Res. 16088-2023 Sala Constitucional — Protection of Manuel Antonio National Park against uncontrolled visitation, sector abandonment, and nearby agricultureProtección del Parque Nacional Manuel Antonio frente a visitación no controlada, abandono de sector y agricultura cercana

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Sala Constitucional

Resolución Nº 16088 - 2023

Fecha de la Resolución: 04 de Julio del 2023 a las 10:10

Expediente: 23-004995-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con Voto Salvado

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

DAÑO AMBIENTAL.

AMBIENTE

 

016088-23. SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO, ÚNICAMENTE, EN CUANTO A LA PROBLEMÁTICA POR LA CAPACIDAD DE CARGA NO CONTROLADA DEL INGRESO AL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO, A LA FALTA DE ATENCIÓN DEL SECTOR PLAYA REY, Y A LA POSIBLE AFECTACIÓN QUE EXISTE POR LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA QUE HAY DENTRO Y FUERA DEL ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA DEL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO. SE ORDENA AL DIRECTOR EJECUTIVO, Y AL DIRECTOR REGIONAL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL, AMBOS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA: 1) QUE EN CUANTO A LA CARGA DE VISITACIÓN NO CONTRALADA AL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO SE CUMPLA CON LO PRECEPTUADO EN LA SENTENCIA DE ESTA SALA NO. 2023-11233 DE LAS 14:00 HORAS DEL 12 DE MAYO DE 2023; 2) QUE ESTABLEZCAN LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN NECESARIAS PARA QUE EN EL PLAZO MÁXIMO DE TRES MESES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA, SE DOTE DEL PERSONAL ADECUADO QUE ATIENDA LA SITUACIÓN DE PLAYA REY, SEGÚN LAS DETERMINACIONES IDENTIFICADAS CON MOTIVO DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS Y QUE SON DE PLENO CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES RECURRIDAS; Y, 3) QUE EN EL PLAZO MÁXIMO DE NUEVE MESES, SE REALICEN LOS ESTUDIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA AFECTACIÓN QUE SOBRE EL PARQUE CAUSAN LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y CONEXAS, SE DEFINAN Y SE EJECUTEN LAS MEDIDAS QUE CORRESPONDAN DE CONFORMIDAD CON EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO, EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE Y EL PRINCIPIO PRECAUTORIO EN MATERIA AMBIENTAL. RGS7/2023

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

AREA PROTEGIDA.

Telf5451

AMBIENTE

PROBLEMÁTICA POR LA CAPACIDAD DE CARGA NO CONTROLADA DEL INGRESO AL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO, A LA FALTA DE ATENCIÓN DEL SECTOR PLAYA REY, Y A LA POSIBLE AFECTACIÓN QUE EXISTE POR LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA QUE HAY DENTRO Y FUERA DEL ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA DEL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO.

“(…)  IV.- Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Esta Sala en reiteradas ocasiones ha señalado la obligación del Estado de proteger el ambiente y de garantiza a los ciudadanos un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En este sentido, en la sentencia No. 2022-022070 de las 9:20 horas del 23 de setiembre de 2022, se indicó:

“(…) Concerniente a la naturaleza de los agravios acusados en el sub lite, este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones respecto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Verbigracia, en la sentencia n.° 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Cámara señaló:

“En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha subrayado que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra reconocido tanto a nivel constitucional como convencional. Asimismo, se ha indicado que la protección efectiva a ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, contexto en que el Estado y la ciudadanía en general deben actuar según los principios que rigen la materia ambiental. En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos. Así, el Estado costarricense se encuentra obligado a adoptar las medidas que garanticen la defensa y preservación efectiva del ambiente conforme a tales principios (…)

Interesa también resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, desarrolló lo atinente a las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente, en aras de la salvaguardia a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En esa opinión, la Corte reconoció la interrelación entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos, en tanto la degradación ambiental afecta el goce y desarrollo efectivo de los derechos humanos. En tal sentido, señaló:

“47. Esta Corte ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos. Asimismo, el preámbulo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “Protocolo de San Salvador”), resalta la estrecha relación entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales -que incluye el derecho a un medio ambiente sano - y la de los derechos civiles y políticos, e indica que las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros (…)

49. Por su parte, la Comisión Interamericana ha resaltado que varios derechos de rango fundamental requieren, como una precondición necesaria para su ejercicio, una calidad medioambiental mínima, y se ven afectados en forma profunda por la degradación de los recursos naturales. En el mismo sentido, la Asamblea General de la OEA ha reconocido la estrecha relación entre la protección al medio ambiente y los derechos humanos (supra párr. 22) y destacado que el cambio climático produce efectos adversos en el disfrute de los derechos humanos. 50. En el ámbito europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que la degradación severa del medio ambiente puede afectar el bienestar del individuo y, como consecuencia, generar violaciones a los derechos de las personas, tales como los derechos a la vida, al respeto a la vida privada y familiar68 y a la propiedad privada. De manera similar, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha indicado que el derecho a un “medio ambiente general satisfactorio, favorable al desarrollo” está estrechamente relacionado con los derechos económicos y sociales en la medida en que el medio ambiente afecta la calidad de vida y la seguridad del individuo (…) 52. Por otra parte, existe un amplio reconocimiento en el derecho internacional sobre la relación interdependiente entre la protección al medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Dicha interrelación se ha afirmado desde la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (en adelante “Declaración de Estocolmo”), donde se estableció que “[e]l desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la Tierra las condiciones necesarias para mejorar la calidad de la vida”, afirmándose la necesidad de balancear el desarrollo con la protección del medio humano. Posteriormente, en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (en adelante “Declaración de Río”), los Estados reconocieron que “[l]os seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible” y, a la vez, destacaron que “a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo”. (…) 59. El derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un derecho con connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión colectiva, el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras. Ahora bien, el derecho al medio ambiente sano también tiene una dimensión individual, en la medida en que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad.”.

Esta interrelación entre el medio ambiente y el disfrute de otros derechos humanos también ha sido reconocida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien en la resolución A/HRC/RES/46/7, adoptada el 23 de marzo de 2021 en el 46° periodo de sesiones, sostuvo:

“Reconociendo también que el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, incluidos los ecosistemas, contribuyen al bienestar humano y al disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos a la vida, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a un nivel de vida adecuado, a una alimentación adecuada, al agua potable y el saneamiento y a la vivienda, y los derechos culturales (…)” (el resaltado no es del original).

V.- En cuanto a la cantidad de personas que ingresan al Parque Nacional Manuel Antonio diariamente. En el sub lite, el recurrente estima vulnerados sus derechos fundamentales, como primer agravio indica que, de conformidad con un estudio de impacto ambiental efectuado sobre el Parque Nacional Manuel Antonio, la visitación no controlada está provocando su deterioro de forma acelerada, creando un grave riesgo para la preservación futura, esto en virtud de la reforma del decreto No. 22482-MIRENEM que dejó a voluntad de los entes administrativos determinar el número diario de visitantes

En cuanto a este agravio, debe indicarse que, esta Sala recientemente se pronunció sobre este tema, y estableció en la sentencia No. 2023-011233 de las 14:00 horas de 12 de mayo de 2023, lo siguiente:

“VI. - Sobre el caso concreto. En el sub examine, el recurrente señala que el Parque Nacional Manuel Antonio (PNMA) recibe diariamente unas 3000 personas. Acusa que tal cantidad de visitantes deteriora el ecosistema y la sostenibilidad del parque. Apunta que no hay estudios científicos que respalden esa carga turística, pues el último estudio es de 2010 y únicamente justificaba una visitación diaria máxima de 600 personas. Considera que se viola el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. (…)”  RGS7/2023

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

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ESTUDIOS AMBIENTALES.

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AMBIENTE

PROBLEMÁTICA POR LA CAPACIDAD DE CARGA NO CONTROLADA DEL INGRESO AL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO, A LA FALTA DE ATENCIÓN DEL SECTOR PLAYA REY, Y A LA POSIBLE AFECTACIÓN QUE EXISTE POR LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA QUE HAY DENTRO Y FUERA DEL ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA DEL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO

 

 

“(…) esta Sala pudo comprobar que se han realizado algunas acciones para atender el sector de Playa Rey, ciertamente, considera este Tribunal que las acciones tomadas han sido insuficientes, dado que, a la fecha en que se rindió informe en este recurso, no se ha solventado la problemática con la ocupación del terreno; además, no se puede verificar que se estén tomando acciones preventivas por parte de las autoridades recurridas para evitar el saqueo de los nidos de tortugas y la destrucción de las champas para esperar la llegada de estas, ni tampoco se pudo comprobar que exista alguna propuesta concreta para solicitar mayor presupuesto o para poner en conocimiento del gobierno central lo sucedido, con el fin de establecer alguna coordinación interinstitucional que permita ejecutar acciones reales y concretas para la debida protección, cuido y manejo del sector de Playa Rey.

Nótese que, tal y como se indicó en el IV considerando de esta sentencia y ha sido desarrollado ampliamente por esta Sala en anteriores ocasiones, para la debida protección del medio ambiente, es necesario, que cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada o condicionada; sin embargo, en este caso particular, parece que la autoridad recurrida se ha limitado a realizar  acciones mínimas para atender la problemática que se presenta en Playa Rey, sin buscar una manera efectiva de proteger al medio ambiente y evitar con esto, los daños que ya están siendo causados a este y con ello, a todos los ecosistemas que se encuentran en el sector reclamado.  

En mérito de lo expuesto, lo procedente es la estimatoria del recurso, en cuanto a este punto, con las consideraciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia. 

VIII.- Sobre la posible afectación que los cultivos de arroz y palma aceitera ocasionan en el Parque Nacional Manuel Antonio.  Finalmente, como cuarto agravio, el recurrente indica que la vecindad de cultivos de arroz y palma aceitera hace que los propietarios realicen desagües y hagan obras, que podrían estar reñidas con la sostenibilidad del sitio. En cuanto a este punto, se pudo comprobar que, fuera del Área Silvestre Protegida del PNMA, las autoridades competentes determinaron un polígono, en el que se utilizan los límites naturales del Río Portalón al sureste, Río Naranjo al noroeste, al sur el PNMA y al norte la Costanera Sur, que corresponden a 4092 hectáreas dedicadas a la producción agropecuaria (palma aceitera y ganadería). Además, se verificó también que, en el caso del cultivo de palma los canales de desagüe trasportan los agroquímicos que no se fijaron en el sitio de aplicación esto en época lluviosa y en el caso de la ganadería existe compactación de suelos, contaminación por las excretas de los animales y en la pasada gira en conjunto con el IGN se observó 11 restos de tortugas terrestres muertas, dado que, el ganado las aplasta.

Aunado a esto, el Director Regional del Área de Conservación Pacífico Central del SINAC, indicó que, en el PNMA: “estas áreas de uso agropecuario cercanas e internas dentro del ASP se le pueden denominar de efecto o daño ambiental directo. Pero también hay que tomar en cuenta que la hidrografía nos presenta 3 ríos, aproximadamente 5 quebradas y varios canales que desaguan en este sector y que son parte de un sistema mayor que proviene de la parte alta de la cuenca y que estos cuerpos de agua traen la contaminación a este sector. Lo anterior nos indica que los ecosistemas del PNMA, aunque se consolida la propiedad a nombre del MINAE siempre estaría afectados por efectos antropogénicos y naturales de la parte alta de la cuenca”.

Así las cosas, considera la Sala que, tanto en el informe rendido para atender la resolución de curso de este proceso, como en el brindado para contestar la prueba para mejor resolver que fue requerida, ante la falta de información sobre si existe o no una afectación en el ecosistema del Parque Nacional, en virtud de los cultivos existentes en la zona, las autoridades recurridas fueron realmente omisas y se limitaron a brindar pocos datos sobre la situación. Además, en el informe adjuntaron mapas e información del año 2005 y del año 2017, es decir, no existe claridad del estado actual de la situación. De esta forma, si bien no hay datos concluyentes que pudieren tener por acreditado un eventual daño ambiental por los cultivos que existen en la zona del PNMA, tanto fuera como dentro del Área Silvestre Protegida, ciertamente, existe una duda importante sobre la verdadera afectación que existe y sin duda alguna, esta falta de estudios e información que lo confirmen o lo descarten, y la inercia de las autoridades accionadas frente a la situación, determina que el recurso deba ser declarado con lugar en cuanto a este extremo, a fin de que se adopten las medidas que sean necesarias para ajustar a derecho los cultivos que existen en el lugar.

Considera la Sala que, no existe certeza absoluta de que la actividad de cultivo de palma que se ha estado desarrollando dentro y fuera del Área Silvestre Protegida del PNMA, no incida de manera negativa en el ambiente, lo cierto del caso es que las autoridades accionadas han permitido su operación, y se limitan a indicar datos genéricos sobre la afectación que se da por ello, sin verificar realmente si la actividad, pudiere estar produciendo algún daño al ambiente o al ecosistema del Parque Nacional. Nótese que, las autoridades recurridas no mencionan alguna evaluación de impacto ambiental o de un estudio hidrogeológico, para verificar la eventual lesión al ambiente. Por el contrario, observa la Sala en los informes rendidos, que actividad agrícola en el sector simplemente funciona con normalidad, sin mayores controles al respecto.

Bajo esta inteligencia, se considera necesario que las autoridades recurridas, adopten de manera inmediata las medidas que sean necesarias para asegurarse que la actividad agrícola que se da dentro y fueron del Área Silvestre Protegida del Parque Nacional Manuel Antonio se haga ajustada a derecho, o bien, que en el supuesto de que se compruebe dichas actividades, puedan ocasionar daños al ambiente, se tomen las medidas que correspondan al efecto. Así las cosas, se declara con lugar el recurso, con las consideraciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia. (…) RGS7/2023

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Tipo de contenido: Voto salvado

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

DAÑO AMBIENTAL.

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AMBIENTE

“(…) X.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Con el debido respeto, disiento del voto de mayoría que declara con lugar el recurso, con base en las siguientes razones:

La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. (…) RGS7/2023

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Tipo de contenido: Voto salvado

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

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AREA PROTEGIDA.

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AMBIENTE

XI.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Respetuosamente me separo del criterio de la mayoría de la Sala y salvo parcialmente mi voto a efecto de que los agravios que acá se plantean se residencien en la jurisdicción contencioso-administrativa.

Al respecto, me resulta preciso aclarar que en la sentencia que se cita como antecedente para la resolución del presente de recurso de amparo, salvé mi voto y declaré que, por la complejidad y la magnitud de la problemática denunciada, lo procedente era justamente que el asunto se conociera en la referida jurisdicción plenaria. En la sentencia n.°2023-011233 realicé las siguientes consideraciones:

“En la presente sentencia, la Sala decidió por mayoría entrar a conocer por el fondo el amparo donde se discute cuál debe ser la cantidad de personas que ingresan al Parque Nacional Manuel Antonio.

 

Ahora bien, la problemática de la visitación del Parque ya ha sido planteada ante este Tribunal. Al respecto, se ha manifestado lo siguiente:

“VIII.- Sobre el número de visitantes del parque. El accionante reclama que la cantidad de visitantes que ingresan al parque excede el número permitido por la normativa. La Sala resalta que no es su labor verificar el número de visitantes de un parque nacional, por tratarse de un asunto de mera legalidad. Tampoco se observa que el alegato del recurrente sea acertado. Según los informes rendidos bajo juramento, la cantidad de visitantes que se encuentran dentro del parque no exceden lo estipulado, pues el acceso se suspende cuando se ha alcanzado el número máximo de visitantes, para retomarse únicamente con la salida de turistas del parque, cumpliéndose de esa manera con el número máximo estipulado. En consecuencia, se rechaza el reclamo”. (Sentencia nro. 2015012955 de las 9:20 horas del 21 de agosto de 2015. El destacado no es del original).

 

Esta decisión fue reiterada en los siguientes términos:

“III.- SOBRE LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE INGRESAN AL PARQUE. Atinente a tal extremo, a esta Sala no le corresponde verificar, conformidad con la normativa infraconstitucional aplicable, el número de visitantes que pueden asistir a un parque nacional, pues se trata de un tema de legalidad ordinaria propio de discutirse en las vías de legalidad ordinaria (…). En consecuencia, se rechaza de plano el recurso en lo que a este extremo se refiere” (Sentencia nro. 2019008005 de las 10:15 horas del 7 de mayo de 2019. El destacado no es del original).

 

Estimo que lo que procede en el presente asunto es mantener lo dicho en esos precedentes en el sentido de que no le corresponde a esta Sala determinar el número de visitantes que pueden asistir al Parque Nacional Manuel Antonio y declarar si los criterios aplicados por la Administración son los correctos a la luz de la normativa infra constitucional.

 

En efecto, el tema requiere examinar aspectos técnicos que rebasan con mucho las posibilidades de un proceso sumario como lo es el recurso de amparo. Téngase presente que para acertar sobre la determinación del número de visitantes es preciso tomar en consideración variables de muy distinta índole, relativos al impacto socioambiental en general, infraestructura, personal, etc. Así se informa que “la capacidad de carga de un sitio no es rígida, es cambiante ante una serie de factores”.

 

Por lo demás, la mayoría ordena que el número diario de visitantes sea de 1120 personas, calculado en el modelo de flujo aplicado en diciembre de 2022. Nótese que se decanta por una solución que ni siquiera valora aspectos tan básicos como la necesidad de precisar los límites de visitantes dependiendo de la época del año. Además, ese número, según lo informado constituye “el 198% de la capacidad que para ese entonces el parque podía recibir”. De modo que tal parece que ni siquiera lo ordenado por la Sala verdaderamente logre proteger el derecho al ambiente ecológicamente equilibrado.

 

Esta decisión que aquí justifico resulta incluso más garantista para las partes intervinientes, pues ciertamente en la jurisdicción ordinaria se contaría con una fase probatoria más amplia y con la posibilidad de echar mano de una robusta justicia cautelar.

 

Lo dicho en este voto salvado es consistente con otras resoluciones incluso de la mayoría de esta Sala que avalan esta postura. Por ejemplo, en la sentencia nro. 2022017490 ?que me correspondió redactar? se resolvió lo siguiente:

 

“En esa línea considera esta Sala que la protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en el ordenamiento jurídico costarricense está prevista no solo en el artículo 50 de la Constitución Política –como ya se ha dicho– sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995, la Ley de Biodiversidad, la Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, la Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992 y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos ejemplos.

Esto hace necesario distinguir en materia ambiental cuándo procede ejercer por parte de la Sala la garantía de tal derecho y cuándo el asunto, pese a referirse a dicha materia, debe ser conocido por el juez ordinario para ejercer el control de legalidad que le es propio.

Así, en principio, el incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental, aunque de suyo tenga palmarias y serias repercusiones, es propio de ser conocido en la vía de legalidad —administrativa o jurisdiccional—.

Por otro lado, históricamente esta Sala ha sostenido la línea jurisprudencial de que “el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario porque tiene como única finalidad brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas inminentes a los derechos y libertades fundamentales, por lo que su tramitación no se aviene bien con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas” (entre muchos otros se pueden consultar los votos números 2003-14336, 2006-014421 y 2020-019038).

Es esa dirección, es criterio de la mayoría que, por vía de amparo, debe entenderse que en términos generales esta Sala debe conocer de los recursos de amparo en los que se alega la lesión al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, siempre que los cuestionamientos y denuncias, por su complejidad, no rebasen la naturaleza sumaria del recurso de amparo. Por el contrario, resulta más garantista para todas las partes, e incluso para la tutela efectiva del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de la protección de los recursos naturales, residenciar el conflicto en una vía ordinaria, de conocimiento plenario, en la que con más oportunidades procesales se pueda examinar la prueba y contrastar los agravios, en definitiva, para juzgar con detalle la regularidad de la conducta omisiva y/o activa de las administraciones públicas competentes en la atención y resolución del conflicto ambiental denunciado.

Además, debe darse otra condición: que la Administración no haya intervenido (ver voto n.°2022-009857). En efecto, cuando un ente u órgano público ha intervenido en diversas formas o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, particularmente si es de complejidad, el conocimiento y fiscalización de esa actividad corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Precisamente, es la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía de legalidad. En efecto, se insiste, si ya habido una conducta de la Administración que luego de un procedimiento administrativo ha otorgado derechos subjetivos, ha establecido sanciones o ha dictado una ruta para solventar la problemática denunciada, todo lo anterior sobre la base de la aplicación de normativa legal o infralegal, entonces correspondería a los jueces de lo contencioso-administrativo velar por la legalidad de tales actos administrativos. En este sentido, a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo se determinó que la jurisdicción contencioso-administrativa posee amplias competencias para conocer de agravios como los que se cuestionan en el sub lite. A tales efectos, este Tribunal ha reiterado lo siguiente:

“[A]nte la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o ‘amparo de legalidad’, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio”. (Ver, por ejemplo, las sentencias números 2010-17909, 2020-011247 y 2022-003724).

 

En contraposición a lo dicho sobre esa jurisdicción, la ausencia en un recurso de amparo constitucional de una fase probatoria plenaria que facilite la inmediación y el contradictorio de la prueba imponen necesariamente que, en aras de una adecuada y prudente protección del derecho, se recurra a la vía ordinaria para conocer conflictos medio ambientales de suyo complejos como el que se plantea en el caso concreto. De lo contrario, implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento sumario de tutela de los derechos fundamentales”. (Criterio reiterado en la sentencia nro. 2023-009347).

 

Además, mi línea de resolución es congruente con la nota ?suscrita juntamente con los magistrados Castillo Víquez y Garita Navarro? que me correspondió redactar respecto de la sentencia nro. 2022-009857 y en la cual se hicieron las siguientes consideraciones:

 

“Estimamos necesario consignar esta nota en la que advertimos que, bajo una mejor ponderación, en asuntos ambientales de tanta complejidad ?como el que se cuestiona en el caso concreto? valoramos que corresponde desestimar el recurso para residenciar la discusión en la vía ordinaria en donde con mayores posibilidades probatorias y procesales, así como de ejecución, se examine con detalle la conducta cuestionada.

En primer lugar, se hace necesario enfatizar que consideramos que esta Sala es competente para conocer recursos de amparo relacionados con la lesión al derecho fundamental a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado en los términos del artículo 50 de la Constitución Política. Lo anterior, como lo ha hecho este Tribunal con tanto éxito en el pasado. Sin embargo, advertimos que hay cuestionamientos y denuncias que, por su complejidad, rebasan la naturaleza sumaria del recurso de amparo y, en tales circunstancias, resulta más garantista para todas las partes, e incluso para la tutela efectiva del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de la protección de los recursos naturales, residenciar el conflicto en una vía ordinaria, de conocimiento plenario, en la que con más oportunidades procesales se pueda examinar la prueba y contrastar los agravios. En definitiva, para juzgar con detalle la regularidad de la conducta omisiva y/o activa de las administraciones públicas competentes en la atención y resolución del conflicto ambiental denunciado.

Recuérdese que históricamente esta Sala ha sostenido la línea jurisprudencial de que “el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario porque tiene como única finalidad brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas inminentes a los derechos y libertades fundamentales, por lo que su tramitación no se aviene bien con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas” (entre muchos otros se pueden consultar los votos números 2003-14336, 2006-014421 y 2020-019038). Esta línea jurisprudencial no hace sino recordar la naturaleza propia de este proceso. Por otra parte, a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo se determinó que dicha jurisdicción posee amplias competencias para conocer de agravios como los que se cuestionan en el sub lite. (…)

 

En contraposición, la ausencia de una fase probatoria plenaria que facilite la inmediación y el contradictorio de la prueba, imponen necesariamente que, en aras de una adecuada y prudente protección del derecho, se recurra a la vía ordinaria para conocer conflictos medio ambientales de suyo complejos como el que se plantea en el caso concreto. (…)

 

De la enumeración de agravios y el análisis de la pretensión de la parte recurrente es posible constatar que el conflicto denunciado es sumamente complejo de resolver mediante el proceso de amparo y, por lo tanto, correspondería ser residenciado en una sede ordinaria que, con mayores herramientas, pueda conocer con profundidad la denuncia de fondo, adoptar medidas cautelares y dictar amplias y específicas órdenes para atender la problemática apuntada.

 

La Sala debe conocer de los asuntos ambientales en todos aquellos casos cuya pretensión sea compatible con la naturaleza sumaria del recurso de amparo. Todo lo que pueda conocerse y residenciarse ante la jurisdicción constitucional porque la pretensión es compatible con las cualidades y posibilidades que este proceso otorga, debe mantenerse en esta sede. No así las denuncias ambientales cuya dilucidación requiera para su conocimiento y adecuado análisis un espacio probatorio plenario como el que se prevé en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Esa es la excepción. Estimamos que la regla es entonces que procede conocer en un recurso de amparo cuando sea relativamente sencilla la constatación de la problemática y la Sala tenga las herramientas apropiadas para una oportuna y apropiada reparación, es decir, que su ejecución sea también propia de un proceso sumario.

Al respecto, es preciso advertir que hay agravios que son fácilmente constatables y no sería tan difícil su conocimiento, pero son parte de un todo. Por lo tanto es mejor que ese todo sea residenciado en una sede que, por sus características, permita que el asunto sea conocido integralmente con el análisis de todas las aristas que revisten el caso concreto.

(…)

En definitiva, consideramos que, bajo una mejor ponderación, se hace preciso concluir que hay conflictos que, por su magnitud, requieren necesariamente de un proceso probatorio plenario para su atención y resolución. Este es justamente uno de esos casos, por lo que estimamos que lo correspondiente es declarar sin lugar el recurso y remitir la totalidad del conflicto planteado ?denuncia por escasez de personal en detrimento de la biodiversidad? ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Esta nota la realizamos en aras de garantizar la debida seguridad jurídica en las líneas jurisprudenciales de esta Jurisdicción Constitucional y advertir concretamente en qué consiste el cambio de criterio parcial de los suscritos magistrados”. (Lo destacado no corresponde al original).

 

En consecuencia, salvo el voto y declaro sin lugar el recurso, sin demérito de que la parte recurrente acuda ante la jurisdicción contencioso-administrativa a discutir el objeto de este proceso, donde encontrará mayores garantías para que este sea examinado y resuelto”.

    

En el sub lite, me corresponde por tanto reiterar mi resolución desestimatoria y extenderla para los otros dos agravios que ampara la mayoría de la Sala: la falta de atención técnica del sector Playa Rey y la presunta afectación ocasionada por la actividad agrícola que existe dentro y fuera del Área Silvestre Protegida del Parque Nacional Manuel Antonio.

En efecto, considero que los tres agravios revisten una gran importancia y merecen una intervención inmediata en aras de resguardar la protección del medio ambiente y amparar el derecho fundamental a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. No obstante, por la complejidad que implica abordar la problemática en cuestión (la visitación al parque, el abandono en el área de la Playa Rey ?y todas las medidas presupuestarias, de infraestructura, de seguridad y de dotación de recurso humano que corresponde adoptar para su atención?, así como las presuntas afectaciones a las zonas aledañas por la actividad agrícola), se impone un abordaje técnico detallado que supera la naturaleza sumaria del recurso de amparo, no solo en la fase de conocimiento, sino también en la de ejecución de sentencia. Desde mi perspectiva, residenciar este tipo de agravios en la jurisdicción contencioso-administrativa resulta ser más garantista para la protección del medio ambiente, toda vez que la vía ordinaria ofrece mayores posibilidades probatorias y más medidas para velar por un adecuado y oportuno cumplimiento de la decisión jurisdiccional. Al respecto, por ejemplo, en la sentencia n.°2021-020047 relativa a la problemática de la contaminación ambiental en la zona de Crucitas salvé mi voto en lo relativo al cumplimiento de la sentencia y realicé las siguientes consideraciones:

“VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA.

Salvo el voto respecto de la ejecución de la sentencia, la cual, de conformidad con el art. 56 de la LJC, corresponde ser residenciada en el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. A tales efecto, ordeno remitir una copia de esta resolución para que se inicien los procedimientos de ejecución de este fallo.

De conformidad con la LJC la ejecución de las órdenes dictadas por la Sala Constitucional corresponde, en principio, ser fiscalizada por la propia Sala. Sin embargo, el art. 56 de la LJC contempla supuestos de excepción en los que, por determinación de la propia Sala, se ordene residenciar la ejecución de la sentencia en la jurisdicción contencioso administrativa. La norma en cuestión ordena lo siguiente:

“Art. 56. La ejecución de las sentencias corresponde a la Sala Constitucional, salvo en lo relativo a la liquidación y cumplimiento de indemnizaciones y responsabilidades pecuniarias, o en otros aspectos que la propia Sala considere del caso, en que se hará en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción.” (Lo destacado no corresponde al original).

Recuérdese que en el proyecto de ley de discusión de la LJC se preveía originalmente lo siguiente:

“Art. 56. Las sentencias favorables al recurrente se ejecutarán en la vía contencioso-administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley Reguladora de esa Jurisdicción.” (Lo destacado no corresponde al original).

Sin embargo, el texto fue modificado vía moción para que la norma fuera coincidente con lo regulado en el art. 153 de la Constitución Política, pero se realizó la siguiente explicación:

 

“EL SECRETARIO:

Moción No. 68 (32-19) del diputado Chacón Jiménez:

“artículo 57 (antes 56): para que el texto se lea así: “la ejecución de las sentencias corresponde a la Sala Constitucional, salvo en lo relativo a la liquidación y cumplimiento de indemnizaciones o responsabilidades pecuniarias en otros aspectos que la propia Sala considere del caso, en que se hará en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción”.

EL PRESIDENTE:

En discusión la moción leída?

Doctor Piza Escalante:

Aquí había una contradicción con la tesis genérica de que son los Tribunales los que ejecutan sus sentencias y enviaba la Jurisdicción Contencioso Administrativo toda la ejecución; entonces quedaban al aire los otros artículos que le permitían a la Sala ejecutarlos.

Diputado Corrales Bolaños:

En esa parte dice: “o en otros aspectos que la propia Sala considere del aso…”, a qué se está refiriendo?

Doctor Piza Escalante:

La idea es que la Sala, en la vía de ejecución de sentencia, resuelva lo que ella considere que le corresponde. Lo que demás, lo envía a la vía Contencioso Administrativa.

EL SECRETARIO:

Se considera suficientemente discutida la moción?

EL PRESIDENTE:

Discutida. Aprobada (unanimidad, cinco señores diputados presentes).” (SIC. Ver actas de aprobación de la LJC. Lo destacado no corresponde al original).

 

A partir de lo anterior, está claro que la propia LJC autoriza a esta Sala a que resuelva lo que ella considera que le atañe y podría, de estimarlo así, derivar en la jurisdicción contenciosa administrativa los aspectos que ella valore que así corresponde.

 

En el caso concreto, en virtud de la magnitud y complejidad de la orden que procede a girar este Tribunal, estimo que lo más idóneo, a efecto de dar un adecuado seguimiento, es residenciar la fase de ejecución del asunto en la jurisdicción contenciosa administrativa. Lo anterior, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige a esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a algunas de las órdenes consignadas en esta sentencia que revisten aspectos técnicos de gran complejidad.

 

En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (art. 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de LJC, considero que la fase de ejecución, relativa a las órdenes relacionadas con el plan de seguridad, valoración de la magnitud e intensidad del daño ambiental, el levantamiento topográfico de los cuerpos de agua, la valoración y muestreos de los niveles de mercurio en agua, suelo y sedimentos, establecer una línea base de seguimiento y que se tomen las medidas para remediar los daños ambientales, debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código”.

 

Consecuente con lo anterior, considero que los agravios ya citados corresponden ser residenciados en la vía ordinaria. (…)” RGS7/2023

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

AREA PROTEGIDA.

Telf5451

AMBIENTE

PROBLEMÁTICA POR LA CAPACIDAD DE CARGA NO CONTROLADA DEL INGRESO AL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO, A LA FALTA DE ATENCIÓN DEL SECTOR PLAYA REY, Y A LA POSIBLE AFECTACIÓN QUE EXISTE POR LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA QUE HAY DENTRO Y FUERA DEL ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA DEL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO

 

“(…) Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, en cuanto a la problemática por la capacidad de carga no controlada del ingreso al Parque Nacional Manuel Antonio, a la falta de atención del sector Playa Rey, y a la posible afectación que existe por la actividad agrícola que hay dentro y fuera del Área Silvestre Protegida del Parque Nacional Manuel Antonio. Se ordena a Rafael Gutiérrez Rojas, en su condición de Director Ejecutivo, y a Jeffrey Hernández Espinoza, en su condición de Director Regional del Área de Conservación Pacífico Central, ambos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, respectivamente, o a quienes en su lugar ejercieran esos cargos: 1) que en cuanto a la carga de visitación no contralada al Parque Nacional Manuel Antonio se cumpla con lo preceptuado en la sentencia de esta Sala No. 2023-11233 de las 14:00 horas del 12 de mayo de 2023; 2) que establezcan las instancias de coordinación necesarias para que en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, se dote del personal adecuado que atienda la situación de Playa Rey, según las determinaciones identificadas con motivo de los hallazgos encontrados y que son de pleno conocimiento de las autoridades recurridas; y, 3) que en el plazo máximo de nueve meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, se realicen los estudios técnicos correspondientes que permitan identificar la afectación que sobre el parque causan las actividades agropecuarias y conexas, se definan y se ejecuten las medidas que correspondan de conformidad con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el desarrollo humano sostenible y el principio precautorio en materia ambiental. Se les advierte a los recurridos que, de no acatar las órdenes dichas, incurrirán en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se les impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto a la presunta afectación por las obras de infraestructura existentes, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso, por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y declara sin lugar el recurso en lo relativo a la visitación del Parque Nacional Manuel Antonio, el mantenimiento, cuido y administración de la Playa Rey y el abordaje de las actividades agropecuarias en las cercanías del parque nacional. Esto, al estimar que todo lo anterior, por su magnitud y complejidad, debe residenciarse en la jurisdicción contencioso-administrativa. Notifíquese.-” RGS7/2023

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Texto de la resolución

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Exp: 23-004995-0007-CO

Res. Nº PHO4540

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas diez minutos del cuatro de julio de dos mil veintitres .

 Recurso de amparo interpuesto por [Nombre317 001], cédula de identidad No. [Valor 001], contra el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC) DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.

Resultando:

1.- Por escrito recibido a las 18:20 horas del 3 de marzo de 2023, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Manifiesta que el Parque Nacional Manuel Antonio fue establecido por la Ley No. 5100 del 15 de noviembre de 1972, para proteger los recursos naturales de una pequeña porción territorial, remanente de la otra rica biodiversidad del Pacífico Central costero de nuestro país, siendo parte integral de nuestro patrimonio natural. Señala que dichos recursos están protegidos por las leyes respectivas y aseguradas en el artículo 60 de nuestra Constitución Política. Expone que mediante la Ley 5100 del 15 de noviembre de 1972 y Decretos Ejecutivos número 7901-A del 16 de enero de 1978 y número 11148-Acta del 05 de febrero de 1980, ratificado por Ley No. 6794 del 25 de agosto1982, se estableció el Parque Nacional Manuel Antonio. Indica que, de conformidad con un estudio de impacto ambiental efectuado sobre el Parque Nacional Manuel Antonio, la visitación no controlada está provocando su deterioro de forma acelerada, creando un grave riesgo para la preservación futura (fin de la reproducción). Menciona que el decreto No. Nombre8801 fue reformado para permitir a la administración del parte y a las autoridades respectivas, modificar a voluntad variables como el horario de entrada y el número de visitantes permitido. Aduce que el decreto original establecía límites de 600 personas diarias entre semana y 800 personas diarias los fines de semana. Alega que la modificación del referido decreto dejó a voluntad de los entes administrativos, determinar el número diario de visitantes. Un hecho sumamente grave, porque el decreto original se basaba en los llamados "Estudios de Capacidad de carga" para fijar un número de visitantes diarios que impactaran lo menos posible ese Parque Nacional. Expone que al día de interposición del recurso dichos recursos están seriamente amenazados por incumplimientos de las leyes que lo protegen y la impericia en su manejo. Esos hechos están comprobados en la información que ha divulgado la prensa nacional, referente a la autorización de ampliar la visitación turística a 3000 personas diariamente, por decisión administrativa y no atendiendo estudio técnico alguno. Refiere que una cantidad de visitantes de esa magnitud, saturaría el área protegida y afectaría gravemente la biodiversidad presente. Considera de gravedad el hecho de que el aumento de la visitación obedece a compromisos políticos con comerciantes de la zona y operadores turísticos, sin mediar estudios científicos que garanticen que tal densidad de visitantes no afectará la biodiversidad presente. Señala que se debe tener presente que se trata de un Parque Nacional y no de un área recreativa, categorías que son de manejo completamente diferente. Menciona que para el manejo de la visitación turística se publicó el "Reglamento de uso y manejo del Parque", el cual actualmente existe y es el "D.E. No. 22482- MIRENEM 09-Set1993 Reglamento Uso Público". Manifiesta que, otros factores están afectando el medio natural de ese Parque Nacional, son la proliferación de obras de infraestructura como servicios sanitarios en zonas frágiles, zonas que no aguantarían el uso de una gran cantidad de visitantes, como ya quedó comprobado hace algunos años en que el parque estuvo cerrado por derrame de materia fecal en sus playas y esteros. Acota que hace algunos años, el parque se hizo acreedor de la Bandera Azul Ecológica, otorgada a lugares de gran belleza, pero de manejo adecuado, especialmente en la disposición de la basura y materia fecal; sin embargo, actualmente, el descuido y mal manejo pone en peligro no solo la biodiversidad tan especializada de un sitio tan pequeño, sino que compromete la salud de los visitantes. Reseña que por Decreto Ejecutivo No. 29177-MINAE, publicado en la Gaceta número 243 del 19 de diciembre de 2000, se creó el "Sector Playa Rey", ampliando el sector marítimo terrestre de este Parque Nacional hasta la desembocadura del Río Portalón al sur del parque. Se protegieron así los remanentes de los humedales del Pacífico Central y sus manglares, que gradual e históricamente han sido destruidos o rellenados para diversos cultivos y otras prácticas agropecuarias. Alega que la Sala Constitucional legitimó en su oportunidad esa extensión del Parque Nacional Manuel Antonio. Indica que, por razones desconocidas, las autoridades del parque abandonaron el cuido y manejo de ese sector del Parque Nacional, el cual hoy día no cuenta con un puesto en el lugar ni personal residente. Comenta que la adjudicación del Sector Playa Rey, fue producto de una lucha de varios años, quedando concluida con el desalojo de algunos invasores, gracias a resoluciones de la Sala Constitucional que reafirmaron el carácter demanial de dicha ampliación y lo adjudicaron a la administración del Parque Nacional Manuel Antonio. Aduce que el abandono de las laboras de protección y manejo de esa zona del parque, compromete la conservación de la biodiversidad presente, sobre todo en los manglares existentes y la desembocadura de ríos importantes como el Savegre y Portalón. La vecindad de cultivos de arroz y palma aceitera hace que los propietarios caben desagües y hagan obras, que podrían estar reñidas con la sostenibilidad del sitio. Por lo expuesto, considera que el Parque Nacional Manuel Antonio está en riesgo de desaparecer como sitio de conservación de biodiversidad. Por lo expuesto, solicita la intervención de la Sala.

2.- Mediante resolución de las 13:59 horas de 10 de marzo de 2023, se le da curso al proceso y se solicita informe al Director Ejecutivo y al Director Regional del Área de Conservación Pacífico Central, ambos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, sobre los hechos alegados por el recurrente.

 3.- Por medio de escrito agregado al expediente digital a las 11:32 horas de 21 de marzo de 2023, informa bajo juramento Rafael Gutiérrez Rojas, en su condición de Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, que  “(…) el oficio SINAC-ACOPAC-AL-016-2023, suscrito por Susan Campos Jiménez, asesora legal del Área de Conservación Pacífico Central, se indican las actuaciones realizadas por el área de conservación: 1. Sobre la capacidad de carga del Parque Nacional Manuel Antonio (PNMA). El manejo de visitantes en un área protegida debe ser rigurosamente planificado para alcanzar los objetivos de conservación por los cuales fue creada y, a la vez, lograr que los visitantes tengan una experiencia de calidad y puedan satisfacer sus expectativas. Para eso es importante establecer la capacidad de carga de visitación que los sitios destinados al uso público pueden soportar. La capacidad de carga turística es un tipo específico de capacidad de carga ambiental y se refiere a la capacidad biofísica y social del entorno respecto de la actividad turística y su desarrollo (Nombre8802, 1991, citado por Nombre8803, 1996). Representa el máximo nivel de uso por visitantes que un área puede mantener. Se puede definir la capacidad de carga ambiental como la capacidad que posee un ecosistema para mantener organismos mientras mantiene su productividad, adaptabilidad y capacidad de regeneración. Representa el límite de la actividad humana: si éste es excedido, el recurso se deteriorará (Nombre8803, 1996). Existen diversas metodologías para regular el manejo de visitantes en áreas protegidas. El 23 de junio del 2014 el Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC) mediante el acuerdo N°12 Sesión Ordinaria N°06-2014 conoce y aprueba la Herramienta para el manejo de los flujos de visitación en las Áreas Silvestres Protegidas del SINAC, e instruye al Director Ejecutivo para que oficialice formalmente dicha herramienta, la cual sería de aplicación prioritaria en las ASP cubiertas por el Proyecto BID Turismo y a partir del año 2015 paulatinamente se priorizara de acuerdo a las capacidades y el potencial turístico de las ASP. El Parque Nacional Manuel Antonio fue una de las 10 ASP participantes en dicho proyecto. En diciembre del 2015 iniciando el proceso de aplicación de la herramienta y en el año 2016 con ayuda de actores clave, efectuando el primer trabajo de campo en playas y senderos del sector Manuel Antonio del Parque Nacional, identificar posibles indicadores a monitorear y crear la línea base en los casos requeridos. Posteriormente en el año 2018 la herramienta técnica fue presentada en Comité Científico Técnico del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC), en la sesión del 22-11-2018, donde se acordó su implementación para las Áreas Silvestres Protegidas del ACOPAC. La ejecución de la herramienta está compuesta por siete pasos: 1. Propósito de manejo del ASP, importancia del sitio. 2. Análisis de los recursos del ASP y el uso actual por parte de los visitantes. 3. Descripción del rango de experiencias para visitantes de acuerdo a las condiciones de los recursos del ASP. 4. Oportunidades de condiciones y experiencias potenciales a lugares específicos del ASP. 5. Indicadores y umbrales para cada oportunidad 6. Aplicación de indicadores y umbrales, análisis y toma de acciones de manejo 7. Adaptación y nueva aplicación Adjunto la herramienta aplicada en el Parque Nacional Manuel Antonio, la cual emplea 18 indicadores: 1. Afectación de la flora por parte de visitantes (FCafl) 2. Perturbación de la fauna (Fcbio) 3. Acumulación de agua en senderos (Fcane) 4. Aparición de senderos espontáneos (Fcase) 5. Afectación de la base del sendero con exposición de raíces, rocas y otros (Fcero) 6. Expansión del sendero -ensanchamiento (Fcens) 7. Impacto visual negativo debido a presencia de residuos sólidos (Fcivn) 8. Disponibilidad de agua potable para uso de la visita (Fcdap) 9. Recurso humano para el manejo de flujo de visitantes (FCcmr) 10. Infraestructura disponible para uso turístico (Fccmi) 11. Equipo disponible para atención turística (Fccme) 12. Percepción de hacinamiento por parte del visitante (FCphv) 13. Nivel de satisfacción de experiencia de la visita (Fcsev) 14. Percepción del visitante sobre el estado y funcionamiento de la infraestructura turística (Fcpit) 15. Percepción del visitante sobre el servicio de guiado recibido (FCgt) 16. Frecuencia de delitos en contra del visitante (FCdcv) 17. Frecuencia de accidentes de los visitantes dentro del Parque (Fcfav) 18. Vandalismo en infraestructura turística habilitada (Fcvit) Los resultados de estos indicadores se obtuvieron por diferentes métodos de aplicación: Ficha de monitoreo A-1, Ficha de monitoreo B-1, Ficha de monitoreo C-1 y cálculo de CCT, estos se ingresan a una plantilla que contiene la línea base de cada indicador, generando el umbral correspondiente al resultado. El Decreto Ejecutivo 42496-MINAE, Reforma al reglamento de uso público del PNMA (16-07-2020), el artículo 3. “Sobre la capacidad de carga de la zona de uso público (alta intervención)”, señala que, basados en los resultados de la aplicación de las herramientas técnicas establecidas por el SINAC, la Dirección Regional del ACOPAC determinará el aumento, disminución o regulación de la visitación de los diferentes sitios autorizados, vía resolución administrativa. La herramienta genera una “radiografía del área”, ayuda a identificar los recursos disponibles para el manejo de flujo de visitantes, los indicadores para monitorear el impacto de la actividad dentro del ASP y un número aproximado de visitantes en las áreas habilitadas para la actividad turística. Importante recordar que la capacidad de carga de un sitio no es rígida, es cambiante ante una serie de factores. Desde hace varios años se identificó que para manejar 3 mil visitantes diarios en el Parque Nacional Manuel Antonio es necesario el 100% de la infraestructura funcionando en correcto estado, el 100% del personal requerido manejando el flujo de visitantes en las diferentes áreas (ingreso, senderos, playas) así como personal para las demás tareas que se deben atender dentro de ésta unidad funcional como el cuido y resguardo a las demás áreas que circundan las de libre acceso de los visitantes (es decir, zonal de alta intervención), así como disponer del 100% del equipo necesario para la actividad dentro del ASP (comunicación, atención de incidentes, mantenimiento de infraestructura, entre otros). Indicador: Afectación de la flora por parte de visitantes (Fcafl): La línea base de este indicador creada en el año 2016 corresponde a 3 árboles afectados con grafiti en el sendero Playa Espadilla Sur, lo cual se mantuvo por varios años. No obstante, el ultimo monitoreo reporta 17 árboles afectados en este sendero, dando como resultado Umbral Inaceptable. En el año 2016 se detectaron 4 puntos críticos o sitios de mayor incidencia: Dirección617   y su sendero, playa Espadilla Sur y su sendero. Las especies con mayor incidencia fueron mono carablanca, iguanas y mapaches. Se inició la recolección de incidencias anuales alcanzando un FC inicial de 0,44. En el año 2019 se presentaron 24 ataques de animales (mordeduras al tratar de sustraer comida a los visitantes). Se recomendó analizar la necesidad de regular el ingreso de alimentos al Parque, ya que el Umbral alcanzado era de Inaceptable y aunque se brindaba información al visitante, los reportes de animales sustrayendo comida crecían. Luego de análisis de información de estudios científicos aportados por la Universidad Nacional y otros ante investigaciones efectuadas en el ASP, en julio del 2020 se realizó la reforma al Reglamento de Uso Público para el Parque Nacional Manuel Antonio, Decreto Nº 42496- MINAE, donde el inciso 14 del artículo 12 señala dentro de las prohibiciones para los visitantes: “Dentro de los límites del Parque Nacional Manuel Antonio, en adelante PNMA, además de las prohibiciones indicadas en la normativa ambiental vigente, queda prohibido a los visitantes:… Ingresar con alimentos y/o bebidas de cualquier tipo, bajo las condiciones y con las excepciones que establezca la Administración del ASP”. Lo anterior ayudó a disminuir la incidencia de interacción fauna – visitante, logrando bajar el factor de corrección. Se alcanzo un FC de 0,67 en Dirección615   y su sendero paralelo y un FC de 0,56 en Dirección617   y su sendero paralelo. El FC alcanzó un umbral Aceptable. Posteriormente cuando se da el cierre y luego reapertura de las ASP durante la Pandemia por COVID-19, el factor de corrección alcanzó la calificación de 1, siendo el Umbral Optimo, es decir, cero afectación a la fauna silvestre con cero incidencia de ataques a visitantes, quedando registrado para la historia del manejo de visitantes del Parque Nacional Manuel Antonio. Indicador: Percepción de hacinamiento por parte del visitante (FCphv) la reforma al Reglamento de Uso Público para el Parque Nacional Manuel Antonio, Decreto Nº 42496- MINAE, donde el inciso 14 del artículo 12 señala dentro de las prohibiciones para los visitantes: “Dentro de los límites del Parque Nacional Manuel Antonio, en adelante PNMA, además de las prohibiciones indicadas en la normativa ambiental vigente, queda prohibido a los visitantes:… Ingresar con alimentos y/o bebidas de cualquier tipo, bajo las condiciones y con las excepciones que establezca la Administración del ASP”. Lo anterior ayudó a disminuir la incidencia de interacción fauna – visitante, logrando bajar el factor de corrección. Se alcanzo un FC de 0,67 en Dirección615   y su sendero paralelo y un FC de 0,56 en Dirección617   y su sendero paralelo. El FC alcanzó un umbral Aceptable. Posteriormente cuando se da el cierre y luego reapertura de las ASP durante la Pandemia por COVID-19, el factor de corrección alcanzó la calificación de 1, siendo el Umbral Optimo, es decir, cero afectación a la fauna silvestre con cero incidencia de ataques a visitantes, quedando registrado para la historia del manejo de visitantes del Parque Nacional Manuel Antonio. Indicador: Percepción de hacinamiento por parte del visitante (FCphv) Durante el año 2019 el Parque Nacional Manuel Antonio se mantuvo como el ASP del SINAC de mayor de visitación, con un total de 513 050 visitas, donde 144 084 eran visitantes residentes (28%) y 368 966 visitantes no residentes (72%). En este año se aplicaron 600 encuestas, donde el 40,16% eran costarricenses, 6,16% mexicanos, 26,33% estadounidenses, 2,16% canadienses, 15,83% europeos, 9,36 otras nacionalidades. En la Semana mayor (abril), de las 200 personas encuestadas, el 83% indicaron no haber percibido hacinamiento y el 17% indicaron que sí. En vacaciones de medio período (julio) de las 200 personas encuestadas, el 74,5% indicaron no haber percibido hacinamiento, 21,5% indicaron que sí y un 4% no respondió la pregunta. Para el período de Fin de año (diciembre), de las 200 personas encuestadas, el 84% indicaron no haber percibido hacinamiento y el 16% indicaron que sí. La mayor incidencia se presentó en vacaciones de medio período (Julio), con un 21,5%, inferior al rango establecido para este indicador, dando como resultado un Umbral alcanzado Optimo. Sobre los indicadores Recurso humano para el manejo de visitantes, Infraestructura disponible para uso turístico y Equipo disponible para atención turística, a continuación, los umbrales establecidos. Un escenario óptimo para el PNMA, se logra con una capacidad de manejo de 9 de 10. Indicador: Erosión en senderos debido a su composición, factores climáticos y uso de visitantes (Fcero) En el año 2016 se logró identificar la línea base de los 3 sitios: camino de acceso vehicular, el sector que comunica Playa Manuel Antonio con las baterías de baños y el Sendero Punta Catedral. En el 2019 se aplicaron mejoras en el sector del camino de acceso vehicular donde presentaba de anegamiento y erosión, así como en la parte del sector que comunica Playa Manuel Antonio con las baterías de baños, mejorando el FC, alcanzando un 0,88, 0,88. Pero el Sendero Punta Catedral alcanzó un FC de 0,55 y actualmente está cerrado al visitante, es decir, este sumado al sector cerrado del Sendero Puerto Escondido, da como resultado aproximadamente 1,500 metros lineales de sendero cerrados al visitante. Para este año 2023, se estarán analizando los resultados del Protocolo PRONAMEC para el monitoreo ecológico de las playas arenosas, aplicados en el PNMA, a fin de crear la línea base para incluir como indicadores nuevos. Como puede apreciarse, la herramienta para el manejo del flujo de visitantes es fácil de aplicar, permite recolectar información de diferentes fuentes, incluyendo investigaciones científicas que se realizan en el PNMA, entre otros. Su aplicación es de bajo costo, únicamente requiere recurso humano para su aplicación y seguimiento. Esta herramienta se ha expuesto ante otros actores clave, entre estos, guías turísticos locales, por ejemplo, el martes 7 de diciembre del 2021 se realizó reunión virtual donde se contó con la participación de representantes de la Asociación Amigos del Parque Manuel Antonio y la Asociación Manuel Antonio Official Tour Guides. Posteriormente, el 29 de marzo del 2022 se realizó el trabajo de campo con la participación de estas personas. Expuesto lo anterior, es evidente que dicho instrumento existe y ha sido concebido para justamente eliminar la subjetividad en este tipo de decisiones y se tenga claro, los elementos técnicos-científicos y administrativos para realizar un aumento o disminución en la visitación del parque, de manera que no exista duda que la cantidad de visitantes que se reciben en cada una de nuestras ASP, están acorde a las condiciones de nuestras instalaciones físicas, sino que además a la cantidad de personal, y la degradación que el mismo ecosistema pueda estar presentando por la misma recurrente presencia humana en el sitio, encuestas de la experiencia o satisfacción de su visita, entre otros insumos. (…) Con relación a la solicitud que el PNMA sea administradora por otra Área de Conservación es importante indicar que la división territorial de las Áreas de Conservación corresponden principios ecológicos de manejo y delimitación de cuencas por ende, carecería de fundamento técnico y legal la solicitud planteada por el recurrente ya que el Parque Nacional Manuel Antonio se encuentra geográficamente ubicado en el área de conservación Pacífico Central ubicándose a unos 60 km del límite de las áreas de conservación más cercanas, siendo que entre éstas se encuentra igualmente el Refugio Nacional de vida Silvestre Barú, el Refugio Nacional de vida Silvestre Portalón los cuales limitan geográficamente con esta área silvestre protegida siendo una unidad de manejo en específico. (…) Sobre el manejo de la infraestructura. A través de los años en el Parque Nacional Manuel Antonio se han realizado mejoras a la infraestructura (baterías sanitarias, senderos) que ha permitido mejorar las condiciones ambientales sobre el uso de esta infraestructura y muestra de ello es que año con año se tiene los galardones de bandera azul ecológica de las tres playas más visitadas dentro del PNMA. La infraestructura que tiene el Parque Nacional Manuel Antonio se encuentran en las áreas correspondientes a la zona de uso público, es importante indicar que conforme a la zonificación del área silvestre protegida establecida en la Plan General del Manejo, se establecen las áreas de zona de baja, mínima, mediana y alta intervención dentro del Parque Nacional siendo que la infraestructura destinada en estas áreas, permiten las actividades de turismo y de uso institucional, por ende la afectación al área silvestre protegida sería mínimo dado que estas áreas se encuentran destinadas a la recepción y atención del público así como para uso y disfrute. 4. Con respecto al manejo de sector conocido como Playa Rey. Con relación al tema del abandono alegado por el recurrente en el sector Playa Rey, la administración con base a los recursos a los que ha tenido acceso, que según informe SINAC-ACOPAC-DASP-118- 2022, es importante indicar que además de trabajar en el tema de tenencia de la tierra, esta área de conservación, debido a los recortes presupuestarios, por ende a la cancelación de plazas en los años anteriores específicamente para esta área silvestre protegida, ha sufrido una reducción de personal, por ello el personal existente que actualmente es de solo 10 personas y debido a la demanda de ingreso de turismo en el sector Manuel Antonio, no ha sido posible la atención integral en el sector Playa Rey, llámese propiamente en temas de control y protección así como de personal destacado en este sector (…) Sin embargo, en su momento y en operación del Fideicomiso del PNMA, se lograron realizar acciones y planes de hoja de ruta en cuanto al tema de la tenencia de la tierra en el sector y su total recuperación entre ellas: • Mediante FIDEICOMISO NO.1110 PARQUE NACIONAL RECREATIVO PLAYAS DE MANUEL ANTONIO BANCO NACIONAL DE COSTA RICA se realizó la contratación Directa Nº CDFID-000003- 2020 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN TOPOGRAFÍA, AGRONOMÍA Y LEGALES PARA REALIZAR ESTUDIOS EL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO SECTOR PLAYA REY.” que tenía como objetivos: Objetivos del trabajo: 1. Demarcar en el campo el límite del Parque Nacional Manuel Antonio, Sector Playa El Rey según lo establecido en el Decreto Ejecutivo 29177 – MINAE. 2. Replantear las colindancias y definir el área de las propiedades inscritas y/o ocupadas por terceros que se ubican dentro del límite del Parque Nacional Manuel Antonio Sector Playa El Rey. 3. Describir y determinar las áreas de cultivo o actividades agrícolas y/o pecuarias de aquellos terrenos de propiedad inscritas o en posesión de terceros que se ubican dentro del límite del Parque Nacional Manuel Antonio, Sector Playa El Rey. 4. Realizar el análisis legal de la situación jurídica de cada terreno, en relación a su inscripción, posesión o Proceso de Información Posesoria de las propiedades inscritas, en posesión o proceso en trámite de Información Posesoria que se ubiquen dentro del límite de Parque Nacional Manuel Antonio, Dirección1547   . 5. Emitir los criterios legales y las recomendaciones del proceder de la administración ante las instancias que correspondan. 6. Elaborar los criterios legales debidamente fundamentados para interponer la solicitud de apertura del proceso legal que corresponda ante la Objetivos del trabajo: (a) Solicitar procesos de Lesividad o Anulación de inscripción de aquellos terrenos de propiedad privada que fueron mal inscritos según corresponda a derecho, identificados en los estudios realizados. (b) Oponerse a la inscripción por medio de Procesos de Información Posesoria de aquellos terrenos que se ubiquen dentro del límite del parque. (c) Realizar las acciones necesarias para el o los desalojos de ocupantes de terrenos PNE ubicadas dentro del límite del Parque. De esta consultoría se conformó comisión de seguimiento por parte del ACOPAC integrada por la Dirección de ASP, Ing. topógrafo, Encargado de IRT, Asesoria Legal y Administración del PNMA, recientemente en el año 2022 se integró un profesional en agronomía con la finalidad de darle seguimiento a la hoja de ruta elaborada para la ejecución de acciones a seguir según los resultados de la consultoría FIDEICOMISO NO.1110. • De esta hoja de ruta se han realizado las siguientes acciones: a) Mediante oficio SINAC-ACOPAC-D-504-2021, se requirió a la Dirección Ejecutiva del SINAC realizar la solicitud de Anotación de planos, diligencia que se realiza mediante oficio SINAC-DE-1265 por encontrarse parcial o totalmente dentro del Parque Nacional Manuel Antonio y abarcar terrenos de manglar. b) A este trámite se le asigna el número de expediente en el Registro Inmobiliario 2021-636-RIM, mediante resolución de las nueve horas cincuenta y nueve minutos del siete de setiembre del dos mil veintiuno. c) Mediante resolución de las nueve horas treinta y seis minutos del veintinueve de abril del dos mil veintidós el Registro Inmobiliario resuelve realizar la inmovilización de los planos identificados. Actualmente, como parte del análisis que se debe realizar de los insumos de las consultorías contratadas para el tema de tenencia de la tierra dentro del Parque Nacional Manuel Antonio así como de los estudios retrospectivos elaborados por el Instituto Geográfico Nacional a fin de contar con un panorama claro sobre los escenarios existentes en el sector Dirección1548   de este Parque Nacional se ha generado el informe SINAC-ACOPAC-PNMA-TT-027-2022, e igualmente se ha generado un expediente con la información de cada terreno y una base de datos por cada expediente existente en la que se detalla la información de cada terreno. Posterior a la elaboración de expedientes y base de datos de expedientes de cada terreno precluida la etapa de análisis técnico, se iniciará la etapa de análisis legal por parte del área de conservación a fin de determinar las acciones a tomar, bien sea procesos de lesividad por que se detecten posibles incumplimientos a la normativa en la inscripción de los terrenos o bien el proceso legal que corresponda. • Actualmente se han realizado inspecciones de campo que con el insumo generado de las consultorías e informes del IGN, se ha determinado se debe proceder con la interposición de denuncias por invasiones al PNMA (…).” De acuerdo con lo que se han indicado por parte del Área de Conservación Pacífico Central, las decisiones que se toman con respecto a la visitación del Parque Nacional Manuel Antonio responden a una metodología técnica y científicamente válidas, por lo que no lleva la razón la parte recurrente la cual además no presenta ningún medio probatorio que corrobore sus alegatos en este aspecto. Asimismo, se corrobora con la prueba aportada en este escrito, que se han hecho importantes esfuerzos por mejorar la infraestructura del Parque Nacional Manuel Antonio, contrario a lo dicho por el recurrente quien se limita a hacer alegatos sin aportar prueba que respalde sus manifestaciones. Por último, también se han hecho grandes esfuerzos por regular el sector de Playa Rey, según la prueba que se aporta en este escrito. La parte recurrente únicamente hace alegatos sin prueba que los respalde. La parte actora no es capaz de concretar ni demostrar la existencia de alguna disposición, acuerdo o resolución y, en general, de cualquier acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de sus derechos fundamentales. Al contrario, con respecto al objeto de este recurso, esta Administración presenta pruebas suficientes que demuestran la protección que le corresponde tutelar al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado en general y en el Área Silvestre Protegida Parque Nacional Manuel Antonio en particular (…)”.  

4.- Mediante escrito agregado al expediente digital a las 11:32 horas de 21 de marzo de 2023, informa bajo juramento Jeffrey Hernández Espinoza, en su condición de Director Regional del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, en el mismo sentido que el Director Ejecutivo del SINAC.

5.- En resolución de las 11:41 horas de 16 de mayo de 2023, se solicita prueba para mejor resolver a las autoridades recurridas.

6.- Por medio de escrito agregado al expediente digital a las 8:41 horas de 18 de mayo de 2023, informa bajo juramento Jeffrey Hernández Espinoza, en su condición de Director Regional del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, que “(…) El Parque Nacional Manuel Antonio existe infraestructura para uso administrativo y especial como una casa de funcionarios, con área de parqueo, una bodega, una oficina administrativa la cual se encuentra en la zona de alta intervención establecida de acuerdo con la zonificación para el parque nacional. Asimismo, se ha desarrollado áreas de infraestructura destinada para el uso de visitantes en las zonas de uso público (mediana y alta intervención) establecidas de acuerdo con la zonificación del área silvestre protegida; como 8 módulos de baterías sanitarias (4 de hombre y 4 de mujer) distribuidas de la siguiente manera: una en la entrada del parque nacional, otra en Dirección615  , otra en Dirección617   y otra en el cruce de senderos hacia Miradores. También, se encuentra una torre de observación ubicada entre Playa Manuel Antonio y Playa Espadilla Sur. Además, existe una red de 12 senderos dentro de las áreas establecidas en la zonificación del parque hacia los diferentes atractivos turísticos que ofrece el Parque Nacional (…) Los senderos se encuentran ubicados dentro de las zonas de mediana y alta intervención en las cuales según la zonificación establecidas se pueden desarrollar servicios y facilidades permanentes para un turismo sostenible. De igual manera, en la entrada al parque nacional existe un área para la recepción de visitantes el cual cuenta con dos servicios sanitarios adecuados para la ley 7600 y una pequeña oficina para el escaneo de tiquetes de ingreso, esta infraestructura se encuentra en la zona de alta intervención definida en la zonificación. En el sector Playa Rey que es parte del Parque Nacional Manuel Antonio, actualmente no existe ningún tipo de infraestructura. La infraestructura se ha utilizado 100% ya que el uso es constante y diario. A la cual se le ha realizado un mantenimiento mínimo, sin embargo, los rebajos presupuestario-realizados al Área de Conservación no ha permitido tener toda la infraestructura existente en las condiciones óptimas para el uso disfrute de los visitantes y usuarios en general (…) existe limitantes de personal y presupuesto, pese que se cuenta con vehículos terrestres y marinos (estos si uso por falta de personal capacitado). Enfocados en lo que se ha realizado en el tema de la tenencia de tierra existe dos consultorías realizadas que son las siguientes: • Informe “Estudio de la tenencia de la Tierra Parque Nacional Manuel Antonio Sector Playa Rey, de abril de 2012. • Informe “Contratación de servicios técnicos y profesionales en topografía, agronomía y legal para realizar estudios El Parque Nacional Manuel Antonio Sector Playa Rey” de junio 2020. En el primer documento aparentemente se hace con la utilización del insumo “ESTUDIO FOTOINTERPRETATIVO PARA COMPARAR AREAS DE MANGLAR Y HUMEDAL EN TRES PERIODOS DIFERENTES EN EL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO Y ÁREAS ALEDAÑAS A LOS LIMITES ACTUALES, UBICADO EN LA Dirección1549   :” que utiliza imágenes fotográficas aéreas del sector de los años 1947, 1949, 1961 y 2003, sin embargo, el ACOPAC no implemento las recomendaciones. Por lo que en el año 2020 se procede a realizar otro estudio donde se elabora 50 expedientes o carpetas, donde para casi la mayoría de los casos se realizan: 1) Análisis jurídico, 2) categorización agrícola y 3) censo. De los análisis legales en varios casos recomienda solicitar estudios retrospectivos para conocer si en el paso el predio estaba afectado por manglar o estero. Lo anterior no lleva a concluir que la consultoría desconocía la existencia de dichos estudios foto interpretativos realizados por el IGN en el año 2009. Los insumos digitales de dichos estudios se encontraban en ACOPAC, pero carecían de firma y no se sabía cómo llegaron a la institución, por consiguientes mediante oficio SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-TT-024-2022 se solicita el informe DEGEO-0110-09 con todos los insumos que se generaron. Mediante el oficio DIG-TOT-0400-2022 el IGN realiza la entrega de dichos insumos. Con estos insumos se desarrolla una análisis general de la realidad del mosaico entregado por la consultoría del 2020 , desarrollado en el oficio SINAC-ACOPAC- PNMA-RBS-TT-027-2022 “Informe preliminar para establecer la estrategia del abordaje de la tenencia de tierras en el sector de Playa Rey del PNMA y ecosistemas adyacentes” en dicho informe se desprende la observación sobre la Hoja cartográfica Nombre8804 3344-II-IGN-1978 donde de acuerdo a los signos convencionales de dicha hoja la Laguna Negraforral posee mangle en las fotos que generaron dicha cartográfica, es por lo que mediante oficios SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-TT-028-2022 y SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-TT041-2022 se solicita la aclaración y estudios foto interpretativos al IGN. El IGN da respuesta mediante los oficios DIG-TOT-0433-2022 y DIG-TOT-506-2022. Ya con los insumos anteriormente indicados se procede a realizar un plan de trabajo para el abordaje de la problemática de la tenencia de la tierra acciones PP1-20-E6 descripto en el oficio SINACACOPAC-PNMA-RBS-TT-032-2022, donde se procedió a abordar el sitio por sectores de la siguiente manera: 1. Sector 1, posible sistema estuarino, en los cuerpos de agua de Quebrada Chica y Quebrada Pastora coordenada máxima Placa845 Placa846. Requiere 2 días. 2. Sector 2, verificación de suelos desde la Pastora hasta la Quebrada Llorona coordenada máxima Placa851 Placa847. Requiere 2 días. 3. Sector 3, verificación de suelos laguna Negraforral coordenada máxima Placa852 Placa848. Requiere 2 días. 4. Sector 4, verificación de presencia de manglar en estero Garita y canales afluentes de esta coordenada máxima Placa849 Placa850. Requiere 2 días. 5. Sector 5, verificación de suelos y presencia de manglar margen sur del río Savegre, pasando por Quebrada Barbudal, tomando en cuenta todos los terrenos que se encuentran fuera del ASP y que están sembrado de Palma, arroz o potreros. Requiere 2 días Lo anterior bajo la siguiente metodología que tiene como prioridad buscar indicios que corroboren lo indicado por los estudios foto interpretativos del IGN de la siguiente manera: • Primera fase está orientada a la corroboración de las capas de manglar del estudio del IGN de 2009 y sobre la Laguna Negraforral. • Segunda fase, abordaje de los cuatro casos que están inmovilizados en el RN, con la finalidad de darle sustento técnico. • Tercera fase, visitas de campo del escenario uno del informe, que son los predios que se encuentra afectados por las capas de manglar del estudio del IGN 2009, que son 37 casos. • Cuarta fase, visitas de campo del escenario dos del informe, que representa los predios afectados por la presencia de manglar indicada en la carta oficial Nombre8804. • Quinta fase, estudios de gabinete del escenario tres del informe, que representa los predios que pueden ser afectados por las rías. • Sexta fase, visitas de campo del escenario cuatro, levantamiento del ecosistemas colindantes a la laguna Negraforral. Hasta el momento se han realizado las visitas de campo de: • De las rías de los ríos Naranjo y Savegre, en esto se invirtieron 4 días y se elaboraron dos informes. • Visitas realizadas los días 18 y 26 de julio 2022, donde se pudo realizar observaciones para los sectores 1, 2 y 4. • Se realiza inspecciones 4 inspecciones para realizar informe para la Fiscalía de Nombre8804 por invasión a manglar. • Vistas del 1 y 8 de septiembre, al igual que la gira anterior no se puede ingresar al sector de Quebrada Chica, por la crecida, se debe retomar en verano este sector. Además, se verifica la presencia de manglar en el estero Garita y desembocadura de Río Savegre. • Visitas de 30 de septiembre, 13 y 14 de diciembre sector Quebrada Barbudal y parche de bosque dentro del Dirección1550 . En este caso se solicita al encargado del Programa de Humedales dar criterio sobre el parque de bosque y la Quebrada Barbudal (…) Sobre el eje de control y protección aprovechando las visitas de campo, se desarrollaron los informes de inspección ocular SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-TT-023-2022 en este se indica de rastros observados de presencia de personas en la boca del Río Savegre y Boca del Río Naranjo, SINAC-ACOPAC-PNMARBS-TT-034-2022, en este se indica que se sigue observando rastros de presencia de personas en la Boca de Río Naranjo y en el SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-TT-046-2022, se indica de la presencia de personas recolectando cocos en el sector de Estero Garita, la destrucción de múltiples champas utilizadas para esperar de la llegada de las tortugas, un puerto clandestino en propiedad privada cercano a la boca del Río Savegre y la identificación de 33 nidos de tortugas de los cuales el 70% fueron sacados , 24% depredados y 6% se encontraban en buen estado. En conclusión, se realizaron aproximadamente 15 visitas al sector de Playa Rey, con ellas se abordaron 28 casos de expedientes de tenencia de tierras, 2 rías identificadas de las cuales este año se le realizo una nueva verificación a una, se está a la espera del criterio del encargado del Programa de Humedales sobre los casos de Quebrada Barbudal y parche de bosque del Dirección1550 , se realizaron 3 informes de inspecciones oculares para el encargado de Control y protección del PNMA. El buscar consolidar la tenencia de la tierra en el sector de Playa Rey, implica dos acciones la primera es en base al mosaico catastral desarrollado por la consultoría 2020 medir los baldíos de información e inscribirlos a Nombre317 de MINAE y en segunda instancia y de forma paralela interponer los procesos ante las instancias correspondientes para la recuperación de las áreas que eran ocupadas por manglar según los estudios elaborados por el IGN en el año 2009 y 2020. Pero se requiere de personal para realizar esta labor y el personal actual del parque es insuficiente para hacerle frente al incremento de la capacidad de carga de Visitacion y además realizar presencia en el sector de Playa El Rey. Se debe aportar que para los días 24 al 27 de abril del presente año se realizó una gira en conjunto con funcionarios del IGN en el marco de la verificación de campo (…) Sobre la temática de áreas de cultivo fuera y dentro del ASP. Para fuera del ASP se procedió a construir un polígono que en el siguiente mapa se ve con línea negra, utilizando los limites naturales de Río Portalón al sureste, Rio Naranjo al noroeste, la sur el límite del PNMA y al norte la costanera sur. Como se observa son 4092 hectáreas áreas dedicadas a la producción agropecuaria (palma aceitera y ganadería). Ambas actividades afectan directa e indirectamente los ecosistemas de humedal tanto fuera como dentro del ASP. En el caso del cultivo de la palma los canales de desagüé trasportan los agroquímicos que no se fijaron en el sitio de aplicación esto en época lluviosa y en el caso de la ganadería existe compactación de suelos, contaminación por las excretas de los animales y en la pasada gira en conjunto con el IGN se observo (sic) 11 restos de tortugas terrestres muertas por que el ganado las aplasta (…) Dentro del PNMA existe utilizando la imagen 2017 que se encuentra en el SNIT, 74 hectáreas de cultivo de Palma Africana, de las cuales aproximadamente para el año 2005 habían 50 ha Palma y 15 ha eran potrero. Para el 2017 existen 67 ha aproximadamente de potreros. Para concluir este punto se debe tener en cuenta es estas áreas de uso agropecuario cercanas e internas dentro del ASP se le pueden denominar de efecto o daño ambiental directo. Pero también hay que tomar en cuenta que la hidrografía nos presenta 3 ríos, aproximadamente 5 quebradas y varios canales que desaguan en este sector y que son parte de un sistema mayor que proviene de la parte alta de la cuenca y que estos cuerpos de agua traen la contaminación a este sector. Lo anterior nos indica que los ecosistemas del PNMA, aunque se consolida la propiedad a Nombre317 del MINAE siempre estaría afectados por efectos antropogénicos y naturales de la parte alta de la cuenca (…)”.

7.- Mediante escrito agregado al expediente digital a las 11:29 horas de 19 de mayo de 2023, el Ministro de Ambiente y Energía señala que puso en conocimiento de la Secretaría de la Sala Constitucional cuál es el medio correcto para realizar notificaciones al SINAC.

8.- Por medio de constancia de 24 de mayo de 2023, se indica que no consta que el Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Área de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía rindiera el informe solicitado por esta Sala.

9.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

 Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. E l recurrente estima vulnerados sus derechos fundamentales, en virtud de los siguientes agravios: 1) de conformidad con un estudio de impacto ambiental efectuado sobre el Parque Nacional Manuel Antonio, la visitación no controlada está provocando su deterioro de forma acelerada, creando un grave riesgo para la preservación futura, esto en virtud de la reforma del decreto No. Nombre8801 que dejó a voluntad de los entes administrativos determinar el número diario de visitantes; 2) otros factores están afectando el medio natural de ese Parque Nacional, son la proliferación de obras de infraestructura como servicios sanitarios en zonas frágiles, zonas que no aguantarían el uso de una gran cantidad de visitantes; 3) en el "Sector Play Rey" del Parque Nacional, las autoridades del parque abandonaron su cuido y manejo, y este no cuenta con un puesto en el lugar ni personal residente y; 4) la vecindad de cultivos de arroz y palma aceitera hace que los propietarios realicen desagües y hagan obras, que podrían estar reñidas con la sostenibilidad del sitio.

II.- Hechos probados. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:

A.- Sobre la capacidad de carga del Parque Nacional Manuel Antonio:

1)   Mediante el acuerdo No. 12 Sesión Ordinaria No. 06-2014 de 23 de junio de 2014, el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, conoció y aprobó la herramienta para el manejo de los flujos de visitación en las Áreas Silvestres Protegidas del SINAC, e instruyó al Director Ejecutivo para que oficialice formalmente dicha herramienta, la cual sería de aplicación prioritaria en las ASP cubiertas por el Proyecto BID Turismo y a partir del año 2015 paulatinamente se priorizara de acuerdo a las capacidades y el potencial turístico de las ASP, siendo una de estas el Parque Manuel Antonio (ver informe rendido bajo juramento).

2)   En diciembre del 2015, se inició un proceso de aplicación de la herramienta y en el año 2016 se realizó el primer trabajo de campo en playas y senderos del sector Manuel Antonio del Parque Nacional, a fin de identificar posibles indicadores a monitorear y crear la línea base en los casos requeridos (ver informe rendido bajo juramento).

3)   En 2018, se presentó la herramienta técnica ante el Comité Científico Técnico del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC), en la sesión del 22-11-2018, en el que se acordó su implementación para las Áreas Silvestres Protegidas del ACOPAC (ver informe rendido bajo juramento).

4)   La ejecución de la herramienta técnica está compuesta por siete pasos, a saber: “1. Propósito de manejo del ASP, importancia del sitio. 2. Análisis de los recursos del ASP y el uso actual por parte de los visitantes. 3. Descripción del rango de experiencias para visitantes de acuerdo a las condiciones de los recursos del ASP. 4. Oportunidades de condiciones y experiencias potenciales a lugares específicos del ASP. 5. Indicadores y umbrales para cada oportunidad 6. Aplicación de indicadores y umbrales, análisis y toma de acciones de manejo 7. Adaptación y nueva aplicación” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada al expediente digital).

5)   Mediante resolución SINAC-ACOPAC-DRES-039-2021 de las 15:05 horas del 30 de abril de 2021, la parte accionada estableció un máximo de 1500 visitantes diarios al Parque Nacional Manuel Antonio (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada al expediente digital).

6)   Por resolución INAC-ACOPAC-DRES-042-2021 de las 15:20 horas del 5 de agosto de 2021, la parte recurrida aumentó el aforo a un máximo de 2000 visitantes diarios (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada al expediente digital).

7)   En diciembre de 2022, el modelo de flujo de visitantes evidenciaba una capacidad de carga de 1120 visitantes diarios (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada al expediente digital).

8)   En 2023, las autoridades accionadas aumentaron la visitación permitida a 3000 visitantes diarios (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada al expediente digital).

9)   Mediante oficio SINAC-ACOPAC-D-140-2023 del 16 de marzo de 2023, el Director Regional y la Directora de Áreas Silvestres Protegidas del Área de Conservación Pacífico Central externaron al Director Ejecutivo del SINAC su preocupación por las decisiones jerárquicas, relacionadas con la visitación del parque (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada al expediente digital).

B.- Indicador: Afectación de la flora por parte de visitantes (Fcafl):

10)           Según el oficio No. SINAC-ACOPAC-AL-016-2023, en 2016 “se detectaron 4 puntos críticos o sitios de mayor incidencia: Dirección617   y su sendero, playa Espadilla Sur y su sendero. Las especies con mayor incidencia fueron mono carablanca, iguanas y mapaches. Se inició la recolección de incidencias anuales alcanzando un FC inicial de 0,44” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada al expediente digital).

11)           En 2019, debido a los ataques de animales registrados, se recomendó “analizar la necesidad de regular el ingreso de alimentos al Parque, ya que el Umbral alcanzado era de Inaceptable y aunque se brindaba información al visitante, los reportes de animales sustrayendo comida crecían.” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada al expediente digital).

C.- Indicador: Percepción de hacinamiento por parte del visitante (FCphv):

12)           De conformidad con el oficio No. SINAC-ACOPAC-AL-016-2023, durante el 2019, el Parque Nacional Manuel Antonio se mantuvo como el ASP del SINAC de mayor de visitación, con un total de 513 050 visitas, “donde 144 084 eran visitantes residentes (28%) y 368 966 visitantes no residentes (72%). En este año se aplicaron 600 encuestas, donde el 40,16% eran costarricenses, 6,16% mexicanos, 26,33% estadounidenses, 2,16% canadienses, 15,83% europeos, 9,36 otras nacionalidades. En la Semana mayor (abril), de las 200 personas encuestadas, el 83% indicaron no haber percibido hacinamiento y el 17% indicaron que sí. En vacaciones de medio período (julio) de las 200 personas encuestadas, el 74,5% indicaron no haber percibido hacinamiento, 21,5% indicaron que sí y un 4% no respondió la pregunta. Para el período de Fin de año (diciembre), de las 200 personas encuestadas, el 84% indicaron no haber percibido hacinamiento y el 16% indicaron que sí. La mayor incidencia se presentó en vacaciones de medio período (Julio), con un 21,5%, inferior al rango establecido para este indicador, dando como resultado un Umbral alcanzado Optimo” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada al expediente digital).

D.- Sobre los indicadores Recurso humano para el manejo de visitantes, Infraestructura disponible para uso turístico y equipo disponible para atención turística:

13)           EN 2016, se identificó la línea base de los 3 sitios: camino de acceso vehicular, el sector que comunica Playa Manuel Antonio con las baterías de baños y el Sendero Punta Catedral (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada al expediente digital).

14)           En 2019, se aplicaron mejoras en el sector del camino de acceso vehicular donde presentaba de anegamiento y erosión, así como en la parte del sector que comunica Playa Manuel Antonio con las baterías de baños, “mejorando el FC, alcanzando un 0,88, 0,88 (…) el Sendero Punta Catedral alcanzó un FC de 0,55 y actualmente está cerrado al visitante, es decir, este sumado al sector cerrado del Sendero Puerto Escondido, da como resultado aproximadamente 1,500 metros lineales de sendero cerrados al visitante” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada al expediente digital).

15)           El 7 de diciembre del 2021, se realizó reunión virtual donde se contó con la participación de representantes de la Asociación Amigos del Parque Manuel Antonio y la Asociación Manuel Antonio Official Tour Guides, relativa a las infraestructuras dentro del Parque; y el 29 de marzo del 2022 se realizó una visita y trabajo de campo con la participación de tales entidades (ver informe rendido bajo juramento).

16)           En el Parque Nacional Manuel Antonio se han realizado mejoras a la infraestructura (baterías sanitarias, senderos) que ha permitido mejorar las condiciones ambientales sobre el uso de esta infraestructura, la cual se encuentra en las áreas correspondientes a la zona de uso público (ver informe rendido bajo juramento).

17)           Según informó el Director Regional del Área de Conservación Pacífico Central del SINAC, en el PNMA: “existe infraestructura para uso administrativo y especial como una casa de funcionarios, con área de parqueo, una bodega, una oficina administrativa la cual se encuentra en la zona de alta intervención establecida de acuerdo con la zonificación para el parque nacional. Asimismo, se ha desarrollado áreas de infraestructura destinada para el uso de visitantes en las zonas de uso público (mediana y alta intervención) establecidas de acuerdo con la zonificación del área silvestre protegida; como 8 módulos de baterías sanitarias (4 de hombre y 4 de mujer) distribuidas de la siguiente manera: una en la entrada del parque nacional, otra en Playa Espadilla Sur, otra en Playa Manuel Antonio y otra en el cruce de senderos hacia Miradores. También, se encuentra una torre de observación ubicada entre Playa Manuel Antonio y Playa Espadilla Sur. Además, existe una red de 12 senderos dentro de las áreas establecidas en la zonificación del parque hacia los diferentes atractivos turísticos que ofrece el Parque Nacional (…) Los senderos se encuentran ubicados dentro de las zonas de mediana y alta intervención en las cuales según la zonificación establecidas se pueden desarrollar servicios y facilidades permanentes para un turismo sostenible. De igual manera, en la entrada al parque nacional existe un área para la recepción de visitantes el cual cuenta con dos servicios sanitarios adecuados para la ley 7600 y una pequeña oficina para el escaneo de tiquetes de ingreso, esta infraestructura se encuentra en la zona de alta intervención definida en la zonificación. En el sector Playa Rey que es parte del Parque Nacional Manuel Antonio, actualmente no existe ningún tipo de infraestructura (…)” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada al expediente).

Nombre8805.- Sobre el manejo del Sector Playa Rey:

18)           Según informe No. SINAC-ACOPAC-DASP-118-2022, debido a los recortes presupuestarios, ha sufrido una reducción de personal, por ello el personal existente que actualmente es de solo 10 personas y debido a la demanda de ingreso de turismo en el sector Manuel Antonio, no ha sido posible la atención integral en el sector Playa Rey, llámese propiamente en temas de control y protección, así como de personal (ver informe rendido bajo juramento).

19)           Mediante el “Fideicomiso n.°1110 Parque Nacional Recreativo Playas De Manuel Antonio Banco Nacional de Costa Rica”, se realizaron las siguientes acciones y hojas de ruta en el sector: “se realizó la contratación Directa Nº CDFID-000003- 2020 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN TOPOGRAFÍA, AGRONOMÍA Y LEGALES PARA REALIZAR ESTUDIOS EL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO SECTOR PLAYA REY.” que tenía como objetivos: Objetivos del trabajo: 1. Demarcar en el campo el límite del Parque Nacional Manuel Antonio, Sector Playa El Rey según lo establecido en el Decreto Ejecutivo 29177 – MINAE. 2. Replantear las colindancias y definir el área de las propiedades inscritas y/o ocupadas por terceros que se ubican dentro del límite del Parque Nacional Manuel Antonio Sector Playa El Rey. 3. Describir y determinar las áreas de cultivo o actividades agrícolas y/o pecuarias de aquellos terrenos de propiedad inscritas o en posesión de terceros que se ubican dentro del límite del Parque Nacional Manuel Antonio, Sector Playa El Rey. 4. Realizar el análisis legal de la situación jurídica de cada terreno, en relación a su inscripción, posesión o Proceso de Información Posesoria de las propiedades inscritas, en posesión o proceso en trámite de Información Posesoria que se ubiquen dentro del límite de Parque Nacional Manuel Antonio, Sector Playa El Rey. 5. Emitir los criterios legales y las recomendaciones del proceder de la administración ante las instancias que correspondan. 6. Elaborar los criterios legales debidamente fundamentados para interponer la solicitud de apertura del proceso legal que corresponda ante la Objetivos del trabajo: (a) Solicitar procesos de Lesividad o Anulación de inscripción de aquellos terrenos de propiedad privada que fueron mal inscritos según corresponda a derecho, identificados en los estudios realizados. (b) Oponerse a la inscripción por medio de Procesos de Información Posesoria de aquellos terrenos que se ubiquen dentro del límite del parque. (c) Realizar las acciones necesarias para el o los desalojos de ocupantes de terrenos PNE ubicadas dentro del límite del Parque. De esta consultoría se conformó comisión de seguimiento por parte del ACOPAC integrada por la Dirección de ASP, Ing. topógrafo, Encargado de IRT, Asesoria Legal y Administración del PNMA” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada al expediente digital).

20)           En 2022, se integró un profesional en agronomía con la finalidad de darle seguimiento a la hoja de ruta elaborada para la ejecución de acciones a seguir según los resultados de la consultoría Fideicomiso n°1110, de lo que se determinó lo siguiente: “a) Mediante oficio SINAC-ACOPAC-D-504-2021, se requirió a la Dirección Ejecutiva del SINAC realizar la solicitud de Anotación de planos, diligencia que se realiza mediante oficio SINAC-DE-1265 por encontrarse parcial o totalmente dentro del Parque Nacional Manuel Antonio y abarcar terrenos de manglar. b) A este trámite se le asigna el número de expediente en el Registro Inmobiliario 2021-636-RIM, mediante resolución de las nueve horas cincuenta y nueve minutos del siete de setiembre del dos mil veintiuno. c) Mediante resolución de las nueve horas treinta y seis minutos del veintinueve de abril del dos mil veintidós el Registro Inmobiliario resuelve realizar la inmovilización de los planos identificados. Actualmente, como parte del análisis que se debe realizar de los insumos de las consultorías contratadas para el tema de tenencia de la tierra dentro del Parque Nacional Manuel Antonio así como de los estudios retrospectivos elaborados por el Instituto Geográfico Nacional a fin de contar con un panorama claro sobre los escenarios existentes en el sector Playa el Rey de este Parque Nacional se ha generado el informe SINAC-ACOPAC-PNMA-TT-027-2022, e igualmente se ha generado un expediente con la información de cada terreno y una base de datos por cada expediente existente en la que se detalla la información de cada terreno. Posterior a la elaboración de expedientes y base de datos de expedientes de cada terreno precluida la etapa de análisis técnico, se iniciará la etapa de análisis legal por parte del área de conservación a fin de determinar las acciones a tomar, bien sea procesos de lesividad por que se detecten posibles incumplimientos a la normativa en la inscripción de los terrenos o bien el proceso legal que corresponda. • Actualmente se han realizado inspecciones de campo que con el insumo generado de las consultorías e informes del IGN, se ha determinado se debe proceder con la interposición de denuncias por invasiones al PNMA” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada al expediente digital).

21)           Según informó el Director Regional del Área de Conservación Pacífico Central del SINAC, en el PNMA: “Sobre el eje de control y protección aprovechando las visitas de campo, se desarrollaron los informes de inspección ocular SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-TT-023-2022 en este se indica de rastros observados de presencia de personas en la boca del Río Savegre y Boca del Río Naranjo, SINAC-ACOPAC-PNMARBS-TT-034-2022, en este se indica que se sigue observando rastros de presencia de personas en la Boca de Río Naranjo y en el SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-TT-046-2022, se indica de la presencia de personas recolectando cocos en el sector de Estero Garita, la destrucción de múltiples champas utilizadas para esperar de la llegada de las tortugas, un puerto clandestino en propiedad privada cercano a la boca del Río Savegre y la identificación de 33 nidos de tortugas de los cuales el 70% fueron sacados , 24% depredados y 6% se encontraban en buen estado. En conclusión, se realizaron aproximadamente 15 visitas al sector de Playa Rey, con ellas se abordaron 28 casos de expedientes de tenencia de tierras, 2 rías identificadas de las cuales este año se le realizo una nueva verificación a una, se está a la espera del criterio del encargado del Programa de Humedales sobre los casos de Quebrada Barbudal y parche de bosque del predio 29, se realizaron 3 informes de inspecciones oculares para el encargado de Control y protección del PNMA” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada al expediente).

Nombre624.- Sobre los cultivos que afectan al PNMA:

22)           Fuera del Área Silvestre Protegida del PNMA, las autoridades competentes determinaron un polígono, en el que se utilizan los límites naturales del Río Portalón al sureste, Río Naranjo al noroeste, al sur el PNMA y al norte la Costanera Sur, que corresponden a 4092 hectáreas dedicadas a la producción agropecuaria (palma aceitera y ganadería) (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada al expediente).

23)           En el caso del cultivo de palma los canales de desagüe trasportan los agroquímicos que no se fijaron en el sitio de aplicación esto en época lluviosa y en el caso de la ganadería existe compactación de suelos, contaminación por las excretas de los animales y en la pasada gira en conjunto con el IGN se observó 11 restos de tortugas terrestres muertas por que el ganado las aplasta (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada al expediente).

24)           Dentro del PNMA existe utilizando la imagen 2017 que se encuentra en el SNIT, 74 hectáreas de cultivo de Palma Africana, de las cuales aproximadamente para el año 2005 había 50 hectáreas Palma y 15 hectáreas eran potrero (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada al expediente).

25)           Según el Director Regional del Área de Conservación Pacífico Central del SINAC, en el PNMA: “estas áreas de uso agropecuario cercanas e internas dentro del ASP se le pueden denominar de efecto o daño ambiental directo. Pero también hay que tomar en cuenta que la hidrografía nos presenta 3 ríos, aproximadamente 5 quebradas y varios canales que desaguan en este sector y que son parte de un sistema mayor que proviene de la parte alta de la cuenca y que estos cuerpos de agua traen la contaminación a este sector. Lo anterior nos indica que los ecosistemas del PNMA, aunque se consolida la propiedad a Nombre317 del MINAE siempre estaría afectados por efectos antropogénicos y naturales de la parte alta de la cuenca” (ver informe rendido bajo juramento).

III.- Hecho no probado. No se tuvo como debidamente demostrado el siguiente hecho: Único. - Que se aplicaran las herramientas técnicas respectivas para aumentar la visitación del Parque Nacional Manuel Antonio a 3000 personas diarias.

IV.- Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Esta Sala en reiteradas ocasiones ha señalado la obligación del Estado de proteger el ambiente y de garantiza a los ciudadanos un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En este sentido, en la sentencia No. 2022-022070 de las 9:20 horas del 23 de setiembre de 2022, se indicó:

“(…) Concerniente a la naturaleza de los agravios acusados en el sub lite, este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones respecto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Verbigracia, en la sentencia n.° 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Cámara señaló:

“En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha subrayado que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra reconocido tanto a nivel constitucional como convencional. Asimismo, se ha indicado que la protección efectiva a ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, contexto en que el Estado y la ciudadanía en general deben actuar según los principios que rigen la materia ambiental. En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos. Así, el Estado costarricense se encuentra obligado a adoptar las medidas que garanticen la defensa y preservación efectiva del ambiente conforme a tales principios (…)

Interesa también resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, desarrolló lo atinente a las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente, en aras de la salvaguardia a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En esa opinión, la Corte reconoció la interrelación entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos, en tanto la degradación ambiental afecta el goce y desarrollo efectivo de los derechos humanos. En tal sentido, señaló:

“47. Esta Corte ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos. Asimismo, el preámbulo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “Protocolo de San Salvador”), resalta la estrecha relación entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales -que incluye el derecho a un medio ambiente sano - y la de los derechos civiles y políticos, e indica que las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros (…)

49. Por su parte, la Comisión Interamericana ha resaltado que varios derechos de rango fundamental requieren, como una precondición necesaria para su ejercicio, una calidad medioambiental mínima, y se ven afectados en forma profunda por la degradación de los recursos naturales. En el mismo sentido, la Asamblea General de la OEA ha reconocido la estrecha relación entre la protección al medio ambiente y los derechos humanos (supra párr. 22) y destacado que el cambio climático produce efectos adversos en el disfrute de los derechos humanos. 50. En el ámbito europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que la degradación severa del medio ambiente puede afectar el bienestar del individuo y, como consecuencia, generar violaciones a los derechos de las personas, tales como los derechos a la vida, al respeto a la vida privada y familiar68 y a la propiedad privada. De manera similar, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha indicado que el derecho a un “medio ambiente general satisfactorio, favorable al desarrollo” está estrechamente relacionado con los derechos económicos y sociales en la medida en que el medio ambiente afecta la calidad de vida y la seguridad del individuo (…) 52. Por otra parte, existe un amplio reconocimiento en el derecho internacional sobre la relación interdependiente entre la protección al medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Dicha interrelación se ha afirmado desde la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (en adelante “Declaración de Estocolmo”), donde se estableció que “[e]l desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la Tierra las condiciones necesarias para mejorar la calidad de la vida”, afirmándose la necesidad de balancear el desarrollo con la protección del medio humano. Posteriormente, en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (en adelante “Declaración de Río”), los Estados reconocieron que “[l]os seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible” y, a la vez, destacaron que “a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo”. (…) 59. El derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un derecho con connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión colectiva, el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras. Ahora bien, el derecho al medio ambiente sano también tiene una dimensión individual, en la medida en que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad.”.

Esta interrelación entre el medio ambiente y el disfrute de otros derechos humanos también ha sido reconocida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien en la resolución A/HRC/RES/46/7, adoptada el 23 de marzo de 2021 en el 46° periodo de sesiones, sostuvo:

“Reconociendo también que el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, incluidos los ecosistemas, contribuyen al bienestar humano y al disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos a la vida, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a un nivel de vida adecuado, a una alimentación adecuada, al agua potable y el saneamiento y a la vivienda, y los derechos culturales (…)” (el resaltado no es del original).

V.- En cuanto a la cantidad de personas que ingresan al Parque Nacional Manuel Antonio diariamente. En el sub lite, el recurrente estima vulnerados sus derechos fundamentales, como primer agravio indica que, de conformidad con un estudio de impacto ambiental efectuado sobre el Parque Nacional Manuel Antonio, la visitación no controlada está provocando su deterioro de forma acelerada, creando un grave riesgo para la preservación futura, esto en virtud de la reforma del decreto No. Nombre8801 que dejó a voluntad de los entes administrativos determinar el número diario de visitantes

En cuanto a este agravio, debe indicarse que, esta Sala recientemente se pronunció sobre este tema, y estableció en la sentencia No. 2023-011233 de las 14:00 horas de 12 de mayo de 2023, lo siguiente:

“VI. - Sobre el caso concreto. En el sub examine, el recurrente señala que el Parque Nacional Manuel Antonio (PNMA) recibe diariamente unas 3000 personas. Acusa que tal cantidad de visitantes deteriora el ecosistema y la sostenibilidad del parque. Apunta que no hay estudios científicos que respalden esa carga turística, pues el último estudio es de 2010 y únicamente justificaba una visitación diaria máxima de 600 personas. Considera que se viola el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Luego de analizar los autos, la Sala tuvo por probado que, mediante acuerdo nro. 12 de la Sesión Ordinaria nro. 06-2014 del 23 de junio de 2014, el Consejo Nacional de Áreas de Conservación aprobó la “Herramienta para el manejo de los flujos de visitación en las Áreas Silvestres Protegidas del SINAC” e instruyó al director ejecutivo para que oficializara esa herramienta. En 2016 se efectúo el primer trabajo de campo en playas y senderos del sector del PNMA para identificar posibles indicadores a monitorear y crear la línea base en los casos requeridos. En 2018, el Comité Científico Técnico del Área de Conservación Pacífico Central acordó la implementación de la herramienta para las áreas silvestres protegidas de esa área de conservación. Con respecto a la visitación diaria del PNMA, mediante resolución SINAC-ACOPAC-DRES-039-2021 de las 15:05 horas del 30 de abril de 2021, la parte accionada estableció un máximo de 1500 visitantes diarios. Luego, por resolución INAC-ACOPAC-DRES-042-2021 de las 15:20 horas del 5 de agosto de 2021, la autoridad recurrida aumentó el aforo a un máximo de 2000 visitantes diarios. Asimismo, se tuvo como hecho incontrovertido ‑lo que se deriva también de las pruebas aportadas con el informe rendido (véanse, por ejemplo, los oficios SINAC-ACOPAC-D-201-2023 y SINAC-ACOPAC-D-190-2023)‑ que las autoridades accionadas aumentaron este año el aforo permitido a 3000 visitantes diarios. Como consecuencia de lo anterior, varios días de abril de 2023 registraron cantidades de visitación superiores a las 2000 personas: 2 de abril, 2592 personas; 3 de abril, 2867 personas; 5 de abril, 2765; 6 de abril, 2754 personas; 7 de abril, 2734 personas; 8 de abril, 2755 personas; 9 de abril, 2746 personas. Atinente a este tema, la Administración recurrida estima que la visitación del PNMA corresponde actualmente a un 267.9% de la capacidad instalada. Por este motivo, mediante oficio SINAC-ACOPAC-D-140-2023 del 16 de marzo de 2023, el director regional y la directora de Áreas Silvestres Protegidas del Área de Conservación Pacífico Central externaron al director ejecutivo del SINAC su preocupación por las decisiones jerárquicas concernientes a la visitación del PNMA. En cuanto a la afectación al ecosistema, ese oficio indicó: “…Sin lugar a dudas y tal y como se indicó líneas arriba, haber aumentado la capacidad de carga a 3000 visitantes (50% de más del límite que se venía manejando) supone una carga bruta total de más del 200%, como se indicó en el primer apartado, por encima de lo que se debería más bien estar recibiendo en este momento; lo que supone un riesgo inminente de deterioro a las condiciones ambientales y de sostenibilidad del sector habilitado para visitantes. Hay que recordar que los turistas desean visitar el PNMA por su belleza escénica y biodiversidad, en gran medida por la oportunidad de observar fauna silvestre, misma que si sobre explotamos, no tendrían quizás a corto o mediano plazo la oportunidad de observar los futuros visitantes, por ello el balance entre protección y desarrollo turístico que debemos promover como autoridad en la materia…”

En igual sentido, por oficio SINAC-ACOPAC-D-190-2023 del 17 de abril de 2023, el director regional del Área de Conservación Pacífico Central comunicó al director ejecutivo del SINAC: “Por todo lo anterior, y en apego a las funciones encomendadas por Ley, artículo 50 de nuestra constitución política, artículos 31 y 61 de la Ley de Biodiversidad y 25 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad, y al principio indubio (sic) pro natura, bajo la responsabilidad en el ejercicio de mi cargo de aplicar el ordenamiento jurídico que rigen la materia, asimismo, de implementar las políticas nacionales y todas las indicadas en el ordenamiento jurídico y técnico vinculante, así como el deber jerárquico en el ámbito geográfico a mi cargo de implementar, evaluar y sistematizar, las políticas, lineamientos, metodologías, normas y estrategias internas; por todo lo expuesto anteriormente, es mi deber que ante la ausencia de instrucciones y directrices directas de manera formal y escrita por parte de mis jerarquías en cuanto al cambio y aplicación de una capacidad de carga, superior a la establecida mediante la aplicación de la herramienta de capacidad de carga y no siendo además oficializada por resolución administrativa alguna, esta dirección no tiene base legal y técnica, así como capacidad presupuestaria y de personal, para continuar recibiendo la visitación de 3000 personas diarias dentro del PNMA, por lo anterior en apego al deber de conservación y uso sostenible de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que permitan asegurarles a todos los ciudadanos un ambiente ecológicamente equilibrado, se le comunica que a partir del día 30 de abril del 2023, el área de conservación estará solicitando formalmente al encargado de la fiscalización del SICORE, se aplique la resolución SINAC-ACOPAC-DRES-042-2021 de las quince horas veinte minutos del cinco de agosto del dos mil veinte uno, vigente a la fecha, en el sentido de reducir la capacidad de reservaciones a dos mil personas”. Adicionalmente, es relevante para este caso que la Sala no pudo verificar la aplicación de las herramientas técnicas respectivas para aumentar la visitación del PNMA.

Los hechos anteriores evidencian que la cantidad de visitación del PNMA sobrepasa la capacidad de ese parque en detrimento de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Incluso, más allá del reproche esgrimido por el accionante, tal situación se desprende de las propias manifestaciones de los informantes. Así, verbigracia, dichas autoridades estimaron que la visitación actual del PNMA corresponde a un 267.9% de la capacidad instalada. En efecto, según el modelo de flujo de visitantes, efectuado en diciembre de 2022, la capacidad de carga es de 1120 visitantes diarios. Empero, el aforo diario supera por mucho esa cantidad, ya que el PNMA recibió un promedio superior a las 2500 personas diarias durante los primeros días de abril de 2023.

En el plano normativo, la Sala destaca la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (ley nro. 3763):

“Los Gobiernos Americanos deseosos de proteger y conservar en su medio ambiente natural, ejemplares de todas las especies y géneros de su flora y su fauna indígenas, incluyendo las aves migratorias, en número suficiente y en regiones lo bastante vastas para evitar su extinción por cualquier medio al alcance del hombre; y

Deseosos de proteger y conservar los paisajes de incomparable belleza, las formaciones geológicas y extraordinarias, las regiones y los objetos naturales de interés estético o valor histórico o científico, y los lugares donde existen condiciones primitivas dentro de los casos a que esta Convención se refiere; y

Deseosos de concertar una convención sobre la protección de la flora, la fauna, y las bellezas escénicas naturales dentro de los propósitos arriba enunciados han convenido en los siguientes artículos:

ARTICULO 1

Definición de los términos y expresiones empleados en esta Convención.

1.-Se entenderá por Parques Nacionales: Las regiones establecidas para la protección y conservación de las bellezas escénicas naturales y de la flora y la fauna de importancia nacional, de las que el público pueda disfrutar mejor al ser puestas bajo la vigilancia oficial.

(…)

ARTICULO 3

(…)

Los Gobiernos Contratantes convienen además en proveer los parques nacionales de las facilidades para el solaz y la educación del público, de acuerdo con los fines que persigue esta Convención”.

En consonancia con lo anterior, el Reglamento a la Ley de Biodiversidad (decreto ejecutivo nro. 34433) dispone:

“Artículo 70.-Categorías de manejo de ASP. Para efectos de la clasificación de las distintas categorías de manejo de áreas silvestres protegidas se establecen los siguientes criterios técnicos para cada una de ellas:

(…)

c) Parques Nacionales: Áreas geográficas, terrestres, marinas, marino-costeras, de agua dulce o una combinación de éstas, de importancia nacional, establecidas para la protección y la conservación de las bellezas naturales y la biodiversidad, así como para el disfrute por parte del público. Estas áreas presentan uno o varios ecosistemas en que las especies, hábitat y los sitios geomorfológicos son de especial interés científico, cultural, educativo y recreativo o contienen un paisaje natural de gran belleza. (…)”

 En el caso particular del PNMA, la Sala resalta que cuenta con una regulación propia, en concreto, el Reglamento de Uso Público para el Parque Nacional Manuel Antonio (decreto ejecutivo nro. 22482-MIRENEM). En lo que interesa al objeto de este proceso, ese decreto dispone:

 “Considerando:

 (…)

3º-Que de conformidad con un estudio de impacto ambiental, efectuado sobre el Parque Nacional Manuel Antonio, la visitación no controlada esta (sic) provocando su deterioro en forma acelerada, creando un grave riesgo para su preservación futura.

4º-Que administración de los terrenos propiedad del Estado que conforman este Parque Nacional, le corresponde al Servicio de Parques Nacionales del Ministerio de Recursos Nacionales, Energía y Minas, debiendo velar porque exista un verdadero equilibrio entre la visitación y la conservación de los recursos del Parque, con el fin de asegurar la preservación a perpetuidad de esta área silvestre. Por tanto,

DECRETAN:

Artículo 1º-EI presente reglamento tiene como finalidad mejorar la calidad de experiencia del visitante al Parque Nacional Manuel Antonio y procurar su preservación a perpetuidad.

(…)

Artículo 3: Sobre la capacidad de carga de la zona de uso público (alta intervención): Basados en los resultados de la aplicación de las herramientas técnicas establecidas por el SINAC, la Dirección Regional del ACOPAC determinará el aumento, disminución o regulación de la visitación de los diferentes sitios autorizados, vía resolución administrativa. (…)” (El subrayado es agregado).

Con base en las disposiciones recién transcritas, la Sala establece que la finalidad prioritaria de los parques nacionales (entre ellos, el PNMA) es la conservación de los ecosistemas presentes en sus respectivas áreas o zonas. Un objetivo secundario es posibilitar a las personas el esparcimiento y el disfrute de la naturaleza que hay en ellos. Este orden de prelación no se deriva únicamente de la normativa, sino que es la consecuencia de la dependencia que el segundo tiene de la primera. Es decir, el requisito para que las personas puedan disfrutar de la naturaleza es, inexorablemente, la conservación de la naturaleza. En el caso del PNMA, la ratio del Reglamento de Uso Público para el Parque Nacional Manuel Antonio fue manifiesta en señalar que la visitación causaba “…su deterioro en forma acelerada, creando un grave riesgo para su preservación futura”, por lo que se debía “…velar porque exista un verdadero equilibrio entre la visitación y la conservación de los recursos del Parque, con el fin de asegurar la preservación a perpetuidad de esta área silvestre”. En ese mismo orden de ideas, una medida que establece ese reglamento para alcanzar el citado equilibrio y asegurar la conservación del parque es regular la cantidad de personas que podrán visitar las zonas de uso público del parque. Así, la determinación de la visitación se basará “…en los resultados de la aplicación de las herramientas técnicas establecidas por el SINAC…” (artículo 3). La Sala avala esta exigencia, dado que es una expresión del principio de objetivación de la tutela ambiental:

“En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental expuesto, nuestra Carta Magna exige además que sea “sano”. La exigencia “sano” nos conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión” para garantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se desprende la necesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la calidad de vida y la calidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con los conceptos de “ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas o administrativas, de tal manera que, en los términos de los ordinales 16 de la Ley General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, las actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden contradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de lograr el goce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, además, un “mayor bienestar para todos los habitantes del país”. En cuanto al sometimiento de las decisiones legislativas y administrativas a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, la Sala lo ha denominado principio de objetivación de la tutela ambiental: “De la objetivación de la tutela ambiental (…) es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [principio precautorio o “principio de la evitación prudente”], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general -tanto legales como reglamentarias-, de donde se deriva la exigencia de la vinculación a la ciencia y a la técnica con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos -tales como los estudios de impacto ambiental-, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05).” (Resolución nro. 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, reiterada en la resolución nro. 2022-012509 de las 12:10 horas del 31 de mayo de 2022).

Por otro lado, la aplicación del principio preventivo en materia ambiental también obliga a la Sala a tomar medidas para evitar que la conducta administrativa reprochada incida negativamente en los ecosistemas que protege el PNMA. Según se indicó supra, ese principio señala:

“…el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos.”

Las manifestaciones de la parte recurrida revelan que existe un riesgo claro para los ecosistemas del PNMA si la visitación no es regulada mediante herramientas técnicas que permitan establecer la carga que puede manejar ese parque de manera sostenible. Se reitera lo indicado en el oficio SINAC-ACOPAC-D-140-2023 del 16 de marzo de 2023:

“…Sin lugar a dudas y tal y como se indicó líneas arriba, haber aumentado la capacidad de carga a 3000 visitantes (50% de más del límite que se venía manejando) supone una carga bruta total de más del 200%, como se indicó en el primer apartado, por encima de lo que se debería más bien estar recibiendo en este momento; lo que supone un riesgo inminente de deterioro a las condiciones ambientales y de sostenibilidad del sector habilitado para visitantes. Hay que recordar que los turistas desean visitar el PNMA por su belleza escénica y biodiversidad, en gran medida por la oportunidad de observar fauna silvestre, misma que si sobre explotamos, no tendrían quizás a corto o mediano plazo la oportunidad de observar los futuros visitantes, por ello el balance entre protección y desarrollo turístico que debemos promover como autoridad en la materia…” (El subrayado es agregado).

En conclusión, el resultado del estudio efectuado por la Sala demuestra que las autoridades accionadas aumentaron la visitación permitida al PNMA sin aplicar las herramientas técnicas respectivas, aún cuando se evidenciaba que la capacidad instalada del parque sería insuficiente para garantizar el equilibrio entre la conservación de la naturaleza y su disfrute por parte de los visitantes. En virtud de lo expuesto, se declara con lugar el recurso. Visto que el modelo de flujo aplicado en diciembre de 2022 estableció una capacidad de carga de 1120 visitantes diarios, se ordena reducir la visitación diaria a esa cantidad, sin demérito de que un nuevo estudio técnico determine tal capacidad en las condiciones actuales del parque.

(…)

Por tanto:

 Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Rafael Gutiérrez Rojas y Jeffrey Hernández Espinoza, por su orden director ejecutivo y director regional del Área de Conservación Pacífico Central, ambos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, o a quienes ejerzan esos cargos, que giren las órdenes y efectúen las coordinaciones necesarias para que,  en el plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se reduzca la visitación al Parque Nacional Manuel Antonio a la capacidad de carga calculada en el modelo de flujo aplicado en diciembre de 2022. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez pone nota. El magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso, en cuanto a la aducida infracción al artículo 50 de la Constitución Política. La Magistrada Garro Vargas salva el voto y declara sin lugar el recurso. Notifíquese”. 

En este sentido, se constata una lesión a los derechos fundamentales del recurrente, en cuanto a este extremo; al haberse verificado ya la misma situación reclamada en el recurso por parte de esta Sala en la sentencia de cita, razón por la cual, lo procedente es declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo, con la misma consecuencia ya señalada y dispuesta en la sentencia No. 2023-11233 de las 14:00 horas del 12 de mayo de 2023.

VI.- Sobre las obras de infraestructuras realizadas. Ahora bien, como segundo agravio, el recurrente indica que otros factores que están afectando el medio natural de ese Parque Nacional, son la proliferación de obras de infraestructura como servicios sanitarios en zonas frágiles, zonas que no aguantarían el uso de una gran cantidad de visitantes.

En cuanto a este punto, se acreditó que, en 2016, se identificó la línea base de los 3 sitios: camino de acceso vehicular, el sector que comunica Playa Manuel Antonio con las baterías de baños y el Sendero Punta Catedral. Así, en 2019, se aplicaron mejoras en el sector del camino de acceso vehicular donde existía anegamiento (inundación) y erosión, así como en la parte del sector que comunica Playa Manuel Antonio con las baterías de baños, “mejorando el FC, alcanzando un 0,88, 0,88 (…) el Sendero Punta Catedral alcanzó un FC de 0,55 y actualmente está cerrado al visitante, es decir, este sumado al sector cerrado del Sendero Puerto Escondido, da como resultado aproximadamente 1,500 metros lineales de sendero cerrados al visitante”.

Luego, el 7 de diciembre del 2021, se realizó reunión virtual donde se contó con la participación de representantes de la Asociación Amigos del Parque Manuel Antonio y la Asociación Manuel Antonio Official Tour Guides, relativa a las infraestructuras dentro del Parque; y el 29 de marzo del 2022 se realizó una visita y trabajo de campo con la participación de tales entidades. Aunado a ello, se indicó que en el Parque Nacional Manuel Antonio se han realizado mejoras a la infraestructura (baterías sanitarias, senderos) que ha permitido mejorar las condiciones ambientales sobre el uso de esta infraestructura, la cual se encuentra en las áreas correspondientes a la zona de uso público. Así, según la zonificación del área silvestre protegida establecida en el Plan General del Manejo, “se establecen las áreas de zona de baja, mínima, mediana y alta intervención dentro del Parque Nacional siendo que la infraestructura destinada en estas áreas, permiten las actividades de turismo y de uso institucional, por ende, la afectación al área silvestre protegida sería mínimo dado que estas áreas se encuentran destinadas a la recepción y atención del público así como para uso y disfrute”.

Aunado a lo anterior, según informó el Director Regional del Área de Conservación Pacífico Central del SINAC, en el PNMA: “existe infraestructura para uso administrativo y especial como una casa de funcionarios, con área de parqueo, una bodega, una oficina administrativa la cual se encuentra en la zona de alta intervención establecida de acuerdo con la zonificación para el parque nacional. Asimismo, se ha desarrollado áreas de infraestructura destinada para el uso de visitantes en las zonas de uso público (mediana y alta intervención) establecidas de acuerdo con la zonificación del área silvestre protegida; como 8 módulos de baterías sanitarias (4 de hombre y 4 de mujer) distribuidas de la siguiente manera: una en la entrada del parque nacional, otra en Dirección615  , otra en Playa Manuel Antonio y otra en el cruce de senderos hacia Miradores. También, se encuentra una torre de observación ubicada entre Playa Manuel Antonio y Playa Espadilla Sur. Además, existe una red de 12 senderos dentro de las áreas establecidas en la zonificación del parque hacia los diferentes atractivos turísticos que ofrece el Parque Nacional (…) Los senderos se encuentran ubicados dentro de las zonas de mediana y alta intervención en las cuales según la zonificación establecidas se pueden desarrollar servicios y facilidades permanentes para un turismo sostenible. De igual manera, en la entrada al parque nacional existe un área para la recepción de visitantes el cual cuenta con dos servicios sanitarios adecuados para la ley 7600 y una pequeña oficina para el escaneo de tiquetes de ingreso, esta infraestructura se encuentra en la zona de alta intervención definida en la zonificación. En el sector Dirección1551  que es parte del Parque Nacional Manuel Antonio, actualmente no existe ningún tipo de infraestructura (…)”.

De lo expuesto, ciertamente, esta Sala pudo comprobar que las construcciones de las baterías de baños y demás infraestructura que existe en el Parque Nacional Manuel Antonio se ha construido en las zonas de mínima incidencia de afectación que se han establecido normativamente, justamente, para no generar una desmejora en el ecosistema del Parque Nacional. Además, se comprobó que toda la infraestructura que fue construida se hizo en las zonas de zonificación permitidas, y que no se han efectuado construcciones adicionales ni en zonas prohibidas. Aunado a esto, es importante destacar también que la construcción de baterías sanitarias y senderos en el PNMA ha sido validada e incluso ordenada por esta Sala (ver en ese sentido las sentencias números 2015-12955 de las 9:20 horas de 21 de agosto de 2015 y 6023-2017 de las 9:45 horas de 28 de abril de 2017). Bajo este panorama, lo correspondiente es declarar sin lugar el recurso, en cuanto a este extremo.

VII.- Atinente al sector Playa Rey. Adicionalmente, como tercer agravio, el recurrente indica que en el "Sector Playa Rey" del Parque Nacional, las autoridades del parque abandonaron su cuido y manejo, y este no cuenta con un puesto en el lugar ni personal residente. Sobre el particular, se constató que, debido a los recortes presupuestarios, ha sufrido una reducción de personal, por ello el personal existente que actualmente es de solo 10 personas y debido a la demanda de ingreso de turismo en el sector Manuel Antonio, no ha sido posible la atención integral en el sector Playa Rey, propiamente en temas de control y protección, así como de personal.

Sin embargo, según el SINAC, mediante el “Fideicomiso n.°1110 Parque Nacional Recreativo Playas De Manuel Antonio Banco Nacional de Costa Rica”, se realizaron las siguientes acciones y hojas de ruta en el sector: “se realizó la contratación Directa Nº CDFID-000003- 2020 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN TOPOGRAFÍA, AGRONOMÍA Y LEGALES PARA REALIZAR ESTUDIOS EL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO SECTOR PLAYA REY.”; lo anterior, a fin de “1. Demarcar en el campo el límite del Parque Nacional Manuel Antonio, Sector Playa El Rey según lo establecido en el Decreto Ejecutivo 29177 – MINAE. 2. Replantear las colindancias y definir el área de las propiedades inscritas y/o ocupadas por terceros que se ubican dentro del límite del Parque Nacional Manuel Antonio Sector Playa El Rey. 3. Describir y determinar las áreas de cultivo o actividades agrícolas y/o pecuarias de aquellos terrenos de propiedad inscritas o en posesión de terceros que se ubican dentro del límite del Parque Nacional Manuel Antonio, Sector Playa El Rey. 4. Realizar el análisis legal de la situación jurídica de cada terreno, en relación a su inscripción, posesión o Proceso de Información Posesoria de las propiedades inscritas, en posesión o proceso en trámite de Información Posesoria que se ubiquen dentro del límite de Parque Nacional Manuel Antonio, Sector Playa El Rey. 5. Emitir los criterios legales y las recomendaciones del proceder de la administración ante las instancias que correspondan. 6. Elaborar los criterios legales debidamente fundamentados para interponer la solicitud de apertura del proceso legal que corresponda ante”.

Posteriormente, en 2022, se integró un profesional en agronomía con la finalidad de darle seguimiento a la hoja de ruta elaborada para la ejecución de acciones a seguir según los resultados de la consultoría Fideicomiso No. 1110, de lo que se determinó lo siguiente: “a) Mediante oficio SINAC-ACOPAC-D-504-2021, se requirió a la Dirección Ejecutiva del SINAC realizar la solicitud de Anotación de planos, diligencia que se realiza mediante oficio SINAC-DE-1265 por encontrarse parcial o totalmente dentro del Parque Nacional Manuel Antonio y abarcar terrenos de manglar. b) A este trámite se le asigna el número de expediente en el Registro Inmobiliario 2021-636-RIM, mediante resolución de las nueve horas cincuenta y nueve minutos del siete de setiembre del dos mil veintiuno. c) Mediante resolución de las nueve horas treinta y seis minutos del veintinueve de abril del dos mil veintidós el Registro Inmobiliario resuelve realizar la inmovilización de los planos identificados. Actualmente, como parte del análisis que se debe realizar de los insumos de las consultorías contratadas para el tema de tenencia de la tierra dentro del Parque Nacional Manuel Antonio así como de los estudios retrospectivos elaborados por el Instituto Geográfico Nacional a fin de contar con un panorama claro sobre los escenarios existentes en el sector Playa el Rey de este Parque Nacional se ha generado el informe SINAC-ACOPAC-PNMA-TT-027-2022, e igualmente se ha generado un expediente con la información de cada terreno y una base de datos por cada expediente existente en la que se detalla la información de cada terreno. Posterior a la elaboración de expedientes y base de datos de expedientes de cada terreno precluida la etapa de análisis técnico, se iniciará la etapa de análisis legal por parte del área de conservación a fin de determinar las acciones a tomar, bien sea procesos de lesividad por que se detecten posibles incumplimientos a la normativa en la inscripción de los terrenos o bien el proceso legal que corresponda. • Actualmente se han realizado inspecciones de campo que con el insumo generado de las consultorías e informes del IGN, se ha determinado se debe proceder con la interposición de denuncias por invasiones al PNMA.”.

Según informó el Director Regional del Área de Conservación Pacífico Central del SINAC, en el PNMA: “Sobre el eje de control y protección aprovechando las visitas de campo, se desarrollaron los informes de inspección ocular SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-TT-023-2022 en este se indica de rastros observados de presencia de personas en la boca del Río Savegre y Boca del Río Naranjo, SINAC-ACOPAC-PNMARBS-TT-034-2022, en este se indica que se sigue observando rastros de presencia de personas en la Boca de Río Naranjo y en el SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-TT-046-2022, se indica de la presencia de personas recolectando cocos en el sector de Estero Garita, la destrucción de múltiples champas utilizadas para esperar de la llegada de las tortugas, un puerto clandestino en propiedad privada cercano a la boca del Río Savegre y la identificación de 33 nidos de tortugas de los cuales el 70% fueron sacados, 24% depredados y 6% se encontraban en buen estado”.

De esta forma, si bien esta Sala pudo comprobar que se han realizado algunas acciones para atender el sector de Playa Rey, ciertamente, considera este Tribunal que las acciones tomadas han sido insuficientes, dado que, a la fecha en que se rindió informe en este recurso, no se ha solventado la problemática con la ocupación del terreno; además, no se puede verificar que se estén tomando acciones preventivas por parte de las autoridades recurridas para evitar el saqueo de los nidos de tortugas y la destrucción de las champas para esperar la llegada de estas, ni tampoco se pudo comprobar que exista alguna propuesta concreta para solicitar mayor presupuesto o para poner en conocimiento del gobierno central lo sucedido, con el fin de establecer alguna coordinación interinstitucional que permita ejecutar acciones reales y concretas para la debida protección, cuido y manejo del sector de Playa Rey.

Nótese que, tal y como se indicó en el IV considerando de esta sentencia y ha sido desarrollado ampliamente por esta Sala en anteriores ocasiones, para la debida protección del medio ambiente, es necesario, que cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada o condicionada; sin embargo, en este caso particular, parece que la autoridad recurrida se ha limitado a realizar  acciones mínimas para atender la problemática que se presenta en Playa Rey, sin buscar una manera efectiva de proteger al medio ambiente y evitar con esto, los daños que ya están siendo causados a este y con ello, a todos los ecosistemas que se encuentran en el sector reclamado.  

En mérito de lo expuesto, lo procedente es la estimatoria del recurso, en cuanto a este punto, con las consideraciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia. 

VIII.- Sobre la posible afectación que los cultivos de arroz y palma aceitera ocasionan en el Parque Nacional Manuel Antonio.  Finalmente, como cuarto agravio, el recurrente indica que la vecindad de cultivos de arroz y palma aceitera hace que los propietarios realicen desagües y hagan obras, que podrían estar reñidas con la sostenibilidad del sitio. En cuanto a este punto, se pudo comprobar que, fuera del Área Silvestre Protegida del PNMA, las autoridades competentes determinaron un polígono, en el que se utilizan los límites naturales del Río Portalón al sureste, Río Naranjo al noroeste, al sur el PNMA y al norte la Costanera Sur, que corresponden a 4092 hectáreas dedicadas a la producción agropecuaria (palma aceitera y ganadería). Además, se verificó también que, en el caso del cultivo de palma los canales de desagüe trasportan los agroquímicos que no se fijaron en el sitio de aplicación esto en época lluviosa y en el caso de la ganadería existe compactación de suelos, contaminación por las excretas de los animales y en la pasada gira en conjunto con el IGN se observó 11 restos de tortugas terrestres muertas, dado que, el ganado las aplasta.

Aunado a esto, el Director Regional del Área de Conservación Pacífico Central del SINAC, indicó que, en el PNMA: “estas áreas de uso agropecuario cercanas e internas dentro del ASP se le pueden denominar de efecto o daño ambiental directo. Pero también hay que tomar en cuenta que la hidrografía nos presenta 3 ríos, aproximadamente 5 quebradas y varios canales que desaguan en este sector y que son parte de un sistema mayor que proviene de la parte alta de la cuenca y que estos cuerpos de agua traen la contaminación a este sector. Lo anterior nos indica que los ecosistemas del PNMA, aunque se consolida la propiedad a Nombre317 del MINAE siempre estaría afectados por efectos antropogénicos y naturales de la parte alta de la cuenca”.

Así las cosas, considera la Sala que, tanto en el informe rendido para atender la resolución de curso de este proceso, como en el brindado para contestar la prueba para mejor resolver que fue requerida, ante la falta de información sobre si existe o no una afectación en el ecosistema del Parque Nacional, en virtud de los cultivos existentes en la zona, las autoridades recurridas fueron realmente omisas y se limitaron a brindar pocos datos sobre la situación. Además, en el informe adjuntaron mapas e información del año 2005 y del año 2017, es decir, no existe claridad del estado actual de la situación. De esta forma, si bien no hay datos concluyentes que pudieren tener por acreditado un eventual daño ambiental por los cultivos que existen en la zona del PNMA, tanto fuera como dentro del Área Silvestre Protegida, ciertamente, existe una duda importante sobre la verdadera afectación que existe y sin duda alguna, esta falta de estudios e información que lo confirmen o lo descarten, y la inercia de las autoridades accionadas frente a la situación, determina que el recurso deba ser declarado con lugar en cuanto a este extremo, a fin de que se adopten las medidas que sean necesarias para ajustar a derecho los cultivos que existen en el lugar.

Considera la Sala que, no existe certeza absoluta de que la actividad de cultivo de palma que se ha estado desarrollando dentro y fuera del Área Silvestre Protegida del PNMA, no incida de manera negativa en el ambiente, lo cierto del caso es que las autoridades accionadas han permitido su operación, y se limitan a indicar datos genéricos sobre la afectación que se da por ello, sin verificar realmente si la actividad, pudiere estar produciendo algún daño al ambiente o al ecosistema del Parque Nacional. Nótese que, las autoridades recurridas no mencionan alguna evaluación de impacto ambiental o de un estudio hidrogeológico, para verificar la eventual lesión al ambiente. Por el contrario, observa la Sala en los informes rendidos, que actividad agrícola en el sector simplemente funciona con normalidad, sin mayores controles al respecto.

Bajo esta inteligencia, se considera necesario que las autoridades recurridas, adopten de manera inmediata las medidas que sean necesarias para asegurarse que la actividad agrícola que se da dentro y fueron del Área Silvestre Protegida del Parque Nacional Manuel Antonio se haga ajustada a derecho, o bien, que en el supuesto de que se compruebe dichas actividades, puedan ocasionar daños al ambiente, se tomen las medidas que correspondan al efecto. Así las cosas, se declara con lugar el recurso, con las consideraciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia.

IX.- Conclusión. En mérito de lo expuesto, procede la declaratoria parcialmente con lugar del recurso, únicamente, en cuanto a la problemática por la capacidad de carga no controlada del ingreso al Parque Nacional Manuel Antonio, la falta de atención del sector Playa Rey y a la afectación de la actividad agrícola que existe dentro y fuera del Área Silvestre Protegida del PNMA. En cuanto a las obras de infraestructura existentes, se declara sin lugar el recurso.

X.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Con el debido respeto, disiento del voto de mayoría que declara con lugar el recurso, con base en las siguientes razones:

La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

 XI.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Respetuosamente me separo del criterio de la mayoría de la Sala y salvo parcialmente mi voto a efecto de que los agravios que acá se plantean se residencien en la jurisdicción contencioso-administrativa.

Al respecto, me resulta preciso aclarar que en la sentencia que se cita como antecedente para la resolución del presente de recurso de amparo, salvé mi voto y declaré que, por la complejidad y la magnitud de la problemática denunciada, lo procedente era justamente que el asunto se conociera en la referida jurisdicción plenaria. En la sentencia n.°2023-011233 realicé las siguientes consideraciones:

“En la presente sentencia, la Sala decidió por mayoría entrar a conocer por el fondo el amparo donde se discute cuál debe ser la cantidad de personas que ingresan al Parque Nacional Manuel Antonio.

 

Ahora bien, la problemática de la visitación del Parque ya ha sido planteada ante este Tribunal. Al respecto, se ha manifestado lo siguiente:

“VIII.- Sobre el número de visitantes del parque. El accionante reclama que la cantidad de visitantes que ingresan al parque excede el número permitido por la normativa. La Sala resalta que no es su labor verificar el número de visitantes de un parque nacional, por tratarse de un asunto de mera legalidad. Tampoco se observa que el alegato del recurrente sea acertado. Según los informes rendidos bajo juramento, la cantidad de visitantes que se encuentran dentro del parque no exceden lo estipulado, pues el acceso se suspende cuando se ha alcanzado el número máximo de visitantes, para retomarse únicamente con la salida de turistas del parque, cumpliéndose de esa manera con el número máximo estipulado. En consecuencia, se rechaza el reclamo”. (Sentencia nro. PHO1962 de las 9:20 horas del 21 de agosto de 2015. El destacado no es del original).

 

Esta decisión fue reiterada en los siguientes términos:

“III.- SOBRE LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE INGRESAN AL PARQUE. Atinente a tal extremo, a esta Sala no le corresponde verificar, conformidad con la normativa infraconstitucional aplicable, el número de visitantes que pueden asistir a un parque nacional, pues se trata de un tema de legalidad ordinaria propio de discutirse en las vías de legalidad ordinaria (…). En consecuencia, se rechaza de plano el recurso en lo que a este extremo se refiere” (Sentencia nro. PHO4541 de las 10:15 horas del 7 de mayo de 2019. El destacado no es del original).

 

Estimo que lo que procede en el presente asunto es mantener lo dicho en esos precedentes en el sentido de que no le corresponde a esta Sala determinar el número de visitantes que pueden asistir al Parque Nacional Manuel Antonio y declarar si los criterios aplicados por la Administración son los correctos a la luz de la normativa infra constitucional.

 

En efecto, el tema requiere examinar aspectos técnicos que rebasan con mucho las posibilidades de un proceso sumario como lo es el recurso de amparo. Téngase presente que para acertar sobre la determinación del número de visitantes es preciso tomar en consideración variables de muy distinta índole, relativos al impacto socioambiental en general, infraestructura, personal, etc. Así se informa que “la capacidad de carga de un sitio no es rígida, es cambiante ante una serie de factores”.

 

Por lo demás, la mayoría ordena que el número diario de visitantes sea de 1120 personas, calculado en el modelo de flujo aplicado en diciembre de 2022. Nótese que se decanta por una solución que ni siquiera valora aspectos tan básicos como la necesidad de precisar los límites de visitantes dependiendo de la época del año. Además, ese número, según lo informado constituye “el 198% de la capacidad que para ese entonces el parque podía recibir”. De modo que tal parece que ni siquiera lo ordenado por la Sala verdaderamente logre proteger el derecho al ambiente ecológicamente equilibrado.

 

Esta decisión que aquí justifico resulta incluso más garantista para las partes intervinientes, pues ciertamente en la jurisdicción ordinaria se contaría con una fase probatoria más amplia y con la posibilidad de echar mano de una robusta justicia cautelar.

 

Lo dicho en este voto salvado es consistente con otras resoluciones incluso de la mayoría de esta Sala que avalan esta postura. Por ejemplo, en la sentencia nro. PHO4542 ‒que me correspondió redactar‒ se resolvió lo siguiente:

 

“En esa línea considera esta Sala que la protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en el ordenamiento jurídico costarricense está prevista no solo en el artículo 50 de la Constitución Política –como ya se ha dicho– sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995, la Ley de Biodiversidad, la Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, la Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992 y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos ejemplos.

Esto hace necesario distinguir en materia ambiental cuándo procede ejercer por parte de la Sala la garantía de tal derecho y cuándo el asunto, pese a referirse a dicha materia, debe ser conocido por el juez ordinario para ejercer el control de legalidad que le es propio.

Así, en principio, el incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental, aunque de suyo tenga palmarias y serias repercusiones, es propio de ser conocido en la vía de legalidad —administrativa o jurisdiccional—.

Por otro lado, históricamente esta Sala ha sostenido la línea jurisprudencial de que “el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario porque tiene como única finalidad brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas inminentes a los derechos y libertades fundamentales, por lo que su tramitación no se aviene bien con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas” (entre muchos otros se pueden consultar los votos números 2003-14336, 2006-014421 y 2020-019038).

Es esa dirección, es criterio de la mayoría que, por vía de amparo, debe entenderse que en términos generales esta Sala debe conocer de los recursos de amparo en los que se alega la lesión al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, siempre que los cuestionamientos y denuncias, por su complejidad, no rebasen la naturaleza sumaria del recurso de amparo. Por el contrario, resulta más garantista para todas las partes, e incluso para la tutela efectiva del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de la protección de los recursos naturales, residenciar el conflicto en una vía ordinaria, de conocimiento plenario, en la que con más oportunidades procesales se pueda examinar la prueba y contrastar los agravios, en definitiva, para juzgar con detalle la regularidad de la conducta omisiva y/o activa de las administraciones públicas competentes en la atención y resolución del conflicto ambiental denunciado.

Además, debe darse otra condición: que la Administración no haya intervenido (ver voto n.°2022-009857). En efecto, cuando un ente u órgano público ha intervenido en diversas formas o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, particularmente si es de complejidad, el conocimiento y fiscalización de esa actividad corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Precisamente, es la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía de legalidad. En efecto, se insiste, si ya habido una conducta de la Administración que luego de un procedimiento administrativo ha otorgado derechos subjetivos, ha establecido sanciones o ha dictado una ruta para solventar la problemática denunciada, todo lo anterior sobre la base de la aplicación de normativa legal o infralegal, entonces correspondería a los jueces de lo contencioso-administrativo velar por la legalidad de tales actos administrativos. En este sentido, a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo se determinó que la jurisdicción contencioso-administrativa posee amplias competencias para conocer de agravios como los que se cuestionan en el sub lite. A tales efectos, este Tribunal ha reiterado lo siguiente:

“[A]nte la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o ‘amparo de legalidad’, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio”. (Ver, por ejemplo, las sentencias números 2010-17909, 2020-011247 y 2022-003724).

 

En contraposición a lo dicho sobre esa jurisdicción, la ausencia en un recurso de amparo constitucional de una fase probatoria plenaria que facilite la inmediación y el contradictorio de la prueba imponen necesariamente que, en aras de una adecuada y prudente protección del derecho, se recurra a la vía ordinaria para conocer conflictos medio ambientales de suyo complejos como el que se plantea en el caso concreto. De lo contrario, implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento sumario de tutela de los derechos fundamentales”. (Criterio reiterado en la sentencia nro. 2023-009347).

 

Además, mi línea de resolución es congruente con la nota ‒suscrita juntamente con los magistrados Castillo Víquez y Garita Navarro‒ que me correspondió redactar respecto de la sentencia nro. 2022-009857 y en la cual se hicieron las siguientes consideraciones:

 

“Estimamos necesario consignar esta nota en la que advertimos que, bajo una mejor ponderación, en asuntos ambientales de tanta complejidad ‒como el que se cuestiona en el caso concreto‒ valoramos que corresponde desestimar el recurso para residenciar la discusión en la vía ordinaria en donde con mayores posibilidades probatorias y procesales, así como de ejecución, se examine con detalle la conducta cuestionada.

En primer lugar, se hace necesario enfatizar que consideramos que esta Sala es competente para conocer recursos de amparo relacionados con la lesión al derecho fundamental a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado en los términos del artículo 50 de la Constitución Política. Lo anterior, como lo ha hecho este Tribunal con tanto éxito en el pasado. Sin embargo, advertimos que hay cuestionamientos y denuncias que, por su complejidad, rebasan la naturaleza sumaria del recurso de amparo y, en tales circunstancias, resulta más garantista para todas las partes, e incluso para la tutela efectiva del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de la protección de los recursos naturales, residenciar el conflicto en una vía ordinaria, de conocimiento plenario, en la que con más oportunidades procesales se pueda examinar la prueba y contrastar los agravios. En definitiva, para juzgar con detalle la regularidad de la conducta omisiva y/o activa de las administraciones públicas competentes en la atención y resolución del conflicto ambiental denunciado.

Recuérdese que históricamente esta Sala ha sostenido la línea jurisprudencial de que “el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario porque tiene como única finalidad brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas inminentes a los derechos y libertades fundamentales, por lo que su tramitación no se aviene bien con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas” (entre muchos otros se pueden consultar los votos números 2003-14336, 2006-014421 y 2020-019038). Esta línea jurisprudencial no hace sino recordar la naturaleza propia de este proceso. Por otra parte, a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo se determinó que dicha jurisdicción posee amplias competencias para conocer de agravios como los que se cuestionan en el sub lite. (…)

 

En contraposición, la ausencia de una fase probatoria plenaria que facilite la inmediación y el contradictorio de la prueba, imponen necesariamente que, en aras de una adecuada y prudente protección del derecho, se recurra a la vía ordinaria para conocer conflictos medio ambientales de suyo complejos como el que se plantea en el caso concreto. (…)

 

De la enumeración de agravios y el análisis de la pretensión de la parte recurrente es posible constatar que el conflicto denunciado es sumamente complejo de resolver mediante el proceso de amparo y, por lo tanto, correspondería ser residenciado en una sede ordinaria que, con mayores herramientas, pueda conocer con profundidad la denuncia de fondo, adoptar medidas cautelares y dictar amplias y específicas órdenes para atender la problemática apuntada.

 

La Sala debe conocer de los asuntos ambientales en todos aquellos casos cuya pretensión sea compatible con la naturaleza sumaria del recurso de amparo. Todo lo que pueda conocerse y residenciarse ante la jurisdicción constitucional porque la pretensión es compatible con las cualidades y posibilidades que este proceso otorga, debe mantenerse en esta sede. No así las denuncias ambientales cuya dilucidación requiera para su conocimiento y adecuado análisis un espacio probatorio plenario como el que se prevé en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Esa es la excepción. Estimamos que la regla es entonces que procede conocer en un recurso de amparo cuando sea relativamente sencilla la constatación de la problemática y la Sala tenga las herramientas apropiadas para una oportuna y apropiada reparación, es decir, que su ejecución sea también propia de un proceso sumario.

Al respecto, es preciso advertir que hay agravios que son fácilmente constatables y no sería tan difícil su conocimiento, pero son parte de un todo. Por lo tanto es mejor que ese todo sea residenciado en una sede que, por sus características, permita que el asunto sea conocido integralmente con el análisis de todas las aristas que revisten el caso concreto.

(…)

En definitiva, consideramos que, bajo una mejor ponderación, se hace preciso concluir que hay conflictos que, por su magnitud, requieren necesariamente de un proceso probatorio plenario para su atención y resolución. Este es justamente uno de esos casos, por lo que estimamos que lo correspondiente es declarar sin lugar el recurso y remitir la totalidad del conflicto planteado ‒denuncia por escasez de personal en detrimento de la biodiversidad‒ ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Esta nota la realizamos en aras de garantizar la debida seguridad jurídica en las líneas jurisprudenciales de esta Jurisdicción Constitucional y advertir concretamente en qué consiste el cambio de criterio parcial de los suscritos magistrados”. (Lo destacado no corresponde al original).

 

En consecuencia, salvo el voto y declaro sin lugar el recurso, sin demérito de que la parte recurrente acuda ante la jurisdicción contencioso-administrativa a discutir el objeto de este proceso, donde encontrará mayores garantías para que este sea examinado y resuelto”.

    

En el sub lite, me corresponde por tanto reiterar mi resolución desestimatoria y extenderla para los otros dos agravios que ampara la mayoría de la Sala: la falta de atención técnica del sector Playa Rey y la presunta afectación ocasionada por la actividad agrícola que existe dentro y fuera del Área Silvestre Protegida del Parque Nacional Manuel Antonio.

En efecto, considero que los tres agravios revisten una gran importancia y merecen una intervención inmediata en aras de resguardar la protección del medio ambiente y amparar el derecho fundamental a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. No obstante, por la complejidad que implica abordar la problemática en cuestión (la visitación al parque, el abandono en el área de la Playa Rey ‒y todas las medidas presupuestarias, de infraestructura, de seguridad y de dotación de recurso humano que corresponde adoptar para su atención‒, así como las presuntas afectaciones a las zonas aledañas por la actividad agrícola), se impone un abordaje técnico detallado que supera la naturaleza sumaria del recurso de amparo, no solo en la fase de conocimiento, sino también en la de ejecución de sentencia. Desde mi perspectiva, residenciar este tipo de agravios en la jurisdicción contencioso-administrativa resulta ser más garantista para la protección del medio ambiente, toda vez que la vía ordinaria ofrece mayores posibilidades probatorias y más medidas para velar por un adecuado y oportuno cumplimiento de la decisión jurisdiccional. Al respecto, por ejemplo, en la sentencia n.°2021-020047 relativa a la problemática de la contaminación ambiental en la zona de Crucitas salvé mi voto en lo relativo al cumplimiento de la sentencia y realicé las siguientes consideraciones:

“VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA.

Salvo el voto respecto de la ejecución de la sentencia, la cual, de conformidad con el art. 56 de la LJC, corresponde ser residenciada en el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. A tales efecto, ordeno remitir una copia de esta resolución para que se inicien los procedimientos de ejecución de este fallo.

De conformidad con la LJC la ejecución de las órdenes dictadas por la Sala Constitucional corresponde, en principio, ser fiscalizada por la propia Sala. Sin embargo, el art. 56 de la LJC contempla supuestos de excepción en los que, por determinación de la propia Sala, se ordene residenciar la ejecución de la sentencia en la jurisdicción contencioso administrativa. La norma en cuestión ordena lo siguiente:

“Art. 56. La ejecución de las sentencias corresponde a la Sala Constitucional, salvo en lo relativo a la liquidación y cumplimiento de indemnizaciones y responsabilidades pecuniarias, o en otros aspectos que la propia Sala considere del caso, en que se hará en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción.” (Lo destacado no corresponde al original).

Recuérdese que en el proyecto de ley de discusión de la LJC se preveía originalmente lo siguiente:

“Art. 56. Las sentencias favorables al recurrente se ejecutarán en la vía contencioso-administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley Reguladora de esa Jurisdicción.” (Lo destacado no corresponde al original).

Sin embargo, el texto fue modificado vía moción para que la norma fuera coincidente con lo regulado en el art. 153 de la Constitución Política, pero se realizó la siguiente explicación:

 

“EL SECRETARIO:

Moción No. 68 (32-19) del diputado Chacón Jiménez:

“artículo 57 (antes 56): para que el texto se lea así: “la ejecución de las sentencias corresponde a la Sala Constitucional, salvo en lo relativo a la liquidación y cumplimiento de indemnizaciones o responsabilidades pecuniarias en otros aspectos que la propia Sala considere del caso, en que se hará en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción”.

EL PRESIDENTE:

En discusión la moción leída?

Doctor Piza Escalante:

Aquí había una contradicción con la tesis genérica de que son los Tribunales los que ejecutan sus sentencias y enviaba la Jurisdicción Contencioso Administrativo toda la ejecución; entonces quedaban al aire los otros artículos que le permitían a la Sala ejecutarlos.

Diputado Corrales Bolaños:

En esa parte dice: “o en otros aspectos que la propia Sala considere del aso…”, a qué se está refiriendo?

Doctor Piza Escalante:

La idea es que la Sala, en la vía de ejecución de sentencia, resuelva lo que ella considere que le corresponde. Lo que demás, lo envía a la vía Contencioso Administrativa.

EL SECRETARIO:

Se considera suficientemente discutida la moción?

EL PRESIDENTE:

Discutida. Aprobada (unanimidad, cinco señores diputados presentes).” (SIC. Ver actas de aprobación de la LJC. Lo destacado no corresponde al original).

 

A partir de lo anterior, está claro que la propia LJC autoriza a esta Sala a que resuelva lo que ella considera que le atañe y podría, de estimarlo así, derivar en la jurisdicción contenciosa administrativa los aspectos que ella valore que así corresponde.

 

En el caso concreto, en virtud de la magnitud y complejidad de la orden que procede a girar este Tribunal, estimo que lo más idóneo, a efecto de dar un adecuado seguimiento, es residenciar la fase de ejecución del asunto en la jurisdicción contenciosa administrativa. Lo anterior, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige a esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a algunas de las órdenes consignadas en esta sentencia que revisten aspectos técnicos de gran complejidad.

 

En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (art. 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de LJC, considero que la fase de ejecución, relativa a las órdenes relacionadas con el plan de seguridad, valoración de la magnitud e intensidad del daño ambiental, el levantamiento topográfico de los cuerpos de agua, la valoración y muestreos de los niveles de mercurio en agua, suelo y sedimentos, establecer una línea base de seguimiento y que se tomen las medidas para remediar los daños ambientales, debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código”.

 

Consecuente con lo anterior, considero que los agravios ya citados corresponden ser residenciados en la vía ordinaria.

XII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 de 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 de 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, en cuanto a la problemática por la capacidad de carga no controlada del ingreso al Parque Nacional Manuel Antonio, a la falta de atención del sector Playa Rey, y a la posible afectación que existe por la actividad agrícola que hay dentro y fuera del Área Silvestre Protegida del Parque Nacional Manuel Antonio. Se ordena a Rafael Gutiérrez Rojas, en su condición de Director Ejecutivo, y a Jeffrey Hernández Espinoza, en su condición de Director Regional del Área de Conservación Pacífico Central, ambos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, respectivamente, o a quienes en su lugar ejercieran esos cargos: 1) que en cuanto a la carga de visitación no contralada al Parque Nacional Manuel Antonio se cumpla con lo preceptuado en la sentencia de esta Sala No. 2023-11233 de las 14:00 horas del 12 de mayo de 2023; 2) que establezcan las instancias de coordinación necesarias para que en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, se dote del personal adecuado que atienda la situación de Playa Rey, según las determinaciones identificadas con motivo de los hallazgos encontrados y que son de pleno conocimiento de las autoridades recurridas; y, 3) que en el plazo máximo de nueve meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, se realicen los estudios técnicos correspondientes que permitan identificar la afectación que sobre el parque causan las actividades agropecuarias y conexas, se definan y se ejecuten las medidas que correspondan de conformidad con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el desarrollo humano sostenible y el principio precautorio en materia ambiental. Se les advierte a los recurridos que, de no acatar las órdenes dichas, incurrirán en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se les impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto a la presunta afectación por las obras de infraestructura existentes, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso, por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y declara sin lugar el recurso en lo relativo a la visitación del Parque Nacional Manuel Antonio, el mantenimiento, cuido y administración de la Playa Rey y el abordaje de las actividades agropecuarias en las cercanías del parque nacional. Esto, al estimar que todo lo anterior, por su magnitud y complejidad, debe residenciarse en la jurisdicción contencioso-administrativa. Notifíquese.-

 

 

 

	

Nombre290  V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Nombre319  V.




Nombre3764   A.

	

 

	

Nombre763   N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

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Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-02-2026 17:35:08.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

IV.- Regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment. This Chamber has repeatedly pointed out the State's obligation to protect the environment and to guarantee citizens a healthy and ecologically balanced environment. In this regard, in judgment No. 2022-022070 of 9:20 a.m. on September 23, 2022, it was stated:

"(…) Concerning the nature of the grievances alleged in the case at bar, this Court has repeatedly ruled regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment. For example, in judgment No. 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021, this Chamber indicated:

"Repeatedly, the jurisprudence of this Chamber has stressed that the right to a healthy and ecologically balanced environment is recognized both at the constitutional and conventional levels. Likewise, it has been indicated that effective protection of this right requires that resources be used rationally, in which context the State and the citizenry in general must act according to the principles governing environmental matters. In this vein, specialized doctrine has pointed out that the preventive principle demands that, when there is certainty of possible damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned on compliance with certain requirements. In general, this principle applies when there are risks clearly defined and identified as at least probable; likewise, this principle is useful when there are no technical reports or administrative permits that guarantee the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee eventual negative impacts. On the other hand, the precautionary principle indicates that, when there is danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty should not be used as a reason to postpone the adoption of effective measures based on costs to prevent the degradation of the environment. From the foregoing, it is noted that the principle starts from a reasonable scientific uncertainty together with the threat of serious and irreversible environmental damage. In general terms, a relevant difference between the preventive principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty regarding the risks that an activity or work causes. While in the former there is such certainty, in the latter what is observed is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies. Thus, the Costa Rican State is obliged to adopt measures that guarantee the defense and effective preservation of the environment in accordance with such principles (…)

It is also important to highlight that the Inter-American Court of Human Rights, in Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017, developed matters concerning state obligations in relation to the environment, in the interest of safeguarding the human rights enshrined in the American Convention on Human Rights.

In that opinion, the Court recognized the interrelationship between the protection of the environment and the realization of other rights, insofar as environmental degradation affects the enjoyment and effective development of human rights. In this regard, it stated:

"47. This Court has recognized the existence of an undeniable relationship between the protection of the environment and the realization of other human rights, insofar as environmental degradation and the adverse effects of climate change affect the effective enjoyment of human rights. Likewise, the preamble of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter 'Protocol of San Salvador'), highlights the close relationship between the validity of economic, social and cultural rights - which includes the right to a healthy environment - and that of civil and political rights, and indicates that the different categories of rights constitute an indissoluble whole that finds its basis in the recognition of the dignity of the human person, for which reason they require permanent protection and promotion with the aim of achieving their full validity, without the violation of some ever being justified for the sake of the realization of others (…)

49. For its part, the Inter-American Commission has highlighted that several fundamental rights require, as a necessary precondition for their exercise, a minimum environmental quality, and are profoundly affected by the degradation of natural resources. In the same vein, the OAS General Assembly has recognized the close relationship between environmental protection and human rights (supra para. 22) and emphasized that climate change produces adverse effects on the enjoyment of human rights. 50. In the European sphere, the European Court of Human Rights has recognized that severe environmental degradation can affect an individual's well-being and, consequently, generate violations of people's rights, such as the rights to life, respect for private and family life,68 and private property. Similarly, the African Commission on Human and Peoples' Rights has indicated that the right to a 'general satisfactory environment favorable to development' is closely related to economic and social rights to the extent that the environment affects the quality of life and security of the individual (…) 52. On the other hand, there is broad recognition in international law of the interdependent relationship between environmental protection, sustainable development, and human rights. This interrelationship has been affirmed since the Stockholm Declaration on the Human Environment (hereinafter 'Stockholm Declaration'), where it was established that '[e]conomic and social development is essential to ensure man a favorable living and working environment and to create on Earth the conditions necessary to improve the quality of life,' affirming the need to balance development with the protection of the human environment. Subsequently, in the Rio Declaration on Environment and Development (hereinafter 'Rio Declaration'), States recognized that '[h]uman beings are at the centre of concerns for sustainable development' and, at the same time, emphasized that 'in order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process.' (…) 59. The human right to a healthy environment has been understood as a right with both individual and collective connotations. In its collective dimension, the right to a healthy environment constitutes a universal interest, owed to both present and future generations. However, the right to a healthy environment also has an individual dimension, to the extent that its violation can have direct or indirect repercussions on individuals due to its connection with other rights, such as the right to health, personal integrity, or life, among others. The degradation of the environment can cause irreparable harm to human beings, which is why a healthy environment is a fundamental right for the existence of humanity."

This interrelationship between the environment and the enjoyment of other human rights has also been recognized by the United Nations Human Rights Council, which in resolution A/HRC/RES/46/7, adopted on March 23, 2021, during the 46th session, held:

"Recognizing also that sustainable development and the protection of the environment, including ecosystems, contribute to human well-being and the enjoyment of human rights, in particular the rights to life, the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, an adequate standard of living, adequate food, safe drinking water and sanitation, and housing, and cultural rights (…)" (emphasis not in the original).

V.- Regarding the number of people entering Manuel Antonio National Park daily. In the case at bar, the petitioner considers his fundamental rights violated; as a first grievance, he indicates that, according to an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) carried out on Manuel Antonio National Park, uncontrolled visitation is causing its accelerated deterioration, creating a serious risk for future preservation, this by virtue of the reform of decree No. 22482-MIRENEM that left it to the discretion of the administrative entities to determine the daily number of visitors.

Regarding this grievance, it must be noted that this Chamber recently ruled on this issue and established in judgment No. 2023-011233 of 2:00 p.m. on May 12, 2023, the following:

"VI. - Regarding the specific case. In the case at bar, the petitioner states that Manuel Antonio National Park (PNMA) receives some 3,000 people daily. He alleges that such a number of visitors deteriorates the ecosystem and the sustainability of the park. He notes that there are no scientific studies supporting that tourism load (carga turística), since the last study is from 2010 and only justified a maximum daily visitation of 600 people. He considers that the right to a healthy and ecologically balanced environment is violated. (…)" RGS7/2023

(…) this Chamber was able to verify that some actions have been taken to attend to the Playa Rey sector; certainly, this Court considers that the actions taken have been insufficient, given that, as of the date the report was submitted in this appeal, the issue with the occupation of the land has not been resolved; furthermore, it cannot be verified that preventive actions are being taken by the respondent authorities to prevent the looting of turtle nests and the destruction of the hides (champas) used to await their arrival, nor could it be verified that there is any concrete proposal to request a larger budget or to bring the situation to the attention of the central government, in order to establish some inter-institutional coordination that allows for the execution of real and concrete actions for the due protection, care, and management of the Playa Rey sector.

Note that, as indicated in considering paragraph IV of this judgment and has been extensively developed by this Chamber on previous occasions, for the due protection of the environment, it is necessary that, when there is certainty of possible damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned; however, in this particular case, it appears that the respondent authority has limited itself to carrying out minimal actions to address the issues occurring at Playa Rey, without seeking an effective way to protect the environment and thereby avoid the damage already being caused to it and, with it, to all the ecosystems found in the claimed sector.

By virtue of the foregoing, the appropriate course is to grant the appeal with respect to this point, with the considerations that will be set forth in the operative part of this judgment.

VIII.- Regarding the possible impact that rice and oil palm crops cause in Manuel Antonio National Park. Finally, as a fourth grievance, the petitioner indicates that the proximity of rice and oil palm crops means that the owners carry out drainage works and other works that could be at odds with the site's sustainability. Regarding this point, it was verified that, outside the PNMA's Protected Wilderness Area (Área Silvestre Protegida), the competent authorities identified a polygon, using the natural boundaries of the Río Portalón to the southeast, Río Naranjo to the northwest, the PNMA to the south, and the Costanera Sur to the north, corresponding to 4,092 hectares dedicated to agricultural and livestock production (palma aceitera and livestock farming). In addition, it was also verified that, in the case of the oil palm crop, the drainage channels transport the agrochemicals that did not remain at the application site, this during the rainy season, and in the case of livestock farming, there is soil compaction, contamination from animal excreta, and during the joint field visit with the IGN, 11 remains of dead land turtles were observed, given that the livestock crush them.

In addition to this, the Regional Director of the Central Pacific Conservation Area (Área de Conservación Pacífico Central) of SINAC indicated that, in the PNMA: "these nearby and internal agricultural use areas within the ASP can be called areas of direct environmental effect or damage. But it must also be taken into account that the hydrography presents us with 3 rivers, approximately 5 streams, and several channels that drain into this sector and that are part of a larger system coming from the upper part of the basin, and that these bodies of water bring contamination to this sector. The foregoing indicates to us that the ecosystems of the PNMA, even if the property is consolidated in the name of MINAE, would always be affected by anthropogenic and natural effects from the upper part of the basin."

Thus, the Chamber considers that, both in the report submitted to address the order issued in this proceeding, and in the one provided to answer the evidence sought for a better determination (prueba para mejor resolver) that was requested, given the lack of information on whether or not there is an impact on the National Park's ecosystem by virtue of the existing crops in the area, the respondent authorities were truly remiss and limited themselves to providing scant data on the situation. Furthermore, they attached maps and information from 2005 and 2017 to the report, meaning there is no clarity on the current state of the situation. In this way, although there is no conclusive evidence that could establish potential environmental damage (daño ambiental) from the crops existing in the PNMA area, both outside and inside the Protected Wilderness Area, there is certainly significant doubt about the true impact that exists, and without a doubt, this lack of studies and information to confirm or rule it out, and the inertia of the respondent authorities in the face of the situation, determine that the appeal must be granted with respect to this point, so that the necessary measures are adopted to bring the crops existing in the site into compliance with the law.

The Chamber considers that there is no absolute certainty that the oil palm cultivation activity that has been taking place inside and outside the PNMA's Protected Wilderness Area does not have a negative impact on the environment; the fact of the matter is that the respondent authorities have allowed its operation and limit themselves to providing generic data on the impact caused by it, without truly verifying whether the activity could be causing any damage to the environment or the National Park's ecosystem. Note that the respondent authorities do not mention any environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) or a hydrogeological study to verify the eventual harm to the environment. On the contrary, the Chamber observes in the reports submitted that the agricultural activity in the sector simply operates normally, without major controls in this regard.

Under this reasoning, it is considered necessary for the respondent authorities to immediately adopt the necessary measures to ensure that the agricultural activity occurring inside and outside the Protected Wilderness Area of Manuel Antonio National Park is carried out in accordance with the law, or, in the event that it is proven that such activities could cause damage to the environment, that the corresponding measures be taken to that effect. Thus, the appeal is granted, with the considerations that will be set forth in the operative part of this judgment. (…) RGS7/2023

(…) X.- DISSENTING VOTE OF JUDGE SALAZAR ALVARADO. With all due respect, I dissent from the majority vote that grants the appeal, based on the following reasons:

The protection of a healthy and ecologically balanced environment in the Costa Rican Legal System is safeguarded not only in Article 50 of the Political Constitution but also in a series of laws and executive decrees (regulations) in force, such as the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), Law No. 7554 of October 4, 1995; the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), Law No. 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre), Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, EIA), to cite just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutional review from legality review. In this sense, it is the undersigned's view that this Chamber, through the amparo remedy, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or seriousness, and which directly affects a specific person or community. Otherwise, the issue must be raised and discussed through the channels of ordinary legality. Therefore, the mere non-compliance with obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is properly heard through the channels of ordinary legality – administrative or jurisdictional – where, with much greater breadth, the alleged non-compliances or omissions can be scrutinized. It must be kept in mind that the amparo appeal is a summary, informal, simple, and rapid process, such that from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its powers, and processes a proceeding, with the issuance of administrative acts, its cognizance becomes outside the scope of action of this specialized jurisdiction. For this reason, the review of administrative actions carried out concerning an environmental issue that requires, for its correct assessment, a full knowledge proceeding, is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo process is incompatible with the contrasting or review of technical or legal criteria developed under the framework of the current legal or regulatory norms or with the taking of new and further elements of conviction necessary for the contrasting or review of the criteria already present in the administrative file of the case. The contrary would imply transforming the amparo into an ordinary process of full knowledge, thereby distorting it and rendering nugatory the purposes for which it has been designed, consequently losing its status as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened, in various ways, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its cognizance and oversight corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. It is precisely the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls under the jurisdiction of the ordinary legality channels. Consequently, this appeal should have been rejected outright (rechazado de plano), since its subject matter is a question properly to be discussed, analyzed, and resolved through the ordinary legality channels. However, as this was not done, the appropriate course is to dismiss it (declararlo sin lugar), without making any pronouncement regarding the merits of the issue raised, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the accused administrative actions and behaviors conform or not, in substance, to what is prescribed in the legal system of statutory rank, regarding the protection, guardianship, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. (…) RGS7/2023

XI.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS. Respectfully, I depart from the majority's view and partially dissent from the decision so that the grievances raised herein are referred to the contentious-administrative jurisdiction.

In this regard, I must clarify that in the judgment cited as precedent for the resolution of the present amparo appeal, I saved my vote and declared that, due to the complexity and magnitude of the issues reported, the appropriate course was precisely for the matter to be heard in the aforementioned plenary jurisdiction. In judgment No. 2023-011233, I made the following considerations:

"In the present judgment, the Chamber's majority decided to hear the merits of the amparo case, which discussed what the number of people entering Manuel Antonio National Park should be.

Now then, the issue of the Park's visitation has already been raised before this Court. In this regard, the following has been stated:

"VIII.- Regarding the number of park visitors. The petitioner claims that the number of visitors entering the park exceeds the number permitted by the regulations. The Chamber emphasizes that it is not its role to verify the number of visitors to a national park, as this is a matter of mere ordinary legality. Nor is it observed that the petitioner's allegation is accurate. According to the reports submitted under oath, the number of visitors within the park does not exceed what is stipulated, since access is suspended once the maximum number of visitors has been reached, to be resumed only when tourists leave the park, thereby complying with the stipulated maximum number. Consequently, the claim is rejected." (Judgment No. 2015012955 of 9:20 a.m. on August 21, 2015. Emphasis not in the original).

This decision was reiterated in the following terms:

"III.- REGARDING THE NUMBER OF PEOPLE ENTERING THE PARK. Concerning this point, it is not for this Chamber to verify, in accordance with the applicable infra-constitutional regulations, the number of visitors that may attend a national park, as this is a matter of ordinary legality properly discussed through ordinary legality channels (…). Consequently, the appeal is rejected outright with respect to this point." (Judgment No. 2019008005 of 10:15 a.m. on May 7, 2019. Emphasis not in the original).

I consider that what is appropriate in the present matter is to maintain what was said in those precedents to the effect that it is not for this Chamber to determine the number of visitors that can attend Manuel Antonio National Park and declare whether the criteria applied by the Administration are correct in light of the infra-constitutional regulations.

Indeed, the issue requires examining technical aspects that far exceed the possibilities of a summary process such as the amparo appeal. Bear in mind that to correctly determine the number of visitors, it is necessary to consider variables of a very diverse nature, relating to general socio-environmental impact, infrastructure, personnel, etc. Thus, it is reported that "the carrying capacity (capacidad de carga) of a site is not rigid; it is changeable in the face of a series of factors."

Moreover, the majority orders that the daily number of visitors be 1,120 people, calculated using the flow model applied in December 2022. Note that it opts for a solution that does not even assess aspects as basic as the need to specify visitor limits depending on the time of year. Furthermore, that number, according to what was reported, constitutes "198% of the capacity that the park could receive at that time." It thus appears that even what was ordered by the Chamber may not truly protect the right to an ecologically balanced environment.

This decision that I justify here is, in fact, even more protective of the intervening parties, since certainly in the ordinary jurisdiction there would be a broader evidentiary phase and the possibility of resorting to robust precautionary measures.

What is stated in this dissenting vote is consistent with other resolutions, including some from this Chamber's majority, that endorse this position. For example, in judgment No. 2022017490 – which I was responsible for drafting –

it was resolved as follows:

"In this line, this Chamber considers that the protection of a healthy and ecologically balanced environment in the Costa Rican legal system is provided for not only in article 50 of the Political Constitution —as has already been stated— but also in a series of laws and current executive decrees (regulations), such as the Organic Law of the Environment, Law No. 7554 of October 4, 1995, the Biodiversity Law, Law No. 7788 of April 30, 1998, the Wildlife Conservation Law, Law No. 7317 of October 21, 1992, and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, to cite just a few examples.

This makes it necessary to distinguish in environmental matters when it is appropriate for the Chamber to exercise the guarantee of such right and when the matter, despite referring to said subject, must be heard by the ordinary judge to exercise the legality control that is proper to it.

Thus, in principle, the breach of obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters, even if it has clear and serious repercussions, is proper to be heard in the legality venue —administrative or jurisdictional—.

On the other hand, historically this Chamber has maintained the jurisprudential line that "the amparo proceeding is of an eminently summary nature because its sole purpose is to provide timely protection against violations or imminent threats to fundamental rights and freedoms, and therefore its processing is not well suited to the practice of slow and complex evidentiary proceedings" (among many others, see votes numbers 2003-14336, 2006-014421 and 2020-019038).

In this direction, it is the majority criterion that, via amparo, it should be understood that in general terms this Chamber must hear amparo appeals in which injury to the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged, provided that the challenges and complaints, due to their complexity, do not exceed the summary nature of the amparo appeal. On the contrary, it is more guaranteeing for all parties, and even for the effective protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment and the protection of natural resources, to place the conflict in an ordinary venue, of plenary cognizance, in which with more procedural opportunities the evidence can be examined and the grievances contrasted, in short, to judge in detail the regularity of the omissive and/or active conduct of the competent public administrations in addressing and resolving the reported environmental conflict.

Furthermore, another condition must be met: that the Administration has not intervened (see vote no. 2022-009857). Indeed, when a public entity or body has intervened in various ways or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, particularly if it is complex, the cognizance and oversight of that activity corresponds to the jurisdiction of the contentious-administrative courts. Precisely, it is the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls within the competence of the legality venue. In effect, it is insisted, if there has already been conduct by the Administration that after an administrative procedure has granted subjective rights, has established sanctions, or has dictated a route to solve the reported problem, all of the above based on the application of legal or infralegal provisions, then it would be for the contentious-administrative judges to ensure the legality of such administrative acts. In this sense, from the entry into force of the Contentious-Administrative Procedural Code, it was determined that the contentious-administrative jurisdiction has broad powers to hear grievances such as those challenged in the sub lite. To that effect, this Tribunal has reiterated the following:

"[W]ith the enactment of the Contentious-Administrative Procedural Code (Law No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force as of January 1, 2008, it has become clear that the parties now have a plenary and universal contentious-administrative jurisdiction, extremely expeditious and swift due to the various procedural mechanisms that this legislation incorporates into the legal system, such as the shortening of time limits for carrying out the various procedural acts, the breadth of standing, precautionary measures, the numerus apertus of admissible claims, orality —and its sub-principles of concentration, immediacy, and speed—, the single instance with appeal in specifically limited situations, intra-procedural conciliation, the unified process, the preferential processing proceeding or 'amparo of legality', pure law proceedings, new enforcement measures (coercive fines, substitute or commissarial enforcement, seizure of property from the fiscal domain and some from the public domain), the broad powers of the body of enforcement judges, the extension and adaptation of the effects of jurisprudence to third parties, and the flexibility of the cassation appeal. All these novel procedural institutions have the manifest purpose and goal of achieving procedural economy, speed, promptness, and effective or fulfilled protection of the substantial legal situations of the administered, all with the guarantee of basic fundamental rights such as due process, defense, and adversarial proceedings." (See, for example, judgments numbers 2010-17909, 2020-011247 and 2022-003724).

In contrast to what has been said about that jurisdiction, the absence in a constitutional amparo appeal of a plenary evidentiary phase that facilitates immediacy and the adversarial testing of evidence necessarily imposes that, in the interest of adequate and prudent protection of the right, the ordinary venue be used to hear environmental conflicts that are in themselves complex, such as the one raised in the specific case. Otherwise, it would imply transforming the amparo into an ordinary process of full cognizance, thereby denaturalizing it and rendering nugatory the purposes for which it was designed, with which it would lose its condition as a summary instrument for the protection of fundamental rights." (Criterion reiterated in judgment no. 2023-009347).

Furthermore, my line of resolution is consistent with the note jointly signed with judges Castillo Víquez and Garita Navarro that I was responsible for drafting regarding judgment no. 2022-009857 and in which the following considerations were made:

"We deem it necessary to include this note in which we warn that, under better consideration, in environmental matters of such complexity as the one challenged in the specific case, we assess that it is appropriate to dismiss the appeal to place the discussion in the ordinary venue where, with greater evidentiary and procedural possibilities, as well as enforcement, the questioned conduct can be examined in detail.

First, it is necessary to emphasize that we consider that this Chamber is competent to hear amparo appeals related to the injury to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment under the terms of article 50 of the Political Constitution. The foregoing, as this Tribunal has done so successfully in the past. However, we warn that there are challenges and complaints that, due to their complexity, exceed the summary nature of the amparo appeal and, in such circumstances, it is more guaranteeing for all parties, and even for the effective protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment and the protection of natural resources, to place the conflict in an ordinary venue, of plenary cognizance, in which with more procedural opportunities the evidence can be examined and the grievances contrasted. In short, to judge in detail the regularity of the omissive and/or active conduct of the competent public administrations in addressing and resolving the reported environmental conflict.

It should be recalled that historically this Chamber has maintained the jurisprudential line that "the amparo proceeding is of an eminently summary nature because its sole purpose is to provide timely protection against violations or imminent threats to fundamental rights and freedoms, and therefore its processing is not well suited to the practice of slow and complex evidentiary proceedings" (among many others, see votes numbers 2003-14336, 2006-014421 and 2020-019038). This jurisprudential line does nothing but recall the proper nature of this proceeding. Moreover, from the entry into force of the Contentious-Administrative Procedural Code, it was determined that said jurisdiction has broad powers to hear grievances such as those challenged in the sub lite. (…)

In contrast, the absence of a plenary evidentiary phase that facilitates immediacy and the adversarial testing of evidence necessarily imposes that, in the interest of adequate and prudent protection of the right, the ordinary venue be used to hear environmental conflicts that are in themselves complex, such as the one raised in the specific case. (…)

From the enumeration of grievances and the analysis of the claim of the appellant party, it is possible to verify that the reported conflict is extremely complex to resolve through the amparo proceeding and, therefore, it should be placed in an ordinary venue that, with greater tools, can hear the underlying complaint in depth, adopt precautionary measures, and issue broad and specific orders to address the problem indicated.

The Chamber must hear environmental matters in all those cases whose claim is compatible with the summary nature of the amparo appeal. Everything that can be heard and placed before the constitutional jurisdiction because the claim is compatible with the qualities and possibilities that this proceeding grants must be maintained in this venue. Not so for environmental complaints whose elucidation requires, for their cognizance and adequate analysis, a plenary evidentiary space such as that provided for in the Contentious-Administrative Jurisdiction. That is the exception. We estimate that the rule is, therefore, that it is appropriate to hear in an amparo appeal when the verification of the problem is relatively simple and the Chamber has the appropriate tools for timely and appropriate reparation, that is, that its enforcement is also proper to a summary proceeding.

In this regard, it is necessary to warn that there are grievances that are easily verifiable and whose cognizance would not be so difficult, but they are part of a whole. Therefore, it is better that this whole be placed in a venue that, by its characteristics, allows the matter to be heard integrally with the analysis of all the facets that cover the specific case.

(…)

In short, we consider that, under better consideration, it is necessary to conclude that there are conflicts that, by their magnitude, necessarily require a plenary evidentiary process for their attention and resolution. This is precisely one of those cases, so we estimate that the appropriate course is to dismiss the appeal and refer the entirety of the conflict raised —complaint of staff shortage to the detriment of biodiversity— to the contentious-administrative jurisdiction.

We make this note in the interest of guaranteeing due legal certainty in the jurisprudential lines of this Constitutional Jurisdiction and specifically warning what the partial change of criterion of the undersigned judges consists of." (The highlighting does not correspond to the original).

Consequently, I issue a dissenting vote and dismiss the appeal, without prejudice to the appellant party resorting to the contentious-administrative jurisdiction to discuss the object of this proceeding, where it will find greater guarantees for it to be examined and resolved."

In the sub lite, I must therefore reiterate my dismissal resolution and extend it to the other two grievances upheld by the majority of the Chamber: the lack of technical attention to the Playa Rey sector and the alleged impact caused by the agricultural activity existing inside and outside the Protected Wilderness Area of Manuel Antonio National Park.

In effect, I consider that the three grievances are of great importance and deserve immediate intervention in the interest of safeguarding environmental protection and protecting the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. However, due to the complexity involved in addressing the problem in question (visitation to the park, the abandonment of the Playa Rey area —and all the budgetary, infrastructure, security, and human resource provision measures that must be adopted for its attention—, as well as the alleged impacts on the surrounding areas from agricultural activity), a detailed technical approach is required that exceeds the summary nature of the amparo appeal, not only in the cognizance phase, but also in the enforcement of the judgment. From my perspective, placing these types of grievances in the contentious-administrative jurisdiction turns out to be more guaranteeing for environmental protection, since the ordinary venue offers greater evidentiary possibilities and more measures to ensure adequate and timely compliance with the jurisdictional decision. In this regard, for example, in judgment no. 2021-020047 regarding the problem of environmental contamination in the Crucitas zone, I issued a dissenting vote regarding the enforcement of the judgment and made the following considerations:

"DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS ON THE ENFORCEMENT OF THE JUDGMENT.

I issue a dissenting vote regarding the enforcement of the judgment, which, in accordance with art. 56 of the LJC, should be placed in the Enforcement Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal. To that effect, I order that a copy of this resolution be sent so that the enforcement procedures for this ruling may be initiated.

In accordance with the LJC, the enforcement of the orders issued by the Constitutional Chamber corresponds, in principle, to be supervised by the Chamber itself. However, art. 56 of the LJC provides for exceptional cases in which, by determination of the Chamber itself, the enforcement of the judgment is ordered to be placed in the contentious-administrative jurisdiction. The provision in question orders the following:

"Art. 56. The enforcement of judgments corresponds to the Constitutional Chamber, except with regard to the liquidation and fulfillment of indemnities and pecuniary liabilities, or in other aspects that the Chamber itself deems appropriate, in which case it shall be carried out in the contentious-administrative venue by the judgment enforcement procedure provided for in the law regulating that jurisdiction." (The highlighting does not correspond to the original).

It should be recalled that in the draft law for the discussion of the LJC, the following was originally provided:

"Art. 56. Judgments favorable to the appellant shall be enforced in the contentious-administrative venue by the judgment enforcement procedure provided for in the Law Regulating that Jurisdiction." (The highlighting does not correspond to the original).

However, the text was modified by motion so that the provision would be consistent with what is regulated in art. 153 of the Political Constitution, but the following explanation was made:

"THE SECRETARY:

Motion No. 68 (32-19) of Deputy Chacón Jiménez:

"article 57 (formerly 56): so that the text reads as follows: 'the enforcement of judgments corresponds to the Constitutional Chamber, except with regard to the liquidation and fulfillment of indemnities or pecuniary liabilities in other aspects that the Chamber itself deems appropriate, in which case it shall be carried out in the contentious-administrative venue by the judgment enforcement procedure provided for in the law regulating that jurisdiction.'"

THE PRESIDENT:

Under discussion, the motion read?

Doctor Piza Escalante:

Here there was a contradiction with the general thesis that it is the Tribunals that enforce their judgments and it was sending all enforcement to the Contentious-Administrative Jurisdiction; then the other articles that allowed the Chamber to enforce them were left up in the air.

Deputy Corrales Bolaños:

In that part it says: 'or in other aspects that the Chamber itself deems appropriate…', what is it referring to?

Doctor Piza Escalante:

The idea is that the Chamber, in the judgment enforcement venue, resolves what it considers corresponds to it. The rest, it sends to the Contentious-Administrative venue.

THE SECRETARY:

Is the motion considered sufficiently discussed?

THE PRESIDENT:

Discussed. Approved (unanimity, five deputies present)." (SIC. See approval minutes of the LJC. The highlighting does not correspond to the original).

From the foregoing, it is clear that the LJC itself authorizes this Chamber to resolve what it considers concerns it and could, if it deems it so, refer to the contentious-administrative jurisdiction the aspects that it assesses as corresponding.

In the specific case, by virtue of the magnitude and complexity of the order that this Tribunal proceeds to issue, I estimate that the most suitable course, in order to provide adequate follow-up, is to place the enforcement phase of the matter in the contentious-administrative jurisdiction. The foregoing, due to the lack of adequate mechanisms provided for by the provisions that govern this constitutional jurisdiction to follow up on some of the orders set forth in this judgment that involve technical aspects of great complexity.

In contrast, what is provided by the Contentious-Administrative Procedural Code in matters of enforcement (art. 155 et seq.) has evident advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing liabilities, supervising compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of article 56 of the LJC, I consider that the enforcement phase, relating to the orders related to the security plan, assessment of the magnitude and intensity of the environmental damage, topographic survey of the water bodies, assessment and sampling of mercury levels in water, soil, and sediments, establishing a baseline for monitoring, and taking measures to remedy the environmental damage, must be carried out before the Enforcement Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, under the judgment enforcement rules of said Code."

Consistent with the foregoing, I consider that the aforementioned grievances should be placed in the ordinary venue. (…)" RGS7/2023

Visitor management in a protected area must be rigorously planned to achieve the conservation objectives for which it was created and, at the same time, to ensure that visitors have a quality experience and can satisfy their expectations. For this, it is important to establish the visitor carrying capacity (capacidad de carga de visitación) that sites designated for public use can sustain. Tourism carrying capacity (capacidad de carga turística) is a specific type of environmental carrying capacity (capacidad de carga ambiental) and refers to the biophysical and social capacity of the environment regarding tourism activity and its development (Nombre8802, 1991, cited by Nombre8803, 1996). It represents the maximum level of visitor use that an area can maintain. Environmental carrying capacity can be defined as the capacity of an ecosystem to maintain organisms while maintaining its productivity, adaptability, and capacity for regeneration. It represents the limit of human activity: if this is exceeded, the resource will deteriorate (Nombre8803, 1996). Various methodologies exist to regulate visitor management in protected areas. On June 23, 2014, the National Council of Conservation Areas (Consejo Nacional de Áreas de Conservación, CONAC), through Agreement No. 12, Ordinary Session No. 06-2014, acknowledged and approved the Tool for the Management of Visitor Flows in the Protected Wilderness Areas of SINAC, and instructed the Executive Director to formally officialize said tool, which would be applied on a priority basis in the Protected Wilderness Areas covered by the IDB Tourism Project and, starting in 2015, would gradually be prioritized according to the capacities and tourism potential of the Protected Wilderness Areas. Manuel Antonio National Park (Parque Nacional Manuel Antonio) was one of the 10 Protected Wilderness Areas participating in said project. In December 2015, the process of applying the tool began, and in 2016, with the help of key stakeholders, the first fieldwork was carried out on beaches and trails in the Manuel Antonio sector of the National Park to identify possible indicators to monitor and create the baseline in the required cases. Subsequently, in 2018, the technical tool was presented to the Technical Scientific Committee of the Central Pacific Conservation Area (Área de Conservación Pacífico Central, ACOPAC), in the session of 11-22-2018, where its implementation was agreed upon for the Protected Wilderness Areas of ACOPAC. The execution of the tool consists of seven steps: 1. Management purpose of the Protected Wilderness Area, importance of the site. 2. Analysis of the Protected Wilderness Area's resources and current visitor use. 3. Description of the range of experiences for visitors according to the conditions of the Protected Wilderness Area's resources. 4. Opportunities for potential conditions and experiences at specific locations in the Protected Wilderness Area. 5. Indicators and thresholds for each opportunity 6. Application of indicators and thresholds, analysis, and taking of management actions 7. Adaptation and new application Attached is the tool applied in Manuel Antonio National Park, which uses 18 indicators: 1. Impact on flora by visitors (FCafl) 2. Disturbance of fauna (Fcbio) 3. Water accumulation on trails (Fcane) 4. Appearance of spontaneous trails (Fcase) 5. Impact on the trail base with exposure of roots, rocks, and others (Fcero) 6. Trail expansion - widening (Fcens) 7. Negative visual impact due to the presence of solid waste (Fcivn) 8. Availability of drinking water for visitor use (Fcdap) 9. Human resources for visitor flow management (FCcmr) 10. Infrastructure available for tourism use (Fccmi) 11. Equipment available for tourism services (Fccme) 12. Perception of crowding by the visitor (FCphv) 13. Satisfaction level of the visit experience (Fcsev) 14. Visitor perception of the status and functioning of tourism infrastructure (Fcpit) 15. Visitor perception of the guiding service received (FCgt) 16. Frequency of crimes against visitors (FCdcv) 17. Frequency of visitor accidents within the Park (Fcfav) 18. Vandalism of enabled tourism infrastructure (Fcvit) The results of these indicators were obtained through different application methods: Monitoring Sheet A-1, Monitoring Sheet B-1, Monitoring Sheet C-1, and TCC calculation; these are entered into a template containing the baseline for each indicator, generating the corresponding threshold for the result. Executive Decree 42496-MINAE, Reform to the Public Use Regulation of PNMA (07-16-2020), Article 3, "On the carrying capacity of the public use zone (high intervention)," states that, based on the results of the application of the technical tools established by SINAC, the Regional Directorate of ACOPAC will determine the increase, decrease, or regulation of visitation to the different authorized sites, via administrative resolution. The tool generates a "snapshot of the area," helps identify the resources available for visitor flow management, the indicators for monitoring the impact of the activity within the Protected Wilderness Area, and an approximate number of visitors in the areas enabled for tourism activity. It is important to remember that the carrying capacity of a site is not rigid; it is changeable in the face of a series of factors. For several years, it has been identified that to manage 3,000 daily visitors in Manuel Antonio National Park, 100% of the infrastructure functioning in proper condition, 100% of the required personnel managing the visitor flow in the different areas (entry, trails, beaches), as well as personnel for the other tasks that must be attended to within this functional unit, such as the care and safeguarding of the other areas surrounding those of free visitor access (that is, the high intervention zone), and having 100% of the necessary equipment for the activity within the Protected Wilderness Area (communication, incident response, infrastructure maintenance, among others) are all necessary. Indicator: Impact on flora by visitors (FCafl): The baseline for this indicator created in 2016 corresponds to 3 trees affected by graffiti on the Playa Espadilla Sur trail, which was maintained for several years. However, the latest monitoring reports 17 affected trees on this trail, resulting in an Unacceptable Threshold. In 2016, 4 critical points or sites of higher incidence were detected: Dirección617 and its trail, Playa Espadilla Sur and its trail. The species with the highest incidence were the white-faced monkey, iguanas, and raccoons. The collection of annual incidences began, reaching an initial CF of 0.44. In 2019, there were 24 animal attacks (bites while trying to steal food from visitors). It was recommended to analyze the need to regulate the entry of food into the Park, as the Threshold reached was Unacceptable, and although information was provided to the visitor, reports of animals stealing food were growing. After analyzing information from scientific studies provided by the National University and others before investigations conducted in the Protected Wilderness Area, in July 2020, the reform to the Public Use Regulation for Manuel Antonio National Park was carried out, Decree No. 42496-MINAE, where subsection 14 of Article 12 indicates within the prohibitions for visitors: "Within the limits of Manuel Antonio National Park, hereinafter PNMA, in addition to the prohibitions indicated in the current environmental regulations, visitors are prohibited from: ... Entering with food and/or beverages of any type, under the conditions and with the exceptions established by the Protected Wilderness Area Administration." This helped decrease the incidence of fauna-visitor interaction, managing to lower the correction factor. A CF of 0.67 was reached on Dirección615 and its parallel trail, and a CF of 0.56 was reached on Dirección617 and its parallel trail. The CF reached an Acceptable threshold. Subsequently, when the closure and later reopening of the Protected Wilderness Areas occurred during the COVID-19 Pandemic, the correction factor reached a score of 1, being the Optimal Threshold, that is, zero impact on wildlife with zero incidence of attacks on visitors, being recorded for the visitor management history of Manuel Antonio National Park. Indicator: Perception of crowding by the visitor (FCphv) During 2019, Manuel Antonio National Park remained the Protected Wilderness Area of SINAC with the highest visitation, with a total of 513,050 visits, of which 144,084 were resident visitors (28%) and 368,966 non-resident visitors (72%). In that year, 600 surveys were applied, where 40.16% were Costa Ricans, 6.16% Mexicans, 26.33% Americans, 2.16% Canadians, 15.83% Europeans, 9.36% other nationalities. During Holy Week (April), of the 200 people surveyed, 83% indicated they had not perceived crowding and 17% indicated that they had. During mid-term vacations (July), of the 200 people surveyed, 74.5% indicated they had not perceived crowding, 21.5% indicated that they had, and 4% did not answer the question. For the end-of-year period (December), of the 200 people surveyed, 84% indicated they had not perceived crowding and 16% indicated that they had. The highest incidence occurred during mid-term vacations (July), at 21.5%, lower than the range established for this indicator, resulting in an Optimal Threshold reached. Regarding the indicators Human resources for visitor management, Infrastructure available for tourism use, and Equipment available for tourism services, the established thresholds are presented below. An optimal scenario for PNMA is achieved with a management capacity of 9 out of 10. Indicator: Erosion on trails due to their composition, climatic factors, and visitor use (Fcero) In 2016, the baseline for the 3 sites was identified: the vehicular access road, the sector connecting Playa Manuel Antonio with the restroom facilities, and the Punta Catedral Trail. In 2019, improvements were applied in the sector of the vehicular access road where it presented flooding and erosion, as well as in the part of the sector connecting Playa Manuel Antonio with the restroom facilities, improving the CF, reaching 0.88, 0.88. But the Punta Catedral Trail reached a CF of 0.55 and is currently closed to visitors, meaning this, added to the closed sector of the Puerto Escondido Trail, results in approximately 1,500 linear meters of trail closed to visitors. For this year 2023, the results of the PRONAMEC Protocol for the ecological monitoring of sandy beaches, applied in PNMA, will be analyzed in order to create the baseline for inclusion as new indicators. As can be appreciated, the tool for visitor flow management is easy to apply, allows for the collection of information from different sources, including scientific research conducted in PNMA, among others. Its application is low-cost, only requiring human resources for its application and follow-up. This tool has been presented to other key stakeholders, among them, local tourist guides; for example, on Tuesday, December 7, 2021, a virtual meeting was held with the participation of representatives from the Friends of Manuel Antonio Park Association and the Manuel Antonio Official Tour Guides Association. Subsequently, on March 29, 2022, fieldwork was carried out with the participation of these individuals. Having stated the above, it is evident that said instrument exists and has been conceived precisely to eliminate subjectivity in this type of decision and to make clear the technical-scientific and administrative elements for carrying out an increase or decrease in the park's visitation, so that there is no doubt that the number of visitors received in each of our Protected Wilderness Areas is in accordance with the conditions of our physical facilities, but also with the number of personnel, and the degradation that the ecosystem itself may be presenting due to the same recurrent human presence on the site, surveys of the experience or satisfaction of their visit, among other inputs. (...) Regarding the request for PNMA to be administered by another Conservation Area, it is important to indicate that the territorial division of the Conservation Areas corresponds to ecological principles of management and watershed delimitation; therefore, the request raised by the appellant would lack technical and legal basis since Manuel Antonio National Park is geographically located in the Central Pacific conservation area, located about 60 km from the boundary of the nearest conservation areas, among which are also the Barú National Wildlife Refuge, the Portalón National Wildlife Refuge, which geographically border this protected wilderness area, being a specific management unit. (...) On infrastructure management. Over the years in Manuel Antonio National Park, improvements have been made to the infrastructure (sanitary facilities, trails) that have allowed for improving the environmental conditions regarding the use of this infrastructure, and proof of this is that year after year, the three most visited beaches within PNMA have been awarded the ecological blue flag. The infrastructure that Manuel Antonio National Park has is located in the areas corresponding to the public use zone; it is important to indicate that, according to the zoning of the protected wilderness area established in the General Management Plan, the low, minimal, medium, and high intervention zone areas are established within the National Park, and the infrastructure intended for these areas allows for tourism and institutional use activities; therefore, the impact on the protected wilderness area would be minimal since these areas are intended for the reception and service of the public as well as for use and enjoyment. 4. Regarding the management of the sector known as Playa Rey. Regarding the issue of abandonment alleged by the appellant in the Playa Rey sector, the administration, based on the resources it has had access to, according to report SINAC-ACOPAC-DASP-118-2022, it is important to indicate that in addition to working on the issue of land tenure (tenencia de la tierra), this conservation area, due to budget cuts and therefore the cancellation of positions in previous years specifically for this protected wilderness area, has suffered a reduction in personnel; for this reason, the existing personnel, which is currently only 10 people, and due to the demand for tourism entry in the Manuel Antonio sector, comprehensive attention in the Playa Rey sector has not been possible, specifically in terms of control and protection issues as well as personnel stationed in this sector (...) However, in its time and in operation of the PNMA Trust, it was possible to carry out actions and roadmap plans regarding the issue of land tenure in the sector and its total recovery, among them: • Through FIDEICOMISO NO.1110 PARQUE NACIONAL RECREATIVO PLAYAS DE MANUEL ANTONIO BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, Direct Contracting No. CDFID-000003-2020 was carried out, "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN TOPOGRAFÍA, AGRONOMÍA Y LEGALES PARA REALIZAR ESTUDIOS EL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO SECTOR PLAYA REY." which had as objectives: Work Objectives: 1. Demarcate in the field the boundary of Manuel Antonio National Park, Playa El Rey Sector, as established in Executive Decree 29177 – MINAE. 2. Re-establish the boundaries and define the area of the properties registered and/or occupied by third parties that are located within the boundary of Manuel Antonio National Park, Playa El Rey Sector. 3. Describe and determine the cultivation areas or agricultural and/or livestock activities of those lands registered or in possession of third parties that are located within the boundary of Manuel Antonio National Park, Playa El Rey Sector. 4. Carry out the legal analysis of the juridical situation of each land, in relation to its registration, possession, or Possessory Information Process of the registered properties, in possession, or Possessory Information process in progress that are located within the boundary of Manuel Antonio National Park, Dirección1547. 5. Issue the legal criteria and recommendations for the administration's proceedings before the corresponding instances. 6. Prepare duly founded legal criteria to file the request for opening the corresponding legal process before the Work Objectives: (a) Request Lesivity or Annulment of Registration processes for those privately owned lands that were incorrectly registered according to the law, identified in the studies carried out. (b) Oppose the registration through Possessory Information Processes of those lands located within the park boundary. (c) Carry out the necessary actions for the eviction or evictions of occupants of PNE lands located within the Park boundary. From this consultancy, a follow-up commission was formed by ACOPAC, integrated by the Directorate of Protected Wilderness Areas, a surveyor engineer, the Head of IRT, Legal Advisory, and PNMA Administration; recently in 2022, an agronomy professional was integrated with the aim of following up on the roadmap prepared for the execution of actions to follow according to the results of the consultancy FIDEICOMISO NO.1110. • From this roadmap, the following actions have been carried out: a) Through official letter SINAC-ACOPAC-D-504-2021, the Executive Directorate of SINAC was requested to make the request for Annotation of plans, a procedure carried out through official letter SINAC-DE-1265 because they are partially or totally within Manuel Antonio National Park and encompass mangrove lands. b) This procedure is assigned the case file number (número de expediente) in the Real Estate Registry 2021-636-RIM, by resolution at nine fifty-nine in the morning on September 7, two thousand twenty-one. c) By resolution at nine thirty-six in the morning on April 29, two thousand twenty-two, the Real Estate Registry resolves to immobilize the identified plans. Currently, as part of the analysis that must be carried out of the inputs from the consultancies contracted for the issue of land tenure within Manuel Antonio National Park, as well as the retrospective studies prepared by the National Geographic Institute (IGN) in order to have a clear picture of the existing scenarios in the Dirección1548 sector of this National Park, report SINAC-ACOPAC-PNMA-TT-027-2022 has been generated, and likewise, a case file has been generated with the information of each land and a database for each existing case file detailing the information of each land. After the preparation of case files and a database of case files for each land, once the technical analysis stage has been concluded, the legal analysis stage will begin by the conservation area in order to determine the actions to be taken, whether lesivity processes because possible non-compliance with regulations in the registration of lands is detected, or the corresponding legal process. • Currently, field inspections have been carried out, and with the input generated from the consultancies and IGN reports, it has been determined that the filing of complaints for invasions of PNMA must proceed (...)." In accordance with what has been indicated by the Central Pacific Conservation Area, the decisions made regarding visitation to Manuel Antonio National Park respond to a technically and scientifically valid methodology; therefore, the appellant is not correct, who furthermore does not present any probative means to corroborate their allegations in this regard. Likewise, it is corroborated by the evidence provided in this writ that significant efforts have been made to improve the infrastructure of Manuel Antonio National Park, contrary to what the appellant stated, who limits themselves to making allegations without providing evidence to support their statements. Lastly, significant efforts have also been made to regulate the Playa Rey sector, according to the evidence provided in this writ. The appellant only makes allegations without supporting evidence. The plaintiff is not able to specify or demonstrate the existence of any provision, agreement, or resolution and, in general, of any action, omission, or simple material action not based on an effective administrative act, that has violated, violates, or threatens to violate any of their fundamental rights. On the contrary, with respect to the object of this appeal, this Administration presents sufficient evidence demonstrating the protection corresponding to safeguarding the right to a healthy and ecologically balanced environment in general and in the Protected Wilderness Area Manuel Antonio National Park in particular (...)". \n\n4.- Through a writ added to the digital case file at 11:32 a.m. on March 21, 2023, Jeffrey Hernández Espinoza, under oath, in his capacity as Regional Director of the Central Pacific Conservation Area of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy, reports to the same effect as the Executive Director of SINAC.\n\n5.- In a resolution at 11:41 a.m. on May 16, 2023, evidence for a better decision (prueba para mejor resolver) is requested from the respondent authorities.\n\n6.- Through a writ added to the digital case file at 8:41 a.m. on May 18, 2023, Jeffrey Hernández Espinoza, under oath, in his capacity as Regional Director of the Central Pacific Conservation Area of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy, reports that "(...) In Manuel Antonio National Park, there is infrastructure for administrative and special use, such as a staff house, with a parking area, a warehouse, an administrative office, which is located in the high intervention zone established in accordance with the zoning for the national park. Likewise, infrastructure areas have been developed for visitor use in the public use zones (medium and high intervention) established in accordance with the zoning of the protected wilderness area; such as 8 modules of sanitary facilities (4 for men and 4 for women) distributed as follows: one at the entrance of the national park, another at Dirección615, another at Dirección617, and another at the trail junction towards the Lookouts. Also, there is an observation tower located between Playa Manuel Antonio and Playa Espadilla Sur. In addition, there is a network of 12 trails within the areas established in the park's zoning leading to the different tourist attractions offered by the National Park (...) The trails are located within the medium and high intervention zones in which, according to the established zoning, permanent services and facilities for sustainable tourism can be developed. Similarly, at the entrance to the national park, there is an area for visitor reception which has two restrooms suitable for Law 7600 and a small office for scanning entry tickets; this infrastructure is in the high intervention zone defined in the zoning. In the Playa Rey sector, which is part of Manuel Antonio National Park, there is currently no type of infrastructure. The infrastructure has been 100% utilized since its use is constant and daily. Minimal maintenance has been performed on it; however, the budget cuts made to the Conservation Area have not allowed for having all the existing infrastructure in optimal conditions for the use and enjoyment of visitors and users in general (...) there are limitations in personnel and budget, despite having land and marine vehicles (these without use due to a lack of trained personnel). Focusing on what has been done on the issue of land tenure, there are two consultancies carried out, which are the following: • Report "Estudio de la tenencia de la Tierra Parque Nacional Manuel Antonio Sector Playa Rey, April 2012. • Report "Contratación de servicios técnicos y profesionales en topografía, agronomía y legal para realizar estudios El Parque Nacional Manuel Antonio Sector Playa Rey" June 2020. The first document was apparently done using the input "ESTUDIO FOTOINTERPRETATIVO PARA COMPARAR AREAS DE MANGLAR Y HUMEDAL EN TRES PERIODOS DIFERENTES EN EL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO Y ÁREAS ALEDAÑAS A LOS LIMITES ACTUALES, UBICADO EN LA Dirección1549:" which uses aerial photographic images of the sector from the years 1947, 1949, 1961, and 2003; however, ACOPAC did not implement the recommendations. Consequently, in 2020, another study was undertaken where 50 case files or folders were prepared, where, for almost all cases, the following were conducted: 1) Legal analysis, 2) agricultural categorization, and 3) census. From the legal analyses, in several cases, it is recommended to request retrospective studies to determine if, in the past, the property was affected by mangrove or estuary. The aforementioned leads to the conclusion that the consultancy was unaware of the existence of said photo-interpretive studies conducted by the IGN in 2009. The digital inputs of said studies were in ACOPAC but lacked a signature, and it was not known how they arrived at the institution; therefore, through official letter SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-TT-024-2022, the report DEGEO-0110-09 was requested with all the inputs that were generated. Through official letter DIG-TOT-0400-2022, the IGN delivered said inputs. With these inputs, a general analysis of the reality of the mosaic delivered by the 2020 consultancy was developed, detailed in official letter SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-TT-027-2022 "Informe preliminar para establecer la estrategia del abordaje de la tenencia de tierras en el sector de Playa Rey del PNMA y ecosistemas adyacentes"; in said report, the observation emerges regarding Cartographic Sheet Nombre8804 3344-II-IGN-1978 where, according to the conventional signs of said sheet, Laguna Negraforral had mangrove trees in the photos that generated said cartography. This is why, through official letters SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-TT-028-2022 and SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-TT041-2022, clarification and photo-interpretive studies are requested from the IGN. The IGN responded through official letters DIG-TOT-0433-2022 and DIG-TOT-506-2022. With the inputs indicated above, a work plan was prepared to address the land tenure problem, actions PP1-20-E6 described in official letter SINACACOPAC-PNMA-RBS-TT-032-2022, where the site was approached by sectors as follows: 1. Sector 1, possible estuarine system, in the bodies of water of Quebrada Chica and Quebrada Pastora, maximum coordinate Placa845 Placa846. Requires 2 days. 2. Sector 2, soil verification from La Pastora to Quebrada Llorona, maximum coordinate Placa851 Placa847. Requires 2 days. 3. Sector 3, soil verification of Laguna Negraforral, maximum coordinate Placa852 Placa848. Requires 2 days. 4. Sector 4, verification of mangrove presence in Estero Garita and tributary channels thereof, maximum coordinate Placa849 Placa850. Requires 2 days. 5. Sector 5, soil verification and presence of mangrove on the southern margin of the Río Savegre, passing through Quebrada Barbudal, taking into account all lands that are outside the Protected Wilderness Area and are planted with palm, rice, or are pastures. Requires 2 days. The above is under the following methodology, which prioritizes searching for indications that corroborate what was indicated by the photo-interpretive studies of the IGN in the following way: • First phase is oriented to the corroboration of the mangrove layers from the 2009 IGN study and on Laguna Negraforral. • Second phase, addressing the four cases that are immobilized in the National Registry, with the aim of giving them technical support. • Third phase, field visits to scenario one of the report, which are the properties affected by the mangrove layers of the 2009 IGN study, totaling 37 cases. • Fourth phase, field visits to scenario two of the report, which represents the properties affected by the presence of mangrove indicated in the official chart Nombre8804.

Fifth phase, office-based studies of scenario three of the report, which represents the properties that may be affected by the estuaries (rías). Sixth phase, field visits of scenario four, survey of the ecosystems adjacent to the Negraforral lagoon. To date, the following field visits have been carried out: Of the estuaries (rías) of the Naranjo and Savegre rivers, 4 days were invested in this and two reports were prepared. Visits carried out on July 18 and 26, 2022, where observations could be made for sectors 1, 2, and 4. 4 inspections are carried out to prepare a report for the Prosecutor's Office of Nombre8804 for mangrove invasion. Visits of September 1 and 8, like the previous tour, it was not possible to enter the Quebrada Chica sector, due to flooding; this sector must be revisited in the summer. Additionally, the presence of mangrove in the Garita estuary (estero) and the mouth of the Savegre River is verified. Visits of September 30, December 13 and 14 to the Quebrada Barbudal sector and a forest patch (parche de bosque) within the Dirección1550. In this case, the head of the Wetlands Program is asked to provide an opinion on the forest patch and Quebrada Barbudal (…) Regarding the control and protection axis, taking advantage of the field visits, the ocular inspection reports SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-TT-023-2022 were developed, in which observed traces of the presence of people at the mouth of the Savegre River and the mouth of the Naranjo River are indicated, SINAC-ACOPAC-PNMARBS-TT-034-2022, in which it is indicated that traces of the presence of people at the mouth of the Naranjo River continue to be observed, and in SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-TT-046-2022, the presence of people collecting coconuts in the Estero Garita sector is indicated, the destruction of multiple makeshift shelters (champas) used to wait for the arrival of turtles, a clandestine port on private property near the mouth of the Savegre River, and the identification of 33 turtle nests, of which 70% were removed, 24% depredated, and 6% were in good condition. In conclusion, approximately 15 visits were made to the Playa Rey sector, addressing 28 cases of land tenure (tenencia de tierras) files, 2 identified estuaries (rías), one of which underwent a new verification this year; we are awaiting the opinion of the head of the Wetlands Program on the cases of Quebrada Barbudal and the forest patch (parche de bosque) of the Dirección1550; 3 ocular inspection reports were prepared for the person in charge of Control and Protection of the PNMA. Seeking to consolidate land tenure in the Playa Rey sector implies two actions: first, based on the cadastral mosaic developed by the 2020 consultancy, measure the vacant lots (baldíos) of information and register them under Nombre317 of MINAE; and second, in parallel, file proceedings before the corresponding authorities for the recovery of the areas that were occupied by mangrove according to the studies prepared by the IGN in 2009 and 2020. However, personnel are required to carry out this work, and the park's current staff is insufficient to cope with the increase in the visitation carrying capacity and also maintain a presence in the Playa El Rey sector. It should be added that from April 24 to 27 of this year, a joint tour was carried out with IGN officials within the framework of field verification (…) Regarding the issue of cultivation areas outside and inside the ASP. For areas outside the ASP, a polygon was constructed, which is shown in the following map with a black line, using the natural boundaries of the Portalón River to the southeast, the Naranjo River to the northwest, the PNMA boundary to the south, and the South Coastal Highway (costanera sur) to the north. As observed, there are 4092 hectares dedicated to agricultural production (oil palm and cattle ranching). Both activities directly and indirectly affect the wetland ecosystems both outside and inside the ASP. In the case of palm cultivation, the drainage channels transport agrochemicals that were not fixed at the application site, especially during the rainy season, and in the case of cattle ranching, there is soil compaction, contamination from animal excreta, and during the last joint tour with the IGN, 11 remains of terrestrial turtles killed because cattle crush them were observed (sic) (…) Within the PNMA, using the 2017 image found in the SNIT, there are 74 hectares of African Palm cultivation, of which approximately 50 ha were palm and 15 ha were pastureland (potrero) as of 2005. By 2017, there are approximately 67 ha of pastureland (potreros). To conclude this point, it must be considered that these nearby and internal agricultural use areas within the ASP can be termed as having a direct environmental effect or damage. But it must also be taken into account that the hydrography presents us with 3 rivers, approximately 5 streams (quebradas), and several channels that drain in this sector and are part of a larger system originating from the upper part of the basin, and that these bodies of water bring contamination to this sector. The foregoing indicates that the ecosystems of the PNMA, even if the property is consolidated under Nombre317 of MINAE, would always be affected by anthropogenic and natural effects from the upper part of the basin (…)”.

7.- By means of a document added to the digital file at 11:29 a.m. on May 19, 2023, the Minister of Environment and Energy indicates that he informed the Secretariat of the Constitutional Chamber of the correct means for making notifications to SINAC.

8.- By means of a certification dated May 24, 2023, it is indicated that there is no record that the Executive Director of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy submitted the report requested by this Chamber.

9.- In the substantiation of the process, the prescriptions of law have been observed.

Drafted by Magistrate Araya García; and,

Considering:

I.- Purpose of the appeal. The appellant considers his fundamental rights violated, by virtue of the following grievances: 1) in accordance with an environmental impact study (estudio de impacto ambiental) carried out on the Manuel Antonio National Park, uncontrolled visitation is causing its accelerated deterioration, creating a serious risk for future preservation, this by virtue of the reform of Decree No. Nombre8801 which left it to the discretion of the administrative entities to determine the daily number of visitors; 2) other factors affecting the natural environment of that National Park are the proliferation of infrastructure works such as sanitary facilities in fragile zones, zones that would not withstand the use of a large number of visitors; 3) in the "Play Rey Sector" of the National Park, the park authorities abandoned its care and management, and it does not have a post on site nor resident personnel; and 4) the proximity of rice and oil palm crops causes the owners to carry out drainage and works that could be incompatible with the sustainability of the site.

II.- Proven facts. Of relevance to resolve this amparo appeal, the following are taken as proven:

A.- Regarding the carrying capacity of the Manuel Antonio National Park:

1) Through Agreement No. 12, Ordinary Session No. 06-2014 of June 23, 2014, the National Council of Conservation Areas acknowledged and approved the tool for managing visitation flows in the Protected Wilderness Areas (Áreas Silvestres Protegidas, ASP) of SINAC, and instructed the Executive Director to formally officialize said tool, which would be of priority application in the ASPs covered by the IDB Tourism Project and, starting in 2015, would gradually be prioritized according to the capacities and tourism potential of the ASPs, one of these being the Manuel Antonio Park (see report rendered under oath).

2) In December 2015, a process of applying the tool began, and in 2016, the first fieldwork was carried out on beaches and trails (senderos) of the Manuel Antonio sector of the National Park, in order to identify possible indicators to monitor and create the baseline in the required cases (see report rendered under oath).

3) In 2018, the technical tool was presented to the Technical Scientific Committee of the Central Pacific Conservation Area (ACOPAC), in the session of 11-22-2018, in which its implementation was agreed upon for the Protected Wilderness Areas of ACOPAC (see report rendered under oath).

4) The execution of the technical tool is composed of seven steps, namely: "1. Management purpose of the ASP, importance of the site. 2. Analysis of the ASP resources and current use by visitors. 3. Description of the range of experiences for visitors according to the conditions of the ASP resources. 4. Opportunities for conditions and potential experiences at specific places in the ASP. 5. Indicators and thresholds for each opportunity. 6. Application of indicators and thresholds, analysis, and taking of management actions. 7. Adaptation and new application" (see report rendered under oath and evidence provided in the digital file).

5) Through resolution SINAC-ACOPAC-DRES-039-2021 at 3:05 p.m. on April 30, 2021, the respondent party established a maximum of 1500 daily visitors to the Manuel Antonio National Park (see report rendered under oath and evidence provided in the digital file).

6) By resolution INAC-ACOPAC-DRES-042-2021 at 3:20 p.m. on August 5, 2021, the respondent party increased the capacity (aforo) to a maximum of 2000 daily visitors (see report rendered under oath and evidence provided in the digital file).

7) In December 2022, the visitor flow model showed a carrying capacity of 1120 daily visitors (see report rendered under oath and evidence provided in the digital file).

8) In 2023, the respondent authorities increased the permitted visitation to 3000 daily visitors (see report rendered under oath and evidence provided in the digital file).

9) Through official communication SINAC-ACOPAC-D-140-2023 of March 16, 2023, the Regional Director and the Director of Protected Wilderness Areas of the Central Pacific Conservation Area expressed to the Executive Director of SINAC their concern about the hierarchical decisions related to park visitation (see report rendered under oath and evidence provided in the digital file).

B.- Indicator: Affectation of flora by visitors (Fcafl):

10) According to official communication No. SINAC-ACOPAC-AL-016-2023, in 2016 "4 critical points or sites of greatest incidence were detected: Dirección617 and its trail (sendero), Espadilla Sur beach and its trail (sendero). The species with the greatest incidence were the white-faced monkey, iguanas, and raccoons. The collection of annual incidences began, reaching an initial FC of 0.44" (see report rendered under oath and evidence provided in the digital file).

11) In 2019, due to the recorded animal attacks, it was recommended to "analyze the need to regulate the entry of food into the Park, since the Threshold reached was Unacceptable, and although information was provided to the visitor, reports of animals stealing food were growing." (see report rendered under oath and evidence provided in the digital file).

C.- Indicator: Perception of overcrowding by the visitor (FCphv):

12) According to official communication No. SINAC-ACOPAC-AL-016-2023, during 2019, the Manuel Antonio National Park remained the ASP of SINAC with the highest visitation, with a total of 513,050 visits, "where 144,084 were resident visitors (28%) and 368,966 non-resident visitors (72%). In this year, 600 surveys were applied, where 40.16% were Costa Rican, 6.16% Mexican, 26.33% U.S. American, 2.16% Canadian, 15.83% European, 9.36% other nationalities. During Holy Week (April), of the 200 people surveyed, 83% indicated that they did not perceive overcrowding and 17% indicated that they did. During mid-term vacations (July), of the 200 people surveyed, 74.5% indicated that they did not perceive overcrowding, 21.5% indicated that they did, and 4% did not answer the question. For the year-end period (December), of the 200 people surveyed, 84% indicated that they did not perceive overcrowding and 16% indicated that they did. The highest incidence occurred during mid-term vacations (July), with 21.5%, below the range established for this indicator, resulting in an Optimal Threshold achieved" (see report rendered under oath and evidence provided in the digital file).

D.- Regarding the indicators: Human resources for visitor management, Infrastructure available for tourism use, and Equipment available for tourism services:

13) In 2016, the baseline was identified for 3 sites: the vehicular access road, the sector connecting Manuel Antonio Beach with the restroom blocks (baterías de baños), and the Punta Catedral Trail (sendero) (see report rendered under oath and evidence provided in the digital file).

14) In 2019, improvements were applied in the sector of the vehicular access road where it presented flooding and erosion, as well as in the part of the sector connecting Manuel Antonio Beach with the restroom blocks (baterías de baños), "improving the FC, reaching 0.88, 0.88 (…) the Punta Catedral Trail (sendero) reached an FC of 0.55 and is currently closed to visitors, that is, this, added to the closed sector of the Puerto Escondido Trail (sendero), results in approximately 1,500 linear meters of trail (sendero) closed to visitors" (see report rendered under oath and evidence provided in the digital file).

15) On December 7, 2021, a virtual meeting was held with the participation of representatives of the Friends of Manuel Antonio Park Association and the Manuel Antonio Official Tour Guides Association, regarding the infrastructures within the Park; and on March 29, 2022, a visit and fieldwork was carried out with the participation of such entities (see report rendered under oath).

16) In the Manuel Antonio National Park, improvements have been made to the infrastructure (restroom blocks (baterías sanitarias), trails (senderos)) that have allowed for improving the environmental conditions regarding the use of this infrastructure, which is located in the areas corresponding to the public use zone (see report rendered under oath).

17) According to the report of the Regional Director of the Central Pacific Conservation Area of SINAC, in the PNMA: "there is infrastructure for administrative and special use such as a staff house with a parking area, a warehouse, an administrative office, which is located in the high-intervention zone established according to the zoning for the national park. Likewise, infrastructure areas have been developed intended for visitor use in the public use zones (medium and high intervention) established according to the zoning of the protected wilderness area; such as 8 restroom block modules (baterías sanitarias) (4 for men and 4 for women) distributed as follows: one at the entrance of the national park, another at Playa Espadilla Sur, another at Playa Manuel Antonio, and another at the trail crossing towards the Lookouts. Also, there is an observation tower located between Playa Manuel Antonio and Playa Espadilla Sur. Additionally, there is a network of 12 trails (senderos) within the areas established in the park's zoning towards the different tourist attractions offered by the National Park (…) The trails (senderos) are located within the medium and high intervention zones in which, according to the established zoning, permanent services and facilities for sustainable tourism can be developed. Similarly, at the entrance to the national park, there is a visitor reception area which has two sanitary facilities compliant with law 7600 and a small office for scanning entry tickets; this infrastructure is in the high-intervention zone defined in the zoning. In the Playa Rey sector, which is part of the Manuel Antonio National Park, there is currently no type of infrastructure (…)" (see report rendered under oath and evidence provided in the file).

Nombre8805.- Regarding the management of the Playa Rey Sector:

18) According to report No. SINAC-ACOPAC-DASP-118-2022, due to budget cuts, it has suffered a reduction in personnel; therefore, the existing staff, which is currently only 10 people, and due to the demand for tourism entry in the Manuel Antonio sector, comprehensive attention in the Playa Rey sector has not been possible, namely in terms of control and protection matters, as well as personnel (see report rendered under oath).

19) Through "Trust No. 1110 Manuel Antonio Beaches National Recreational Park Banco Nacional de Costa Rica", the following actions and roadmaps were carried out in the sector: "Direct Contracting No. CDFID-000003-2020 'CONTRACTING OF TECHNICAL AND PROFESSIONAL SERVICES IN TOPOGRAPHY, AGRONOMY, AND LEGAL TO CARRY OUT STUDIES IN THE MANUEL ANTONIO NATIONAL PARK, PLAYA REY SECTOR' was carried out, which had the following objectives: Work Objectives: 1. Demarcate in the field the boundary of the Manuel Antonio National Park, Playa El Rey Sector, as established in Executive Decree 29177 – MINAE. 2. Re-establish the adjoining boundaries (colindancias) and define the area of the registered properties and/or properties occupied by third parties that are located within the boundary of the Manuel Antonio National Park, Playa El Rey Sector. 3. Describe and determine the cultivation areas or agricultural and/or livestock activities of those lands of registered ownership or in possession of third parties that are located within the boundary of the Manuel Antonio National Park, Playa El Rey Sector. 4. Carry out the legal analysis of the legal situation of each land, in relation to its registration, possession, or Possessory Information Process of the registered properties, in possession, or in-process Possessory Information proceedings that are located within the boundary of the Manuel Antonio National Park, Playa El Rey Sector. 5. Issue legal opinions and recommendations for the administration's course of action before the corresponding authorities. 6. Prepare duly substantiated legal opinions to file the request for initiation of the corresponding legal process before the Work Objectives: (a) Request Lesivity (Lesividad) or Annulment of Registration processes for those privately owned lands that were incorrectly registered, as corresponds by law, identified in the studies carried out. (b) Oppose the registration through Possessory Information Processes of those lands located within the park boundary. (c) Carry out the necessary actions for the eviction or evictions of occupants of PNE lands located within the Park boundary. From this consultancy, a follow-up commission was formed by ACOPAC, integrated by the ASP Directorate, a topographer engineer, the person in charge of IRT, Legal Advisory, and the Administration of the PNMA" (see report rendered under oath and evidence provided in the digital file).

20) In 2022, a professional in agronomy was integrated for the purpose of following up on the roadmap prepared for the execution of actions to be taken according to the results of the Trust No. 1110 consultancy, from which the following was determined: "a) Through official communication SINAC-ACOPAC-D-504-2021, the Executive Directorate of SINAC was requested to make the request for Annotation of plans, a step carried out through official communication SINAC-DE-1265 because they are partially or totally within the Manuel Antonio National Park and encompass mangrove lands. b) This procedure is assigned file number 2021-636-RIM at the Real Property Registry, by resolution at nine fifty-nine on September seven, two thousand twenty-one. c) By resolution at nine thirty-six on April twenty-nine, two thousand twenty-two, the Real Property Registry resolves to immobilize the identified plans. Currently, as part of the analysis that must be carried out of the inputs from the consultancies contracted for the issue of land tenure within the Manuel Antonio National Park, as well as the retrospective studies prepared by the National Geographic Institute to have a clear picture of the existing scenarios in the Playa el Rey sector of this National Park, report SINAC-ACOPAC-PNMA-TT-027-2022 has been generated, and likewise, a file has been generated with the information of each land and a database for each existing file detailing the information of each land. After the preparation of files and the database of files for each land, once the technical analysis stage is concluded, the legal analysis stage will begin by the conservation area to determine the actions to be taken, either lesivity (lesividad) processes because possible breaches of regulations in the registration of the lands are detected, or the corresponding legal process. • Currently, field inspections have been carried out, and with the input generated from the consultancies and IGN reports, it has been determined that proceed with filing complaints for invasions of the PNMA" (see report rendered under oath and evidence provided in the digital file).

21) According to the report of the Regional Director of the Central Pacific Conservation Area of SINAC, in the PNMA: "Regarding the control and protection axis, taking advantage of the field visits, the ocular inspection reports SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-TT-023-2022 were developed, in which observed traces of the presence of people at the mouth of the Savegre River and the mouth of the Naranjo River are indicated, SINAC-ACOPAC-PNMARBS-TT-034-2022, in which it is indicated that traces of the presence of people at the mouth of the Naranjo River continue to be observed, and in SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-TT-046-2022, the presence of people collecting coconuts in the Estero Garita sector is indicated, the destruction of multiple makeshift shelters (champas) used to wait for the arrival of turtles, a clandestine port on private property near the mouth of the Savegre River, and the identification of 33 turtle nests, of which 70% were removed, 24% depredated, and 6% were in good condition. In conclusion, approximately 15 visits were made to the Playa Rey sector, addressing 28 cases of land tenure (tenencia de tierras) files, 2 identified estuaries (rías), one of which underwent a new verification this year; we are awaiting the opinion of the head of the Wetlands Program on the cases of Quebrada Barbudal and the forest patch (parche de bosque) of property 29; 3 ocular inspection reports were prepared for the person in charge of Control and Protection of the PNMA" (see report rendered under oath and evidence provided in the file).

Nombre624.- Regarding the crops affecting the PNMA:

22) Outside the Protected Wilderness Area of the PNMA, the competent authorities determined a polygon, using the natural boundaries of the Portalón River to the southeast, the Naranjo River to the northwest, the PNMA to the south, and the South Coastal Highway (Costanera Sur) to the north, which corresponds to 4092 hectares dedicated to agricultural production (oil palm and cattle ranching) (see report rendered under oath and evidence provided in the file).

23) In the case of palm cultivation, the drainage channels transport agrochemicals that were not fixed at the application site, especially during the rainy season, and in the case of cattle ranching, there is soil compaction, contamination from animal excreta, and during the last joint tour with the IGN, 11 remains of terrestrial turtles killed because cattle crush them were observed (see report rendered under oath and evidence provided in the file).

24) Within the PNMA, using the 2017 image found in the SNIT, there are 74 hectares of African Palm cultivation, of which approximately 50 hectares were palm and 15 hectares were pastureland (potrero) as of 2005 (see report rendered under oath and evidence provided in the file).

25) According to the Regional Director of the Central Pacific Conservation Area of SINAC, in the PNMA: "these nearby and internal agricultural use areas within the ASP can be termed as having a direct environmental effect or damage. But it must also be taken into account that the hydrography presents us with 3 rivers, approximately 5 streams (quebradas), and several channels that drain in this sector and are part of a larger system originating from the upper part of the basin, and that these bodies of water bring contamination to this sector. The foregoing indicates that the ecosystems of the PNMA, even if the property is consolidated under Nombre317 of MINAE, would always be affected by anthropogenic and natural effects from the upper part of the basin" (see report rendered under oath).

III.- Unproven fact. The following fact was not considered duly demonstrated: Sole. - That the respective technical tools were applied to increase visitation to the Manuel Antonio National Park to 3000 people daily.

IV.- Regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment. This Chamber has repeatedly pointed out the State's obligation to protect the environment and to guarantee citizens a healthy and ecologically balanced environment. In this regard, in judgment No. 2022-022070 at 9:20 a.m. on September 23, 2022, it was stated:

"(…) Concerning the nature of the grievances alleged in the sub lite, this Court has repeatedly ruled regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment. For example, in judgment No. 2021024807 at 9:20 a.m. on November 5, 2021, this Chamber stated:

'On repeated occasions, the jurisprudence of this Chamber has underlined that the right to a healthy and ecologically balanced environment is recognized both at the constitutional and conventional levels. Likewise, it has been indicated that the effective protection of this right requires that resources be used in a rational manner, a context in which the State and the general citizenry must act according to the principles governing environmental matters. In this vein, the specialized doctrine has pointed out that the preventive principle demands that, when there is certainty of possible damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned on compliance with certain requirements. In general, this principle applies when there are clearly defined risks identified at least as probable; likewise, this principle is useful when there are no technical reports or administrative permits that guarantee the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee eventual negative impacts. On the other hand, the precautionary principle states that, where there is danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty should not be used as a reason to postpone the adoption of effective measures based on the costs to prevent environmental degradation. From the foregoing, it is noted that the principle starts from reasonable scientific uncertainty together with the threat of serious and irreversible environmental damage. In general terms, a relevant difference between the preventive principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty of the risks that an activity or project causes. While in the former such certainty exists, in the latter what is observed is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies. Thus, the Costa Rican State is obliged to adopt the measures that guarantee the effective defense and preservation of the environment in accordance with such principles (…)

It is also important to highlight that the Inter-American Court of Human Rights, in Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017, developed that related to state obligations in relation to the environment, in the interest of safeguarding the human rights enshrined in the American Convention on Human Rights.

In that opinion, the Court recognized the interrelationship between the protection of the environment and the realization of other rights, insofar as environmental degradation affects the effective enjoyment and development of human rights. In that sense, it stated:

'47. This Court has recognized the existence of an undeniable relationship between the protection of the environment and the realization of other human rights, insofar as environmental degradation and the adverse effects of climate change affect the effective enjoyment of human rights. Likewise, the preamble of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social, and Cultural Rights (hereinafter "Protocol of San Salvador"), highlights the close relationship between the validity of economic, social, and cultural rights—which includes the right to a healthy environment—and that of civil and political rights, and indicates that the different categories of rights constitute an indissoluble whole that finds its basis in the recognition of the dignity of the human person, for which they require permanent protection and promotion with the purpose of achieving their full validity, without the violation of some ever being justified in favor of the realization of others (…)

49. For its part, the Inter-American Commission has emphasized that several fundamental rights require, as a necessary precondition for their exercise, a minimal environmental quality, and are profoundly affected by the degradation of natural resources.

In the same vein, the OAS General Assembly has recognized the close relationship between environmental protection and human rights (supra para. 22) and highlighted that climate change produces adverse effects on the enjoyment of human rights. 50. In the European sphere, the European Court of Human Rights has recognized that severe degradation of the environment can affect an individual’s well-being and, consequently, give rise to violations of persons’ rights, such as the rights to life, to respect for private and family life68, and to private property. Similarly, the African Commission on Human and Peoples’ Rights has indicated that the right to a “general satisfactory environment favorable to development” is closely linked to economic and social rights inasmuch as the environment affects the quality of life and security of the individual (…) 52. Moreover, there is broad recognition in international law of the interdependent relationship between environmental protection, sustainable development, and human rights. This interrelationship has been affirmed since the Stockholm Declaration on the Human Environment (hereinafter “Stockholm Declaration”), where it was established that “[e]conomic and social development is essential for ensuring a favorable living and working environment for man and for creating conditions on earth necessary to improve the quality of life,” affirming the need to balance development with protection of the human environment. Subsequently, in the Rio Declaration on Environment and Development (hereinafter “Rio Declaration”), states recognized that “[h]uman beings are at the centre of concerns for sustainable development” and, at the same time, highlighted that “in order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process.” (…) 59. The human right to a healthy environment has been understood as a right with both individual and collective connotations. In its collective dimension, the right to a healthy environment constitutes a universal interest, owed to both present and future generations. Now, the right to a healthy environment also has an individual dimension, insofar as its violation may have direct or indirect repercussions on persons due to its connection with other rights, such as the right to health, personal integrity, or life, among others. Degradation of the environment can cause irreparable harm to human beings, for which reason a healthy environment is a fundamental right for the existence of humanity.”.

This interrelationship between the environment and the enjoyment of other human rights has also been recognized by the United Nations Human Rights Council, which in resolution A/HRC/RES/46/7, adopted on March 23, 2021, at its 46th session, held:

“Recognizing also that sustainable development and environmental protection, including ecosystems, contribute to human well-being and the enjoyment of human rights, in particular the rights to life, the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, an adequate standard of living, adequate food, safe drinking water and sanitation, and housing, and cultural rights (…)” (highlighting not in original).

V.- As to the number of people entering Manuel Antonio National Park daily. In the sub lite, the petitioner considers his fundamental rights violated; as a first grievance, he indicates that, in accordance with an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) carried out on Manuel Antonio National Park, uncontrolled visitation is causing its accelerated deterioration, creating a serious risk for its future preservation, this by virtue of the amendment of decree No. Nombre8801 that left it to the discretion of the administrative entities to determine the daily number of visitors.

As to this grievance, it must be noted that this Chamber recently ruled on this issue, and established in judgment No. 2023-011233 at 14:00 hours on May 12, 2023, the following:

“VI. - On the specific case. In the sub examine, the petitioner indicates that Manuel Antonio National Park (PNMA) receives approximately 3000 people daily. He accuses that such a number of visitors deteriorates the ecosystem and the park’s sustainability. He notes that there are no scientific studies supporting that tourism carrying capacity, as the last study is from 2010 and only justified a maximum daily visitation of 600 people. He considers that the right to a healthy and ecologically balanced environment is violated.

After analyzing the record, the Chamber found it proven that, by agreement no. 12 of Ordinary Session no. 06-2014 of June 23, 2014, the National Council of Conservation Areas approved the “Tool for managing visitation flows in the Protected Wilderness Areas of SINAC” and instructed the executive director to formalize that tool. In 2016, the first fieldwork was carried out on beaches and trails in the PNMA sector to identify possible indicators to monitor and create the baseline where required. In 2018, the Technical Scientific Committee of the Central Pacific Conservation Area agreed to the implementation of the tool for the protected wilderness areas of that conservation area. With respect to the daily visitation of the PNMA, by resolution SINAC-ACOPAC-DRES-039-2021 at 15:05 hours on April 30, 2021, the respondent party established a maximum of 1500 daily visitors. Later, by resolution INAC-ACOPAC-DRES-042-2021 at 15:20 hours on August 5, 2021, the respondent authority increased the capacity to a maximum of 2000 daily visitors. Likewise, it was taken as an undisputed fact —which also derives from the evidence provided with the report rendered (see, for example, official letters SINAC-ACOPAC-D-201-2023 and SINAC-ACOPAC-D-190-2023)— that the respondent authorities increased the permitted capacity this year to 3000 daily visitors. As a consequence of the foregoing, several days in April 2023 recorded visitation numbers exceeding 2000 people: April 2, 2592 people; April 3, 2867 people; April 5, 2765; April 6, 2754 people; April 7, 2734 people; April 8, 2755 people; April 9, 2746 people. Regarding this matter, the respondent Administration estimates that PNMA visitation currently corresponds to 267.9% of installed capacity. For this reason, by official letter SINAC-ACOPAC-D-140-2023 of March 16, 2023, the regional director and the director of Protected Wilderness Areas of the Central Pacific Conservation Area expressed to the executive director of SINAC their concern regarding hierarchical decisions concerning PNMA visitation. As to the effect on the ecosystem, that official letter indicated: “…Without a doubt, and as indicated above, having increased the carrying capacity to 3000 visitors (50% more than the limit that had been managed) represents a total gross capacity of more than 200%, as indicated in the first section, above what should instead be received at this time; which poses an imminent risk of deterioration to the environmental conditions and sustainability of the sector enabled for visitors. It must be remembered that tourists wish to visit the PNMA for its scenic beauty and biodiversity, largely for the opportunity to observe wildlife, which, if over-exploited, future visitors may perhaps not have the opportunity to observe in the short or medium term; hence the balance between protection and tourism development that we must promote as the authority in this field…”

In the same sense, by official letter SINAC-ACOPAC-D-190-2023 of April 17, 2023, the regional director of the Central Pacific Conservation Area informed the executive director of SINAC: “For all the above reasons, and in compliance with the functions delegated by Law, article 50 of our political constitution, articles 31 and 61 of the Biodiversity Law and 25 of the Regulation to the Biodiversity Law, and the indubio (sic) pro natura principle, under the responsibility in the exercise of my position to apply the legal framework governing the matter, likewise, to implement national policies and all those indicated in the binding legal and technical framework, as well as the hierarchical duty in the geographical scope under my responsibility to implement, evaluate, and systematize internal policies, guidelines, methodologies, norms, and strategies; due to everything stated above, it is my duty that, in the absence of direct, formal, and written instructions and directives from my hierarchical superiors regarding the change and application of a carrying capacity greater than that established through the application of the carrying capacity tool and not being, moreover, formalized by any administrative resolution, this directorate has no legal and technical basis, nor budgetary and personnel capacity, to continue receiving visitation of 3000 people daily within the PNMA; therefore, in compliance with the duty of conservation and sustainable use of biodiversity and ecosystem services that guarantee all citizens an ecologically balanced environment, you are hereby informed that as of April 30, 2023, the conservation area will formally request the person in charge of SICORE oversight to apply resolution SINAC-ACOPAC-DRES-042-2021 at fifteen hours twenty minutes on August five, two thousand twenty-one, currently in force, in the sense of reducing reservation capacity to two thousand people.” Additionally, it is relevant to this case that the Chamber could not verify the application of the respective technical tools to increase PNMA visitation.

The preceding facts demonstrate that the amount of PNMA visitation exceeds the capacity of that park to the detriment of a healthy and ecologically balanced environment. Indeed, beyond the criticism raised by the petitioner, such a situation emerges from the very statements of the reporting parties. Thus, for example, said authorities estimated that current PNMA visitation corresponds to 267.9% of installed capacity. In effect, according to the visitor flow model, carried out in December 2022, the carrying capacity is 1120 daily visitors. However, the daily capacity far exceeds that amount, as the PNMA received an average of over 2500 people daily during the first days of April 2023.

At the normative level, the Chamber highlights the Convention for the Protection of the Flora, Fauna and Natural Scenic Beauties of the American Countries (Law No. 3763):

“The American Governments, desiring to protect and conserve in their natural environment, specimens of all species and genera of their indigenous flora and fauna, including migratory birds, in sufficient numbers and in regions extensive enough to prevent their extinction through any means within man’s reach; and

Desiring to protect and conserve landscapes of incomparable beauty, extraordinary geological formations, natural regions and objects of aesthetic interest or historic or scientific value, and places where primitive conditions exist within the cases to which this Convention refers; and

Desiring to agree upon a convention on the protection of flora, fauna, and natural scenic beauties within the purposes stated above, have agreed upon the following articles:

ARTICLE 1

Definition of the terms and expressions used in this Convention.

1.- National Parks shall be understood as: The regions established for the protection and conservation of natural scenic beauties and of flora and fauna of national importance, which the public may better enjoy when placed under official supervision.

(…)

ARTICLE 3

(…)

The Contracting Governments further agree to provide national parks with the facilities for the public’s recreation and education, in accordance with the purposes pursued by this Convention.”

In accordance with the above, the Regulation to the Biodiversity Law (Executive Decree No. 34433) provides:

“Article 70.-Management categories of ASP. For purposes of classifying the different management categories of protected wilderness areas, the following technical criteria are established for each of them:

(…)

c) National Parks: Geographic areas, terrestrial, marine, marine-coastal, freshwater, or a combination thereof, of national importance, established for the protection and conservation of natural beauties and biodiversity, as well as for public enjoyment. These areas have one or several ecosystems in which the species, habitats, and geomorphological sites are of special scientific, cultural, educational, and recreational interest or contain a natural landscape of great beauty. (…)”

In the specific case of the PNMA, the Chamber highlights that it has its own regulation, specifically, the Regulation for Public Use of Manuel Antonio National Park (Executive Decree No. 22482-MIRENEM). As relevant to the object of this proceeding, that decree provides:

“Considering:

(…)

3º-That in accordance with an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental), carried out on Manuel Antonio National Park, uncontrolled visitation is causing its accelerated deterioration, creating a serious risk for its future preservation.

4º-That the administration of the State-owned lands that make up this National Park corresponds to the National Parks Service of the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines, which must ensure that a true equilibrium exists between visitation and the conservation of the Park’s resources, in order to ensure the preservation in perpetuity of this wilderness area. Therefore,

THEY DECREE:

Article 1-This regulation has the purpose of improving the quality of the visitor’s experience at Manuel Antonio National Park and seeking its preservation in perpetuity.

(…)

Article 3: On the carrying capacity of the public use zone (high intervention): Based on the results of the application of the technical tools established by SINAC, the Regional Directorate of ACOPAC shall determine the increase, decrease, or regulation of visitation at the different authorized sites, via administrative resolution. (…)” (The underlining is added).

Based on the provisions just transcribed, the Chamber establishes that the primary purpose of national parks (among them, the PNMA) is the conservation of the ecosystems present in their respective areas or zones. A secondary objective is to enable recreation and enjoyment of the nature within them for people. This order of priority derives not only from the regulations, but is the consequence of the second’s dependence on the first. That is, the prerequisite for people to enjoy nature is, inexorably, the conservation of nature. In the case of the PNMA, the ratio of the Regulation for Public Use of Manuel Antonio National Park was clear in stating that visitation caused “…its accelerated deterioration, creating a serious risk for its future preservation,” and therefore it was necessary to “…ensure that a true equilibrium exists between visitation and the conservation of the Park’s resources, in order to ensure the preservation in perpetuity of this wilderness area.” In that same line of reasoning, one measure established by that regulation to achieve the aforementioned equilibrium and ensure conservation of the park is to regulate the number of people who may visit the public use zones of the park. Thus, the determination of visitation shall be based “…on the results of the application of the technical tools established by SINAC…” (article 3). The Chamber endorses this requirement, given that it is an expression of the principle of objectification of environmental protection:

“As to the environment, the object of the fundamental right set forth, our Magna Carta also requires that it be “healthy.” The requirement “healthy” leads us to “regenerative capacity” and “successional capacity” to guarantee life. From both requirements: “healthy” and “balanced,” the need for sustainable and long-lasting development emerges; the quality of life and environmental quality depend on it. Now, with the concepts of “environment,” “healthy,” “ecologically balanced,” the constitutional norm introduced science and technique into environmental decisions, whether legislative or administrative, such that, in the terms of articles 16 of the General Law of Public Administration and 38 of the Organic Law of the Environment, state actions in environmental matters must be based on and may not contradict the unequivocal rules of science and technique in order to achieve the full and universal enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment and, furthermore, a “greater well-being for all inhabitants of the country.” As to the submission of legislative and administrative decisions to the unequivocal rules of science and technique, the Chamber has called it the principle of objectification of environmental protection: “The objectification of environmental protection (…) is a principle that must in no way be confused with the former [precautionary principle or “principle of prudent avoidance”], insofar as, as derived from the provisions of articles 16 and 160 of the General Law of Public Administration, it translates into the need to support decision-making in this field with technical studies, both with respect to acts and to provisions of a general nature —both legal and regulatory—, from which derives the requirement of linkage to science and technique with which, the Administration’s discretion in this field is conditioned. So that, in light of the results derived from these technical studies —such as environmental impact studies—, if an objective technical criterion is evident indicating the probability of clear damage to the environment, natural resources, or human health, it then becomes obligatory to discard the proposed project, work, or activity; and in the event of ‘reasonable doubt,’ it becomes obligatory to make decisions in favor of the environment (pro-natura principle), which may translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures, in order to adequately protect the environment.” (Judgment of the Constitutional Chamber Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05).” (Resolution No. 2012-13367 at 11:33 hours on September 21, 2012, reiterated in Resolution No. 2022-012509 at 12:10 hours on May 31, 2022).

On the other hand, the application of the preventive principle in environmental matters also obliges the Chamber to take measures to prevent the challenged administrative conduct from negatively affecting the ecosystems that the PNMA protects. As indicated supra, that principle states:

“…the preventive principle demands that, when there is certainty of possible environmental damage, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned upon compliance with certain requirements. In general, this principle applies when there are risks clearly defined and identified as at least probable; likewise, this principle is useful when there are no technical reports or administrative permits guaranteeing the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee eventual negative impacts.”

The statements of the respondent party reveal that there is a clear risk to the PNMA’s ecosystems if visitation is not regulated through technical tools that allow establishing the carrying capacity that the park can manage sustainably. What was stated in official letter SINAC-ACOPAC-D-140-2023 of March 16, 2023, is reiterated:

“…Without a doubt, and as indicated above, having increased the carrying capacity to 3000 visitors (50% more than the limit that had been managed) represents a total gross capacity of more than 200%, as indicated in the first section, above what should instead be received at this time; which poses an imminent risk of deterioration to the environmental conditions and sustainability of the sector enabled for visitors. It must be remembered that tourists wish to visit the PNMA for its scenic beauty and biodiversity, largely for the opportunity to observe wildlife, which, if over-exploited, future visitors may perhaps not have the opportunity to observe in the short or medium term; hence the balance between protection and tourism development that we must promote as the authority in this field…” (The underlining is added).

In conclusion, the result of the study carried out by the Chamber demonstrates that the respondent authorities increased the permitted visitation to the PNMA without applying the respective technical tools, even when it was evident that the installed capacity of the park would be insufficient to guarantee the equilibrium between nature conservation and its enjoyment by visitors. By virtue of the above, the petition is granted. Given that the flow model applied in December 2022 established a carrying capacity of 1120 daily visitors, daily visitation is ordered reduced to that amount, without prejudice to a new technical study determining such capacity under the park’s current conditions.

(…)

Therefore:

The petition is granted. Rafael Gutiérrez Rojas and Jeffrey Hernández Espinoza, in their respective roles as executive director and regional director of the Central Pacific Conservation Area, both of the National System of Conservation Areas, or whoever holds those positions, are ordered to issue the orders and make the necessary arrangements so that, within TWENTY-FOUR HOURS, counted from the notification of this judgment, visitation to Manuel Antonio National Park is reduced to the carrying capacity calculated in the flow model applied in December 2022. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that they must comply with or enforce, issued within a recurso de amparo, and fails to comply with it or fails to have it complied with, provided the offense is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the administrative contentious jurisdiction. Judge Castillo Víquez adds a note. Judge Salazar Alvarado dissents and declares the petition without merit, regarding the alleged violation of article 50 of the Political Constitution. Judge Garro Vargas dissents and declares the petition without merit. Let it be notified”.

In this sense, a violation of the fundamental rights of the petitioner is confirmed, as to this point; the same situation claimed in the petition having already been verified by this Chamber in the cited judgment, for which reason, the appropriate course is to grant the petition as to this point, with the same consequence already indicated and provided in Judgment No. 2023-11233 at 14:00 hours on May 12, 2023.

VI.- On the infrastructure works carried out. Now, as a second grievance, the petitioner indicates that other factors that are affecting the natural environment of said National Park are the proliferation of infrastructure works such as sanitary services in fragile zones, zones that would not withstand the use of a large number of visitors.

As to this point, it was accredited that, in 2016, the baseline was identified for 3 sites: the vehicular access road, the sector connecting Playa Manuel Antonio with the bathroom blocks, and the Punta Catedral Trail. Thus, in 2019, improvements were applied in the sector of the vehicular access road where there was waterlogging (flooding) and erosion, as well as in the part of the sector connecting Playa Manuel Antonio with the bathroom blocks, “improving the FC, reaching 0.88, 0.88 (…) the Punta Catedral Trail reached an FC of 0.55 and is currently closed to visitors, i.e., this combined with the closed sector of the Puerto Escondido Trail results in approximately 1,500 linear meters of trail closed to visitors.”

Then, on December 7, 2021, a virtual meeting was held with the participation of representatives of the Friends of Manuel Antonio Park Association and the Manuel Antonio Official Tour Guides Association, regarding infrastructure within the Park; and on March 29, 2022, a visit and fieldwork were carried out with the participation of those entities. In addition to this, it was indicated that in Manuel Antonio National Park, improvements have been made to infrastructure (sanitary blocks, trails) that have helped improve the environmental conditions regarding the use of this infrastructure, which is located in the areas corresponding to the public use zone. Thus, according to the zoning of the protected wilderness area established in the General Management Plan, “the areas of low, minimum, medium, and high intervention zones within the National Park are established, with the infrastructure destined for these areas allowing tourism and institutional use activities; therefore, the impact on the protected wilderness area would be minimal given that these areas are destined for the reception and service of the public as well as for use and enjoyment.”

In addition to the above, as reported by the Regional Director of the Central Pacific Conservation Area of SINAC, in the PNMA: “there is infrastructure for administrative and special use such as a staff house, with a parking area, a warehouse, an administrative office, which is located in the high intervention zone established according to the zoning for the national park. Likewise, infrastructure areas destined for visitor use have been developed in the public use zones (medium and high intervention) established according to the zoning of the protected wilderness area; such as 8 modules of sanitary blocks (4 men’s and 4 women’s) distributed as follows: one at the entrance to the national park, another at Dirección615 , another at Playa Manuel Antonio, and another at the trail crossing towards the Lookouts. Also, there is an observation tower located between Playa Manuel Antonio and Playa Espadilla Sur. Additionally, there is a network of 12 trails within the areas established in the park’s zoning leading to the different tourist attractions offered by the National Park (…) The trails are located within the medium and high intervention zones in which, according to the established zoning, permanent services and facilities for sustainable tourism can be developed. In the same way, at the entrance to the national park, there is an area for receiving visitors which has two sanitary services adapted to Law 7600 and a small office for scanning entry tickets; this infrastructure is located in the high intervention zone defined in the zoning. In the Dirección1551 sector, which is part of Manuel Antonio National Park, there is currently no type of infrastructure (…).”

From the above, this Chamber was indeed able to verify that the construction of the bathroom blocks and other infrastructure existing in Manuel Antonio National Park has been built in the zones of minimal incidence of impact that have been normatively established, precisely, so as not to cause a deterioration in the National Park’s ecosystem. Furthermore, it was verified that all the infrastructure that was built was done in the permitted zoning areas, and that no additional constructions have been carried out in prohibited zones. In addition to this, it is also important to highlight that the construction of sanitary blocks and trails in the PNMA has been validated and even ordered by this Chamber (see in this sense judgments No. 2015-12955 at 9:20 hours on August 21, 2015, and No. 6023-2017 at 9:45 hours on April 28, 2017). Under this panorama, the appropriate course is to declare the petition without merit, as to this point.

VII.- Regarding the Playa Rey sector. Additionally, as a third grievance, the petitioner indicates that in the “Sector Playa Rey” of the National Park, the park authorities abandoned its care and management, and it does not have a post on site or resident staff.

Regarding this matter, it was confirmed that, due to budget cuts, it has suffered a reduction in staff, for which reason the existing staff currently consists of only 10 people, and due to the demand for tourist entry in the Manuel Antonio sector, comprehensive attention in the Playa Rey sector has not been possible, specifically in matters of control and protection, as well as staffing.

However, according to SINAC, through the "Trust No. 1110 Parque Nacional Recreativo Playas De Manuel Antonio Banco Nacional de Costa Rica" (Fideicomiso n.°1110 Parque Nacional Recreativo Playas De Manuel Antonio Banco Nacional de Costa Rica), the following actions and roadmaps were carried out in the sector: "Direct Contracting No. CDFID-000003-2020 'CONTRACTING OF TECHNICAL AND PROFESSIONAL SERVICES IN TOPOGRAPHY, AGRONOMY, AND LEGAL TO CONDUCT STUDIES FOR PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO, PLAYA REY SECTOR' (CONTRATACIÓN DIRECTA Nº CDFID-000003-2020 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN TOPOGRAFÍA, AGRONOMÍA Y LEGALES PARA REALIZAR ESTUDIOS EL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO SECTOR PLAYA REY.”) was carried out; the foregoing, in order to '1. Demarcate in the field the boundary of the Parque Nacional Manuel Antonio, Playa El Rey Sector as established in Executive Decree 29177 – MINAE (Decreto Ejecutivo 29177 – MINAE). 2. Re-establish the boundaries and define the area of the properties registered and/or occupied by third parties located within the boundary of the Parque Nacional Manuel Antonio, Playa El Rey Sector. 3. Describe and determine the cultivation areas or agricultural and/or livestock activities of those lands with registered title or in the possession of third parties located within the boundary of the Parque Nacional Manuel Antonio, Playa El Rey Sector. 4. Conduct the legal analysis of the legal situation of each land, in relation to its registration, possession, or Possessory Information Proceeding of the registered properties, those in possession, or whose Possessory Information Proceeding is in process, located within the boundary of the Parque Nacional Manuel Antonio, Playa El Rey Sector. 5. Issue legal opinions and recommendations on the administration's course of action before the relevant bodies. 6. Prepare duly substantiated legal opinions to file the request for opening the corresponding legal proceeding before'."

Subsequently, in 2022, an agronomy professional was integrated for the purpose of following up on the elaborated roadmap for the execution of actions to be taken according to the results of the Trust No. 1110 consultancy, from which the following was determined: "a) Through official communication SINAC-ACOPAC-D-504-2021, the Executive Directorate of SINAC was requested to file the request for Annotation of plans, a procedure carried out through official communication SINAC-DE-1265 because they are partially or totally within the Parque Nacional Manuel Antonio and encompass mangrove lands. b) This procedure is assigned file number 2021-636-RIM in the Real Estate Registry (Registro Inmobiliario), by resolution at nine hours fifty-nine minutes on September seventh, two thousand twenty-one. c) By resolution at nine hours thirty-six minutes on April twenty-ninth, two thousand twenty-two, the Real Estate Registry resolves to immobilize the identified plans. Currently, as part of the analysis that must be carried out on the inputs from the consultancies contracted for the land tenure issue within the Parque Nacional Manuel Antonio, as well as on the retrospective studies prepared by the Instituto Geográfico Nacional in order to have a clear panorama of the existing scenarios in the Playa el Rey sector of this National Park, report SINAC-ACOPAC-PNMA-TT-027-2022 has been generated, and likewise a file has been generated with the information on each land and a database for each existing file detailing the information on each land. After the preparation of files and database of files for each land, once the technical analysis stage is concluded, the legal analysis stage will begin by the conservation area (área de conservación) in order to determine the actions to be taken, whether proceedings for detrimental acts due to possible non-compliance with regulations in the registration of the lands or the corresponding legal proceeding. • Field inspections have currently been carried out, and with the input generated from the consultancies and IGN reports, it has been determined that the filing of complaints for invasions of the PNMA must be proceeded with."

As reported by the Regional Director of the Central Pacific Conservation Area (Área de Conservación Pacífico Central) of SINAC, in the PNMA: "On the control and protection axis, taking advantage of field visits, ocular inspection reports SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-TT-023-2022 were developed, indicating observed traces of the presence of persons at the mouth of the Savegre River and the mouth of the Naranjo River; SINAC-ACOPAC-PNMARBS-TT-034-2022, indicating that traces of the presence of persons continue to be observed at the Mouth of the Naranjo River; and in SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-TT-046-2022, indicating the presence of persons collecting coconuts in the Estero Garita sector, the destruction of multiple makeshift shelters (champas) used for awaiting the arrival of turtles, a clandestine port on private property near the mouth of the Savegre River, and the identification of 33 turtle nests, of which 70% were extracted, 24% predated, and 6% were in good condition."

Thus, although this Chamber was able to verify that some actions have been taken to address the Playa Rey sector, this Court certainly considers that the actions taken have been insufficient, given that, as of the date the report was submitted in this remedy, the problem with land occupation has not been resolved; furthermore, it cannot be verified that preventive actions are being taken by the respondent authorities to prevent the looting of turtle nests and the destruction of the shelters for awaiting their arrival, nor could it be verified that there is any concrete proposal to request a larger budget or to inform the central government of what has occurred, in order to establish some inter-institutional coordination that would allow for the execution of real and concrete actions for the proper protection, care, and management of the Playa Rey sector.

It should be noted that, as indicated in the fourth whereas clause (Considerando IV) of this judgment and as has been extensively developed by this Chamber on previous occasions, for the proper protection of the environment, it is necessary that when there is certainty of possible damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned; however, in this particular case, it appears that the respondent authority has limited itself to taking minimal actions to address the problems occurring in Playa Rey, without seeking an effective way to protect the environment and thereby prevent the damage that is already being caused to it and, therefore, to all the ecosystems found in the claimed sector.

Based on the foregoing, it is appropriate to grant the remedy, on this point, with the considerations set forth in the operative part of this judgment.

VIII.- Regarding the possible impact that rice and oil palm crops cause in the Parque Nacional Manuel Antonio. Finally, as a fourth grievance, the appellant indicates that the proximity of rice and oil palm crops causes the owners to create drainage systems and carry out works that could conflict with the site's sustainability. On this point, it was verified that outside the Protected Wilderness Area (Área Silvestre Protegida) of the PNMA, the competent authorities determined a polygon bounded by the natural boundaries of the Portalón River to the southeast, the Naranjo River to the northwest, the PNMA to the south, and the Costanera Sur to the north, corresponding to 4092 hectares dedicated to agricultural production (oil palm and livestock). Additionally, it was also verified that, in the case of palm cultivation, the drainage canals transport agrochemicals that did not bind at the application site, this during the rainy season, and in the case of livestock, there is soil compaction, contamination from animal excreta, and on the joint field trip with the IGN, 11 remains of dead land turtles were observed, as the livestock crush them.

In addition to this, the Regional Director of the Central Pacific Conservation Area of SINAC indicated that, in the PNMA: "these agricultural-use areas near and within the PA can be deemed to have a direct environmental effect or damage. But one must also take into account that the hydrography presents us with 3 rivers, approximately 5 streams (quebradas), and several canals that drain into this sector and that are part of a larger system coming from the upper part of the basin, and that these bodies of water bring contamination to this sector. The foregoing indicates that the ecosystems of the PNMA, even if property title is consolidated in the name of the State (MINAE), would always be affected by anthropogenic and natural effects from the upper part of the basin."

Thus, the Chamber considers that, both in the report submitted to address the procedural resolution of this matter and in the one provided to respond to the evidence for a better ruling that was requested, given the lack of information on whether or not there is an impact on the National Park ecosystem due to the existing crops in the area, the respondent authorities were truly negligent and limited themselves to providing little data on the situation. Furthermore, in the report, they attached maps and information from the year 2005 and the year 2017, meaning there is no clarity on the current state of the situation. Therefore, while there is no conclusive data that could establish a potential environmental harm from the crops existing in the PNMA area, both outside and within the Protected Wilderness Area, there is certainly significant doubt about the true impact that exists, and without a doubt, this lack of studies and information to confirm or rule it out, and the inertia of the respondent authorities in the face of the situation, determines that the remedy must be granted on this point, so that the necessary measures are adopted to bring the existing crops in the area into compliance with the law.

The Chamber considers that, as there is no absolute certainty that the palm cultivation activity being carried out within and outside the Protected Wilderness Area of the PNMA does not negatively impact the environment, the truth is that the respondent authorities have allowed its operation and merely indicate generic data on the impact caused by it, without truly verifying whether the activity may be causing any harm to the environment or the National Park's ecosystem. It should be noted that the respondent authorities do not mention any environmental impact assessment or a hydrogeological study to verify the potential harm to the environment. On the contrary, the Chamber observes in the submitted reports that agricultural activity in the sector simply operates normally, without major controls in this regard.

Under this reasoning, it is deemed necessary for the respondent authorities to immediately adopt the necessary measures to ensure that the agricultural activity occurring within and outside the Protected Wilderness Area of the Parque Nacional Manuel Antonio is conducted in compliance with the law, or, should it be proven that such activities may cause environmental harm, that the corresponding measures be taken. Thus, the remedy is granted, with the considerations set forth in the operative part of this judgment.

IX.- Conclusion. Based on the foregoing, the remedy is partially granted, only regarding the problem of the uncontrolled carrying capacity of entry to the Parque Nacional Manuel Antonio, the lack of attention in the Playa Rey sector, and the impact of the agricultural activity existing within and outside the Protected Wilderness Area of the PNMA. Regarding the existing infrastructure works, the remedy is denied.

X.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. With all due respect, I dissent from the majority vote's decision granting the remedy, based on the following reasons:

The protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System (Ordenamiento Jurídico Costarricense), is safeguarded not only in Article 50 of the Political Constitution (Constitución Política), but also in a series of current laws and executive decrees (regulations), such as the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), Law No. 7554 of October 4, 1995; the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), Law No. 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre), Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)), to cite just a few. This necessitates, in environmental matters, separating constitutional control from legality control. In this regard, it is this undersigned's opinion that this Chamber, through the amparo remedy, should only hear a matter alleging a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the issue must be raised and discussed through the legality channel. Therefore, the mere non-compliance with obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is properly heard through the legality channel – administrative or jurisdictional – where, with much greater breadth, the alleged non-compliance or omissions can be scrutinized. It must be kept in mind that the amparo remedy is a summary, informal, simple, and rapid proceeding, such that from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its powers, and initiates a proceeding with the issuance of administrative acts, its cognizance falls outside the scope of action of this specialized jurisdiction. For this reason, the review of administrative actions carried out concerning an environmental issue that requires, for its proper assessment, a full-knowledge proceeding is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo proceeding is incompatible with the contrasting or reviewing of technical or legal criteria developed under current legal or regulatory norms, or with the evacuation of new and additional elements of proof necessary for contrasting or reviewing the criteria already contained in the administrative file of the case. The contrary would imply transforming the amparo into an ordinary full-knowledge proceeding, which would denature it and render nugatory the purposes for which it was designed, thereby losing its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened in various forms, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its cognizance and oversight corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. It is precisely the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls under the competence of the legality channel. Consequently, this remedy should have been summarily rejected, since its subject matter is an issue properly to be discussed, analyzed, and resolved through the legality channel. However, as this was not done, the proper course is to deny it, without making any pronouncement regarding the merits of the issue raised, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative one, to determine whether the accused administrative actions and conducts comply or not, in substance, with the provisions of the legal system at the statutory level regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

XI.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS. I respectfully separate myself from the majority criterion of the Chamber and partially dissent from the vote in order that the grievances raised herein be referred to the contentious-administrative jurisdiction.

In this regard, I must clarify that in the judgment cited as a precedent for the resolution of this amparo remedy, I dissented and declared that, due to the complexity and magnitude of the reported problem, the proper course was precisely for the matter to be heard in the referred plenary jurisdiction. In judgment no. 2023-011233, I made the following considerations:

"In the present judgment, the Chamber decided by majority to hear the merits of the amparo remedy where it is discussed what the number of people entering the Parque Nacional Manuel Antonio should be.

 

Now, the issue of visitation to the Park has already been raised before this Court. In this regard, the following has been stated:

'VIII.- Regarding the number of park visitors. The appellant claims that the number of visitors entering the park exceeds the number permitted by the regulations. The Chamber emphasizes that it is not its duty to verify the number of visitors to a national park, as this is a matter of mere legality. Nor is it observed that the appellant's allegation is correct. According to the reports rendered under oath, the number of visitors inside the park does not exceed what is stipulated, since access is suspended when the maximum number of visitors has been reached, to be resumed only when tourists leave the park, thereby complying with the maximum stipulated number. Consequently, the claim is dismissed.' (Judgment no. PHO1962 at 9:20 a.m. on August 21, 2015. The emphasis is not original.)

 

This decision was reiterated in the following terms:

'III.- REGARDING THE NUMBER OF PEOPLE ENTERING THE PARK. Concerning this point, it is not for this Chamber to verify, in conformity with applicable infra-constitutional regulations, the number of visitors who can attend a national park, as it is a matter of ordinary legality properly to be discussed through the ordinary legality channels (…). Consequently, the remedy is summarily rejected insofar as this point is concerned' (Judgment no. PHO4541 at 10:15 a.m. on May 7, 2019. The emphasis is not original.)

 

I believe the proper course in the present matter is to adhere to what was stated in those precedents, in the sense that it is not for this Chamber to determine the number of visitors who can attend the Parque Nacional Manuel Antonio and to declare whether the criteria applied by the Administration are correct in light of infra-constitutional regulations.

 

Indeed, the matter requires examining technical aspects that far exceed the possibilities of a summary proceeding such as the amparo remedy. It should be noted that, to determine the number of visitors accurately, it is necessary to take into account variables of very different kinds related to the socio-environmental impact in general, infrastructure, staffing, etc. Thus, it is reported that 'the carrying capacity of a site is not rigid, it changes based on a series of factors.'

 

Moreover, the majority orders that the daily number of visitors be 1120 people, calculated using the flow model applied in December 2022. Note that it opts for a solution that does not even assess aspects as basic as the need to specify visitor limits depending on the time of year. Furthermore, that number, according to what was reported, constitutes '198% of the capacity that the park could receive at that time.' Thus, it appears that even what was ordered by the Chamber does not truly achieve the protection of the right to an ecologically balanced environment.

 

This decision I justify herein is ultimately even more protective for the intervening parties, since certainly in the ordinary jurisdiction there would be a broader evidentiary phase and the possibility of resorting to robust interim relief.

 

What is stated in this dissenting vote is consistent with other rulings, including those of the majority of this Chamber, that endorse this position. For example, in judgment no. PHO4542 – which I was assigned to draft – the following was resolved:

 

'In that vein, this Chamber considers that the protection of a healthy and ecologically balanced environment in the Costa Rican legal system is provided for not only in Article 50 of the Political Constitution – as already stated – but also in a series of current laws and executive decrees (regulations), such as the Organic Environmental Law, Law No. 7554 of October 4, 1995, the Biodiversity Law, Law No. 7788 of April 30, 1998, the Wildlife Conservation Law, Law No. 7317 of October 21, 1992, and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, to cite just a few examples.

This necessitates distinguishing in environmental matters when it is appropriate for the Chamber to exercise the guarantee of that right and when the matter, despite referring to said subject, must be heard by the ordinary judge to exercise the legality control proper to them.

Thus, in principle, non-compliance with obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters, even if it has obvious and serious repercussions, is proper to be heard through the legality channel — administrative or jurisdictional —.

On the other hand, this Chamber has historically maintained the jurisprudential line that "the amparo proceeding is of an eminently summary nature because its sole purpose is to provide timely protection against infringements or imminent threats to fundamental rights and freedoms, so its processing does not lend itself well to the practice of slow and complex evidentiary procedures" (among many others, see votes numbers 2003-14336, 2006-014421, and 2020-019038).

In that direction, it is the majority criterion that, through the amparo remedy, it must be understood that, in general terms, this Chamber should hear amparo remedies in which injury to the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged, provided that the questions and complaints, due to their complexity, do not exceed the summary nature of the amparo remedy. On the contrary, it is more protective for all parties, and even for the effective safeguarding of the right to a healthy and ecologically balanced environment and the protection of natural resources, to refer the conflict to an ordinary channel, of plenary knowledge, in which, with more procedural opportunities, the evidence can be examined and the grievances contrasted, in short, to judge in detail the regularity of the omissive and/or active conduct of the competent public administrations in attending to and resolving the reported environmental conflict.

Additionally, another condition must be met: that the Administration has not intervened (see vote no. 2022-009857). Indeed, when a public entity or body has intervened in various forms or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, particularly if it is complex, the cognizance and oversight of that activity corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. It is precisely the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls under the competence of the legality channel. In effect, it is reiterated, if there has already been conduct by the Administration which, following an administrative proceeding, has granted subjective rights, imposed sanctions, or dictated a path to resolve the reported problem, all based on the application of legal or infra-legal norms, then it would be for the contentious-administrative judges to ensure the legality of those administrative acts. In this sense, starting from the entry into force of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), it was determined that the contentious-administrative jurisdiction possesses broad powers to hear grievances such as those questioned in the sub lite matter. To this end, this Court has reiterated the following:

'[G]iven the enactment of the Contentious-Administrative Procedural Code (Law No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force as of January 1, 2008, it has become clear that litigants now have a plenary and universal contentious-administrative jurisdiction, extremely expeditious and swift due to the various procedural mechanisms that this legislation incorporates into the legal system, such as the shortening of time limits for carrying out various procedural acts, the breadth of legal standing, interim measures, the numerus apertus of deducible claims, orality – and its sub-principles: concentration, immediacy, and swiftness –, single instance with appeal in expressly defined situations, intra-procedural conciliation, the unified process, the preferential processing or "amparo de legalidad," pure legal proceedings, new enforcement measures (coercive fines, substitute or commisarial execution, seizure of assets from the fiscal domain and some from the public domain), the broad powers of the body of enforcement judges, extension and adaptation of the effects of jurisprudence to third parties, and the flexibility of the cassation appeal. All these novel procedural institutions have the explicit aim and purpose of achieving procedural economy, swiftness, promptness, and the effective or full protection of the substantial legal situations of the administered, all with the guarantee of basic fundamental rights such as due process, defense, and the adversarial principle.' (See, for example, judgments numbers 2010-17909, 2020-011247, and 2022-003724).

 

In contrast to what was said about that jurisdiction, the absence in a constitutional amparo remedy of a plenary evidentiary phase that facilitates immediacy and the adversarial testing of evidence necessarily requires that, in the interest of adequate and prudent protection of the right, the ordinary channel be used to hear environmental conflicts that are inherently complex, such as the one raised in the specific case. Otherwise, it would mean transforming the amparo into an ordinary full-knowledge proceeding, which would denature it and render nugatory the purposes for which it was designed, thereby losing its condition as a summary instrument for the protection of fundamental rights.' (Criterion reiterated in judgment no. 2023-009347.)

 

Furthermore, my line of resolution is consistent with the note – signed jointly with Magistrates Castillo Víquez and Garita Navarro – that I was assigned to draft regarding judgment no. 2022-009857, and in which the following considerations were made:

 

'We deem it necessary to record this note in which we warn that, upon better consideration, in environmental matters of such complexity – as the one questioned in the specific case – we assess that it is appropriate to dismiss the remedy in order to refer the discussion to the ordinary channel, where, with greater evidentiary and procedural possibilities, as well as enforcement, the questioned conduct can be examined in detail.

First, it is necessary to emphasize that we consider this Chamber competent to hear amparo remedies related to the injury to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment under the terms of Article 50 of the Political Constitution. The foregoing, as this Court has done so successfully in the past. However, we warn that there are questions and complaints that, due to their complexity, exceed the summary nature of the amparo remedy, and under such circumstances, it is more protective for all parties, and even for the effective safeguarding of the right to a healthy and ecologically balanced environment and the protection of natural resources, to refer the conflict to an ordinary channel, of plenary knowledge, in which, with more procedural opportunities, the evidence can be examined and the grievances contrasted. In short, to judge in detail the regularity of the omissive and/or active conduct of the competent public administrations in attending to and resolving the reported environmental conflict.

Recall that this Chamber has historically maintained the jurisprudential line that "the amparo proceeding is of an eminently summary nature because its sole purpose is to provide timely protection against infringements or imminent threats to fundamental rights and freedoms, so its processing does not lend itself well to the practice of slow and complex evidentiary procedures" (among many others, see votes numbers 2003-14336, 2006-014421, and 2020-019038). This jurisprudential line only reiterates the inherent nature of this proceeding. On the other hand, from the entry into force of the Contentious-Administrative Procedural Code, it was determined that said jurisdiction possesses broad powers to hear grievances such as those questioned in the sub lite matter.'

In contrast, the absence of a full evidentiary phase that facilitates immediacy and the adversarial testing of evidence necessarily requires that, in the interest of adequate and prudent protection of the right, resort be had to the ordinary jurisdiction to hear environmental conflicts that are inherently complex, such as the one raised in the specific case. (…)

From the enumeration of grievances and the analysis of the petitioner's claim, it is possible to confirm that the conflict alleged is extremely difficult to resolve through the amparo proceeding and, therefore, should be heard in an ordinary venue which, with greater tools, can examine the underlying complaint in depth, adopt precautionary measures, and issue broad and specific orders to address the identified issues.

This Chamber must hear environmental matters in all those cases whose claim is compatible with the summary nature of the amparo remedy. Everything that can be heard and brought before the constitutional jurisdiction because the claim is compatible with the qualities and possibilities that this proceeding affords should remain in this venue. This is not so for environmental complaints whose elucidation requires, for their understanding and adequate analysis, a full evidentiary space such as that provided for in the Contentious-Administrative Jurisdiction. That is the exception. We consider that the rule, then, is that it is appropriate to hear an amparo remedy when the verification of the problem is relatively simple and the Chamber has the appropriate tools for a timely and suitable remedy, that is, when its execution is also characteristic of a summary proceeding.

In this regard, it is necessary to note that there are grievances that are easily verifiable and whose hearing would not be so difficult, but they are part of a whole. It is therefore better for that whole to be brought before a venue that, by its characteristics, allows the matter to be heard comprehensively with an analysis of all the facets surrounding the specific case.

(…)

In short, we consider that, upon better consideration, it must be concluded that there are conflicts which, by their magnitude, necessarily require a full evidentiary proceeding for their attention and resolution. This is precisely one of those cases, and therefore we consider that the appropriate course is to dismiss the remedy and refer the entirety of the conflict raised—complaint regarding staff shortages to the detriment of biodiversity—to the contentious-administrative jurisdiction.

We make this note in the interest of guaranteeing due legal certainty in the jurisprudential lines of this Constitutional Jurisdiction and specifically to warn what the partial change of criterion of the undersigned judges consists of." (The highlighted text does not correspond to the original).

Consequently, I issue a dissenting vote and dismiss the remedy, without prejudice to the petitioner resorting to the contentious-administrative jurisdiction to discuss the subject matter of this proceeding, where greater guarantees will be found for it to be examined and resolved."

In the sub lite case, I must therefore reiterate my dismissive resolution and extend it to the other two grievances upheld by the majority of the Chamber: the lack of technical attention to the Playa Rey sector and the alleged harm caused by the agricultural activity that exists inside and outside the Protected Wilderness Area (Área Silvestre Protegida) of the Manuel Antonio National Park.

Indeed, I consider that the three grievances are of great importance and warrant immediate intervention in the interest of safeguarding environmental protection and upholding the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. However, due to the complexity involved in addressing the issues in question (visitation to the park, the neglect in the Playa Rey area—and all the budgetary, infrastructure, security, and human resources measures that must be adopted for its attention—as well as the alleged harm to the surrounding areas from agricultural activity), a detailed technical approach is required that exceeds the summary nature of the amparo remedy, not only in the hearing phase but also in the judgment enforcement phase. From my perspective, bringing these types of grievances before the contentious-administrative jurisdiction proves to be more protective of the environment, since the ordinary venue offers greater evidentiary possibilities and more measures to ensure adequate and timely compliance with the jurisdictional decision. In this regard, for example, in judgment No. 2021-020047 concerning the environmental contamination problem in the Crucitas area, I issued a dissenting vote regarding the enforcement of the judgment and made the following considerations:

"DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS ON JUDGMENT ENFORCEMENT.

I dissent from the enforcement of the judgment, which, in accordance with Article 56 of the LJC, should be brought before the Enforcement Division of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal. To that end, I order that a copy of this resolution be sent for the enforcement proceedings of this ruling to be initiated.

In accordance with the LJC, the enforcement of the orders issued by the Constitutional Chamber corresponds, in principle, to be overseen by the Chamber itself. However, Article 56 of the LJC provides for exceptional cases in which, by the Chamber's own determination, it orders the enforcement of the judgment to be brought before the contentious-administrative jurisdiction. The norm in question provides the following:

'Art. 56. The enforcement of judgments corresponds to the Constitutional Chamber, except with respect to the liquidation and fulfillment of indemnities and pecuniary liabilities, or in other aspects that the Chamber itself considers pertinent, in which case it shall be carried out in the contentious-administrative venue through the judgment enforcement procedure provided for in the law governing that jurisdiction.' (The highlighted text does not correspond to the original).

It should be recalled that the bill under discussion for the LJC originally provided the following:

'Art. 56. Judgments favorable to the petitioner shall be enforced in the contentious-administrative venue through the judgment enforcement procedure provided for in the Law Governing that Jurisdiction.' (The highlighted text does not correspond to the original).

However, the text was amended by motion so that the norm would coincide with what is regulated in Article 153 of the Political Constitution, but the following explanation was given:

'THE SECRETARY:

Motion No. 68 (32-19) by Deputy Chacón Jiménez:

'Article 57 (formerly 56): so that the text reads as follows: "the enforcement of judgments corresponds to the Constitutional Chamber, except with respect to the liquidation and fulfillment of indemnities or pecuniary liabilities in other aspects that the Chamber itself considers pertinent, in which case it shall be carried out in the contentious-administrative venue through the judgment enforcement procedure provided for in the law governing that jurisdiction".'

THE PRESIDENT:

Is the motion read under discussion?

Doctor Piza Escalante:

Here there was a contradiction with the general thesis that it is the Tribunals that enforce their judgments, and it sent all enforcement to the Contentious-Administrative Jurisdiction; thus, the other articles that allowed the Chamber to enforce them were left up in the air.

Deputy Corrales Bolaños:

In that part it says: "or in other aspects that the Chamber itself considers pertinent…", what is it referring to?

Doctor Piza Escalante:

The idea is that the Chamber, in the judgment enforcement process, resolves what it considers corresponds to it. The rest, it sends to the Contentious-Administrative venue.

THE SECRETARY:

Is the motion considered sufficiently discussed?

THE PRESIDENT:

Discussed. Approved (unanimously, five deputies present).' (SIC. See LJC approval minutes. The highlighted text does not correspond to the original).

From the foregoing, it is clear that the LJC itself authorizes this Chamber to resolve what it considers concerns it and may, if it so deems, refer to the contentious-administrative jurisdiction the aspects it considers appropriate.

In the specific case, by virtue of the magnitude and complexity of the order to be issued by this Tribunal, I consider that the most suitable course, in order to give adequate follow-up, is to bring the enforcement phase of the matter before the contentious-administrative jurisdiction. This is due to the lack of adequate mechanisms provided for in the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on some of the orders set forth in this judgment that involve highly complex technical aspects.

In contrast, the provisions of the Contentious-Administrative Procedural Code regarding enforcement (Article 155 et seq.) have evident advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing liability, overseeing compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the LJC, I consider that the enforcement phase, relating to the orders concerning the security plan, assessment of the magnitude and intensity of the environmental damage, the topographic survey of the bodies of water, the assessment and sampling of mercury levels in water, soil, and sediments, establishing a baseline for monitoring, and taking measures to remedy the environmental damage, must be carried out before the Enforcement Division of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, under the judgment enforcement rules of said Code."

Consistent with the foregoing, I consider that the aforementioned grievances should be brought before the ordinary jurisdiction.

XII.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that, if they have provided any document in paper form, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the 'Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial', approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The remedy is partially upheld, only with respect to the problem of the uncontrolled carrying capacity of entry to Manuel Antonio National Park, the lack of attention to the Playa Rey sector, and the possible harm caused by the agricultural activity that exists inside and outside the Protected Wilderness Area (Área Silvestre Protegida) of Manuel Antonio National Park. Rafael Gutiérrez Rojas, in his capacity as Executive Director, and Jeffrey Hernández Espinoza, in his capacity as Regional Director of the Central Pacific Conservation Area, both of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy, respectively, or whoever holds those positions in their stead, are ordered: 1) that with respect to the uncontrolled visitation load to Manuel Antonio National Park, they comply with the provisions of this Chamber's judgment No. 2023-11233 of 14:00 hours on May 12, 2023; 2) that they establish the necessary coordination mechanisms so that, within a maximum period of three months counted from the notification of this judgment, adequate personnel are provided to address the situation of Playa Rey, according to the determinations identified as a result of the findings made and of which the respondent authorities are fully aware; and, 3) that within a maximum period of nine months counted from the notification of this judgment, the corresponding technical studies be carried out to identify the harm that agricultural and related activities cause to the park, and that the appropriate measures be defined and implemented in accordance with the right to a healthy and ecologically balanced environment, sustainable human development, and the precautionary principle in environmental matters. The respondents are warned that, if they fail to comply with said orders, they will incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not comply with it or does not have it complied with, provided the crime is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts giving rise to this declaration, which shall be liquidated in the judgment enforcement proceedings of the contentious-administrative jurisdiction. With respect to the alleged harm from the existing infrastructure works, the remedy is dismissed. Judge Salazar Alvarado issues a dissenting vote and dismisses the remedy, as it falls to the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the administrative actions and conduct complained of conform or not, in substance, to the provisions of the legal framework, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Judge Garro Vargas issues a partial dissenting vote and dismisses the remedy with respect to visitation to Manuel Antonio National Park, the maintenance, care, and administration of Playa Rey, and the addressing of agricultural activities in the vicinity of the national park. This, considering that all the foregoing, due to its magnitude and complexity, must be brought before the contentious-administrative jurisdiction. Notify.-