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Res. 02987-2024 Sala Constitucional — Denial of extension of time in amparo for drinking water serviceRechazo de ampliación de plazo en amparo por servicio de agua potable

constitutional decision Sala Constitucional 06/02/2024 Topic: procedural-environmental

Summary

English
The Constitutional Chamber rules on a request for extension of time filed by officials of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA), who sought to extend the deadline to August 2025 for complying with a 2018 amparo judgment ordering them to restore drinking water service to a resident of the Berlín community. Although AyA argues that the comprehensive project requires coordination with INDER and is undergoing environmental permitting before SETENA, the Chamber recalls that the deadline has been extended multiple times and that in 2022 it was warned that the extension to December 2023 would be the last. As that deadline has passed without definitive progress, the court denies the request, orders immediate compliance with the original judgment, and warns the officials of potential criminal penalties (imprisonment of three months to two years or fines) and disciplinary measures for continued non-compliance, pursuant to articles 71 and 53 of the Constitutional Jurisdiction Law.
Español
La Sala Constitucional resuelve una gestión de ampliación de plazo presentada por funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), quienes solicitaron prorrogar hasta agosto de 2025 el cumplimiento de una orden de restitución del servicio de agua potable a un vecino de la comunidad de Berlín, emitida en sentencia de amparo de 2018. Aunque AyA argumenta que el proyecto integral requiere coordinación con el INDER y que enfrenta trámites de permisos ambientales ante SETENA, la Sala recuerda que el plazo ya fue ampliado en múltiples ocasiones y que en 2022 se advirtió que era la última prórroga hasta diciembre de 2023. Al haber transcurrido ese plazo sin avance definitivo, el tribunal deniega la solicitud, ordena el cumplimiento inmediato de la sentencia original y advierte a los funcionarios sobre la posible imposición de sanciones penales (prisión de tres meses a dos años o multa) y disciplinarias en caso de continuar el incumplimiento, conforme a los artículos 71 y 53 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Key excerpt

Español (source)
De lo anteriormente expuesto, es claro que las autoridades recurridas no han atendido en forma definitiva lo ordenado por parte de este Tribunal Constitucional pese a que se ha otorgado en varias oportunidades una extensión del plazo inicialmente concedido. Se advierte que su actuación contraviene no solo lo ordenado por parte de esta Sala, sino también los derechos fundamentales del amparado. De igual manera, se valora que en la resolución de 2022029704 de las 09:21 del 16 de diciembre de 2022, ya se había indicado que se extendía el plazo, por una última vez hasta el 30 de diciembre de 2023, así, habiendo transcurrido el plazo indicado, no sería procedente una nueva ampliación de este, por lo que la gestión formulada por parte de las autoridades recurridas debe ser desestimada, no pudiendo otorgarse una nueva ampliación como lo pretenden. Consecuentemente, se rechaza la gestión formulada y se apercibe a ELIECER EDGARDO ROBLES VARGAS, en condición de Director Regional y, a LIANY ALFARO GARCIA, en condición de Jefe de la oficina de Atención de ASADAS, ambos funcionarios de la Región Chorotega del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o a quienes ocupen esos cargos que, con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
English (translation)
From the foregoing, it is clear that the respondent authorities have not definitively complied with the order of this Constitutional Court despite having been granted several extensions of the originally established deadline. It is noted that their conduct contravenes not only the orders of this Chamber but also the fundamental rights of the amparo petitioner. Likewise, it is noted that in resolution 2022029704 of 09:21 on December 16, 2022, it was indicated that the deadline was being extended, for the last time, until December 30, 2023; thus, as that deadline has expired, a new extension would not be appropriate, and the request filed by the respondent authorities must be rejected, as no further extension can be granted as they seek. Consequently, the request is denied, and ELIECER EDGARDO ROBLES VARGAS, in his capacity as Regional Director, and LIANY ALFARO GARCIA, in her capacity as Head of the ASADAS Care Office, both officials of the Chorotega Region of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever holds those positions, are warned that, based on Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and fails to comply with it or have it complied with, provided the offense is not more severely punished.

Outcome

Denied

English
The extension of time is denied and immediate compliance with the amparo judgment is ordered, under warning of criminal and disciplinary sanctions.
Español
Se rechaza la ampliación de plazo y se ordena el cumplimiento inmediato de la sentencia de amparo, bajo apercibimiento de sanciones penales y disciplinarias.

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Concept anchors

Keywords

amparo appealright to waternon-compliance with judgmentextension of timeAyAConstitutional Jurisdiction Lawarticle 71warningimprisonment for disobediencerecurso de amparoderecho al aguaincumplimiento de sentenciaampliación de plazoAyALey de la Jurisdicción Constitucionalartículo 71apercibimientoprisión por desobediencia
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Sala Constitucional

Resolución Nº 02987 - 2024

Fecha de la Resolución: 06 de Febrero del 2024 a las 10:36

Expediente: 17-015023-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución



Exp: 17-015023-0007-CO

Res. Nº 2024002987

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas treinta y seis minutos del seis de febrero de dos mil veinticuatro .

 Gestión posterior que se tramita en expediente número 17-015023-0007-CO, interpuesto por RIGOBERTO GERARDO GONZALEZ FERNEY, cédula de identidad 0600980662, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.  

Resultando:

 1.- Mediante escritos presentados ante esta Jurisdicción Constitucional el 21 de diciembre de 2023, las partes accionadas, ELIECER EDGARDO ROBLES VARGAS, en condición de Director Regional y LIANY ALFARO GARCIA, en condición de Jefe de la oficina de Atención de ASADAS, ambos funcionarios de la Región Chorotega del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, solicitan la ampliación del plazo otorgado en la sentencia No. 2018002405 de las 09:15 horas del 16 de febrero de 2018. Al efecto señalan que: “(…) PRIMERO: Que mediante la resolución No 2022029704 de las 9:21 hrs del 16 de diciembre de dos mil veintidós, se acoge la gestión de ampliación de plazo por parte de la Sala Constitucional que anteriormente se había solicitado por AyA, con un plazo adicional de doce meses, tal y como consta en el expediente judicial bajo este mismo número de amparo, mediante el cual se indicó que en la comunidad de Berlín, existen alrededor de 30 viviendas, las cuales fueron construidas al margen de la normativa urbanística en materia de construcción y fraccionamiento; cabe resaltar que en la comunidad no existe ente operador autorizado legalmente para la prestación de servicio de agua potable, no obstante, respetuosos de la resolución emitida, se han hecho todos los esfuerzos posibles para atender la orden en el plazo otorgado, lo que ha resultado insuficiente..

SEGUNDO: Que de conformidad al informe técnico No GSP-RCHO-2023-02500, suscrito por el funcionario Alejandro Contreras López, expone el avance y estado del proyecto para el abastecimiento del suministro de agua para las comunidades del Consuelo, Quebrada Grande, Santa Clara, Berlin y Las Lilas, a continuación se detalla lo indicado en el informe

“El abastecimiento de las comunidades del Consuelo, Quebrada Grande, Santa Clara, Berlin y Las Lilas, se incluyó en el Proyecto de Mejoras al sistema de Quebrada Grande, el cual se a venido gestionado entre el Instituto de Acueductos y Alcantarillado (AyA) he INDER.

Primera etapa: Consistirá en la construcción de un tanque almacenamiento en la pare alta del consuelo, construcción de la línea de impulsión y de líneas de distribución que se conectaran a las redes existentes de los sistemas del Consuelo y Quebrada Grande, equipamiento he interconexión de pozo quebrada grande 3.

Estado de Proyecto

Para esta primera etapa y de los compromisos adquiridos, la institución realiza compra de tubería para la dotación de tubería de PVC DE 150 MM, SDR 26 y SDR17, que se utilizara en la construcción de las líneas de impulsión y distribución como parte de la ampliación del Acueducto de Quebrada Grande. La compra se realizo bajo la contratación 2022CD-000006-0021400007, el cual se encuentra ejecutada al 100%, y ya la tubería se encuentra en Manos del INDER.

A la fecha y dentro de los componentes del Proyectos que correspondían al instituto, se cuenta con aprobación de ruptura del derecho de vías por parte de previsión vial del MOPT, los cuales se solicitaron bajo oficio DVOP-DI-DV-PV-2022-642.

Actualmente los planos constructivos de la fase I, se encuentra finalizados y firmados. Como última actividad asignada a AyA para continuar con el trámite de la ejecución de las obras del proyecto descrito, se tiene pendiente el trámite de estudios ambientales. Así las cosas y una vez que se tenga aprobación ambiental, se trasladara dicho insumo al INDER, para que esta institución inicie con los procesos de financiamiento y contratación de las obras necesarias para la ampliación del Acueducto Quebrada Grande en su primera Fase.

Este es un Hito importante del proyecto y se está notificando al INDER sobre este aspecto, para que se proceda de parte de ellos con el proceso de contratación, a partir del primer semestre del año 2024”.

TERCERO: Que conforme lo indicado mediante los informes Informe GSP-RCHO-2023- 03281, GSP-RCHO-2023-0334 suscrito por Alejandro Contreras, se evidencia que actualmente el instituto se encuentra en los tramites de permisos ambientales , el proceso de licitación que esta a cargo del Instituto de desarrollo rural INDER asi como las gestiones y trabajos necesarios para lograr las aprobaciones ambientales del proyecto ante SETENA, que están a cargo de la unidad de programación y control de AyA , asimismo es importante tomar en consideración que una vez obtenida la aprobación de los estudios ambientales , estos serán remitidos al INDER, para que a su vez se inicien las actividades de licitación públicas y ejecución de obras correspondientes al proyecto de mejoras y ampliación del Acueducto quebrada grande con un tiempo total estimado de 20 meses, plazo, tiempo estimado para materializar las obras, por otro lado no se omite en indica, la existencia de la tubería necesaria para las obras y nuevas fuentes habilitadas como parte de los componentes importantes que integran el proyecto.

CUARTO: Como se deriva de las consideraciones anteriores, este proyecto está siendo coordinado conjuntamente entre AyA y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), por ello hay tareas que le corresponden ejecutar al segundo, considerando lo expuesto en los puntos anteriores, se hace indispensable solicitar a la honorable Sala Constitucional la ampliación del plazo otorgado, hasta diciembre del año 2023, toda vez que aún y cuando nuestra Institución tenga toda la buena voluntad de cumplir con el plazo establecido, lo cierto es que el abastecimiento formal de la comunidad de Berlín debe realizarse como parte de un proyecto integral de mejoras; es decir, que las mejoras buscan no solo garantizar el abastecimiento de Berlín, sino de otras comunidades como el Consuelo, Quebrada Grande, Santa Clara, Berlin y Las Lilas. Teniendo claro que lo que se busca el bienestar general (público) de la población y no solamente el del señor Gonzalez Ferney, pues por tratarse de un proyecto de alta complejidad y por así requerirlo el proyecto integral para el abastecimiento de las comunidades supra indicadas, y conforme el informe técnico de previa cita, por lo que solicitamos formalmente ante esta respetable Sala Constitucional, se otorgue a AyA y al INDER una ampliación del plazo conferido en la última resolución, No 2022029704 de las 9:21 hrs del 16 de diciembre de dos mil veintidós para que se amplíe hasta 30 agosto 2025, toda vez que tal y como se indica en líneas anteriores, no encontramos en los tramites de permisos ambientales , el proceso de licitación que esta a cargo del Instituto de desarrollo rural INDER asi como las gestiones y trabajos necesarios para lograr las aprobaciones ambientales del proyecto ante SETENA el proyecto integral está compuesto por dos etapas y considerando el avance actual se estima que para año 2025, se podrá contar con la finalización de las obras.

QUINTO: Que se indica que la oficina cantonal de Liberia, ha continuado con el programa de abastecimiento de agua potable, a través de un sistema de abastecimiento provisional instalado en la comunidad de Berlín, del cual se puede abastecer toda la comunidad, así como el señor Sr. Rigoberto Gonzalez Ferney. Asimismo, informamos que periódicamente continuaremos presentando a esta Sala Constitucional, los informes de los respectivos avances.

PETITORIA

A la luz de las consideraciones realizadas y de conformidad a los informes técnicos de previa cita y demás documentos anexos, solicitamos respetuosamente ante esta honorable Sala Constitucional, se prorrogue el plazo fijado en la última No 2022029704 de las 9:21 hrs del 16 de diciembre de dos mil veintidós y se amplíe el pazo hasta el 30 DE AGOSTO 2025 (20 meses). Lo anterior, por las razones técnicas definidas y expuestas, es materialmente imposible cumplir en el plazo otorgado en la resolución citada.

Nuestra posición es que estamos ajustados a derecho, hemos cumplido cabalmente con los preceptos legales y lo resuelto por la Sala Constitucional en las resoluciones ya citadas y que reiteran el fiel cumplimiento del debido proceso, conllevan un plazo mayor al otorgado, para la realización de las obras necesarias y atender lo ordenado.”

2.- En este proceso se han cumplido las prescripciones de ley.

 Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

 Considerando:

 I.- Mediante escrito presentado ante esta Jurisdicción Constitucional el 21 de diciembre de 2023, las partes accionadas, ELIECER EDGARDO ROBLES VARGAS, en condición de Director Regional y LIANY ALFARO GARCIA, en condición de Jefe de la oficina de Atención de ASADAS, ambos funcionarios de la Región Chorotega del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, solicitan la ampliación del plazo otorgado en la sentencia No. 2018002405 de las 09:15 horas del 16 de febrero de 2018, en la que se dispuso lo siguiente: "... se ordena a LIANY ALFARO GARCÍA, en su condición de Jefa de la Oficina de Atención de ASADAS de la Región Chorotega y, a ELIÉCER EDGARDO ROBLES VARGAS, en su condición de Director Regional de la Región Chorotega, ambos funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes ejerzan esos cargos, a que, de forma inmediata se adopten las medidas necesarias y ejecuten las acciones pertinentes, dentro del ámbito de sus competencias, para que en el plazo de OCHO MESES contados a partir de la notificación de esta sentencia, se realicen las mejoras necesarias en los sistemas de acueducto y alcantarillado y se preste de forma adecuada el servicio de agua potable en la comunidad que habita el recurrente".

 II.- Mediante resolución No. 2022029704 de las 09:21 del 16 de diciembre de 2022, este Tribunal dispuso en lo que interesa lo siguiente: “(…) atendiendo a las razones fundamentadas por los accionados y considerando que la primera fase del proyecto está finalizada y, para el siguiente año, la segunda fase permitiría la prestación del servicio de agua al recurrente y a las comunidades indicadas, se estima necesario prorrogar nuevamente, y por una última vez, el plazo otorgado en la sentencia dictada dentro de este proceso (2018- 002405 de las 09:15 hrs. del 16 de febrero de 2018), para así lograr el cumplimiento efectivo de lo ordenado en sentencia.

Resulta importante recordar a los accionados que este proceso tiene como objetivo principal la restitución de los derechos fundamentales de las personas, lo que aún no se ha logrado en el caso concreto, y considerando que, para dar cabal cumplimiento de las resoluciones dictadas y de conformidad con lo indicado en los artículos 12 y 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se amplía el plazo para dar cabal cumplimiento de lo ordenado en la sentencia indicada hasta el 30 de diciembre de 2023. A efectos de dar seguimiento de lo ya ordenado dentro de este proceso de amparo, se requiere a la autoridad accionada que rinda un informe trimestral a este Tribunal hasta la conclusión del proyecto. Asimismo, se recuerda a las autoridades recurridas del ICCA su deber de asegurar que el recurrente tenga disponibilidad de agua de manera continua a través de los medios temporales que se han dispuesto.

Finalmente, se apercibe a ELIECER EDGARDO ROBLES VARGAS, en condición de Director Regional y, a LIANY ALFARO GARCIA, en condición de Jefe de la oficina de Atención de ASADAS, ambos funcionarios de la Región Chorotega del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o a quienes ocupen esos cargos que, con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.”

De lo anteriormente expuesto, es claro que las autoridades recurridas no han atendido en forma definitiva lo ordenado por parte de este Tribunal Constitucional pese a que se ha otorgado en varias oportunidades una extensión del plazo inicialmente concedido. Se advierte que su actuación contraviene no solo lo ordenado por parte de esta Sala, sino también los derechos fundamentales del amparado. De igual manera, se valora que en la resolución de 2022029704 de las 09:21 del 16 de diciembre de 2022, ya se había indicado que se extendía el plazo, por una última vez hasta el 30 de diciembre de 2023, así, habiendo transcurrido el plazo indicado, no sería procedente una nueva ampliación de este, por lo que la gestión formulada por parte de las autoridades recurridas debe ser desestimada, no pudiendo otorgarse una nueva ampliación como lo pretenden. Consecuentemente, se rechaza la gestión formulada y se apercibe a ELIECER EDGARDO ROBLES VARGAS, en condición de Director Regional y, a LIANY ALFARO GARCIA, en condición de Jefe de la oficina de Atención de ASADAS, ambos funcionarios de la Región Chorotega del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o a quienes ocupen esos cargos que, con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. De igual manera, se previene a los accionados que, en caso de incumplimiento, se dispondrá lo preceptuado en el ordinal 53 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que establece:

“Artículo 53. Firme la sentencia que declare procedente el amparo, el órgano o servidor responsable del agravio deberá cumplirla sin demora.

Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su firmeza, la Sala se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél.

Al mismo tiempo, mandará abrir proceso contra el culpable o los culpables, y, pasadas otras cuarenta y ocho horas, contra el superior que no hubiere procedido conforme con lo expuesto, salvo cuando se trate de funcionarios que gocen de fuero privilegiado, en cuyo caso se comunicará al Ministerio Público para lo que proceda.”

Así las cosas, se rechaza la gestión formulada de conformidad con lo indicado en la parte dispositiva de esta resolución.

 III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

No ha lugar a la gestión formulada. Se apercibe a ELIECER EDGARDO ROBLES VARGAS, en condición de Director Regional y, a LIANY ALFARO GARCIA, en condición de Jefe de la oficina de Atención de ASADAS, ambos funcionarios de la Región Chorotega del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o a quienes ocupen esos cargos, su deber de cumplir, de forma INMEDIATA, lo ordenado en la sentencia 2018-002405 de las 09:15 horas del 16 de febrero de 2018. Asimismo, se advierte que con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. De igual manera, se previene que, transcurridas las cuarenta y ocho horas se dará traslado y ordenará, al superior responsable, para que lo haga cumplir lo ordenado en sentencia y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra los funcionarios remisos a cumplir con las órdenes de este Tribunal. Notifíquese.-

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Ileana Sánchez N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 8RAZQJZ283K61

EXPEDIENTE N° 17-015023-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 14:20:04.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República
English translation (17,799 chars)
Constitutional Chamber

Resolution No. 02987 - 2024

Resolution Date: February 6, 2024 at 10:36

Expediente: 17-015023-0007-CO

Drafted by: Fernando Cruz Castro

Type of matter: Amparo action

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER

Text of the resolution



Exp: 17-015023-0007-CO

Res. No. 2024002987

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten hours thirty-six minutes on February sixth, two thousand twenty-four.

Subsequent proceeding processed in expediente number 17-015023-0007-CO, filed by RIGOBERTO GERARDO GONZALEZ FERNEY, identity card 0600980662, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.

Resultando:

1.- By means of briefs filed before this Constitutional Jurisdiction on December 21, 2023, the respondent parties, ELIECER EDGARDO ROBLES VARGAS, in his capacity as Regional Director and LIANY ALFARO GARCIA, in her capacity as Head of the ASADAS Attention Office, both officials of the Chorotega Region of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, request an extension of the time limit granted in judgment No. 2018002405 of 09:15 hours on February 16, 2018. To that effect, they state that: “(…) FIRST: That by means of resolution No 2022029704 of 9:21 hrs on December sixteenth, two thousand twenty-two, the request for an extension of time by AyA was granted by the Constitutional Chamber, which had been previously requested, with an additional time limit of twelve months, as recorded in the judicial file under this same amparo number, by means of which it was indicated that in the community of Berlín, there are approximately 30 dwellings, which were built outside the urban planning regulations regarding construction and subdivision (fraccionamiento); it should be noted that in the community there is no legally authorized operating entity for the provision of drinking water service, however, respectful of the issued resolution, every possible effort has been made to comply with the order within the granted time limit, which has proven insufficient.

SECOND: That in accordance with technical report No GSP-RCHO-2023-02500, signed by official Alejandro Contreras López, it sets forth the progress and status of the project for supplying water to the communities of Consuelo, Quebrada Grande, Santa Clara, Berlín, and Las Lilas; the details indicated in the report are as follows:

“The supply for the communities of Consuelo, Quebrada Grande, Santa Clara, Berlín, and Las Lilas was included in the Improvements Project for the Quebrada Grande system, which has been managed jointly by the Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) and INDER.

First stage: It will consist of the construction of a storage tank in the upper part of Consuelo, construction of the pumping main and distribution lines that will connect to the existing networks of the Consuelo and Quebrada Grande systems, equipping and interconnection of the Quebrada Grande 3 well.

Project Status

For this first stage and the commitments undertaken, the institution is purchasing pipe to provide 150 mm PVC pipe, SDR 26 and SDR17, which will be used in the construction of the pumping main and distribution lines as part of the expansion of the Quebrada Grande Aqueduct. The purchase was made under contract 2022CD-000006-0021400007, which is 100% executed, and the pipe is already in the hands of INDER.

To date, and among the project components corresponding to the institute, there is approval for right-of-way ruptures from the MOPT's road provision office (previsión vial), which were requested under official communication DVOP-DI-DV-PV-2022-642.

Currently, the construction plans for Phase I are finalized and signed. As the last activity assigned to AyA to continue with the execution process of the described project works, the environmental studies process is pending. Thus, once environmental approval is obtained, this input will be transferred to INDER, so that this institution may begin the financing and contracting processes for the works necessary for the expansion of the Quebrada Grande Aqueduct in its First Phase.

This is an important milestone of the project, and INDER is being notified of this aspect, so that they may proceed with the contracting process, starting from the first semester of the year 2024.”

THIRD: That as indicated by reports GSP-RCHO-2023-03281, GSP-RCHO-2023-0334 signed by Alejandro Contreras, it is evident that the institute is currently in the process of environmental permits (permisos ambientales), the bidding process that is the responsibility of the Instituto de Desarrollo Rural INDER, as well as the procedures and work necessary to obtain environmental approvals for the project before SETENA, which are the responsibility of AyA's programming and control unit; it is also important to take into consideration that once the approval of the environmental studies is obtained, these will be sent to INDER, so that they, in turn, may begin the public bidding activities and execution of works corresponding to the improvements and expansion project of the Quebrada Grande Aqueduct, with a total estimated time of 20 months—a time limit estimated to carry out the works; on the other hand, it is not omitted to indicate the existence of the necessary pipe for the works and new authorized sources as part of the important components that make up the project.

FOURTH: As derived from the preceding considerations, this project is being coordinated jointly between AyA and the Instituto de Desarrollo Rural (INDER); therefore, there are tasks that the latter must execute. Considering what was stated in the previous points, it is essential to request from the honorable Constitutional Chamber an extension of the time limit granted, until December of the year 2023, since even though our Institution has every good intention to comply with the established time limit, the truth is that the formal supply to the community of Berlín must be carried out as part of a comprehensive improvements project; that is, the improvements seek not only to guarantee supply to Berlín, but also to other communities such as Consuelo, Quebrada Grande, Santa Clara, Berlín, and Las Lilas. Being clear that what is sought is the general (public) welfare of the population and not only that of Mr. Gonzalez Ferney, as it involves a highly complex project and because the comprehensive project for supplying the aforementioned communities requires it, and in accordance with the previously cited technical report, we formally request before this respectable Constitutional Chamber that AyA and INDER be granted an extension of the time limit conferred in the last resolution, No 2022029704 of 9:21 hrs on December sixteenth, two thousand twenty-two, so that it is extended until August 30, 2025, since, as indicated in previous lines, we are in the environmental permits (permisos ambientales) procedures, the bidding process that is the responsibility of the Instituto de Desarrollo Rural INDER, as well as the procedures and work necessary to obtain the project's environmental approvals before SETENA. The comprehensive project is composed of two stages, and considering the current progress, it is estimated that by the year 2025, the completion of the works will be possible.

FIFTH: It is indicated that the cantonal office of Liberia has continued with the drinking water supply program, through a provisional supply system installed in the community of Berlín, from which the entire community, as well as Mr. Rigoberto Gonzalez Ferney, can be supplied. Likewise, we inform that we will periodically continue to present to this Constitutional Chamber the respective progress reports.

PETITION

In light of the considerations made and in accordance with the previously cited technical reports and other attached documents, we respectfully request before this honorable Constitutional Chamber that the time limit set in the last resolution No 2022029704 of 9:21 hrs on December sixteenth, two thousand twenty-two, be extended and the time limit be extended until AUGUST 30, 2025 (20 months). The foregoing, for the technical reasons defined and set forth, makes it materially impossible to comply within the time limit granted in the cited resolution.

Our position is that we are in compliance with the law, we have fully complied with the legal precepts and what was resolved by the Constitutional Chamber in the already cited resolutions, and that they reiterate the faithful compliance with due process, which requires a longer time limit than the one granted, for the execution of the necessary works and to comply with what was ordered.”

2.- The prescriptions of law have been complied with in this process.

Drafted by Magistrate Cruz Castro; and,

Considerando:

I.- By means of a brief filed before this Constitutional Jurisdiction on December 21, 2023, the respondent parties, ELIECER EDGARDO ROBLES VARGAS, in his capacity as Regional Director and LIANY ALFARO GARCIA, in her capacity as Head of the ASADAS Attention Office, both officials of the Chorotega Region of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, request an extension of the time limit granted in judgment No. 2018002405 of 09:15 hours on February 16, 2018, in which the following was ordered: "... LIANY ALFARO GARCÍA, in her capacity as Head of the ASADAS Attention Office of the Chorotega Region, and ELIÉCER EDGARDO ROBLES VARGAS, in his capacity as Regional Director of the Chorotega Region, both officials of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or those who hold those positions, are ordered to immediately adopt the necessary measures and execute the pertinent actions, within the scope of their powers, so that within the time limit of EIGHT MONTHS counted from the notification of this judgment, the necessary improvements to the aqueduct and sewerage systems are carried out and the drinking water service is adequately provided in the community where the claimant lives".

II.- By means of resolution No. 2022029704 of 09:21 on December 16, 2022, this Tribunal ordered, in what is relevant, the following: “(…) attending to the reasons substantiated by the respondents and considering that the first phase of the project is completed and, for the following year, the second phase would allow the provision of water service to the claimant and to the indicated communities, it is deemed necessary to extend again, and for the last time, the time limit granted in the judgment issued within this process (2018-002405 of 09:15 hrs. on February 16, 2018), in order to achieve effective compliance with what was ordered in the judgment.

It is important to remind the respondents that this process's main objective is the restitution of the fundamental rights of individuals, which has not yet been achieved in this specific case. Considering that, for full compliance with the issued resolutions and in accordance with what is indicated in Articles 12 and 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the time limit for full compliance with what was ordered in the indicated judgment is extended until December 30, 2023. For purposes of monitoring what has already been ordered within this amparo proceeding, the respondent authority is required to submit a quarterly report to this Tribunal until the conclusion of the project. Likewise, the respondent authorities of AyA are reminded of their duty to ensure that the claimant has water availability continuously through the temporary means that have been provided.

Finally, ELIECER EDGARDO ROBLES VARGAS, in his capacity as Regional Director, and LIANY ALFARO GARCIA, in her capacity as Head of the ASADAS Attention Office, both officials of the Chorotega Region of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or those who hold those positions, are warned that, based on the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo action and does not comply with it or does not enforce it, provided that the offense is not more severely punished.”

From the foregoing, it is clear that the respondent authorities have not definitively complied with what was ordered by this Constitutional Tribunal, despite the fact that an extension of the initially granted time limit has been granted on several occasions. It is noted that their conduct violates not only what was ordered by this Chamber but also the fundamental rights of the protected party. Likewise, it is considered that in resolution 2022029704 of 09:21 on December 16, 2022, it had already been indicated that the time limit was extended, for the last time, until December 30, 2023. Thus, having elapsed the indicated time limit, a new extension thereof would not be appropriate, so the petition filed by the respondent authorities must be rejected, as a new extension cannot be granted as they intend. Consequently, the petition filed is rejected, and ELIECER EDGARDO ROBLES VARGAS, in his capacity as Regional Director, and LIANY ALFARO GARCIA, in her capacity as Head of the ASADAS Attention Office, both officials of the Chorotega Region of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or those who hold those positions, are warned that, based on the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo action and does not comply with it or does not enforce it, provided that the offense is not more severely punished. Likewise, the respondents are forewarned that, in case of non-compliance, the provisions of Article 53 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional shall be applied, which establishes:

“Article 53. Once the judgment declaring the amparo admissible becomes final, the body or official responsible for the grievance must comply with it without delay.

If they do not do so within forty-eight hours following its finality, the Chamber shall address the superior of the responsible party and require them to enforce compliance and open the corresponding disciplinary proceeding against the former.

At the same time, it shall order proceedings to be opened against the guilty party or parties, and, after another forty-eight hours, against the superior who had not proceeded in accordance with the foregoing, except when dealing with officials who enjoy privileged immunity (fuero privilegiado), in which case the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) shall be notified for what may correspond.”

Thus, the petition filed is rejected in accordance with what is indicated in the operative part of this resolution.

III.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE FILE. The parties are forewarned that, if they have submitted any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

POR TANTO:

The petition filed is dismissed. ELIECER EDGARDO ROBLES VARGAS, in his capacity as Regional Director, and LIANY ALFARO GARCIA, in her capacity as Head of the ASADAS Attention Office, both officials of the Chorotega Region of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or those who hold those positions, are warned of their duty to comply, IMMEDIATELY, with what was ordered in judgment 2018-002405 of 09:15 hours on February 16, 2018. Likewise, it is warned that based on the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo action and does not comply with it or does not enforce it, provided that the offense is not more severely punished. Similarly, it is forewarned that, after forty-eight hours have elapsed, the matter will be referred and ordered to the responsible superior to enforce compliance with what was ordered in the judgment and to open the corresponding disciplinary proceeding against the officials who are remiss in complying with the orders of this Tribunal. Notify.-

Fernando Castillo V.
Presidente

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Ingrid Hess H.

Ileana Sánchez N.

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EXPEDIENTE No. 17-015023-0007-CO

Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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