Res. 00386-2024 Sala Constitucional — Quebradas de Jicotea Community Seeks Potable Water Amid Inaction by AyA and ASADAComunidad de Quebradas de Jicotea solicita agua potable ante inacción de AyA y ASADA

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Sala Constitucional

Resolución Nº 00386 - 2024

Fecha de la Resolución: 12 de Enero del 2024 a las 09:15

Expediente: 23-018320-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: SERVICIOS PÚBLICOS

Subtemas:

AGUA POTABLE.

00386-24. ACUSA QUE DESDE HACE MÁS DE 5 AÑOS, LA COMUNIDAD DE QUEBRADAS DE JICOTEA DE LA SUIZA DE TURRIALBA A SOLICITADO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ASADA RECURRIDA PERO SE LE DENIEGA. SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO. SE ORDENA A LA OFICINA REGIONAL CENTRAL ESTE DE ATENCIÓN DE ASADAS, DEL AYA, AL ÁREA RECTORA DE SALUD DE TURRIALBA, Y A LA MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA, QUE DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE TRES MESES –CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA–: A) SE ESTABLEZCAN LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN NECESARIAS PARA QUE SE CONOZCA LA SITUACIÓN PLANTEADA EN ESTE AMPARO; Y, B) SE RESUELVA LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA

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Texto de la resolución

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Exp: 23-018320-0007-CO

Res. Nº 2024000386

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del doce de enero de dos mil veinticuatro .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad No. [Valor 001], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA), MINISTERIO DE SALUD, MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA Y ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE JICOTEA DE TAYUTIC, TURRIALBA, CARTAGO.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 1 de agosto de 2023, la recurrente interpuso recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Salud, Municipalidad de Turrialba y Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Jicotea de Tayutic, Turrialba, Cartago. Manifiesta que es vecina de la comunidad de Quebradas de Jicotea de La Suiza de Turrialba desde hace más de cinco años y no cuenta con el servicio de agua potable. A finales de setiembre de 2016 convocó a una reunión a los vecinos de Quebrada para la gestión del proyecto para el servicio de agua, pero por diferencias económicas no se continuó con el mismo. Recalca que si existen dos tanques, tubos PVC y una bomba de presión que estaban destinados para la conexión del agua potable. Que los vecinos realizaron solicitud verbal a los personeros de la Asada de Jicotea, por lo cual se efectuó una reunión el 17 de octubre del 2016 en horas de la tarde. Allí los vecinos trasmitieron su necesidad de retomar el proyecto del agua potable. Como consecuencia de esta reunión los personeros de la Asada les indicaron que no iban a facilitar el servicio, y que más bien debían incurrir ellos en el pago de los honorarios de un ingeniero para aprobarlo. Que el 27 de octubre del 2016 realizaron una nueva gestión pero por escrito; la cual fue recibida por la Junta Administrativa de Asada de Jicotea el 1° de noviembre del 2016. Que les preocupa además que el agua que obtienen de una quebrada se encuentra contaminada, lo cual, afecta la salud de los vecinos. Sobre el particular, afirma que existen estudios que demuestran dicha contaminación. Señala que en el 2017 interpusieron otro recurso de amparo pero les fue rechazado por falta de información. A raíz de lo anterior, se dio a la tarea de plantear la denuncia correspondiente, la cual, se remitió mediante oficio N° CE-ARST-0478-2019 a la Dirección del Área Rectora de Salud de Turrialba, con el objetivo de investigar los hechos planteados en la denuncia 0001- 2019 sobre el acceso a agua potable en la comunidad Quebradas de Jicotea de Turrialba, mediante el cual se concluye lo siguiente: “(…) En la visita al sitio se pudo constatar que la comunidad Quebradas no cuenta con abastecimiento de agua por parte de la Asada Jicotea, debido a los inconvenientes técnicos y financieros de dicha entidad, misma que no cuenta con infraestructura en la zona de Quebradas, ni con los recursos económicos para enfrentar dicho costo. Por otro lado, la comunidad Quebradas no ha realizado los estudios técnicos requeridos por AyA para conocer la viabilidad técnica y financiera del proyecto. La comunidad no ha logrado organizarse hasta la fecha y lo que han hecho es tomar el agua de una fuente superficial de manera individual, sin consideraciones sanitarias de ningún tipo. A la fecha no se conoce la calidad del agua que consumen, puesto que tampoco han realizado un análisis de la calidad de la misma para determinar su potabilidad. RECOMENDACIONES: Se recomienda elevar este caso al Ente Rector en materia de agua potable (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) a fin de que se de seguimiento tanto al actuar de la Asada Jicotea como al de la Comunidad de Quebradas. Que de no ser posible la realización del estudio técnico para evaluar viabilidad de la Asada en brindar el servicio, al menos el AyA haga algunas recomendaciones técnicas sobre como la comunidad de Quebradas puede organizarse para solventar el abastecimiento de agua por sus propios medios, para la construcción de una captación en condiciones sanitarias, o en determinar la calidad del agua que los abastece actualmente. Se debe realizar la consulta a la Municipalidad de Turrialba sobre los materiales entregados a dicha comunidad para la construcción de un sistema de abastecimiento y el seguimiento a su implementación. De considerarse conveniente, se debe notificar de lo actuado tanto al denunciante (anónimo), como a la Asada Jicotea y vecinos presentes el día de la visita, a saber: Sr. Miguel Piedra, Sr, José Manuel Loaiza, vecinos. Sr. Carlos Cerdas Sojo. Presidente de la Junta de Desarrollo Integral Tayutic, que ha estado consultando sobre el tema. (…)”. Agrega que así las autoridades del Ministerio de Salud “hacen llegar al señor Vladimir Mesén Montenegro Jefe Regional AyA Cartago denuncia CE-ARST-AD-001-2019, donde se le da número UEN-GAR-2019. Donde envían a la Presidenta Ejecutiva del AyA, de la cual envía oficio PHAM-662-2020 (…)”. Asegura que mediante oficio N° UEN-GAR-2019-02026 del 31 de mayo de 2019, Johanna Solano Segura, de la Oficina Regional Central Este de la UEN Gestión de Acueductos Rurales de AyA, rindió informe de visita a barrio Quebrada-Jicotea Tayutic, y se consignó: “(…) Se recomienda que la ASADA inicie el proceso para el Convenio de Delegación con el AyA, posterior a la firma de este convenio, enviar el caso a la UEN de Administración de Proyectos para que el caso ingrese al Programa Comunidades en Riesgo Sanitario”. Que mediante oficio UEN-GAR-2019-02238 del 13 de junio de 2019, Vladimir Mesén Montenegro, Jefe Oficina Regional de Acueductos Comunitarios de la UEN Gestión de Acueductos Rurales de AyA, remitió a la directora Giselle Solano Fernández, el informe técnico N° UEN-GAR-2019-02205, donde se trasladó el caso a la Subgerencia de Sistemas Comunales para que se valorara y se incluyera en la cartera de Proyectos de Comunidades en Riesgo. Agrega que el AyA pidió un informe hídrico a la ASADA, pero la misma dijo que no tenía dinero para efectuarlo, ya que es una ASADA muy pequeña, por lo cual vecinos realizaron una parte del estudio con un topógrafo que les ayudó, pero les falta la parte del ingeniero para lo cual no tienen dinero. Que en sesión extraordinaria del 12 de julio de 2022, el Consejo Municipal de Turrialba conoció la gestión de la “Licda. [Nombre 001], Presidenta del Comité del Barrio Las Quebradas-Jicotea, dirigida al Concejo Municipal y recibida con fecha 06 de julio 2022” y dispone trasladar a al Presidente Municipal, pero nunca recibieron respuesta alguna. Se apersonó a las oficinas municipales para hablar con el presidente municipal, quien le dio audiencia el 9 de septiembre 2022, aportó oficio SM-1095- 2022 y allí se formó una comitiva que se reuniría con los vecinos y realizaría visita el lugar el 16 de setiembre 2022. El 18 de octubre en reunión del consejo municipal se aprobó el dictamen de la comisión nombrada por el consejo. Que el 16 de marzo 2023 le llegó el oficio SM-252-2023 en el cual se indica que según artículo tercero, inciso 13 de la Sesión Ordinaria N° 148-2023 celebrada por el Concejo Municipal de Turrialba, el 3 de marzo del 2023, se conoció el “Correo electrónico enviado por la Licda. [Nombre 001], dirigido al Concejo Municipal, recibido con fecha 08 de febrero 2023” y se dispone “Trasladar el correo electrónico presentado por la Licda. [Nombre 001] al M.S.c Luis Fernando León Alvarado - Alcalde Municipal y a la Arq. Diana Jiménez Espinoza - Encargada de Desarrollo Urbano para que brinden un informe al Concejo e indiquen sobre esta situación. Aprobado por unanimidad. (…)”. Precisa que el 28 de abril se comunicó vía telefónica con el encargado de las aguas de la municipalidad y éste le informó que la municipalidad no podría hacer nada, ya que no les compete a ellos, sino a Acueductos y Alcantarillados y por esa razón no podían destinar ningún presupuesto. Solicita que se obligue a la Junta Administrativa de la Asada y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a realizar la instalación requerida para que se le brinde el servicio de agua potable a los vecinos de la localidad de Quebradas de Jicotea de La Suiza de Turrialba.

2.- Mediante resolución de Presidencia de las 11:26 horas del 15 de agosto de 2023, se dio curso al proceso, se le dio traslado al presidente de la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Jicotea de Tayutic, Turrialba, Cartago, así como que se solicitó informe a la presidenta ejecutiva, jefe de la oficina regional de Acueductos Comunales Central Este, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, directora del Área Rectora de Salud de Turrialba del Ministerio de Salud y alcalde de la Municipalidad de Turrialba, sobre los hechos alegados por la recurrente.

3.- Por escrito recibido por Gestión en Línea de la Sala el 21 de agosto de 2023, informan bajo juramento Luis Alejandro Guillén Guardia y Vladimir Mesén Montenegro, por su orden presidente ejecutivo y jefe de la oficina regional Central Este de Atención de ASADAS, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que para realizar cualquier construcción de viviendas es requerido contar con una carta de disponibilidad del servicio de agua potable emitida por un ente operador legal, lo cual, garantiza que cada comunidad que se vaya a desarrollado cuente con el servicio de agua potable. Precisan que en este caso se desconoce de qué manera se realizó el asentamiento en cuestión, siendo posible que sean construcciones ilegales, lo cual, es competencia de la Municipalidad de Turrialba. Afirman que desde el 8 de noviembre de 2016 se le indicó a la comunidad que debían contratar un estudio técnico, que arrojara las mejoras necesarias para poder brindarles el servicio de agua potable, y se les señaló que las mejoras deberían ser cubiertas por los interesados. Sostienen que con respecto a dicho requerimiento, las personas interesadas habían contratado un ingeniero topógrafo, pero no continuaron con el proceso de realización de un estudio técnico del sector, de acuerdo con lo requerido por el reglamento de ASADAS en el artículo 44. Agregan que ante la ORAC Central Este del AyA no existe ningún estudio que se haya presentado, el cual, es requerido dado que de éste se desprende el diagnóstico del sistema y las recomendaciones hidráulicas, a partir de la modelación y el análisis de las fuentes en cantidad y calidad. Señalan que en ese estudio técnico se puede conocer el impacto de la interconexión de las nuevas viviendas al sistema de abastecimiento, indicándose, además, cuáles son las obras para tener una capacidad hidráulica adecuada y un balance hídrico positivo. Amplían que de no realizarse por parte de las personas interesadas el estudio básico no es posible por parte de la ASADA garantizar el abastecimiento para las nuevas viviendas, ni que el abastecimiento del nuevo sector no vaya a causar la pérdida de la continuidad en el servicio para las personas usuarias actuales del sistema de abastecimiento de agua potable. Refieren que no es competencia del AyA ni de la ASADA que se hayan asentado personas en un sector donde no se cuenta con servicio de agua potable, ni se hayan cumplido los requisitos para obtener de manera legal el acceso a este servicio. Aseguran que dentro de las competencias del AyA se le ha brindado asesoría y capacitación al ente operador respectivo, así como orientaciones a la comunidad para que procedan con los términos de referencia y presenten el estudio técnico a través de la ASADA para revisión y aprobación de la ORAC Central Este. Resaltan que cuando la red pública no alcanza, corresponde a los interesados, bajo su costo realizar los estudios técnicos y obras necesarias para generar factibilidad técnica, donde además, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 29 y siguientes del Reglamento de Prestación de Servicios para brindarles una constancia de disponibilidad de servicios de forma positiva, posteriormente deberán gestionar la conexión permanente, cumpliendo los requisitos del artículo 67 y 68 del mismo cuerpo normativo, dentro de los cuales se encuentra los permisos de construcción. Indican que se está frente a una imposibilidad técnica de brindar el servicio solicitado y de otorgar la constancia de disponibilidad de servicios de forma positiva, dado que en la zona no existe un sistema de acueducto, siendo que, para realizar una ampliación deberán los interesados bajo su costo, cumplir con los estudios técnicos y obras necesarias, previa aprobación del AyA; así como, cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Prestación de Servicios de AyA. Declaran que el AyA no es el operador en la zona, y la ASADA Jicotea es un operador ilegal, dado que carece de convenio de delegación suscrito con el AyA. Afirman que la Municipalidad de Turrialba opera en el sector 18, y además, es el obligado de velar porque las construcciones que se ejecuten en el cantón que administran cuenten con los permisos constructivos, siendo que, no es viable que se realicen construcciones sin que previamente se cuente con una constancia de disponibilidad de servicios de forma positiva, donde se ha verificado la factibilidad técnica (capacidad hídrica e hidráulica), para asegurar que los habitantes en la zona cuenten con agua potable, así como, que, por parte de los interesados se cumplan los requisitos establecidos al efecto para brindarles el servicio público de agua potable, lo cual, en el caso concreto no ha sido cumplido por parte de la recurrente. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.

4.- Por escrito recibido mediante correo electrónico de la Sala el 28 de agosto de 2023, informa bajo juramento Edwin Cervantes Montoya, en su condición de director del Área Rectora de Salud de Turrialba, que el caso ingresó ante el ministerio recurrido en forma de denuncia, bajo el número 0001-2019, recibido el 7 de enero de 2019, en ventanilla única de atención al cliente. Precisa que el 18 de marzo de 2019 se emitió el informe CE-ARST-REG-0248-2019, donde se detalló la atención de la denuncia, para lo cual se realizó una visita de inspección. Afirma que se dispuso lo siguiente: “Conclusiones En la visita al sitio se pudo constatar que la comunidad de Quebradas no cuenta con abastecimiento de agua por parte de la Asada de Jicotea, debido a los inconvenientes técnicos y financieros de dicha entidad, misma que no cuenta con infraestructura en la zona de Quebradas, ni con los recursos económicos para enfrentar dicho costo. Por otro lado, la comunidad Quebradas no ha realizado los estudios técnicos requeridos por el AyA para conocer la viabilidad técnica y financiera del proyecto. La comunidad no ha logrado organizarse hasta la fecha y lo que han hecho es tomar el agua de una fuente superficial de manera individual, sin consideraciones sanitarias de ningún tipo. A la fecha no se conoce la calidad del agua que consumen, puesto que tampoco han realizado un análisis de la calidad de la misma para determinar su potabilidad”. Sostiene que el 5 de abril de 2019, se le envió al jefe regional del AyA Cartago, el oficio No. CE-ARST-D-478-2019, donde se solicitó una actualización de gestiones y recomendaciones en la atención de la denuncia en cuestión. Agrega que por oficio No. UEN-GAR-2019-02205, se trasladó el caso a la Subgerencia de Sistemas Comunales, para que fuera valorada e incluida en la cartera de proyectos de comunidades en riesgo. Señala que el 3 de julio de 2019, el área rectora le informó a la denunciante el oficio No. MS-DRRSCE-DARST-824-2019, sobre las gestiones realizadas y los oficios correspondientes en atención a la denuncia No. 001-2019. Amplía que el 7 de diciembre de 2022, después de las gestiones realizadas, se recibió el informe No. MS-DRRSCE-URS-IT-0356-2022, emitido por Ing. Nelson Artavia Vega, del Proceso de Regulación de la Salud, Unidad de Rectoría de la Salud, donde señaló el criterio profesional sobre la atención del caso por falta de disponibilidad de agua potable en la comunidad de Quebradas de Jicotea, sita Tayutic de Turrialba. Refiere que del informe se obtuvo la siguiente información: “RECOMENDACIONES AL ÁREA RECTORA DE SALUD TURRIALBA • Solicitar, mediante acto administrativo, a la Oficina Regional de Acueductos Rurales Central Este, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que, en el plazo de 20 días hábiles, presente plan remedial con la solución definitiva para que se provea, a la comunidad de Quebradas de Jicotea, sita en Tayutic de Turrialba, de un sistema de abastecimiento de agua potable, en forma continua y en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de las personas y con presión necesaria para permitir el correcto funcionamiento de los artefactos sanitarios en uso. Dicho plan debe ejecutarse en plazos razonables, debe contar con un profesional o profesionales responsables de la completitud y ejecución de cada rubro establecido, debe contemplar la realización de los estudios técnicos establecidos en el decreto 42582, la ejecución de todas las obras estructurales y los responsables de administrar dicho sistema de agua potable. Siguiendo las indicaciones del Ing. Artavia Vega, este Ministerio giró la Orden Sanitaria Nº 0005-2023, con fecha del 01 de febrero de 2023 con vencimiento para el 28 de febrero de 2023, dirigida al Sr. Vladimir Mesen Montenegro notificada el 01 de febrero de 2023. (Ver folio 0051-0052) Esta orden sanitaria indicaba lo siguiente: “De acuerdo con las recomendaciones del Informe Técnico MS-DRRSCEURS-IT-0356-2022, suscrito por el Ing. Nelson Eduardo Artavia Vega (del cual se adjunta copia) donde se describe la falta de disponibilidad de agua potable en la Comunidad de Quebradas de Jicotea en el cantón de Turrialba y las diversas gestiones que se han atendido por parte del Área Rectora de Salud Turrialba, la oficina Regional de Acueductos Cartago, la Asada Jicotea y la Municipalidad de Turrialba. SE LE ORDENA QUE DEBE PROCEDER a la Oficina Regional de Acueductos Rurales Cartago (ORAC) Primero: En el plazo de 20 días hábiles, presentar ante el Área Rectora de Salud Turrialba un Plan Remedial con la situación definitiva para que se provea a la comunidad de Quebradas de Jicotea, sita en Tayutic de Turrialba, de un sistema de abastecimiento de agua potable, en forma continua y en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de las personas y con presión necesaria para permitir el correcto funcionamiento de los artefactos sanitarios en uso. Segundo: Dicho Plan debe ejecutarse en plazos razonables, debe contar con un profesional o profesionales responsables de la completitud y ejecución de cada rubro establecido, debe contemplar la realización de estudios técnicos establecidos en el decreto Nº42582-S-MINAE, la ejecución de todas las obras estructurales y responsables de administrar dicho sistema de agua potable”. Asegura que el 13 de abril de 2023, la Gestora Ambiental del Proceso de Regulación de la Salud del área rectora, en seguimiento de la orden sanitaria consultó vía correo electrónico al instituto recurrido; sin embargo, a la fecha de rendido el informe no han tenido respuesta alguna. Concluyen que el Área Rectora de Salud Turrialba ha realizado todo lo posible y competente referente al caso; sin embargo, por parte de las instituciones involucradas en la atención del caso no se ha tenido una respuesta pronta y oportuna. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

5.- Por escrito recibido mediante Gestión en Línea de la Sala el 29 de agosto de 2023, manifiesta Rafael Alberto Velásquez Aguilar, en su condición de presidente de la ASADA de Jicotea de Tayutic, que la comunidad “Quebradas” de Jicotea de Tayutic de Turrialba, la constituyen alrededor de 10 casas de habitación y no son producto de un desarrollo urbano planificado, sin que pueda establecer si dichas viviendas obtuvieron permisos municipales de construcción, pero no tramitaron, previamente a la construcción de las viviendas, la solicitud de conexión de agua ante la ASADA recurrida. Precisa que de haberse hecho, la respuesta hubiera sido idéntica a la fecha de rendida las manifestaciones, en el sentido  de que para suministrarle el agua potable, previamente se deben hacer los estudios hídricos y financieros, ya que su representada, en este caso, no puede garantizar el recurso hídrico sin conocer si tiene la capacidad para ellos, máxime si el nivel topográfico de la comunidad “Quebradas” podría a simple vista, requerir de un sistema de bombeo que funcionaba con electricidad o combustible, lo cual, provocaría la modificación del acueducto que opera por gravedad. Afirma que para conceder lo solicitado, necesariamente debe hacerse un estudio de capacidad hídrica y de topografía, los cuales, su representada no tiene capacidad financiera ni técnica para asumirlo. Sostiene que no se puede poner en riesgo los servicios que ya presta a los asociados. Agrega que la comunidad “Quebradas”, está a un kilómetro de distancia del sistema de acueducto, lo que significa una millonaria inversión para llegar con el suministro de agua hasta su comunidad y la ASADA no tiene recursos económicos. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

6.- Por escrito recibido por correo electrónico de la Sala el 29 de agosto de 2023, informan bajo juramento Luis Fernando León Alvarado y Julio Mora Solanos, por su orden alcalde y director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, ambos de la Municipalidad de Turrialba, que el acueducto municipal de Turrialba no administra ni tiene red de acueducto en la comunidad de las Quebradas de Jicotea de la Suiza, ni existen proyectos de inversión de acueductos en la zona. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.

7.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. La recurrente acusa que es vecina de la comunidad de Quebradas de Jicotea de La Suiza de Turrialba desde hace más de 5 años y no cuenta con el servicio de agua potable. Precisa que  solicitó el servicio de agua potable a la ASADA de Jicotea, pero se denegó, debido a que los vecinos deben incurrir en el pago de los honorarios de un ingeniero para un estudio técnico. Afirma que se interpuso denuncia ante el Ministerio de Salud, ya que de la quebrada que obtienen agua se encuentra contaminada, por lo que se dictó una orden sanitaria; sin embargo, el ICAA no ha brindado solución alguna. Considera violentados sus derechos fundamentales.

 II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a)    La accionante es vecina de la comunidad de Quebradas de Jicotea de La Suiza de Turrialba (hecho incontrovertido)

b)    La recurrente no solicitó carta de disponibilidad del servicio de agua potable emitida por un ente operador legal, donde se haya verificado la factibilidad técnica (capacidad hídrica e hidráulica), para asegurar el servicio de agua potable (ver informe de las autoridades del instituto recurrido).

c)     El ICAA no es operador en la comunidad de Quebradas, y la ASADA Jicotea es un operador ilegal, dado que carece de convenio de delegación suscrito con el instituto recurrido (ver informe de las autoridades del instituto recurrido).

d)    El 1 de noviembre de 2016, la accionante junto con varios vecinos de Quebradas, solicitaron el servicio de agua potable a la comunidad ante la ASADA de Jicotea (ver informe de las autoridades del instituto recurrido).

e)     El 8 de noviembre de 2016 se le indicó a la comunidad de Quebradas de Jicotea por parte de la ASADA Jicotea, que debían realizar un estudio técnico, que arrojara las mejoras necesarias para poder brindarles el servicio de agua potable, y se les señaló que las mejoras y el estudio debían ser cubiertas por los interesados (ver informe de las autoridades del instituto recurrido).

f)      La comunidad de Quebradas de Jicotea no ha realizado estudio técnico y obras necesarias, previa aprobación del ICAA, para el otorgamiento del servicio de agua potable, aunado a que no hay un sistema de acueducto (ver informe de las autoridades del instituto recurrido).

g)    El 7 de enero de 2019, la recurrente interpuso denuncia sanitaria ante el Área Rectora de Salud de Turrialba, por contaminación de fuente de agua en la comunidad de Quebradas (ver prueba aportada al expediente).

h)    Por oficio No. CE-ARST-REG-0248-2019 del 18 de marzo de 2019, el Proceso de Regulación de la Salud del Área Rectora de Salud Turrialba emitió “Informe Técnico de Atención de denuncia No. 0001-2019 sobre contaminación de aguas y derecho al agua potable en poblado denominado Quebradas en Jicotea, Turrialba”, recomendando: “elevar este caso al Ente Rector en materia de agua potable (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) a fin de que se dé seguimiento tanto al actuar de la Asada Jicotea como al de la Comunidad de Quebradas. Que de no ser posible la realización del estudio técnica para evaluar viabilidad de la Asada en brindar el servicio, al menos el AyA haga algunas recomendaciones técnicas sobre cómo la comunidad de Quebradas puede organizarse para solventar el abastecimiento de agua por sus propios medios, para la construcción de una captación en condiciones sanitarias, o en determinar la calidad del agua que los abastece actualmente” (ver prueba aportada al expediente).

i)      Por oficio No. CE-ARST-D-478-2019 del 5 de abril de 2019, la directora de la Dirección del Área Rectora de Salud Turrialba le solicitó al jefe regional del ICAA que informara de las acciones realizadas en la comunidad de Quebradas (ver prueba aportada al expediente

j)      Por oficio No. UEN-GAR-2019-02026 del 31 de mayo de 2019, suscrito por la ingeniera de la oficina regional Central Este de la UEN Gestión de Acueductos Rurales del ICAA, realizó un “informe de visita a barrio Quebradas-Jicotea Tayutic” y recomendó: “La ASADA de Jicotea cuenta con 96 usuarios, el ingreso por concepto de cobro del servicio de agua potable cubre únicamente los gastos operativos, por lo que existe una imposibilidad para contratar el estudio técnico y las mejoras necesarias para asumir la comunidad de Quebradas. Se recomienda que la ASADA inicie el proceso para el Convenio de Delegación con el AyA, posterior a la firma de este convenio, enviar el caso a la UEN de Administración de Proyectos para que el caso ingrese al Programa Comunidades en Riesgo Sanitario” (ver prueba aportada al expediente).

k)    Por oficio No. UEN-GAR-2019-02238 del 13 de junio de 2019, la jefatura de ORAC Central Este de la UEN Gestión de Acueductos Rurales del ICAA le remitió a la directora del Ministerio de Salud el oficio No. UEN-GAR-2019-02026 y se trasladó el caso a la subgerencia de sistemas comunales, para que sea valorada e incluida en la cartera de proyectos de comunidades en riesgo (ver prueba aportada al expediente).

l)      Por oficio No. MS-DRRSCE-DARST-824-2019 del 3 de julio de 2019, se le notificó a la recurrente el resultado de la denuncia interpuesta (ver prueba aportada al expediente).

m) La accionante no ha presentado ante la ORAC Central Este del AyA el estudio técnico requerido, que permite obtener el diagnóstico del sistema y las recomendaciones hidráulicas, a partir de la modelación y el análisis de las fuentes en cantidad y calidad (ver informe de las autoridades del instituto recurrido).

n)    Por oficio No. GSD-UEN-GAR-2022-01401 del 19 de abril de 2022,  la UEN Gestión de Acueductos Rurales del ICAA le informó a la Municipalidad de Turrialba, lo siguiente: “En el proceso de verificación y mejora de la cobertura de servicios de acueductos rurales, se han identificado algunas zonas del cantón de Turrialba que no cuentan con entes operadores conformados legalmente, o que tienen ASADAS sin convenio de Delegación con el AyA, y a pesar de esto se emiten cartas de disponibilidad de servicio de agua potable para tramitar permisos de construcción ante la Autoridad Municipal. Estas cartas de disponibilidad son emitidas de manera ilegal, de acuerdo con lo dispuesto por AyA y la Dirección de Aguas de MINAE. Esto provoca la presentación de documentos inválidos ante la instancia Municipal, generándose no solo una incertidumbre legal, si no poniéndose en riesgo la continuidad del servicio de las personas usuarias con las implicaciones que esto puede tener para el abastecimiento de agua potable y por ende hacia la salud de la población. Bajo este escenario es importante hacer notar que para los casos donde un ente operador no legalizado quiera emitir disponibilidades de servicio, se aplicará lo establecido en los artículos 34, 36 y 46 del Reglamento para la Prestación de Servicios de AyA” (ver prueba aportada al expediente).

o)    Por oficio No. MS-DRRSCE-URS-IT-0356-2022 del 30 de noviembre de 2022, suscrito por el encargado del Proceso de Regulación de la Salud, Unidad de Rectoría de la Salud le informó a la jefa de la Unidad de Rectoría de la Salud de la Dirección Regional Central Este del Ministerio de Salud, criterio profesional sobre el la falta de disponibilidad de agua potable en la comunidad de Quebradas, recomendando lo siguiente: “Solicitar, mediante acto administrativo, a la Oficina Regional de Acueductos Rurales Central Este, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que, en el plazo de 20 días hábiles, presente plan remedial con la solución definitiva para que se provea, a la comunidad de Quebradas de Jicotea, sita en Tayutic de Turrialba, de un sistema de abastecimiento de agua potable, en forma continua y en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de las personas y con presión necesaria para permitir el correcto funcionamiento de los artefactos sanitarios en uso. Dicho plan debe ejecutarse en plazo razonables, debe contar con un profesional o profesionales responsables de la completitud y ejecución de cada rubro establecido, debe contemplar la realización de los estudios técnicos establecidos en el decreto 42582, la ejecución de todas las obras estructurales y los responsables de administrar dicho sistema de agua potable” (ver prueba aportada al expediente).

p)    Mediante orden sanitaria No. 0005-2023 del 1 de febrero de 2023 del Área Rectora de Salud Turrialba, se le ordenó al director de la oficina regional de Acueductos Rurales de Cartago del ICAA, que: “en el plazo de 20 días hábiles debía presentar ante el Área Rectora de Salud de Turrialba un plan remedial con la solución definitiva para que se provea a la comunidad de Quebradas de Jicotea, sita en Tayutic de Turrialba, de un sistema de abastecimiento de agua potable, en forma continua y en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de las personas y con presión necesaria para permitir el correcto funcionamiento de los artefactos sanitarios en uso. Segundo: Dicho plan debe ejecutarse en plazo razonables, debe contar con un profesional o profesionales responsables de la completitud y ejecución de cada rubro establecido, debe contemplar la realización de estudios técnicos establecidos en el decreto No. 42582-S-MINAE, la ejecución de todas las obras estructurales y los responsables de administrar dicho sistema de agua potable” (ver prueba aportada al expediente).

q)    El 4 de abril de 2023, la Gestora Ambiental del Proceso de Regulación de la Salud del Área Rectora de Salud Turrialba, en seguimiento de la orden sanitaria consultó vía correo electrónico al instituto recurrido (ver prueba aportada al expediente).

r)     Mediante oficio No. GSD-UEN-GAR-2023-01663 del 25 de mayo de 2023, el encargado de la UEN Gestión de Acueductos Rurales del ICAA informó al Proceso de Regulación de la Salud del Ministerio de Salud, que: “… Debe determinarse en base a la obtención de la información y la caracterización de la comunidad, si es viables y económicamente sustentable para la ASADA Jicotea asumir la prestación del servicio de agua potable en esta comunidad en el corto plazo, o si existe la posibilidad de que la Municipalidad de Turrialba administre el sistema que se determine como necesario mediante el estudio técnico, debido a que el cumplimiento de los parámetros reglamentarios en el caso de la ASADA no tiene excepción en este caso y adicionalmente es requerido aplicar las tarifas establecidas por ARESEP, las cuales al carecerse de sistema de Micro-medición se deben aplicar las correspondientes a lo representado en el gráfico 1, con un valor aproximado a 11 mil colones por cada unidad habitacional …Por lo que se reitera que es requerido el trabajo Interinstitucional para poder acelerar el proceso de análisis y toma de decisiones que lleven a una solución definitiva en este caso, y no depende exclusivamente de los esfuerzos que pueda adelantar el AyA, de quien cuentan con todo el apoyo.” (ver prueba aportada al expediente).

s)     El 15 de agosto de 2023 se notificó la resolución de curso de este amparo a la presidenta ejecutiva del ICAA y alcalde de Turrialba (ver actas de notificación).

t)      El 23 de agosto de 2023 se notificó la resolución de curso de este amparo al director del Área Rectora de Salud de Turrialba, del Ministerio de Salud (ver acta de notificación).

u)    El 7 de setiembre de 2023 se notificó la resolución de curso de este amparo al presidente de la ASADA Jicotea de Tayutic (ver acta de notificación).

 III.- Este Tribunal ha señalado que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados, las municipalidades y demás instituciones que prestan el servicio de suministro de agua potable, pueden rechazar válidamente las solicitudes de servicio de agua potable que les sean formuladas o condicionarlas si existen razones técnicas o legales que así lo justifican. De esta forma, en sentencia No. 2016-006027 de las 09:05 horas del 6 de mayo de 2016, esta Sala consideró:

“Este Tribunal Constitucional en la sentencia 2014-9134 de las 14:05 horas del 19 de junio de 2014, que abordó una cuestión muy similar a la expuesta en el presente recurso, dispuso: '(...) Esta Sala ha indicado en reiteradas sentencias sobre el tema que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos -sea sujeto público o sujeto privado- está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). Resulta claro entonces concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargados de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales. En el caso concreto, de la prueba aportada y del informe rendido bajo juramento, se corrobora que el AyA no ha rechazado arbitrariamente la solicitud planteada por la recurrente, sino por la falta del cumplimiento de la totalidad de los requisitos técnico-legales que existe el Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para aprobar nuevos servicios”.

Este pronunciamiento puede complementarse con la resolución No. 2017-005245 de las 10:00 horas del 7 de abril de 2017, que en lo conducente dispuso:

“Del informe rendido por las autoridades de la municipalidad recurrida se indica que el reclamo de la recurrente, respecto de si el lugar donde tiene la propiedad la señora Garbanzo Morelli está fuera o no del abastecimiento de agua, le corresponderá al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarrillados referirse al respecto, ya que la Municipalidad no tiene competencia para ello. Y por su parte, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados menciona que han actuado conforme a la normativa que lo regula, ejerciendo su función rectora como corresponde, llevando a cabo en todo momento actuaciones debidamente fundamentadas y razonadas como se detalló, se evidencia así que el Instituto ha procedido conforme a derecho, ya que según el informe técnico emitido por la UEN Optimización de Sistemas Nuevos Desarrollos GAM, oficio UEN-OSND-GAM- 2017-00082, se indica claramente que para el inmueble que cita la señora [Nombre 002] en su recurso de amparo, no existe la disponibilidad de agua potable. Además agrega el informe, que en análisis de los antecedentes de este inmueble se tiene que pertenecía a la propiedad con catastro [Valor 002] y según consulta al Registro Nacional, ésta última fue fraccionada y de la misma resultaron cuatro propiedades sin mediar la gestión del trámite de disponibilidad para dicho fraccionamiento. Así las cosas, esta Sala no logra acreditar ninguna omisión o actuación arbitraria por parte de la autoridad recurrida, en consecuencia lo correspondiente es declarar sin lugar el amparo, y reiterar que según la prueba aportada, la falta de dotación del servicio de agua potable en el lote de la recurrente no es una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que está justificada en la inexistencia de disponibilidad de agua potable en el sector. (Ver en similar sentido las sentencias números 2014-9134 de las 14:05 horas del 19 de junio de 2014 y 2016007240 de las 09:20 horas del 27 de mayo 2017, entre otras). Bajo esa inteligencia, no se está frente a la infracción de derechos fundamentales y, por ello, lo pertinente es desestimar el recurso de amparo”.

De esta suerte, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la ASADA de Jicotea de Tayutic han rechazado la petición de la accionante, lo cual, ha reconocido la recurrente, haciéndole saber cabalmente las razones por las cuales no procedía atender su solicitud. Se le indicó a la recurrente que previo al otorgamiento del servicio, los miembros de la comunidad “Las Quebradas” debían realizar un estudio técnico elaborado por un ingeniero civil, cuyo costo y mejoras que arrojara ese estudio debían ser cubiertas por los interesados, pues esa comunidad se encuentra a una altura superior del acueducto, y a 1 km de la última prevista de la ASADA, la cual, no se ha realizado. En consecuencia, la procedencia o no del servicio no es un asunto que deba discutirse en esta Jurisdicción, ya que es ajeno al ámbito de su competencia, y cabe agregar que ya en reiteradas ocasiones este Tribunal ha sostenido que resulta posible desestimar las gestiones presentadas para el otorgamiento del servicio de agua potable, cuando se presenten imposibilidades técnicas, incumplimiento de requisitos infraconstitucionales o existan criterios técnicos y/o legales que así lo justifiquen.

 IV.- Por otra parte, la accionante alega que interpuso denuncia ante el Ministerio de Salud, ya que la comunidad no cuenta con agua potable, por lo que se dictó una orden sanitaria; sin embargo, el ICAA no ha brindado solución alguna. Considera violentados sus derechos fundamentales.

Sobre el particular, este Tribunal Constitucional, de conformidad con hechos que constan en autos, así como de los informes rendidos por las autoridades recurridas -los cuales son dados bajo juramento con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, estima que lleva razón la recurrente en cuanto a este alegato.

 Se constató que la accionante no solicitó carta de disponibilidad del servicio de agua potable emitida por un ente operador legal, donde se haya verificado la factibilidad técnica, así como que el ICAA no es operador en la comunidad de Quebradas, y la ASADA Jicotea es un operador ilegal, dado que carece de convenio de delegación suscrito con el instituto recurrido. El 1 de noviembre de 2016, la accionante junto con varios vecinos de Quebradas, solicitaron el servicio de agua potable a la comunidad ante la ASADA de Jicotea. Debido a lo anterior, el 8 de noviembre de 2016 se le indicó a la comunidad de Quebradas de Jicotea, por parte de la ASADA Jicotea, que debían realizar un estudio técnico, que arrojara las mejoras necesarias para poder brindarles el servicio de agua potable, y se les señaló que las mejoras y el estudio debían ser cubiertos por los interesados. Sin embargo, la comunidad de Quebradas de Jicotea no ha realizado estudio técnico y obras necesarias, previa aprobación del ICAA, para el otorgamiento del servicio de agua potable, aunado a que no hay un sistema de acueducto. A pesar de lo anterior, el 7 de enero de 2019, la recurrente interpuso denuncia sanitaria ante el Área Rectora de Salud de Turrialba, por contaminación de fuente de agua en la comunidad de Quebradas. Como consecuencia, por oficio No. CE-ARST-REG-0248-2019 del 18 de marzo de 2019, el Proceso de Regulación de la Salud del Área Rectora de Salud Turrialba emitió “Informe Técnico de Atención de denuncia No. 0001-2019 sobre contaminación de aguas y derecho al agua potable en poblado denominado Quebradas en Jicotea, Turrialba”, recomendando: “elevar este caso al Ente Rector en materia de agua potable (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) a fin de que se dé seguimiento tanto al actuar de la Asada Jicotea como de la Comunidad de Quebradas. Que de no ser posible la realización del estudio técnico para evaluar viabilidad de la Asada en brindar el servicio, al menos el AyA haga algunas recomendaciones técnicas sobre cómo la comunidad de Quebradas puede organizarse para solventar el abastecimiento de agua por sus propios medios, para la construcción de una captación en condiciones sanitarias, o en determinar la calidad del agua que los abastece actualmente”. Asimismo, por oficio No. CE-ARST-D-478-2019 del 5 de abril de 2019, la directora de la Dirección del Área Rectora de Salud Turrialba le solicitó al jefe regional del ICAA que informara de las acciones realizadas en la comunidad de Quebradas. Por oficio No. UEN-GAR-2019-02026 del 31 de mayo de 2019, suscrito por la ingeniera de la oficina regional Central Este de la UEN Gestión de Acueductos Rurales del ICAA, realizó un “informe de visita a barrio Quebradas-Jicotea Tayutic” y recomendó: “La ASADA de Jicotea cuenta con 96 usuarios, el ingreso por concepto de cobro del servicio de agua potable cubre únicamente los gastos operativos, por lo que existe una imposibilidad para contratar el estudio técnico y las mejoras necesarias para asumir la comunidad de Quebradas. Se recomienda que la ASADA inicie el proceso para el Convenio de Delegación con el AyA, posterior a la firma de este convenio, enviar el caso a la UEN de Administración de Proyectos para que el caso ingrese al Programa Comunidades en Riesgo Sanitario”. Por oficio No. UEN-GAR-2019-02238 del 13 de junio de 2019, la jefatura de ORAC Central Este de la UEN Gestión de Acueductos Rurales del ICAA le remitió a la directora del Ministerio de Salud el oficio No. UEN-GAR-2019-02026 y se trasladó el caso a la subgerencia de sistemas comunales para que sea valorada e incluida en la cartera de proyectos de comunidades en riesgo. Asimismo, mediante oficio No. MS-DRRSCE-DARST-824-2019 del 3 de julio de 2019, se le notificó a la recurrente el resultado de la denuncia interpuesta. Debido a la situación expuesta por la comunidad Quebradas, por oficio No. GSD-UEN-GAR-2022-01401 del 19 de abril de 2022, de la UEN Gestión de Acueductos Rurales del ICAA se le informó a la Municipalidad de Turrialba, lo siguiente: “En el proceso de verificación y mejora de la cobertura de servicios de acueductos rurales, se han identificado algunas zonas del cantón de Turrialba que no cuentan con entes operadores conformados legalmente, o que tienen ASADAS sin convenio de Delegación con el AyA, y a pesar de esto se emiten cartas de disponibilidad de servicio de agua potable para tramitar permisos de construcción ante la Autoridad Municipal. Estas cartas de disponibilidad son emitidas de manera ilegal, de acuerdo con lo dispuesto por AyA y la Dirección de Aguas de MINAE. Esto provoca la presentación de documentos inválidos ante la instancia Municipal, generándose no solo una incertidumbre legal, si no poniéndose en riesgo la continuidad del servicio de las personas usuarias con las implicaciones que esto puede tener para el abastecimiento de agua potable y por ende hacia la salud de la población. Bajo este escenario es importante hacer notar que para los casos donde un ente operador no legalizado quiera emitir disponibilidades de servicio, se aplicará lo establecido en los artículos 34, 36 y 46 del Reglamento para la Prestación de Servicios de AyA”. Como consecuencia de los informes remitidos por el ICAA, mediante oficio No. MS-DRRSCE-URS-IT-0356-2022 del 30 de noviembre de 2022, suscrito por el encargado del Proceso de Regulación de la Salud, Unidad de Rectoría de la Salud, le informó a la jefa de la Unidad de Rectoría de la Salud de la Dirección Regional Central Este del Ministerio de Salud criterio profesional sobre el la falta de disponibilidad de agua potable en la comunidad de Quebradas, recomendando lo siguiente: “Solicitar, mediante acto administrativo, a la Oficina Regional de Acueductos Rurales Central Este, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que, en el plazo de 20 días hábiles, presente plan remedial con la solución definitiva para que se provea, a la comunidad de Quebradas de Jicotea, sita en Tayutic de Turrialba, de un sistema de abastecimiento de agua potable, en forma continua y en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de las personas y con presión necesaria para permitir el correcto funcionamiento de los artefactos sanitarios en uso. Dicho plan debe ejecutarse en plazo razonables, debe contar con un profesional o profesionales responsables de la completitud y ejecución de cada rubro establecido, debe contemplar la realización de los estudios técnicos establecidos en el decreto 42582, la ejecución de todas las obras estructurales y los responsables de administrar dicho sistema de agua potable”. Como resultado de lo anterior, mediante orden sanitaria No. 0005-2023 del 1 de febrero de 2023, se le ordenó al director de la oficina regional de Acueductos Rurales de Cartago del ICAA, que: “en el plazo de 20 días hábiles debía presentar ante el Área Rectora de Salud de Turrialba un plan remedial con la solución definitiva para que se provea a la comunidad de Quebradas de Jicotea, sita en Tayutic de Turrialba, de un sistema de abastecimiento de agua potable, en forma continua y en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de las personas y con presión necesaria para permitir el correcto funcionamiento de los artefactos sanitarios en uso. Segundo: Dicho plan debe ejecutarse en plazo razonables, debe contar con un profesional o profesionales responsables de la completitud y ejecución de cada rubro establecido, debe contemplar la realización de estudios técnicos establecidos en el decreto No. 42582-S-MINAE, la ejecución de todas las obras estructurales y los responsables de administrar dicho sistema de agua potable”. El 4 de abril de 2023, la Gestora Ambiental del Proceso de Regulación de la Salud del Área Rectora de Salud Turrialba, en seguimiento de la orden sanitaria consultó vía correo electrónico al instituto recurrido. Y mediante oficio No. GSD-UEN-GAR-2023-01663 del 25 de mayo de 2023, el encargado de la UEN Gestión de Acueductos Rurales del ICAA informó al Proceso de Regulación de la Salud del Ministerio de Salud, que: “… Debe determinarse en base a la obtención de la información y la caracterización de la comunidad, si es viables y económicamente sustentable para la ASADA Jicotea asumir la prestación del servicio de agua potable en esta comunidad en el corto plazo, o si existe la posibilidad de que la Municipalidad de Turrialba administre el sistema que se determine como necesario mediante el estudio técnico, debido a que el cumplimiento de los parámetros reglamentarios en el caso de la ASADA no tiene excepción en este caso y adicionalmente es requerido aplicar las tarifas establecidas por ARESEP, las cuales al carecerse de sistema de Micro-medición se deben aplicar las correspondientes a lo representado en el gráfico 1, con un valor aproximado a 11 mil colones por cada unidad habitacional …Por lo que se reitera que es requerido el trabajo Interinstitucional para poder acelerar el proceso de análisis y toma de decisiones que lleven a una solución definitiva en este caso, y no depende exclusivamente de los esfuerzos que pueda adelantar el AyA, de quien cuentan con todo el apoyo”.

 De lo expuesto, se verifica que la comunidad de Quebradas no tiene un prestador del servicio de agua potable, sino que es la propia comunidad la que de forma irregular obtiene el líquido de una quebrada, y la recurrente reconoce que no han podido obtener el servicio de agua potable debido que deben realizar un estudio que la comunidad no ha podido realizar, y han buscado otras alternativas con el fin de obtener el servicio. Debido a lo anterior, la accionante interpuso denuncia ante el Ministerio de Salud, y el Área Rectora de Salud Turrialba dictó la orden sanitaria No. 0005-2023 del 1 de febrero de 2023, ordenándole al director de la oficina regional de Acueductos Rurales de Cartago del ICAA, que: “en el plazo de 20 días hábiles debía presentar ante el Área Rectora de Salud de Turrialba un plan remedial con la solución definitiva para que se provea a la comunidad de Quebradas de Jicotea, sita en Tayutic de Turrialba, de un sistema de abastecimiento de agua potable, en forma continua y en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de las personas y con presión necesaria para permitir el correcto funcionamiento de los artefactos sanitarios en uso. Segundo: Dicho plan debe ejecutarse en plazo razonables, debe contar con un profesional o profesionales responsables de la completitud y ejecución de cada rubro establecido, debe contemplar la realización de estudios técnicos establecidos en el decreto No. 42582-S-MINAE, la ejecución de todas las obras estructurales y los responsables de administrar dicho sistema de agua potable”.

 El ICAA anterior a la orden sanitaria dictada por el Área Rectora de Salud de Turrialba, sostuvo varias reuniones para buscar una solución a la comunidad Quebradas y se ha remitido oficios tanto a lo interno de la institución, como a la Municipalidad de Turrialba, incluso de previo a la presentación del amparo, constatándose que se tiene definido las acciones que se deben realizar. Sin embargo, se verifica que se debe regular el funcionamiento de las ASADAS en Turrialba, ya que no existe un convenio de delegación con el ICAA. Dicha institución le expuso a la Municipalidad de Turrialba que algunas zonas del cantón de Turrialba no cuentan con entes operadores conformados legalmente, emitiendo cartas de disponibilidad de servicio de agua potable para tramitar permisos de construcción ante la autoridad municipal. Esas cartas de disponibilidad son emitidas de manera ilegal, provocando la presentación de documentos inválidos ante la instancia municipal, generándose no solo una incertidumbre legal, sino poniéndose en riesgo la continuidad del servicio de las personas usuarias, con las implicaciones que esto puede tener para el abastecimiento de agua potable y por ende hacia la salud de la población. Aunado a lo anterior, la ASADA más cercana a la comunidad Quebradas, que es la de Jicotea cuenta con 96 usuarios, el ingreso por concepto de cobro del servicio de agua potable cubre únicamente los gastos operativos, por lo que existe una imposibilidad para contratar el estudio técnico y las mejoras necesarias para asumir la comunidad de Quebradas. Debido a lo expuesto, el ICAA recomendó que la ASADA inicie el proceso para el Convenio de Delegación con el AyA, ya que opera de manera irregular, posterior a la firma de ese convenio, enviar el caso a la UEN de Administración de Proyectos para que el caso ingrese al Programa Comunidades en Riesgo Sanitario. La otra opción es que la comunidad Quebradas se conforme en una ASADA y realice las obras necesarias para brindar el servicio de agua potable. Asimismo, se le había comunicado a los vecinos de la comunidad de Quebradas de Jicotea que debían realizar un estudio técnico, que arrojara las mejoras necesarias para poder brindarles el servicio de agua potable, y se les señaló que las mejoras y el estudio debían ser cubiertas por los interesados, lo cual, a la fecha de interpuesto el amparo no se había efectuado. Por último, las autoridades del ICAA informaron bajo juramento que se desconoce de qué manera se realizó el asentamiento en la comunidad Quebradas, ya que no solicitaron la disponibilidad de agua potable ante el instituto recurrido, siendo posible que sean construcciones ilegales, lo cual, es competencia de la Municipalidad de Turrialba, por lo que deberá verificar dicha autoridad esa situación. En consecuencia, lo denunciado involucra una coordinación entre la Municipalidad de Turrialba, Área Rectora de Salud de Turrialba y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para proteger, de forma oportuna y efectiva, los derechos fundamentales de la comunidad Quebradas, ya que se debe efectuar una serie de actuaciones complejas que no solo abarcan un plan, sino que se debe cumplir con cuestiones técnicas y jurídicas que se deben tomar en consideración.

 Bajo tal orden de consideraciones, este Tribunal estima que las autoridades recurridas han vulnerado los derechos fundamentales de la comunidad Quebradas, pues, en este proceso, si bien se acreditó que se han tomado algunas medidas respecto a la problemática denunciada, lo cierto es que el Área Rectora de Salud de Turrialba no  ha dado seguimiento a la orden dictada contra el ICAA, tampoco consta que el ICAA haya cumplido con la orden sanitaria y la Municipalidad de Turrialba fue omiso en el informe en definir si el asentamiento en la comunidad Quebradas en irregular o no. En mérito de lo expuesto, se impone declarar con lugar el recurso planteado, con las consecuencias que se detallarán en la parte dispositiva de la presente sentencia.

 V.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Luis Alejandro Guillén Guardia y Vladimir Mesén Montenegro, por su orden presidente ejecutivo y jefe de la oficina regional Central Este de Atención de ASADAS, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Edwin Cervantes Montoya, en su condición de director del Área Rectora de Salud de Turrialba, y Luis Fernando León Alvarado, en su condición de alcalde de Turrialba, o a quienes en sus lugares ocupen tales cargos, que dentro del plazo máximo de TRES MESES –contado a partir de la notificación de esta sentencia–: a) se establezcan las instancias de coordinación necesarias para que se conozca la situación planteada en este amparo; y, b) se resuelva lo que en derecho corresponda. Se les advierte a los recurridos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Municipalidad de Turrialba y al Estado, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.- 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Hubert Fernández A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 LU6G6NZWFGG61

EXPEDIENTE N° 23-018320-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 14:17:18.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**SALA CONSTITUCIONAL**

**Resolution No. 00386 - 2024**

**Date of the Resolution:** January 12, 2024, at 09:15

**Case File (Expediente):** 23-018320-0007-CO

**Drafted by:** Jorge Araya Garcia

**Type of matter:** Amparo action (Recurso de amparo)

**Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL

**Judgment with protected data, in accordance with current regulations**

**Content of Interest:**

**Type of content:** Majority vote

**Branch of Law:** 4. MATTERS OF CONSTITUTIONAL GUARANTEES

**Topic:** PUBLIC SERVICES

**Subtopics:**

DRINKING WATER.

00386-24. THE PETITIONER ALLEGES THAT FOR MORE THAN 5 YEARS, THE COMMUNITY OF QUEBRADAS DE JICOTEA DE LA SUIZA DE TURRIALBA HAS REQUESTED DRINKING WATER SERVICE FROM THE RESPONDENT ASADA BUT IT HAS BEEN DENIED. THE ACTION IS PARTIALLY GRANTED. THE CENTRAL EAST REGIONAL OFFICE FOR ASADA SERVICES (OFICINA REGIONAL CENTRAL ESTE DE ATENCIÓN DE ASADAS) OF AyA, THE GOVERNING HEALTH AREA OF TURRIALBA (ÁREA RECTORA DE SALUD DE TURRIALBA), AND THE MUNICIPALITY OF TURRIALBA ARE ORDERED, WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF THREE MONTHS –COUNTED FROM THE NOTIFICATION OF THIS JUDGMENT–: A) TO ESTABLISH THE NECESSARY COORDINATION INSTANCES TO ADDRESS THE SITUATION RAISED IN THIS AMPARO; AND, B) TO RESOLVE WHAT IS LEGALLY APPROPRIATE

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**Text of the resolution**

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Exp: 23-018320-0007-CO

Res. No. 2024000386

**SALA CONSTITUCIONAL OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours fifteen minutes on the twelfth of January, two thousand twenty-four.

Amparo action (Recurso de amparo) filed by [Name 001], identity card number [Value 001], against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, ICAA), MINISTRY OF HEALTH, MUNICIPALITY OF TURRIALBA, and the ADMINISTRATIVE ASSOCIATION OF THE JICOTEA DE TAYUTIC, TURRIALBA, CARTAGO AQUEDUCT AND SANITARY SEWER (ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE JICOTEA DE TAYUTIC, TURRIALBA, CARTAGO).

**Whereas:**

1.- By a brief filed in the Secretariat of the Chamber on August 1, 2023, the petitioner filed an amparo action (recurso de amparo) against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the Ministry of Health, the Municipality of Turrialba, and the Administrative Association of the Jicotea de Tayutic, Turrialba, Cartago Aqueduct and Sanitary Sewer. She states that she has been a resident of the community of Quebradas de Jicotea de La Suiza de Turrialba for more than five years and does not have drinking water service. At the end of September 2016, she convened a meeting of the residents of Quebrada to manage the project for water service, but due to economic differences, it was not continued. She emphasizes that there are two tanks, PVC pipes, and a pressure pump that were intended for the drinking water connection. The residents made a verbal request to the officials of the Asada of Jicotea, for which a meeting was held on October 17, 2016, in the afternoon. There, the residents conveyed their need to resume the drinking water project. As a consequence of this meeting, the Asada officials indicated to them that they were not going to provide the service, and that the residents themselves should rather incur the payment of an engineer's fees to approve it. On October 27, 2016, they made a new request, but in writing; it was received by the Administrative Board of the Asada of Jicotea on November 1, 2016. They are also concerned that the water they obtain from a stream (quebrada) is contaminated, which affects the health of the residents. On this matter, she affirms that there are studies that demonstrate said contamination. She points out that in 2017, they filed another amparo action but it was rejected for lack of information. As a result of the above, she undertook to file the corresponding complaint, which was forwarded through official letter (oficio) No. CE-ARST-0478-2019 to the Directorate of the Governing Health Area of Turrialba (Dirección del Área Rectora de Salud de Turrialba), with the objective of investigating the facts raised in complaint 0001- 2019 regarding access to drinking water in the community of Quebradas de Jicotea de Turrialba, through which the following is concluded: "(…) During the on-site visit, it was possible to verify that the Quebradas community does not have a water supply from the Jicotea Asada, due to the technical and financial inconveniences of said entity, which does not have infrastructure in the Quebradas area, nor the economic resources to face such cost. On the other hand, the Quebradas community has not conducted the technical studies required by AyA to determine the technical and financial viability of the project. The community has not managed to organize itself to date, and what they have done is to take water from a surface source individually, without any type of sanitary considerations. To date, the quality of the water they consume is unknown, since they have also not conducted an analysis of its quality to determine its potability. RECOMMENDATIONS: It is recommended that this case be elevated to the Governing Body in matters of drinking water (Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers) so that follow-up is given to the actions of both the Jicotea Asada and the Quebradas Community. If it is not possible to conduct the technical study to evaluate the viability of the Asada providing the service, at least AyA should make some technical recommendations on how the community of Quebradas can organize itself to solve the water supply by their own means, for the construction of a water intake (captación) under sanitary conditions, or to determine the quality of the water that currently supplies them. A consultation must be made to the Municipality of Turrialba regarding the materials delivered to said community for the construction of a supply system and the follow-up to its implementation. If deemed convenient, notification of the actions taken must be given to both the complainant (anonymous), and to the Jicotea Asada and neighbors present on the day of the visit, namely: Mr. Miguel Piedra, Mr. José Manuel Loaiza, neighbors. Mr. Carlos Cerdas Sojo, President of the Tayutic Integral Development Board (Junta de Desarrollo Integral Tayutic), who has been consulting on the subject. (…)". She adds that thus the authorities of the Ministry of Health "sent complaint CE-ARST-AD-001-2019 to Mr. Vladimir Mesén Montenegro, Regional Chief of AyA Cartago, which is assigned number UEN-GAR-2019. They send it to the Executive President of AyA, who sends official document PHAM-662-2020 (…)".

She assures that through official letter (oficio) No. UEN-GAR-2019-02026 of May 31, 2019, Johanna Solano Segura, from the Central East Regional Office of the UEN Rural Aqueduct Management (Oficina Regional Central Este de la UEN Gestión de Acueductos Rurales) of AyA, issued a visit report to the Quebrada-Jicotea Tayutic neighborhood, and it was recorded: "(…) It is recommended that the ASADA initiate the process for the Delegation Agreement (Convenio de Delegación) with AyA, and after signing this agreement, send the case to the UEN of Project Administration so that the case enters the Communities at Sanitary Risk Program (Programa Comunidades en Riesgo Sanitario)". Through official letter UEN-GAR-2019-02238 of June 13, 2019, Vladimir Mesén Montenegro, Head of the Regional Office of Community Aqueducts of the UEN Rural Aqueduct Management of AyA, forwarded to director Giselle Solano Fernández, technical report No. UEN-GAR-2019-02205, where the case was referred to the Sub-Management of Communal Systems for evaluation and inclusion in the portfolio of Projects of Communities at Risk. She adds that AyA requested a water resources report from the ASADA, but the latter said it had no money to conduct it, as it is a very small ASADA, for which reason residents completed a part of the study with a surveyor (topógrafo) who helped them, but they lack the engineering part for which they have no money. In an extraordinary session on July 12, 2022, the Municipal Council of Turrialba heard the petition of "Lic. [Name 001], President of the Las Quebradas-Jicotea Neighborhood Committee, addressed to the Municipal Council and received on July 6, 2022" and ordered it forwarded to the Municipal President, but they never received any response. She appeared at the municipal offices to speak with the municipal president, who granted her an audience on September 9, 2022, provided official letter SM-1095-2022, and a committee was formed there that would meet with the residents and conduct an on-site visit on September 16, 2022. On October 18, at a meeting of the municipal council, the report (dictamen) of the committee appointed by the council was approved. On March 16, 2023, she received official letter SM-252-2023, which indicates that according to article three, subsection 13 of Ordinary Session No. 148-2023 held by the Municipal Council of Turrialba on March 3, 2023, the "Email sent by Lic. [Name 001], addressed to the Municipal Council, received on February 8, 2023" was heard, and it was ordered: "Forward the email presented by Lic. [Name 001] to M.Sc. Luis Fernando León Alvarado - Municipal Mayor and to Arch. Diana Jiménez Espinoza - Head of Urban Development so that they provide a report to the Council and indicate on this situation. Approved unanimously. (…)". She specifies that on April 28, she communicated by telephone with the person in charge of water at the municipality, and he informed her that the municipality could not do anything, since it is not their responsibility, but rather that of Aqueducts and Sewers (Acueductos y Alcantarillados), and for that reason, they could not allocate any budget. She requests that the Administrative Board of the Asada and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers be compelled to carry out the required installation to provide drinking water service to the residents of the locality of Quebradas de Jicotea de La Suiza de Turrialba.

2.- By a Presidency resolution at 11:26 hours on August 15, 2023, proceedings were initiated, and the president of the Administrative Association of the Jicotea de Tayutic, Turrialba, Cartago Aqueduct and Sanitary Sewer was served with process, and a report was requested from the executive president, the head of the Central East Regional Office of Community Aqueducts, both of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the director of the Governing Health Area of Turrialba (Área Rectora de Salud de Turrialba) of the Ministry of Health, and the mayor of the Municipality of Turrialba, regarding the facts alleged by the petitioner.

3.- By a brief received through the Chamber's Online Management on August 21, 2023, Luis Alejandro Guillén Guardia and Vladimir Mesén Montenegro, in their order, executive president and head of the Central East Regional Office for ASADA Services (Oficina Regional Central Este de Atención de ASADAS), both of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, report under oath that to carry out any housing construction, it is required to have an availability letter for drinking water service (carta de disponibilidad del servicio de agua potable) issued by a legal operating entity, which guarantees that each community to be developed has drinking water service. They specify that in this case, it is unknown in what manner the settlement in question was made, and it is possible that these are illegal constructions, which is the responsibility of the Municipality of Turrialba. They affirm that on November 8, 2016, the community was told that they had to contract a technical study that would yield the necessary improvements to be able to provide them with drinking water service, and they were informed that the improvements should be covered by the interested parties. They maintain that regarding this requirement, the interested parties had contracted a surveying engineer (ingeniero topógrafo), but they did not continue with the process of conducting a technical study of the sector, in accordance with what is required by the ASADAS regulation in Article 44. They add that before the Central East ORAC of AyA, there is no study that has been presented, which is required given that from this, the system diagnosis and hydraulic recommendations are derived, based on the modeling and analysis of the sources in quantity and quality. They point out that in this technical study, the impact of the interconnection of the new homes to the supply system can be known, also indicating what the works are to have adequate hydraulic capacity and a positive water balance (balance hídrico). They elaborate that if the basic study is not conducted by the interested parties, it is not possible for the ASADA to guarantee the supply for the new homes, nor that the supply for the new sector will not cause a loss of continuity in service for the current users of the drinking water supply system. They state that it is not the responsibility of AyA or the ASADA that people have settled in a sector where there is no drinking water service, nor have they met the requirements to legally obtain access to this service. They affirm that within AyA's powers, advice and training have been provided to the respective operating entity, as well as guidance to the community so that they proceed with the terms of reference and present the technical study through the ASADA for review and approval by the Central East ORAC. They highlight that when the public network does not reach, it is the responsibility of the interested parties, at their cost, to conduct the necessary technical studies and works to generate technical feasibility, where they must also comply with the requirements established in Article 29 and following of the Service Provision Regulation (Reglamento de Prestación de Servicios) to provide them with a positive service availability certificate (constancia de disponibilidad de servicios), and subsequently, they must manage the permanent connection, complying with the requirements of Articles 67 and 68 of the same regulatory body, among which are construction permits. They indicate that there is a technical impossibility of providing the requested service and granting a positive service availability certificate (constancia de disponibilidad de servicios), given that there is no aqueduct system in the area, and to carry out an expansion, the interested parties must, at their cost, complete the necessary technical studies and works, with prior approval from AyA; as well as comply with the requirements established in the AyA Service Provision Regulation. They declare that AyA is not the operator in the area, and the Jicotea ASADA is an illegal operator, given that it lacks a delegation agreement (convenio de delegación) signed with AyA. They affirm that the Municipality of Turrialba operates in sector 18, and furthermore, it is obligated to ensure that constructions executed in the canton they administer have construction permits, and it is not viable for constructions to be carried out without previously having a positive service availability certificate, where technical feasibility (water and hydraulic capacity) has been verified, to ensure that the inhabitants in the area have drinking water, as well as that the interested parties fulfill the requirements established to this effect to provide them with the public drinking water service, which, in the specific case, has not been fulfilled by the petitioner. They request that the action be declared without merit.

4.- By a brief received via email by the Chamber on August 28, 2023, Edwin Cervantes Montoya reports under oath, in his capacity as director of the Governing Health Area of Turrialba (Área Rectora de Salud de Turrialba), that the case was filed before the respondent ministry as a complaint, under number 0001-2019, received on January 7, 2019, at the single customer service window. He specifies that on March 18, 2019, report CE-ARST-REG-0248-2019 was issued, detailing the attention given to the complaint, for which an inspection visit was made. He affirms that the following was ordered: "Conclusions: During the on-site visit, it was confirmed that the community of Quebradas does not have a water supply from the Jicotea Asada, due to the technical and financial inconveniences of said entity, which does not have infrastructure in the Quebradas area, nor the economic resources to face such cost. On the other hand, the Quebradas community has not conducted the technical studies required by AyA to determine the technical and financial viability of the project. The community has not managed to organize to date, and what they have done is to take water from a surface source individually, without any type of sanitary considerations. To date, the quality of the water they consume is unknown, since they have also not conducted an analysis of its quality to determine its potability." He maintains that on April 5, 2019, official letter No. CE-ARST-D-478-2019 was sent to the regional head of AyA Cartago, requesting an update on actions and recommendations regarding the handling of the complaint in question. He adds that through official letter No. UEN-GAR-2019-02205, the case was referred to the Sub-Management of Communal Systems, so that it could be evaluated and included in the project portfolio for communities at risk. He points out that on July 3, 2019, the governing health area informed the complainant via official letter No. MS-DRRSCE-DARST-824-2019, about the actions taken and the corresponding official letters in response to complaint No. 001-2019. He elaborates that on December 7, 2022, after the actions taken, report No. MS-DRRSCE-URS-IT-0356-2022 was received, issued by Eng. Nelson Artavia Vega, from the Health Regulation Process, Health Governing Unit, which provided a professional opinion on the handling of the case due to the lack of availability of drinking water in the community of Quebradas de Jicotea, located in Tayutic de Turrialba. He states that the following information was obtained from the report: "RECOMMENDATIONS TO THE TURRIALBA GOVERNING HEALTH AREA • Request, through an administrative act, from the Central East Regional Office of Rural Aqueducts, Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers that, within 20 business days, submit a remedial plan with the definitive solution to provide the community of Quebradas de Jicotea, located in Tayutic de Turrialba, with a drinking water supply system, continuously and in sufficient quantity to satisfy the needs of the people, and with the necessary pressure to allow the correct functioning of the sanitary fixtures in use. Said plan must be executed within reasonable timeframes, must have a professional or professionals responsible for the completeness and execution of each established item, must contemplate conducting the technical studies established in decree 42582, the execution of all structural works, and those responsible for administering said drinking water system. Following the instructions of Eng. Artavia Vega, this Ministry issued Sanitary Order No. 0005-2023, dated February 1, 2023, with an expiration date of February 28, 2023, addressed to Mr. Vladimir Mesen Montenegro, notified on February 1, 2023. (See folio 0051-0052) This sanitary order indicated the following: "In accordance with the recommendations of Technical Report MS-DRRSCEURS-IT-0356-2022, signed by Eng. Nelson Eduardo Artavia Vega (a copy of which is attached), which describes the lack of availability of drinking water in the Community of Quebradas de Jicotea in the canton of Turrialba and the various actions that have been addressed by the Turrialba Governing Health Area, the Cartago Regional Aqueduct Office, the Jicotea Asada, and the Municipality of Turrialba. IT IS ORDERED THAT YOU MUST PROCEED to the Cart

This results in the submission of invalid documents to the Municipal authority, generating not only legal uncertainty but also jeopardizing the continuity of service for users, with the implications this may have for the supply of drinking water and, consequently, for the health of the population. Under this scenario, it is important to note that for cases where an operator not legally formalized wishes to issue service availability letters, the provisions established in Articles 34, 36, and 46 of the Reglamento para la Prestación de Servicios de AyA shall apply (see evidence provided in the case file).

o)    By official communication No. MS-DRRSCE-URS-IT-0356-2022 of November 30, 2022, signed by the person in charge of the Health Regulation Process, Health Rectoría Unit, informed the head of the Health Rectoría Unit of the Central East Regional Directorate of the Ministry of Health, providing a professional opinion on the lack of drinking water availability in the community of Quebradas, recommending the following: “Request, through an administrative act, that the Central East Regional Office of Rural Aqueducts, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, within a period of 20 business days, submit a remedial plan with the definitive solution to provide the community of Quebradas de Jicotea, located in Tayutic de Turrialba, with a drinking water supply system, continuously and in sufficient quantity to meet the needs of the people, and with the necessary pressure to allow the correct functioning of the sanitary fixtures in use. Said plan must be executed within reasonable timeframes, must have one or more professionals responsible for the completeness and execution of each established item, must contemplate the undertaking of the technical studies established in decree 42582, the execution of all structural works, and those responsible for administering said drinking water system” (see evidence provided in the case file).

p)    By sanitary order (orden sanitaria) No. 0005-2023 of February 1, 2023, from the Área Rectora de Salud Turrialba, the director of the regional office of Rural Aqueducts of Cartago of the ICAA was ordered to: “within a period of 20 business days, submit to the Área Rectora de Salud de Turrialba a remedial plan with the definitive solution to provide the community of Quebradas de Jicotea, located in Tayutic de Turrialba, with a drinking water supply system, continuously and in sufficient quantity to meet the needs of the people, and with the necessary pressure to allow the correct functioning of the sanitary fixtures in use. Second: Said plan must be executed within reasonable timeframes, must have one or more professionals responsible for the completeness and execution of each established item, must contemplate the undertaking of technical studies established in decree No. 42582-S-MINAE, the execution of all structural works, and those responsible for administering said drinking water system” (see evidence provided in the case file).

q)    On April 4, 2023, the Environmental Manager of the Health Regulation Process of the Área Rectora de Salud Turrialba, in follow-up to the sanitary order (orden sanitaria), consulted the respondent institute via email (see evidence provided in the case file).

r)     By official communication No. GSD-UEN-GAR-2023-01663 of May 25, 2023, the person in charge of the UEN Gestión de Acueductos Rurales of the ICAA informed the Health Regulation Process of the Ministry of Health that: “… It must be determined, based on the information gathered and the characterization of the community, whether it is viable and economically sustainable for the ASADA Jicotea to assume the provision of drinking water service in this community in the short term, or if there is a possibility that the Municipalidad de Turrialba administers the system determined as necessary through the technical study, because compliance with regulatory parameters in the case of the ASADA has no exception in this case, and additionally, it is required to apply the rates established by ARESEP, which, in the absence of a micro-metering (Micro-medición) system, must be applied as represented in graph 1, with an approximate value of 11 thousand colones per housing unit … Therefore, it is reiterated that inter-institutional work is required to accelerate the analysis and decision-making process leading to a definitive solution in this case, and it does not depend exclusively on the efforts that AyA may advance, whom you have full support from.” (see evidence provided in the case file).

s)     On August 15, 2023, the resolution on the course of this amparo was notified to the executive president of the ICAA and the mayor of Turrialba (see notification records).

t)      On August 23, 2023, the resolution on the course of this amparo was notified to the director of the Área Rectora de Salud de Turrialba, of the Ministry of Health (see notification record).

u)    On September 7, 2023, the resolution on the course of this amparo was notified to the president of the ASADA Jicotea de Tayutic (see notification record).

III.- This Tribunal has indicated that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the administrative associations of aqueducts and sewers (ASADAS), municipalities, and other institutions that provide the drinking water supply service may validly reject the requests for drinking water service made to them or condition them if there are technical or legal reasons that so justify it. Thus, in judgment No. 2016-006027 at 09:05 hours on May 6, 2016, this Chamber considered:

“This Constitutional Tribunal, in judgment 2014-9134 at 14:05 hours on June 19, 2014, which addressed a question very similar to the one presented in this appeal, ordered: '(...) This Chamber has indicated in repeated judgments on the subject that the supply of drinking water is considered within the Costa Rican legal system as a public service, and that as such, every provider of public services -whether a public entity or a private entity- is obliged to provide the service continuously, efficiently, under conditions of equality, and must adapt to technological changes (see in this regard judgment 2001-09676 at eleven hours twenty-five minutes on September twenty-sixth, two thousand one, and judgment 2004-08161 at ten hours fifty-three minutes on July twenty-third, two thousand four). It is clear, then, to conclude that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, being one of the state entities responsible for providing the public service of drinking water, is also obliged to provide this service continuously, adaptably, efficiently, and equally to all inhabitants. However, the jurisprudence of this Constitutional Tribunal has also indicated that, in the face of legal impossibility (which is the failure to comply with requirements established in the respective regulations) or in the face of material impossibility (which is the lack of a Water Distribution Network), it is reasonable not to attend to service requests or to request that the interested party assume the installation costs when there is no drinking water distribution network and the construction of infrastructure is needed. Thus, in these cases, it has been clear that it is not a matter of a denial of access to the drinking water service, but rather an impossibility to provide it, or the necessary participation of the interested party in overcoming a technical impossibility, which is the lack of infrastructure. In other words, provided that the failure to provide the drinking water service is not a capricious, arbitrary, or unfounded action, but is justified by legal or material impossibility, we are not facing a violation of fundamental rights. In the specific case, from the evidence provided and the report rendered under oath, it is corroborated that AyA has not arbitrarily rejected the request made by the appellant, but rather due to the failure to comply with all the technical-legal requirements that exist in the Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados for approving new services'.

This pronouncement can be complemented with resolution No. 2017-005245 at 10:00 hours on April 7, 2017, which, in its pertinent part, ordered:

“From the report rendered by the authorities of the respondent municipality, it is indicated that the appellant's claim, regarding whether the place where Mrs. Garbanzo Morelli has her property is outside the water supply coverage or not, is for the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarrillados to address, as the Municipality has no jurisdiction over this. And in turn, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados mentions that they have acted in accordance with the regulations governing it, exercising their governing function as appropriate, carrying out at all times duly substantiated and reasoned actions as detailed. It is thus evident that the Institute has proceeded according to law, since according to the technical report issued by the UEN Optimización de Sistemas Nuevos Desarrollos GAM, official communication UEN-OSND-GAM- 2017-00082, it is clearly indicated that for the property cited by Mrs. [Name 002] in her amparo appeal, there is no drinking water availability. Moreover, the report adds that in the analysis of the background of this property, it belonged to the property with cadastre [Value 002] and, according to a query to the National Registry, the latter was subdivided (fraccionada), resulting in four properties without the processing of the availability for said subdivision (fraccionamiento) being carried out. Thus, this Chamber cannot establish any omission or arbitrary action by the respondent authority; consequently, what is appropriate is to dismiss the amparo, and reiterate that according to the evidence provided, the lack of provision of drinking water service on the appellant's lot is not a capricious, arbitrary, or unfounded action, but rather is justified by the non-existence of drinking water availability in the sector. (See in a similar sense judgments number 2014-9134 at 14:05 hours on June 19, 2014, and 2016007240 at 09:20 hours on May 27, 2017, among others). Under this understanding, we are not facing an infringement of fundamental rights and, therefore, the pertinent action is to dismiss the amparo appeal”.

In this manner, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the ASADA de Jicotea de Tayutic have rejected the petitioner's request, which the appellant has acknowledged, having been fully informed of the reasons why her request could not be processed. The appellant was informed that prior to the granting of the service, the members of the community of “Las Quebradas” had to carry out a technical study prepared by a civil engineer, the cost of which, and any improvements that study might indicate, were to be covered by the interested parties, because that community is located at a higher elevation than the aqueduct, and 1 km from the last service connection of the ASADA, which has not been carried out. Consequently, whether or not the service is appropriate is not a matter to be discussed in this Jurisdiction, as it is outside the scope of its competence, and it should be added that on repeated occasions this Tribunal has held that it is possible to dismiss the procedures presented for the granting of drinking water service when technical impossibilities, non-compliance with sub-constitutional requirements, or technical and/or legal criteria justifying it exist.

IV.- On the other hand, the appellant alleges that she filed a complaint with the Ministry of Health, as the community lacks drinking water, and for this reason a sanitary order (orden sanitaria) was issued; however, the ICAA has not provided any solution. She considers her fundamental rights to have been violated.

Regarding this matter, this Constitutional Tribunal, in accordance with the facts that appear in the record, as well as the reports rendered by the respondent authorities -which are given under oath with due warning of the consequences, including criminal penalties, provided in Article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional-, finds that the appellant is correct regarding this allegation.

It was verified that the appellant did not request a letter of availability for the drinking water service issued by a legal operator, where technical feasibility has been verified, and that the ICAA is not an operator in the community of Quebradas, and the ASADA Jicotea is an illegal operator, given that it lacks a delegation agreement signed with the respondent institute. On November 1, 2016, the appellant, together with several neighbors from Quebradas, requested the drinking water service for the community from the ASADA de Jicotea. Due to the above, on November 8, 2016, the ASADA Jicotea informed the community of Quebradas de Jicotea that they had to carry out a technical study, which would indicate the necessary improvements to be able to provide them with drinking water service, and they were told that the improvements and the study had to be covered by the interested parties. However, the community of Quebradas de Jicotea has not carried out the technical study and necessary works, with prior approval from the ICAA, for the granting of the drinking water service, coupled with the fact that there is no aqueduct system. Despite the above, on January 7, 2019, the appellant filed a sanitary complaint before the Área Rectora de Salud de Turrialba, for contamination of a water source (fuente de agua) in the community of Quebradas. As a consequence, by official communication No. CE-ARST-REG-0248-2019 of March 18, 2019, the Health Regulation Process of the Área Rectora de Salud Turrialba issued a “Technical Report for Attention to Complaint No. 0001-2019 on water contamination and the right to drinking water in the village called Quebradas in Jicotea, Turrialba”, recommending: “to elevate this case to the Governing Body on drinking water matters (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) so that follow-up is given both to the actions of the ASADA Jicotea and the Community of Quebradas. That if it is not possible to carry out the technical study to evaluate the viability of the ASADA providing the service, at least AyA should make some technical recommendations on how the community of Quebradas can organize itself to solve the water supply by its own means, for the construction of a water catchment (captación) under sanitary conditions, or to determine the quality of the water that currently supplies them”. Likewise, by official communication No. CE-ARST-D-478-2019 of April 5, 2019, the director of the Área Rectora de Salud Turrialba Directorate requested the regional head of the ICAA to report on the actions taken in the community of Quebradas. By official communication No. UEN-GAR-2019-02026 of May 31, 2019, signed by the engineer of the Central East regional office of the UEN Gestión de Acueductos Rurales of the ICAA, an “inspection report for the Quebradas-Jicotea Tayutic neighborhood” was performed and recommended: “The ASADA de Jicotea has 96 users; the income from the collection of fees for the drinking water service covers only operational expenses, thus there is an impossibility to contract the technical study and the necessary improvements to take on the community of Quebradas. It is recommended that the ASADA initiate the process for the Delegation Agreement (Convenio de Delegación) with AyA; after signing this agreement, send the case to the UEN de Administración de Proyectos so that the case enters the Communities at Sanitary Risk Program (Programa Comunidades en Riesgo Sanitario)”. By official communication No. UEN-GAR-2019-02238 of June 13, 2019, the head of ORAC Central Este of the UEN Gestión de Acueductos Rurales of the ICAA forwarded official communication No. UEN-GAR-2019-02026 to the director of the Ministry of Health, and the case was transferred to the deputy management of communal systems for it to be evaluated and included in the project portfolio for communities at risk. Furthermore, by official communication No. MS-DRRSCE-DARST-824-2019 of July 3, 2019, the appellant was notified of the outcome of the complaint filed. Due to the situation described by the community of Quebradas, by official communication No. GSD-UEN-GAR-2022-01401 of April 19, 2022, from the UEN Gestión de Acueductos Rurales of the ICAA, the Municipalidad de Turrialba was informed as follows: “In the process of verifying and improving the coverage of rural aqueduct services, some areas of the canton of Turrialba have been identified that do not have legally established operator entities, or that have ASADAS without a Delegation Agreement with AyA, and despite this, letters of availability for drinking water service are issued to process construction permits before the Municipal Authority. These availability letters are issued illegally, in accordance with the provisions of AyA and the Dirección de Aguas of MINAE. This results in the submission of invalid documents to the Municipal authority, generating not only legal uncertainty but also jeopardizing the continuity of service for users, with the implications this may have for the supply of drinking water and, consequently, for the health of the population. Under this scenario, it is important to note that for cases where an operator not legally formalized wishes to issue service availability letters, the provisions established in Articles 34, 36, and 46 of the Reglamento para la Prestación de Servicios de AyA shall apply”. As a consequence of the reports submitted by the ICAA, by official communication No. MS-DRRSCE-URS-IT-0356-2022 of November 30, 2022, signed by the person in charge of the Health Regulation Process, Health Rectoría Unit, informed the head of the Health Rectoría Unit of the Central East Regional Directorate of the Ministry of Health, providing a professional opinion on the lack of drinking water availability in the community of Quebradas, recommending the following: “Request, through an administrative act, that the Central East Regional Office of Rural Aqueducts, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, within a period of 20 business days, submit a remedial plan with the definitive solution to provide the community of Quebradas de Jicotea, located in Tayutic de Turrialba, with a drinking water supply system, continuously and in sufficient quantity to meet the needs of the people, and with the necessary pressure to allow the correct functioning of the sanitary fixtures in use. Said plan must be executed within reasonable timeframes, must have one or more professionals responsible for the completeness and execution of each established item, must contemplate the undertaking of the technical studies established in decree 42582, the execution of all structural works, and those responsible for administering said drinking water system”. As a result of the above, by sanitary order (orden sanitaria) No. 0005-2023 of February 1, 2023, the director of the regional office of Rural Aqueducts of Cartago of the ICAA was ordered to: “within a period of 20 business days, submit to the Área Rectora de Salud de Turrialba a remedial plan with the definitive solution to provide the community of Quebradas de Jicotea, located in Tayutic de Turrialba, with a drinking water supply system, continuously and in sufficient quantity to meet the needs of the people, and with the necessary pressure to allow the correct functioning of the sanitary fixtures in use. Second: Said plan must be executed within reasonable timeframes, must have one or more professionals responsible for the completeness and execution of each established item, must contemplate the undertaking of technical studies established in decree No. 42582-S-MINAE, the execution of all structural works, and those responsible for administering said drinking water system”. On April 4, 2023, the Environmental Manager of the Health Regulation Process of the Área Rectora de Salud Turrialba, in follow-up to the sanitary order (orden sanitaria), consulted the respondent institute via email. And by official communication No. GSD-UEN-GAR-2023-01663 of May 25, 2023, the person in charge of the UEN Gestión de Acueductos Rurales of the ICAA informed the Health Regulation Process of the Ministry of Health that: “… It must be determined, based on the information gathered and the characterization of the community, whether it is viable and economically sustainable for the ASADA Jicotea to assume the provision of drinking water service in this community in the short term, or if there is a possibility that the Municipalidad de Turrialba administers the system determined as necessary through the technical study, because compliance with regulatory parameters in the case of the ASADA has no exception in this case, and additionally, it is required to apply the rates established by ARESEP, which, in the absence of a micro-metering (Micro-medición) system, must be applied as represented in graph 1, with an approximate value of 11 thousand colones per housing unit … Therefore, it is reiterated that inter-institutional work is required to accelerate the analysis and decision-making process leading to a definitive solution in this case, and it does not depend exclusively on the efforts that AyA may advance, whom you have full support from.”

From the foregoing, it is verified that the community of Quebradas does not have a drinking water service provider; rather, it is the community itself that irregularly obtains the liquid from a stream (quebrada), and the appellant acknowledges that they have not been able to obtain the drinking water service because they must carry out a study that the community has not been able to perform, and they have sought other alternatives in order to obtain the service. Due to the above, the appellant filed a complaint with the Ministry of Health, and the Área Rectora de Salud Turrialba issued sanitary order (orden sanitaria) No. 0005-2023 of February 1, 2023, ordering the director of the regional office of Rural Aqueducts of Cartago of the ICAA to: “within a period of 20 business days, submit to the Área Rectora de Salud de Turrialba a remedial plan with the definitive solution to provide the community of Quebradas de Jicotea, located in Tayutic de Turrialba, with a drinking water supply system, continuously and in sufficient quantity to meet the needs of the people, and with the necessary pressure to allow the correct functioning of the sanitary fixtures in use. Second: Said plan must be executed within reasonable timeframes, must have one or more professionals responsible for the completeness and execution of each established item, must contemplate the undertaking of technical studies established in decree No. 42582-S-MINAE, the execution of all structural works, and those responsible for administering said drinking water system.”

Prior to the sanitary order (orden sanitaria) issued by the Área Rectora de Salud de Turrialba, the ICAA held several meetings to seek a solution for the community of Quebradas and has sent official communications both internally within the institution and to the Municipalidad de Turrialba, even before the amparo was filed, confirming that the actions to be taken have been defined. However, it is verified that the operation of the ASADAS in Turrialba must be regularized, as there is no delegation agreement with the ICAA. Said institution explained to the Municipalidad de Turrialba that some areas of the canton of Turrialba do not have legally established operator entities, and letters of availability for drinking water service are being issued to process construction permits before the municipal authority. Those availability letters are issued illegally, triggering the submission of invalid documents to the municipal authority, generating not only legal uncertainty but also jeopardizing the continuity of service for users, with the implications this may have for the supply of drinking water and, consequently, for the health of the population. Added to the above, the ASADA closest to the community of Quebradas, which is that of Jicotea, has 96 users; the income from the collection of fees for the drinking water service covers only operational expenses, thus there is an impossibility to contract the technical study and the necessary improvements to take on the community of Quebradas. Due to the foregoing, the ICAA recommended that the ASADA initiate the process for the Delegation Agreement (Convenio de Delegación) with AyA, as it operates irregularly, and after signing that agreement, send the case to the UEN de Administración de Proyectos so that the case enters the Communities at Sanitary Risk Program (Programa Comunidades en Riesgo Sanitario). The other option is for the community of Quebradas to form its own ASADA and undertake the necessary works to provide the drinking water service. Likewise, the residents of the community of Quebradas de Jicotea had been informed that they had to carry out a technical study, which would indicate the necessary improvements to be able to provide them with drinking water service, and they were told that the improvements and the study had to be covered by the interested parties, which, as of the date the amparo was filed, had not been done. Finally, the authorities of the ICAA reported under oath that it is unknown how the settlement in the community of Quebradas occurred, as they did not request drinking water availability from the respondent institute, making it possible that these are illegal constructions, which falls under the jurisdiction of the Municipalidad de Turrialba, meaning that authority must verify this situation. Consequently, the complaint involves coordination between the Municipalidad de Turrialba, the Área Rectora de Salud de Turrialba, and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, to protect, in a timely and effective manner, the fundamental rights of the community of Quebradas, since a series of complex actions must be carried out that not only encompass a plan, but also must comply with technical and legal matters that must be taken into consideration.

Under this order of considerations, this Tribunal finds that the respondent authorities have violated the fundamental rights of the community of Quebradas, because, in this process, although it was shown that some measures have been taken regarding the reported problem, the truth is that the Área Rectora de Salud de Turrialba has not followed up on the order issued against the ICAA, nor is it recorded that the ICAA has complied with the sanitary order (orden sanitaria), and the Municipalidad de Turrialba was remiss in its report to define whether the settlement in the community of Quebradas is irregular or not. In virtue of the foregoing, it is necessary to declare the appeal partially with merit (con lugar), with the consequences that will be detailed in the operative part of this judgment.

V.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The appeal is declared partially with merit (parcialmente con lugar). It is ordered to Luis Alejandro Guillén Guardia and Vladimir Mesén Montenegro, in their respective roles as executive president and head of the Central East regional office for ASADA Support, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Edwin Cervantes Montoya, in his capacity as director of the Área Rectora de Salud de Turrialba, and Luis Fernando León Alvarado, in his capacity as mayor of Turrialba, or whoever occupies these positions in their stead, that within a maximum period of THREE MONTHS –counted from the notification of this judgment–: a) establish the necessary coordination instances so that the situation raised in this amparo is understood; and, b) resolve whatever is legally appropriate. The respondents are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply or enforce it, provided the crime is not more severely punished. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Municipalidad de Turrialba, and the State are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, the appeal is declared without merit (sin lugar). Notify.-

Fernando Castillo V.

President

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo.

Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Hubert Fernández A.

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