Res. 92341-2023 Sala Constitucional — Admission of Unconstitutionality Action Against Coastal Regulatory Plan ManualAdmisión de acción de inconstitucionalidad contra Manual de Planes Reguladores Costeros

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Sala Constitucional

Resolución Nº 92341 - 2023

Fecha de la Resolución: 23 de Octubre del 2023 a las 14:47

Expediente: 23-025914-0007-CO

Redactado por: Fernando Castillo Víquez

Clase de asunto: Acción cursada

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 5. ACCIONES CURSADAS

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

ACCIÓN VOTADA.

AMBIENTE. PLANES REGULADORES EN ZONA MARÍTIMO TERRESTRE
Expediente: 23-025914-0007-CO
Sentencia: 003640-25 del 05 de febrero del 2025
Tipo de asunto: Acción de inconstitucionalidad
Norma impugnada: Manual de Elaboración de Planes Reguladores Costeros en la Zona Marítimo Terrestre. Publicado en el Alcance No. 139, en la Gaceta No. 135 del 14/07/2021
Parte dispositiva: Se declara parcialmente con lugar la acción de inconstitucionalidad.
En consecuencia se anulan los arts. 13.2.iii), 13.9, 14.7.1 incisos a) y b) del Manual de Elaboración de Planes Reguladores Costeros en Zona Marítimo Terrestre, por ser contrarios a lo dispuesto en el numeral 50 de la Constitución Política, el artículo 14 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, así como el principio precautorio, y los de no regresión de derechos fundamentales, progresividad y tutela científica en materia ambiental.
Los numerales 13.6, 13.7, 14.5.1, 14.5.2 en su totalidad, y 14.6, 14.12 y 14.13  de ese Manual no son inconstitucionales en la medida en que se interprete que, independientemente de la clasificación que se haga de las posibles modificaciones que se pueden hacer a un plan regulador y del porcentaje del área total utilizable de la zona marítimo terrestre que se vaya a cambiar, siempre deberán ser remitidos a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para que esta institución haga la valoración ambiental que corresponda y determine si los cambios propuestos alteran el componente ambiental de la zona, así como también que se cumplan los procedimientos ahí establecidos en el momento procesal que corresponda. 
El Magistrado Cruz Castro salva parcialmente el voto y también declara inconstitucional, el numeral 14.5.2 del Manual impugnado. Asimismo, consigna razones adicionales.
Esta sentencia es declarativa y sus efectos retroactivos a la fecha de promulgación de la normativa anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Reséñese esta sentencia en el Diario Oficial La Gaceta. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese.
 

CO10/23

CO02/24

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Texto de la resolución

 

*230259140007CO*

EXPEDIENTE:

	

23-025914-0007-CO




PROCESO:

	

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD




ACCIONANTE:

	

[Nombre62 001]

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas cuarenta y siete minutos del veintitrés de octubre de dos mil veintitrés.

          Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por [Nombre62 001], para que se declaren inconstitucionales los artículos 13.2 inciso iii, 13.6, 13.7, 13.9, 14.5.1 y 14.5. 2 en los párrafos del 1 al 6, incluyendo el párrafo 9, 14.6, 14.7, 14.12 y 14.13 del Manual de Elaboración de Planes Reguladores Costeros en la Zona Marítimo Terrestre, que fuera publicado en el Alcance número 139 a la Gaceta número 135 del 14 de julio de 2021, por estimarlos contrarios a los artículos 7, 9, 50 y 89 de la Constitución Política.  Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República, al Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, y a los  presidentes ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.  Las normas se impugnan por cuanto el manual cuestionado es una norma de carácter general que dirige el quehacer institucional así como municipal al momento de hacer ordenamiento territorial y elimina diques ambientales a las instituciones y municipales en los sectores costeros de Costa Rica y por sus alcances, y lo que dispone, se vino a desregularizar, regresivamente, los alcances del  principio precautorio en áreas que son altamente frágiles y en lo anterior se encuentran varias violaciones a las normas 7, 9, 50 y 89 constitucionales, al numeral 14 de la Convención de la Diversidad Biológica (Ley No 7416) y a la reiterada jurisprudencia constitucional. Indica que en el manual solo deja vigente la obligación de acudir a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) si se trata de planes reguladores nuevos, o cuando las propuestas sean consideradas o tipifiquen como "modificaciones", cuando lo correcto y apegado a la Constitución es que no existan excepciones en esta materia de evaluaciones de impactos ambiental, salvo que desde la ciencia y la técnica se justifique. Estima que con la norma impugnada se crean excepciones injustificadas para no acudir a hacer una evaluación ambiental estratégica a la SETENA. En ese sentido, aduce que el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto de Vivienda y Urbanismo - gestores de la normativa cuestionada - vinieron a crear umbrales, donde esas oficinas, sin tener experiencia, ni ser los competentes en evaluaciones de impacto ambiental, exoneran de licencia ambiental, los "ajustes o rectificaciones" de los planes reguladores costeros. Agrega que a la fecha de interposición de la acción, se desconoce el criterio técnico que justificó la generación de dichos umbrales y ello transgrede el principio precautorio, el de no regresión, el progresividad y el de tutela científica abiertamente. Alega que no existe criterio técnico que permita justificar que los ajustes y rectificaciones en planes reguladores costeros no deban pasar por SETENA, pero las modificaciones sí.. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación accionante proviene del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en tanto acude en defensa de intereses difusos, específicamente, el medio ambiente. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción.Efectos jurídicos de la interposición de la acción: La publicación prevista en el numeral 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional tiene por objeto poner en conocimiento de los tribunales y los órganos que agotan la vía administrativa, que la demanda de inconstitucionalidad ha sido establecida, a los efectos de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho pronunciamiento del caso. De este precepto legal se extraen varias reglas. La primera, y quizás la más importante, es que la interposición de una acción de inconstitucionalidad no suspende la eficacia y aplicabilidad en general de las normas. La segunda, es que solo se suspenden los actos de aplicación de las normas impugnadas por las autoridades judiciales en los procesos incoados ante ellas, o por las administrativas, en los procedimientos tendientes a agotar la vía administrativa, pero no su vigencia y aplicación en general. La tercera regla, es que la Sala puede graduar los alcances del efecto suspensivo de la acción. La cuarta es que –en principio-, en los casos de acción directa, como ocurre en esta acción, que se acude en defensa de intereses difusos, no opera el efecto suspensivo de la interposición (véase voto n.° 537-91 del Tribunal Constitucional). La quinta regla es que cuando lo alegado es una omisión inconstitucional, no procede ordenar suspensión alguna, dicho en otras palabras, impedir que se realice la conducta omisiva, ni la realización de esta última, toda vez que esto, en el último supuesto, implicaría resolver interlocutoriamente la acción de inconstitucionalidad. Es decir, la suspensión de la aplicación de las normas impugnadas, en sede administrativa, solo opera en aquellos casos donde existe un proceso de agotamiento de vía administrativa, lo cual supone la interposición de un recurso de alzada o de reposición contra el acto final por parte de un administrado. Donde no existe contención en relación con la aplicación de la norma, no procede la suspensión de su eficacia y aplicabilidad. En otras palabras, en todos aquellos asuntos donde no existe un procedimiento de agotamiento de vía administrativa, en los términos arriba indicados, la norma debe continuarse aplicando, independientemente de si beneficia -acto administrativo favorable- o perjudica al justiciable -acto desfavorable no impugnado-. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. La contestación a la audiencia conferida en esta resolución deberá ser presentada una única vez, utilizando solo uno de los siguientes medios: documentación física presentada directamente en la Secretaría de la Sala; el sistema de fax; documentación electrónica por medio del Sistema de GESTIÓN EN LÍNEA; o bien, a la dirección de correo electrónico ...197, la cual es correo exclusivo dedicado a la recepción de informes. En cualquiera de los casos, la contestación y demás documentos deberán indicar de manera expresa el número de expediente al cual van dirigidos. La contestación que se rindan por medios electrónicos, deberá consignar la firma de la persona responsable que lo suscribe, ya sea digitalizando el documento físico que contenga su firma, o por medio de la firma digital, según las disposiciones establecidas en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Nº 8454, a efectos de acreditar la autenticidad de la gestión. Se advierte que los documentos generados electrónicamente o digitalizados que se presenten por el Sistema de Gestión en Línea o por el correo electrónico señalado, no deberán superar los 3 Megabytes. Notifíquese.

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:51:56.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Resolución Nº 92341 - 2023

Date of Resolution: October 23, 2023 at 14:47

Expediente: 23-025914-0007-CO

Drafted by: Fernando Castillo Víquez

Type of matter: Acción cursada

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL



Judgment with protected data, in accordance with current regulations


Content of Interest:

Type of content: Majority vote

Branch of Law: 5. ACCIONES CURSADAS

Topic: ENVIRONMENT

Subtopics:

ACCIÓN VOTADA.

ENVIRONMENT. REGULATORY PLANS IN THE MARITIME TERRESTRIAL ZONE
Expediente: 23-025914-0007-CO
Judgment: 003640-25 of February 5, 2025
Type of matter: Acción de inconstitucionalidad
Challenged norm: Manual for the Preparation of Coastal Regulatory Plans in the Maritime Terrestrial Zone. Published in Alcance No. 139, in La Gaceta No. 135 of 07/14/2021
Operative part: The acción de inconstitucionalidad is partially upheld.
Consequently, Articles 13.2.iii), 13.9, 14.7.1 subsections a) and b) of the Manual for the Preparation of Coastal Regulatory Plans in the Maritime Terrestrial Zone are annulled, for being contrary to the provisions of numeral 50 of the Political Constitution, Article 14 of the Convention on Biological Diversity, as well as the precautionary principle, and the principles of non-regression of fundamental rights, progressiveness, and scientific stewardship in environmental matters.
Numerals 13.6, 13.7, 14.5.1, 14.5.2 in their entirety, and 14.6, 14.12, and 14.13 of that Manual are not unconstitutional provided they are interpreted to mean that, regardless of the classification made of the possible modifications that can be made to a regulatory plan and the percentage of the total usable area of the maritime terrestrial zone to be changed, they must always be referred to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental so that this institution conducts the corresponding environmental assessment and determines if the proposed changes alter the environmental component of the zone, and also that the procedures established therein are followed at the appropriate procedural moment.
Judge Cruz Castro partially dissents and also declares numeral 14.5.2 of the challenged Manual unconstitutional. Likewise, he records additional reasons.
This judgment is declaratory and its effects are retroactive to the date of enactment of the annulled regulations, without prejudice to rights acquired in good faith. Report this judgment in the Official Gazette La Gaceta. Publish it in its entirety in the Boletín Judicial. Notify.


CO10/23

CO02/24

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Text of the resolution


*230259140007CO*

EXPEDIENTE:

23-025914-0007-CO



PROCESO:

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD



ACCIONANTE:

[Nombre62 001]

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours and forty-seven minutes on October twenty-third, two thousand twenty-three.

         The acción de inconstitucionalidad filed by [Nombre62 001] is admitted, seeking to declare unconstitutional Articles 13.2 subsection iii, 13.6, 13.7, 13.9, 14.5.1 and 14.5.2 in paragraphs 1 through 6, including paragraph 9, 14.6, 14.7, 14.12, and 14.13 of the Manual for the Preparation of Coastal Regulatory Plans in the Maritime Terrestrial Zone (Manual de Elaboración de Planes Reguladores Costeros en la Zona Marítimo Terrestre), which was published in Alcance number 139 to La Gaceta number 135 of July 14, 2021, considering them contrary to Articles 7, 9, 50, and 89 of the Political Constitution. A fifteen-day hearing is granted to the Procuraduría General de la República, to the Secretary General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), and to the executive presidents of the Instituto Costarricense de Turismo and the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. The norms are challenged insofar as the questioned manual is a norm of a general nature that directs institutional and municipal actions when conducting territorial planning and eliminates environmental safeguards for institutions and municipalities in the coastal sectors of Costa Rica, and due to its scope, and what it provides, it has come to deregulate, regressively, the scope of the precautionary principle in areas that are highly fragile, and in the foregoing, several violations of constitutional norms 7, 9, 50, and 89 are found, of numeral 14 of the Convention on Biological Diversity (Ley No 7416), and of reiterated constitutional jurisprudence. It indicates that the manual only keeps in force the obligation to go to SETENA if it concerns new regulatory plans, or when the proposals are considered or typified as "modifications" (modificaciones), when what is correct and adhered to the Constitution is that there should be no exceptions in this matter of environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental), unless justified by science and technique. It considers that with the challenged norm, unjustified exceptions are created for not going to SETENA to conduct a strategic environmental assessment (evaluación ambiental estratégica). In this sense, it argues that the Instituto Costarricense de Turismo and the Instituto de Vivienda y Urbanismo - managers of the questioned regulation - have come to create thresholds, where these offices, without having experience, nor being competent in environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental), exempt "adjustments or rectifications" (ajustes o rectificaciones) to coastal regulatory plans from environmental licensing. It adds that as of the date of filing the action, the technical criterion that justified the generation of those thresholds is unknown, and this openly transgresses the precautionary principle, the principle of non-regression, progressiveness, and scientific stewardship. It alleges that there is no technical criterion that justifies that adjustments and rectifications (ajustes y rectificaciones) to coastal regulatory plans should not go through SETENA, but modifications (modificaciones) should. This action is admitted because it meets the requirements referred to in the Ley de la Jurisdicción Constitucional in its Articles 73 to 79. The petitioner's standing comes from the second paragraph of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, as they appear in defense of diffuse interests, specifically, the environment. Publish a notice in the Boletín Judicial on three consecutive occasions regarding the filing of the action. Legal effects of the filing of the action: The publication provided for in numeral 81 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional aims to inform the courts and the bodies that exhaust the administrative channel (vía administrativa) that the acción de inconstitucionalidad has been filed, so that in the processes or procedures in which the application of the law, decree, provision, agreement, or resolution is discussed, a final resolution is also not issued while the Chamber has not made a pronouncement on the case. Several rules are extracted from this legal precept. The first, and perhaps the most important, is that the filing of an acción de inconstitucionalidad does not suspend the general effectiveness and applicability of the norms. The second is that only the acts of application of the challenged norms by judicial authorities in the proceedings initiated before them, or by administrative authorities, in the procedures tending to exhaust the administrative channel (vía administrativa), are suspended, but not their general validity and application. The third rule is that the Chamber can adjust the scope of the suspensive effect of the action. The fourth is that –in principle–, in cases of direct action, as occurs in this action, which is brought in defense of diffuse interests, the suspensive effect of the filing does not operate (see vote no. 537-91 of the Constitutional Court). The fifth rule is that when what is alleged is an unconstitutional omission, it is not appropriate to order any suspension, in other words, to prevent the omission from occurring, nor the realization of the latter, since this, in the latter case, would imply ruling interlocutorily on the acción de inconstitucionalidad. That is, the suspension of the application of the challenged norms, in the administrative sphere (sede administrativa), only operates in those cases where there is a process of exhausting the administrative channel (agotamiento de vía administrativa), which presupposes the filing of an appeal or a motion for reconsideration against the final act by an administrated party. Where there is no contention regarding the application of the norm, the suspension of its effectiveness and applicability does not proceed. In other words, in all those matters where there is no procedure for exhausting the administrative channel (agotamiento de vía administrativa), under the terms indicated above, the norm must continue to be applied, regardless of whether it benefits - favorable administrative act - or harms the individual seeking justice - unfavorable act not challenged -. Within fifteen days after the first publication of the aforementioned notice, those who appear as parties in matters pending on the date of filing this action, in which the application of what is challenged is discussed, or those with a legitimate interest, may appear in order to assist regarding its merits or lack thereof, or to broaden, if applicable, the grounds of unconstitutionality in relation to the matter that interests them. It is also made known that, in accordance with Articles 81 and 82 of the Ley de Jurisdicción Constitucional and as the Chamber has repeatedly resolved (resolutions 0536-91, 0537-91, 0554-91, and 0881-91), this publication does not suspend the validity of the norm in general, but only its application in the cases and conditions indicated. The response to the hearing granted in this resolution must be submitted only once, using only one of the following means: physical documentation presented directly at the Secretariat of the Chamber; the fax system; electronic documentation through the ONLINE MANAGEMENT System; or, to the email address ...197, which is an email exclusively dedicated to the receipt of reports. In any case, the response and other documents must expressly indicate the expediente number to which they are directed. The response rendered by electronic means must include the signature of the responsible person who subscribes it, either by digitizing the physical document containing their signature, or through a digital signature, according to the provisions established in the Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, No. 8454, in order to prove the authenticity of the filing. It is warned that documents generated electronically or digitized that are presented through the Online Management System or by the indicated email should not exceed 3 Megabytes. Notify.

Classification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 12:51:56.

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