Res. 25235-2023 Sala Constitucional — Municipal Delay in Demolishing Illegal Construction on Public LandDemora municipal en demolición de construcción ilegal en bien demanial

Grande
Normal
Pequeña
Sala Constitucional

Resolución Nº 25235 - 2023

Fecha de la Resolución: 06 de Octubre del 2023 a las 09:27

Expediente: 23-021635-0007-CO

Redactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con Voto Salvado

Sentencia con nota separada

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

DEMOLICION.

025235-23. MUNICIPALIDAD. SE ACUSA QUE, SOLICITÓ LA DEMOLICIÓN DE UNA OBRA EN TERRENO MUNICIPAL. SE ORDENA AL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA, QUE RESUELVA DE MANERA DEFINITIVA LA DENUNCIA Y LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS CON BASE EN LAS INSPECCIONES REALIZADAS AL SITIO, TODO EN EL PLAZO DE SEIS MESES. VCG10/2023

“(…) IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la parte recurrente asegura que es vecina de la comunidad de [...]. Señala que, desde el año 2020 solicitó a la Municipalidad de Grecia comprobar si los vecinos, quienes son colindantes con su finca, cuentan con los respectivos permisos de construcción. Afirma que, se comprobó que dicha propiedad es municipal. Señala que solicitó la demolición de obra. No obstante, a la fecha que acude en amparo la autoridad recurrida no ha realizado las acciones correspondientes y continúan realizándose construcciones en la propiedad. Considera lesionados sus derechos fundamentales.

Al respecto, la autoridad recurrida, en su informe rendido bajo la solemnidad del juramento, expone que, la propiedad de la parte recurrente corresponde a la finca N° A-379655-000 colindante al norte con la finca N° A-391423-000 y a ésta colinda a su vez al norte con la finca N° A-391427-000, ambas propiedades de la Municipalidad y con naturaleza de zona facilidades comunales y parque. Señala que en el mes de octubre de 2020, la parte recurrente presentó junto con vecinos de la zona una denuncia por anomalías en cuanto a permisos de construcción, desvío de las aguas al otro sector de la vía e invasión en vía pública en la Urbanización El Sur en Santa Gertrudis. Por lo anterior, mediante oficio N° UTGV/MG-530-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, el ingeniero Allan Ovidio Quesada Vargas indicó, lo siguiente: “se observaron dos temas en relación a su denuncia en la [Nombre443 006] ... 1) caso mejoramiento de manejo de aguas al final de cuadrante en colindancia con la ruta nacional 107… 2) caso posible invasión al derecho de vía taponamiento de cuneta sector Norte de la Urbanización Tulio Solís … Solución propuesta: Enviar la topografía de la municipalidad a determinar mediante medición con equipo, si en efecto existe una posible invasión al derecho de vía. b) se va a remitir al departamento de Urbanismo y Control Constructivo la consulta si las construcciones observadas tiene permiso de construcción. c)Se está programando para el verano del año 2021, la mejora del camino de lastre en el tramo que es público, esto conlleva una limpieza mecanizada previa, conformando y limpiando las cunetas en tierra existentes”. En virtud de lo anterior, por oficio N° IM-5371-2020 se detalló la inspección realizada por el área técnica de la municipalidad recurrida donde se determinó que la edificación construida se encuentra en un bien demanial que está destinado a parque infantil. Asimismo, el 17 de abril de 2023, la parte recurrente presentó nuevamente ante la Municipalidad de Grecia una denuncia relacionada a los problemas expuestos, siendo que, mediante oficio N°MS-DRRSCN-DARSG-0340-2023 de fecha 10 de mayo de 2023, la Directora de Área Rectora de Grecia, le comunicó a la parte amparada, lo siguiente: “que en consulta realizada ante el sistema municipal no se registra ningún permiso de construcción solicitado y/o aprobado en la finca denunciada. Se han realizado construcciones en el sitio sin la autorización municipal correspondiente. Que el 16 de setiembre del 2021 se concluyó fase intimatoria a efectos de requerir desalojar y proceder a demoler la estructura edificada. Que el 27 de junio del 2022 el Concejo Municipal ordenó medidas urgentes al respecto. Que actualmente se está al pendiente del presupuesto necesario para proceder con el proceso de efectuar las demoliciones requeridas”. Además, actualmente la autoridad recurrida se encuentra pendiente de presupuesto para proceder con el proceso de efectuar las demoliciones requeridas, que requieren coordinación con varias instituciones, así como el planeamiento y preparación adecuado.

Así, este Tribunal tiene por demostrado, según se desprende de los autos, que efectivamente, la parte recurrente ha presentado la denuncia ante la autoridad recurrida quienes, a su vez, han realizado las respectivas inspecciones al sitio y con ello, se determinó que, es un bien demanial, que tiene naturaleza uso de parque. Por lo que, deben realizar la demolición a la estructura que se encuentra a la espera de presupuesto. Por consiguiente, no se demuestra ninguna actuación concreta para solventar la problemática denunciada, pese a que dicha situación es de conocimiento de la autoridad recurrida desde hace aproximadamente tres años. Está claro que se requiere de presupuesto para realizar las acciones correspondientes; sin embargo, no existe certeza de cuándo se realizará dicho trámite. En virtud de lo expuesto, se impone en cuanto a dicho extremo acoger el presente recurso en los términos que se señalan en la parte dispositiva de esta sentencia. (…)”

... Ver más
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida

Subtemas:

NO APLICA.

V.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA -Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VCG10/2023

... Ver más
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

DEMOLICION.

VI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en el que existe una denuncia ambiental que tiene relación con problemas con el desvío de aguas y además una invasión al derecho de vía, relacionada a la integridad y vida de los vecinos que presuntamente no ha sido resuelta en un plazo razonable. La anterior situación ha sido denunciada ante las autoridades recurridas, sin que a la fecha se brinde una solución a dicho problema. La situación descrita constituye una excepción a mi posición general en esta materia, por lo que estimo necesario que este Tribunal Constitucional analizara por el fondo el asunto, con el fin de verificar o descartar los alegatos de la parte recurrente.

VCG10/2023

... Ver más
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto salvado

Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 056- Ejecución de sentencias

Subtemas:

NO APLICA.

VII.- VOTO SALVA PARCIAL RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA DE LA MAGISTRADO GARRO VARGAS. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar parcialmente con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como lo es que se realicen las acciones correspondientes destinadas a realizar las demoliciones establecidas según el oficio IM-5371-2020. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.

VCG10/2023

... Ver más
Texto de la resolución



Exp: 23-021635-0007-CO

Res. Nº PHO7773

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veintisiete minutos del seis de octubre de dos mil veintitres .

 Recurso de amparo que se tramita bajo el expediente N° 23-021635- 0007-CO, interpuesto por [Nombre317 001], cédula de identidad [CED168 ], contra la MUNICIPALIDAD DE GRECIA.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido ante la Secretaría de la Sala al ser las 08:20 horas el 6 de setiembre de 2023, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Grecia, y manifiesta que interpuso un recurso de amparo tramitado ante esta Sala en el expediente N° 23-009267-0007-CO, el cual fue rechazado, ya que por un error envío la documentación que le fue solicitada por Sala a otro correo. En esa ocasión, denunció lo siguiente: que es [...], desde hace siete años. Indica que aproximadamente uno o dos años después de haber empezado a vivir en su casa de habitación, la señora [Nombre317 004] construyó en una propiedad que colinda con la parte trasera de su propiedad, pero ésta no contaba con permisos para la construcción. Sostiene que en el año 2020 ante ciertas anomalías en esa construcción, el vecino [Nombre317 003] solicitó a la municipalidad que corroborara los permisos de construcción de la vecina porque estaba invadiendo la vía pública. En dicho procedimiento se constata que la propiedad es municipal, que no cuenta con permisos, que las aguas no están bien canalizadas y se solicita demoler la obra, apegados a la ley, lo cual alega no sucedió (véase prueba aportada en autos). Manifiesta que en razón de lo anterior, acude nuevamente a este Tribunal para que se estudie su caso ya que la Municipalidad de Grecia, como ente responsable, sigue sin actuar. Acusa que la señora [Nombre317 004] sigue con sus construcciones, acusa que al día de interposición de este recurso, se encontraban trabajando cuatro personas, moviendo llantas y descargando un prefabricado en el lugar, que aparenta va a ser colocado en el área afectada. Por los motivos expuestos, solicita que se declare con lugar el recurso.

2.- Por resolución de las 19:20 horas del 8 de setiembre de 2023, se dio curso al presente proceso y se concedió audiencia al Alcalde y al encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial, ambos de la Municipalidad de Grecia, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

3.- Informa bajo juramento Francisco Murillo Quesada, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Grecia, que por oficio UCC-075-2023 del 19 de abril del 2023, la finca propiedad de la administrada [Nombre317 001], corresponde a la finca A-379655-000 y colindante al norte se encuentra la finca A-391423-000 y a ésta colinda a su vez al norte con la finca A-391427-000, ambas propiedad de la Municipalidad y con naturaleza de zona facilidades comunales y parque. En dicho documento, si bien referido a consulta del Ministerio de Salud, el mismo sirvió para dar respuesta a la denunciante en esos momentos, correspondiente a la aquí amparada, acerca de los aspectos planteados en la misma y debidamente notificada conforme consta en documento adjunto, en fecha 25 de abril del 2023. Agrega que en consulta al sistema municipal, no se registra al día de hoy ningún permiso de construcción solicitado y/o aprobado en la finca municipal. Sin embargo, al parecer en dichas propiedades se han efectuado construcciones sin autorización municipal y conforme consta en oficios N°IM-6045-2021 del 16 de septiembre del 2021 se concluyó fase intimatoria, a efectos de requerir desalojar y proceder a demoler la estructura edificada, en oficio N°IM-6099-2021 del 28 de septiembre del 2021, se reiteró la solicitud de desalojo y demolición y en oficio N°IM-6796-2022 del 27 de junio del 2022, conocido por el Concejo Municipal, se ordenó dictar medidas urgentes al respecto (SEC3927-2022). Asimismo, ante consulta del Ministerio de Salud sobre este mismo caso, se emitió el oficio N° ALC-0487-2023 del 19 de abril del 2023, dirigido al área de salud de Grecia, en donde se expone básicamente en los mismos términos que los aquí planteados. Señala que actualmente, se está al pendiente del presupuesto necesario para proceder con el proceso de efectuar las demoliciones requeridas, las cuales requieren coordinación con varias instituciones, como son el Sistema Nacional de Área de Conservación de Costa Rica, Patronato Nacional de la Infancia, Instituto Mixto de Ayuda Social, Servicio Nacional de Salud Animal, Fiscalía, Fuerza Pública o al Consejo Nacional de Persona Adulta Mayor, así como el planeamiento y preparación correspondientes, cuyo costo resulta considerablemente elevado por la enorme cantidad de asuntos pendientes y el poco personal para ejecutar tales acciones. (ver oficio IDC-573-2023 del 18 de septiembre del 2023). Solicita se declare sin lugar el recurso.

4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

CONSIDERANDO:

I.- CUESTIÓN PREVIA. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la Jurisdicción Contencioso Administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos razonablemente pautados para resolver las solicitudes planteadas por los administrados a la luz de lo dispuesto por el artículo 41, de la Constitución Política. En el presente asunto, se plantea un supuesto de excepción pues se está ante una denuncia ambiental que tiene relación con problemas con el desvío de aguas y además una invasión al derecho de vía, relacionada a la integridad y vida de los vecinos que presuntamente no ha sido resuelta en un plazo razonable. Aclarando lo anterior, se entra a resolver la situación concreta planteada en este recurso.

II.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente asegura que es vecina de la comunidad de [...]. Señala que, desde el año 2020 solicitó a la Municipalidad de Grecia comprobar si los vecinos, quienes son colindantes con su finca, cuentan con los respectivos permisos de construcción. Afirma que, se comprobó que dicha propiedad es municipal. Señala que solicitó la demolición de obra. No obstante, a la fecha que acude en amparo la autoridad recurrida no ha realizado las acciones correspondientes y continúan realizándose construcciones en la propiedad. Considera lesionados sus derechos fundamentales.

 III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia para la resolución de este asunto:

a)   La propiedad de la parte recurrente corresponde a la finca N° A-379655-000 colindante al norte la finca N° A-391423-000 y a ésta colinda a su vez al norte con la finca N° A-391427-000, ambas propiedades de la Municipalidad y con naturaleza de zona facilidades comunales y parque (véase al respecto informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida agregado al expediente digital).

b)   En octubre de 2020, la parte recurrente presentó junto con vecinos de la zona una denuncia ante la Municipalidad de Grecia por anomalías en cuanto a permisos de construcción, desvío de las aguas al otro sector de la vía e invasión en vía pública en la Urbanización El Sur en Santa Gertrudis (véase al respecto informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida agregado al expediente digital).

c)    Por oficio N° UTGV/MG-530-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, el ingeniero Allan Ovidio Quesada Vargas indica, lo siguiente: “se observaron dos temas en relación a su denuncia en la [Nombre317 006] ... 1) caso mejoramiento de manejo de aguas al final de cuadrante en colindancia con la ruta nacional 107… 2) caso posible invasión al derecho de vía taponamiento de cuneta sector Norte de la Urbanización Tulio Solís … Solución propuesta: Enviar la topografía de la municipalidad a determinar mediante medición con equipo, si en efecto existe una posible invasión al derecho de vía. b) se va a remitir al departamento de Urbanismo y Control Constructivo la consulta si las construcciones observadas tiene permiso de construcción. c)Se está programando para el verano del año 2021, la mejora del camino de lastre en el tramo que es público, esto conlleva una limpieza mecanizada previa, conformando y limpiando las cunetas en tierra existentes” (véase al respecto prueba aportada por la parte recurrente agregado al expediente digital).

d)   Mediante oficio N° IM-5371-2020 se detalló la inspección realizada por el área técnica de la municipalidad recurrida donde se determinó que la edificación construida se encuentra en un bien demanial que está destinado a parque infantil (véase al respecto prueba aportada por la parte recurrente agregado al expediente digital).

e)    El 17 de abril de 2023, la parte recurrente presentó ante la Municipalidad de Grecia una nueva denuncia relacionada a los problemas de aguas residuales, problemas habitacionales, aguas pluviales, afectaciones prevenientes de la vivienda de la señora [Nombre317 004], colindante con su propiedad (véase al respecto prueba aportada por la parte recurrente agregado al expediente digital).

f)     Por oficio N°MS-DRRSCN-DARSG-0340-2023 de fecha 10 de mayo de 2023, la Directora de Área Rectora de Grecia, le comunicó a la parte amparada, lo siguiente: “que en consulta realizada ante el sistema municipal no se registra ningún permiso de construcción solicitado y/o aprobado en la finca denunciada. Se han realizado construcciones en el sitio sin la autorización municipal correspondiente. Que el 16 de setiembre del 2021 se concluyó fase intimatoria a efectos de requerir desalojar y proceder a demoler la estructura edificada. Que el 27 de junio del 2022 el Concejo Municipal ordenó medidas urgentes al respecto. Que actualmente se está al pendiente del presupuesto necesario para proceder con el proceso de efectuar las demoliciones requeridas” (véase al respecto prueba aportada por la parte recurrente agregado al expediente digital).

g)   Actualmente la autoridad recurrida se encuentra pendiente de presupuesto para proceder con el proceso de efectuar las demoliciones requeridas, que requieren coordinación con varias instituciones, así como el planeamiento y preparación adecuado (véase al respecto informe rendido por la autoridad recurrida agregado al expediente digital).

IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la parte recurrente asegura que es vecina de la comunidad de [...]. Señala que, desde el año 2020 solicitó a la Municipalidad de Grecia comprobar si los vecinos, quienes son colindantes con su finca, cuentan con los respectivos permisos de construcción. Afirma que, se comprobó que dicha propiedad es municipal. Señala que solicitó la demolición de obra. No obstante, a la fecha que acude en amparo la autoridad recurrida no ha realizado las acciones correspondientes y continúan realizándose construcciones en la propiedad. Considera lesionados sus derechos fundamentales.

Al respecto, la autoridad recurrida, en su informe rendido bajo la solemnidad del juramento, expone que, la propiedad de la parte recurrente corresponde a la finca N° A-379655-000 colindante al norte con la finca N° A-391423-000 y a ésta colinda a su vez al norte con la finca N° A-391427-000, ambas propiedades de la Municipalidad y con naturaleza de zona facilidades comunales y parque. Señala que en el mes de octubre de 2020, la parte recurrente presentó junto con vecinos de la zona una denuncia por anomalías en cuanto a permisos de construcción, desvío de las aguas al otro sector de la vía e invasión en vía pública en la Urbanización El Sur en Santa Gertrudis. Por lo anterior, mediante oficio N° UTGV/MG-530-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, el ingeniero Allan Ovidio Quesada Vargas indicó, lo siguiente: “se observaron dos temas en relación a su denuncia en la [Nombre317 006] ... 1) caso mejoramiento de manejo de aguas al final de cuadrante en colindancia con la Dirección2361  … 2) caso posible invasión al derecho de vía taponamiento de cuneta sector Norte de la Urbanización Tulio Solís … Solución propuesta: Enviar la topografía de la municipalidad a determinar mediante medición con equipo, si en efecto existe una posible invasión al derecho de vía. b) se va a remitir al departamento de Urbanismo y Control Constructivo la consulta si las construcciones observadas tiene permiso de construcción. c)Se está programando para el verano del año 2021, la mejora del camino de lastre en el tramo que es público, esto conlleva una limpieza mecanizada previa, conformando y limpiando las cunetas en tierra existentes”. En virtud de lo anterior, por oficio N° IM-5371-2020 se detalló la inspección realizada por el área técnica de la municipalidad recurrida donde se determinó que la edificación construida se encuentra en un bien demanial que está destinado a parque infantil. Asimismo, el 17 de abril de 2023, la parte recurrente presentó nuevamente ante la Municipalidad de Grecia una denuncia relacionada a los problemas expuestos, siendo que, mediante oficio N°MS-DRRSCN-DARSG-0340-2023 de fecha 10 de mayo de 2023, la Directora de Área Rectora de Grecia, le comunicó a la parte amparada, lo siguiente: “que en consulta realizada ante el sistema municipal no se registra ningún permiso de construcción solicitado y/o aprobado en la finca denunciada. Se han realizado construcciones en el sitio sin la autorización municipal correspondiente. Que el 16 de setiembre del 2021 se concluyó fase intimatoria a efectos de requerir desalojar y proceder a demoler la estructura edificada. Que el 27 de junio del 2022 el Concejo Municipal ordenó medidas urgentes al respecto. Que actualmente se está al pendiente del presupuesto necesario para proceder con el proceso de efectuar las demoliciones requeridas”. Además, actualmente la autoridad recurrida se encuentra pendiente de presupuesto para proceder con el proceso de efectuar las demoliciones requeridas, que requieren coordinación con varias instituciones, así como el planeamiento y preparación adecuado. 

Así, este Tribunal tiene por demostrado, según se desprende de los autos, que efectivamente, la parte recurrente ha presentado la denuncia ante la autoridad recurrida quienes, a su vez, han realizado las respectivas inspecciones al sitio y con ello, se determinó que, es un bien demanial, que tiene naturaleza uso de parque. Por lo que, deben realizar la demolición a la estructura que se encuentra a la espera de presupuesto. Por consiguiente, no se demuestra ninguna actuación concreta para solventar la problemática denunciada, pese a que dicha situación es de conocimiento de la autoridad recurrida desde hace aproximadamente tres años. Está claro que se requiere de presupuesto para realizar las acciones correspondientes; sin embargo, no existe certeza de cuándo se realizará dicho trámite. En virtud de lo expuesto, se impone en cuanto a dicho extremo acoger el presente recurso en los términos que se señalan en la parte dispositiva de esta sentencia.

V.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA -Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en el que existe una denuncia ambiental que tiene relación con problemas con el desvío de aguas y además una invasión al derecho de vía, relacionada a la integridad y vida de los vecinos que presuntamente no ha sido resuelta en un plazo razonable. La anterior situación ha sido denunciada ante las autoridades recurridas, sin que a la fecha se brinde una solución a dicho problema. La situación descrita constituye una excepción a mi posición general en esta materia, por lo que estimo necesario que este Tribunal Constitucional analizara por el fondo el asunto, con el fin de verificar o descartar los alegatos de la parte recurrente.

VII.- VOTO SALVA PARCIAL RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA DE LA MAGISTRADO GARRO VARGAS. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar parcialmente con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como lo es que se realicen las acciones correspondientes destinadas a realizar las demoliciones establecidas según el oficio IM-5371-2020. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.

VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

 Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco Murillo Quesada, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Grecia, o a quien ejerza ese cargo, que resuelva de manera definitiva la denuncia y los problemas encontrados con base en las inspecciones realizadas al sitio, todo en el plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Grecia al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota. El Magistrado Salazar Alvarado consigna nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo.-

 

 

	

Nombre290  V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Nombre319  V.




Nombre8889   G.

	

 

	

Jose Roberto Garita N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 5SHAK3LUA9K61

EXPEDIENTE N° 23-021635-0007-CO

 

Teléfonos: Telf11 /  (). Fax: Telf12 / Telf13. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección40 , Dirección41 , 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Dirección42    , San José, Dirección43 , Dirección44  , calles 19 y 21, Dirección45  

 

 

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:50:14.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty-seven minutes on the sixth of October of two thousand twenty-three.

Amparo action processed under case file number 23-021635-0007-CO, filed by [Nombre317 001], identity card number [CED168], against the MUNICIPALITY OF GRECIA.

HEREAS:

1.- By writing received at the Chamber Secretariat at 08:20 hours on September 6, 2023, the complainant files an amparo action against the Municipality of Grecia, and states that she filed an amparo action processed before this Chamber under case file number 23-009267-0007-CO, which was rejected, since, due to an error, she sent the documentation requested by the Chamber to another email address. On that occasion, she reported the following: that she is [...], for the past seven years. She indicates that approximately one or two years after she began living in her dwelling house, Mrs. [Nombre317 004] built on a property that is adjacent to the rear of her property, but she did not have permits for the construction. She maintains that in 2020, given certain irregularities in that construction, neighbor [Nombre317 003] requested that the municipality verify the neighbor's construction permits because she was encroaching on the public right-of-way (derecho de vía). In said proceeding, it was confirmed that the property is municipal, that it has no permits, that the waters are not properly channeled, and demolition of the structure (demolición de obra) is requested, in accordance with the law, which she claims did not happen (see evidence provided in the record). She states that for the foregoing reason, she comes again to this Court so that her case may be studied, since the Municipality of Grecia, as the responsible entity, continues to fail to act. She accuses that Mrs. [Nombre317 004] continues with her constructions, accuses that on the date of filing this action, four people were working, moving tires and unloading a prefabricated structure on the site, which appears to be going to be placed in the affected area. For the reasons stated, she requests that the action be granted.

2.- By ruling at 19:20 hours on September 8, 2023, this proceeding was given course and a hearing was granted to the Mayor and the person in charge of the Technical Road Management Unit, both of the Municipality of Grecia, regarding the facts alleged by the complainant.

3.- Francisco Murillo Quesada reports under oath, in his capacity as Mayor of the Municipality of Grecia, that by official communication UCC-075-2023 of April 19, 2023, the property owned by the administered party [Nombre317 001], corresponds to property A-379655-000 and adjacent to the north is property A-391423-000 and this one is, in turn, adjacent to the north with property A-391427-000, both properties belonging to the Municipality and with the nature of zone for community facilities and park. In said document, although referring to a query from the Ministry of Health, it served to respond to the complainant at that time, corresponding to the amparo petitioner herein, about the aspects raised therein and duly notified as stated in the attached document, on April 25, 2023. He adds that upon querying the municipal system, no construction permit requested and/or approved in the municipal property is registered to date. However, apparently in said properties constructions have been carried out without municipal authorization and as stated in official communications N° IM-6045-2021 of September 16, 2021, the preliminary injunction phase (fase intimatoria) was concluded, for the purpose of requiring vacating (desalojar) and proceeding to demolish the built structure, in official communication N° IM-6099-2021 of September 28, 2021, the request for eviction and demolition was reiterated, and in official communication N° IM-6796-2022 of June 27, 2022, known by the Municipal Council, it was ordered to issue urgent measures in this regard (SEC3927-2022). Likewise, in response to a query from the Ministry of Health on this same case, official communication N° ALC-0487-2023 of April 19, 2023, addressed to the health area of Grecia, was issued, stating basically in the same terms as those presented here. He points out that currently, they are awaiting the necessary budget to proceed with the process of carrying out the required demolitions, which require coordination with several institutions, such as the National System of Conservation Areas of Costa Rica (Sistema Nacional de Área de Conservación de Costa Rica), National Children's Trust (Patronato Nacional de la Infancia), Joint Social Assistance Institute (Instituto Mixto de Ayuda Social), National Animal Health Service (Servicio Nacional de Salud Animal), Prosecutor's Office (Fiscalía), Public Police Force (Fuerza Pública) or the National Council for Older Adults (Consejo Nacional de Persona Adulta Mayor), as well as the corresponding planning and preparation, the cost of which is considerably high due to the enormous number of pending matters and the limited personnel to execute such actions. (see official communication IDC-573-2023 of September 18, 2023). He requests the action be dismissed.

4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Magistrate Salazar Alvarado writes; and,

WHEREAS:

I.- PRELIMINARY MATTER. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours of February 22, 2008, this Chamber has referred -with some exceptions- to the Contentious-Administrative Jurisdiction those matters in which it is disputed whether the Public Administration has complied or not with the reasonably stipulated deadlines for resolving requests made by those administered in light of the provisions of Article 41 of the Political Constitution. In the present matter, an exception is raised because we are dealing with an environmental complaint related to problems with water diversion and also an encroachment on the public right-of-way (derecho de vía), related to the integrity and life of neighbors that has allegedly not been resolved within a reasonable time. Having clarified the foregoing, we proceed to resolve the specific situation raised in this action.

II.- PURPOSE OF THE ACTION. The complainant asserts that she is a resident of the community of [...]. She points out that, since 2020, she requested the Municipality of Grecia to verify whether the neighbors, who are adjacent to her property (finca), have the respective construction permits. She affirms that it was verified that said property is municipal. She indicates that she requested the demolition of the structure (demolición de obra). However, as of the date she seeks amparo, the respondent authority has not carried out the corresponding actions and constructions continue on the property. She considers her fundamental rights harmed.

III.- PROVEN FACTS. Deemed important for the decision of this matter, the following relevant facts are considered duly proven:

a) The complainant's property corresponds to property N° A-379655-000, adjacent to the north property N° A-391423-000 and this one is, in turn, adjacent to the north with property N° A-391427-000, both properties belonging to the Municipality and with the nature of zone for community facilities and park (see in this regard report rendered under oath by the respondent authority added to the digital case file).

b) In October 2020, the complainant, together with neighbors from the area, filed a complaint before the Municipality of Grecia for irregularities regarding construction permits, diversion of waters to the other sector of the road, and encroachment on the public thoroughfare in El Sur Urbanization in Santa Gertrudis (see in this regard report rendered under oath by the respondent authority added to the digital case file).

c) By official communication N° UTGV/MG-530-2020 dated November 24, 2020, engineer Allan Ovidio Quesada Vargas indicates the following: "two issues were observed in relation to your complaint in [Nombre317 006] ... 1) case of improvement of water management at the end of the quadrant adjacent to national route 107… 2) case of possible encroachment on the right-of-way (derecho de vía) and blockage of ditch (cuneta) in the North sector of Tulio Solís Urbanization … Proposed Solution: a) Send the municipality's topography team to determine, by measurement with equipment, if there is indeed a possible encroachment on the right-of-way. b) the query of whether the observed constructions have a construction permit will be forwarded to the Urban Planning and Construction Control department. c) The improvement of the gravel road in the section that is public is being scheduled for the summer of 2021, this entails prior mechanized cleaning, shaping and cleaning the existing earth ditches (cunetas en tierra)" (see in this regard evidence provided by the complainant added to the digital case file).

d) By official communication N° IM-5371-2020, the inspection carried out by the technical area of the respondent municipality was detailed, where it was determined that the built construction is located on a public domain asset (bien demanial) that is designated for a children's park (see in this regard evidence provided by the complainant added to the digital case file).

e) On April 17, 2023, the complainant filed a new complaint before the Municipality of Grecia related to problems of wastewater, housing problems, stormwater, impacts originating from the dwelling of Mrs. [Nombre317 004], adjacent to her property (see in this regard evidence provided by the complainant added to the digital case file).

f) By official communication N° MS-DRRSCN-DARSG-0340-2023 dated May 10, 2023, the Director of the Grecia Rector Area communicated to the amparo petitioner the following: "that upon querying the municipal system, no construction permit requested and/or approved is registered in the reported property. Constructions have been carried out on the site without the corresponding municipal authorization. That on September 16, 2021, the preliminary injunction phase (fase intimatoria) was concluded for the purpose of requiring vacating (desalojar) and proceeding to demolish the built structure. That on June 27, 2022, the Municipal Council ordered urgent measures in this regard. That currently, they are awaiting the necessary budget to proceed with the process of carrying out the required demolitions" (see in this regard evidence provided by the complainant added to the digital case file).

g) Currently, the respondent authority is awaiting the budget to proceed with the process of carrying out the required demolitions, which require coordination with several institutions, as well as adequate planning and preparation (see in this regard report rendered by the respondent authority added to the digital case file).

IV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite case, the complainant asserts that she is a resident of the community of [...]. She points out that, since 2020, she requested the Municipality of Grecia to verify whether the neighbors, who are adjacent to her property (finca), have the respective construction permits. She affirms that it was verified that said property is municipal. She indicates that she requested the demolition of the structure (demolición de obra). However, as of the date she seeks amparo, the respondent authority has not carried out the corresponding actions and constructions continue on the property. She considers her fundamental rights harmed.

In this regard, the respondent authority, in its report rendered under the solemnity of the oath, states that the complainant's property corresponds to property N° A-379655-000, adjacent to the north with property N° A-391423-000 and this one is, in turn, adjacent to the north with property N° A-391427-000, both properties belonging to the Municipality and with the nature of zone for community facilities and park. It points out that in October 2020, the complainant, together with neighbors from the area, filed a complaint for irregularities regarding construction permits, diversion of waters to the other sector of the road, and encroachment on the public thoroughfare in El Sur Urbanization in Santa Gertrudis. Due to the foregoing, by official communication N° UTGV/MG-530-2020 dated November 24, 2020, engineer Allan Ovidio Quesada Vargas indicated the following: "two issues were observed in relation to your complaint in [Nombre317 006] ... 1) case of improvement of water management at the end of the quadrant adjacent to Dirección2361 … 2) case of possible encroachment on the right-of-way (derecho de vía) and blockage of ditch (cuneta) in the North sector of Tulio Solís Urbanization … Proposed Solution: a) Send the municipality's topography team to determine, by measurement with equipment, if there is indeed a possible encroachment on the right-of-way. b) the query of whether the observed constructions have a construction permit will be forwarded to the Urban Planning and Construction Control department. c) The improvement of the gravel road in the section that is public is being scheduled for the summer of 2021, this entails prior mechanized cleaning, shaping and cleaning the existing earth ditches (cunetas en tierra)." By virtue of the foregoing, by official communication N° IM-5371-2020, the inspection carried out by the technical area of the respondent municipality was detailed, where it was determined that the built construction is located on a public domain asset (bien demanial) that is designated for a children's park. Likewise, on April 17, 2023, the complainant again filed a complaint before the Municipality of Grecia related to the problems set forth, so that, by official communication N° MS-DRRSCN-DARSG-0340-2023 dated May 10, 2023, the Director of the Grecia Rector Area communicated to the amparo petitioner the following: "that upon querying the municipal system, no construction permit requested and/or approved is registered in the reported property. Constructions have been carried out on the site without the corresponding municipal authorization. That on September 16, 2021, the preliminary injunction phase (fase intimatoria) was concluded for the purpose of requiring vacating (desalojar) and proceeding to demolish the built structure. That on June 27, 2022, the Municipal Council ordered urgent measures in this regard. That currently, they are awaiting the necessary budget to proceed with the process of carrying out the required demolitions." Furthermore, the respondent authority is currently awaiting the budget to proceed with the process of carrying out the required demolitions, which require coordination with several institutions, as well as adequate planning and preparation.

Thus, this Court finds it proven, as evidenced by the record, that indeed, the complainant has filed the complaint before the respondent authorities who, in turn, have carried out the respective inspections of the site and thereby, it was determined that it is a public domain asset (bien demanial), that has the nature of park use. Therefore, they must carry out the demolition of the structure, which is awaiting budget. Consequently, no concrete action is demonstrated to resolve the reported problematic situation, despite the fact that the respondent authority has been aware of this situation for approximately three years. It is clear that a budget is required to carry out the corresponding actions; however, there is no certainty as to when said procedure will be carried out. By virtue of the foregoing, it is necessary with regard to this matter to grant this action in the terms indicated in the operative part of this judgment.

V.- NOTE OF MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT -AND EFFECTIVE- ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court's thesis that when a claimant alleges a violation of the right to a prompt and effective justice in the administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right to Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo action established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulations do not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, has the sole responsibility to define its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional circumstances, which may proceed to be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in other cases, and for the reasons this Court has given (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008), the competent ones are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order.

VI.- NOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. As a general thesis, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work (obra de infraestructura) must be dismissed, since such omission constitutes a legality issue, whose discussion belongs to the ordinary jurisdiction, before which the interested party can debate their disagreements with greater breadth. However, when said administratively omissive conduct leads to a violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction, or affects groups considered vulnerable, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject, as is the case here, where there is an environmental complaint related to problems with water diversion and also an encroachment on the public right-of-way (derecho de vía), related to the integrity and life of neighbors that has allegedly not been resolved within a reasonable time. The aforementioned situation has been reported to the respondent authorities, without a solution to said problem being provided to date. The described situation constitutes an exception to my general position on this subject, for which reason I deem it necessary for this Constitutional Court to analyze the merits of the matter, in order to verify or rule out the allegations of the complainant.

VII.- PARTIAL DISSENTING VOTE REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT BY MAGISTRATE GARRO VARGAS.

While I agree with the majority of the Chamber that the recurso should be partially granted, I differ on where the execution phase of the matter should be placed, due to the absence of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, such as carrying out the corresponding actions aimed at performing the demolitions established in official communication IM-5371-2020. In contrast, the provisions of the Código Procesal Contencioso-Administrativo regarding execution (article 155 et seq.) have clear advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, monitoring stages of compliance, etc. Therefore, in accordance with the provisions of article 56 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, I consider that the execution phase must take place before the Ejecution Area of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the judgment execution rules of said Código.

VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the Office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11, of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19, of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, article LXXXI.

POR TANTO:

The recurso is granted. Francisco Murillo Quesada, in his capacity as Mayor of the Municipalidad de Grecia, or whoever holds that position, is ordered to definitively resolve the complaint and the problems found based on the inspections carried out at the site, all within a period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a penalty of imprisonment from three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied or enforced, issued within a recurso de amparo and does not comply with it or enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The Municipalidad de Grecia is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Castillo Víquez records a note. Magistrate Salazar Alvarado records a note. Magistrate Garro Vargas issues a dissenting vote regarding the execution of this judgment and, in accordance with article 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, orders that it must take place before the Ejecution Area of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the execution rules established in articles 155 et seq. of the Código Procesal Contencioso Administrativo. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to it so that the execution procedures of this ruling may be initiated.-


 

	
Name290 V.

Presidente

	

 



Fernando Cruz C.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.



Jorge Araya G.

	

 

	

Name319 V.



Name8889 G.

	

 

	

Jose Roberto Garita N.

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 5SHAK3LUA9K61

EXPEDIENTE N° 23-021635-0007-CO

 

Teléfonos: Telf11 / (). Fax: Telf12 / Telf13. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección40 , Dirección41 , 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Dirección42 , San José, Dirección43 , Dirección44 , calles 19 y 21, Dirección45

 

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONAL del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:50:14.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República