Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Así las cosas, al constatarse que el plazo dispuesto por el legislador ha sido superado y considerando que aún no se ha publicado el decreto para la regulación de indicada ley, se acredita que las autoridades accionadas lesionan lo preceptuado en los ordinales 50 y 140 inciso 3) de la Constitución. Debe recordarse que, el Poder Ejecutivo no cuenta con ningún grado de discrecionalidad en los casos en que la Constitución o la ley le establecen una obligación de reglamentar.
Consecuentemente, lo procedente es declarar con lugar el recurso, ordenando al Poder Ejecutivo, la reglamentación de la “Ley para el desarrollo sostenible de la cuenca del Río Sarapiquí y la protección de su cauce principal”, Ley N°10152, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 inciso 3) de la Constitución Política, dentro del plazo indicado en la parte dispositiva de esta sentencia.
English (translation)Thus, having verified that the deadline set by the legislature has been exceeded and considering that the decree for the regulation of said law has not yet been published, it is proven that the respondent authorities violate the provisions of Articles 50 and 140(3) of the Constitution. It must be recalled that the Executive Branch has no discretion in cases where the Constitution or the law imposes a duty to regulate.
Consequently, it is appropriate to grant the amparo, ordering the Executive Branch to regulate the 'Law for the sustainable development of the Sarapiquí River basin and the protection of its main channel,' Law No. 10152, in accordance with Article 140(3) of the Political Constitution, within the timeframe set out in the operative part of this judgment.
Granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 01229 - 2024 Fecha de la Resolución: 19 de Enero del 2024 a las 09:15 Expediente: 23-030772-0007-CO Redactado por: Fernando Cruz Castro Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas: AREA PROTEGIDA. 001229-24. SE ORDENA A LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y AL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, QUE, EN EL PLAZO DE DOS MESES, DICTEN EL DECRETO EJECUTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RÍO SARAPIQUÍ Y LA PROTECCIÓN DE SU CAUCE PRINCIPAL, LEY N°10152, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EL 28 DE ABRIL DEL AÑO 2022. Texto de la resolución Exp: 23-030772-0007-CO Res. Nº 2024001229 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del diecinueve de enero de dos mil veinticuatro . Recurso de amparo que se tramita en el expediente número 23-030772-0007-CO interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA Y OTRO. RESULTANDO: 1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 18:45 hrs. del 11 de diciembre de 2023, la parte recurrente presenta recurso de amparo y expone que, en el diario oficial La Gaceta no. 77, del jueves 28 de abril del 2022 se promulgó la denominada "LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RÍO SARAPIQUÍ Y LA PROTECCIÓN DE SU CAUCE PRINCIPAL". Aclara que dicha norma establece salvaguardas vitales para proteger los ecosistemas fluviales, a la biodiversidad y a los derechos de la presente y futuras generaciones. Añade que la norma primera de la ley señalada, que está vinculada al numeral 50 constitucional, dispone expresamente lo siguiente: "Se declara una salvaguarda ambiental a todo lo largo del cauce principal del río Sarapiquí y su ribera, desde su nacimiento hasta la desembocadura en el río San Juan, por un periodo de veinticinco años prorrogables, con la finalidad de mantenerlo en las mejores condiciones ecológicas. Durante la vigencia de la salvaguarda ambiental no podrán desarrollarse nuevos proyectos hidroeléctricos ni otorgar nuevas concesiones de extracción de materiales mineros". Afirma que la norma en mención No. 10152, genera toda una organización y distribución de responsabilidades interinstitucionales de gran valor ambiental, tal y como se desarrolla en los numerales 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Igualmente, en el transitorio primero de la ley dicha señala lo siguiente: "El Poder Ejecutivo tendrá un periodo de tres meses para reglamentar la presente ley". Reclama que el problema existente es que, a la fecha, es decir, a más 20 meses de su promulgación, la ley indicada no ha sido reglamentada, por lo que muchas actividades, funciones y gestiones ambientales y de procedimientos administrativos no se han podido materializar por falta de reglamentación y en ese tanto, incluso no solo estamos ante una violación de obligaciones del Poder Ejecutivo, sino que ello limita la materialización de un desarrollo sostenible efectivo para esta y las generaciones futuras. Reitera que presenta el recurso de amparo contra el Poder Ejecutivo, propiamente contra la Presidencia de la Republica y el Ministerio de Ambiente y Energía, por no reglamentar la ley No. 10152, denominada LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RÍO SARAPIQUÍ Y LA PROTECCIÓN DE SU CAUCE PRINCIPAL, asunto que violenta entre otros la norma 50 constitucional en relación con el artículo 140 inciso 3) también de la Constitución Política, que establece el deber del Poder Ejecutivo de sancionar, promulgar y reglamentar las leyes. 2.- Mediante auto de las 10:48 hrs. del 19 de diciembre de 2023 se dio curso al presente recurso y se notificó a las autoridades recurridas el 20 de diciembre de 2023. 3.- Por escrito presentado el 09 de enero de 2024, informa bajo juramento FRANZ TATTENBACH CAPRA, en condición de Ministro de Ambiente y Energía que: “(…) Como primero punto es importante señalar que dentro de los registros que se tienen, se encuentra que la Comisión de Salvaguarda Rio Sarapiquí, consultó sobre el estado de la aprobación del Reglamento a la Ley N° 10152, “Ley para La Promoción del Desarrollo Sostenible de La Cuenca del Río Sarapiquí y La Protección de su Cauce Principal, dicha Comisión está coordinada según el oficio enviado por el señor [Nombre 001], al cual se le respondió mediante oficio DAJ-MINAE- 0992-2023 del 05 de setiembre del 2023, notificado el 6 de setiembre del 2023 a las 14 horas 33 minutos al correo electrónico [...], señalándole que dicho reglamento se encontraba en trámite de firma ante el despacho ministerial. Es importante señalar que, si bien es cierto, en el oficio sé indicó que dicho reglamento estaba en el trámite en proceso de firma, el mismo debe ser revisado y aprobado por este despacho, lo cual se está realizando en momento, se está verificando que todo lo plasmado en el documento contemple lo requerido técnico y jurídicamente necesario para regular la aplicación de la Ley N° 10152 Ley para La Promoción del Desarrollo Sostenible de La Cuenca del Río Sarapiquí y La Protección de su Cauce Principal, que tiene una salvaguarda del cauce principal del Rio Sarapiquí, de las siguientes coordenadas en el sistema de coordenadas CRTM05 del curso de rio afectado: para su nacimiento 487017 este y 1121935 norte y la desembocadura al Río San Juan en 507000 este y 1184766. Como segundo punto y no menos importante, es necesario traer a colación que el Poder Ejecutivo tiene dentro de sus deberes y atribuciones establecidas en la Carta Magna en su artículo 140 promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento; así como dar el Reglamento que convenga para el régimen interior de sus despachos, y expedir los demás reglamentos y ordenanzas necesarios para la pronta ejecución de las leyes; por lo antes expuesto, es que este Despacho señala que la promulgación del Reglamento a la Ley N° 10152 se encuentra en trámite y la administración pública deberá acatar lo que indica la ley bajo el alcance de las prohibiciones establecidas en la misma, acogiendo al Principio de Legalidad, el cual tiene fundamento en el artículo 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública. Importante señalar que una vez que el Decreto Ejecutivo Reglamento a la Ley N° 10152, esté listo con todo lo que se requiere, este despacho ministerial lo estará enviando al Despacho del señor Presidente de la Republica para la revisión y firma correspondiente en el menor plazo posible, para luego ser enviado a publicar en el Diario Oficial La Gaceta.”. Solicita se desestime el recurso. 4.- Por escrito presentado el 09 de enero de 2024, informa bajo juramento NATALIA DÍAZ QUINTANA, en condición de Ministra de la Presidencia que: “(…) en efecto el 28 de abril del año 2022, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, la “Ley para el desarrollo sostenible de la cuenca del Río Sarapiquí y la protección de su cauce principal”, Ley N°10152. De acuerdo con lo informado por las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía, el reglamento a la ley de cita aún se encuentra en trámite de elaboración y validación por parte de tal instancia Ministerial, aspecto que permite acreditar que la suscrita no ha tenido ni tiene injerencia alguna en la creación de dicha normativa, tal y como al efecto lo reclama la parte accionante. Al respecto, se hace necesario evidenciar que el Ministerio de la Presidencia, no tiene incidencia en la elaboración del reglamento a la ley N°10152, dado que la instancia técnica encargada de elaborarlo es el Ministerio de Ambiente y Energía, en cumplimiento a lo establecido por el ordenamiento jurídico. En este sentido, corresponde a dicha instancia remitir la propuesta reglamentaria, para revisión y firma del señor Presidente de la República. Es oportuno indicar que, ante la solicitud que me ha sido requerida, me adhiero al informe rendido ante su Honorable Autoridad mediante oficio DAJ-MINAE-0002-2024 de fecha 08 de enero de los corrientes, así como a las pruebas aportadas por el Ministerio de Ambiente y Energía. Así las cosas, conforme a los hechos y las pruebas expuestas, respetuosamente solicito se declare como improcedente la presente acción en contra de mi representada.” Solicita se desestime el recurso planteado. 5.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley. Redacta el Magistrado Cruz Castro; y, Considerando: I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente presenta recurso de amparo y expone que, en el diario oficial La Gaceta no. 77, del jueves 28 de abril del 2022 se promulgó la denominada "LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RÍO SARAPIQUÍ Y LA PROTECCIÓN DE SU CAUCE PRINCIPAL". Aclara que dicha norma establece salvaguardas vitales para proteger los ecosistemas fluviales, a la biodiversidad y a los derechos de la presente y futuras generaciones. Añade que la norma primera de la ley señalada, que está vinculada al numeral 50 constitucional, dispone expresamente lo siguiente: "Se declara una salvaguarda ambiental a todo lo largo del cauce principal del río Sarapiquí y su ribera, desde su nacimiento hasta la desembocadura en el río San Juan, por un periodo de veinticinco años prorrogables, con la finalidad de mantenerlo en las mejores condiciones ecológicas. Durante la vigencia de la salvaguarda ambiental no podrán desarrollarse nuevos proyectos hidroeléctricos ni otorgar nuevas concesiones de extracción de materiales mineros". Afirma que la norma en mención No. 10152, genera toda una organización y distribución de responsabilidades interinstitucionales de gran valor ambiental, tal y como se desarrolla en los numerales 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Igualmente, en el transitorio primero de la ley dicha señala lo siguiente: "El Poder Ejecutivo tendrá un periodo de tres meses para reglamentar la presente ley". Reclama que el problema existente es que, a la fecha, es decir, a más 20 meses de su promulgación, la ley indicada no ha sido reglamentada, por lo que muchas actividades, funciones y gestiones ambientales y de procedimientos administrativos no se han podido materializar por falta de reglamentación y en ese tanto, incluso no solo estamos ante una violación de obligaciones del Poder Ejecutivo, sino que ello limita la materialización de un desarrollo sostenible efectivo para esta y las generaciones futuras. Reitera que presenta el recurso de amparo contra el Poder Ejecutivo, propiamente contra la Presidencia de la Republica y el Ministerio de Ambiente y Energía, por no reglamentar la ley No. 10152, denominada LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RÍO SARAPIQUÍ Y LA PROTECCIÓN DE SU CAUCE PRINCIPAL, asunto que violenta entre otros la norma 50 constitucional en relación con el artículo 140 inciso 3) también de la Constitución Política, que establece el deber del Poder Ejecutivo de sancionar, promulgar y reglamentar las leyes. II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial: El 28 de abril de 2022, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, la “Ley para el desarrollo sostenible de la cuenca del Río Sarapiquí y la protección de su cauce principal”, Ley N°10152 (hecho no controvertido). El reglamento de la Ley N°10152 se encuentra en proceso de elaboración y revisión por parte del Ministerio de Ambiente y Energía y una vez que el Decreto Ejecutivo Reglamento a la Ley N° 10152, esté listo con todo lo que se requiere, será enviado al Despacho del señor Presidente de la Republica para la revisión y firma correspondiente en el menor plazo posible, para luego ser enviado a publicar en el Diario Oficial La Gaceta (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas). III.- SOBRE LAS OMISIONES REGLAMENTARIAS QUE LESIONAN EL DERECHO DE LA CONSTITUCIÓN. En cuanto al tema del control de las omisiones reglamentarias que lesionan el Derecho de la Constitución, la Sala ha sentado la obligación del Poder Ejecutivo de ejercer su potestad reglamentaria. Un ejemplo de lo anterior es la sentencia N°101-90 de las 14:30 hrs. de 30 de octubre de 1990, la cual señaló en lo conducente: “…distinto es el caso en el cual el legislador expresamente le impone en la ley el deber de reglamentarla. Aquí se hace inescapable para el Poder Ejecutivo el ejercicio de esa competencia. Dentro del ilimitado espacio de la legislación, aquí el destinatario de un deber hacer es el Poder Ejecutivo y, como tal, queda sujeto a la orden contenida en la Ley. Desaparece para él toda discrecionalidad, pues la norma legal regló su actuación, de modo que el ejercicio de la competencia se hace inevitable. En el tanto se haya apartado de lo ordenado, en ese tanto hay una infracción constitucional, pues como se sabe, el Poder Ejecutivo tiene una doble sumisión al estar sujeto a la Constitución y a la Ley. No es dable entender, como ya se ha intentado, que, derivada la potestad reglamentaria de la Constitución Política, el legislador tiene vedado el regular la oportunidad de su ejercicio.” De lo anterior se deduce que existe una doble vinculación del Poder Ejecutivo, por un lado, a la ley y por otro a la Constitución. Por ello, es evidente que la Administración no cuenta con discrecionalidad alguna para excusarse de reglamentar una ley si así ha sido ordenado por el Legislador o por el Constituyente –teniendo en cuenta, asimismo, los alcances del principio de legalidad-. Cabe mencionar que el artículo 140 inciso 3) de la Constitución Política establece el deber del Poder Ejecutivo de sancionar, promulgar y reglamentar las leyes. Por ese motivo, este precepto resulta vulnerado si el Poder Ejecutivo soslaya su obligación de reglamentar las leyes, aún cuando no se afecta otra norma constitucional. Es decir, en todos los casos en que exista una omisión reglamentaria, el Poder Ejecutivo lesiona al menos el inciso 3) del artículo 140, eso sin contar la posible vulneración a cualquier otra norma que reconozca un derecho y que se vea afectada por esa omisión; en tales casos, dicha omisión es susceptible de control por la vía del recurso de amparo si esa inactividad está vinculada al disfrute de un derecho fundamental; de no ser así, siempre se puede efectuar el control por la vía de la acción de inconstitucionalidad por omisión. Lo anterior, evidencia que el Poder Ejecutivo no cuenta con ningún grado de discrecionalidad en los casos en que la Constitución o la ley le establecen una obligación de reglamentar. En la última sentencia transcrita la Sala Constitucional también señaló: “Por una parte, el artículo 11 constitucional ha sido violado en el tanto en que en él se consagra el deber de legalidad de la administración pública y por virtud de su texto el Poder Ejecutivo no puede negarse a cumplir un mandato contenido en una ley debidamente promulgada, ya que si no estaba de acuerdo con su texto, pudo ejercer el veto que le reserva la misma Constitución Política como una atribución propia y específica al caso en estudio. Además, al asumir funciones, y obligarse a cumplir las leyes, por el juramento Constitucional (artículo 194) el Presidente de la República y el Ministro respectivo no pueden, posteriormente, bajo argumentos de ninguna especie, desaplicarlas sin que haya posibilidad de enmienda, lo que se prevé en la actual Ley de la Jurisdicción Constitucional, con la acción de inconstitucionalidad. Por las omisiones base de este proceso, asimismo, existe una infracción a lo dispuesto por el inciso 3) del artículo 140 de la Constitución. Política, pues el Poder Ejecutivo en forma indebida se negó a reglamentar la ley No. 6955 en su totalidad.” IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica la lesión a los derechos fundamentales de la amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, el 28 de abril de 2022, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, la “Ley para el desarrollo sostenible de la cuenca del Río Sarapiquí y la protección de su cauce principal”, Ley N°10152. Por su parte, las autoridades accionadas indicaron que, el reglamento de la Ley N°10152 se encuentra en proceso de elaboración y revisión por parte del Ministerio de Ambiente y Energía y una vez que el Decreto Ejecutivo Reglamento a la Ley N° 10152, esté listo con todo lo que se requiere, será enviado al Despacho del señor Presidente de la Republica para la revisión y firma correspondiente en el menor plazo posible, para luego ser enviado a publicar en el Diario Oficial La Gaceta. De la base fáctica acreditada en este proceso, así como, de lo indicado en el precedente parcialmente transcrito, se aprecia la acusada omisión, la cual le es atribuible a las autoridades recurridas. En ese sentido, se advierte que la “Ley para el desarrollo sostenible de la cuenca del Río Sarapiquí y la protección de su cauce principal”, Ley N°10152, dispone expresamente lo siguiente: “TRANSITORIO I- El Poder Ejecutivo tendrá un periodo de tres meses para reglamentar la presente ley.” Así las cosas, al constatarse que el plazo dispuesto por el legislador ha sido superado y considerando que aún no se ha publicado el decreto para la regulación de indicada ley, se acredita que las autoridades accionadas lesionan lo preceptuado en los ordinales 50 y 140 inciso 3) de la Constitución. Debe recordarse que, el Poder Ejecutivo no cuenta con ningún grado de discrecionalidad en los casos en que la Constitución o la ley le establecen una obligación de reglamentar. Consecuentemente, lo procedente es declarar con lugar el recurso, ordenando al Poder Ejecutivo, la reglamentación de la “Ley para el desarrollo sostenible de la cuenca del Río Sarapiquí y la protección de su cauce principal”, Ley N°10152, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 inciso 3) de la Constitución Política, dentro del plazo indicado en la parte dispositiva de esta sentencia. V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. POR TANTO: Se declara CON LUGAR el recurso. Consecuentemente, se ordena a NATALIA DÍAZ QUINTANA, en condición de Ministra de la Presidencia y a FRANZ TATTENBACH CAPRA, en condición de Ministro de Ambiente y Energía, que coordinen y dispongan lo necesario para que, en el plazo de DOS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, dicten el Decreto Ejecutivo para la implementación de la Ley para el desarrollo sostenible de la cuenca del Río Sarapiquí y la protección de su cauce principal, Ley N°10152, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 28 de abril del año 2022. Lo anterior bajo apercibimiento de las consecuencias penales que se desprenden por la desobediencia a las órdenes dictadas por esta Jurisdicción, artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- G1IY43WB8AXO61 EXPEDIENTE N° 23-030772-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 14:18:09. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Large Normal Small Sala Constitucional Resolution No. 01229 - 2024 Resolution Date: 19 January 2024 at 09:15 Expediente: 23-030772-0007-CO Drafted by: Fernando Cruz Castro Type of matter: Amparo appeal Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Ruling with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest: Content type: Majority vote Branch of Law: 4. MATTERS OF GUARANTEE Topic: ENVIRONMENT Subtopics: PROTECTED AREA. 001229-24. THE MINISTER OF THE PRESIDENCY AND THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND ENERGY ARE ORDERED TO, WITHIN A PERIOD OF TWO MONTHS, ISSUE THE DECRETO EJECUTIVO FOR THE IMPLEMENTATION OF THE LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RÍO SARAPIQUÍ Y LA PROTECCIÓN DE SU CAUCE PRINCIPAL, LEY N°10152, PUBLISHED IN THE DIARIO OFICIAL LA GACETA ON 28 APRIL OF THE YEAR 2022. Text of the resolution Exp: 23-030772-0007-CO Res. No. 2024001229 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours fifteen minutes on the nineteenth of January of two thousand twenty-four. Amparo appeal processed in expediente number 23-030772-0007-CO filed by [Name 001], identification number [Value 001], against the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA AND ANOTHER. WHEREAS: 1.- By brief received in this Sala at 18:45 hrs. on 11 December 2023, the appellant files an amparo appeal and states that, in the official gazette La Gaceta no. 77, of Thursday, 28 April 2022, the so-called "LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RÍO SARAPIQUÍ Y LA PROTECCIÓN DE SU CAUCE PRINCIPAL" was enacted. He clarifies that said norm establishes vital safeguards to protect river ecosystems, biodiversity, and the rights of present and future generations. He adds that the first norm of the aforementioned law, which is linked to Article 50 of the Constitution, expressly provides the following: "An environmental safeguard (salvaguarda ambiental) is declared along the entire length of the main channel (cauce principal) of the Sarapiquí River and its bank, from its source (nacimiento) to its mouth at the San Juan River, for a period of twenty-five years, extendable, with the aim of maintaining it in the best ecological conditions. During the validity of the environmental safeguard (salvaguarda ambiental), new hydroelectric projects may not be developed nor new concessions for the extraction of mining materials granted." He affirms that the norm in question No. 10152 creates an entire organization and distribution of inter-institutional responsibilities of great environmental value, as developed in Articles 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Likewise, in the first transitory provision of the law, it states the following: "The Poder Ejecutivo shall have a period of three months to regulate the present law." He complains that the existing problem is that, to date, that is, more than 20 months after its enactment, the indicated law has not been regulated, so many activities, functions, and environmental management and administrative procedures have not been able to materialize due to a lack of regulation and to that extent, we are not only facing a violation of the obligations of the Poder Ejecutivo, but this limits the materialization of effective sustainable development for this and future generations. He reiterates that he files the amparo appeal against the Poder Ejecutivo, specifically against the Presidencia de la Republica and the Ministerio de Ambiente y Energía, for failing to regulate law No. 10152, called LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RÍO SARAPIQUÍ Y LA PROTECCIÓN DE SU CAUCE PRINCIPAL, a matter that violates, among others, Article 50 of the Constitution in relation to Article 140 subsection 3) also of the Constitución Política, which establishes the duty of the Poder Ejecutivo to sanction, promulgate, and regulate laws. 2.- By order of 10:48 hrs. on 19 December 2023, these proceedings were commenced and the respondent authorities were notified on 20 December 2023. 3.- By brief filed on 09 January 2024, FRANZ TATTENBACH CAPRA, in his capacity as Minister of Ambiente y Energía, reports under oath that: “(…) As a first point, it is important to note that within the records held, it is found that the Comisión de Salvaguarda Rio Sarapiquí inquired about the status of the approval of the Reglamento to Ley N° 10152, “Ley para La Promoción del Desarrollo Sostenible de La Cuenca del Río Sarapiquí y La Protección de su Cauce Principal, this Commission is coordinated according to the official letter sent by Mr. [Name 001], to which a reply was given via official letter DAJ-MINAE- 0992-2023 of 05 September 2023, notified on 6 September 2023 at 14 hours 33 minutes to the email address [...], indicating that said regulation was in the process of being signed before the ministerial office. It is important to note that, although it is true, the official letter indicated that said regulation was in the process of being signed, it must be reviewed and approved by this office, which is being done at this time, verifying that everything set forth in the document contemplates what is technically and legally necessary to regulate the application of Ley N° 10152 Ley para La Promoción del Desarrollo Sostenible de La Cuenca del Río Sarapiquí y La Protección de su Cauce Principal, which has a safeguard (salvaguarda) of the main channel (cauce principal) of the Rio Sarapiquí, with the following coordinates in the CRTM05 coordinate system of the affected river course: for its source (nacimiento) 487017 east and 1121935 north and the mouth to the Río San Juan at 507000 east and 1184766. As a second and no less important point, it is necessary to bring up that the Poder Ejecutivo has among its duties and powers established in the Magna Carta in its Article 140 to promulgate laws, regulate them, execute them and ensure their exact compliance; as well as to issue the Reglamento appropriate for the internal regime of its offices, and to issue the other regulations and ordinances necessary for the prompt execution of the laws; for the foregoing, this Office states that the promulgation of the Reglamento to Ley N° 10152 is in process and the public administration must abide by what the law indicates under the scope of the prohibitions established therein, adhering to the Principle of Legality, which is based on Article 11 of the Constitución Política and the Ley General de la Administración Pública. It is important to note that once the Decreto Ejecutivo Reglamento to Ley N° 10152 is ready with everything required, this ministerial office will be sending it to the Office of the President of the Republic for the corresponding review and signature in the shortest possible time, to then be sent for publication in the Diario Oficial La Gaceta.” He requests that the appeal be dismissed. 4.- By brief filed on 09 January 2024, NATALIA DÍAZ QUINTANA, in her capacity as Minister of the Presidencia, reports under oath that: “(…) indeed on 28 April of the year 2022, the “Ley para el desarrollo sostenible de la cuenca del Río Sarapiquí y la protección de su cauce principal”, Ley N°10152, was published in the Diario Oficial La Gaceta. According to what was reported by the authorities of the Ministerio de Ambiente y Energía, the regulation to the cited law is still in the process of preparation and validation by that ministerial instance, an aspect that makes it possible to prove that the undersigned has not had nor does she have any interference in the creation of said regulation, as claimed by the plaintiff in this regard. In this respect, it is necessary to make it evident that the Ministerio de la Presidencia has no influence on the preparation of the regulation to Law N°10152, given that the technical instance responsible for preparing it is the Ministerio de Ambiente y Energía, in compliance with the provisions of the legal system. In this sense, it is up to that instance to forward the regulatory proposal for review and signature by the President of the Republic. It is opportune to indicate that, in response to the request made to me, I adhere to the report rendered before your Honorable Authority via official letter DAJ-MINAE-0002-2024 dated 08 January of the current year, as well as to the evidence provided by the Ministerio de Ambiente y Energía. Thus, in accordance with the facts and evidence presented, I respectfully request that this action be declared inadmissible against my represented party.” She requests that the filed appeal be dismissed. 5.- In the substantiation of this process, the prescriptions of law have been observed. Drafted by Judge Cruz Castro; and, Considering: I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant files an amparo appeal and states that, in the official gazette La Gaceta no. 77, of Thursday, 28 April 2022, the so-called "LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RÍO SARAPIQUÍ Y LA PROTECCIÓN DE SU CAUCE PRINCIPAL" was enacted. He clarifies that said norm establishes vital safeguards to protect river ecosystems, biodiversity, and the rights of present and future generations. He adds that the first norm of the aforementioned law, which is linked to Article 50 of the Constitution, expressly provides the following: "An environmental safeguard (salvaguarda ambiental) is declared along the entire length of the main channel (cauce principal) of the Sarapiquí River and its bank, from its source (nacimiento) to its mouth at the San Juan River, for a period of twenty-five years, extendable, with the aim of maintaining it in the best ecological conditions. During the validity of the environmental safeguard (salvaguarda ambiental), new hydroelectric projects may not be developed nor new concessions for the extraction of mining materials granted." He affirms that the norm in question No. 10152 creates an entire organization and distribution of inter-institutional responsibilities of great environmental value, as developed in Articles 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Likewise, in the first transitory provision of the law, it states the following: "The Poder Ejecutivo shall have a period of three months to regulate the present law." He complains that the existing problem is that, to date, that is, more than 20 months after its enactment, the indicated law has not been regulated, so many activities, functions, and environmental management and administrative procedures have not been able to materialize due to a lack of regulation and to that extent, we are not only facing a violation of the obligations of the Poder Ejecutivo, but this limits the materialization of effective sustainable development for this and future generations. He reiterates that he files the amparo appeal against the Poder Ejecutivo, specifically against the Presidencia de la Republica and the Ministerio de Ambiente y Energía, for failing to regulate law No. 10152, called LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RÍO SARAPIQUÍ Y LA PROTECCIÓN DE SU CAUCE PRINCIPAL, a matter that violates, among others, Article 50 of the Constitution in relation to Article 140 subsection 3) also of the Constitución Política, which establishes the duty of the Poder Ejecutivo to sanction, promulgate, and regulate laws. II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited as such or because the respondent authority has omitted to refer to them, according to what is provided in the initial order: On 28 April 2022, the “Ley para el desarrollo sostenible de la cuenca del Río Sarapiquí y la protección de su cauce principal”, Ley N°10152, was published in the Diario Oficial La Gaceta (uncontroverted fact). The regulation of Ley N°10152 is in the process of preparation and review by the Ministerio de Ambiente y Energía and once the Decreto Ejecutivo Reglamento to Ley N° 10152 is ready with everything required, it will be sent to the Office of the President of the Republic for the corresponding review and signature in the shortest possible time, to then be sent for publication in the Diario Oficial La Gaceta (see report rendered by the respondent authorities). III.- REGARDING REGULATORY OMISSIONS THAT INJURE THE RIGHT OF THE CONSTITUTION. Regarding the issue of the control of regulatory omissions that injure the Right of the Constitution, the Sala has established the obligation of the Poder Ejecutivo to exercise its regulatory power. An example of the foregoing is judgment N°101-90 of 14:30 hrs. on 30 October 1990, which stated as pertinent: “…a different case is that in which the legislator expressly imposes on him in the law the duty to regulate it. Here, the exercise of that competence becomes inescapable for the Poder Ejecutivo. Within the unlimited space of legislation, here the addressee of a duty to do is the Poder Ejecutivo and, as such, is subject to the order contained in the Law. All discretion disappears for him, since the legal norm regulated his action, so that the exercise of the competence becomes unavoidable. To the extent that he has departed from what was ordered, to that extent there is a constitutional infraction, since, as is known, the Poder Ejecutivo has a double submission by being subject to the Constitution and the Law. It is not feasible to understand, as has been attempted, that, derived the regulatory power from the Constitución Política, the legislator is barred from regulating the timeliness of its exercise.” From the foregoing, it follows that there is a double binding of the Poder Ejecutivo, on the one hand, to the law and on the other to the Constitution. Therefore, it is evident that the Administration has no discretion whatsoever to excuse itself from regulating a law if so ordered by the Legislator or by the Constituent —taking into account, likewise, the scope of the principle of legality—. It should be mentioned that Article 140 subsection 3) of the Constitución Política establishes the duty of the Poder Ejecutivo to sanction, promulgate, and regulate laws. For this reason, this precept is violated if the Poder Ejecutivo evades its obligation to regulate laws, even when no other constitutional norm is affected. That is, in all cases where there is a regulatory omission, the Poder Ejecutivo injures at least subsection 3) of Article 140, without counting the possible violation of any other norm that recognizes a right and that is affected by that omission; in such cases, said omission is subject to control through the amparo appeal if that inactivity is linked to the enjoyment of a fundamental right; if that is not the case, control can always be exercised through the action of unconstitutionality by omission. The foregoing shows that the Poder Ejecutivo does not have any degree of discretion in cases where the Constitution or the law imposes an obligation to regulate. In the last transcribed judgment, the Sala Constitucional also stated: “On the one hand, Article 11 of the Constitution has been violated insofar as it enshrines the duty of legality of the public administration and by virtue of its text the Poder Ejecutivo cannot refuse to fulfill a mandate contained in a duly promulgated law, since if it did not agree with its text, it could have exercised the veto reserved to it by the same Constitución Política as its own and specific power in the case under study. Furthermore, upon assuming office, and obligating themselves to comply with the laws, by the Constitutional oath (Article 194) the President of the Republic and the respective Minister cannot, subsequently, under arguments of any kind, disapply them without the possibility of amendment, which is provided for in the current Ley de la Jurisdicción Constitucional, with the action of unconstitutionality. For the omissions forming the basis of this process, there is also an infraction of the provisions of subsection 3) of Article 140 of the Constitución Política, since the Poder Ejecutivo improperly refused to regulate law No. 6955 in its entirety.” IV.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal verifies the injury to the fundamental rights of the protected party. From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities —which are taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law that governs this Jurisdiction— and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that, on 28 April 2022, the “Ley para el desarrollo sostenible de la cuenca del Río Sarapiquí y la protección de su cauce principal”, Ley N°10152, was published in the Diario Oficial La Gaceta. For their part, the respondent authorities indicated that the regulation of Ley N°10152 is in the process of preparation and review by the Ministerio de Ambiente y Energía and once the Decreto Ejecutivo Reglamento to Ley N° 10152 is ready with everything required, it will be sent to the Office of the President of the Republic for the corresponding review and signature in the shortest possible time, to then be sent for publication in the Diario Oficial La Gaceta. From the factual basis accredited in this process, as well as from what is indicated in the partially transcribed precedent, the accused omission is observed, which is attributable to the respondent authorities. In that sense, it is noted that the “Ley para el desarrollo sostenible de la cuenca del Río Sarapiquí y la protección de su cauce principal”, Ley N°10152, expressly provides the following: “TRANSITORIO I- The Poder Ejecutivo shall have a period of three months to regulate the present law.” Thus, upon verifying that the period provided by the legislator has been exceeded and considering that the decree for the regulation of the indicated law has not yet been published, it is accredited that the respondent authorities injure the provisions of Articles 50 and 140 subsection 3) of the Constitution. It must be remembered that the Poder Ejecutivo does not have any degree of discretion in cases where the Constitution or the law imposes an obligation to regulate. Consequently, the appropriate course is to declare the appeal with merit, ordering the Poder Ejecutivo to regulate the “Ley para el desarrollo sostenible de la cuenca del Río Sarapiquí y la protección de su cauce principal”, Ley N°10152, in accordance with the provisions of Article 140 subsection 3) of the Constitución Política, within the period indicated in the operative part of this judgment. V.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that, if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of 26 January 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI. THEREFORE: The appeal is declared WITH MERIT. Consequently, NATALIA DÍAZ QUINTANA, in her capacity as Minister of the Presidencia, and FRANZ TATTENBACH CAPRA, in his capacity as Minister of Ambiente y Energía, are ordered to coordinate and arrange what is necessary so that, within a period of TWO MONTHS, counted from the notification of this judgment, they issue the Decreto Ejecutivo for the implementation of the Ley para el desarrollo sostenible de la cuenca del Río Sarapiquí y la protección de su cauce principal, Ley N°10152, published in the Diario Oficial La Gaceta on 28 April of the year 2022. The foregoing under warning of the criminal consequences arising from disobedience to the orders issued by this Jurisdiction, Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. The State is ordered to pay costs, damages, and losses, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Notify. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- G1IY43WB8AXO61 EXPEDIENTE N° 23-030772-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Classification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 14:18:09. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República