Res. 02523-2024 Sala Constitucional — Constitutional Chamber Orders Municipality and Ministry of Health to Resolve Wastewater Discharge into DitchSala Constitucional ordena a Municipalidad y Ministerio de Salud resolver vertido de aguas residuales en acequia

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Sala Constitucional

Resolución Nº 02523 - 2024

Fecha de la Resolución: 02 de Febrero del 2024 a las 09:15

Expediente: 23-030245-0007-CO

Redactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con Voto Salvado

Sentencia con nota separada

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

AGUAS.
ALCANTARILLADO.

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

ALCANTARILLADO.

002523-24. AMBIENTE. MUNICIPALIDAD. SE DENUNCIA ANTE LAS AUTORIDADES, EL INADECUADO VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (JABONOSAS Y NEGRAS) EN UNA ACEQUIA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN, RUTA 702. SE ORDENA AL ALCALDE MUNICIPAL, COORDINADOR DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, AMBOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN, ASÍ COMO AL DIRECTOR REGIONAL A.I. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE RECTORÍA DE LA SALUD CENTRAL OCCIDENTE DEL MINISTERIO DE SALUD, QUE DE FORMA INMEDIATA TOMEN LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, Y BRINDEN SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA PARTE RECURRENTE. ASIMISMO, DENTRO DEL PLAZO DE SEIS MESES, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA, DEBERÁN HABER SOLUCIONADO EL PROBLEMA, RESUELTO LA QUEJA INTERPUESTA Y COMUNICADO A LOS RECURRENTES LO CORRESPONDIENTE. VCG02/2024

“(…) V.- Sobre el fondo.  La Constitución Política, en el artículo 21, consagra la inviolabilidad de la vida humana, del cual se desprende el derecho a la salud y que, sin duda alguna, el mismo se encuentra íntimamente ligado al derecho de todas las personas a vivir en un ambiente sano y equilibrado, que contempla el artículo 50, constitucional. Frente a ese derecho surge para el Estado, la obligación de procurar una protección oportuna y adecuada a dichos derechos, a través de diversos entes y órganos, cada uno dentro del marco de sus respectivas competencias. Del estudio de los autos, y a partir de la relación de hechos probados, se tiene por acreditado, que  desde el 28 de septiembre de 2023, la parte recurrente presentó, respectivamente, ante la Municipalidad y el Área de Salud, ambos del cantón de San Ramón una denuncia por una inadecuada disposición de aguas residuales a una acequia, dado la supuesta presencia de aguas negras y servidas, siendo que a la fecha,  pese que ha trascurrido cuatro meses desde entonces, el problema no ha sido resuelto. Al respecto, se analizará cada de una de las actuaciones efectuadas en ese sentido por las autoridades recurridas.

VI.- En cuanto a la Municipalidad de San Ramón. Es de mérito indicar, que corresponde a las municipalidades la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 169, de la Constitución Política. De ahí se deriva la competencia de las municipalidades para planificar y vigilar el desarrollo urbano de su localidad. Esto incluye, el deber de establecer una política integral de planeamiento, que garantice un desarrollo urbano en congruencia con el funcionamiento eficiente de un sistema de provisión de agua potable y de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Igualmente, de lo anterior se deriva la obligación de adoptar las medidas requeridas para proveer al cantón de un adecuado sistema de alcantarillado pluvial, a fin garantizar a sus habitantes el derecho a la salud y a un ambiente libre de contaminación. En cuanto al tema específico de las obligaciones municipales en materia de alcantarillado pluvial, en Sentencia N°2008-04210, de las 13:59 horas del 14 de marzo de 2008, reiterada en la N° 2022000421, de las 09:15 horas del 07 de enero de 2022, esta Sala señaló:

“(…) Este Tribunal en jurisprudencia reiterada ha reconocido que el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho fundamental que deriva del artículo 50 Constitucional, según el cual, no sólo consagra el derecho de todo ciudadano a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sino que además obliga al Estado a garantizar el ejercicio de dicho derecho, mediante los medios establecidos al efecto por la legislación vigente. Concretamente, tal como lo ha dicho esta Sala en la sentencia número 2005-009900 de las diez horas del veintinueve de julio del dos mil cinco debe la Municipalidad construir la infraestructura necesaria para hacer discurrir adecuadamente las aguas, para así garantizar el derecho a la salud y a un ambiente libre de contaminación y sin perjudicar a terceros: “(…) Sobre las obligaciones municipales en materia de alcantarillado pluvial.- Es conveniente tomar en cuenta que el artículo 169 de la Constitución Política establece que la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal. Los intereses y servicios locales han sido definidos por la Sala como conceptos jurídicos indeterminados donde la ley no resuelve con exactitud su contenido para su aplicación a casos concretos, por lo que resulta necesario acudir a criterios de valor y de experiencia, por parte de quien le corresponde aplicarlo, para determinar su contenido. La creación de medios de drenaje adecuados dentro de una comunidad a efectos de no causar daños a la propiedad, a la salud ni problemas de ambientales a sus vecinos es, dentro de los términos indicados por la Constitución Política, de interés del cantón y es parte de los servicios que la Municipalidad está en la obligación de brindar (…) Por tal motivo, la Municipalidad de Goicoechea, está obligada a asumir un determinado comportamiento para la satisfacción de sus fines, tomando las medidas requeridas para proveer a la comunidad amparada, de un sistema eficiente de drenaje de las aguas pluviales. Ajustado a criterios de razonabilidad debe la Municipalidad construir la infraestructura necesaria para hacer discurrir adecuadamente esas aguas, para así garantizar el derecho a la salud y a un ambiente libre de contaminación y sin perjudicar a terceros”.

En el caso bajo estudio, desde el 06 de octubre de 2023, la autoridad recurrida comprobó, que las aguas que discurren por el alcantarillado denunciado y desembocan en una acequia presentan una coloración grisácea, característico de la presencia de aguas residuales, y que la identificación de las fuentes que descargan aguas ilegalmente al sistema colector de aguas pluviales, requieren de una intervención e investigación especial junto con el Ministerio de Salud, por lo que realizaron las coordinaciones necesarias para diseñar una propuesta para la atención de esta problemática. No obstante, han transcurrido cuatro meses y no han efectuado acto alguno para solucionar dicha situación. Nótese, que lo último que se hizo en relación con este caso, fue  convocar a una reunión con funcionarios del Ministerio de Salud, la cual fue anulada y posterior a ello, no se desprende alguna actuación ya sea de manera individual o conjunta dirigida a solucionar el problema. De tal manera que, pese a que la Municipalidad recurrida ha tenido pleno conocimiento de los  inconvenientes que afectan a los recurrentes y demás vecinos, ha omitido brindar una solución al grave problema que representa el desfogue de aguas negras a una acequia, por lo que impone la estimatoria de este extremo del recurso, con las consecuencias que se detallan en la parte dispositiva de esta resolución.

VII.- En cuanto al Ministerio de Salud. En el sublite, la Sala tiene por demostrado, que una vez recibida la queja presentada por los recurrentes en el mes de setiembre de 2023, el 20 de octubre de ese año, realizó una visita al sitio y constató, que efectivamente, sobre el cordón pluvial de la ruta 702, discurren aguas que podrían provenir de un mal manejo en la disposición de las aguas residuales de las viviendas aledañas a la zona, las cuales conectan con una acequia. Se advierte, que la autoridad recurrida tiene conocimiento de dicho problema desde el año 2022, y pese a ello, lo que hizo fue acumular la denuncia de los recurrentes al expediente principal, siendo que posterior a la notificación del informe confeccionado a razón de la inspección, no le consta a la Sala, que haya efectuado o dictado algún acto administrativo con el fin de realizar la investigación respectiva, realizar los análisis correspondientes y si fuera el caso, girar las órdenes sanitarias. Es decir, que desde hace más de dos meses, el expediente se encuentra inactivo siendo que se evidencia un desinterés en resolver la problemática denunciada. Nótese, que tan es así, que tampoco ha coordinado una reunión con los personeros de la Municipalidad de San Ramón para evaluar una solución en conjunto. En ese sentido, la Ley General de Salud, dispone en el artículo 355, que le corresponde al Ministerio de Salud  ordenar y tomar las medidas especiales que habilita la ley para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas o que éstos se difundan o se agraven y para inhibir la continuación o reincidencia en la perpetración de infracciones legales o reglamentarias que atenten contra la salud de las persona. Así las cosas, se constata que ha transcurrido cuatro meses aproximadamente, desde que la parte recurrente interpuso la denuncia, y a la fecha no ha recibido una resolución al respecto, pese a que la Municipalidad de San Ramón, les advirtió de la situación y los inconvenientes que ello está generando a la salud de los vecinos. Se advierte, que la labor rectora del Ministerio de Salud no termina solo con una  inspección del sitio denunciado, sino con el dictado de órdenes sanitarias, la notificación a la persona infractora y la obligación de verificar que las disposiciones ordenadas se cumplan a cabalidad, disponiendo para ello de los mecanismos que el ordenamiento jurídico le confiere para tales efectos. De modo, que resulta inaceptable, desde la óptica del Derecho Constitucional, que a la fecha no se haya resuelto la queja de los recurrentes ni dictado los actos pertinentes para solventar la problemática que aqueja a los vecinos, por lo cual se acredita la alegada lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada y de la comunidad. (…)”

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Sentencias Relacionadas
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida

Subtemas:

NO APLICA.

VIII.-  Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VCG02/2024

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

AGUAS.
ALCANTARILLADO.

IX.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa que las autoridades recurridas no han resuelto una denuncia por un inadecuado desfogue de aguas y un mal manejo de residuos provenientes de una cuartería, lo que provoca un peligro para la salud de la parte recurrente, y también, una amenaza al derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

VCG02/2024

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto salvado

Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 056- Ejecución de sentencias

Subtemas:

NO APLICA.

X.-  VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le dé solución por parte de la Municipalidad de San Ramón y el Ministerio de Salud a la problemática denunciada por los recurrentes por la acusada disposición de aguas residuales en una acequia. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.

VCG02/2024

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Texto de la resolución

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Exp: 23-030245-0007-CO

Res. Nº 2024002523

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del dos de febrero de dos mil veinticuatro .

 

 Recurso de amparo que se tramita en expediente número  23-030245-007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], y  [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], contra el MINISTERIO DE SALUD y la  MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN DE ALAJUELA.

Resultando:

 1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente  a las 10:01 horas del 06 de diciembre de 2023, el recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DE SALUD y la  MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN DE ALAJUELA. Manifiesta en resumen, que el 28 de setiembre de 2023, se presentaron en las oficinas de Asuntos Ambientales de la Municipalidad de San Ramón, con el fin de presentar una denuncia en materia ambiental referente al inadecuado vertimiento de aguas residuales (jabonosas y negras) en una acequia por medio de unas cañerías paralelas en el cantón de San Ramón de Alajuela, propiamente en el distrito de San Juan, ruta 702, entre calle Aníbal y calle El Colegio, 200 metros oeste del Liceo Nuestra Señora de los Ángeles y la Escuela de Atención Primaria Los Jardines. Asegura, que el 10 de octubre de 2023, la Municipalidad respondió la denuncia, indicando que realizó una visita in situ y una valoración de la acequia pluvial, aceptando que solo habían colocado alcantarillas para poder mejorar el flujo de aguas pluviales en la zona, y sí se notaba una coloración grisácea en las aguas, lo cual denotaba la presencia de aguas residuales en dicha acequia. Afirman, que la Municipalidad se allanó a los hechos, y ha realizado labores para mejorar la situación, como la recolección de residuos sólidos; no obstante, al persistir una contaminación que dicha corporación no puede manejar por su propia cuenta, solicitó la ayuda del Ministerio de Salud para poder elaborar un plan de trabajo. Reclaman, que  al día de hoy, la Municipalidad recurrida no ha hecho más que cercar el acceso al lugar donde se tomaron las fotos probatorias del hecho denunciado, por lo que se limita la capacidad de las personas denunciantes de visualizar si han tomado las acciones y medidas correspondientes para solventar la problemática ambiental denunciada. Por otra parte, señalan que el mismo 28 de setiembre de 2023, también se apersonaron al Área Rectora de Salud de San Ramón del Ministerio de Salud y presentaron la misma denuncia referente al mismo caso de contaminación de la acequia por aguas residuales, servidas y negras. Afirman, que 01 de noviembre del 2023, el Ministerio de Salud emitió una respuesta respecto a la queja realizada, indicando que se allanan respecto a los hechos, ya que, al realizar una visita in situ, se constató, que efectivamente, hay un manejo irregular de aguas residuales en la acequia e incluso, se indicó, que es parte de un problema mayor que se viene tratando desde el año 2022, y que solo ha desembocado en que se emitan ordenes sanitarias siendo que solo dieciséis de las setenta y nueve viviendas que son parte de la problemática presenten un plan de acciones correctiva. Afirman, que el Ministerio de Salud opta por agregar la denuncia realizada a aquellas que ya fueron valoradas en el 2022. Consideran, que en la propia respuesta del Ministerio de Saludo se evidencia una clara violación al principio de celeridad, ya que se lleva un año trabajando en la problemática expuesta, que según se comenta en la misma respuesta, es un problema comunal. Reclaman que a la fecha este ministerio tampoco ha realizado acciones para mejorar la problemática denunciada. Reiteran, que tanto la Municipalidad de San Ramón como el Ministerio de Salud no han actuado conforme a sus competencias, por lo que continúa el problema ambiental denunciado. Estiman lesionados sus derechos fundamentales. Solicitan que se declare con lugar el recurso y se ordene a las autoridades recurridas resolver la problemática denunciada en forma integral a la brevedad. 

 2.- Mediante resolución de las 10:33 horas del 14 de diciembre de 2023, se dio curso al presente recurso.

 3.- Informan bajo juramento Nixon Gerardo Ureña Guillén, Allan Francisco Artavia Jiménez, y Hermelink Johan Chinchilla Corrales, en su condición respectiva de Alcalde Municipal, Coordinador del Área de Recursos Naturales  y  Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de San Ramón, que el día 28 de septiembre del 2023, el Departamento de Servicios Ambientales recibió una denuncia presentada por los señores [Nombre 001] y [Nombre 002], quienes hacen referencia a una descarga de aguas residuales por medio de cañerías paralelas, en una acequia ubicada en el distrito de San Juan de San Ramón, ruta 702, entre Calle Aníbal y Calle El Colegio, 200 metros oeste del Liceo nuestra Señora de los Ángeles y la Escuela de Atención Primaria Los Jardines, y solicitan una inspección y la atención del problema. Refieren, que el día 06 de octubre del 2023, el Departamento de Servicios Ambientales programó una inspección a la acequia. Afirman, que el día 10 octubre del 2023, los resultados de esta inspección fueron comunicados a los recurrentes al correo electrónico señalado por los mismos para notificaciones, a través del oficio número MSR-AM-GM-DDU-SMA-263-2023 y fechado 09 de octubre de 2023. Acotan, que debido a la complejidad del problema de contaminación que se presenta en la acequia, el 30 de octubre de 2023, el Área de Servicios Ambientales emitió la solicitud de una reunión al Ministerio de Salud con el objetivo de establecer una estructura de colaboración que permita diseñar un plan de acción conjunto entre ambas instituciones para abordar eficazmente el problema identificado. Mencionan, que el día 30 de octubre de 2023, mediante el oficio MSR-AM-GM-DDU-SMA-278-2023,  solicitaron una reunión al MINSA, con el propósito de establecer una estructura de trabajo que nos permita diseñar un plan de acción entre ambas instituciones, para la atención del problema. Adiciona, que se había establecido una primera reunión para el 10 de noviembre del año en curso, pero la misma fue suspendida por el Ministerio de Salud y hasta el momento no se ha recibido una nueva convocatoria a reunión por parte de dicha institución. Destaca, que para abordar la situación es fundamental identificar las viviendas o establecimientos comerciales que podrían estar liberando aguas residuales en el sistema de drenaje pluvial y para localizar las posibles fuentes de contaminación es imperativo contar con la cooperación del Ministerio de Salud, ya que dicha institución posee los recursos y métodos necesarios para identificar los generadores a través del uso de colorantes; de lo contrario, la Municipalidad no puede tomar las acciones necesarias. Solicita se declare sin lugar en relación con la Municipalidad.

 4.- Informa bajo juramento Eney Solís Soto, en su condición de Director Regional a.i. de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente del Ministerio de Salud, que  el 28 de setiembre del 2023, se presentó la denuncia D-SR-291-2023, por una aparente inadecuada disposición de aguas residuales, en la comunidad de San Juan. Agrega, que el 27 de octubre 2023, se generó el informe DRRSCO-DARS-SR-RS-DVC-1879-2023, el cual hizo referencia a la visita al lugar denunciado, siendo que esa misma situación ya está siendo atendida, por su representada, desde el año 2022, y dado la magnitud del problema, al día de hoy se mantiene su atención. Explica, que el cuerpo receptor de las aguas residuales es el mismo que ya se ha estado atendiendo, y corresponde a dos caseríos cercanos, por lo que en principio es la misma situación, que no es individual, sino comunal. Agrega, que en aplicación al principio de celeridad y economía procesal, se incorporó la denuncia D-SR-291-2023, al trámite que se está llevando para el mejoramiento de la acequia. Adiciona, que en el citado informe se respondió a las pretensiones de los denunciantes, y de igual manera se les indicó la disposición para que se acerquen y poder concretar una visita de campo con un recorrido por la acequia e información para que puedan dimensionar la problemática y las acciones desarrolladas. Menciona, que el 01 de noviembre del 2023, mediante correo electrónico, se envió el oficio DRRSCO-DARS-SR-1900-2023, donde se comunicó a los denunciantes el informe DRRSCO-DARS-SR-RS-DVC-1879-2023, indicado. Acota, que de igual manera se les ofreció a los denunciantes acercarse a la institución para que puedan dimensionar la problemática, a su vez se les dispuso a disposición los expedientes para que fueran fotocopiados. Apunta, que posterior a la notificación mediante correo electrónico no existió ningún acercamiento por parte de los denunciantes, ni consulta adicional del asunto.  Sintetiza, que el Ministerio de Salud ha realizado acciones con el fin de atender lo denunciado por los amparados, les ha informado de lo actuado, se les  ofrecido un acercamiento con el fin de dimensionar la problemática denunciada y se ha dispuesto los expedientes para su revisión. Recalca, que la problemática de la inadecuada disposición de aguas residuales en el Cantón de San Ramon es comunal y compleja, prueba de ello que la denuncia de los amparados corresponde a un asunto que se está atendiendo desde el año 2022, y que actualmente continúa realizando acciones, sin lograr finiquitar la resolución de la situación sanitaria. Considera que no se ha lesionado derecho fundamental alguno y solicita que se declare sin lugar el recurso.

 5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.             

  Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

 Considerando:

 I.- Objeto del recurso. La parte recurrente manifiesta, que desde el 28 de setiembre del 2023, se presentó una denuncia ante la Municipalidad y el Ministerio de Salud por el inadecuado vertimiento de aguas residuales (jabonosas y negras) en una acequia. Agrega, que pese a que dichos entes realizaron las inspecciones correspondientes y verificaron el problema, a la fecha no han actuado conforme a sus competencias, y no han puesto fin a la contaminación sanitaria..  

 II.- Aclaración previa. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la Sentencia Nº 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos razonablemente pautados para resolver las solicitudes planteadas por los administrados a la luz de lo dispuesto por el artículo 41, de la Constitución Política. En el caso concreto, se plantea un supuesto de excepción, pues, se plantea la supuesta falta de resolución de una solicitud para que se solucione un problema de vertedero de aguas negras a una acequia y que provoca malos olores que supuestamente afectan a los recurrentes y a su comunidad, lo que pone en peligro la vida y salud. Atendiendo a lo expuesto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este recurso.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

A.- En cuanto a la Municipalidad de San Ramón:

a)    El 28 de septiembre del 2023, los recurrentes presentaron una denuncia sanitaria ante el Departamento de Servicios Ambientales por la descarga y malos olores de aguas residuales por medio del acueducto a una acequia ubicada en el distrito de San Juan de San Ramón, ruta 702, entre Calle Aníbal y Calle El Colegio, 200 metros oeste del Liceo nuestra Señora de los Ángeles y la Escuela de Atención Primaria Los Jardines, por lo que pidieron una inspección y la atención del problema (ver copia de la denuncia con sello y firma de recibido). 

b)    El 06 de octubre del 2023, el Departamento de Servicios Ambientales realizó la inspección en el sitio denunciado por los quejosos (ver informe de la autoridad recurrida y copia del contenido del oficio N°MSR-AM-GM-DDU-SMA-263-2023, de fecha 09 de octubre de 2023). 

c)     El 10 octubre del 2023, el encargado de Servicios Ambientales comunicó a la parte recurrente, el resultado de la inspección, en la que se comprobó,  entre otros, que las aguas que discurren por el canal presentan una coloración grisácea, característico de la presencia de aguas residuales, así como los trabajos realizados para mejorar la condición de la acequia, tales como limpieza de maleza y del cauce para extraer los residuos sólidos allí depositados. Además se indicó, que la identificación de las fuentes que descargan estas aguas ilegalmente al sistema colector de aguas pluviales, requerirán de una intervención e investigación especial junto con el Ministerio de Salud, por lo que se realizarán las coordinaciones necesarias para diseñar una propuesta para la atención de la problemática (ver copia del oficio N°MSR-AM-GM-DDU-SMA-263-2023, de fecha 09 de octubre de 2023 y del correo electrónico).

d)    El 10 de octubre de 2023, el Área de Servicios Ambientales gestionó ante las autoridades del Ministerio de Salud una reunión con el objetivo de establecer una estructura de colaboración que permita diseñar un plan de acción conjunto entre ambas instituciones para abordar el problema de contaminación que presenta la acequia denunciada por contaminación por aguas residuales, la cual se ve reflejada en la coloración, olor que presentan y despiden las aguas (ver informe de la autoridad recurrida, copia del oficio MSR-AM-GM-DDU-SMA-278-2023 y correo electrónico).

e)     El 30 de octubre de 2023, la autoridad recurrida comunicó a la parte recurrente el supra indicado oficio MSR-AM-GM-DDU-SMA-278-2023, en seguimiento a la denuncia  planteada (ver copia del correo electrónico).

f)      La primera reunión interinstitucional se convocó para el 10 de noviembre de 2023, pero la misma fue suspendida por el Ministerio de Salud y a la fecha, no se tiene previsto una nueva convocatoria (ver informe de la autoridad recurrida y copia del oficio MSR-AM-GM-DDU-SMA-324-2023).

g)    El 18 de diciembre de 2023, la autoridad recurrida fue notificada de la resolución que dio curso al presente recurso (ver acta de notificación).

B.- En relación con el Ministerio de Salud:

a)    El 28 de septiembre del 2023, los recurrentes presentaron una denuncia sanitaria ante Área de Salud  de San Ramón por una aparente inadecuada disposición de aguas residuales y malos olores, en la acequia ubicada en el distrito de San Juan de San Ramón, ruta 702, entre Calle Aníbal y Calle El Colegio, 200 metros oeste del Liceo nuestra Señora de los Ángeles y la Escuela de Atención Primaria Los Jardines, a la cual se le asignó el N° D-SR-291-2023 (ver copia del formulario, de la queja con sello y firma de recibido y boleta de comprobante de denuncia).

b)    El 20 de octubre de 2023, se realizó la inspección in situ y se verificó que sobre el cordón pluvial de la ruta 702, discurren aguas que podrían provenir de un mal manejo en la disposición de las aguas residuales de las viviendas aledañas a la zona que conectan con una acequia fluvial. (ver copia del informe DRRSCO-DARS-SR-RS-DVC-1879-2023).

c)     El 27 de octubre 2023, se generó el informe DRRSCO-DARS-SR-RS-DVC-1879-2023, dirigido al Director del área de Salud de San Ramón, en el cual el inspector hizo referencia a la visita al lugar denunciado,  se señaló que el mismo corresponde a dos caseríos cercanos, de unas cuarenta viviendas  y se evidenció un mal manejo de las aguas residuales, siendo que esa situación ya estaba siendo atendida desde el año 2022, y dado la magnitud del problema, al día de hoy se mantenía su atención. Se agregó, que en aplicación al principio de celeridad y economía procesal, se incorporó la denuncia D-SR-291-2023, al trámite que se está llevando para el mejoramiento de la acequia.  Se recomendó informar  a los denunciantes que se acerquen y concretar una visita de campo con un recorrido por la acequia para que puedan dimensionar la problemática y las acciones desarrolladas (ver copia del informe DRRSCO-DARS-SR-RS-DVC-1879-2023, aportado por las partes).

d)    El 01 de noviembre del 2023, mediante correo electrónico, se envió a los denunciantes el oficio DRRSCO-DARS-SR-1900-2023, el cual se refiere al informe DRRSCO-DARS-SR-RS-DVC-1879-2023, y se les ofreció acercarse a la institución para que puedan dimensionar la problemática, a su vez se les puso a disposición los expedientes para que fueran fotocopiados (ver informe de la autoridad recurrida, copia del oficio aportado por las partes  y correo electrónico).

e)     A la fecha, no ha habido ningún acercamiento por parte de los denunciantes, ni consulta adicional del asunto (ver informe de la autoridad recurrida).

f)      El 19 de diciembre de 2023, la autoridad recurrida fue notificada de la resolución que dio curso al presente recurso (ver acta de notificación).

 IV.- Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:

 Único. Que a la fecha, la problemática denunciada por los recurrentes haya sido resuelta y comunicado lo correspondiente a los denunciantes.

V.- Sobre el fondo.  La Constitución Política, en el artículo 21, consagra la inviolabilidad de la vida humana, del cual se desprende el derecho a la salud y que, sin duda alguna, el mismo se encuentra íntimamente ligado al derecho de todas las personas a vivir en un ambiente sano y equilibrado, que contempla el artículo 50, constitucional. Frente a ese derecho surge para el Estado, la obligación de procurar una protección oportuna y adecuada a dichos derechos, a través de diversos entes y órganos, cada uno dentro del marco de sus respectivas competencias. Del estudio de los autos, y a partir de la relación de hechos probados, se tiene por acreditado, que  desde el 28 de septiembre de 2023, la parte recurrente presentó, respectivamente, ante la Municipalidad y el Área de Salud, ambos del cantón de San Ramón una denuncia por una inadecuada disposición de aguas residuales a una acequia, dado la supuesta presencia de aguas negras y servidas, siendo que a la fecha,  pese que ha trascurrido cuatro meses desde entonces, el problema no ha sido resuelto. Al respecto, se analizará cada de una de las actuaciones efectuadas en ese sentido por las autoridades recurridas.

VI.- En cuanto a la Municipalidad de San Ramón. Es de mérito indicar, que corresponde a las municipalidades la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 169, de la Constitución Política. De ahí se deriva la competencia de las municipalidades para planificar y vigilar el desarrollo urbano de su localidad. Esto incluye, el deber de establecer una política integral de planeamiento, que garantice un desarrollo urbano en congruencia con el funcionamiento eficiente de un sistema de provisión de agua potable y de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Igualmente, de lo anterior se deriva la obligación de adoptar las medidas requeridas para proveer al cantón de un adecuado sistema de alcantarillado pluvial, a fin garantizar a sus habitantes el derecho a la salud y a un ambiente libre de contaminación. En cuanto al tema específico de las obligaciones municipales en materia de alcantarillado pluvial, en Sentencia N°2008-04210, de las 13:59 horas del 14 de marzo de 2008, reiterada en la N° 2022000421, de las 09:15 horas del 07 de enero de 2022, esta Sala señaló:

“(…) Este Tribunal en jurisprudencia reiterada ha reconocido que el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho fundamental que deriva del artículo 50 Constitucional, según el cual, no sólo consagra el derecho de todo ciudadano a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sino que además obliga al Estado a garantizar el ejercicio de dicho derecho, mediante los medios establecidos al efecto por la legislación vigente. Concretamente, tal como lo ha dicho esta Sala en la sentencia número 2005-009900 de las diez horas del veintinueve de julio del dos mil cinco debe la Municipalidad construir la infraestructura necesaria para hacer discurrir adecuadamente las aguas, para así garantizar el derecho a la salud y a un ambiente libre de contaminación y sin perjudicar a terceros: “(…) Sobre las obligaciones municipales en materia de alcantarillado pluvial.- Es conveniente tomar en cuenta que el artículo 169 de la Constitución Política establece que la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal. Los intereses y servicios locales han sido definidos por la Sala como conceptos jurídicos indeterminados donde la ley no resuelve con exactitud su contenido para su aplicación a casos concretos, por lo que resulta necesario acudir a criterios de valor y de experiencia, por parte de quien le corresponde aplicarlo, para determinar su contenido. La creación de medios de drenaje adecuados dentro de una comunidad a efectos de no causar daños a la propiedad, a la salud ni problemas de ambientales a sus vecinos es, dentro de los términos indicados por la Constitución Política, de interés del cantón y es parte de los servicios que la Municipalidad está en la obligación de brindar (…) Por tal motivo, la Municipalidad de Goicoechea, está obligada a asumir un determinado comportamiento para la satisfacción de sus fines, tomando las medidas requeridas para proveer a la comunidad amparada, de un sistema eficiente de drenaje de las aguas pluviales. Ajustado a criterios de razonabilidad debe la Municipalidad construir la infraestructura necesaria para hacer discurrir adecuadamente esas aguas, para así garantizar el derecho a la salud y a un ambiente libre de contaminación y sin perjudicar a terceros”. 

En el caso bajo estudio, desde el 06 de octubre de 2023, la autoridad recurrida comprobó, que las aguas que discurren por el alcantarillado denunciado y desembocan en una acequia presentan una coloración grisácea, característico de la presencia de aguas residuales, y que la identificación de las fuentes que descargan aguas ilegalmente al sistema colector de aguas pluviales, requieren de una intervención e investigación especial junto con el Ministerio de Salud, por lo que realizaron las coordinaciones necesarias para diseñar una propuesta para la atención de esta problemática. No obstante, han transcurrido cuatro meses y no han efectuado acto alguno para solucionar dicha situación. Nótese, que lo último que se hizo en relación con este caso, fue  convocar a una reunión con funcionarios del Ministerio de Salud, la cual fue anulada y posterior a ello, no se desprende alguna actuación ya sea de manera individual o conjunta dirigida a solucionar el problema. De tal manera que, pese a que la Municipalidad recurrida ha tenido pleno conocimiento de los  inconvenientes que afectan a los recurrentes y demás vecinos, ha omitido brindar una solución al grave problema que representa el desfogue de aguas negras a una acequia, por lo que impone la estimatoria de este extremo del recurso, con las consecuencias que se detallan en la parte dispositiva de esta resolución. 

VII.- En cuanto al Ministerio de Salud. En el sublite, la Sala tiene por demostrado, que una vez recibida la queja presentada por los recurrentes en el mes de setiembre de 2023, el 20 de octubre de ese año, realizó una visita al sitio y constató, que efectivamente, sobre el cordón pluvial de la ruta 702, discurren aguas que podrían provenir de un mal manejo en la disposición de las aguas residuales de las viviendas aledañas a la zona, las cuales conectan con una acequia. Se advierte, que la autoridad recurrida tiene conocimiento de dicho problema desde el año 2022, y pese a ello, lo que hizo fue acumular la denuncia de los recurrentes al expediente principal, siendo que posterior a la notificación del informe confeccionado a razón de la inspección, no le consta a la Sala, que haya efectuado o dictado algún acto administrativo con el fin de realizar la investigación respectiva, realizar los análisis correspondientes y si fuera el caso, girar las órdenes sanitarias. Es decir, que desde hace más de dos meses, el expediente se encuentra inactivo siendo que se evidencia un desinterés en resolver la problemática denunciada. Nótese, que tan es así, que tampoco ha coordinado una reunión con los personeros de la Municipalidad de San Ramón para evaluar una solución en conjunto. En ese sentido, la Ley General de Salud, dispone en el artículo 355, que le corresponde al Ministerio de Salud  ordenar y tomar las medidas especiales que habilita la ley para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas o que éstos se difundan o se agraven y para inhibir la continuación o reincidencia en la perpetración de infracciones legales o reglamentarias que atenten contra la salud de las persona. Así las cosas, se constata que ha transcurrido cuatro meses aproximadamente, desde que la parte recurrente interpuso la denuncia, y a la fecha no ha recibido una resolución al respecto, pese a que la Municipalidad de San Ramón, les advirtió de la situación y los inconvenientes que ello está generando a la salud de los vecinos. Se advierte, que la labor rectora del Ministerio de Salud no termina solo con una  inspección del sitio denunciado, sino con el dictado de órdenes sanitarias, la notificación a la persona infractora y la obligación de verificar que las disposiciones ordenadas se cumplan a cabalidad, disponiendo para ello de los mecanismos que el ordenamiento jurídico le confiere para tales efectos. De modo, que resulta inaceptable, desde la óptica del Derecho Constitucional, que a la fecha no se haya resuelto la queja de los recurrentes ni dictado los actos pertinentes para solventar la problemática que aqueja a los vecinos, por lo cual se acredita la alegada lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada y de la comunidad. 

VIII.-  Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

IX.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa que las autoridades recurridas no han resuelto una denuncia por un inadecuado desfogue de aguas y un mal manejo de residuos provenientes de una cuartería, lo que provoca un peligro para la salud de la parte recurrente, y también, una amenaza al derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

 X.-  VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le dé solución por parte de la Municipalidad de San Ramón y el Ministerio de Salud a la problemática denunciada por los recurrentes por la acusada disposición de aguas residuales en una acequia. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código. 

 XI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

  Se  declara con lugar el recurso. Se ordena a Nixon Gerardo Ureña Guillén, Allan Francisco Artavia Jiménez, y Hermelink Johan Chinchilla Corrales, en su condición respectiva de Alcalde Municipal, Coordinador del Área de Recursos Naturales  y  Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de San Ramón, así como a Eney Solís Soto, en su condición de Director Regional a.i. de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente del Ministerio de Salud, o a quienes ocupen dichos cargos, que de forma inmediata tomen las medidas correspondientes en el ámbito de sus competencias, y  brinden seguimiento a la denuncia presentada por la parte recurrente. Asimismo, dentro del plazo de SEIS MESES, a partir de la notificación de esta sentencia, deberán haber solucionado el problema, resuelto la queja interpuesta y comunicado a los recurrentes lo correspondiente. Se advierte a los recurridos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de San Ramón al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.  Los magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado consignan notas, de manera separada. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo.  -

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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EXPEDIENTE N° 23-030245-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 14:19:04.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**SALA CONSTITUCIONAL**

**Resolution No. 02523 - 2024**

**Date of Resolution:** February 02, 2024 at 09:15

**Case File:** 23-030245-0007-CO

**Drafted by:** Luis Fdo. Salazar Alvarado

**Type of matter:** Amparo appeal

**Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL

**Judgment with Dissenting Vote**

**Judgment with Separate Note**

**Relevance Indicators**

Relevant judgment

Judgment with protected data, in accordance with current regulations

**Content of Interest:**

**Strategic Topics:** Environmental, Economic, Social, Cultural and Environmental Rights

**Type of content:** Majority Vote

**Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS

**Topic:** ENVIRONMENT

**Subtopics:**

WATERS.
SEWERAGE.

**Topic:** MUNICIPALITY

**Subtopics:**

SEWERAGE.

002523-24. ENVIRONMENT. MUNICIPALITY. THE INADEQUATE DISCHARGE OF WASTEWATER (SOAPY AND BLACK) INTO AN IRRIGATION DITCH IN THE DISTRICT OF SAN JUAN, ROUTE 702, IS DENOUNCED BEFORE THE AUTHORITIES. THE MUNICIPAL MAYOR, THE COORDINATOR OF THE NATURAL RESOURCES AREA, AND THE PRESIDENT OF THE MUNICIPAL COUNCIL, ALL OF THE MUNICIPALITY OF SAN RAMÓN, AS WELL AS THE ACTING REGIONAL DIRECTOR OF THE REGIONAL DIRECTORATE OF HEALTH GOVERNANCE CENTRAL OCCIDENT OF THE MINISTRY OF HEALTH, ARE ORDERED TO IMMEDIATELY TAKE THE CORRESPONDING MEASURES WITHIN THE SCOPE OF THEIR COMPETENCIES, AND TO FOLLOW UP ON THE COMPLAINT FILED BY THE APPELLANTS. LIKEWISE, WITHIN A PERIOD OF SIX MONTHS FROM THE NOTIFICATION OF THIS JUDGMENT, THEY MUST HAVE SOLVED THE PROBLEM, RESOLVED THE FILED COMPLAINT, AND COMMUNICATED THE CORRESPONDING INFORMATION TO THE APPELLANTS. VCG02/2024

“(…) V.- On the merits. The Political Constitution, in Article 21, enshrines the inviolability of human life, from which the right to health is derived and which, without any doubt, is intimately linked to the right of all persons to live in a healthy and balanced environment, as contemplated in Article 50 of the Constitution. Against this right, the State has the obligation to provide timely and adequate protection to these rights, through various entities and bodies, each within the framework of their respective competences. From the study of the proceedings, and based on the list of proven facts, it is established that since September 28, 2023, the appellants filed a complaint, respectively, before the Municipality and the Health Area, both of the canton of San Ramón, for an inadequate disposal of wastewater into an irrigation ditch (acequia), given the alleged presence of black and grey water, and to date, even though four months have elapsed since then, the problem has not been resolved. In this regard, each of the actions taken in this sense by the respondent authorities will be analyzed.

VI.- Regarding the Municipality of San Ramón. It is worth noting that the administration of local interests and services in each canton corresponds to the municipalities, in accordance with the provisions of Article 169 of the Political Constitution. From this derives the competence of the municipalities to plan and monitor the urban development of their locality. This includes the duty to establish a comprehensive planning policy that guarantees urban development congruent with the efficient operation of a system for supplying potable water and for the collection, treatment, and final disposal of wastewater. Equally, from the foregoing derives the obligation to adopt the measures required to provide the canton with an adequate storm sewer (alcantarillado pluvial) system, in order to guarantee its inhabitants the right to health and to an environment free from contamination. Regarding the specific issue of municipal obligations concerning storm sewers (alcantarillado pluvial), in Judgment No. 2008-04210, of 1:59 p.m. on March 14, 2008, reiterated in No. 2022000421, of 9:15 a.m. on January 7, 2022, this Chamber stated:

“(…) This Tribunal, in reiterated jurisprudence, has recognized that the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment is a fundamental right derived from Article 50 of the Constitution, according to which, it not only enshrines the right of every citizen to enjoy a healthy and ecologically balanced environment but also obliges the State to guarantee the exercise of this right, through the means established for this purpose by current legislation. Specifically, as this Chamber stated in judgment number 2005-009900 at ten o'clock on July twenty-ninth, two thousand five, the Municipality must build the necessary infrastructure to allow waters to flow adequately, in order to guarantee the right to health and to an environment free from contamination and without harming third parties: “(…) Regarding municipal obligations concerning storm sewers (alcantarillado pluvial).- It is advisable to take into account that Article 169 of the Political Constitution establishes that the administration of local interests and services in each canton shall be the responsibility of the Municipal Government. Local interests and services have been defined by the Chamber as indeterminate legal concepts where the law does not precisely resolve their content for their application to specific cases, making it necessary to resort to criteria of value and experience, on the part of whoever must apply them, to determine their content. The creation of adequate drainage means within a community for the purpose of not causing damage to property, health, or environmental problems to its neighbors is, within the terms indicated by the Political Constitution, of interest to the canton and is part of the services that the Municipality is obligated to provide (…) For this reason, the Municipality of Goicoechea is obliged to assume a certain behavior for the satisfaction of its purposes, taking the required measures to provide the protected community with an efficient rainwater drainage system. Adjusted to reasonableness criteria, the Municipality must build the necessary infrastructure to make these waters flow adequately, in order to guarantee the right to health and to an environment free from contamination and without harming third parties.”

In the case under study, since October 06, 2023, the respondent authority verified that the waters flowing through the denounced sewer (alcantarillado) and emptying into an irrigation ditch (acequia) exhibit a grayish coloration, characteristic of the presence of wastewater, and that the identification of the sources illegally discharging water into the storm sewer (aguas pluviales) collector system requires a special intervention and investigation together with the Ministry of Health, for which they made the necessary arrangements to design a proposal for addressing this problem. However, four months have passed and they have not taken any action to resolve this situation. Note that the last thing done in relation to this case was to call a meeting with officials from the Ministry of Health, which was canceled, and subsequent to that, no action, whether individual or joint, aimed at solving the problem is evident. Thus, even though the respondent Municipality has had full knowledge of the inconveniences affecting the appellants and other neighbors, it has omitted to provide a solution to the serious problem represented by the discharge of black water into an irrigation ditch (acequia), which requires the granting of this part of the appeal, with the consequences detailed in the operative part of this resolution.

VII.- Regarding the Ministry of Health. In the case at hand, the Chamber deems it proven that, once the complaint filed by the appellants in the month of September 2023 was received, on October 20 of that year, it conducted a site visit and confirmed that, indeed, waters flow over the stormwater curb (cordón pluvial) of route 702, which could originate from poor management in the disposal of wastewater from the dwellings adjacent to the area, which connect to an irrigation ditch (acequia). It is noted that the respondent authority has been aware of this problem since the year 2022, and despite this, what it did was add the appellants' complaint to the main case file, and after the notification of the report prepared following the inspection, there is no evidence before the Chamber that it has carried out or issued any administrative act for the purpose of conducting the respective investigation, performing the corresponding analyses, and, if applicable, issuing health orders. That is, for more than two months, the file has been inactive, evidencing a lack of interest in resolving the denounced problem. Note that this is so much the case that it has also not coordinated a meeting with the representatives of the Municipality of San Ramón to evaluate a joint solution. In that sense, the General Health Law provides in Article 355 that it is incumbent upon the Ministry of Health to order and take the special measures authorized by law to prevent risk or harm to the health of persons or to prevent them from spreading or worsening, and to inhibit the continuation or recurrence of the perpetration of legal or regulatory infractions that threaten the health of persons. Thus, it is confirmed that approximately four months have passed since the appellants filed the complaint, and to date they have not received a resolution in this regard, even though the Municipality of San Ramón warned them of the situation and the inconveniences this is generating for the health of the neighbors. It is noted that the governing role of the Ministry of Health does not end with just an inspection of the denounced site, but with the issuance of health orders, the notification to the violating person, and the obligation to verify that the ordered provisions are fully complied with, having available for this purpose the mechanisms that the legal system confers for such effects. Therefore, it is unacceptable, from the perspective of Constitutional Law, that to date the complaint of the appellants has not been resolved nor the pertinent acts issued to solve the problem afflicting the neighbors, thereby accrediting the alleged violation of the fundamental rights of the protected party and the community. (…)”

**... See more**
**Related Judgments**
**Content of Interest:**

**Type of content:** Separate Note

**Branch of Law:** 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

**Topic:** 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice

**Subtopics:**

NOT APPLICABLE.

VIII.- Note of Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported the thesis of this Tribunal that when a citizen alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, the appropriate bodies to hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulations do not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, as, based on numeral 7 of its Law, it is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which are admissible to be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in all other cases, and for the reasons given by this Tribunal (Judgment No. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent authorities are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VCG02/2024

**... See more**
**Content of Interest:**

**Type of content:** Separate Note

**Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS

**Topic:** ENVIRONMENT

**Subtopics:**

WATERS.
SEWERAGE.

IX.- NOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the criterion of the undersigned that if the Public Administration has already intervened, the knowledge and resolution of the matter correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the case when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from contamination (Article 50 of the Political Constitution), as occurs in this case, in which it is alleged that the respondent authorities have not resolved a complaint regarding an inadequate water discharge and poor waste management from a tenement house (cuartería), which causes a danger to the health of the appellants and also a threat to the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified quality of life.

VCG02/2024

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**Content of Interest:**

**Type of content:** Dissenting Vote

**Branch of Law:** 6. LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE

**Topic:** 056- Execution of judgments

**Subtopics:**

NOT APPLICABLE.

X.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. While I agree with the majority of the Chamber that the appeal should be granted, I differ on where to locate the enforcement phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided for by the rules governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, as is the case here, so that within a period of six months from the notification of this judgment, the Municipality of San Ramón and the Ministry of Health must provide a solution to the problem denounced by the appellants regarding the alleged disposal of wastewater in an irrigation ditch (acequia). In contrast, the provisions of the Contentious-Administrative Procedure Code regarding enforcement (Article 155 et seq.) have obvious advantages, such as the possibility of requesting timelines, imposing fines, establishing responsibilities, supervising compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I believe that the enforcement phase should be conducted before the Enforcement Area of the Contentious Administrative and Civil Treasury Court, under the judgment enforcement rules of said Code.

VCG02/2024

**... See more**
**Text of the resolution**

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Exp: 23-030245-0007-CO

Res. No. 2024002523

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine fifteen on February two, two thousand twenty-four.

Amparo appeal processed in case file number 23-030245-007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], and [Name 002], identity card [Value 002], against the MINISTRY OF HEALTH and the MUNICIPALITY OF SAN RAMÓN DE ALAJUELA.

Resultando:

1.- By written submission filed with the Secretariat of the Chamber and added to the case file at 10:01 a.m. on December 06, 2023, the appellant files an amparo appeal against the MINISTRY OF HEALTH and the MUNICIPALITY OF SAN RAMÓN DE ALAJUELA. They state, in summary, that on September 28, 2023, they appeared at the Environmental Affairs offices of the Municipality of San Ramón, in order to file an environmental complaint regarding the inadequate discharge of wastewater (soapy and black) into an irrigation ditch (acequia) through parallel pipes in the canton of San Ramón de Alajuela, specifically in the district of San Juan, route 702, between Calle Aníbal and Calle El Colegio, 200 meters west of the Liceo Nuestra Señora de los Ángeles and the Escuela de Atención Primaria Los Jardines. They assert that on October 10, 2023, the Municipality responded to the complaint, indicating that it conducted an on-site visit and an assessment of the stormwater ditch (acequia pluvial), accepting that they had only placed culverts to improve the flow of rainwater (aguas pluviales) in the area, and a grayish coloration was noticeable in the waters, which denoted the presence of wastewater in said irrigation ditch (acequia). They state that the Municipality admitted to the facts, and has performed work to improve the situation, such as the collection of solid waste; however, as a contamination persists that said corporation cannot handle on its own, it requested the help of the Ministry of Health to develop a work plan. They claim that to date, the respondent Municipality has done nothing more than fence off access to the place where the evidentiary photos of the denounced fact were taken, thereby limiting the ability of the complainants to see if they have taken the corresponding actions and measures to solve the denounced environmental problem. On the other hand, they point out that on the same September 28, 2023, they also appeared before the Health Governing Area of San Ramón of the Ministry of Health and filed the same complaint regarding the same case of contamination of the irrigation ditch (acequia) by residual, grey, and black water. They state that on November 1, 2023, the Ministry of Health issued a response regarding the complaint made, indicating that they admit to the facts, since, upon conducting an on-site visit, it was confirmed that, indeed, there is irregular management of wastewater in the irrigation ditch (acequia) and it was even indicated that it is part of a larger problem that has been addressed since the year 2022, and that has only resulted in the issuance of health orders, with only sixteen of the seventy-nine dwellings that are part of the problem presenting a corrective action plan. They state that the Ministry of Health chose to add the complaint made to those already assessed in 2022. They consider that the Ministry of Health's own response demonstrates a clear violation of the principle of celerity, as a year has been spent working on the exposed problem, which, according to what is mentioned in the same response, is a community problem. They claim that to date this ministry has also not taken actions to improve the denounced problem. They reiterate that both the Municipality of San Ramón and the Ministry of Health have not acted in accordance with their competences, so the denounced environmental problem continues. They consider their fundamental rights violated. They request that the appeal be granted and the respondent authorities be ordered to resolve the denounced problem comprehensively as soon as possible.

2.- By resolution at 10:33 a.m. on December 14, 2023, this appeal was accepted for processing.

3.- Nixon Gerardo Ureña Guillén, Allan Francisco Artavia Jiménez, and Hermelink Johan Chinchilla Corrales, in their respective capacities as Municipal Mayor, Coordinator of the Natural Resources Area, and President of the Municipal Council, all of the Municipality of San Ramón, report under oath that on September 28, 2023, the Department of Environmental Services received a complaint filed by Mr. [Name 001] and Mr. [Name 002], who refer to a discharge of wastewater through parallel pipes, in an irrigation ditch (acequia) located in the district of San Juan de San Ramón, route 702, between Calle Aníbal and Calle El Colegio, 200 meters west of the Liceo Nuestra Señora de los Ángeles and the Escuela de Atención Primaria Los Jardines, and request an inspection and attention to the problem. They report that on October 06, 2023, the Department of Environmental Services scheduled an inspection of the irrigation ditch (acequia). They state that on October 10, 2023, the results of this inspection were communicated to the appellants at the email address indicated by them for notifications, through official letter number MSR-AM-GM-DDU-SMA-263-2023 dated October 09, 2023. They note that due to the complexity of the contamination problem occurring in the irrigation ditch (acequia), on October 30, 2023, the Environmental Services Area issued a request for a meeting to the Ministry of Health with the objective of establishing a collaboration structure to design a joint action plan between both institutions to effectively address the identified problem. They mention that on October 30, 2023, through official letter MSR-AM-GM-DDU-SMA-278-2023, they requested a meeting with the MINSA, with the purpose of establishing a work structure that allows designing an action plan between both institutions to address the problem. They add that a first meeting had been scheduled for November 10 of the current year, but it was suspended by the Ministry of Health and to date no new meeting invitation has been received from that institution. They emphasize that to address the situation, it is essential to identify the dwellings or commercial establishments that could be releasing wastewater into the stormwater drainage system (drenaje pluvial) and to locate the possible sources of contamination, it is imperative to have the cooperation of the Ministry of Health, since said institution possesses the necessary resources and methods to identify the generators through the use of dyes; otherwise, the Municipality cannot take the necessary actions. They request that the appeal be dismissed in relation to the Municipality.

4.- Eney Solís Soto, in his capacity as Acting Regional Director of the Regional Directorate of Health Governance Central Occident of the Ministry of Health, reports under oath that on September 28, 2023, complaint D-SR-291-2023 was filed for an apparent inadequate disposal of wastewater in the community of San Juan. He adds that on October 27, 2023, report DRRSCO-DARS-SR-RS-DVC-1879-2023 was generated, which referred to the visit to the denounced site, and that this same situation is already being addressed by his represented entity since the year 2022, and given the magnitude of the problem, its attention is ongoing to date. He explains that the receiving body of the wastewater is the same one that has already been addressed, and corresponds to two nearby hamlets, so in principle it is the same situation, which is not individual but communal. He adds that in application of the principle of celerity and procedural economy, complaint D-SR-291-2023 was incorporated into the procedure being carried out for the improvement of the irrigation ditch (acequia). He adds that in the cited report, a response was given to the claims of the complainants, and similarly, they were informed of the availability to approach so they could arrange a field visit with a tour of the irrigation ditch (acequia) and information so they can grasp the scope of the problem and the actions taken. He mentions that on November 01, 2023, via email, official letter DRRSCO-DARS-SR-1900-2023 was sent, communicating to the complainants the indicated report DRRSCO-DARS-SR-RS-DVC-1879-2023. He notes that the complainants were likewise offered the opportunity to approach the institution so they can grasp the scope of the problem, and at the same time, the files were made available to them for photocopying. He points out that after the notification via email, there was no approach by the complainants, nor any additional inquiry on the matter. He summarizes that the Ministry of Health has taken actions to address what was denounced by the protected parties, has informed them of what has been done, an approach has been offered to them to grasp the scope of the denounced problem, and the files have been made available for their review. He stresses that the problem of inadequate wastewater disposal in the Canton of San Ramón is communal and complex, proof of which is that the complaint of the protected parties corresponds to an issue that has been addressed since 2022, and actions are still ongoing, without being able to finalize the resolution of the sanitary situation. He considers that no fundamental right has been violated and requests that the appeal be dismissed.

5.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,

Considerando:

I.- Object of the appeal. The appellants state that since September 28, 2023, a complaint was filed before the Municipality and the Ministry of Health for the inadequate discharge of wastewater (soapy and black) into an irrigation ditch (acequia). They add that despite the fact that these entities conducted the corresponding inspections and verified the problem, to date they have not acted in accordance with their competences, and have not put an end to the sanitary contamination..

II.- Preliminary clarification. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, based on Judgment No. 2008-02545 at 08:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction - with some exceptions - those matters in which it is discussed whether the Public Administration has complied or not with the reasonably established deadlines to resolve requests filed by the administered parties, in light of the provisions of Article 41 of the Political Constitution. In this specific case, an exception is raised, as it concerns the alleged failure to resolve a request to solve a problem of a black water dump into an irrigation ditch (acequia) that causes foul odors that allegedly affect the appellants and their community, endangering life and health. In view of the foregoing, we proceed to resolve the specific situation raised in this appeal.

III.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:

A.- Regarding the Municipality of San Ramón:

a) On September 28, 2023, the appellants filed a sanitary complaint before the Department of Environmental Services for the discharge and foul odors of wastewater through the aqueduct into an irrigation ditch (acequia) located in the district of San Juan de San Ramón, route 702, between Calle Aníbal and Calle El Colegio, 200 meters west of the Liceo Nuestra Señora de los Ángeles and the Escuela de Atención Primaria Los Jardines, for which they requested an inspection and attention to the problem (see copy of the complaint with receipt stamp and signature).

b) On October 06, 2023, the Department of Environmental Services conducted the inspection at the site denounced by the complainants (see report from the respondent authority and copy of the content of official letter No. MSR-AM-GM-DDU-SMA-263-2023, dated October 09, 2023).

c) On October 10, 2023, the person in charge of Environmental Services communicated to the appellants the result of the inspection, in which it was verified, among other things, that the waters flowing through the channel exhibit a grayish coloration, characteristic of the presence of wastewater, as well as the work carried out to improve the condition of the irrigation ditch (acequia), such as clearing weeds and cleaning the channel to extract the solid waste deposited there.

It was further indicated that identifying the sources that illegally discharge these waters into the stormwater collection system will require a special intervention and investigation together with the Ministry of Health, and therefore the necessary coordination will be carried out to design a proposal to address the problem (see copy of official letter No. MSR-AM-GM-DDU-SMA-263-2023, dated October 9, 2023, and the email).

d)    On October 10, 2023, the Environmental Services Area arranged a meeting with the authorities of the Ministry of Health with the objective of establishing a collaboration framework to design a joint action plan between both institutions to address the pollution problem affecting the irrigation ditch (acequia) reported for contamination by wastewater, which is reflected in the coloration and odor that the waters present and emit (see report of the respondent authority, copy of official letter MSR-AM-GM-DDU-SMA-278-2023, and email).

e)     On October 30, 2023, the respondent authority communicated the aforementioned official letter MSR-AM-GM-DDU-SMA-278-2023 to the petitioners, in follow-up to the complaint filed (see copy of the email).

f)      The first inter-institutional meeting was scheduled for November 10, 2023, but it was suspended by the Ministry of Health and, to date, no new meeting has been scheduled (see report of the respondent authority and copy of official letter MSR-AM-GM-DDU-SMA-324-2023).

g)    On December 18, 2023, the respondent authority was notified of the resolution admitting this appeal (see notice of notification).

B.- Regarding the Ministry of Health:

a)    On September 28, 2023, the petitioners filed a sanitary complaint before the San Ramón Health Area for an apparent inadequate disposal of wastewater and foul odors in the irrigation ditch (acequia) located in the district of San Juan de San Ramón, route 702, between Calle Aníbal and Calle El Colegio, 200 meters west of the Liceo Nuestra Señora de los Ángeles and the Escuela de Atención Primaria Los Jardines, to which case number D-SR-291-2023 was assigned (see copy of the form, the complaint with received stamp and signature, and the complaint receipt slip).

b)    On October 20, 2023, an on-site inspection was carried out and it was verified that waters flow over the stormwater curb of route 702 that could originate from poor management of wastewater disposal from houses adjacent to the area that connect to a fluvial irrigation ditch (acequia) (see copy of report DRRSCO-DARS-SR-RS-DVC-1879-2023).

c)     On October 27, 2023, report DRRSCO-DARS-SR-RS-DVC-1879-2023 was generated, addressed to the Director of the San Ramón Health Area, in which the inspector referred to the visit to the reported site, noted that it corresponds to two nearby hamlets (caseríos) of about forty houses, and evidenced poor management of wastewater, with that situation already having been under attention since 2022, and given the magnitude of the problem, its attention was ongoing to date. It was added that, applying the principle of celerity and procedural economy, complaint D-SR-291-2023 was incorporated into the proceeding being carried out for the improvement of the irrigation ditch (acequia). It was recommended to inform the complainants to come forward and arrange a field visit with a tour of the irrigation ditch (acequia) so that they can appreciate the scope of the problem and the actions taken (see copy of report DRRSCO-DARS-SR-RS-DVC-1879-2023, provided by the parties).

d)    On November 1, 2023, by email, official letter DRRSCO-DARS-SR-1900-2023 was sent to the complainants, which refers to report DRRSCO-DARS-SR-RS-DVC-1879-2023, and they were offered the opportunity to come to the institution so that they can appreciate the scope of the problem, and at the same time the case files were made available to them for photocopying (see report of the respondent authority, copy of the official letter provided by the parties, and email).

e)     To date, there has been no approach by the complainants, nor any additional inquiry on the matter (see report of the respondent authority).

f)      On December 19, 2023, the respondent authority was notified of the resolution admitting this appeal (see notice of notification).

 IV.- Facts not proven. The following facts of relevance to this resolution are not deemed demonstrated:

 Sole. That to date, the problem reported by the petitioners has been resolved and the corresponding communication made to the complainants.

V.- On the merits. The Political Constitution, in Article 21, enshrines the inviolability of human life, from which the right to health derives and which, without any doubt, is intimately linked to the right of all persons to live in a healthy and balanced environment, contemplated in Article 50 of the Constitution. In the face of that right, the State has the obligation to seek timely and adequate protection for said rights, through various entities and bodies, each within the framework of their respective competences. From the study of the case file, and based on the account of proven facts, it is established that since September 28, 2023, the petitioners filed, respectively, before the Municipality and the Health Area, both of the canton of San Ramón, a complaint regarding an inadequate disposal of wastewater into an irrigation ditch (acequia), given the alleged presence of black and gray water, and that to date, although four months have elapsed since then, the problem has not been resolved. In this regard, each of the actions taken by the respondent authorities in that sense will be analyzed.

VI.- Regarding the Municipality of San Ramón. It is worth noting that the administration of local interests and services in each canton corresponds to the municipalities, in accordance with Article 169 of the Political Constitution. From this derives the competence of the municipalities to plan and oversee the urban development of their locality. This includes the duty to establish a comprehensive planning policy that guarantees urban development consistent with the efficient operation of a system for the provision of potable water and for the collection, treatment, and final disposal of wastewater. Likewise, from the foregoing derives the obligation to adopt the necessary measures to provide the canton with an adequate storm sewer system (alcantarillado pluvial), in order to guarantee its inhabitants the right to health and to an environment free from pollution. Regarding the specific issue of municipal obligations in matters of storm sewers (alcantarillado pluvial), in Judgment No. 2008-04210, of 13:59 hours on March 14, 2008, reiterated in No. 2022000421, of 09:15 hours on January 7, 2022, this Chamber stated:

“(…) This Court in reiterated jurisprudence has recognized that the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment is a fundamental right deriving from Article 50 of the Constitution, according to which, it not only enshrines the right of every citizen to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, but also obliges the State to guarantee the exercise of said right, through the means established for that purpose by the legislation in force. Specifically, as this Chamber stated in judgment number 2005-009900 at ten o'clock on July twenty-ninth, two thousand five, the Municipality must build the necessary infrastructure to properly channel the waters, in order to guarantee the right to health and to an environment free from pollution and without harming third parties: “(…) On municipal obligations in matters of storm sewers (alcantarillado pluvial).- It is appropriate to take into account that Article 169 of the Political Constitution establishes that the administration of local interests and services in each canton shall be in charge of the Municipal Government. Local interests and services have been defined by the Chamber as indeterminate legal concepts where the law does not precisely resolve their content for application to specific cases, making it necessary to resort to value and experience criteria by whoever is responsible for applying them, to determine their content. The creation of adequate drainage means within a community for the purpose of not causing damage to property, health, or environmental problems to its neighbors is, within the terms indicated by the Political Constitution, of interest to the canton and is part of the services that the Municipality is obligated to provide (…) For this reason, the Municipality of Goicoechea is obligated to assume a certain behavior for the satisfaction of its purposes, taking the necessary measures to provide the protected community with an efficient system for the drainage of stormwater. In accordance with criteria of reasonableness, the Municipality must build the necessary infrastructure to properly channel those waters, in order to guarantee the right to health and to an environment free from pollution and without harming third parties”.

In the case under study, since October 6, 2023, the respondent authority verified that the waters flowing through the reported sewer and emptying into an irrigation ditch (acequia) present a grayish coloration, characteristic of the presence of wastewater, and that the identification of sources that illegally discharge waters into the stormwater collection system requires a special intervention and investigation together with the Ministry of Health, for which reason they carried out the necessary coordination to design a proposal to address this problem. However, four months have elapsed and they have not taken any action to resolve said situation. Note that the last thing done in relation to this case was to convene a meeting with officials of the Ministry of Health, which was canceled, and subsequent to that, no action is evident, either individually or jointly, aimed at solving the problem. Thus, despite the fact that the respondent Municipality has had full knowledge of the inconveniences affecting the petitioners and other neighbors, it has failed to provide a solution to the serious problem posed by the discharge of sewage into an irrigation ditch (acequia), and therefore the granting of this part of the appeal is mandated, with the consequences detailed in the operative part of this resolution.

VII.- Regarding the Ministry of Health. In the case at bar, the Chamber deems it demonstrated that, once the complaint filed by the petitioners in September 2023 was received, on October 20 of that year, it conducted a site visit and verified that, indeed, over the stormwater curb of route 702, waters flow that could originate from poor management of wastewater disposal from houses adjacent to the area, which connect to an irrigation ditch (acequia). It is noted that the respondent authority has been aware of said problem since 2022, and despite this, what it did was to consolidate the petitioners' complaint with the main case file, and subsequent to the notification of the report prepared as a result of the inspection, this Chamber has no evidence that it has carried out or issued any administrative act for the purpose of conducting the respective investigation, performing the corresponding analyses, and, if applicable, issuing sanitary orders. That is, for more than two months, the case file has been inactive, evidencing a lack of interest in resolving the reported problem. Note, so much so, that it has not even coordinated a meeting with the officials of the Municipality of San Ramón to evaluate a joint solution. In that regard, the General Health Law, in Article 355, provides that the Ministry of Health is responsible for ordering and taking the special measures authorized by law to prevent risk or damage to the health of persons or to prevent them from spreading or worsening, and to inhibit the continuation or recurrence of the perpetration of legal or regulatory infractions that threaten the health of persons. That being the case, it is confirmed that approximately four months have elapsed since the petitioners filed the complaint, and to date they have not received a resolution in that regard, despite the fact that the Municipality of San Ramón warned them of the situation and the inconveniences it is causing to the health of the neighbors. It is noted that the governing role of the Ministry of Health does not end merely with an inspection of the reported site, but with the issuance of sanitary orders, the notification to the offending party, and the obligation to verify that the ordered provisions are fully complied with, having for that purpose the mechanisms that the legal system grants it for such effects. Thus, it is unacceptable, from the perspective of Constitutional Law, that to date the petitioners' complaint has not been resolved nor the pertinent acts issued to solve the problem afflicting the neighbors, thereby confirming the alleged violation of the fundamental rights of the protected party and the community.

VIII.-  Note of Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported this Tribunal's thesis that when a party alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo appeal (recurso de amparo) established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, and it is exclusively up to it, based on numeral 7 of its Law, to define its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which do properly fall under this jurisdiction through the constitutional amparo protection process, in all other cases, and for the reasons given by this Tribunal (judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

IX.- NOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the undersigned's criterion that if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from pollution (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, where it is alleged that the respondent authorities have not resolved a complaint regarding an inadequate discharge of water and poor management of waste from a fourplex (cuartería), which poses a danger to the health of the petitioners, and also a threat to the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.

 X.-  PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Although I agree with the majority of the Chamber that the appeal should be granted, I differ regarding where to place the execution phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided for by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment involving highly complex technical aspects, as is the case here, so that within a period of six months, counted from the notification of this judgment, the Municipality of San Ramón and the Ministry of Health provide a solution to the problem reported by the petitioners concerning the alleged disposal of wastewater into an irrigation ditch (acequia). Instead, the provisions of the Contentious-Administrative Procedure Code regarding execution (Article 155 and following) have clear advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, assigning responsibilities, overseeing compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I consider that the execution phase must be carried out before the Execution Area of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the judgment execution rules of said Code.

 XI.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, should they have submitted any paper document, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology device, these must be withdrawn from the court office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulation on Electronic Case Files before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in Session No. 27-11, of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore:

 The appeal is granted. Nixon Gerardo Ureña Guillén, Allan Francisco Artavia Jiménez, and Hermelink Johan Chinchilla Corrales, in their respective capacities as Municipal Mayor, Coordinator of the Natural Resources Area, and President of the Municipal Council, all of the Municipality of San Ramón, as well as Eney Solís Soto, in his capacity as Acting Regional Director of the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente of the Ministry of Health, or whomever holds said positions, are ordered to immediately take the corresponding measures within the scope of their competences, and to follow up on the complaint filed by the petitioners. Likewise, within a period of SIX MONTHS, from the notification of this judgment, they must have solved the problem, resolved the filed complaint, and communicated the outcome to the petitioners. The respondents are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal (recurso de amparo), and does not comply with or enforce it, provided that the offense is not more severely punished. The State and the Municipality of San Ramón are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the contentious-administrative judgment. Magistrates Castillo Víquez and Salazar Alvarado enter notes, separately. Magistrate Garro Vargas dissents regarding the execution of this judgment and, in accordance with Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, orders that it must be carried out before the Execution Area of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the execution rules established in Articles 155 and following of the Contentious-Administrative Procedure Code. She also orders that a copy of the judgment be sent to her so that the execution procedures for this ruling may be initiated. -

Fernando Castillo V.

Presidente

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.South of the Iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 and 21, avenidas 8 and 6

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