Res. 17109-2023 Sala Constitucional — MINAE Must Recover Inalienable Zone Under Law 65 of 1888MINAE debe recuperar zona inalienable Ley 65 de 1888

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Sala Constitucional

Resolución Nº 17109 - 2023

Fecha de la Resolución: 14 de Julio del 2023 a las 09:30

Expediente: 22-027662-0007-CO

Redactado por: Jose Roberto Garita Navarro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con Voto Salvado

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Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

AGUAS.

017109-23. SE CUESTIONA LA FALTA DE ACCIÓN DEL MINAE, EN LA RECUPERACIÓN DE TERRENOS EN LA ZONA INALIENABLE, QUE ESTABLECE LA LEY NO. 54, PERTENECIENTES AL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. SE ORDENA AL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, QUE GIRE LAS ÓRDENES PERTINENTES Y DISPONGA DE MANERA PRONTA Y OPORTUNA LAS ACCIONES Y COORDINACIONES NECESARIAS PARA QUE, EN UN PLAZO DE SEIS MESES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA, SE IDENTIFIQUEN LA TOTALIDAD DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LAS ZONAS PROTEGIDAS Y DECLARADAS COMO PATRIMONIO NATURAL. POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS SEIS MESES POSTERIORES, SE DEBERÁ COORDINAR LAS ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS, A FIN DE RECUPERAR LAS ZONAS PROTEGIDAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA LEY N° 65 DEL 30 DE JULIO DE 1888, E INICIAR MATERIALMENTE, CUANDO ASÍ CORRESPONDA, LOS PROCESOS O PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA TAL FIN. FINALMENTE, DEBERÁ LA AUTORIDAD RECURRIDA REMITIR A ESTE TRIBUNAL CADA TRES MESES, UN INFORME DE AVANCE DE LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO, RESPECTO A LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TERRENOS Y LA REIVINDICACIÓN DE LAS ZONAS PROTEGIDAS. RGS7/2023 

“(…) IV.- SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha subrayado que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra reconocido tanto a nivel constitucional como convencional. Asimismo, se ha indicado que la protección efectiva a ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, contexto en que el Estado y la ciudadanía en general deben actuar según los principios que rigen la materia ambiental. En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos. Así, el Estado costarricense se encuentra obligado a adoptar las medidas que garanticen la defensa y preservación efectiva del ambiente conforme a tales principios. Ahora, tal obligación objetiva no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los órganos jurisdiccionales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades, o bien, de personas físicas y jurídicas, conforme la reconocida teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales (Drittwirkung der Menschenrechte), entre cuyas manifestaciones procesales se encuentra el amparo contra sujetos de derecho privado. (…)”

 

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Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

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AGUAS.

017109-23. SE CUESTIONA LA FALTA DE ACCIÓN DEL MINAE, EN LA RECUPERACIÓN DE TERRENOS EN LA ZONA INALIENABLE, QUE ESTABLECE LA LEY NO. 54, PERTENECIENTES AL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. SE ORDENA AL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, QUE GIRE LAS ÓRDENES PERTINENTES Y DISPONGA DE MANERA PRONTA Y OPORTUNA LAS ACCIONES Y COORDINACIONES NECESARIAS PARA QUE, EN UN PLAZO DE SEIS MESES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA, SE IDENTIFIQUEN LA TOTALIDAD DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LAS ZONAS PROTEGIDAS Y DECLARADAS COMO PATRIMONIO NATURAL. POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS SEIS MESES POSTERIORES, SE DEBERÁ COORDINAR LAS ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS, A FIN DE RECUPERAR LAS ZONAS PROTEGIDAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA LEY N° 65 DEL 30 DE JULIO DE 1888, E INICIAR MATERIALMENTE, CUANDO ASÍ CORRESPONDA, LOS PROCESOS O PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA TAL FIN. FINALMENTE, DEBERÁ LA AUTORIDAD RECURRIDA REMITIR A ESTE TRIBUNAL CADA TRES MESES, UN INFORME DE AVANCE DE LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO, RESPECTO A LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TERRENOS Y LA REIVINDICACIÓN DE LAS ZONAS PROTEGIDAS. RGS7/2023 

“(…) VII.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub examine, la parte recurrente manifiesta que el 30 de julio de 1888 el Congreso de la República de Costa Rica aprobó la Ley 65 que indica: “Siendo de utilidad pública la conservación de las montañas en que tienen origen los arroyos y manantiales que abastecen de agua a la provincia de Heredia y a una parte de la de Alajuela; DECRETA: Art. 1: Se declara inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho, a uno y otro lado de la cima de las montañas con el nombre de Montaña del Volcán de Barva, desde el cerro llamado el Zurquí hasta el que se conoce con el nombre de Concordia, ya sea dicha zona de propiedad nacional o municipal”. Manifiesta que el objetivo de los legisladores del Siglo XIX con la aprobación de la Ley 65 fue el resguardo de las montañas del norte de Heredia con el fin de preservar el recurso hídrico de los habitantes del Valle Central, no sólo superficial si no también el subterráneo, al delimitarse en esta zona mucha del área más importante de recarga potencial de los acuíferos Barba y Colimas, acuíferos de donde hoy día se suple de agua más del 60% de habitantes, no sólo de Heredia, si no de Alajuela y San José. Aduce que las zonas altas de los cantones heredianos, Santa Barbara, Barva, San Rafael, San Isidro, Moravia y Coronado donde se demarca la zona inalienable de la Ley 65, está sometida a una constante y fuerte presión para desarrollar diversas actividades, en cuenta proyectos constructivos diversos. Afirma que la valía para la recarga de los acuíferos del Valle Central que tiene la zona inalienable, también es imprescindible su protección para salvaguardar el agua de miles de habitantes de las partes altas de los cantones de Alajuela, Santa Barbara, Barva, San Rafael, San Isidro y Santo Domingo que nos abastecemos del agua superficial de los ríos Segundo, Ciruelas, Tibás y Para que nacen en esa zona. Explica que estudios, como los del Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento, han determinado que el área donde se localiza la zona inalienable, además de ser de muy alta recarga acuífera, es de MUY ALTA fragilidad ambiental, además de ser de alta vulnerabilidad hidrogeológica, por lo que es inminente la necesidad de protegerla si queremos preservar el recurso hídrico para las generaciones presentes y futuras del Valle Central. Acota que la zona inalienable es además hogar de una amplia diversidad de flora y fauna debido a que limita con la parte sur del Parque Braulio Carrillo. Por otra parte, expone que en el año 2013 la Sala Constitucional al resolver un incidente de desobediencia presentado contra el ministro de ambiente por no haber cumplido el voto 200812109, reitera la importancia de la zona inalienable de la Ley 65 de 1888 para el ambiente en general y en particular para la protección del recurso hídrico, por lo que le ordena a René Castro Salazar en su condición de Ministro de Ambiente y Energía, cumplir inmediatamente lo dispuesto en la sentencia, bajo la advertencia de ordenarse la apertura de un procedimiento administrativo en su contra si no lo hiciere (resolución 2013-005049 del 27 de marzo del 2013). Arguye que después del apercibimiento del 2013 de la Sala Constitucional, el Ministerio de Ambiente y Energía delimitó la zona inalienable por medio de un amojonamiento, no así no ha cumplido con la recuperación de los terrenos, ni siquiera ha interpuesto proceso alguno de reivindicación del patrimonio natural del Estado como es la zona inalienable. Asegura que actualmente una porción de la zona inalienable de la Ley 65 de 1888, no toda, forma parte del Parque Braulio Carrillo, tanto por la Ley 6288 del del 25 de octubre de 1978 que creo el parque, como por el Decreto Ejecutivo 39259- MINAE del 15 de octubre del 2015 que indicó: “Artículo 1º- Declárese parque nacional parte del territorio establecido como Zona inalienable, creada por el Decreto Ley Nº LXV de julio de 1888, anexando dicha porción de terreno al Parque Nacional Braulio Carrillo; cuyos límites se describen a continuación basado en la hoja topográfica Barva 3346 II, edición 3-IGNCR, 2005, escala 1:50.000, elaborada por el Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica.”. Señala que al Parque Braulio Carrillo, incluyendo lo que se le anexó en el 2015, además de cubrirle la Ley 65, le son aplicables las normas de protección especial y total que cubren a éstos, tales como la Ley del Servicio de Parques Nacionales y la Ley Forestal (artículo 1), lo que no se está dando debido a que los terrenos anexados al parque que son parte de la zona inalienable de la Ley 65 siguen en manos de particulares, algunos de los cuales llevan a cabo actividades que impactan el ambiente, como de turismo masivo sin control y estudio de impacto ambiental alguno, actividades de lecherías, talas de árboles, construcción de cabañas de recreo, etc. Indica que en respuesta a las consultas que se le ha hecho ver a los ministros de ambiente desde que se dictó el fallo 2008-12109 sobre la recuperación o reivindicación de los terrenos estatales que corresponden a la zona inalienable de la Ley 65, nunca se ha informado recuperación alguna o que se haya iniciado con alguna acción ante los tribunales correspondientes que culmine con un proceso de reivindicación. En el MINAE siempre han dado una única respuesta, que ya iniciaron con la confección de expedientes de las fincas y su respectivo análisis legal y técnico de los antecedentes de los asientos registrales de las fincas inscritas en el Registro Nacional, para que así sea la Procuraduría General de la Republica quien proceda a iniciar los trámites de lesividad ante los tribunales de justicia que culminen en la recuperación de los terrenos. Solicita que en aras de la tutela del recurso hídrico y del ambiente en general, y al ser la zona inalienable parte del Patrimonio Natural del Estado, se le ordene al ministro de Ambiente y Energía o a quien ocupe su lugar, que inicie con las acciones necesarias y concretas que corresponden, más allá de estudios, para la reivindicación y recuperación de los terrenos de la zona inalienable de la Ley 54, sea trasladando los expedientes de los antecedentes o historial de las fincas a la Procuraduría General de la República.

VIII.- Sobre el particular, cabe señalar que el tema que se debate en cuanto al deber de protección de la zona inalienable dispuesta por el decreto ley número 65 del 28 de julio de 1888, fue analizado en el voto 2008-12109 de este Tribunal Constitucional. En ese precedente, se reconoció que esa fuente normativa ordenó proteger una de las zonas en las que se encuentran las nacientes de agua que abastecen a los habitantes de las provincias de Heredia, Alajuela y parte de San José. En esa línea, el artículo primer de ese decreto ley declaró inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho, a uno y otro lado de la cima de la montaña conocida con el nombre de Montaña del Volcán de Barba, desde el cerro llamado el Zurquí hasta el que se conoce con el nombre de Concordia, ya sea dicha zona de propiedad nacional ó municipal. A su vez, en el numeral segundo autorizó al Poder Ejecutivo para aumentar ó disminuir la extensión de la zona a que se refiere el artículo anterior si después de practicado el reconocimiento respectivo por medio de una comisión científica, juzga conveniente modificarla en el sentido que dicha comisión indique. Justamente a la luz de esas regulaciones, en el citado fallo esta Cámara señaló que “…la intención del legislador del siglo antepasado era la de asegurar que las provincias de Alajuela, Heredia y San José pudieran garantizarse en el futuro el recurso hídrico necesario para satisfacer las necesidades de la población. Para lograr lo anterior, el legislador dispuso la creación de una zona inalienable, la cual no podía ser objeto de ningún tipo de posesión en razón de su naturaleza pública…”. Bajo esa comprensión en el citado voto se coligió una indolencia del Estado en el deber de reivindicar y proteger la zona de marras, a partir de lo cual, se dispuso en lo relevante:

“POR TANTO. Se declara con lugar el recurso, únicamente en cuanto al Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud, y las Municipalidades de Heredia, Santa Bárbabara, Barva, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia y Vásquez de Coronado. Se ordena a Roberto Dobles Mora, o a quien ocupe su cargo como Ministro del Ambiente y Energía, lo siguiente: a) Que dentro del plazo de siete meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, realice las gestiones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que se delimite físicamente la zona establecida por la ley número 65 de 1888, y luego de ello, inicie los procesos de recuperación de los terrenos que se ubican en dicho sector y que estén siendo ocupados por particulares; b) Que de inmediato verifique el cumplimiento de lo dispuesto por la resolución R-069-SINAC-2007, por parte de los personeros del Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí, y en caso de que no se haya cumplido con lo dispuesto por el pronunciamiento de cita, proceda conforme a derecho. Se ordena a José Manuel Ulate Avendaño, o a quien ocupe su cargo como Alcalde Municipal del Cantón Central de Heredia, a Rolando Hidalgo Villegas, o a quien ocupe su cargo como Alcalde, y a Marta Lidia Segura Miranda, o a quien ocupe su cargo como Presidenta del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Santa Bárbabara de Heredia, a Mercedes Hernández Méndez, o a quien ocupe su cargo como Alcaldesa, y a Adrián Varela Montero, o a quien ocupe su cargo como Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Barva de Heredia, a Marvin Chaves Chinchilla, o a quien ocupe su cargo como Alcalde, y al Elvia Villalobos Argüello,o a quien ocupe su cargo como Presidenta del Concejo Municipal, ambos del Concejo Municipal de San Isidro de Heredia, a Aracelly Salas Eduarte, o a quien ocupe su cargo como Alcaldesa de San Pablo de Heredia, a Alberto Vargas Esquivel, o a quien ocupe su cargo como Alcalde y a Yensi Alfaro Hernández, o a quien ocupe su cargo como Presidenta del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, a Rafael Isidro Bolaños Arce, o a quien ocupe su cargo como Alcalde Municipal de Santo Domingo de Heredia, a Edgar Vargas Jiménez, o a quien ocupe su cargo como Alcalde Municipal de Moravia, y a Leonardo Herrera Sánchez, o a quien ocupe su cargo como Alcalde Municipal de Vázquez de Coronado, lo siguiente: a) Que de inmediato se abstengan de otorgar cualquier tipo de permiso dentro de la zona establecida por la ley número 65 de 1888, en lo que respecta a sus jurisdicciones; b) Que procedan a contratar a los profesionales necesarios para la elaboración de los mapas de vulnerabilidad hidrogeológica recomendados por SENARA en su informe denominado “Recarga Potencial del Acuífero Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica.”, los cuales deberán ser incluidos en la normativa urbanística de sus jurisdicciones, tal y como lo recomienda la autoridad antes mencionada. (…)”. (…)”

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AGUAS.

017109-23. SE CUESTIONA LA FALTA DE ACCIÓN DEL MINAE, EN LA RECUPERACIÓN DE TERRENOS EN LA ZONA INALIENABLE, QUE ESTABLECE LA LEY NO. 54, PERTENECIENTES AL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. SE ORDENA AL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, QUE GIRE LAS ÓRDENES PERTINENTES Y DISPONGA DE MANERA PRONTA Y OPORTUNA LAS ACCIONES Y COORDINACIONES NECESARIAS PARA QUE, EN UN PLAZO DE SEIS MESES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA, SE IDENTIFIQUEN LA TOTALIDAD DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LAS ZONAS PROTEGIDAS Y DECLARADAS COMO PATRIMONIO NATURAL. POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS SEIS MESES POSTERIORES, SE DEBERÁ COORDINAR LAS ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS, A FIN DE RECUPERAR LAS ZONAS PROTEGIDAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA LEY N° 65 DEL 30 DE JULIO DE 1888, E INICIAR MATERIALMENTE, CUANDO ASÍ CORRESPONDA, LOS PROCESOS O PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA TAL FIN. FINALMENTE, DEBERÁ LA AUTORIDAD RECURRIDA REMITIR A ESTE TRIBUNAL CADA TRES MESES, UN INFORME DE AVANCE DE LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO, RESPECTO A LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TERRENOS Y LA REIVINDICACIÓN DE LAS ZONAS PROTEGIDAS. RGS7/2023 

“(…) IX.- Del anterior recuento se desprende que desde el año 2008 esta Sala dispuso la necesaria recuperación y protección de los terrenos afectos por el decreto ley No. 65 de 1888, como elemento relevante para la tutela del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con especial énfasis en el recurso hídrico, dado el alto impacto de esa zona para los cantones de Alajuela, Santa Bárbara, Barva, San Rafael, San Isidro y Santo Domingo. De igual manera, en varias oportunidades esta Sala se ha pronunciado sobre la atención debida de los dandamientos adoptado en el voto 12109-2008. Pese a lo resuelto en el reciente fallo 2023-010802 dictada a las 09:20 horas del 12 de mayo de 2023, es claro para esta Cámara que si se considera el contenido sustantivo de esas órdenes, sea, recuperar los citados terrenos en orden a la protección ambiental apuntada, versus las acciones efectivas que se han adoptado por la Administración para concretar la debida tutela y resguardo del derecho expresado en el numeral 50 de la Carta Fundamental, esas conductas adoptadas si bien permiten la delimitación de las áreas que integran la zona declarada inalienable, en definitiva, no son suficientes ni adecuadas para satisfacer el deber de protección que le impone el Derecho de la Constitución a ese tipo de bien jurídicamente tutelado. En efecto, sobre este tema base resaltar que en lo atinente al concepto de dominio público y a los alcances del concepto se hace necesario aludir al canon 261 del Código Civil, en tanto dicha regulación estipula: “Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público. Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque, pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona.”

Como se extrae, la definición de los bienes privados se hace en forma residual, es decir, pertenecen a esta categoría todos aquellos que no presenten ninguna de las características señaladas para los demaniales. La jurisprudencia constitucional, tomando en cuenta lo preceptuado por la norma citada, se ha referido sobre los bienes que integran el dominio público en los siguientes términos: “son aquellos que tienen una naturaleza y régimen jurídico diverso de los bienes privados –los cuales se rigen por el derecho de propiedad en los términos del artículo 45 de la Constitución Política–, en tanto, por expresa voluntad del legislador se encuentran afectos a un destino especial de servir a la comunidad, sea al interés público, y que por ello, no pueden ser objeto de propiedad privada, de modo que están fuera del comercio de los hombres, por lo cual, no pueden pertenecer individualmente a los particulares, ni al Estado, en sentido estricto, por cuanto éste se limita a su administración y tutela …”. Así, se trata de bienes cuya titularidad ostenta el Estado en su condición de administrador, debe entenderse que se trata de bienes que pertenecen a la "Nación", con lo cual, conforman parte del patrimonio público; y que, por su especial naturaleza jurídica, presentan los siguientes atributos: son imprescriptibles, lo cual implica que por el transcurso del tiempo, no puede adquirirse el derecho de propiedad sobre ellos, ni siquiera de mera posesión, es decir, no pueden adquirirse mediante la usucapión, así como tampoco pueden perderse por prescripción; motivo por el cual los permisos de uso que la Administración conceda sobre ellos, siempre tienen un carácter precario, lo cual hace que puedan ser revocadas por motivos de oportunidad o conveniencia en cualquier momento por la Administración –en los términos previstos en los artículos 154 y 155 de la Ley General de la Administración Pública–; y las mismas concesiones que se otorguen sobre ellos para su aprovechamiento, pueden ser canceladas, mediante procedimiento al efecto; son inembargables, que hace que no pueden ser objeto de ningún gravamen o embargo, ni por particulares, ni por la Administración; y son inalienables, lo que se traduce en la condición de que están fuera del comercio de las personas; de donde no pueden ser enajenados, vendidos o adquiridos, ni a título gratuito ni oneroso, ni por particulares, ni por el Estado, de modo que están excepcionados del comercio los hombres y sujetos a un régimen jurídico especial y reforzado. Además su uso y aprovechamiento está sujeto al poder de policía, en tanto, por tratarse de bienes que no pueden ser objeto de posesión, y mucho menos de propiedad, su utilización y aprovechamiento es posible únicamente a través de actos debidamente autorizados, sea mediante concesión o permiso de uso, otorgado por la autoridad competente; y al control constante de parte de la Administración Pública. De manera que comprende bienes inmuebles que tienen una naturaleza y régimen jurídico virtualmente opuesto a la propiedad privada, que deriva de lo dispuesto en el artículo 45 constitucional.” (voto 2007-2408 de las 16:13 horas del 21 de febrero de 2007 y sentencia 189 de las 09:15 horas del 03 de marzo de 2011).

Así, dado que en el sub examine los terrenos que deben ser reivindicados están conformados por áreas que constituyen parte del patrimonio natural del Estado, es claro son bienes demaniales, no susceptibles de propiedad privada. Además, conforme al numeral 13 de la Ley Forestal “El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio...” De esta forma, son tres posibilidades las que brinda la norma, respecto a los bienes que integran dicho patrimonio: a) bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales; b) bosques y terrenos forestales de las áreas declaradas inalienables, y c) bosques y terrenos forestales de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. En este sentido, el mandato 13 ibídem es claro al determinar, que una propiedad cubierta de bosque, y que pertenezca al Estado, una municipalidad, institución autónoma u otro organismo de la Administración Pública, forma parte del patrimonio natural del Estado. Así, en virtud del régimen jurídico especial al que se encuentra sometido el patrimonio natural del Estado, y las características particulares que sobre éste recaen, la detentación que sobre dichos bienes ejerzan los particulares, no les generará derecho alguno. En igual sentido, la Ley Forestal en el ordinal 14, determina que los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural de Estado, “…serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley.”. (…)”

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Tema: AMBIENTE

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DAÑO AMBIENTAL.

017109-23. SE CUESTIONA LA FALTA DE ACCIÓN DEL MINAE, EN LA RECUPERACIÓN DE TERRENOS EN LA ZONA INALIENABLE, QUE ESTABLECE LA LEY NO. 54, PERTENECIENTES AL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. SE ORDENA AL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, QUE GIRE LAS ÓRDENES PERTINENTES Y DISPONGA DE MANERA PRONTA Y OPORTUNA LAS ACCIONES Y COORDINACIONES NECESARIAS PARA QUE, EN UN PLAZO DE SEIS MESES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA, SE IDENTIFIQUEN LA TOTALIDAD DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LAS ZONAS PROTEGIDAS Y DECLARADAS COMO PATRIMONIO NATURAL. POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS SEIS MESES POSTERIORES, SE DEBERÁ COORDINAR LAS ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS, A FIN DE RECUPERAR LAS ZONAS PROTEGIDAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA LEY N° 65 DEL 30 DE JULIO DE 1888, E INICIAR MATERIALMENTE, CUANDO ASÍ CORRESPONDA, LOS PROCESOS O PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA TAL FIN. FINALMENTE, DEBERÁ LA AUTORIDAD RECURRIDA REMITIR A ESTE TRIBUNAL CADA TRES MESES, UN INFORME DE AVANCE DE LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO, RESPECTO A LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TERRENOS Y LA REIVINDICACIÓN DE LAS ZONAS PROTEGIDAS. RGS7/2023 

“(…) XII.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Con el debido respeto, disiento del voto de mayoría que declara con lugar el recurso, con base en las siguientes razones:

La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.(…)”

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Tema: AMBIENTE

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DAÑO AMBIENTAL.

017109-23. SE CUESTIONA LA FALTA DE ACCIÓN DEL MINAE, EN LA RECUPERACIÓN DE TERRENOS EN LA ZONA INALIENABLE, QUE ESTABLECE LA LEY NO. 54, PERTENECIENTES AL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. SE ORDENA AL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, QUE GIRE LAS ÓRDENES PERTINENTES Y DISPONGA DE MANERA PRONTA Y OPORTUNA LAS ACCIONES Y COORDINACIONES NECESARIAS PARA QUE, EN UN PLAZO DE SEIS MESES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA, SE IDENTIFIQUEN LA TOTALIDAD DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LAS ZONAS PROTEGIDAS Y DECLARADAS COMO PATRIMONIO NATURAL. POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS SEIS MESES POSTERIORES, SE DEBERÁ COORDINAR LAS ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS, A FIN DE RECUPERAR LAS ZONAS PROTEGIDAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA LEY N° 65 DEL 30 DE JULIO DE 1888, E INICIAR MATERIALMENTE, CUANDO ASÍ CORRESPONDA, LOS PROCESOS O PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA TAL FIN. FINALMENTE, DEBERÁ LA AUTORIDAD RECURRIDA REMITIR A ESTE TRIBUNAL CADA TRES MESES, UN INFORME DE AVANCE DE LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO, RESPECTO A LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TERRENOS Y LA REIVINDICACIÓN DE LAS ZONAS PROTEGIDAS. RGS7/2023 

“(…) XIII.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que: 1) se identifiquen la totalidad de los terrenos correspondientes a las zonas protegidas y declaradas como patrimonio natural; 2) se coordinen las acciones que sean necesarias a fin de recuperar las zonas protegidas. Lo anterior, según lo establecido por la Ley N° 65 del 30 de julio de 1888. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.(…)”

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

AREA PROTEGIDA.

017109-23. SE CUESTIONA LA FALTA DE ACCIÓN DEL MINAE, EN LA RECUPERACIÓN DE TERRENOS EN LA ZONA INALIENABLE, QUE ESTABLECE LA LEY NO. 54, PERTENECIENTES AL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. SE ORDENA AL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, QUE GIRE LAS ÓRDENES PERTINENTES Y DISPONGA DE MANERA PRONTA Y OPORTUNA LAS ACCIONES Y COORDINACIONES NECESARIAS PARA QUE, EN UN PLAZO DE SEIS MESES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA, SE IDENTIFIQUEN LA TOTALIDAD DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LAS ZONAS PROTEGIDAS Y DECLARADAS COMO PATRIMONIO NATURAL. POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS SEIS MESES POSTERIORES, SE DEBERÁ COORDINAR LAS ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS, A FIN DE RECUPERAR LAS ZONAS PROTEGIDAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA LEY N° 65 DEL 30 DE JULIO DE 1888, E INICIAR MATERIALMENTE, CUANDO ASÍ CORRESPONDA, LOS PROCESOS O PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA TAL FIN. FINALMENTE, DEBERÁ LA AUTORIDAD RECURRIDA REMITIR A ESTE TRIBUNAL CADA TRES MESES, UN INFORME DE AVANCE DE LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO, RESPECTO A LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TERRENOS Y LA REIVINDICACIÓN DE LAS ZONAS PROTEGIDAS. RGS7/2023 

“(…) Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Franz Tattenbach Capra, en su condición de ministro de Ambiente y Energía, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que gire las órdenes pertinentes y disponga de manera pronta y oportuna las acciones y coordinaciones necesarias para que, en un plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se identifiquen la totalidad de los terrenos correspondientes a las zonas protegidas y declaradas como patrimonio natural. Posteriormente, dentro de los SEIS MESES posteriores, se deberá coordinar las acciones que sean necesarias, a fin de recuperar las zonas protegidas, según lo establecido por la Ley N° 65 del 30 de julio de 1888, e iniciar materialmente, cuando así corresponda, los procesos o procedimientos necesarios para tal fin. Finalmente, deberá la autoridad recurrida remitir a este Tribunal cada TRES MESES, un informe de avance de las acciones llevadas a cabo, respecto a la identificación de los terrenos y la reivindicación de las zonas protegidas. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso, por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese. –”

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Tema: Protección al ambiente

Subtemas:

NO APLICA.

017109-23. SE CUESTIONA LA FALTA DE ACCIÓN DEL MINAE, EN LA RECUPERACIÓN DE TERRENOS EN LA ZONA INALIENABLE, QUE ESTABLECE LA LEY NO. 54, PERTENECIENTES AL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. SE ORDENA AL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, QUE GIRE LAS ÓRDENES PERTINENTES Y DISPONGA DE MANERA PRONTA Y OPORTUNA LAS ACCIONES Y COORDINACIONES NECESARIAS PARA QUE, EN UN PLAZO DE SEIS MESES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA, SE IDENTIFIQUEN LA TOTALIDAD DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LAS ZONAS PROTEGIDAS Y DECLARADAS COMO PATRIMONIO NATURAL. POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS SEIS MESES POSTERIORES, SE DEBERÁ COORDINAR LAS ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS, A FIN DE RECUPERAR LAS ZONAS PROTEGIDAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA LEY N° 65 DEL 30 DE JULIO DE 1888, E INICIAR MATERIALMENTE, CUANDO ASÍ CORRESPONDA, LOS PROCESOS O PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA TAL FIN. FINALMENTE, DEBERÁ LA AUTORIDAD RECURRIDA REMITIR A ESTE TRIBUNAL CADA TRES MESES, UN INFORME DE AVANCE DE LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO, RESPECTO A LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TERRENOS Y LA REIVINDICACIÓN DE LAS ZONAS PROTEGIDAS. RGS7/2023 

PRINCIPIO AMBIENTAL

(...) “VIII.- Sobre los principios constitucionales ambientales. Siguiendo la línea argumentativa acerca del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrando, podemos constatar la existencia de una serie de principios sobre el ambiente y que han sido ampliamente desarrollados por este Tribunal. Así, la acción del Estado para garantizar la efectiva tutela ambiental está condicionada por los principios constitucionales ambientales, los cuales coadyuvan a determinar el contenido del derecho fundamental de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (véase la sentencia número 2007-2063 de las 14:40 horas del 14 de febrero de 2007). Entre los principios constitucionales ambientales desarrollados por esta Cámara Constitucional y que son relevantes para el análisis de este caso, encontramos los siguientes:

De la tutela del derecho ambiental a cargo del Estado: Este principio se deriva de lo indicado en el numeral 50 constitucional al establecer la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante de la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales (...)"

"(...)  

1.                De la tutela del derecho ambiental a cargo del Estado: Este principio se deriva de lo indicado en el numeral 50 constitucional al establecer la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante de la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales (véase la sentencia número 064499 de las 11:24 horas del 29 de enero de 1999 y reiterada en la sentencia número 2002-4947 de las 09:24 horas del 24 de mayo de 2002).

2.                Principio precautorio o principio de la evitación prudente : Este concepto ha sido desarrollado en las número 2806-98, 2003-06322, 20041923 y 2005-12039, entre otras, de este Tribunal, que se sustenta en el artículo 15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, que alude a la necesaria acción y efecto de prevenir anticipadamente los posibles daños en los elementos integrantes del ambiente; con lo cual, se propugna por la implementación de acciones tendentes a la debida protección, conservación y adecuada gestión de los recursos, esto es, la adopción de todas las medidas técnicas u operativas para evitar, prevenir o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible – o una duda objetiva al respecto– , se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate; por cuanto la coacción posterior resulta ineficaz en esta materia, dado que, en la mayoría de los casos, los efectos biológicos son irreversibles, donde la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente. Asimismo, el principio precautorio aplica cuando no existe certeza científica sobre los riesgos o impacto al ambiente de una medida, los estudios o información disponible generan dudas acerca de los riesgos o de su posible impacto negativo. Por el contrario, el principio de prevención o preventivo aplica en aquellos casos en que existe evidencia científica de que la medida va a causar daños al ambiente. En este segundo caso, la información disponible puede ser suficiente o insuficiente, pero con la que existe, se alcanza un grado de certeza sobre los impactos negativos que la medida va a provocar sobre el ambiente. La diferencia entre uno y otro está en la existencia o no de certeza científica sobre los posibles riesgos o lesiones al ambiente (véase la sentencia número 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).

En síntesis, este principio, con fundamento en el artículo 50 de la Constitución Política y artículo 15 de la Convención de Río, ya mencionados, obliga a la Administración a adoptar las medidas necesarias para dar cabal protección al ambiente, y evitar daños que son irreversibles.

3.                Principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El primero ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Asimismo, del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. Este principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección (véase la sentencia número 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012). De esta forma, encontramos relación entre el principio de razonabilidad como parámetro de constitucionalidad y el derecho al ambiente, pues, como ha indicado este Tribunal en la sentencia número 7294-1998, “el principio de razonabilidad, en relación con el derecho fundamental al ambiente, obliga a que las normas que se dicten con respecto a esta materia estén debidamente motivadas en estudios técnicos serios, aún cuando no existiera otra normativa legal que así lo estableciera expresamente”.

En síntesis, conforme a estos principios, está prohibido para el Estado tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales, en este caso, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

4.                Principios de la objetivación de la tutela ambiental o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica . Este principio, el cual, tal y como lo señaló este Tribunal en sentencia número 14293-2005 de las 14:52 horas del 29 de octubre de 2005, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con la actuación de la Administración como de las disposiciones de carácter general – legales y reglamentarias –, de donde se deriva la exigencia de la "vinculación a la ciencia y a la  técnica", elemento que le da un sustento técnico-científico a las decisiones de la Administración en esta materia, y en tal virtud, limitan y condicionan la discrecionalidad de la Administración en su actuación – en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública–. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –  tales como los estudios de impacto ambiental– , se evidencia un criterio técnico objetivo que denote, o la viabilidad ambiental del proyecto o la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, circunstancia que obliga a establecer medidas de precaución o el rechazo del proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura).

5.                Principios de uso racional de los recursos naturales. Este axioma exige que exista el necesario equilibrio entre el desarrollo del país y el derecho al ambiente y con el artículo 69 constitucional, del cual se deriva el principio de explotación racional de la tierra, imponiendo tanto a los particulares como al Estado, la obligación de proteger y preservar los recursos naturales renovables (véase la sentencia número 2012-12716 de las 16:01 del 12 de setiembre de 2012). De esta forma, con fundamento en este principio, es que este Tribunal – en sus diversas resoluciones- ha establecido los parámetros constitucionales para el uso adecuado de los mismos; y en virtud de los cuales queda claro que la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos y de orden político (desarrollo sostenible), para con ello salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras. Por ello, el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es que a través de la producción y uso de la tecnología, se obtengan no sólo ganancias económicas (libertad de empresa) sino sobre todo un desarrollo y evolución favorable del medio ambiente y los recursos naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause daño o perjuicio” (véase la sentencia número 6322-2003 de las 14:14 horas del 03 de julio de 2003).

Sin embargo, es necesario aclarar que, según la jurisprudencia de esta Sala, el derecho al ambiente no puede ceder ante consideraciones de índole económico, por tratarse de un derecho no patrimonial y de indudable importancia no solo para los habitantes del país actualmente, sino también para los sucesivos (véase la sentencia número 1887-1995 de las 09:15 horas del 07 de abril de 1995).

Igualmente, en este principio también encontramos relación con el principio de razonabilidad como parámetro de constitucionalidad y el derecho al ambiente, ya que, la exigencia del uso racional de los recursos naturales está directamente vinculada con un parámetro de constitucionalidad de la conducta – administrativa y de los particulares– y de la normativa que rige la materia, como lo es la razonabilidad –según desarrollo de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, por ejemplo véase la sentencia número 2410-2007 de las 10:15 horas del 21 de febrero de 2007- en tanto su finalidad es tender a la sostenibilidad del uso de los recursos naturales y de los elementos que conforman el ambiente, a través de su “uso adecuado”; y en virtud de los cuales, como se mencionó, queda claro que la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos y de orden político, para con ello salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras.

En síntesis, la Administración debe propiciar un uso sustentable de los recursos naturales, logrando con ello que el país pueda desarrollarse económicamente, sin comprometer la integridad del medio ambiente ni el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras, así como tampoco ceder ante consideraciones de índole económico.(...)"

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Texto de la resolución

Exp: 22-027662-0007-CO

Res. Nº PHO4594

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del catorce de julio de dos mil veintitres .

 Recurso de amparo que se tramita en el expediente N° 22-027662-0007CO, interpuesto por [Nombre317 001], cédula de identidad No. [Valor 001], contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.

Resultando:

1.- Por escrito agregado al Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales de esta Sala el 02 de diciembre de 2022, la parte recurrente presenta recurso de amparo en contra el Ministerio de Ambiente y Energía. Manifiesta que el 30 de julio de 1888 el Congreso de la República de Costa Rica aprobó la Ley 65 que indica: “Siendo de utilidad pública la conservación de las montañas en que tienen origen los arroyos y manantiales que abastecen de agua a la provincia de Heredia y a una parte de la de Alajuela; DECRETA: Art. 1: Se declara inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho, a uno y otro lado de la cima de las montañas con el Nombre317 de Montaña del Volcán de Barva, desde el cerro llamado el Zurquí hasta el que se conoce con el Nombre317 de Concordia, ya sea dicha zona de propiedad nacional o municipal”. Manifiesta que el objetivo de los legisladores del Siglo XIX con la aprobación de la Ley 65 fue el resguardo de las montañas del norte de Heredia con el fin de preservar el recurso hídrico de los habitantes del Valle Central, no sólo superficial si no también el subterráneo, al delimitarse en esta zona mucha del área más importante de recarga potencial de los acuíferos Barba y Colimas, acuíferos de donde hoy día se suple de agua más del 60% de habitantes, no sólo de Heredia, si no de Alajuela y San José. Aduce que las zonas altas de los cantones heredianos, Santa Barbara, Barva, San Rafael, San Isidro, Moravia y Coronado donde se demarca la zona inalienable de la Ley 65, está sometida a una constante y fuerte presión para desarrollar diversas actividades, en cuenta proyectos constructivos diversos, muchas veces contando con el impulso y la complicidad de las municipalidades, lo que resulta en un impacto negativo para el recurso hídrico, tanto de las generaciones actuales como las futuras. Afirma que la valía para la recarga de los acuíferos del Valle Central que tiene la zona inalienable, también es imprescindible su protección para salvaguardar el agua de miles de habitantes de las partes altas de los cantones de Alajuela, Santa Barbara, Barva, San Rafael, San Isidro y Santo Domingo que nos abastecemos del agua superficial de los ríos Segundo, Ciruelas, Tibás y Para que nacen en esa zona. Explica que estudios, como los del Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento, han determinado que el área donde se localiza la zona inalienable, además de ser de muy alta recarga acuífera, es de MUY ALTA fragilidad ambiental, además de ser de alta vulnerabilidad hidrogeológica, por lo que es inminente la necesidad de protegerla si queremos preservar el recurso hídrico para las generaciones presentes y futuras del Valle Central. Acota que la zona inalienable es además hogar de una amplia diversidad de flora y fauna debido a que limita con la parte sur del Parque Braulio Carrillo. Encontramos en esa zona, un total de 25 especies de aves, algunas en vías de extinción, entre ellas el quetzal, así como 22 especies de mamíferos, 14 de las cuales se encuentran en vías de extinción y 7 son especies endémicas, 5 especies de reptiles en vías de extinción de las cuales 2 son endémicas y 17 especies de anfibios en vías de extinción, de los cuales 8 son especies endémicas. Refiere que de tener la zona inalienable los beneficios ambientales mencionados, se le suma que al estar sus miles de hectáreas cubierta de vegetación, bosques y pastos, contribuye a la capturara de carbono de la atmosfera en el Valle Central, ayudando a mitigar el cambio climático y la purificación del aire de la zona. Por otra parte, expone que en el año 2013 la Sala Constitucional al resolver un incidente de desobediencia presentado contra el ministro de ambiente por no haber cumplido el voto 2008-12109, reitera la importancia de la zona inalienable de la Ley 65 de 1888 para el ambiente en general y en particular para la protección del recurso hídrico, por lo que le ordena a René Castro Salazar en su condición de Ministro de Ambiente y Energía, cumplir inmediatamente lo dispuesto en la sentencia, bajo la advertencia de ordenarse la apertura de un procedimiento administrativo en su contra si no lo hiciere (resolución 2013-005049 del 27 de marzo del 2013). Arguye que después del apercibimiento del 2013 de la Sala Constitucional, el Ministerio de Ambiente y Energía delimitó la zona inalienable por medio de un amojonamiento, no así no ha cumplido con la recuperación de los terrenos, ni siquiera ha interpuesto proceso alguno de reivindicación del patrimonio natural del Estado como es la zona inalienable. Asegura que actualmente una porción de la zona inalienable de la Ley 65 de 1888, no toda, forma parte del Parque Braulio Carrillo, tanto por la Ley 6288 del del 25 de octubre de 1978 que creo el parque, como por el Decreto Ejecutivo 39259- MINAE del 15 de octubre del 2015 que indicó: Artículo 1º- Declárese parque nacional parte del territorio establecido como Zona inalienable, creada por el Decreto Ley Nº LXV de julio de 1888, anexando dicha porción de terreno al Parque Nacional Braulio Carrillo; cuyos límites se describen a continuación basado en la hoja topográfica Barva 3346 II, edición 3-IGNCR, 2005, escala 1:50.000, elaborada por el Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica. Señala que al Parque Braulio Carrillo, incluyendo lo que se le anexó en el 2015, además de cubrirle la Ley 65, le son aplicables las normas de protección especial y total que cubren a éstos, tales como la Ley del Servicio de Parques Nacionales y la Ley Forestal (artículo 1), lo que no se está dando debido a que los terrenos anexados al parque que son parte de la zona inalienable de la Ley 65 siguen en manos de particulares, algunos de los cuales llevan a cabo actividades que impactan el ambiente, como de turismo masivo sin control y estudio de impacto ambiental alguno, actividades de lecherías, talas de árboles, construcción de cabañas de recreo, etc. Indica que en respuesta a las consultas que se le ha hecho ver a los ministros de ambiente desde que se dictó el fallo 2008-12109 sobre la recuperación o reivindicación de los terrenos estatales que corresponden a la zona inalienable de la Ley 65, nunca se ha informado recuperación alguna o que se haya iniciado con alguna acción ante los tribunales correspondientes que culmine con un proceso de reivindicación. En el MINAE siempre han dado una única respuesta, que ya iniciaron con la confección de expedientes de las fincas y su respectivo análisis legal y técnico de los antecedentes de los asientos registrales de las fincas inscritas en el Registro Nacional, para que así sea la Procuraduría General de la Republica quien proceda a iniciar los trámites de lesividad ante los tribunales de justicia que culminen en la recuperación de los terrenos. Solicita que en aras de la tutela del recurso hídrico y del ambiente en general, y al ser la zona inalienable parte del Patrimonio Natural del Estado, se le ordene al ministro de Ambiente y Energía o a quien ocupe su lugar, que inicie con las acciones necesarias y concretas que corresponden, más allá de estudios, para la reivindicación y recuperación de los terrenos de la zona inalienable de la Ley 54, sea trasladando los expedientes de los antecedentes o historial de las fincas a la Procuraduría General de la República.

2.- Por resolución de las 15:56 horas del 1° de febrero de 2023, se le dio curso al presente amparo y traslado al ministro de Ambiente y Energía.

3.- Por escrito incorporado al expediente digital del 16 de febrero de 2023, informa bajo juramento Franz Tattenbach Capra, en su condición de ministro de Ambiente y Energía, quien manifiesta lo siguiente: “… SOBRE LOS HECHOS DEL RECURSO: procedo a dar respuesta en los siguientes términos: PRIMERO: “Siendo de utilidad pública la conservación de las montañas en que tienen origen los arroyos y manantiales que abastecen de agua a la provincia de Heredia y a una parte de la de Alajuela; DECRETA: Art. 1: Se declara inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho, a uno y otro lado de la cima de las montañas con el Nombre317 de Montaña del Volcán de Barva, desde el cerro llamado el Zurquí hasta el que se conoce con el Nombre317 de Concordia, ya sea dicha zona de propiedad nacional o municipal”. Es cierto. Es normativa. SEGUNDO: “Manifiesta que el objetivo de los legisladores del Siglo XIX con la aprobación de la Ley 65 fue el resguardo de las montañas del norte de Heredia con el fin de preservar el recurso hídrico de los habitantes del Valle Central, no sólo superficial si no también el subterráneo, al delimitarse en esta zona mucha del área más importante de recarga potencial de los acuíferos Barba y Colimas, acuíferos de donde hoy día se suple de agua más del 60% de habitantes, no sólo de Heredia, si no de Alajuela y San José.” Se acepta parcialmente. Se rechaza la apreciación de la parte en cuanto a los objetivos de los legisladores del Siglo XIX con respecto a la aprobación de la Ley 65; y se acepta en cuanto “… área más importante de recarga potencial de los acuíferos Barba y Colimas, acuíferos de donde hoy día se suple de agua más del 60% de habitantes, no sólo de Heredia, si no de Alajuela y San José.” TERCERO: “Aduce que las zonas altas de los cantones heredianos, Santa Barbara, Barva, San Rafael, San Isidro, Moravia y Coronado donde se demarca la zona inalienable de la Ley 65, está sometida a una constante y fuerte presión para desarrollar diversas actividades, en cuenta proyectos constructivos diversos, muchas veces contando con el impulso y la complicidad de las municipalidades, lo que resulta en un impacto negativo para el recurso hídrico, tanto de las generaciones actuales como las futuras” Se rechaza. No me consta, es apreciación de la parte. CUARTO: “Afirma que la valía para la recarga de los acuíferos del Valle Central que tiene la zona inalienable, también es imprescindible su protección para salvaguardar el agua de miles de habitantes de las partes altas de los cantones de Alajuela, Santa Barbara, Barva, San Rafael, San Isidro y Santo Domingo que nos abastecemos del agua superficial de los ríos Segundo, Ciruelas, Tibás y Para que nacen en esa zona. Explica que estudios, como los del Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento, han determinado que el área donde se localiza la zona inalienable, además de ser de muy alta recarga acuífera, es de MUY ALTA fragilidad ambiental, además de ser de alta vulnerabilidad hidrogeológica, por lo que es inminente la necesidad de protegerla si queremos preservar el recurso hídrico para las generaciones presentes y futuras del Valle Central.” Es cierto. QUINTO: “Acota que la zona inalienable es además hogar de una amplia diversidad de flora y fauna debido a que limita con la parte sur del Parque Braulio Carrillo. Encontramos en esa zona, un total de 25 especies de aves, algunas en vías de extinción, entre ellas el quetzal, así como 22 especies de mamíferos, 14 de las cuales se encuentran en vías de extinción y 7 son especies endémicas, 5 especies de reptiles en vías de extinción de las cuales 2 son endémicas y 17 especies de anfibios en vías de extinción, de los cuales 8 son especies endémicas. Refiere que de tener la zona inalienable los beneficios ambientales mencionados, se le suma que al estar sus miles de hectáreas cubierta de vegetación, bosques y pastos, contribuye a la capturara de carbono de la atmosfera en el Valle Central, ayudando a mitigar el cambio climático y la purificación del aire de la zona” No es un hecho propiamente. SEXTO: “Por otra parte, expone que en el año 2013 la Sala Constitucional al resolver un incidente de desobediencia presentado contra el ministro de ambiente por no haber cumplido el voto 2008-12109, reitera la importancia de la zona inalienable de la Ley 65 de 1888 para el ambiente en general y en particular para la protección del recurso hídrico, por lo que le ordena a René Castro Salazar en su condición de Ministro de Ambiente y Energía, cumplir inmediatamente lo dispuesto en la sentencia, bajo la advertencia de ordenarse la apertura de un procedimiento administrativo en su contra si no lo hiciere (resolución PHO4595 del 27 de marzo del 2013).” Es cierto por el fondo. El número correcto de resolución es la No PHO4596 Exp: 07-007996-0007-CO. SÉTIMO: “Arguye que después del apercibimiento del 2013 de la Sala Constitucional, el Ministerio de Ambiente y Energía delimitó la zona inalienable por medio de un amojonamiento, no así no ha cumplido con la recuperación de los terrenos, ni siquiera ha interpuesto proceso alguno de reivindicación del patrimonio natural del Estado como es la zona inalienable.” Es parcialmente cierto. Para dar respuesta a este alegato, este despacho ministerial consultó al Área de Conservación Central del SINAC; quien, mediante el oficio SINAC-ACC-D-of143- 2023 del 15 de febrero manifiesto: “En respuesta al recurso de amparo del expediente 22-027662-0007-CO se informa que en lo que respecta a la recuperación de terrenos ubicados dentro de la Zona Inalienable declarada mediante la Ley 65 de 1888, esta Área de Conservación ha procedido con la resolución de solicitudes de legitimidad de acuerdo con el procedimiento establecido para ese fin y ha trasladado los casos resueltos al MINAE para que continúen el proceso, los temas vinculados a la recuperación de terrenos por medio de procesos de lesividad, se salen de las competencias y alcances de esta área de conservación. (Ver oficio SINACACC-827-2023 y Ver oficio SINAC-ACC828-2023) En materia de expropiaciones es importante recordar, que no se puede invertir recursos en algo que en principio ya pertenece al PNE, y para definir aquellos casos que efectivamente pertenecen al Estado se sigue el procedimiento mencionado en el párrafo primero. No es de menor importancia manifestar que durante los últimos 2 años no se han presupuestado fondos para expropiaciones por parte del Estado, dadas las limitantes presupuestarias vigentes, sin embargo, esta área de conservación ha propuesto alternativas para procurar fondos que apoyen el proceso de regularización de tenencia de la tierra dentro de la Zona Inalienable (SINAC-ACC-OH-mi-1419-2021). Importa recordar que el Área de Conservación Central ha tomado múltiples acciones para procurar el respeto a la Zona Inalienable, dentro de sus posibilidades de recursos humanos e insumos disponibles. Entre ellas se cita la inclusión de la supervisión del sitio a través de patrullajes, atención de quejas, interposición de relatos de hechos y trabajo con las municipalidades incluyendo la debida socialización sobre el tema y la entrega de información geográfica sobre el área de la Zona Inalienable dentro de la actualización al plan de control y protección de la Oficina de Heredia que se encuentra vigente, de forma que las municipalidades consideren las limitantes intrínsecas de la Zona Inalienable en el momento de cumplir con las competencias municipales, como por ejemplo otorgamiento de licencias. (Se adjunta Plan de Control y Protección de la Oficina de Heredia, oficios SINAC-ACC-OH-978-2022, SINAC-ACC-OH-788-2022, SINAC-ACC OH-789-2022, SINAC-ACC-OH-7902022, SINAC-ACC-OH-791- 2022 y SINAC-ACCOH- 792-2022, SINAC-ACC-OHof-156-2023, VC02-003-06- 2020, VC02-003-09-2020, VC02-003-22-2020, VC02003-31-2020, VC02-003- 51-2019). Adicionalmente, se han sostenido reuniones con instancias varias para que consideren el área de la Zona Inalienable en procesos de planificación urbana, por ejemplo, elaboración de planes reguladores, de forma que se respete el sitio de acuerdo con lo ordenado por la Sala Constitucional y se realicen procesos de divulgación al respecto (Ver oficios SINAC-ACC-OH-mi-922-2022, SINAC-ACC-OH-mi-984-2022, SINAC-ACCD- mi776-2023, SINAC-ACC-OH-mi-1471-2020). Además, se ejerce la vigilancia del sitio en la resolución de autorizaciones y trámites que son competencia del SINAC como por ejemplo supervisión de permisos pequeños, certificados de origen, trámite de sumarios de derribo y permisos de vida silvestre cuando esto se pretenden desarrollar dentro de la Zona Inalienable (Ver adjuntos SINACACCOH- of-244-2022, SINAC-ACC-OH-res373-2022, SINAC-ACC-OH-of-4362022) Finalmente, es de conocimiento público que el Área de Conservación Central realizó el debido amojonamiento de los límites de la Zona Inalienable en el año 2013, en los terrenos ubicados fuera del Parque Nacional Braulio Carrillo.” Suscrito por la funcionaria Meryll Arias, directora a.i del Área de Conservación Central – SINAC. OCTAVO: “Asegura que actualmente una porción de la zona inalienable de la Ley 65 de 1888, no toda, forma parte del Parque Braulio Carrillo, tanto por la Ley 6288 del del 25 de octubre de 1978 que creo el parque, como por el Decreto Ejecutivo 39259- MINAE del 15 de octubre del 2015 que indicó: Artículo 1º- Declárese parque nacional parte del territorio establecido como Zona inalienable, creada por el Decreto Ley Nº LXV de julio de 1888, anexando dicha porción de terreno al Parque Nacional Braulio Carrillo; cuyos límites se describen a continuación basado en la hoja topográfica Barva 3346 II, edición 3-IGNCR, 2005, escala 1:50.000, elaborada por el Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica. Es Cierto. NOVENO: Señala que al Parque Braulio Carrillo, incluyendo lo que se le anexó en el 2015, además de cubrirle la Ley 65, le son aplicables las normas de protección especial y total que cubren a éstos, tales como la Ley del Servicio de Parques Nacionales y la Ley Forestal (artículo 1), lo que no se está dando debido a que los terrenos anexados al parque que son parte de la zona inalienable de la Ley 65 siguen en manos de particulares, algunos de los cuales llevan a cabo actividades que impactan el ambiente, como de turismo masivo sin control y estudio de impacto ambiental alguno, actividades de lecherías, talas de árboles, construcción de cabañas de recreo, etc. Contestado en el apartado sétimo. DÉCIMO: Indica que en respuesta a las consultas que se le ha hecho ver a los ministros de ambiente desde que se dictó el fallo 2008-12109 sobre la recuperación o reivindicación de los terrenos estatales que corresponden a la zona inalienable de la Ley 65, nunca se ha informado recuperación alguna o que se haya iniciado con alguna acción ante los tribunales correspondientes que culmine con un proceso de reivindicación. En el MINAE siempre han dado una única respuesta, que ya iniciaron con la confección de expedientes de las fincas y su respectivo análisis legal y técnico de los antecedentes de los asientos registrales de las fincas inscritas en el Registro Nacional, para que así sea la Procuraduría General de la Republica quien proceda a iniciar los trámites de lesividad ante los tribunales de justicia que culminen en la recuperación de los terrenos. Solicita que en aras de la tutela del recurso hídrico y del ambiente en general, y al ser la zona inalienable parte del Patrimonio Natural del Estado, se le ordene al ministro de Ambiente y Energía o a quien ocupe su lugar, que inicie con las acciones necesarias y concretas que corresponden, más allá de estudios, para la reivindicación y recuperación de los terrenos de la zona inalienable de la Ley 54, sea trasladando los expedientes de los antecedentes o historial de las fincas a la Procuraduría General de la República.” Contestado en el apartado sétimo. CONCLUSIÓN El procedimiento para la verificación de la ubicación de terrenos y el estudio de documentos registrales de los inmuebles, situados dentro de la zona inalienable referente a la ley 65 de 1888, (procedimiento oficializado mediante el pronunciamiento C-480-2014 de la PGR), ha demostrado ser un proceso complejo y delicado, que conlleva análisis y recopilación de datos históricos de más de 100 años atrás (planos y escrituras antiguas), cuyo estudio debe realizarse también, permitiendo a los posibles afectados participación y el derecho al debido proceso, por lo que, no se puede realizar de manera tan expedita como el recurrente pretende. El Ministerio ha tenido estrecha coordinación tanto con el Registro Público, como con la Procuraduría General de República para ir reconstruyendo los pasos que el proceso de análisis debe tener y los requisitos mínimos de estas evaluaciones; confirmando este ministerio, que dicho procedimiento no es ni hacedero ni expedito, como se indicó. No obstante, lo anterior, mediante el oficio SINAC-ACC-D-of-143-2023, transcrito líneas atrás se indican las acciones concretas que el Área de Conservación Central del SINAC ha estado realizando con respecto a la recuperación de terreros; adicionalmente este despacho ministerial envió dos oficios de seguimiento sobre la recuperación o reivindicación de los terrenos estatales que corresponden a la zona inalienable de la Ley 65 de 1888 y cumplimiento del voto de la Sala Constitucional 2008-12109: 1. DAJ-MINAE-0145-2023 del 13 de febrero de 2023 dirigido al señor Renato Sánchez González, jefe de Despacho del Viceministerio de Ambiente con el asunto: Seguimiento de la implementación del Voto Sala Constitucional 2008- 12109; mediante el cual se le consulta sobre los avances y las acciones concretas que el SINAC ha realizado con respecto a la expropiación de los terrenos incluidos en el área establecida en la ley 65 de 1888 y sentencia de la Sala Constitucional 200812109. 2. DAJ-MINAE-0165-2023 de 15 de febrero de 2023 dirigido a la señora Meryl Arias, directora del Área de Conservación Central (ACC) del SINAC; mediante el cual se le solicita “En cumplimiento del voto de la Sala Constitucional 2008- 12109, sobre la recuperación o reivindicación de los terrenos estatales que corresponden a la zona inalienable de la Ley 65 de 1888 y sobre todo con respecto a los límites establecidos por el artículo 2 de dicha ley; se le solicita señalar qué acciones y avances se han realizado con respecto a las propiedades que se encuentran adentro de estos límites; ya que, esta Dirección de Asesoría Jurídica, ha tramitado varios casos de presunción de legitimidad con respecto a este tema, no así de terrenos dentro del área protegida.”…”. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.

4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Garita Navarro; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente manifiesta que el 30 de julio de 1888 el Congreso de la República de Costa Rica aprobó la Ley 65 que indica: “Siendo de utilidad pública la conservación de las montañas en que tienen origen los arroyos y manantiales que abastecen de agua a la provincia de Heredia y a una parte de la de Alajuela; DECRETA: Art. 1: Se declara inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho, a uno y otro lado de la cima de las montañas con el Nombre317 de Montaña del Volcán de Barva, desde el cerro llamado el Zurquí hasta el que se conoce con el Nombre317 de Concordia, ya sea dicha zona de propiedad nacional o municipal”. Manifiesta que el objetivo de los legisladores del Siglo XIX con la aprobación de la Ley 65 fue el resguardo de las montañas del norte de Heredia con el fin de preservar el recurso hídrico de los habitantes del Valle Central, no sólo superficial si no también el subterráneo, al delimitarse en esta zona mucha del área más importante de recarga potencial de los acuíferos Barba y Colimas, acuíferos de donde hoy día se suple de agua más del 60% de habitantes, no sólo de Heredia, si no de Alajuela y San José. Aduce que las zonas altas de los cantones heredianos, Santa Barbara, Barva, San Rafael, San Isidro, Moravia y Coronado donde se demarca la zona inalienable de la Ley 65, está sometida a una constante y fuerte presión para desarrollar diversas actividades, en cuenta proyectos constructivos diversos. Afirma que la valía para la recarga de los acuíferos del Valle Central que tiene la zona inalienable, también es imprescindible su protección para salvaguardar el agua de miles de habitantes de las partes altas de los cantones de Alajuela, Santa Barbara, Barva, San Rafael, San Isidro y Santo Domingo que nos abastecemos del agua superficial de los ríos Segundo, Ciruelas, Tibás y Para que nacen en esa zona. Explica que estudios, como los del Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento, han determinado que el área donde se localiza la zona inalienable, además de ser de muy alta recarga acuífera, es de MUY ALTA fragilidad ambiental, además de ser de alta vulnerabilidad hidrogeológica, por lo que es inminente la necesidad de protegerla si queremos preservar el recurso hídrico para las generaciones presentes y futuras del Valle Central. Acota que la zona inalienable es además hogar de una amplia diversidad de flora y fauna debido a que limita con la parte sur del Parque Braulio Carrillo. Por otra parte, expone que en el año 2013 la Sala Constitucional al resolver un incidente de desobediencia presentado contra el ministro de ambiente por no haber cumplido el voto 2008-12109, reitera la importancia de la zona inalienable de la Ley 65 de 1888 para el ambiente en general y en particular para la protección del recurso hídrico, por lo que le ordena a René Castro Salazar en su condición de Ministro de Ambiente y Energía, cumplir inmediatamente lo dispuesto en la sentencia, bajo la advertencia de ordenarse la apertura de un procedimiento administrativo en su contra si no lo hiciere (resolución 2013-005049 del 27 de marzo del 2013). Arguye que después del apercibimiento del 2013 de la Sala Constitucional, el Ministerio de Ambiente y Energía delimitó la zona inalienable por medio de un amojonamiento, no así no ha cumplido con la recuperación de los terrenos, ni siquiera ha interpuesto proceso alguno de reivindicación del patrimonio natural del Estado como es la zona inalienable. Asegura que actualmente una porción de la zona inalienable de la Ley 65 de 1888, no toda, forma parte del Parque Braulio Carrillo, tanto por la Ley 6288 del del 25 de octubre de 1978 que creo el parque, como por el Decreto Ejecutivo 39259- MINAE del 15 de octubre del 2015 que indicó: “Artículo 1º- Declárese parque nacional parte del territorio establecido como Zona inalienable, creada por el Decreto Ley Nº LXV de julio de 1888, anexando dicha porción de terreno al Parque Nacional Braulio Carrillo; cuyos límites se describen a continuación basado en la hoja topográfica Barva 3346 II, edición 3-IGNCR, 2005, escala 1:50.000, elaborada por el Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica.”. Señala que al Parque Braulio Carrillo, incluyendo lo que se le anexó en el 2015, además de cubrirle la Ley 65, le son aplicables las normas de protección especial y total que cubren a éstos, tales como la Ley del Servicio de Parques Nacionales y la Ley Forestal (artículo 1), lo que no se está dando debido a que los terrenos anexados al parque que son parte de la zona inalienable de la Ley 65 siguen en manos de particulares, algunos de los cuales llevan a cabo actividades que impactan el ambiente, como de turismo masivo sin control y estudio de impacto ambiental alguno, actividades de lecherías, talas de árboles, construcción de cabañas de recreo, etc. Indica que en respuesta a las consultas que se le ha hecho ver a los ministros de ambiente desde que se dictó el fallo 2008-12109 sobre la recuperación o reivindicación de los terrenos estatales que corresponden a la zona inalienable de la Ley 65, nunca se ha informado recuperación alguna o que se haya iniciado con alguna acción ante los tribunales correspondientes que culmine con un proceso de reivindicación. En el MINAE siempre han dado una única respuesta, que ya iniciaron con la confección de expedientes de las fincas y su respectivo análisis legal y técnico de los antecedentes de los asientos registrales de las fincas inscritas en el Registro Nacional, para que así sea la Procuraduría General de la Republica quien proceda a iniciar los trámites de lesividad ante los tribunales de justicia que culminen en la recuperación de los terrenos. Solicita que en aras de la tutela del recurso hídrico y del ambiente en general, y al ser la zona inalienable parte del Patrimonio Natural del Estado, se le ordene al ministro de Ambiente y Energía o a quien ocupe su lugar, que inicie con las acciones necesarias y concretas que corresponden, más allá de estudios, para la reivindicación y recuperación de los terrenos de la zona inalienable de la Ley 54, sea trasladando los expedientes de los antecedentes o historial de las fincas a la Procuraduría General de la República.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a)   El 30 de julio de 1888 el Congreso de la República de Costa Rica aprobó la Ley 65 que indica: “Siendo de utilidad pública la conservación de las montañas en que tienen origen los arroyos y manantiales que abastecen de agua a la provincia de Heredia y a una parte de la de Alajuela; DECRETA: Art. 1: Se declara inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho, a uno y otro lado de la cima de las montañas con el Nombre317 de Montaña del Volcán de Barva, desde el cerro llamado el Zurquí hasta el que se conoce con el Nombre317 de Concordia, ya sea dicha zona de propiedad nacional o municipal”. (ver prueba).

b)   El área más importante de recarga potencial de los acuíferos Barba y

Colimas, acuíferos de donde hoy día se suple de agua más del 60% de habitantes, es no sólo de Heredia, si no de Alajuela y San José (ver informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida y prueba adjunta).

c)    La valía para la recarga de los acuíferos del Valle Central que tiene la zona inalienable, también es imprescindible su protección para salvaguardar el agua de miles de habitantes de las partes altas de los cantones de Alajuela, Santa Barbara, Barva, San Rafael, San Isidro y Santo Domingo que se abastecen del agua superficial de los ríos Segundo, Ciruelas, Tibás (hecho incontrovertido).

d)   El área donde se localiza la zona inalienable, además de ser de muy alta recarga acuífera, es de muy alta fragilidad ambiental, además de ser de alta vulnerabilidad hidrogeológica (hecho incontrovertido).

e)    El 05 de agosto de 2008, mediante resolución No. 2008-12109 de las 15:16 horas del 05 de agosto de 2008, este Tribunal resolvió lo siguiente:

“…Se declara con lugar el recurso, únicamente en cuanto al Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud, y las Municipalidades de Heredia, Santa Bárbabara, Barva, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia y Vásquez de Coronado. Se ordena a Roberto Dobles Mora, o a quien ocupe su cargo como Ministro del Ambiente y Energía, lo siguiente: a) Que dentro del plazo de siete meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, realice las gestiones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que se delimite físicamente la zona establecida por la ley número 65 de 1888, y luego de ello, inicie los procesos de recuperación de los terrenos que se ubican en dicho sector y que estén siendo ocupados por particulares; b) Que de inmediato verifique el cumplimiento de lo dispuesto por la resolución R-069-SINAC-2007, por parte de los personeros del Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí, y en caso de que no se haya cumplido con lo dispuesto por el pronunciamiento de cita, proceda conforme a derecho. Se ordena a José Manuel Ulate Avendaño, o a quien ocupe su cargo como Alcalde Municipal del Cantón Central de Heredia, a Rolando Hidalgo Villegas, o a quien ocupe su cargo como Alcalde, y a Marta Lidia Segura Miranda, o a quien ocupe su cargo como Presidenta del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Santa Bárbabara de Heredia, a Mercedes Hernández Méndez, o a quien ocupe su cargo como Alcaldesa, y a Adrián Varela Montero, o a quien ocupe su cargo como Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Barva de Heredia, a Marvin Chaves Chinchilla, o a quien ocupe su cargo como Alcalde, y al Elvia Villalobos Argüello, o a quien ocupe su cargo como Presidenta del Concejo Municipal, ambos del Concejo Municipal de San Isidro de Heredia, a Aracelly Salas Eduarte, o a quien ocupe su cargo como Alcaldesa de San Pablo de Heredia, a Alberto Vargas Esquivel, o a quien ocupe su cargo como Alcalde y a Yensi Alfaro Hernández, o a quien ocupe su cargo como Presidenta del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, a Rafael Isidro Bolaños Arce, o a quien ocupe su cargo como Alcalde Municipal de Santo Domingo de Heredia, a Edgar Vargas Jiménez, o a quien ocupe su cargo como Alcalde Municipal de Moravia, y a Leonardo Herrera Sánchez, o a quien ocupe su cargo como Alcalde Municipal de Vázquez de Coronado, lo siguiente: a) Que de inmediato se abstengan de otorgar cualquier tipo de permiso dentro de la zona establecida por la ley número 65 de 1888, en lo que respecta a sus jurisdicciones; b) Que procedan a contratar a los profesionales necesarios para la elaboración de los mapas de vulnerabilidad hidrogeológica recomendados por Nombre3992 en su informe denominado “Recarga Potencial del Acuífero Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica.”, los cuales deberán ser incluidos en la normativa urbanística de sus jurisdicciones, tal y como lo recomienda la autoridad antes mencionada. Se ordena a María Luisa Ávila Argüello, o a quien ocupe su cargo como Ministra de Salud, a Alberto Vargas Esquivel, o a quien ocupe su cargo como Alcalde y a Yensi Alfaro Hernández, o a quien ocupe su cargo como Presidenta del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, que de inmediato procedan a realizar las acciones que conforme a derecho procedan contra el refugio de perros abandonados que existe en el Refugio de Vida Silvestre Jaguandurí, e investiguen la denuncia planteada por el Grupo Comité Salud de los Ángeles de San Rafael, con respecto a la supuesta contaminación que existe en dicho sitio. Se advierte a los recurridos que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a las Municipalidades de Heredia, Santa Bárbara, Barva, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia y Vasquez de Coronado al pago de las costas daños y perjuicios que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto a las demás autoridades recurridas, se declara sin lugar el recurso.” (ver expediente N° 07-007996-0007-CO, traído ad effectum videndi et probandi).

f)     En el año 2010 se presentó una “GESTIÓN DE DESOBEDIENCIA” contra el Ministerio de Ambiente, según consta en el expediente N° 07007996-0007-CO, por no haber cumplido la resolución N° 2008-12109, en cuanto a delimitar físicamente la zona establecida por la Ley número 65 de 1888, no haber recuperado los terrenos ocupados por particulares, ubicados en dicho sector y para verificar el cumplimiento de lo dispuesto por la resolución R-069-SINAC-2007, por parte de los personeros del Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí. El Ministro de Ambiente y Energía de entonces, Jorge Rodríguez Quirós, solicitó a la Sala constitucional dentro del expediente donde se conocía la gestión de desobediencia, que se reconsiderare el plazo otorgado en el voto 2008-12109, en cuanto a amojonar y recuperar los terrenos de la zona inalienable creada por la Ley 65 de 1888, solicitando que se ampliare al menos por un lapso de 18 meses a partir de su solicitud, a efecto de llevar a cabo lo necesario para así poder cumplir con la orden del Tribunal Constitucional. La Sala Constitucional no acogió la solicitud de desobediencia, y por el contrario, considerando que existían suficientes razones para acoger la solicitud planteada por el Ministerio acusado de desobediencia, por medio de la resolución del 14 de enero del 2011, sentencia No. 2011-00412, amplió en UN AÑO a partir de la notificación, el plazo para cumplir lo establecido en la sentencia 200812109 (ver expediente N° 07-007996-0007-CO, traído ad effectum videndi et probandi).

g)   El 28 de marzo de 2012, se presentó una nueva gestión de inejecución o desobediencia contra el Ministerio de Ambiente y Energía, por el incumplimiento de la resolución 2008-12109, gestión que fue desestimada o declarada, resolviéndose:

“NO HA LUGAR, mediante la resolución 2012-004944 de las nueve horas, cinco minutos del veinte de abril del 2012; fundamentándose la Sala Constitucional, en que a la fecha que presentamos la gestión, no había transcurrido el plazo de un año que se le había otorgado al Ministerio de Ambiente y Energía para cumplir. Indicó la Sala

Constitucional:“…mediante sentencia número 2011-00412 de las 11:47 horas del 14 de enero de 2011, este Tribunal Constitucional acogió la petición planteada por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, relativa a la ampliación del plazo concedido para llevar a cabo la orden dictada en la sentencia número 2008-12109; de manera tal que, se le otorgó el plazo de 1 año contado a partir de la notificación de la sentencia número 2011-00412, para llevar a cabo la delimitación y recuperación de la zona estipulada en la Ley de rito. Precisamente, esa última sentencia fue notificada a la autoridad recurrida el 20 de julio de 2011. En virtud de lo anterior, se denota que aún no ha transcurrido el plazo concedido por esta Sala en la sentencia número 2011-00412, de modo que la autoridad competente se encuentra todavía en tiempo para dar cumplimiento a la orden supra citada”. (ver expediente N° 07-007996-0007-CO, traído ad effectum videndi et probandi).

h)   El 17 de agosto de 2012 habiendo ya transcurrido el plazo otorgado en la resolución N° 2011-00412 al Ministerio de Ambiente y Energía para cumplir la resolución N° 2008-12109, y ante el incumplimiento del Ministerio por no haber delimitado la zona inalienable en esta fecha, ni llevado a cabo recuperación alguna, nuevamente se presentó ante este Tribunal un incidente o gestión de inejecución contra el Ministro de Ambiente y Energía, el cual se resolvió con lugar por medio de la resolución N° 2013-004049 del 27 de marzo de 2013, indicándose lo siguiente:

“Al respecto, este Tribunal Constitucional determina que pese a las diversas actuaciones descritas con anterioridad, lo cierto es que de manera concreta el ministerio accionado no ha cumplido la orden constitucional emitida en la sentencia número 2008-12109 de las 15:16 horas del 5 de agosto de 2008. (resaltado o negrilla no del original) (…) Se le ordena a René Castro Salazar, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía cumplir, inmediatamente, lo dispuesto en la sentencia número 2008- 12109 de las 15:16 horas del 5 de agosto de 2008, bajo la advertencia de ordenarse la apertura de un procedimiento administrativo en su contra si no lo hiciere. En cuanto a lo demás, no ha lugar a la gestión formulada”. (ver expediente N° 07007996-0007-CO, traído ad effectum videndi et probandi).

i)     El 24 de abril de 2017, se planteó una nueva gestión de inejecución, alegándose que si bien el MINAE había delimitado y amojonado la zona inalienable, como lo ordenaron las resoluciones 2008-12109 y 2013-004049, no habían llevado a cabo gestiones concretas que llevaran a la recuperación del patrimonio natural del Estado en su totalidad o parcialmente, o que hubiesen iniciado algún trámite para revindicar los terrenos estatales. Ergo, esta Sala desestimó la gestión de inejecución mediante resolución N° 2017-009974 del 30 de junio de 2017, fundamentándose en que el ministro de Ambiente y Energía informó que habían iniciado los procesos de estudio para llevar a cabo la recuperación de la zona inalienable (ver expediente N° 07-0079960007-CO, traído ad effectum videndi et probandi).

j)     Mediante resolución N° PHO4597 dictada a las 09:20 horas del 12 de mayo de 2023, este Tribunal resolvió una gestión de inejecución planteada por Nombre8834  y el recurrente, [Nombre317 001], por la falta de cumplimiento de la sentencia N° 2008-012109 de las 15:16 horas del 05 de agosto de 2008, resolviéndose lo siguiente:

“…  I.- Por sentencia nro. 2008-012109 de las 15:16 horas del 5 de agosto de 2008, se dispuso lo siguiente: “Se declara con lugar el recurso, únicamente en cuanto al Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud, y las Municipalidades de Heredia, Santa Bárbabara, Barva, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia y Vásquez de Coronado. Se ordena a Roberto Dobles Mora, o a quien ocupe su cargo como Ministro del Ambiente y Energía, lo siguiente: a) Que dentro del plazo de siete meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, realice las gestiones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que se delimite físicamente la zona establecida por la ley número 65 de 1888, y luego de ello, inicie los procesos de recuperación de los terrenos que se ubican en dicho sector y que estén siendo ocupados por particulares; b) Que de inmediato verifique el cumplimiento de lo dispuesto por la resolución R-069-SINAC-2007, por parte de los personeros del Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí, y en caso de que no se haya cumplido con lo dispuesto por el pronunciamiento de cita, proceda conforme a derecho…”. II. Mediante resolución interlocutoria nro. 2011-000412 de las 11:47 horas del 14 de enero de 2011. Se dio por cumplida la orden establecida en la parte b) de la sentencia nro. 2008-012109 de las 15:16 horas del 05 de agosto del 2008. Asimismo, se otorgó el plazo de un año contado a partir de la notificación de esa sentencia al Ministerio de Ambiente y Energía para cumplir con lo establecido en la parte a) de la sentencia supra citada. III.- Con respecto al cumplimiento de la parte a), mediante resolución interlocutoria nro. 2017-9974 de las 9:15 horas del 30 de junio de 2017, la Sala indicó:

“IV.- Sobre la gestión planteada. Los gestionantes acuden a este Tribunal alegando desobediencia a lo ordenado mediante sentencia No. 2008-012109 de las 15:16 horas del 05 de agosto del 2008, únicamente, sobre la falta de actuación del ministerio accionado en la recuperación de terrenos declarados como zona inalienable. Al respecto, la autoridad recurrida informa que ha realizado diversas acciones para llevar a cabo el proceso de recuperación de la zona protegida. Aseguran que por resolución administrativa No. R-1652014-MINAE de 2 de mayo de 2014, se dio inicio formalmente al proceso de estudio por parte del Despacho Ministerial respectos a las inscripciones en la zona inalienable, a pesar de que la Procuraduría General de la República se pronunció con el criterio jurídico de carácter vinculante C-480-2014 de 19 de diciembre de 2014. Asimismo, establecen que el número de propiedades inscritas relacionadas con los planos catastrados encontrados es de alrededor de 1000, por lo que el tiempo de ejecución de esta etapa del proceso es muy lento, dado que el estudio debe hacerse caso por caso para respetar el derecho de defensa y el debido proceso. Además, se constata que están en proceso de validación del procedimiento con los otros actores, para lo cual se ha pedido cita al Registro Público mediante oficio D-095 de 30 de enero de 2017 del Director del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central. Por otra parte, la autoridad recurrida planea solicitar audiencia a la Procuraduría General de la República en aras de coordinar lo relativo a los posibles procesos de lesividad en sede judicial. Ahora bien, este Tribunal observa que lo ordenado en dicho pronunciamiento en relación con la desobediencia alegada fue que se iniciaran los procesos de recuperación de tierras, por lo que visto el informe rendido por la recurrida se corrobora que ya se iniciaron los procesos de estudio para llevar a cabo la recuperación de la zona inalienable, dando así cumplimiento a lo ordenado por esta Sala. De modo que no se constata el incumplimiento alegado por la parte recurrente. En consecuencia lo procedente es desestimar la gestión formulada. V. Por otra parte, en dicha resolución también se ordenó al Ministerio de Ambiente y Energía que se delimitara físicamente la zona establecida por la ley número 65 de 1888. Sobre el particular, esta Sala observa del estudio del expediente, que según prueba aportada en marzo de 2014, se finalizó la colocación de mojones físicos que permitieron circunscribir el territorio protegido. Por lo que se constata el cumplimiento de lo ordenado respecto a este punto”. (El subrayado es agregado). IV.- Sobre la gestión planteada. Los gestionantes acusan la desobediencia de la sentencia nro. 2008-012109 de las 15:16 horas del 5 de agosto de 2008 por parte del Ministerio de Ambiente y Energía, por cuanto no ha logrado la recuperación de los terrenos estatales, definidos por la ley 65 de 1888, que se mantienen actualmente en posesión de particulares. Al respecto, según se desprende del considerando III de esta resolución, la Sala ya determinó el cumplimiento de la sentencia aludida, en lo que respecta al punto a), dirigido al Ministerio de Ambiente y Energía. Se reitera: “…este Tribunal observa que lo ordenado en dicho pronunciamiento en relación con la desobediencia alegada fue que se iniciaran los procesos de recuperación de tierras, por lo que visto el informe rendido por la recurrida se corrobora que ya se iniciaron los procesos de estudio para llevar a cabo la recuperación de la zona inalienable, dando así cumplimiento a lo ordenado por esta Sala”. (El subrayado es agregado). “… En ese tanto, la gestión planteada deviene improcedente. Por tanto: No ha lugar a la gestión formulada.” (ver expediente N° 07-007996-0007-CO, traído ad effectum videndi et probandi).

IV.- SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha subrayado que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra reconocido tanto a nivel constitucional como convencional. Asimismo, se ha indicado que la protección efectiva a ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, contexto en que el Estado y la ciudadanía en general deben actuar según los principios que rigen la materia ambiental. En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos. Así, el Estado costarricense se encuentra obligado a adoptar las medidas que garanticen la defensa y preservación efectiva del ambiente conforme a tales principios. Ahora, tal obligación objetiva no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los órganos jurisdiccionales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades, o bien, de personas físicas y jurídicas, conforme la reconocida teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales (Drittwirkung der Menschenrechte), entre cuyas manifestaciones procesales se encuentra el amparo contra sujetos de derecho privado.

V.- ANTECEDENTES SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. En la sentencia No. 200401923 de las 14:55 hrs. de 25 de febrero de 2004, la Sala se refirió a la tutela de las aguas subterráneas, como parte esencial de nuestro ecosistema, estimando en lo que interesa, lo siguiente:

V.- AGUAS SUBTERRÁNEAS. Frente a las aguas denominadas superficiales, en cuanto discurren sobre la corteza terrestre, y pueden ser objeto de aprovechamientos comunes o especiales, se encuentran las subterráneas. Las aguas subterráneas son aquellas que se encuentran bajo la superficie terrestre ocupando los espacios vacíos en el suelo o las rocas, su fuente más importante lo son las precipitaciones pluviales que se infiltran en el suelo. El suelo, por su parte, está compuesto por dos niveles que son los siguientes: a) Superior o zona de aireación, en el cual los espacios vacíos están ocupados por el aire y el agua infiltrada que desciende por gravedad y b) otro debajo de éste denominado zona de saturación, en la que los espacios vacíos están llenos de agua que se mueve lentamente y cuyo nivel superior se denomina tabla de agua, nivel hidrostático o freático. Las aguas incluidas en los espacios porosos de la zona de saturación, en formaciones geológicas, se denominan mantos acuíferos o de aguas subterráneas. El gradiente hidráulico es la diferencia de altitud entre dos puntos de la misma tabla de agua –nivel freático-, en relación con su distancia horizontal, la velocidad de movimiento de las aguas subterráneas depende, en esencia, del gradiente hidráulico. Las aguas subterráneas son parte esencial del ciclo hidrológico, así del total del agua de la hidrosfera el 2,4% es agua dulce, de esta un 78,1% se encuentra congelada, un 21,5% corresponde a las aguas subterráneas y un 0,4% son superficiales que se encuentran en ríos y lagos. En la región centroamericana la principal fuente de abastecimiento público son las aguas subterráneas, frente a las superficiales que están notablemente expuestas a su contaminación y degradación por las nocivas prácticas del uso de la tierra y la expansión urbana descontrolada. Para el caso particular de nuestro país se ha estimado que la recarga potencial anual de aguas subterráneas es de aproximadamente 47 000 millones de metros cúbicos por año, lo que significa un 20% de la precipitación, igualmente se ha calculado que de los 750 000 metros cúbicos de agua diarios para consumo humano que se utilizan, un 70% (500 000 metros cúbicos por día) provienen de captaciones de aguas subterráneas. El consumo y uso de las aguas subterráneas, respecto de las superficiales, presenta ventajas cualitativas y cuantitativas evidentes y claras como las siguientes: a) La inversión para la extracción y explotación de las aguas subterráneas potables se realiza en forma gradual dependiendo del aumento de la demanda del servicio y las áreas de captación pueden ser ubicadas cerca del lugar donde se produce la demanda, todo lo cual reduce los costos de conducción, tratamiento y almacenamiento; b) la calidad físico-química natural de las aguas subterráneas es más constante que las superficiales y es potable con poco o ningún tratamiento; c) al existir suelo o rocas por sobre las aguas subterráneas se encuentran más protegidas de la contaminación de origen natural o humano; d) las variaciones en cantidad y disponibilidad en épocas secas o de precipitación pluvial son mínimas comparadas con las de las aguas superficiales; e) constituyen una reserva estratégica para hacerle frente a estados de emergencia por calamidad pública, conmoción interna (v. gr. terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, etc.) o guerra.

  VI.-   AGUAS   SUBTERRÁNEAS   Y  DERECHOS FUNDAMENTALES. El tema de las aguas subterráneas se encuentra íntimamente ligado a varios derechos fundamentales recogidos en el texto constitucional e instrumentos internacionales de derechos humanos. Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, enuncia el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual se logra, entre otros factores, a través de la protección y conservación de la calidad y cantidad del agua para consumo y uso humano y para mantener el equilibrio ecológico en los hábitats de la flora y la fauna (v. gr. humedales) y, en general, de la biosfera como patrimonio común de la humanidad. Del mismo modo, el acceso al agua potable asegura los derechos a la vida –“sin agua no hay vida posible” afirma la Carta del Agua aprobada por el Consejo de Europa en Estrasburgo el 6 de mayo de 1968-, a la salud de las personas –indispensable para su alimento, bebida e higiene- (artículo 21 de la Constitución Política) y, desde luego, está asociado al desarrollo y crecimiento socioeconómico de los pueblos para asegurarle a cada individuo un bienestar y una calidad de vida dignos (artículo 33 de la Constitución Política y 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos). La escasez, la falta de acceso o disponibilidad y la contaminación de ese líquido preciado provoca (sic) el empobrecimiento de los pueblos y limita el desarrollo social en grandes proporciones. Consecuentemente, la protección y explotación de los reservorios de aguas subterráneas es una obligación estratégica para preservar la vida y la salud de los seres humanos y, desde luego, para el adecuado desarrollo de cualquier pueblo. En el año 1995 se estimó que 1000 millones de habitantes no tenían acceso al agua potable y se calcula que para el año 2025 cerca de 5.500 millones de personas tendrán escasez de agua, siendo que anualmente mueren entre 5 y 10 millones de personas por uso de agua no tratada. En otro orden de ideas, actualmente, se ha reconocido el deber de preservar, para las generaciones futuras, unas condiciones de existencia al menos iguales a las heredadas (desarrollo sostenible), por lo que la necesidades del presente deben ser satisfechas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para hacerlo con las propias (Principio 2 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Estocolmo, 1972). En esencia, el agua, desde un punto de vista económico y ecológico, es un bien preciado, puesto que, es indispensable para cualquier actividad humana (industrial, agrícola, doméstica, comercial, servicios etc.), como fuente de energía, materia prima, vía de transporte, soporte de actividades recreativas y elemento constitutivo para el mantenimiento de los ecosistemas naturales –uso del agua no contaminante o compatible con el ambiente-.

VII.- NATURALEZA Y REGIMEN JURÍDICOS DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS, MANTOS ACUÍFEROS Y AREAS DE RECARGA: BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. En nuestro sistema jurídico no existe un único cuerpo normativo sistemático y coherente que regule de forma global la protección, extracción, uso, gestión y administración eficiente de los recursos hídricos. Adicionalmente, la poca legislación existente se centra, preponderantemente, en las aguas superficiales obviando a las subterráneas. Como es propio y consustancial al Derecho Administrativo, se puede constatar en esta materia una dispersión normativa y un conjunto fragmentado, caótico y ambiguo de normas sectoriales que regulan aspectos puntuales quedando serias lagunas y antinomias, todo lo cual también dificulta, seriamente, la gestión ambiental por parte de los entes públicos encargados de la materia. Obviamente, la escasa regulación de las aguas subterráneas no constituye la excepción a la regla anteriormente señalada. En el Derecho de Aguas se han sostenido diversas tesis acerca de su naturaleza jurídica –cuya variación depende de la evolución histórica-. Así a las aguas subterráneas se les ha reputado como (a) bienes privados, por lo que son una res nullius apropiable por su alumbrador, esto es, por el propietario del terreno en el que surjan, siguiéndose la máxima del Derecho Romano según la cual la propiedad se extiende desde el cielo hasta el infierno. Las regulaciones decimonónicas sobre el recurso hídrico (v. gr. Ley de Aguas española de 1879 que inspiró a muchas legislaciones latinoamericanas, entre ellas, a nuestra Ley de Aguas de 1942) le darán a las aguas subterráneas un carácter de (b) bien mixto, por lo que serán privadas las que el dueño de un terreno particular haga alumbrar y públicas las que nacen en un terreno de dominio público o las primeras después de haberlas utilizado su propietario. Finalmente, a partir del siglo XX, muchas legislaciones van a calificar todas las aguas subterráneas como (c) bienes de dominio público, a partir de la indubitada unidad del ciclo hidrológico, con lo que pasan a conformar lo que se ha denominado el “dominio público hidráulico” como parte del dominio natural y no artificial; esta posición concibe el agua como un recurso unitario subordinado al interés general por lo que no se debe distinguir entre superficiales y subterráneas, puesto que, se encuentran íntimamente vinculadas para mantener su calidad y cantidad. De acuerdo con esta última tesis, las aguas subterráneas no son apropiables por ningún particular y su calificación como bienes de dominio público constituye título suficiente para someterlas a un régimen de intervención administrativa muy fuerte e intenso en aras de garantizar su integridad y calidad y de apartarlas de los modos de adquisición y disfrute propios del Derecho Privado. En nuestro ordenamiento jurídico, a partir de una serie de normas dispersas, se puede determinar la naturaleza jurídica de las aguas subterráneas, con evidentes variaciones, según el devenir histórico- legislativo. La Ley de Aguas No. 276 del 27 de agosto de 1942 y sus reformas, en su artículo 1°, incisos IV, VIII y IX califica, respectivamente, como aguas de dominio público “Las de los (...) manantiales (...)”, “Las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de propiedad nacional y, en general, todas las que nazcan en terrenos de dominio público” y “Las subterráneas cuyo alumbramiento no se haga por medio de pozos”, puesto que, el ordinal 4°, inciso III, de ese texto legal reputa de dominio privado –y, por ende, pertenecientes al dueño del predio- “Las aguas subterráneas que el propietario obtenga de su propio terreno por medio de pozos”, siendo que los sobrantes – de pozos concesionados para obtener agua con fines no domésticos y necesidades ordinarias- que salgan del terreno se convertirán en aguas de dominio público. Evidentemente, la Ley de Aguas de 1942 sigue una tesis mixta acerca de la naturaleza jurídica de las aguas subterráneas, puesto que, conjuga el carácter res nullius y, por consiguiente, apropiable de éstas si son alumbradas en terrenos privados con el demanial si surgen en un terreno cuyo titular es un ente público. Serán dos leyes posteriores, dictadas durante el curso del último cuarto del siglo pasado, las que reformaron o modificaron, tácitamente lo establecido en los artículos 1°, incisos IV, VIII y IX y 4°, inciso III, de la Ley de Aguas. En realidad, estos dos nuevos instrumentos normativos se inscriben en la corriente contemporánea de concebir las aguas subterráneas como bienes del dominio público en virtud de la unidad del ciclo hidrológico, por lo que son título habilitante suficiente para admitir un fuerte régimen de intervención administrativa para conservar la cantidad, calidad y asegurar una explotación racional y sostenida de los recursos hídricos. Así, el Código de Minería, Ley No. 6797 del 4 de octubre de 1982 y sus reformas, en su numeral 4° dispuso lo siguiente “(...) las fuentes y aguas minerales y las aguas subterráneas y superficiales, se reservan para el Estado y sólo podrán ser explotados por éste, por particulares de acuerdo con la ley, o mediante una concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa (...)”, de esta forma se produjo una publificación y nacionalización de todas las aguas subterráneas del país, incluso las que son alumbradas mediante un pozo ubicado en un predio particular para uso domésticos o necesidades ordinarias. Ulteriormente, la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 del 13 de octubre de 1995 y sus reformas, en el numeral 50 -cuyo epígrafe es “Dominio público del agua”- reforzó esa declaratoria de demanialidad y preceptúo que “El agua es de dominio público, su conservación y uso sostenible son de interés social”, este instrumento legislativo supone una afectación expresa, de las aguas continentales (aguas superficiales y subterráneas -al no distinguirlas-) al demanio público del Estado y califica de interés social, con lo que se dejó expedito el camino para eventuales expropiaciones o limitaciones por razón de interés social (artículo 45 de la Constitución Política), su protección, preservación o conservación y uso sostenido o racional.

VIII.- MANTOS ACUÍFEROS, AREAS DE RECARGA Y DESCARGA. El acuífero es un estrato o formación geológica (depósitos no consolidados de materiales sueltos tales como arenas, gravas, mezclas de ambos, rocas sedimentarias como la caliza, rocas volcánicas, etc.) que permite la circulación del agua por sus poros o grietas, por lo que el ser humano puede aprovecharla en cantidades económicamente apreciables para atender sus necesidades. En un sentido muy lato, los mantos acuíferos son las formaciones geológicas que contienen agua, la han contenido y por las cuales el agua fluye o circula. Dos de los parámetros hidrogeológicos para definir el funcionamiento de un manto acuífero –relación entre la recarga y la extracción del agua o descarga- son la porosidad o permeabilidad – conductividad hidráulica- y el coeficiente de almacenamiento. Existen una serie de formaciones geológicas que no deben confundirse con los mantos acuíferos, así los (a) acuícludos son formaciones geológicas que contienen agua en su interior pero que no la transmiten impidiendo su explotación; en lo atinente a las aguas subterráneas no renovables, fósiles, muertas, estancadas o no fluyentes contenidas en éstos no cabe la menor duda que también son de dominio público, dado que, los artículos 4° del Código de Minería y 50 de la Ley Orgánica del Ambiente no distinguen entre aguas subterráneas y superficiales y, mucho menos, entre las subterráneas renovables y no renovables, por lo que no se les puede concebir como un res nullis susceptible de apropiación por el alumbrador particular. El (b) acuitardo, por su parte, comprende un conjunto de formaciones geológicas que contienen apreciables cantidades de agua pero las transmiten de forma muy lenta. Finalmente, el (c) acuifugo es aquella formación geológica que no contiene agua ni la puede transmitir. En lo relativo a la tipología de los acuíferos, la hidrogeología, los clasifica, según la presión hidrostática del agua encerrada en los mismos, de la forma siguiente: a) acuíferos libres, no confinados o freáticos en los que existe una superficie libre del agua encerrada en ellos en contacto directo con el aire, su tabla de agua se encuentra a presión atmosférica y no está limitado por una capa impermeable y b) acuíferos cautivos, confinados o a presión en los que el agua está sometida a una presión superior a la atmosférica. También existe la subcategoría de los acuíferos colgados que son aquellos libres con una distribución espacial limitada y existencia temporal. La recarga natural de los mantos acuíferos se produce por el volumen de agua que penetra en éstos durante un período de tiempo a causa de la infiltración de las precipitaciones pluviales o de un curso de agua (v. gr. los ríos influentes). Las áreas de recarga, por consiguiente, son todas las zonas de la superficie del suelo donde las precipitaciones pluviales se filtran en el suelo hasta alcanzar la zona saturada incorporándose al acuífero. La Ley Forestal No. 7575 del 13 de febrero de 1996, en su artículo 3°, inciso l), define las áreas de recarga acuífera como “Las superficies en las cuales ocurre la infiltración que alimenta los acuíferos y cauces de los ríos (...)”. La descarga natural es el volumen de agua que, durante un período de tiempo, sale naturalmente del acuífero a través de los manantiales superficiales, subfluviales o submarinos, por evapotranspiración o por percolación vertical hacía acuíferos inferiores. La descarga artificial se produce a través de la extracción del agua mediante pozos, zanjas, trincheras o túneles. Las áreas de descarga de las aguas subterráneas comprenden todos aquellos puntos en los que la tabla de agua o nivel freáctico intersecta la superficie del suelo –manantiales, nacientes, filtraciones- el curso de un río o los lechos marinos o lacustres.

IX.- TIPOLOGIA DE LOS MANTOS ACUÍFEROS EN COSTA RICA. En nuestro país se reconocen dos tipos de familias de acuíferos:

a) Volcánicos o fisurados, formados en rocas ígneas (volcánicas e intrusivas), representan los de mayores dimensiones y mejor calidad y b) Sedimentarios o granulares en formaciones superficiales. En cuanto al primer tipo debe indicarse que las rocas ígneas, naturalmente, no tienen permeabilidad, poseen una porosidad secundaria originada en la presencia de fracturas o fisuras originadas por enfriamiento o eventos tectónicos (áreas vinculadas a fallas geológicas) con lo que adquieren aptitud hidrogeológica. Este tipo de acuíferos surge en las zonas altas donde las precipitaciones son elevadas y particularmente existen rocas volcánicas, ejemplos conocidos y estudiados de éstos son los acuíferos del Valle Central (v. gr. Colima Superior e Inferior y Barva). Desde la perspectiva de la hidrogeología, nuestro país presenta condiciones ideales y excepcionales para la explotación racional y mesurada de las aguas subterráneas, puesto que la Cordillera Volcánica Central está constituida por suelos volcánicos con una elevada capacidad natural de infiltración, siempre y cuando no hayan sido compactados o erosionados por las actividades humanas, con lo que cumplen una función esencial al regular la escorrentía de las aguas superficiales y la recarga de los acuíferos. La alta permeabilidad de los mantos de lava fracturados y brechosos y las condiciones de alta precipitación pluvial favorecen la formación de acuíferos de alto potencial. Las tobas existentes, a su vez, se comportan como rocas de poca permeabilidad que permiten la constitución de acuitardos que son la base de los acuíferos y permiten la transferencia vertical de aguas entre éstos. La ubicación y geomorfología de la Cordillera Volcánica Central, con todos sus acuíferos, es una fuente de primer orden de agua para satisfacer las necesidades de, por lo menos, la mitad de la población del país, incluido la Gran Área Metropolitana y poblaciones circunvecinas. La utilización del agua subterránea en esta zona se efectúa mediante pozos o la captación de manantiales para usos domésticos, industriales, agropecuarios. En la Cordillera Volcánica Central, para el año 1996, el Nombre3992 tenía registrados 3.460 pozos de uso variado y 353 manantiales para abastecimiento público empleados por el ICAA, las corporaciones municipales, las asociaciones administradoras de acueductos rurales y otros entes. También se han localizado este tipo de acuíferos en las formaciones de Liberia y Bagaces (Provincia de Guanacaste). Se encuentra plenamente establecido que este tipo de acuíferos, por sus características petrofísicas, son más vulnerables a la contaminación en sus áreas de recarga cuando no se encuentran en zonas protegidas o reservadas y expuestos a actividades antrópicas como la deforestación, urbanización descontrolada y actividades agropecuarias intensivas y extensivas que conllevan el uso de plaguicidas y agroquímicos, por lo que se encuentran expuestos a una peligrosa y lenta degradación en su calidad ambiental. Los acuíferos superficiales están conformados por capas de rocas no consolidadas de origen reciente y diverso, se trata de rellenos aluviales de algunos valles que pueden alcanzar espesores de unos pocos metros a cien metros, están separados de la superficie por una delgada y permeable capa de suelo por lo que son altamente vulnerables a la contaminación, sobre todo cuando se encuentran debajo de zonas de ocupación antrópica (desarrollo urbano, industrial o de cultivos agrícolas). Este tipo de acuíferos son explotados en la región del Pacífico Central, como, por ejemplo, el relleno aluvial del Valle del Río Barranca que contiene dos acuíferos costeros que son el de Barranca y El Roble.

X.- CONTAMINACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS. A diferencia de la contaminación de las aguas superficiales que suele ser patente y visible, lo que permite tomar acciones ambientales tendentes a mitigarla o erradicarla, la de las aguas subterráneas, por su propia naturaleza, suele pasar inadvertida y se hace evidente cuando ha alcanzado grandes proporciones. Los mantos acuíferos por la lenta circulación de las aguas, la capacidad de absorción del terreno y otros factores, pueden tardar mucho tiempo en mostrar la contaminación. Adicionalmente, el gran volumen de las aguas contenido hace que las contaminaciones extensas tarden un lapso prolongado en manifestarse o bien cuando se trata de contaminaciones localizadas se detectan cuando fluyen en algún sitio de explotación. Ciertamente, este tipo de aguas tienen una resistencia a contaminarse, sin embargo cuando esta se produce su regeneración puede ser extraordinariamente lenta y en ocasiones es irreversible por el alto costo de los medios para hacerlo. Está demostrado que los intentos para reparar el daño producido por contaminación a un acuífero para lograr, de nuevo, niveles de potabilidad del agua no han tenido éxito, las tecnologías para su limpieza han contribuido poco a reducir el daño y los métodos son económicamente muy elevados. A lo anterior debe agregarse la falta de infraestructura organizacional, recursos materiales, financieros y humanos, en este último caso, debidamente capacitados para evaluar, medir y, en general, monitorear la calidad de esta agua y la dimensión exacta de su contaminación. La degradación y contaminación de los mantos acuíferos le impone al legislador y a las administraciones públicas la tarea urgente e impostergable de protegerlos. La contaminación de las aguas subterráneas puede ser directa o indirecta, lo es del primer tipo cuando se introducen directamente las sustancias contaminantes en el acuífero como el caso de los pozos negros o pozos de inyección, lo es del segundo tipo cuando con dilución se produce por contaminación de la recarga natural. Los agentes de contaminación pueden ser de muy diversa índole, esto es, minerales, orgánicos degradables (excretas y purinas), orgánicos poco o no degradables (pesticidas, detergentes, hidrocarburos), biológicos (bacterias, virus, algas), radioactivos y gaseosos. La contaminación de los acuíferos depende de los condicionantes geológicos, hidráulicos y químicos de cada lugar o emplazamiento, por lo que está en función de factores locales razón por la cual se precisa del conocimiento de cada zona y del estudio de casos similares. Los orígenes de la contaminación de los acuíferos pueden ser de muy diversa índole, tales como los siguientes: a) contaminación por actividad doméstica, la cual es orgánica y biológica y nace de tanques sépticos, fugas del sistema de alcantarillado, vertido de aguas negras, a lo que se debe agregar el aumento de productos químicos de uso doméstico como los detergentes; b) contaminación por actividades agrícolas, tenemos aquí el uso de abonos artificiales a base de nitratos, fosfatos y potasa o naturales -a base de estiércol-, el riego con aguas residuales y de alta salinidad y el uso de pesticidas (insecticidas, herbicidas y plaguicidas); c) contaminación por la ganadería, esencialmente, es orgánica y biológica, similar a la doméstica pero más intensa cuando se trata de granjas intensivas; d) contaminación por aguas superficiales, cuando recargan y se encuentran, a su vez, contaminadas; e) contaminación por intrusión salina, se produce cuando las aguas marinas y saladas se introducen en las regiones costeras por la sobreexplotación, a través de pozos, de los acuíferos costeros; f) contaminación por actividades mineras – mineral –, se relaciona con evacuaciones de aguas de mina y lavaderos de mineral; g) contaminación por actividades industriales, este tipo es tan variado como el tipo de industria que la origina, siendo especialmente nocivas las provocadas por metales pesados provenientes de la industria metalúrgica, así como de las industrias químicas, petroquímicas de alimentos (sustancias orgánicas) y bebidas (detergentes); h) contaminación por actividades nucleares, aunque excepcional en nuestro medio, puede provenir de plantas de tratamiento de combustibles irradiados y de minerales radioactivos y de la actividad médica; i) contaminación a través de pozos mal construidos, los pozos pueden intercomunicar varios mantos acuíferos y cuando tienen entubamientos rotos o corroídos en niveles de aguas de mala calidad o que permiten la entrada de aguas superficiales pueden provokable; j) contaminación a través del vertido de aguas residuales a través de pozos negros, tanques sépticos, fugas de la red de alcantarillado o vertido indiscriminatory a las Cuenca hidrográficas; k) contaminación por vertido de desechos sólidos, se produce cuando se construye un relleno sanitario en terrenos permeables o no impermeabilizados a través de los lixiviados; l) contaminación por pozos de inyección forma de utilización del subsuelo como almacén de residuales- mal proyectados, construidos o utilizados.

XI.- CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL Dirección1566    . La principal amenaza de contaminación de los mantos acuíferos en Costa Rica y, por consiguiente, de las aguas subterráneas lo constituyen dos factores: a) el crecimiento de la población y la expansión urbana descontrolada sobre las áreas de recarga, fenómenos que generan lixiviados de desechos sólidos y líquidos de origen doméstico e industrial, la incapacidad de infiltración de los suelos, la impermeabilización de las zonas de recarga y la sobreexplotación de los acuíferos; b) la utilización de agroquímicos en la agricultura intensiva del café, banano, algodón, plantas ornamentales y c) impermeabilización de las áreas de recarga por cambios en el uso del suelo, deforestación y ganadería extensiva. En el caso de los acuíferos que abastecen el Gran Área Metropolitana (Dirección1567   , La Libertad y Barva) se han observado evidencias de algún impacto de contaminación bactereológica (sic), industrial e incremento de nitratos, por la expansión urbana y la agricultura intensiva en las áreas de recarga. En lo relativo a los nitratos, pese a la buena calidad físico-química y bactereológica (sic) del agua, se ha detectado una tendencia al incremento de las concentraciones de nitrato, gradiente hidráulica abajo, lo que denota que el agua subterránea está siendo afectada, directa o indirectamente, por la descarga de tanques sépticos y el uso de fertilizantes nitrogenados utilizados en las hortalizas y cafetales. De la misma forma, se ha detectado una sobreexplotación de las aguas subterráneas por extracciones concentradas lo que ha causado un descenso en los niveles de agua y en el caudal de los manantiales y una eventual impermeabilización de las áreas de recarga al estar ubicados los acuíferos en las zonas de mayor crecimiento urbano con un acelerado desarrollo habitacional mediante urbanizaciones, cuyos efectos, según se estima, serían importantes si se impermeabiliza una zona mayor al 20% del área de recarga.

XII.- PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. Por las características de la contaminación de los mantos acuíferos destinados al abastecimiento público y su difícil regeneración, las medidas para evitar la contaminación deben ser preventivas y protectoras, mediante la prohibición de ciertas actividades humanas en determinadas zonas u ordenando medidas de seguridad sobre ciertas actividades potencialmente contaminantes. Nuestro ordenamiento jurídico-administrativo (legislación, reglamentos y decretos) carece, lamentablemente, de una regulación precisa, clara y completa para la protección de los mantos acuíferos, zonas de recarga y áreas de captación de aguas subterráneas. En la legislación extranjera (v. gr. Ley de Aguas española 29/1985 del 2 de agosto) se prevén algunas potestades extraordinarias de intervención administrativa en la economía del agua que atañen directamente a la protección de los mantos acuíferos, en aras de lograr un aprovechamiento sostenido de los recursos hídricos, esto es, para garantizar una disponibilidad de agua en cantidad suficiente y calidad requerida para atender la necesidades humanas y ecológicas presentes y futuras. Estas potestades administrativas extraordinarias, que deben ser admitidas en nuestro ordenamiento jurídico -pese a su falta de regulación- como implícitas en la competencia expresa y general de protección y conservación de las aguas subterráneas que tienen atribuidas el Estado y los entes descentralizados del sector hídrico, tienen sustento en la necesidad de lograr una utilización racional y equilibrada del agua. La escasez y degradación de las condiciones naturales del recurso hídrico imponen la posibilidad administrativa de adoptar tales medidas para evitar su agotamiento o deterioro irreversible y de superar, temporalmente, los efectos nocivos que pueda generar una crisis hídrica. Este tipo de medidas administrativas suponen diversas restricciones y controles drásticos sobre los múltiples usos o aprovechamientos de agua –en especial los generales o especiales de carácter privado- y sobre las actividades preexistentes que puedan afectar el recurso en cuanto se justifican en un interés público, por lo que no afectan el derecho de propiedad o la integridad del patrimonio. En esencia, tales medidas deben ser reputadas como limitaciones de interés social que no vacían de contenido el derecho de propiedad o amplían el dominio público sobre las aguas subterráneas sin previa indemnización sino que moldean su contenido esencial por lo que deben ser soportadas, al tratarse de un sacrificio o una carga general, por todos los usuarios, los que, en último término, son los beneficiarios de éstas, en tanto están orientadas a corregir una situación coyuntural de carestía o contaminación inminente que afecta la economía del recurso hídrico en una zona determinada. Tales medidas administrativas de intervención, virtualmente contenidas en los artículos 32 de la Ley de Aguas de 1942 y 10° del Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas (Decreto Ejecutivo No. 30387 del 29 de abril del 2002), pueden ser las siguientes:

a)                Perímetros de protección de los mantos acuíferos: Una de los instrumentos más novedosos en la protección de los recursos hídricos es la definición de perímetros de protección para la conservación del recurso y de su entorno. Esta medida de intervención administrativa busca preservar la calidad y cantidad del agua contenida pero también de su continente, esto es, de la formación geológica denominada acuífero. Esa actividad consiste en proyectar y trazar sobre la superficie una demarcación bajo la que se asienta un acuífero o parte de éste, en la que se establece un régimen específico de utilización del dominio hidráulico –ordenación y restricción de las concesiones de agua preexistentes, impedimento de otorgar nuevas- y de control de las actividades e instalaciones que puedan afectarlo –a través de autorizaciones- (v. gr. minas, canteras; actividades urbanas que incluyan tanques sépticos, cementerios, rellenos sanitarios – almacenamiento, transporte y tratamiento de residuos sólidos y líquidos-; actividades agrícolas y ganaderas con depósito y distribución de fertilizantes y plaguicidas, riego con aguas residuales y granjas; actividades industriales con almacenamiento, transporte y tratamiento de hidrocarburos líquidos o gaseosos, productos químicos, farmacéuticos y radiactivos, industrias alimentarias y mataderos, etc.). Evidentemente, la definición de perímetros por las autoridades nacionales –MINAE e ICAA- debe ser respetada por los gobiernos locales (Municipalidades) y el INVU (dada su competencia residual en materia de planificación urbana en ausencia de planes reguladores locales) para compatibilizar, desarrollar y reflejar efectivamente los condicionamientos establecidos en la definición de los perímetros de protección en la normativa contenida en los respectivos Planes Reguladores sobre los usos de suelo o de ordenación del territorio (v. gr. reglamento de zonificación, de construcciones, etc.). Obviamente, a lo anterior debe añadirse la protección alrededor de las áreas de captación (pozos -PPP: perímetros de protección de los pozos-, manantiales, nacientes, etc.-), mediante la definición de una zona alrededor en la que se prohíban o limiten determinadas actividades humanas regulándose o controlándose el uso del suelo. La determinación del perímetro depende de la zona de captura o de carga del pozo (ZOC) y su extensión depende de las características y propiedades del área de captación y del terreno de recarga, puesto que, las normas no pueden ser iguales para el caso de terrenos permeables o fisurados que para los que tengan formaciones impermeables. La definición de perímetros debe conjugarse con la cartografía de vulnerabilidad o susceptibilidad natural de los mantos acuíferos de abastecimiento a las cargas de contaminación antrópica, en función de sus características hidrogeológicas y geoquímicas, ante problemas de contaminación antropogénica, lo que se logra mediante el levantado de mapas. Sendas medidas, perímetros de protección y la cartografía de vulnerabilidad son idóneas para poder reubicar a tiempo un determinado tipo de actividad, la fuente de abastecimiento o, en último término, introducir métodos e instrumentos técnicos para el tratamiento y disposición de los agentes contaminantes. Las medidas a tomar a partir de los perímetros y cartografía de vulnerabilidad varían según se trate de una (a) área sin ocupación territorial, siendo útil para definir las actividades que en el futuro puedan instalarse o no; (b) áreas ya ocupadas, en cuyo caso se efectúa un mapeo de la vulnerabilidad natural y de las áreas con mayor susceptibilidad a la contaminación, pudiéndose, ante la amenaza de un índice elevado de contaminación, reubicar las actividades, las fuentes de abastecimiento e introducir tecnología para el tratamiento y disposición de contaminantes; (c) áreas ya contaminadas, para lo cual se podrán buscar fuentes alternas, evitar la propagación de las plumas de contaminación y, de ser posible, por su elevado costo, tratar las aguas del acuífero después de su extracción; (d) áreas para nuevas captaciones, supuesto en el cual se debe inventariar las actividades potencialmente contaminantes y el área de impacto de cada una de éstas.

b)                Declaración de acuífero sobreexplotado: La sobreexplotación de un acuífero sobreviene cuando las extracciones o aprovechamientos son tan intensivos –descarga- y fuertes que superan los volúmenes de la recarga, con lo que las reservas de agua del acuífero se disminuyen progresivamente y se degradan. La sobreexplotación provoca nefastos efectos económicos y naturales; entre los primeros, los usuarios pueden experimentar el encarecimientos de los costos de extracción – más energía para hacer fluir las mismas cantidades de agua o gastos para reprofundizar un pozo para alcanzar el nivel de agua-, agotamiento de los pozos ubicados en la zonas periféricas del acuífero y en las de mayor concentración de perforaciones; entre los efectos de carácter natural, está la merma en los caudales de aguas en manantiales, ríos, arroyos, quebradas, lagunas, lagos y humedales con lo que se pone en peligro la existencia de éstos y la afectación de la capacidad de las formaciones geológicas – acuíferos – para almacenar agua al disminuir el espacio intersticial en las rocas por falta de la presión interior que aporta el agua, la subsidiencia (sic) del terreno por compactación, con alteración del acuífero, aparición de grietas y corrimiento de laderas. En la hipótesis de la sobreexplotación del acuífero, la autoridad administrativa competente puede declarar ese estado para revertir el estado de cosas a través de una ordenación, restricción y reparto de las extracciones o aprovechamientos preexistentes para lograr una explotación racional y la inmediata suspensión de las solicitudes nuevas o de modificación de concesiones pendientes a ese momento. Desde luego, que, también, se pueden implementar medidas de ahorro y buena utilización de los recursos como el tratamiento y depuración de las aguas residuales para ser reutilizadas en el riego de ciertos cultivos, sistemas de riego por goteo o nocturno para paliar los efectos de la evapotranspiración, la recarga artificial, etc..

c)                Declaración de acuífero en proceso de intrusiones salinas: Se estima que un acuífero está en proceso de salinización cuando, como consecuencia directa de las extracciones, se registran aumentos generalizados y progresivos de concentración salina de las aguas captadas con lo que se corre el peligro de convertirse en inutilizables. La salinización supone una reducción del espesor de la capa de agua dulce bajo la que asciende el agua marina, de modo que el agua de los pozos deja de ser potable e, incluso, inservible para usos domésticos o de riego, siendo la recuperación de acuífero muy difícil o casi imposible. Este problema que se puede presentar en nuestro país, sobre todo, en los acuíferos costeros sobreexplotados –intrusión de origen marítimo- de forma gradual o generalizada, aunque no cabe descartar, en otros puntos, la intrusión de origen continental. La causa de la intrusión salina se encuentra en una explotación irracional o sobreexplotación, por lo que deben implementarse medidas similares a las dispuestas para cuando se produce ese problema tales como la ordenación, restricción y reparto de los aprovechamientos o usos preexistentes y suspensión de las solicitudes nuevas o de modificación de concesiones.

d)                Estados de necesidad y crisis hídrica: En circunstancias anómalas, excepcionales y coyunturales que provocan una calamidad pública o conmoción interna (v. gr. sequías extraordinarias, sobreexplotación grave de acuíferos o intrusión salina generalizada de éstos), el Estado –a través del Poder Ejecutivo- y, con fundamento en el principio de necesidad, puede adoptar las medidas necesarias e idóneas respecto a la utilización del dominio público hidráulico para superar ese estado de cosas o evitar que se agrave. Cuando cesa el estado de necesidad y se restablece la normalidad se pueden adoptar otro tipo de medidas como las anteriormente expuestas (perímetros de protección, declaración de acuíferos sobreexplotados o en proceso de salinización).

   XIII.- PROTECCIÓN  JURÍDICA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN COSTA RICA. El artículo 31 de la Ley de Aguas No. 246 del 27 de agosto de 1942, declara como “reserva de dominio a favor de la Nación” lo siguiente: “a) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potables, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio; b) La zona forestal que protege o debe proteger el conjunto de terrenos en que se produce la infiltración de aguas potables (...)”. Esta declaratoria resulta de suma importancia, puesto que, a partir de la misma surge la obligación del Estado, a través de sus órganos competentes, de fijar y determinar las áreas de protección perimetral de los pozos o áreas de captación – de 200 metros- y, desde luego, de las áreas de recarga de los mantos acuíferos –zona en que “se produce la infiltración de aguas potables”- que cuenten o deban contar con una capa forestal para su protección que son tan sensibles para su conservación y protección. De la misma forma, a partir de tal afectación expresa, el Estado puede ejercer las acciones reivindicatorias y posesorias para garantizar la indemnidad de esas zonas y substraerlas de todo tipo de contaminación sometiéndolas a un fuerte régimen de control del uso del suelo, atribución que, muy probablemente, ha omitido ejercer de forma oportuna y exacta. El numeral 32 de la Ley de Aguas de 1942 establece que “Cuando en un área mayor de la anteriormente señalada exista peligro de contaminación en las aguas superficiales o en las subterráneas, el Poder Ejecutivo, por medio de la Sección de Aguas Potables –actualmente ICAA- (...) dispondrá en el área dicha las medidas que juzgue oportunas para evitar el peligro de contaminación”, esta norma le impone un ineludible deber de colaboración y cooperación al Poder Ejecutivo con el ICAA para adoptar todos los actos y providences administrativas oportunas y convenientes para conjurar el peligro de contaminación en un área mayor a los perímetros de protección de las áreas de recarga de los acuíferos y zonas de captación. El contenido de la norma es sumamente significativo y rico, puesto que, habilita al Estado para adoptar cualquier medida oportuna para evitar los daños y perjuicios irreversibles que podría provocar un estado de emergencia por crisis hídrica. Evidentemente se trata, también, de una competencia que no ha sido ejercida responsablemente o infrautilizada. La Ley General de Agua Potable, No. 1634 del 18 de septiembre de 1953, en su artículo 2°, establece que “Son de dominio público todas aquellas tierras que tanto el Ministerio de Obras Públicas como el Ministerio de Salubridad Pública –órganos del Poder Ejecutivo que fueron sustituidos por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados por virtud de su Ley de Creación No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas y, más concretamente, el artículo 2°, inciso h), que le encomendó hacer cumplir la Ley General de Agua Potable- consideren indispensables para construir o para situar cualquiera parte o partes de los sistemas de abastecimiento de aguas potables, así como para asegurar la protección sanitaria y física, y caudal necesarios de las mismas (...)”, evidentemente, esta norma tiene una enorme trascendencia, puesto que, se declara de dominio público las áreas de captación que pueden incluir los manantiales o nacientes –forma de descarga natural de las aguas subterráneas- y, lo que es más importante, le otorga la condición de bien demanial a todos aquellos terrenos necesarios para asegurar la protección sanitaria y física y su caudal, lo cual, necesariamente, incluye las áreas de recarga de los mantos acuíferos claramente delimitadas a través de la actividad perimetradora ya indicada, puesto que, la desprotección de estas zonas incide, necesariamente, en la calidad –por contaminación- y caudal –por impermeabilización o sobreexplotación- de las aguas para consumo y uso humanos que brotan de un manantial. La Ley Forestal No. 7575 del 13 de febrero de 1996, en su artículo 33, incisos a) y d), respectivamente, dispone que son áreas de protección las “ (...) que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal” y “Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en el Reglamento de esta ley”, evidentemente estas normas le dan sustento a la actividad o intervención administrativa para definir los perímetros de protección de los acuíferos y zonas de captación. La Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 del 13 de octubre de 1995, en su artículo 51, indica que para la conservación y uso sostenible del agua, deben aplicarse, entre otros, los siguientes criterios: “a) Proteger, conservar y en lo posible, recuperar los ecosistemas acuáticos y los elementos que intervienen en el ciclo hidrológico”, “b) Proteger los ecosistemas que permiten regular el régimen hídrico” y “c) Mantener el equilibrio del sistema agua, protegiendo cada uno de los componentes de las cuencas hidrográficas”. Se establece así la necesidad de proteger y conservar la integridad y unidad del ciclo hidrológico sin hacer distinciones, el cual comprende, especialmente, las aguas subterráneas. Finalmente, los artículos 5°, inciso e), párrafo in fine de la Ley de Creación del ICAA (No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas) y 15 de la Ley de Creación del Nombre3992 (No. 6877 del 18 de julio de 1983 y sus reformas) coronan el marco normativo para la protección institucional de las aguas subterráneas al indicar, respectivamente, “Se declaran de utilidad pública y de interés social, y podrán ser expropiados, los terrenos necesarios para la conservación y protección de los recursos de agua, así como para las construcciones que se hagan necesarias en la captación (...)” “Decláranse de interés público las acciones que promueve el Estado, con el objeto de asegurar la protección y el uso racional de las aguas (...)”. En el ordenamiento jurídico-administrativo de las aguas nos encontraremos, también, con una serie de obligaciones y cargas impuestas a los particulares y sujetos de derecho público –entes y órganos públicos- para una adecuada protección del dominio público hidráulico subterráneo y superficial. Así la Ley de Aguas de 1942 y otros cuerpos legislativos, establecen una serie de prohibiciones y obligaciones para los propietarios y usuarios de los manantiales –que son un componente del área de descarga de un manto acuífero-, como las siguientes: a) los usuarios o concesionarios deben ajustarse a los reglamentos de policía y salubridad en cuanto a las aguas sobrantes que son devueltas a un manantial para evitar contaminaciones o fetidez –de no hacerlo pueden perder el aprovechamiento especial y sufrir pena de multa- (artículos 57 y 166, inciso III, ibidem), de modo concordante, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317 del 21 de octubre de 1992, en su artículo 132, párrafo 1°, prohíbe “(...) arrojar aguas servidas, aguas negras, desechos o cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no (...) lagos (...)” y le impone al que incumpla la norma una multa de 50.000 a 100.000 colones convertible en pena de presión de uno a dos años. b) Se prohíbe la construcción de estanques para criaderos de peces en los manantiales destinados al abastecimiento de poblaciones (artículo 63 ibidem). c) Los propietarios de terrenos en los que existan manantiales en cuyos contornos hayan sido destruidos los bosques que les brindaban abrigo están obligados a plantar árboles en las márgenes a una distancia no mayor de 5 metros (artículo 148 ibidem). d) Se prohíbe destruir, tanto en bosques nacionales como particulares, los árboles situados a menos de 60 metros de los manantiales que nacen en los cerros o a menos de 50 metros de los que surgen en terrenos planos (artículo 149 ibidem), la Ley Forestal, No. 7575 del 13 de febrero de 1996, dispone, en su artículo 34, de forma coincidente, que “Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección que bordean las nacientes permanentes y de recarga y los acuíferos de los manantiales”. e) Toda solicitud de aprovechamiento de aguas vivas, corrientes y manantiales deberá dirigirse al Ministerio de Ambiente y Energía con la presentación de una serie de requisitos (artículo 178 ibidem). En lo tocante a los entes y órganos públicos que tienen competencia y responsabilidades en materia de protección de las aguas subterráneas, se establecen una serie de obligaciones y prohibiciones tales como las siguientes: a) Se le prohíbe a las Municipalidades enajenar, hipotecar o comprometer de otra manera, arrendar, dar en esquilmo, prestar o explotar por su propia cuenta – sobre todo si supone deforestación- las tierras que posean o adquieran en las márgenes de los ríos, arroyos o manantiales o en cuencas u hoyas hidrográficas en que broten manantiales o en que tenga sus orígenes (artículos 154 y 155 ibidem). b) Se obliga a las Municipalidades a reforestar tales terrenos (artículo 156 ibidem). c) Se obliga a toda Municipalidad, Junta de Educación, Junta de Protección Social y, en general, a todo “organismo de carácter público”, consultar para obtener el respectivo permiso al Ministerio de Agricultura para enajenar, hipotecar, dar en arriendo, esquilmo o explotar por su cuenta terrenos que posean o adquieran en los que existan aguas de dominio público utilizables (artículo 157 ibidem). La Ley General de Salud, No. 5395 del 30 de octubre de 1973 y sus reformas, de su parte, contiene normas específicas para la protección y conservación efectiva de las aguas subterráneas, así el artículo 275 estipula que “Queda prohibido a toda persona natural o jurídica contaminar las aguas superficiales, subterráneas (...) directa o indirectamente, mediante drenajes o la descarga o almacenamiento, voluntario o negligente, de residuos o desechos líquidos, sólidos o gaseosos, radiactivos o no radiactivos, aguas negras o sustancias de cualquier naturaleza, que, alterando las características físicas, químicas y biológicas del agua la hagan peligrosa para la salud de las personas, de la fauna terrestre y acuática o inservible para usos domésticos, agrícolas, industriales o de recreación.”, por su parte el numeral 276 establece que solo con permiso del Ministerio se podrán hacer drenajes o proceder a la descarga de residuos o desechos sólidos o líquidos u otros que puedan contaminar el agua superficial, subterránea, o marítima, “(...) ciñéndose a las normas y condiciones de seguridad reglamentaria y a los procedimientos especiales que el Ministerio imponga en el caso particular para hacerlos inocuos”. Los artículos 285 y 291 de ese cuerpo normativo, respectivamente, obligan a toda persona a eliminar las excretas y aguas negras de forma adecuada y sanitariamente para evitar la “contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano” y prohíben la descarga de residuos industriales o de establecimientos de salud en el alcantarillado para “evitar la contaminación de las fuentes o cursos de agua”. Finalmente, el artículo 309 de esa ley establece que a los urbanizadores el Ministerio de Salud les aprobará el proyecto, entre otras cosas, si éste “(...) dispone de sistemas sanitarios adecuados (...) de disposición de excretas, aguas negras y aguas servidas”.

XIV.- ENTES Y ORGANOS ADMINISTRATIVOS RESPONSABLES DE LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y, EN ESPECIAL, DE LOS MANTOS ACUÍFEROS. DELIMITACION DE COMPETENCIAS. La gestión de los recursos hídricos subterráneos comprende diversos aspectos tales como la investigación de su potencial, identificación, categorización, planificación de sus usos, protección, aprovechamiento racional, prevención y sanción del daño ecológico o contaminación, control y seguimiento ambiental de su uso, etc.. Consecuentemente, lo idóneo es que existiera un ente administrativo regulador y rector en la materia, sin embargo, las competencias para el manejo integrado de los recursos hídricos subterráneos se encuentran dispersas y fragmentadas, por lo que, ocasionalmente, son exclusivas o excluyentes de un solo ente y, la mayoría de las veces, concurrentes, compartidas o paralelas lo cual requiere de un esfuerzo de coordinación administrativa particular para asegurar su utilización sostenible. En el conjunto heterogéneo y disperso de entes y órganos administrativos que conforman la administración pública costarricense se puede identificar un sector de éstos que tienen asignadas, por ley o reglamento, una serie de competencias irrenunciables, intransferibles e imprescriptibles en materia de conservación y protección de aguas subterráneas que no pueden declinar y deben ejercer de forma efectiva en aras de un derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de todos los habitantes del país. En ese sector del aparato público o de organizaciones serviciales para la satisfacción de las necesidades de toda la colectividad, se puede identificar un grupo que pertenece a la administración central o ente público mayor –Estado- que son, preponderantemente algunos Ministerios u órganos de éstos- y otro conformado por entes descentralizados funcionalmente o por servicios –de carácter técnico- y territorialmente –Municipalidades-.

1.- Administración Central.

a) Ministerio de Ambiente y Energía y sus órganos el Departamento de Aguas y el Órgano Asesor de Aguas.

El artículo 3°, inciso l), de la Ley Forestal, No 7575 del 13 de febrero de 1996, le impone al Ministerio de Ambiente y Energía la competencia indeclinable de delimitar las áreas de recarga acuífera – por propia iniciativa o de organizaciones interesadas, y previa consulta al ICAA, el Nombre3992 o cualquier otra entidad técnicamente competente en materia de aguas.

El artículo 17, párrafo 1°, de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre faculta y habilita al Ministerio de Ambiente y Energía para “(...) coordinar acciones con los entes centralizados (sic.) o descentralizados que ejecuten programas agropecuarios de conservación de suelos, aguas y bosques, con el fin de lograr el aprovechamiento “sostenible” de la vida silvestre”.

Este Ministerio cumple un rol de fundamental importancia en una de las vertientes de la administración de los recursos hídricos como lo es el control o fiscalización en el aprovechamiento y uso de las aguas subterráneas para asegurar su explotación racional. El Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas (Decreto Ejecutivo No. 30387 del 29 de abril de 2002), dispone en su ordinal 1° que “Toda empresa perforadora debe inscribirse (...) ante el Departamento de Aguas, con el fin de que se le extienda la licencia que le permita ejercer actividades de perforación y exploración de aguas subterráneas”. Estas funciones son compartidas con el Nombre3992 y el ICAA, puesto que, el Departamento de Aguas del MINAE debe trasladarles el asunto para que, respectivamente, emitan criterio técnico, se asigne el número de pozo, se registre en el Registro Nacional de Pozos –SENARA- y se dictamine sobre el perjuicio o no a las fuentes de abastecimiento de agua destinadas al consumo humano –ICAA- (artículo 7°). Este reglamento establece que se denegará el permiso de perforación en las zonas que no permitan una explotación racional del recurso hídrico tales como las declaradas por el Estado u otra institución competente área de protección y reserva acuífera, las que sufran sobre-explotación, bajo condiciones de vulnerabilidad de la capacidad máxima de explotación del acuífero, las susceptibles de intrusión salina, contaminación y otras razones que a juicio del MINAE y Nombre3992 afecten el acuífero e impidan su explotación y las de interferencia con otros pozos o nacientes de agua (artículo 10°).

Mención especial merece el Departamento de Aguas, adscrito al Instituto Metereológico (sic)Nacional –órgano del MINAE-, cuyas funciones de interés, entre otras, a tenor del artículo 3° del Decreto Ejecutivo No. 26635-MINAE del 18 de diciembre de 1997, son las siguientes:

“a) Definir las políticas nacionales en cuanto al recurso hídrico.

b)    Ejercer el dominio, vigilancia, control y administración de las

aguas nacionales.

c)    Tramitar las solicitudes de concesión para el desarrollo de

fuerzas hidráulicas para la generación de electricidad.

d)    Tramitar y autorizar los permisos para la perforación de

pozos para la extracción de aguas. (...)

J) Inscribir las empresas perforadoras de pozos y las sociedades de usuarios, así como los movimientos que se realicen en sus estatutos y representantes (...)

n) Aplicar las sanciones establecidas en la Ley de Aguas, previo

cumplimiento del debido proceso (...)”

El Jefe de este Departamento, tiene, a su vez, importantes competencias en la materia (artículo 4°), tales como las siguientes: a) emitir informes de recomendación sobre concesiones, traspasos, aumentos de caudal, ampliación de uso o cualquier otro trámite referido al aprovechamiento del recurso hídrico; b) aprobar los permisos de perforación de pozos, etc.. En el ordinal 5° del referido decreto se crea el “Órgano Asesor de Aguas” integrado por representantes de diversos entes involucrados en el sector hídrico (ICAA, SENARA, ICE, Universidades Públicas, UNGL, etc.), entre cuyas funciones figuran las siguientes (artículo 7° ibidem): a) Asesorar y recomendar lineamientos de políticas en materia de recursos hídricos, considerando los planes de desarrollo nacional y sectorial, disponibilidad hídrica y la normativa legal existente); b) Revisar y pronunciarse sobre el Balance Hídrico propuesto por el Departamento de Aguas y su administración para cada región del país y c) Asesorar al Departamento de Aguas en la fijación de dotaciones por parte de éste, para el uso del agua según la actividad productiva y la región en que se desarrolle.

b) Ministerio de Salud.

Las competencias de este ministerio se encuentran circunscritas a hacer efectivas las prohibiciones establecidas en los ordinales 275, 276, 285 y 291 de la Ley General de Salud – contaminación directa e indirecta de las aguas superficiales y subterráneas y descarga de residuos industriales o de salud en el alcantarillado- y de sancionar su transgresión. Asimismo, le corresponde aprobar los proyectos urbanísticos cuando dispongan de sistemas sanitarios adecuados de disposición de excretas, aguas negras y servidas (artículo 309 ibidem).

c)  Ministerio de Agricultura y Ganadería.

El MAG tiene, realmente, una competencia secundaria o residual en la materia, puesto que, la Ley sobre el Uso, Manejo y Conservación de Suelos No. 7779 del 30 de abril de 1998, en su artículo 21, le impone en materia de aguas el deber de coordinar con el Nombre3992 y cualquier otra institución competente “(...) la promoción de las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas y agrológicas en las cuencas hidrográficas del país, así como en las prácticas de mejoramiento, conservación y protección de los suelos en las cuencas hidrográficas (...).

2.- Administración descentralizada.

 a)  ICAA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados)

La Ley Constitutiva del ICAA (No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas) le atribuye, en lo que es de interés, las siguientes competencias (artículo 2°): a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas (...) c) Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas (...) d) Asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades públicas y privadas en todos los asuntos relativos al (...) control de la contaminación de los recursos de agua (...) siendo obligatoria, en todo caso, su consulta, e inexcusable el cumplimiento de sus recomendaciones (...) f) Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en ejercicio de los derechos que el Estado tiene sobre ellas, conforme a la ley número 276 de 27 de agosto de 1942, a cuyo efecto el Instituto se considerará el órgano sustitutivo de las potestades atribuidas en esa ley al Estado, ministerios y municipalidades”. De su parte el artículo 5° de esa ley habilita al ICAA para “c) Adquirir en propiedad bienes muebles e inmuebles” y “e) Tramitar las expropiaciones necesarias para el cumplimiento de sus fines, siendo que este mismo inciso en su párrafo 2° declara de utilidad pública y de interés social, pudiendo ser expropiados, “(...) los terrenos necesarios para la conservación y protección de los recursos de agua, así como para las construcciones que se hagan necesarias en la captación (...). El numeral 21 de la ley de Creación le confiere al ICAA la potestad de aprobar o improbar todo proyecto de construcción, ampliación o modificación de sistemas de disposición de aguas servidas y pluviales, público o privado, siendo la misma obligatoria, so pena de nulidad, en tratándose de construcción de fraccionamientos, urbanizaciones o lotificaciones. Finalmente, el artículo 22 de su ley de creación establece que “Es obligación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado sufragar los gastos que demanden la conservación, ampliación y seguridad de los bosques que sirvan para mantener las fuentes de aguas, en las propiedades de aquellas Municipalidades donde asuma los servicios de aguas y alcantarillado”.

De acuerdo con el artículo 2°, inciso h), de la Ley de Creación de este ente descentralizado (No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas) es parte de sus competencias la de hacer cumplir la Ley de Agua Potable, No. 1634 del 18 de septiembre de 1953, siendo que el artículo 16 de este último cuerpo normativo prohíbe las instalaciones, edificaciones o labores comprendidas en las “zonas cercanas a fuentes de abastecimiento (...) que perjudique en forma alguna (...) las condiciones físicas, químicas o bactereológicas (sic) del agua; esta zonas serán fijadas por el Ministerio de Obras Públicas y Salubridad Pública” –órganos que, como ya se indicó fueron sustituidos, para todos los efectos legales, por el ICAA-. Consecuentemente, al ICAA, también, le compete definir las áreas de protección de fuentes de abastecimiento tales como los manantiales o nacientes que son una forma natural de descarga de las aguas subterráneas. El artículo 34, párrafo in fine, de la Ley Forestal le impone la realización de los alineamientos de las áreas de protección al INVU. Se trata, en realidad, de una competencia que no es exclusiva o excluyente del ICAA o del INVU, sino concurrente o compartida, por lo que los dos entes públicos tienen el deber de ejercerla.

El artículo 3° de la Ley General de Agua Potable, No. 1634 del 18 de septiembre de 1953, le impone la obligación al ICAA de “(...) seleccionar y localizar las aguas destinadas al servicio de cañería (...), con lo cual es responsabilidad de este ente efectuar un inventario pormenorizado de las nacientes que puedan ser utilizadas para proveer de agua de consumo humano a las poblaciones, lo anterior, independientemente, de encontrarse el suministro y distribución en manos de un Municipio en un cantón determinado.

b) Nombre3992 (Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento).

A pesar de tener aparentemente limitada su competencia a los distritos de riego, avenamiento y control de inundaciones –unidades físicas técnico-administrativas de carácter agropecuario para el logro de su desarrollo socioeconómico definidas por Decreto Ejecutivo a solicitud de este ente (artículos 17 y 18 de su Ley de Creación No. 6877 del 18 de julio de 1983 y sus reformas)-, es lo cierto que su ley constitutiva le asigna importantes competencias en materia de aguas subterráneas, las cuales, evidentemente, tienen una vocación nacional y, por consiguiente, no se circunscriben a los meros distritos de riego. Lo anterior resulta corroborado por los antecedentes de este ente público, puesto que, la Ley No. 5438 del 17 de diciembre de 1973 –que ratificó y sustituyó el Decreto Ejecutivo No. 1878-P del 22 de julio de 1972-, actualmente derogada, creó el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas (SENAS) con una vocación claramente nacional para la planificación, investigación y asesoría de todo lo relativo a la materia. Así, entre otros objetivos, el Nombre3992 tiene el de procurar el aprovechamiento óptimo y justo de los recursos de (...) aguas –tanto superficiales como subterráneas- en las actividades agropecuarias (...) en los distritos de riego” (artículo 2°). Entre sus funciones figura la de “Investigar, proteger y fomentar el uso de los recursos hídricos del país tanto superficiales como subterráneos” y “Realizar, coordinar, promover y mantener actualizadas las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas (...)” (artículo 3°, incisos d y e). En el artículo 4°, se establece que le compete al Nombre3992 promover y dirigir la coordinación y colaboración con otras instituciones y entidades competentes en materias tales como “Prevención, corrección y eliminación de todo tipo de contaminación de las aguas en los distritos de riego”, “Elaboración y actualización de un inventario de las aguas nacionales, así como la evaluación de su uso potencial para efectos de aprovechamiento en los distritos de riego” y “Construcción y mantenimiento de las obras necesarias para la conservación y renovación de los manos acuíferos aprovechables para las actividades agropecuarias en los distritos de riego” (incisos c, ch y f). Dentro de las atribuciones de la Junta Directiva está la de expedir los acuerdos de solicitud de recuperación, expropiación o compra de las “(...) tierras en que asienten o subyazcan recursos hídricos (...)” (artículos 6° y 7°).

c)  INVU (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo).

El artículo 34, párrafo 2°, de la Ley Forestal dispone que los alineamientos de las áreas de protección contempladas en su artículo 33, entre las que figuran las que bordean las nacientes permanentes, las de recarga y los acuíferos de los manantiales, serán realizados por el INVU. Adicionalmente, el Decreto Ejecutivo No. 25902-MIVAHMP-MINAE del 12 de febrero de 1997, le impone a esa entidad la fiscalización del “Área de Control Urbanístico” que comprende algunos de los distritos de las Provincias de San José, Alajuela, Heredia y Cartago, siempre que el Gobierno Municipal no haya promulgado un Reglamento de Zonificación, siendo que en la “zona de especial protección” toda edificación se debe construir bajo estricto control debiéndose aprobar un Estudio de Impacto Ambiental por el MINAE y construir una planta de tratamiento para aguas residuales autorizada por el ICAA y el Ministerio de Salud para evitar “(...) la contaminación de los mantos acuíferos y de los cauces fluviales a que (sic.) desemboquen”.

d) MUNICIPALIDADES.

Las corporaciones municipales tienen un papel de primer orden en la protección y conservación de las aguas subterráneas a través de una serie de instrumentos indirectos. Así, la Ley de Planificación Urbana (No. 4240 del 15 de noviembre de 1968), hace más de 35 años, con fundamento en el ordinal 169 de la Constitución Política -en cuanto les compete “La administración de los intereses y servicios locales en cada Cantón”- les impuso el deber de promulgar un plan regulador para planificar y controlar el desarrollo urbano y los reglamentos de desarrollo urbano conexos (artículos 15 y siguientes). Dentro de ese plan regulador y el reglamento de zonificación, las Municipalidades deben identificar, a efecto de regular, controlar y restringir las actividades humanas (industrial, urbanística, agropecuaria, etc.), las áreas o zonas reservadas por ubicarse en las mismas un manto acuífero o su área de recarga o descarga. Por aplicación de los derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 de la Constitución Política), a la vida y la salud humanas (artículo 21 ibidem) y en aras de un desarrollo sostenible los cantones que por sus características geomorfológicas cuenten en su circunscripción terrenos que alberguen mantos acuíferos, áreas de recarga y descarga de éstos, manantiales y nacientes están especialmente llamados y obligados a regular y normar, responsable, eficiente y eficazmente, tales extremos, puesto que, en ocasiones las aguas subterráneas no solo proveen al consumo y uso de las poblaciones del cantón sino a diversos cantones lo que demuestra un claro interés supralocal o nacional. Los habitantes de esas localidades, de su parte, deben soportar la carga general o las limitaciones y restricciones en el uso y el aprovechamiento del suelo y de las aguas derivadas de la determinación y fijación de tales áreas protegidas, puesto que, es en beneficio de ellos, de los habitantes de los otros cantones que son abastecidos con las aguas que discurren por el manto acuífero y que afloran o descargan en otros cantones y, desde luego, de las futuras generaciones.

XV.- PRINCIPIO PRECAUTORIO DEL DERECHO AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS.

Uno de los principios rectores del Derecho Ambiental lo constituye el precautorio o de evitación prudente. Este principio se encuentra recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, la cual literalmente indica “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. En el ordenamiento jurídico interno la Ley de Biodiversidad (No. 7788 del 30 de abril de 1998), en su artículo 11 recoge como parámetros hermenéuticos los siguientes principios: “1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterios precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”. En el Voto de esta Sala No. 1250-99 de las 11:24 horas del 19 de febrero de 1999 (reiterado en los Votos Nos. 9773-00 de las 9:44 horas del 3 de noviembre del 2000, 1711-01 de las 16:32 horas del 27 de febrero del 2001 y 6322-03 de las 14:14 horas del 3 de julio del 2003) este Tribunal estimó lo siguiente: “(...) La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente”. Posteriormente, en el Voto No. 3480-03 de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003, este Tribunal indicó que “Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente”. Para el caso de las aguas subterráneas contenidas en los mantos acuíferos y áreas de carga y descarga, el principio precautorio o de indubio pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las regla unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente o éstos sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esencia, una gestión ambiental segura de las aguas subterráneas pasa por proteger el recurso antes de su contaminación o degradación”

Por su parte, en la sentencia No. PHO4598 de las 9:15 hrs. de 5 de mayo de 2017, este Tribunal se pronunció sobre el derecho fundamental al ambiente y protección al agua, estimando lo siguiente:

“(…) En el sub examine , la parte recurrente estima lesionado el derecho fundamental al ambiente y protección al agua, toda vez que el proyecto Conjunto Residencial D’Milagros fue eximido de cumplir con la aplicación de la matriz de vulnerabilidad hidrogeológica del SENARA, por no existir en Naranjo mapas hidrogeológicos; y porque el ICAA exoneró al desarrollador urbanístico de construir una planta de tratamiento y su respectivo acueducto sanitario, para hacer uso del tanque séptico, con el riesgo que ello implica para la protección de las aguas subterráneas. Al respecto, la Sala tiene por demostrado que, efectivamente, por resolución administrativa N° 0378-2015SETENA del 17 de febrero de 2015, Nombre4361 dio la viabilidad ambiental para el proyecto “Condominios D’Milagros”, aprobando ab initio dicha obra con el requisito de construir una planta de tratamiento de aguas residuales. Posteriormente, el proyecto se modificó de propiedad horizontal (condominio), a uno de urbanización residencial de interés social, modificando su Nombre317 de “Condominios D´Milagros” a “Conjunto Residencial D´Milagros”. El 11 de julio de 2016, por oficio SG-ASA-0626-2016, Nombre4361 autorizó el cambio de Nombre317 del proyecto a Conjunto Residencial D´Milagros, y el 17 de febrero de 2017, el desarrollador solicitó una prórroga de la viabilidad ambiental del proyecto, la cual se concedió por Resolución N° 130-2017 como Conjunto Residencial D´Milagros. También se tuvo por demostrado, que el 12 de setiembre de 2016, el desarrollador tramitó ante el ICAA una solicitud de exoneración de red de alcantarillado para dicho proyecto. Con ocasión de dicha gestión, mediante oficio N° SB-AID-2016-00291 del 7 de octubre de 2016, suscrito por el Subgerente de Ambiente del ICAA, se informó al desarrollador lo resuelto por la Comisión Institucional de Exoneración de Redes de Alcantarillado Sanitario, donde se dispuso exonerar de la red de alcantarillado al proyecto Conjunto Habitacional D’Milagros. Lo anterior se dio partiendo de que para el ICAA existe suficiente evidencia técnica y científica que demuestra que el proyecto a desarrollar puede utilizar tanque séptico como sistema de tratamiento de aguas residuales, sin que este represente un peligro para el ambiente o el recurso hídrico y a que en el cantón de Naranjo no hay mapa hidrogeológico. Según dicho estudio, se realizaron 4 pruebas de infiltración en el terreno, determinándose que la tasa de infiltración oscila en un rango apto para el uso de sistemas de tratamiento individual con disposición del agua residual tratada. No obstante, a pesar de que ese mismo estudio evidenció un acuífero confinado en el área del proyecto, no se requirió por parte del ICAA el visto bueno previo de SENARA. El estudio hidrogeológico elaborado por Asesorías Geotec S.A. aportado por el desarrollador, concluye, por ejemplo, en el folio 31, lo siguiente:

“a) El espesor mínimo perforado en el estudio geotécnico de los depósitos piroclásticos, los cuales recubren a las ignimbritas y estas a su vez al acuífero de la zona (flujos piroclásticos y de caída), es suficiente para la eliminación de la pluma de contaminantes bacterianos generados por los tanques sépticos y drenajes. El tiempo máximo de permanencia de las bacterias patógenas es de 70 días en un medio poroso y con el cálculo se alcanzan 287.21 días, 410 veces el necesario; se hace hincapié en que solo se considera el espesor perforado durante el estudio geotécnico.

b)            De acuerdo con lo señalado en el punto anterior, no se debe aplicar el cálculo de la distancia horizontal que recorrerán las baterías en el medio saturado, puesto que la pluma de contaminantes orgánicos, se degradarán en el espesor del acuitardo evaluado.

c)             Debido al comportamiento confinado del acuífero y la degradación de las bacterias, no existe riesgo de contaminación de nacientes ni de los pozos cercanos al sitio evaluado.

En consecuencia, de conformidad con los resultados de este estudio, se ha encontrado que la infiltración de las bacterias orgánicas de descomposición que genere los tanques sépticos y drenajes, no representa un riesgo a la contaminación del acuífero más cercano a la superficie. Por tanto, la construcción del Proyecto Condominio D’Milagros se considera viable ambientalmente desde el punto de vista hidrogeológico y se puede concluir que el subsuelo permitirá una rápida y completa degradación de la contaminación bacteriana.”

Aun cuando este Tribunal no desconoce que el criterio del ICAA es indispensable a los efectos de evaluar la afectación que los proyectos a desarrollar puedan producir al recurso hídrico, lo cierto es que la Sala en su jurisprudencia ha potenciado la necesaria intervención de Nombre3992 cuando se trata de evaluar los impactos en las aguas subterráneas. En el momento en que la administración tiene conocimiento, al valorar el estudio hidrogeológico aportado por el desarrollador, que el proyecto urbanístico a desarrollar se establecerá sobre un acuífero o en su zona de afectación, dicho estudio debió ser puesto en conocimiento de Nombre3992, a fin de que esta, en su especialidad técnica, también pudiera verificar su debida elaboración y resultados. Lo anterior se justifica en aplicación del principio precautorio, pues de esa manera se aseguran las instituciones que intervienen en la autorización de este tipo de proyectos, de que no se dañaran las aguas que discurren bajo el área del proyecto, en los términos que pretende ser desarrollado, cuando la intención sea exonerarlo de la existencia de una planta de tratamiento, pues según quedó acreditado anteriormente, los efectos adversos producidos en las fuentes de agua pueden pasar inadvertidos por mucho tiempo dado que las aguas están en el subsuelo, la regeneración del agua una vez contaminada es muy lenta, o bien tiene un costo tan alto que convierte a la contaminación en algo irreversible, y existe un déficit de recursos técnicos y humanos para monitorear la calidad del agua subterránea y determinar la dimensión exacta de una eventual contaminación. De ahí que se requiere tal protección precautoria, pues cuando el daño se detecta, con frecuencia es ya demasiado tarde para una reversión de la situación. Es por ello que un criterio como el de Nombre3992 resulta indispensable en dichos supuestos. Al respecto, procede reiterar lo supra señalado en la sentencia No. 2010-20988, de las 16:51 horas del 15 de diciembre de 2010, respecto de las competencias de SENARA:

“…Es evidente que por disposición expresa de Ley de Creación del SENARA, ley número 6877, artículo 3 incisos ch y h), el Nombre3992 tiene la competencia de proteger los recursos hídricos del país, razón por la cual sus decisiones en torno a la explotación, mantenimiento y protección, serán definitivas y de acatamiento obligatorio. Esta disposición normativa debe interpretarse y aplicarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiuno de la Ley sobre el Uso, Manejo y Conservación de Suelos –a partir del cual se define que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (o Departamento de Agricultura en el lenguaje utilizado por la Ley de Aguas) mantiene una competencia secundaria o residual en esta materia-. De tal forma, la integración de las normas de reciente cita informa que para el aprovechamiento de las aguas de dominio público, toda entidad pública –sin distingo- tiene la obligación de obtener del Nombre3992 el permiso correspondiente, al punto que las decisiones que de manera fundamentada adopte el Nombre3992 en cuanto a ello, serán definitivas y de acatamiento obligatorio. Esta definición dista de ser una manifestación retórica de la Sala; por el contrario, la misma deviene de la responsable integración del amplio marco normativo que regula la materia, que, como se dijo, requiere del progresivo avance y reconocimiento propio del ámbito de los derechos humanos, toda vez que el derecho al agua y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado son derechos humanos fundamentales. La Sala advierte que esta precisión sitúa al Nombre3992 en una posición particularmente relevante en cuanto a la gestión del recurso hídrico nacional, lo cual resulta importante considerando la naturaleza eminentemente técnica de esta dependencia administrativa, posición que debe ser reforzada y ejercida mediante la necesaria y debida coordinación interinstitucional de las diferentes entidades involucradas –ICAA, SETENA, MAG, Municipalidades, entre otras. Así las cosas, considera este Tribunal que el ICAA lesionó el principio precautorio en materia ambiental, al haber exonerado al proyecto Conjunto Residencial D´Milagros de la implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales, sin la revisión previa por parte de Nombre3992 del estudio hidrogeológico aportado por la empresa, a fin de que pudiesen valorar los impactos estimados sobre el acuífero estudiado en el área del proyecto. Nótese que el ICAA mantiene actualmente como procedimiento institucional para tramitar este tipo de solicitudes, lo dispuesto por la Junta Directiva en el considerando 9 del acuerdo Placa860 el ICAA artículo 2 inciso d) de la sesión ordinaria 2002-024 de 25 de marzo de 2002, el cual dispone que, aquellos lugares donde no existieran sistemas de alcantarillado sanitario, no hubiera peligro de contaminación de aguas subterráneas según estudios técnicos hidrogeológicos, y la densidad de los lotes lo permitiera, el interesado deberá someter de manera expresa a consideración de la Gerencia del ICAA que lo exonere de construir redes de alcantarillado sanitario; para tal efecto, le remitirá los estudios técnicos elaborados por un profesional en Ingeniería Sanitaria y Ambiental junto con los estudios hidrogeológicos que correspondan; dicho profesional emitirá las recomendaciones pertinentes para que luego la Junta Directiva resuelva por mayoría absoluta. Es evidente a partir de lo anterior, que a pesar de los reiterados y posteriores pronunciamientos de este Tribunal y de su carácter vinculante erga omnes , según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, desde el año 2002, el ICAA no modificó dicho procedimiento, implementando en dicho trámite el criterio técnico de Nombre3992, a pesar de su relevancia cuando de la protección de aguas subterráneas se trata, por lo cual adolece de un requisito técnico esencial que debe ser incorporado, a fin de proteger el ambiente en atención al principio precautorio que rige en materia ambiental.

Asimismo, este Tribunal tuvo por demostrado, que el desarrollador no comunicó a Nombre4361 la autorización por parte del ICAA para sustituir la planta de tratamiento por el uso de tanque séptico, a pesar de que la viabilidad ambiental del proyecto en cuestión, había sido otorgada inicialmente bajo dicha condición; y una modificación de tal magnitud requería ser nuevamente valorada. En efecto, Nombre4361 aclaró a este Tribunal, que la sustitución de un sistema de tratamiento de aguas residuales por otro que no fue contemplado dentro del proceso inicial de evaluación de impacto ambiental, y por consiguiente, de la Viabilidad Ambiental otorgada, debe gestionarse como solicitud de modificación ante la Nombre4361, a fin de que sea esta, por medio del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental (ASA), quien realice la valoración de la propuesta, defina la necesidad de estudios técnicos adicionales o información complementaria, y notifique, mediante Resolución de Comisión Plenaria, la decisión de la Secretaría en cuanto al cambio, lo cual se echa de menos en el caso de marras. Más aun, ello implica que si el desarrollador pretende llevar a cabo el proyecto aplicando la exoneración del uso de la planta de tratamiento de aguas, dicho proyecto carece, actualmente, de una viabilidad ambiental válida …”.

Asimismo, este Tribunal mediante sentencia N° PHO1977 dictada a las 12:54 horas del 11 de setiembre de 2019, resolvió lo siguiente:

“VIII.- Sobre los principios constitucionales ambientales. Siguiendo la línea argumentativa acerca del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrando, podemos constatar la existencia de una serie de principios sobre el ambiente y que han sido ampliamente desarrollados por este Tribunal. Así, la acción del Estado para garantizar la efectiva tutela ambiental está condicionada por los principios constitucionales ambientales, los cuales coadyuvan a determinar el contenido del derecho fundamental de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (véase la sentencia número 2007-2063 de las 14:40 horas del 14 de febrero de 2007). Entre los principios constitucionales ambientales desarrollados por esta Cámara Constitucional y que son relevantes para el análisis de este caso, encontramos los siguientes:

            De la tutela del derecho ambiental a cargo del Estado: Este principio se deriva de lo indicado en el numeral 50 constitucional al establecer la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante de la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales (véase la sentencia número 064499 de las 11:24 horas del 29 de enero de 1999 y reiterada en la sentencia número 2002-4947 de las 09:24 horas del 24 de mayo de 2002).
            Principio precautorio o principio de la evitación prudente : Este concepto ha sido desarrollado en las número 2806-98, 2003-06322, 20041923 y 2005-12039, entre otras, de este Tribunal, que se sustenta en el artículo 15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, que alude a la necesaria acción y efecto de prevenir anticipadamente los posibles daños en los elementos integrantes del ambiente; con lo cual, se propugna por la implementación de acciones tendentes a la debida protección, conservación y adecuada gestión de los recursos, esto es, la adopción de todas las medidas técnicas u operativas para evitar, prevenir o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible – o una duda objetiva al respecto– , se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate; por cuanto la coacción posterior resulta ineficaz en esta materia, dado que, en la mayoría de los casos, los efectos biológicos son irreversibles, donde la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente. Asimismo, el principio precautorio aplica cuando no existe certeza científica sobre los riesgos o impacto al ambiente de una medida, los estudios o información disponible generan dudas acerca de los riesgos o de su posible impacto negativo. Por el contrario, el principio de prevención o preventivo aplica en aquellos casos en que existe evidencia científica de que la medida va a causar daños al ambiente. En este segundo caso, la información disponible puede ser suficiente o insuficiente, pero con la que existe, se alcanza un grado de certeza sobre los impactos negativos que la medida va a provocar sobre el ambiente. La diferencia entre uno y otro está en la existencia o no de certeza científica sobre los posibles riesgos o lesiones al ambiente (véase la sentencia número 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).

En síntesis, este principio, con fundamento en el artículo 50 de la Constitución Política y artículo 15 de la Convención de Río, ya mencionados, obliga a la Administración a adoptar las medidas necesarias para dar cabal protección al ambiente, y evitar daños que son irreversibles.

            Principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El primero ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Asimismo, del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. Este principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección (véase la sentencia número 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012). De esta forma, encontramos relación entre el principio de razonabilidad como parámetro de constitucionalidad y el derecho al ambiente, pues, como ha indicado este Tribunal en la sentencia número 7294-1998, “el principio de razonabilidad, en relación con el derecho fundamental al ambiente, obliga a que las normas que se dicten con respecto a esta materia estén debidamente motivadas en estudios técnicos serios, aún cuando no existiera otra normativa legal que así lo estableciera expresamente”.

En síntesis, conforme a estos principios, está prohibido para el Estado tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales, en este caso, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

            Principios de la objetivación de la tutela ambiental o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica . Este principio, el cual, tal y como lo señaló este Tribunal en sentencia número 14293-2005 de las 14:52 horas del 29 de octubre de 2005, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con la actuación de la Administración como de las disposiciones de carácter general – legales y reglamentarias –, de donde se deriva la exigencia de la "vinculación a la ciencia y a la  técnica", elemento que le da un sustento técnico-científico a las decisiones de la Administración en esta materia, y en tal virtud, limitan y condicionan la discrecionalidad de la Administración en su actuación – en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública–. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –  tales como los estudios de impacto ambiental– , se evidencia un criterio técnico objetivo que denote, o la viabilidad ambiental del proyecto o la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, circunstancia que obliga a establecer medidas de precaución o el rechazo del proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura).
            Principios de uso racional de los recursos naturales. Este axioma exige que exista el necesario equilibrio entre el desarrollo del país y el derecho al ambiente y con el artículo 69 constitucional, del cual se deriva el principio de explotación racional de la tierra, imponiendo tanto a los particulares como al Estado, la obligación de proteger y preservar los recursos naturales renovables (véase la sentencia número 2012-12716 de las 16:01 del 12 de setiembre de 2012). De esta forma, con fundamento en este principio, es que este Tribunal – en sus diversas resoluciones- ha establecido los parámetros constitucionales para el uso adecuado de los mismos; y en virtud de los cuales queda claro que la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos y de orden político (desarrollo sostenible), para con ello salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras. Por ello, el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es que a través de la producción y uso de la tecnología, se obtengan no sólo ganancias económicas (libertad de empresa) sino sobre todo un desarrollo y evolución favorable del medio ambiente y los recursos naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause daño o perjuicio” (véase la sentencia número 6322-2003 de las 14:14 horas del 03 de julio de 2003).

Sin embargo, es necesario aclarar que, según la jurisprudencia de esta Sala, el derecho al ambiente no puede ceder ante consideraciones de índole económico, por tratarse de un derecho no patrimonial y de indudable importancia no solo para los habitantes del país actualmente, sino también para los sucesivos (véase la sentencia número 1887-1995 de las 09:15 horas del 07 de abril de 1995).

Igualmente, en este principio también encontramos relación con el principio de razonabilidad como parámetro de constitucionalidad y el derecho al ambiente, ya que, la exigencia del uso racional de los recursos naturales está directamente vinculada con un parámetro de constitucionalidad de la conducta – administrativa y de los particulares– y de la normativa que rige la materia, como lo es la razonabilidad –según desarrollo de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, por ejemplo véase la sentencia número 2410-2007 de las 10:15 horas del 21 de febrero de 2007- en tanto su finalidad es tender a la sostenibilidad del uso de los recursos naturales y de los elementos que conforman el ambiente, a través de su “uso adecuado”; y en virtud de los cuales, como se mencionó, queda claro que la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos y de orden político, para con ello salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras.

En síntesis, la Administración debe propiciar un uso sustentable de los recursos naturales, logrando con ello que el país pueda desarrollarse económicamente, sin comprometer la integridad del medio ambiente ni el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras, así como tampoco ceder ante consideraciones de índole económico.

IX.- Sobre la obligación de realizar estudios técnicos en materia ambiental. Ahora bien, con fundamento en los principios explicados en el considerando anterior, podemos afirmar que el Estado tiene la obligación de realizar estudios técnicos en materia ambiental y la evaluación de impacto ambiental. Al respecto, esta Sala, en la sentencia número 200815315 de las 14:59 horas del 10 de octubre de 2008, ha establecido la necesidad de que determinadas actividades cuenten con una evaluación de impacto ambiental aprobada. Esto debido a que tal procedimiento administrativo permite identificar y predecir desde un punto de vista técnico-científico los efectos que una actividad puede provocar sobre el ambiente. En este sentido esta Cámara Constitucional, en la sentencia número 2005-05544 de las 15:38 horas del 10 de mayo de 2005, señaló:

“ VI.- El estudio de impacto ambiental como instrumento de protección. Las normas ambientales deben tener un sustento técnico, pues su aplicación tiene que partir de las condiciones en las cuáles debe sujetarse el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Esto es así porque al ser los daños y contaminación del medio ambiente evaluables, el impacto de estos elementos requiere de una evaluación y tratamiento científico. Por ello, la necesidad de una evaluación de impacto ambiental que según determina el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, consiste en un procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones (…) De conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, las actividades que requieren un estudio de impacto ambiental aprobado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental son aquellas actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos materiales tóxicos o peligrosos. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Es así como la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado obliga al Estado a tomar las medidas de carácter preventivo a efecto de evitar su afectación; y dentro de las principales medidas dispuestas por el legislador en este sentido, se encuentran varios instrumentos técnicos entre los que destaca el Estudio de Impacto Ambiental, según lo dispuesto en el artículo citado. Debe hacerse especial énfasis en que será la condición del proyecto o de la obra, la que determinará en cada caso, si se requiere o no del estudio de impacto ambiental, no el establecimiento de condiciones arbitrarias, sean éstas administrativas o reglamentarias”.

Asimismo, este Tribunal también indicó lo siguiente:

“(…) El párrafo tercero del numeral 50 Constitucional señala con toda claridad que el Estado debe garantizar, defender y preservar el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; lo que implica afirmar que los entes públicos no sólo están en la obligación de hacer cumplir – a los particulares y otros entes públicos- la legislación ambiental, sino también, ante todo, que deben ajustar su accionar a los dictados de esos cuerpos normativos tutelares. Las instituciones del Estado son las primeras llamadas a cumplir con la legislación tutelar ambiental, sin que exista justificación alguna para eximirlas del cumplimiento de requisitos ambientales como, a manera de ejemplo, el estudio de impacto ambiental que exige la Ley Orgánica del Ambiente para las actividades que emprendan los entes públicos que, por su naturaleza, puedan alterar o destruir el ambiente” (véase la sentencia número 2001-6503 de las 09:26 horas del 06 de julio de 2001).

En síntesis, según lo señalado por los principios constitucionales en materia ambiental, la exigencia de estudios técnicos previos responde al principio de sometimiento de las decisiones relacionadas con el ambiente a criterios de la ciencia y la técnica, a fin de proteger el equilibrio ecológico del sistema y la sanidad del ambiente. Además, el requerimiento de estudios técnicos no es una mera formalidad, sino que se trata de un requisito material, es decir materialmente se tiene que demostrar, mediante un análisis científico e individualizado, el grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente, plantear recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en este, y demostrar cómo tal medida implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades (véase la sentencia número 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).

X.- Sobre la rectoría del Ministerio de Ambiente y Energía, así como la necesaria coordinación de las diferentes instituciones en materia ambiental.- En el considerando anterior se afirmó que las instituciones del Estado son las primeras llamadas a cumplir con la legislación tutelar ambiental, sin que exista justificación alguna para eximirlas del cumplimiento de requisitos ambientales. Por consiguiente, en el presente apartado se explicará la rectoría del Ministerio de Ambiente y Energía en la materia ambiental. Además, se expondrá la necesaria coordinación que debe existir entre las diferentes instituciones del Estado. En este sentido, este Tribunal, en la sentencia número 2004-8928 de las 16:37 horas del 18 de agosto de 2004, ha mencionado que resulta evidente que el Estado central es el ente primariamente encomendado para la defensa del medio ambiente, lo que es reafirmado en la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554 del 04 de octubre de 1996, que delega en el Ministerio de Ambiente y Energía buena parte de las competencias en esta materia, sin descargar a los otros entes públicos de sus responsabilidades en este campo. Igualmente, para el caso en cuestión es importante aclarar que el Ministerio de Ambiente y Energía también tiene la potestad de administrar los refugios nacionales y los humedales, lo cual se deriva además de los artículos 82 y 84 de la Ley de la Conservación Silvestre, 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, 13 de la Ley Forestal, y 58 de la Ley de Biodiversidad (véase la sentencia número 2004-8928 de las 16:37 horas del 18 de agosto de 2004).

Ahora bien, aunque la rectoría en materia ambiental recae en el Ministerio de Ambiente y Energía, es menester aclarar que el Estado, en sentido amplio, es el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales (véase la sentencia número 6922-2010 de las XX del XX). Es decir, si bien el Estado central delega la defensa del ambiente en el Ministerio en cuestión, esto no elimina la responsabilidad que tienen los demás instituciones del Estado en esta materia. Al respecto, esta Cámara Constitucional también ha expresado la necesidad de que exista una coordinación entre las dependencias públicas que busque garantizar la protección del ambiente. De esta forma, mencionó que:

“En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el (sic) peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central – Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); así como también las instituciones descentralizadas, caso del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el SENARA, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; tarea en la que por supuesto tienen gran responsabilidad las municipalidades, en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Es por ello, que podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas (…)” (véase sentencia número 2009-000139 de las 08:53 horas del 13 de enero de 2009).

En síntesis, aunque el Estado delega en el Ministerio de Ambiente y Energía buena parte de las competencias en esta materia, siendo que este Ministerio ostenta la función de rectoría en materia ambiental y, por tanto, es responsable de emitir las políticas de protección ambiental, manejo y uso sostenible de los recursos naturales; también es cierto que existe la necesidad de coordinar entre las dependencias públicas que garanticen la protección del ambiente. Por ende, las instituciones del Estado, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Municipalidades, así como cualesquiera otras instituciones están, todas ligadas a la legislación ambiental o aquella que esté relacionada con la protección del medio ambiente (véase la sentencia número 8928 de las XX del XX y la sentencia número 8713-2008 de las 09:06 horas del 23 de marzo de 2006).

 VII.- El acceso al agua potable como derecho humano. Adicionalmente a lo señalado, y talvez (sic) el aspecto más relevante en este tema, lo constituye la naturaleza y función del agua para la vida humana. No es necesario detallar aquí una explicación sobre la realidad evidente y notoria de que sin agua no puede haber vida, ni calidad de vida, y que por lo tanto, con ley o sin ley de nacionalización, por su propia esencia, este tema, no es ni puede ser un tema territorial o local. La propia Sala en su jurisprudencia constitucional ha dicho que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, en cuanto se configura como un integrante del contenido del derecho a la salud y a la vida

(…)

“V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador” de 1988), el cual dispone que: “Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1.-Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. La carencia de recursos no justifica el incumplimiento de los cometidos de las administraciones públicas en la prestación de este servicio básico. (SALA CONSTITUCIONAL, resoluciones 2003-04654 y 2004-007779).

Por su parte, como bien lo reconocen tanto la Procuraduría como el representante del AyA en sus informes, en el campo internacional también es mayoritario el reconocimiento del agua como derecho humano y como una pre-condición necesaria para todos nuestros derechos humanos. Se sostiene que sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo de agua potable, serían inalcanzables otros derechos establecidos -como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, así como de otros derechos civiles y políticos. En noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas afirmó que el acceso a cantidades adecuadas de agua limpia para uso doméstico y personal es un derecho humano fundamental de toda persona. Asimismo en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que "el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos". Se enfatiza también que los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal.

Por su parte se han dado varias conferencias internacionales entre las que destaca la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua llevada a cabo en Mar de Plata en 1977 que reconoció que todos los pueblos tienen derecho al acceso a agua potable para satisfacer sus necesidades básicas. También, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de la ONU, de 1986 incluye un compromiso por parte de los Estados de asegurar la igualdad de oportunidades para todos para disfrutar de los recursos básicos.

El concepto de satisfacer las necesidades básicas de agua se fortaleció más durante la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro. En la Agenda 21, los gobiernos acordaron que "al desarrollar y usar los recursos hídricos, debe darse prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas y a la conservación de los ecosistemas. De igual forma, en el Plan de Implementación adoptado en la Cumbre de Johannesburgo en el 2002, los gobiernos se comprometieron a "emplear todos los instrumentos de políticas, incluyendo la regulación, el monitoreo y la recuperación de costos de los servicios de agua," sin que los objetivos de recuperación de costos se conviertan en una barrera para el acceso de la gente pobre al agua limpia. Asimismo existen decenas de instrumentos internacionales que directa e indirectamente tienen que ver con el agua como un derecho humano de todas las personas y pueblos, de tal forma que no sólo es un tema que por su naturaleza tiende a la nacionalización, sino a la internacionalización de su uso y aprovechamiento” (véase la sentencia número 2006-5606 de las 15:21 horas del 26 de abril de 2006).

De lo anterior, podemos afirmar que existe un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida y al medio ambiente sano, entre otros, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humana. Asimismo, el acceso al agua potable ha sido catalogado como un derecho humano fundamental por varios instrumentos internacionales, lo cual ha sido reconocido en la amplia jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, como se menciona en la sentencia parcialmente transcrita, en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que “el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos. De esta forma, Los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal”. Igualmente, respecto a este tema podemos encontrar una vasta cantidad de instrumentos internacionales que hacen referencia al derecho al acceso al agua potable, entre las que podemos señalar las siguientes: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, Argentina, 1977, Plan de Acción), Declaración de Nueva Delhi, sobre el abastecimiento del agua potable y el saneamiento ambiental  (India, 1990); Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, 1992, Capítulo 18 de la Agenda 21), Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible (Irlanda, 1992, Principios rectores y Plan de Acción), Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, Egipto, 1994, Programa de Acción), Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (Sudáfrica, 2002, Pto. 18), Observación General N° 15: El Derecho al Agua (arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ginebra, 2002); la Resolución 64/292, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 2010: El Derecho Humano al Agua y el Saneamiento; la Resolución 70-169, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en el 2015: Los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Nueva York, 2015, Objetivos 6 y 7), etc.

Ahora bien, siguiendo lo indicado en el voto en cuestión así como en la normativa internacional mencionada, el denominado servicio público universal de suministro de agua potable se relaciona de forma inherente con la garantía del derecho fundamental al agua potable. En este sentido, el suministro de agua potable constituye un servicio público esencial y oneroso. La jurisprudencia de la Sala, en materia de suministro de agua potable, se ha dirigido fundamentalmente a la protección del derecho a la vida y a la salud de las personas físicas. Esos derechos implican la posibilidad de exigir ciertas prestaciones del Estado, ámbito en el cual el Estado se ve obligado a proporcionar algunos servicios públicos, sobre todo los que resultan esenciales para mantener condiciones sanitarias favorables a la preservación de la vida y la salud de las personas. De este modo, garantizar la pureza del líquido para consumo humano, así como la continuidad en el suministro de éste, forman parte de un debido y eficiente servicio al abonado, y a su vez garantiza sus derechos fundamentales más elementales. Por consiguiente, se puede asegurar que el abastecimiento de agua potable constituye un servicio público esencial, al que le son aplicables también los principios generales de los servicios públicos establecidos por el artículo 4° de la Ley General de la Administración Pública y lo dispuesto por la Sala Constitucional sobre el derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos (véase al respecto la sentencia número 2386-2006 de las 10 horas 57 minutos de 24 de febrero de 2006).

Por otra parte, este Tribunal también ha determinado que el recurso hídrico es de naturaleza pública. De esta manera, en el voto parcialmente transcrito, también se indicó lo siguiente:

“El artículo 18 de la Ley 2726, reformado por la Ley N° 5915 del 12 de julio de 1976, expresamente señala que todas las propiedades e instalaciones de los organismos del Estado que estén destinados a la captación, tratamiento y distribución de aguas potables son patrimonio nacional, por lo tanto con carácter de dominio público, inalienables, imprescriptibles e inembargables, fuera del tráfico jurídico privado y como lo ha señalado esta Sala en su jurisprudencia (votos números 2000-10466 y 2002-03821), gozan de especial protección, de manera que no son susceptibles de ser apropiados por particulares y ni siquiera por la Administración Pública; ni ser destinados a fines distintos de los que determinan su propia esencia y naturaleza, de tal forma que su protección en términos que resulten necesarios- y administración, corresponde al Estado en Nombre317 de la Nación. También en la sentencia 2004-01923 esta Sala hace un análisis exhaustivo sobre la naturaleza pública del recurso hídrico con ocasión de la protección de los mantos acuíferos.

(…)

“Naturalmente que, si los bienes relacionados con la administración de los acueductos y las propiedades que los contienen son de la Nación, con mucho mayor razón lo son las aguas y sus fuerzas como está expresamente regulado en los artículos 121 inciso 14) y 50 de la ley Orgánica del Ambiente. El concepto de demanialidad del recurso hídrico aparece consagrado en la Constitución Política en la citada norma que señala que no podrán salir definitivamente del Estado: “las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el territorio nacional”, agregando al final del artículo que podrán ser explotados de acuerdo con la ley o mediante concesión especial, otorgada por tiempo limitado, y determinando sus condiciones y estipulaciones por ley aprobada por la Asamblea Legislativa. De esta manera quedan consagradas las aguas como bienes del dominio público, sometidas al principio de reserva de ley para su afectación, no pudiendo salir del dominio del Estado. Su explotación puede dar directamente por la administración o por medio de concesión por parte de particulares.

(…)

El resto de la legislación vigente reafirma estos principios de demanialidad del recurso hídrico.

(…)

“La demanialidad del recurso hídrico es retomada en la Ley Orgánica del Ambiente que declara que el agua es de dominio público, su conservación y su uso son de interés social (art. 50).Esta disposición confirma el principio vigente de la demanialidad del recurso hídrico”.

En esta línea de argumentación, es necesario indicar que el acceso al agua potable para consumo humano ha sido garantizado por el legislador en la Ley de Aguas, Ley número 276 de 27 de agosto de 1942 y en la Ley General de Agua Potable, Ley número 1634 de 18 de setiembre de 1953. Además, el artículo 60 de la Ley Orgánica del Ambiente establece lo siguiente: “ Para prevenir y controlar la contaminación del ambiente, el Estado, las municipalidades y las demás instituciones públicas, darán prioridad, entre otros, al establecimiento y operación de servicios adecuados en áreas fundamentales para la salud ambiental, tales como: a) El abastecimiento de agua para consumo humano (…)” . En este sentido, esa normativa  determina la prioridad que debe darse al establecimiento y operación de servicios adecuados de abastecimiento de agua para consumo humano. Por otra parte, la Ley General de Salud, Ley número 5395 de 30 de octubre de 1973 dispone, en su artículo 267, que “todo sistema de abastecimiento de agua destinada al uso y consumo de la población, deberá suministrar agua potable, en forma continua, en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de las personas y con presión necesaria para permitir el correcto funcionamiento de los artefactos sanitarios en uso”.

En síntesis, de la jurisprudencia mencionada, así como de la normativa internacional y nacional analizada, se pude concluir que existe un derecho fundamental al acceso al agua potable, en donde el Estado está en la obligación de garantizar su suministro, siendo que el abastecimiento de agua potable constituye un servicio público esencial.

Ahora bien, para garantizar este derecho fundamental, el artículo 1 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados señala que:

“ Con el objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional se crea el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución autónoma del Estado”. Asimismo, el artículo 2 de la misma ley indica, en lo que interesa, lo siguiente.

“Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:

a)              Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas;

b)              Determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos que se propongan para construir, reformar, ampliar, modificar obras de acueductos y alcantarillados; las cuales no se podrán ejecutar sin su aprobación;

c)               Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas;

d)              Asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades públicas y privadas en todos los asuntos relativos al establecimiento de acueductos y alcantarillados y control de la contaminación de los recursos de agua, siendo obligatoria, en todo caso, su consulta, e inexcusable el cumplimiento de sus recomendaciones;

e)               Elaborar todos los planos de las obras públicas relacionadas con los fines de esta ley, así como aprobar todos los de las obras privadas que se relacionen con los sistemas de acueductos y alcantarillados, según lo determinen los reglamentos respectivos;

f)                 Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en ejercicio de los derechos que el Estado tiene sobre ellas, conforme a la ley número 276 de 27 de agosto de 1942, a cuyo efecto el Instituto se considerará el órgano sustitutivo de las potestades atribuidas en esa ley al Estado, ministerios y municipalidades;

g)              Administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país, los cuales se irán asumiendo tomando en cuenta la conveniencia y disponibilidad de recursos. Los sistemas que actualmente están administrados y operados por las corporaciones municipales podrán seguir a cargo de éstas, mientras suministren un servicio eficiente.

(…)

i)                 Construir, ampliar y reformar los sistemas de acueductos y alcantarillados en aquellos casos en que sea necesario y así lo aconseje la mejor satisfacción de las necesidades nacionales; y

j)                 Controlar la adecuada inversión de todos los recursos que el Estado asigne para obras de acueductos y alcantarillado sanitario”.

Por consiguiente, según esa ley, se le ha encomendado al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados la función de dirigir y vigilar todo lo concerniente para asegurar que se pueda proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable en calidad y cantidad suficientes. Lo anterior, con la finalidad última de garantizar el servicio público universal de abastecimiento de agua potable y, por tanto, la satisfacción del derecho fundamental del acceso al agua potable.

De esta manera, este Tribunal ha determinado que la omisión por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en la toma de medidas para solventar los problemas de desabastecimiento de agua potable implican una violación a los derechos fundamentales al buen funcionamiento de los servicios públicos y al de acceso al agua potable (véase la sentencia número 8640-2010 de las 9 horas 4 minutos de 14 de mayo de 2010). Igualmente, esta Sala también ha señalado que el servicio público de abastecimiento de agua potable no solo debe ser continúo sino que debe asegurarse que provea una cantidad y calidad suficiente del recurso potable, pues las deficiencias que presente dicho suministro igual podrían, eventualmente, constituir un quebranto del derecho fundamental al agua (véase la sentencia número 262-2009 de las 14:30 horas del 14 de enero de 2009). Así las cosas, es claro que la prestación del servicio público de abastecimiento de agua potable es indispensable para el bienestar más elemental de la población.

Por lo tanto, de lo analizado hasta el momento se puede asegurar que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, el cual ha sido encargado prioritariamente al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (véase la sentencia número 2007-011190 de las 14:36 horas del 07 de agosto de 2007). Es decir, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados está llamado “a tener rectoría en el área de agua potable y alcantarillado sanitario y su intervención en protección de la salud de los habitantes debe ser activa y decidida, en especial cuando exista inacción por parte de  las entidades encargadas de velar por un adecuado servicio” (véase la sentencia número 2001-12957 de las 16:29 horas del 18 de diciembre del 2001). No obstante, esta Sala también ha aclarado que “el AyA debe –por mandato legal y Constitucional – velar porque se brinde el suministro de agua potable a todos los habitantes de la República, esta obligación debe cumplirse en estricto respeto de las demás normas y mandatos que integran el ordenamiento jurídico costarricense” (véase la sentencia número 2001-2948 de las 14:06 horas del 24 de abril de 2001). Por ende, es menester explicar que como se estableció en los considerandos anteriores, la rectoría en materia ambiental recae en el Ministerio de Ambiente y Energía, por lo que la rectoría del recurso hídrico no se constituye una excepción a esta competencia. Ahora bien, es necesario añadir que, después de un análisis detallado de la normativa que regulan este asunto, por ejemplo, la ya mencionada Ley Constitutiva del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, No. 2726 de 14 de abril de 1961, la Ley Orgánica del MINAE, No. 7152 de 5 de junio de 1990, la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, No. 7593 de 9 de agosto de 1996, la Ley de Biodiversidad, No. 7788 de 30 de abril de 1998, la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, No. 7799 de 30 de abril de 1998 y el Reglamento Orgánico del Ministerio de Ambiente y Energía, Decreto 35669 de 4 de diciembre de 2009, que contiene las funciones de la actual Dirección de Agua), se puede asegurar que la rectoría en esta materia la ostenta el Ministerio de Ambiente Y Energía en conjunto y con la debida coordinación con otras instituciones como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Ergo, la competencia en materia hídrica recae sobre el Ministerio de Ambiente y Energía en conjunto con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución encargada de suministrar el servicio de agua potable, así como en coordinación con otras instituciones. Al respecto, es necesario reiterar lo señalado acerca de exigencia de coordinación de los diferentes departamentos del Estado en materia ambiental, no siendo una excepción el recurso hídrico. Así, esta Cámara Constitucional ha indicado que “hemos de consentir el tema de que en materia ambiental existe la ineludible necesidad de coordinación entre las dependencias públicas que busque garantizar su protección. De esta forma, aceptada esta interpretación, podemos afirmar que esta situación se debe aplicar al tema del agua y lo referente a su suministro, administración y protección. Lo anterior porque la cuestión del agua ha sido definida por este Tribunal como un derecho humano fundamental, en cuanto se configura como un integrante del contenido del derecho a la salud y a la vida, que por su esencia no puede ser definido como un tema territorial o local, pues, es ampliamente aceptado que sin agua no puede haber vida, ni calidad de vida (véanse por ejemplo las sentencias números 534-96, 2728-91, 3891-93, 1108-96, 2002-06157 2002-10776; 2004-1923)”.

XII.- Sobre el concepto y naturaleza de bienes de dominio público y su relación con el medio ambiente. Siguiendo con la redacción anterior, al establecer que nos encontramos con el cuestionamiento de una norma que permite extraer agua del patrimonio natural del Estado, es menester desarrollar el concepto y naturaleza de los bienes de dominio público y su relación con el ambiente. De esta manera, este Tribunal, mediante la sentencia número 2004-8928 de las 16:37 horas del 18 de agosto de 2004, estableció los parámetros relativos al concepto y naturaleza de bienes de dominio público y su relación con el medio ambiente. Al respecto, se indicó lo siguiente:

“En este marco de estricta protección del medio ambiente, la Constitución Política también dispone reglas concretas relativas al régimen jurídico aplicable a los bienes de dominio público. Así, el artículo 121 inciso 14) lo regula en forma genérica, al disponer que los bienes “propios de la Nación”, solo podrán salir definitivamente de su dominio por medio de autorización de la Asamblea Legislativa. Se trata de bienes que por su naturaleza jurídica y titularidad, en tanto pertenecen a la Nación y están destinados a satisfacer el interés general, gozan de una especial protección jurídica. Por ello, no son susceptibles de ser apropiados por particulares, y ni siquiera por la Administración Pública, para fines distintos de los que se derivan de su propia esencia y naturaleza. Su tutela y administración corresponden al Estado, en Nombre317 de la Nación (cfr. tomo III. de las Actas de la Asamblea Nacional Constituyente, Sesión número 168, pag. 468). En su jurisprudencia, esta Sala ha sentado los principios básicos del régimen jurídico de los bienes dominiales; en particular, en la sentencia número 2306-91 de las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del seis de noviembre de mil novecientos noventa y uno, determinó las siguientes reglas, que han seguido siendo aplicadas en forma consistente a partir de dicha resolución:

"…El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público.- Son los llamados bienes dominicales, bienes dominiales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres.- Es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación.- En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa.- Notas características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio.- Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad.- El permiso de uso es un acto jurídico unilateral que lo dicta la Administración, en el uso de sus funciones y lo que se pone en manos del particular, es el dominio útil del bien, reservándose siempre el Estado, el dominio directo sobre la cosa…"

Corolario de lo anterior es que solamente por Ley se les pueda privar del régimen especial que los regula, desafectándolos, separándolos del fin público al que están vinculados. Se requiere de un acto legislativo expreso y concreto, de manera tal que no quede duda alguna de la voluntad del legislador de sacar del dominio público un bien determinado e individualizado. El artículo 14 de la Ley Forestal, número 7575, de trece de febrero de mil novecientos noventa y seis, da a los terrenos forestales y bosques el carácter de bienes dominiales:

“Artículo 14.- Condición inembargable e inalienable del patrimonio natural Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley.” Según la clasificación dada por la normativa ambiental, el patrimonio forestal o natural del Estado está conformado por reservas forestales, reservas biológicas, zonas protectoras, refugios de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de dieciocho de setiembre de mil novecientos noventa y cinco). Así las cosas, es claro que el ordenamiento jurídico costarricense confiere una especial y calificada protección a los bienes afectados al uso o disfrute público, y reviste dicha tutela de mayores cuidados todavía al regular los bienes públicos ambientales. Se trata de bienes pertenecientes a la Nación, por estar afectados a una finalidad de innegable utilidad general, y que para ello ha sido encomendada su administración, en los casos en que así lo determina expresamente la Ley, al Estado central, con el objeto de que las políticas en materia de ambiente sigan parámetros congruentes y acordes con la necesidad de una integral y continua protección del ambiente. Aun cuando para efectos registrales los bienes domiales pueden ser inscritos a Nombre317 del ente público encargado de su tutela, lo cierto es que estos bienes no le pertenecen a ninguna entidad pública en particular, sino a la Nación (…)”.

Asimismo, lo referente al concepto de bienes de dominio público fue ampliado por este Tribunal en la sentencia número 2007-2063 de las 14:40 horas del 14 de febrero de 2007, que estableció lo siguiente:

“ VI.- DEL DEMANIO PÚBLICO.- Como lo ha considerado esta Sala en diversos precedentes (sentencias número 5399-93, 3145-96, 5027-97, 298899, 2000-10466,  2002-8321; 2003-3480; 2005-7158), el régimen jurídico de los bienes de dominio público es especial y diferenciado en atención al tipo de bienes de que se trata. La distinción entre bienes o cosas privadas y bienes y cosas públicas se hace depender, en primer lugar, en la "titularidad" o "dominio" del bien, por cuanto de este elemento se define su naturaleza y régimen jurídico diferenciados; y en consecuencia, del derecho aplicable, en tanto el primero se sujeta al derecho privado, y el segundo al derecho público. Es así, como por bienes demaniales o dominicales deben de entenderse el conjunto de bienes – tanto inmuebles como muebles – que tienen una naturaleza y régimen jurídico virtualmente opuesto a los privados, en tanto se trata de bienes que por expresa voluntad del constituyente o el legislador, se encuentran afectos a un destino especial de servir a la comunidad, sea al interés público, y que por ello, no pueden ser objeto de propiedad privada, de modo que están fuera del comercio de los hombres, es decir, no pueden pertenecer individualmente a los particulares,  ni al Estado –en sentido estricto– , por cuanto éste se limita a su administración y tutela. Así, los bienes de dominio público y los de dominio privado del Estado (fiscales) se diferencian por su finalidad y el sujeto titular, en tanto lo que define la naturaleza jurídica de los primeros  es el destino que se da a este tipo de bienes, sea, en tanto se afectan y están al servicio del uso público, en los términos previstos en el artículo 261 del Código Civil (En este mismo sentido, se pueden consultar las sentencias número 2306-91 y 2988-99, entre otras.) Es así como entran en esta categoría –sin que se constituya en una lista cerrada– la zona marítimo terrestre , el patrimonio forestal o natural del Estado –áreas protegidas–  (conformado por parques nacionales, reservas forestales, reservas biológicas, zonas protectoras, refugios de vida silvestre, humedales y monumentos naturales –artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de dieciocho de setiembre de mil novecientos noventa y cinco– ), las zonas de protección hidrográfica –artículo 33 de la Ley Forestal – (contíguas a los manantiales, a las riveras de los ríos y lagos), las zonas limítrofes (artículo 10 de la Ley de Terrenos Baldíos, número 13, de diez de enero de mil novecientos treinta y nueve), el derecho de vía , las líneas ferroviarias, las reservas indígenas , el patrimonio históricoarquitectónico , los recursos mineros , el patrimonio arqueológico, etc. Se trata de bienes que, por su vocación y destino están fuera del comercio de los hombres, de manera que son inalienables, imprescriptibles e inembargables, de manera que no es posible su dominio o posesión, ni a título gratuito ni oneroso; no pueden perderse por prescripción, así como tampoco, ganarse por usucapión, de modo que son bienes que conservan su vigencia jurídica permanentemente; y no son susceptibles de embargo; además de que están sujetos al poder de policía , en lo atinente a su aprovechamiento y uso, ya que está condicionado al otorgamiento de las respectivas licencias y permisos y al control y fiscalización de parte la Administración.

(…)

VIII.- CONTINUACIÓN.- Tratándose de los bienes demaniales, debe distinguirse los que lo son en carácter de la Nación , precisamente por su titularidad y por la fuente normativa de afectación, en tanto la determinación deriva de las propias normas constitucionales –se tienen aquellos que están definidos y determinados precisamente en la propia Constitución Política, en los artículos 6, 50, 89 y 121 inciso 14) de la Constitución, sea las aguas territoriales, las costas, el espacio aéreo, la plataforma continental, el zócalo insular, los recursos y riquezas naturales del agua del suelo y del subsuelo, las bellezas naturales, el patrimonio histórico y artístico de la Nación, las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el territorio nacional, los yacimientos de carbón, las fuentes o yacimientos de petróleo, sustancias hidrocarburadas, depósitos de minerales radioactivos, servicios inalámbricos – lo que modernamente se conoce como espacio electromagnético– , los ferrocarriles, muelles y aeropuertos que estén en servicio– ; y los que lo son por disposición de la ley o decreto ejecutivo – en los casos previstos en la ley –, donde es el decreto el que determina los inmuebles que se incorporan al patrimonio forestal del Estado, su categoría y la sujeción al respectivo plan de manejo, y según se anotó anteriormente, también su sujeción a un fin público determinado, en tanto marca el destino del bien al uso o servicio público o a otra finalidad determinante que justifique su demanialidad. Es así como interesa resaltar que los bienes dominicales o demaniales tienen ese carácter en virtud de una afectación dada, o por una norma expresa de nuestra Carta Fundamental o por disposición legal, que denota su sujeción a un fin público determinado, en tanto marca el destino del bien al uso o servicio público o a otra finalidad determinante que justifique esa demanialidad. En virtud de lo cual, siendo la afectación la vinculación jurídica por el que el bien se integra a esta categoría de bienes, según su destino y conforme a las correspondientes previsiones legales, ello implica, como lógica consecuencia, que solamente por ley se les puede privar de ese régimen especial que los regula, para separarlos de ese fin público al que están vinculados (esto es, para su desafectación); y es en este sentido que se requiere de un acto legislativo expreso y concreto, de manera tal que no quede duda alguna de la voluntad del legislador de sacar del demanio público un bien determinado e individualizado; motivo por el cual es que esta Sala ha estimado que no es posible una desafectación genérica, y mucho menos, la implícita; es decir, en esta materia no puede existir un "tipo de desafectación abierto", para que la Administración, mediante actos suyos discrecionales, complete, señalándolos; y en este sentido, es importante recordar que toda desafectación, como debe provenir de acto legislativo, estará sujeta a los controles jurisdiccionales correspondientes –  en este sentido, ver sentencias número 2000- 10466 y 2002-8321. Asimismo, debe recordarse que para la desafectación del patrimonio forestal – lo que se traduce en la reducción o eliminación del área silvestre protegida– , sólo se puede hacer mediante ley de la República, después de realizarse los estudios técnicos previos (estudio de impacto ambiental) que justifique la medida, en los términos previstos en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente. Por último es importante resaltar que, tratándose de los bienes demaniales de la Nación, su desafectación sólo podría darse por reforma constitucional, en aplicación del principio del paralelismo de las formas, se repite, previo estudio técnico que acredite la desafectación, según se indicó anteriormente. Además, en lo concerniente a su uso y/o concesión sólo puede ser aprobada por el Plenario Legislativo, no así por Comisiones Legislativas Plenas, en los términos previstos en el artículo 124 constitucional (sentencias número 2002-8321 y 2004-8928)”.

Ahora bien, respecto al patrimonio natural del Estado, tema de importancia para el presente caso, se ha mencionado, conforme con las sentencias parcialmente transcritas, que es un bien de dominio público cuya su conservación y administración están encomendadas, por la ley, al Ministerio del Ambiente y Energía, mediante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Ley Forestal, arts. 6 inc. a y 13 pfo.2°, y 14; Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32, pfo. 2°). Lo integran dos importantes componentes:  a) Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera sea su categoría de manejo, declaradas por Ley o Decreto Ejecutivo: reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (Ley Forestal 7575, arts. 1°, pfo. 2°, 3° inciso i; Ley Orgánica del Ambiente 7554, artículo 32; Ley de Biodiversidad N° 7788, arts. 22 y sigts. y 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales N° 6084, artículo 3° incs. d y f, en relación con la Ley Orgánica del MINAE N° 7152 y su Reglamento; Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317, artículo 82, inciso a). b) Los demás bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal del Estado e instituciones públicas (artículo 13 de la Ley Forestal), que tienen una afectación legal inmediata. Para la zona marítimo terrestre, la misma Ley 6043 (artículo 73) excluye de su ámbito las Áreas Silvestres Protegidas y las sujeta a su propia legislación. El resto de áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal de los litorales, están también bajo la administración del Ministerio del Ambiente y se rigen por su normativa específica (Ley Forestal, artículo 13 y concordantes) (véase la sentencia número 200816975 de las 14:53 horas del 12 de noviembre de 2008). Además, también este Tribunal ha señalado que las zonas protectoras juegan un papel preponderante  en el equilibrio del medio ambiente entendido este como el conjunto de cosas que rodean al individuo tales como: clima, suelo, luz, viento, lluvia, alimentación, frío, calor, hábitat, etc. y en el equilibrio del ecosistema por la relación de intercambio que se da entre la parte viviente de la naturaleza y la parte inherte de la misma. De ahí que deba protegerse el suelo, la regulación del régimen hidrológico, la conservación del ambiente, y la de las cuencas hidrográficas. Estas zonas son creadas por ley o vía decreto del Poder Ejecutivo y en ellas, también por disposición legal, está prohibido efectuar labores agrícolas o de destrucción de la vegetación (véase la sentencia número 2007-2063 de las 14:40 horas del 14 de febrero de 2007).

Por otra parte, conforme a las sentencias parcialmente transcritas, el régimen tutelar contemplado en la Ley Forestal para el Patrimonio Natural del Estado implica: que los terrenos son inalienables; su posesión por los particulares “ no causará derecho alguno a su favor ” y la acción del Estado para recuperarlos es imprescriptible; no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria; su invasión y ocupación es sancionada como delito; no cabe la corta, el aprovechamiento forestal ni el cambio de uso del suelo, y solo pueden autorizarse labores de investigación, capacitación y ecoturismo (artículos 1, párrafo 2°, 3 inciso a), 14, 15, 18, 58 incisos a) y b) y 61 inciso c) (véase la sentencia número 2012-12716 de las 16:01 del 12 de setiembre de 2012).

Por consiguiente, queda claro que la competencia que el Ministerio de Ambiente y Energía, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, es exclusiva, siendo este un asunto de interés nacional. En este sentido, el artículo 13 de la Ley Forestal, ley número 7575, menciona que

“ Constitución y administración. El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su Nombre317 y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio del Ambiente y Energía administrará el patrimonio (…)” (el subrayado no es del original).

Igualmente, el artículo 14 de la misma ley señala:

“ Condición inembargable e inalienable del patrimonio Natural. Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley”. En un sentido similar, el artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente determina lo siguiente:

“ Clasificación de las áreas silvestres protegidas. El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, podrá establecer áreas silvestres protegidas, en cualquiera de las categorías de manejo que se establezcan y en las que se señalan a continuación: a) Reservas forestales.

b) Zonas protectoras.

c)  Parques nacionales.

d) Reservas biológicas.

e)  Refugios nacionales de vida silvestre.

f)    Humedales.

g) Monumentos naturales.

Esas categorías de manejo y las que se creen en el futuro, serán administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía, salvo las establecidas en el artículo 33 de esta ley. Las municipalidades deben colaborar en la preservación de estas áreas” (el subrayado no es del original).

Esto ha sido avalado por la Sala mediante sentencia número 2012-2678 de las 14:30 horas del 29 de febrero de 2012.

Además, el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad, ley número 7788, indica lo siguiente:

“ Créase el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en adelante denominado Sistema, que tendrá personería jurídica propia; será un sistema de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que integrará las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y el Ministerio del Ambiente y Energía, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica. Conforme a lo anterior, la Dirección General de Vida Silvestre, la Administración Forestal del Estado y el Servicio de Parques Nacionales ejercerán sus funciones y competencias como una sola instancia, mediante la estructura administrativa del Sistema, sin perjuicio de los objetivos para los que fueron establecidos. Queda incluida como competencia del Sistema la protección y conservación del uso de cuencas hidrográficas y sistemas hídricos”.

Igualmente, el numeral 28 de la misma ley señala que:

“El Sistema estará constituido por unidades territoriales denominadas

Áreas de Conservación bajo la supervisión general del Ministerio del Ambiente y Energía, por medio del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, con competencia en todo el territorio nacional, según se trate de áreas silvestres protegidas, áreas con alto grado de fragilidad o de áreas privadas de explotación económica. Cada área de conservación es una unidad territorial del país, delimitada administrativamente, regida por una misma estrategia de desarrollo y administración, debidamente coordinada con el resto del sector público. En cada uno se interrelacionan actividades tanto privadas como estatales en materia de conservación sin menoscabo de las áreas protegidas. Las Áreas de Conservación se encargarán de aplicar la legislación vigente en materia de recursos naturales, dentro de su demarcación geográfica. Deberán ejecutar las políticas, las estrategias y los programas aprobados por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, en materia de áreas protegidas; asimismo, tendrá a su cargo la aplicación de otras leyes que rigen su materia, tales como la Ley de conservación de la vida silvestre, No. 7317, de 30 de octubre de 1992, y la Ley Forestal, No. 7575, de 13 de febrero de 1996, Ley Orgánica, No. 7554, de 4 de octubre de 1995, y la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales, No. 6084, de 24 de agosto de 1977. Basado en las recomendaciones del Consejo, el Ministerio del Ambiente y Energía definirá la división territorial que técnicamente sea más aconsejable para las Áreas de Conservación del país, así como sus modificaciones”.

En síntesis, es claro que el régimen jurídico creado por los artículo 13 y 14 de la Ley Forestal tiene una finalidad protectora, pues, de acuerdo con el texto de dicha norma, su objetivo es dar una protección demanial a los terrenos propiedad del Estado con bosque o terrenos forestales, los cuales quedarían bajo administración del Ministerio de Ambiente y Energí a. Ese patrimonio es catalogado por el artículo 14 de la Ley Forestal como un bien de dominio público, que según los artículos 13 de la Ley Forestal y 22 de la Ley de Biodiversidad, debe ser administrado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Así, la competencia en esta materia la ostenta el Ministerio de Ambiente y Energía, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, competencia que es exclusiva, siendo este un asunto de interés nacional. Además, según la normativa indicada, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación unifica las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y el Ministerio del Ambiente y Energía, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica.

VI.- SOBRE EL DERECHO HUMANO AL MEDIO AMBIENTE SANO Y AL AGUA Y SU TUTELA DENTRO DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS.

Este derecho ha sido ampliamente analizado por la Corte IDH en su sentencia emitida en el Caso Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina confirmando (párr. 222) que el derecho al agua está protegido por el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello se desprende de las normas de la Carta de la OEA, en tanto las mismas permiten derivar derechos de los que, a su vez, se desprende el derecho al agua. Como también emanan otros DESCA como son el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la salud y el derecho a la alimentación adecuada. El agua por su importancia para los sistemas ecológicos y para el ser humano, es un “derecho eje” en la medida que articula varios otros derechos que dependen de este para su realización, como la vida, el medio ambiente sano, la salud, la alimentación, el territorio, la cultura, la mejora continua del estándar de vida, entre otros. Dado la interdependencia de estos derechos, se puede afirmar que si se vulnera el derecho al agua por consecuencia se estarían violando también estos derechos enunciados incluso el derecho a un nivel de vida digna. En el ámbito internacional se considera que este derecho está contenido en el artículo 25 “un nivel de vida adecuado” de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Otros tratados referidos a aspectos específicos de protección de los derechos humanos, hacen referencia expresa al agua, como la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 24, o la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en el artículo 14, referido a “problemas especiales a que hace frente la (…) mujer de las zonas rurales”. De modo adicional a lo expuesto, debe resaltarse que la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Asamblea General, emitió el 28 de julio de 2010 la Resolución 64/292 titulada El derecho humano al agua y el saneamiento, que reconoce que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.

Asimismo, es relevante señalar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante Comité DESC) ha expresado que “el derecho al agua entraña tanto libertades como derechos”. Las primeras implican poder “mantener el acceso a un suministro de agua” y “no ser objeto de injerencias”, entre las que puede encontrarse la “contaminación de los recursos hídricos”. Los derechos, por su parte, se vinculan a “un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho”. Destacó también que “el agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico”, y que “los siguientes factores se aplican en cualquier circunstancia: a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos (…). b) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre (…). Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables (…). c) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte”. El Comité DESC, al explicar cómo el derecho al agua se vincula con otros derechos, señaló también la importancia de “garantizar un acceso sostenible a los recursos hídricos con fines agrícolas para el ejercicio del derecho a una alimentación adecuada”. Agregó que “los Estados deberían garantizar un acceso suficiente al agua para la agricultura de subsistencia y para asegurar la de subsistencia de los pueblos indígenas”. Sostuvo que “la higiene ambiental, como aspecto del derecho a la salud (…) entraña la adopción de medidas no discriminatorias para evitar los riesgos para la salud que representa el agua insalubre y contaminada por sustancias tóxicas”. Asimismo, la Corte IDH ha señalado en el mismo sentido, que el “derecho al agua” (como también los derechos a la alimentación y a participar en la vida cultural) está “entre los derechos particularmente vulnerables a afectaciones ambientales”.

Si bien el derecho al agua no se encuentra reconocido expresamente en el sistema interamericano, el conjunto de sus instrumentos establecen una serie de derechos que guardan estrecha vinculación con el acceso al agua y sus distintas dimensiones, como lo referente a las condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad del agua sin discriminación alguna. En efecto, es importante precisar que si bien la jurisprudencia relativa al acceso al agua se encuentra aún en desarrollo en el sistema interamericano, existen en la actualidad importantes decisiones que han brindado luz sobre las obligaciones que recaen sobre los Estados para garantizar el acceso al agua sin discriminación. En la última década, la jurisprudencia tanto de la CIDH como de la Corte Interamericana, ha abordado una serie de cuestiones referidas al acceso al agua a través de la interpretación del contenido de una serie de derechos humanos establecidos en los instrumentos interamericanos, para lo cual ha considerado los aportes del sistema universal e información técnica de una serie de organismos especializados. Tanto la CIDH como la Corte Interamericana, han señalado que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Tal interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación consagradas en el artículo 29 de la Convención Americana46, así como las establecidas por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

La CIDH ha tenido una aproximación a dicha temática, a través de la medida cautelar dictada el 20 de mayo de 2010, a favor de los miembros de 18 comunidades del pueblo indígena Maya Sicapakense y Nombre8835 de Guatemala, por contaminación de mantos acuíferos y supuestos efectos en la vida, integridad personal y salud de comunidades indígenas. En la solicitud de medidas cautelares, se alegó que debido a la explotación de una empresa minera se estaría generando un impacto ambiental en la zona, el cual estaría afectando las afluentes principales del rio que serviría para la subsistencia de las comunidades indígenas. Tal situación estaría afectando la salud de varios de los miembros de las comunidades, quienes supuestamente estarían enfrentando consecuencias específicas en su salud. Dada la controversia sobre diversos temas que se presentaron en el seguimiento a la medida cautelar, el 7 de diciembre de 2011, la CIDH notificó su decisión de modificar las medidas cautelares y solicitó al Estado de Guatemala que adopte las medidas necesarias para asegurar que los miembros de las 18 comunidades Mayas beneficiarias tengan acceso a agua potable apta para consumo humano, uso doméstico y segura para el riego. En especial, la CIDH solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para que las fuentes de agua de las 18 comunidades beneficiarias no sean contaminadas por acciones de actividades mineras. La Comisión ha continuado monitoreando el asunto, atendiendo las diferentes posiciones que las partes han presentado en el procedimiento de medidas cautelares y en un caso que actualmente se encuentra en etapa de fondo.

VII.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub examine, la parte recurrente manifiesta que el 30 de julio de 1888 el Congreso de la República de Costa Rica aprobó la Ley 65 que indica: “Siendo de utilidad pública la conservación de las montañas en que tienen origen los arroyos y manantiales que abastecen de agua a la provincia de Heredia y a una parte de la de Alajuela; DECRETA: Art. 1: Se declara inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho, a uno y otro lado de la cima de las montañas con el Nombre317 de Montaña del Volcán de Barva, desde el cerro llamado el Zurquí hasta el que se conoce con el Nombre317 de Concordia, ya sea dicha zona de propiedad nacional o municipal”. Manifiesta que el objetivo de los legisladores del Siglo XIX con la aprobación de la Ley 65 fue el resguardo de las montañas del norte de Heredia con el fin de preservar el recurso hídrico de los habitantes del Valle Central, no sólo superficial si no también el subterráneo, al delimitarse en esta zona mucha del área más importante de recarga potencial de los acuíferos Barba y Colimas, acuíferos de donde hoy día se suple de agua más del 60% de habitantes, no sólo de Heredia, si no de Alajuela y San José. Aduce que las zonas altas de los cantones heredianos, Santa Barbara, Barva, San Rafael, San Isidro, Moravia y Coronado donde se demarca la zona inalienable de la Ley 65, está sometida a una constante y fuerte presión para desarrollar diversas actividades, en cuenta proyectos constructivos diversos. Afirma que la valía para la recarga de los acuíferos del Valle Central que tiene la zona inalienable, también es imprescindible su protección para salvaguardar el agua de miles de habitantes de las partes altas de los cantones de Alajuela, Santa Barbara, Barva, San Rafael, San Isidro y Santo Domingo que nos abastecemos del agua superficial de los ríos Segundo, Ciruelas, Tibás y Para que nacen en esa zona. Explica que estudios, como los del Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento, han determinado que el área donde se localiza la zona inalienable, además de ser de muy alta recarga acuífera, es de MUY ALTA fragilidad ambiental, además de ser de alta vulnerabilidad hidrogeológica, por lo que es inminente la necesidad de protegerla si queremos preservar el recurso hídrico para las generaciones presentes y futuras del Valle Central. Acota que la zona inalienable es además hogar de una amplia diversidad de flora y fauna debido a que limita con la parte sur del Parque Braulio Carrillo. Por otra parte, expone que en el año 2013 la Sala Constitucional al resolver un incidente de desobediencia presentado contra el ministro de ambiente por no haber cumplido el voto 200812109, reitera la importancia de la zona inalienable de la Ley 65 de 1888 para el ambiente en general y en particular para la protección del recurso hídrico, por lo que le ordena a René Castro Salazar en su condición de Ministro de Ambiente y Energía, cumplir inmediatamente lo dispuesto en la sentencia, bajo la advertencia de ordenarse la apertura de un procedimiento administrativo en su contra si no lo hiciere (resolución 2013-005049 del 27 de marzo del 2013). Arguye que después del apercibimiento del 2013 de la Sala Constitucional, el Ministerio de Ambiente y Energía delimitó la zona inalienable por medio de un amojonamiento, no así no ha cumplido con la recuperación de los terrenos, ni siquiera ha interpuesto proceso alguno de reivindicación del patrimonio natural del Estado como es la zona inalienable. Asegura que actualmente una porción de la zona inalienable de la Ley 65 de 1888, no toda, forma parte del Parque Braulio Carrillo, tanto por la Ley 6288 del del 25 de octubre de 1978 que creo el parque, como por el Decreto Ejecutivo 39259- MINAE del 15 de octubre del 2015 que indicó: “Artículo 1º- Declárese parque nacional parte del territorio establecido como Zona inalienable, creada por el Decreto Ley Nº LXV de julio de 1888, anexando dicha porción de terreno al Parque Nacional Braulio Carrillo; cuyos límites se describen a continuación basado en la hoja topográfica Barva 3346 II, edición 3-IGNCR, 2005, escala 1:50.000, elaborada por el Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica.”. Señala que al Parque Braulio Carrillo, incluyendo lo que se le anexó en el 2015, además de cubrirle la Ley 65, le son aplicables las normas de protección especial y total que cubren a éstos, tales como la Ley del Servicio de Parques Nacionales y la Ley Forestal (artículo 1), lo que no se está dando debido a que los terrenos anexados al parque que son parte de la zona inalienable de la Ley 65 siguen en manos de particulares, algunos de los cuales llevan a cabo actividades que impactan el ambiente, como de turismo masivo sin control y estudio de impacto ambiental alguno, actividades de lecherías, talas de árboles, construcción de cabañas de recreo, etc. Indica que en respuesta a las consultas que se le ha hecho ver a los ministros de ambiente desde que se dictó el fallo 2008-12109 sobre la recuperación o reivindicación de los terrenos estatales que corresponden a la zona inalienable de la Ley 65, nunca se ha informado recuperación alguna o que se haya iniciado con alguna acción ante los tribunales correspondientes que culmine con un proceso de reivindicación. En el MINAE siempre han dado una única respuesta, que ya iniciaron con la confección de expedientes de las fincas y su respectivo análisis legal y técnico de los antecedentes de los asientos registrales de las fincas inscritas en el Registro Nacional, para que así sea la Procuraduría General de la Republica quien proceda a iniciar los trámites de lesividad ante los tribunales de justicia que culminen en la recuperación de los terrenos. Solicita que en aras de la tutela del recurso hídrico y del ambiente en general, y al ser la zona inalienable parte del Patrimonio Natural del Estado, se le ordene al ministro de Ambiente y Energía o a quien ocupe su lugar, que inicie con las acciones necesarias y concretas que corresponden, más allá de estudios, para la reivindicación y recuperación de los terrenos de la zona inalienable de la Ley 54, sea trasladando los expedientes de los antecedentes o historial de las fincas a la Procuraduría General de la República.

VIII.- Sobre el particular, cabe señalar que el tema que se debate en cuanto al deber de protección de la zona inalienable dispuesta por el decreto ley número 65 del 28 de julio de 1888, fue analizado en el voto 2008-12109 de este Tribunal Constitucional. En ese precedente, se reconoció que esa fuente normativa ordenó proteger una de las zonas en las que se encuentran las nacientes de agua que abastecen a los habitantes de las provincias de Heredia, Alajuela y parte de San José. En esa línea, el artículo primer de ese decreto ley declaró inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho, a uno y otro lado de la cima de la montaña conocida con el Nombre317 de Montaña del Volcán de Barba, desde el cerro llamado el Zurquí hasta el que se conoce con el Nombre317 de Concordia, ya sea dicha zona de propiedad nacional ó municipal. A su vez, en el numeral segundo autorizó al Poder Ejecutivo para aumentar ó disminuir la extensión de la zona a que se refiere el artículo anterior si después de practicado el reconocimiento respectivo por medio de una comisión científica, juzga conveniente modificarla en el sentido que dicha comisión indique. Justamente a la luz de esas regulaciones, en el citado fallo esta Cámara señaló que “…la intención del legislador del siglo antepasado era la de asegurar que las provincias de Alajuela, Heredia y San José pudieran garantizarse en el futuro el recurso hídrico necesario para satisfacer las necesidades de la población. Para lograr lo anterior, el legislador dispuso la creación de una zona inalienable, la cual no podía ser objeto de ningún tipo de posesión en razón de su naturaleza pública…”. Bajo esa comprensión en el citado voto se coligió una indolencia del Estado en el deber de reivindicar y proteger la zona de marras, a partir de lo cual, se dispuso en lo relevante:

“POR TANTO. Se declara con lugar el recurso, únicamente en cuanto al Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud, y las Municipalidades de Heredia, Santa Bárbabara, Barva, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia y Vásquez de Coronado. Se ordena a Roberto Dobles Mora, o a quien ocupe su cargo como Ministro del Ambiente y Energía, lo siguiente: a) Que dentro del plazo de siete meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, realice las gestiones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que se delimite físicamente la zona establecida por la ley número 65 de 1888, y luego de ello, inicie los procesos de recuperación de los terrenos que se ubican en dicho sector y que estén siendo ocupados por particulares; b) Que de inmediato verifique el cumplimiento de lo dispuesto por la resolución R-069-SINAC-2007, por parte de los personeros del Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí, y en caso de que no se haya cumplido con lo dispuesto por el pronunciamiento de cita, proceda conforme a derecho. Se ordena a José Manuel Ulate Avendaño, o a quien ocupe su cargo como Alcalde Municipal del Cantón Central de Heredia, a Rolando Hidalgo Villegas, o a quien ocupe su cargo como Alcalde, y a Marta Lidia Segura Miranda, o a quien ocupe su cargo como Presidenta del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Santa Bárbabara de Heredia, a Mercedes Hernández Méndez, o a quien ocupe su cargo como Alcaldesa, y a Adrián Varela Montero, o a quien ocupe su cargo como Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Barva de Heredia, a Marvin Chaves Chinchilla, o a quien ocupe su cargo como Alcalde, y al Elvia Villalobos Argüello,o a quien ocupe su cargo como Presidenta del Concejo Municipal, ambos del Concejo Municipal de San Isidro de Heredia, a Aracelly Salas Eduarte, o a quien ocupe su cargo como Alcaldesa de San Pablo de Heredia, a Alberto Vargas Esquivel, o a quien ocupe su cargo como Alcalde y a Yensi Alfaro Hernández, o a quien ocupe su cargo como Presidenta del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, a Rafael Isidro Bolaños Arce, o a quien ocupe su cargo como Alcalde Municipal de Santo Domingo de Heredia, a Edgar Vargas Jiménez, o a quien ocupe su cargo como Alcalde Municipal de Moravia, y a Leonardo Herrera Sánchez, o a quien ocupe su cargo como Alcalde Municipal de Vázquez de Coronado, lo siguiente: a) Que de inmediato se abstengan de otorgar cualquier tipo de permiso dentro de la zona establecida por la ley número 65 de 1888, en lo que respecta a sus jurisdicciones; b) Que procedan a contratar a los profesionales necesarios para la elaboración de los mapas de vulnerabilidad hidrogeológica recomendados por Nombre3992 en su informe denominado “Recarga Potencial del Acuífero Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica.”, los cuales deberán ser incluidos en la normativa urbanística de sus jurisdicciones, tal y como lo recomienda la autoridad antes mencionada. (…)”.

Es decir, desde esa fecha, se impuso una orden directa a las autoridades recurridas de iniciar los trámites correspondientes para la recuperación de los terrenos que se ubican en dicho sector y que estén siendo ocupados por particulares. Pese a que desde el 2008 fue impuesta esa orden, en el año 2013, esta Sala emite el fallo No. 2013-5049 del 27 de marzo del 2013, a raíz de una incidencia de desobedencia de aquel precedente del 2008, en el cual, reitera la relevancia ambiental y para el recurso hídrico de la zona fijada por la Ley No. 65, por lo que ordenó al entonces titular del MINAE, cumplir con las estipulaciones del voto 12109 del año 2008. A partir de ello, consta en los informes presentados en este amparo, que el MINAE procedió a identificar y delimitar el área en cuestión, mediante la colocación de mojones. Sin embargo, se acusa la desatención del contenido material del deber de protección por la ausencia de acciones efectivas de recuperación de esos terrenos. En ese particular, en la reciente sentencia N° 2023-010802 dictada a las 09:20 horas del 12 de mayo de 2023, dictada por este Tribunal, emitida en virtud de una petición de desobediencia de aquella sentencia del 2008, este órgano expresa un recuento cronológico de lo acontecido a partir de la orden emitida en esa oportunidad, en el siguiente sentido:

“… I.- Por sentencia nro. 2008-012109 de las 15:16 horas del 5 de agosto de 2008, se dispuso lo siguiente: “Se declara con lugar el recurso, únicamente en cuanto al Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud, y las Municipalidades de Heredia, Santa Bárbabara, Barva, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia y Vásquez de Coronado. Se ordena a Roberto Dobles Mora, o a quien ocupe su cargo como Ministro del Ambiente y Energía, lo siguiente: a) Que dentro del plazo de siete meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, realice las gestiones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que se delimite físicamente la zona establecida por la ley número 65 de 1888, y luego de ello, inicie los procesos de recuperación de los terrenos que se ubican en dicho sector y que estén siendo ocupados por particulares; b) Que de inmediato verifique el cumplimiento de lo dispuesto por la resolución R-069-SINAC-2007, por parte de los personeros del Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí, y en caso de que no se haya cumplido con lo dispuesto por el pronunciamiento de cita, proceda conforme a derecho…”. II. Mediante resolución interlocutoria nro. 2011-000412 de las 11:47 horas del 14 de enero de 2011. Se dio por cumplida la orden establecida en la parte b) de la sentencia nro. PHO4599 de las 15:16 horas del 05 de agosto del 2008. Asimismo, se otorgó el plazo de un año contado a partir de la notificación de esa sentencia al Ministerio de Ambiente y Energía para cumplir con lo establecido en la parte a) de la sentencia supra citada. III.- Con respecto al cumplimiento de la parte a), mediante resolución interlocutoria nro. 2017-9974 de las 9:15 horas del 30 de junio de 2017, la Sala indicó: “IV.- Sobre la gestión planteada. Los gestionantes acuden a este Tribunal alegando desobediencia a lo ordenado mediante sentencia No. PHO4599 de las 15:16 horas del 05 de agosto del 2008, únicamente, sobre la falta de actuación del ministerio accionado en la recuperación de terrenos declarados como zona inalienable. Al respecto, la autoridad recurrida informa que ha realizado diversas acciones para llevar a cabo el proceso de recuperación de la zona protegida. Aseguran que por resolución administrativa No. R-165-2014MINAE de 2 de mayo de 2014, se dio inicio formalmente al proceso de estudio por parte del Despacho Ministerial respectos a las inscripciones en la zona inalienable, a pesar de que la Procuraduría General de la República se pronunció con el criterio jurídico de carácter vinculante C-480-2014 de 19 de diciembre de 2014. Asimismo, establecen que el número de propiedades inscritas relacionadas con los planos catastrados encontrados es de alrededor de 1000, por lo que el tiempo de ejecución de esta etapa del proceso es muy lento, dado que el estudio debe hacerse caso por caso para respetar el derecho de defensa y el debido proceso. Además, se constata que están en proceso de validación del procedimiento con los otros actores, para lo cual se ha pedido cita al Registro Público mediante oficio D-095 de 30 de enero de 2017 del Director del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central. Por otra parte, la autoridad recurrida planea solicitar audiencia a la Procuraduría General de la República en aras de coordinar lo relativo a los posibles procesos de lesividad en sede judicial. Ahora bien, este Tribunal observa que lo ordenado en dicho pronunciamiento en relación con la desobediencia alegada fue que se iniciaran los procesos de recuperación de tierras, por lo que visto el informe rendido por la recurrida se corrobora que ya se iniciaron los procesos de estudio para llevar a cabo la recuperación de la zona inalienable, dando así cumplimiento a lo ordenado por esta Sala. De modo que no se constata el incumplimiento alegado por la parte recurrente. En consecuencia lo procedente es desestimar la gestión formulada. V. Por otra parte, en dicha resolución también se ordenó al Ministerio de Ambiente y Energía que se delimitara físicamente la zona establecida por la ley número 65 de 1888. Sobre el particular, esta Sala observa del estudio del expediente, que según prueba aportada en marzo de 2014, se finalizó la colocación de mojones físicos que permitieron circunscribir el territorio protegido. Por lo que se constata el cumplimiento de lo ordenado respecto a este punto”. (El subrayado es agregado). IV.- Sobre la gestión planteada. Los gestionantes acusan la desobediencia de la sentencia nro. 2008-012109 de las 15:16 horas del 5 de agosto de 2008 por parte del Ministerio de Ambiente y Energía, por cuanto no ha logrado la recuperación de los terrenos estatales, definidos por la ley 65 de 1888, que se mantienen actualmente en posesión de particulares. Al respecto, según se desprende del considerando III de esta resolución, la Sala ya determinó el cumplimiento de la sentencia aludida, en lo que respecta al punto a), dirigido al Ministerio de Ambiente y Energía. Se reitera: “…este Tribunal observa que lo ordenado en dicho pronunciamiento en relación con la desobediencia alegada fue que se iniciaran los procesos de recuperación de tierras, por lo que visto el informe rendido por la recurrida se corrobora que ya se iniciaron los procesos de estudio para llevar a cabo la recuperación de la zona inalienable, dando así cumplimiento a lo ordenado por esta Sala”. (El subrayado es agregado). “… En ese tanto, la gestión planteada deviene improcedente. Por tanto: No ha lugar a la gestión formulada.” (ver expediente N° 07-007996-0007-CO, traído ad effectum videndi et probandi).

Ahora si bien, la autoridad recurrida señala en su informe que, respecto a la recuperación de terrenos ubicados dentro de la Zona Inalienable declarada mediante la Ley N°65 del año 1888, el Área de Conservación ha procedido con la resolución de solicitudes de legitimidad de acuerdo con el procedimiento establecido para ese fin y se ha trasladado los casos resueltos al MINAE para que continúen el proceso, y que además, en los últimos 2 años no se han presupuestado fondos para expropiaciones por parte del Estado, dadas las limitantes presupuestarias vigentes. A su vez, aseguran que el Área de Conservación Central ha tomado múltiples acciones para procurar el respeto a la Zona Inalienable, dentro de sus posibilidades de recursos humanos e insumos disponibles, entre ellas se cita la inclusión de la supervisión del sitio, a través de patrullajes, atención de quejas, interposición de relatos de hechos y trabajo con las municipalidades, incluyendo la debida socialización sobre el tema y la entrega de información geográfica sobre el área de la Zona Inalienable dentro de la actualización al plan de control y protección de la Oficina de Heredia que se encuentra vigente, y que adicionalmente, se han sostenido reuniones con instancias varias para que consideren el área de la Zona Inalienable en procesos de planificación urbana, por ejemplo, elaboración de planes reguladores, de forma que se respete el sitio; y aunado a ello, se ejerce la vigilancia del sitio en la resolución de autorizaciones y trámites que son competencia del SINAC, para la supervisión de permisos pequeños, certificados de origen, trámite de sumarios de derribo y permisos de vida silvestre cuando esto se pretenden desarrollar dentro de la Zona Inalienable; e igualmente, el Área de Conservación Central realizó el debido amojonamiento de los límites de la Zona Inalienable en el año 2013, en los terrenos ubicados fuera del Parque Nacional Braulio Carrillo. Y que el Ministerio ha tenido estrecha coordinación tanto con el Registro Público, como con la Procuraduría General de República para ir reconstruyendo los pasos que el proceso de análisis debe tener y los requisitos mínimos de estas evaluaciones; confirmando este ministerio, que dicho procedimiento no es expedito, no menos cierto es que las actuaciones hasta hoy efectuadas por la cartera ministerial accionada, han sido insuficientes para materializar la recuperación de los terrenos en los cuales se ubica zona inalienable de dominio público.

IX.- Del anterior recuento se desprende que desde el año 2008 esta Sala dispuso la necesaria recuperación y protección de los terrenos afectos por el decreto ley No. 65 de 1888, como elemento relevante para la tutela del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con especial énfasis en el recurso hídrico, dado el alto impacto de esa zona para los cantones de Alajuela, Santa Bárbara, Barva, San Rafael, San Isidro y Santo Domingo. De igual manera, en varias oportunidades esta Sala se ha pronunciado sobre la atención debida de los dandamientos adoptado en el voto 12109-2008. Pese a lo resuelto en el reciente fallo 2023-010802 dictada a las 09:20 horas del 12 de mayo de 2023, es claro para esta Cámara que si se considera el contenido sustantivo de esas órdenes, sea, recuperar los citados terrenos en orden a la protección ambiental apuntada, versus las acciones efectivas que se han adoptado por la Administración para concretar la debida tutela y resguardo del derecho expresado en el numeral 50 de la Carta Fundamental, esas conductas adoptadas si bien permiten la delimitación de las áreas que integran la zona declarada inalienable, en definitiva, no son suficientes ni adecuadas para satisfacer el deber de protección que le impone el Derecho de la Constitución a ese tipo de bien jurídicamente tutelado. En efecto, sobre este tema base resaltar que en lo atinente al concepto de dominio público y a los alcances del concepto se hace necesario aludir al canon 261 del Código Civil, en tanto dicha regulación estipula: “Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público. Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque, pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona.”

Como se extrae, la definición de los bienes privados se hace en forma residual, es decir, pertenecen a esta categoría todos aquellos que no presenten ninguna de las características señaladas para los demaniales. La jurisprudencia constitucional, tomando en cuenta lo preceptuado por la norma citada, se ha referido sobre los bienes que integran el dominio público en los siguientes términos: “son aquellos que tienen una naturaleza y régimen jurídico diverso de los bienes privados –los cuales se rigen por el derecho de propiedad en los términos del artículo 45 de la Constitución Política–, en tanto, por expresa voluntad del legislador se encuentran afectos a un destino especial de servir a la comunidad, sea al interés público, y que por ello, no pueden ser objeto de propiedad privada, de modo que están fuera del comercio de los hombres, por lo cual, no pueden pertenecer individualmente a los particulares, ni al Estado, en sentido estricto, por cuanto éste se limita a su administración y tutela …”. Así, se trata de bienes cuya titularidad ostenta el Estado en su condición de administrador, debe entenderse que se trata de bienes que pertenecen a la "Nación", con lo cual, conforman parte del patrimonio público; y que, por su especial naturaleza jurídica, presentan los siguientes atributos: son imprescriptibles, lo cual implica que por el transcurso del tiempo, no puede adquirirse el derecho de propiedad sobre ellos, ni siquiera de mera posesión, es decir, no pueden adquirirse mediante la usucapión, así como tampoco pueden perderse por prescripción; motivo por el cual los permisos de uso que la Administración conceda sobre ellos, siempre tienen un carácter precario, lo cual hace que puedan ser revocadas por motivos de oportunidad o conveniencia en cualquier momento por la Administración –en los términos previstos en los artículos 154 y 155 de la Ley General de la Administración Pública–; y las mismas concesiones que se otorguen sobre ellos para su aprovechamiento, pueden ser canceladas, mediante procedimiento al efecto; son inembargables, que hace que no pueden ser objeto de ningún gravamen o embargo, ni por particulares, ni por la Administración; y son inalienables, lo que se traduce en la condición de que están fuera del comercio de las personas; de donde no pueden ser enajenados, vendidos o adquiridos, ni a título gratuito ni oneroso, ni por particulares, ni por el Estado, de modo que están excepcionados del comercio los hombres y sujetos a un régimen jurídico especial y reforzado. Además su uso y aprovechamiento está sujeto al poder de policía, en tanto, por tratarse de bienes que no pueden ser objeto de posesión, y mucho menos de propiedad, su utilización y aprovechamiento es posible únicamente a través de actos debidamente autorizados, sea mediante concesión o permiso de uso, otorgado por la autoridad competente; y al control constante de parte de la Administración Pública. De manera que comprende bienes inmuebles que tienen una naturaleza y régimen jurídico virtualmente opuesto a la propiedad privada, que deriva de lo dispuesto en el artículo 45 constitucional.” (voto 2007-2408 de las 16:13 horas del 21 de febrero de 2007 y sentencia 189 de las 09:15 horas del 03 de marzo de 2011).

Así, dado que en el sub examine los terrenos que deben ser reivindicados están conformados por áreas que constituyen parte del patrimonio natural del Estado, es claro son bienes demaniales, no susceptibles de propiedad privada. Además, conforme al numeral 13 de la Ley Forestal “El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su Nombre317 y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio...” De esta forma, son tres posibilidades las que brinda la norma, respecto a los bienes que integran dicho patrimonio: a) bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales; b) bosques y terrenos forestales de las áreas declaradas inalienables, y c) bosques y terrenos forestales de las fincas inscritas a su Nombre317 y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. En este sentido, el mandato 13 ibídem es claro al determinar, que una propiedad cubierta de bosque, y que pertenezca al Estado, una municipalidad, institución autónoma u otro organismo de la Administración Pública, forma parte del patrimonio natural del Estado. Así, en virtud del régimen jurídico especial al que se encuentra sometido el patrimonio natural del Estado, y las características particulares que sobre éste recaen, la detentación que sobre dichos bienes ejerzan los particulares, no les generará derecho alguno. En igual sentido, la Ley Forestal en el ordinal 14, determina que los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural de Estado, “…serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley.”.

Así las cosas, el Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales  (sentencia No. 1999-00644 dictada por la Sala Constitucional a las 11:24 horas del 29 de enero de 1999). En ese sentido, la acción que la Constitución Política impone al Estado frente a los focos de contaminación ambiental es multidireccional y definitivamente activa, absolutamente intolerante frente a situaciones que amenazan o afectan las condiciones ambientales óptimas que están garantizadas por ella misma a los habitantes. Por lo que es deber constitucional del Estado velar por la protección, defensa y preservación del medio ambiente, lo que se desarrolla y manifiesta, entre otras, en las siguientes normas: artículos 1, 2.a. 2.c, 2 párrafo último, 3, 12, 28, 32, 34, 37, 56, 59, 78, 83, 103 a 112 de la Ley Orgánica del Ambiente; artículos 1, 2, 9.4, 12, 22 a 30, 45, 49, 54, 86, 88 de la Ley de Biodiversidad; 3, 4, 6, 7, 15, 34, 122 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre; 1, 2, 5, 6, 13, 37, 54 de la Ley Forestal; 5, 6, 7, 11, 21, 29 a 33, 37 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; 13.a ,13.o del Código Municipal; 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 25 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre; 1, 2 de la Ley General de Salud; 1, 2, 17, 175, 176 de la Ley de Aguas; 15,18, 19, 51, 56, 58.5, Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana. Es decir, la declaratoria de demanialidad de determinado bien o conjunto de bienes (elemento normativo) no solamente supone la creación legal de un régimen especial de dominio, regulado por el Derecho Público, sino que asigna el ente público un deber de protección del bien a efectos de direccionar su régimen de uso al fin público que ha sustentado aquella declaratoria. Esto impone el poder-deber de emprender las acciones de recuperación, disposición, mantenimiento, custodia y defensa del bien. Tratándose de bienes que componen el patrimonio natural del Estado, ese deber de protección viene establecido como una regla de principio, como derivación del deber que le impone el canon 50 constitucional para garantizar el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Esto conlleva a que en este tipo de demanio ambiental, las acciones administrativas son impostergables, dado el impacto que la desatención e indolencia de esas obligaciones puede generar en los ecosistemas y en el derecho de las personas a obtener un beneficio directo o remoto del impacto ambiental por el uso indebido de esos inmuebles. Se trata de acciones preventivas y correctivas que se hacen necesarias en el contexto de un principio preventivo y precautorio, y en general, para la defensa de las cosas públicas, como componente inherente e irenunciable de ese régimen especial de dominio. 

Es claro que el deber de protección y uso debido de esos bienes no sólo se circunscribe al Estado en su conjunto, sino también a los sujetos de derecho privado, quienes tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pero también, a garantizarlo, preservarlo y defenderlo, tal y como se desprende, entre otros, de los artículos 1 párrafo primero, 2.a, 6, 22, 23, 99, de la Ley Orgánica del Ambiente; 10.2, 10.13, 11.4, 88 95, 101, 105 de la Ley de Biodiversidad; 15, 28 a 30, 36 a 38, 51 53, 62 a 64, 83, 88 a 121 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre; 57 a 66 de la ley Forestal; 37, 40, 41 a 45, 51 a 53 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; 14 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre; como también, de las sentencias dictadas por este Tribunal números 1999-02219 de las 15:18 horas del 24 de marzo de 1999 y la 1999-05906 de las 16:15 horas del 28 de julio de 1999. En ese sentido, además debe considerarse la aplicación de los principios rectores en materia ambiental, a saber: in dubio pro natura, preventivo y precautorio, como medios para garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por ende, para evitar que su existencia esté restringida al plano semántico de la realidad jurídica (ver artículos 4.c, 17 y 34 de la Ley Orgánica del Ambiente, 11 incisos 1 y 2 , 92 de la Ley de Biodiversidad, principio 15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río y entre otras, la sentencia número 1999-01250 dictada por esta Sala a las 11:24 horas del 19 de febrero de 1999. En ese sentido, el operador del derecho siempre deberá tomar en consideración que cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente, y en el caso concreto la protección a los mantos acuíferos y zonas de protección.

Aspecto a destacar es que tratándose de zonas demaniales cuya protección se ha sustentado en el impacto que presentan para el recurso hídrico, en concreto, para recargas acuíferas y como dispone el decreto ley No. 65, mantener zona montañosa de origen (recarga) de arroyos y manantiales que abastecen la provincia de Heredia y algunos sectores de Alajuela, esas acciones de protección son aún más determinantes por el riesgo de exposición a ciclos de contaminación, tanto de aguas superficiales como subterráneas. A diferencia de la contaminación de las aguas superficiales que suele ser patente y visible, lo que permite tomar acciones ambientales tendentes a mitigarla o erradicarla, la de las aguas subterráneas, por su propia naturaleza, suele pasar inadvertida y se hace evidente cuando ha alcanzado grandes proporciones. Los mantos acuíferos por la lenta circulación de las aguas, la capacidad de absorción del terreno y otros factores, pueden tardar mucho tiempo en mostrar la contaminación. Adicionalmente, el gran volumen de las aguas contenido hace que las contaminaciones extensas tarden un lapso prolongado en manifestarse o bien cuando se trata de contaminaciones localizadas se detectan cuando fluyen en algún sitio de explotación. Ciertamente, este tipo de aguas tienen una resistencia a contaminarse, sin embargo cuando esta se produce su regeneración puede ser extraordinariamente lenta y en ocasiones es irreversible por el alto costo de los medios para hacerlo. Está demostrado que los intentos para reparar el daño producido por contaminación a un acuífero para lograr, de nuevo, niveles de potabilidad del agua no han tenido éxito, las tecnologías para su limpieza han contribuido poco a reducir el daño y los métodos son económicamente muy elevados. A lo anterior debe agregarse la falta de infraestructura organizacional, recursos materiales, financieros y humanos, en este último caso, debidamente capacitados para evaluar, medir y, en general, monitorear la calidad de esta agua y la dimensión exacta de su contaminación (ver sentencia N° 2009-002019 de las 14:55 horas del 11 de febrero de 2019).

X.- Ahora, pese a que tales extremos alegados por el recurrente fueron argüidos y analizados por esta Sala mediante la sentencia N° 2008-012109 de las 15:16 horas del 05 de agosto de 2008, y si bien se evidencia un grado de avance, a través de las acciones emprendidas por el MINAE, estas han sido insuficientes, pues se comprueba una conducta dilatoria, ilegítima e injustificada por parte de la cartera ministerial recurrida, pues desde el año 2008, no se han logrado identificar la totalidad de los terrenos correspondientes a las zonas protegidas y declaradas como patrimonio natural, ni se han recuperado dichas zonas, según el mandato de protección establecido por la Ley N° 65 del 30 de julio de 1888. Nótese que la única acción concreta que se ha logrado establecer fue el amojonamiento de la zona, lo que supone una acción necesaria para delimitar el perímetro del área a proteger. Empero, se trata de la primera acción necesaria, pero en sí misma, insuficiente. Nótese que la finalidad de esa declaratoria de demanialidad y de la orden dictada por esta Sala en el voto 2008-12109, fue precisamente permitir la reivindicación de los terrenos ocupados por particulares, con la clara intención de que esas zonas no fuera expuestas a un régimen de uso diverso al que sustentó el régimen de protección y con ello, ajustarlo a su proyección de área relevante para las recargas acuíferas en las zonas de Heredia y Alajuela. Es claro que tal fin no se satisface con el solo amojonamiento de la zona, cuando es claro que no se han adoptado acciones efectivas para la recuperación de esos terrenos, pese haber transcurrido aproximadamente 15 años desde que esta Sala declaró el deber de recuperación y normalización del uso definido para esos sectores. Si bien el MINAE enlista una serie de acciones para procurar esa recuperación material de inmuebles y alega dilemas de orden presupuestario y de diverso orden, a la vez que presenta acciones de coordinación con otras autoridades para materializar aquella orden directa, lo cierto del caso es que a la fecha, se insiste, más de 15 años después de que este tema fuese definido por este Tribunal Constitucional, se denota la pervivencia de la inercia administrativa en la protección efectiva y no sólo formal, de la zona declarada inalienable y con ello, con el descuido del derecho reconocido por el canon 50 constitucional. En efecto, mas allá de las alegaciones que se han presentado por la autoridad recurrida, es claro e innegable que el período de tiempo transcurrido desde la emisión de la ley, la orden dictada por este Tribunal, denotan un incumplimiento preocupante de la concreción de acciones adecuadas e idóneas para la tutela debida del demanio público de marras, en franco detrimento de las obligaciones que le son propias a la Administración y en claro desmedro de los derechos de las personas en menesteres ambientales. Desde luego que este Tribunal comprende que las acciones de recuperación son complejas, dada la amplitud de la zona y la dejadez histórica del Estado y sus instituciones para procurar la defensa efectiva de ese sector; sin embargo, ello no es justificante para perpetuar una disfunción que se acreciente cada día que se asuman acciones contundentes para satisfacer el deber de tutela que se estima descuidado. La complejidad del tema exige acciones coordinadas entre las diversas instancias administrativas involucradas, pero esa sola complejidad no puede justificar que luego de 15 años de haber ordenado emprender esas conductas de recuperación y protección, a la fecha no existan medidas efectivas y esos terrenos sigan en dominio de particulares, sin que pueda colegirse que el Estado se encuentre en dominio de ese sector y con ello, esté satisfaciendo el régimen de uso que le impuso el acto legislativo de declaratoria de demanialidad.

Esa omisión y dejadez administrativa no puede ser pasada por alto por esta Sala y si bien recientemente en gestiones de desobediencia se había dispuesto que el fallo 12109 del 2008 se entendía debidamente atendido por la instrucción de los procedimientos para la recuperación de los terrenos de cita, lo cierto del caso es que el debate que se presenta en este amparo trasciende una mera gestión de incumplimiento, y por el contrario, denota que las acciones adoptadas por el Estado son de suyo insuficientes para la defensa del fin legal y de los derechos que concurren en el régimen especial de protección definido por el decreto ley No. 65, a partir de lo cual, es necesario que esta Sala imponga acciones direccionadas a procurar que dentro de un tiempo razonable, se pueda contar con acciones concretas y efectivas para esa protección que se reprocha. De esa manera, considerando que ya la zona de marras ha sido debidamente delimitada mediante el amojonamiento, se impone ordenar al MINAE que dentro del plazo de seis meses, proceda a identificar debidamente, con sus datos registrales y/o de ocupación, la totalidad de los terrenos correspondientes a las zonas protegidas y declaradas como patrimonio natural. Una vez ello, dentro de los SEIS MESES posteriores, deberá coordinar las acciones que sean necesarias, a fin de recuperar las zonas protegidas, según lo establecido por la Ley N° 65 del 30 de julio de 1888, e iniciar materialmente, cuando así corresponda, los procesos o procedimientos necesarios para tal fin. Finalmente, deberá la autoridad recurrida remitir a este Tribunal cada TRES MESES, un informe de avance de las acciones llevadas a cabo, respecto a la identificación de los terrenos y la reivindicación de las zonas protegidas.

XI.- Consecuentemente, lo procedente es declarar con lugar el recurso, según las consideraciones que se establecen en la parte dispositiva de esta sentencia.

 XII.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Con el debido respeto, disiento del voto de mayoría que declara con lugar el recurso, con base en las siguientes razones:

La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

XIII.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que: 1) se identifiquen la totalidad de los terrenos correspondientes a las zonas protegidas y declaradas como patrimonio natural; 2) se coordinen las acciones que sean necesarias a fin de recuperar las zonas protegidas. Lo anterior, según lo establecido por la Ley N° 65 del 30 de julio de 1888. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.

XIV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Franz Tattenbach Capra, en su condición de ministro de Ambiente y Energía, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que gire las órdenes pertinentes y disponga de manera pronta y oportuna las acciones y coordinaciones necesarias para que, en un plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se identifiquen la totalidad de los terrenos correspondientes a las zonas protegidas y declaradas como patrimonio natural. Posteriormente, dentro de los SEIS MESES posteriores, se deberá coordinar las acciones que sean necesarias, a fin de recuperar las zonas protegidas, según lo establecido por la Ley N° 65 del 30 de julio de 1888, e iniciar materialmente, cuando así corresponda, los procesos o procedimientos necesarios para tal fin. Finalmente, deberá la autoridad recurrida remitir a este Tribunal cada TRES MESES, un informe de avance de las acciones llevadas a cabo, respecto a la identificación de los terrenos y la reivindicación de las zonas protegidas. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso, por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese. -

 

 

Nombre318  .

Presidente

 

 

Nombre454  .                                                                        Luis Fdo. Salazar

 

Nombre413  G.                                                                          Anamari Garro V.

 

Nombre3764   A.                                            Jose Roberto Garita N.

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 04-04-2026 05:03:12.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

IV.- ON THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. On repeated occasions, the jurisprudence of this Chamber has underscored that the right to a healthy and ecologically balanced environment is recognized both constitutionally and conventionally. Likewise, it has been indicated that effective protection of this right requires that resources be used rationally, a context in which the State and the general citizenry must act according to the principles governing environmental matters. In this regard, specialized doctrine has pointed out that the preventive principle demands that, when there is certainty of possible damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned on compliance with certain requirements. In general, this principle applies when there are risks clearly defined and identified as at least probable; likewise, such principle is useful when there are no technical reports or administrative permits guaranteeing the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee eventual negative impacts. On the other hand, the precautionary principle indicates that, when there is danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty should not be used as a reason to postpone the adoption of effective measures in terms of costs to prevent environmental degradation. From the foregoing, it is noted that the principle starts from reasonable scientific uncertainty together with the threat of serious and irreversible environmental damage. In general terms, a relevant difference between the preventive principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty of the risks that an activity or work provokes. While in the former such certainty exists, in the latter what is observed is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies. Thus, the Costa Rican State is obligated to adopt measures that guarantee the defense and effective preservation of the environment in accordance with such principles. Now, such objective obligation does not inexorably entail a subjective right of individuals to demand, through jurisdictional bodies, that a specific measure be taken, but it does entail the right for measures that are suitable for the protection of that right to be adopted, in the face of openly negligent attitudes by authorities, or by natural and legal persons, in accordance with the recognized theory of the horizontal effect of fundamental rights (Drittwirkung der Menschenrechte), among whose procedural manifestations is the amparo against subjects of private law. (…)

VII.- ON THE SPECIFIC CASE. In the case under examination, the petitioner states that on July 30, 1888, the Congress of the Republic of Costa Rica approved Ley 65, which indicates: "Being of public utility the conservation of the mountains where the streams and springs (manantiales) that supply water to the province of Heredia and part of Alajuela originate; DECREES: Art. 1: An inalienable zone of land two kilometers wide is declared, on both sides of the mountain ridge known by the name Montaña del Volcán de Barva, from the hill called El Zurquí to the one known as Concordia, whether said zone is national or municipal property." He states that the objective of the 19th-century legislators in approving Ley 65 was the protection of the mountains north of Heredia to preserve the water resources of the inhabitants of the Central Valley, not only surface water but also groundwater, by delimiting in this zone much of the most important potential recharge area of the Barba and Colimas aquifers, aquifers from which today more than 60% of the inhabitants are supplied with water, not only of Heredia but also of Alajuela and San José. He argues that the high areas of the Heredian cantons, Santa Barbara, Barva, San Rafael, San Isidro, Moravia, and Coronado, where the inalienable zone of Ley 65 is demarcated, are subject to constant and strong pressure to develop various activities, including diverse construction projects. He affirms that the value of the inalienable zone for the recharge of the Central Valley aquifers also makes its protection essential to safeguard the water of thousands of inhabitants of the higher parts of the cantons of Alajuela, Santa Barbara, Barva, San Rafael, San Isidro, and Santo Domingo, who are supplied by surface water from the Segundo, Ciruelas, Tibás, and Para rivers that originate in that zone. He explains that studies, such as those by the Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento, have determined that the area where the inalienable zone is located, besides being of very high aquifer recharge, is of VERY HIGH environmental fragility, besides being of high hydrogeological vulnerability, which makes the need to protect it imminent if we wish to preserve the water resources for present and future generations of the Central Valley. He notes that the inalienable zone is also home to a wide diversity of flora and fauna because it borders the southern part of the Braulio Carrillo National Park. On the other hand, he explains that in 2013, when resolving a contempt incident filed against the Minister of Environment for not having complied with ruling 200812109, the Constitutional Chamber reiterated the importance of the inalienable zone of Ley 65 of 1888 for the environment in general and particularly for the protection of water resources, for which it ordered René Castro Salazar, in his capacity as Minister of Environment and Energy, to immediately comply with the provisions of the judgment, under warning of ordering the opening of an administrative proceeding against him if he did not do so (resolution 2013-005049 of March 27, 2013). He argues that after the 2013 admonishment from the Constitutional Chamber, the Ministry of Environment and Energy delimited the inalienable zone by means of a demarcation (amojonamiento), but it has not complied with the recovery of the lands, nor has it even filed any reclamation (reivindicación) process for the natural heritage of the State, which is the inalienable zone. He asserts that currently a portion of the inalienable zone of Ley 65 of 1888, not all of it, forms part of the Braulio Carrillo National Park, both by Ley 6288 of October 25, 1978, which created the park, and by Decreto Ejecutivo 39259-MINAE of October 15, 2015, which indicated: "Article 1º- Declare as national park part of the territory established as an inalienable zone, created by Decreto Ley Nº LXV of July 1888, annexing said portion of land to the Braulio Carrillo National Park; whose limits are described below based on the topographic sheet Barva 3346 II, edition 3-IGNCR, 2005, scale 1:50,000, prepared by the Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica." He points out that for the Braulio Carrillo National Park, including what was annexed in 2015, besides being covered by Ley 65, the special and total protection rules covering them apply, such as the Ley del Servicio de Parques Nacionales and the Ley Forestal (article 1). This is not happening because the lands annexed to the park that are part of the inalienable zone of Ley 65 remain in the hands of private parties, some of whom carry out activities that impact the environment, such as uncontrolled mass tourism without any environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental), dairy activities, tree felling, construction of recreational cabins, etc. He indicates that in response to inquiries made to the environment ministers since ruling 2008-12109 regarding the reclamation (reivindicación) or recovery of state lands corresponding to the inalienable zone of Ley 65, no recovery has ever been reported, nor that any action has been initiated before the corresponding courts leading to a reclamation process. At MINAE, they have always given a single response: that they have begun the preparation of case files (expedientes) for the properties and their respective legal and technical analysis of the background of the registry entries for properties registered in the National Registry, so that it is the Procuraduría General de la Republica that proceeds to initiate lesividad proceedings before the courts of justice, culminating in the recovery of the lands. He requests that, in the interests of protecting water resources and the environment in general, and since the inalienable zone is part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), the Minister of Environment and Energy, or whoever holds his position, be ordered to initiate the necessary and concrete corresponding actions, beyond studies, for the reclamation (reivindicación) and recovery of the lands of the inalienable zone of Ley 54, namely by transferring the case files (expedientes) containing the background or history of the properties to the Procuraduría General de la República.

VIII.- On this matter, it should be noted that the issue under debate regarding the duty to protect the inalienable zone established by Decreto Ley No. 65 of July 28, 1888, was analyzed in ruling 2008-12109 of this Constitutional Court. In that precedent, it was recognized that this regulatory source ordered the protection of one of the zones where the springs (nacientes) of water that supply the inhabitants of the provinces of Heredia, Alajuela, and part of San José are located. In that vein, the first article of that decree law declared an inalienable zone of land two kilometers wide, on both sides of the mountain ridge known by the name Montaña del Volcán de Barba, from the hill called El Zurquí to the one known as Concordia, whether said zone is national or municipal property. In turn, in the second article, it authorized the Executive Branch to increase or decrease the extension of the zone referred to in the previous article if, after a respective survey is carried out by a scientific commission, it judges it convenient to modify it as said commission indicates. Precisely in light of those regulations, in the cited ruling, this Chamber pointed out that "…the intention of the legislator of the century before last was to ensure that the provinces of Alajuela, Heredia, and San José could guarantee themselves, in the future, the water resources necessary to satisfy the needs of the population. To achieve this, the legislator provided for the creation of an inalienable zone, which could not be subject to any type of possession due to its public nature…". Under this understanding, the cited ruling inferred an indolence on the part of the State in the duty to reclaim and protect the zone in question, from which it ordered, in the relevant part:

"POR TANTO. The appeal is granted, solely against the Ministry of Environment and Energy, the Ministry of Health, and the Municipalities of Heredia, Santa Bárbara, Barva, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia, and Vásquez de Coronado. Roberto Dobles Mora, or whoever holds his position as Minister of the Environment and Energy, is ordered: a) That within a period of seven months from the notification of this judgment, he carry out the actions within his sphere of competence to physically delimit the zone established by Ley No. 65 of 1888, and after doing so, to initiate the processes for the recovery of the lands located in said sector that are being occupied by private parties; b) That he immediately verify compliance with the provisions of resolution R-069-SINAC-2007, by the officials of the Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí, and if there has been no compliance with the cited pronouncement, proceed according to law. José Manuel Ulate Avendaño, or whoever holds his position as Alcalde Municipal of the Central Canton of Heredia, Rolando Hidalgo Villegas, or whoever holds his position as Alcalde, and Marta Lidia Segura Miranda, or whoever holds her position as Presidenta del Concejo Municipal, both of the Municipality of Santa Bárbara de Heredia, Mercedes Hernández Méndez, or whoever holds her position as Alcaldesa, and Adrián Varela Montero, or whoever holds his position as Presidente del Concejo Municipal, both of the Municipality of Barva de Heredia, Marvin Chaves Chinchilla, or whoever holds his position as Alcalde, and Elvia Villalobos Argüello, or whoever holds her position as Presidenta del Concejo Municipal, both of the Concejo Municipal of San Isidro de Heredia, Aracelly Salas Eduarte, or whoever holds her position as Alcaldesa of San Pablo de Heredia, Alberto Vargas Esquivel, or whoever holds his position as Alcalde, and Yensi Alfaro Hernández, or whoever holds her position as Presidenta del Concejo Municipal, both of the Municipality of San Rafael de Heredia, Rafael Isidro Bolaños Arce, or whoever holds his position as Alcalde Municipal of Santo Domingo de Heredia, Edgar Vargas Jiménez, or whoever holds his position as Alcalde Municipal of Moravia, and Leonardo Herrera Sánchez, or whoever holds his position as Alcalde Municipal of Vázquez de Coronado, are ordered: a) To immediately refrain from granting any type of permit within the zone established by Ley No. 65 of 1888, concerning their jurisdictions; b) To proceed to hire the necessary professionals for the preparation of the hydrogeological vulnerability maps recommended by SENARA in its report entitled 'Recarga Potencial del Acuífero Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica,' which must be included in the urban planning regulations of their jurisdictions, as recommended by the aforementioned authority. (…)." (…)

IX.- From the foregoing account, it is clear that since 2008, this Chamber has ordered the necessary recovery and protection of the lands affected by Decreto Ley No. 65 of 1888, as a relevant element for the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment, with special emphasis on water resources, given the high impact of that zone for the cantons of Alajuela, Santa Bárbara, Barva, San Rafael, San Isidro, and Santo Domingo. Similarly, on several occasions, this Chamber has ruled on the due attention to the orders adopted in ruling 12109-2008. Despite what was resolved in the recent ruling 2023-010802 handed down at 09:20 hours on May 12, 2023, it is clear to this Chamber that if we consider the substantive content of those orders—that is, recovering the cited lands in order to achieve the stated environmental protection—versus the effective actions that have been adopted by the Administration to realize the due protection and safeguarding of the right expressed in article 50 of the Carta Fundamental, those adopted conducts, while allowing the delimitation of the areas that make up the zone declared inalienable, are ultimately not sufficient or adequate to satisfy the duty of protection that Constitutional Law imposes on that type of legally protected good. Indeed, on this subject, it bears highlighting that with respect to the concept of public domain and the scope of the concept, it is necessary to refer to canon 261 of the Código Civil, insofar as that regulation stipulates: "Public things are those that, by law, are permanently destined for any service of general utility, and those that all may take advantage of because they are delivered for public use. All other things are private and the object of private property, even if they belong to the State or the Municipalities, who in that case, as civil persons, do not differ from any other person."

As can be inferred, the definition of private goods is made in a residual manner, that is, this category includes all those that do not present any of the characteristics indicated for public domain goods. Constitutional jurisprudence, taking into account the provisions of the cited norm, has referred to the goods that make up the public domain in the following terms: "they are those that have a legal nature and regime different from private goods—which are governed by the right of property under the terms of article 45 of the Constitución Política—insofar as, by the express will of the legislator, they are affected by a special destiny to serve the community, that is, the public interest, and that, for this reason, cannot be the object of private property, so that they are outside the commerce of men, for which reason, they cannot belong individually to private parties, nor to the State, in a strict sense, because the State merely administers and protects them …". Thus, these are goods whose ownership is held by the State in its capacity as administrator; it must be understood that they are goods belonging to the "Nation," with which they form part of the public heritage; and which, due to their special legal nature, present the following attributes: they are imprescriptible, which implies that the right of property over them, nor even mere possession, cannot be acquired through the passage of time, that is, they cannot be acquired through adverse possession (usucapión), just as they cannot be lost by prescription; for this reason, the use permits that the Administration grants over them always have a precarious character, which means they can be revoked for reasons of opportunity or convenience at any time by the Administration—under the terms provided in articles 154 and 155 of the Ley General de la Administración Pública—; and the concessions themselves that are granted over them for their use can be canceled, through a procedure for that purpose; they are unattachable, meaning they cannot be subject to any lien or attachment, neither by private parties nor by the Administration; and they are inalienable, which translates into the condition that they are outside the commerce of persons; hence, they cannot be transferred, sold, or acquired, neither gratuitously nor onerously, neither by private parties nor by the State, so that they are exempted from the commerce of men and subject to a special and reinforced legal regime. Furthermore, their use and exploitation are subject to police power, insofar as, being goods that cannot be the object of possession, much less of property, their utilization and exploitation are only possible through duly authorized acts, namely through concession or use permit, granted by the competent authority; and to constant control by the Public Administration. Thus, it comprises immovable goods that have a legal nature and regime virtually opposite to private property, which derives from the provisions of article 45 of the Constitution." (ruling 2007-2408 of 16:13 hours on February 21, 2007, and sentence 189 of 09:15 hours on March 3, 2011).

Thus, given that in the case under examination, the lands to be reclaimed are made up of areas that constitute part of the natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado), it is clear they are public domain goods (bienes demaniales), not susceptible to private property. Moreover, pursuant to article 13 of the Ley Forestal, "The natural heritage of the State shall consist of the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the properties registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other Public Administration bodies, except for immovables that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its heritage..." In this way, the norm provides three possibilities regarding the goods that make up said heritage: a) forests and forest lands of national reserves; b) forests and forest lands of areas declared inalienable, and c) forests and forest lands of properties registered in its name and those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other Public Administration bodies, except for immovables that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its heritage. In this sense, mandate 13 ibidem is clear in determining that a property covered by forest, and belonging to the State, a municipality, an autonomous institution, or another Public Administration body, forms part of the natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado). Thus, by virtue of the special legal regime to which the natural heritage of the State is subject, and the particular characteristics that apply to it, the land tenure (detentación) that private parties exercise over said goods will not generate any right for them. In the same vein, the Ley Forestal, in article 14, determines that forest lands and forests constituting the natural heritage of the State, "…shall be unattachable and inalienable; their possession by private parties shall not cause any right in their favor, and the State's action for recovery (acción reivindicatoria) of these lands is imprescriptible. Consequently, they cannot be registered in the Public Registry through possessory information, and both the invasion and occupation of them shall be penalized in accordance with the provisions of this law." (…)

XII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. With due respect, I dissent from the majority vote that grants the appeal, based on the following reasons:

The protection of a healthy and ecologically balanced environment in the Costa Rican Legal System is protected not only in article 50 of the Constitución Política but also in a series of current laws and executive decrees (regulations), such as the Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 of October 4, 1995; the Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 of April 30, 1998; the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 of October 21, 1992; and Decreto Ejecutivo N° 31849 of May 24, 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), to mention just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate the control of constitutionality from the control of legality. In this regard, it is the undersigned's criterion that this Chamber, via amparo, should only hear a case alleging a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily ascertainable, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the matter must be raised and discussed through the legality track. Therefore, the simple non-compliance with obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is properly heard in the legality track—administrative or jurisdictional—where, with much greater latitude, the accused non-compliances or omissions can be scrutinized. It must be borne in mind that the amparo appeal is a summary, informal, simple, and rapid process, such that from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its powers, and substantiates a proceeding, by issuing administrative acts, its knowledge becomes alien to the scope of action of this specialized jurisdiction.

Therefore, the review of administrative actions taken regarding an environmental matter that requires, for its proper assessment, a full-knowledge proceeding (proceso de conocimiento pleno) is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo proceeding is incompatible with the contrasting or review of technical or legal criteria developed under the protection of current legal or regulatory norms, or with the evacuation of new and additional elements of conviction necessary for the contrasting or review of criteria already contained in the administrative case file. The contrary would imply transforming the amparo into an ordinary full-knowledge proceeding, thereby denaturing it and rendering nugatory the purposes for which it was designed, and as a result, it would lose its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or organ has intervened, in various forms, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its cognizance and oversight correspond to the jurisdiction of the contentious-administrative. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter is within the competence of the legality pathway. Consequently, this recourse should have been rejected outright (rechazado de plano), since its object is a matter proper to be discussed, analyzed, and resolved in the legality pathway. However, since it was not done so, the appropriate course is to declare it without merit, without making any pronouncement regarding the merits of the question raised, as it falls to the ordinary jurisdiction, specifically, the contentious-administrative, to determine whether the challenged administrative actions and conduct conform or not, in substance, to what is prescribed in the legal system of statutory rank, regarding the protection, guardianship, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.(…)”

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Type of content: Dissenting Vote

Branch of Law: 4. MATTERS OF AMPARO

Topic: ENVIRONMENT

Subtopics:

ENVIRONMENTAL DAMAGE.

017109-23. THE LACK OF ACTION BY MINAE IS QUESTIONED, IN THE RECOVERY OF LANDS IN THE INALIENABLE ZONE, ESTABLISHED BY LAW NO. 54, BELONGING TO THE NATURAL HERITAGE OF THE STATE. THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND ENERGY IS ORDERED TO ISSUE THE PERTINENT ORDERS AND TO PROVIDE PROMPTLY AND TIMELY THE NECESSARY ACTIONS AND COORDINATIONS SO THAT, WITHIN A PERIOD OF SIX MONTHS, COUNTED FROM THE NOTIFICATION OF THIS JUDGMENT, ALL OF THE LANDS CORRESPONDING TO THE PROTECTED ZONES AND DECLARED AS NATURAL HERITAGE ARE IDENTIFIED. SUBSEQUENTLY, WITHIN THE FOLLOWING SIX MONTHS, THE NECESSARY ACTIONS MUST BE COORDINATED IN ORDER TO RECOVER THE PROTECTED ZONES, ACCORDING TO THE PROVISIONS OF LAW NO. 65 OF JULY 30, 1888, AND TO MATERIALLY INITIATE, WHERE APPROPRIATE, THE NECESSARY PROCESSES OR PROCEEDINGS FOR THAT PURPOSE. FINALLY, THE RECURRED AUTHORITY MUST SEND TO THIS COURT EVERY THREE MONTHS A PROGRESS REPORT ON THE ACTIONS CARRIED OUT REGARDING THE IDENTIFICATION OF THE LANDS AND THE REVINDICATION OF THE PROTECTED ZONES. RGS7/2023

“(…) XIII.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Although I agree with the majority of the Chamber that the recourse should be declared with merit, I differ on where to place the execution phase of the matter, due to the nonexistence of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, as in this case for: 1) identifying all lands corresponding to the protected zones and declared as natural heritage; 2) coordinating the necessary actions to recover the protected zones. The foregoing, according to the provisions of Law No. 65 of July 30, 1888. In contrast, the provisions of the Contentious-Administrative Procedure Code regarding execution (article 155 and following) have evident advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, supervising compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of article 56 of the Constitutional Jurisdiction Law, I consider that the execution phase must take place before the Execution Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, under the judgment execution rules of said Code.(…)”

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Type of content: Majority Vote

Branch of Law: 4. MATTERS OF AMPARO

Topic: ENVIRONMENT

Subtopics:

PROTECTED AREA.

017109-23. THE LACK OF ACTION BY MINAE IS QUESTIONED, IN THE RECOVERY OF LANDS IN THE INALIENABLE ZONE, ESTABLISHED BY LAW NO. 54, BELONGING TO THE NATURAL HERITAGE OF THE STATE. THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND ENERGY IS ORDERED TO ISSUE THE PERTINENT ORDERS AND TO PROVIDE PROMPTLY AND TIMELY THE NECESSARY ACTIONS AND COORDINATIONS SO THAT, WITHIN A PERIOD OF SIX MONTHS, COUNTED FROM THE NOTIFICATION OF THIS JUDGMENT, ALL OF THE LANDS CORRESPONDING TO THE PROTECTED ZONES AND DECLARED AS NATURAL HERITAGE ARE IDENTIFIED. SUBSEQUENTLY, WITHIN THE FOLLOWING SIX MONTHS, THE NECESSARY ACTIONS MUST BE COORDINATED IN ORDER TO RECOVER THE PROTECTED ZONES, ACCORDING TO THE PROVISIONS OF LAW NO. 65 OF JULY 30, 1888, AND TO MATERIALLY INITIATE, WHERE APPROPRIATE, THE NECESSARY PROCESSES OR PROCEEDINGS FOR THAT PURPOSE. FINALLY, THE RECURRED AUTHORITY MUST SEND TO THIS COURT EVERY THREE MONTHS A PROGRESS REPORT ON THE ACTIONS CARRIED OUT REGARDING THE IDENTIFICATION OF THE LANDS AND THE REVINDICATION OF THE PROTECTED ZONES. RGS7/2023

“(…) The recourse is declared with merit. Franz Tattenbach Capra, in his capacity as Minister of Environment and Energy, or whoever holds that office in his place, is ordered to issue the pertinent orders and to provide promptly and timely the necessary actions and coordinations so that, within a period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, all of the lands corresponding to the protected zones and declared as natural heritage are identified. Subsequently, within the following SIX MONTHS, the necessary actions must be coordinated in order to recover the protected zones, according to the provisions of Law No. 65 of July 30, 1888, and to materially initiate, where appropriate, the necessary processes or proceedings for that purpose. Finally, the recurred authority must send to this Court every THREE MONTHS a progress report on the actions carried out regarding the identification of the lands and the revindication of the protected zones. The recurred authority is warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo proceeding, and does not comply with it or does not have it complied with, provided the offense is not more severely punished. The State is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative. Magistrate Salazar Alvarado dissents and declares the recourse without merit, as it falls to the ordinary jurisdiction, specifically, the contentious-administrative, to determine whether the challenged administrative actions and conduct conform or not, in substance, to what is prescribed in the legal system of statutory rank, regarding the protection, guardianship, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Magistrate Garro Vargas dissents regarding the execution of this judgment and, in accordance with article 56 of the Constitutional Jurisdiction Law, orders that it must take place before the Execution Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, under the execution rules established in articles 155 and following of the Contentious-Administrative Procedure Code. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to that court so that the execution proceedings of this ruling may be initiated. Let it be notified. –”

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Type of content: Majority Vote

Branch of Law: 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE

Topic: Environmental protection

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

017109-23. THE LACK OF ACTION BY MINAE IS QUESTIONED, IN THE RECOVERY OF LANDS IN THE INALIENABLE ZONE, ESTABLISHED BY LAW NO. 54, BELONGING TO THE NATURAL HERITAGE OF THE STATE. THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND ENERGY IS ORDERED TO ISSUE THE PERTINENT ORDERS AND TO PROVIDE PROMPTLY AND TIMELY THE NECESSARY ACTIONS AND COORDINATIONS SO THAT, WITHIN A PERIOD OF SIX MONTHS, COUNTED FROM THE NOTIFICATION OF THIS JUDGMENT, ALL OF THE LANDS CORRESPONDING TO THE PROTECTED ZONES AND DECLARED AS NATURAL HERITAGE ARE IDENTIFIED. SUBSEQUENTLY, WITHIN THE FOLLOWING SIX MONTHS, THE NECESSARY ACTIONS MUST BE COORDINATED IN ORDER TO RECOVER THE PROTECTED ZONES, ACCORDING TO THE PROVISIONS OF LAW NO. 65 OF JULY 30, 1888, AND TO MATERIALLY INITIATE, WHERE APPROPRIATE, THE NECESSARY PROCESSES OR PROCEEDINGS FOR THAT PURPOSE. FINALLY, THE RECURRED AUTHORITY MUST SEND TO THIS COURT EVERY THREE MONTHS A PROGRESS REPORT ON THE ACTIONS CARRIED OUT REGARDING THE IDENTIFICATION OF THE LANDS AND THE REVINDICATION OF THE PROTECTED ZONES. RGS7/2023

ENVIRONMENTAL PRINCIPLE

(...) “VIII.- On constitutional environmental principles. Following the line of argument regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment, we can confirm the existence of a series of principles on the environment that have been widely developed by this Court. Thus, the State's action to guarantee effective environmental protection is conditioned by constitutional environmental principles, which help determine the content of the fundamental right of every person to a healthy and ecologically balanced environment (see judgment number 2007-2063 of 14:40 hours on February 14, 2007). Among the constitutional environmental principles developed by this Constitutional Chamber and that are relevant for the analysis of this case, we find the following:

On the protection of environmental law by the State: This principle derives from what is stated in constitutional numeral 50, which establishes the State's obligation to guarantee, defend, and protect this right, whereby the State becomes the guarantor of the protection and guardianship of the environment and natural resources (...)"

"(...) 

1. On the protection of environmental law by the State: This principle derives from what is stated in constitutional numeral 50, which establishes the State's obligation to guarantee, defend, and protect this right, whereby the State becomes the guarantor of the protection and guardianship of the environment and natural resources (see judgment number 064499 of 11:24 hours on January 29, 1999 and reiterated in judgment number 2002-4947 of 09:24 hours on May 24, 2002).

2. Precautionary principle or principle of prudent avoidance: This concept has been developed in numbers 2806-98, 2003-06322, 20041923, and 2005-12039, among others, of this Court, which is based on article 15 of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, which refers to the necessary action and effect of anticipating possible damages to the component elements of the environment; thereby advocating for the implementation of actions aimed at the proper protection, conservation, and adequate management of resources, that is, the adoption of all technical or operational measures to avoid, prevent, or contain the possible affectation of the environment or the health of persons. Thus, should there be a risk of serious or irreversible damage – or an objective doubt regarding it –, a precautionary measure must be adopted and even postpone the activity in question; because subsequent coercion is ineffective in this matter, given that, in most cases, biological effects are irreversible, where repression may have a moral significance but will hardly compensate for the damages caused to the environment. Likewise, the precautionary principle applies when there is no scientific certainty about the risks or environmental impact of a measure, and the available studies or information generate doubts about the risks or its possible negative impact. In contrast, the principle of prevention applies in cases where there is scientific evidence that the measure will cause environmental damage. In this second case, the available information may be sufficient or insufficient, but with what exists, a degree of certainty is reached about the negative impacts that the measure will cause on the environment. The difference between the two lies in the existence or not of scientific certainty about the possible risks or injuries to the environment (see judgment number 2012-13367 of 11:33 hours on September 21, 2012).

In summary, this principle, based on article 50 of the Political Constitution and article 15 of the Rio Convention, already mentioned, obliges the Administration to adopt the necessary measures to provide full protection to the environment and avoid damages that are irreversible.

3. Principles of progressivity and non-regression of environmental protection. The former has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is contained in articles 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, articles 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under these norms, the State assumes the obligation to progressively increase, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights, especially those that, like the right to the environment (art. 11 of the Protocol), require multiple positive actions by the State for their protection and full enjoyment by all their holders. Likewise, from the principle of progressivity of human rights and the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, contained in numeral 34 of the Magna Carta, the principle of non-regression or irreversibility of the benefits or protection achieved is derived. This principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obliged not to adopt measures, policies, or approve legal norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the situation of the rights achieved up to that point. This principle does not imply absolute irreversibility since all States experience national situations, of an economic, political, social nature or due to forces of nature, which negatively impact the achievements made up to then and force a downward reconsideration of the new level of protection. In those cases, Constitutional Law and the principles under review oblige the justification, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, of the reduction of protection levels (see judgment number 2012-13367 of 11:33 hours on September 21, 2012). Thus, we find a relationship between the principle of reasonableness as a parameter of constitutionality and the right to the environment, since, as this Court has indicated in judgment number 7294-1998, “the principle of reasonableness, in relation to the fundamental right to the environment, obliges that norms issued regarding this matter be duly grounded in serious technical studies, even when there is no other legal regulation that so expressly establishes it”.

In summary, according to these principles, the State is prohibited from taking measures that diminish the protection of fundamental rights, in this case, the right to a healthy and ecologically balanced environment.

4. Principles of the objectification of environmental protection or principle of linkage to science and technique. This principle, which, as this Court noted in judgment number 14293-2005 of 14:52 hours on October 29, 2005, translates into the need to accredit decision-making in this matter with technical studies, both regarding the actions of the Administration and provisions of a general nature – legislative and regulatory –, from which derives the requirement of "linkage to science and técnica", an element that provides a technical-scientific foundation to the Administration's decisions in this matter, and by virtue of which, they limit and condition the discretion of the Administration in its actions – in the terms provided in article 16 of the General Law of Public Administration. So that, in response to the results derived from those technical studies – such as environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental) –, an objective technical criterion becomes evident that denotes either the environmental viability of the project or the probability of evident damage to the environment, natural resources, or the health of persons, a circumstance that obliges the establishment of precautionary measures or the rejection of the proposed project, work, or activity; and in the event of "reasonable doubt," it is obligatory to make decisions in favor of the environment (pro-natura principle).

5. Principles of rational use of natural resources. This axiom requires that there be the necessary balance between the country's development and the right to the environment and with constitutional article 69, from which the principle of rational exploitation of the land is derived, imposing on both private individuals and the State the obligation to protect and preserve renewable natural resources (see judgment number 2012-12716 of 16:01 on September 12, 2012). Thus, based on this principle, this Court – in its various resolutions – has established constitutional parameters for their proper use; and by virtue of which it is clear that environmental protection must be directed toward the adequate and intelligent utilization of its elements and in their natural, sociocultural, technological, and political relationships (sustainable development), in order to safeguard the heritage to which present and future generations are entitled. Therefore, the primary objective of the use and protection of the environment is that through the production and use of technology, not only economic gains are obtained (freedom of enterprise) but above all a favorable development and evolution of the environment and natural resources with the human being, that is, without causing damage or harm” (see judgment number 6322-2003 of 14:14 hours on July 3, 2003).

However, it is necessary to clarify that, according to the jurisprudence of this Chamber, the right to the environment cannot yield to considerations of an economic nature, as it is a non-property right of undeniable importance not only for the country's current inhabitants but also for successive ones (see judgment number 1887-1995 of 09:15 hours on April 7, 1995).

Equally, in this principle we also find a relationship with the principle of reasonableness as a parameter of constitutionality and the right to the environment, since the requirement for the rational use of natural resources is directly linked to a parameter of constitutionality of conduct – administrative and private – and of the norms governing the matter, such as reasonableness – according to the development of this Constitutional Court's jurisprudence, for example see judgment number 2410-2007 of 10:15 hours on February 21, 2007 – insofar as its purpose is to tend toward the sustainability of the use of natural resources and the elements that make up the environment, through their “adequate use”; and by virtue of which, as mentioned, it is clear that environmental protection must be directed toward the adequate and intelligent utilization of its elements and in their natural, sociocultural, technological, and political relationships, in order to safeguard the heritage to which present and future generations are entitled.

In summary, the Administration must promote a sustainable use of natural resources, thereby achieving that the country can develop economically without compromising the integrity of the environment or the heritage to which present and future generations are entitled, nor yielding to considerations of an economic nature.(...)"

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Text of the resolution

Exp: 22-027662-0007-CO

Res. No. PHO4594

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the fourteenth of July, two thousand twenty-three.

Amparo proceeding processed in case file No. 22-027662-0007CO, filed by [Nombre317 001], identity card No. [Valor 001], against the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY.

Whereas:

1.- By writing added to the Costa Rican Judicial Office Management System of this Chamber on December 2, 2022, the petitioner files an amparo proceeding against the Ministry of Environment and Energy. They state that on July 30, 1888, the Congress of the Republic of Costa Rica approved Law 65, which indicates: “The conservation of the mountains where the streams and springs (arroyos y manantiales) that supply water to the province of Heredia and part of Alajuela originate being of public utility; DECREES: Art. 1: A two-kilometer-wide strip of land is declared inalienable, on one and the other side of the mountain ridge with the Nombre317 of Montaña del Volcán de Barva, from the hill called el Zurquí to that known by the Nombre317 of Concordia, whether said strip is national or municipal property”. They state that the objective of the 19th-century legislators in approving Law 65 was the safeguarding of the mountains north of Heredia in order to preserve the water resources of the inhabitants of the Central Valley, not only surface water but also groundwater, as this zone demarcates much of the most important potential recharge area for the Barba and Colimas aquifers, aquifers from which more than 60% of inhabitants—not only of Heredia but also of Alajuela and San José—are supplied with water today. They argue that the high zones of the Heredian cantons, Santa Barbara, Barva, San Rafael, San Isidro, Moravia, and Coronado, where the inalienable zone of Law 65 is demarcated, are subjected to constant and intense pressure to develop various activities, including diverse construction projects, often with the impetus and complicity of the municipalities, resulting in a negative impact on water resources, for both current and future generations. They affirm that just as the inalienable zone is valuable for the recharge of the Central Valley aquifers, its protection is also essential to safeguard the water of thousands of inhabitants of the high parts of the cantons of Alajuela, Santa Barbara, Barva, San Rafael, San Isidro, and Santo Domingo who draw surface water from the Segundo, Ciruelas, Tibás, and Para rivers that originate in that zone. They explain that studies, such as those of the National Service of Water, Irrigation, and Drainage, have determined that the area where the inalienable zone is located, besides being a very high aquifer recharge area, is of VERY HIGH environmental fragility, besides being of high hydrogeological vulnerability, which makes the need to protect it imminent if we wish to preserve the water resources for the present and future generations of the Central Valley. They note that the inalienable zone is also home to a wide diversity of flora and fauna because it borders the southern part of Braulio Carrillo Park. In that zone, we find a total of 25 bird species, some endangered, among them the quetzal, as well as 22 mammal species, 14 of which are endangered and 7 are endemic species, 5 reptile species threatened with extinction, of which 2 are endemic, and 17 amphibian species threatened with extinction, of which 8 are endemic species. They refer that to the mentioned environmental benefits of the inalienable zone, it is added that its thousands of hectares covered by vegetation, forests, and pastures contribute to carbon capture from the atmosphere in the Central Valley, helping to mitigate climate change and purify the air in the zone. Moreover, they explain that in 2013, the Constitutional Chamber, upon resolving an incident of disobedience filed against the Minister of Environment for not having complied with Vote 2008-12109, reiterates the importance of the inalienable zone of Law 65 of 1888 for the environment in general and particularly for the protection of water resources, and therefore orders René Castro Salazar, in his capacity as Minister of Environment and Energy, to immediately comply with what is ordered in the judgment, under the warning that administrative proceedings will be opened against him if he fails to do so (resolution 2013-005049 of March 27, 2013). They argue that after the 2013 admonishment by the Constitutional Chamber, the Ministry of Environment and Energy delimited the inalienable zone by means of demarcation (amojonamiento), but has not complied with the recovery of the lands, nor has it even filed any process for the revindication of the State's natural heritage, such as the inalienable zone. They assert that currently a portion of the inalienable zone of Law 65 of 1888, not all of it, forms part of Braulio Carrillo Park, both by Law 6288 of October 25, 1978, which created the park, and by Executive Decree 39259-MINAE of October 15, 2015, which indicated: Article 1 – A part of the territory established as an Inalienable Zone, created by Decree-Law No. LXV of July 1888, is declared a national park, annexing said portion of land to Braulio Carrillo National Park; the boundaries are described below based on topographic sheet Barva 3346 II, edition 3-IGNCR, 2005, scale 1:50,000, prepared by the National Geographic Institute of Costa Rica. They point out that Braulio Carrillo Park, including what was annexed to it in 2015, in addition to being covered by Law 65, is subject to the special and total protection norms that cover such parks, such as the National Parks Service Law and the Forestry Law (Ley Forestal) (article 1), which is not occurring because the lands annexed to the park that are part of the inalienable zone of Law 65 remain in the hands of private individuals, some of whom carry out activities that impact the environment, such as uncontrolled mass tourism without any environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental), dairy activities, tree felling, construction of recreational cabins, etc. They indicate that in response to inquiries made to the ministers of environment since the issuance of ruling 2008-12109 regarding the recovery or revindication of the state lands corresponding to the inalienable zone of Law 65, no recovery has ever been reported, nor that any action has been initiated before the corresponding courts culminating in a revindication process. MINAE has always given a single response: that they have already begun preparing files on the properties and their respective legal and technical analysis of the background of the registry entries for properties registered in the National Registry, so that it is the Office of the Attorney General of the Republic that proceeds to initiate annulment (lesividad) proceedings before the courts of justice culminating in the recovery of the lands.

He requests that, in the interest of protecting the water resources and the environment in general, and since the inalienable zone is part of the State's Natural Heritage, the Minister of Environment and Energy or whoever holds that position be ordered to initiate the necessary and concrete corresponding actions, beyond studies, for the recovery and reclaiming of the lands of the inalienable zone of Ley 54, namely by transferring the background files or history of the properties to the Procuraduría General de la República.

2.- By resolution at 3:56 p.m. on February 1, 2023, this amparo was processed and transferred to the Minister of Environment and Energy.

3.- In a brief incorporated into the digital case file on February 16, 2023, Franz Tattenbach Capra, in his capacity as Minister of Environment and Energy, reports under oath the following: “… REGARDING THE FACTS OF THE APPEAL: I proceed to respond in the following terms: FIRST: ‘Whereas the conservation of the mountains where the streams and springs (nacientes) that supply water to the province of Heredia and a part of the province of Alajuela originate is of public utility; DECREES: Art. 1: A zone of land two kilometers wide, on either side of the crest of the mountains with the Name317 of Montaña del Volcán de Barva, from the hill called Zurquí to that known with the Name317 of Concordia, whether said zone is national or municipal property, is declared inalienable.’ This is true. It is a legal provision. SECOND: ‘It states that the objective of the 19th-century legislators with the approval of Ley 65 was to protect the mountains north of Heredia in order to preserve the water resources of the inhabitants of the Central Valley, not only surface water but also groundwater, as much of the most important potential recharge area for the Barba and Colimas aquifers is delimited within this zone, aquifers from which today more than 60% of the inhabitants are supplied with water, not only in Heredia, but also in Alajuela and San José.’ Partially accepted. The party's assessment regarding the objectives of the 19th-century legislators with respect to the approval of Ley 65 is rejected; and it is accepted regarding ‘… the most important potential recharge area for the Barba and Colimas aquifers, aquifers from which today more than 60% of the inhabitants are supplied with water, not only in Heredia, but also in Alajuela and San José.’ THIRD: ‘It alleges that the high areas of the Heredian cantons of Santa Barbara, Barva, San Rafael, San Isidro, Moravia and Coronado, where the inalienable zone of Ley 65 is demarcated, are under constant and strong pressure to develop various activities, including diverse construction projects, often with the impetus and complicity of the municipalities, resulting in a negative impact on water resources, both for current and future generations.’ This is rejected. I cannot attest to it; it is the party's assessment. FOURTH: ‘It affirms that the value for the recharge of the Central Valley aquifers that the inalienable zone possesses also makes its protection essential to safeguarding the water of thousands of inhabitants of the high parts of the cantons of Alajuela, Santa Barbara, Barva, San Rafael, San Isidro, and Santo Domingo, who supply themselves with surface water from the Segundo, Ciruelas, Tibás, and Para rivers that originate in that zone. It explains that studies, such as those by the Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento, have determined that the area where the inalienable zone is located, in addition to having very high aquifer recharge, has VERY HIGH environmental fragility, as well as high hydrogeological vulnerability, making the need to protect it imminent if we wish to preserve the water resources for present and future generations of the Central Valley.’ This is true. FIFTH: ‘It notes that the inalienable zone is also home to a wide diversity of flora and fauna because it borders the southern part of Parque Braulio Carrillo. In this zone, we find a total of 25 species of birds, some endangered, including the quetzal, as well as 22 species of mammals, 14 of which are endangered and 7 are endemic species, 5 species of endangered reptiles of which 2 are endemic, and 17 species of endangered amphibians, of which 8 are endemic species. It refers that in addition to the environmental benefits mentioned, the inalienable zone, having its thousands of hectares covered with vegetation, forests, and pastures, contributes to the capture of carbon from the atmosphere in the Central Valley, helping to mitigate climate change and purify the air in the zone.’ This is not strictly a fact. SIXTH: ‘On the other hand, it sets forth that in 2013, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), when resolving an incident of disobedience filed against the Minister of Environment for not having complied with ruling 2008-12109, reiterated the importance of the inalienable zone of Ley 65 of 1888 for the environment in general and in particular for the protection of water resources, and therefore ordered René Castro Salazar in his capacity as Minister of Environment and Energy to immediately comply with the provisions of the judgment, under warning that an administrative proceeding would be ordered against him if he failed to do so (resolution PHO4595 of March 27, 2013).’ It is true in substance. The correct resolution number is No. PHO4596 Exp: 07-007996-0007-CO. SEVENTH: ‘It argues that after the 2013 warning from the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), the Ministerio de Ambiente y Energía delimited the inalienable zone by means of demarcation (amojonamiento); however, it has not complied with the recovery of the lands, nor has it even filed any process for the recovery (reivindicación) of the State's natural heritage, such as the inalienable zone.’ This is partially true. To respond to this allegation, this ministerial office consulted the Central Conservation Area (Área de Conservación Central) of SINAC, which, through official communication SINAC-ACC-D-of143-2023 of February 15, stated: ‘In response to the amparo appeal in case file 22-027662-0007-CO, it is reported that with respect to the recovery of lands located within the Inalienable Zone declared by Ley 65 of 1888, this Conservation Area (Área de Conservación) has proceeded with the resolution of legitimacy requests in accordance with the procedure established for that purpose and has transferred the resolved cases to MINAE so that the process may continue. Issues linked to the recovery of lands through lesivity (lesividad) processes fall outside the competencies and scope of this conservation area. (See official communication SINACACC-827-2023 and See official communication SINAC-ACC828-2023) Regarding expropriations, it is important to remember that resources cannot be invested in something that, in principle, already belongs to the PNE, and to define those cases that effectively belong to the State, the procedure mentioned in the first paragraph is followed. It is not of minor importance to state that during the last 2 years, no funds have been budgeted for expropriations by the State, given the current budgetary limitations; however, this conservation area has proposed alternatives to procure funds that support the process of land tenure regularization within the Inalienable Zone (SINAC-ACC-OH-mi-1419-2021). It is important to recall that the Central Conservation Area (Área de Conservación Central) has taken multiple actions to ensure respect for the Inalienable Zone, within its possibilities of human resources and available supplies. Among these, the inclusion of site supervision through patrols, handling of complaints, filing of accounts of facts, and work with the municipalities is cited, including the due dissemination about the issue and the delivery of geographic information about the area of the Inalienable Zone within the update to the control and protection plan of the Heredia Office currently in force, so that the municipalities consider the intrinsic limitations of the Inalienable Zone when fulfilling municipal competencies, such as the granting of licenses. (Attached are the Control and Protection Plan of the Heredia Office, official communications SINAC-ACC-OH-978-2022, SINAC-ACC-OH-788-2022, SINAC-ACC OH-789-2022, SINAC-ACC-OH-7902022, SINAC-ACC-OH-791-2022 and SINAC-ACCOH- 792-2022, SINAC-ACC-OHof-156-2023, VC02-003-06- 2020, VC02-003-09-2020, VC02-003-22-2020, VC02003-31-2020, VC02-003- 51-2019). Additionally, meetings have been held with various bodies so that they consider the area of the Inalienable Zone in urban planning processes, for example, the drafting of regulatory plans, so that the site is respected in accordance with what was ordered by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) and dissemination processes are carried out in this regard (See official communications SINAC-ACC-OH-mi-922-2022, SINAC-ACC-OH-mi-984-2022, SINAC-ACCD- mi776-2023, SINAC-ACC-OH-mi-1471-2020). Furthermore, surveillance of the site is exercised in the resolution of authorizations and procedures that are the competence of SINAC, for example, supervision of minor permits, certificates of origin, processing of summary proceedings for tree felling, and wildlife permits when these are intended to be developed within the Inalienable Zone (See attached SINACACCOH- of-244-2022, SINAC-ACC-OH-res373-2022, SINAC-ACC-OH-of-4362022). Finally, it is public knowledge that the Central Conservation Area (Área de Conservación Central) carried out the due demarcation (amojonamiento) of the limits of the Inalienable Zone in 2013, on lands located outside the Parque Nacional Braulio Carrillo.’ Signed by the official Meryll Arias, Acting Director of the Central Conservation Area (Área de Conservación Central) – SINAC. EIGHTH: ‘It assures that currently a portion of the inalienable zone of Ley 65 of 1888, not all of it, forms part of Parque Braulio Carrillo, both by virtue of Ley 6288 of October 25, 1978, which created the park, and by virtue of Decreto Ejecutivo 39259-MINAE of October 15, 2015, which stated: Article 1- A part of the territory established as an Inalienable Zone, created by Decree Law No. LXV of July 1888, is declared a national park, annexing said portion of land to the Parque Nacional Braulio Carrillo; whose limits are described below based on the topographic sheet Barva 3346 II, edition 3-IGNCR, 2005, scale 1:50,000, prepared by the Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica. It is True. NINTH: It points out that Parque Braulio Carrillo, including what was annexed to it in 2015, in addition to being covered by Ley 65, is subject to the special and total protection norms that cover these parks, such as the Ley del Servicio de Parques Nacionales and the Ley Forestal (article 1), which is not happening because the lands annexed to the park that are part of the inalienable zone of Ley 65 remain in the hands of private individuals, some of whom carry out activities that impact the environment, such as uncontrolled mass tourism without any environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental), dairy farming activities, tree felling, construction of recreational cabins, etc. Answered in section seven. TENTH: It indicates that in response to inquiries made to the ministers of environment since ruling 2008-12109 was issued regarding the recovery or reclaiming (reivindicación) of the state lands corresponding to the inalienable zone of Ley 65, no recovery has ever been reported, nor has any action been initiated before the corresponding courts leading to a recovery (reivindicación) process. In MINAE, they have always given a single response: that they have already begun compiling the files of the properties and their respective legal and technical analysis of the background records of the registered entries of the properties inscribed in the National Registry (Registro Nacional), so that the Procuraduría General de la República can proceed to initiate lesivity (lesividad) proceedings before the courts of justice that culminate in the recovery of the lands. It requests that, in the interest of protecting the water resources and the environment in general, and since the inalienable zone is part of the State's Natural Heritage, the Minister of Environment and Energy or whoever holds that position be ordered to initiate the necessary and concrete corresponding actions, beyond studies, for the recovery and reclaiming (reivindicación) of the lands of the inalienable zone of Ley 54, namely by transferring the background files or history of the properties to the Procuraduría General de la República.’ Answered in section seven. CONCLUSION The procedure for verifying the location of lands and the study of registration documents for properties situated within the inalienable zone pertaining to Ley 65 of 1888, (procedure formalized through pronouncement C-480-2014 of the PGR), has proven to be a complex and delicate process, which entails the analysis and compilation of historical data from more than 100 years ago (old maps and deeds), the study of which must also be conducted while allowing potential affected parties participation and the right to due process. Therefore, it cannot be carried out as expeditiously as the appellant intends. The Ministry has had close coordination with both the Public Registry (Registro Público) and the Procuraduría General de la República to reconstruct the steps that the analysis process must have and the minimum requirements of these evaluations; this ministry confirms that said procedure is neither feasible nor expeditious, as indicated. Notwithstanding the foregoing, official communication SINAC-ACC-D-of-143-2023, transcribed above, indicates the concrete actions that the Central Conservation Area (Área de Conservación Central) of SINAC has been carrying out with respect to land recovery. Additionally, this ministerial office sent two follow-up communications on the recovery or reclaiming (reivindicación) of the state lands corresponding to the inalienable zone of Ley 65 of 1888 and compliance with ruling 2008-12109 of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional): 1. DAJ-MINAE-0145-2023 of February 13, 2023, addressed to Mr. Renato Sánchez González, Chief of Staff of the Vice-Ministry of Environment, with the subject: Follow-up on the implementation of Constitutional Chamber Ruling 2008-12109; through which he is consulted about the progress and concrete actions that SINAC has carried out regarding the expropriation of the lands included in the area established by Ley 65 of 1888 and the judgment of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) 200812109. 2. DAJ-MINAE-0165-2023 of February 15, 2023, addressed to Ms. Meryl Arias, Director of the Central Conservation Area (ACC) of SINAC; through which she is requested: “In compliance with ruling 2008-12109 of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), regarding the recovery or reclaiming (reivindicación) of the state lands corresponding to the inalienable zone of Ley 65 of 1888, and especially with respect to the limits established by Article 2 of said law; you are requested to indicate what actions and progress have been made concerning the properties that are within these limits; since this Legal Advisory Directorate has processed several cases of presumption of legitimacy regarding this matter, but not concerning lands within the protected area.”…”. It requests that the appeal filed be dismissed.

4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Judge Garita Navarro; and,

Considering:

I.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellant states that on July 30, 1888, the Congress of the Republic of Costa Rica approved Ley 65, which states: “Whereas the conservation of the mountains where the streams and springs (nacientes) that supply water to the province of Heredia and a part of the province of Alajuela originate is of public utility; DECREES: Art. 1: A zone of land two kilometers wide, on either side of the crest of the mountains with the Name317 of Montaña del Volcán de Barva, from the hill called Zurquí to that known with the Name317 of Concordia, whether said zone is national or municipal property, is declared inalienable.” It states that the objective of the 19th-century legislators with the approval of Ley 65 was to protect the mountains north of Heredia in order to preserve the water resources of the inhabitants of the Central Valley, not only surface water but also groundwater, as much of the most important potential recharge area for the Barba and Colimas aquifers is delimited within this zone, aquifers from which today more than 60% of the inhabitants are supplied with water, not only in Heredia, but also in Alajuela and San José. It alleges that the high areas of the Heredian cantons of Santa Barbara, Barva, San Rafael, San Isidro, Moravia and Coronado, where the inalienable zone of Ley 65 is demarcated, are under constant and strong pressure to develop various activities, including diverse construction projects. It affirms that the value for the recharge of the Central Valley aquifers that the inalienable zone possesses also makes its protection essential to safeguarding the water of thousands of inhabitants of the high parts of the cantons of Alajuela, Santa Barbara, Barva, San Rafael, San Isidro, and Santo Domingo, who supply themselves with surface water from the Segundo, Ciruelas, Tibás, and Para rivers that originate in that zone. It explains that studies, such as those by the Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento, have determined that the area where the inalienable zone is located, in addition to having very high aquifer recharge, has VERY HIGH environmental fragility, as well as high hydrogeological vulnerability, making the need to protect it imminent if we wish to preserve the water resources for present and future generations of the Central Valley. It notes that the inalienable zone is also home to a wide diversity of flora and fauna because it borders the southern part of Parque Braulio Carrillo. On the other hand, it sets forth that in 2013, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), when resolving an incident of disobedience filed against the Minister of Environment for not having complied with ruling 2008-12109, reiterated the importance of the inalienable zone of Ley 65 of 1888 for the environment in general and in particular for the protection of water resources, and therefore ordered René Castro Salazar in his capacity as Minister of Environment and Energy to immediately comply with the provisions of the judgment, under warning that an administrative proceeding would be ordered against him if he failed to do so (resolution 2013-005049 of March 27, 2013). It argues that after the 2013 warning from the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), the Ministerio de Ambiente y Energía delimited the inalienable zone by means of demarcation (amojonamiento); however, it has not complied with the recovery of the lands, nor has it even filed any process for the recovery (reivindicación) of the State's natural heritage, such as the inalienable zone. It assures that currently a portion of the inalienable zone of Ley 65 of 1888, not all of it, forms part of Parque Braulio Carrillo, both by virtue of Ley 6288 of October 25, 1978, which created the park, and by virtue of Decreto Ejecutivo 39259-MINAE of October 15, 2015, which stated: “Article 1- A part of the territory established as an Inalienable Zone, created by Decree Law No. LXV of July 1888, is declared a national park, annexing said portion of land to the Parque Nacional Braulio Carrillo; whose limits are described below based on the topographic sheet Barva 3346 II, edition 3-IGNCR, 2005, scale 1:50,000, prepared by the Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica.” It points out that Parque Braulio Carrillo, including what was annexed to it in 2015, in addition to being covered by Ley 65, is subject to the special and total protection norms that cover these parks, such as the Ley del Servicio de Parques Nacionales and the Ley Forestal (article 1), which is not happening because the lands annexed to the park that are part of the inalienable zone of Ley 65 remain in the hands of private individuals, some of whom carry out activities that impact the environment, such as uncontrolled mass tourism without any environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental), dairy farming activities, tree felling, construction of recreational cabins, etc. It indicates that in response to inquiries made to the ministers of environment since ruling 2008-12109 was issued regarding the recovery or reclaiming (reivindicación) of the state lands corresponding to the inalienable zone of Ley 65, no recovery has ever been reported, nor has any action been initiated before the corresponding courts leading to a recovery (reivindicación) process. In MINAE, they have always given a single response: that they have already begun compiling the files of the properties and their respective legal and technical analysis of the background records of the registered entries of the properties inscribed in the National Registry (Registro Nacional), so that the Procuraduría General de la República can proceed to initiate lesivity (lesividad) proceedings before the courts of justice that culminate in the recovery of the lands. He requests that, in the interest of protecting the water resources and the environment in general, and since the inalienable zone is part of the State's Natural Heritage, the Minister of Environment and Energy or whoever holds that position be ordered to initiate the necessary and concrete corresponding actions, beyond studies, for the recovery and reclaiming (reivindicación) of the lands of the inalienable zone of Ley 54, namely by transferring the background files or history of the properties to the Procuraduría General de la República.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated:

a) On July 30, 1888, the Congress of the Republic of Costa Rica approved Ley 65, which states: “Whereas the conservation of the mountains where the streams and springs (nacientes) that supply water to the province of Heredia and a part of the province of Alajuela originate is of public utility; DECREES: Art. 1: A zone of land two kilometers wide, on either side of the crest of the mountains with the Name317 of Montaña del Volcán de Barva, from the hill called Zurquí to that known with the Name317 of Concordia, whether said zone is national or municipal property, is declared inalienable.” (see evidence).

b) The most important potential recharge area for the Barba and Colimas aquifers, aquifers from which today more than 60% of the inhabitants are supplied with water, is not only in Heredia, but also in Alajuela and San José (see report rendered under oath by the respondent authority and attached evidence).

c) The value for the recharge of the Central Valley aquifers that the inalienable zone possesses also makes its protection essential to safeguarding the water of thousands of inhabitants of the high parts of the cantons of Alajuela, Santa Barbara, Barva, San Rafael, San Isidro, and Santo Domingo, who supply themselves with surface water from the Segundo, Ciruelas, and Tibás rivers (undisputed fact).

d) The area where the inalienable zone is located, in addition to having very high aquifer recharge, has very high environmental fragility, as well as high hydrogeological vulnerability (undisputed fact).

e) On August 5, 2008, through resolution No. 2008-12109 at 3:16 p.m. on August 5, 2008, this Court resolved the following:

“… The appeal is granted, solely with respect to the Ministerio de Ambiente y Energía, the Ministry of Health, and the Municipalities of Heredia, Santa Bárbabara, Barva, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia, and Vásquez de Coronado. It is ordered to Roberto Dobles Mora, or whoever holds his position as Minister of Environment and Energy, the following: a) That within a period of seven months from the notification of this judgment, he carry out the procedures within the scope of his competencies to physically delimit the zone established by Ley No. 65 of 1888, and after doing so, initiate the processes for recovery of the lands located in said sector that are being occupied by private individuals; b) That he immediately verify compliance with the provisions of resolution R-069-SINAC-2007, by the officials of the Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí, and if the provisions of the cited pronouncement have not been complied with, proceed according to law. It is ordered to José Manuel Ulate Avendaño, or whoever holds his position as Mayor of the Central Canton of Heredia, to Rolando Hidalgo Villegas, or whoever holds his position as Mayor, and to Marta Lidia Segura Miranda, or whoever holds her position as President of the Municipal Council, both of the Municipality of Santa Bárbabara de Heredia, to Mercedes Hernández Méndez, or whoever holds her position as Mayoress, and to Adrián Varela Montero, or whoever holds his position as President of the Municipal Council, both of the Municipality of Barva de Heredia, to Marvin Chaves Chinchilla, or whoever holds his position as Mayor, and to Elvia Villalobos Argüello, or whoever holds her position as President of the Municipal Council, both of the Municipal Council of San Isidro de Heredia, to Aracelly Salas Eduarte, or whoever holds her position as Mayoress of San Pablo de Heredia, to Alberto Vargas Esquivel, or whoever holds his position as Mayor, and to Yensi Alfaro Hernández, or whoever holds her position as President of the Municipal Council, both of the Municipality of San Rafael de Heredia, to Rafael Isidro Bolaños Arce, or whoever holds his position as Municipal Mayor of Santo Domingo de Heredia, to Edgar Vargas Jiménez, or whoever holds his position as Municipal Mayor of Moravia, and to Leonardo Herrera Sánchez, or whoever holds his position as Municipal Mayor of Vázquez de Coronado, the following: a) That they immediately refrain from granting any type of permit within the zone established by Ley No. 65 of 1888, as it pertains to their jurisdictions; b) That they proceed to hire the necessary professionals for the preparation of the hydrogeological vulnerability maps recommended by Nombre3992 in their report entitled ‘Potential Recharge of the Colima and Barva Aquifer, Central Valley, Costa Rica,’ which shall be included in the urban planning regulations of their jurisdictions, as recommended by the aforementioned authority. It is ordered to María Luisa Ávila Argüello, or whoever holds her position as Minister of Health, to Alberto Vargas Esquivel, or whoever holds his position as Mayor, and to Yensi Alfaro Hernández, or whoever holds her position as President of the Municipal Council, both of the Municipality of San Rafael de Heredia, that they immediately proceed to take the actions that legally correspond against the abandoned dog refuge that exists in the Refugio de Vida Silvestre Jaguandurí, and investigate the complaint filed by the Group Comité Salud de los Ángeles de San Rafael, regarding the alleged contamination existing at said site. The respondents are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and does not comply with it or does not have it complied with, provided the offense is not more severely punished. The State and the Municipalities of Heredia, Santa Bárbara, Barva, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia, and Vasquez de Coronado are ordered to pay the costs, damages, and losses that serve as the basis for this declaration, which shall be settled in the execution of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. As for the other respondent authorities, the appeal is dismissed.” (see case file No. 07-007996-0007-CO, brought ad effectum videndi et probandi).

f) In 2010, a “PROCEEDING FOR DISOBEDIENCE” was filed against the Ministry of Environment, as recorded in case file No. 07007996-0007-CO, for not having complied with resolution No. 2008-12109, regarding the physical delimitation of the zone established by Ley No. 65 of 1888, not having recovered the lands occupied by private individuals located in said sector, and to verify compliance with the provisions of resolution R-069-SINAC-2007, by the officials of the Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí. The then Minister of Environment and Energy, Jorge Rodríguez Quirós, requested the Constitutional Chamber (Sala constitucional), within the case file where the disobedience proceeding was being heard, to reconsider the period granted in ruling 2008-12109 regarding the demarcation (amojonar) and recovery of the lands of the inalienable zone created by Ley 65 of 1888, requesting that it be extended by a period of at least 18 months from his request, in order to carry out what was necessary to comply with the Constitutional Court's order. The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) did not grant the disobedience request, and on the contrary, considering that there were sufficient reasons to grant the request made by the Ministry accused of disobedience, through the resolution of January 14, 2011, judgment No.

2011-00412, extended by ONE YEAR from notification, the deadline to comply with the provisions of judgment 200812109 (see case file No. 07-007996-0007-CO, brought ad effectum videndi et probandi).

g)   On March 28, 2012, a new non-compliance or disobedience proceeding was filed against the Ministry of Environment and Energy, for failure to comply with resolution 2008-12109, a proceeding that was dismissed or declared, resolving:

"NO HA LUGAR, through resolution 2012-004944 at nine hours, five minutes on April twenty, 2012; the Constitutional Chamber based its decision on the fact that, on the date we filed the proceeding, the one-year period granted to the Ministry of Environment and Energy to comply had not yet elapsed. The Constitutional Chamber indicated:

“…through judgment number 2011-00412 at 11:47 hours on January 14, 2011, this Constitutional Court granted the petition filed by the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, regarding the extension of the deadline granted to carry out the order issued in judgment number 2008-12109; such that, a period of 1 year was granted, counted from the notification of judgment number 2011-00412, to carry out the delimitation and recovery of the zone stipulated in the law at issue. Precisely, that last judgment was notified to the respondent authority on July 20, 2011. By virtue of the foregoing, it is evident that the period granted by this Chamber in judgment number 2011-00412 has not yet elapsed, so the competent authority is still within time to comply with the above-cited order.” (see case file No. 07-007996-0007-CO, brought ad effectum videndi et probandi).

h)   On August 17, 2012, the deadline granted in resolution No. 2011-00412 to the Ministry of Environment and Energy to comply with resolution No. 2008-12109 having already elapsed, and given the Ministry's non-compliance for not having delimited the inalienable zone by that date, nor having carried out any recovery, a non-compliance incident or proceeding was again filed before this Court against the Minister of Environment and Energy, which was resolved with merit through resolution No. 2013-004049 of March 27, 2013, stating the following:

"In this regard, this Constitutional Court determines that despite the various actions previously described, the truth is that, concretely, the respondent ministry has not complied with the constitutional order issued in judgment number 2008-12109 at 15:16 hours on August 5, 2008. (emphasis or bold not in the original) (…) René Castro Salazar, in his capacity as Minister of Environment and Energy, is ordered to immediately comply with the provisions of judgment number 2008-12109 at 15:16 hours on August 5, 2008, under warning that an administrative procedure will be ordered against him if he fails to do so. As for the rest, no ha lugar to the proceeding filed." (see case file No. 07007996-0007-CO, brought ad effectum videndi et probandi).

i)     On April 24, 2017, a new non-compliance proceeding was filed, alleging that although MINAE had delimited and monumented the inalienable zone, as ordered by resolutions 2008-12109 and 2013-004049, they had not carried out concrete actions leading to the recovery of the State's natural patrimony in whole or in part, or that they had initiated any procedure to recover the state lands. Ergo, this Chamber dismissed the non-compliance proceeding through resolution No. 2017-009974 of June 30, 2017, based on the fact that the Minister of Environment and Energy reported that they had initiated the study processes to carry out the recovery of the inalienable zone (see case file No. 07-007996-0007-CO, brought ad effectum videndi et probandi).

j)     Through resolution No. PHO4597 issued at 09:20 hours on May 12, 2023, this Court resolved a non-compliance proceeding filed by Nombre8834 and the appellant, [Nombre317 001], for the lack of compliance with judgment No. 2008-012109 at 15:16 hours on August 5, 2008, resolving the following:

"… I.- By judgment no. 2008-012109 at 15:16 hours on August 5, 2008, the following was ordered: 'Se declara con lugar el recurso, solely with respect to the Ministry of Environment and Energy, the Ministry of Health, and the Municipalities of Heredia, Santa Bárbara, Barva, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia and Vásquez de Coronado. Roberto Dobles Mora, or whoever holds his position as Minister of Environment and Energy, is ordered as follows: a) That within a period of seven months counted from the notification of this judgment, carry out the actions within the scope of his authority to physically delimit the zone established by law number 65 of 1888, and thereafter, initiate the recovery processes for the lands located in said sector that are being occupied by private individuals; b) That he immediately verify compliance with the provisions of resolution R-069-SINAC-2007, by the officials of the Jaguarundí Wildlife Refuge, and in the event that the provisions of the cited pronouncement have not been complied with, proceed according to law…'. II. Through interlocutory resolution no. 2011-000412 at 11:47 hours on January 14, 2011, the order established in part b) of judgment no. 2008-012109 at 15:16 hours on August 5, 2008, was deemed complied with. Likewise, a period of one year counted from the notification of that judgment was granted to the Ministry of Environment and Energy to comply with the provisions of part a) of the above-cited judgment. III.- With respect to compliance with part a), through interlocutory resolution no. 2017-9974 at 9:15 hours on June 30, 2017, the Chamber stated:

'IV.- On the proceeding filed. The petitioners come to this Court alleging disobedience of the order issued through Judgment No. 2008-012109 at 15:16 hours on August 5, 2008, solely, regarding the lack of action by the respondent ministry in recovering lands declared as an inalienable zone. In this regard, the respondent authority reports that it has carried out various actions to undertake the recovery process for the protected zone. They assure that by administrative resolution No. R-1652014-MINAE of May 2, 2014, the study process was formally initiated by the Ministerial Office regarding the registrations in the inalienable zone, even though the Procuraduría General de la República issued a binding legal opinion C-480-2014 of December 19, 2014. Likewise, they state that the number of registered properties related to the cadastral maps found is around 1000, so the execution time for this stage of the process is very slow, given that the study must be done on a case-by-case basis to respect the right of defense and due process. Furthermore, it is confirmed that they are in the process of validating the procedure with the other actors, for which an appointment has been requested with the Public Registry through official communication D-095 of January 30, 2017, from the Director of the Cordillera Volcánica Central Conservation Area. On the other hand, the respondent authority plans to request an audience with the Procuraduría General de la República in order to coordinate matters related to possible lesividad processes in the judicial sphere. Now then, this Court observes that what was ordered in said pronouncement regarding the alleged disobedience was that the land recovery processes be initiated, so given the report rendered by the respondent, it is corroborated that the study processes to carry out the recovery of the inalienable zone have already been initiated, thereby complying with what was ordered by this Chamber. Thus, the non-compliance alleged by the appellant party is not verified. Consequently, the appropriate course is to dismiss the proceeding filed. V. On the other hand, in said resolution the Ministry of Environment and Energy was also ordered to physically delimit the zone established by law number 65 of 1888. On this matter, this Chamber observes from the study of the case file, that according to evidence provided in March 2014, the placement of physical boundary markers that allowed the protected territory to be circumscribed was completed. Therefore, compliance with what was ordered on this point is verified.' (Underlining added). IV.- On the proceeding filed. The petitioners accuse disobedience of judgment no. 2008-012109 at 15:16 hours on August 5, 2008, by the Ministry of Environment and Energy, in that it has not achieved the recovery of the state lands, defined by law 65 of 1888, that are currently held by private individuals. In this regard, as is evident from recital III of this resolution, the Chamber has already determined compliance with the referenced judgment, with respect to point a), directed to the Ministry of Environment and Energy. It is reiterated: '…this Court observes that what was ordered in said pronouncement regarding the alleged disobedience was that the land recovery processes be initiated, so given the report rendered by the respondent, it is corroborated that the study processes to carry out the recovery of the inalienable zone have already been initiated, thereby complying with what was ordered by this Chamber.' (Underlining added). '… In that regard, the proceeding filed becomes improper. Por tanto: No ha lugar a the proceeding filed.' (see case file No. 07-007996-0007-CO, brought ad effectum videndi et probandi).

IV.- ON THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. On repeated occasions, the jurisprudence of this Chamber has underscored that the right to a healthy and ecologically balanced environment is recognized at both the constitutional and conventional levels. Likewise, it has been indicated that effective protection of that right requires that resources be used in a rational manner, a context in which the State and citizens in general must act according to the principles governing environmental matters. Along these lines, specialized doctrine has pointed out that the preventive principle demands that, when there is certainty of possible damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned upon compliance with certain requirements. In general, this principle applies when there are clearly defined and identified risks at least as probable; likewise, this principle is useful when there are no technical reports or administrative permits guaranteeing the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee eventual negative impacts. On the other hand, the precautionary principle states that, when there is danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective measures based on costs to prevent environmental degradation. From the foregoing, it is noted that the principle stems from reasonable scientific uncertainty together with the threat of serious and irreversible environmental damage. In general terms, a relevant difference between the preventive principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty of the risks that an activity or project may provoke. While in the former such certainty exists, in the latter what is noted is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies. Thus, the Costa Rican State is obligated to adopt measures that guarantee the effective defense and preservation of the environment in accordance with such principles. Now, such an objective obligation does not inevitably entail a subjective right of individuals to demand, through jurisdictional bodies, that a specific measure be taken, but it does entail the right to have suitable measures adopted in protection of that right, in the face of openly negligent attitudes by authorities, or by natural and legal persons, in accordance with the recognized theory of the horizontal effect of fundamental rights (Drittwirkung der Menschenrechte), among whose procedural manifestations is the amparo against private law subjects.

V.- BACKGROUND ON THE PROTECTION OF GROUNDWATER. In Judgment No. 200401923 at 14:55 hrs. of February 25, 2004, the Chamber referred to the protection of groundwater, as an essential part of our ecosystem, considering, in what is relevant, the following:

V.- GROUNDWATER. As opposed to so-called surface waters, which flow over the earth's crust and can be subject to common or special uses, there are groundwaters. Groundwater is that which is found below the earth's surface occupying the empty spaces in the soil or rocks; its most important source is rainfall that infiltrates the soil. The soil, in turn, is composed of two levels which are the following: a) Upper or aeration zone, in which the empty spaces are occupied by air and infiltrated water that descends by gravity and b) another below this called the saturation zone, in which the empty spaces are full of water that moves slowly and whose upper level is called the water table, hydrostatic level, or phreatic level. The waters included in the pore spaces of the saturation zone, in geological formations, are called aquifers or groundwater bodies. The hydraulic gradient is the difference in altitude between two points on the same water table –phreatic level–, in relation to their horizontal distance; the movement speed of groundwater depends, in essence, on the hydraulic gradient. Groundwater is an essential part of the hydrological cycle; thus, of the total water in the hydrosphere, 2.4% is fresh water, of this 78.1% is frozen, 21.5% corresponds to groundwater, and 0.4% is surface water found in rivers and lakes. In the Central American region, the main source of public supply is groundwater, as opposed to surface waters which are notably exposed to contamination and degradation due to harmful land-use practices and uncontrolled urban expansion. In the particular case of our country, it has been estimated that the potential annual recharge of groundwater is approximately 47,000 million cubic meters per year, which represents 20% of precipitation; it has also been calculated that of the 750,000 cubic meters of water used daily for human consumption, 70% (500,000 cubic meters per day) comes from groundwater catchments. The consumption and use of groundwater, compared to surface water, presents evident and clear qualitative and quantitative advantages such as the following: a) The investment for the extraction and exploitation of potable groundwater is carried out gradually depending on the increase in service demand, and the catchment areas can be located near the place where demand arises, all of which reduces conduction, treatment, and storage costs; b) the natural physical-chemical quality of groundwater is more constant than that of surface water and is potable with little or no treatment; c) as soil or rocks exist above the groundwater, it is more protected from contamination of natural or human origin; d) variations in quantity and availability in dry seasons or during rainfall are minimal compared to those of surface waters; e) they constitute a strategic reserve to face emergency states due to public calamity, internal commotion (e.g., earthquakes, hurricanes, volcanic eruptions, etc.) or war.

  VI.- GROUNDWATER AND FUNDAMENTAL RIGHTS. The issue of groundwater is intimately linked to various fundamental rights enshrined in the constitutional text and international human rights instruments. Our Political Constitution, in its Article 50, enunciates the right to a healthy and ecologically balanced environment, which is achieved, among other factors, through the protection and conservation of the quality and quantity of water for human consumption and use, and to maintain the ecological balance in the habitats of flora and fauna (e.g., wetlands) and, in general, of the biosphere as the common heritage of humanity. Similarly, access to potable water secures the rights to life – "without water, life is not possible" states the Water Charter approved by the Council of Europe in Strasbourg on May 6, 1968 –, to the health of persons –indispensable for their food, drink, and hygiene– (Article 21 of the Political Constitution) and, of course, is associated with the development and socioeconomic growth of peoples to ensure each individual dignified well-being and quality of life (Article 33 of the Political Constitution and 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights). Scarcity, lack of access or availability, and contamination of that precious liquid cause the impoverishment of peoples and limit social development to a great extent. Consequently, the protection and exploitation of groundwater reservoirs is a strategic obligation to preserve the life and health of human beings and, of course, for the adequate development of any people. In 1995, it was estimated that 1 billion inhabitants did not have access to potable water, and it is calculated that by the year 2025, nearly 5.5 billion people will experience water scarcity, with between 5 and 10 million people dying annually from the use of untreated water. In another vein, currently, the duty to preserve, for future generations, conditions of existence at least equal to those inherited has been recognized (sustainable development), meaning that the needs of the present must be satisfied without compromising the capacity of future generations to meet their own (Principle 2 of the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 1972). In essence, water, from an economic and ecological point of view, is a precious good, since it is indispensable for any human activity (industrial, agricultural, domestic, commercial, services, etc.), as a source of energy, raw material, transportation route, support for recreational activities, and constitutive element for the maintenance of natural ecosystems –non-polluting or environmentally compatible use of water–.

VII.- LEGAL NATURE AND REGIME OF GROUNDWATER, AQUIFERS AND RECHARGE AREAS: PUBLIC DOMAIN ASSETS. In our legal system, there is no single, systematic, and coherent normative body that globally regulates the protection, extraction, use, management, and efficient administration of water resources. Additionally, the scarce existing legislation focuses predominantly on surface waters, overlooking groundwaters. As is typical and inherent to Administrative Law, a normative dispersion and a fragmented, chaotic, and ambiguous set of sectoral norms can be observed in this matter, regulating specific aspects while leaving serious gaps and antinomies, all of which also seriously hinders environmental management by the public entities responsible for the matter. Obviously, the scant regulation of groundwater does not constitute an exception to the rule previously noted. In Water Law, various theses have been sustained about its legal nature –the variation of which depends on historical evolution–. Thus, groundwater has been considered as (a) private assets, making it a res nullius appropriable by its discoverer, that is, by the owner of the land where it emerges, following the maxim of Roman Law according to which ownership extends from the sky to the underworld. The nineteenth-century regulations on water resources (e.g., the Spanish Water Law of 1879 that inspired many Latin American legislations, including our Water Law of 1942) will give groundwater a character of (b) mixed asset, so that water made to emerge by the owner of a private piece of land will be private, and water that originates on public domain land, or the former after its owner has used it, will be public. Finally, starting in the twentieth century, many legislations will classify all groundwater as (c) public domain assets, based on the unquestionable unity of the hydrological cycle, thereby becoming part of what has been called the "public hydraulic domain" as part of the natural and not artificial domain; this position conceives water as a unitary resource subordinated to the general interest, so no distinction should be made between surface water and groundwater, since they are intimately linked to maintain their quality and quantity. According to this last thesis, groundwater is not appropriable by any private individual, and its classification as public domain assets constitutes sufficient title to subject it to a very strong and intense regime of administrative intervention in order to guarantee its integrity and quality and to remove it from the modes of acquisition and enjoyment typical of Private Law. In our legal system, based on a series of scattered norms, the legal nature of groundwater can be determined, with evident variations, according to the historical-legislative evolution. The Water Law No. 276 of August 27, 1942, and its amendments, in its Article 1, subsections IV, VIII, and IX, respectively classifies as public domain waters "Those of the (...) springs (manantiales) (...)", "Those of the springs that flow on the beaches, maritime zones, channels, beds, or banks of national property and, in general, all those that originate on public domain lands" and "Groundwater whose discovery is not made by means of wells", given that Article 4, subsection III, of that legal text deems private domain –and, therefore, belonging to the owner of the property– "The groundwater that the owner obtains from his own land by means of wells", with the surplus –from wells concessioned to obtain water for non-domestic purposes and ordinary needs– that leaves the land becoming public domain waters. Evidently, the Water Law of 1942 follows a mixed thesis regarding the legal nature of groundwater, since it combines the res nullius and, therefore, appropriable character of these if they are discovered on private lands with the public domain character if they emerge on land whose owner is a public entity. It would be two later laws, enacted during the last quarter of the past century, that reformed or modified, tacitly, what was established in Articles 1, subsections IV, VIII, and IX, and 4, subsection III, of the Water Law. In reality, these two new normative instruments fall within the contemporary current of conceiving groundwater as public domain assets by virtue of the unity of the hydrological cycle, and therefore are sufficient enabling title to admit a strong regime of administrative intervention to conserve the quantity, quality, and ensure rational and sustained exploitation of water resources. Thus, the Mining Code, Law No. 6797 of October 4, 1982, and its amendments, in its Article 4 provided the following: "(...) mineral sources and waters and groundwater and surface water are reserved for the State and may only be exploited by it, by private parties in accordance with the law, or through a special concession granted for a limited time and in accordance with the conditions and stipulations established by the Legislative Assembly (...)". In this way, a publicization and nationalization of all the country's groundwater occurred, including that which is discovered through a well located on private property for domestic uses or ordinary needs. Subsequently, the Organic Law of the Environment, No. 7554 of October 13, 1995, and its amendments, in Article 50 –epigraphed "Public domain of water"– reinforced that declaration of public domain status and stipulated that "Water is of public domain, its conservation and sustainable use are of social interest." This legislative instrument entails an express affectation of continental waters (surface waters and groundwater –without distinguishing them–) to the public domain of the State and classifies them as of social interest, thereby paving the way for eventual expropriations or limitations by reason of social interest (Article 45 of the Political Constitution), their protection, preservation or conservation, and sustained or rational use.

VIII.- AQUIFERS, RECHARGE AREAS AND DISCHARGE AREAS. An aquifer is a stratum or geological formation (unconsolidated deposits of loose materials such as sands, gravels, mixtures of both, sedimentary rocks like limestone, volcanic rocks, etc.) that allows the circulation of water through its pores or fissures, such that humans can utilize it in economically appreciable quantities to meet their needs. In a very broad sense, aquifers are the geological formations that contain water, have contained it, and through which water flows or circulates. Two of the hydrogeological parameters for defining the functioning of an aquifer –the relationship between recharge and water extraction or discharge– are porosity or permeability –hydraulic conductivity– and the storage coefficient. There are a series of geological formations that should not be confused with aquifers; thus, (a) aquicludes are geological formations that contain water inside but do not transmit it, preventing its exploitation; concerning the non-renewable, fossil, dead, stagnant, or non-flowing groundwater contained in these, there is not the slightest doubt that it is also of public domain, given that Articles 4 of the Mining Code and 50 of the Organic Law of the Environment do not distinguish between groundwater and surface water, much less between renewable and non-renewable groundwater, so they cannot be conceived as a res nullius susceptible to appropriation by the private discoverer. The (b) aquitard, for its part, comprises a set of geological formations that contain appreciable quantities of water but transmit it very slowly. Finally, the (c) aquifuge is that geological formation that neither contains water nor can transmit it. Regarding the typology of aquifers, hydrogeology classifies them, according to the hydrostatic pressure of the water enclosed therein, as follows: a) unconfined or phreatic aquifers in which a free surface of the water enclosed in them exists in direct contact with the air; their water table is at atmospheric pressure and is not limited by an impermeable layer; and b) confined or pressurized aquifers in which the water is subjected to a pressure greater than atmospheric. There is also the subcategory of perched aquifers, which are those unconfined aquifers with limited spatial distribution and temporary existence. The natural recharge of aquifers is produced by the volume of water that penetrates them during a period due to the infiltration of rainfall or a watercourse (e.g., influent rivers). Recharge areas, consequently, are all the areas of the ground surface where rainfall infiltrates the soil until reaching the saturated zone, joining the aquifer. The Forest Law No. 7575 of February 13, 1996, in its Article 3, subsection l), defines aquifer recharge areas as "The surfaces on which infiltration occurs that feeds the aquifers and river channels (...)". Natural discharge is the volume of water that, during a period, naturally leaves the aquifer through surface, subfluvial, or submarine springs, by evapotranspiration, or by vertical percolation to lower aquifers. Artificial discharge occurs through the extraction of water by means of wells, trenches, or tunnels. Groundwater discharge areas include all those points where the water table or phreatic level intersects the ground surface –springs, sources, seepages–, the course of a river, or marine or lake beds.

IX.- TYPOLOGY OF AQUIFERS IN COSTA RICA. In our country, two types of aquifer families are recognized:

a) Volcanic or fissured, formed in igneous rocks (volcanic and intrusive), representing the largest dimensions and best quality; and b) Sedimentary or granular in superficial formations. Regarding the first type, it should be noted that igneous rocks naturally do not have permeability; they possess a secondary porosity originating from the presence of fractures or fissures caused by cooling or tectonic events (areas linked to geological faults), thereby acquiring hydrogeological suitability.

This type of aquifer arises in high-altitude zones where precipitation is high and volcanic rocks are particularly present; known and studied examples of these are the aquifers of the Valle Central (e.g., Colima Superior e Inferior and Barva). From a hydrogeological perspective, our country presents ideal and exceptional conditions for the rational and measured exploitation of groundwater, since the Cordillera Volcánica Central is constituted by volcanic soils with a high natural infiltration capacity, provided they have not been compacted or eroded by human activities, thereby fulfilling an essential function in regulating surface water runoff and aquifer recharge. The high permeability of fractured and brecciated lava layers and the conditions of high rainfall favor the formation of high-potential aquifers. The existing tuffs, in turn, behave as rocks of low permeability that allow the constitution of aquitards that form the base of the aquifers and permit the vertical transfer of water between them. The location and geomorphology of the Cordillera Volcánica Central, with all its aquifers, is a first-order source of water to satisfy the needs of at least half the country's population, including the Gran Área Metropolitana and surrounding populations. The use of groundwater in this zone is carried out by means of wells or the capture of springs for domestic, industrial, and agricultural uses. In the Cordillera Volcánica Central, for the year 1996, the Nombre3992 had registered 3,460 wells for varied uses and 353 springs for public supply used by the ICAA, municipal corporations, rural aqueduct administrative associations, and other entities. This type of aquifer has also been located in the Liberia and Bagaces formations (Provincia de Guanacaste). It is fully established that this type of aquifer, due to its petrophysical characteristics, is more vulnerable to contamination in its recharge areas when these are not in protected or reserved zones and are exposed to anthropic activities such as deforestation, uncontrolled urbanization, and intensive and extensive agricultural activities involving the use of pesticides and agrochemicals, for which reason they are exposed to dangerous and slow degradation of their environmental quality. Superficial aquifers are composed of layers of unconsolidated rocks of recent and diverse origin; these are alluvial fills of some valleys that can reach thicknesses from a few meters to one hundred meters, are separated from the surface by a thin and permeable layer of soil and are thus highly vulnerable to contamination, especially when they are located beneath zones of anthropic occupation (urban development, industrial or agricultural crop cultivation). This type of aquifer is exploited in the Central Pacific region, such as, for example, the alluvial fill of the Valle del Río Barranca, which contains two coastal aquifers, the Barranca and El Roble aquifers.

X.- GROUNDWATER CONTAMINATION. Unlike surface water contamination, which is usually obvious and visible, allowing environmental actions aimed at mitigating or eradicating it, groundwater contamination, by its very nature, tends to go unnoticed and becomes evident when it has reached large proportions. Aquifer layers, due to the slow circulation of the waters, the absorption capacity of the terrain, and other factors, can take a very long time to show contamination. Additionally, the large volume of contained water means that extensive contamination takes a prolonged period to manifest itself, or, in the case of localized contamination, it is detected when it flows to some exploitation site. Indeed, this type of water has resistance to becoming contaminated; however, when this occurs, its regeneration can be extraordinarily slow and is sometimes irreversible due to the high cost of the means to do so. It has been demonstrated that attempts to repair the damage caused by contamination to an aquifer in order to achieve potable water levels once again have not been successful; the technologies for its clean-up have contributed little to reducing the damage and the methods are economically very expensive. To the above must be added the lack of organizational infrastructure, material, financial, and human resources, in the latter case, duly trained to evaluate, measure, and, in general, monitor the quality of this water and the exact dimension of its contamination. The degradation and contamination of aquifers imposes upon the legislator and public administrations the urgent and non-deferrable task of protecting them. Groundwater contamination can be direct or indirect; it is of the first type when contaminating substances are introduced directly into the aquifer, as in the case of cesspools or injection wells; it is of the second type when it is produced with dilution through contamination of the natural recharge. Contamination agents can be of very diverse kinds, that is, mineral, degradable organic (excreta and purines), slightly or non-degradable organic (pesticides, detergents, hydrocarbons), biological (bacteria, viruses, algae), radioactive, and gaseous. Aquifer contamination depends on the geological, hydraulic, and chemical conditions of each place or site, and is therefore a function of local factors, which is why knowledge of each zone and the study of similar cases is required. The origins of aquifer contamination can be of very diverse kinds, such as the following: a) contamination from domestic activity, which is organic and biological and originates from septic tanks, sewage system leaks, discharge of blackwater, to which must be added the increase in chemical products for domestic use such as detergents; b) contamination from agricultural activities, here we have the use of artificial fertilizers based on nitrates, phosphates, and potash or natural fertilizers—based on manure—, irrigation with wastewater and high-salinity water, and the use of pesticides (insecticides, herbicides, and plaguicides); c) contamination from livestock farming, essentially organic and biological, similar to domestic contamination but more intense when intensive farms are involved; d) contamination from surface waters, when they recharge and are, in turn, contaminated; e) contamination by saline intrusion, produced when marine and saline waters intrude in coastal regions due to overexploitation of coastal aquifers through wells; f) contamination from mining activities—mineral—, related to the evacuation of mine water and mineral washing sites; g) contamination from industrial activities, this type is as varied as the type of industry that originates it, being especially harmful those caused by heavy metals from the metallurgical industry, as well as from the chemical, petrochemical, food (organic substances), and beverage (detergents) industries; h) contamination from nuclear activities, although exceptional in our environment, can come from irradiated fuel treatment plants, radioactive minerals, and medical activity; i) contamination through poorly constructed wells, wells can interconnect several aquifers and, when they have broken or corroded casings at levels of poor-quality water or that allow the entry of surface water, can cause it; j) contamination through the discharge of wastewater through cesspools, septic tanks, sewage network leaks, or indiscriminate discharge to hydrographic basins; k) contamination from the discharge of solid waste, produced when a sanitary landfill is built on permeable or unsealed land through leachates; l) contamination from injection wells—a form of subsoil use as a waste reservoir—that are poorly designed, constructed, or used.

XI.- GROUNDWATER CONTAMINATION IN THE Dirección1566    . The main threat of contamination of aquifers in Costa Rica and, consequently, of groundwater is constituted by two factors: a) population growth and uncontrolled urban expansion over recharge areas, phenomena that generate leachates from solid and liquid waste of domestic and industrial origin, the inability of soils to infiltrate, the impermeabilization of recharge zones, and the overexploitation of aquifers; b) the use of agrochemicals in the intensive agriculture of coffee, bananas, cotton, and ornamental plants; and c) impermeabilization of recharge areas due to land-use changes, deforestation, and extensive livestock farming. In the case of the aquifers that supply the Gran Área Metropolitana (Dirección1567   , La Libertad, and Barva), evidence has been observed of some impact from bacteriological (sic), industrial contamination and an increase in nitrates, due to urban expansion and intensive agriculture in the recharge areas. Regarding nitrates, despite the good physicochemical and bacteriological (sic) quality of the water, a tendency toward an increase in nitrate concentrations has been detected, down the hydraulic gradient, which indicates that the groundwater is being affected, directly or indirectly, by the discharge from septic tanks and the use of nitrogenous fertilizers used in vegetable crops and coffee plantations. In the same way, an overexploitation of groundwater has been detected due to concentrated extractions, which has caused a decline in the water levels and in the flow of springs, and an eventual impermeabilization of the recharge areas since the aquifers are located in the zones of greatest urban growth with accelerated housing development through urbanization projects, whose effects, according to estimates, would be significant if an area greater than 20% of the recharge area is impermeabilized.

XII.- PROTECTION OF GROUNDWATER. Due to the characteristics of contamination of aquifers destined for public supply and their difficult regeneration, measures to prevent contamination must be preventive and protective, through the prohibition of certain human activities in designated zones or by ordering security measures for certain potentially contaminating activities. Our legal-administrative ordering (legislation, regulations and decrees) lacks, unfortunately, precise, clear, and complete regulation for the protection of aquifers, recharge zones, and groundwater capture areas. In foreign legislation (e.g., the Spanish Ley de Aguas 29/1985 of August 2), certain extraordinary powers of administrative intervention in the water economy are provided for, which directly concern the protection of aquifers, in order to achieve sustainable use of water resources, i.e., to guarantee water availability in sufficient quantity and required quality to meet present and future human and ecological needs. These extraordinary administrative powers, which must be admitted into our legal ordering—despite the lack of regulation—as implicit in the express and general competence for protection and conservation of groundwater attributed to the State and the decentralized entities of the water sector, are grounded in the need to achieve rational and balanced use of water. The scarcity and degradation of the natural conditions of the water resource impose the administrative possibility of adopting such measures to avoid its exhaustion or irreversible deterioration and to temporarily overcome the harmful effects that a water crisis may generate. This type of administrative measures entail various restrictions and drastic controls over the multiple uses or exploitations of water—especially general or special private ones—and over pre-existing activities that may affect the resource, insofar as they are justified by a public interest, and therefore do not affect the right of property or the integrity of the estate. In essence, such measures must be regarded as limitations of social interest that do not empty the right of property of its content or extend the public domain over groundwater without prior indemnification, but rather mold its essential content, and therefore must be borne, as a sacrifice or general burden, by all users, who, ultimately, are the beneficiaries of these, as they are aimed at correcting a conjunctural situation of scarcity or imminent contamination that affects the water resource economy in a determined zone. Such administrative intervention measures, virtually contained in Articles 32 of the Ley de Aguas of 1942 and 10 of the Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas (Decreto Ejecutivo No. 30387 of April 29, 2002), may be the following:

a)                Protection perimeters for aquifers: One of the most innovative instruments in the protection of water resources is the definition of protection perimeters for the conservation of the resource and its surroundings. This administrative intervention measure seeks to preserve the quality and quantity of the contained water but also of its container, i.e., the geological formation called an aquifer. This activity consists of projecting and tracing on the surface a demarcation under which an aquifer or part thereof is situated, in which a specific regime is established for the use of the hydraulic domain—ordering and restriction of pre-existing water concessions, prohibition of granting new ones—and for the control of activities and installations that may affect it—through authorizations—(e.g., mines, quarries; urban activities that include septic tanks, cemeteries, sanitary landfills—storage, transport and treatment of solid and liquid waste—; agricultural and livestock activities involving the deposit and distribution of fertilizers and pesticides, irrigation with wastewater and farms; industrial activities involving the storage, transport and treatment of liquid or gaseous hydrocarbons, chemical, pharmaceutical and radioactive products, food industries and slaughterhouses, etc.). Evidently, the definition of perimeters by the national authorities—MINAE and ICAA—must be respected by local governments (Municipalidades) and the INVU (given its residual competence in urban planning matters in the absence of local regulatory plans) in order to compatibilize, develop, and effectively reflect the conditions established in the definition of the protection perimeters in the regulations contained in the respective Regulatory Plans on land uses or territorial planning (e.g., zoning regulations, construction regulations, etc.). Obviously, to the above must be added the protection around capture areas (wells—PPP: well protection perimeters—, springs, springs, etc.), through the definition of an area around them in which certain human activities are prohibited or limited, regulating or controlling the land use. The determination of the perimeter depends on the well's capture or load zone (ZOC) and its extension depends on the characteristics and properties of the capture area and the recharge terrain, since the rules cannot be the same for permeable or fissured terrains as for those with impermeable formations. The definition of perimeters must be combined with the vulnerability or natural susceptibility cartography of the supply aquifers to anthropic contamination loads, depending on their hydrogeological and geochemical characteristics, in the face of anthropogenic contamination problems, which is achieved through the preparation of maps. Both measures, protection perimeters and vulnerability cartography, are ideal for being able to timely relocate a determined type of activity, the supply source, or, ultimately, introduce technical methods and instruments for the treatment and disposal of contaminating agents. The measures to be taken based on the perimeters and vulnerability cartography vary depending on whether it is (a) an area without territorial occupation, being useful for defining the activities that may or may not be installed in the future; (b) areas already occupied, in which case a mapping of natural vulnerability and the areas with the highest susceptibility to contamination is conducted, making it possible, faced with the threat of an elevated contamination index, to relocate activities, supply sources, and introduce technology for the treatment and disposal of contaminants; (c) areas already contaminated, for which alternative sources may be sought, the propagation of contamination plumes may be prevented, and, if possible, given its high cost, the waters of the aquifer may be treated after extraction; (d) areas for new catchment sites, in which case a survey must be made of the potentially contaminating activities and the impact area of each of these.

b)                Declaration of an aquifer as overexploited: The overexploitation of an aquifer occurs when extractions or exploitations are so intensive—discharge—and strong that they exceed the recharge volumes, whereby the water reserves of the aquifer are progressively diminished and degraded. Overexploitation causes harmful economic and natural effects; among the former, users may experience an increase in extraction costs—more energy to make the same quantities of water flow or expenses to deepen a well to reach the water level—, exhaustion of wells located in the peripheral zones of the aquifer and in those with a greater concentration of drillings; among the natural effects is the reduction in water flows in springs, rivers, streams, creeks, lagoons, lakes, and wetlands, thereby endangering their existence, and the affectation of the capacity of the geological formations—aquifers—to store water by diminishing the interstitial space in the rocks due to the lack of the interior pressure provided by the water, land subsidence (sic) due to compaction, with alteration of the aquifer, appearance of cracks, and landslides. In the hypothesis of aquifer overexploitation, the competent administrative authority can declare that state in order to revert the state of affairs through an ordering, restriction, and distribution of pre-existing extractions or exploitations to achieve rational exploitation and the immediate suspension of new applications or modification of concessions pending at that time. Of course, savings and good-use measures for the resources can also be implemented, such as the treatment and purification of wastewater to be reused in the irrigation of certain crops, drip or nighttime irrigation systems to palliate the effects of evapotranspiration, artificial recharge, etc.

c)                Declaration of an aquifer as undergoing saline intrusion: It is estimated that an aquifer is in the process of salinization when, as a direct consequence of extractions, generalized and progressive increases in the saline concentration of the captured waters are recorded, with the danger of becoming unusable. Salinization entails a reduction in the thickness of the freshwater layer beneath which marine water rises, so that the water from the wells ceases to be potable and even becomes useless for domestic use or irrigation, with the recovery of the aquifer being very difficult or almost impossible. This problem may arise in our country, especially in overexploited coastal aquifers—intrusion of maritime origin—in a gradual or generalized manner, although intrusion of continental origin at other points cannot be ruled out. The cause of saline intrusion lies in irrational exploitation or overexploitation, for which reason measures similar to those provided for when that problem occurs must be implemented, such as the ordering, restriction, and distribution of pre-existing exploitations or uses and suspension of new applications or modification of concessions.

d)                States of necessity and water crisis: In anomalous, exceptional, and conjunctural circumstances that cause a public calamity or internal commotion (e.g., extraordinary droughts, severe overexploitation of aquifers or generalized saline intrusion thereof), the State—through the Poder Ejecutivo—and, on the basis of the principle of necessity, may adopt the necessary and suitable measures regarding the use of the public hydraulic domain to overcome that state of affairs or prevent its aggravation. When the state of necessity ceases and normality is restored, other types of measures may be adopted, such as those set forth above (protection perimeters, declaration of aquifers as overexploited or in a process of salinization).

   XIII.- LEGAL PROTECTION OF GROUNDWATER IN COSTA RICA. Article 31 of the Ley de Aguas No. 246 of August 27, 1942, declares as "reserve of ownership in favor of the Nation" the following: "a) The lands that surround the sites of capture or intakes supplying potable water, within a perimeter of not less than two hundred meters in radius; b) The forest zone that protects or should protect the ensemble of terrains in which the infiltration of potable water occurs (...)". This declaration is of utmost importance, since from it arises the obligation of the State, through its competent organs, to set and determine the perimeter protection areas for wells or capture areas—of 200 meters—and, of course, for the recharge areas of aquifers—the zone where "the infiltration of potable water occurs"—that have or should have a forest layer for their protection, which are so sensitive for their conservation and protection. Similarly, from such an express affectation, the State may exercise recovery and possessory actions to guarantee the inviolability of those zones and withdraw them from all types of contamination by subjecting them to a strong regime of land-use control, an attribution that, very probably, it has omitted to exercise in a timely and exact manner. Article 32 of the Ley de Aguas of 1942 establishes that "When in an area greater than that previously indicated there is a danger of contamination of surface water or groundwater, the Poder Ejecutivo, through the Sección de Aguas Potables—currently ICAA—(...) shall order in said area the measures it deems opportune to avoid the danger of contamination"; this norm imposes an unavoidable duty of collaboration and cooperation upon the Poder Ejecutivo with the ICAA to adopt all opportune and convenient administrative acts and measures to avert the danger of contamination in an area larger than the protection perimeters of aquifer recharge areas and capture zones. The content of the norm is extremely significant and rich, since it empowers the State to adopt any opportune measure to avoid the irreversible damages and losses that a state of emergency due to a water crisis could cause. It evidently also concerns a competence that has not been exercised responsibly or has been underutilized. The Ley General de Agua Potable, No. 1634 of September 18, 1953, in its Article 2, establishes that "All those lands that both the Ministerio de Obras Públicas and the Ministerio de Salubridad Pública—organs of the Poder Ejecutivo that were substituted by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados by virtue of its Ley de Creación No. 2726 of April 14, 1961, and its reforms and, more specifically, Article 2, subsection h), which entrusted it with enforcing the Ley General de Agua Potable—consider indispensable to construct or to locate any part or parts of potable water supply systems, as well as to ensure the sanitary and physical protection, and the necessary flow of the same (...) are of public domain"; evidently, this norm has enormous transcendence, since the capture areas are declared of public domain, which may include springs—a form of natural discharge of groundwater—and, what is more important, it grants the condition of a public-domain asset to all those terrains necessary to ensure sanitary and physical protection and their flow, which, necessarily, includes the recharge areas of aquifers clearly delimited through the perimeter-demarcation activity already indicated, since the lack of protection of these zones necessarily affects the quality—by contamination—and flow—by impermeabilization or overexploitation—of the waters for human consumption and use that issue from a spring. The Ley Forestal No. 7575 of February 13, 1996, in its Article 33, subsections a) and d), respectively, provides that protection areas are " (...) those bordering permanent springs, defined by a radius of one hundred meters measured horizontally" and "The recharge areas and the aquifers of the springs, whose limits shall be determined by the competent organs established in the Regulation of this law"; evidently these norms give support to the administrative activity or intervention to define the protection perimeters of aquifers and capture zones. The Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 of October 13, 1995, in its Article 51, indicates that for the conservation and sustainable use of water, the following criteria must be applied, among others: "a) Protect, conserve, and as far as possible, recover aquatic ecosystems and the elements that intervene in the hydrological cycle", "b) Protect the ecosystems that permit regulation of the water regime" and "c) Maintain the balance of the water system, protecting each of the components of the hydrographic basins". Thus the need is established to protect and conserve the integrity and unity of the hydrological cycle without making distinctions, which comprises, especially, groundwater. Finally, Articles 5, subsection e), final paragraph of the Ley de Creación del ICAA (No. 2726 of April 14, 1961, and its reforms) and 15 of the Ley de Creación del Nombre3992 (No. 6877 of July 18, 1983, and its reforms) crown the regulatory framework for the institutional protection of groundwater by indicating, respectively, "The terrains necessary for the conservation and protection of water resources, as well as for the constructions that become necessary in the capture (...) are declared of public utility and social interest, and may be expropriated" and "The actions promoted by the State, with the object of ensuring the protection and rational use of water (...), are declared of public interest". In the legal-administrative ordering of waters, we will also find a series of obligations and burdens imposed upon private parties and subjects of public law—public entities and organs—for the adequate protection of the underground and surface public hydraulic domain. Thus the Ley de Aguas of 1942 and other legislative bodies establish a series of prohibitions and obligations for the owners and users of springs—which are a component of the discharge area of an aquifer—, such as the following: a) users or concessionaires must conform to the police and health regulations with regard to the surplus waters that are returned to a spring to avoid contamination or stench—failure to do so may result in the loss of the special exploitation and the penalty of a fine—(Articles 57 and 166, subsection III, ibidem); in concordant manner, the Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317 of October 21, 1992, in its Article 132, first paragraph, prohibits "(...) dumping serviced water, blackwater, waste or any contaminating substance in springs, rivers, creeks, permanent or non-permanent streams (...) lakes (...)" and imposes upon the violator of the norm a fine of 50,000 to 100,000 colones convertible into a prison sentence of one to two years. b) The construction of ponds for fish hatcheries is prohibited in springs destined for the supply of populations (Article 63 ibidem). c) Owners of lands where there are springs whose surrounding forests that gave them shelter have been destroyed are obliged to plant trees on the margins at a distance no greater than 5 meters (Article 148 ibidem). d) It is prohibited to destroy, both in national and private forests, trees situated less than 60 meters from springs that originate on hills or less than 50 meters from those that emerge on flat lands (Article 149 ibidem); the Ley Forestal No. 7575 of February 13, 1996, provides, in its Article 34, coincidentally, that "The cutting or elimination of trees is prohibited in the protection areas bordering permanent springs and the recharge areas and aquifers of the springs".

e) Every request for use of living waters, running waters, and springs (manantiales) must be submitted to the Ministry of Environment and Energy with the presentation of a series of requirements (article 178 ibid.). With regard to public entities and bodies that have competence and responsibilities in the protection of groundwater, a series of obligations and prohibitions are established, such as the following: a) Municipalities are prohibited from alienating, mortgaging, or otherwise encumbering, leasing, exploiting for timber (dar en esquilmo), lending, or exploiting on their own account – especially if it involves deforestation – the lands they own or acquire on the banks of rivers, streams, or springs (manantiales), or in watersheds or basins where springs (manantiales) originate or have their sources (articles 154 and 155 ibid.). b) Municipalities are obliged to reforest such lands (article 156 ibid.). c) Every Municipality, Board of Education, Social Protection Board, and, in general, every “public body” is obliged to consult the Ministry of Agriculture to obtain the respective permit before alienating, mortgaging, leasing, exploiting for timber, or exploiting on their own account lands they own or acquire that contain usable public-domain waters (article 157 ibid.). The General Health Law, No. 5395 of October 30, 1973, and its amendments, for its part, contains specific rules for the effective protection and conservation of groundwater; thus, article 275 stipulates that “It is prohibited for any natural or legal person to contaminate surface water, groundwater (...) directly or indirectly, through drainage or the voluntary or negligent discharge or storage of liquid, solid, or gaseous waste or residues, radioactive or non-radioactive, blackwater or substances of any nature, which, by altering the physical, chemical, and biological characteristics of the water, make it dangerous for the health of persons, terrestrial and aquatic fauna, or unusable for domestic, agricultural, industrial, or recreational uses.” For its part, provision 276 establishes that only with permission from the Ministry may drainage be carried out or the discharge of solid or liquid residues or waste or others that may contaminate surface water, groundwater, or marine water be performed, “(...) adhering to the regulatory safety standards and conditions and the special procedures that the Ministry imposes in the particular case to render them innocuous.” Articles 285 and 291 of that regulatory body, respectively, oblige every person to eliminate excreta and blackwater in an adequate and sanitary manner to prevent “contamination of the soil and of natural water sources for human use and consumption” and prohibit the discharge of industrial waste or waste from health establishments into the sewer system to “prevent contamination of water sources or courses.” Finally, article 309 of that law establishes that the Ministry of Health shall approve urban development projects, among other things, if it “(...) has adequate sanitary systems (...) for the disposal of excreta, blackwater, and greywater (aguas servidas).”

XIV.- ADMINISTRATIVE ENTITIES AND BODIES RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF GROUNDWATER AND, ESPECIALLY, OF AQUIFERS. DELIMITATION OF COMPETENCES. The management of groundwater resources covers various aspects such as the investigation of their potential, identification, categorization, planning of their uses, protection, rational use, prevention and sanctioning of ecological damage or contamination, environmental control and monitoring of their use, etc. Consequently, the ideal would be for a single regulatory and governing administrative entity to exist in the matter; however, the competences for the integrated management of groundwater resources are dispersed and fragmented, such that they are occasionally exclusive or exclusionary to a single entity and, most of the time, concurrent, shared, or parallel, which requires a particular administrative coordination effort to ensure their sustainable use. Within the heterogeneous and dispersed set of administrative entities and bodies that make up the Costa Rican public administration, a sector can be identified that has been assigned, by law or regulation, a series of inalienable, non-transferable, and imprescriptible competences in the conservation and protection of groundwater, which they cannot decline and must effectively exercise for the sake of a right to a healthy and ecologically balanced environment for all the country’s inhabitants. In that sector of the public apparatus or service organizations for satisfying the needs of the entire community, one group can be identified that belongs to the central administration or larger public entity—the State—which are, predominantly, certain Ministries or their bodies—and another made up of functionally decentralized or service-based entities—of a technical nature—and territorially—Municipalities.

1.- Central Administration.

a) Ministry of Environment and Energy, and its bodies the Water Department and the Water Advisory Body.

Article 3, subsection l), of the Forest Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 13, 1996, imposes on the Ministry of Environment and Energy the non-declinable competence of delimiting aquifer recharge areas—on its own initiative or that of interested organizations, and after consulting ICAA, SENARA, or any other entity technically competent in water matters.

Article 17, paragraph 1, of the Wildlife Conservation Law empowers and enables the Ministry of Environment and Energy to “(...) coordinate actions with centralized (sic.) or decentralized entities that execute agricultural soil, water, and forest conservation programs, in order to achieve the “sustainable” use of wildlife.”

This Ministry plays a fundamentally important role in one of the aspects of water resource administration, namely the control or oversight of the use and exploitation of groundwater to ensure its rational extraction. The Regulation for the Drilling and Exploitation of Groundwater (Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas) (Executive Decree No. 30387 of April 29, 2002), provides in its provision 1 that “Every drilling company must register (...) with the Water Department, in order to be issued the license that allows it to engage in groundwater drilling and exploration activities.” These functions are shared with SENARA and ICAA, since the Water Department of MINAE must refer the matter to them so that they may, respectively, issue a technical opinion, assign the well number, register it in the National Well Registry—SENARA—and rule on whether or not it harms drinking water supply sources—ICAA—(article 7). This regulation establishes that a drilling permit shall be denied in areas that do not allow rational exploitation of the water resource, such as those declared by the State or another competent institution as a water protection and reserve area, those suffering overexploitation, under conditions of vulnerability of the aquifer’s maximum exploitation capacity, those susceptible to saline intrusion, contamination, and other reasons that, in the judgment of MINAE and SENARA, affect the aquifer and prevent its exploitation, and those causing interference with other wells or water springs (nacientes de agua) (article 10).

Special mention must be made of the Water Department, assigned to the National Meteorological Institute—a body of MINAE—whose relevant functions, among others, according to article 3 of Executive Decree No. 26635-MINAE of December 18, 1997, are the following:

“a) Define national policies regarding the water resource.

b) Exercise dominion, surveillance, control, and administration of national waters.

c) Process concession requests for developing hydraulic forces for electricity generation.

d) Process and authorize permits for drilling wells for water extraction. (...)

J) Register well-drilling companies and user associations, as well as the changes made to their bylaws and representatives (...)

n) Apply the sanctions established in the Water Law, after due process has been observed (...)”

The Head of this Department, in turn, has important competences in the matter (article 4), such as the following: a) issue recommendation reports on concessions, transfers, flow increases, use expansions, or any other procedure related to the use of the water resource; b) approve well-drilling permits, etc. In provision 5 of the referenced decree, the “Water Advisory Body” is created, made up of representatives from various entities involved in the water sector (ICAA, SENARA, ICE, Public Universities, UNGL, etc.), whose functions include the following (article 7 ibid.): a) Advise and recommend policy guidelines regarding water resources, considering national and sectoral development plans, water availability, and existing legal regulations; b) Review and issue pronouncements on the Water Balance proposed by the Water Department and its administration for each region of the country; and c) Advise the Water Department in its setting of allowances for water use according to productive activity and the region where it takes place.

b) Ministry of Health.

The competences of this ministry are limited to enforcing the prohibitions established in provisions 275, 276, 285, and 291 of the General Health Law—direct and indirect contamination of surface water and groundwater, and discharge of industrial or health waste into the sewer system—and sanctioning their transgression. Likewise, it is responsible for approving urban development projects when they have adequate sanitary systems for the disposal of excreta, blackwater, and greywater (aguas servidas) (article 309 ibid.).

c) Ministry of Agriculture and Livestock.

MAG has, in reality, a secondary or residual competence in the matter, since the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils, No. 7779 of April 30, 1998, in its article 21, imposes on it, in water matters, the duty to coordinate with SENARA and any other competent institution “(...) the promotion of hydrological, hydrogeological, and agrological research in the country’s watersheds, as well as in practices for the improvement, conservation, and protection of soils in the watersheds (...).”

2.- Decentralized Administration.

a) ICAA (Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers)

The Constitutive Law of ICAA (No. 2726 of April 14, 1961, and its amendments) attributes to it, as relevant, the following competences (article 2): a) Direct and supervise everything related to providing the inhabitants of the republic with a service of potable water, collection, and evacuation of blackwater, liquid industrial residues, and rainwater in urban areas (...) c) Promote the conservation of watersheds and ecological protection, as well as the control of water contamination (...) d) Advise other State bodies and coordinate public and private activities in all matters related to (...) the control of contamination of water resources (...) its consultation being mandatory in all cases, and compliance with its recommendations inexcusable (...) f) Use, utilize, govern, or supervise, as the case may be, all public-domain waters indispensable for the due fulfillment of the provisions of this law, in exercise of the rights that the State has over them, in accordance with Law No. 276 of August 27, 1942, for which purpose the Institute shall be considered the substitute body for the powers attributed in that law to the State, ministries, and municipalities.” For its part, article 5 of that law enables ICAA to “c) Acquire movable and immovable property” and “e) Process the expropriations necessary for the fulfillment of its purposes, given that this same subsection, in its paragraph 2, declares of public utility and social interest, and subject to expropriation, “(...) the lands necessary for the conservation and protection of water resources, as well as for the constructions made necessary in catchment (...).” Provision 21 of the Law of Creation confers on ICAA the power to approve or disapprove any public or private project for the construction, expansion, or modification of greywater and rainwater disposal systems, this approval being mandatory, under penalty of nullity, in the case of the construction of subdivisions (fraccionamientos), urbanizations, or lotifications. Finally, article 22 of its law of creation establishes that “It is the obligation of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to cover the expenses demanded by the conservation, expansion, and security of the forests that serve to maintain water sources, on the properties of those Municipalities where it assumes the water and sewer services.”

According to article 2, subsection h), of the Law of Creation of this decentralized entity (No. 2726 of April 14, 1961, and its amendments), part of its competences is to enforce the Potable Water Law, No. 1634 of September 18, 1953, given that article 16 of this latter regulatory body prohibits installations, buildings, or works located in “zones near supply sources (...) that harm in any way (...) the physical, chemical, or bacteriological (sic.) conditions of the water; these zones shall be established by the Ministry of Public Works and Public Health”—bodies that, as already indicated, were substituted, for all legal purposes, by ICAA. Consequently, ICAA is also responsible for defining the protection areas for supply sources such as springs (manantiales) or sources (nacientes), which are a natural form of groundwater discharge. Article 34, final paragraph, of the Forest Law (Ley Forestal) imposes the task of carrying out the delineations of protection areas on INVU. In reality, this is a competence that is not exclusive or exclusionary to ICAA or INVU, but rather concurrent or shared, so both public entities have the duty to exercise it.

Article 3 of the General Potable Water Law, No. 1634 of September 18, 1953, imposes the obligation on ICAA to “(...) select and locate the waters destined for piped water service (...),” meaning it is this entity’s responsibility to carry out a detailed inventory of the springs (nacientes) that can be used to provide water for human consumption to populations, regardless of whether the supply and distribution are in the hands of a Municipality in a particular canton.

b) SENARA (National Groundwater, Irrigation, and Drainage Service).

Despite apparently having its competence limited to irrigation districts, drainage, and flood control—technical-administrative physical units for agricultural purposes to achieve their socioeconomic development, defined by Executive Decree at the request of this entity (articles 17 and 18 of its Law of Creation No. 6877 of July 18, 1983, and its amendments)—the fact is that its constitutive law assigns it important competences in groundwater matters, which evidently have a national scope and, therefore, are not limited to mere irrigation districts. This is corroborated by the background of this public entity, since Law No. 5438 of December 17, 1973—which ratified and replaced Executive Decree No. 1878-P of July 22, 1972—now repealed, created the National Groundwater Service (SENAS) with a clearly national scope for planning, research, and advisory services on everything related to the matter. Thus, among other objectives, SENARA has that of “seeking the optimal and fair use of (...) water resources—both surface water and groundwater—in agricultural activities (...) in the irrigation districts” (article 2). Its functions include “Investigating, protecting, and promoting the use of the country’s water resources, both surface and groundwater” and “Carrying out, coordinating, promoting, and keeping updated hydrological and hydrogeological research (...)” (article 3, subsections d and e). In article 4, it is established that SENARA is responsible for promoting and directing coordination and collaboration with other competent institutions and entities in matters such as “Prevention, correction, and elimination of all types of water contamination in the irrigation districts,” “Development and updating of an inventory of national waters, as well as the evaluation of their potential use for utilization in the irrigation districts,” and “Construction and maintenance of the works necessary for the conservation and renewal of aquifers usable for agricultural activities in the irrigation districts” (subsections c, ch, and f). Among the powers of its Board of Directors is that of issuing agreements to request recovery, expropriation, or purchase of “(...) lands on which water resources sit or subjacent (...)” (articles 6 and 7).

c) INVU (National Institute of Housing and Urbanism).

Article 34, paragraph 2, of the Forest Law (Ley Forestal) provides that the delineations of the protection areas contemplated in its article 33, among which are those bordering permanent springs (nacientes permanentes), recharge areas, and the aquifers of the springs (manantiales), shall be carried out by INVU. Additionally, Executive Decree No. 25902-MIVAHMP-MINAE of February 12, 1997, imposes on that entity the oversight of the “Urban Control Area” that covers certain districts in the Provinces of San José, Alajuela, Heredia, and Cartago, provided that the Municipal Government has not enacted a Zoning Regulation, given that in the “special protection zone,” all building construction must be carried out under strict control, with an Environmental Impact Assessment (Estudio de Impacto Ambiental) required to be approved by MINAE and a treatment plant for wastewater authorized by ICAA and the Ministry of Health to be built, to avoid “(...) the contamination of the aquifers and of the river channels into which they flow.”

d) MUNICIPALITIES.

Municipal corporations play a leading role in the protection and conservation of groundwater through a series of indirect instruments. Thus, the Urban Planning Law (No. 4240 of November 15, 1968), more than 35 years ago, based on provision 169 of the Political Constitution—insofar as it assigns them “The administration of local interests and services in each Canton”—imposed on them the duty to enact a regulatory plan to plan and control urban development and the related urban development regulations (article 15 et seq.). Within that regulatory plan and the zoning regulation, Municipalities must identify, in order to regulate, control, and restrict human activities (industrial, urban development, agricultural, etc.), the areas or zones reserved because an aquifer or its recharge or discharge area is located there. By application of the fundamental rights to a healthy and ecologically balanced environment (article 50 of the Political Constitution), to human life and health (article 21 ibid.), and for the sake of sustainable development, the cantons that, due to their geomorphological characteristics, have lands within their jurisdiction that host aquifers, their recharge and discharge areas, and springs (manantiales and nacientes) are especially called upon and obliged to regulate and establish rules, responsibly, efficiently, and effectively, regarding such matters, since groundwater sometimes provides supply and use not only for the canton’s populations but for various cantons, demonstrating a clear supra-local or national interest. The inhabitants of those localities, for their part, must bear the general burden or the limitations and restrictions on the use and exploitation of land and water derived from the determination and establishment of such protected areas, as it benefits them, the inhabitants of the other cantons that are supplied with the waters that flow through the aquifer and that surface or discharge in other cantons, and, of course, future generations.

XV.- PRECAUTIONARY PRINCIPLE OF ENVIRONMENTAL LAW AND PROTECTION OF GROUNDWATER.

One of the guiding principles of Environmental Law is the precautionary principle or principle of prudent avoidance. This principle is contained in the United Nations Conference on Environment and Development or Rio Declaration, which literally states: “Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.” In domestic law, the Biodiversity Law (No. 7788 of April 30, 1998), in its article 11, includes the following principles as hermeneutical parameters: “1.- Preventive criterion: It is recognized that it is vitally important to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2.- Precautionary criterion or indubio pro natura: When there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures.” In Vote No. 1250-99 of 11:24 a.m. of February 19, 1999 (reiterated in Votes Nos. 9773-00 of 9:44 a.m. of November 3, 2000, 1711-01 of 4:32 p.m. of February 27, 2001, and 6322-03 of 2:14 p.m. of July 3, 2003), this Tribunal held the following: “(...) Prevention seeks to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid containing the possible impact on the environment or the health of persons. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage—or a doubt about it—a precautionary measure must be adopted, including postponing the activity in question. This is because, in environmental matters, ex post facto coercion is ineffective, since if the socially harmful biological consequences have already occurred, the repression may have a moral significance but will hardly compensate for the damage caused to the environment.” Subsequently, in Vote No. 3480-03 of 2:02 p.m. of May 2, 2003, this Tribunal indicated that “Properly understood, the precautionary principle refers to the adoption of measures not in the face of ignorance of facts giving rise to risk, but rather in the face of a lack of certainty that such facts will actually produce harmful effects on the environment.” In the case of groundwater contained in aquifers and recharge and discharge areas, the precautionary principle or principle of indubio pro natura means that when there are no studies or reports conducted in accordance with the univocal and precisely applicable rules of science and technique that allow reaching a state of absolute certainty about the innocuousness of the activity intended to be developed on the environment, or these are contradictory among themselves, the entities and bodies of the central and decentralized administration must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification request, suspend those that are underway until the state of doubt is resolved, and, in parallel, adopt all measures aimed at their protection and preservation in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment. In essence, safe environmental management of groundwater requires protecting the resource before its contamination or degradation”

For its part, in judgment No. PHO4598 of 9:15 a.m. of May 5, 2017, this Tribunal ruled on the fundamental right to the environment and protection of water, holding the following:

“(…) In the sub examine, the appellant considers the fundamental right to the environment and protection of water to be harmed, since the D’Milagros Residential Complex project was exempted from complying with the application of SENARA’s hydrogeological vulnerability matrix, because no hydrogeological maps exist in Naranjo; and because ICAA exempted the urban developer from building a treatment plant and its respective sanitary aqueduct, to use a septic tank, with the risk that this implies for the protection of groundwater. In this regard, the Chamber has found it demonstrated that, indeed, by administrative resolution No. 0378-2015SETENA of February 17, 2015, SETENA granted environmental viability for the “Condominios D’Milagros” project, approving said work ab initio with the requirement to build a wastewater treatment plant. Subsequently, the project was changed from a horizontal property (condominium) to a residential urbanization of social interest, changing its name from “Condominios D´Milagros” to “Conjunto Residencial D´Milagros.” On July 11, 2016, by official letter SG-ASA-0626-2016, SETENA authorized the change of the project’s name to Conjunto Residencial D´Milagros, and on February 17, 2017, the developer requested an extension of the project’s environmental viability, which was granted by Resolution No. 130-2017 as Conjunto Residencial D´Milagros. It was also demonstrated that, on September 12, 2016, the developer processed an application for an exemption from the sewer network for said project before ICAA. On the occasion of that proceeding, through official letter No. SB-AID-2016-00291 of October 7, 2016, signed by the Deputy Manager of Environment of ICAA, the developer was informed of the decision of the Institutional Commission for Exemption from Sanitary Sewer Networks, where it was ordered to exempt the Conjunto Habitacional D’Milagros project from the sewer network. The foregoing was based on the fact that, for ICAA, sufficient technical and scientific evidence exists demonstrating that the project to be developed can use a septic tank as a wastewater treatment system, without this representing a danger to the environment or the water resource, and on the fact that there is no hydrogeological map in the canton of Naranjo. According to said study, 4 infiltration tests were carried out on the land, determining that the infiltration rate ranges within a range suitable for the use of individual treatment systems with disposal of treated wastewater. Nevertheless, despite the fact that this same study evidenced a confined aquifer in the project area, ICAA did not require the prior approval of SENARA. The hydrogeological study prepared by Asesorías Geotec S.A., provided by the developer, concludes, for example, on page 31, the following:

“a) The minimum thickness drilled in the geotechnical study of the pyroclastic deposits, which cover the ignimbrites and these, in turn, the aquifer in the area (pyroclastic flows and fall deposits), is sufficient for the elimination of the plume of bacterial contaminants generated by the septic tanks and drainage fields. The maximum survival time of pathogenic bacteria is 70 days in a porous medium, and with the calculation, 287.21 days is reached, 410 times the necessary; it is emphasized that only the thickness drilled during the geotechnical study is considered.

b) In accordance with the point above, the calculation of the horizontal distance that the bacteria will travel in the saturated medium should not be applied, since the plume of organic contaminants will be degraded within the evaluated aquitard thickness.

c) Due to the confined behavior of the aquifer and the degradation of the bacteria, there is no risk of contamination of springs (nacientes) or of wells near the evaluated site.

Consequently, in accordance with the results of this study, it has been found that the infiltration of the organic decomposition bacteria generated by the septic tanks and drainage fields does not represent a risk of contamination for the aquifer closest to the surface.”

Therefore, the construction of the D’Milagros Condominium Project is considered environmentally viable from a hydrogeological point of view, and it can be concluded that the subsoil will allow a rapid and complete degradation of bacterial contamination."

Even though this Tribunal does not ignore that the ICAA's criteria are essential for evaluating the impact that projects to be developed may produce on water resources, the fact is that this Chamber's jurisprudence has strengthened the necessary intervention of Nombre3992 when it comes to evaluating impacts on groundwater. At the moment when the administration becomes aware, upon assessing the hydrogeological study provided by the developer, that the urban development project to be built will be established on an aquifer or in its zone of influence, said study should have been brought to the attention of Nombre3992, so that it, in its technical specialty, could also verify its proper preparation and results. The foregoing is justified in application of the precautionary principle (principio precautorio), because in this way the institutions involved in authorizing this type of project ensure that the waters flowing beneath the project area will not be damaged, in the terms in which it is intended to be developed, when the intention is to exempt it from the existence of a treatment plant, since as previously demonstrated, the adverse effects produced on water sources can go unnoticed for a long time given that the waters are underground, the regeneration of water once contaminated is very slow, or has such a high cost that it makes the contamination something irreversible, and there is a deficit of technical and human resources to monitor groundwater quality and determine the exact extent of eventual contamination. Hence, such precautionary protection is required, because when the damage is detected, it is often already too late for a reversal of the situation. That is why a criterion such as that of Nombre3992 is essential in such cases. In this regard, it is appropriate to reiterate what was stated above in judgment No. 2010-20988, at 16:51 hours on December 15, 2010, regarding SENARA's powers:

"…It is evident that by express provision of the Law Creating SENARA (Ley de Creación del SENARA), Law number 6877, article 3 subsections ch) and h), Nombre3992 has the authority to protect the country's water resources, which is why its decisions regarding exploitation, maintenance, and protection shall be final and of mandatory compliance. This normative provision must be interpreted and applied in accordance with the provisions of article twenty-one of the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils (Ley sobre el Uso, Manejo y Conservación de Suelos) – from which it is defined that the Ministry of Agriculture and Livestock (or Department of Agriculture in the language used by the Water Law) maintains a secondary or residual competence in this matter. Thus, the integration of the recently cited norms informs that for the use of public-domain waters, every public entity – without distinction – has the obligation to obtain the corresponding permit from Nombre3992, to the point that the decisions that Nombre3992 adopts in a reasoned manner regarding this shall be final and of mandatory compliance. This definition is far from being a rhetorical statement of this Chamber; on the contrary, it stems from the responsible integration of the broad normative framework that regulates the matter, which, as stated, requires the progressive advancement and recognition proper to the sphere of human rights, given that the right to water and the right to a healthy and ecologically balanced environment are fundamental human rights. The Chamber warns that this clarification places Nombre3992 in a particularly relevant position regarding the management of the national water resource, which is important considering the eminently technical nature of this administrative agency, a position that must be reinforced and exercised through the necessary and due inter-institutional coordination of the different entities involved – ICAA, SETENA, MAG, Municipalities, among others. Thus, this Tribunal considers that the ICAA violated the precautionary principle (principio precautorio) in environmental matters, by having exempted the D´Milagros Residential Complex project from the implementation of a wastewater treatment plant, without the prior review by Nombre3992 of the hydrogeological study provided by the company, so that they could assess the estimated impacts on the aquifer studied in the project area. Note that the ICAA currently maintains as an institutional procedure for processing this type of request, the provisions of the Board of Directors in recital (considerando) 9 of agreement Placa860 the ICAA article 2 subsection d) of ordinary session 2002-024 of March 25, 2002, which provides that, in those places where sanitary sewer systems did not exist, there was no danger of groundwater contamination according to technical hydrogeological studies, and the density of the lots so permitted, the interested party must expressly submit for consideration by the ICAA Management to exempt them from building sanitary sewer networks; for this purpose, they shall send the technical studies prepared by a professional in Sanitary and Environmental Engineering together with the corresponding hydrogeological studies; said professional shall issue the pertinent recommendations so that the Board of Directors may then resolve by absolute majority. It is evident from the foregoing that, despite the repeated and subsequent pronouncements of this Tribunal and their binding erga omnes nature, according to the provisions of article 13 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), since 2002, the ICAA did not modify said procedure, implementing in said process the technical criterion of Nombre3992, despite its relevance when it comes to the protection of groundwater, and therefore it lacks an essential technical requirement that must be incorporated, in order to protect the environment in accordance with the precautionary principle (principio precautorio) that governs environmental matters.

Likewise, this Tribunal found it proven that the developer did not communicate to Nombre4361 the authorization by the ICAA to substitute the treatment plant with the use of a septic tank, even though the environmental viability (viabilidad ambiental) of the project in question had initially been granted under that condition; and a modification of such magnitude required to be reassessed. Indeed, Nombre4361 clarified to this Tribunal that the substitution of one wastewater treatment system for another that was not contemplated in the initial environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) process, and consequently, in the granted Environmental Viability, must be processed as a modification request before Nombre4361, so that it is the latter, through the Department of Environmental Auditing and Monitoring (Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental, ASA), that carries out the assessment of the proposal, defines the need for additional technical studies or complementary information, and notifies, by means of a Plenary Commission Resolution (Resolución de Comisión Plenaria), the Secretariat's decision regarding the change, which is lacking in the present case. Moreover, this implies that if the developer intends to carry out the project applying the exemption from using a water treatment plant, said project currently lacks a valid environmental viability…."

Likewise, this Tribunal, through judgment No. PHO1977 issued at 12:54 hours on September 11, 2019, resolved the following:

"VIII.- On the constitutional environmental principles. Following the line of reasoning regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment, we can verify the existence of a series of principles on the environment that have been extensively developed by this Tribunal. Thus, the State's action to guarantee effective environmental protection is conditioned by the constitutional environmental principles, which contribute to determining the content of the fundamental right of every person to a healthy and ecologically balanced environment (see judgment number 2007-2063 at 14:40 hours on February 14, 2007). Among the constitutional environmental principles developed by this Constitutional Chamber and that are relevant to the analysis of this case, we find the following:

            The State's protection of the environmental right: This principle derives from what is indicated in constitutional numeral 50 by establishing the State's obligation to guarantee, defend, and protect this right, whereby the State becomes the guarantor of the protection and defense of the environment and natural resources (see judgment number 064499 at 11:24 hours on January 29, 1999, and reiterated in judgment number 2002-4947 at 09:24 hours on May 24, 2002).
            Precautionary principle or principle of prudent avoidance (principio precautorio o principio de la evitación prudente): This concept has been developed in numbers 2806-98, 2003-06322, 20041923, and 2005-12039, among others, of this Tribunal, supported by article 15 of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, which alludes to the necessary action and effect of preventing possible damage to the elements constituting the environment in advance; thereby advocating for the implementation of actions aimed at the proper protection, conservation, and adequate management of resources, that is, the adoption of all technical or operational measures to avoid, prevent, or contain the possible impact on the environment or people's health. In this way, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage – or an objective doubt in this regard – a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed; because subsequent coercion is ineffective in this matter, given that, in most cases, the biological effects are irreversible, where repression may have moral significance but will hardly compensate for the damages caused to the environment. Likewise, the precautionary principle applies when there is no scientific certainty about the risks or impact on the environment of a measure, the studies or available information generate doubts about the risks or their possible negative impact. On the contrary, the principle of prevention (principio de prevención) applies in those cases where there is scientific evidence that the measure will cause damage to the environment. In this second case, the available information may be sufficient or insufficient, but with what exists, a degree of certainty is reached about the negative impacts that the measure will cause on the environment. The difference between one and the other lies in the existence or not of scientific certainty about the possible risks or injuries to the environment (see judgment number 2012-13367 at 11:33 hours on September 21, 2012).

In summary, this principle, based on article 50 of the Political Constitution and article 15 of the Rio Convention, already mentioned, obliges the Administration to adopt the necessary measures to give full protection to the environment and avoid damages that are irreversible.

            Principles of progressivity and non-regression of environmental protection. The first has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is set forth in articles 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, articles 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under these norms, the State assumes the obligation to progressively increase, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights, particularly those, which like the right to the environment (art. 11 of the Protocol), require multiple positive actions by the State for their protection and full enjoyment by all their holders. Likewise, from the principle of progressivity of human rights and the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, set forth in numeral 34 of the Magna Carta, the principle of non-regressivity or irreversibility of the benefits or protection achieved (principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada) is derived. This principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obliged not to adopt measures, policies, or approve legal norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the situation of the rights achieved up to that point. This principle does not imply absolute irreversibility because all States experience national situations, of an economic, political, social nature, or due to nature, that negatively impact the achievements made until then and force a downward reconsideration of the new level of protection. In those cases, the Law of the Constitution and the principles under examination require justifying, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, the reduction of protection levels (see judgment number 2012-13367 at 11:33 hours on September 21, 2012). In this way, we find a relationship between the principle of reasonableness as a parameter of constitutionality and the right to the environment, since, as this Tribunal indicated in judgment number 7294-1998, "the principle of reasonableness, in relation to the fundamental right to the environment, obliges that the norms issued regarding this matter be duly based on serious technical studies, even if there were no other legal regulation that expressly so established."

In summary, in accordance with these principles, the State is prohibited from taking measures that diminish the protection of fundamental rights, in this case, the right to a healthy and ecologically balanced environment.

            Principles of the objectification of environmental protection or principle of binding to science and technique (principios de la objetivación de la tutela ambiental o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica). This principle, which, as this Tribunal pointed out in judgment number 14293-2005 at 14:52 hours on October 29, 2005, translates into the need to accredit decision-making in this matter with technical studies, both in relation to the Administration's actions and general provisions – legal and regulatory – from which the requirement of "binding to science and technique" is derived, an element that provides a technical-scientific basis to the Administration's decisions in this matter, and by virtue thereof, limit and condition the Administration's discretionary power in its actions – in the terms provided in article 16 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). So that, in consideration of the results derived from those technical studies – such as environmental impact assessment studies – an objective technical criterion is evidenced that denotes either the environmental viability (viabilidad ambiental) of the project or the probability of evident damage to the environment, natural resources, or people's health, a circumstance that obliges establishing precautionary measures or the rejection of the proposed project, work, or activity; and in the case of a "reasonable doubt," it is mandatory to make decisions in favor of the environment (pro-natura principle (principio pro-natura)).
            Principles of rational use of natural resources (principios de uso racional de los recursos naturales). This axiom requires that there be a necessary balance between the country's development and the right to the environment, and with constitutional article 69, from which the principle of rational exploitation of the land is derived, imposing on both individuals and the State the obligation to protect and preserve renewable natural resources (see judgment number 2012-12716 at 16:01 on September 12, 2012). In this way, based on this principle, this Tribunal – in its various resolutions – has established the constitutional parameters for their proper use; and by virtue of which it is clear that environmental protection must be directed toward the adequate and intelligent use of its elements and their natural, sociocultural, technological, and political relationships (sustainable development), in order to safeguard the heritage to which present and future generations have a right. Therefore, the primary objective of the use and protection of the environment is that, through the production and use of technology, not only economic gains are obtained (freedom of enterprise) but, above all, a favorable development and evolution of the environment and natural resources with human beings, that is, without causing damage or harm" (see judgment number 6322-2003 at 14:14 hours on July 3, 2003).

However, it is necessary to clarify that, according to the jurisprudence of this Chamber, the right to the environment cannot yield to considerations of an economic nature, because it is a non-property right of undoubted importance not only for the country's current inhabitants but also for successive ones (see judgment number 1887-1995 at 09:15 hours on April 7, 1995).

Equally, in this principle we also find a relationship with the principle of reasonableness as a parameter of constitutionality and the right to the environment, since the requirement of rational use of natural resources is directly linked to a parameter of constitutionality of conduct – administrative and of individuals – and of the regulations governing the matter, such as reasonableness – according to the development of this Constitutional Tribunal's jurisprudence, for example see judgment number 2410-2007 at 10:15 hours on February 21, 2007 – insofar as its purpose is to tend toward the sustainability of the use of natural resources and the elements that make up the environment, through their "proper use"; and by virtue of which, as mentioned, it is clear that environmental protection must be directed toward the adequate and intelligent use of its elements and their natural, sociocultural, technological, and political relationships, in order to safeguard the heritage to which present and future generations have a right.

In summary, the Administration must promote sustainable use of natural resources, thereby ensuring that the country can develop economically without compromising the integrity of the environment or the heritage to which present and future generations have a right, nor yielding to considerations of an economic nature.

IX.- On the obligation to conduct technical studies in environmental matters. Now, based on the principles explained in the previous recital (considerando), we can affirm that the State has the obligation to conduct technical studies in environmental matters and the environmental impact assessment. In this regard, this Chamber, in judgment number 200815315 at 14:59 hours on October 10, 2008, has established the need for certain activities to have an approved environmental impact assessment. This is because such an administrative procedure allows the identification and prediction, from a technical-scientific point of view, of the effects that an activity may cause on the environment. In this sense, this Constitutional Chamber, in judgment number 2005-05544 at 15:38 hours on May 10, 2005, stated:

" VI.- The environmental impact study as an instrument of protection. Environmental norms must have a technical basis, because their application must start from the conditions to which the use and exploitation of natural resources must be subject. This is so because, since environmental damages and contamination are assessable, the impact of these elements requires a scientific evaluation and treatment. Therefore, the need for an environmental impact assessment, which, as determined by the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental), consists of a scientific-technical administrative procedure that allows the identification and prediction of which effects an activity, work, or project will exert on the environment, quantifying and weighing them to lead to decision-making (…) In accordance with article 17 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), number 7554, of September eighteenth, nineteen ninety-five, activities that require an environmental impact study approved by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) are those human activities that alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous material waste. Its prior approval by this body shall be an essential requirement to initiate the activities, works, or projects. Thus, the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment obliges the State to take preventive measures to avoid its impairment; and among the main measures established by the legislator in this regard, there are several technical instruments, among which the Environmental Impact Study stands out, according to the provisions of the cited article. Special emphasis must be placed on the fact that it is the condition of the project or work that will determine in each case whether the environmental impact study is required or not, not the establishment of arbitrary conditions, whether administrative or regulatory."

Likewise, this Tribunal also indicated the following:

"(…) The third paragraph of constitutional numeral 50 states very clearly that the State must guarantee, defend, and preserve every person's right to a healthy and ecologically balanced environment; which implies affirming that public entities are obligated not only to enforce – upon individuals and other public entities – environmental legislation, but also, above all, that they must adjust their actions to the dictates of those protective normative bodies. State institutions are the first called upon to comply with protective environmental legislation, without there being any justification to exempt them from complying with environmental requirements such as, for example, the environmental impact study required by the Organic Law of the Environment for activities undertaken by public entities that, by their nature, may alter or destroy the environment" (see judgment number 2001-6503 at 09:26 hours on July 6, 2001).

In summary, as indicated by the constitutional principles on environmental matters, the requirement of prior technical studies responds to the principle of subjecting decisions related to the environment to criteria of science and technique, in order to protect the ecological balance of the system and the health of the environment. Furthermore, the requirement of technical studies is not a mere formality but a material requirement, that is, it must be materially demonstrated, through a scientific and individualized analysis, the degree of impact of the corresponding measure on the environment, propose recommendations aimed at reducing the negative impact on it, and demonstrate how such a measure implies a development that meets the needs of the present without endangering the capacity of future generations to meet their own needs (see judgment number 2012-13367 at 11:33 hours on September 21, 2012).

X.- On the stewardship (rectoría) of the Ministry of Environment and Energy, as well as the necessary coordination of the different institutions on environmental matters.- In the previous recital, it was affirmed that State institutions are the first called upon to comply with protective environmental legislation, without any justification to exempt them from complying with environmental requirements. Consequently, in this section, the stewardship (rectoría) of the Ministry of Environment and Energy on environmental matters will be explained. Furthermore, the necessary coordination that must exist among the different State institutions will be set forth. In this sense, this Tribunal, in judgment number 2004-8928 at 16:37 hours on August 18, 2004, has mentioned that it is evident that the central State is the entity primarily charged with the defense of the environment, which is reaffirmed in the Organic Law of the Environment, number 7554 of October 4, 1996, which delegates to the Ministry of Environment and Energy a good part of the competencies in this matter, without absolving other public entities of their responsibilities in this field. Likewise, for the case in question, it is important to clarify that the Ministry of Environment and Energy also has the power to administer national wildlife refuges and wetlands, which is also derived from articles 82 and 84 of the Wildlife Conservation Law (Ley de la Conservación Silvestre), 32 of the Organic Law of the Environment, 13 of the Forestry Law (Ley Forestal), and 58 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) (see judgment number 2004-8928 at 16:37 hours on August 18, 2004).

Now, although the stewardship (rectoría) in environmental matters falls to the Ministry of Environment and Energy, it is necessary to clarify that the State, in a broad sense, is the guarantor of the protection and defense of the environment and natural resources (see judgment number 6922-2010 at XX on XX). That is, although the central State delegates the defense of the environment to the Ministry in question, this does not eliminate the responsibility that other State institutions have in this matter. In this regard, this Constitutional Chamber has also expressed the need for coordination among public agencies that seeks to guarantee environmental protection. In this way, it mentioned that:

"On various occasions, constitutional jurisprudence has indicated that environmental protection is a task that belongs to everyone equally, that is, that there is an obligation for the State – as a whole – to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, excessive or inadequate use of natural resources that endanger the health of those administered. In this task, by public institution, it must be understood to include both the Central Administration – Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health, which by reason of the subject matter have broad participation and responsibility regarding the conservation and preservation of the environment; which act, most of the time, through their specialized agencies in the matter, such as, for example, the General Directorate of Wildlife (Dirección General de Vida Silvestre), the Forestry Directorate (Dirección Forestal), and the National Environmental Technical Secretariat (SETENA); as well as decentralized institutions, such as the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), SENARA, the Costa Rican Tourism Institute (ICT), or the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA); a task in which, of course, the municipalities have great responsibility regarding their territorial jurisdiction. It is for this reason that one might think that this multiple responsibility would cause chaos in administrative management, which is not true, because in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships among the various agencies of the Executive Branch and decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to carry out the functions entrusted to them (…)" (see judgment number 2009-000139 at 08:53 hours on January 13, 2009).

In summary, although the State delegates to the Ministry of Environment and Energy a good part of the competencies in this matter, given that this Ministry holds the stewardship (rectoría) function in environmental matters and, therefore, is responsible for issuing environmental protection, management, and sustainable use policies for natural resources; it is also true that there is a need for coordination among public agencies that guarantee environmental protection. Therefore, State institutions, the Executive Branch, Legislative Branch, Judicial Branch, Municipalities, as well as any other institutions, are all bound by environmental legislation or that which is related to the protection of the environment (see judgment number 8928 at XX on XX and judgment number 8713-2008 at 09:06 hours on March 23, 2006).

VII.- Access to potable water as a human right. In addition to the foregoing, and perhaps (sic) the most relevant aspect in this matter is the nature and function of water for human life. It is not necessary to detail here an explanation of the evident and notorious reality that without water there can be no life, nor quality of life, and that therefore, with law or without nationalization law, by its very essence, this issue is not and cannot be a territorial or local issue.

The Constitutional Chamber itself has stated in its constitutional jurisprudence that access to potable water is a fundamental human right, insofar as it forms an integral part of the content of the right to health and to life

(…)

“V.- The Chamber recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, the environment, food, and adequate housing, among others, as has also been recognized in international Human Rights instruments applicable in Costa Rica: thus, it appears explicitly in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); moreover, it is enunciated in the International Conference on Population and Development held in Cairo (principle 2), and is declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. In our Inter-American Human Rights System, the country is particularly obligated in this matter by the provisions of Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (“Protocol of San Salvador” of 1988), which provides that: “Article 11. Right to a healthy environment 1.- Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services.” The lack of resources does not justify non-fulfillment of the duties of public administrations in providing this basic service. (CONSTITUTIONAL CHAMBER, resolutions 2003-04654 and 2004-007779).

For its part, as both the Attorney General’s Office and the AyA representative properly recognize in their reports, in the international field the recognition of water as a human right and as a necessary precondition for all our human rights is also majority. It is held that without equitable access to a minimum requirement of potable water, other established rights would be unattainable—such as the right to an adequate standard of living for health and well-being, as well as other civil and political rights. In November 2002, the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights affirmed that access to adequate quantities of clean water for domestic and personal use is a fundamental human right of every person. Likewise, in General Comment No. 15 on the implementation of Articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that “the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights.” It is also emphasized that the States parties to the International Covenant have the duty to fulfill progressively, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to enjoy sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use.

For its part, several international conferences have been held, among which the United Nations Water Conference held in Mar del Plata in 1977 stands out, which recognized that all peoples have the right to access to potable water to meet their basic needs. Also, the Declaration on the Right to Development, adopted by the UN General Assembly in 1986, includes a commitment by States to ensure equality of opportunity for all to enjoy basic resources.

The concept of meeting basic water needs was further strengthened during the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro. In Agenda 21, governments agreed that “in developing and using water resources, priority must be given to meeting basic needs and to the conservation of ecosystems. Similarly, in the Plan of Implementation adopted at the 2002 Johannesburg Summit, governments committed to ‘employ all policy instruments, including regulation, monitoring, and cost recovery of water services,’ without the objectives of cost recovery becoming a barrier to poor people’s access to clean water. Likewise, there are dozens of international instruments that directly and indirectly relate to water as a human right of all persons and peoples, such that it is not only an issue that by its nature tends toward nationalization, but also toward the internationalization of its use and utilization” (see judgment number 2006-5606 of 15:21 hours of April 26, 2006).

From the foregoing, we can affirm that a fundamental right to potable water exists, derived from the fundamental rights to health, life, and a healthy environment, among others, by virtue of which all persons must be granted the possibility of accessing potable water services under conditions of equality, since it is essential for human life and health. Likewise, access to potable water has been classified as a fundamental human right by various international instruments, which has been recognized in the ample constitutional case law. For example, as mentioned in the partially transcribed judgment, in General Comment No. 15 on the implementation of Articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that “the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights. In this manner, the States parties to the International Covenant have the duty to fulfill progressively, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to enjoy sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use.” Equally, regarding this matter we can find a vast number of international instruments that refer to the right to access to potable water, among which we can point out the following: United Nations Water Conference (Mar del Plata, Argentina, 1977, Action Plan), New Delhi Declaration on drinking water supply and environmental sanitation (India, 1990); United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, Brazil, 1992, Chapter 18 of Agenda 21), Dublin Statement on Water and Sustainable Development (Ireland, 1992, Guiding Principles and Action Plan), International Conference on Population and Development (Cairo, Egypt, 1994, Programme of Action), Johannesburg Declaration on Sustainable Development (South Africa, 2002, Para. 18), General Comment No. 15: The Right to Water (arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (Geneva, 2002); Resolution 64/292, adopted by the United Nations General Assembly in 2010: The Human Right to Water and Sanitation; Resolution 70-169, adopted by the United Nations General Assembly in 2015: The Human Rights to Safe Drinking Water and Sanitation; United Nations Summit on Sustainable Development (New York, 2015, Goals 6 and 7), etc.

Now, following what is indicated in the vote in question as well as in the mentioned international regulations, the so-called universal public service of potable water supply is inherently related to the guarantee of the fundamental right to potable water. In this sense, the supply of potable water constitutes an essential and onerous public service. The Chamber’s case law, in matters of potable water supply, has been directed fundamentally toward the protection of the right to life and health of natural persons. Those rights imply the possibility of demanding certain services from the State, an area in which the State is obligated to provide some public services, especially those that are essential for maintaining sanitary conditions favorable to the preservation of the life and health of persons. Thus, guaranteeing the purity of the liquid for human consumption, as well as the continuity of its supply, forms part of a proper and efficient service to the subscriber, and in turn guarantees their most elementary fundamental rights. Consequently, it can be assured that the supply of potable water constitutes an essential public service, to which the general principles of public services established by Article 4 of the General Public Administration Law and the provisions of the Constitutional Chamber regarding the fundamental right to the proper functioning of public services are also applicable (see in this regard judgment number 2386-2006 of 10 hours 57 minutes of February 24, 2006).

Moreover, this Tribunal has also determined that the water resource is of a public nature. In this way, in the vote partially transcribed, the following was also indicated:

“Article 18 of Law 2726, reformed by Law No. 5915 of July 12, 1976, expressly states that all properties and installations of State entities that are intended for the catchment, treatment, and distribution of potable water are national patrimony, therefore having the character of public domain, inalienable, imprescriptible, and unseizable, outside of private legal commerce, and as this Chamber has stated in its case law (votes numbers 2000-10466 and 2002-03821), they enjoy special protection, such that they are not susceptible to being appropriated by private parties, nor even by the Public Administration; nor being destined for purposes other than those that determine their own essence and nature, in such a manner that their protection—in terms that may be necessary—and administration, corresponds to the State in the Name317 of the Nation. Also in judgment 2004-01923 this Chamber makes an exhaustive analysis of the public nature of the water resource on the occasion of the protection of aquifers.

(…)

“Naturally, if the assets related to the administration of aqueducts and the properties that contain them belong to the Nation, with much greater reason waters and their forces do, as is expressly regulated in Articles 121 section 14) and 50 of the Organic Environmental Law. The concept of public ownership (demanialidad) of the water resource is enshrined in the Political Constitution in the cited norm that states that the following may not permanently leave the domain of the State: ‘the forces that may be obtained from waters in the public domain in the national territory,’ adding at the end of the article that they may be exploited in accordance with the law or through special concession, granted for a limited time, and determining its conditions and stipulations by law approved by the Legislative Assembly. In this way, waters are enshrined as public domain assets, subject to the principle of statutory reserve for their encumbrance, and may not leave the domain of the State. Their exploitation may be carried out directly by the administration or through concession by private parties.

(…)

The rest of the legislation in force reaffirms these principles of public ownership of the water resource.

(…)

“The public ownership of the water resource is taken up again in the Organic Environmental Law which declares that water is of public domain, its conservation and its use are of social interest (art. 50). This provision confirms the principle in force of the public ownership of the water resource.”

In this line of argument, it is necessary to indicate that access to potable water for human consumption has been guaranteed by the legislator in the Water Law, Law number 276 of August 27, 1942, and in the General Potable Water Law, Law number 1634 of September 18, 1953. Moreover, Article 60 of the Organic Environmental Law establishes the following: “To prevent and control environmental contamination, the State, the municipalities and other public institutions, shall give priority, among others, to the establishment and operation of adequate services in fundamental areas for environmental health, such as: a) The supply of water for human consumption (…).” In this sense, those regulations determine the priority that must be given to the establishment and operation of adequate water supply services for human consumption. Furthermore, the General Health Law, Law number 5395 of October 30, 1973, provides, in its Article 267, that “any water supply system intended for the use and consumption of the population shall supply potable water, continuously, in sufficient quantity to satisfy the needs of persons and with the necessary pressure to permit the correct functioning of sanitary fixtures in use.”

In summary, from the mentioned case law, as well as from the international and national regulations analyzed, it can be concluded that a fundamental right to access to potable water exists, in which the State is obligated to guarantee its supply, as the supply of potable water constitutes an essential public service.

Now, to guarantee this fundamental right, Article 1 of the Charter Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers states that:

“For the purpose of directing, setting policies, establishing and applying norms, carrying out and promoting planning, financing, and development, and resolving everything related to the supply of potable water and the collection and evacuation of wastewater and liquid industrial waste, as well as the regulatory aspect of stormwater sewer systems in urban areas, for the entire national territory, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is created, as an autonomous institution of the State.” Likewise, Article 2 of the same law indicates, in the relevant part, the following:

“The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers shall be responsible for:

a) Directing and overseeing everything concerning providing the inhabitants of the republic with a service of potable water, collection and evacuation of wastewater and liquid industrial waste, and of stormwater in urban areas;

b) Determining the priority, convenience, and viability of the different projects proposed to construct, reform, expand, modify works of aqueducts and sewers; which may not be executed without its approval;

c) Promoting the conservation of hydrographic basins and ecological protection, as well as the control of water contamination;

d) Advising other State entities and coordinating public and private activities in all matters relating to the establishment of aqueducts and sewers and control of the contamination of water resources, its consultation being mandatory in every case, and compliance with its recommendations being inexcusable;

e) Preparing all plans for public works related to the purposes of this law, as well as approving all those for private works related to aqueduct and sewer systems, as determined by the respective regulations;

f) To take advantage of, utilize, govern, or oversee, as the case may be, all public-domain waters indispensable for the due fulfillment of the provisions of this law, in exercise of the rights that the State holds over them, in accordance with law number 276 of August 27, 1942, for which purpose the Institute shall be considered the substitute body for the powers attributed in that law to the State, ministries, and municipalities;

g) Administering and operating directly the aqueduct and sewer systems throughout the country, which shall be assumed progressively taking into account convenience and availability of resources. The systems currently administered and operated by municipal corporations may continue in their charge, as long as they provide an efficient service.

(…)

i) Constructing, expanding, and reforming aqueduct and sewer systems in those cases where it is necessary and so advised by the best satisfaction of national needs; and

j) Controlling the adequate investment of all resources that the State allocates for aqueduct and sanitary sewer works.”

Consequently, according to that law, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers has been entrusted with the function of directing and overseeing everything concerning ensuring that the inhabitants of the republic can be provided with a potable water service in sufficient quality and quantity. The foregoing, with the ultimate purpose of guaranteeing the universal public service of potable water supply and, therefore, the satisfaction of the fundamental right of access to potable water.

In this manner, this Tribunal has determined that the omission by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers in taking measures to resolve problems of potable water undersupply implies a violation of the fundamental rights to the proper functioning of public services and to access to potable water (see judgment number 8640-2010 of 9 hours 4 minutes of May 14, 2010). Equally, this Chamber has also indicated that the public service of potable water supply must not only be continuous but must also ensure that it provides a sufficient quantity and quality of the potable resource, since deficiencies in said supply could likewise, eventually, constitute a breach of the fundamental right to water (see judgment number 262-2009 of 14:30 hours of January 14, 2009). Thus, it is clear that the provision of the public service of potable water supply is indispensable for the most basic well-being of the population.

Therefore, from what has been analyzed so far, it can be assured that the supply of potable water is considered within the Costa Rican legal system as a public service, which has primarily been entrusted to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (see judgment number 2007-011190 of 14:36 hours of August 7, 2007). That is, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is called “to have stewardship in the area of potable water and sanitary sewerage and its intervention in protecting the health of the inhabitants must be active and decisive, especially when there is inaction by the entities responsible for ensuring an adequate service” (see judgment number 2001-12957 of 16:29 hours of December 18, 2001). However, this Chamber has also clarified that “the AyA must—by legal and Constitutional mandate—ensure that the supply of potable water is provided to all inhabitants of the Republic; this obligation must be fulfilled in strict respect of the other norms and mandates that make up the Costa Rican legal system” (see judgment number 2001-2948 of 14:06 hours of April 24, 2001). Hence, it is necessary to explain that, as was established in the preceding recitals, the stewardship in environmental matters falls to the Ministry of Environment and Energy, therefore the stewardship of the water resource does not constitute an exception to this competence. Now, it is necessary to add that, after a detailed analysis of the regulations governing this matter, for example, the aforementioned Charter Law of the National Service of Aqueducts and Sewers, No. 2726 of April 14, 1961, the Organic Law of MINAE, No. 7152 of June 5, 1990, the Law of the Regulatory Authority for Public Services, No. 7593 of August 9, 1996, the Biodiversity Law, No. 7788 of April 30, 1998, the Law on Use, Management and Conservation of Soils, No. 7799 of April 30, 1998, and the Organic Regulation of the Ministry of Environment and Energy, Decree 35669 of December 4, 2009, which contains the functions of the current Water Directorate), it can be assured that the stewardship in this matter is held by the Ministry of Environment and Energy jointly and with due coordination with other institutions such as the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. Ergo, competence in water matters falls on the Ministry of Environment and Energy together with the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, as the institution responsible for supplying the potable water service, as well as in coordination with other institutions. In this regard, it is necessary to reiterate what has been stated regarding the requirement of coordination among the different State departments in environmental matters, the water resource being no exception. Thus, this Constitutional Chamber has indicated that “we must consent to the theme that in environmental matters there exists the inescapable need for coordination among public agencies that seeks to guarantee its protection. In this way, accepting this interpretation, we can affirm that this situation should apply to the issue of water and that related to its supply, administration, and protection. The foregoing because the issue of water has been defined by this Tribunal as a fundamental human right, insofar as it forms an integral part of the content of the right to health and to life, which by its essence cannot be defined as a territorial or local issue, for it is broadly accepted that without water there can be no life, nor quality of life (see for example judgments numbers 534-96, 2728-91, 3891-93, 1108-96, 2002-06157 2002-10776; 2004-1923).”

XII.- On the concept and nature of public domain assets and their relationship with the environment. Continuing with the previous wording, having established that we are faced with the questioning of a norm that allows the extraction of water from the natural patrimony of the State, it is necessary to develop the concept and nature of public domain assets and their relationship with the environment. In this way, this Tribunal, through judgment number 2004-8928 of 16:37 hours of August 18, 2004, established the parameters relating to the concept and nature of public domain assets and their relationship with the environment. In this regard, the following was indicated:

“In this framework of strict environmental protection, the Political Constitution also provides concrete rules relative to the legal regime applicable to public domain assets. Thus, Article 121 section 14) regulates it generically, by providing that assets ‘belonging to the Nation’ may only permanently leave its domain through authorization by the Legislative Assembly. These are assets that by their legal nature and ownership, insofar as they belong to the Nation and are destined to satisfy the general interest, enjoy a special legal protection. Therefore, they are not susceptible to being appropriated by private parties, nor even by the Public Administration, for purposes other than those derived from their own essence and nature. Their protection and administration correspond to the State, in the Name317 of the Nation (cfr. volume III of the Acts of the National Constituent Assembly, Session number 168, p. 468). In its case law, this Chamber has laid down the basic principles of the legal regime of public domain assets; in particular, in judgment number 2306-91 of fourteen hours and forty-five minutes of November sixth, nineteen ninety-one, it determined the following rules, which have continued to be applied consistently since said resolution:

“…The public domain is composed of assets that manifest, by express will of the legislator, a special destiny of serving the community, the public interest.— They are the so-called public domain assets, public assets, public things or public goods, which do not belong individually to private parties and which are intended for public use and subject to a special regime, outside the commerce of men.— That is, encumbered by their own nature and vocation.— Consequently, these assets belong to the State in the broadest sense of the concept, are encumbered to the service they provide and which invariably is essential by virtue of an express norm.— Characteristic notes of these assets are that they are inalienable, imprescriptible, unseizable, cannot be mortgaged nor be susceptible to encumbrance under the terms of Civil Law, and the administrative action replaces interdicts to recover the domain.— As they are outside commerce, these assets cannot be the object of possession, although one can acquire a right to the use, though not a right to the property.— The use permit is a unilateral legal act issued by the Administration, in the exercise of its functions, and what is placed in the hands of the private party is the useful domain of the asset, the State always reserving for itself the direct domain over the thing…”

A corollary of the foregoing is that only by Law may they be deprived of the special regime that governs them, declassifying them, separating them from the public end to which they are linked. An express and concrete legislative act is required, such that no doubt remains of the legislator’s will to remove from the public domain a determined and individualized asset. Article 14 of the Forestry Law, number 7575, of February thirteenth, nineteen ninety-six, gives forest lands and forests the character of public domain assets:

“Article 14.- Unseizable and inalienable condition of the natural patrimony The forest lands and forests that constitute the natural patrimony of the State, detailed in the previous article, shall be unseizable and inalienable; their possession by private parties shall not cause any right in their favor and the State’s reivindicatory action for these lands is imprescriptible. Consequently, they cannot be inscribed in the Public Registry by means of possessory information and both the invasion and the occupation of them shall be sanctioned in accordance with the provisions of this law.” According to the classification given by environmental regulations, the forest or natural patrimony of the State is composed of forest reserves, biological reserves, protective zones, wildlife refuges, wetlands, and natural monuments (Article 32 of the Organic Environmental Law, number 7554, of September eighteenth, nineteen ninety-five). Thus, it is clear that the Costa Rican legal system confers special and qualified protection to assets encumbered to public use or enjoyment, and clothes said protection with even greater care when regulating public environmental assets. These are assets belonging to the Nation, being encumbered to a purpose of undeniable general utility, and for which purpose their administration has been entrusted, in the cases where the Law expressly so determines, to the central State, so that environmental policies follow consistent parameters in accordance with the need for integral and continuous protection of the environment. Even though for registration purposes public domain assets may be inscribed in the Name317 of the public entity entrusted with their protection, the truth is that these assets belong to no particular public entity, but to the Nation (…).”

Likewise, that relating to the concept of public domain assets was expanded by this Tribunal in judgment number 2007-2063 of 14:40 hours of February 14, 2007, which established the following:

“VI.- ON THE PUBLIC DOMAIN.- As this Chamber has considered in various precedents (judgments number 5399-93, 3145-96, 5027-97, 298899, 2000-10466, 2002-8321; 2003-3480; 2005-7158), the legal regime of public domain assets is special and differentiated according to the type of asset involved. The distinction between private assets or things and public assets and things is made to depend, in the first place, on the ‘ownership’ or ‘domain’ of the asset, since its differentiated nature and legal regime are defined by this element; and consequently, on the applicable law, insofar as the former is subject to private law, and the latter to public law. Thus, by public domain assets must be understood the set of assets—both immovable and movable—that have a nature and legal regime virtually opposite to private ones, insofar as they are assets that by express will of the constitution-maker or the legislator are encumbered to a special destiny of serving the community, that is, the public interest, and which, therefore, cannot be the object of private property, such that they are outside the commerce of men, that is, they cannot belong individually to private parties, nor to the State—in a strict sense—since the latter is limited to their administration and protection.

Thus, public domain property and private State property (fiscal property) are differentiated by their purpose and the titleholder, in that what defines the legal nature of the former is the destination given to this type of property, that is, insofar as they are affected and are at the service of public use, in the terms provided in article 261 of the Civil Code (In this same sense, rulings number 2306-91 and 2988-99, among others, may be consulted.) It is thus that the following enter into this category—without constituting a closed list—the maritime-terrestrial zone, the forest or natural heritage of the State (natural heritage (patrimonio natural del Estado))—protected areas—(comprised of national parks, forest reserves, biological reserves, protective zones, wildlife refuges, wetlands, and natural monuments—article 32 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), number 7554, of September eighteenth, nineteen ninety-five—), the hydrographic protection zones—article 33 of the Forest Law (Ley Forestal)—(contiguous to springs (nacientes), to the banks of rivers and lakes), the border zones (article 10 of the Vacant Lands Law (Ley de Terrenos Baldíos), number 13, of January tenth, nineteen thirty-nine), the right of way, railway lines, indigenous reserves, the historical-architectural heritage, mineral resources, the archaeological heritage, etc. These are property that, by their vocation and destination, are outside the commerce of men, such that they are inalienable, imprescriptible, and unattachable, such that their ownership or possession is not possible, neither for gratuitous nor onerous title; they cannot be lost by prescription, nor gained by usucapion, such that they are property that permanently retain their legal validity; and they are not subject to attachment; in addition, they are subject to police power, regarding their exploitation and use, since it is conditioned on the granting of the respective licenses and permits and on the control and oversight by the Administration.

(…)

VIII.- CONTINUATION.- In the case of demanial property, a distinction must be made between those that are so in the character of the Nation, precisely by their ownership and by the normative source of the affectation (afectación), insofar as the determination derives from the constitutional norms themselves—those that are defined and determined precisely in the Political Constitution itself are included, in articles 6, 50, 89, and 121 subsection 14) of the Constitution, that is, territorial waters, coasts, airspace, the continental shelf, the insular shelf, the natural resources and riches of the water, soil, and subsoil, natural beauties, the historical and artistic heritage of the Nation, the forces that may be obtained from public domain waters within the national territory, coal deposits, sources or deposits of petroleum, hydrocarbon substances, deposits of radioactive minerals, wireless services—what is modernly known as electromagnetic space—, and railways, docks, and airports that are in service—; and those that are so by provision of law or executive decree—in the cases provided in the law—, where it is the decree that determines the real estate that is incorporated into the forest heritage (patrimonio forestal del Estado) of the State, its category, and its subjection to the respective management plan, and as noted previously, also its subjection to a specific public purpose, insofar as it marks the destination of the property to public use or service or to another determinative purpose that justifies its demaniality. It is thus of interest to highlight that dominical or demanial property have that character by virtue of a given affectation (afectación), either by an express norm of our Fundamental Charter or by legal provision, which denotes its subjection to a specific public purpose, insofar as it marks the destination of the property to public use or service or to another determinative purpose that justifies that demaniality. By virtue of which, the affectation being the legal link by which the property is integrated into this category of property, according to its destination and in conformity with the corresponding legal provisions, this implies, as a logical consequence, that only by law can they be deprived of that special regime that regulates them, to separate them from that public purpose to which they are linked (that is, for their desafectación (desafectación)); and it is in this sense that an express and concrete legislative act is required, such that there is no doubt whatsoever of the legislator's will to remove a determined and individualized property from the public domain; for which reason this Chamber has considered that a generic desafectación is not possible, and much less, an implicit one; that is, in this matter there cannot exist an "open type of desafectación," so that the Administration, through its discretionary acts, may complete it, pointing them out; and in this sense, it is important to recall that every desafectación, as it must come from a legislative act, will be subject to the corresponding jurisdictional controls—in this sense, see rulings number 2000-10466 and 2002-8321. Likewise, it must be remembered that for the desafectación of the forest heritage (patrimonio forestal)—which translates into the reduction or elimination of the protected wilderness area—, it can only be done by law of the Republic, after conducting the prior technical studies (environmental impact study) that justify the measure, in the terms provided in article 38 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente). Lastly, it is important to highlight that, in the case of demanial property of the Nation, its desafectación could only occur by constitutional reform, in application of the principle of parallelism of forms, it is repeated, following a technical study that accredits the desafectación, as indicated previously. Furthermore, regarding its use and/or concession, it can only be approved by the Legislative Plenary, not by Full Legislative Commissions, in the terms provided in article 124 of the Constitution (rulings number 2002-8321 and 2004-8928)."

Now, regarding the natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado), a topic of importance for the present case, it has been mentioned, in accordance with the partially transcribed rulings, that it is a public domain property whose conservation and administration are entrusted, by law, to the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), through the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) (Forest Law (Ley Forestal), arts. 6 subs. a and 13 para. 2°, and 14; Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), article 32, para. 2°). It is comprised of two important components: a) Protected Wilderness Areas, whatever their management category, declared by Law or Executive Decree: forest reserves, protective zones, national parks, biological reserves, national wildlife refuges, wetlands, and natural monuments (Forest Law (Ley Forestal) 7575, arts. 1°, para. 2°, 3° subsection i; Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) 7554, article 32; Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) No. 7788, arts. 22 et seq. and 58; National Parks Service Law No. 6084, article 3° subs. d and f, in relation to the Organic Law of MINAE No. 7152 and its Regulation; Wildlife Conservation Law No. 7317, article 82, subsection a). b) The remaining forests and forest lands or lands of forest aptitude of the State and public institutions (article 13 of the Forest Law (Ley Forestal)), which have an immediate legal affectation. For the maritime-terrestrial zone, the same Law 6043 (article 73) excludes Protected Wilderness Areas from its scope and subjects them to their own legislation. The rest of the forested areas and lands of forest aptitude of the coastlines are also under the administration of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía) and are governed by their specific regulations (Forest Law (Ley Forestal), article 13 and concordant provisions) (see ruling number 2008-16975 of 14:53 hours on November 12, 2008). Additionally, this Tribunal has also indicated that protective zones play a preponderant role in the balance of the environment, understood as the set of things that surround the individual such as: climate, soil, light, wind, rain, food, cold, heat, habitat, etc., and in the balance of the ecosystem due to the exchange relationship that occurs between the living part of nature and the inert part thereof. Hence the need to protect the soil, the regulation of the hydrological regime, the conservation of the environment, and that of hydrographic basins. These zones are created by law or via executive decree and in them, also by legal provision, it is prohibited to carry out agricultural activities or destruction of vegetation (see ruling number 2007-2063 of 14:40 hours on February 14, 2007).

On the other hand, according to the partially transcribed rulings, the protective regime contemplated in the Forest Law (Ley Forestal) for the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) implies: that the lands are inalienable; their possession by private individuals "shall not cause any right in their favor" and the State's action to recover them is imprescriptible; they cannot be registered in the Public Registry through possessory information; their invasion and occupation is sanctioned as a crime; logging, forest exploitation, or land-use change (cambio de uso del suelo) are not permissible, and only research, training, and ecotourism activities may be authorized (articles 1, paragraph 2°, 3 subsection a), 14, 15, 18, 58 subsections a) and b) and 61 subsection c) (see ruling number 2012-12716 of 16:01 on September 12, 2012).

Consequently, it is clear that the competence that the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía), through the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), holds is exclusive, this being a matter of national interest. In this sense, article 13 of the Forest Law (Ley Forestal), Law number 7575, mentions that

"Constitution and administration. The natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado) shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in its Name and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except real estate that guarantees credit operations with the National Banking System and enters to form part of its heritage. The Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía) shall administer the heritage (…)" (underlining not from the original).

Likewise, article 14 of the same law states:

"Unattachable and inalienable condition of the Natural Heritage. The forest lands and forests that constitute the natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado), detailed in the preceding article, shall be unattachable and inalienable; their possession by private individuals shall not cause any right in their favor and the State's action for recovery (acción reivindicatoria) of these lands is imprescriptible. Consequently, they may not be registered in the Public Registry through possessory information and both the invasion and the occupation thereof shall be sanctioned in accordance with the provisions of this law." In a similar sense, article 32 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) determines the following:

"Classification of protected wilderness areas. The Executive Power, through the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), may establish protected wilderness areas, in any of the management categories that are established and in those indicated below: a) Forest reserves.

b) Protective zones.

c) National parks.

d) Biological reserves.

e) National wildlife refuges.

f) Wetlands.

g) Natural monuments.

These management categories and those created in the future shall be administered by the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), except those established in article 33 of this law. Municipalities must collaborate in the preservation of these areas" (underlining not from the original).

This has been endorsed by the Chamber through ruling number 2012-2678 of 14:30 hours on February 29, 2012.

Furthermore, article 22 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), Law number 7788, indicates the following:

"The National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) is hereby created, hereinafter referred to as the System, which shall have its own legal personality; it shall be a decentralized and participatory institutional management and coordination system, which shall integrate the competencies in forestry matters, wildlife, protected areas, and the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), for the purpose of issuing policies, planning, and executing processes aimed at achieving sustainability in the management of the natural resources of Costa Rica. In accordance with the foregoing, the General Directorate of Wildlife (Dirección General de Vida Silvestre), the State Forest Administration (Administración Forestal del Estado), and the National Parks Service (Servicio de Parques Nacionales) shall exercise their functions and competencies as a single instance, through the administrative structure of the System, without prejudice to the objectives for which they were established. The protection and conservation of the use of hydrographic basins and water systems are included as a competence of the System."

Likewise, numeral 28 of the same law states that:

"The System shall be constituted by territorial units called

Conservation Areas (Áreas de Conservación) under the general supervision of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), through the National Council of Conservation Areas (Consejo Nacional de Áreas de Conservación), with competence over the entire national territory, as the case may be regarding protected wilderness areas, areas with a high degree of fragility, or private areas of economic exploitation. Each Conservation Area is a territorial unit of the country, administratively delimited, governed by a single development and administration strategy, duly coordinated with the rest of the public sector. In each, both private and state activities in the area of conservation are interrelated without detriment to the protected areas. The Conservation Areas shall be responsible for applying the legislation in force in matters of natural resources, within their geographic demarcation. They shall execute the policies, strategies, and programs approved by the National Council of Conservation Areas (Consejo Nacional de Áreas de Conservación), in matters of protected areas; likewise, they shall be in charge of the application of other laws that govern their subject matter, such as the Wildlife Conservation Law, No. 7317, of October 30, 1992, and the Forest Law (Ley Forestal), No. 7575, of February 13, 1996, the Organic Law (Ley Orgánica), No. 7554, of October 4, 1995, and the Law Creating the National Parks Service (Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales), No. 6084, of August 24, 1977. Based on the Council's recommendations, the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía) shall define the territorial division that is technically most advisable for the Conservation Areas of the country, as well as their modifications."

In summary, it is clear that the legal regime created by articles 13 and 14 of the Forest Law (Ley Forestal) has a protective purpose, since, in accordance with the text of said norm, its objective is to provide demanial protection to State-owned lands with forest or forest lands, which would be placed under the administration of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía). That heritage is classified by article 14 of the Forest Law (Ley Forestal) as a public domain property, which, according to articles 13 of the Forest Law (Ley Forestal) and 22 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), must be administered by the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación). Thus, the competence in this matter lies with the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía), through the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), a competence that is exclusive, this being a matter of national interest. Furthermore, according to the indicated regulations, the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) unifies the competencies in forestry matters, wildlife, protected areas, and the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), for the purpose of issuing policies, planning, and executing processes aimed at achieving sustainability in the management of the natural resources of Costa Rica.

VI.- ON THE HUMAN RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT AND TO WATER AND ITS PROTECTION WITHIN THE INTER-AMERICAN HUMAN RIGHTS SYSTEM.

This right has been extensively analyzed by the Inter-American Court of Human Rights (Corte IDH) in its judgment issued in the Case of the Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat (Our Land) Association v. Argentina, confirming (para. 222) that the right to water is protected by article 26 of the American Convention on Human Rights; this follows from the norms of the OAS Charter, insofar as they allow for the derivation of rights from which, in turn, the right to water derives. As also emanate other ESCER such as the right to a healthy environment, the right to health, and the right to adequate food. Water, due to its importance for ecological systems and for human beings, is a "central right" in that it articulates several other rights that depend on it for their realization, such as life, a healthy environment, health, food, territory, culture, the continuous improvement of the standard of living, among others. Given the interdependence of these rights, it can be affirmed that if the right to water is violated, consequently these enunciated rights, including the right to a dignified standard of living, would also be violated. In the international sphere, it is considered that this right is contained in article 25 "an adequate standard of living" of the Universal Declaration of Human Rights and article 25 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Other treaties referring to specific aspects of the protection of human rights make express reference to water, such as the Convention on the Rights of the Child, in article 24, or the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, in article 14, referring to "particular problems faced by (…) rural women." Additionally to the foregoing, it must be highlighted that the United Nations, through its General Assembly, issued on July 28, 2010, Resolution 64/292 titled The human right to water and sanitation, which recognizes that "the right to safe drinking water and sanitation is a human right essential for the full enjoyment of life and all human rights."

Likewise, it is relevant to note that the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter CESCR) has expressed that "the right to water contains both freedoms and entitlements." The former implies being able to "maintain access to a water supply" and "not to be subject to interference," among which may be "contamination of water resources." The entitlements, for their part, are linked to "a system of water supply and management that provides equal opportunities for people to enjoy the right." It also emphasized that "water should be treated as a social and cultural good, and not fundamentally as an economic good," and that "the following factors apply in any circumstances: (a) Availability. The water supply for each person must be continuous and sufficient for personal and domestic uses (…). (b) Quality. The water required for each personal or domestic use must be safe (…). Furthermore, the water should have an acceptable colour, odour and taste (…). (c) Accessibility. Water and water facilities and services must be accessible to all, without discrimination, within the jurisdiction of the State Party." The CESCR, when explaining how the right to water is linked to other rights, also noted the importance of "ensuring sustainable access to water resources for agricultural purposes for the realization of the right to adequate food." It added that "States should ensure adequate access to water for subsistence agriculture and to ensure the subsistence of indigenous peoples." It held that "environmental hygiene, as an aspect of the right to health (…) entails taking non-discriminatory measures to avoid health risks posed by unsafe and toxic substance-contaminated water." Likewise, the Inter-American Court (Corte IDH) has indicated in the same sense that the "right to water" (as also the rights to food and to participate in cultural life) is "among the rights particularly vulnerable to environmental impacts."

While the right to water is not expressly recognized in the inter-American system, the set of its instruments establishes a series of rights that are closely linked to access to water and its different dimensions, such as matters relating to the conditions of availability, quality, and accessibility of water without any discrimination. Indeed, it is important to specify that although the jurisprudence relating to access to water is still under development in the inter-American system, there currently exist important decisions that have shed light on the obligations resting on States to guarantee access to water without discrimination. In the last decade, the jurisprudence of both the IACHR and the Inter-American Court has addressed a series of issues relating to access to water through the interpretation of the content of a series of human rights established in the inter-American instruments, for which it has considered contributions from the universal system and technical information from a series of specialized organizations. Both the IACHR and the Inter-American Court have indicated that human rights treaties are living instruments, whose interpretation must keep pace with the evolution of times and current living conditions. Such an evolutive interpretation is consistent with the general rules of interpretation enshrined in article 29 of the American Convention, as well as those established by the Vienna Convention on the Law of Treaties.

The IACHR has had an approach to this subject matter through the precautionary measure issued on May 20, 2010, in favor of the members of 18 communities of the Maya Sicapakense and Nombre8835 indigenous people of Guatemala, due to contamination of aquifers and alleged effects on the life, personal integrity, and health of indigenous communities. In the request for precautionary measures, it was alleged that due to the exploitation of a mining company, an environmental impact was being generated in the area, which was affecting the main tributaries of the river that served for the subsistence of the indigenous communities. This situation was affecting the health of several members of the communities, who were supposedly facing specific consequences to their health. Given the controversy regarding various issues that arose in the follow-up to the precautionary measure, on December 7, 2011, the IACHR notified its decision to modify the precautionary measures and requested the State of Guatemala to adopt the necessary measures to ensure that the members of the 18 beneficiary Maya communities have access to drinking water suitable for human consumption, domestic use, and safe for irrigation. In particular, the IACHR requested the State to adopt the necessary measures to ensure that the water sources of the 18 beneficiary communities are not contaminated by mining activities. The Commission has continued to monitor the matter, addressing the different positions that the parties have presented in the precautionary measures procedure and in a case that is currently in the merits stage.

VII.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub examine, the appellant states that on July 30, 1888, the Congress of the Republic of Costa Rica approved Law 65, which indicates: "The conservation of the mountains where the streams and springs (manantiales) that supply water to the province of Heredia and part of Alajuela originate being of public utility; DECREES: Art. 1: An area of land two kilometers wide, on both sides of the summit of the mountains known as Montaña del Volcán de Barva, from the hill called Zurquí to that known as Concordia, whether said area is national or municipal property, is declared inalienable." They state that the objective of the legislators of the 19th Century with the approval of Law 65 was the protection of the mountains north of Heredia in order to preserve the water resources of the inhabitants of the Central Valley, not only surface water but also groundwater, as a large part of the most important potential recharge area for the Barba and Colimas aquifers was delimited in this zone, aquifers from which more than 60% of the inhabitants, not only of Heredia, but also of Alajuela and San José, are supplied today. They argue that the high areas of the Heredian cantons, Santa Barbara, Barva, San Rafael, San Isidro, Moravia, and Coronado, where the inalienable zone of Law 65 is demarcated, are subject to constant and strong pressure to develop various activities, including diverse construction projects. They affirm that the value for the recharge of the Central Valley aquifers that the inalienable zone has also makes its protection indispensable to safeguard the water of thousands of inhabitants of the high parts of the cantons of Alajuela, Santa Barbara, Barva, San Rafael, San Isidro, and Santo Domingo, who are supplied from the surface water of the Segundo, Ciruelas, Tibás, and Para rivers that originate in that zone. They explain that studies, such as those of the National Service for Water, Irrigation and Drainage (Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento), have determined that the area where the inalienable zone is located, besides being of very high aquifer recharge, is of VERY HIGH environmental fragility, besides being of high hydrogeological vulnerability, making it imperative to protect it if we wish to preserve the water resources for the present and future generations of the Central Valley. They note that the inalienable zone is also home to a wide diversity of flora and fauna because it borders the southern part of Braulio Carrillo Park. On the other hand, they state that in 2013, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), when resolving an incident of disobedience filed against the Minister of Environment for not having complied with ruling 2008-12109, reiterated the importance of the inalienable zone of Law 65 of 1888 for the environment in general and particularly for the protection of water resources, and therefore ordered René Castro Salazar, in his capacity as Minister of Environment and Energy (Ministro de Ambiente y Energía), to immediately comply with the provisions of the judgment, under warning that administrative proceedings would be ordered against him if he did not do so (resolution 2013-005049 of March 27, 2013). They argue that after the admonishment in 2013 by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía) delimited the inalienable zone by means of a demarcation, but has not complied with the recovery of the lands, nor has it even filed any action for recovery (reivindicación) of the natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado) as is the inalienable zone. They assert that currently a portion of the inalienable zone of Law 65 of 1888, not all, forms part of Braulio Carrillo Park, both by Law 6288 of October 25, 1978, which created the park, and by Executive Decree 39259-MINAE of October 15, 2015, which indicated: "Article 1º- A part of the territory established as an Inalienable Zone, created by Decree Law No. LXV of July 1888, is declared a national park, attaching said portion of land to Braulio Carrillo National Park; whose boundaries are described below based on the topographic sheet Barva 3346 II, edition 3-IGNCR, 2005, scale 1:50,000, prepared by the National Geographic Institute of Costa Rica (Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica)." They note that Braulio Carrillo Park, including what was annexed to it in 2015, in addition to being covered by Law 65, is subject to the special and total protection norms that cover these, such as the National Parks Service Law (Ley del Servicio de Parques Nacionales) and the Forest Law (Ley Forestal) (article 1), which is not occurring because the lands annexed to the park that are part of the inalienable zone of Law 65 remain in the hands of private individuals, some of whom carry out activities that impact the environment, such as uncontrolled mass tourism without any environmental impact study, dairy activities, tree felling, construction of recreational cabins, etc. They indicate that in response to the inquiries made to the ministers of environment since the ruling 2008-12109 was issued regarding the recovery or reivindicación of the state lands corresponding to the inalienable zone of Law 65, no recovery has ever been reported, nor that any action has been initiated before the corresponding courts culminating in a reivindicación process. MINAE has always given a single response: that they have already begun the preparation of files on the properties and their respective legal and technical analysis of the background of the registry entries of the properties registered in the National Registry, so that the General Attorney's Office (Procuraduría General de la República) may then proceed to initiate the lesividad proceedings before the courts of justice that culminate in the recovery of the lands. They request that in the interest of protecting water resources and the environment in general, and since the inalienable zone is part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), the Minister of Environment and Energy (Ministro de Ambiente y Energía) or whoever holds his position be ordered to begin the necessary and concrete corresponding actions, beyond studies, for the reivindicación and recovery of the lands of the inalienable zone of Law 54, that is, by transferring the files of the background or history of the properties to the General Attorney's Office (Procuraduría General de la República).

VIII.- In this regard, it should be noted that the issue debated concerning the duty to protect the inalienable zone established by Decree Law number 65 of July 28, 1888, was analyzed in ruling 2008-12109 of this Constitutional Tribunal.

In that precedent, it was recognized that that normative source ordered the protection of one of the zones in which the water springs (nacientes) that supply the inhabitants of the provinces of Heredia, Alajuela, and part of San José are located. Along those lines, the first article of that decree-law declared inalienable a zone of land two kilometers wide, on either side of the mountain peak known as Montaña del Volcán de Barba, from the hill called Zurquí to the one known as Concordia, whether said zone is national or municipal property. In turn, the second paragraph authorized the Executive Branch to increase or decrease the extent of the zone referred to in the previous article if, after conducting the respective survey through a scientific commission, it deems it appropriate to modify it in the manner that said commission indicates. Precisely in light of those regulations, in the cited ruling this Chamber indicated that “…the intention of the legislator of the century before last was to ensure that the provinces of Alajuela, Heredia, and San José could guarantee themselves in the future the water resources necessary to satisfy the needs of the population. To achieve the foregoing, the legislator provided for the creation of an inalienable zone, which could not be subject to any type of possession due to its public nature…”. Under that understanding, the cited vote inferred an indolence on the part of the State in the duty to recover and protect the zone in question, from which, the relevant part ordered:

“THEREFORE. The action is partially upheld, solely as regards the Ministry of Environment and Energy, the Ministry of Health, and the Municipalities of Heredia, Santa Bárbara, Barva, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia, and Vásquez de Coronado. Roberto Dobles Mora, or whoever holds his position as Minister of Environment and Energy, is ordered as follows: a) That within the period of seven months counted from the notification of this judgment, he carry out the actions within the scope of his authority to physically demarcate the zone established by Law No. 65 of 1888, and thereafter, initiate the recovery processes for the lands located in said sector that are being occupied by private individuals; b) That he immediately verify compliance with the provisions of resolution R-069-SINAC-2007, by the officials of the Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí, and in the event that the provisions of the cited pronouncement have not been complied with, proceed according to law. José Manuel Ulate Avendaño, or whoever holds his position as Mayor of the Central Canton of Heredia, Rolando Hidalgo Villegas, or whoever holds his position as Mayor, and Marta Lidia Segura Miranda, or whoever holds her position as President of the Municipal Council, both of the Municipality of Santa Bárbara de Heredia, Mercedes Hernández Méndez, or whoever holds her position as Mayor, and Adrián Varela Montero, or whoever holds his position as President of the Municipal Council, both of the Municipality of Barva de Heredia, Marvin Chaves Chinchilla, or whoever holds his position as Mayor, and Elvia Villalobos Argüello, or whoever holds her position as President of the Municipal Council, both of the Municipal Council of San Isidro de Heredia, Aracelly Salas Eduarte, or whoever holds her position as Mayor of San Pablo de Heredia, Alberto Vargas Esquivel, or whoever holds his position as Mayor, and Yensi Alfaro Hernández, or whoever holds his position as President of the Municipal Council, both of the Municipality of San Rafael de Heredia, Rafael Isidro Bolaños Arce, or whoever holds his position as Mayor of Santo Domingo de Heredia, Edgar Vargas Jiménez, or whoever holds his position as Mayor of Moravia, and Leonardo Herrera Sánchez, or whoever holds his position as Mayor of Vásquez de Coronado, are ordered as follows: a) That they immediately refrain from granting any type of permit within the zone established by Law No. 65 of 1888, with respect to their jurisdictions; b) That they proceed to hire the necessary professionals for the preparation of the hydrogeological vulnerability maps recommended by Nombre3992 in its report entitled “Potential Recharge of the Colima and Barva Aquifer, Central Valley, Costa Rica,” which must be included in the urban planning regulations of their jurisdictions, as recommended by the aforementioned authority. (…)”.

That is, from that date, a direct order was imposed on the respondent authorities to initiate the corresponding procedures for the recovery of the lands located in said sector that are being occupied by private individuals. Despite the fact that order was imposed since 2008, in 2013, this Chamber issued ruling No. 2013-5049 of March 27, 2013, arising from an incident of disobedience of that 2008 precedent, in which it reiterates the environmental and water-resource relevance of the zone established by Law No. 65, for which it ordered the then head of MINAE to comply with the stipulations of vote 12109 of 2008. Based on that, it is recorded in the reports submitted in this amparo that MINAE proceeded to identify and demarcate the area in question, by placing boundary markers (mojones). However, the neglect of the material content of the duty of protection is alleged, due to the absence of effective actions to recover those lands. In that regard, in the recent judgment No. 2023-010802 issued at 09:20 hours on May 12, 2023, issued by this Court, rendered by virtue of a petition of disobedience of that 2008 judgment, this body sets forth a chronological account of what has occurred since the order issued at that time, as follows:

“… I.- By judgment No. 2008-012109 at 15:16 hours on August 5, 2008, the following was ordered: “The action is partially upheld, solely as regards the Ministry of Environment and Energy, the Ministry of Health, and the Municipalities of Heredia, Santa Bárbara, Barva, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia, and Vásquez de Coronado. Roberto Dobles Mora, or whoever holds his position as Minister of Environment and Energy, is ordered as follows: a) That within the period of seven months counted from the notification of this judgment, he carry out the actions within the scope of his authority to physically demarcate the zone established by Law No. 65 of 1888, and thereafter, initiate the recovery processes for the lands located in said sector that are being occupied by private individuals; b) That he immediately verify compliance with the provisions of resolution R-069-SINAC-2007, by the officials of the Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí, and in the event that the provisions of the cited pronouncement have not been complied with, proceed according to law…” II.- By interlocutory resolution No. 2011-000412 at 11:47 hours on January 14, 2011. The order established in part b) of judgment No. PHO4599 at 15:16 hours on August 5, 2008, was deemed complied with. Likewise, a period of one year counted from the notification of that judgment was granted to the Ministry of Environment and Energy to comply with the provisions of part a) of the aforementioned judgment. III.- With respect to compliance with part a), by interlocutory resolution No. 2017-9974 at 9:15 hours on June 30, 2017, the Chamber indicated: “IV.- On the matter raised. The petitioners come before this Court alleging disobedience of what was ordered by judgment No. PHO4599 at 15:16 hours on August 5, 2008, solely regarding the respondent ministry’s lack of action in recovering lands declared as an inalienable zone. In this regard, the respondent authority reports that it has carried out various actions to undertake the recovery process for the protected zone. They state that by administrative resolution No. R-165-2014MINAE of May 2, 2014, the study process by the Ministerial Office was formally initiated regarding registrations in the inalienable zone, despite the fact that the Attorney General’s Office issued binding legal opinion C-480-2014 of December 19, 2014. Likewise, they establish that the number of registered properties related to the found cadastral plans is around 1,000, so the execution time for this stage of the process is very slow, given that the study must be done case by case to respect the right of defense and due process. Moreover, it is verified that they are in the process of validating the procedure with the other actors, for which a meeting has been requested with the Public Registry through official letter D-095 of January 30, 2017, from the Director of the Área de Conservación Cordillera Volcánica Central. Furthermore, the respondent authority plans to request a hearing with the Attorney General’s Office in order to coordinate matters relating to possible lesividad proceedings in court. Now then, this Court observes that what was ordered in said pronouncement in relation to the alleged disobedience was that land recovery processes be initiated, therefore, in view of the report rendered by the respondent, it is corroborated that study processes have already been initiated to carry out the recovery of the inalienable zone, thus complying with what was ordered by this Chamber. Thus, the alleged non-compliance alleged by the petitioner is not verified. Consequently, it is appropriate to dismiss the petition filed. V. On the other hand, in said resolution the Ministry of Environment and Energy was also ordered to physically demarcate the zone established by Law No. 65 of 1888. On this matter, this Chamber observes from the study of the record that, according to evidence provided in March 2014, the placement of physical boundary markers that allowed the circumscription of the protected territory was completed. Therefore, compliance with what was ordered on this point is verified.” (Underlining added). IV.- On the matter raised. The petitioners allege disobedience of judgment No. 2008-012109 at 15:16 hours on August 5, 2008, by the Ministry of Environment and Energy, insofar as it has not achieved the recovery of the state lands, defined by Law 65 of 1888, which are currently in the possession of private individuals. In this regard, as is clear from Considerando III of this resolution, the Chamber has already determined compliance with the referenced judgment, with respect to point a), directed to the Ministry of Environment and Energy. It is reiterated: “…this Court observes that what was ordered in said pronouncement in relation to the alleged disobedience was that land recovery processes be initiated, therefore, in view of the report rendered by the respondent, it is corroborated that study processes have already been initiated to carry out the recovery of the inalienable zone, thus complying with what was ordered by this Chamber”. (Underlining added). “… Therefore, the motion filed is without merit. Therefore: The motion filed is denied.” (see file No. 07-007996-0007-CO, brought ad effectum videndi et probandi).

Now, while the respondent authority indicates in its report that, with respect to the recovery of lands located within the Inalienable Zone declared by Law No. 65 of 1888, the Área de Conservación has proceeded with the resolution of legitimacy requests in accordance with the procedure established for that purpose and has forwarded the resolved cases to MINAE to continue the process, and that furthermore, in the last 2 years no funds have been budgeted for expropriations by the State, given the current budgetary limitations. In turn, they assert that the Área de Conservación Central has taken multiple actions to seek respect for the Inalienable Zone, within its possibilities of human resources and available supplies, among which is cited the inclusion of site supervision, through patrols, attention to complaints, filing of reports of facts, and work with the municipalities, including the necessary socialization on the subject and the delivery of geographic information on the area of the Inalienable Zone within the update to the control and protection plan of the Heredia Office that is in force, and additionally, meetings have been held with various entities for them to consider the area of the Inalienable Zone in urban planning processes, for example, the preparation of regulatory plans, so that the site is respected; and in addition to that, site surveillance is exercised in the resolution of authorizations and procedures that fall under the authority of SINAC, for the supervision of minor permits, certificates of origin, processing of summary logging proceedings, and wildlife permits when these are intended to be carried out within the Inalienable Zone; and likewise, the Área de Conservación Central carried out the necessary boundary marking (amojonamiento) of the limits of the Inalienable Zone in 2013, on lands located outside Parque Nacional Braulio Carrillo. And that the Ministry has had close coordination both with the Public Registry and with the Attorney General’s Office to reconstruct the steps that the analysis process must have and the minimum requirements of these evaluations; this ministry confirms that said procedure is not expeditious, but no less true is that the actions carried out to date by the respondent ministerial portfolio have been insufficient to materialize the recovery of the lands on which lies the inalienable zone of public domain.

IX.- From the foregoing account, it is clear that since 2008 this Chamber ordered the necessary recovery and protection of the lands affected by Decree-Law No. 65 of 1888, as a relevant element for the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment, with special emphasis on water resources, given the high impact of that zone for the cantons of Alajuela, Santa Bárbara, Barva, San Rafael, San Isidro, and Santo Domingo. Similarly, on several occasions this Chamber has pronounced on the proper attention to the orders adopted in vote 12109-2008. Despite what was resolved in the recent ruling 2023-010802 issued at 09:20 hours on May 12, 2023, it is clear to this Chamber that if one considers the substantive content of those orders, that is, to recover the cited lands in order to achieve the indicated environmental protection, versus the effective actions that have been adopted by the Administration to concretize the proper protection (tutela) and safeguarding of the right expressed in article 50 of the Constitution, those adopted conducts, while allowing the delimitation of the areas that make up the zone declared inalienable, are ultimately neither sufficient nor adequate to satisfy the duty of protection that Constitutional Law imposes on that type of legally protected good. Indeed, on this subject it is important to highlight that, regarding the concept of public domain and the scope of the concept, it is necessary to refer to canon 261 of the Civil Code, inasmuch as said regulation stipulates: “Public things are those that, by law, are permanently destined for any service of general utility, and those that everyone can take advantage of because they are delivered for public use. All other things are private and the object of particular property, even if they belong to the State or to the Municipalities, who in such case, as civil persons, do not differ from any other person.”

As is extracted, the definition of private goods is made residually, that is, all those that do not present any of the characteristics indicated for public-domain goods belong to this category. Constitutional jurisprudence, taking into account what is prescribed by the cited norm, has referred to goods that make up the public domain in the following terms: “they are those that have a nature and legal regime distinct from private goods—which are governed by the right of property under the terms of article 45 of the Political Constitution—inasmuch as, by the express will of the legislator, they are assigned to a special destiny of serving the community, that is, the public interest, and because of that, they cannot be the object of private property, such that they are outside commerce among men, for which reason they cannot belong individually to private individuals, nor to the State, in the strict sense, since the latter is limited to their administration and tutela …”. Thus, these are goods whose ownership is held by the State in its capacity as administrator, and it must be understood that they are goods belonging to the “Nation,” with which they form part of the public patrimony; and which, due to their special legal nature, present the following attributes: they are imprescriptible, which means that by the passage of time, the right of property over them cannot be acquired, nor even mere possession, that is, they cannot be acquired through usucapion (usucapión), nor can they be lost through prescription; for which reason the use permits that the Administration grants over them always have a precarious character, which means they can be revoked for reasons of opportunity or convenience at any time by the Administration—under the terms provided in articles 154 and 155 of the General Public Administration Act—; and the same concessions granted over them for their use may be canceled, through the appropriate procedure; they are unattachable (inembargables), which means they cannot be subject to any lien or embargo, neither by private individuals nor by the Administration; and they are inalienable, which translates into the condition that they are outside commerce among persons; therefore they cannot be alienated, sold, or acquired, neither gratuitously nor for consideration, neither by private individuals nor by the State, such that they are exempted from commerce among men and subject to a special and reinforced legal regime. Furthermore, their use and exploitation is subject to police power, inasmuch as, since they are goods that cannot be the object of possession, much less of property, their use and exploitation is possible only through duly authorized acts, that is, through a concession or use permit, granted by the competent authority; and to constant control by the Public Administration. Thus, it comprises immovable goods that have a nature and legal regime virtually opposite to private property, which derives from what is established in constitutional article 45.” (vote 2007-2408 at 16:13 hours on February 21, 2007, and judgment 189 at 09:15 hours on March 3, 2011).

Thus, given that in the sub examine the lands that must be recovered are composed of areas that constitute part of the natural patrimony of the State, it is clear they are public-domain goods, not susceptible to private property. Moreover, under article 13 of the Forestry Law, “The natural patrimony of the State shall be constituted by the forests and forest lands of national reserves, of areas declared inalienable, of farms registered in its name and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except immovable properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its patrimony...” Thus, there are three possibilities provided by the norm regarding goods that make up said patrimony: a) forests and forest lands of national reserves; b) forests and forest lands of areas declared inalienable, and c) forests and forest lands of farms registered in its name and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except immovable properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its patrimony. In this sense, article 13 ibidem is clear in determining that a property covered by forest, and that belongs to the State, a municipality, autonomous institution, or other body of the Public Administration, forms part of the natural patrimony of the State. Thus, by virtue of the special legal regime to which the natural patrimony of the State is subject, and the particular characteristics that apply to it, the holding that private individuals exercise over said goods shall not generate any right for them. In the same sense, the Forestry Law in article 14 determines that the forest lands and forests that constitute the natural patrimony of the State “…shall be unattachable (inembargables) and inalienable; their possession by private individuals shall not give rise to any right in their favor, and the State’s reivindicatory action for these lands is imprescriptible. Consequently, they cannot be registered in the Public Registry through possessory information, and both the invasion and occupation of them shall be penalized in accordance with the provisions of this law.”.

Thus, the State must assume a dual behavior of doing and not doing; on the one hand, it must refrain from itself threatening the right to a healthy and ecologically balanced environment, and on the other hand, it must undertake the task of issuing measures that allow compliance with constitutional requirements (judgment No. 1999-00644 issued by the Constitutional Chamber at 11:24 hours on January 29, 1999). In that sense, the action that the Political Constitution imposes on the State in the face of sources of environmental contamination is multidirectional and definitively active, absolutely intolerant of situations that threaten or affect the optimal environmental conditions that are guaranteed by the Constitution itself to the inhabitants. Therefore, it is the constitutional duty of the State to ensure the protection, defense, and preservation of the environment, which is developed and manifested, among others, in the following norms: articles 1, 2.a, 2.c, 2 last paragraph, 3, 12, 28, 32, 34, 37, 56, 59, 78, 83, 103 to 112 of the Organic Environmental Law; articles 1, 2, 9.4, 12, 22 to 30, 45, 49, 54, 86, 88 of the Biodiversity Law; 3, 4, 6, 7, 15, 34, 122 of the Wildlife Conservation Law; 1, 2, 5, 6, 13, 37, 54 of the Forestry Law; 5, 6, 7, 11, 21, 29 to 33, 37 of the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils; 13.a, 13.o of the Municipal Code; 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 25 of the Law of the Maritime-Terrestrial Zone; 1, 2 of the General Health Law; 1, 2, 17, 175, 176 of the Water Law; 15, 18, 19, 51, 56, 58.5, Transitory II of the Urban Planning Law. That is, the declaration of public-domain status of a given good or set of goods (normative element) does not only entail the legal creation of a special regime of ownership, regulated by Public Law, but also assigns to the public entity a duty to protect the good in order to direct its regime of use toward the public purpose that supported that declaration. This imposes the power-duty to undertake actions of recovery, disposal, maintenance, custody, and defense of the good. In the case of goods that make up the natural patrimony of the State, that duty of protection is established as a rule of principle, as a derivation of the duty imposed by constitutional canon 50 to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment. This implies that, in this type of environmental public domain, administrative actions are unpostponable, given the impact that the neglect and indolence of those obligations can generate on ecosystems and on the right of persons to obtain a direct or remote benefit from the environmental impact due to the improper use of those immovable properties. These are preventive and corrective actions that are necessary in the context of a preventive and precautionary principle, and in general, for the defense of public things, as an inherent and non-waivable component of that special domain regime.

It is clear that the duty to protect and properly use those goods is not only limited to the State as a whole, but also to subjects of private law, who have the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, but also, to guarantee, preserve, and defend it, as is evident from, among others, articles 1 first paragraph, 2.a, 6, 22, 23, 99, of the Organic Environmental Law; 10.2, 10.13, 11.4, 88, 95, 101, 105 of the Biodiversity Law; 15, 28 to 30, 36 to 38, 51, 53, 62 to 64, 83, 88 to 121 of the Wildlife Conservation Law; 57 to 66 of the Forestry Law; 37, 40, 41 to 45, 51 to 53 of the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils; 14 of the Law of the Maritime-Terrestrial Zone; as well as from judgments issued by this Court numbers 1999-02219 at 15:18 hours on March 24, 1999, and 1999-05906 at 16:15 hours on July 28, 1999. In that sense, the application of the guiding principles in environmental matters must also be considered, namely: in dubio pro natura, preventive, and precautionary, as means to guarantee the effective protection of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, and therefore, to prevent its existence from being restricted to the semantic plane of legal reality (see articles 4.c, 17, and 34 of the Organic Environmental Law, 11 sections 1 and 2, 92 of the Biodiversity Law, Principle 15 of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, and among others, judgment number 1999-01250 issued by this Chamber at 11:24 hours on February 19, 1999). In that sense, the legal operator must always take into consideration that when there is danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective measures based on cost to prevent environmental degradation, and in the specific case, the protection of aquifers and protection zones.

An aspect to highlight is that, in the case of public-domain zones whose protection has been based on the impact they have on water resources, specifically, for aquifer recharge and as Decree-Law No. 65 provides, to maintain the mountainous zone of origin (recharge) of streams and springs (manantiales) that supply the province of Heredia and some sectors of Alajuela, those protection actions are even more critical due to the risk of exposure to cycles of contamination, of both surface and groundwater. Unlike the contamination of surface waters, which is usually patent and visible, allowing environmental actions aimed at mitigating or eradicating it, groundwater contamination, by its very nature, often goes unnoticed and becomes evident when it has reached great proportions. Aquifers, due to the slow circulation of waters, the absorption capacity of the terrain, and other factors, can take a very long time to show contamination. Additionally, the large volume of water contained means that extensive contamination takes a prolonged period to manifest, or else, in the case of localized contamination, it is detected when it flows at some exploitation site. Certainly, this type of water has a resistance to contamination; however, when contamination does occur, its regeneration can be extraordinarily slow and at times irreversible due to the high cost of the means to do so. It has been demonstrated that attempts to repair the damage caused by contamination to an aquifer in order to once again achieve water potability levels have not been successful, the technologies for its cleanup have contributed little to reducing the damage, and the methods are economically very high. To the foregoing must be added the lack of organizational infrastructure, material, financial, and human resources, in the latter case, duly trained to evaluate, measure, and, in general, monitor the quality of this water and the exact dimension of its contamination (see judgment No. 2009-002019 at 14:55 hours on February 11, 2019).

X.- Now, despite the fact that the points alleged by the petitioner were argued and analyzed by this Chamber through judgment No. 2008-012109 at 15:16 hours on August 5, 2008, and although a degree of progress is evidenced through the actions undertaken by MINAE, these have been insufficient, since a dilatory, illegitimate, and unjustified conduct by the respondent ministerial portfolio is confirmed, because since 2008, it has not been possible to identify all the lands corresponding to the protected zones and declared as natural patrimony, nor have those zones been recovered, in accordance with the mandate of protection established by Law No. 65 of July 30, 1888. Note that the only concrete action that has been achieved was the boundary marking (amojonamiento) of the zone, which represents a necessary action to delimit the perimeter of the area to be protected. However, this is the first necessary action, but in itself, insufficient.

Note that the purpose of that declaration of public domain (demanialidad) and the order issued by this Chamber in vote 2008-12109, was precisely to permit the recovery (reivindicación) of the lands occupied by private parties, with the clear intention that those zones not be exposed to a land-use regime different from that which supported the protection regime and thereby, to adjust it to its projection as a relevant area for aquifer recharge in the zones of Heredia and Alajuela. It is clear that such an end is not satisfied by the mere boundary marking (amojonamiento) of the zone, when it is evident that effective actions have not been adopted for the recovery of those lands, despite approximately 15 years having passed since this Chamber declared the duty of recovery and normalization of the defined use for those sectors. While MINAE lists a series of actions to procure that material recovery of properties and alleges dilemmas of a budgetary and diverse nature, while simultaneously presenting coordination actions with other authorities to materialize that direct order, the truth of the matter is that to date, it is insisted, more than 15 years after this matter was defined by this Constitutional Court, the persistence of administrative inertia in the effective and not merely formal protection of the zone declared inalienable is denoted, and with it, the neglect of the right recognized by constitutional canon 50. Indeed, beyond the allegations that have been presented by the respondent authority, it is clear and undeniable that the period of time elapsed since the issuance of the law, the order issued by this Court, denote a concerning failure to implement adequate and suitable actions for the due protection of the public domain (demanio público) in question, in frank detriment to the obligations proper to the Administration and in clear impairment of the rights of persons in environmental matters. Of course, this Court understands that the recovery actions are complex, given the extent of the zone and the historical neglect by the State and its institutions in procuring the effective defense of that sector; however, this does not justify perpetuating a dysfunction that grows each day that forceful actions are not undertaken to satisfy the duty of protection that is deemed neglected. The complexity of the issue demands coordinated actions among the various administrative instances involved, but that complexity alone cannot justify that after 15 years since having ordered the undertaking of those recovery and protection measures, to date there are no effective measures and those lands remain in the dominion of private parties, without it being possible to infer that the State is in dominion of that sector and with it, is satisfying the land-use regime imposed by the legislative act declaring public domain.

That omission and administrative neglect cannot be overlooked by this Chamber, and while recently in non-compliance proceedings it had been determined that ruling 12109 of 2008 was understood to be duly addressed by the initiation of procedures for the recovery of the cited lands, the truth of the matter is that the debate presented in this amparo transcends a mere non-compliance proceeding, and on the contrary, denotes that the actions adopted by the State are in themselves insufficient for the defense of the legal purpose and the rights that converge in the special protection regime defined by Decree-Law No. 65, from which it is necessary for this Chamber to impose directed actions aimed at ensuring that within a reasonable time, concrete and effective actions for that reproached protection can be achieved. Therefore, considering that the zone in question has already been duly delimited through boundary marking, it is necessary to order MINAE that, within a period of six months, it proceed to duly identify, with their registration and/or occupation data, all of the lands corresponding to the protected zones and declared as natural heritage. Once this is done, within the subsequent SIX MONTHS, it must coordinate the necessary actions to recover the protected zones, as established by Law No. 65 of July 30, 1888, and materially initiate, when applicable, the necessary processes or procedures for this purpose. Finally, the respondent authority must submit to this Court every THREE MONTHS, a progress report on the actions carried out, regarding the identification of the lands and the recovery (reivindicación) of the protected zones.

XI.- Consequently, the appropriate course is to grant the appeal, according to the considerations set forth in the operative part of this judgment.

XII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. With due respect, I dissent from the majority vote that grants the appeal, based on the following reasons:

The protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System, is safeguarded not only in Article 50 of the Political Constitution but also in a series of laws and executive decrees (regulations) in force, such as the Environmental Organic Law (Ley Orgánica del Ambiente), Law No. 7554 of October 4, 1995; the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), Law No. 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre), Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, to name only a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutional review from legality review. In this regard, it is my opinion that this Chamber, by way of amparo, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged, if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the matter should be raised and discussed through the legality track. Therefore, the mere breach of obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is appropriately heard on the legality track – administrative or jurisdictional – where, with much greater breadth, the breaches or omissions alleged can be examined. It must be borne in mind that the amparo appeal is a summary, informal, simple, and rapid process, such that from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its powers, and processes a procedure, issuing administrative acts, its examination lies outside the scope of action of this specialized jurisdiction. Therefore, the review of administrative actions carried out regarding an environmental matter that requires, for its proper assessment, a full evidentiary process, is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo proceeding is incompatible with contrasting or reviewing technical or legal criteria developed under applicable legal or regulatory norms, or with the taking of new and additional evidence necessary for contrasting or reviewing the criteria already contained in the administrative case file. The opposite would imply transforming the amparo into an ordinary proceeding of full cognizance, thereby denaturing it and rendering nugatory the purposes for which it was designed, and with it, it would lose its status as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I believe that when a public entity or body has intervened, in various forms, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its examination and oversight correspond to the contentious-administrative jurisdiction. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls under the competence of the legality track. Consequently, this appeal should have been rejected outright, as its object is a matter properly suited for discussion, analysis, and resolution through the legality track. However, since this was not done, the appropriate course is to dismiss it, without making any pronouncement regarding the merits of the issue raised, as it falls to the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the challenged administrative actions and conduct conform in substance to the provisions of the legal system of statutory rank, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

XIII.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. While I concur with the majority of the Chamber that the appeal should be granted, I differ regarding where to locate the execution phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided in the rules governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, as is the case here to: 1) identify all the lands corresponding to the protected zones and declared as natural heritage; 2) coordinate the necessary actions to recover the protected zones. The foregoing, as established by Law No. 65 of July 30, 1888. Instead, the provisions of the Contentious-Administrative Procedure Code on execution (Article 155 and following) have evident advantages, such as the possibility of requesting timelines, imposing fines, establishing responsibilities, monitoring compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I believe that the execution phase should take place before the Execution Area of the Contentious Administrative and Civil Treasury Court, under the judgment execution rules of said Code.

XIV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the court office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary," approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:

The appeal is granted. Franz Tattenbach Capra, in his capacity as Minister of Environment and Energy, or whoever in his place holds that position, is ordered to issue the pertinent orders and to promptly and timely arrange the necessary actions and coordinations so that, within a period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, all of the lands corresponding to the protected zones and declared as natural heritage are identified. Subsequently, within the subsequent SIX MONTHS, the necessary actions must be coordinated to recover the protected zones, as established by Law No. 65 of July 30, 1888, and to materially initiate, when applicable, the necessary processes or procedures for this purpose. Finally, the respondent authority must submit to this Court every THREE MONTHS, a progress report on the actions carried out, regarding the identification of the lands and the recovery (reivindicación) of the protected zones. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days will be imposed on anyone who receives an order that must be fulfilled or enforced, issued within an amparo appeal, and does not fulfill it or have it fulfilled, provided the offense is not more severely penalized. The State is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the sentence in the contentious-administrative track. Magistrate Salazar Alvarado dissents and dismisses the appeal, as it falls to the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the challenged administrative actions and conduct conform in substance to the provisions of the legal system of statutory rank, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Magistrate Garro Vargas dissents regarding the execution of this judgment and, in accordance with Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, orders that it must take place before the Execution Area of the Contentious Administrative and Civil Treasury Court, under the execution rules established in Articles 155 and following of the Contentious-Administrative Procedure Code. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to initiate the execution procedures of this ruling. Notify. -

Nombre318 .

President

Nombre454 . Luis Fdo. Salazar

Nombre413 G. Anamari Garro V.

Nombre3764   A. Jose Roberto Garita N.

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It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 04-04-2026 05:03:12.

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