Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Ahora, sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal observa que el Área Rectora de Salud de Talamanca fue puesta en conocimiento de una serie de problemas de salud pública y ambientales desde el 11 de abril de 2023; sin embargo, no se constata que hubiesen ejecutado acciones, dentro del ámbito de sus competencias, para atender la alegada contaminación de pozos por tanques sépticos y drenajes, el consumo de agua contaminada sacada de pozos artesanales, los malos olores y la propagación de vómitos y diarreas. De ahí que la falta de atención a tal problemática por más de cinco meses, amerita la intervención de la Sala para garantizar su pronta atención. Por ello, se declara con lugar este extremo, en los términos que se consignarán en la parte dispositiva de este pronunciamiento.
English (translation)Now, without prejudice to the foregoing, this Court notes that the Talamanca Health Area was made aware of a series of public health and environmental problems since April 11, 2023; however, it is not verified that they had executed actions, within the scope of their powers, to address the alleged contamination of wells by septic tanks and drains, the consumption of contaminated water drawn from artisanal wells, foul odors, and the spread of vomiting and diarrhea. Hence, the failure to attend to such problems for more than five months warrants the Court's intervention to ensure their prompt attention. Therefore, this point is granted, under the terms that will be set out in the operative part of this ruling.
Partially granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 29835 - 2023 Fecha de la Resolución: 17 de Noviembre del 2023 a las 09:30 Expediente: 23-024848-0007-CO Redactado por: Paul Rueda Leal Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés: Temas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: SERVICIOS PÚBLICOS Subtemas: AGUA POTABLE. Telf5836. SERVICIOS PÚBLICOS. VECINOS DE LA COMUNIDAD HOME CREEK, EN TALAMANCA, SEÑALAN QUE, EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS LES NEGÓ EL SERVICIO AL AGUA, PESE A QUE TOMAN AGUA DE UN POZO QUE NO REÚNE LAS CONDICIONES. SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO SOLO EN CUANTO LA OMISIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD DE ATENDER LOS PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA Y AMBIENTALES QUE LE FUERON PUESTOS EN CONOCIMIENTO EL 11 DE ABRIL DE 2023. SE ORDENA A LA DIRECTORA DEL ÁREA RECTORA DE SALUD DE TALAMANCA DEL MINISTERIO DE SALUD, QUE, EN EL PLAZO MÁXIMO DE UN MES, VALORE LA PROBLEMÁTICA DENUNCIADA EL 11 DE ABRIL DE 2023, EN RELACIÓN CON LA CONTAMINACIÓN DE POZOS POR TANQUES SÉPTICOS Y DRENAJES, EL CONSUMO DE AGUA CONTAMINADA SACADA DE POZOS ARTESANALES, LOS MALOS OLORES Y LA PROPAGACIÓN DE VÓMITOS Y DIARREAS; Y, ADEMÁS, EN CASO DE QUE SE VERIFIQUEN TALES SITUACIONES, DENTRO DEL PLAZO REFERIDO EMITA LAS ÓRDENES SANITARIAS CORRESPONDIENTES PARA SU DEBIDA ATENCIÓN. VCG12/2023 “(…) IV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la parte accionante plantea recurso de amparo contra el ICAA y el Ministerio de Salud. Indica que, el 11 de abril de 2023, un grupo de vecinos de la comunidad de Home Creek, en el cantón de Talamanca, formuló una denuncia ante el Área Rectora de Salud de Talamanca, por cuanto el ICAA les negó la disponibilidad de agua potable. Señala que los niños y los adultos mayores están presentando enfermedades estomacales y virales, ya que toman agua de un pozo que no reúne las condiciones sanitarias ni de potabilidad. Refiere que tales familias tienen más de 25 años de tener sus casas; sin embargo, cuando desarrollaron el proyecto del acueducto no le instalaron los tubos “ni le dieron suministro de agua” a la calle en la que se encuentran (Dirección4968). Alega que a la fecha de interposición de este recurso, no se ha recibido respuesta alguna a la gestión. Solicita que se ordene al Ministerio de Salud que le imponga al ICAA suministrarles el servicio de agua potable, así como que les comunique las actuaciones que ha llevado a cabo. Del estudio de los autos se tiene por demostrado, con respecto al ICAA, que la Unidad Cantonal RHC-Talamanca del ICAA, por oficio GSP-RHC-T-2023-00009 de 20 de enero de 2023 dirigido a “Limón, Talamanca, Cahuita, Hone Creek, detrás del Ranchón”, señaló: “En atención a las solicitudes de estudio para adquirir el servicio de agua potable, las cuales fueron presentadas en la oficina Cantonal de Talamanca, procedo a comunicarles lo siguiente: La Institución cuenta con el Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, cuyo objetivo es reglamentar las relaciones, derechos y obligaciones entre AyA y sus usuarios; surgidas de la disponibilidad y prestación efectiva de los servicios públicos de abastecimiento de agua para uso poblacional y saneamiento de aguas residuales en todo el territorio nacional. Asimismo, el AyA prestará los servicios de abastecimiento de agua para uso poblacional y saneamiento de aguas residuales dentro de la zona de cobertura, siempre que el área cuente con factibilidad técnica y legal, para el cual se realiza un análisis de factibilidad técnica para el otorgamiento de los servicios, cuyo proceso consiste en la verificación de la existencia real y actual de los recursos hídricos, hidráulicos, materiales, técnicos, legales y ambientales suficientes para otorgar la disponibilidad y eventual conexión del servicio. Para tales efectos se deberán observar las siguientes condiciones: a. Que las redes de distribución y de recolección pasan frente a linderos del inmueble o tenga acceso directo por vía pública o servidumbre de paso del inmueble para el cual se solicita un servicio. b. Que los sistemas cuenten con capacidad hídrica, hidráulica, de potabilización y de tratamiento, suficientes para otorgar nuevos servicios. c. Que el sistema cumple con los atributos de calidad establecidos. d. Que cumple con la normativa ambiental correspondiente. Así las cosas, y conforme al estudio registral realizado a las propiedades identificadas en las solicitudes, se observan que estás provienen de la propiedad matrícula 7-45937-000, plano catastro 7-0912607-1990, cuyo fraccionamiento se realizó sin que se garantizará el recurso hídrico para tal fin, incumpliendo con la normativa urbanística establecida para fraccionamientos señalada en los artículos 13, 14, y 18 del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones publicado en la Gaceta N°2016, Alcance N°252 del 13 de noviembre del 2019 y su modificación publicado en la Gaceta N°236, Alcance N°224 del 07 de setiembre del 2020. Es importante señalar que, si un nuevo fraccionamiento de previo no solicitó la disponibilidad, incumple con lo regulado en el artículo 13 del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU y contraviene el articulo 8 y 31 del Reglamento de Prestación de Servicio de AyA y por lo tanto el fraccionamiento no cumple con los requisitos técnicos y legales para dotar de una disponibilidad de servicio positiva. Al respecto el artículo 21 de la Ley Constitutiva de A y A establece: “Todo proyecto de construcción, ampliación o modificación de sistemas de abastecimiento de agua potable y disposición de aguas servidas y pluviales, público o privado, deberá ser aprobado previamente por el Instituto el que podrá realizar la inspección que estime conveniente para comprobar que las obras se realizan de acuerdo con los planes aprobados. Dicha aprobación previa será obligatoria en todos los casos de construcción, de fraccionamientos, urbanizaciones o lotificaciones en cualquier parte del país y ningún otro organismo estatal otorgará permisos o aprobaciones de construcción sin tal aprobación por parte del Instituto”. (los subrayados no son del original). En ese sentido y para este caso en específico, el fraccionamiento que proviene de la Dirección4969 no ha sido sometido a los requerimientos técnicos que exige la Ley y Normas Técnicas vigentes en esta materia. Ahora bien, las propiedades de los solicitantes cuentan con acceso por medio de calle pública y en otros casos con servidumbres de paso, mismas que no cuentan con tubería de distribución instalada. Al estar en la condición mencionada anteriormente, no existe capacidad hidráulica, que es la infraestructura instalada y en uso de los sistemas de abastecimiento y saneamiento para trasegar los caudales para la prestación efectiva de los servicios hasta el frente de la propiedad, por lo que debe tramitarse como un proyecto de extensión de ramal. Sin embargo, con base al oficio N° GSP-RHC-2017-01897 (ver punto siguiente) “Específicamente para el caso del sistema Hone Creek – Puerto Viejo – Cahuita, mediante el oficio SB-GSP-RHA-OMSAP-2014-1653, del 11 de agosto del 2014, se estableció que, de acuerdo con el estudio elaborado por la unidad de Desarrollo Físico del AyA, la capacidad de producción de la planta potabilizadora de Sand Box (fuente única para este sistema), está totalmente comprometida con la demanda actual y que, por tanto, se recomienda no emitir disponibilidades de servicios para proyectos, lotificaciones, fraccionamientos, servidumbre y extensiones de ramal hasta tanto ejecute un proyecto que permita disminuir los índices de Agua No Contabilizada o bien aumentar la producción.” En virtud del punto anterior, el sistema de Hone Creek – Puerto Viejo, efectivamente mantiene aún la condición descrita en el informe de año 2014. Esto por cuanto la demanda de agua corresponde a la oferta hídrica y que no resulta técnicamente factible autorizar disponibilidades para proyectos y extensiones de ramales de tubería, hasta tanto no se amplíe la producción, que garantice un adecuado abastecimiento. Lo anterior se agrava aún más en los meses “secos”, donde se hace necesario trasvasar agua al sistema de Cahuita para atender la demanda de esta comunidad por la pérdida de producción en el pozo La Unión (fuente de agua para esta población). Cabe indicar que, el AyA ya está analizando obras de gran magnitud para aumentar la capacidad productora y así atender este y otros casos similares, que no obstante por sus dimensiones y costos, se estima en mediano plazo su ejecución. Si bien en este momento no se otorga disponibilidad positiva de servicio de agua potable, ni capacidad hídrica, cabe mencionar que los expedientes se ingresan en la lista de espera y se estará notificando en cuanto se disponga de capacidad hídrica. Sin más por el momento y en la mejor disposición de atender cualquier consulta adicional, me despido”. La Región Huetar Caribe del ICAA, por memorando GSP-RHC-2023-01604 de 17 de octubre de 2023, consignó: “Las propiedades de los involucrados se ubican en el sector central de Hone Creek en dos accesos ubicados al norte y sur, respectivamente, del local conocido como “El Ranchón”. - Debe indicarse que el 20 de enero de 2023, mediante oficio GSP-RHC-T-2023- 00009, AyA atendió la consulta de varios vecinos de estos dos sectores donde se expone que al realizar el estudio registral de las propiedades que compone el caserío, se determina que corresponde a un fraccionamiento irregular, todos provenientes de la finca Dirección4970 propiedad del señor Narciso Méndez Miranda (ver imagen N° 1). De las consultas registrales se tiene que entre los años 2012 y 2014 se segregaron 18 fincas. Pese a ser este un fraccionamiento considerable no consta en los archivos de AyA solicitud alguna de disponibilidad de servicios previa para su constitución, siendo este un requisito indispensable normado así en todos los reglamentos de fraccionamientos que regulan este procedimiento. Resulta, por tanto, este un fraccionamiento irregular, que no ha seguido los procedimientos que aplican para estos casos como lo es la solicitud previa de disponibilidad de servicios y la presentación de diseños aprobados en INVU (APC) para la habilitación de servicios. Debe indicarse que el acueducto de Hone Creek se construyó entre los años 2008 y 2009, por lo que correspondía, previo a cualquier segregación, tramitar la disponibilidad de servicio, presentar ante INVU (APC) los diseños de obras de equipamiento urbano, y una vez aprobadas construirlas para ser recibidas por el ente operador. Tampoco se presentan disponibilidades de servicios que avalen la construcción de viviendas o locales. (…) Se visualizan las 18 segregaciones efectuadas entre los años 2012 y 2014 en la finca 7- 045937-000 - Las imágenes 2 y 3, han sido extraídas de Sistema de Información Catastral (SIRI) del Registro Nacional de la Propiedad de Costa Rica, en donde se refleja las segregaciones irregulares que no han cumplido con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Constitutiva de AyA, ni con los lineamientos del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU (RFU). (…) El polígono color celeste ubica el perímetro de lo que originalmente fue la finca 7- 04597-000 de donde se segregaron las 18 propiedades entre 2012 y 2014. (…) Mapa donde se muestran los terrenos segregados y los tres polígonos que quedan como resto de la finca madre 7-045937-000, - Adicionalmente, de acuerdo a (sic) la herramienta de capacidad hídrica aplicada al Sistema HC-A-01 Hone Creek – Puerto Viejo, se evidencia un déficit en el 2023, de alrededor del 23.6%, lo que permite concluir que el acueducto se encuentra superado por la demanda actual y que técnicamente no resulta factible autorizar extensiones de ramales hasta tanto no se amplíe la producción. Es importante mencionar que AyA ya está analizando obras para aumentar la producción y atender así las nuevas demandas de agua en sitios donde la cobertura actual no los alcanza. (…) Se verifica que para el año 2023 el sistema HC-A-01 Hone Creek – Puerto Viejo posee un déficit hídrico cercano al 23%. De lo anterior se concluye que el fraccionamiento de estos 18 terrenos no solicitó disponibilidad de servicios de forma previa, pese a existir un acueducto en operación para los años en los que se realizaron las segregaciones. Tampoco consta que hayan presentado los documentos de disponibilidad de servicios con los tramitaron los permisos de construcción para edificaciones existentes, todo lo que hace suponer que se trata de un fraccionamiento irregular que debe ser tratado como un solo proyecto y no de forma individual. También consta que el sistema HC-A-01 Hone Creek – Puerto Viejo posee actualmente un déficit hídrico que no permite otorgar disponibilidades o constancias de capacidad hídrica para proyectos que busquen ampliar la cobertura del acueducto. De presentarse la solicitud de disponibilidad de servicios, quedaría a la espera de los proyectos de ampliación de capacidad de producción, los cuales AyA ya tiene en estudio”. Por otra parte, en cuanto al Ministerio de Salud, se comprobó que, el 11 de abril de 2023, el Área Rectora de Salud de Talamanca recibió un escrito firmado por Narciso Méndez Miranda, Zeneida González Miranda, Yolanda Taysigua Taleno, Esperanza González Flores y Vera Violeta Venegas Grijalba (firmas autenticadas por el recurrente en su condición de abogado), en el que se indicó: “Asunto: DENUNCIA PUBLICA (sic) CONTRA EL AYA POR FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA EL CUAL ES UN DERECHO HUMANO Quienes suscribimos. vecinos de la comunidad de Hone Creek. Presentamos denuncia pública en contra del INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS y ALCANTARILLADOS UNIDAD CANTONAL RHC-TALAMANCA. por no suministrar el agua a nuestras viviendas. Nosotros los vecinos de la calle publica ubicada a un costado del taller mecánico Gabriel y el supermercado tenemos mas (sic) de 20 años de que compramos nuestro lote y construimos nuestras casas de habitación, en su momento el suministro de agua para consumo y los trabajos del hogar era mediante un pozo artesanal. Sin embargo, con el pasar del tiempo la distancia entre los pozos y los tanques sépticos y drenajes entre propiedades era mínima de lo permitido por ley, razón por la cual el agua de los pozos salía contaminada y con fuertes olores y un color verde, lo cual ocasiono (sic) que nuestros hijos al consumir el agua se estén enfermando de vómitos y diarreas constantemente. Con fecha del 12 de setiembre del año 2022, al ser una situación de salud publica (sic) y que se esta (sic) poniendo en riesgos la salud de nuestros niños y adultos mayores que son los mas (sic) vulnerables a todo tipo de enfermedades por el consumo de esta agua se procedió a solicitar al AyA en la comunidad de Bribri como ente responsable de suministrar el agua la instalación de cada medidor de agua a cada vivienda. Sin embargo, con fecha del 20 de enero del año 2023, recibimos oficio GSP-RHC-T-2023-00009, del señor Randy Madrigal Rodríguez, donde indica que no hay disponibilidad de agua y que el fraccionamiento de nuestra propiedad se hizo sin garantizar el recurso hídrico, queremos dejar claro que estas casas tienen mas (sic) de 20 años de construidas y no unos meses como menciona el funcionario del AyA y aplicando como fundamento legal para el rechazo un reglamento del año 2019. Por otra parte, manifestamos que la tubería madre pasa al frente de la calle publica (sic) que es el ingreso a nuestras casas, es una de las calles publicas (sic) más viejas y no es un ramal nuevo como ellos indican en su informe. PETITORIA 1. Solicitamos una inspección con urgencia por parte del Ministerio de Salud (…) con el fin de verificar que no tenemos agua potable en nuestras casas, por otra parte, solicitamos una certificación escrita si los pozos artesanales que tenemos en nuestras casas cumplen en cuanto al retiro mínimo de ley del tanque séptico y drenaje. 2. Solicitamos que al ser un derecho el agua de acueducto al artículo 50 de nuestra Constitución Política y al estar en riesgo la salud de nuestros hijos y de nosotros como denunciantes, se le ordene mediante orden sanitaria al AyA suministrarnos el agua potable de todas nuestras viviendas. 3. Por otra parte, queremos dejar claro que en caso de que situación ocasiones mas (sic) enfermedades y la muerte de alguno de nuestros hijos los únicos responsables será el Ministerio de Salud ya que es el ente Rector y el AyA”. Sobre el particular, el accionante se encuentra inconforme con la denegatoria de disponibilidad del servicio de agua potable a un grupo de la comunidad de Home Creek; sin embargo, el ICAA justificó tal decisión en el sentido de que, según su criterio, se llevó a cabo un fraccionamiento irregular para el cual no se solicitó previamente la disponibilidad y, además, se incumplieron los requisitos legales y técnicos. En ese sentido, no compete a este Tribunal determinar si el fraccionamiento cumplió o no la normativa infraconstitucional, ni tampoco si, en las condiciones en las que construyeron las casas, es factible la conexión individual en cada una. Tampoco se expusieron casos concretos e individualizados que evidenciaran alguna situación urgente que amerite la intervención de la Sala. Ergo, la inconformidad con la justificación brindada por el ICAA, deberá ser alegada ante esa institución, o bien, en la vía jurisdiccional ordinaria. Precisamente, en tales cauces podrán las partes interesadas, si lo estiman procedente, someter a contradictorio su posición y aportar prueba de forma amplia para determinar la procedencia o no de la prestación del servicio de agua. Por otro lado, se acusa la falta de resolución de una gestión planteada ante el Ministerio de Salud; sin embargo, el aquí accionante, quien interpuso este recurso de amparo a nombre de él y en su condición personal, no forma parte de quienes la suscribieron. Más bien, tal documento contiene reclamos y solicitudes relacionadas con la contexto específico de cinco personas, por lo que alguna omisión en ese sentido deberá ser alegado por ellas, o bien, expresamente a su favor. En consecuencia, en los términos formulados en el escrito de interposición, se declara sin lugar la falta de respuesta reclamada. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal observa que el Área Rectora de Salud de Talamanca fue puesta en conocimiento de una serie de problemas de salud pública y ambientales desde el 11 de abril de 2023; sin embargo, no se constata que hubiesen ejecutado acciones, dentro del ámbito de sus competencias, para atender la alegada contaminación de pozos por tanques sépticos y drenajes, el consumo de agua contaminada sacada de pozos artesanales, los malos olores y la propagación de vómitos y diarreas. De ahí que la falta de atención a tal problemática por más de cinco meses, amerita la intervención de la Sala para garantizar su pronta atención. Por ello, se declara con lugar este extremo, en los términos que se consignarán en la parte dispositiva de este pronunciamiento. (…)” ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: SERVICIOS PÚBLICOS Subtemas: AGUA POTABLE. V.- Nota del Magistrado Salazar Alvarado. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente acusa que el 11 de abril de 2023, un grupo de vecinos de la comunidad de Home Creek, en el cantón de Talamanca, formuló una denuncia ante el Área Rectora de Salud de Talamanca, por cuanto el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados les negó la disponibilidad de agua potable. Señala que los niños y los adultos mayores están presentando enfermedades estomacales y virales, ya que toman agua de un pozo que no reúne las condiciones sanitarias ni de potabilidad. Refiere que tales familias tienen más de veinticinco años de tener sus casas; sin embargo, cuando desarrollaron el proyecto del acueducto no le instalaron los tubos “ni le dieron suministro de agua” a la calle en la que se encuentran (Dirección4968). Alega que a la fecha de interposición de este recurso, no se ha recibido respuesta alguna a la gestión. Solicita que se ordene al Ministerio de Salud que le imponga al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados suministrarles el servicio de agua potable, así como que les comunique las actuaciones que ha llevado a cabo. VCG12/2023 ... Ver más Texto de la resolución Exp: 23-024848-0007-CO Res. Nº 2023029835 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitres . Recurso de amparo que se tramita en el expediente nro. 23-024848-0007-CO, interpuesto por [Nombre62 001], cédula de identidad [CED62 ], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) y el MINISTERIO DE SALUD. Resultando: 1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 9 de octubre de 2023, la parte accionante plantea recurso de amparo contra el ICAA y el Ministerio de Salud. Indica que, el 11 de abril de 2023, un grupo de vecinos de la comunidad de Home Creek, en el cantón de Talamanca, formuló una denuncia ante el Área Rectora de Salud de Talamanca, por cuanto el ICAA les negó la disponibilidad de agua potable. Señala que, con ocasión de la falta de agua potable, los niños y los adultos mayores están presentando enfermedades estomacales y virales, ya que toman agua de un pozo que no reúne las condiciones sanitarias ni de potabilidad. Refiere que tales familias tienen más de 25 años de tener sus casas; sin embargo, cuando desarrollaron el proyecto del acueducto no le instalaron los tubos “ni le dieron suministro de agua” a la calle en la que se encuentran (Dirección1210 ). Alega que a la fecha de interposición de este recurso, no se ha recibido respuesta alguna a la gestión. Solicita que se ordene al Ministerio de Salud que le imponga al ICAA suministrarles el servicio de agua potable, así como que les comunique las actuaciones que ha llevado a cabo. 2.- Mediante resolución de las 11:42 horas de 13 de octubre de 2023, la Presidencia de la Sala dio curso al amparo. Asimismo, solicitó informe al gerente general del ICAA y la directora del Área Rectora de Salud de Talamanca. 3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 18 de octubre de 2023, rinde informe bajo juramento María Alejandra Mora Segura, gerente general del ICAA, en estos términos: “HECHOS Y CUESTIONES DE FONDO Respecto a los hechos que alega el recurrente. PRIMERO: Indica el señor recurrente, que un grupo de vecinos de Hone Creek de Talamanca no disponen de agua potable en sus viviendas. Que tienen más de 25 años de habitar eso predios y que no fueron considerados para la extensión de ramales de tubería cuando se construyó el proyecto del acueducto. SEGUNDO: Según se verifica, las propiedades de los involucrados se ubican en el sector central de Hone Creek en dos accesos ubicados al norte y sur, respectivamente, del local conocido como “El Ranchón”. TERCERO: Cabe señalar, que el 20 de enero de 2023, mediante oficio GSP-RHC-T-2023-00009, AyA atendió la consulta de varios vecinos de estos dos sectores donde se expone que al realizar el estudio registral de las propiedades que compone el caserío, se determina que corresponde a un fraccionamiento irregular, todos provenientes de la finca matrícula Placa1099 propiedad del señor Nombre9271 (ver imagen N° 1). De las consultas registrales se tiene que entre los años 2012 y 2014 se segregaron 18 fincas. Pese a ser este un fraccionamiento considerable no consta en los archivos de AyA solicitud alguna de disponibilidad de servicios previa para su constitución, siendo este un requisito indispensable normado así en todos los reglamentos de fraccionamientos que regulan este procedimiento. Resulta, por tanto, este un fraccionamiento irregular, que no ha seguido los procedimientos que aplican para estos casos como lo es la solicitud previa de disponibilidad de servicios y la presentación de diseños aprobados en INVU (APC) para la habilitación de servicios. Debe indicarse que el acueducto de Hone Creek se construyó entre los años 2008 y 2009, por lo que correspondía, previo a cualquier segregación, tramitar la disponibilidad de servicio, presentar ante INVU (APC) los diseños de obras de equipamiento urbano, y una vez aprobadas construirlas para ser recibidas por el ente operador. Tampoco se presentan disponibilidades de servicios que avalen la construcción de viviendas o locales. (…) CUARTO: Las imágenes 2 y 3, han sido extraídas de Sistema de Información Catastral (SIRI) del Registro Nacional de la Propiedad de Costa Rica, en donde se refleja las segregaciones irregulares que no han cumplido con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Constitutiva de AyA, ni con los lineamientos del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU (RFU). (…) QUINTO: Adicionalmente, de acuerdo con la herramienta de capacidad hídrica aplicada al Sistema HC-A-01 Hone Creek – Puerto Viejo, se evidencia un déficit en el 2023, de alrededor del 23.6%, lo que permite concluir que el acueducto se encuentra superado por la demanda actual y que técnicamente no resulta factible autorizar extensiones de ramales hasta tanto no se amplíe la producción. Es importante mencionar que AyA ya está analizando obras para aumentar la producción y atender así las nuevas demandas de agua en sitios donde la cobertura actual no los alcanza. (…) SEXTO: De lo anterior se concluye que el fraccionamiento de estos 18 terrenos no solicitó disponibilidad de servicios de forma previa, pese a existir un acueducto en operación para los años en los que se realizaron las segregaciones. Tampoco consta que hayan presentado los documentos de disponibilidad de servicios con los tramitaron los permisos de construcción para edificaciones existentes, todo lo que hace suponer que se trata de un fraccionamiento irregular que debe ser tratado como un solo proyecto y no de forma individual. También consta que el sistema HC-A-01 Hone Creek – Puerto Viejo posee actualmente un déficit hídrico que no permite otorgar disponibilidades o constancias de capacidad hídrica para proyectos que busquen ampliar la cobertura del acueducto. De presentarse la solicitud de disponibilidad de servicios, quedaría a la espera de los proyectos de ampliación de capacidad de producción, los cuales AyA ya tiene en estudio. SÉTIMO: Además, es importante aclarar que de acuerdo con los artículos 38, 57 y 58 de la Ley de Planificación Urbana N°4240 y artículos 308, 309, 310, 311, 312 y 313 de la Ley General de Salud N°5395, la Constancia de Disponibilidad de Acueducto y Alcantarillado que emite AyA, es un requisito que las Municipalidades, INVU y demás entidades competentes, requieren de manera previa para la aprobación de los permisos de fraccionamiento y construcción correspondientes, siendo que su fin es determinar con anterioridad a la aprobación de un plano catastral o de construcción, la realidad existente en el momento histórico respectivo en cuanto a CAPACIDAD HÍDRICA, HIDRÁULICA, DE RECOLECCIÓN Y CONDICIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE OFRECEN LOS SISTEMAS DE AYA EN UNA ZONA DETERMINADA, ASÍ COMO VULNERABILIDAD QUE PUEDA COMPROMETER OTROS PROYECTOS ENTRE OTROS. A su vez debe tenerse especial consideración por cuanto aun aprobándose la disponibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario, para cualquier inmueble, nunca significa la aprobación para construir obras de infraestructura, ni haberse aprobados los planos de AyA. Tampoco significa una autorización de interconexión, ni aprobación de nuevos servicios, para ello deberá cumplir con los requisitos de procedimientos previstos en la normativa del AyA correspondiente, como de las demás instituciones competentes, por ende, no implica la obligatoriedad de la Municipalidad para aprobar dichos proyectos si no cumplen con el resto de los requisitos técnicos y legales que rigen las normativas que les competen. OCTAVO: En consecuencia, resulta importante referirnos al principio de legalidad consagrado en el artículo 11 de nuestra Constitución Política, el cual advierte que los actos y comportamientos de la Administración deben de estar regulados por norma escrita, de tal manera, AyA debe someterse a la Constitución Política y a la ley preferentemente; y en general a todas las normas del Ordenamiento Jurídico, conocido como Principio de Juridicidad de la Administración, lo que significa que las instituciones públicas solamente pueden actuar en la medida en la que se encuentren apoderadas para hacer por el mismo ordenamiento y normalmente a texto expreso, en consecuencia solo le es permitido lo que esté constitucionalmente y legalmente autorizado en forma expresa y todo lo que no les esté autorizado les está vedado. Partiendo del principio supracitado, este Instituto debe ajustarse a la normativa reglamentaria que nos rige y a los principios generales de la ciencia y la técnica; de conformidad con el artículo 16 inciso 1) de la ley General de la Administración Pública, que señala: “En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica…”; de ahí que de conformidad a los artículos mencionados, AyA garantiza el servicio hasta donde técnicamente le sea factible y siempre y cuando se cumpla con la totalidad de los requerimientos que se han establecido para esos efectos, como lo es que existan condiciones hídricas e hidráulicas suficientes, así como el cumplimiento a cabalidad de los requisitos técnicos y legales establecidos en la normativa que nos cobija; requisito que no se da en caso objeto de este Recurso de Amparo, por lo que no es posible acoger la solicitud de la recurrente en las condiciones como ella pretende. Es importante señalar que la Jurisprudencia de la Honorable Sala Constitucional ha sido reiterada en reconocer el denominado derecho fundamental del agua pero aclarando que el mismo no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, o un ejercicio indiscriminado de éste, de manera que exista una obligación de los entes que prestan dicho servicio de brindarlo en cualesquiera condiciones y oportunidad, ha reconocido que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados e incluso las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados pueden denegar la disponibilidad de agua potable si existen razones técnicas, que así lo justifiquen, tal y como se señala en la sentencia No. 2009-003825 de las 16:49 horas del 10 de marzo de 2009; además de reconocer que la administración válidamente puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por parte de sus usuarios en concreto. (Resoluciones números 2010003602 de las trece horas y dieciocho minutos del 19 de febrero; 2010006426 de las diez horas y treinta y ocho minutos del 09 de abril y 2010007420 de las diez horas y treinta y seis minutos todas del año 2010 y 007600-2011 de las diecisiete horas seis minutos del 14 de junio del año 2011; Resolución Nº2011-009089 de la diez horas y treinta y cinco minutos del 08 de julio del 2011; las Resoluciones Nº2012-003328, de las nueve horas diez minutos del 09 de marzo; Nº2012-004957, de las nueve horas cinco minutos del 20 de abril y Nº2012-006560 de las diez horas treinta minutos del 18 de mayo, todas del año 2012, Resolución Nº2013-000240, de las nueve horas cinco minutos del 11 de enero del 2013; la Resolución Nº2013-017166, de las nueve horas cinco minutos del 20 de diciembre del 2013, la Resolución Nº2014-004985 de las catorce horas treinta minutos del nueve de abril de dos mil catorce, la Resolución Nº2014-020562 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del diecinueve de diciembre de dos mil catorce, la Resolución Nº2015-008982 de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del dieciocho de junio de dos mil quince y la Resolución Nº2015-010688 de las nueve horas veinte minutos del diecisiete de julio de dos mil quince, la Resolución Nº2015-010674 de las nueve horas veinte minutos del diecisiete de julio de dos mil quince). Y más recientemente, citamos la resolución de fecha dieciséis de abril del dos mil veintiuno, donde la Sala Constitucional consideró: “Este Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha reconocido el denominado derecho fundamental al agua, por el cual, debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, al resultar esencial para la vida y la salud. De igual manera, ha dicho esta Sala que, pese a lo anterior, este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la Administración, válidamente, puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante, para valorar su particular requerimiento. Además, (véase en ese sentido la Sentencia N° 2018-004915 de las 09:30 horas de 23 de marzo de 2018 se ha señalado que, si bien existe un derecho fundamental al agua, la prestación del servicio puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento, y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no pululen situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen brindar el servicio de agua potable”. (El resalte y subrayado no es propio del documento original). NOVENO: Como puede constatarlo este Honorable Tribunal, el AyA ha actuado conforme a la normativa que lo regula, sin manipulación antojadiza de la prestación del servicio llevando a cabo en todo momento actuaciones debidamente fundamentadas y razonadas como se detalló; se evidencia así que el Instituto ha procedido conforme a derecho, sin que ninguno sus actos haya violentado ningún derecho constitucional, por el contrario, de los argumentos expuestos y la prueba aportada se puede concluir que efectivamente el AyA ha procedido según le corresponde”. 4.-Por escrito incorporado al expediente digital el 24 de octubre de 2023, rinde informe bajo juramento Jennifer Jones Villiers, directora del Área Rectora de Salud de Talamanca, en estos términos: “PRIMERO: Que siendo la salud pública un bien tutelado por el Estado, siendo el Ministerio de Salud el ente rector de la salud pública. SEGUNDO: Que en la atención del Amparo se recibió en la ventanilla de Atención al Cliente de esta Área Rectora de Salud, en fecha 18 de octubre del 2023. TERCERO: Actualmente es una problemática a nivel cantonal el suministro de agua potable, por lo que se cuenta con denuncias contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, sede Talamanca. CUARTO: Como acciones recientes por esta Dirección Área Rectora de Salud, se realizó una visita en seguimiento a dichas denuncias e inspección físico-sanitaria al Acueducto Integrado de San Box, en dicha visita se detectaron inconformidades por lo que se procedió a emitir una orden sanitaria. QUINTO: Se emitió una orden sanitaria el pasado 24 de mayo del 2023 con fecha de vencimiento 24 de agosto del 2023; solicitando presentar ante esta dirección el Programa de Calidad de Agua, realizar laborales de mantenimiento e higiene respectivos a los tanques de almacenamiento y dar una solución a los factores de riesgos identificados en la red de conducción y distribución que impiden garantizar la continuidad del servicio. SEXTO: Mediante visita de seguimiento realizada a la Planta Potabilizadora de Agua Sand Box Cantonal del AyA Talamanca, se verificó incumplimiento total a la orden sanitaria MS-DRRSHC-DARST-OS-0020-2023. SETIMO (sic): Cabe destacar en atención a denuncias de años anteriores, en 2019 se le solicito información al Dirección1213, referente a si contaban con un estudio reciente con respecto a la capacidad de producción del pozo San Box, a lo cual respondieron lo siguiente: “…le informo que se realizó la consulta al Departamento de Ingeniera Regional y nos indica que efectivamente, se mantiene vigente lo indicado en el oficio SB-RHA-OMSAP-2014-1653 del 11 de agosto 2014, esto hasta tanto se conozca la demanda real del sistema de Limón Sur, es decir hasta que se incorporen todos los posibles nuevos usuarios del acueducto. Luego de este proceso, que ya está iniciado, se hará el balance hídrico correspondiente, para determinar si existe capacidad de atender nuevas solicitudes.” (Copia textualmente del oficio GSP-RA-L-2019-01196, con fecha del 23 de setiembre del 2019) Hasta la fecha no se ha recibido ante esta Área Rectora de Salud, dicho estudio de capacidad de producción del acueducto. OCTAVO: Estaremos realizando los actos administrativos correspondientes al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, sede Talamanca, lo anterior con el objetivo de velar por el bienestar público y el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida”. 5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Rueda Leal; y, Considerando: I.- Cuestión preliminar. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción -respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional-, pues se está ante una gestión planteada ante el Ministerio de Salud relacionada con presuntos problemas de salud pública, que se acusa no ha sido resuelta. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. II.- Objeto del recurso. La parte accionante plantea recurso de amparo contra el ICAA y el Ministerio de Salud. Indica que, el 11 de abril de 2023, un grupo de vecinos de la comunidad de Home Creek, en el cantón de Talamanca, formuló una denuncia ante el Área Rectora de Salud de Talamanca, por cuanto el ICAA les negó la disponibilidad de agua potable. Señala que los niños y los adultos mayores están presentando enfermedades estomacales y virales, ya que toman agua de un pozo que no reúne las condiciones sanitarias ni de potabilidad. Refiere que tales familias tienen más de 25 años de tener sus casas; sin embargo, cuando desarrollaron el proyecto del acueducto no le instalaron los tubos “ni le dieron suministro de agua” a la calle en la que se encuentran (Dirección1210 ). Alega que a la fecha de interposición de este recurso, no se ha recibido respuesta alguna a la gestión. Solicita que se ordene al Ministerio de Salud que le imponga al ICAA suministrarles el servicio de agua potable, así como que les comunique las actuaciones que ha llevado a cabo. III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: a) Con respecto al ICAA: 1. La Unidad Cantonal RHC-Talamanca del ICAA, por oficio GSP-RHC-T-2023-00009 de Dirección1211 dirigido a “Limón, Talamanca, Cahuita, Hone Creek, detrás del Ranchón”, señaló: “En atención a las solicitudes de estudio para adquirir el servicio de agua potable, las cuales fueron presentadas en la oficina Cantonal de Talamanca, procedo a comunicarles lo siguiente: La Institución cuenta con el Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, cuyo objetivo es reglamentar las relaciones, derechos y obligaciones entre AyA y sus usuarios; surgidas de la disponibilidad y prestación efectiva de los servicios públicos de abastecimiento de agua para uso poblacional y saneamiento de aguas residuales en todo el territorio nacional. Asimismo, el AyA prestará los servicios de abastecimiento de agua para uso poblacional y saneamiento de aguas residuales dentro de la zona de cobertura, siempre que el área cuente con factibilidad técnica y legal, para el cual se realiza un análisis de factibilidad técnica para el otorgamiento de los servicios, cuyo proceso consiste en la verificación de la existencia real y actual de los recursos hídricos, hidráulicos, materiales, técnicos, legales y ambientales suficientes para otorgar la disponibilidad y eventual conexión del servicio. Para tales efectos se deberán observar las siguientes condiciones: a. Que las redes de distribución y de recolección pasan frente a linderos del inmueble o tenga acceso directo por vía pública o servidumbre de paso del inmueble para el cual se solicita un servicio. b. Que los sistemas cuenten con capacidad hídrica, hidráulica, de potabilización y de tratamiento, suficientes para otorgar nuevos servicios. c. Que el sistema cumple con los atributos de calidad establecidos. d. Que cumple con la normativa ambiental correspondiente. Así las cosas, y conforme al estudio registral realizado a las propiedades identificadas en las solicitudes, se observan que estás provienen de la propiedad matrícula Placa1100, plano catastro Placa1101, cuyo fraccionamiento se realizó sin que se garantizará el recurso hídrico para tal fin, incumpliendo con la normativa urbanística establecida para fraccionamientos señalada en los artículos 13, 14, y 18 del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones publicado en la Gaceta N°2016, Alcance N°252 del 13 de noviembre del 2019 y su modificación publicado en la Gaceta N°236, Alcance N°224 del 07 de setiembre del 2020. Es importante señalar que, si un nuevo fraccionamiento de previo no solicitó la disponibilidad, incumple con lo regulado en el artículo 13 del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU y contraviene el articulo 8 y 31 del Reglamento de Prestación de Servicio de AyA y por lo tanto el fraccionamiento no cumple con los requisitos técnicos y legales para dotar de una disponibilidad de servicio positiva. Al respecto el artículo 21 de la Ley Constitutiva de A y A establece: “Todo proyecto de construcción, ampliación o modificación de sistemas de abastecimiento de agua potable y disposición de aguas servidas y pluviales, público o privado, deberá ser aprobado previamente por el Instituto el que podrá realizar la inspección que estime conveniente para comprobar que las obras se realizan de acuerdo con los planes aprobados. Dicha aprobación previa será obligatoria en todos los casos de construcción, de fraccionamientos, urbanizaciones o lotificaciones en cualquier parte del país y ningún otro organismo estatal otorgará permisos o aprobaciones de construcción sin tal aprobación por parte del Instituto”. (los subrayados no son del original). En ese sentido y para este caso en específico, el fraccionamiento que proviene de la Dirección1212 no ha sido sometido a los requerimientos técnicos que exige la Ley y Normas Técnicas vigentes en esta materia. Ahora bien, las propiedades de los solicitantes cuentan con acceso por medio de calle pública y en otros casos con servidumbres de paso, mismas que no cuentan con tubería de distribución instalada. Al estar en la condición mencionada anteriormente, no existe capacidad hidráulica, que es la infraestructura instalada y en uso de los sistemas de abastecimiento y saneamiento para trasegar los caudales para la prestación efectiva de los servicios hasta el frente de la propiedad, por lo que debe tramitarse como un proyecto de extensión de ramal. Sin embargo, con base al oficio N° GSP-RHC-2017-01897 (ver punto siguiente) “Específicamente para el caso del sistema Hone Creek – Puerto Viejo – Cahuita, mediante el oficio SB-GSP-RHA-OMSAP-2014-1653, del 11 de agosto del 2014, se estableció que, de acuerdo con el estudio elaborado por la unidad de Desarrollo Físico del AyA, la capacidad de producción de la planta potabilizadora de Sand Box (fuente única para este sistema), está totalmente comprometida con la demanda actual y que, por tanto, se recomienda no emitir disponibilidades de servicios para proyectos, lotificaciones, fraccionamientos, servidumbre y extensiones de ramal hasta tanto ejecute un proyecto que permita disminuir los índices de Agua No Contabilizada o bien aumentar la producción.” En virtud del punto anterior, el sistema de Hone Creek – Puerto Viejo, efectivamente mantiene aún la condición descrita en el informe de año 2014. Esto por cuanto la demanda de agua corresponde a la oferta hídrica y que no resulta técnicamente factible autorizar disponibilidades para proyectos y extensiones de ramales de tubería, hasta tanto no se amplíe la producción, que garantice un adecuado abastecimiento. Lo anterior se agrava aún más en los meses “secos”, donde se hace necesario trasvasar agua al sistema de Cahuita para atender la demanda de esta comunidad por la pérdida de producción en el pozo La Unión (fuente de agua para esta población). Cabe indicar que, el AyA ya está analizando obras de gran magnitud para aumentar la capacidad productora y así atender este y otros casos similares, que no obstante por sus dimensiones y costos, se estima en mediano plazo su ejecución. Si bien en este momento no se otorga disponibilidad positiva de servicio de agua potable, ni capacidad hídrica, cabe mencionar que los expedientes se ingresan en la lista de espera y se estará notificando en cuanto se disponga de capacidad hídrica. Sin más por el momento y en la mejor disposición de atender cualquier consulta adicional, me despido”. (Prueba aportada por el ICAA). 2. La Región Huetar Caribe del ICAA, por memorando GSP-RHC-2023-01604 de 17 de octubre de 2023, consignó: “Las propiedades de los involucrados se ubican en el sector central de Hone Creek en dos accesos ubicados al norte y sur, respectivamente, del local conocido como “El Ranchón”. - Debe indicarse que el 20 de enero de 2023, mediante oficio GSP-RHC-T-2023- 00009, AyA atendió la consulta de varios vecinos de estos dos sectores donde se expone que al realizar el estudio registral de las propiedades que compone el caserío, se determina que corresponde a un fraccionamiento irregular, todos provenientes de la finca 7-045937-000 propiedad del señor Nombre9271 (ver imagen N° 1). De las consultas registrales se tiene que entre los años 2012 y 2014 se segregaron 18 fincas. Pese a ser este un fraccionamiento considerable no consta en los archivos de AyA solicitud alguna de disponibilidad de servicios previa para su constitución, siendo este un requisito indispensable normado así en todos los reglamentos de fraccionamientos que regulan este procedimiento. Resulta, por tanto, este un fraccionamiento irregular, que no ha seguido los procedimientos que aplican para estos casos como lo es la solicitud previa de disponibilidad de servicios y la presentación de diseños aprobados en INVU (APC) para la habilitación de servicios. Debe indicarse que el acueducto de Hone Creek se construyó entre los años 2008 y 2009, por lo que correspondía, previo a cualquier segregación, tramitar la disponibilidad de servicio, presentar ante INVU (APC) los diseños de obras de equipamiento urbano, y una vez aprobadas construirlas para ser recibidas por el ente operador. Tampoco se presentan disponibilidades de servicios que avalen la construcción de viviendas o locales. (…) Se visualizan las 18 segregaciones efectuadas entre los años 2012 y 2014 en la finca 7- 045937-000 - Las imágenes 2 y 3, han sido extraídas de Sistema de Información Catastral (SIRI) del Registro Nacional de la Propiedad de Costa Rica, en donde se refleja las segregaciones irregulares que no han cumplido con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Constitutiva de AyA, ni con los lineamientos del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU (RFU). (…) El polígono color celeste ubica el perímetro de lo que originalmente fue la finca 7- 04597-000 de donde se segregaron las 18 propiedades entre 2012 y 2014. (…) Mapa donde se muestran los terrenos segregados y los tres polígonos que quedan como resto de la finca madre 7-045937-000, - Adicionalmente, de acuerdo a (sic) la herramienta de capacidad hídrica aplicada al Sistema HC-A-01 Hone Creek – Puerto Viejo, se evidencia un déficit en el 2023, de alrededor del 23.6%, lo que permite concluir que el acueducto se encuentra superado por la demanda actual y que técnicamente no resulta factible autorizar extensiones de ramales hasta tanto no se amplíe la producción. Es importante mencionar que AyA ya está analizando obras para aumentar la producción y atender así las nuevas demandas de agua en sitios donde la cobertura actual no los alcanza. (…) Se verifica que para el año 2023 el sistema HC-A-01 Hone Creek – Puerto Viejo posee un déficit hídrico cercano al 23%. De lo anterior se concluye que el fraccionamiento de estos 18 terrenos no solicitó disponibilidad de servicios de forma previa, pese a existir un acueducto en operación para los años en los que se realizaron las segregaciones. Tampoco consta que hayan presentado los documentos de disponibilidad de servicios con los tramitaron los permisos de construcción para edificaciones existentes, todo lo que hace suponer que se trata de un fraccionamiento irregular que debe ser tratado como un solo proyecto y no de forma individual. También consta que el sistema HC-A-01 Hone Creek – Puerto Viejo posee actualmente un déficit hídrico que no permite otorgar disponibilidades o constancias de capacidad hídrica para proyectos que busquen ampliar la cobertura del acueducto. De presentarse la solicitud de disponibilidad de servicios, quedaría a la espera de los proyectos de ampliación de capacidad de producción, los cuales AyA ya tiene en estudio”. (Prueba aportada por el ICAA). b) En cuanto al Ministerio de Salud: 1. El 11 de abril de 2023, el Área Rectora de Salud de Talamanca recibió un escrito firmado por Nombre9271 , Zeneida González Miranda, Yolanda Taysigua Taleno, Esperanza González Flores y Vera Violeta Venegas Grijalba (firmas autenticadas por el recurrente en su condición de abogado), en el que se indicó: “Asunto: DENUNCIA PUBLICA (sic) CONTRA EL AYA POR FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA EL CUAL ES UN DERECHO HUMANO Quienes suscribimos. vecinos de la comunidad de Hone Creek. Presentamos denuncia pública en contra del INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS y ALCANTARILLADOS UNIDAD CANTONAL RHC-TALAMANCA. por no suministrar el agua a nuestras viviendas. Nosotros los vecinos de la calle publica ubicada a un costado del taller mecánico Gabriel y el supermercado tenemos mas (sic) de 20 años de que compramos nuestro lote y construimos nuestras casas de habitación, en su momento el suministro de agua para consumo y los trabajos del hogar era mediante un pozo artesanal. Sin embargo, con el pasar del tiempo la distancia entre los pozos y los tanques sépticos y drenajes entre propiedades era mínima de lo permitido por ley, razón por la cual el agua de los pozos salía contaminada y con fuertes olores y un color verde, lo cual ocasiono (sic) que nuestros hijos al consumir el agua se estén enfermando de vómitos y diarreas constantemente. Con fecha del 12 de setiembre del año 2022, al ser una situación de salud publica (sic) y que se esta (sic) poniendo en riesgos la salud de nuestros niños y adultos mayores que son los mas (sic) vulnerables a todo tipo de enfermedades por el consumo de esta agua se procedió a solicitar al AyA en la comunidad de Bribri como ente responsable de suministrar el agua la instalación de cada medidor de agua a cada vivienda. Sin embargo, con fecha del 20 de enero del año 2023, recibimos oficio GSP-RHC-T-2023-00009, del señor Randy Madrigal Rodríguez, donde indica que no hay disponibilidad de agua y que el fraccionamiento de nuestra propiedad se hizo sin garantizar el recurso hídrico, queremos dejar claro que estas casas tienen mas (sic) de 20 años de construidas y no unos meses como menciona el funcionario del AyA y aplicando como fundamento legal para el rechazo un reglamento del año 2019. Por otra parte, manifestamos que la tubería madre pasa al frente de la calle publica (sic) que es el ingreso a nuestras casas, es una de las calles publicas (sic) más viejas y no es un ramal nuevo como ellos indican en su informe. PETITORIA 1. Solicitamos una inspección con urgencia por parte del Ministerio de Salud (…) con el fin de verificar que no tenemos agua potable en nuestras casas, por otra parte, solicitamos una certificación escrita si los pozos artesanales que tenemos en nuestras casas cumplen en cuanto al retiro mínimo de ley del tanque séptico y drenaje. 2. Solicitamos que al ser un derecho el agua de acueducto al artículo 50 de nuestra Constitución Política y al estar en riesgo la salud de nuestros hijos y de nosotros como denunciantes, se le ordene mediante orden sanitaria al AyA suministrarnos el agua potable de todas nuestras viviendas. 3. Por otra parte, queremos dejar claro que en caso de que situación ocasiones mas (sic) enfermedades y la muerte de alguno de nuestros hijos los únicos responsables será el Ministerio de Salud ya que es el ente Rector y el AyA”. (Prueba aportada por el recurrente). IV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la parte accionante plantea recurso de amparo contra el ICAA y el Ministerio de Salud. Indica que, el 11 de abril de 2023, un grupo de vecinos de la comunidad de Home Creek, en el cantón de Talamanca, formuló una denuncia ante el Área Rectora de Salud de Talamanca, por cuanto el ICAA les negó la disponibilidad de agua potable. Señala que los niños y los adultos mayores están presentando enfermedades estomacales y virales, ya que toman agua de un pozo que no reúne las condiciones sanitarias ni de potabilidad. Refiere que tales familias tienen más de 25 años de tener sus casas; sin embargo, cuando desarrollaron el proyecto del acueducto no le instalaron los tubos “ni le dieron suministro de agua” a la calle en la que se encuentran (Dirección1210 ). Alega que a la fecha de interposición de este recurso, no se ha recibido respuesta alguna a la gestión. Solicita que se ordene al Ministerio de Salud que le imponga al ICAA suministrarles el servicio de agua potable, así como que les comunique las actuaciones que ha llevado a cabo. Del estudio de los autos se tiene por demostrado, con respecto al ICAA, que la Unidad Cantonal RHC-Talamanca del ICAA, por oficio GSP-RHC-T-2023-00009 de Dirección1211 dirigido a “Limón, Talamanca, Cahuita, Hone Creek, detrás del Ranchón”, señaló: “En atención a las solicitudes de estudio para adquirir el servicio de agua potable, las cuales fueron presentadas en la oficina Cantonal de Talamanca, procedo a comunicarles lo siguiente: La Institución cuenta con el Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, cuyo objetivo es reglamentar las relaciones, derechos y obligaciones entre AyA y sus usuarios; surgidas de la disponibilidad y prestación efectiva de los servicios públicos de abastecimiento de agua para uso poblacional y saneamiento de aguas residuales en todo el territorio nacional. Asimismo, el AyA prestará los servicios de abastecimiento de agua para uso poblacional y saneamiento de aguas residuales dentro de la zona de cobertura, siempre que el área cuente con factibilidad técnica y legal, para el cual se realiza un análisis de factibilidad técnica para el otorgamiento de los servicios, cuyo proceso consiste en la verificación de la existencia real y actual de los recursos hídricos, hidráulicos, materiales, técnicos, legales y ambientales suficientes para otorgar la disponibilidad y eventual conexión del servicio. Para tales efectos se deberán observar las siguientes condiciones: a. Que las redes de distribución y de recolección pasan frente a linderos del inmueble o tenga acceso directo por vía pública o servidumbre de paso del inmueble para el cual se solicita un servicio. b. Que los sistemas cuenten con capacidad hídrica, hidráulica, de potabilización y de tratamiento, suficientes para otorgar nuevos servicios. c. Que el sistema cumple con los atributos de calidad establecidos. d. Que cumple con la normativa ambiental correspondiente. Así las cosas, y conforme al estudio registral realizado a las propiedades identificadas en las solicitudes, se observan que estás provienen de la propiedad matrícula Placa1100, plano catastro Placa1101, cuyo fraccionamiento se realizó sin que se garantizará el recurso hídrico para tal fin, incumpliendo con la normativa urbanística establecida para fraccionamientos señalada en los artículos 13, 14, y 18 del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones publicado en la Gaceta N°2016, Alcance N°252 del 13 de noviembre del 2019 y su modificación publicado en la Gaceta N°236, Alcance N°224 del 07 de setiembre del 2020. Es importante señalar que, si un nuevo fraccionamiento de previo no solicitó la disponibilidad, incumple con lo regulado en el artículo 13 del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU y contraviene el articulo 8 y 31 del Reglamento de Prestación de Servicio de AyA y por lo tanto el fraccionamiento no cumple con los requisitos técnicos y legales para dotar de una disponibilidad de servicio positiva. Al respecto el artículo 21 de la Ley Constitutiva de A y A establece: “Todo proyecto de construcción, ampliación o modificación de sistemas de abastecimiento de agua potable y disposición de aguas servidas y pluviales, público o privado, deberá ser aprobado previamente por el Instituto el que podrá realizar la inspección que estime conveniente para comprobar que las obras se realizan de acuerdo con los planes aprobados. Dicha aprobación previa será obligatoria en todos los casos de construcción, de fraccionamientos, urbanizaciones o lotificaciones en cualquier parte del país y ningún otro organismo estatal otorgará permisos o aprobaciones de construcción sin tal aprobación por parte del Instituto”. (los subrayados no son del original). En ese sentido y para este caso en específico, el fraccionamiento que proviene de la Dirección1212 no ha sido sometido a los requerimientos técnicos que exige la Ley y Normas Técnicas vigentes en esta materia. Ahora bien, las propiedades de los solicitantes cuentan con acceso por medio de calle pública y en otros casos con servidumbres de paso, mismas que no cuentan con tubería de distribución instalada. Al estar en la condición mencionada anteriormente, no existe capacidad hidráulica, que es la infraestructura instalada y en uso de los sistemas de abastecimiento y saneamiento para trasegar los caudales para la prestación efectiva de los servicios hasta el frente de la propiedad, por lo que debe tramitarse como un proyecto de extensión de ramal. Sin embargo, con base al oficio N° GSP-RHC-2017-01897 (ver punto siguiente) “Específicamente para el caso del sistema Hone Creek – Puerto Viejo – Cahuita, mediante el oficio SB-GSP-RHA-OMSAP-2014-1653, del 11 de agosto del 2014, se estableció que, de acuerdo con el estudio elaborado por la unidad de Desarrollo Físico del AyA, la capacidad de producción de la planta potabilizadora de Sand Box (fuente única para este sistema), está totalmente comprometida con la demanda actual y que, por tanto, se recomienda no emitir disponibilidades de servicios para proyectos, lotificaciones, fraccionamientos, servidumbre y extensiones de ramal hasta tanto ejecute un proyecto que permita disminuir los índices de Agua No Contabilizada o bien aumentar la producción.” En virtud del punto anterior, el sistema de Hone Creek – Puerto Viejo, efectivamente mantiene aún la condición descrita en el informe de año 2014. Esto por cuanto la demanda de agua corresponde a la oferta hídrica y que no resulta técnicamente factible autorizar disponibilidades para proyectos y extensiones de ramales de tubería, hasta tanto no se amplíe la producción, que garantice un adecuado abastecimiento. Lo anterior se agrava aún más en los meses “secos”, donde se hace necesario trasvasar agua al sistema de Cahuita para atender la demanda de esta comunidad por la pérdida de producción en el pozo La Unión (fuente de agua para esta población). Cabe indicar que, el AyA ya está analizando obras de gran magnitud para aumentar la capacidad productora y así atender este y otros casos similares, que no obstante por sus dimensiones y costos, se estima en mediano plazo su ejecución. Si bien en este momento no se otorga disponibilidad positiva de servicio de agua potable, ni capacidad hídrica, cabe mencionar que los expedientes se ingresan en la lista de espera y se estará notificando en cuanto se disponga de capacidad hídrica. Sin más por el momento y en la mejor disposición de atender cualquier consulta adicional, me despido”. La Región Huetar Caribe del ICAA, por memorando GSP-RHC-2023-01604 de 17 de octubre de 2023, consignó: “Las propiedades de los involucrados se ubican en el sector central de Hone Creek en dos accesos ubicados al norte y sur, respectivamente, del local conocido como “El Ranchón”. - Debe indicarse que el 20 de enero de 2023, mediante oficio GSP-RHC-T-2023- 00009, AyA atendió la consulta de varios vecinos de estos dos sectores donde se expone que al realizar el estudio registral de las propiedades que compone el caserío, se determina que corresponde a un fraccionamiento irregular, todos provenientes de la finca 7-045937-000 propiedad del señor Nombre9271 (ver imagen N° 1). De las consultas registrales se tiene que entre los años 2012 y 2014 se segregaron 18 fincas. Pese a ser este un fraccionamiento considerable no consta en los archivos de AyA solicitud alguna de disponibilidad de servicios previa para su constitución, siendo este un requisito indispensable normado así en todos los reglamentos de fraccionamientos que regulan este procedimiento. Resulta, por tanto, este un fraccionamiento irregular, que no ha seguido los procedimientos que aplican para estos casos como lo es la solicitud previa de disponibilidad de servicios y la presentación de diseños aprobados en INVU (APC) para la habilitación de servicios. Debe indicarse que el acueducto de Hone Creek se construyó entre los años 2008 y 2009, por lo que correspondía, previo a cualquier segregación, tramitar la disponibilidad de servicio, presentar ante INVU (APC) los diseños de obras de equipamiento urbano, y una vez aprobadas construirlas para ser recibidas por el ente operador. Tampoco se presentan disponibilidades de servicios que avalen la construcción de viviendas o locales. (…) Se visualizan las 18 segregaciones efectuadas entre los años 2012 y 2014 en la finca 7- 045937-000 - Las imágenes 2 y 3, han sido extraídas de Sistema de Información Catastral (SIRI) del Registro Nacional de la Propiedad de Costa Rica, en donde se refleja las segregaciones irregulares que no han cumplido con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Constitutiva de AyA, ni con los lineamientos del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU (RFU). (…) El polígono color celeste ubica el perímetro de lo que originalmente fue la finca 7- 04597-000 de donde se segregaron las 18 propiedades entre 2012 y 2014. (…) Mapa donde se muestran los terrenos segregados y los tres polígonos que quedan como resto de la finca madre 7-045937-000, - Adicionalmente, de acuerdo a (sic) la herramienta de capacidad hídrica aplicada al Sistema HC-A-01 Hone Creek – Puerto Viejo, se evidencia un déficit en el 2023, de alrededor del 23.6%, lo que permite concluir que el acueducto se encuentra superado por la demanda actual y que técnicamente no resulta factible autorizar extensiones de ramales hasta tanto no se amplíe la producción. Es importante mencionar que AyA ya está analizando obras para aumentar la producción y atender así las nuevas demandas de agua en sitios donde la cobertura actual no los alcanza. (…) Se verifica que para el año 2023 el sistema HC-A-01 Hone Creek – Puerto Viejo posee un déficit hídrico cercano al 23%. De lo anterior se concluye que el fraccionamiento de estos 18 terrenos no solicitó disponibilidad de servicios de forma previa, pese a existir un acueducto en operación para los años en los que se realizaron las segregaciones. Tampoco consta que hayan presentado los documentos de disponibilidad de servicios con los tramitaron los permisos de construcción para edificaciones existentes, todo lo que hace suponer que se trata de un fraccionamiento irregular que debe ser tratado como un solo proyecto y no de forma individual. También consta que el sistema HC-A-01 Hone Creek – Puerto Viejo posee actualmente un déficit hídrico que no permite otorgar disponibilidades o constancias de capacidad hídrica para proyectos que busquen ampliar la cobertura del acueducto. De presentarse la solicitud de disponibilidad de servicios, quedaría a la espera de los proyectos de ampliación de capacidad de producción, los cuales AyA ya tiene en estudio”. Por otra parte, en cuanto al Ministerio de Salud, se comprobó que, el 11 de abril de 2023, el Área Rectora de Salud de Talamanca recibió un escrito firmado por Nombre9271 , Zeneida González Miranda, Yolanda Taysigua Taleno, Esperanza González Flores y Vera Violeta Venegas Grijalba (firmas autenticadas por el recurrente en su condición de abogado), en el que se indicó: “Asunto: DENUNCIA PUBLICA (sic) CONTRA EL AYA POR FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA EL CUAL ES UN DERECHO HUMANO Quienes suscribimos. vecinos de la comunidad de Hone Creek. Presentamos denuncia pública en contra del INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS y ALCANTARILLADOS UNIDAD CANTONAL RHC-TALAMANCA. por no suministrar el agua a nuestras viviendas. Nosotros los vecinos de la calle publica ubicada a un costado del taller mecánico Gabriel y el supermercado tenemos mas (sic) de 20 años de que compramos nuestro lote y construimos nuestras casas de habitación, en su momento el suministro de agua para consumo y los trabajos del hogar era mediante un pozo artesanal. Sin embargo, con el pasar del tiempo la distancia entre los pozos y los tanques sépticos y drenajes entre propiedades era mínima de lo permitido por ley, razón por la cual el agua de los pozos salía contaminada y con fuertes olores y un color verde, lo cual ocasiono (sic) que nuestros hijos al consumir el agua se estén enfermando de vómitos y diarreas constantemente. Con fecha del 12 de setiembre del año 2022, al ser una situación de salud publica (sic) y que se esta (sic) poniendo en riesgos la salud de nuestros niños y adultos mayores que son los mas (sic) vulnerables a todo tipo de enfermedades por el consumo de esta agua se procedió a solicitar al AyA en la comunidad de Bribri como ente responsable de suministrar el agua la instalación de cada medidor de agua a cada vivienda. Sin embargo, con fecha del 20 de enero del año 2023, recibimos oficio GSP-RHC-T-2023-00009, del señor Randy Madrigal Rodríguez, donde indica que no hay disponibilidad de agua y que el fraccionamiento de nuestra propiedad se hizo sin garantizar el recurso hídrico, queremos dejar claro que estas casas tienen mas (sic) de 20 años de construidas y no unos meses como menciona el funcionario del AyA y aplicando como fundamento legal para el rechazo un reglamento del año 2019. Por otra parte, manifestamos que la tubería madre pasa al frente de la calle publica (sic) que es el ingreso a nuestras casas, es una de las calles publicas (sic) más viejas y no es un ramal nuevo como ellos indican en su informe. PETITORIA 1. Solicitamos una inspección con urgencia por parte del Ministerio de Salud (…) con el fin de verificar que no tenemos agua potable en nuestras casas, por otra parte, solicitamos una certificación escrita si los pozos artesanales que tenemos en nuestras casas cumplen en cuanto al retiro mínimo de ley del tanque séptico y drenaje. 2. Solicitamos que al ser un derecho el agua de acueducto al artículo 50 de nuestra Constitución Política y al estar en riesgo la salud de nuestros hijos y de nosotros como denunciantes, se le ordene mediante orden sanitaria al AyA suministrarnos el agua potable de todas nuestras viviendas. 3. Por otra parte, queremos dejar claro que en caso de que situación ocasiones mas (sic) enfermedades y la muerte de alguno de nuestros hijos los únicos responsables será el Ministerio de Salud ya que es el ente Rector y el AyA”. Sobre el particular, el accionante se encuentra inconforme con la denegatoria de disponibilidad del servicio de agua potable a un grupo de la comunidad de Home Creek; sin embargo, el ICAA justificó tal decisión en el sentido de que, según su criterio, se llevó a cabo un fraccionamiento irregular para el cual no se solicitó previamente la disponibilidad y, además, se incumplieron los requisitos legales y técnicos. En ese sentido, no compete a este Tribunal determinar si el fraccionamiento cumplió o no la normativa infraconstitucional, ni tampoco si, en las condiciones en las que construyeron las casas, es factible la conexión individual en cada una. Tampoco se expusieron casos concretos e individualizados que evidenciaran alguna situación urgente que amerite la intervención de la Sala. Ergo, la inconformidad con la justificación brindada por el ICAA, deberá ser alegada ante esa institución, o bien, en la vía jurisdiccional ordinaria. Precisamente, en tales cauces podrán las partes interesadas, si lo estiman procedente, someter a contradictorio su posición y aportar prueba de forma amplia para determinar la procedencia o no de la prestación del servicio de agua. Por otro lado, se acusa la falta de resolución de una gestión planteada ante el Ministerio de Salud; sin embargo, el aquí accionante, quien interpuso este recurso de amparo a Nombre62 de él y en su condición personal, no forma parte de quienes la suscribieron. Más bien, tal documento contiene reclamos y solicitudes relacionadas con la contexto específico de cinco personas, por lo que alguna omisión en ese sentido deberá ser alegado por ellas, o bien, expresamente a su favor. En consecuencia, en los términos formulados en el escrito de interposición, se declara sin lugar la falta de respuesta reclamada. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal observa que el Área Rectora de Salud de Talamanca fue puesta en conocimiento de una serie de problemas de salud pública y ambientales desde el 11 de abril de 2023; sin embargo, no se constata que hubiesen ejecutado acciones, dentro del ámbito de sus competencias, para atender la alegada contaminación de pozos por tanques sépticos y drenajes, el consumo de agua contaminada sacada de pozos artesanales, los malos olores y la propagación de vómitos y diarreas. De ahí que la falta de atención a tal problemática por más de cinco meses, amerita la intervención de la Sala para garantizar su pronta atención. Por ello, se declara con lugar este extremo, en los términos que se consignarán en la parte dispositiva de este pronunciamiento. V.- Nota del Magistrado Salazar Alvarado. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente acusa que el 11 de abril de 2023, un grupo de vecinos de la comunidad de Home Creek, en el cantón de Talamanca, formuló una denuncia ante el Área Rectora de Salud de Talamanca, por cuanto el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados les negó la disponibilidad de agua potable. Señala que los niños y los adultos mayores están presentando enfermedades estomacales y virales, ya que toman agua de un pozo que no reúne las condiciones sanitarias ni de potabilidad. Refiere que tales familias tienen más de veinticinco años de tener sus casas; sin embargo, cuando desarrollaron el proyecto del acueducto no le instalaron los tubos “ni le dieron suministro de agua” a la calle en la que se encuentran (Dirección1210 ). Alega que a la fecha de interposición de este recurso, no se ha recibido respuesta alguna a la gestión. Solicita que se ordene al Ministerio de Salud que le imponga al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados suministrarles el servicio de agua potable, así como que les comunique las actuaciones que ha llevado a cabo. VI.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara parcialmente con lugar el recurso solo en cuanto la omisión del Ministerio de Salud de atender los problemas de salud pública y ambientales que le fueron puestos en conocimiento el 11 de abril de 2023. Se ordena a Jennifer Jones Villiers, en su condición de directora del Área Rectora de Salud de Talamanca del Ministerio de Salud, o a quien ocupe ese cargo, que gire las órdenes correspondientes, tome las medidas oportunas y coordine lo pertinente, a los efectos de que, en el plazo máximo de UN MES contado a partir de la notificación de esta sentencia, valore la problemática denunciada el 11 de abril de 2023, en relación con la contaminación de pozos por tanques sépticos y drenajes, el consumo de agua contaminada sacada de pozos artesanales, los malos olores y la propagación de vómitos y diarreas; y, además, en caso de que se verifiquen tales situaciones, dentro del plazo referido emita las órdenes sanitarias correspondientes para su debida atención. Se advierte a la autoridad recurrida que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia en la vía contencioso-administrativa. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese. Nombre137 V. Presidente Nombre152 C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- KLPCQSZS7KA61 EXPEDIENTE N° 23-024848-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Dirección14 , San José, Dirección15 , Dirección16 , calles 19 y 21, Dirección17 Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:52:09. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**Resolution No. 29835 - 2023** **Date of Resolution:** November 17, 2023 at 9:30 a.m. **Expediente:** 23-024848-0007-CO **Drafted by:** Paul Rueda Leal **Type of matter:** Amparo appeal **Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL **Judgment with separate opinion** **Relevance Indicators** Relevant judgment Judgment with protected data, in accordance with current regulations **Content of Interest:** **Strategic Topics:** Economic, social, cultural, and environmental rights **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** PUBLIC SERVICES **Subtopics:** POTABLE WATER. Telf5836. PUBLIC SERVICES. RESIDENTS OF THE HOME CREEK COMMUNITY, IN TALAMANCA, STATE THAT THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DENIED THEM WATER SERVICE, DESPITE THE FACT THAT THEY DRINK WATER FROM A WELL THAT DOES NOT MEET THE CONDITIONS. THE APPEAL IS PARTIALLY GRANTED ONLY REGARDING THE OMISSION OF THE MINISTRY OF HEALTH TO ADDRESS THE PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS BROUGHT TO ITS ATTENTION ON APRIL 11, 2023. THE DIRECTOR OF THE ÁREA RECTORA DE SALUD OF TALAMANCA OF THE MINISTRY OF HEALTH IS ORDERED TO, WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF ONE MONTH, ASSESS THE PROBLEMS REPORTED ON APRIL 11, 2023, IN RELATION TO THE CONTAMINATION OF WELLS BY SEPTIC TANKS AND DRAINAGES, THE CONSUMPTION OF CONTAMINATED WATER DRAWN FROM ARTISANAL WELLS, BAD ODORS, AND THE SPREAD OF VOMITING AND DIARRHEA; AND, FURTHERMORE, SHOULD SUCH SITUATIONS BE VERIFIED, TO ISSUE THE CORRESPONDING SANITARY ORDERS WITHIN THE AFOREMENTIONED PERIOD FOR THEIR PROPER ATTENTION. VCG12/2023 “(…) IV.- On the specific case. In the sub lite, the petitioner files an amparo appeal against the ICAA and the Ministry of Health. They state that, on April 11, 2023, a group of residents of the community of Home Creek, in the canton of Talamanca, filed a complaint before the Área Rectora de Salud of Talamanca, because the ICAA denied them the availability of potable water. They point out that children and older adults are experiencing stomach and viral illnesses, since they drink water from a well that does not meet sanitary or potability conditions. They relate that these families have had their houses for more than 25 years; however, when the aqueduct project was developed, the pipes were not installed "nor was water supply provided" to the street where they are located (Address4968). They claim that as of the filing date of this appeal, no response has been received to the petition. They request that the Ministry of Health be ordered to compel the ICAA to provide them with potable water service, and also to inform them of the actions it has taken. From the study of the case records, it has been demonstrated, with respect to the ICAA, that the Unidad Cantonal RHC-Talamanca of the ICAA, by official letter GSP-RHC-T-2023-00009 of January 20, 2023, addressed to “Limón, Talamanca, Cahuita, Hone Creek, behind El Ranchón”, stated: “In response to the study requests to acquire potable water service, which were filed at the Cantonal Office of Talamanca, I proceed to inform you of the following: The Institution has the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, whose objective is to regulate the relationships, rights, and obligations between AyA and its users; arising from the availability and effective provision of public services for water supply for population use and wastewater sanitation throughout the national territory. Likewise, AyA will provide water supply services for population use and wastewater sanitation within the coverage zone, provided that the area has technical and legal feasibility, for which a technical feasibility analysis is carried out for the granting of services, a process consisting of the verification of the real and current existence of sufficient water, hydraulic, material, technical, legal, and environmental resources to grant the availability and eventual connection of the service. For these purposes, the following conditions must be observed: a. That the distribution and collection networks pass in front of the property boundaries or have direct access via a public road or access easement (servidumbre de paso) for the property for which a service is requested. b. That the systems have sufficient water, hydraulic, treatment, and purification capacity to grant new services. c. That the system meets the established quality attributes. d. That it complies with the corresponding environmental regulations. Therefore, and according to the registry study carried out on the properties identified in the requests, it is observed that these come from property registration number 7-45937-000, cadastral plan 7-0912607-1990, whose subdivision (fraccionamiento) was carried out without guaranteeing the water resource for that purpose, failing to comply with the urban planning regulations established for subdivisions (fraccionamientos) indicated in articles 13, 14, and 18 of the Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones published in La Gaceta No. 2016, Alcance No. 252 of November 13, 2019, and its amendment published in La Gaceta No. 236, Alcance No. 224 of September 7, 2020. It is important to note that, if a new subdivision (fraccionamiento) did not previously request availability, it fails to comply with what is regulated in article 13 of the Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones of the INVU and contravenes articles 8 and 31 of the Reglamento de Prestación de Servicio de AyA, and therefore the subdivision (fraccionamiento) does not meet the technical and legal requirements to grant a positive service availability. In this regard, article 21 of the Ley Constitutiva de A y A establishes: “Every project for the construction, expansion, or modification of drinking water supply and sewage and stormwater disposal systems, whether public or private, must be previously approved by the Institute, which may carry out the inspection it deems appropriate to verify that the works are carried out in accordance with the approved plans. Said prior approval shall be mandatory in all cases of construction, subdivisions (fraccionamientos), urbanizations, or lotifications in any part of the country, and no other state agency shall grant construction permits or approvals without such approval from the Institute”. (the underlining is not from the original). In this sense, and for this specific case, the subdivision (fraccionamiento) originating from Address4969 has not been subjected to the technical requirements demanded by the Law and current Technical Standards on this matter. Now, the applicants' properties have access via a public street, and in other cases, with access easements (servidumbres de paso), which do not have distribution piping installed. Being in the aforementioned condition, there is no hydraulic capacity, which is the installed and in-use infrastructure of the supply and sanitation systems to convey the flows for the effective provision of services to the front of the property, and it must therefore be processed as a branch extension project. However, based on official letter No. GSP-RHC-2017-01897 (see the following point) “Specifically for the case of the Hone Creek – Puerto Viejo – Cahuita system, by official letter SB-GSP-RHA-OMSAP-2014-1653, of August 11, 2014, it was established that, according to the study prepared by AyA's Physical Development unit, the production capacity of the Sand Box treatment plant (sole source for this system) is fully committed to the current demand, and that, therefore, it is recommended not to issue service availabilities for projects, lotifications, subdivisions (fraccionamientos), easements (servidumbres), and branch extensions until a project is executed that allows for the reduction of Unaccounted-For Water indices or increases production.” In virtue of the previous point, the Hone Creek – Puerto Viejo system effectively maintains the condition described in the 2014 report. This is because the water demand corresponds to the water supply, and it is not technically feasible to authorize availabilities for projects and pipe branch extensions until production is expanded to guarantee adequate supply. The foregoing is further aggravated in the “dry” months, where it becomes necessary to transfer water to the Cahuita system to meet the demand of this community due to the loss of production in the La Unión well (water source for this population). It should be noted that AyA is already analyzing large-scale works to increase production capacity and thus address this and other similar cases, which however, due to their dimensions and costs, are estimated for execution in the medium term. Although at this time, a positive availability of potable water service or water capacity is not granted, it is worth mentioning that the files are entered on the waiting list, and notification will be made as soon as water capacity is available. With nothing further for the moment and in the best disposition to attend to any additional inquiry, I bid you farewell”. The Región Huetar Caribe of the ICAA, by memorandum GSP-RHC-2023-01604 of October 17, 2023, stated: “The properties of those involved are located in the central sector of Hone Creek in two accesses located to the north and south, respectively, of the premises known as “El Ranchón”. - It should be noted that on January 20, 2023, by official letter GSP-RHC-T-2023-00009, AyA responded to the inquiry of several residents of these two sectors, where it is stated that upon carrying out the registry study of the properties that comprise the hamlet, it is determined that it corresponds to an irregular subdivision (fraccionamiento irregular), all originating from property Address4970 owned by Mr. Narciso Méndez Miranda (see image No. 1). From the registry inquiries, it is found that between 2012 and 2014, 18 properties were segregated. Despite this being a considerable subdivision (fraccionamiento), there is no record in AyA's files of any prior request for service availability for its constitution, this being an indispensable requirement thus regulated in all subdivision (fraccionamientos) regulations that govern this procedure. This is, therefore, an irregular subdivision (fraccionamiento irregular), which has not followed the procedures applicable to these cases, such as the prior request for service availability and the presentation of designs approved by INVU (APC) for the enabling of services. It should be noted that the Hone Creek aqueduct was built between 2008 and 2009, so prior to any segregation, it was appropriate to process the service availability, present the designs for urban infrastructure works to INVU (APC), and once approved, build them to be received by the operating entity. Nor have service availabilities been presented to endorse the construction of dwellings or premises. (…) The 18 segregations carried out between 2012 and 2014 from property 7-045937-000 are visualized - Images 2 and 3 have been extracted from the Cadastral Information System (Sistema de Información Catastral, SIRI) of the National Property Registry of Costa Rica, where the irregular segregations that have not complied with the provisions of article 21 of the Ley Constitutiva de AyA, nor with the guidelines of the Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones of the INVU (RFU) are reflected. (…) The light blue polygon locates the perimeter of what originally was property 7-04597-000, from which the 18 properties were segregated between 2012 and 2014. (…) Map showing the segregated lands and the three polygons that remain as the remainder of the parent property 7-045937-000, - Additionally, according to the water capacity tool applied to System HC-A-01 Hone Creek – Puerto Viejo, a deficit is evident in 2023, of approximately 23.6%, which allows us to conclude that the aqueduct is overwhelmed by the current demand and that it is technically not feasible to authorize branch extensions until production is expanded. It is important to mention that AyA is already analyzing works to increase production and thus meet the new water demands in places where current coverage does not reach them. (…) It is verified that for the year 2023, system HC-A-01 Hone Creek – Puerto Viejo has a water deficit close to 23%. From the foregoing, it is concluded that the subdivision (fraccionamiento) of these 18 lands did not request service availability beforehand, despite there being an aqueduct in operation during the years in which the segregations were made. Nor is there a record that they have presented the service availability documents with which they processed the construction permits for existing buildings, all of which suggests that it is an irregular subdivision (fraccionamiento irregular) that must be treated as a single project and not individually. It is also clear that the HC-A-01 Hone Creek – Puerto Viejo system currently has a water deficit that does not allow granting availabilities or certificates of water capacity for projects seeking to expand the aqueduct's coverage. If the service availability request is presented, it would remain pending the production capacity expansion projects, which AyA already has under study”. On the other hand, regarding the Ministry of Health, it was verified that, on April 11, 2023, the Área Rectora de Salud of Talamanca received a document signed by Narciso Méndez Miranda, Zeneida González Miranda, Yolanda Taysigua Taleno, Esperanza González Flores, and Vera Violeta Venegas Grijalba (signatures authenticated by the appellant in their capacity as lawyer), in which it was stated: “Subject: PUBLIC COMPLAINT AGAINST AYA FOR LACK OF WATER SUPPLY WHICH IS A HUMAN RIGHT We, the undersigned, residents of the community of Hone Creek, hereby file a public complaint against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS UNIDAD CANTONAL RHC-TALAMANCA, for not supplying water to our homes. We, the residents of the public street located next to Gabriel's mechanical workshop and the supermarket, have been here for more than 20 years since we bought our lot and built our homes. At the time, the water supply for consumption and household chores was provided by an artisanal well (pozo artesanal). However, with the passage of time, the distance between the wells and the septic tanks (tanques sépticos) and drainages (drenajes) between properties was less than the minimum permitted by law, which is why the water from the wells became contaminated, with strong odors and a green color, causing our children to become ill with constant vomiting and diarrhea when drinking the water. On September 12, 2022, as this is a public health situation and the health of our children and older adults, who are the most vulnerable to all types of illnesses from drinking this water, is being put at risk, we proceeded to request from AyA in the community of Bribri, as the entity responsible for supplying water, the installation of a water meter for each home. However, on January 20, 2023, we received official letter GSP-RHC-T-2023-00009, from Mr. Randy Madrigal Rodríguez, stating that there is no water availability and that the subdivision (fraccionamiento) of our property was done without guaranteeing the water resource. We want to make it clear that these houses are more than 20 years old and not a few months, as the AyA official mentions, applying a 2019 regulation as the legal basis for the rejection. On the other hand, we state that the main pipe passes in front of the public street that is the entrance to our houses, it is one of the oldest public streets and not a new branch line as they indicate in their report. PETITION 1. We urgently request an inspection by the Ministry of Health (…) in order to verify that we do not have potable water in our homes. Furthermore, we request a written certification as to whether the artisanal wells (pozos artesanales) we have in our homes meet the minimum legal setback from the septic tank (tanque séptico) and drainage (drenaje). 2. We request that, as aqueduct water is a right under Article 50 of our Political Constitution and the health of our children and ourselves as complainants is at risk, AyA be ordered by sanitary order to supply us with potable water for all our homes. 3. On the other hand, we want to make it clear that if this situation causes more illnesses and the death of any of our children, the sole responsible parties will be the Ministry of Health, as it is the Governing Body, and AyA”. In this regard, the appellant is dissatisfied with the denial of availability of potable water service to a group in the community of Home Creek; however, the ICAA justified this decision on the basis that, in its opinion, an irregular subdivision (fraccionamiento irregular) was carried out for which availability was not previously requested and, furthermore, legal and technical requirements were not met. In this sense, it is not for this Tribunal to determine whether the subdivision (fraccionamiento) complied with sub-constitutional regulations, nor whether, under the conditions in which the houses were built, individual connection to each one is feasible. Nor were specific and individualized cases presented that evidenced any urgent situation warranting the intervention of the Chamber. Ergo, the disagreement with the justification provided by the ICAA must be alleged before that institution, or alternatively, through ordinary jurisdiction. Precisely, in such channels, the interested parties may, if they deem it appropriate, subject their position to adversarial proceedings and provide evidence broadly to determine the appropriateness or not of the provision of water service. On the other hand, the lack of resolution of a petition filed before the Ministry of Health is claimed; however, the appellant here, who filed this amparo appeal on his own behalf and in his personal capacity, is not one of those who signed it. Rather, such a document contains claims and requests related to the specific context of five people, so any omission in that regard must be alleged by them, or expressly on their behalf. Consequently, in the terms formulated in the filing brief, the claimed lack of response is dismissed. Now, without prejudice to the foregoing, this Tribunal observes that the Área Rectora de Salud of Talamanca was made aware of a series of public health and environmental problems since April 11, 2023; however, it is not verified that they had executed actions, within the scope of their competencies, to address the alleged contamination of wells by septic tanks (tanques sépticos) and drainages (drenajes), the consumption of contaminated water drawn from artisanal wells (pozos artesanales), the bad odors, and the spread of vomiting and diarrhea. Hence, the failure to address such problems for more than five months warrants the intervention of the Chamber to guarantee its prompt attention. Therefore, this point is granted, in the terms that will be set forth in the operative part of this pronouncement. (…)” ... See more **Content of Interest:** **Type of content:** Separate opinion **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** PUBLIC SERVICES **Subtopics:** POTABLE WATER. V.- Opinion of Magistrate Salazar Alvarado. In principle, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, as such omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested party may debate, more broadly, their disagreements. However, when some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction derives from that omissive administrative conduct, or vulnerable groups are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this matter, as is the case here, where the appellant claims that on April 11, 2023, a group of residents of the community of Home Creek, in the canton of Talamanca, filed a complaint before the Área Rectora de Salud of Talamanca, because the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados denied them the availability of potable water. They point out that children and older adults are experiencing stomach and viral illnesses, since they drink water from a well that does not meet sanitary or potability conditions. They relate that these families have had their houses for more than twenty-five years; however, when the aqueduct project was developed, the pipes were not installed "nor was water supply provided" to the street where they are located (Address4968). They claim that as of the filing date of this appeal, no response has been received to the petition. They request that the Ministry of Health be ordered to compel the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to provide them with potable water service, and also to inform them of the actions it has taken. VCG12/2023 ... See more **Text of the resolution** Exp: 23-024848-0007-CO Res. No. 2023029835 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine thirty hours on the seventeenth of November, two thousand and twenty-three. Amparo appeal processed in expediente no. 23-024848-0007-CO, filed by [Name62 001], identity card [CED62], against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) and the MINISTRY OF HEALTH. Resultando: 1.- By document incorporated into the digital file on October 9, 2023, the petitioner files an amparo appeal against the ICAA and the Ministry of Health. They state that, on April 11, 2023, a group of residents of the community of Home Creek, in the canton of Talamanca, filed a complaint before the Área Rectora de Salud of Talamanca, because the ICAA denied them the availability of potable water. They point out that, on the occasion of the lack of potable water, children and older adults are experiencing stomach and viral illnesses, since they drink water from a well that does not meet sanitary or potability conditions. They relate that these families have had their houses for more than 25 years; however, when the aqueduct project was developed, the pipes were not installed "nor was water supply provided" to the street where they are located (Address1210 ). They claim that as of the filing date of this appeal, no response has been received to the petition. They request that the Ministry of Health be ordered to compel the ICAA to provide them with potable water service, and also to inform them of the actions it has taken. 2.- By resolution at 11:42 a.m. on October 13, 2023, the Presidency of the Chamber admitted the amparo. Likewise, it requested a report from the general manager of the ICAA and the director of the Área Rectora de Salud of Talamanca. 3.- By document incorporated into the digital file on October 18, 2023, María Alejandra Mora Segura, general manager of the ICAA, submits a report under oath in these terms: “FACTS AND MERITS OF THE CASE Regarding the facts alleged by the appellant. FIRST: The appellant states that a group of residents of Hone Creek in Talamanca do not have potable water in their homes. That they have inhabited those properties for more than 25 years and that they were not considered for the extension of pipe branch lines when the aqueduct project was built. SECOND: As verified, the properties of those involved are located in the central sector of Hone Creek in two accesses located to the north and south, respectively, of the premises known as “El Ranchón”. THIRD: It should be noted that on January 20, 2023, by official letter GSP-RHC-T-2023-00009, AyA responded to the inquiry of several residents of these two sectors, where it is stated that upon carrying out the registry study of the properties that comprise the hamlet, it is determined that it corresponds to an irregular subdivision (fraccionamiento irregular), all originating from property registration number Placa1099 owned by Mr. Name9271 (see image No. 1). From the registry inquiries, it is found that between 2012 and 2014, 18 properties were segregated. Despite this being a considerable subdivision (fraccionamiento), there is no record in AyA's files of any prior request for service availability for its constitution, this being an indispensable requirement thus regulated in all subdivision (fraccionamientos) regulations that govern this procedure. This is, therefore, an irregular subdivision (fraccionamiento irregular), which has not followed the procedures applicable to these cases, such as the prior request for service availability and the presentation of designs approved by INVU (APC) for the enabling of services. It should be noted that the Hone Creek aqueduct was built between 2008 and 2009, so prior to any segregation, it was appropriate to process the service availability, present the designs for urban infrastructure works to INVU (APC), and once approved, build them to be received by the operating entity. Nor have service availabilities been presented to endorse the construction of dwellings or premises. (…) FOURTH: Images 2 and 3 have been extracted from the Cadastral Information System (Sistema de Información Catastral, SIRI) of the National Property Registry of Costa Rica, where the irregular segregations that have not complied with the provisions of article 21 of the Ley Constitutiva de AyA, nor with the guidelines of the Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones of the INVU (RFU) are reflected. (…) FIFTH: Additionally, according to the water capacity tool applied to System HC-A-01 Hone Creek – Puerto Viejo, a deficit is evident in 2023, of approximately 23.6%, which allows us to conclude that the aqueduct is overwhelmed by the current demand and that it is technically not feasible to authorize branch extensions until production is expanded. It is important to mention that AyA is already analyzing works to increase production and thus meet the new water demands in places where current coverage does not reach them. (…) SIXTH: From the foregoing, it is concluded that the subdivision (fraccionamiento) of these 18 lands did not request service availability beforehand, despite there being an aqueduct in operation during the years in which the segregations were made. Nor is there a record that they have presented the service availability documents with which they processed the construction permits for existing buildings, all of which suggests that it is an irregular subdivision (fraccionamiento irregular) that must be treated as a single project and not individually. It is also clear that the HC-A-01 Hone Creek – Puerto Viejo system currently has a water deficit that does not allow granting availabilities or certificates of water capacity for projects seeking to expand the aqueduct's coverage. If the service availability request is presented, it would remain pending the production capacity expansion projects, which AyA already has under study. SEVENTH: Furthermore, it is important to clarify that according to articles 38, 57, and 58 of the Urban Planning Law No. 4240 and articles 308, 309, 310, 311, 312, and 313 of the General Health Law No. 5395, the Certificate of Aqueduct and Sewer Availability issued by AyA is a requirement that Municipalities, INVU, and other competent entities require prior to the approval of the corresponding subdivision (fraccionamiento) and construction permits, its purpose being to determine, before the approval of a cadastral or construction plan, the existing reality at the respective historical moment regarding WATER, HYDRAULIC, COLLECTION CAPACITY AND ENVIRONMENTAL CONDITIONS OFFERED BY AYA'S SYSTEMS IN A GIVEN AREA, AS WELL AS VULNERABILITY THAT COULD COMPROMISE OTHER PROJECTS AMONG OTHERS. In turn, special consideration must be given since even if the availability of potable water and sanitary sewerage is approved for any property, it never signifies approval to build infrastructure works, nor that AyA's plans have been approved. Nor does it signify an interconnection authorization, nor approval of new services; to this end, the procedural requirements provided for in the corresponding AyA regulations, as well as those of the other competent institutions, must be met, therefore, it does not imply the obligation of the Municipality to approve said projects if they do not meet the rest of the technical and legal requirements that govern the regulations under their competence. EIGHTH: Consequently, it is important to refer to the principle of legality enshrined in Article 11 of our Political Constitution, which warns that the acts and behaviors of the Administration must be regulated by written norm, in such a way that AyA must submit to the Political Constitution and the law preferentially; and in general to all the norms of the Legal System, known as the Principle of Juridicity of the Administration, which means that public institutions can only act to the extent that they are empowered to do so by the same system and normally by express text; consequently, only what is constitutionally and legally authorized expressly is permitted, and everything that is not authorized is forbidden to them. Based on the above-mentioned principle, this Institute must adjust to the regulatory framework that governs us and to the general principles of science and technique; in accordance with Article 16, subsection 1) of the General Law of Public Administration, which states: “In no case may acts contrary to univocal rules of science or technique be issued…”; thus, in accordance with the mentioned articles, AyA guarantees the service to the extent technically feasible and provided that all the requirements established for these purposes are fully met, such as the existence of sufficient water and hydraulic conditions, as well as full compliance with the technical and legal requirements established in the regulations that cover us; a requirement that is not met in the case subject to this Amparo Appeal, and therefore it is not possible to grant the petitioner's request under the conditions she intends. It is important to note that the Jurisprudence of the Honorable Constitutional Chamber has been reiterated in recognizing the so-called fundamental right to water, but clarifying that it does not imply unrestricted access to water services, or an indiscriminate exercise thereof, such that there is an obligation on the part of the entities providing said service to provide it under any conditions and opportunity; it has recognized that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and even the Associations Administering Aqueducts and Sewers may deny the availability of drinking water if there are technical reasons that so justify, as indicated in Judgment No. 2009-003825 of 4:49 p.m. on March 10, 2009; in addition to recognizing that the administration can validly establish general requirements that must be fulfilled by its specific users. (Resolutions numbers 2010003602 of one thirteen hours and eighteen minutes of February 19; 2010006426 of ten hours and thirty-eight minutes of April 9 and 2010007420 of ten hours and thirty-six minutes all of the year 2010 and 007600-2011 of seventeen hours six minutes of June 14 of the year 2011; Resolution No. 2011-009089 of ten hours and thirty-five minutes of July 8, 2011; Resolutions No. 2012-003328, of nine hours ten minutes of March 9; No. 2012-004957, of nine hours five minutes of April 20 and No. 2012-006560 of ten hours thirty minutes of May 18, all of the year 2012, Resolution No. 2013-000240, of nine hours five minutes of January 11, 2013; Resolution No. 2013-017166, of nine hours five minutes of December 20, 2013, Resolution No. 2014-004985 of fourteen hours thirty minutes of April nine, two thousand fourteen, Resolution No. 2014-020562 of nine hours forty-five minutes of December nineteen, two thousand fourteen, Resolution No. 2015-008982 of fourteen hours forty-five minutes of June eighteen, two thousand fifteen and Resolution No. 2015-010688 of nine hours twenty minutes of July seventeen, two thousand fifteen, Resolution No. 2015-010674 of nine hours twenty minutes of July seventeen, two thousand fifteen). And more recently, we cite the resolution dated April sixteen, two thousand twenty-one, where the Constitutional Chamber considered: “This Court, in reiterated jurisprudence, has recognized the so-called fundamental right to water, by which, all persons must be granted the possibility of accessing, under equal conditions, drinking water services, as it is essential for life and health. Likewise, this Chamber has said that, despite the above, this nature of a fundamental right does not imply unrestricted access to water services, since the Administration can validly establish general requirements that must be fulfilled by each applicant to evaluate their particular requirement. Furthermore, (see in that sense Judgment No. 2018-004915 of 09:30 hours of March 23, 2018) it has been indicated that, although there is a fundamental right to water, the provision of the service may be subject to compliance with the requirements established for its granting, and to the existence of a material possibility of supply, that is, that there are no proliferating technical situations that make it impossible or inadvisable to provide the drinking water service.” (The highlighting and underlining are not part of the original document). NINTH: As this Honorable Court can verify, AyA has acted in accordance with the regulations that govern it, without arbitrary manipulation of the service provision, carrying out at all times duly founded and reasoned actions as detailed; it is thus evident that the Institute has proceeded according to law, without any of its acts having violated any constitutional right; on the contrary, from the arguments presented and the evidence provided, it can be concluded that AyA has effectively proceeded as corresponds to it.” 4.- By brief incorporated into the digital case file on October 24, 2023, Jennifer Jones Villiers, director of the Área Rectora de Salud de Talamanca, renders a sworn report in these terms: “FIRST: That public health being an asset protected by the State, the Ministry of Health being the governing body of public health. SECOND: That in addressing the Amparo, it was received at the Customer Service window of this Área Rectora de Salud, on October 18, 2023. THIRD: Currently, the supply of drinking water is a cantonal-level problem, which is why there are complaints against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Talamanca office. FOURTH: As recent actions by this Directorate of the Área Rectora de Salud, a follow-up visit was made to said complaints and a physical-sanitary inspection of the San Box Integrated Aqueduct, during which non-conformities were detected, leading to the issuance of a sanitary order. FIFTH: A sanitary order was issued on May 24, 2023, with an expiration date of August 24, 2023; requesting to present before this directorate the Water Quality Program, perform respective maintenance and hygiene work on the storage tanks, and provide a solution to the risk factors identified in the conduction and distribution network that prevent guaranteeing the continuity of the service. SIXTH: Through a follow-up visit made to the Sand Box Cantonal Water Treatment Plant of AyA Talamanca, total non-compliance with sanitary order MS-DRRSHC-DARST-OS-0020-2023 was verified. SEVENTH (sic): It should be noted that in response to complaints from previous years, in 2019 information was requested from Directorate1213 regarding whether they had a recent study on the production capacity of the San Box well, to which they responded as follows: ‘…I inform you that the query was made to the Regional Engineering Department, and they indicate that indeed, what was stated in official letter SB-RHA-OMSAP-2014-1653 of August 11, 2014, remains in force, until the real demand of the Limón Sur system is known, that is, until all possible new users of the aqueduct are incorporated. After this process, which has already begun, the corresponding water balance will be carried out, to determine if there is capacity to address new requests.’ (Copied verbatim from official letter GSP-RA-L-2019-01196, dated September 23, 2019.) To date, this Área Rectora de Salud has not received said aqueduct production capacity study. EIGHTH: We will be carrying out the corresponding administrative acts against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Talamanca office, with the objective of ensuring public well-being and the human, basic, and inalienable right of access to drinking water, as an essential good for life.” 5.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed. Drafted by Judge Rueda Leal; and, Considering: I.- Preliminary issue. Prior to analyzing the merits of the matter -regarding the alleged violation of the right to a prompt and completed procedure- it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction -with some exceptions-, those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure -initiated ex officio or at the request of a party- or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, in this case, an exception is raised -supported by the majority of this Constitutional Court-, since this is a petition filed before the Ministry of Health related to alleged public health problems, which is accused of not having been resolved. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. II.- Purpose of the appeal. The petitioner files an amparo appeal against the ICAA and the Ministry of Health. She indicates that, on April 11, 2023, a group of residents of the community of Home Creek, in the canton of Talamanca, filed a complaint before the Área Rectora de Salud de Talamanca, because the ICAA denied them the availability of drinking water. She points out that the children and the elderly are presenting stomach and viral illnesses, as they drink water from a well that does not meet the sanitary conditions or potability requirements. She states that these families have had their houses for more than 25 years; however, when the aqueduct project was developed, they did not install the pipes “nor did they provide water supply” to the street where they are located (Address1210). She claims that as of the date of filing this appeal, no response to the petition has been received. She requests that the Ministry of Health be ordered to compel the ICAA to provide them with the drinking water service, as well as to inform them of the actions it has carried out. III.- Proven facts. Deemed of importance for the decision of this matter, the following facts are considered duly demonstrated: a) With respect to the ICAA: 1. The Unidad Cantonal RHC-Talamanca of the ICAA, by official letter GSP-RHC-T-2023-00009 of Address1211 addressed to “Limón, Talamanca, Cahuita, Hone Creek, behind El Ranchón”, stated: “In response to the study requests to obtain drinking water service, which were presented at the Cantonal Office of Talamanca, I proceed to inform you of the following: The Institution has the Regulation for the Provision of AyA Services, whose objective is to regulate the relationships, rights, and obligations between AyA and its users; arising from the availability and effective provision of public water supply services for population use and wastewater sanitation throughout the national territory. Likewise, AyA will provide water supply services for population use and wastewater sanitation within the coverage area, provided that the area has technical and legal feasibility, for which a technical feasibility study is carried out for the granting of services, a process consisting of verifying the real and current existence of sufficient water, hydraulic, material, technical, legal, and environmental resources to grant the availability and eventual connection of the service. For these purposes, the following conditions must be observed: a. That the distribution and collection networks pass in front of the property boundaries or have direct access via a public road or right-of-way (servidumbre) to the property for which a service is requested. b. That the systems have sufficient water, hydraulic, treatment, and purification capacity to grant new services. c. That the system complies with the established quality attributes. d. That it complies with the corresponding environmental regulations. Thus, and according to the registry study carried out on the properties identified in the requests, it is observed that these come from property registration Placa1100, cadastral plan Placa1101, whose subdivision (fraccionamiento) was carried out without guaranteeing the water resource for that purpose, failing to comply with the urban planning regulations established for subdivisions (fraccionamientos) set forth in Articles 13, 14, and 18 of the Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones published in Gaceta No. 2016, Alcance No. 252 of November 13, 2019, and its modification published in Gaceta No. 236, Alcance No. 224 of September 7, 2020. It is important to point out that, if a new subdivision (fraccionamiento) did not previously request availability, it fails to comply with the provisions of Article 13 of the Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones of the INVU and contravenes Article 8 and 31 of the Reglamento de Prestación de Servicio of AyA, and therefore the subdivision (fraccionamiento) does not meet the technical and legal requirements to provide a positive service availability. In this regard, Article 21 of the Constitutive Law of A y A establishes: ‘All construction, expansion, or modification projects for drinking water supply and sewage and stormwater disposal systems, public or private, must be previously approved by the Institute, which may carry out the inspection it deems appropriate to verify that the works are carried out in accordance with the approved plans. Said prior approval shall be mandatory in all cases of construction of subdivisions (fraccionamientos), urbanizations, or lotifications in any part of the country and no other state agency shall grant construction permits or approvals without such approval from the Institute.’ (underlining is not from the original). In that sense and for this specific case, the subdivision (fraccionamiento) originating from Address1212 has not been subjected to the technical requirements demanded by the Law and current Technical Standards in this matter. Now, the applicants' properties have access via a public street and in other cases through rights-of-way (servidumbres), which do not have installed distribution piping. Being in the aforementioned condition, there is no hydraulic capacity, which is the installed and in-use infrastructure of the supply and sanitation systems to convey the flows for the effective provision of services up to the front of the property, so it must be processed as a branch line extension project. However, based on official letter No. GSP-RHC-2017-01897 (see next point) ‘Specifically for the Hone Creek – Puerto Viejo – Cahuita system, through official letter SB-GSP-RHA-OMSAP-2014-1653, of August 11, 2014, it was established that, according to the study prepared by AyA's Physical Development unit, the production capacity of the Sand Box treatment plant (sole source for this system) is fully committed to current demand and that, therefore, it is recommended not to issue service availabilities for projects, lotifications, subdivisions (fraccionamientos), rights-of-way (servidumbres), and branch line extensions until a project is executed that allows reducing the Unaccounted-For Water indices or increasing production.’ By virtue of the previous point, the Hone Creek – Puerto Viejo system effectively still maintains the condition described in the 2014 report. This is because water demand corresponds to water supply and that it is not technically feasible to authorize availabilities for projects and pipe branch extensions until production is expanded, guaranteeing an adequate supply. The foregoing is further aggravated in the ‘dry’ months, where it becomes necessary to transfer water to the Cahuita system to meet the demand of this community due to the loss of production in the La Unión well (water source for this population). It should be noted that AyA is already analyzing large-scale works to increase production capacity and thus address this and other similar cases, which, however, due to their dimensions and costs, are estimated for execution in the medium term. Although at this moment no positive availability of drinking water service or water capacity is granted, it is worth mentioning that the files are entered on the waiting list and notification will be given as soon as water capacity is available. Without further ado for the moment and in the best disposition to attend to any additional inquiry, I bid you farewell.’ (Evidence provided by the ICAA). 2. The Región Huetar Caribe of the ICAA, by memorandum GSP-RHC-2023-01604 of October 17, 2023, recorded: ‘The properties of those involved are located in the central sector of Hone Creek on two access roads located to the north and south, respectively, of the premises known as “El Ranchón”. - It must be indicated that on January 20, 2023, through official letter GSP-RHC-T-2023- 00009, AyA addressed the inquiry of several residents of these two sectors where it is stated that upon conducting the registry study of the properties that make up the hamlet, it is determined that it corresponds to an irregular subdivision (fraccionamiento), all originating from farm 7-045937-000 owned by Mr. Name9271 (see image No. 1). From the registry inquiries, it is known that between 2012 and 2014, 18 farms were segregated. Despite this being a considerable subdivision (fraccionamiento), there is no record in the AyA archives of any prior request for service availability for its constitution, this being an indispensable requirement so established in all subdivision (fraccionamiento) regulations governing this procedure. This is, therefore, an irregular subdivision (fraccionamiento), which has not followed the procedures applicable to these cases, such as the prior request for service availability and the presentation of approved designs to INVU (APC) for the enabling of services. It should be noted that the Hone Creek aqueduct was built between 2008 and 2009, so it corresponded, prior to any segregation, to process the service availability, present to INVU (APC) the designs for urban infrastructure works, and once approved, build them to be received by the operating entity. Nor are service availabilities presented that support the construction of houses or premises. (…) The 18 segregations effected between 2012 and 2014 on farm 7- 045937-000 are visualized - Images 2 and 3 have been extracted from the Cadastral Information System (SIRI) of the National Registry of Property of Costa Rica, where the irregular segregations that have not complied with the provisions of Article 21 of the Constitutive Law of AyA, nor with the guidelines of the Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones of the INVU (RFU) are reflected. (…) The light blue polygon locates the perimeter of what was originally farm 7-04597-000 from which the 18 properties were segregated between 2012 and 2014. (…) Map showing the segregated lands and the three polygons remaining as remnants of the parent farm 7-045937-000, - Additionally, according to the water capacity tool applied to System HC-A-01 Hone Creek – Puerto Viejo, a deficit is evident in 2023 of around 23.6%, which allows concluding that the aqueduct is surpassed by current demand and that it is not technically feasible to authorize branch line extensions until production is expanded. It is important to mention that AyA is already analyzing works to increase production and thus address the new water demands in sites where current coverage does not reach them. (…) It is verified that for the year 2023, system HC-A-01 Hone Creek – Puerto Viejo has a water deficit close to 23%. From the foregoing, it is concluded that the subdivision (fraccionamiento) of these 18 lands did not previously request service availability, despite there being an aqueduct in operation for the years in which the segregations were made. Neither is there evidence that they presented the service availability documents with which they processed the construction permits for existing buildings, all of which suggests that this is an irregular subdivision (fraccionamiento) that must be treated as a single project and not individually. It is also recorded that system HC-A-01 Hone Creek – Puerto Viejo currently has a water deficit that does not allow granting availabilities or certificates of water capacity for projects seeking to expand the aqueduct's coverage. Should the service availability request be submitted, it would await the production capacity expansion projects, which AyA already has under study.’ (Evidence provided by the ICAA). b) Regarding the Ministry of Health: 1. On April 11, 2023, the Área Rectora de Salud de Talamanca received a document signed by Name9271, Zeneida González Miranda, Yolanda Taysigua Taleno, Esperanza González Flores, and Vera Violeta Venegas Grijalba (signatures authenticated by the appellant in his capacity as lawyer), which stated: ‘Subject: PUBLIC COMPLAINT (sic) AGAINST AYA FOR LACK OF WATER SUPPLY WHICH IS A HUMAN RIGHT We, the undersigned, residents of the community of Hone Creek, file a public complaint against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS y ALCANTARILLADOS CANTONAL UNIT RHC-TALAMANCA for not supplying water to our homes. We, the residents of the public street located next to Gabriel's mechanic shop and the supermarket, have had our lot purchased and our dwelling houses built for more (sic) than 20 years. At the time, the water supply for consumption and household chores was through an artisanal well (pozo artesanal). However, with the passage of time, the distance between the wells and the septic tanks and drains between properties was less than the minimum allowed by law, which is why the well water became contaminated with strong odors and a green color, causing our children, when consuming the water, to become ill with constant vomiting and diarrhea. On September 12, 2022, as this is a public health situation (sic) and the health of our children and older adults, who are the most (sic) vulnerable to all types of diseases from consuming this water, is being put at risk, we proceeded to request from AyA in the community of Bribri, as the entity responsible for supplying water, the installation of a water meter for each home. However, on January 20, 2023, we received official letter GSP-RHC-T-2023-00009, from Mr. Randy Madrigal Rodríguez, stating that there is no water availability and that the subdivision (fraccionamiento) of our property was done without guaranteeing the water resource; we want to make it clear that these houses are more (sic) than 20 years old and not a few months as the AyA official mentions, and applying as a legal basis for the rejection a regulation from the year 2019. On the other hand, we state that the main pipeline passes in front of the public street (sic) that is the entrance to our homes; it is one of the oldest public streets (sic) and not a new branch line as they indicate in their report. PETITION 1. We request an urgent inspection by the Ministry of Health (…) in order to verify that we do not have drinking water in our homes; on the other hand, we request a written certification as to whether the artisanal wells (pozos artesanales) we have in our homes comply with the minimum legal setback from the septic tank and drain. 2. We request that, as water from the aqueduct is a right under Article 50 of our Political Constitution and because the health of our children and ourselves as complainants is at risk, the AyA be ordered through a sanitary order to supply us with drinking water to all our homes. 3. On the other hand, we want to make it clear that if this situation causes more (sic) illnesses and the death of any of our children, the sole responsible parties will be the Ministry of Health, as it is the Governing body, and the AyA.’ (Evidence provided by the appellant). IV.- On the specific case. In the case under review, the petitioner files an amparo appeal against the ICAA and the Ministry of Health. She indicates that, on April 11, 2023, a group of residents of the community of Home Creek, in the canton of Talamanca, filed a complaint before the Área Rectora de Salud de Talamanca, because the ICAA denied them the availability of drinking water. She points out that the children and the elderly are presenting stomach and viral illnesses, as they drink water from a well (pozo) that does not meet the sanitary conditions or potability requirements. She states that these families have had their houses for more than 25 years; however, when the aqueduct project was developed, they did not install the pipes “nor did they provide water supply” to the street where they are located (Address1210). She claims that as of the date of filing this appeal, no response to the petition has been received. She requests that the Ministry of Health be ordered to compel the ICAA to provide them with the drinking water service, as well as to inform them of the actions it has carried out. From the study of the case records, it is proven, with respect to the ICAA, that the Unidad Cantonal RHC-Talamanca of the ICAA, by official letter GSP-RHC-T-2023-00009 of Address1211 addressed to “Limón, Talamanca, Cahuita, Hone Creek, behind El Ranchón”, stated: “In response to the study requests to obtain drinking water service, which were presented at the Cantonal Office of Talamanca, I proceed to inform you of the following: The Institution has the Regulation for the Provision of AyA Services, whose objective is to regulate the relationships, rights, and obligations between AyA and its users; arising from the availability and effective provision of public water supply services for population use and wastewater sanitation throughout the national territory. Likewise, AyA will provide water supply services for population use and wastewater sanitation within the coverage area, provided that the area has technical and legal feasibility, for which a technical feasibility study is carried out for the granting of services, a process consisting of verifying the real and current existence of sufficient water, hydraulic, material, technical, legal, and environmental resources to grant the availability and eventual connection of the service. For these purposes, the following conditions must be observed: a. That the distribution and collection networks pass in front of the property boundaries or have direct access via a public road or right-of-way (servidumbre) to the property for which a service is requested. b. That the systems have sufficient water, hydraulic, treatment, and purification capacity to grant new services. c. That the system complies with the established quality attributes. d. That it complies with the corresponding environmental regulations. Thus, and according to the registry study carried out on the properties identified in the requests, it is observed that these come from property registration Placa1100, cadastral plan Placa1101, whose subdivision (fraccionamiento) was carried out without guaranteeing the water resource for that purpose, failing to comply with the urban planning regulations established for subdivisions (fraccionamientos) set forth in Articles 13, 14, and 18 of the Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones published in Gaceta No. 2016, Alcance No. 252 of November 13, 2019, and its modification published in Gaceta No. 236, Alcance No. 224 of September 7, 2020. It is important to point out that, if a new subdivision (fraccionamiento) did not previously request availability, it fails to comply with the provisions of Article 13 of the Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones of the INVU and contravenes Article 8 and 31 of the Reglamento de Prestación de Servicio of AyA, and therefore the subdivision (fraccionamiento) does not meet the technical and legal requirements to provide a positive service availability. In this regard, Article 21 of the Constitutive Law of A y A establishes: ‘All construction, expansion, or modification projects for drinking water supply and sewage and stormwater disposal systems, public or private, must be previously approved by the Institute, which may carry out the inspection it deems appropriate to verify that the works are carried out in accordance with the approved plans. Said prior approval shall be mandatory in all cases of construction of subdivisions (fraccionamientos), urbanizations, or lotifications in any part of the country and no other state agency shall grant construction permits or approvals without such approval from the Institute.’ Said prior approval shall be mandatory in all cases of construction, subdivision (fraccionamiento), developments, or lotifications anywhere in the country, and no other state agency shall grant construction permits or approvals without such approval from the Institute.” (the underlining is not original). In that regard and for this specific case, the subdivision (fraccionamiento) originating from Dirección1212 has not been submitted to the technical requirements demanded by the Law and Technical Standards in force on this matter. That said, the petitioners' properties have access via a public road and, in other cases, via access easements (servidumbres de paso), which themselves do not have installed distribution piping. Being in the condition mentioned above, there is no hydraulic capacity (capacidad hídrica), meaning the installed and in-use infrastructure of the supply and sanitation systems to convey flows for the effective provision of services to the front of the property; therefore, it must be processed as a branch extension (extensión de ramal) project. However, based on official memorandum No. GSP-RHC-2017-01897 (see next point), “Specifically for the case of the Hone Creek – Puerto Viejo – Cahuita system, via official memorandum SB-GSP-RHA-OMSAP-2014-1653, dated August 11, 2014, it was established that, according to the study prepared by the AyA Physical Development unit, the production capacity of the Sand Box water treatment plant (sole source for this system) is fully committed to current demand and that, therefore, it is recommended not to issue service availability (disponibilidades) statements for projects, lotifications, subdivisions (fraccionamientos), easement (servidumbre), and branch extensions (extensiones de ramal) until a project is executed that allows reducing Non-Revenue Water (Agua No Contabilizada) rates or increasing production.” By virtue of the foregoing point, the Hone Creek – Puerto Viejo system effectively still maintains the condition described in the 2014 report. This is because the water demand corresponds to the water supply and it is not technically feasible to authorize availability (disponibilidades) for projects and pipe branch extensions (extensiones de ramales de tubería) until production is expanded to guarantee an adequate supply. The foregoing is further aggravated in the “dry” months, when it becomes necessary to transfer water to the Cahuita system to meet the demand of this community due to the loss of production at the La Unión well (water source for this population). It should be noted that AyA is already analyzing large-scale works to increase production capacity and thus address this and other similar cases, which, however, due to their dimensions and costs, are estimated for execution in the medium term. While at this time no positive availability (disponibilidad) of potable water service, nor water capacity (capacidad hídrica), is granted, it should be mentioned that files are entered on the waiting list and notification will be given as soon as water capacity (capacidad hídrica) becomes available. With nothing further for the moment and in the best disposition to address any additional inquiry, I bid farewell.” The Huetar Caribe Region of the ICAA, by memorandum GSP-RHC-2023-01604 dated October 17, 2023, recorded: “The involved parties' properties are located in the central sector of Hone Creek on two access points located north and south, respectively, of the establishment known as ‘El Ranchón’. - It must be noted that on January 20, 2023, via official memorandum GSP-RHC-T-2023-00009, AyA responded to the inquiry of several neighbors of these two sectors, where it is set forth that upon conducting the registry study of the properties comprising the hamlet, it is determined that it corresponds to an irregular subdivision (fraccionamiento), all originating from property 7-045937-000 owned by Mr. Nombre9271 (see image No. 1). From the registry inquiries, it is seen that between 2012 and 2014, 18 properties were segregated. Despite this being a considerable subdivision (fraccionamiento), the AyA files contain no record of any prior service availability (disponibilidad de servicios) request for its constitution, this being an indispensable requirement so regulated in all subdivision regulations (reglamentos de fraccionamientos) governing this procedure. This is, therefore, an irregular subdivision (fraccionamiento) that has not followed the procedures applicable to these cases, such as the prior request for service availability (disponibilidad de servicios) and the presentation of designs approved by INVU (APC) for the enablement of services. It must be noted that the Hone Creek aqueduct was built between 2008 and 2009, so it was required, prior to any segregation, to process the service availability (disponibilidad de servicio), submit the urban infrastructure works designs to INVU (APC), and once approved, construct them to be received by the operating entity. No service availability statements (disponibilidades de servicios) supporting the construction of houses or commercial premises are presented either. (…) The 18 segregations carried out between 2012 and 2014 on property 7-045937-000 are visualized - Images 2 and 3 have been extracted from the Cadastral Information System (SIRI) of the National Registry of Property of Costa Rica, which reflects the irregular segregations that have not complied with the provisions of Article 21 of the AyA Constitutive Law, nor with the guidelines of the INVU Subdivisions and Developments Regulation (RFU). (…) The light blue polygon locates the perimeter of what was originally property 7-04597-000, from which the 18 properties were segregated between 2012 and 2014. (…) Map showing the segregated lands and the three polygons remaining as the remainder of the parent property 7-045937-000. - Additionally, according to the water capacity (capacidad hídrica) tool applied to System HC-A-01 Hone Creek – Puerto Viejo, a deficit in 2023 of around 23.6% is evident, which allows concluding that the aqueduct is overwhelmed by current demand and that it is not technically feasible to authorize branch extensions (extensiones de ramales) until production is expanded. It is important to mention that AyA is already analyzing works to increase production and thus address new water demands in sites where the current coverage (cobertura) does not reach. (…) It is verified that for the year 2023, system HC-A-01 Hone Creek – Puerto Viejo has a water deficit (déficit hídrico) close to 23%. From the foregoing, it is concluded that the subdivision (fraccionamiento) of these 18 lots did not request service availability (disponibilidad de servicios) beforehand, despite an aqueduct being in operation for the years in which the segregations were carried out. There is also no record that they submitted the service availability (disponibilidad de servicios) documents with which they processed construction permits for existing buildings, all of which suggests it is an irregular subdivision (fraccionamiento) that must be treated as a single project and not individually. It is also recorded that system HC-A-01 Hone Creek – Puerto Viejo currently has a water deficit (déficit hídrico) that does not allow granting service availability statements (disponibilidades) or water capacity (capacidad hídrica) certificates for projects seeking to expand the aqueduct's coverage (cobertura). If the service availability (disponibilidad de servicios) request is submitted, it would be placed on hold pending the production capacity expansion projects, which AyA already has under study.” Furthermore, regarding the Ministry of Health, it was confirmed that on April 11, 2023, the Talamanca Health Governing Body (Área Rectora de Salud de Talamanca) received a writing signed by Nombre9271, Zeneida González Miranda, Yolanda Taysigua Taleno, Esperanza González Flores, and Vera Violeta Venegas Grijalba (signatures authenticated by the petitioner in his capacity as a lawyer), which stated: “Subject: PUBLIC COMPLAINT AGAINST AYA FOR LACK OF WATER SUPPLY, WHICH IS A HUMAN RIGHT. We, the undersigned, residents of the community of Hone Creek, hereby file a public complaint against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS, TALAMANCA CANTONAL UNIT RHC, for failing to supply water to our homes. We, the neighbors of the public road located beside Gabriel’s mechanical workshop and the supermarket, have had our lots and built our dwellings for more than 20 years. At the time, the water supply for consumption and household chores was via an artisanal well. However, over time, the distance between the wells and the septic tanks and drainage systems between properties fell below the legally permitted minimum, for which reason the well water came out contaminated, with strong odors, and a green color, which caused our children, upon consuming the water, to become constantly sick with vomiting and diarrhea. On September 12, 2022, given this is a public health situation that is endangering the health of our children and older adults, who are the most vulnerable to all types of diseases from consuming this water, we proceeded to request from AyA, at the Bribri community office, as the entity responsible for supplying water, the installation of a water meter for each home. However, on January 20, 2023, we received official memorandum GSP-RHC-T-2023-00009 from Mr. Randy Madrigal Rodríguez, indicating there is no water availability (disponibilidad de agua) and that the subdivision (fraccionamiento) of our property was done without guaranteeing the water resource. We want to make it clear that these houses are more than 20 years old and not a few months, as the AyA official states, and were built applying a 2019 regulation as the legal basis for the rejection. Furthermore, we state that the main pipe passes in front of the public road that is the entrance to our houses; it is one of the oldest public roads and not a new branch (ramal) as they indicate in their report. PRAYER FOR RELIEF 1. We urgently request an inspection by the Ministry of Health (…) in order to verify that we do not have potable water in our houses; additionally, we request written certification as to whether the artisanal wells we have in our houses comply with the legal minimum setbacks from the septic tank and drainage system. 2. We request that, as aqueduct water is a right under Article 50 of our Political Constitution and the health of our children and us, as complainants, is at risk, AyA be ordered, via a sanitary order (orden sanitaria), to supply potable water to all our homes. 3. Furthermore, we want to make it clear that should this situation cause further illness and the death of any of our children, the sole responsible parties will be the Ministry of Health, as the Governing Body, and AyA.” On this matter, the petitioner is dissatisfied with the denial of potable water service availability to a group from the Home Creek community; however, the ICAA justified such decision on the grounds that, in its judgment, an irregular subdivision (fraccionamiento) was carried out for which availability (disponibilidad) was not previously requested, and, additionally, legal and technical requirements were breached. In that sense, it is not for this Tribunal to determine whether the subdivision (fraccionamiento) complied with sub-constitutional regulations or whether, under the conditions in which the houses were built, an individual connection to each is feasible. Nor were concrete and individualized cases presented that demonstrate any urgent situation warranting the intervention of this Chamber. Ergo, the disagreement with the justification provided by the ICAA must be alleged before that institution or, alternatively, in the ordinary jurisdictional channel. Precisely in such channels, the interested parties may, if they deem it appropriate, submit their position to a contradictory process and submit evidence broadly to determine the appropriateness or not of providing water service. Separately, the lack of resolution of a request (gestión) filed before the Ministry of Health is alleged; however, the petitioner here, who filed this amparo appeal on behalf of and in the personal capacity of Nombre62, was not one of those who signed it. Rather, such document contains claims and requests related to the specific context of five individuals, so any omission in that regard must be alleged by them or expressly in their favor. Consequently, in the terms set forth in the filing writ, the claimed lack of response is dismissed (sin lugar). Now, notwithstanding the above, this Tribunal notes that the Talamanca Health Governing Body (Área Rectora de Salud de Talamanca) was made aware of a series of public and environmental health problems since April 11, 2023; however, it is not verified that they executed actions within the scope of their powers to address the alleged contamination of wells by septic tanks and drainage, the consumption of contaminated water drawn from artisanal wells, foul odors, and the spread of vomiting and diarrhea. Hence, the failure to address such problem for more than five months warrants the intervention of this Chamber to guarantee its prompt attention. Therefore, this point is granted (con lugar), under the terms to be set forth in the operative part of this pronouncement. V.- Note by Judge Salazar Alvarado. As a matter of principle, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, as such omission constitutes a matter of legality whose discussion corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested party can more broadly debate their disagreements. However, when that omitted administrative conduct results in some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction, or affects groups considered vulnerable, I do address the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject, as occurs in this case, where the petitioner alleges that on April 11, 2023, a group of neighbors from the community of Home Creek, in the canton of Talamanca, filed a complaint before the Talamanca Health Governing Body (Área Rectora de Salud de Talamanca) because the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers denied them potable water availability (disponibilidad). He points out that children and older adults are suffering from stomach and viral illnesses because they drink water from a well that does not meet sanitary or potability conditions. He states that these families have had their houses for over twenty-five years; however, when the aqueduct project was developed, they did not install the pipes "nor did they provide water supply" to the street on which they are located (Dirección1210). He claims that as of the date of filing this appeal, no response whatsoever has been received to the request (gestión). He requests that the Ministry of Health be ordered to impose on the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to supply them potable water service, as well as to inform them of the actions it has carried out. VI.- Documentation provided to the file. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary," approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. Por tanto: The appeal is partially granted (con lugar) only as to the omission of the Ministry of Health to address the public and environmental health problems made known to it on April 11, 2023. Jennifer Jones Villiers, in her capacity as director of the Talamanca Health Governing Body (Área Rectora de Salud de Talamanca) of the Ministry of Health, or whoever holds that position, is ordered to issue the corresponding orders, take the appropriate measures, and coordinate what is pertinent, to the effect that, within the maximum period of ONE MONTH counted from the notification of this judgment, she assesses the problem reported on April 11, 2023, concerning the contamination of wells by septic tanks and drainage, the consumption of contaminated water drawn from artisanal wells, foul odors, and the spread of vomiting and diarrhea; and, furthermore, should such situations be verified, within the referred period, issue the corresponding sanitary orders (órdenes sanitarias) for their due attention. The respondent authority is warned that, according to the provisions of Article 71 of the Law on Constitutional Jurisdiction, imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be executed or enforced, issued within an amparo appeal, and fails to execute it or enforce it, provided the offense is not more severely penalized. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment in the contentious-administrative proceeding. In all other respects, the appeal is dismissed (sin lugar). Judge Salazar Alvarado appends a note. Notify. Nombre137 V. Presidente Nombre152 C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- KLPCQSZS7KA61 EXPEDIENTE N° 23-024848-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Dirección14 , San José, Dirección15 , Dirección16 , calles 19 y 21, Dirección17 Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:52:09.