando o conculcando los derechos de las personas en este campo. Ello así, por cuanto la SETENA al ser un órgano técnico, debe valorar todos los elementos tanto técnicos como legales, que se estimen necesarios para determinar y fundamentar la pertinencia de realizar una Audiencia Pública en dicha etapa procesal Ahora bien, de suma relevancia es resaltar, que la SETENA al tomar la decisión de no realizar la Audiencia Pública, no lo hizo antojadiza o arbitrariamente, sino que actúo de manera fundada en aspectos tanto legales como técnicos. En tal sentido, como bien lo indica la referida entidad al rendir su informe con ocasión del presente Amparo, el “desarrollador del proyecto aplicando una de las técnicas de participación ciudadana estipuladas dentro del Decreto 32966-MINAE que rige la Evaluación de Impacto Ambiental, realiza la técnica de PARTICIPACIÓN CIUDADANA denominada “Estudio cuantitativo de percepción local” el cual es una herramienta bien definida y elaborada por la Sociología, cuya finalidad es tomar en consideración de manera directa la opinión y/o percepción de las personas que puedan verse afectadas o interesadas por el desarrollo del proyecto. Mediante esta técnica todas las inquietudes, dudas e incluso molestias, son tomadas en cuenta por el sociólogo, para ser incorporadas dentro del eje social de la Gestión Ambiental para ser convertidas en acciones dirigidas al componente social del proyecto.” Aunado a lo anterior, como parte del proceso de participación social en la etapa de seguimiento, mi representada se comprometió a cumplir los siguientes compromisos o medidas ambientales (protocolo S3, S4 y S7 del capítulo 11 del P-PGA presente en el EsIA): • Programa de participación ciudadana • Programa de divulgación y capacitación. • Plan de Gestión Comunal. • Síntesis: Asegurar el conocimiento y sensibilización hacia el tratamiento de los residuos sólidos y el proyecto. Indicadores de cumplimiento: 1. Cumplir con normativa vigente. 2. Aplicar el Plan de Comunicación Comunal. 3. Realizar capacitaciones a líderes comunales en materia de gestión de residuos y del proyecto, el primer año de forma trimestral, segundo año semestralmente. 4. Realizar visitas guiadas con la comunidad y lideres comunales cada 4 meses durante el proceso constructivo. 5. Participar en las reuniones de la COMIMA 6.Contar con un Programa de Apoyo a Proyectos Comunales en el Área de Influencia Directa (AID). 7. Realizar una Encuesta cada 2 años de la percepción del Proyecto. 8. Mantener reuniones trimestrales con los líderes comunales del área de influencia. 9. Divulgar el Proyecto mediante las redes sociales. Otra razón por la cual SETENA consideró la no realización de una Audiencia Pública en este caso es que el Proyecto se encuentra a más de 3 km en línea recta del primer centro de población (Aranjuez) y a 5 km del centro de población de Montes de Oro. Lo antes señalado, evidencia sin necesidad de mayor esfuerzo, que las distancias a los centros de población en línea recta, son considerables, y si la distancia se midiera a través de las calles públicas de acceso a dichos centros, las distancias serían mayores. Esto hace que los impactos ambientales que pueda generar el proyecto sean difícilmente tan siquiera percibidos por la ciudadanía. A lo anteriormente señalado, debe sumársele el hecho de que camiones recolectores, ya cargados con los desechos sólidos, circularán solamente por la [Dirección1]  , y que el Proyecto se desarrollará en una finca que está en su exterior cubierta por árboles. Factores los indicados, que se traducirán en que la existencia del proyecto será casi desapercibida por la población. De ahí que, como acertadamente lo indica SETENA al referirse el presente Amparo, “el nivel de cercanía del proyecto con los centros de población es la adecuada y justificante, para no realizar un proceso de participación ciudadana de audiencia pública, sino que se utilizó otra técnica aprobada y desarrollada por la Sociología.” Finalmente, una razón más por la cual SETENA tomó la decisión que cuestiona la recurrente, fue la existencia del Decreto de Emergencia Nacional por motivo del COVID 19 en el año 2021 -año de ingreso del expediente-, con ocasión del cual, se prohibieron eventos de alta asistencia. Si bien tal emergencia puede afirmarse, ya pasó, aún a la fecha en que se rinde el presente Informe, el virus continúa causando hospitalizaciones, siendo además, que en la zona no existe un inmueble con las condiciones sanitarias adecuadas para realizar una actividad, que congregue a un alto volumen de personas. 2.-) Indica la recurrente: “… que en un tiempo récord, de escasos 13 meses de “tramitación” la SETENA aprobó, en la oscuridad y secretismo, más absoluto, un proyecto de alto impacto ambiental, como lo es un relleno sanitario, impidiéndole a las y los ciudadanos participar en una audiencia pública que nunca se convocó y, por tanto, impidiéndoles presentar las denuncias y dudas que sobre el proyecto autorizado existen, y que son de gran diversidad e importancia.” Lo así afirmado por quien recurre, no puede ser calificado de otra forma más que temerario, irrespetuoso y tendencioso, no solo para la SETENA sino para mi representada, quien siempre se ha caracterizado por transparencia y estricto apego a la legislación imperante en cada Proyecto que emprende. Claro está, que por lo visto la recurrente no está al tanto de los cambios que en materia de trámites y con la finalidad de reducir los tiempos de respuesta ha venido implementando la SETENA. Y que desde el año 2020, las gestiones ante dicha entidad son virtuales, por lo que toda la información se encuentra disponible al público en la página de internet de la entidad para su revisión y descarga. Aunado a lo anterior, en la especie, en estricto cumplimiento de lo preceptuado en la legislación nacional, se realizó la publicación respectiva en un medio de comunicación de circulación nacional, sobre la presentación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto a SETENA. Por supuesto, es de sentido común, que en tanto este mismo proyecto fue presentado y aprobado en SETENA en el año 2010 y que para aquella época se habían resuelto todas las inquietudes técnicas y/o legales del mismo (incluidas las pocas que resultaron como producto de las audiencias), era factible y predecible, que al volver a presentarse nuevamente, el mismo presentara mínimas carencias de información que no implicaran largos tiempos de resolución. Por último, se debe recordar en cuanto al plazo de revisión de la SETENA para Estudios de Impacto Ambiental que tanto sorprende a la recurrente, que el artículo 29 del Decreto Ejecutivo 31849: “3. La SETENA, por medio de su departamento respectivo, realizará la revisión del EsIA en un plazo no mayor de 10 semanas. 5. De conformidad con el procedimiento establecido en el presente decreto y en el Manual de EIA, la SETENA revisará y calificará los EsIA. De acuerdo con dicha calificación, esta Secretaría podrá mediante comunicación oficial escrita rechazar dicho Estudio o bien, solicitar por una única vez, un único Anexo con la información faltante, o aclaración o modificación correspondiente, para lo cual le fijará un plazo razonable de entrega, en función de la cantidad y complejidad de la información requerida. En ambos casos, la SETENA notificará el resultado de la revisión, mediante Resolución. 7. Para la revisión del Anexo, la SETENA dispondrá de un plazo no mayor de 5 semanas. 8. Si la documentación presentada cumple con lo dispuesto en el presente reglamento, se emitirá y notificará la resolución administrativa oficial que otorga la viabilidad (licencia) ambiental a la actividad, obra o proyecto.” Confrontada la norma supra transcrita, con la actuación de la SETENA en la especie, salta a la vista que los tiempos de revisión y tramitación del presente expediente están dentro de lo normado por la legislación vigente. 3.-) En cuanto al contenido y alcances de la Sentencia Constitucional No. 2009-07540 del 08 de mayo del 2009. En el escrito de interposición del Recurso de Amparo que nos ocupa, la recurrente afirma que en un caso similar a este, la Sala decidió anular la audiencia y ordenar que se reprogramara una nueva y que en esa nueva se garantizara la participación popular, como constitucionalmente correspondía. Manifiesta que todo ello acaeció en el expediente No. 09-003830-0007-CO, en el que, el 08 de mayo de 2009, se dictó la resolución No. 2009-07540. Añade, que si dicho voto anuló una audiencia por no garantizar la participación efectiva de la ciudadanía, ¿cuánto más grave es que ni siquiera se convoque a la audiencia? Estima que la falta de participación, conforme lo dispuso la Sala en aquella oportunidad, constituye una grave violación a los derechos fundamentales, por lo que la resolución 2032-2022-SETENA de 14 de diciembre de 2022, resulta nula, por haberse emitido sin que se hubiera convocado y celebrado la audiencia pública. Como de forma más que acertada indica la SETENA al rendir el Informe ordenado con ocasión del Recurso de Amparo que nos ocupa, la recurrente no hace una lectura adecuada de lo que en el citado Fallo, indica la Sala Constitucional. En aquella oportunidad, lo que acaeció fue que la aquí recurrente interpuso un Recurso de Amparo en fecha 12 de marzo del 2009, indicando en lo de interés que: “(…) es vecina de Miramar de Montes de Oro, cantón en donde la empresa EBI pretende construir un relleno sanitario, en razón de lo cual, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental señaló la celebración de una audiencia pública para el veintiuno de febrero de dos mil nueve. En dicha audiencia, reclama que los empleados de la empresa EBI se dedicaron a explicar los beneficios de la instalación del relleno en disputa y, cuando trató de emitir sus comentarios, la recurrida le impidió el uso de la palabra, indicándole que no podía referirse a otros proyectos en ejecución. En virtud de lo expuesto, estima lesionados sus derechos fundamentales.”(…) Luego, atendiendo a la prueba que hizo llegar al respectivo expediente, la Sala Constitucional señaló: “La Ley Orgánica del Ambiente, en su artículo 6, establece que: “El Estado y las municipalidades, fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente.” Por su parte, el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto 31849-MINAEMOPT-MAG-MEIC) dispone, en lo que se refiere a mecanismos para ser escuchados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, lo siguiente: (…) Artículo 56.—Requerimiento de una audiencia. Conforme el artículo 95 de la Ley de Biodiversidad, cuando alguna persona física o jurídica solicite a la SETENA se lleve a cabo audiencia pública de información y análisis para el caso de una determinada actividad, obra o proyecto, la Comisión Plenaria de la SETENA en virtud de la magnitud del potencial impacto ambiental, determinará, previa valoración técnica de las situaciones implicadas en el desarrollo de la misma, la necesidad o no de celebrarla. En caso de decidir no celebrar la audiencia pública solicitada, dicha comisión deberá determinar el mecanismo mediante el cuál (sic) recibirá las observaciones. (…) Asimismo, conviene hacer referencia a lo dispuesto por esta Sala al tratar asuntos relacionados con la celebración de audiencias públicas. En tal sentido, en la sentencia número 2007-06315 de las catorce horas y treinta y tres minutos del nueve de mayo de dos mil siete, se dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “IX.- Sobre la omisión de consulta. La recurrente [Nombre5]. también reclama que a pesar de las implicaciones del proyecto analizado, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental no consultó a la comunidad, ni a la Reserva C.B., ni a las organizaciones ambientalistas interesadas en el asunto, con lo cual se les colocó en indefensión. Al respecto, debe indicarse que según lo establece el artículo 35 y siguientes, del Decreto Ejecutivo 25705- MINAE (Reglamento sobre Procedimientos de la SETENA), la audiencia oral prevista queda a criterio de SETENA, previa valoración de las situaciones e implicaciones de cada proyecto, así como de la posibilidad de que un particular presente el proyecto para realizar una audiencia pública.” Ahora bien, es lo cierto que en aquella ocasión la Sala Constitucional declaró “Con Lugar” el referido recurso, pero claro está que el criterio del Alto Tribunal, se refiere a que la participación ciudadana no fue garantizada, por las restricciones que se aplicaron afectando el derecho de opinión de la recurrente y los demás intervinientes de dicha actividad y en consecuencia, dispuso anular la audiencia pública. No obstante lo anterior, en ese mismo Fallo, la Sala Constitucional deja más que claro, que la SETENA cuenta con amplia potestad y criterio para decidir sobre la realización o no de una audiencia pública; reafirmando lo dispuesto en otras ocasiones en asuntos relacionados con la celebración de audiencias públicas …”. “… En la jurisdicción ordinaria se ha analizado la legalidad de la potestad discrecional de SETENA para convocar audiencias públicas, como parte del procedimiento de EIA (Estudios de Impacto Ambiental), interesa analizar a continuación en lo conducente un fallo de la Sección Sexta del Tribunal Contencioso: “...Conforme a lo expuesto en los Considerandos previos, la decisión referida a si se realiza o no una audiencia pública corresponde a SETENA, quien puede prescindir de ella con base en criterios establecidos de manera objetiva. En el caso concreto, tenemos que la audiencia fue omitida para el otorgamiento de la adenda al instrumento ambiental inicialmente autorizado. Aunado al hecho de que la normativa vigente en aquel momento no establecía la necesidad de esa audiencia para autorizar modificaciones a los estudios de impacto ambiental autorizados, lo cierto es que SETENA sí efectuó una previa valoración técnica de las situaciones implicadas en el desarrollo de la misma, la que, estimamos, sirve de fundamento a la decisión de no celebrarla. … Por otra parte, hay que tener presente que la audiencia es solo uno de los instrumentos para hacer efectivo de derecho de participar en la toma de decisiones referidas a proyectos ambientales. … Por lo expuesto, estimamos que no se ha violentado el derecho de acceso a la información referida a este proyecto (y las autoridades públicas y privadas involucradas han cumplido con el deber de brindar la información suficiente) ni el derecho a la participación pública, en tanto los habitantes de Matapalo han podido manifestar sus criterios, opiniones, puntos de vista o cuestionamientos… Por otra, el hecho de que la adenda no estuviera precedida por otra audiencia no imposibilitó los vecinos de Matapalo ejercer el derecho de participación en la toma de decisiones ambientales, según se expuso…”2 Vemos como incluso, la Jurisdicción ordinaria determinó que incluso ante modificaciones menores o inocuas de un proyecto que fue previamente aprobado, no es necesario realizar una nueva convocatoria de audiencia pública, precisamente coincidiendo con el caso concreto, en el que ya el proyecto había sido previamente aprobado, y más bien fue sometido a un doble estudio de viabilidad ambiental, simplemente por un tema de caducidad procedimental. Consta además en el expediente administrativo D1-0635-2021-SETENA, que la aquí recurrente, tuvo pleno acceso a la totalidad del expediente administrativo y ejerció sus derechos con sendos recursos, que le fueron resuelto de manera objetiva, por lo que el acceso participativo y el control ambiental, ha sido garantizado de manera amplia y desde luego, el proceso de fiscalización continuará en la fase operativa del proyecto, lo anterior aunado a que en los últimos dos años del procedimiento de evaluación ambiental (2020-2021) fue la época pandémica, imposibilitando la realización o convocatoria de audiencias públicas. De ahí que lejos estamos en la especie, del supuesto de hecho analizado por la Sala en aquel Recurso de Amparo. Y contrario a lo que estima la recurrente, el Alto Tribunal fue directo y claro, en cuanto a que en este tipo de casos, impera el criterio técnico de la SETENA …”. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.

6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

I.- SOBRE EL AMPARO CONTRA SUJETOS DE DERECHO PRIVADO. En numeral 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece varios requisitos de admisibilidad de los recursos de amparo contra sujeto de derecho privado. En primer lugar, que las entidades o personas privadas "actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas". Si no se trata de esta hipótesis, y el sujeto de derecho privado, se encuentra en una posición de poder, de hecho, o de derecho, el amparo será procedente, únicamente, como remedio subsidiario de la legislación común si se cumplen otras dos condiciones: a) Que los remedios jurisdiccionales comunes no sean suficientes y b) que sean tardíos. Esto es que, aun existiendo procedimientos jurisdiccionales comunes adecuados para satisfacer la pretensión del tutelado, el resultado de estos sería tardío produciéndose lesiones de difícil o imposible reparación. En el caso particular, se estima procedente entrar a conocer el fondo del asunto, considerando que la SETENA recibió un formulario D1 para tramitar la Viabilidad Ambiental de un Relleno Sanitario en [Dirección2]     a solicitud de la Empresa EBI de Costa Rica S.A. En consecuencia, procede conocer el recurso por el fondo.

II.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente manifiesta que el 15 de noviembre de 2021, la SETENA recibió un formulario D1 para tramitar la Viabilidad Ambiental de un Relleno Sanitario en Miramar de Montes de Oro. Indica que dicho trámite se realizó a solicitud de la Empresa EBI de Costa Rica S.A. Manifiesta que un proyecto para disposición de residuos sólidos en el mismo sitio fue tramitado ante la SETENA en 2007 y en agosto de 2009, hace más de 13 años, en aquel trámite, se llevó a cabo la audiencia pública que establece la legislación, con la intención de darle a la ciudadanía un espacio de participación para presentar sus objeciones y aclarar dudas en relación con el proyecto que está en valoración. Narra que en diciembre de 2009, la SETENA le concedió a aquel proyecto la Viabilidad Ambiental solicitada, sin embargo, esa viabilidad ambiental concedida en 2009 caducó sin que la desarrolladora iniciara el proyecto y, por eso, ahora tuvo que presentar una nueva solicitud de Viabilidad Ambiental. Agrega que en el trámite de esta nueva solicitud presentada en noviembre de 2021, la SETENA decidió no convocar a audiencia pública alegando, entre otras cosas, que ya se había realizado una para un proyecto similar en agosto de 2009, lo cual, es una enorme e imperdonable violación a todos los principios y normas constitucionales que garantizan, tutelan y promueven, la participación ciudadana dentro de este tipo de procesos y más cuando son de carácter ambiental.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a)   La recurrente asegura que es vecina de Miramar de Montes de Oro, cantón en donde la empresa EBI pretende construir un relleno sanitario (hecho incontrovertido).

b)   Inicialmente, el proyecto “Parque de Tecnología Ambiental Galagarza” fue presentado en el año 2007 mediante expediente D1-1375-2007. El 21 de febrero de 2009, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental celebró la audiencia pública correspondiente al proyecto denominado “Parque de Tecnología Ambiental Galagarza”, que se conoció bajo el expediente número 1375-07-SETENA (ver prueba adjunta).

c)    Mediante sentencia N° 2009-07540 de las 11:20 horas del 08 de mayo de 2009, este Tribunal Constitucional resolvió el recurso de amparo -expediente N° 09-003830-007-CO- interpuesto por [Nombre1]  , contra la SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL. En la referida sentencia se resolvió lo siguiente: “ Por tanto: Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se anula la audiencia pública del “Proyecto Parque de Tecnología Ambiental Galagarza”, efectuada el veintiuno de febrero de dos mil nueve dentro del expediente administrativo número 1375-07-SETENA. Se ordena a [Nombre7]  , en su calidad de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o a quien ocupe su cargo, realizar las gestiones que se encuentren dentro del ámbito de su competencia para que dentro del plazo de quince días, contado a partir de la comunicación de esta sentencia, se reprograme la celebración de la mencionada audiencia, en la cual se deberá garantizar a todas las partes el derecho de participación en forma plena…” (ver expediente 09-003830-007-CO, traído ad effectum videndi et probandi).

d)   Mediante la resolución 2966-2009 del 16 de diciembre de 2009, se obtuvo la viabilidad ambiental, sin embargo, por situaciones inherentes a SETENA se venció (ver prueba adjunta).

e)    El 15 de noviembre de 2021 fue recibido en la SETENA el Formulario D1 del proyecto: Parque de Tecnología Ambiental Galagarza, presentado a nombre de EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica CED2, representado por la señora [Nombre8]  , documento de identificación número 01- 0880-0768, se le asignó el expediente número D1-0635-2021-SETENA. En calidad de Consultor Ambiental responsable el señor [Nombre9]    , documento de identificación número CED3, quien cuenta con su registro de consultor al día (ver prueba adjunta).

f)     El 21 de febrero de 2022, el funcionario Ing. [Nombre10]    , realizo una inspección de campo en el área del proyecto en compañía de representantes de la empresa consultora y desarrolladora. Se determinaron las siguientes condiciones en campo: “· El proyecto no ha iniciado obras. · Se tiene una topografía medía con pendientes entre 7% al 12% · No hay evidencias de deslizamientos en la finca. · No se observan taludes expuestos. · Se tienen los siguientes posibles cuerpos de agua dentro de la finca: depresión natural, quebrada llano, afloramiento de agua y la colindancia con el Río Seco. · La finca por su tamaño presenta zonas con cobertura de: charral, pastizal, pastizal arbolado y cobertura forestal en las depresiones. · La fauna vista fue de aves, reptiles y mamíferos. · El proyecto se ubica en una zona rural. · El proyecto cuanta con accesos y una vialidad media. · A criterio del inspector la mayoría de la finca está cubierta por árboles dispersos, charral y tacotal. · El proyecto se ubica contiguo al [Dirección3] de Zagala.” (ver prueba adjunta).

g)   A través de la resolución N° 2032-2022-SETENA de fecha 14 de diciembre de 2022 se acordó: “… POR TANTO LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE. En sesión Ordinaria Nº 92 de esta Secretaría, realizada el 14 de diciembre de 2022, en el Artículo Nº. 27 acuerda: PRIMERO: Aprobar el Documento de Evaluación Ambiental D1 Estudio de Impacto Ambiental sometido a evaluación ambiental por el proyectista. SEGUNDO: Comunicar al interesado que, de conformidad con los artículos 17,18 y 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, se ha cumplido con el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto "Parque de Tecnología Ambiental Galagarza", con expediente administrativo D1-0635-2021- SETENA, …” (ver prueba adjunta).

IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. De previo resulta de particular importancia señalar que la participación ciudadana está resguardada en nuestro ordenamiento jurídico como un principio. Tal y como la mayoría de este Tribunal lo ha señalado en otras ocasiones, la participación ciudadana directa en los asuntos públicos o el manejo de la cosa pública, es un evidente principio constitucional reconocido normativamente en el artículo 9° de la Constitución, que debe ser actuado por el ordenamiento jurídico constitucional e infraconstitucional, bajo las siguientes consideraciones:

“…La participación ciudadana, como principio general del Derecho Constitucional, se proyecta en el terreno político o de gobierno y el meramente administrativo, para la toma de decisiones fundamentales. En la dimensión política o de gobierno, el tema se desarrolla a través de instrumentos como la regulación de los procesos de elección popular, el referéndum legislativo y la iniciativa popular en la formación de la ley. En el plano estrictamente administrativo, el principio de participación de los administrados debe ser desarrollado de manera paulatina y según la materia y sector, por cuanto, no toda decisión administrativa fundamental, debe estar, necesariamente, precedida, de participación ciudadana, puesto que de ser así se ralentizaría la gestión administrativa que debe ser, por aplicación de los principios constitucionales de eficacia y eficiencia, fluida y dinámica. Nuestra Constitución política, no enuncia ni señala los mecanismos de participación de los administrados en la adopción de las decisiones administrativas fundamentales, esto es, no se ocupa de tal extremo. El ordenamiento infraconstitucional, esencialmente, legal será el que vaya determinando aquellos sectores y materias donde debe haber una mayor participación (v. gr. en materia de elaboración de reglamentos, ambiental, de protección del consumidor, de planificación urbana, regulación y fijación de tarifas en servicios de interés general, realización de consultas populares a nivel municipal como cabildos abiertos y referendos, etc.). Habrá situaciones en las que el legislador ordinario ha configurado tal participación como un verdadero, acabado y perfecto derecho, plenamente exigible, en determinadas circunstancias y bajo ciertos presupuestos y condiciones que habrá que verificar. En tales casos, determinar si se ha quebrantado o no tal derecho de configuración legislativa es una cuestión de legalidad que se debe discutir ante la jurisdicción ordinaria o común y no en esta jurisdicción constitucional. En definitiva, lo que contemplan la Constitución vigente y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, es un principio de participación, que por razones obvias no alcanza el carácter preceptivo y exigible de un derecho fundamental o humano. No resulta posible extraer del texto fundamental y de los instrumentos de Derechos Humanos un supuesto derecho a la participación que rija de manera incondicional para la adopción de cualquier o toda decisión administrativa fundamental que justifique acoger todo amparo siempre que se alegue que se violó el mismo. Es el legislador ordinario el que paulatinamente, va configurando y desarrollando tal derecho de participación en ciertas materias y en determinados sectores del ordenamiento jurídico infraconstitucional, por lo que, reitero, no le corresponde a la jurisdicción constitucional, por ser una cuestión de legalidad ordinaria, establecer cuándo se ha infringido un derecho de configuración legal. En razón de lo expuesto, no resulta posible hablar, desde una perspectiva constitucional o convencional, de un derecho perfecto a la participación, debiendo, en su lugar, hacerse referencia al principio constitucional de la participación ciudadana en la toma de decisiones fundamentales, sean políticas o administrativas.” (Sentencia nro. 2017-1163 de las 9:40 horas del 27 de enero de 2017. Ver en similar sentido las sentencias números 2019-19902, 2021-25386 y 2022-25374)

 Sin embargo, en este caso en particular, este Tribunal advierte una vulneración directa del artículo 50 constitucional, el cual establece que, “[t]oda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado”. Consecuente con ello, se reconoce la existencia de un interés difuso para que cualquier persona pueda gestionar lo que estime pertinente, en relación con la defensa del derecho al ambiente, bajo los diferentes mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico.

En el sub examine, la actividad cuya viabilidad ambiental se discute -la instalación de un relleno sanitario en Miramar de Montes de Oro-, requiere que, dentro del proceso de aprobación del estudio de impacto ambiental se realice una audiencia pública. Es por ello que, para el momento en que se otorgó previamente la viabilidad, esa audiencia se realizó en el año 2009. Ahora bien, la discusión sobre si debe o no realizarse nuevamente tal audiencia actualmente, es porque la resolución nro. 2966-2009 del 16 de diciembre de 2009, mediante la cual el proyecto obtuvo la viabilidad ambiental venció, sin que se iniciaran las obras. De manera que, la empresa EBI de Costa Rica S.A. tuvo que iniciar el procedimiento nuevamente el 15 de noviembre de 2021; y, en esta ocasión, SETENA determinó que, dado que las condiciones del proyecto y del lugar propuesto eran similares a las analizadas en el año 2009, se le podía eximir de la realización de tal audiencia, según resolución nro. 2032-2022-SETENA de fecha 14 de diciembre de 2022.

No obstante, en criterio de este Tribunal, exonerar de tal requisito a esa actividad, luego de 10 años o más de haber sido valorada tal situación por la población, resulta totalmente improcedente, pues lo razonable para la tutela concreta del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado reconocido en el artículo 50 de la Constitución, es que la audiencia pública establecida por el legislador en estos casos, deba realizarse en las condiciones del momento en el cual se desarrollará la actividad en cuestión, lo cual no se puede tener por cumplido en este caso, con una audiencia celebrada hace más de diez años. Es por ello que lo actuado por SETENA, al otorgar la viabilidad ambiental de un proyecto sin la celebración de una nueva audiencia, a pesar del tiempo transcurrido respecto de la audiencia anterior de este proyecto sin haber iniciado su funcionamiento, resulta violatorio al derecho reconocido en el referido artículo 50 de la Constitución.

En criterio de esta Sala, así como debieron ser aplicados nuevamente los instrumentos técnicos para determinar los eventuales impactos ambientales que una actividad de tal naturaleza podría producir, a la luz de las circunstancias actuales, igualmente debe respetarse el procedimiento establecido para tal efecto, garantizando a la población actual la transparencia de la actuación de la función pública establecida para este tipo de obras y la debida tutela del ambiente, de conformidad con el artículo 50 constitucional, 23 de la Ley Orgánica del Ambiente y el artículo 95 de la Ley de Biodiversidad. Es por ello que este amparo resulta procedente únicamente contra SETENA, y lo procedente es anular la resolución nro. 2032-2022-SETENA de fecha 14 de diciembre de 2022 y, en consecuencia, ordenar la programación de la audiencia pública en cuestión.

V.- En relación con la empresa recurrida el amparo debe ser desestimado, pues la violación aquí declarada no depende, en absoluto, de la participación de esta, sino únicamente de lo acordado por la Comisión Plenaria de SETENA en la sesión ordinaria nro. 92 del 14 de diciembre de 2022, en lo que respecta al expediente nro. D1-0635-2021-SETENA. Por consiguiente, debe ser desestimado en cuanto a ella se refiere.

VI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas que podrían ser afectadas por contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa que el proyecto de disposición de residuos sólidos para llevar a cabo en Miramar de Montes de Oro, no cumplió con los requisitos jurídicos de una audiencia pública, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

VII.- LOS MAGISTRADOS RUEDA LEAL, GARITA NAVARRO Y FERNÁNDEZ ARGÜELLO DAN RAZONES DIFERENTES. Coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, pero diferimos en cuanto a las razones que aduce la mayoría del Tribunal para condenar a la parte recurrida; por lo que consideramos importante acotar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resalta la estrecha relación que existe entre democracia y libertad de expresión, indica que se trata de un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. En tal sentido, señala que es “conditio sine qua non” para que quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente, razón por la cual, afirma que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso [Nombre11]  [Nombre12]. , en su sentencia del 24 de noviembre de 2022, puntualizó:

“… La Corte ha establecido que la libertad de expresión, particularmente en asuntos de interés público, “es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad 30 democrática”102. Así, este derecho no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que resultan ingratas para el Estado o cualquier sector de la población. De esta forma, cualquier condición, restricción o sanción en esta materia deben ser proporcionales al fin legítimo que se persigue; pues, sin una efectiva garantía de la libertad de expresión, se debilita el sistema democrático y sufren quebranto el pluralismo y la tolerancia; los mecanismos de control y denuncia ciudadana pueden volverse inoperantes y, en definitiva, se crea un campo fértil para que arraiguen sistemas autoritarios. La Corte recuerda que, en una sociedad democrática, los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros105. En ese sentido, este Tribunal advierte que los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana resaltan la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática, al establecer que “[s]on elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”. En la misma línea, la vertiente colectiva de la libertad de expresión, como pilar fundamental de la sociedad, y como derecho procedimental para el ejercicio de la participación pública, permite que por este medio, las personas puedan ejercer el control democrático de las gestiones estatales para poder cuestionar, indagar y considerar el cumplimiento de las funciones públicas. En ese sentido, posibilita que las personas puedan formar parte del proceso de toma de decisiones y que sus opiniones sean escuchadas. Así, el control democrático por parte de la sociedad, a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública…”. (el realice no es del original.)

 

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos añadió en su misma sentencia, lo siguiente:

“…La Corte ha reconocido que los derechos especialmente vinculados al medio ambiente pueden ser clasificados en dos grupos. De un lado, los derechos cuyo disfrute es particularmente vulnerable a la degradación del medio ambiente, también identificados como derechos sustantivos (por ejemplo, los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud o la propiedad). De otro lado, los derechos cuyo ejercicio respalda la mejor formulación de políticas ambientales, también identificados como derechos de procedimiento. En esta última categoría se encuentran las libertades de expresión y asociación, el derecho a la información, a la participación y a un recurso efectivo110. 95. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte ha considerado que las obligaciones procedimentales en materia de protección del medio ambiente también se derivan de la interpretación sistemática de las obligaciones de respetar y garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal, así como otros derechos previstos en la Convención Americana. 96. Además, la Corte recuerda que la participación representa un mecanismo para integrar las preocupaciones y el conocimiento de la ciudadanía en las decisiones de políticas públicas que afectan el medio ambiente y aumenta la capacidad de los gobiernos para responder a las inquietudes y demandas públicas de manera oportuna, ayuda a construir consensos y a mejorar la aceptación y el cumplimiento de las decisiones ambientales112. Además, la participación pública facilita que las comunidades exijan responsabilidades de las autoridades públicas para la adopción de decisiones y mejora la evidencia y la credibilidad de los procesos gubernamentales. Lo anterior, por cuanto el control democrático por parte de la sociedad, a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública113. 97. Al respecto, este Tribunal ha retomado lo señalado por otras instancias internacionales de protección de derechos humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido la participación pública en la toma de decisiones ambientales como una garantía procesal del derecho a la vida privada y familiar114. Asimismo, ha subrayado que un elemento esencial de esta garantía procesal es la capacidad del individuo de impugnar actos u omisiones oficiales que afectan sus derechos ante una autoridad independiente115, así como de participar activamente en los procedimientos de planificación de actividades y proyectos, a través de la expresión de sus opiniones116. En un sentido similar, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha reconocido que las libertades de opinión, de expresión, de reunión pacífica y de asociación, son elementos esenciales para la promoción y protección de los derechos humanos y la protección y conservación del ambiente117. 98. Además, la Corte toma nota del desarrollo en el derecho internacional sobre los asuntos ambientales, en particular, sobre la estrecha relación existente entre la democracia, la libertad de expresión y la participación, la cual fue plasmada en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992. Según el principio 10 de este instrumento, relativo a la Democracia Ambiental, “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”. Para lograr tal objetivo, el principio contempla la necesidad de garantizar derechos de carácter procedimental conocidos como “derechos de acceso”. Además del derecho a la participación, hacen parte de esta categoría el derecho de acceso a la información y el acceso a la justicia (“… El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación del público poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”. Cfr. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3-14 de junio de 1992, Doc. ONU NCONP.I51/26/Rev.1 (Vol. 1).) (El realce no es del original).

En esa línea, la Corte Interamericana, respecto a la participación pública de las personas en los procesos de la toma de decisiones ambientales, indicó:

“… Asimismo, como desarrollo directo de este principio, el 4 de marzo de 2018 los Estados de América Latina y el Caribe adoptaron un tratado internacional específicamente dirigido a garantizar los derechos de acceso: acceso a la información pública, participación pública y acceso a la justicia, el cual a la fecha ha sido suscrito por 25 Estados y ratificado por 14 Estados. El Acuerdo de Escazú señala en su preámbulo que, los compromisos allí adquiridos se basan en la convicción de que “los derechos de acceso contribuyen al fortalecimiento, entre otros, de la democracia, el desarrollo sostenible y los derechos humanos”. Bajo esta óptica, el tratado busca contribuir “a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible” (artículo 1). Asimismo, el Acuerdo de Escazú en su artículo 7 establece la participación pública en los procesos de la toma de decisiones ambientales. Así, entre otros aspectos, cada Parte deberá asegurar el derecho a la participación del público y, para ello, se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional (artículo 7.1). Además, se establece la obligación de garantizar mecanismos de participación y promover la participación del público en los diferentes procesos relacionados con asuntos ambientales (artículo 7.2 y 7.3)119. 100. Por último, la Corte considera que el respeto y garantía de la libertad de expresión en asuntos ambientales es un elemento esencial para asegurar la participación de la ciudadanía en los procesos relativos a dichos asuntos y, con ella, el fortalecimiento del sistema democrático a través de la vigencia del principio de democracia ambiental…”.

 

Es igualmente pertinente destacar, que en diferentes documentos que conforman el bloque de constitucionalidad se ha reconocido el principio y derecho de la participación. Por ejemplo, ello sucede: i) en el artículo 21 Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, disposición que expresa el derecho de las personas para intervenir en el gobierno de su país; ii) el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, norma que atribuye a los individuos la potestad de mediar en la dirección de los asuntos públicos; iii) los artículos 13, 20, 21 y 22 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de la Organización de Estados Americanos se consignan los derechos a ser parte en las decisiones de las autoridades, a reunirse y a asociarse, así como a presentar peticiones respetuosas; y iv) el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra varios derechos políticos, entre ellos se halla la facultad de todo ciudadano a participar en los asuntos públicos.

La participación es un derecho de raigambre fundamental, puesto que es una expresión del principio democrático del Estado Social de Derecho que busca facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, es decir una potestad subjetiva en cabeza de los ciudadanos. Por ello, la participación expresa un modelo de comportamiento de los ciudadanos y de las autoridades, lo que implica que el concepto de ciudadanía y el papel de las personas en las decisiones de los asuntos públicos, se hayan ampliado, otorgándole un mayor espacio a las comunidades, por lo que a través de esta garantía, se fortalecen y democratizan las instancias de representación, se promueven valores constitucionales como el pluralismo y la tolerancia, al igual que se amplía la injerencia de la ciudadanía a temas diversos.

Bajo el marco jurídico convencional, la CIDH resalta que no pueden existir espacios vedados para la participación ciudadana en las decisiones que afectan a las comunidades. Así, se protege ese derecho en determinaciones de la administración que van más allá de la representación, de la toma de decisiones colectivas mediante mecanismos de participación. Ello sucede en la construcción e implementación de acciones afirmativas, en el ejercicio del control político, en el procedimiento de decisiones que restringen derechos fundamentales, o normatividades regulatorias de desarrollo, construcción de políticas sociales o de distribución de recursos, es decir, en una participación administrativa. La maximización de la intervención de la población se justifica en que la eficacia de la administración también depende de la materialidad de la participación del pueblo, por eso, ésta debe ser activa, real y efectiva, al punto que no se limita a obtener información sobre los asuntos públicos, por ello el ciudadano tiene el derecho de satisfacer sus necesidades, traducido en el reconocimiento de amplias facultades que ostenta la colectividad, con el fin de que su voz sea escuchada por las autoridades públicas.

Bajo dicho concepto, la participación en la gestión ambiental también trae beneficios prácticos, a saber: i) aumenta el entendimiento de los eventuales impactos ambientales; ii) especifica las alternativas para mitigar las consecuencias negativas de la administración de los recursos naturales; iii) identifica los conflictos sociales y las soluciones a los mismos; iv) reconoce la necesidad de compensar a las comunidades afectadas con la medida de gestión, y establece la manera de realizarlo; v) señala las prioridades de la comunidad y abre espacios de diálogo para implementar un desarrollo sostenible; vi) facilita una gestión ambiental transparente; y vii) genera consensos sobre el manejo de los recursos naturales.

Por ende, el derecho a participar comprende la acción social que permite la interacción entre actores o agentes ambientales. Ello implica la facultad de intervenir e incidir en las decisiones de las autoridades que prefiguran un orden justo, y promueven un desarrollo sostenible así como una equitativa distribución de cargas y recursos ecológicos. La participación incluye el derecho a ser escuchado, la garantía del debido proceso y la obligación de responder las peticiones formuladas, aspectos que deben ir de la mano para que se comprenda que existe un verdadero procedimiento participativo, por lo que los avances en el camino hacia la sostenibilidad son inseparables de los logros en la construcción del concepto de ciudadanía, toda vez que tal condición sólo se materializa en el compromiso proactivo y efectivo que la gestión ambiental demanda ante la exigencia de una alta calidad en los procesos participativos de la comunidad involucrada en cualquier proyecto, que pueda afectar el entorno ambiental en el que se desarrolle.

Por otra parte, son múltiples los instrumentos internacionales de carácter universal y regional como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturares, la Convención Americana de Derechos Humanos el Protocolo Adicional la Convención Americana sobre Derechos  Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturares y Ambientales, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la  Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, que consagran las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Estas obligaciones han sido articuladas por los principios marco sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente de las Naciones Unidas. Estos principios además de esclarecer el contenido de las obligaciones de respeto, protección y garantía del derecho a vivir en un medio ambiente sano, también consagran que los Estados deben garantizar un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, con el fin de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos.

Dichos principios expresan la dimensión procedimental del derecho al medio ambiente sano, según los cuales los Estados deben respetar y proteger los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en relación con las cuestiones ambientales, impartir educación y sensibilizar a la opinión pública sobre las cuestiones ambientales, proporcionar acceso público a la información ambiental mediante la reunión y difusión de datos.

Ahora, a fin de evitar autorizar actividades con impactos ambientales que interfieran en el pleno goce de los derechos humanos, según los mecanismos internaciones señalados supra, se ha establecido de manera reiterada que los Estados deben exigir la evaluación previa de los posibles impactos ambientales de los proyectos propuestos, incluidos sus posibles efectos en el disfrute de los derechos humanos, prever y facilitar la participación pública en el proceso de adopción de decisiones relacionadas con el medio ambiente y tener en cuenta las opiniones de la sociedad en ese proceso. Ergo, para que el principio relativo a la participación pública sea efectivo, este debe ser abierto a todos los miembros de la sociedad que puedan verse afectados y tener lugar desde el comienzo del proceso de adopción de decisiones, de manera que se le pueda garantizar a la población la posibilidad del derecho a una audiencia pública, para que puedan consultar de manera objetiva, comprensible y oportuna, toda la información sobre el proyecto y el proceso de adopción de decisiones. Asimismo, el público debe contar con la oportunidad para formular observaciones sobre el detalle del proceso de participación. A su vez, la audiencia pública debe entenderse como un derecho mediante el cual, las autoridades tengan en cuenta las opiniones expresadas por la población al momento de la toma de decisiones y expliquen y publiciten el proyecto a instaurar.

En nuestro criterio, es relevante señalar que, en cuanto al derecho de participación, la preeminencia de este derecho, además, ha sido puesto de manifiesto en otros instrumentos internacionales verbigracia, y a modo de referencia el artículo 7 del Acuerdo de Escazú consagra los estándares generales para asegurar la materialización del derecho a la audiencia como un desprendimiento axiológico del principio de participación ciudadana, por lo que el Estado debe garantizar mecanismos para que el público participe en las decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones que estén vinculadas a proyectos, decisiones y asuntos de interés público que tengan o puedan tener impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo la salud. Asimismo, el procedimiento de participación debe ser temprano e informado, esto implica: (i) que sea posible desde las etapas iniciales de planeación de los proyectos, (ii) que al público le sea proporcionada la información de manera clara, oportuna y comprensible.

Así las cosas, complementariamente es marco referencial que establece la obligación a cargo de los Estados de realizar esfuerzos para identificar al público directamente afectado por proyectos que tengan o puedan tener impacto significativo en el medio ambiente e implementar acciones para facilitar su participación. Con respecto a las decisiones, el Acuerdo de Escazú consagra la obligación de la autoridad pública de tener en cuenta el resultado del proceso de participación antes de adoptar la decisión. Adicionalmente, los Estados deberán velar por informar oportunamente al público de la decisión tomada, difundiéndola en medios apropiados -escritos, electrónicos, orales y por los métodos tradicionales-. La decisión debe difundirse con la motivación que la sustenta y con los procedimientos administrativos y judiciales existentes que el público puede iniciar. Tal desarrollo es conteste y congruente con parámetros de protección del derecho de marras en los términos supra expuestos en este fallo.

Aunado a lo anterior, el Convenio de Aarhus sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en materia de Medio Ambiente, es un tratado negociado bajo el auspicio de la Comisión Económica de Europa, que tiene como objetivo también proteger el derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar. Para alcanzar este objetivo, el Convenio de Aarhus establece tres pilares fundamentales para el derecho internacional de los derechos humanos en materia ambiental, a saber, el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto, es de relevancia constitucional que el Estado garantice la audiencia pública como un derecho, a través de las formas de participación directa de los ciudadanos en asuntos que pueden tener un impacto ambiental, con la finalidad de aportar mayores elementos y establecer procedimientos para la toma de decisiones, con el efecto de mejorar la protección ambiental y dar a conocer a las organizaciones sociales y a la comunidades, la existencia de un proyecto o actividad, los impactos que éste puede generar y las medidas de manejo propuestas o implementadas para prevenir, corregir o compensar posibles impactos al ambiente.

Ciertamente, la participación ciudadana en los asuntos ambientales abarca dos puntos esenciales: el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales, o que puedan causar una lesión a los recursos naturales y al medio ambiente, y la garantía de una efectiva participación en la toma de decisiones en estos asuntos. Por ello, el Estado costarricense no sólo debe invitar a la participación ciudadana, sino que debe promoverla y respetarla cuando se produzca (ver sentencia número 2001-10466). De esta suerte, resulta de gran importancia la puesta a disposición de los interesados de la información que en la materia tengan en las oficinas públicas, caso de la relativa a los estudios de impacto ambiental a cargo de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Por lo que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona debe tener adecuada formación sobre el medio ambiente que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones.

Este principio de la participación ciudadana en los asuntos ambientales, nace y se justifica precisamente de la aplicación de la positivación del principio democrático -consagrado en el artículo 1° de la Constitución Política-, por lo que del referido principio, se evidencia claramente la importancia que se le debe dar a las cuestiones ambientales, y en general, sobre todo, a la participación de la sociedad civil en decisiones de gran trascendencia para la comunidad.

Por ello, contrario a lo manifestado por la autoridad recurrida, no se trata de una desconstitucionalización del principio de legalidad de la Administración Pública al fomentar la práctica de la audiencia pública que solicita en este proceso de garantía la parte recurrente, pues dicha práctica encierra en buena forma un gobierno más democrático y abierto a la participación ciudadana, que amplía los foros de debate sobre temas como el de la protección al medio ambiente, y en virtud de ello, quedan abiertos a la intervención y opinión ciudadana. Estamos, pues, ante una opción ya muy aceptada en la evolución del concepto de democracia y este amparo ofrece una magnífica oportunidad de darle clara y efectiva vigencia, para que no se quede en el mero discurso. Por eso mismo es que la cuestión ambiental es un tema que ya la Sala ha reconocido como aquellos que otorgan a los particulares una legitimación especial, y de la que se reconoce como un -derecho reaccional- (ver en ese sentido las sentencias números 2233-93 y 3705-93).

En el derecho ambiental, el presupuesto procesal de la legitimación tiende a extenderse y ampliarse en una dimensión tal, que lleva necesariamente al abandono del concepto tradicional, debiendo entender que en términos generales, toda persona puede ser parte y que su derecho no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera ejercer según las reglas del derecho convencional, sino que su actuación procesal responde a lo que los modernos tratadistas denominan el interés difuso, mediante el cual la legitimación original del interesado legítimo o aún del simple interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran. Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, se transforma, en virtud de su incorporación al elenco de los derechos de la persona humana, convirtiéndose en un verdadero "derecho reaccional", que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular para "reaccionar" frente a la violación originada en actos u omisiones ilegítimos.

A pesar de la tesis defendida por la mayoría, consideramos que la audiencia pública es un elemento que garantiza el principio de publicidad contenido en los artículos 23 de la Ley No. 7554 (Ley Orgánica del Ambiente) y artículo 95 de la Ley No. 7788 (Ley de Biodiversidad), pero sobre todo garantiza el derecho fundamental de todo habitante del país a la participación pública y estar informado en orden a las decisiones que afecten el ambiente. Sobre este tema, ha indicado la Sala Constitucional:

“IV.-Por otro lado, este Tribunal ha potenciado el derecho que tiene la población de participar en aquellos asuntos que sean de su interés y que involucren la afectación al ambiente. Sobre el particular se ha indicado, que la participación ciudadana en los asuntos ambientales abarca dos puntos esenciales: el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales, o que puedan causar una lesión a los recursos naturales y al medio ambiente, y la garantía de una efectiva participación en la toma de decisiones en estos asuntos. Por ello, el Estado costarricense no solo debe invitar a la participación ciudadana, sino que debe promoverla y respetarla cuando se produzca (ver sentencias número 2001-10466, 2003-6322 y 2010-6922). Así, resulta de gran importancia que sea puesta a disposición de los interesados la información que en la materia tengan en las oficinas públicas, relativa a los estudios de impacto ambiental a cargo de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (ver sentencia N. 9795-2013 de las 10:00 horas del 19 de julio de 2013)

 

Analizando la sentencia parcialmente transcrita, se puede inferir que del contenido del artículo 50 de la Constitución Política, así como de lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Orgánica del Ambiente, se desprende que la legitimación en materia ambiental es propia de una acción popular, grado máximo de legitimación que habilita a cualquier persona, al margen de todo vínculo o relación subjetiva con determinado objeto de tutela, requerir acciones de resguardo o control respecto de determinado bien jurídico, en este caso, el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Este instituto pone en evidencia la relevancia de la participación popular en los procesos y procedimientos de análisis y control de la materia ambiental, atendiendo al grado de expansión general que ostenta dicho derecho, constitucionalmente amparado. De ahí que las audiencias públicas en acciones de verificación de idoneidad ambiental de proyectos antrópicos, garantizan el ejercicio del citado derecho desde la arista de participación y control en la toma de decisiones, conocimiento de las implicaciones y pormenores de las obras propuestas y la ponderación de su impacto en el medio.

Es por ello, que creemos que es un deber no sólo constitucional -a tenor de lo dispuesto en el artículo 50 de la Carta Magna- sino de relevancia convencional, que el SETENA realice una nueva audiencia pública para que la comunidad cercana, en donde eventualmente desarrollará el proyecto la empresa gestora, tengan la oportunidad de manifestarse y se consideren las posiciones formuladas por la comunidad interesada en la toma de decisiones que podrían afectar el ambiente.

En consecuencia, la audiencia del proyecto de 2007 no permite tener por cumplido el requisito para la gestión del 2021, pues se trata de un contexto y entorno diverso ya superado, y que impone la consideración y análisis de las condiciones actuales y del impacto probable que en la actualidad, a la fecha de la nueva petición, se estaría generando al ambiente.

VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente por los hechos relacionados con la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). Se anula la resolución N° 2032-2022-SETENA de fecha 14 de diciembre de 2022 y se ordena a [Nombre2]  , en su condición de secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que gire las órdenes pertinentes para que, en un plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se realice la audiencia pública solicitada por la recurrente y se tomen en cuenta las observaciones que efectúen las comunidades interesadas para la posible ejecución del referido proyecto. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. En cuanto a la Empresa EBI de Costa Rica S.A, se declara sin lugar el recurso. Los magistrados Rueda Leal, Garita Navarro y Fernández Argüello dan razones diferentes. Notifíquese.-

 

 

Fernando Castillo V.

Presidente

 

Paul Rueda L.             Luis Fdo. Salazar A.

 

Jorge Araya G.      Anamari Garro V.

 

José Roberto Garita N.            Hubert Fernández A.

 

 



Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL

votado con boleta

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 03:42:18.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

IV.- ON THE SPECIFIC CASE. It is of particular importance to first point out that citizen participation is safeguarded in our legal system as a principle. As the majority of this Court has indicated on other occasions, direct citizen participation in public affairs or the handling of public matters is an evident constitutional principle recognized normatively in Article 9 of the Constitution, which must be implemented by the constitutional and infra-constitutional legal system, under the following considerations:

“…Citizen participation, as a general principle of Constitutional Law, projects itself onto the political or governmental sphere and the merely administrative one, for making fundamental decisions. In the political or governmental dimension, the issue is developed through instruments such as the regulation of popular election processes, the legislative referendum, and popular initiative in the formation of law. In the strictly administrative plane, the principle of participation of the administered must be developed gradually and according to the subject matter and sector, since not every fundamental administrative decision must necessarily be preceded by citizen participation, given that if it were so, administrative management—which must be, by application of the constitutional principles of effectiveness and efficiency, fluid and dynamic—would be slowed down. Our Political Constitution neither enunciates nor indicates the mechanisms for the participation of the administered in the adoption of fundamental administrative decisions; that is, it does not deal with such an extreme. The infra-constitutional legal system, essentially the law, will be the one that gradually determines those sectors and matters where there should be greater participation (e.g., in matters of regulation drafting, environmental matters, consumer protection, urban planning, regulation and setting of tariffs in services of general interest, carrying out popular consultations at the municipal level such as open town hall meetings and referendums, etc.). There will be situations in which the ordinary legislator has configured such participation as a true, complete, and perfect right, fully enforceable, under certain circumstances and subject to certain presuppositions and conditions that must be verified. In such cases, determining whether or not such a right of legislative configuration has been breached is a question of legality that must be discussed before the ordinary or common jurisdiction and not in this constitutional jurisdiction. In short, what the current Constitution and international instruments on human rights contemplate is a principle of participation, which for obvious reasons does not reach the mandatory and enforceable character of a fundamental or human right. It is not possible to extract from the fundamental text and human rights instruments a supposed right to participation that applies unconditionally to the adoption of any or all fundamental administrative decisions that would justify granting every amparo whenever it is alleged that it was violated. It is the ordinary legislator who gradually configures and develops such a right to participation in certain matters and in certain sectors of the infra-constitutional legal system; therefore, I reiterate, it is not for this constitutional jurisdiction to establish when a right of legal configuration has been infringed, as it is a matter of ordinary legality. Based on the foregoing, it is not possible to speak, from a constitutional or conventional perspective, of a perfect right to participation, and reference must instead be made to the constitutional principle of citizen participation in the making of fundamental decisions, whether political or administrative.” (Decision No. 2017-1163 of 9:40 a.m. on January 27, 2017. See in a similar sense decisions numbers 2019-19902, 2021-25386, and 2022-25374)

          However, in this particular case, this Court observes a direct violation of Article 50 of the Constitution, which establishes that “[e]very person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to report acts that infringe that right and to claim reparation for the damage caused.” Consistent with this, the existence of a diffuse interest is recognized so that any person may manage what they deem pertinent in relation to the defense of the right to the environment, under the different mechanisms established in the legal system.

In the *sub examine*, the activity whose environmental viability (viabilidad ambiental) is being discussed—the installation of a sanitary landfill (relleno sanitario) in Miramar de Montes de Oro—requires that a public hearing be held within the process of approving the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental). It is for this reason that, at the time the viability was previously granted, that hearing was held in 2009. Now, the discussion about whether or not such a hearing should be held again currently is because Resolution No. 2966-2009 of December 16, 2009, through which the project obtained environmental viability, expired without the works having begun. As a result, the company EBI de Costa Rica S.A. had to start the procedure again on November 15, 2021; and on this occasion, Nombre3763 determined that, given that the conditions of the project and the proposed site were similar to those analyzed in 2009, it could be exempted from holding such a hearing, according to Resolution No. 2032-2022-SETENA of December 14, 2022.

However, in the opinion of this Court, exempting that activity from such a requirement, after 10 years or more since that situation was assessed by the population, is entirely improper, because what is reasonable for the specific protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment recognized in Article 50 of the Constitution is that the public hearing established by the legislator in these cases must be carried out under the conditions of the moment in which the activity in question will be carried out, which cannot be considered fulfilled in this case with a hearing held more than ten years ago. It is for this reason that what was carried out by Nombre3763 in granting the environmental viability of a project without the holding of a new hearing, despite the time elapsed since the previous hearing for this project without having started its operation, is in violation of the right recognized in the aforementioned Article 50 of the Constitution.

In the opinion of this Chamber, just as the technical instruments had to be applied again to determine the potential environmental impacts that an activity of such a nature could produce, in light of current circumstances, the procedure established for that purpose must equally be respected, guaranteeing the current population transparency in the performance of the public function established for this type of works and the due protection of the environment, in accordance with Article 50 of the Constitution, Article 23 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), and Article 95 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad). It is for this reason that this amparo is admissible only against SETENA, and the appropriate course is to annul Resolution No. 2032-2022-SETENA of December 14, 2022, and consequently, order the scheduling of the public hearing in question. (…)”

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Related Decisions

Type of content: Separate Note

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Topic: ENVIRONMENT

Subtopics:

SANITARY LANDFILL..

ENVIRONMENT

011236-23. SETENA received a D1 form to process the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) for a Sanitary Landfill (Relleno Sanitario) in Miramar de Montes de Oro. It indicates that said procedure was carried out at the request of the Company EBI de Costa Rica S.A. It states that a project for solid waste disposal at the same site was processed before SETENA in 2007, and in August 2009, more than 13 years ago, in that procedure, the public hearing established by law was held, with the intention of giving citizens a space for participation to present their objections and clarify doubts in relation to the project under assessment. RGS7/2023

“(…) VI.- NOTE BY JUSTICE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the undersigned's opinion that if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción contenciosa administrativa). However, I do proceed to hear the merits of the case when other people's rights are at stake that could be affected by contamination, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and contamination-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which it is alleged that the solid waste disposal project to be carried out in Miramar de Montes de Oro did not comply with the legal requirements of a public hearing, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.”

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Type of content: Separate Note

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Topic: ENVIRONMENT

Subtopics:

SANITARY LANDFILL..

ENVIRONMENT

011236-23. SETENA received a D1 form to process the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) for a Sanitary Landfill (Relleno Sanitario) in Miramar de Montes de Oro. It indicates that said procedure was carried out at the request of the Company EBI de Costa Rica S.A. It states that a project for solid waste disposal at the same site was processed before SETENA in 2007, and in August 2009, more than 13 years ago, in that procedure, the public hearing established by law was held, with the intention of giving citizens a space for participation to present their objections and clarify doubts in relation to the project under assessment. RGS7/2023

 

“(…) VII.- JUSTICES RUEDA LEAL, GARITA NAVARRO, AND FERNÁNDEZ ARGÜELLO GIVE DIFFERENT REASONS. We concur with the rest of the Chamber in granting the appeal (recurso), but we differ regarding the reasons given by the majority of the Court to condemn the respondent party; therefore, we consider it important to note that the Inter-American Court of Human Rights highlights the close relationship that exists between democracy and freedom of expression, indicating that it is a fundamental element on which the existence of a democratic society is based. In that sense, it points out that it is a “conditio sine qua non” for those who wish to influence the community to develop fully, which is why it affirms that a society that is not well informed is not fully free.

In this regard, the Inter-American Court of Human Rights, in the case BARAONA BRAY VS. CHILE, in its judgment of November 24, 2022, stated:

“… The Court has established that freedom of expression, particularly in matters of public interest, ‘is a cornerstone in the very existence of a 30 democratic society’102. Thus, this right must not only be guaranteed with respect to the dissemination of information or ideas that are received favorably or considered harmless or indifferent, but also with respect to those that are disagreeable to the State or any sector of the population. In this way, any condition, restriction, or sanction in this matter must be proportional to the legitimate aim pursued; because, without an effective guarantee of freedom of expression, the democratic system is weakened and pluralism and tolerance suffer harm; citizen control and reporting mechanisms may become inoperative and, ultimately, a fertile field is created for authoritarian systems to take root. The Court recalls that, in a democratic society, the rights and freedoms inherent to the person, their guarantees, and the Rule of Law constitute a triad, each of whose components is defined, completes, and acquires meaning in function of the others105. In that sense, this Tribunal warns that Articles 3 and 4 of the Inter-American Democratic Charter highlight the importance of freedom of expression in a democratic society, by establishing that ‘[e]ssential elements of representative democracy include, inter alia, respect for human rights and fundamental freedoms; access to and the exercise of power in accordance with the rule of law; the holding of periodic, free, and fair elections based on secret balloting and universal suffrage as an expression of the sovereignty of the people; the pluralistic system of political parties and organizations; and the separation and independence of the branches of government.’ Along the same lines, the collective aspect of freedom of expression, as a fundamental pillar of society, and as a procedural right for the exercise of public participation, allows that, through this means, people can exercise democratic control of state actions to question, inquire into, and consider the fulfillment of public functions. In that sense, it enables people to be part of the decision-making process and for their opinions to be heard. Thus, democratic control by society, through public opinion, fosters the transparency of state activities and promotes the responsibility of officials for their public management…”. (Emphasis is not in the original.)

 

Furthermore, the Inter-American Court of Human Rights added in the same judgment, the following:

“…The Court has recognized that the rights especially linked to the environment can be classified into two groups. On one hand, the rights whose enjoyment is particularly vulnerable to environmental degradation, also identified as substantive rights (for example, the rights to life, to personal integrity, to health, or to property). On the other hand, the rights whose exercise supports the better formulation of environmental policies, also identified as procedural rights. In this latter category are the freedoms of expression and association, the right to information, to participation, and to an effective remedy110. 95. Notwithstanding the above, the Court has considered that procedural obligations regarding environmental protection also derive from the systematic interpretation of the obligations to respect and guarantee the rights to life and to personal integrity, as well as other rights provided for in the American Convention. 96. Furthermore, the Court recalls that participation represents a mechanism to integrate the concerns and knowledge of the citizenry into public policy decisions that affect the environment and increases the capacity of governments to respond to public concerns and demands in a timely manner, helps build consensus, and improves the acceptance and fulfillment of environmental decisions112. Moreover, public participation makes it easier for communities to demand accountability from public authorities for decision-making and improves the evidence and credibility of governmental processes. The foregoing, inasmuch as democratic control by society, through public opinion, fosters the transparency of state activities and promotes the responsibility of officials for their public management113. 97. In this regard, this Tribunal has taken up what has been indicated by other international instances of human rights protection. The European Court of Human Rights has recognized public participation in environmental decision-making as a procedural guarantee of the right to private and family life114. It has also emphasized that an essential element of this procedural guarantee is the individual's ability to challenge official acts or omissions affecting their rights before an independent authority115, as well as to actively participate in the planning procedures for activities and projects, through the expression of their opinions116. In a similar sense, the United Nations Human Rights Council has recognized that the freedoms of opinion, of expression, of peaceful assembly, and of association are essential elements for the promotion and protection of human rights and the protection and conservation of the environment117. 98. Additionally, the Court takes note of the development in international law on environmental matters, particularly on the close relationship between democracy, freedom of expression, and participation, which was embodied in the 1992 Rio Declaration on Environment and Development. According to Principle 10 of this instrument, relating to Environmental Democracy, ‘Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level.’ To achieve such an objective, the principle contemplates the need to guarantee procedural rights known as ‘access rights.’ Besides the right to participation, the right of access to information and access to justice form part of this category (“… Environmental issues are best handled with participation of all concerned citizens, shall be provided.” Cf. Rio Declaration on Environment and Development, United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992, UN Doc. A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. 1).) (Emphasis is not in the original).

Along those lines, the Inter-American Court, regarding the public participation of persons in environmental decision-making processes, stated:

“… Likewise, as a direct development of this principle, on March 4, 2018, the States of Latin America and the Caribbean adopted an international treaty specifically aimed at guaranteeing access rights: access to public information, public participation, and access to justice, which to date has been signed by 25 States and ratified by 14 States. The Escazú Agreement states in its preamble that the commitments undertaken therein are based on the conviction that ‘access rights contribute to the strengthening, among others, of democracy, sustainable development, and human rights.’ Under this perspective, the treaty seeks to contribute ‘to the protection of the right of every person, of present and future generations, to live in a healthy environment and to sustainable development’ (Article 1). Furthermore, the Escazú Agreement, in its Article 7, establishes public participation in environmental decision-making processes. Thus, among other aspects, each Party shall ensure the right to public participation and, for this purpose, undertakes to implement open and inclusive participation in environmental decision-making processes, based on domestic and international regulatory frameworks (Article 7.1). Additionally, the obligation to guarantee participation mechanisms and promote public participation in the different processes related to environmental matters (Article 7.2 and 7.3)119 is established. 100. Finally, the Court considers that respect for and guarantee of freedom of expression in environmental matters is an essential element to ensure citizen participation in processes related to such matters and, with it, the strengthening of the democratic system through the validity of the principle of environmental democracy…”.

 

It is equally pertinent to highlight that in different documents that make up the block of constitutionality, the principle and right of participation have been recognized. For example, this occurs: i) in Article 21 of the 1948 Universal Declaration of Human Rights, a provision that expresses the right of persons to take part in the government of their country; ii) Article 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights, a norm that attributes to individuals the power to mediate in the direction of public affairs; iii) Articles 13, 20, 21, and 22 of the American Declaration of the Rights and Duties of Man of the Organization of American States set forth the rights to participate in the decisions of the authorities, to assemble, and to associate, as well as to present respectful petitions; and iv) Article 23 of the American Convention on Human Rights enshrines various political rights, among them the faculty of every citizen to participate in public affairs.

Participation is a right of fundamental roots, since it is an expression of the democratic principle of the Social State of Law that seeks to facilitate the participation of all in the decisions that affect them, that is, a subjective power held by citizens. Therefore, participation expresses a model of behavior for citizens and authorities, which implies that the concept of citizenship and the role of people in decisions on public affairs have been expanded, granting greater space to communities, so that through this guarantee, the instances of representation are strengthened and democratized, constitutional values such as pluralism and tolerance are promoted, just as citizen involvement is broadened to diverse topics.

Under the conventional legal framework, the IACHR highlights that no spaces forbidden to citizen participation can exist in decisions that affect communities. Thus, that right is protected in determinations of the administration that go beyond representation, of collective decision-making through participation mechanisms. This occurs in the construction and implementation of affirmative actions, in the exercise of political control, in the procedure of decisions that restrict fundamental rights, or regulatory norms for development, construction of social policies, or resource distribution, that is, in administrative participation. The maximization of the population's intervention is justified because the effectiveness of the administration also depends on the materiality of the participation of the people; therefore, it must be active, real, and effective, to the point that it is not limited to obtaining information about public affairs; for that reason, the citizen has the right to satisfy their needs, translated into the recognition of broad faculties that the community holds, so that their voice is heard by the public authorities.

Under this concept, participation in environmental management also brings practical benefits, namely: i) it increases the understanding of eventual environmental impacts; ii) it specifies the alternatives to mitigate the negative consequences of the administration of natural resources; iii) it identifies social conflicts and their solutions; iv) it recognizes the need to compensate the communities affected by the management measure, and establishes the manner of doing so; v) it indicates the community's priorities and opens spaces for dialogue to implement sustainable development; vi) it facilitates transparent environmental management; and vii) it generates consensus on the management of natural resources.

Therefore, the right to participate comprises social action that allows interaction between environmental actors or agents. This implies the faculty to intervene and influence the decisions of the authorities that prefigure a just order, and promote sustainable development as well as an equitable distribution of ecological burdens and resources. Participation includes the right to be heard, the guarantee of due process, and the obligation to respond to the petitions made, aspects that must go hand in hand so that it is understood that a true participatory procedure exists; therefore, advances on the path towards sustainability are inseparable from achievements in the construction of the concept of citizenship, since such a condition only materializes in the proactive and effective commitment that environmental management demands given the requirement for high quality in the participatory processes of the community involved in any project that may affect the environmental surroundings in which it is carried out.

On the other hand, there are multiple international instruments of a universal and regional nature—such as the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, the American Convention on Human Rights, the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights, the Rio Declaration on Environment and Development, the Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean—that enshrine the obligations of States in the area of human rights related to the enjoyment of a safe, clean, healthy, and sustainable environment. These obligations have been articulated by the United Nations Framework Principles on Human Rights and the Environment. These principles, in addition to clarifying the content of the obligations to respect, protect, and guarantee the right to live in a healthy environment, also enshrine that States must guarantee a safe, clean, healthy, and sustainable environment in order to respect, protect, and make human rights effective.

Said principles express the procedural dimension of the right to a healthy environment, according to which States must respect and protect the rights to freedom of expression, association, and peaceful assembly in relation to environmental matters, provide education and raise public awareness on environmental matters, provide public access to environmental information through the collection and dissemination of data.

Now, in order to avoid authorizing activities with environmental impacts that interfere with the full enjoyment of human rights, according to the international mechanisms referred to *supra*, it has been repeatedly established that States must require the prior assessment of the possible environmental impacts of proposed projects, including their possible effects on the enjoyment of human rights, provide for and facilitate public participation in the decision-making process related to the environment, and take into account society's views in that process. Ergo, for the principle relating to public participation to be effective, it must be open to all members of society who may be affected and take place from the beginning of the decision-making process, so that the population can be guaranteed the possibility of the right to a public hearing, so that they can consult, in an objective, understandable, and timely manner, all information about the project and the decision-making process. Likewise, the public must have the opportunity to formulate observations on the details of the participation process.

In turn, the public hearing must be understood as a right through which the authorities take into account the opinions expressed by the population at the time of decision-making and explain and publicize the project to be established.

In our view, it is relevant to point out that, regarding the right to participation, the preeminence of this right has also been made manifest in other international instruments, for example, and by way of reference, Article 7 of the Escazú Agreement enshrines the general standards to ensure the materialization of the right to a hearing as an axiological outgrowth of the principle of citizen participation, for which the State must guarantee mechanisms for the public to participate in decisions, reviews, re-examinations, or updates that are linked to projects, decisions, and matters of public interest that have or may have a significant impact on the environment, including health. Likewise, the participation procedure must be early and informed; this implies: (i) that it be possible from the initial planning stages of the projects, (ii) that the public be provided with information in a clear, timely, and understandable manner.

Thus, complementarily, it is a referential framework that establishes the obligation on the part of the States to make efforts to identify the public directly affected by projects that have or may have a significant impact on the environment and to implement actions to facilitate their participation. Regarding decisions, the Escazú Agreement enshrines the obligation of the public authority to take into account the result of the participation process before adopting the decision. Additionally, the States shall ensure that the public is informed in a timely manner of the decision taken, disseminating it through appropriate means—written, electronic, oral, and by traditional methods. The decision must be disseminated with the reasoning that supports it and with the existing administrative and judicial procedures that the public may initiate. Such development is consistent and congruent with the parameters for the protection of the right in question under the terms set forth above in this ruling.

In addition to the above, the Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters is a treaty negotiated under the auspices of the Economic Commission for Europe, which also aims to protect the right of every person and of present and future generations to live in an environment adequate to ensure their health and well-being. To achieve this objective, the Aarhus Convention establishes three fundamental pillars for international human rights law in environmental matters, namely, access to information, public participation in decision-making, and access to justice in environmental matters.

For the reasons set forth above, it is of constitutional relevance that the State guarantee the public hearing as a right, through the forms of direct participation of citizens in matters that may have an environmental impact, with the purpose of providing greater elements and establishing procedures for decision-making, with the effect of improving environmental protection and making known to social organizations and communities the existence of a project or activity, the impacts it may generate, and the management measures proposed or implemented to prevent, correct, or compensate possible impacts on the environment.

Certainly, citizen participation in environmental matters encompasses two essential points: the right to information relating to environmental projects, or those that may cause harm to natural resources and the environment, and the guarantee of effective participation in decision-making on these matters. Therefore, the Costa Rican State must not only invite citizen participation, but must promote it and respect it when it occurs (see judgment number 2001-10466). In this way, it is of great importance to make available to interested parties the information on the matter held in public offices, such as that relating to the environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental) under the responsibility of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Thus, the best way to handle environmental issues is with the participation of all interested citizens, at the appropriate level. At the national level, every person must have adequate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, as well as the opportunity to participate in decision-making processes.

This principle of citizen participation in environmental matters is born and justified precisely from the application of the positivization of the democratic principle—enshrined in Article 1 of the Political Constitution—so from the aforementioned principle, the importance that must be given to environmental issues is clearly evidenced, and in general, above all, to the participation of civil society in decisions of great significance for the community.

Therefore, contrary to what was stated by the appealed authority, it is not a matter of deconstitutionalizing the principle of legality of the Public Administration by promoting the practice of the public hearing that the appealing party requests in this guarantee proceeding, since said practice encompasses, in good form, a more democratic government open to citizen participation, which expands the forums for debate on topics such as environmental protection, and by virtue of this, they remain open to citizen intervention and opinion. We are, then, faced with an option already widely accepted in the evolution of the concept of democracy, and this amparo offers a magnificent opportunity to give it clear and effective validity, so that it does not remain mere discourse. It is for this very reason that the environmental question is a topic that the Chamber has already recognized as one that grants individuals special standing (legitimación), and which is recognized as a "reactional right" (derecho reaccional) (see in this sense judgments numbers 2233-93 and 3705-93).

In environmental law, the procedural prerequisite of standing tends to extend and broaden to such a dimension that it necessarily leads to the abandonment of the traditional concept, it being understood that, in general terms, any person can be a party and that their right does not emanate from property titles, rights, or specific actions that they could exercise according to the rules of conventional law, but rather that their procedural action responds to what modern scholars call the diffuse interest (interés difuso), through which the original standing of the legitimate interested party or even the simple interested party is diffused among all the members of a certain category of persons who are thus equally affected by the illegal acts that harm them. In the case of environmental protection, the typically diffuse interest that legitimizes the subject to act is transformed, by virtue of its incorporation into the list of human rights, becoming a true "reactional right," which, as its name indicates, empowers its holder to "react" against the violation originating from illegitimate acts or omissions.

Despite the thesis defended by the majority, we consider that the public hearing is an element that guarantees the principle of publicity contained in Article 23 of Law No. 7554 (Ley Orgánica del Ambiente) and Article 95 of Law No. 7788 (Ley de Biodiversidad), but above all it guarantees the fundamental right of every inhabitant of the country to public participation and to be informed regarding decisions that affect the environment. On this topic, the Constitutional Chamber has indicated:

“IV.—On the other hand, this Court has enhanced the right of the population to participate in those matters that are of their interest and that involve the impact on the environment. In this regard, it has been indicated that citizen participation in environmental matters encompasses two essential points: the right to information relating to environmental projects, or those that may cause harm to natural resources and the environment, and the guarantee of effective participation in decision-making on these matters. Therefore, the Costa Rican State must not only invite citizen participation, but must promote it and respect it when it occurs (see judgments number 2001-10466, 2003-6322 and 2010-6922). Thus, it is of great importance that the information on the matter held in public offices be made available to interested parties, relating to the environmental impact assessments under the responsibility of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (see judgment No. 9795-2013 of 10:00 a.m. on July 19, 2013)

 
Analyzing the partially transcribed judgment, it can be inferred that from the content of Article 50 of the Political Constitution, as well as from the provisions of Article 105 of the Ley Orgánica del Ambiente, it follows that standing in environmental matters is characteristic of a popular action (acción popular), the maximum degree of standing that enables any person, regardless of any link or subjective relationship with a given object of protection, to request protective or control actions regarding a certain legal interest, in this case, the right to a healthy and ecologically balanced environment. This institute highlights the relevance of popular participation in the processes and procedures for the analysis and control of environmental matters, taking into account the degree of general expansion held by said right, constitutionally protected. Hence, public hearings in actions to verify the environmental suitability of anthropic projects guarantee the exercise of the aforementioned right from the perspective of participation and control in decision-making, knowledge of the implications and details of the proposed works, and the weighing of their impact on the environment.

It is for this reason that we believe it is a duty not only constitutional—pursuant to the provisions of Article 50 of the Magna Carta—but also of conventional relevance, that SETENA hold a new public hearing so that the nearby community, where the managing company will eventually develop the project, has the opportunity to express itself and the positions formulated by the interested community be considered in the decision-making that could affect the environment.

Consequently, the hearing for the 2007 project does not allow the requirement for the 2021 procedure to be considered fulfilled, as it involves a diverse and already superseded context and environment, which imposes the consideration and analysis of the current conditions and the probable impact that, at present, as of the date of the new petition, would be generated on the environment.”
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Content of Interest:
Content type: Majority Vote
Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS
Topic: ENVIRONMENT
Subtopics:
SANITARY LANDFILL (RELLENO SANITARIO)..
ENVIRONMENT
011236-23. SETENA received a D1 form to process the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) of a Sanitary Landfill in Miramar de Montes de Oro. It indicates that this procedure was carried out at the request of the Empresa EBI de Costa Rica S.A. It states that a project for solid waste disposal at the same site was processed before SETENA in 2007 and in August 2009, more than 13 years ago, in that procedure, the public hearing established by legislation was held, with the intention of giving citizens a space for participation to present their objections and clarify doubts in relation to the project under evaluation. RGS7/2023

“(…) The appeal is partially granted, solely for the facts related to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). Resolution No. 2032-2022-SETENA dated December 14, 2022, is annulled, and Ulises Álvarez Acosta, in his capacity as general secretary of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), or whoever occupies that position in his place, is ordered to issue the pertinent orders so that, within a period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the public hearing requested by the appellant is held and the observations made by the interested communities are taken into account for the possible execution of the aforementioned project. The appealed authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo proceeding, and fails to comply with it or fails to enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative court. Judge Salazar Alvarado files a note. Regarding the Empresa EBI de Costa Rica S.A., the appeal is dismissed. Judges Rueda Leal, Garita Navarro, and Fernández Argüello give different reasons. Notify.”
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Text of the resolution
*CO*
Exp: 23-001586-0007-CO
Res. No. 2023011236
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at two hours three minutes in the afternoon on May twelfth, two thousand twenty-three.
 Amparo proceeding filed under expediente (expediente) No. 23-001586-0007-CO, brought by [Nombre1]   , identity card CED1, against the SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL.
Resulting:
1.- By document added to the Costa Rican Judicial Office Management System of this Chamber at 1:49 p.m. on January 24, 2023, the appealing party files an amparo proceeding against the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). It states that on November 15, 2021, SETENA received a D1 form to process the Environmental Viability of a Sanitary Landfill in Miramar de Montes de Oro. It indicates that this procedure was carried out at the request of the Empresa EBI de Costa Rica S.A. It states that a project for solid waste disposal at the same site was processed before SETENA in 2007 and in August 2009, more than 13 years ago, in that procedure, the public hearing established by legislation was held, with the intention of giving citizens a space for participation to present their objections and clarify doubts in relation to the project under evaluation. It narrates that in December 2009, SETENA granted that project the requested Environmental Viability; however, that environmental viability granted in 2009 expired without the developer starting the project and, therefore, now had to submit a new Environmental Viability application. It adds that in the procedure for this new application submitted in November 2021, SETENA decided not to convene a public hearing, alleging, among other things, that one had already been held for a similar project in August 2009, which is a huge and unforgivable violation of all the constitutional principles and norms that guarantee, protect, and promote citizen participation within this type of process, especially when they are of an environmental nature. It indicates that in a record time of barely 13 months of 'processing,' SETENA approved, in the most absolute darkness and secrecy, a project of high environmental impact, such as a sanitary landfill, preventing citizens from participating in a public hearing that was never convened and, therefore, preventing them from submitting the complaints and doubts that exist about the authorized project, which are of great diversity and importance. It states that the fact that a similar hearing was held in August 2009, more than thirteen years ago, can never be accepted as an argument for not convening the public hearing. It narrates that it is very easy to understand that, in so much time, the environmental realities of a given area change and, therefore, it is essential that the new project be analyzed with the realities of 2022 or 2023 and never of 2009, as has been attempted. It adds that in 2009, regarding the aforementioned project, there was an obligation to appear for the first time before the Constitutional Chamber, by virtue of the fact that, in that environmental evaluation procedure, even though a first public hearing had been held, there was no true space for citizen participation in it, and what happened was that the developer limited itself to presenting the project, and they could not even raise doubts or concerns, nor were these clarified. It indicates that even though there was a hearing, the Chamber found it proven that it was not consistent with what the legislation requires, and since a true space for citizen participation had not been provided, the Chamber decided to annul the hearing and order a new one be rescheduled, and that in this new one, popular participation be guaranteed. It states that all of this occurred in expediente 09-003830-0007-CO, in which, on May 08, 2009, resolution 2009-07540 was issued. It narrates that if said vote annulled a hearing for not guaranteeing the effective participation of citizens, how much more serious is it that the hearing is not even convened? It considers that the lack of participation, as ordered by the Chamber on that occasion, constitutes a serious violation of fundamental rights, so resolution 2032-2022-SETENA of December 14, 2022, is null, having been issued without the public hearing having been convened and held.

2.- By Presidency resolution at 4:49 p.m. on January 25, 2023, this amparo proceeding was processed and transferred to the technical secretary of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

3.- By document incorporated into the digital expediente at 3:55 p.m. on February 18, 2023, [Nombre2]  reports under oath, in his capacity as general secretary of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). He states that: “… FIRST: The appellant mentions the following: “… It adds that, in the procedure for this new application submitted in November 2021, SETENA decided not to convene a Public Hearing, alleging, among other things, that one had already been held for a similar project in August 2009, which is a huge and unforgivable violation of all the constitutional principles and norms that guarantee, protect, and promote citizen participation within this type of process, especially when they are of an environmental nature.” In this point, several aspects must be taken into account, which are the following: This project is NOT new to the citizens near it, as this same project, without significant modification in its conception compared to the one presented 10 years ago, held two public hearings in the past, where possible interested persons were convened at the Gymnasium of the Colegio de Montes de Oro, to appear on a Saturday to be informed and learn about the project and, additionally, to receive any comment or concern regarding it. On the other hand, regarding the fact that 10 years have passed since such hearings were held and that the environmental conditions, according to the appellant, have changed and that, therefore, a new public hearing must be held, this lacks technical basis, as the appellant does not present any significant environmental reason for change, while the environmental impact study (estudio de impacto ambiental) prepared by at least seven professionals in different branches determines practically that the environmental conditions remain identical and invariable to those determined 10 years ago. On the other hand, there is a huge error of concept by the appellant when circumscribing or pigeonholing citizen participation solely to a Public Hearing as it is conceived, when nowadays there are a large number of ways to carry out and guarantee this citizen participation and provide access to information to all persons interested in the project, without even leaving their homes. The Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) is the first stage of the Environmental Management (Gestión Ambiental) of a project; it is the stage where the project is only defined on paper and where citizen participation just begins; that is, citizen participation is NOT limited only to this stage, nor is its role conceived as decisive in the sense that, at this stage (nor at any other), the citizens must decide whether to approve or reject the project; that is not the role of citizens in environmental matters, but rather that citizens must be part of the entire Environmental Management process, to guarantee and/or verify that the project is developed in harmony with the environment. Citizen participation in environmental matters is a continuous process during the life cycle of the project, where in its different stages, the citizens have a role both watchful and accompanying, so that the actions and/or activities of the project have as part of their support the concerns and/or needs of the population near it. This means that citizen participation does not manifest itself nor have its 'maximum' role in a specific activity in space and time, such as the Public Hearing, because this would be to sharply limit the role of citizens in the rest of the project's life and in even more momentous stages of it, such as construction and operation. SETENA, aware of the foregoing and guarantor that citizen participation is continuous and fundamental, especially in this type of project that, by its nature, generates a certain level of rejection and/or concern in some sectors of the population, has established well-defined mechanisms to guarantee that citizen participation is continuous and effective over the project's lifetime, including the following: a. The establishment of the Environmental Monitoring Commission (Comisión de Monitoreo Ambiental, COMIMA), which is a commission created at the moment the project begins its construction and operation; this Commission is composed of representatives of Civil Society, who are proposed by the Society itself, as well as governmental institutions of the area, whose specific function is to carry out meticulous monitoring of the project's activities and to guarantee that they are carried out as planned or even modified if this will benefit the environment. This Commission has a complete work plan, and its meetings are held right at the project site, so that said Commission carries out on-site verification of the actions taken by the project and has the power to suggest changes in environmental measures that guarantee the minimum impact on the population near the project, if this is verified. b. Citizen participation also does not disappear after the Environmental Impact Assessment, since once the project begins its construction and operation, the expediente is open to the view and access of any citizen who requires analyzing it, and any person may submit, if they deem it so, consultation or complaint actions regarding environmental situations that may affect them directly or indirectly. c. Citizen participation is also guaranteed at any stage of the project through the legal mechanism of Appearance (Apersonamiento), which guarantees and legitimizes any citizen to be a party to the expediente and to have any administrative act thereof formally communicated to them and to be informed of what happens at the administrative level with the expediente and to take the legal actions they consider appropriate according to their motivation. On the other hand, it is important to mention that, as established by Decreto 32966-MINAE and other related decrees, the Public Hearing is discretionary for SETENA and is not mandatory, AND ITS NON-REALIZATION IN NO WAY IMPLIES THAT THE RIGHTS OF CITIZENS TO BE PART OF ENVIRONMENTAL DECISION-MAKING ARE BEING LIMITED OR AFFECTED, but rather that SETENA, as a technical body, must assess all the TECHNICAL AND LEGAL elements necessary to determine and substantiate the pertinence of holding a Public Hearing at that procedural stage. The Public Hearing as an instrument of citizen participation is one of the possibilities and options within the existing citizen participation mechanisms at this stage of the project's life cycle, and its realization must be chosen when it has been proven that other mechanisms have failed or when these prior mechanisms indicate that it is necessary and essential to resort to this last instrument. The existing legislation does not tacitly or explicitly indicate that, for projects like the present one, or any other type, a Public Hearing must be obligatorily requested or implemented; even Chamber IV itself mentions in environmental matters the obligation of citizen participation, but it does not mention that this refers one and exclusively to a single technique such as the Public Hearing. It must be remembered that the SETENA Regulation dates from 2004, and at that time, access to information, even the existence of media, was more limited, and therefore, reaching the population through a Public Hearing was believed to be the best option, whereas nowadays there are many forms of communication and means to reach people, much better and more efficient, even with optimal results compared to those previously obtained in a Public Hearing. Now, specifically for the project in question, among the reasons considered for not requesting and/or holding a Public Hearing are the following: The Project Developer, applying one of the citizen participation techniques stipulated within Decreto 32966-MINAE that governs the Environmental Impact Assessment, the developer carries out the CITIZEN PARTICIPATION technique called "Quantitative study of local perception," which is a well-defined tool developed by Sociology, whose purpose is to directly consider the opinion and/or perception of people who may be affected by or interested in the development of the project. Through this technique, all concerns, doubts, and even annoyances are taken into account by the sociologist to be incorporated into the social axis of Environmental Management to be converted into actions directed at the project's social component. For example: one of the frequent concerns arising from the citizens regarding the project is: '…how will the community benefit from the realization of the project…' the sociologist takes this and, together with the developer, and based on the needs and/or socioeconomic characteristics detected in the same environmental impact study of the social component, they establish the concrete actions that can be generated by the project to contribute to the improvement of the citizens; examples of some of these actions are the following: hiring personnel from the area, financial contributions to the Development Associations of the area, improvements in communal infrastructure, etc. For the present project, sociologist [Nombre3]   carries out a complete Socioeconomic analysis of the direct and indirect area of influence of the project, which includes citizen participation of people near the project, as observed in the following excerpt: 'Each community and settlement was visited to apply the analysis instrument, in accordance with SETENA parameters, to assess the social perception regarding the project.' 'The evaluation instrument (survey) was applied to a sample, whose number was determined following the parameters indicated in Decreto 32966-MINAE, which establishes that a confidence level of 90% and a margin of error of ±10% must be met. Resulting in a sample of 71 dwellings, where the instrument was applied through direct interviews (face to face) with the inhabitants of the dwellings.' 'The sample size was defined with a confidence level of 90%, and a "convenience" sampling was used, which is a non-probabilistic sampling technique, where interviewees are chosen for "convenience, accessibility, and proximity," making it easier for the consulting team to recruit the target group to be interviewed. This sampling technique was chosen because it is quick, easy, and, above all, the subjects are available at the moment of arriving at each dwelling to conduct the interview.' 'A second instrument was also constructed for data capture, with the objective of obtaining the local perception of the Project through a quantitative study, emphasizing the profile of the population consulted, as well as regarding the knowledge, opinions, attitudes, perceptions, and concerns of the people living in the analysis sector regarding the possible development of "THE PROJECT."'

In the following table taken from the EsIA, the locations where interviews were conducted to take into account citizen participation regarding the project can be observed:

| Place or community | District | Canton |
| --- | --- | --- |
| Miramar | Aranjuez | Montes de Oro |
| Aranjuez | Aranjuez | Montes de Oro |
| Miramar | Miramar | Montes de Oro |
| El Cocal | Miramar | Montes de Oro |
| El Barro | Miramar | Montes de Oro |
| Los Tiesos | San Juan Grande | Esparza |
| Tajo Alto | Miramar | Montes de Oro |

Furthermore, it should be noted in the following image that the sites where the citizen participation procedure was carried out were in the sectors that may eventually be affected by the development of the project.

From the citizen participation process carried out by the developer, the names of the persons who were randomly selected to be informed of the project and so that they could express their concerns (if any) regarding the activity intended to be developed are presented. In this way, a direct approach is made to the population, even more effective than the Public Hearing, because the citizenry is met right in their place of residence and it is possible to determine with greater precision what their natural environment is and how the project could affect, whether improving or worsening their quality of life, and to translate this into more accurate environmental actions or measures that allow the environmental impact of the project on the citizenry to be as minimal as possible. The list is shown below:

Once the sociologist, together with his team, conducts the interviews with all the persons, using his professional judgment he analyzes and determines the general impression and concerns that the population shows regarding the development of the project, so that these become part of the Environmental Management (Gestión Ambiental) of the project. For example, if one of the concerns of the citizenry during this citizen participation stage is that the project worries them because it "may contaminate the rivers," the sociologist takes this and develops a strategy that will be incorporated into the Environmental Management to assure the population and inform them that the project will not contaminate the rivers and that it will demonstrate this, for example, through water analysis of the river, which will be published on the company's internet page, or through pamphlets or some other easily accessible form of communication. Among the responses obtained during the citizen participation process are the following:

For all the aforementioned reasons, the appellant is not correct in her arguments for requesting a Public Hearing, alleging that without it, Citizen Participation is null. Another reason why the non-performance of a Public Hearing as an instrument of citizen participation was considered is that the location of the project is more than 3 km in a straight line from the first population center (Aranjuez) and 5 km from the population center of Montes de Oro, as can be observed in the following image taken from Google Earth:

As observed in the image, the distances to the population centers in a straight line are considerable, and if the distance were measured via the public access roads to said centers, the distances would be greater; this makes it so that the environmental impacts that the project may generate are hardly even perceived by the citizenry. If to this is added the fact that the garbage-laden trucks will circulate only on [Dirección1], and that the project will be developed on a farm that is externally covered by trees, the existence of the project will be almost unnoticed by the population; therefore, the level of proximity of the project to the population centers is adequate and justifiable for not conducting a citizen participation process involving a public hearing, but rather another technique approved and developed by Sociology was used. Another of the reasons why this Secretariat determined the inadvisability of holding a Public Hearing was the existence of the National Emergency Decree due to COVID-19 in the year 2021, the year the expediente was filed, which prohibited high-attendance events, and despite the fact that said Decree was already repealed in the year 2022, even to date COVID-19 continues to cause hospitalizations of persons affected by said disease, and especially minor patients have increased, and if the fact is added that in the area there is no property with adequate sanitary conditions to carry out an activity that brings together a high volume of people, it was considered that the public hearing was not the best option for the citizen participation process. SECOND: The appellant mentions the following: "Indicates that in record time, of a scant 13 months of 'processing,' SETENA approved, in the most absolute darkness and secrecy, a high environmental impact project, such as a sanitary landfill, preventing citizens from participating in a public hearing that was never called, and therefore preventing them from presenting the complaints and doubts that exist regarding the authorized project, and which are of great diversity and importance." What the appellant mentions is a reckless expression that casts doubt on the work of the Department of Environmental Assessment (Departamento de Evaluación Ambiental) and of SETENA itself. The appellant is unaware of all the internal changes in the work methodology that have been made at SETENA, which have allowed for a considerable reduction in the response times of the processes that SETENA handles, in the interest of a more efficient administrative response, so that in any case, 13 months is not a "record" or suspicious time as the claimant tries to make it seem. The appellant also apparently is unaware that since the year 2020, the procedures carried out by SETENA are virtual and that all the information is available to the public on SETENA's internet page for review and download; that is, interested persons do not even need to appear physically at SETENA to consult it, but rather can have access to the entire expediente and its documents via the internet. Furthermore, as stipulated by legislation, the respective publication was made in a national circulation media outlet regarding the submission of the project's Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) to SETENA. Therefore, there has been no secrecy in its processing, but rather current legislation has been complied with. In addition, given that this same project was submitted and approved at SETENA in the year 2010, and that at that time all technical and/or legal concerns regarding it had been resolved (including the few that resulted as a product of the hearings), it was feasible and predictable that upon resubmitting the project again, it would present minimal information deficiencies implying long resolution times; therefore, the processing of the expediente has been correct and could be considered fast if compared to the fact that in the past, this type of project took between 3 and 4 years to be approved, but this does not indicate in any way that this is what is correct, nor what is desirable for the processing of this type of project at SETENA. Considering that the appellant has not demonstrated, nor presented, any technical-scientific evidence that allows refuting the criteria used by this Department for not requesting a Public Hearing, and that all the doubts or deficiencies mentioned by the appellant have an adequate foundation within the documents of the expediente, it is recommended that the present recurso de amparo be rejected from a technical point of view. On the other hand, it must be considered that the claimant of the present recurso, in the use of her right to citizen participation, filed on the past December 19, 2022, an administrative recurso de revocatoria with apelación en subsidio, against the resolution that granted Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) to the project, so that her technical concerns about the project will be discussed and answered there, according to the procedural order of the expediente. THIRD: Regarding the vote of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) 2009-07540 of May 08, 2009. In the recurso de amparo filed before the Constitutional Chamber by Mrs. [Nombre1], she mentions that: "the Chamber decided to annul the hearing and ordered that a new one be rescheduled and that in that new one, popular participation be guaranteed. She states that all this occurred in expediente 09-003830-0007-CO, in which, on May 08, 2009, resolution 2009-07540 was issued. She recounts that if said vote annulled a hearing for not guaranteeing effective participation of the citizenry, how much more serious is it that the hearing was not even called? She considers that the lack of participation, as ordered by the Chamber on that occasion, constitutes a serious violation of fundamental rights, therefore resolution 2032-2022-SETENA of December 14, 2022, is null, for having been issued without the public hearing having been called and held. Regarding what the appellant indicates, she is NOT correct, since the spirit of what was ordered by the Constitutional Chamber in Vote 2009-07540, of May 08, 2009, refers to a recurso de amparo that the appellant [Nombre1] filed on March 12, 2009, explaining that: "(…) she is a resident of Miramar de Montes de Oro, the canton where the company EBI intends to build a sanitary landfill, for which reason, the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) scheduled the holding of a public hearing for February twenty-first, two thousand nine. At said hearing, she claims that the employees of the company EBI dedicated themselves to explaining the benefits of the installation of the landfill in dispute, and when she tried to make her comments, the respondent prevented her from speaking, indicating that she could not refer to other projects under execution." (…) In said vote, the Chamber rules on the merits, indicating the following: "The Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), in its Article 6, establishes that: 'The State and the municipalities shall encourage the active and organized participation of the inhabitants of the Republic in decision-making and actions aimed at protecting and improving the environment.' For its part, the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental) (Decree 31849-MINAE-MOPT-MAG-MEIC) provides, regarding mechanisms to be heard by the National Environmental Technical Secretariat, the following: (…) Article 56.—Requirement of a hearing. In accordance with Article 95 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), when any natural or legal person requests SETENA to hold a public hearing for information and analysis for the case of a specific activity, work, or project, the Plenary Commission of SETENA, by virtue of the magnitude of the potential environmental impact, shall determine, after a technical assessment of the situations involved in its development, whether or not it is necessary to hold it. In the event of deciding not to hold the requested public hearing, said commission shall determine the mechanism through which it will receive the observations. (the underlining and bold are not from the original). (…) Likewise, it is appropriate to refer to what was provided by this [Nombre4] when dealing with matters related to the holding of public hearings. In this regard, in judgment number 2007-06315 of fourteen hours and thirty-three minutes of May ninth, two thousand seven, it was ordered, as relevant, the following: 'IX.- Regarding the omission of consultation. The appellant [Nombre5] also claims that despite the implications of the analyzed project, the National Environmental Technical Secretariat did not consult the community, nor the C.B. Reserve, nor the environmental organizations interested in the matter, thereby leaving them defenseless. In this regard, it must be noted that as established by Article 35 and following, of Executive Decree 25705-MINAE (Regulation on SETENA Procedures - Reglamento sobre Procedimientos de la SETENA), the provided oral hearing is left to the discretion of SETENA, after assessing the situations and implications of each project, as well as the possibility of an individual submitting the project for a public hearing.' Although it is true that this vote resolved WITH MERITS the filed recurso, the Court's criterion refers to the fact that the right to citizen participation was not guaranteed, due to the restrictions applied affecting the right of opinion of the appellant and the other interveners in said activity; consequently, the public hearing was annulled due to the prejudice caused; but at the same time, it makes it clearly evident that SETENA possesses broad authority and criteria to decide on whether or not to hold a public hearing; reaffirming what was provided on other occasions by the Chamber in matters related to the holding of public hearings; citing judgment number 2007-06315 of fourteen hours and thirty-three minutes of May ninth, two thousand seven, as well as what is established in the legal norm, in Article 35 and following of Executive Decree 25705-MINAE (Regulation on SETENA Procedures), and Article 56 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Decree 31849-MINAE-MOPT-MAG-MEIC) among others. Therefore, in this case, the fact that a public hearing was not held does not constitute a violation of fundamental rights. Resolution 2032-2022-SETENA of December 14, 2022, being legitimate…". It is requested that the filed recurso be declared without merit.

4.- By means of a resolution issued at 14:47 hours on April 25, 2023, the instructing magistrate expanded the parties to the present process.

5.- By written submission incorporated into the digital expediente on May 02, 2023, [Nombre6], in her capacity as general judicial representative of EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A., legal person identification number: CED2, reports, stating that: "… As can be appreciated from the transcription in the preceding section of what was adduced by the appellant, there are three thematic axes on which she rests her line of argument: 1) The non-calling of a Public Hearing; 2) The 'record time' in which SETENA approved a High Environmental Impact Project, and 3) The content of Judgment No. 2009-07540 of May 08, 2009, issued by the Constitutional Chamber. That being the case, we will now refer to each one of the arguments under comment, indicating from now on that we adhere to the data and legal foundations reported by SETENA to this High Court, all of which strictly conform to the unequivocal rules of science and technique and to the principle of legality. 1.-) The appellant argues that: '… in the processing of this new application filed in November 2021, SETENA decided not to call a Public Hearing, alleging, among other things, that one had already been held for a similar project in August 2009, which is an enormous and unforgivable violation of all the constitutional principles and norms that guarantee, protect, and promote citizen participation within this type of process, especially when they are of an environmental nature.' What is thus argued is not acceptable for the reasons explained below. As can be inferred from a simple review of the administrative expediente, my client's Project is not new to the community or communities near it. For, we reiterate, as is clearly evident from the administrative expediente, it is the same Project submitted approximately a decade ago and on the occasion of which interested persons were called to two public hearings —on a Saturday— that were held in the Gymnasium of the College of Montes de Oro. Hearings that, of course, were scheduled to inform and publicize the Project, as well as to receive any comments or concerns regarding it. The appellant indicates that more than ten years have passed since such hearings were held and that environmental conditions have changed. Hence, a new hearing is required. What is thus argued completely lacks technical foundation. In this line, note that the appellant merely makes a simple statement without contributing to the record any evidence to support her claim, giving not a single reason of an environmental nature that accounts for a significant change in environmental conditions, as she recklessly affirms. In addition to the foregoing —namely, the total absence of reasons and evidence to support her claim—, it must be remembered that in the environmental impact study (estudio de impacto ambiental, EsIA) prepared by at least 7 professionals in different branches, they determine practically that the environmental conditions remain identical and invariable to those determined 10 years ago. Notwithstanding the foregoing, we respectfully consider that the appellant incurs a gross conceptual error, in that she seems to understand that only through a public hearing can citizen participation be guaranteed, when it is true that currently there are a great number of ways to carry out and guarantee such participation and provide access to information to all persons interested in the Project, without them needing to travel. In this regard, current technology allows for the management and sending of information through digital channels —such as 'emails'—, digital media such as the Maya key and the CD, as well as virtual participation in meetings through technological platforms such as Microsoft Teams or Zoom. Now then, as is known, the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) is the first stage of the Environmental Management (Gestión Ambiental) of a project; it is the stage where the project is still defined only on paper and where citizen participation only just begins. That is to say, citizen participation should not be understood as limited to this stage, nor is its role conceived as decisive in the sense that at this stage (or any other) the citizenry must decide whether to approve or reject the project. The foregoing, because that is not the role of the citizenry in environmental matters; rather, they are an active part of the entire Environmental Management process, to guarantee and/or verify that the project develops in harmony with the environment and takes into account the impacts identified by the community and the mitigation measures that the professionals propose, taking into account the voices of the community actors. Citizen participation in environmental matters is a continuous process during the life cycle of the project, where in the different stages thereof, the citizenry has both an oversight and accompanying role, so that the actions and/or activities of the project have as part of their basis the concerns and/or needs of the population near it. This means that citizen participation is not manifested nor has its 'maximum' role in a punctual activity in space and time, such as the Public Hearing, because this would be to sharply limit the role of the citizenry in the rest of the project's life and in even more transcendental stages of it, such as construction and operation. Moreover, it is important to mention that, as established by Decree 32966-MINAE and related regulations, the Public Hearing is optional for SETENA. In other words, it is not mandatory and for that reason, its non-performance in no way implies that the rights of persons in this field are being limited or violated. This is so, because SETENA, being a technical body, must assess all the technical and legal elements deemed necessary to determine and justify the pertinence of holding a Public Hearing at that procedural stage. Now then, it is of utmost relevance to highlight that SETENA, when making the decision not to hold the Public Hearing, did not do so capriciously or arbitrarily, but rather acted in a manner founded on both legal and technical aspects. In this regard, as the referred entity well indicates when rendering its report on the occasion of the present Amparo, the 'project developer, applying one of the citizen participation techniques stipulated within Decree 32966-MINAE that governs Environmental Impact Assessment, performs the CITIZEN PARTICIPATION technique called "Quantitative study of local perception" which is a well-defined tool developed by Sociology, whose purpose is to directly take into consideration the opinion and/or perception of persons who may be affected or interested by the development of the project. Through this technique, all concerns, doubts, and even discomforts are taken into account by the sociologist, to be incorporated into the social axis of Environmental Management to be converted into actions directed at the social component of the project.' In addition to the foregoing, as part of the social participation process in the follow-up stage, my client committed to fulfilling the following commitments or environmental measures (protocol S3, S4, and S7 of chapter 11 of the P-PGA present in the EsIA): • Citizen participation program • Dissemination and training program • Community Management Plan • Synthesis: Ensure knowledge and awareness regarding solid waste treatment and the project. Compliance indicators: 1. Comply with current regulations. 2. Apply the Community Communication Plan. 3. Conduct training for community leaders on waste management and the project, quarterly in the first year, semi-annually in the second year. 4. Conduct guided tours with the community and community leaders every 4 months during the construction process. 5. Participate in COMIMA meetings 6. Have a Community Projects Support Program in the Direct Influence Area (Área de Influencia Directa, AID). 7. Conduct a Survey every 2 years on the perception of the Project. 8. Hold quarterly meetings with community leaders in the area of influence. 9. Disseminate the Project through social media. Another reason why SETENA considered not holding a Public Hearing in this case is that the Project is located more than 3 km in a straight line from the first population center (Aranjuez) and 5 km from the population center of Montes de Oro. The foregoing proves, without requiring much effort, that the distances to the population centers in a straight line are considerable, and if the distance were measured via the public access roads to said centers, the distances would be greater. This means that the environmental impacts that the project may generate are hardly even perceived by the citizenry. To the foregoing must be added the fact that collection trucks, already loaded with solid waste, will circulate only on [Dirección1], and that the Project will be developed on a farm that is externally covered by trees. The indicated factors will mean that the existence of the project will be almost unnoticed by the population. Hence, as SETENA correctly indicates when addressing the present Amparo, 'the level of proximity of the project to the population centers is adequate and justifiable for not conducting a citizen participation process involving a public hearing, but rather another technique approved and developed by Sociology was used.' Finally, one more reason why SETENA made the decision questioned by the appellant was the existence of the National Emergency Decree due to COVID-19 in the year 2021—the year the expediente was filed—on the occasion of which, high-attendance events were prohibited. Even if it can be said that such an emergency has passed, even as of the date this Report is rendered, the virus continues to cause hospitalizations, and furthermore, in the area there is no property with adequate sanitary conditions to carry out an activity that brings together a high volume of people. 2.-) The appellant indicates: '… that in a record time, of a scant 13 months of "processing," SETENA approved, in the most absolute darkness and secrecy, a high environmental impact project, such as a sanitary landfill, preventing citizens from participating in a public hearing that was never called, and therefore preventing them from presenting the complaints and doubts that exist regarding the authorized project, and which are of great diversity and importance.' What is thus affirmed by the appellant cannot be described as anything other than reckless, disrespectful, and tendentious, not only towards SETENA but towards my client, who has always been characterized by transparency and strict adherence to the prevailing legislation in each Project it undertakes. It is clear that, apparently, the appellant is not aware of the changes in procedural matters and with the purpose of reducing response times that SETENA has been implementing. And that since the year 2020, the procedures before said entity are virtual, so all the information is available to the public on the entity's internet page for review and download. In addition to the foregoing, in this case, in strict compliance with the provisions of national legislation, the respective publication was made in a national circulation media outlet regarding the submission of the project's Environmental Impact Study (EsIA) to SETENA. Of course, it is common sense that since this same project was submitted and approved at SETENA in the year 2010, and that at that time all technical and/or legal concerns regarding it had been resolved (including the few that resulted as a product of the hearings), it was feasible and predictable that upon resubmitting it again, it would present minimal information deficiencies that would not imply long resolution times. Finally, it must be remembered regarding the review period of SETENA for Environmental Impact Studies that so surprises the appellant, that Article 29 of Executive Decree 31849: '3. SETENA, through its respective department, shall carry out the review of the EsIA within a period no longer than 10 weeks. 5. In accordance with the procedure established in this decree and in the EIA Manual, SETENA shall review and grade the EsIA. According to said grading, this Secretariat may, through official written communication, reject said Study or, request on a single occasion, a single Annex with the missing information, or the corresponding clarification or modification, for which it will set a reasonable delivery period, depending on the quantity and complexity of the information required. In both cases, SETENA will notify the result of the review by means of a Resolution. 7. For the review of the Annex, SETENA will have a period no longer than 5 weeks. 8. If the documentation submitted complies with the provisions of this regulation, the official administrative resolution granting environmental viability (license) (viabilidad (licencia) ambiental) to the activity, work, or project will be issued and notified.' Once the supra-transcribed norm is compared with the performance of SETENA in this case, it is obvious that the review and processing times for the present expediente are within what is regulated by current legislation. 3.-) Regarding the content and scope of Constitutional Judgment No. 2009-07540 of May 08, 2009. In the filing brief for the Recurso de Amparo before us, the appellant states that in a case similar to this one, the Chamber decided to annul the hearing and ordered that a new one be rescheduled and that in that new one, popular participation be guaranteed, as constitutionally corresponded. She states that all this occurred in expediente No. 09-003830-0007-CO, in which, on May 08, 2009, resolution No. 2009-07540 was issued. She adds, that if said vote annulled a hearing for not guaranteeing the effective participation of the citizenry, how much more serious is it that the hearing was not even called? She considers that the lack of participation, as ordered by the Chamber on that occasion, constitutes a serious violation of fundamental rights, therefore resolution 2032-2022-SETENA of December 14, 2022, is null, for having been issued without the public hearing having been called and held. As SETENA indicates in a more than accurate manner when rendering the Report ordered on the occasion of the Recurso de Amparo before us, the appellant does not make an adequate reading of what the Constitutional Chamber indicates in the cited Ruling. On that occasion, what happened was that the appellant here filed a Recurso de Amparo on March 12, 2009, indicating as relevant that: '(…) she is a resident of Miramar de Montes de Oro, the canton where the company EBI intends to build a sanitary landfill, for which reason, the National Environmental Technical Secretariat scheduled the holding of a public hearing for February twenty-first, two thousand nine. At said hearing, she claims that the employees of the company EBI dedicated themselves to explaining the benefits of the installation of the landfill in dispute, and when she tried to make her comments, the respondent prevented her from speaking, indicating that she could not refer to other projects under execution.'

In light of the foregoing, she considers her fundamental rights to have been violated.”(…) Subsequently, in view of the evidence she brought to the respective case file, the Constitutional Chamber stated: “The Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), in its Article 6, establishes that: ‘The State and the municipalities shall foster the active and organized participation of the inhabitants of the Republic in decision-making and actions aimed at protecting and improving the environment.’ For its part, the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental) (Decreto 31849-MINAEMOPT-MAG-MEIC) provides, regarding mechanisms to be heard by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), as follows: (…) Article 56.—Request for a hearing. Pursuant to Article 95 of the Biodiversity Law, when any individual or legal entity requests SETENA to hold a public information and analysis hearing for a specific activity, work, or project, the Plenary Commission of SETENA, by virtue of the magnitude of the potential environmental impact, shall determine, after a technical assessment of the situations involved in its development, whether or not it is necessary to hold it. If it decides not to hold the requested public hearing, said commission must determine the mechanism through which it will receive observations. (…) Likewise, it is pertinent to refer to what this Chamber has provided when dealing with matters related to the holding of public hearings. In this sense, in Judgment number 2007-06315 of fourteen hours and thirty-three minutes of the ninth of May of two thousand and seven, the following was provided, as relevant: “IX.- On the omission of consultation. The appellant [Nombre5]. also claims that despite the implications of the project analyzed, the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) did not consult the community, nor the C.B. Reserve, nor the environmental organizations interested in the matter, leaving them defenseless. In this regard, it must be indicated that according to what is established in Article 35 and following, of Decreto Ejecutivo 25705-MINAE (Regulation on SETENA Procedures (Reglamento sobre Procedimientos de la SETENA)), the planned oral hearing is left to SETENA’s discretion, after an assessment of the situations and implications of each project, as well as the possibility that an individual presents the project for a public hearing.” Now, it is true that on that occasion the Constitutional Chamber declared the referred appeal “With Merit” (Con Lugar), but it is clear that the High Court’s criterion refers to the fact that citizen participation was not guaranteed, due to the restrictions that were applied affecting the right to an opinion of the appellant and the other participants in that activity and, consequently, ordered the annulment of the public hearing. Notwithstanding the foregoing, in that same Ruling, the Constitutional Chamber makes it more than clear that SETENA has broad power and discretion to decide on whether or not to hold a public hearing; reaffirming what was provided on other occasions in matters related to the holding of public hearings …”. “… In the ordinary jurisdiction, the legality of SETENA’s discretionary power to convene public hearings, as part of the EIA (Environmental Impact Studies (Estudios de Impacto Ambiental)) procedure, has been analyzed; it is of interest to analyze below, as relevant, a ruling of the Sixth Section of the Contentious-Administrative Tribunal: “...Pursuant to what was stated in the prior Considering clauses, the decision regarding whether or not a public hearing is held corresponds to SETENA, which may dispense with it based on objectively established criteria. In the specific case, we have that the hearing was omitted for the granting of the addendum to the initially authorized environmental instrument. Added to the fact that the regulations in force at that time did not establish the need for that hearing to authorize modifications to authorized environmental impact studies (estudios de impacto ambiental), the truth is that SETENA did carry out a prior technical assessment of the situations involved in its development, which, we estimate, serves as the basis for the decision not to hold it. … On the other hand, it must be kept in mind that the hearing is only one of the instruments to make effective the right to participate in decision-making concerning environmental projects. … For the reasons stated, we estimate that the right of access to information regarding this project has not been violated (and the public and private authorities involved have complied with the duty to provide sufficient information) nor the right to public participation, insofar as the inhabitants of Matapalo have been able to express their criteria, opinions, points of view, or questions… On the other hand, the fact that the addendum was not preceded by another hearing did not make it impossible for the residents of Matapalo to exercise the right of participation in environmental decision-making, as set forth…”2 We see how even the ordinary jurisdiction determined that even for minor or innocuous modifications to a project that was previously approved, it is not necessary to convene a new public hearing, precisely coinciding with the specific case, in which the project had already been previously approved, and rather was subjected to a double environmental viability study, simply due to a matter of procedural expiration. It is also recorded in administrative file D1-0635-2021-SETENA that the appellant here had full access to the entirety of the administrative file and exercised her rights through various appeals, which were resolved objectively, so that participatory access and environmental control have been broadly guaranteed and, of course, the supervision process will continue in the operational phase of the project, the foregoing coupled with the fact that the last two years of the environmental assessment procedure (2020-2021) were the pandemic period, making the holding or convening of public hearings impossible. Hence, in the present case, we are far from the factual assumption analyzed by the Chamber in that Amparo Appeal. And contrary to what the appellant believes, the High Court was direct and clear in stating that in this type of case, SETENA’s technical criterion prevails …”. It requests that the appeal filed be declared without merit.

6.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,

Considering:

I.- REGARDING THE AMPARO AGAINST PRIVATE LEGAL ENTITIES. Numeral 57 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes several admissibility requirements for amparo appeals against private legal entities. First, that the private entities or persons “act or must act in the exercise of public functions or powers”. If this does not involve this hypothesis, and the private legal entity is in a position of power, whether de facto or de jure, the amparo will be admissible, only, as a subsidiary remedy to common legislation if two other conditions are met: a) That the common jurisdictional remedies are not sufficient and b) that they are belated. That is, even if adequate common jurisdictional procedures exist to satisfy the claim of the protected party, the result of these would be belated, producing injuries that are difficult or impossible to repair. In the particular case, it is deemed appropriate to examine the merits of the matter, considering that SETENA received a D1 form to process the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) of a Sanitary Landfill (Relleno Sanitario) in [Dirección2] at the request of Empresa EBI de Costa Rica S.A. Consequently, it is appropriate to hear the appeal on its merits.

II.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant states that on November 15, 2021, SETENA received a D1 form to process the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) of a Sanitary Landfill (Relleno Sanitario) in Miramar de Montes de Oro. She indicates that said processing was carried out at the request of Empresa EBI de Costa Rica S.A. She states that a project for solid waste disposal on the same site was processed before SETENA in 2007 and in August 2009, more than 13 years ago, in that process, the public hearing established by legislation was held, with the intention of giving the citizenry a space for participation to present their objections and clarify doubts regarding the project under assessment. She narrates that in December 2009, SETENA granted that project the requested Environmental Viability (Viabilidad Ambiental); however, that environmental viability (viabilidad ambiental) granted in 2009 expired without the developer starting the project and, therefore, it now had to submit a new application for Environmental Viability (Viabilidad Ambiental). She adds that during the processing of this new application submitted in November 2021, SETENA decided not to convene a public hearing, alleging, among other things, that one had already been held for a similar project in August 2009, which is an enormous and unforgivable violation of all constitutional principles and norms that guarantee, protect, and promote citizen participation within this type of process, and even more so when they are of an environmental nature.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed as duly demonstrated:

a)   The appellant assures that she is a resident of Miramar de Montes de Oro, a canton where the company EBI intends to build a sanitary landfill (relleno sanitario) (uncontroverted fact).

b)   Initially, the project “Parque de Tecnología Ambiental Galagarza” was submitted in 2007 through file D1-1375-2007. On February 21, 2009, the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) held the public hearing corresponding to the project called “Parque de Tecnología Ambiental Galagarza”, which was heard under file number 1375-07-SETENA (see attached evidence).

c)    By means of Judgment No. 2009-07540 of 11:20 a.m. on May 08, 2009, this Constitutional Tribunal resolved the amparo appeal -file No. 09-003830-007-CO- filed by [Nombre1]  , against the NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT (SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL). In the referred judgment, the following was resolved: “Therefore: The appeal is declared with merit. Consequently, the public hearing of the “Proyecto Parque de Tecnología Ambiental Galagarza”, held on the twenty-first of February of two thousand and nine within administrative file number 1375-07-SETENA, is annulled. [Nombre7]  , in her capacity as General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), or whoever holds her position, is ordered to carry out the steps within the scope of her competence so that within a period of fifteen days, counted from the notification of this judgment, the holding of the mentioned hearing is rescheduled, in which the right of full participation for all parties must be guaranteed…” (see file 09-003830-007-CO, brought ad effectum videndi et probandi).

d)   By means of resolution 2966-2009 of December 16, 2009, environmental viability (viabilidad ambiental) was obtained; however, due to situations inherent to SETENA it expired (see attached evidence).

e)    On November 15, 2021, the D1 Form for the project: Parque de Tecnología Ambiental Galagarza, was received at SETENA, submitted on behalf of EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, legal ID CED2, represented by Mrs. [Nombre8]  , identification document number 01- 0880-0768, and assigned file number D1-0635-2021-SETENA. As the responsible Environmental Consultant (Consultor Ambiental), Mr. [Nombre9]    , identification document number CED3, whose consultant registration is current (see attached evidence).

f)     On February 21, 2022, the official Eng. [Nombre10]   , carried out a field inspection in the project area accompanied by representatives of the consulting and developing company. The following conditions in the field were determined: “· The project has not started works. · The topography is average with slopes between 7% to 12% · There is no evidence of landslides on the farm. · No exposed slopes are observed. · The following possible water bodies exist within the farm: natural depression, quebrada llano, water outcrop and adjacency to the Río Seco. · The farm, due to its size, presents areas with cover of: scrub (charral), pastureland, wooded pastureland, and forest cover (cobertura forestal) in the depressions. · The fauna seen consisted of birds, reptiles, and mammals. · The project is located in a rural area. · The project has access and average road infrastructure. · In the inspector’s opinion, the majority of the farm is covered by scattered trees, scrub (charral), and thickets (tacotal). · The project is located adjacent to the [Dirección3] of Zagala.” (see attached evidence).

g)   Through resolution No. 2032-2022-SETENA dated December 14, 2022, it was agreed: “… THEREFORE THE PLENARY COMMISSION RESOLVES. In Ordinary Session No. 92 of this Secretariat, held on December 14, 2022, in Article No. 27 it is agreed: FIRST: To Approve the Environmental Assessment Document D1 Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) submitted for environmental assessment by the project developer. SECOND: To notify the interested party that, in accordance with Articles 17, 18, and 19 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), the environmental assessment procedure for the project \"Parque de Tecnología Ambiental Galagarza\", under administrative file D1-0635-2021- SETENA, has been completed…” (see attached evidence).

IV.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. First, it is of particular importance to point out that citizen participation is safeguarded in our legal system as a principle. As the majority of this Tribunal has indicated on other occasions, direct citizen participation in public affairs or the management of public matters is an evident constitutional principle normatively recognized in Article 9 of the Constitution, which must be implemented by the constitutional and infra-constitutional legal system, under the following considerations:

“…Citizen participation, as a general principle of Constitutional Law, is projected in the political or governmental sphere and the merely administrative one, for making fundamental decisions. In the political or governmental dimension, the issue is developed through instruments such as the regulation of popular election processes, the legislative referendum, and the popular initiative in the formation of law. At the strictly administrative level, the principle of participation of the administered must be developed gradually and according to the subject matter and sector, since not every fundamental administrative decision must necessarily be preceded by citizen participation, because if that were the case, administrative management would be slowed down, which must be, by application of the constitutional principles of efficacy and efficiency, fluid and dynamic. Our Political Constitution does not enunciate or indicate the mechanisms for the participation of the administered in the adoption of fundamental administrative decisions, that is, it does not deal with such an issue. The infra-constitutional legal system, essentially, the law, will be the one that determines those sectors and matters where there must be greater participation (e.g., in matters of drafting regulations, environmental matters, consumer protection, urban planning, regulation and setting of tariffs in services of general interest, holding of popular consultations at the municipal level such as open town meetings (cabildos abiertos) and referendums, etc.). There will be situations in which the ordinary legislator has configured such participation as a true, complete, and perfect right, fully enforceable, under certain circumstances and under certain assumptions and conditions that must be verified. In such cases, determining whether or not such a legally configured right has been breached is a question of legality that must be discussed before the ordinary or common jurisdiction and not in this constitutional jurisdiction. In short, what the current Constitution and international human rights instruments contemplate is a principle of participation, which for obvious reasons does not reach the prescriptive and enforceable character of a fundamental or human right. It is not possible to extract from the fundamental text and from the Human Rights instruments an alleged right to participation that governs unconditionally for the adoption of any or every fundamental administrative decision that would justify granting every amparo whenever it is alleged that it was violated. It is the ordinary legislator who gradually configures and develops such a right of participation in certain matters and in certain sectors of the infra-constitutional legal system; therefore, I reiterate, it does not correspond to the constitutional jurisdiction, being a matter of ordinary legality, to establish when a legally configured right has been infringed. Based on the foregoing, it is not possible to speak, from a constitutional or conventional perspective, of a perfect right to participation, and instead, reference must be made to the constitutional principle of citizen participation in the making of fundamental decisions, whether political or administrative.” (Judgment No. 2017-1163 of 9:40 a.m. on January 27, 2017. See in a similar sense Judgments numbers 2019-19902, 2021-25386, and 2022-25374)

 However, in this particular case, this Tribunal notes a direct violation of Article 50 of the Constitution, which establishes that, “[e]very person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to report acts that infringe upon that right and to claim compensation for the damage caused.” Consistent with this, the existence of a diffuse interest is recognized, so that any person may manage what they deem pertinent in relation to the defense of the right to the environment, under the different mechanisms established in the legal system.

In the sub examine, the activity whose environmental viability (viabilidad ambiental) is under discussion -the installation of a sanitary landfill (relleno sanitario) in Miramar de Montes de Oro-, requires that a public hearing be held as part of the environmental impact study (estudio de impacto ambiental) approval process. That is why, at the time the viability was previously granted, that hearing was held in 2009. Now, the discussion regarding whether or not such a hearing should be held again currently is because Resolution No. 2966-2009 of December 16, 2009, through which the project obtained environmental viability (viabilidad ambiental), expired without the works having commenced. Thus, the company EBI de Costa Rica S.A. had to initiate the procedure again on November 15, 2021; and, on this occasion, SETENA determined that, given that the conditions of the project and the proposed site were similar to those analyzed in 2009, it could be exempted from holding such a hearing, according to Resolution No. 2032-2022-SETENA dated December 14, 2022.

However, in the opinion of this Tribunal, exempting that activity from such a requirement, after 10 or more years since the situation was assessed by the population, is totally improper, as what is reasonable for the concrete protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment recognized in Article 50 of the Constitution is that the public hearing established by the legislator in these cases must be carried out under the conditions of the moment in which the activity in question will be developed, which cannot be considered fulfilled in this case by a hearing held over ten years ago. That is why SETENA’s action in granting environmental viability (viabilidad ambiental) for a project without holding a new hearing, despite the time elapsed since the previous hearing for this project without it having started operation, is a violation of the right recognized in the referred Article 50 of the Constitution.

In this Chamber’s opinion, just as the technical instruments should have been applied again to determine the potential environmental impacts that an activity of such nature could produce, in light of current circumstances, the procedure established for that purpose must equally be respected, guaranteeing the current population the transparency of the public function established for this type of works and the due protection of the environment, in accordance with Article 50 of the Constitution, Article 23 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), and Article 95 of the Biodiversity Law. That is why this amparo is admissible only against SETENA, and it is appropriate to annul Resolution No. 2032-2022-SETENA dated December 14, 2022, and, consequently, order the scheduling of the public hearing in question.

V.- In relation to the respondent company, the amparo must be dismissed, since the violation declared herein does not depend, at all, on its participation, but solely on what was agreed by the Plenary Commission of SETENA in Ordinary Session No. 92 of December 14, 2022, regarding file No. D1-0635-2021-SETENA. Consequently, it must be dismissed insofar as it refers to said company.

VI.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the criterion of the undersigned that if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do examine the merits of the matter when other rights of persons are at stake that could be affected by contamination, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and contamination-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as happens in this case, where it is alleged that the solid waste disposal project to be carried out in Miramar de Montes de Oro did not comply with the legal requirements of a public hearing, violating the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.

VII.- MAGISTRATES RUEDA LEAL, GARITA NAVARRO, AND FERNÁNDEZ ARGÜELLO STATE DIFFERENT REASONS. We agree with the rest of the Chamber in declaring the appeal with merit, but we differ regarding the reasons given by the majority of the Tribunal to condemn the respondent party; therefore, we consider it important to note that the Inter-American Court of Human Rights highlights the close relationship that exists between democracy and freedom of expression, indicating that it is a fundamental element on which the existence of a democratic society is based. In this sense, it points out that it is a “conditio sine qua non” so that those who wish to influence the community can develop fully, which is why it affirms that a society that is not well informed is not fully free.

In this regard, the Inter-American Court of Human Rights in the case of [Nombre11]  [Nombre12]. , in its judgment of November 24, 2022, specified:

“… The Court has established that freedom of expression, particularly in matters of public interest, “is a cornerstone in the very existence of a democratic society”102. Thus, this right must not only be guaranteed with respect to the dissemination of information or ideas that are received favorably or considered harmless or indifferent, but also with regard to those that are displeasing to the State or any sector of the population. In this way, any condition, restriction, or sanction in this matter must be proportional to the legitimate end pursued; because, without an effective guarantee of freedom of expression, the democratic system weakens and pluralism and tolerance suffer damage; the mechanisms for citizen control and denunciation can become inoperative, and, ultimately, fertile ground is created for authoritarian systems to take root. The Court recalls that, in a democratic society, the inherent rights and freedoms of the person, their guarantees, and the Rule of Law constitute a triad, each of whose components is defined, completed, and acquires meaning in function of the others105. In this sense, this Tribunal warns that Articles 3 and 4 of the Inter-American Democratic Charter underscore the importance of freedom of expression in a democratic society, by establishing that “[e]ssential elements of representative democracy include, inter alia, respect for human rights and fundamental freedoms; access to and the exercise of power in accordance with the rule of law; the holding of periodic, free, and fair elections based on secret balloting and universal suffrage as an expression of the sovereignty of the people; the pluralistic system of political parties and organizations; and the separation and independence of the powers of the state”. Along the same lines, the collective dimension of freedom of expression, as a fundamental pillar of society, and as a procedural right for the exercise of public participation, allows that through this means, persons can exercise democratic control over state management to be able to question, investigate, and consider the fulfillment of public functions. In that sense, it makes it possible for persons to be part of the decision-making process and for their opinions to be heard. Thus, democratic control by society, through public opinion, fosters transparency of state activities and promotes the responsibility of officials for their public management…”. (the highlight is not from the original.)


On the other hand, the Inter-American Court of Human Rights added in the same judgment, the following:

“…The Court has recognized that rights especially linked to the environment can be classified into two groups. On one hand, rights whose enjoyment is particularly vulnerable to environmental degradation, also identified as substantive rights (for example, the rights to life, to personal integrity, to health, or property). On the other hand, rights whose exercise supports a better formulation of environmental policies, also identified as procedural rights. In this latter category are the freedoms of expression and association, the right to information, to participation, and to an effective remedy110. 95. Notwithstanding the foregoing, the Court has considered that procedural obligations regarding the protection of the environment are also derived from the systematic interpretation of the obligations to respect and guarantee the rights to life and to personal integrity, as well as other rights provided for in the American Convention. 96. Furthermore, the Court recalls that participation represents a mechanism for integrating the concerns and knowledge of the citizenry into public policy decisions that affect the environment and increases the capacity of governments to respond to public concerns and demands in a timely manner, helps build consensus, and improves the acceptance and fulfillment of environmental decisions112. Moreover, public participation facilitates communities demanding accountability from public authorities for decision-making and improves the evidence and credibility of governmental processes. The foregoing, because democratic control by society, through public opinion, fosters the transparency of state activities and promotes the responsibility of officials for their public management113. 97. In this regard, this Tribunal has taken up what has been indicated by other international human rights protection bodies. The European Court of Human Rights has recognized public participation in environmental decision-making as a procedural guarantee of the right to private and family life114. Likewise, it has emphasized that an essential element of this procedural guarantee is the ability of the individual to challenge official acts or omissions that affect their rights before an independent authority115, as well as to participate actively in the planning procedures of activities and projects, through the expression of their opinions116. In a similar sense, the United Nations Human Rights Council has recognized that the freedoms of opinion, expression, peaceful assembly, and association are essential elements for the promotion and protection of human rights and the protection and conservation of the environment117. 98. Additionally, the Court takes note of the development in international law on environmental matters, particularly on the close relationship between democracy, freedom of expression, and participation, which was enshrined in the 1992 Rio Declaration on Environment and Development. According to Principle 10 of this instrument, concerning Environmental Democracy, “environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level.” To achieve this objective, the principle contemplates the need to guarantee procedural rights known as “access rights.” In addition to the right to participation, the right of access to information and access to justice are part of this category (“… Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level.

At the national level, every person shall have adequate access to information concerning the environment held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, as well as the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information available to all. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress of damages and relevant remedies, shall be provided.” Cf. Rio Declaration on Environment and Development, United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992, UN Doc. NCONP.I51/26/Rev.1 (Vol. 1).) (Emphasis not in original).

Along these lines, the Inter-American Court, regarding public participation by individuals in environmental decision-making processes, stated:

“… Likewise, as a direct development of this principle, on March 4, 2018, the States of Latin America and the Caribbean adopted an international treaty specifically aimed at guaranteeing access rights: access to public information, public participation, and access to justice, which to date has been signed by 25 States and ratified by 14 States. The Escazú Agreement states in its preamble that the commitments undertaken therein are based on the conviction that ‘access rights contribute to the strengthening, among other things, of democracy, sustainable development and human rights.’ From this perspective, the treaty seeks to contribute ‘to the protection of the right of every person, of present and future generations, to live in a healthy environment and to sustainable development’ (article 1). Likewise, the Escazú Agreement in its article 7 establishes public participation in environmental decision-making processes. Thus, among other aspects, each Party shall ensure the right to public participation and, to that end, undertakes to implement open and inclusive participation in environmental decision-making processes, based on domestic and international regulatory frameworks (article 7.1). Furthermore, the obligation to guarantee participation mechanisms and promote public participation in the various processes related to environmental matters is established (articles 7.2 and 7.3)119. 100. Lastly, the Court considers that the respect and guarantee of freedom of expression in environmental matters is an essential element to ensure citizen participation in processes related to such matters and, with it, the strengthening of the democratic system through the validity of the principle of environmental democracy…”.

 

It is equally pertinent to highlight that in various documents forming the constitutional block, the principle and right of participation have been recognized. For example, this occurs: i) in article 21 of the 1948 Universal Declaration of Human Rights, a provision that expresses the right of individuals to take part in the government of their country; ii) article 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights, a norm that grants individuals the power to take part in the conduct of public affairs; iii) articles 13, 20, 21, and 22 of the American Declaration of the Rights and Duties of Man of the Organization of American States set forth the rights to participate in the decisions of authorities, to assemble and to associate, as well as to present respectful petitions; and iv) article 23 of the American Convention on Human Rights enshrines several political rights, among them the power of every citizen to participate in public affairs.

Participation is a right of fundamental roots, since it is an expression of the democratic principle of the Social State under the Rule of Law that seeks to facilitate the participation of all in the decisions that affect them, that is, a subjective power held by citizens. Therefore, participation expresses a behavioral model for citizens and authorities, which implies that the concept of citizenship and the role of individuals in decisions on public affairs have been expanded, granting greater space to communities, so that through this guarantee, representative bodies are strengthened and democratized, constitutional values such as pluralism and tolerance are promoted, just as the influence of citizens on diverse issues is widened.

Under the conventional legal framework, the IACHR emphasizes that there can be no off-limits spaces for citizen participation in decisions that affect communities. Thus, this right is protected in administrative determinations that go beyond representation, in collective decision-making through participatory mechanisms. This occurs in the construction and implementation of affirmative actions, in the exercise of political control, in the procedure for decisions that restrict fundamental rights, or in regulatory norms for development, construction of social policies or distribution of resources, that is, in administrative participation. The maximization of the intervention of the population is justified in that the effectiveness of the administration also depends on the materiality of popular participation; therefore, it must be active, real, and effective, to the point that it is not limited to obtaining information about public affairs. For this reason, the citizen has the right to satisfy their needs, translated into the recognition of broad powers held by the community, so that their voice may be heard by public authorities.

Under this concept, participation in environmental management also brings practical benefits, namely: i) it increases understanding of potential environmental impacts; ii) it specifies alternatives to mitigate the negative consequences of natural resource management; iii) it identifies social conflicts and solutions to them; iv) it recognizes the need to compensate communities affected by the management measure, and establishes the manner to do so; v) it identifies community priorities and opens spaces for dialogue to implement sustainable development; vi) it facilitates transparent environmental management; and vii) it generates consensus on the management of natural resources.

Therefore, the right to participate encompasses social action that allows interaction between environmental actors or agents. This implies the power to intervene and influence the decisions of authorities that prefigure a just order, and promote sustainable development as well as an equitable distribution of ecological burdens and resources. Participation includes the right to be heard, the guarantee of due process, and the obligation to answer the petitions made, aspects that must go hand in hand so that it is understood that a true participatory procedure exists; thus, advances on the path toward sustainability are inseparable from the achievements in the construction of the concept of citizenship, since this condition only materializes in the proactive and effective commitment that environmental management demands, given the requirement of high quality in the participatory processes of the community involved in any project that may affect the environmental setting in which it is developed.

Furthermore, there are multiple international instruments of a universal and regional nature, such as the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the American Convention on Human Rights, the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social, Cultural and Environmental Rights, the Rio Declaration on Environment and Development, the Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean, which enshrine the obligations of States in matters of human rights related to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment. These obligations have been articulated by the United Nations Framework Principles on Human Rights and the Environment. These principles, in addition to clarifying the content of the obligations to respect, protect, and guarantee the right to live in a healthy environment, also establish that States must ensure a safe, clean, healthy, and sustainable environment, in order to respect, protect, and give effect to human rights.

These principles express the procedural dimension of the right to a healthy environment, according to which States must respect and protect the rights to freedom of expression, association, and peaceful assembly in relation to environmental issues, provide education and raise public awareness on environmental issues, and provide public access to environmental information through the collection and dissemination of data.

Now, in order to avoid authorizing activities with environmental impacts that interfere with the full enjoyment of human rights, according to the international mechanisms indicated above, it has been repeatedly established that States must require a prior assessment (evaluación previa) of the potential environmental impacts of proposed projects, including their possible effects on the enjoyment of human rights, provide for and facilitate public participation in the decision-making process related to the environment, and take into account the views of society in that process. Ergo, for the principle relating to public participation to be effective, it must be open to all members of society who may be affected and take place from the beginning of the decision-making process, so that the population can be guaranteed the possibility of the right to a public hearing, so that they can objectively, understandably, and timely consult all information about the project and the decision-making process. Likewise, the public must have the opportunity to formulate observations on the details of the participation process. In turn, the public hearing must be understood as a right through which the authorities take into account the opinions expressed by the population at the time of decision-making and explain and publicize the project to be established.

In our view, it is relevant to note that, regarding the right to participation, the preeminence of this right has also been made manifest in other international instruments, for example, and by way of reference, article 7 of the Escazú Agreement enshrines the general standards to ensure the materialization of the right to a hearing as an axiological derivation of the principle of citizen participation, so the State must guarantee mechanisms for the public to participate in decisions, reviews, re-examinations, or updates that are linked to projects, decisions, and matters of public interest that have or may have a significant impact on the environment, including health. Likewise, the participation procedure must be early and informed; this implies: (i) that it be possible from the initial stages of project planning, (ii) that the public be provided with information in a clear, timely, and comprehensible manner.

Thus, complementarily, it is the referential framework that establishes the obligation on States to make efforts to identify the public directly affected by projects that have or may have a significant impact on the environment and to implement actions to facilitate their participation. Regarding decisions, the Escazú Agreement enshrines the obligation of the public authority to take into account the result of the participation process before adopting the decision. Additionally, States must ensure that the public is informed promptly of the decision made, disseminating it through appropriate means—written, electronic, oral, and by traditional methods. The decision must be disseminated with the reasoning supporting it and with the existing administrative and judicial procedures that the public may initiate. Such development is consistent and congruent with the protection parameters of the right in question under the terms set forth above in this judgment.

In addition to the above, the Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters is a treaty negotiated under the auspices of the Economic Commission for Europe, which also aims to protect the right of every person and of present and future generations to live in an environment adequate to guarantee their health and well-being. To achieve this objective, the Aarhus Convention establishes three fundamental pillars for international human rights law in environmental matters, namely, access to information, public participation in decision-making, and access to justice in environmental matters.

For the foregoing reasons, it is of constitutional relevance that the State guarantee the public hearing as a right, through forms of direct citizen participation in matters that may have an environmental impact, for the purpose of providing greater elements and establishing procedures for decision-making, with the effect of improving environmental protection and making social organizations and communities aware of the existence of a project or activity, the impacts it may generate, and the management measures proposed or implemented to prevent, correct, or compensate for possible impacts on the environment.

Certainly, citizen participation in environmental matters encompasses two essential points: the right to information concerning environmental projects, or those that may cause harm to natural resources and the environment, and the guarantee of effective participation in decision-making in these matters. Therefore, the Costa Rican State must not only invite citizen participation but must promote it and respect it when it occurs (see judgment number 2001-10466). Thus, it is of great importance that the information held on the matter in public offices be made available to interested parties, as in the case of information relating to environmental impact studies conducted by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental). Therefore, the best way to handle environmental issues is with the participation of all interested citizens, at the appropriate level. At the national level, every person must have adequate training on the environment held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, as well as the opportunity to participate in decision-making processes.

This principle of citizen participation in environmental matters arises and is justified precisely from the application of the positivization of the democratic principle—enshrined in article 1 of the Political Constitution—so that from the referred principle, the importance that must be given to environmental issues is clearly evident, and in general, above all, to the participation of civil society in decisions of great significance for the community.

Therefore, contrary to what was stated by the appealed authority, it is not a matter of deconstitutionalizing the principle of legality of the Public Administration by promoting the practice of the public hearing requested in this protection proceeding by the petitioner, since said practice embodies to a large degree a more democratic government open to citizen participation, which expands forums for debate on issues such as environmental protection, and by virtue thereof, they are left open to citizen intervention and opinion. We are, then, before an option already widely accepted in the evolution of the concept of democracy, and this amparo offers a magnificent opportunity to give it clear and effective force, so that it does not remain mere discourse. For this very reason, the environmental question is a subject that this Chamber has already recognized as one that grants individuals a special standing, recognized as a “reactional right” (derecho reaccional) (see in that regard judgments numbers 2233-93 and 3705-93).

In environmental law, the procedural prerequisite of standing (legitimación) tends to extend and broaden to such a dimension that it necessarily leads to the abandonment of the traditional concept, it being necessary to understand that, in general terms, any person can be a party and that their right does not emanate from property titles, rights, or specific actions they might exercise under the rules of conventional law, but rather that their procedural action responds to what modern authors call a diffuse interest (interés difuso), through which the original standing of the legitimate interested party, or even the mere interested party, is diffused among all the members of a certain category of persons who are thus equally affected by the illegal acts that harm them. In the case of environmental protection, the typically diffuse interest that gives the subject standing to sue is transformed, by virtue of its incorporation into the list of rights of the human person, into a true “reactional right,” which, as its name indicates, empowers its holder to “react” against the violation originating from illegitimate acts or omissions.

Despite the thesis defended by the majority, we consider that the public hearing is an element that guarantees the principle of publicity contained in article 23 of Law No. 7554 (Ley Orgánica del Ambiente) and article 95 of Law No. 7788 (Ley de Biodiversidad), but above all guarantees the fundamental right of every inhabitant of the country to public participation and to be informed regarding decisions that affect the environment. On this subject, the Constitutional Chamber has indicated:

“IV.- On the other hand, this Tribunal has strengthened the right of the population to participate in matters that are of their interest and that involve an impact on the environment. On this point, it has been indicated that citizen participation in environmental matters encompasses two essential points: the right to information concerning environmental projects, or those that may cause harm to natural resources and the environment, and the guarantee of effective participation in decision-making in these matters. Therefore, the Costa Rican State must not only invite citizen participation but must promote it and respect it when it occurs (see judgments number 2001-10466, 2003-6322 and 2010-6922). Thus, it is of great importance that the information held on the matter in public offices be made available to interested parties, relating to the environmental impact studies conducted by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) (see judgment No. 9795-2013 of 10:00 a.m. on July 19, 2013).

 

Analyzing the partially transcribed judgment, it can be inferred that from the content of article 50 of the Political Constitution, as well as from the provisions of article 105 of the Ley Orgánica del Ambiente, it follows that standing in environmental matters is characteristic of a popular action (acción popular), the maximum degree of standing that enables any person, regardless of any link or subjective relationship with a particular object of protection, to request actions of safeguarding or control regarding a specific legal interest, in this case, the right to a healthy and ecologically balanced environment. This institute highlights the relevance of popular participation in the processes and procedures for analyzing and controlling environmental matters, given the degree of general expansion held by said constitutionally protected right. Hence, public hearings in actions to verify the environmental suitability of anthropic projects guarantee the exercise of the cited right from the perspective of participation and control in decision-making, knowledge of the implications and details of the proposed works, and the weighing of their impact on the environment.

It is for this reason that we believe it is a duty, not only constitutional—pursuant to the provisions of article 50 of the Magna Carta—but of conventional relevance, that SETENA conduct a new public hearing so that the nearby community, where the managing company will eventually develop the project, has the opportunity to express itself and that the positions formulated by the interested community be considered in the decision-making that could affect the environment.

Consequently, the project hearing from 2007 does not allow the requirement for the 2021 application to be considered fulfilled, as it involves a different context and setting already superseded, and which imposes the consideration and analysis of current conditions and the probable impact that, at present, at the date of the new request, would be generated on the environment.

VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are forewarned that, should they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is partially granted, solely for the facts related to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). Resolution No. 2032-2022-SETENA dated December 14, 2022, is annulled, and [Name2], in his capacity as Secretary General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), or whoever occupies that position in his place, is ordered to issue the pertinent orders so that, within a period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the public hearing requested by the petitioner is held and the observations made by the interested communities for the possible execution of the referred project are taken into account. The appealed authority is warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that they must comply with or enforce, issued within an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the offense is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be settled in the execution of the judgment in the administrative contentious jurisdiction. Magistrate Salazar Alvarado provides a separate note. As for Empresa EBI de Costa Rica S.A., the appeal is dismissed. Magistrates Rueda Leal, Garita Navarro, and Fernández Argüello give different reasons. Notifíquese.-

 

 

Fernando Castillo V.

Presidente

 

Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.

 

Jorge Araya G. Anamari Garro V.

 

José Roberto Garita N. Hubert Fernández A.

 

 



Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL

votado con boleta

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 03:42:18.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República