Res. 05906-1999 Sala Constitucional — Amparo against Cañas River pollution by tilapia processing plantAmparo contra contaminación del río Cañas por planta procesadora de tilapia

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Sala Constitucional

Resolución Nº 05906 - 1999

Fecha de la Resolución: 28 de Julio del 1999 a las 16:15

Expediente: 99-003195-0007-CO

Redactado por: Carlos Manuel Arguedas Ramírez

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL



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Texto de la resolución

Amparo

Fecha: 28/07/1999

Exp: 99-003195-007-CO-A

Res: 05906-99

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas quince minutos del veintiocho de julio de mil novecientos noventa y nueve.

Recurso de Amparo establecido por Nombre180543   , con cédula de identidad número CED138290 contra el Ministro de Salud, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Municipalidad de Cañas y Nombre182328 Internacional Sociedad Anónima.

RESULTANDO.

1.- Nombre180543    interpone recurso de amparo contra el Ministro de Salud, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Municipalidad de Cañas y Nombre182328 Internacional Sociedad Anónima, alegando violación al derecho de los ciudadanos a gozar de un ambiente sano, con fundamento en los siguientes hechos. Señala el recurrente que existen denuncias contra la empresa Nombre182328 Internacional S.A., que opera en la Red de Frío en Cañas de Guanacaste, por contaminación de las aguas del río Cañas en esa misma localidad, dado que dicha empresa deposita en las lagunas de tratamiento de Acueductos y Alcantarillados sus residuos sin el debido tratamiento. Dicha contaminación la viene efectuando desde hacer varios años, pero está documentada a partir de 1997 y hasta la fecha. Las citadas lagunas, construidas por la Municipalidad en el año 1958, no están en capacidad técnica o de diseño para tratar las aguas residuales de la citada empresa, las que se caracterizan por contener altos niveles de grasa, sangre, escamas y otros subproductos de pescado provenientes de la planta de procesamiento de tilapia que opera la empresa dicha. Al no tener las lagunas de tratamiento de Acueductos y Alcantarillados la capacidad de regenerar las aguas residuales y negras del cantón de Cañas, las aguas que allí se depositan son lanzadas "crudas" al río Cañas, produciéndose una alta contaminación especialmente con materia fecal. Las aguas del río Cañas son utilizadas por la población aguas abajo tanto para el consumo humano en sus diversas variables como para el regadío en la producción agrícola para el consumo humano, amen de que el destino final de las aguas del río es el Golfo de Nicoya donde se ubica una parte importante de la pesca artesanal del país. Señala además que se ha demostrado que el deterioro de la calidad de vida de los pobladores de Cañas está relacionada con el consumo de agua y otros subproductos contaminados. Señala que pese a diversas gestiones realizadas por la Defensoría de los Habitantes respecto al problema de contaminación señalado, al interponer el recurso no se tiene conocimiento de que los responsables directos o indirectos del mismo hayan realizado los actos pertinentes y necesarios para poner fin a la contaminación y para mitigar los daños causados. Hace ver que con el fin de buscar una solución del problema promovió en su despacho una reunión el 9 de marzo de 1999 entre la Defensoría de los Habitantes, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, representantes de las comunidades afectadas y el representante de Commonwealth Development Corporation -propietaria de AquaCorporation S.A.-; en tal oportunidad las partes involucradas se manifestaron en torno a la problemática, los representantes de la compañía admitieron responsabilidad en los hechos denunciados. En relación a la empresa Nombre182328 S.A., señala el recurrente que esta no cuenta con el debido estudio de impacto ambiental, con un plan de manejo de desechos incluidas las aguas residuales, que funciona en terrenos propiedad del Estado que no están diseñados para el procesamiento de pescado, que las descargas que dicha empresa realiza superan los límites de contaminación permisible contenidos en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, y que no cuenta con permiso sanitario de funcionamiento actualizado y expedido por el Ministerio de Salud. Respecto del Ministerio de Salud el recurrente señala que ha permitido el funcionamiento de la empresa Nombre182328 al margen de la ley y contra criterios técnicos vigentes, asimismo conociendo la gravedad del problema el ministerio citado favorece a la empresa Nombre182328 y con su inacción permite que se continúe degradando el ambiente y contaminando el río con lo que se afecta directamente la calidad de vida de los vecinos que requieren del agua para satisfacer sus necesidades de consumo. En cuanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados su inacción en cuanto a la problemática aludida ha permitido que la citada empresa continúe con la descarga de materias residuales contaminantes al río Cañas afectando la salud de los vecinos del río y lesionando la biodiversidad; asimismo se señala que las aguas residuales de dicha empresa no deberían ser recibidas en las lagunas de estabilización. Por último en cuanto a la Municipalidad de Cañas, esta ha permitido que la empresa Nombre182328 continúe en la actividad ilícita contaminante que realiza incumpliendo la legislación ambiental existente. Pide el recurrente que se declare con lugar el recurso, que se obligue al Ministro de Salud, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a la Municipalidad de Cañas a cumplir con la legislación aplicable al funcionamiento de la empresa Nombre182328 S.A.; que se ordene la paralización del funcionamiento de la citada empresa; que se condene a las partes recurridas al pago de las costas del proceso y de los daños ambientales causados por su acción u inacción.

2.- Mediante resolución de las quince horas cuarenta y nueve minutos del siete de mayo de mil novecientos noventa y nueve se cursó este amparo contra el Ministro de Salud, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Municipalidad de Cañas y Nombre182328 Internacional S.A., requiriéndose los informes respectivos.

3.- El Alcalde Municipal de Cañas informa que esa corporación municipal desde el inicio de la problemática ambiental que se plantea ha estado atenta a la elaboración de los estudios técnicos respectivos, y también vigilante de que el Ministerio de Salud, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la empresa interesada den cumplimiento a los acuerdos tomados para solventar la situación. Aporta el informante copia de un convenio de fecha 17 de agosto de 1998 suscrito por las diferentes partes involucradas. Señala asimismo que es Acueductos y Alcantarillados quien construyó y tiene a su cargo la operación y mantenimiento de las lagunas de oxidación y del acueducto de la ciudad de Cañas. Reitera que a su representada no se le puede atribuir responsabilidad alguna en los problemas denunciados por el recurrente, sino que las responsabilidades corresponden a otros instituciones, por lo que pide se declare sin lugar el recurso en cuanto se refiere a la Municipalidad de Cañas y se condene en costas al recurrente.

4.- Por su parte los representantes del Comité Local de Defensa de Cañas Nombre144 que el problema de contaminación del río Cañas se debe a la existencia de varias fuentes contaminantes y no sólo a los desechos de la empresa Nombre182328 S.A. como pretende hacerlo ver el recurrente Nombre180543   ; citan como tales agentes contaminantes la existencia de vertederos de chatarra y otras basuras cerca del nacimiento del río Cañas, los vertederos de basura y deshechos orgánicos que los vecinos de la comunidad de Vergel lanzan al río varios kilómetros antes de la ciudad de Cañas, las inundaciones que provocan el desbordamiento de los tanques sépticos de la Dirección21190   ubicada un kilómetro al este del puente sobre el citado río, el zanjo de San Cristóbal Sur que sirve de desagüe a las aguas servidas de los Dirección21191 ,   y San Cristóbal. Nombre144 que se han realizado obras importantes para solventar el problema ambiental como por ejemplo la inversión de Acueductos y Alcantarillados por sesenta millones de colones para conectar ciento treinta y ocho casas al sistema de tratamiento de aguas, la firma de un contrato de Nombre182328 con Amanco para lograr un límite permisible de sustancias contaminantes mientras se traslada a su nueva planta de proceso.Reconocen los citados representantes que Nombre182328 de instaló en la Red de Frío de Cañas desde 1992 a vista y paciencia de quienes no debieron permitirlo y actualmente se ha consolidado en la comunidad representando fuente de trabajo e ingreso para más de quinientos empleados, quienes ven en peligro su estabilidad económica y emocional pues la interposición de este amparo puede conllevar el cierre de la empresa con lo que se provocaría un caos social. Desde esa perspectiva hacen ver que la empresa interesada ha mostrado buena disposición para solucionar el problema de contaminación. Nombre144 que es imprudente y prematura la interposición de este amparo, pues ya se están realizando medidas para contrarrestar la contaminación.

5.- La Ministra a.i. de Salud informa que en efecto la empresa Nombre182328 Internacional S.A. no cuenta con permiso sanitario de funcionamiento ya que ese ministerio ha decidido no renovarlo hasta que cumpla con los requisitos legales y reglamentarios. Señala que mediante orden sanitaria notificada el 14 de agosto de 1998 se anuló el permiso sanitario que tenía la empresa citada y se ordenó su traslado a otro sitio en el que debe contarse con el visto bueno de ubicación y el respectivo permiso sanitario de funcionamiento. Señala que en agosto de 1998 se suscribió en ese ministerio, por parte de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Ministro de Ambiente y Energía, la Municipalidad de Cañas y un representante de la empresa Nombre182328 Internacional S.A. un acuerdo mediante el que se otorgó a la empresa un plazo hasta el 3 de setiembre de 1998 para que presentara una propuesta de modificación para las lagunas de oxidación de Cañas de modo que se cumpliera con el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas, así como el plazo de dieciséis meses más para que la empresa construyera una nueva planta. La empresa presentó la propuesta respectiva mediante memorial GGYB102/98 de dos de setiembre de 1998, en la que se contiene el planteamiento para el tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de Cañas, propuesta que incluye medidas coordinadas con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; tales medidas conllevaron una inversión económica superior a los cinco millones de colones y un aumento en los costos de operación de aproximadamente doce millones de colones; no obstante en ese memorial la empresa reconoció que la mejor solución era la construcción de una nueva planta física la que estaría lista en los dieciséis meses acordados. Señala la Viceministra de Salud que dada la actitud de la empresa, de esforzarse por el cumplimiento de los ordenamientos sanitarios, ese ministerio consideró oportuno dejar sin efecto la orden de cierre de la empresa y admitir el otorgamiento de un plazo razonable para la implementación de las medidas sanitarias que dieran solución definitiva al problema planteado: dicho plazo se fijó en tres meses conforme se señala en oficio UAC-2018-98 de veintinueve de abril de mil novecientos noventa y nueve. Señala que la actuación administrativa responde a los principios de racionalidad y razonabilidad contenidos en el numeral 216 de la Ley General de la Administración Pública.Hace ver que ese ministerio no sólo no ha otorgado prórroga al permiso sanitario de funcionamiento sino que se suspendió el que estaba vigente. Se ha dado seguimiento a la problemática, siendo que incluso durante los días 18 y 19 de marzo de 1999 se realizó una inspección sanitaria a la planta de tratamiento de aguas residuales, a la comunidad de Hotel, Dirección21192  , a la planta de tratamiento de Quebrada San Cristóbal y a la empresa Nombre182328 Internacional S.A., pudiéndose constatar que esta última empresa ha realizado mejoras en el sistema de tratamiento de sus aguas residuales con lo que ha logrado mejorar la calidad del agua del afluente de vertido a la red de alcantarillado sanitario: además se hace ver que una vez lo apruebe el Ministerio de Salud, se procederá por medio de la compañía Amanco a la instalación de un equipo para el tratamiento de las aguas residuales lo que permitirá cumplir con el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales. Se señala asimismo que la Unidad de Proceso de Control del Ambiente Humano mediante oficio CAH.080-99 está girando instrucciones a las autoridades locales para que vía orden sanitaria soliciten a la empresa mencionada varias acciones a tomar. Se concluye que el problema del manejo de las aguas residuales originadas en la empresa Nombre182328 Internacional S.A. ha sido debidamente atendido por el Ministerio de Salud, y que las decisiones que se han tomado se enmarcan dentro de la razonabilidad y racionalidad propias de la función administrativa. Pide que se declare sin lugar el presente recurso de amparo.

6.- El presbítero José Herrera Salas, en representación de la Comisión Diocesana de Pastoral Social de la Diócesis de Tilarán, presentó escrito apoyando la interposición del presente amparo, pues considera que es una denuncia legítima de la problemática de contaminación de ríos en la provincia de Guanacaste.

7.- Alejandro Batalla Bonilla en su calidad de apoderado especial judicial de la empresa Nombre182328 Internacional S.A. informa, en fecha 17 de mayo de 1999, que desde el año 1986 esa empresa inició un novedoso proyecto de cultivo de tilapias en las afueras de la ciudad de Cañas, provincia de Guanacaste, aprovechando para ello la infraestructura del Distrito de Riego Arena que recién se había culminado. Durante los primeros años de ensayo y adaptación la fase de procesamiento del pescado se realizaba en San José pero en 1992 se tomó la decisión de instalar la planta de procesamiento cerca de la finca de producción. Es así como aprovechando que los edificios de la Red de Frío en Cañas se negoció con su concesionario, Consorcio Poder del Mar S.A., la instalación de la planta de proceso en ese sitio: con tal finalidad se obtuvieron los permisos del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para tomar el agua necesaria y para verter las aguas servidas en el sistema de alcantarillado sanitario. Señala el informante que si bien es cierto en 1992 la planta debido a la cantidad de tilapia que procesaba diariamente lograba cumplir con los parámetros exigidos por AyA, ante el aumento de la producción operado en 1996/1997 y la promulgación del Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales publicado en la Gaceta del 19 de julio de 1997 la empresa quedó en situación de incumplimiento de los parámetros exigidos por la nueva legislación: ante ello se concluyó que la única salida viable a la problemática era la construcción de una planta nueva.Es así como uno de los socios de Nombre182328 Internacional S.A. decidió hacer la inversión para la construcción de una nueva planta, lo que significa un aporte de entre tres y cuatro millones de dólares, formándose la empresa Terrapez S.A. para tales efectos. La empresa Terrapez S.A. adquirió en junio de 1998 dos fincas en las afueras de Cañas con la finalidad de construir ahí la nueva planta de procesamiento: así con una inversión de ciento cincuenta y ocho mil novecientos treinta y seis dólares se adquirieron las fincas del partido de Guanacaste matrículas Placa35198 y Placa35199 con una medida total conjunta de más de veintiocho hectáreas. El 11 de agosto de 1998 se suscribió un contrato de servicios profesionales con la empresa Franz Sauter y Asociados S.A., para el diseño del anteproyecto, obtención de los permisos preliminares, coordinación del Estudio de Impacto Ambiental, trámites ante la SETENA, elaboración del diseño civil, eléctrico y mecánico, así como la confección de los planos constructivos para la nueva planta industrial para el proceso y empaque de tilapia. Asimismo se contrató a la empresa islandesa Meka Ingeniering para que asesore en el diseño conceptual de la citada planta. Por otra parte el 29 de abril de 199 se suscribió un contrato con la empresa Amanco para la construcción de dos plantas de tratamiento de agua bajo la modalidad llave en mano, una de ellas destinada a la actual planta de Nombre182328 Internacional S.A. ubicada en la Red de Frío y la segunda para la nueva planta de procesamiento en terrenos de Terrapez S.A. Con la finalidad de llevar a cabo el estudio de impacto ambiental respectivo, la empresa Terrapez S.A. contrató a la empresa Desarrollos en Ecología, Paisajismo, Planificación, Arquitectura y Turismo S.A., estudio que al rendirse el informe había sido ya presentado a la Setena. Por su parte la Municipalidad de Cañas, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo han otorgado los permisos respectivos para la ubicación de la nueva planta de proceso, la Municipalidad de Cañas ha autorizado el movimiento de tierra respectivo y la empresa Franz Sauter y Asociados próximamente va a adjudicar la licitación que ha promovido para la contratación de la empresa que va a construir la planta. Se informa asimismo que a partir del mes de abril del año 2000 la nueva planta iniciará sus funciones.Señala el informante que la empresa Nombre182328 Internacional S.A. ha promovido el desarrollo de una zona deprimida como lo es Cañas. Actualmente trabajan para dicha empresa en forma directa 475 personas de las cuales 250 trabajan en la planta de proceso, la mayoría mujeres jefas de hogar; además genera mil quinientos puestos de trabaja indirectos, paga anualmente quinientos millones de colones en planillas y hace pagos anuales a proveedores, empresas privadas e instituciones públicas por un monto de mil quinientos millones de colones. Además existe interés en que parceleros independientes se dediquen al cultivo de la tilapia para aprovechar la capacidad de la nueva planta procesadora. En cuanto a los hechos referidos en el amparo, señala el informante que la empresa no es responsable de la contaminación del río Cañas y de las enfermedades que están padeciendo los vecinos, ya que esa ciudad no tiene una planta de tratamiento de aguas residuales residenciales por lo que el alcantarillado sanitario desemboca en unas lagunas de estabilización cuyo afluente desemboca en el río Cañas: el problema de esas lagunas es que el sistema de alcantarillado sanitario recibe no sólo las aguas negras residenciales sino también las aguas pluviales, por lo que las lagunas se desbordan y las aguas llegan sin ningún tratamiento al río Cañas. En consecuencia la aguas residuales de la empresa Nombre182328 Internacional S.A. no tienen nada que ver con el diseño inadecuado de las lagunas. Se informa que una vez el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados hizo de conocimiento que las aguas residuales de la empresa quedaron fueron los márgenes autorizados, se iniciaron una serie de trabajos para mejorar la calidad del afluente vertido al sistema de alcantarillado. Así se instalaron una serie de mallas y parrillas en el interior de la planta, se contrató personal adicional, se implementaron rutinas de limpieza y filtrado del agua; en 1998 se implementó el sistema de tanque de aireación (DAF) para separar grasa y proteína del agua, y en enero de 1999 se inició el proceso de separación del agua de la sangre por medio de coagulación y sedimentación: tales acciones lograron reducir en un 50% la carga contaminante de la demanda química de oxígeno y de la demanda biológica de oxígeno, y dentro de ese contexto de buscar la solución al problema es que se decidió la construcción de una nueva planta de proceso por medio de la sociedad Terrapez S.A. Señala el informante que en agosto de 1998 la empresa Nombre182328 Internacional S.A. promovió una reunión entre el Ministro de Salud, el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, un representante del Ministerio de Ambiente y Energía, la Presidenta del Concejo Municipal de Cañas, con la finalidad de llegar a una solución al problema de las aguas residuales de la empresa y de la falta de capacidad de las lagunas de AyA. En esa oportunidad se suscribió un convenio mediante el que la empresa se comprometía a proponer una solución al problema en el término de quince días, y si la solución propuesta era factible se daría un plazo de dieciséis meses para la construcción de la nueva planta. Dentro de tales plazos se hizo una propuesta a Nombre5630 que consistía no sólo en el mejoramiento sustancial de las aguas residuales, sino en la compra y operación de aireadores, instalaciones eléctricas; dicha institución formuló una contrapropuesta que significara una solución permanente al problema, la empresa Nombre182328 Internacional S.A. la aceptó en el sentido de que esta última se comprometía a adquirir cinco hectáreas de terreno contiguo a las actuales lagunas, pero no se pudo materializar debido a que el propietario aumentó exageradamente el precio del inmueble; se acordó entonces que Nombre5630 procedería a la expropiación de los terrenos y la empresa mencionada se encargaría de la construcción de la laguna; el proceso expropiatorio se inició, se hizo la publicación respectiva en la Gaceta del 23 de febrero de 1999, y la empresa informante contrató a la empresa CAVESA para el movimiento de veinte mil metros cúbicos de tierra para construir la laguna mencionada. Por otra parte, como se mencionó antes, señala el apoderado de la empresa recurrida que ya se contrató con la empresa Amanco la instalación de un sistema de tratamiento de aguas residuales, el que estará operando a partir del 17 de junio de 1999: esto pues pese a los esfuerzos de la empresa no ha sido posible cumplir con los mínimos establecido en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales. Hace ver el informante que es cierto que las lagunas del Nombre5630 en Cañas, construidas en 1958, no están en capacidad de recibir las aguas de la empresa Nombre182328 Internacional S.A., pero que tampoco están en capacidad de recibir las aguas de la ciudad, por lo que el vertido de las aguas de la empresa no es el factor principal ni esencial del mal funcionamiento de las lagunas. Señala que la contaminación del río Cañas tiene varias causas, por lo que no es sólo la actividad de la empresa la que ocasiona el problema denunciado. En cuanto a la existencia de los estudios de impacto ambiental, se informa que cuando la empresa inició sus operaciones tal requisito no existía, pero que actualmente el estudio ya se hizo y está presentado a la Setena. Se ha presentado asimismo a las autoridades del Ministerio de Salud un plan de gestión ambiental que incluye lo relativo al manejo de los desechos sólidos. Es asimismo cierto que la empresa Nombre182328 Internacional S.A, funciona en la Red de Frío del Ministerio de Hacienda, pero lo hace bajo un contrato que firmó con la empresa concesionaria Consorcio Poder del Mar S.A. No es cierto que la empresa recurrida carezca de permiso del Ministerio de Salud, ya que ese ministerio ha otorgado a partir del 29 de abril de 1999 un plazo de tres meses para cumplir con las exigencias del decreto referente al Vertido y Reuso de Aguas Industriales, de manera que se cuenta con autorización de funcionamiento hasta la fecha establecida. Por lo anterior, dado que la empresa Nombre182328 Internacional S.A. ha actuado de manera responsable para dar cumplimiento cabal a las exigencias y requisitos propios de su operación, pide se declare sin lugar el recurso por prematuro, dado que existen plazos vigentes dentro de los que se dará cumplimiento a tales aspectos.

8.- El Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados informa que a su representada le corresponde controlar la calidad de las aguas que la población vierte al alcantarillado sanitario. Desde hace algún tiempo se ha conectado al sistema de oxidación de Cañas una planta procesadora de tilapia, la que vierte allí sus desechos líquidos: hace ver que no es conveniente que tal tipo de industria se conecte a un sistema lagunar cercano a una ciudad pues la proteína fresca de sus residuos al ser depositada sin tratamiento previo libera olores desagradables, además de que se afecta la eficiencia lagunar. El sistema de tratamiento de aguas de Cañas fue diseñado para tratar exclusivamente aguas residuales de rigen doméstico y no así los desechos de industrias cárnicas. Por otra parte, debido a la promulgación de nueva normativa, el afluente actual del sistema lagunar no cumple con los requisitos que exige el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales. Debido a denuncias de los usuarios que hacían ver la problemática de la evacuación y tratamiento de las aguas residuales de Cañas, en fecha 11 de agosto de 1998 se tomó una resolución mediante la que se cesó de inmediato la descarga de lodos provenientes de tanques sépticos en los alcantarillados sanitarios y sistemas lagunares de la región Chorotega, así como la recepción de las aguas residuales provenientes del procesamiento industrial de tilapia por parte de la empresa Nombre182328 Internacional S.A. Habida cuenta de que esa empresa se comprometió con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y Acueductos y Alcantarillados a presentar una propuesta de modificación al uso de las lagunas de oxidación, esa Presidente Ejecutiva mediante resolución de las quince horas del once de agosto de 1998 accedió a ampliar el plazo de cese de recepción de las aguas residuales, con el fin de analizar la propuesta de la empresa. El Presidente de la Junta Directiva de Nombre182328 Internacional S.A. interpuso recurso de revocatoria el 17 de agosto de 1998 contra el acto de la Presidencia Ejecutiva de AyA, alegando que tiene mas de seis años de verter aguas residuales en el sistema lagunar de Cañas y que además no se había concluido de modo suficiente que dicha empresa incumplía el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales: tal recurso de acogió por llevar razón el recurrente.Señala el informante que personeros del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados han mantenido constantes reuniones con representantes de la empresa Nombre182328 Internacional S.A., con el fin de buscar alternativas de solución a la problemática planteada, siendo que dentro de ese contexto esa institución se ha comprometido a ampliar y mejorar la existente laguna de oxidación, para lo que se están realizando los trámites administrativos licitatorios respectivos. Pide en consecuencia se declare sin lugar el recurso.

9.- Mediante escrito de fecha 26 de mayo de 1999, visible a folio 570, quienes dicen ser miembros del Comité "Proyecto Ríos Limpios" de la Pastoral Social de la Diócesis de Tilarán, ratifican la fundamentación del presente amparo. Nombre144 que en los barrios de Cañas existen diversos casos de personas que sufren enfermedades relacionadas con la contaminación de las lagunas de oxidación de esa localidad. Piden que se le ponga fin a esa dañina contaminación y que se hagan valer los derechos de los ciudadanos.

10.- Mediante escritos de folios 573 y 574, de fechas 26 y 16 de mayo de 1999 respectivamente, vecinos de la comunidad de Cañas, manifiestan su apoyo a la interposición de este amparo. Nombre144 que desde hace mucho tiempo sufren los problemas de contaminación ocasionados por malos olores y rebalses de las lagunas de oxidación de esa localidad, problemática que atribuyen a la contaminación que genera la operación de la empresa Nombre182328 Internacional S.A., la que descarga sus desechos industriales sin tratamiento alguno. Nombre144 que las instalaciones de la empresa no cuentan con una planta de tratamiento de desechos líquidos, desechos que son vertidos sin tratamiento alguno en las lagunas de tratamiento de aguas negras. Hacen ver que está acreditado que los desechos de pescado son incompatibles con el sistema lagunar diseñado para tratar aguas negras, por lo que la actividad de la citada empresa ha provocado niveles de contaminación orgánica altísimos, y niveles enormes de coliformes fecales. Esa situación es grave dado que pocos kilómetros aguas abajo del río Cañas, existen comunidades rurales como la Libertad y barrio Hotel que suplen sus necesidades domésticas con esas aguas, lo que ha causado enfermedades serias, siendo que incluso en agosto de 1998 una de tales comunidades sufrió un brote de hepatitis A. Nombre144 que han existido múltiples advertencias hacia la empresa para que dé el tratamiento adecuado a sus desechos, pero que pese a existir una orden del Ministerio de Salud en agosto de 1998 para cerrar las operaciones, es tanto el poder económico que el Ministro, actuando contra las recomendaciones técnicas, suspendió la orden sanitaria. Solicitan que se ordene a la empresa recurrida el respeto a las leyes nacionales, y se reconozca el derecho de los habitantes a no enfermarse a causa de la contaminación que genera la operación de la recurrida.

11.- Mediante escrito de fecha 30 de mayo de 1999, visible a folio 588, la Defensora de los Habitantes de la República, presenta coadyuvancia en favor del recurrente con base en los siguientes argumentos.Esa Defensoría en atención a la denuncia presentada por el señor Nombre182329   , siguió el expediente 634-23-98, emitiéndose el informe final que fue comunicado a las autoridades responsables mediante notas DHR-9901057-99, DHR-9901055-99, DHR-9901054-99, DHR-9901059-99 y DHR-9901056-99, todas de fecha 28 de enero de 1999.En dicha investigación se comprobó el problema de contaminación del río Cañas debido al mal funcionamiento del "sistema lagunar" para tratamiento de las aguas negras y servidas urbanas de esa ciudad, cuya principal responsabilidad recae sobre las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y del Ministerio de Salud, ya que junto con la Municipalidad de Cañas han tolerado situaciones irregulares que han sido constatadas. La problemática planteada debe analizarse en forma integral, interrelacionando aspectos tales como el uso del suelo, los esquemas productivos industriales, agroindustriales y agrícolas, la expansión urbana, el abastecimiento de agua potable para el consumo humano, las necesidades de riego, transporte y alimentación y la preservación de la biodiversidad de los diferentes ecosistemas. La contaminación de las aguas superficiales de ríos y quebradas tiene el agravante de que traslada los agentes contaminantes al medio marino.El problema de contaminación del río Cañas es un claro ejemplo de lo anterior. El sistema lagunar del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados utilizado en la ciudad de Cañas no es acorde al desarrollo urbanístico actual, y a ello debe agregarse que la empresa Nombre182328 Internacional S.A., que se dedica al procesamiento de la tilapia, se encuentra operando sin contar con un sistema adecuado de tratamiento de las aguas residuales, por lo que las deposita en dicho sistema lagunar, provocando la insuficiencia del sistema y contaminando el río con residuos de tilapia, aceite, sangre y otros. Señala la codyuvancia de la Defensoría que según análisis químicos realizados por el Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en la planta de la empresa, desde 1994 y hasta noviembre de 1998, mencionada se superan los parámetros contenidos en el Decreto Ejecutivo 26042-S-MINAE que es el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, especialmente en relación con la demanda química de oxígeno (se permite 1000 mg/L y el resultado fue de 1604 mg/L), la demanda bioquímica de oxígeno (se permite 300mg/L y el resultado fue de 834 mg/L), nivel de grasas y aceites (el nivel máximo es de 100 y el resultado fue de 1114) y los sólidos suspendidos (se permite un nivel máximo de 500 mg/L y el resultado fue de 1221 mg/L). Se cita además un informe de fecha 5 de agosto de 1998 del Dr.Edgar González Contreras, asesor de la Presidente Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en el que se menciona que la disminución de la eficiencia del sistema lagunar de Cañas coincide con el inicio de la operación de la planta procesadora de tilapia.

Hace ver la Defensoría que la normativa aplicable al caso, en concreto el artículo 132 de la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre, el numeral 65 de la Ley Orgánica del Ambiente y el artículo 285 y siguientes de la Ley General de Salud, es coincidente en que debe prohibirse a toda persona física o jurídica la contaminación de las aguas superficiales, subterráneas y marítimas territoriales, en forma directa o indirecta, por medio de la descarga de aguas negras o residuales, de modo que se conviertan en un peligro para la salud de las personas, la fauna terrestre y acuática, por lo que debe exigirse a cada industria la implementación de un sistema adecuado de tratamiento de las aguas residuales. En consecuencia, el Ministerio de Salud, pese a haber concluido después de la inspección de 6 de julio de 1998 que la industria no podía funcionar en el lugar donde se encuentra, no ejecutó la medida especial de clausura contemplada en el numeral 363 de la Ley General de Salud. Asimismo el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como responsable de la planta de tratamiento de aguas negras de Cañas estaba en la obligación de mantenerla en buen estado, por lo que no debió de haber aceptado recibir aguas residuales de la empresa Nombre182328 Internacional S.A. ya que esta no tiene un sistema de tratamiento adecuado y ajustado a la normativa vigente.: en consecuencia en criterio de la Defensoría, Nombre5630 ha sido tolerante de una situación de contaminación en demérito del servicio de tratamiento de las aguas residuales urbanas de la población de Cañas. Por otra parte señala la Defensoría que la Municipalidad de Cañas debió haber tenido una participación más activa en garantizar la protección de los recursos naturales de la comunidad, tal y como lo señala el numeral primero de la Ley de Construcciones. Concluye la Defensoría señalando que si bien es cierto la empresa Nombre182328 Internacional S.A. ha presentado una propuesta de traslado de la planta procesadora de tilapia, y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se encuentra ampliando y mejorando el sistema lagunar de tratamiento de aguas residuales urbanas del cantón de Cañas, es preocupante que mientras ello no se concrete, se van a mantener constantes los índices de contaminación ya verificados en las aguas del río Cañas.

Redacta el Magistrado Arguedas Ramírez, y;

CONSIDERANDO.

I.- Luego de analizar el recurso, los informes rendidos, y los documentos aportados, estima la Sala que deben considerarse los siguientes hechos para resolver adecuadamente el asunto: a-) Que el sistema lagunar de Cañas fue construido a mediados de la década de los años setenta, con la finalidad de depurar las aguas residuales domésticas y carece de la capacidad para recibir y tratar adecuadamente los desechos y aguas residuales propios de actividades industriales o agroindustriales: las aguas ya tratadas se descargan a su vez por canal abierto en el río Cañas, de cuyo cauce se toman aguas para varias actividades como la irrigación de cultivos, entre otras, . (ver copia del informe de evaluación del sistema lagunar de Cañas elaborado por el Ing.José Miguel Ramírez Corrales visible a folio 18 y siguientes, copia del informe "Análisis del manejo de las aguas residuales de la industria y de la ciudad de Cañas" elaborado por la empresa Consultores en Ingeniería Ambiental y Sanitaria de folio 245 y siguientes, así como copia del informe del Dr.Edgar González Contreras, Asesor de la Presidente Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, de folio 685 a 689 de este legajo). b-) Que mediante oficio de fecha 16 de octubre de 1991, personeros del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados dieron la autorización respectiva para que la empresa Nombre182328 utilizara la red de alcantarillado sanitario para verter las aguas servidas resultantes del proceso y destace de tilapia: que dicha autorización se dio sin mediar ningún estudio técnico que la avalara. (ver fotocopia de folio 341, y recomendaciones de la Evaluación del Sistema Lagunar de Cañas llevada a cabo por el Lic. José Miguel Ramírez Corrales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, visible en fotocopias de folios 18 a 26 especialmente el folio 25 de este legajo). c-) Que a partir del año 1992 la empresa Aqua Corporación Internacional S.A. inició la operación de la planta de procesamiento de tilapia, propiamente en las instalaciones de la Red de Frío en Cañas, provincia de Guanacaste ( ver informe de la citada empresa de folios 331 a 337). d-) Que el sistema de disposición de las aguas residuales de la planta de procesamiento de tilapia operada por la empresa citada, desde el inicio de las operaciones, no incluyó la existencia de una planta de tratamiento que permitiera que la calidad del afluente hacia el sistema de alcantarillado no afectara el buen funcionamiento del sistema lagunar de Cañas, lo que posibilitó que por largo tiempo residuos contaminantes se descargaran a su vez en las aguas del río del mismo nombre. (ver informe final de la Defensoría de los Habitantes, referente al expediente de esa dependencia 0634-23-98 visible en fotocopias de los folios 720 a 734, como copia del informe del Dr.Edgar González Contreras, Asesor de la Presidente Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, de folio 685 a 689). e-) Con posterioridad al inicio de las operaciones de la planta procesadora de tilapia, decayeron notablemente los niveles de eficiencia del sistema lagunar de tratamiento de aguas de la ciudad de Cañas, detectándose en evaluaciones efectuadas entre los años 1994 y 1998 por el Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que existían excesos respecto de los parámetros autorizados, especialmente en cuanto a la demanda química de oxígeno, la demanda bioquímica de oxígeno, niveles de grasas, aceites y sólidos suspendidos: dichos niveles parecen ir en aumento mostrando números sumamente elevados para noviembre de 1998. (ver escrito de coadyuvancia de la Defensoría de los Habitantes de folio 588 y siguientes, fotocopias del informe del Dr.Edgar González Contreras, Asesor de la Presidente Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, de folio 685 a 689, así como copia de la resolución 252-98-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo de folio 795 y siguientes). f-) Que en evaluación efectuada en fecha 11 de febrero de 1997, por la Sección de Aguas Residuales del Proceso de Calidad del Agua del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, sobre la descarga principal de la planta procesadora de tilapia, se reportó presencia de grasa, escamas, sangre y pedazos de pellejos de pescado en el cenicero de conexión, advirtiéndose en esa oportunidad la existencia de otra descarga de aguas con sangre en otro sector y que llega hasta el alcantarillado; se concluyó en esa oportunidad que la descarga de la procesadora de tilapia no cumple con los límites máximos permisibles para ser vertidos en el alcantarillado sanitario de AyA; los límites máximos son de la demanda biológica de oxígeno (DBO) 300 mg/L, de la demanda química de oxígeno (DQO) es de 1000 mg/L y de sólidos suspendidos es de 150 mg/L, en tanto que los valores cuantificados en la evaluación son respectivamente 1000 mg/L, 11600 mg/L y 338 mg/L; se recomendó en dicha evaluación no aceptar conexiones de industrias cárnicas, aún cuando cumplan los límites máximos de DBO y de DQO, ya que los sistemas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados deben ser prevalentemente para tratar aguas residuales domésticas. (ver fotocopias de la citada evaluación de folios 18 a 26). g-) Que mediante resolución de las quince horas del once de agosto de 1998 la Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), por los fundamentos que en ella se exponen, dispuso cesar la recepción de las aguas residuales provenientes del procesamiento industrial de tilapia por parte de Nombre182328 Internacional S.A., concediendo un plazo de ocho días a partir de la notificación para hacer efectiva la decisión: en virtud de recurso interpuesto por la citada empresa, mediante resolución de las dieciséis horas del diecisiete de agosto de ese mismo año se dispuso hacer efectiva la citada medida hasta el día 3 de setiembre de 1998. (ver informe del Presidente Ejecutivo de Nombre5630 de folio 497 y siguientes, y copia de resoluciones de folios 522 a 525 y 528 a 530). h-) Mediante orden sanitaria notificada en fecha 14 de agosto de 1998, el Ministerio de Salud ordenó suspender el procesamiento y empacado de tilapias dentro del plazo de quince días, así como proceder a trasladar de lugar la planta procesadora misma, para lo que se concedió el plazo de tres meses; contra esa orden sanitaria interpuso recurso de revocatoria la empresa Nombre182328 Internacional S.A.; posteriormente en virtud de acuerdo logrado el 17 de agosto de 1998, en presencia de la Diputada Irene Urpí entre el Ministro de Salud, la Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio de Ambiente y Energía, la Municipalidad de Cañas y un representante de la empresa citada se acordó otorgar a esta última un plazo hasta el 3 de setiembre de 1998 para que presentara una propuesta de modificación de las lagunas de oxidación de Cañas, de modo de que en caso de ser admisible la propuesta se concediera un plazo adicional de 16 meses para su implementación y para la construcción de una nueva planta de proceso de tilapia: en consecuencia mediante oficio DM-646-98 del primero de octubre de 1998 el Ministerio de Salud decidió cancelar la orden de cierre decretada contra la empresa. (ver copia de oficio UPC-CES-146-98 de folio 35, copia del acuerdo suscrito a folios 127 y 128, informe de la Ministra de Salud a.i. de folio 306 y siguientes, copia de oficio UPC-CAH-682-99 de folio 316 a 320, copia de orden sanitaria de folio 327, así como informe de Nombre182328 Internacional S.A. visible del folio 331 al 337). i-) Que la Municipalidad de Cañas mediante carta pública de fecha 14 de agosto de 1998 suscrita por el Presidente y el Alcalde Municipal, dirigida a los ministerios de Ambiente y Energía, Salud, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, considerando que la empresa Nombre182328 Internacional S.A. ha colaborado en forma importante en mejorar el nivel de vida de los pobladores de esa zona, que representa una importante fuente de ingresos a los vecinos y de divisas al erario público, y tomando en cuenta que dicha empresa recibió de parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados una notificación en el sentido de que no se permitiría más el depósito de las aguas residuales de la empresa en la laguna de oxidación de Cañas, lo que conlleva la paralización de la empresa, acordó apoyar a la citada empresa para que continúe las operaciones en el cantón de Cañas, y deplorar la actitud de grupos comunales y prensa amarillista que han sobredimensionado el problema existente. (ver copia de la citada carta a folios 238 y 239.) j-) Asimismo la Municipalidad de Cañas, en sesión 70-99 del 19 de abril de 1999 acordó por unanimidad apoyar las gestiones que la empresa Nombre182328 Internacional S.A. realiza para operar en las instalaciones de la Red de Frío en ese cantón, mientras se realiza el traslado definitivo a una nueva planta de proceso. (ver fotocopia de folio 216). k-) Que mediante oficio UPC-PSF-0514-99 del 29 de abril de 1999, la Unidad de Permisos y Controles del Ministerio de Salud otorgó a la empresa Nombre182328 Internacional S.A. un plazo de tres meses para que se implementaran las medidas necesarias para resolver definitivamente los problemas sanitarios generados por la operación de la planta procesadora de tilapia. (ver informe de la Viceministra de Salud de folios 306 a 310, y copia de oficio de folio 455). l-) Pese a que mediante oficio número ACT-SC-185-99 de 7 de mayo de 1999, el Jefe de la Oficina Subregional en Cañas del Ministerio del Ambiente y Energía, hace ver que para entonces la empresa Nombre182328 Internacional S.A. ya no vertía sus aguas en la laguna de oxidación sino que todos los desechos se recolectan y se transportan hasta una finca de la empresa donde son tratados en una laguna de oxidación de la planta procesadora, existen documentos aportados por el recurrente se desprenden datos en otro sentido, pues según se colige de las bitácoras de observaciones afectadas en las lagunas de oxidación de Cañas durante el mes de abril de 1999 -la última anotación que se aporta es del 21 de abril de este año- para finales de ese mes todavía se recolectaron en el sitio pellejos y tripas de tilapia. (ver fotocopias de bitácoras de trabajo en el sistema lagunar de Cañas de folios 103 a 108, y fotocopia de oficio visible a folio 794).

II.- En el presente amparo se plantea la temática de la interrelación entre el desarrollo de actividades productivas, en este caso el procesamiento de tilapia para la exportación, y el respeto al ambiente. Dentro de ese contexto se reclama por el recurrente la posición que frente a esa problemática han mantenido la empresa productora, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Cañas.

III.- Como se desprende de la relación de hechos del considerando trasanterior, la empresa Nombre182328 Internacional S.A., que se dedica a la producción y procesamiento de tilapia para la exportación, inició en el año 1992 sus operaciones en las instalaciones de la Red de Frío de Cañas, ubicada en ese cantón de la provincia de Guanacaste. Para iniciar sus operaciones fue autorizada, sin ningún estudio técnico previo, por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para verter sus aguas residuales en el sistema de alcantarillado que tiene como destino inicial el sistema de lagunas de oxidación de Cañas, sistema que desagua en el río del mismo nombre y cuyas aguas desembocan en el Golfo de Nicoya.Una vez iniciada la operación de la planta procesadora de tilapia, el sistema lagunar de Cañas, que estaba diseñado exclusivamente para el tratamiento de las aguas residuales de origen doméstico, bajó notablemente sus niveles de eficiencia, detectándose en mediciones efectuadas entre los años 1994 y 1998 elevados niveles de las demandas biológica y química de oxígeno que ingresan al sistema, lo que indica una sobrecarga de la laguna, resultando además que la carga contaminante de dicha planta es muy superior a la de la población de Cañas cubierta con el alcantarillado sanitario que descarga en la laguna.Si bien es cierto existen otras varias causas contaminantes del río Cañas, como bien lo hace ver la empresa recurrida Nombre182328 Internacional S.A., no puede obviarse el hecho de que el funcionamiento de la planta procesadora de tilapia es un elemento contaminante más que agrava la situación existente. Frente a esa problemática el Ministerio de Salud a mediados del mes de agosto de 1998 dispuso mediante orden sanitaria la suspensión de la actividad de procesamiento y empaque de tilapia y el traslado de la planta procesadora a otro sitio que cumpliera las exigencias sanitarias. No obstante con posterioridad a una reunión sostenida pocos días después con representantes de la empresa Nombre182328 Internacional S.A., el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Municipalidad de Cañas, ese ministerio dispuso dejar sin efecto la citada orden de cierre.Por su parte la Municipalidad de Cañas, pese a considerar la existencia de problemas de contaminación ambiental, con sus acciones y comunicados ha apoyado decididamente la operación de la planta procesadora de tilapia, considerando primordialmente la importancia que esa operación reviste para el desarrollo económico de la zona.

IV.- Debe considerarse que los derechos a la vida y a la salud, así como el derecho a gozar de un ambiente sano, están todos garantizados a nivel fundamental en la Carta Magna, de modo que cualquier criterio económico que se quiera aplicar en un caso concreto debe ceder en importancia ante los primeros. Desde esa perspectiva, el ejercicio de los derechos al trabajo y a desarrollar una actividad productiva, necesariamente debe enmarcarse dentro del respecto a otros derechos fundamentales como lo el derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud.El artículo 50 de la Constitución Política señala claramente que el Estado debe garantizar, defender y preservar el derecho de los habitantes del país a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La acción garantizadora que debe llevar adelante el Estado implica velar por la existencia de condiciones que permitan el surgimiento de espacios vitales ambientalmente puros; la acción preservadora conlleva el impedir que las actividades que habitual y normalmente se desarrollan en esos espacios vitales desmejoren las condiciones ambientales de los mismos; la acción defensora implica impedir toda actividad que, realizada más allá de los parámetros de normalidad de la vida cotidiana, afecte decididamente la calidad del ambiente. La acción que la Constitución Política impone al Estado frente a los focos de contaminación ambiental es multidireccional y definitivamente activa, absolutamente intolerante frente a situaciones que amenazan o afectan las condiciones ambientales óptimas que están garantizadas por ella misma a los habitantes. Desde esta perspectiva no es permitido a la autoridades públicas hacer concesiones o conceder prórrogas para que se continúe afectando el medio ambiente, aún y cuando ello se haga con miras a traer beneficios económicos a una zona geográfica determinada. En el caso concreto está fuera de toda duda el hecho de que la empresa Nombre182328 Internacional se ha constituido en un foco importante de desarrollo en el cantón de Cañas, generando más de cuatrocientos empleos directos y constituyéndose en fuente importante de ingresos por concepto de impuestos tanto a la administración central como al gobierno municipal del cantón. Así ha sido reconocido expresamente por la Municipalidad de Cañas la que ha manifestado su apoyo a la operación de la citada empresa, considerando especialmente la significación económica que esta tiene para la región. Es evidente también que en atención posiblemente a esa característica de la empresa, tanto la Municipalidad de Cañas, como el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados han actuado de forma pasiva frente a la problemática ambiental producida por el funcionamiento de la planta procesadora de tilapia, pues no han actuado de forma decidida y enérgica para que se suspendan las causas contaminantes que se generan de ese proceso productivo. En lo que respecta a la Municipalidad de Cañas, por consideración a criterios de beneficio económico y social para los habitantes del cantón, se ha manifestado decididamente en favor de que se autorice la continuación de las actividades de la empresa Nombre182328 Internacional S.A., sin tomar en cuenta que esas operaciones en las condiciones en que se habían venido dando constituyeron un foco importante de contaminación ambiental, pues se vertían las aguas residuales con materias sólidas en lagunas de oxidación que no pudieron asimilar eficientemente tales descargas, provocando un deficiente funcionamiento del sistema de tratamientos de aguas residuales domésticas de esa localidad.Como señala el numeral quinto de la Ley de Construcciones vigente, las Municipalidades son las encargadas de que las ciudades y poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad en sus vías públicas, edificios y construcciones: tal encargo deviene en una obligación de ineludible cumplimiento cuando se relaciona con el numeral 50 de la Constitución Política antes citado. No pueden en consecuencia las corporaciones municipales desatender el bienestar de los habitantes de su cantón, en aquellos aspectos que como el ambiente afectan la calidad de vida de las personas. Tampoco es atendible el criterio de contraponer, dándole mayor valor, cuestiones puramente económicas como es el ingreso per cápita de los habitantes al derecho de éstos a gozar de un ambiente sano: carece de sentido dirigir la actividad estatal hacia la obtención de altos niveles de empleo sacrificando con ello la pureza del ambiente, pues sin lo segundo lo primero carece de valor. De allí que la Sala estime que la Municipalidad de Cañas ha actuado permisivamente, tolerando, y aún fomentando con sus declaraciones públicas, la operación de una empresa industrial cuyos residuos contaminan el ambiente, en especial el recurso hídrico, en aras de mantener un supuesto bienestar social que se limita al aspecto económico y deja lado cuestiones aún más fundamentales. En lo que se refiere al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ha quedado debidamente acreditado que, sin contar con estudios técnicos que lo permitieran, autorizó en octubre de 1991 a la empresa Nombre182328 Internacional S.A. para que utilizara la red de alcantarillado sanitario, previsto para la recepción de desechos domésticos, y depositara allí las aguas servidas generadas por el proceso productivo que realizaba. Está claro para la Sala que, aún y cuando tales descargas industriales de aguas residuales respetaran los máximos de niveles contaminantes admitidos, la recepción de las mismas en el sistema lagunar excedía las posibilidades operativas previstas, lo que en definitiva contribuyó al deficiente funcionamiento del sistema. Asimismo el Presidente Ejecutivo de AyA, mediante resolución de las quince horas del once de agosto de 1998 dispuso cesar la recepción de las aguas residuales de la empresa Nombre182328 Internacional S.A.: no obstante en atención a la reunión celebrada entre representante de Nombre5630, de la empresa citada, del Ministerio de Salud y de la Municipalidad de Cañas, el Presidente Ejecutivo de la primera entidad dispuso mediante resolución de las quince horas del once de agosto de 1998 dejar sin efecto temporalmente la orden de no recibir más aguas residuales, señalando que la misma no se ejecutaría hasta el tres de setiembre de 1998, a la espera de la propuesta de la empresa según se acordó en tal reunión. Queda pues evidenciada la falta de acción decisiva para poner fin a la recepción de residuos contaminantes que el sistema lagunar de Cañas no está en capacidad de procesar: viola pues el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados la obligación que constitucionalmente le viene impuesta de preservar y defender el medio ambiente. Respecto al Ministerio de Salud, esta institución si bien llevó a cabo controles y llegó a girar incluso órdenes sanitarias de cierre de la empresa Nombre182328 Internacional S.A., no llevó adelante una acción decisiva que impidiera la continuación de las descargas contaminantes que esa empresa efectuaba en el sistema lagunar de Cañas. Como bien lo señala la Ministra de Salud a.i. en su informe, en agosto de 1998 al constatarse deficiencias físico-sanitarias se dictó orden sanitaria tendiente a suspender definitivamente el procesamiento de tilapia en el sitio en que se realizaba, y se ordenó el traslado a otro sitio que cumpliera con las exigencias del caso; pero el reproche se funda en que esa orden nunca se llegó a ejecutar dado que ese ministerio en atención a una reunión sostenida con personeros de la citada empresa, del Ministerio de Ambiente y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la dejó sin efecto y se concedió un plazo que vencía el 3 de setiembre de 1998 para que la empresa presentara una propuesta de solución al problema ambiental, propuesta que de ser admisible conllevaría una ampliación del plazo por otros dieciséis meses para que la empresa terminada la construcción de una nueva planta de proceso: en consecuencia mediante oficio DM-646-98 del primero de octubre de 1998 el Ministerio de Salud decidió cancelar la orden de cierre decretada contra la empresa. Como se señaló anteriormente, estima esta Sala que la atención de los problemas de afectación al medio ambiente, no pueden ser pospuestos, de modo que no es posible que se autorice por parte de entidades públicas la continuación de la acción contaminante por un plazo determinado, acudiendo para ello a criterios como los que antes se han expuesto que únicamente toman en cuenta la importancia económica de la fuente de contaminación y dejan de lado el efecto contaminante mismo. En consecuencia, debe concluirse que el Ministerio de Salud ha actuado en este asunto, no del modo activo que le impone el numeral 50 de la Constitución Política, sino en forma tolerante respecto de la fuente de contaminación representada por la operación de la empresa Nombre182328 Internacional S.A.. Por último, en cuanto a esta empresa, es evidente, por aceptación incluso en el informe rendido, que desde 1992 ha estado descargando sus aguas residuales con materias orgánicas, en el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas operado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en el cantón de Cañas. Ese sistema lagunar no está ideado para atender aguas residuales de procesos industriales, por lo que los niveles de eficiencia del sistema decayeron sensiblemente a partir del inicio de operaciones de la planta procesadora de tilapia operada por dicha empresa. Tales descargas han producido el efecto de que las aguas contaminadas que efluyen del sistema hacia el río Cañas no están debidamente tratadas, trasladando a ese recurso hídrico elementos contaminantes. No es de recibo el alegato de que el sistema de por si no funciona y de que existen otras fuentes de contaminación en el medio, pues ello no elimina el carácter contaminante de los desechos vertidos por la empresa en el sistema lagunar de Cañas y la circunstancia de que ese sistema no está construido para tratar residuos de procesos industriales sino sólo domésticos. En consecuencia, el funcionamiento de la empresa citada constituye un plus de contaminación que afecta el derecho de los habitantes de la zona a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Deben reconocerse los serios esfuerzos de la empresa para reducir el efecto contaminante de sus residuos actuales y para edificar una nueva planta de proceso que cumpla a cabalidad con las exigencias del caso, pero no puede por ello desconocerse el nocivo efecto ambiental de las actividades que hasta ahora ha realizado en el cantón de Cañas. Parece claro que la única causa del mal funcionamiento del sistema lagunar de Cañas no es la recepción de las aguas residuales de la empresa Nombre182328 Internacional S.A., ya que existen problemas operativos propios de las instalaciones que para ser solucionados requieren de labores tales como reacondicionar los ingresos y salidas de las lagunas para mejorar las condiciones hidráulicas, tal y como expresamente lo hace ver el informe del Dr.Edgar González Contreras del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Pero ello no exime de responsabilidad alguna a la citada empresa por descargar sus aguas residuales en ese sistema de tratamiento de aguas domésticas, y tampoco exime de responsabilidad a la entidades recurridas que lo permitieron. En definitiva, las descargas de residuos que la empresa Nombre182328 Internacional S.A, vertió en el sistema lagunar de Cañas, constituye un plus de contaminación, técnicamente inadecuada, que debe sumarse a las condiciones propias de operación del sistema, lo que en definitiva contribuyó a la contaminación del recurso hídrico de la zona. Con fundamento en lo antes expuesto, debe declararse con lugar el recurso. Se ordena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que debe cesar en forma inmediata la recepción de aguas residuales de la empresa Nombre182328 Internacional S.A. en el sistema lagunar que opera en el cantón de Cañas. Se condena al Estado, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Municipalidad de Cañas y a la empresa Nombre182328 Internacional S.A., al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, lo que se liquidará en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.

POR TANTO.

Se declara con lugar el recurso. Se ordena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, cesar en forma inmediata la recepción de aguas residuales de la empresa Nombre182328 Internacional S.A. en el sistema lagunar que opera en el cantón de Cañas. Se condena al Estado, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a la Municipalidad de Cañas y a la empresa Nombre182328 Internacional S.A., al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.

Luis Fernando Solano C.

Presidente a.i.

Luis Paulino Mora M.Eduardo Sancho G.

Carlos Arguedas R.Adrián Vargas B.

José Luis Molina Q.Susana Castro A.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 03:43:44.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**AMPARO**

**Date:** 07/28/1999

**Case File:** 99-003195-007-CO-A

**Resolution:** 05906-99

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at sixteen hours and fifteen minutes on the twenty-eighth of July, nineteen hundred and ninety-nine.

**Amparo Action** filed by Nombre180543, with identity card number CED138290, against the Minister of Health, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the Municipality of Cañas, and Nombre182328 Internacional Sociedad Anónima.

**WHEREAS.**

**1.-** Nombre180543 files an amparo action against the Minister of Health, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the Municipality of Cañas, and Nombre182328 Internacional Sociedad Anónima, alleging a violation of the right of citizens to enjoy a healthy environment, based on the following facts. The petitioner states that there are complaints against the company Nombre182328 Internacional S.A., which operates in the Red de Frío in Cañas de Guanacaste, for contamination of the waters of the Cañas River in that same locality, given that said company deposits its waste in the treatment lagoons of Aqueducts and Sewers without proper treatment. This contamination has been occurring for several years but is documented from 1997 to date. The cited lagoons, built by the Municipality in 1958, do not have the technical or design capacity to treat the wastewater from the cited company, which is characterized by containing high levels of grease, blood, scales, and other fish byproducts from the tilapia processing plant operated by said company. Since the treatment lagoons of Aqueducts and Sewers do not have the capacity to regenerate the wastewater and sewage of the canton of Cañas, the waters deposited there are discharged "raw" into the Cañas River, producing high contamination, especially with fecal matter. The waters of the Cañas River are used by the population downstream for both human consumption in its various forms and for irrigation in agricultural production for human consumption, in addition to the fact that the final destination of the river's waters is the Gulf of Nicoya, where an important part of the country's artisanal fishing is located. He also states that it has been demonstrated that the deterioration in the quality of life of the residents of Cañas is related to the consumption of contaminated water and other byproducts. He indicates that despite various efforts made by the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) regarding the cited contamination problem, at the time of filing the action, there is no knowledge that those directly or indirectly responsible have carried out the pertinent and necessary acts to end the contamination and to mitigate the damages caused. He points out that in order to seek a solution to the problem, a meeting was promoted in his office on March 9, 1999, between the Ombudsman's Office, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, representatives of the affected communities, and the representative of Commonwealth Development Corporation - owner of AquaCorporation S.A.; on that occasion, the involved parties spoke about the problem, and the company representatives admitted responsibility for the reported facts. Regarding the company Nombre182328 S.A., the petitioner states that it does not have the proper environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental), or a waste management plan including wastewater; that it operates on state-owned land not designed for fish processing; that the discharges made by said company exceed the permissible contamination limits contained in the Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales; and that it does not have an updated sanitary operating permit issued by the Ministry of Health. Regarding the Ministry of Health, the petitioner states that it has allowed the operation of the company Nombre182328 outside the law and against current technical criteria; likewise, knowing the seriousness of the problem, the cited ministry favors the company Nombre182328, and its inaction allows the environment to continue being degraded and the river to be contaminated, directly affecting the quality of life of the residents who need the water to meet their consumption needs. As for the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, its inaction regarding the aforementioned problem has allowed the cited company to continue discharging contaminating residual materials into the Cañas River, affecting the health of the neighbors along the river and harming biodiversity; it is also noted that the wastewater from said company should not be received in the stabilization lagoons. Finally, regarding the Municipality of Cañas, it has allowed the company Nombre182328 to continue the illicit contaminating activity it carries out, breaching existing environmental legislation. The petitioner requests that the action be granted, that the Minister of Health, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and the Municipality of Cañas be compelled to comply with the legislation applicable to the operation of the company Nombre182328 S.A.; that the cessation of the cited company's operation be ordered; and that the respondent parties be ordered to pay the costs of the proceeding and the environmental damages caused by their action or inaction.

**2.-** By resolution at fifteen hours and forty-nine minutes on May seventh, nineteen hundred and ninety-nine, this amparo was processed against the Minister of Health, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the Municipality of Cañas, and Nombre182328 Internacional S.A., with the respective reports being requested.

**3.-** The Municipal Mayor of Cañas reports that this municipal corporation, from the beginning of the environmental problem raised, has been attentive to the preparation of the respective technical studies, and also vigilant that the Ministry of Health, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and the interested company comply with the agreements made to resolve the situation. The informant provides a copy of an agreement dated August 17, 1998, signed by the different involved parties. He also notes that it is Aqueducts and Sewers that built and is in charge of the operation and maintenance of the oxidation lagoons and the aqueduct of the city of Cañas. He reiterates that no responsibility can be attributed to his represented party for the problems reported by the petitioner; rather, the responsibilities belong to other institutions, for which reason he requests that the action be dismissed insofar as it refers to the Municipality of Cañas and that the petitioner be ordered to pay costs.

**4.-** For their part, the representatives of the Local Defense Committee of Cañas, Nombre144, state that the contamination problem of the Cañas River is due to the existence of several contaminating sources and not only to the waste from the company Nombre182328 S.A., as the petitioner Nombre180543 attempts to suggest. They cite as such contaminating agents the existence of scrap metal dumps and other garbage near the headwaters (naciente) of the Cañas River, the garbage and organic waste dumps that residents of the community of Vergel throw into the river several kilometers before the city of Cañas, the floods that cause the overflow of the septic tanks of the Dirección21190 located one kilometer east of the bridge over the cited river, and the San Cristóbal Sur ditch that serves as drainage for the sewage from Dirección21191 and San Cristóbal. Nombre144 state that important works have been carried out to resolve the environmental problem, such as the investment of sixty million colones by Aqueducts and Sewers to connect one hundred thirty-eight houses to the water treatment system, and the signing of a contract by Nombre182328 with Amanco to achieve a permissible limit of contaminating substances while it moves to its new processing plant. The cited representatives acknowledge that Nombre182328 installed itself in the Red de Frío in Cañas in 1992, in plain sight and with the tolerance of those who should not have allowed it, and has currently consolidated itself in the community, representing a source of work and income for more than five hundred employees, whose economic and emotional stability is at risk because the filing of this amparo could lead to the closure of the company, causing social chaos. From that perspective, they point out that the interested company has shown a good disposition to solve the contamination problem. Nombre144 state that the filing of this amparo is imprudent and premature, since measures are already being taken to counteract the contamination.

**5.-** The Acting Minister of Health reports that indeed the company Nombre182328 Internacional S.A. does not have a sanitary operating permit, since this ministry has decided not to renew it until it complies with legal and regulatory requirements. She indicates that by sanitary order notified on August 14, 1998, the sanitary permit that the cited company had was annulled and its relocation to another site was ordered, where it must have the location approval (visto bueno de ubicación) and the respective sanitary operating permit. She indicates that in August 1998, an agreement was signed at this ministry by the Executive Presidency of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the Minister of Environment and Energy, the Municipality of Cañas, and a representative of the company Nombre182328 Internacional S.A., through which the company was granted a deadline until September 3, 1998, to present a modification proposal for the oxidation lagoons of Cañas so as to comply with the Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas, as well as a further sixteen-month deadline for the company to build a new plant. The company presented the respective proposal via memorandum GGYB102/98 on September second, 1998, which contains the approach for the treatment of the wastewater of the city of Cañas, a proposal that includes measures coordinated with the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers; such measures entailed a financial investment of over five million colones and an increase in operating costs of approximately twelve million colones. However, in that memorandum, the company acknowledged that the best solution was the construction of a new physical plant, which would be ready within the agreed sixteen months. The Vice Minister of Health indicates that given the company's attitude of striving for compliance with the sanitary regulations, this ministry considered it opportune to render the closure order for the company ineffective and admit the granting of a reasonable period for the implementation of sanitary measures that would provide a definitive solution to the problem raised. Said period was set at three months, as indicated in official communication UAC-2018-98 of April twenty-ninth, nineteen hundred and ninety-nine. She indicates that the administrative action responds to the principles of rationality and reasonableness contained in numeral 216 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). She points out that this ministry not only has not granted an extension to the sanitary operating permit but also suspended the one that was in force. The problem has been followed up on, with a sanitary inspection being carried out on March 18 and 19, 1999, at the wastewater treatment plant, the community of Hotel, Dirección21192, the Quebrada San Cristóbal treatment plant, and the company Nombre182328 Internacional S.A. It was confirmed that this latter company has made improvements to its wastewater treatment system, thereby improving the quality of the effluent water discharged into the sanitary sewer network. It is also noted that once the Ministry of Health approves it, equipment for wastewater treatment will be installed through the Amanco company, which will allow compliance with the Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales. It is also indicated that the Human Environment Control Process Unit, via official communication CAH.080-99, is issuing instructions to local authorities so that, via sanitary order, they request several actions be taken by the mentioned company. It is concluded that the problem of managing wastewater originating from the company Nombre182328 Internacional S.A. has been duly addressed by the Ministry of Health, and that the decisions made are framed within the reasonableness and rationality inherent in the administrative function. She requests that the present amparo action be dismissed.

**6.-** Father José Herrera Salas, representing the Diocesan Commission for Social Ministry of the Diocese of Tilarán, filed a brief supporting the filing of the present amparo, as he considers it a legitimate complaint of the problem of river contamination in the province of Guanacaste.

**7.-** Alejandro Batalla Bonilla, in his capacity as special judicial attorney-in-fact for the company Nombre182328 Internacional S.A., reported on May 17, 1999, that in 1986, this company began an innovative tilapia farming project on the outskirts of the city of Cañas, province of Guanacaste, taking advantage of the infrastructure of the Arena Irrigation District which had just been completed. During the first years of testing and adaptation, the fish processing phase was carried out in San José, but in 1992 the decision was made to install the processing plant near the production farm. Thus, taking advantage of the fact that the buildings of the Red de Frío in Cañas were being negotiated with its concessionaire, Consorcio Poder del Mar S.A., the processing plant was installed at that site. For this purpose, permits were obtained from the Ministry of Agriculture and Livestock and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) to take the necessary water and to discharge the wastewater into the sanitary sewer system. The informant points out that although it is true that in 1992, due to the amount of tilapia processed daily, the plant was able to comply with the parameters required by AyA, the increase in production in 1996/1997 and the enactment of the Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, published in La Gaceta on July 19, 1997, left the company in a situation of non-compliance with the parameters required by the new legislation. Faced with this, it was concluded that the only viable solution was the construction of a new plant. Consequently, one of the partners of Nombre182328 Internacional S.A. decided to make an investment of between three and four million dollars for the construction of a new plant, forming the company Terrapez S.A. for this purpose. In June 1998, the company Terrapez S.A. acquired two farms on the outskirts of Cañas for the purpose of building the new processing plant there. Thus, with an investment of one hundred fifty-eight thousand nine hundred thirty-six dollars, the farms in the district of Guanacaste, registration numbers Placa35198 and Placa35199, with a total combined area of more than twenty-eight hectares, were acquired. On August 11, 1998, a professional services contract was signed with the company Franz Sauter y Asociados S.A. for the preliminary design, obtaining preliminary permits, coordination of the environmental impact assessment (EIA) (Estudio de Impacto Ambiental), procedures before SETENA, preparation of the civil, electrical, and mechanical design, as well as the preparation of construction plans for the new industrial plant for tilapia processing and packaging. The Icelandic company Meka Ingeniering was also contracted to advise on the conceptual design of the cited plant. Furthermore, on April 29, 1999, a contract was signed with the Amanco company for the construction of two water treatment plants under a turnkey modality, one destined for the current Nombre182328 Internacional S.A. plant located in the Red de Frío, and the second for the new processing plant on Terrapez S.A. land. In order to carry out the respective environmental impact assessment, the company Terrapez S.A. hired the company Desarrollos en Ecología, Paisajismo, Planificación, Arquitectura y Turismo S.A.; at the time the report was rendered, this study had already been submitted to SETENA. For their part, the Municipality of Cañas, the Ministry of Health, and the National Institute of Housing and Urbanism (INVU) have granted the respective permits for the location of the new processing plant; the Municipality of Cañas has authorized the respective earthworks (movimientos de tierra); and the company Franz Sauter y Asociados will shortly award the tender it has promoted for hiring the company that will build the plant. It is also reported that as of April 2000, the new plant will begin operations. The informant points out that the company Nombre182328 Internacional S.A. has promoted the development of a depressed area such as Cañas. Currently, 475 people work directly for said company, of which 250 work in the processing plant, the majority being women heads of households; it also generates one thousand five hundred indirect jobs, pays five hundred million colones annually in payroll, and makes annual payments to suppliers, private companies, and public institutions amounting to one thousand five hundred million colones. There is also interest in independent smallholders engaging in tilapia farming to take advantage of the new processing plant's capacity. Regarding the facts referred to in the amparo, the informant states that the company is not responsible for the contamination of the Cañas River and the illnesses that the neighbors are suffering, since that city does not have a residential wastewater treatment plant, so the sanitary sewer flows into stabilization lagoons whose effluent flows into the Cañas River. The problem with those lagoons is that the sanitary sewer system receives not only residential sewage but also stormwater, causing the lagoons to overflow and the water to reach the Cañas River without any treatment. Consequently, the wastewater from the company Nombre182328 Internacional S.A. has nothing to do with the inadequate design of the lagoons. It is reported that once the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers made it known that the company's wastewater exceeded the authorized limits, a series of works were started to improve the quality of the effluent discharged into the sewer system. Thus, a series of meshes and grates were installed inside the plant, additional personnel were hired, and water cleaning and filtering routines were implemented. In 1998, a dissolved air flotation (DAF) tank system was implemented to separate grease and protein from the water, and in January 1999, the process of separating water from blood through coagulation and sedimentation began. These actions managed to reduce the contaminating load of the chemical oxygen demand and the biological oxygen demand by 50%. Within this context of seeking a solution to the problem, the decision was made to build a new processing plant through the company Terrapez S.A. The informant states that in August 1998, the company Nombre182328 Internacional S.A. promoted a meeting between the Minister of Health, the Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, a representative of the Ministry of Environment and Energy, and the President of the Municipal Council of Cañas, for the purpose of reaching a solution to the problem of the company's wastewater and the lack of capacity of the AyA lagoons. On that occasion, an agreement was signed whereby the company committed to proposing a solution to the problem within fifteen days, and if the proposed solution was feasible, a period of sixteen months would be given for the construction of the new plant. Within these timeframes, a proposal was made to Nombre5630, which consisted not only of substantially improving the wastewater but also of purchasing and operating aerators and electrical installations. Said institution formulated a counter-proposal that would represent a permanent solution to the problem, which the company Nombre182328 Internacional S.A. accepted, in the sense that the latter would commit to acquiring five hectares of land adjacent to the current lagoons. However, this could not be realized because the owner excessively increased the price of the property. It was then agreed that Nombre5630 would proceed with the expropriation of the land, and the mentioned company would be in charge of constructing the lagoon. The expropriation process was initiated, the respective publication was made in La Gaceta on February 23, 1999, and the reporting company hired the company CAVESA for the earthworks of twenty thousand cubic meters of soil to build the mentioned lagoon. On the other hand, as mentioned before, the attorney-in-fact of the respondent company indicates that the installation of a wastewater treatment system has already been contracted with the Amanco company, which will be operating as of June 17, 1999. This is because, despite the company's efforts, it has not been possible to comply with the minimums established in the Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales. The informant makes clear that while it is true that the Nombre5630 lagoons in Cañas, built in 1958, are not capable of receiving the waters from the company Nombre182328 Internacional S.A., they are also not capable of receiving the city's waters. Therefore, the discharge of the company's waters is not the primary or essential factor in the malfunctioning of the lagoons. He points out that the contamination of the Cañas River has several causes, so the company's activity is not the only one causing the reported problem. Regarding the existence of environmental impact assessments, it is reported that when the company began its operations, this requirement did not exist, but currently the assessment has been completed and submitted to SETENA. An environmental management plan that includes solid waste management has also been presented to the Ministry of Health authorities. It is also true that the company Nombre182328 Internacional S.A. operates in the Red de Frío of the Ministry of Finance, but it does so under a contract it signed with the concessionaire company Consorcio Poder del Mar S.A. It is not true that the respondent company lacks a permit from the Ministry of Health, since that ministry granted, as of April 29, 1999, a three-month period to comply with the requirements of the decree regarding Vertido y Reuso de Aguas Industriales, so that it has operating authorization until the established date. For the foregoing reasons, given that the company Nombre182328 Internacional S.A. has acted responsibly to fully comply with the demands and requirements inherent in its operation, it requests that the action be dismissed as premature, given that there are current deadlines within which compliance with such aspects will be achieved.

**8.-** The Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers reports that his represented institution is responsible for controlling the quality of the waters that the population discharges into the sanitary sewer. For some time, a tilapia processing plant has been connected to the Cañas oxidation system, where it discharges its liquid waste. He points out that it is not advisable for such a type of industry to connect to a lagoon system near a city, because the fresh protein in its waste, when deposited without prior treatment, releases unpleasant odors, in addition to affecting lagoon efficiency. The Cañas water treatment system was designed to treat exclusively domestic wastewater and not waste from meat industries. On the other hand, due to the enactment of new regulations, the current effluent from the lagoon system does not meet the requirements demanded by the Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales. Due to complaints from users highlighting the problem of the evacuation and treatment of wastewater in Cañas, a resolution was passed on August 11, 1998, immediately ceasing the discharge of sludge from septic tanks into the sanitary sewers and lagoon systems of the Chorotega region, as well as the reception of wastewater from the industrial tilapia processing by the company Nombre182328 Internacional S.A. Considering that this company committed to the Ministry of Health, the Ministry of Environment and Energy, and Aqueducts and Sewers to present a modification proposal for the use of the oxidation lagoons, that Executive Presidency, by resolution at fifteen hours on August 11, 1998, agreed to extend the deadline for ceasing reception of the wastewater, in order to analyze the company's proposal. The President of the Board of Directors of Nombre182328 Internacional S.A. filed an appeal for revocation on August 17, 1998, against the act of the Executive Presidency of AyA, arguing that it has been discharging wastewater into the Cañas lagoon system for over six years and that, moreover, it had not been sufficiently concluded that said company was breaching the Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales. This appeal was granted because the appellant was correct. The informant indicates that officials of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers have held constant meetings with representatives of the company Nombre182328 Internacional S.A. in order to seek alternative solutions to the problem raised. Within this context, this institution has committed to expanding and improving the existing oxidation lagoon, for which the respective administrative bidding procedures are being carried out. He consequently requests that the action be dismissed.

**9.-** By means of a brief dated May 26, 1999, visible on folio 570, those who claim to be members of the "Proyecto Ríos Limpios" Committee of the Social Ministry of the Diocese of Tilarán ratify the basis of this amparo. They (Nombre144) state that in the neighborhoods of Cañas, there are various cases of people suffering from illnesses related to the contamination of the oxidation lagoons of that locality. They ask that an end be put to this harmful contamination and that the rights of the citizens be enforced.

**10.-** Through briefs on folios 573 and 574, dated May 26 and 16, 1999, respectively, residents of the community of Cañas express their support for the filing of this amparo. They (Nombre144) state that they have long suffered from contamination problems caused by bad odors and overflows from the oxidation lagoons of that locality, a problem they attribute to the contamination generated by the operation of the company Nombre182328 Internacional S.A., which discharges its industrial waste without any treatment. They (Nombre144) state that the company's facilities do not have a liquid waste treatment plant, and that waste is discharged without any treatment into the sewage treatment lagoons. They point out that it is proven that fish waste is incompatible with the lagoon system designed to treat sewage, so the activity of the cited company has caused extremely high levels of organic contamination and enormous levels of fecal coliforms. This situation is serious because a few kilometers downstream on the Cañas River, there are rural communities such as La Libertad and barrio Hotel that meet their domestic needs with those waters, which has caused serious illnesses, with one such community even suffering a hepatitis A outbreak in August 1998. They (Nombre144) state that there have been multiple warnings to the company to give adequate treatment to its waste, but that despite an order from the Ministry of Health in August 1998 to close operations, the economic power is such that the Minister, acting against technical recommendations, suspended the sanitary order.

They request that the respondent company be ordered to respect national laws, and that the right of the inhabitants not to become ill due to the pollution generated by the respondent's operation be recognized.

11.- By means of a brief dated May 30, 1999, visible at folio 588, the Ombudsperson of the Republic submits a joinder in favor of the petitioner based on the following arguments. That Ombudsman’s Office, in response to the complaint filed by Mr. Nombre182329   , followed file 634-23-98, issuing the final report that was communicated to the responsible authorities through notes DHR-9901057-99, DHR-9901055-99, DHR-9901054-99, DHR-9901059-99, and DHR-9901056-99, all dated January 28, 1999. In said investigation, the pollution problem of the Cañas River was verified, due to the malfunctioning of the "lagoon system" (sistema lagunar) for treatment of the urban blackwater and greywater of that city, the primary responsibility for which falls upon the authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Ministry of Health, since, together with the Municipality of Cañas, they have tolerated irregular situations that have been confirmed. The problems raised must be analyzed in an integral manner, interrelating aspects such as land use, industrial, agro-industrial, and agricultural production schemes, urban expansion, the supply of drinking water for human consumption, irrigation, transportation, and food needs, and the preservation of the biodiversity of the different ecosystems. The pollution of the surface waters of rivers and streams has the aggravating factor that it transfers the polluting agents to the marine environment. The pollution problem of the Cañas River is a clear example of the foregoing. The lagoon system of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados used in the city of Cañas is not in accordance with the current urban development, and to this must be added that the company Nombre182328 Internacional S.A., which is engaged in tilapia processing, is operating without having an adequate system for treating residual waters, and therefore deposits them in said lagoon system, causing the insufficiency of the system and polluting the river with tilapia residues, oil, blood, and others. The joinder of the Ombudsperson's Office indicates that according to chemical analyses carried out by the National Water Laboratory of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados at the company's plant, from 1994 through November 1998, the parameters contained in Executive Decree 26042-S-MINAE, which is the Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, are exceeded, especially in relation to the chemical oxygen demand (1000 mg/L is permitted and the result was 1604 mg/L), the biochemical oxygen demand (300 mg/L is permitted and the result was 834 mg/L), the level of fats and oils (the maximum level is 100 and the result was 1114), and suspended solids (a maximum level of 500 mg/L is permitted and the result was 1221 mg/L). Also cited is a report dated August 5, 1998, by Dr. Edgar González Contreras, Advisor to the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in which it is mentioned that the decrease in the efficiency of the Cañas lagoon system coincides with the start of the operation of the tilapia processing plant.

The Ombudsperson's Office points out that the regulations applicable to the case, specifically Article 132 of the Ley de Conservación de la Fauna Silvestre, number 65 of the Ley Orgánica del Ambiente, and Article 285 and following of the Ley General de Salud, are coincident in that any natural or legal person must be prohibited from polluting surface, subterranean, and territorial maritime waters, directly or indirectly, through the discharge of blackwater or residual waters, in such a way that they become a danger to the health of people, terrestrial and aquatic fauna, and therefore each industry must be required to implement an adequate system for treating residual waters. Consequently, the Ministry of Health, despite having concluded after the inspection of July 6, 1998, that the industry could not function in the place where it is located, did not execute the special closure measure contemplated in number 363 of the Ley General de Salud. Likewise, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as the entity responsible for the blackwater treatment plant of Cañas, was under the obligation to maintain it in good condition, and therefore should not have accepted receiving residual waters from the company Nombre182328 Internacional S.A. since it does not have an adequate treatment system adjusted to the regulations in force. Consequently, in the opinion of the Ombudsperson's Office, Nombre5630 has been tolerant of a pollution situation to the detriment of the urban residual water treatment service for the population of Cañas. On the other hand, the Ombudsperson's Office indicates that the Municipality of Cañas should have had a more active participation in guaranteeing the protection of the community's natural resources, as indicated in the first number of the Ley de Construcciones. The Ombudsperson's Office concludes by pointing out that although it is true that the company Nombre182328 Internacional S.A. has presented a proposal for the relocation of the tilapia processing plant, and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is expanding and improving the lagoon system for treating urban residual waters of the canton of Cañas, it is concerning that while this is not finalized, the pollution indices already verified in the waters of the Cañas River will remain constant.

Drafted by Judge Arguedas Ramírez, and;

CONSIDERING.

I.- After analyzing the appeal, the reports rendered, and the documents provided, the Chamber estimates that the following facts must be considered to adequately resolve the matter: a-) That the Cañas lagoon system was built in the mid-1970s, with the purpose of purifying domestic residual waters and lacks the capacity to receive and adequately treat wastes and residual waters typical of industrial or agro-industrial activities. The already treated waters are discharged in turn by an open channel into the Cañas River, from whose channel water is taken for various activities such as crop irrigation, among others. (see a copy of the evaluation report of the Cañas lagoon system prepared by Engineer José Miguel Ramírez Corrales visible at folio 18 and following, a copy of the report "Analysis of the Management of Residual Waters from the Industry and the City of Cañas" prepared by the company Consultores en Ingeniería Ambiental y Sanitaria at folio 245 and following, as well as a copy of the report by Dr. Edgar González Contreras, Advisor to the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, from folio 685 to 689 of this file). b-) That through an official letter dated October 16, 1991, representatives of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados granted the respective authorization for the company Nombre182328 to use the sanitary sewer network to discharge the greywater resulting from the tilapia processing and slaughtering process. That said authorization was given without any technical study to support it. (see photocopy of folio 341, and recommendations of the Evaluation of the Cañas Lagoon System carried out by Lic. José Miguel Ramírez Corrales of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, visible in photocopies from folios 18 to 26, especially folio 25 of this file). c-) That starting in 1992, the company Aqua Corporación Internacional S.A. began the operation of the tilapia processing plant, specifically at the facilities of the Red de Frío in Cañas, province of Guanacaste (see report by the cited company from folios 331 to 337). d-) That the disposal system for residual waters from the tilapia processing plant operated by the cited company, from the start of operations, did not include the existence of a treatment plant that would allow the quality of the effluent into the sewer system not to affect the proper functioning of the Cañas lagoon system, which made it possible for a long time for polluting residues to be discharged in turn into the waters of the river of the same name. (see the final report of the Ombudsperson's Office, referring to the file of that agency 0634-23-98 visible in photocopies from folios 720 to 734, as well as a copy of the report by Dr. Edgar González Contreras, Advisor to the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, from folio 685 to 689). e-) That after the start of operations of the tilapia processing plant, the efficiency levels of the lagoon system for water treatment in the city of Cañas declined notably, detecting in evaluations carried out between 1994 and 1998 by the National Water Laboratory of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, that there were excesses regarding the authorized parameters, especially in terms of chemical oxygen demand, biochemical oxygen demand, levels of fats, oils, and suspended solids. These levels appear to be increasing, showing extremely high numbers by November 1998. (see the joinder brief of the Ombudsperson's Office at folio 588 and following, photocopies of the report by Dr. Edgar González Contreras, Advisor to the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, from folio 685 to 689, as well as a copy of resolution 252-98-TAA of the Tribunal Ambiental Administrativo from folio 795 and following). f-) That in an evaluation carried out on February 11, 1997, by the Residual Waters Section of the Water Quality Process of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, on the main discharge of the tilapia processing plant, the presence of fat, scales, blood, and pieces of fish skin was reported in the connection ash pit, warning on that occasion of the existence of another discharge of water with blood in another sector that reaches the sewer. It was concluded on that occasion that the discharge from the tilapia processing plant does not comply with the maximum permissible limits for being discharged into the AyA sanitary sewer. The maximum limits are biochemical oxygen demand (BOD) 300 mg/L, chemical oxygen demand (COD) of 1000 mg/L, and suspended solids of 150 mg/L, while the quantified values in the evaluation are respectively 1000 mg/L, 11600 mg/L, and 338 mg/L. It was recommended in said evaluation not to accept connections from meat industries, even if they comply with the maximum BOD and COD limits, since the systems of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados must be prevalently for treating domestic residual waters. (see photocopies of the cited evaluation from folios 18 to 26). g-) That through a resolution at three o'clock in the afternoon on August 11, 1998, the Executive Presidency of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), on the grounds set forth therein, ordered to cease receiving residual waters coming from the industrial processing of tilapia by Nombre182328 Internacional S.A., granting a period of eight days from notification to make the decision effective. By virtue of an appeal filed by the cited company, through a resolution at four o'clock in the afternoon on August 17 of that same year, it was ordered to make the cited measure effective until September 3, 1998. (see the report of the Executive President of Nombre5630 at folio 497 and following, and a copy of resolutions from folios 522 to 525 and 528 to 530). h-) Through a health order notified on August 14, 1998, the Ministry of Health ordered the suspension of tilapia processing and packing within fifteen days, as well as to proceed to relocate the processing plant itself, for which a period of three months was granted. Against that health order, the company Nombre182328 Internacional S.A. filed an appeal for revocation. Subsequently, by virtue of an agreement reached on August 17, 1998, in the presence of Congresswoman Irene Urpí between the Minister of Health, the Executive Presidency of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Ministry of Environment and Energy, the Municipality of Cañas, and a representative of the cited company, it was agreed to grant the latter a period until September 3, 1998, to present a proposal for modifying the oxidation lagoons of Cañas, so that if the proposal were admissible, an additional period of 16 months would be granted for its implementation and for the construction of a new tilapia processing plant. Consequently, through official letter DM-646-98 of October 1, 1998, the Ministry of Health decided to cancel the closure order decreed against the company. (see copy of official letter UPC-CES-146-98 at folio 35, copy of the signed agreement at folios 127 and 128, report of the Acting Minister of Health at folio 306 and following, copy of official letter UPC-CAH-682-99 from folio 316 to 320, copy of the health order at folio 327, as well as report of Nombre182328 Internacional S.A. visible from folio 331 to 337). i-) That the Municipality of Cañas, through a public letter dated August 14, 1998, signed by the President and the Municipal Mayor, addressed to the ministries of Environment and Energy, and Health, and to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, considering that the company Nombre182328 Internacional S.A. has collaborated importantly in improving the standard of living of the residents of that area, that it represents an important source of income for the neighbors and of foreign currency for the public treasury, and taking into account that said company received from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a notification to the effect that the deposit of the company's residual waters in the Cañas oxidation lagoon would no longer be permitted, which entails the paralysis of the company, agreed to support the cited company so that it continues operations in the canton of Cañas, and to deplore the attitude of community groups and yellow press that have overblown the existing problem. (see copy of the cited letter at folios 238 and 239.) j-) Likewise, the Municipality of Cañas, in session 70-99 of April 19, 1999, unanimously agreed to support the efforts that the company Nombre182328 Internacional S.A. is carrying out to operate at the facilities of the Red de Frío in that canton, while the definitive relocation to a new processing plant is completed. (see photocopy of folio 216). k-) That through official letter UPC-PSF-0514-99 of April 29, 1999, the Permits and Controls Unit of the Ministry of Health granted the company Nombre182328 Internacional S.A. a period of three months to implement the necessary measures to definitively resolve the sanitary problems generated by the operation of the tilapia processing plant. (see report of the Vice Minister of Health from folios 306 to 310, and copy of official letter at folio 455). l-) Despite the fact that through official letter number ACT-SC-185-99 of May 7, 1999, the Head of the Subregional Office in Cañas of the Ministry of Environment and Energy, points out that by then the company Nombre182328 Internacional S.A. was no longer discharging its waters into the oxidation lagoon but rather all waste was collected and transported to a farm owned by the company where it is treated in an oxidation lagoon of the processing plant, there are documents provided by the petitioner from which data to the contrary emerge, since as inferred from the observation logs kept at the Cañas oxidation lagoons during the month of April 1999 - the last entry provided is from April 21 of that year - by the end of that month tilapia skins and guts were still being collected at the site. (see photocopies of work logs at the Cañas lagoon system from folios 103 to 108, and photocopy of official letter visible at folio 794).

II.- In this amparo, the issue raised is the interrelation between the development of productive activities, in this case the processing of tilapia for export, and respect for the environment. Within that context, the petitioner challenges the position that the producing company, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Ministry of Health, and the Municipality of Cañas have maintained in the face of that problem.

III.- As is evident from the factual account in the preceding considering, the company Nombre182328 Internacional S.A., which is dedicated to the production and processing of tilapia for export, began its operations in 1992 at the facilities of the Red de Frío of Cañas, located in that canton of the province of Guanacaste. To begin its operations, it was authorized, without any prior technical study, by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to discharge its residual waters into the sewer system whose initial destination is the oxidation lagoon system of Cañas, a system that drains into the river of the same name and whose waters flow into the Gulf of Nicoya. Once the operation of the tilapia processing plant began, the Cañas lagoon system, which was designed exclusively for the treatment of residual waters of domestic origin, notably decreased its efficiency levels. Measurements taken between 1994 and 1998 detected high levels of the biochemical and chemical oxygen demands entering the system, which indicates an overload of the lagoon, also resulting in the fact that the polluting load of said plant is much higher than that of the population of Cañas covered by the sanitary sewer that discharges into the lagoon. Although it is true that there are several other causes polluting the Cañas River, as the respondent company Nombre182328 Internacional S.A. rightly points out, the fact cannot be ignored that the operation of the tilapia processing plant is one more polluting element that aggravates the existing situation. Faced with this problem, the Ministry of Health, in mid-August 1998, ordered through a health order the suspension of tilapia processing and packing activities and the relocation of the processing plant to another site that met the sanitary requirements. However, subsequent to a meeting held a few days later with representatives of the company Nombre182328 Internacional S.A., the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and the Municipality of Cañas, that ministry ordered the cited closure order to be left without effect. For its part, the Municipality of Cañas, despite considering the existence of environmental pollution problems, has with its actions and communications decisively supported the operation of the tilapia processing plant, considering primarily the importance that this operation has for the economic development of the area.

IV.- It must be considered that the rights to life and to health, as well as the right to enjoy a healthy environment, are all guaranteed at a fundamental level in the Magna Carta, so that any economic criterion that one wishes to apply in a specific case must yield in importance before the former. From that perspective, the exercise of the rights to work and to develop a productive activity must necessarily be framed within the respect for other fundamental rights such as the right to a healthy environment and the right to health. Article 50 of the Political Constitution clearly states that the State must guarantee, defend, and preserve the right of the country's inhabitants to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. The guaranteeing action that the State must carry out implies ensuring the existence of conditions that allow the emergence of environmentally pure vital spaces. The preserving action entails preventing the activities that are habitually and normally developed in those vital spaces from deteriorating their environmental conditions. The defending action implies preventing any activity that, carried out beyond the normality parameters of daily life, decisively affects the quality of the environment. The action that the Political Constitution imposes on the State in the face of sources of environmental pollution is multidirectional and definitively active, absolutely intolerant of situations that threaten or affect the optimal environmental conditions that are guaranteed by it itself to the inhabitants. From this perspective, public authorities are not permitted to make concessions or grant extensions so that the environment continues to be affected, even when this is done with a view to bringing economic benefits to a specific geographic area. In this specific case, it is beyond any doubt that the company Nombre182328 Internacional has become an important source of development in the canton of Cañas, generating more than four hundred direct jobs and becoming an important source of income through taxes for both the central administration and the municipal government of the canton. This has been expressly recognized by the Municipality of Cañas, which has manifested its support for the operation of the cited company, especially considering the economic significance it has for the region. It is also evident that possibly in consideration of that characteristic of the company, both the Municipality of Cañas, and the Ministry of Health and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados have acted passively in the face of the environmental problems produced by the operation of the tilapia processing plant, because they have not acted in a decisive and energetic manner to suspend the polluting causes generated by that production process. Regarding the Municipality of Cañas, out of consideration for criteria of economic and social benefit for the inhabitants of the canton, it has manifested itself decisively in favor of authorizing the continuation of the activities of the company Nombre182328 Internacional S.A., without taking into account that those operations, under the conditions in which they had been occurring, constituted an important source of environmental pollution, since residual waters with solid matter were discharged into oxidation lagoons that could not efficiently assimilate such discharges, causing a deficient operation of the domestic residual water treatment system of that locality. As number five of the Ley de Construcciones in force indicates, Municipalities are in charge of ensuring that cities and towns meet the necessary conditions of safety and healthiness in their public roads, buildings, and constructions. This mandate becomes an unavoidable obligation of compliance when related to number 50 of the Political Constitution cited above. Consequently, municipal corporations cannot neglect the well-being of the inhabitants of their canton, in those aspects that, like the environment, affect people's quality of life. Nor is it acceptable to oppose, giving it greater value, purely economic matters such as the per capita income of the inhabitants against their right to enjoy a healthy environment. It makes no sense to direct state activity towards the attainment of high employment levels by sacrificing the purity of the environment, for without the latter, the former lacks value. Hence, the Chamber considers that the Municipality of Cañas has acted permissively, tolerating, and even encouraging with its public declarations, the operation of an industrial company whose residues pollute the environment, especially the water resource, for the sake of maintaining an alleged social well-being that is limited to the economic aspect and leaves aside even more fundamental issues. Regarding the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, it has been duly accredited that, without having the technical studies to support it, it authorized in October 1991 the company Nombre182328 Internacional S.A. to use the sanitary sewer network, designed for the reception of domestic waste, and deposit there the greywater generated by the productive process it carried out. It is clear to the Chamber that, even if such industrial discharges of residual waters respected the maximum permitted polluting levels, their reception into the lagoon system exceeded the planned operational possibilities, which definitively contributed to the deficient functioning of the system. Likewise, the Executive President of AyA, through a resolution at three o'clock in the afternoon on August 11, 1998, ordered to cease receiving residual waters from the company Nombre182328 Internacional S.A. Nevertheless, in response to the meeting held between a representative of Nombre5630, the cited company, the Ministry of Health, and the Municipality of Cañas, the Executive President of the first entity ordered, through a resolution at three o'clock in the afternoon on August 11, 1998, to temporarily leave without effect the order not to receive more residual waters, stating that it would not be executed until September 3, 1998, awaiting the company's proposal as agreed upon in that meeting. The lack of decisive action to put an end to the reception of polluting residues that the Cañas lagoon system is incapable of processing is thus evidenced. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados therefore violates the obligation constitutionally imposed upon it to preserve and defend the environment. Regarding the Ministry of Health, this institution, although it carried out controls and even issued health closure orders for the company Nombre182328 Internacional S.A., did not carry out a decisive action that would prevent the continuation of the polluting discharges that that company made into the Cañas lagoon system. As the Acting Minister of Health correctly points out in her report, in August 1998, upon verifying physical-sanitary deficiencies, a health order was issued aimed at definitively suspending the processing of tilapia at the site where it was being carried out, and the relocation to another site that met the requirements of the case was ordered. But the reproach is based on the fact that that order was never executed, given that that ministry, in response to a meeting held with representatives of the cited company, the Ministry of Environment, and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, left it without effect and granted a period expiring on September 3, 1998, for the company to present a proposal for a solution to the environmental problem, a proposal that if admissible would entail an extension of the period for another sixteen months for the company to finish the construction of a new processing plant. Consequently, through official letter DM-646-98 of October 1, 1998, the Ministry of Health decided to cancel the closure order decreed against the company. As previously indicated, this Chamber estimates that the attention to problems affecting the environment cannot be postponed, so it is not possible for public entities to authorize the continuation of the polluting action for a determined period, resorting for this purpose to criteria such as those previously set forth that only take into account the economic importance of the pollution source and leave aside the polluting effect itself. Consequently, it must be concluded that the Ministry of Health has acted in this matter, not in the active manner imposed upon it by number 50 of the Political Constitution, but rather in a tolerant manner regarding the source of pollution represented by the operation of the company Nombre182328 Internacional S.A.. Finally, with regard to this company, it is evident, even by its own acceptance in the report rendered, that since 1992 it has been discharging its residual waters with organic matter into the domestic residual water treatment system operated by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados in the canton of Cañas. That lagoon system is not designed to handle residual waters from industrial processes, so the efficiency levels of the system declined significantly after the start of operations of the tilapia processing plant operated by said company. Such discharges have produced the effect that the polluted waters that flow from the system into the Cañas River are not properly treated, transferring polluting elements to that water resource. The argument that the system does not function properly on its own and that there are other sources of pollution in the environment is not acceptable, because this does not eliminate the polluting nature of the waste discharged by the company into the Cañas lagoon system and the circumstance that this system is not built to treat residues from industrial processes but only domestic ones. Consequently, the operation of the cited company constitutes an additional amount of pollution that affects the right of the inhabitants of the area to enjoy a healthy and ecologically balanced environment.

The serious efforts of the company to reduce the polluting effect of its current waste and to build a new processing plant that fully complies with the requirements of the case must be acknowledged, but this cannot disregard the harmful environmental effect of the activities it has carried out to date in the canton of Cañas. It seems clear that the sole cause of the malfunctioning of the Cañas lagoon system is not the reception of wastewater from the company Nombre182328 Internacional S.A., since there are operational problems inherent to the facilities that, in order to be solved, require tasks such as reconditioning the inlets and outlets of the lagoons to improve hydraulic conditions, as expressly noted in the report by Dr. Edgar González Contreras of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. However, this does not exempt the aforementioned company from any responsibility for discharging its wastewater into that domestic water treatment system, nor does it exempt the respondent entities that allowed it. Ultimately, the waste discharges that the company Nombre182328 Internacional S.A. poured into the Cañas lagoon system constitute a technically inadequate additional pollution load (plus de contaminación), which must be added to the system's own operating conditions, which ultimately contributed to the contamination of the water resource (recurso hídrico) in the area. Based on the foregoing, the appeal must be granted. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is ordered to immediately cease receiving wastewater from the company Nombre182328 Internacional S.A. in the lagoon system it operates in the canton of Cañas. The State, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Municipality of Cañas, and the company Nombre182328 Internacional S.A. are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment phase of the administrative contentious proceeding.

POR TANTO.

The appeal is granted. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is ordered to immediately cease receiving wastewater from the company Nombre182328 Internacional S.A. in the lagoon system it operates in the canton of Cañas. The State, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Municipality of Cañas, and the company Nombre182328 Internacional S.A. are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment phase of the administrative contentious proceeding.

Luis Fernando Solano C.
Acting President (Presidente a.i.)

Luis Paulino Mora M.Eduardo Sancho G.
Carlos Arguedas R.Adrián Vargas B.
José Luis Molina Q.Susana Castro A.

This is a true copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 03:43:44.

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