Res. 03237-2024 Sala Constitucional — Access to information on drainage works and sanitary orders in OreamunoAcceso a información sobre obras de drenaje y órdenes sanitarias en Oreamuno

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Resolución Nº 03237 - 2024

Fecha de la Resolución: 09 de Febrero del 2024 a las 09:21

Expediente: 23-017800-0007-CO

Redactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 23-017800-0007-CO

Res. Nº 2024003237

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veintiuno minutos del nueve de febrero de dos mil veinticuatro .

 Recurso de amparo interpuesto que se tramita en expediente N° 23-017800-0007-CO, interpuesto por DENIA MARÍA GUILLEN MARTÍNEZ, cédula de identidad 0302290894 y MELVIN GUILLÉN MARTÍNEZ, cédula de identidad 0302100110, a favor de DINORAH MARÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-384018, contra el MINISTERIO DE SALUD y la MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO.

RESULTANDO:

1.- Por escrito agregado al Expediente Digital de la Sala a las 20:09 horas del 1° de agosto de 2023, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Oreamuno. Manifiesta que, el 15 de junio de 2023 se aportó a la Alcaldía y a la Secretaría del Concejo Municipal de Oreamuno el oficio No. GSJ0010-2023 de 8 de junio en curso, dirigido a las autoridades recurridas del gobierno local de Oreamuno, en el que se solicitó la siguiente información: “(…) 1. Fecha de las obras del sistema pluvial con base en el estudio Hidrológico aportado por el Departamento de Hidrología del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Solicitamos copia de este último. 2. Se nos informe si ya se licito (sic) lo correspondiente con los recursos del BID No4507/OC-CR. 3. Fecha de indicio de la construcción de la puesta de 10 metros de largo y el desfogue del sistema pluvial, 150 mares de tubería y 4 pozos de registro. 4. Como consta. la existencia de ciento veinte millones de colones. del presupuesto extraordinario 2022. Solicitamos se nos indique estado de dicho recurso y debido a que no se ejecutó en el año 2022. Solicitamos se nos informe la existencia para este año y bajo que rubro presupuestario se encuentra. 5. Asi mismo las acciones que van a realizar sobre los colindantes al norte de nuestra propiedad que siguen desfogando sus aguas en la sociedad de nuestra representada. 6. Se nos informe sobre las medidas inmediatas o temporales que se van a adoptar en el cono plazo, máxime que ya está entrando la época lluviosa (...)" (Sic) (véase prueba aportada). Por acuerdo tomado en artículo IV, inciso 14 tomado en la sesión No. 253-2023 de 20 de junio de 2022, el Concejo de Oreamuno determinó que la contestación de la gestión anterior no era su competencia, sino de la Alcaldía, a la cual la remitió. De otra parte, en esa misma fecha, 15 de junio del presente año, se presentó al Ministerio de Salud el oficio No. GSJ-0011-2023 de 8 de junio en curso, dirigido al director del Área Rectora de Salud de Oreamuno, en el que se requirió, lo que sigue: “(…) 1. Se nos informe sobre las medidas inmediatas o temporales que se van a adoptar en el corto plazo, máxime que ya está entrando la época lluviosa, y aún se siguen desfogando aguas canalizadas a la propiedad de mi representada, tanto por la Municipalidad de Oreamuno como de vecinos en colindancia norte como lo es el Salón Comunal entre otros. Lo cual genera el empozamiento de aguas al sur de la propiedad y generando contaminación tanto de basura como de aguas que desconocemos su naturaleza y estado. 2. Se nos indiquen las acciones a seguir por parte del Ministerio de Salud contra los propietarios que hayan desobedecido las órdenes sanitarias y la Municipalidad de Oreamuno. 3. Se nos indique si se ha realizado algún estudio sobre las aguas allí empozados y su estado. Si están o no contaminadas con aguas sépticas y otros. En caso negativo cuando se va a realizar dicha valoración por parte de las autoridades de salud. (...)" (véase prueba aportada). Reclaman que, no obstante, a la fecha de la interposición de este recurso, no habían recibido la información solicitada. Estiman lesionados sus derechos fundamentales. Solicitan la intervención de este Tribunal.

2.- Mediante resolución de Presidencia de las 20:09 horas del 1° de agosto de 2023, se dio curso al proceso y se solicitó informe al Director del Área Rectora de Salud de Oreamuno del Ministerio de Salud, así como el Alcalde de Oreamuno, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

3.- Informan bajo juramento Oscar Rodríguez González, en su condición de Director del Área Rectora de Salud de Oreamuno, que el día 6 de septiembre del 2018, se recibe formal denuncia contra varias viviendas localizadas en San Rafael de Oreamuno, Barrio El Alto, a dicha denuncia, se le asignó el número N° 1399-2018. Añade que, en atención a la denuncia planteada, el día 19 de septiembre del 2018, se procedió a realizar visita de inspección por parte de la Dipl. Gretel Quesada Moya según consta en el Acta de Inspección N° 01-2018 (folios 00030 al 00034) y en el Informe Técnico N° CE-ARS-O-RS-665- 2018 (folios 00054 al 00063), los días 19 de septiembre del 2018, 02, 03, 16, 17 y 31 de octubre. Afirma que del 2018 con el fin de corroborar los hechos denunciados y de este modo determinar las acciones a tomar. En dichas inspecciones se corrobora una afectación por aguas servidas y aguas pluviales que se dirigen hacia la propiedad de los denunciantes, por lo que se giraron las siguientes ordenes sanitarias:

“1. Orden Sanitaria N° CE-ARS-O-OS-00001-2019, a Presbítero Carlos Mena León.

2. Orden Sanitaria N° CE-ARS-O-OS-00002-2019, a Sr. Luis Arias Leiva.

3. Orden Sanitaria N° CE-ARS-O-OS-00003-2019, a Sr. Bernardo Sánchez Ramírez.

4. Orden Sanitaria N° CE-ARS-O-OS-00004-2019, a Sr. Tranquilino Núñez Núñez.

5. Orden Sanitaria N° CE-ARS-O-OS-00005-2019, a Sr. Eduardo Solano Solano (Asociación de Desarrollo Barrio Corazón de Jesús, El Alto, San Rafael de Oreamuno).

 6. Orden Sanitaria N° CE-ARS-O-OS-00006-2019, a Sra. María Ulloa Redondo.

7. Orden Sanitaria N° CE-ARS-O-OS-00007-2019, a Lic. Catalina Coghi Ulloa (Municipalidad de Oreamuno)”.

En dichas Ordenes Sanitarias se ordena que, en coordinación con la Municipalidad de Oreamuno, se proceda con la evacuación de las aguas servidas y pluviales de forma adecuada. Posterior a esto, el día 24 de enero del 2019, se solicita una prórroga por parte de la Iglesia Católica, por lo que, de parte de esta Área Rectora de Salud, se concede plazo hasta el 25 de marzo del 2019, ya que los trabajos de las aguas pluviales deben ser en conjunto con la Municipalidad de Oreamuno. En atención a esta denuncia el día 28 de enero del 2019, se recibe por parte de la Municipalidad de Oreamuno el oficio N° MUOR-UTGV-050-2019 (ver folios 00094 al 00102), en donde indica que se prevé la implementación de un proyecto de alcantarillado pluvial para solventar la problemática de dicha comunidad. Con respecto a esto, el día 18 de febrero del 2019 se recibe en esta Área Rectora de Salud el oficio N° MUOR-AM-162-2019 (Ver folio 00130), en donde se solicita por parte de la Municipalidad de Oreamuno, una prórroga para programar el proyecto en el presupuesto del año 2020. Según el Informe Técnico N° MSDRRSCE-ARSO-IT-330-2019 del 09 de octubre del 2019 suscrito por la Dipl. Grettel Quesada Moya (Ver folios 00155 al 00158) se indica en el de conclusiones que:

“1. “La propiedad de la parte denunciante se trata de un terreno muy amplio y baldío.”

2. “Los desniveles de los terrenos tanto de las propiedades donde ya existe construcción como del lote baldío son bastantes pronunciadas con inclinación de norte a sur por lo que las aguas de lluvia por escorrentía llegarían hasta la parte más baja del terreno colindancia con los Villalta ocasionando estancamiento” (El Resaltado no es del original).

3. “La infraestructura existente en el sector para encausar las aguas pluviales es insuficiente ya que el alcantarillado no llega hasta el río más cercano, sino que queda a final del recorrido por lo que las aguas se desvían por una tubería que se instaló en tiempos pasados y que atraviesa el salón Comunal de la Asociación de Desarrollo del Barrio el Alto llegando hasta el terreno de la parte denunciante y estancándose ahí.

4. “Al momento de este seguimiento no es posible para esta funcionaria dar las Ordenes Sanitarias por cumplidas ya que entre tanto la Municipalidad no haga las obras de infraestructura preliminares los vecinos colindantes con el terreno de la parte denunciante no tienen hacia donde desaguar esas aguas” (el Resaltado no es del original)”

El 07 de abril del 2021 y el 21 de julio del 2021 la funcionaria Dipl. Quesada Moya, realizó seguimientos a la Denuncia N° 1399-2018, para lo cual se apersonó a la Municipalidad de Oreamuno (Ver folios N° 00164 al 00172), en dichas ocasiones, se le indicó por parte de la Municipalidad de Oreamuno que estaban gestionando fondos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En fecha 30 de enero 2023 como parte del seguimiento se envía correo electrónico al Ingeniero Mauricio González de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Oreamuno realizándole varias consultas relacionadas con el caso y solicitándole informe a este Ministerio las últimas acciones y según el calendario de actividades para cuando se tendría previsto el comienzo de las obras. En fecha 15 de marzo 2023 ingresa correo electrónico de parte del Ingeniero Mauricio González en el que adjunta Oficio MUOR-UTGV-373-2022 en el que se detalla que las obras del alcantarillado pluvial se realizarán en dos etapas una primera etapa la desarrollaría el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la segunda etapa con una partida en el Presupuesto Municipal Extraordinario 2023 por un monto 120 millones de colones. Agrega que por el problema del hackeo en los correos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes no se ha podido realizar la publicación de la licitación para la contratación de la empresa que se encargaría de la construcción del puente y la tubería que corresponde. El día 15 de marzo del 2023, el Ing. Mauricio González de la Unidad Técnica Vial, adjunta oficio DA-UHCAROC-0013-2023 de parte del funcionario Leonel Sanabria Méndez de la Unidad Hidrológica Caribe, Dirección de aguas del MINAE en donde indica que las aguas que discurren por el terreno no son parte de la Quebrada Manta. Posterior a esto, el día 17 de mayo del 2023, se le notifica al Sr. Melvin Gillen Gutiérrez, la Sra. Denia Guillen Martínez y al Ing. Gustavo Ramírez Pacheco, vía correo electrónico, el Oficio N° MS-DRRSCE-DARSO-0435-2023, donde se indican las acciones realizadas por esta Dirección de Área Rectora de Salud de Oreamuno (Ver folios 0193 al 0195), en donde se explica claramente, que las aguas que discurren por la propiedad son aguas servidas y aguas pluviales, que se giraron las Ordenes Sanitarias correspondientes, que la Municipalidad de Oreamuno ha presentado la propuesta de las obras a realizar, con el presupuesto del 2023. A la fecha de este Recurso la funcionaria Grettel Quesada Moya se comunica vía telefónica con el Ing. Mauricio González de la Unidad Técnica Vial y el mismo informa que continúan en espera de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) realice la primera etapa del proyecto para posteriormente con el presupuesto 2023 la Municipalidad de Oreamuno realice la segunda subsanando dicha problemática. Con respecto al primer alegato, sobre las medidas inmediatas o temporales que se van a adoptar en el corto plazo tomando en cuenta que se avecina la época de lluvia y que aún se siguen desfogando las aguas hacia la propiedad de los recurrentes es importante aclarar que las Ordenes Sanitarias indican que la solución debe ser en coordinación con la Municipalidad de Oreamuno, y que ya la Municipalidad de Oreamuno presentó el 09 de diciembre del 2022 el oficio N° 22-027411-07-CO (Ver folios 0183 al 0185), en donde indica las acciones a realizar y que se encuentra a la espera de que el MOPT realice las acciones pendientes. En cuanto al segundo punto planteado por el recurrente sobre las acciones a seguir por parte de este Ministerio ante el incumplimiento de las Ordenes Sanitarias, se procederá a elevar al Ministerio Público para lo que corresponda. En relación al tercer alegato expuesto en el Recurso de Amparo que nos ocupa de si este Ministerio ha determinado el tipo de aguas que están siendo desfogadas en la propiedad, se aclara que en su momento se realizaron las pruebas de fluoresceína lo cual reflejó que se trata de aguas servidas y pluviales. Menciona que se puede constatar en el expediente administrativo, que la denuncia se atendió prontamente ya que entro a la Dirección de Área Rectora de Salud de Oreamuno el día 06 de septiembre del 2018 y se comenzó la atención el 19 de septiembre del 2018 y se le ha dado seguimiento a la misma con el fin de constatar la realización de las obras que debe realizar la Municipalidad de Oreamuno. Salud no haya comunicado al denunciante la información que alega desconocer, ya que por medio del Oficio N° MS-DRRSCE-DARSO-0435-2023, (Ver folios 0193 al 0194), el cual fue notificado vía correo electrónico (Ver folio 0195) se le informa a los recurrentes las acciones que se han realizado por parte de esta Dirección de Área Rectora de Salud, así como que las aguas que discurren por la propiedad son pluviales y servidas, y que la Municipalidad de Oreamuno ha presentado propuesta de las obras a realizar para corregir dicha problemática, además, es importante aclarar a esta autoridad que con respecto de este caso la solución para solventar de manera definitiva la problemática presentada se encuentra en proceso, debido a que existe pendiente por parte de la Municipalidad de Oreamuno, la ejecución de las obras con el presupuesto del año 2023, según indica la Municipalidad a esta Dirección de Área Rectora de Salud Que, en cuanto a las obras de infraestructura, se le ordenó a la Municipalidad de Oreamuno realizar las acciones necesarias para solventar dicha problemática y se le ha dado seguimiento a las gestiones administrativas para que se realicen las obras requeridas. En razón de lo anterior, y teniendo en cuenta que, las funcionarias Dipl. Grettel Quesada Moya y la Licda. Raquel Melania Acuña Salazar han actuado diligentemente y en apego a la legislación vigente en Costa Rica y que siendo el Ministerio de Salud el ente Rector en Salud y ha girado los actos administrativos correspondientes, y se le ha notificado a los recurrentes las acciones realizadas, así como el tipo de aguas que discurren por el terreno y las acciones pendientes por parte de la Municipalidad de Oreamuno, no se demuestra que se haya violentado los derechos subjetivos del recurrente, esta Área Rectora de Salud solicita respetuosamente a esta honorable Sala declarar sin lugar en todos sus extremos la presente articulación. Solicita se declare sin lugar el recurso.

4.- Informa bajo juramento Mauricio González Jiménez, en su condición de Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Oreamuno, que “por más de un año han realizado investigaciones de las aguas pluviales que generan el problema, se pudo identificar que estas provienen de las extensas áreas abiertas agropecuarias en el sector de Cot y desfogan mediante canales de alcantarillas sobre las Rutas antes mencionadas, la escorentía baja sin control sobre las propiedades que reciben este tributo pluvial hasta la Ruta escorrentía baja sin control sobre las propiedades que reciben este tributo pluvial hasta la Ruta Cantonal La Cuesta (3-007-023-00), no omito mencionar que por los efectos del cambio climático que vivimos actualmente en donde llueve intensamente para captar y conducirlas adecuadamente, pues fueron deseñadas hace más de 20 años con una tasa de precipitación diferente al actual este caudal provoca inducciones en las casas del barrio de El Alto de San Rafael de Oreamuno, una vez que la zona queda anegada y por la topografía existe estás bajan a la propiedad afectada mencionada en el Recurso de Amparo del expediente N° 22-027411-0007-CO, dejando claro que estás no han sido direccionadas intencionalmente y en estudios de los antecedentes de las propiedades, acusan una acequia, por lo que se le solicitó a la Dirección de Aguas un criterio para lograr identificar la naturaleza del cuerpo de agua. Medidas de Mitigación e Inventario de Necesidades. En las inundaciones del año 2021, las emergencias reportadas y notificadas por el 911 a la Comisión Municipal de Emergencias se realizaron trabajos en las cunetas del Barrio de El Alto de San Rafael retirando todos los pasos comentados a lo largo de 700 metros hasta el Río Tatizcú y con esto eliminar todo obstáculo que impedía que el agua transitara libremente hasta su desfogue en el cuerpo de agua. Se realizó un inventario de necesidades tangibles y reales con los recursos existentes y se valoraron diferentes opciones de intervención para una solución definitiva, para este caso se tomó en cuenta la integridad de los vecinos del Barrio El Alto para ello se diseñó un sistema pluvial con el aporte de un estudio  « a no un sistema pluvial con el aporte de un Estudio Hidrológico realizado por el Departamento de Hidrología del Ministerio de Obras Públicas y Transportes a lo largo de 350 metros de Tubería en concreto con refuerzo ASTM-C6 Clase III con u diámetro de 1.52 metros con sus pozos de registro de 3,00 metros de profundidad ubicada en la sección sur de la calzada existente. La instalación del sistema pluvial se realizará en dos etapas. la primera etapa la primera etapa lo ejecutará la empresa que adjudique el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pues se logró integrar en el Segundo Programa de la Red Vial Cantonal (PRVC-ll) del Préstamo BIO No. 4507IOCfCR donde se abarcará la construcción de una puesta de 10 metros de largo y el desfogue del sistema pluvial. 150 metros de tubería y cuatro Pozos de Registro y la segunda etapa se realizará con recursos propios de la Unidad Técnica de Gestión Vial (U.T.G.V.) y en una partida del Presupuesto Extraordinario 2022”.

Solicita se declare sin lugar el recurso.

5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

CONSIDERANDO:

I.- ANTECEDENTE DE INTERÉS. Primeramente, el Tribunal estima permitente traer a colación lo dispuesto en la Sentencia No. 2023-010816 de las 09:20 del 12 de mayo de 2023, en dicha oportunidad se indicó lo siguiente:

“IV.- SOBRE LA ACTUACION DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES ACCIONADAS.- Del estudio de los autos y de la prueba aportada, esta Sala acredita que los recurrentes plantearon el 06 y 14 de setiembre de 2018, gestiones donde denunciaban ante la municipalidad accionada, problemas con la evacuación de las aguas servidas y pluviales que estaban afectando su propiedad. Luego se apersonaron y plantearon otra gestión el 22 de octubre de 2021, reiterada el 01 de julio de 2022. En relación con dichas denuncias, las autoridades municipales afirman en el informe rendido ante esta Sala que la problemática consiste en flujo de aguas pluviales provenientes de la parte norte del cantón de Oreamuno, específicamente del distrito de Cot. Se afirma que esas aguas desfogan en cunetas naturales en las rutas nacionales 230 y 219, las cunetas son insuficientes para el caudal de agua que ha incrementado a través del tiempo. Por lo tanto, la Municipalidad de Oreamuno ha estado muy consciente de la problemática que agobia a los vecinos afectados y la zozobra que genera en los vecinos de la comunidad, en especial, de los propietarios de la finca perteneciente a la Dinorah María Sociedad Anónima. Agregan las autoridades municipales que de acuerdo con lo conversado, con los afectados ya se ha coordinado por la Unidad Técnica y Gestión y el Ministerio de obras Públicas y Transportes ejecutar un proyecto en dos etapas. En este sentido, se desarrolló un sistema pluvial con un estudio Hidrológico aportado por el Departamento de Hidrología del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En esta etapa le corresponde al Ministerio adjudicar la empresa responsable de ejecutar los trabajos. Luego, en la segunda etapa se integra a la Red Vial Cantonal con un préstamo del BID No. 4507/OC-CR que abarcará la construcción de una puesta de 10 metros de largo y el desfogue del sistema pluvial, 150 metros de tubería y 4 pozos de registro, según se desprende del informe técnico proporcionado por la Unidad Técnica y Gestión Vial. Se indica que la Segunda etapa del proyecto será ejecutada con los recursos de la Unidad Técnica y Gestión Vial y con una partida del Presupuesto Extraordinario 2022 por un monto de ¢ 120.000.000,00 (ciento veinte millones de colones exactos). El proyecto para solucionar el desfogue de aguas que inunda el sector del Alto de San Rafael y la propiedad afectada por las inundaciones ya está contemplado. Del cuadro fáctico descrito, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de la parte recurrente, porque pese a que han denunciado un problema que les afecta y afecta su propiedad desde el 2018, a la fecha, el problema no ha sido resuelto y pese a que las autoridades municipales sí han actuado y adoptado medidas, aún no se ha dado una solución definitiva. En virtud de lo expuesto, se impone acoger el presente recurso, en los términos que se señalan en la parte dispositiva de esta sentencia

V.- SOBRE LA ACTUACION DE LAS AUTORIDADE DE SALUD. Del estudio de los autos se extrae que efectivamente los recurrentes han presentado varios escritos ante las autoridades de salud denunciando los problemas con el desfogue de aguas de propiedades vecinas que afectan su propiedad. Al respecto, se extrae de la prueba aportada y del informe rendido bajo juramento que las autoridades de salud, han realizado inspecciones y emitido órdenes sanitarias, incluso se han comunicado con las autoridades municipales para darle seguimiento al manejo de esta problemática que les fue denunciada por parte de los recurrentes. Por ello, no podría acreditarse que no hayan atendido las denuncias planteadas por los recurrentes. Sin embargo, no existe evidencia de que haya dado una respuesta o una notificación de los actuado a los recurrentes. Por ello en cuanto a la falta de respuesta, en cuanto a esta autoridad lo correspondiente es acoger el recurso.

VI.- SOBRE LO ACTUADO POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES.- En cuanto a esta autoridad, de la prueba aportada no se extrae ninguna omisión, ni actuación arbitraria que afectara los derechos de los recurrentes. Por el contrario, se extrae que su intervención, se ha dado en carácter de órgano técnico y ha estado relacionada con la elaboración de un Informe de Factibilidad, del proyecto Sustitución del puente sobre el río Tatiscú, ubicado en el Alto de San Rafael de Oreamuno, Cartago sector conocido como San Martín Camino 3-07-053, DE: CALLES URBANAS, CUADRANTES; A: ALTO CERRILLO CENTRO, longitud de 9,10 m, el cual fue formulado por la Municipalidad de Oreamuno, con apoyo de la Asesoría Técnica de GIZ así como de los profesionales especialistas en hidrología y estructuras de puentes del Programa Red Vial Cantonal PRVC-ll MOPT/BID.

VII.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008- 02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en el que se reclama lesión a los derechos fundamentales de la parte recurrente, pues existen aguas provenientes del sector del Colegio Técnico de Oreamuno, las cuales son recogidas y direccionadas a su propiedad, junto con la basura de los caños. Enuncian que la omisión de las autoridades recurridas de resolver las denuncias u gestiones planteadas han ocasionado que el terreno se vuelva un botadero de basura y una laguna de agua sucia que generan contaminación ambiental. La situación descrita constituye una excepción a mi posición general en esta materia, por lo que estimo necesario que este Tribunal Constitucional analizara por el fondo el asunto, con el fin de verificar o descartar los alegatos de la recurrente.

IX.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. Sostengo que este asunto se debe rechazar de plano, por cuanto la parte accionante plantea el recurso de amparo a favor de una persona jurídica. De importancia para el sub examine, en el voto salvado que consigné en la sentencia n. º 2019-2355 de las 9:30 horas de 12 de febrero de 2019 sostuve:

“en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Granier y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”.

En mi criterio, la lectura de la Ley de la Jurisdicción Constitucional obliga a la misma ratio de la hermenéutica convencional supracitada respecto a todo derecho fundamental. Así, en un proceso de constitucionalidad formulado a favor de una persona jurídica, su admisión para estudio exige una relación esencial y directa entre la persona jurídica que aduce verse afectada por alguna vulneración al orden constitucional y la persona natural que por tal lesión viene a ver menoscabado, de forma refleja pero directa, algún derecho fundamental. Ahora, para tales efectos es insuficiente la mera referencia a una conexión o vínculo entre la persona jurídica y la natural para poder colegir que, precisamente, por medio del proceso de constitucionalidad se esté procurando el resguardo de los derechos fundamentales de la última, no meramente los de la primera. El requerimiento antedicho deviene entonces un presupuesto sine qua non para la procedencia del control de constitucionalidad por parte de esta jurisdicción. A partir de lo expuesto, coligo que esta debe ser la pauta con que se debe interpretar la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de manera que en el sub iudice deviene improcedente la aplicación del control jurisdiccional de constitucionalidad, puesto que, con base en la prueba que consta en autos, no se ha demostrado el vínculo esencial entre la persona jurídica amparada y alguna natural, de modo específico, en relación con el presunto derecho agraviado.

X.- VOTO SALVADO PARCIAL RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que “dentro del plazo de DOCE MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde una solución definitiva al problema denunciado por los recurrentes en el Barrio El Alto, San Rafael de Oreamuno, con independencia de las medidas inmediatas o temporales que se adopten en el corto plazo y adicionalmente se ordena mantener a la parte recurrente informada de las acciones concretas adoptadas para resolver el problema que denuncia”. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.

(…)

POR TANTO

Se declara parcialmente con lugar el recurso respecto de las autoridades de salud y la Municipalidad de Oreamuno. En lo que respecta al Ministerio de Salud, se ordena a Oscar Rodríguez González, en su condición de Director del Área Rectora de Salud de Oreamuno, dar respuesta dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación de esta resolución, a las gestiones planteadas por los recurrentes en las fechas 06 de setiembre de 2018, 14 de setiembre de 2018. En lo relativo al problema de desfogue y encausamiento de aguas se ordena a las autoridades municipales Erick Jiménez Valverde en su condición de Alcalde y Ileana María Bonilla Gómez, en su condición de representante legal y Nelson Montenegro Masís, todos funcionarios de la Municipalidad de Oreamuno de Cartago, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, realizar la coordinación y girar las órdenes pertinentes, para que, dentro del plazo de DOCE MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde una solución definitiva al problema denunciado por los recurrentes en el Barrio El Alto, San Rafael de Oreamuno, con independencia de las medidas inmediatas o temporales que se adopten en el corto plazo y adicionalmente se ordena mantener a la parte recurrente informada de las acciones concretas adoptadas para resolver el problema que denuncia(…)”.

II.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente alega que el 15 de junio de 2023 presentó los oficios N° GSJ0010-2023 del 8 de junio de 2023 y N° GSJ-0011-2023 de 8 de junio de 2023 ante la Alcaldía y Secretaría del Concejo Municipal de Oreamuno y al director del Área Rectora de Salud de Oreamuno, respectivamente, en la que requirió información de su interés. No obstante, a la fecha de interpuesto el recurso continúa sin tener respuesta a sus gestiones. Solicita la intervención de este Tribunal.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: 

EN CUANTO AL ÁREA RECTORA DE SALUD DE OREAMUNO

Mediante el Oficio N° MS-DRRSCE-DARSO-0435-2023 del 17 de mayo de 2023, la dirección del Área Rectora de Salud Oreamuno le indicó a la parte recurrente, lo siguiente: “Sobre esta situación. cabe mencionar que el día 06 de septiembre del 2018. se recibe formal denuncia contra varias viviendas localizadas en San Rafael de Oreamuno. Barrio El Alto. a dicha denuncia. se le asignó el número N' 1399-2018 (Ver folios 00001 al 00024 = folios 00001 al 00024). En atención a la denuncia planteada, el día 19 de septiembre del 2018, se procedió a realizar visita de inspección por parte de la Dipl. Gretel Quesada Moya según consta en el Acta de Inspección N° 01-201 8 (folios 00030 al 00034 = folios 00025 al 00029) y en el Informe Técnico N° CE-ARS-O-RS-665-2018 (folios 00054 al 00063 = folios 00030 al 00039), los días 19 de septiembre del 2018. 02. 03, 16. 17 y 31 de octubre del 2018 con el fin de corroborar los hechos denunciados y de este modo determinar las acciones a tomar. En dichas inspecciones se corrobora una afectación por aguas servidas y aguas pluviales que se dirigen hacia la propiedad de los denunciantes, por lo que se giraron las siguientes ordenes sanitarias (Ver folio 00064 al 00089 = folios 00040 al 00065) Se notificaron las siguientes Ordenes Sanitanas N' CE-ARS-O-OS-00001-2019. n Presbitero Carlos Mena León. Orden Sanitaria N* CE-ARS-OOS-00002-2019. a Sr. Luis Arias Leiva. Orden Sanitaria N' CE-ARS-O-OS-00003-2019, a Sr. Bemardo Sánchez Ramírez. Orden Sanitaria N' CE-ARS-O-OS-00004-2019, a Sr. Tranquilino Núñez Núñez. Orden Sanitaria N' CE-ARS-O-OS-00005-2019. a Sr. Eduardo Solano Solano (Asociación de Desarrollo Barrio Corazón de Jesús. El Alto. San Rafael de Oreamuno). Orden Sanitaria No CE-ARS-O-OS-00006-2019. a Sra. María Ulloa Redondo. Orden Sanitaria N' CE-ARS-O-OS-00007-2019. a Lic. Catalina Coghí Ulioa (Municipalidad de Oreamuno). En dichas Ordenes Sanitarias se ordena que, en coordinación con la Municipalidad de Oreamuno, se proceda con la evaluación de las aguas servidas y pluviales de forma adecuada. Posterior a esto, el día 24 de enero del 2019, se solicita una prórroga por parte de la Iglesia Católica. por lo que. de pana de esta Área Redora de Salud. se concede plazo hasta el 25 de marzo del 2019, ya que los trabajos de las aguas pluviales deben ser en conjunto con la Municipalidad de Oreamuno ver folios 00092 y 00093 = folios 00066 al 00067). En atención a esta denuncia el día 28 de enero del 2019. se recibe por parte de la Municipalidad de Oreamuno el oficio N' MUOR-UTGV-050-2019 (ver folios 00094 al 00102 = folios 00068 al 00076). en donde indica que se prevé la implementación de un proyecto de alcantarillado pluvial para solventar la problémica de dicha comunidad. Con respecto a esto. el día 18 de febrero del 2019 se recibe en esta Área Rectora de Salud el oficio N° MUOR-AM-162-2019 ver (dio 00130 = folio 77). en donde se solicita por parte de la Municipalidad de Oreamuno. una prórroga para programar eI proyecto en el presupuesto del año 2020. Según el Informe Técnico N’ MSDRRSCE-ARSO-IT-330-2019 do! 09 do octubre del 2019 suscrito por la Dipl. Grettel Quesada Moya (Ver folios 00155 el 00158 = folios 00078 al 00081) se indica como conclusiones que: 1. 'La propiedad de la pana denunciante se trata de un terreno muy amplio y baldío." D 2. 'Los desniveles de los terrenos tanto de las propiedades donde ya existe construcción como del lote baldío son bastantes pronunciadas con inclinación de norte a sur por lo que las aguas de lluvia por escorrentía llegarían hasta la parte más baja del terreno colindancia con los Villalta ocasionando estancamiento" (EI Resaltado no es del original). 3. 'La infraestructura existente en el sector para encausar las aguas pluviales es insuficiente ya que el alcantarillado no llega hasta el río más cercano. sino que queda a final del recorrido por lo que las aguas se desvían por una tubería que se instaló en tiempos pasados y que atraviesa el salón Comunal de la Asociación de Desarrollo del Barrio el Alto llegando hasta el terreno de la parte denunciante y estancándose ahí." 4. 'Al momento de este seguimiento no es posible para esta funcionaria dar las Ordenes Sanitarias por cumplidas ya que entre tanto la Municipalidad no haga las obras de infraestructura preliminares los vecinos colindantes con el terreno de la parte denunciante no tienen hacia donde desaguar esas aguas." (EI Resaltado no es del original). El 07 de abril del 2021 y el 21 de julio del 2021 la funcionaria Dipl. Quesada Moya, realizó seguimientos a la Denuncia N' 1399-2018. para lo cual se apersonó a la Municipalidad de Oreamuno (Ver folios N° 00164 al 00172 = folios 00082 al 00090), en dichas ocasiones, se le indicó por parte de la Municipalidad de Oreamuno que estaban gestionando fondos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con fecha 8 de diciembre del 2022,la funcionaria Lic. Raquel Melania Acuña Salazar se apersona a la Municipalidad de Oreamuno a verificar el estado de las obras y se comunica vía telefónica con el Ing. Mauricio González de la Unidad Técnica Vial y el mismo informa que con ayuda del Ministerio de Obras Públicas y Transpones (MOPT) y al presupuesto del 2023 se realizarán los trabajos en la comunidad do el Alto para subsanar dicha problemática. Se adjunta la evidencia que prueba lo antes detallado 90 folios. Lo anterior fue notificado a la parte amparada, en esa misma fecha (véase prueba aportada por la autoridad recurrida agregada al expediente digital).
El 15 de junio de 2023, la parte recurrente presentó ante el Ministerio de Salud el oficio No. GSJ-0011-2023 de 8 de junio en curso, dirigido al director del Área Rectora de Salud de Oreamuno, en el que se requirió, lo que siguiente: “(…) 1. Se nos informe sobre las medidas inmediatas o temporales que se van a adoptar en el corto plazo, máxime que ya está entrando la época lluviosa, y aún se siguen desfogando aguas canalizadas a la propiedad de mi representada, tanto por la Municipalidad de Oreamuno como de vecinos en colindancia norte como lo es el Salón Comunal entre otros. Lo cual genera el empozamiento de aguas al sur de la propiedad y generando contaminación tanto de basura como de aguas que desconocemos su naturaleza y estado. 2. Se nos indiquen las acciones a seguir por parte del Ministerio de Salud contra los propietarios que hayan desobedecido las órdenes sanitarias y la Municipalidad de Oreamuno. 3. Se nos indique si se ha realizado algún estudio sobre las aguas allí empozados y su estado. Si están o no contaminadas con aguas sépticas y otros. En caso negativo cuando se va a realizar dicha valoración por parte de las autoridades de salud. (...)" (véase prueba aportada por la parte recurrente).

EN CUANTO A LA MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO

El 15 de junio de 2023, la parte recurrente aportó a la Alcaldía y a la Secretaría del Concejo Municipal de Oreamuno el oficio No. GSJ0010-2023 de 8 de junio de 2023, dirigido a las autoridades recurridas del gobierno local de Oreamuno, en el que se solicitó la siguiente información: “(…) 1. Fecha de las obras del sistema pluvial con base en el estudio Hidrológico aportado por el Departamento de Hidrología del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Solicitamos copia de este último. 2. Se nos informe si ya se licito (sic) lo correspondiente con los recursos del BID No4507/OC-CR. 3. Fecha de indicio de la construcción de la puesta de 10 metros de largo y el desfogue del sistema pluvial, 150 mares de tubería y 4 pozos de registro. 4. Como consta. la existencia de ciento veinte millones de colones. del presupuesto extraordinario 2022. Solicitamos se nos indique estado de dicho recurso y debido a que no se ejecutó en el año 2022. Solicitamos se nos informe la existencia para este año y bajo que rubro presupuestario se encuentra. 5. Asi mismo las acciones que van a realizar sobre los colindantes al norte de nuestra propiedad que siguen desfogando sus aguas en la sociedad de nuestra representada. 6. Se nos informe sobre las medidas inmediatas o temporales que se van a adoptar en el cono plazo, máxime que ya está entrando la época lluviosa (...)" (Sic) (véase prueba aportada).
Por acuerdo tomado en artículo IV, inciso 14 tomado en la sesión No. 253-2023 de 20 de junio de 2022, el Concejo de Oreamuno determinó que la contestación de la gestión anterior no era su competencia, sino de la Alcaldía, a la cual la remitió (véase al respecto informe rendido por la autoridad recurrida agregado al expediente digital).

III.- HECHO NO PROBADO. No se estima como demostrado el siguiente hecho de relevancia para la resolución del asunto.

ÚNICO. Que, a la fecha de interposición de este recurso de amparo, a la parte amparada se le haya remitido la información solicitada desde el 15 de junio de 2023 a la Municipalidad de Oreamuno y al Área Rectora de Salud de Oreamuno.

IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la parte recurrente acude ante esta Sala, debido a que el 15 de junio de 2023 presentó los oficios N° GSJ0010-2023 del 8 de junio de 2023 y N° GSJ-0011-2023 de 8 de junio de 2023 ante la Alcaldía y Secretaría del Concejo Municipal de Oreamuno y al director del Área Rectora de Salud de Oreamuno, respectivamente, en la que requirió información de su interés. No obstante, a la fecha de interpuesto el recurso continúa sin tener respuesta a sus gestiones.

Al respecto, las autoridades recurridas, en su informe rendido bajo la solemnidad del juramento, exponen primeramente que, en cuanto al Área Rectora de Salud de Oreamuno que mediante el oficio N° MS-DRRSCE-DARSO-0435-2023 del 17 de mayo de 2023, la dirección recurrida le indicó a la parte recurrente las acciones que se han realizado por parte de su autoridad, así como que las aguas que discurren por la propiedad son pluviales y servidas, y que la Municipalidad de Oreamuno ha presentado propuesta de las obras a realizar para corregir dicha problemática, además, es importante aclarar a esta autoridad que con respecto de este caso la solución para solventar de manera definitiva la problemática presentada se encuentra en proceso, debido a que existe pendiente por parte de la Municipalidad de Oreamuno, la ejecución de las obras con el presupuesto del año 2023, según indica la Municipalidad a esta Dirección de Área Rectora de Salud. Por lo que, el 15 de junio de 2023, la parte recurrente presentó ante el Ministerio de Salud el oficio No. GSJ-0011-2023 de 8 de junio en curso, dirigido al director del Área Rectora de Salud de Oreamuno, en el que se requirió información de su interés.

Por otra parte, en lo que respecta a la Municipalidad de Oreamuno, el 15 de junio de 2023, la parte recurrente aportó a la Alcaldía y a la Secretaría del Concejo Municipal de Oreamuno el oficio No. GSJ0010-2023 de 8 de junio de 2023, dirigido a las autoridades recurridas del gobierno local de Oreamuno, solicitando información de su interés. Sin embargo, a la fecha de interpuesto el recurso no consta que la autoridad recurrida haya brindado una respuesta a las interrogantes planteadas por la parte recurrente.

Nótese que, lo que requiere la parte amparada es que las autoridades recurridas le brinden una respuesta a las interrogantes, toda vez que, en el fondo del asunto la problemática en cuestión ya fue de conocimiento por esta Sala, mismo se indicó en la parte Considerativa de esta Sentencia.

En consecuencia, este Tribunal considera que sí se ha dado una lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada, toda vez que, no se tiene por demostrado que las autoridades recurridas le hayan brindado la información según lo solicitado en los oficios N° GSJ0010-2023 del 8 de junio de 2023 y N° GSJ-0011-2023 de 8 de junio de 2023, ante las autoridades recurridas, es decir; ha transcurrido un plazo aproximadamente de un mes y diecisiete días, desde que la parte recurrente presentó su gestión y  a la fecha de interpuesto el recurso de amparo, la autoridad recurrida no ha brindado la información solicitada.  Así las cosas, al acreditarse la acusada violación de los derechos fundamentales del amparado, lo que procede es declarar con lugar, en los términos dispuestos en la parte dispositiva de esta sentencia.

VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDEINTE. Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

 Se declara con lugar el recurso; y, en consecuencia, se le ordena a Oscar Rodríguez González y a Mauricio González Jiménez, bajo ese mismo orden Director del Área Rectora de Salud de Oreamuno y el Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Oreamuno o a quienes ostenten dichos cargos, que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le brinde a la parte amparada la información solicitada desde el 15 de junio del 2023. Se le advierte a la autoridad recurrida que, bajo apercibimiento y de conformidad con lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Oreamuno y al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.-

 

 

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 4716P347AWPI61

EXPEDIENTE N° 23-017800-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 14:20:35.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**RESULTANDO:**

**1.-** By document added to the Digital Case File of the Chamber at 8:09 p.m. on August 1, 2023, the petitioner files an amparo action against the Ministry of Health and the Municipality of Oreamuno. They state that, on June 15, 2023, official letter No. GSJ0010-2023 dated June 8 of the current year was submitted to the Mayor's Office and the Secretariat of the Municipal Council of Oreamuno, addressed to the respondent authorities of the local government of Oreamuno, in which the following information was requested: "(…) 1. Date of the storm drainage system works based on the Hydrological study provided by the Hydrology Department of the Ministry of Public Works and Transport. We request a copy of the latter. 2. Inform us if the corresponding part with the IDB Loan No4507/OC-CR has already been tendered (sic). 3. Date of commencement of the construction of the 10-meter-long bridge and the outlet of the storm drainage system, 150 meters of piping and 4 manholes. 4. As recorded, the existence of one hundred twenty million colones from the extraordinary budget 2022. We request to be informed of the status of said resource and, due to its non-execution in 2022, we request to be informed of its existence for this year and under which budget line item it is located. 5. Likewise, the actions to be taken regarding the neighbors to the north of our property who continue to discharge their waters onto the property of our represented company. 6. Inform us of the immediate or temporary measures to be adopted in the short term, especially since the rainy season is already beginning (...)" (Sic) (see evidence provided). By agreement taken in article IV, subsection 14 taken in session No. 253-2023 of June 20, 2022, the Council of Oreamuno determined that the response to the previous request was not within its competence, but rather that of the Mayor's Office, to which it referred it. On the other hand, on that same date, June 15 of the current year, official letter No. GSJ-0011-2023 dated June 8 of the current year was submitted to the Ministry of Health, addressed to the director of the Oreamuno Health Governing Area, in which the following was requested: "(…) 1. Inform us of the immediate or temporary measures to be adopted in the short term, especially since the rainy season is already beginning, and channeled waters continue to be discharged onto the property of my represented company, both by the Municipality of Oreamuno and by neighbors on the northern boundary such as the Community Hall, among others. This generates waterlogging to the south of the property and generates contamination from both garbage and waters whose nature and condition are unknown to us. 2. Indicate to us the actions to be taken by the Ministry of Health against the property owners who have disobeyed the sanitary orders and against the Municipality of Oreamuno. 3. Indicate to us whether any study has been conducted on the waters pooled there and their condition. Whether or not they are contaminated with septic waters and others. If not, when will said assessment be carried out by the health authorities. (...)" (see evidence provided). They complain that, nevertheless, as of the date of filing this action, they had not received the requested information. They consider their fundamental rights violated. They request the intervention of this Court.

**2.-** By a ruling of the Presidency at 8:09 p.m. on August 1, 2023, the proceedings were admitted and a report was requested from the Director of the Oreamuno Health Governing Area of the Ministry of Health, as well as the Mayor of Oreamuno, regarding the facts alleged by the petitioner.

**3.-** Under oath, Oscar Rodríguez González, in his capacity as Director of the Oreamuno Health Governing Area, reports that on September 6, 2018, a formal complaint was received against several homes located in San Rafael de Oreamuno, Barrio El Alto; this complaint was assigned number N° 1399-2018. He adds that, in response to the filed complaint, on September 19, 2018, an inspection visit was conducted by Dipl. Gretel Quesada Moya as recorded in Inspection Report N° 01-2018 (folios 00030 to 00034) and in Technical Report N° CE-ARS-O-RS-665-2018 (folios 00054 to 00063), on September 19, 2018, and October 2, 3, 16, 17 and 31. He affirms that from 2018 onwards, the purpose was to corroborate the reported facts and thus determine the actions to be taken. In these inspections, an impact from wastewater (aguas servidas) and rainwater (aguas pluviales) flowing towards the complainants' property was corroborated, and therefore the following sanitary orders were issued:

"1. Sanitary Order N° CE-ARS-O-OS-00001-2019, to Priest Carlos Mena León.

2. Sanitary Order N° CE-ARS-O-OS-00002-2019, to Mr. Luis Arias Leiva.

3. Sanitary Order N° CE-ARS-O-OS-00003-2019, to Mr. Bernardo Sánchez Ramírez.

4. Sanitary Order N° CE-ARS-O-OS-00004-2019, to Mr. Tranquilino Núñez Núñez.

5. Sanitary Order N° CE-ARS-O-OS-00005-2019, to Mr. Eduardo Solano Solano (Asociación de Desarrollo Barrio Corazón de Jesús, El Alto, San Rafael de Oreamuno).

 6. Sanitary Order N° CE-ARS-O-OS-00006-2019, to Mrs. María Ulloa Redondo.

7. Sanitary Order N° CE-ARS-O-OS-00007-2019, to Lic. Catalina Coghi Ulloa (Municipality of Oreamuno)".

In these Sanitary Orders, it is ordered that, in coordination with the Municipality of Oreamuno, the proper evacuation of wastewater and rainwater be carried out. Subsequent to this, on January 24, 2019, an extension was requested by the Catholic Church, so this Health Governing Area granted a deadline until March 25, 2019, since the rainwater works must be carried out jointly with the Municipality of Oreamuno. In response to this complaint, on January 28, 2019, official letter N° MUOR-UTGV-050-2019 was received from the Municipality of Oreamuno (see folios 00094 to 00102), indicating that the implementation of a storm sewer (alcantarillado pluvial) project is planned to solve the problem in said community. Regarding this, on February 18, 2019, official letter N° MUOR-AM-162-2019 was received by this Health Governing Area (See folio 00130), in which the Municipality of Oreamuno requests an extension to schedule the project in the 2020 budget. According to Technical Report N° MSDRRSCE-ARSO-IT-330-2019 of October 9, 2019, signed by Dipl. Grettel Quesada Moya (See folios 00155 to 00158), the following is indicated in its conclusions:

"1. "The property of the complainant is a very large and vacant lot."

2. "The differences in elevation of the lands, both of the properties where construction already exists and of the vacant lot, are quite pronounced with a north-to-south slope, so rainwater runoff (escorrentía) would reach the lowest part of the land bordering the Villalta property, causing stagnation" (The Highlighting is not from the original).

3. "The existing infrastructure in the sector to channel rainwater is insufficient since the sewer system does not reach the nearest river, but rather ends its route, so the waters are diverted through a pipe that was installed in the past and that crosses the Community Hall of the Asociación de Desarrollo of Barrio el Alto, reaching the complainant's land and stagnating there.

4. "At the time of this follow-up, it is not possible for this official to consider the Sanitary Orders as fulfilled since, as long as the Municipality does not carry out the preliminary infrastructure works, the neighbors bordering the complainant's land have nowhere to drain those waters" (the Highlighting is not from the original)"

On April 7, 2021 and July 21, 2021, the official Dipl. Quesada Moya conducted follow-ups on Complaint N° 1399-2018, for which she appeared at the Municipality of Oreamuno (See folios N° 00164 to 00172); on those occasions, she was informed by the Municipality of Oreamuno that they were managing funds with the Inter-American Development Bank (IDB). On January 30, 2023, as part of the follow-up, an email was sent to Engineer Mauricio González of the Unidad Técnica de Gestión Vial of the Municipality of Oreamuno, asking him several questions related to the case and requesting that this Ministry be informed of the latest actions and, according to the activity schedule, when the start of the works was planned. On March 15, 2023, an email was received from Engineer Mauricio González attaching Official Letter MUOR-UTGV-373-2022 detailing that the storm sewer works will be carried out in two stages: a first stage would be developed by the Ministry of Public Works and Transport and a second stage with an item in the Extraordinary Municipal Budget 2023 for an amount of 120 million colones. He adds that, due to the hacking problem of the Ministry of Public Works and Transport emails, it has not been possible to publish the tender for the hiring of the company that would be in charge of the construction of the bridge and the corresponding piping. On March 15, 2023, Eng. Mauricio González of the Unidad Técnica Vial attached official letter DA-UHCAROC-0013-2023 from official Leonel Sanabria Méndez of the Unidad Hidrológica Caribe, Dirección de Aguas of MINAE, indicating that the waters flowing through the land are not part of the Quebrada Manta. Subsequent to this, on May 17, 2023, Mr. Melvin Gillen Gutiérrez, Mrs. Denia Guillen Martínez, and Eng. Gustavo Ramírez Pacheco were notified via email of Official Letter N° MS-DRRSCE-DARSO-0435-2023, indicating the actions taken by this Dirección de Área Rectora de Salud de Oreamuno (See folios 0193 to 0195), where it is clearly explained that the waters flowing through the property are wastewater and rainwater, that the corresponding Sanitary Orders were issued, and that the Municipality of Oreamuno has presented the proposal for the works to be carried out, with the 2023 budget. As of the date of this Action, the official Grettel Quesada Moya communicated by phone with Eng. Mauricio González of the Unidad Técnica Vial, and he reported that they are still waiting for the Ministry of Public Works and Transport (MOPT) to carry out the first stage of the project, so that subsequently, with the 2023 budget, the Municipality of Oreamuno can carry out the second stage, resolving said problem. Regarding the first allegation, about the immediate or temporary measures to be adopted in the short term considering that the rainy season is approaching and that the waters continue to be discharged towards the petitioners' property, it is important to clarify that the Sanitary Orders indicate that the solution must be in coordination with the Municipality of Oreamuno, and that the Municipality of Oreamuno already presented, on December 9, 2022, official letter N° 22-027411-07-CO (See folios 0183 to 0185), indicating the actions to be carried out and that it is waiting for MOPT to carry out the pending actions. Regarding the second point raised by the petitioner about the actions to be taken by this Ministry in the event of non-compliance with the Sanitary Orders, the matter will be referred to the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) for appropriate action. In relation to the third allegation set forth in the Amparo Action at hand, regarding whether this Ministry has determined the type of waters being discharged onto the property, it is clarified that fluorescein tests were conducted at the time, which reflected that it involves wastewater and rainwater. He mentions that it can be verified in the administrative file that the complaint was attended to promptly since it entered the Dirección de Área Rectora de Salud de Oreamuno on September 6, 2018, and attention began on September 19, 2018, and it has been followed up on in order to verify the execution of the works that the Municipality of Oreamuno must carry out. [He clarifies that] it is not true that the Ministry of Health has not communicated to the complainant the information they claim to be unaware of, since through Official Letter N° MS-DRRSCE-DARSO-0435-2023, (See folios 0193 to 0194), which was notified via email (See folio 0195), the petitioners were informed of the actions taken by this Dirección de Área Rectora de Salud, as well as that the waters flowing through the property are rainwater and wastewater, and that the Municipality of Oreamuno has presented a proposal for the works to be carried out to correct said problem. Furthermore, it is important to clarify to this authority that, with respect to this case, the definitive solution to the presented problem is in process, because the execution of the works with the 2023 budget is still pending on the part of the Municipality of Oreamuno, as indicated by the Municipality to this Dirección de Área Rectora de Salud. That, regarding the infrastructure works, the Municipality of Oreamuno was ordered to take the necessary actions to solve said problem, and follow-up has been given to the administrative procedures so that the required works are carried out. By reason of the foregoing, and considering that the officials Dipl. Grettel Quesada Moya and Licda. Raquel Melania Acuña Salazar have acted diligently and in accordance with the legislation in force in Costa Rica, and that the Ministry of Health, being the Governing Entity in Health, has issued the corresponding administrative acts, and the petitioners have been notified of the actions taken, as well as the type of waters flowing through the land and the pending actions on the part of the Municipality of Oreamuno, it is not demonstrated that the subjective rights of the petitioner have been violated. This Health Governing Area respectfully requests this honorable Chamber to declare the present articulation without merit in all its aspects. He requests that the action be declared without merit.

**4.-** Under oath, Mauricio González Jiménez, in his capacity as Director of the Unidad Técnica de Gestión Vial of the Municipality of Oreamuno, reports that "for more than a year they have conducted investigations of the rainwater causing the problem; it was possible to identify that this water comes from the extensive open agricultural areas in the Cot sector and discharges through culvert channels onto the aforementioned Routes. The runoff (escorentía) flows downwards without control over the properties that receive this rain flow to the Cantonal Route La Cuesta (3-007-023-00). I must mention that due to the effects of climate change we are currently experiencing, where it rains intensely, [the structures] to capture and adequately convey [water] were designed more than 20 years ago with a different precipitation rate than the current one; this flow causes flooding (inducciones) in the houses of the Barrio de El Alto de San Rafael de Oreamuno. Once the area is flooded and due to the topography, these [waters] descend to the affected property mentioned in the Amparo Action of file N° 22-027411-0007-CO, making it clear that these have not been intentionally directed, and in studies of the properties' history, they point to a ditch (acequia), for which a criterion was requested from the Dirección de Aguas to identify the nature of the water body. Mitigation Measures and Needs Inventory. In the floods of the year 2021, for the emergencies reported and notified by 911 to the Municipal Emergency Commission, work was carried out on the ditches (cunetas) of Barrio de El Alto de San Rafael, removing all sediment-clogged crossings along 700 meters to the Tatizcú River, thus eliminating any obstacle that prevented the water from flowing freely to its outlet in the water body. An inventory of tangible and real needs was carried out with existing resources, and different intervention options were evaluated for a definitive solution. For this case, the integrity of the residents of Barrio El Alto was taken into account. To this end, a storm drainage system (sistema pluvial) was designed with the contribution of a Hydrological Study carried out by the Hydrology Department of the Ministry of Public Works and Transport consisting of 350 meters of reinforced concrete pipe ASTM-C6 Class III with a diameter of 1.52 meters with its manholes (pozos de registro) 3.00 meters deep located in the southern section of the existing roadway. The installation of the storm drainage system will be carried out in two stages. The first stage will be executed by the company awarded the contract by the Ministry of Public Works and Transport, as it was successfully integrated into the Second Cantonal Road Network Program (PRVC-ll) of the IDB Loan No. 4507IOCfCR, which will cover the construction of a 10-meter-long bridge and the outlet of the storm drainage system, 150 meters of pipe and four Manholes, and the second stage will be carried out with the Unidad Técnica de Gestión Vial (U.T.G.V.)'s own resources and an item from the Extraordinary Budget 2022".

He requests that the action be declared without merit.

**5.-** In the proceedings conducted, the legal requirements have been observed.

 Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,

**CONSIDERANDO:**

**I.-** BACKGROUND OF INTEREST. Firstly, the Court deems it pertinent to bring up what was ordered in Judgment No. 2023-010816 at 09:20 on May 12, 2023, in which the following was stated:

"IV.- ON THE ACTIONS OF THE RESPONDENT MUNICIPAL AUTHORITIES.- From the study of the case records and the evidence provided, this Chamber verifies that the petitioners filed requests on September 6 and 14, 2018, in which they reported to the respondent municipality problems with the evacuation of wastewater and rainwater that were affecting their property. Later, they appeared and filed another request on October 22, 2021, reiterated on July 1, 2022. In relation to said complaints, the municipal authorities affirm in the report submitted to this Chamber that the problem consists of a flow of rainwater coming from the northern part of the canton of Oreamuno, specifically from the district of Cot. It is stated that these waters discharge into natural ditches (cunetas) on national routes 230 and 219; the ditches are insufficient for the water flow that has increased over time. Therefore, the Municipality of Oreamuno has been very aware of the problem that overwhelms the affected residents and the anxiety it generates in the community's residents, especially the owners of the farm belonging to Dinorah María Sociedad Anónima. The municipal authorities add that, according to conversations with the affected parties, the Unidad Técnica y Gestión and the Ministry of Public Works and Transport have already coordinated to execute a project in two stages. In this regard, a storm drainage system was developed with a Hydrological study provided by the Hydrology Department of the Ministry of Public Works and Transport. In this stage, it is the Ministry's responsibility to award the contract to the company responsible for executing the works. Then, in the second stage, it is integrated into the Cantonal Road Network with an IDB loan No. 4507/OC-CR that will cover the construction of a 10-meter-long bridge and the outlet of the storm drainage system, 150 meters of pipe and 4 manholes, as derived from the technical report provided by the Unidad Técnica y Gestión Vial. It is indicated that the Second stage of the project will be executed with the resources of the Unidad Técnica y Gestión Vial and with an item from the Extraordinary Budget 2022 for an amount of ₡ 120,000,000.00 (exactly one hundred twenty million colones). The project to solve the water outlet that floods the Alto de San Rafael sector and the property affected by the floods is already planned. From the described factual picture, this Court verifies the violation of the fundamental rights of the petitioner, because despite having reported a problem that affects them and their property since 2018, to date, the problem has not been resolved, and although the municipal authorities have acted and adopted measures, a definitive solution has not yet been provided. By virtue of the foregoing, it is necessary to uphold this action, under the terms indicated in the operative part of this judgment.

V.- ON THE ACTIONS OF THE HEALTH AUTHORITIES. From the study of the case records, it is extracted that the petitioners have indeed submitted several documents before the health authorities reporting the problems with the water outlet from neighboring properties that affect their property. In this regard, it is extracted from the evidence provided and from the report submitted under oath that the health authorities have carried out inspections and issued sanitary orders, and have even communicated with the municipal authorities to follow up on the handling of this problem that was reported to them by the petitioners. Therefore, it could not be verified that they have not addressed the complaints filed by the petitioners. However, there is no evidence that a response or notification of the actions taken has been given to the petitioners. Therefore, regarding the lack of response, it is appropriate to uphold the action concerning this authority.

VI.- ON THE ACTIONS TAKEN BY THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT.- Regarding this authority, no omission or arbitrary action affecting the rights of the petitioners is derived from the evidence provided. On the contrary, it is derived that its intervention occurred in its capacity as a technical body and was related to the preparation of a Feasibility Report for the project Replacement of the bridge over the Tatiscú River, located in Alto de San Rafael de Oreamuno, Cartago, sector known as San Martín, Road 3-07-053, FROM: URBAN STREETS, QUADRANTS; TO: ALTO CERRILLO CENTRO, length of 9.10 m, which was formulated by the Municipality of Oreamuno, with the support of the Technical Advisory from GIZ as well as professional specialists in hydrology and bridge structures from the Cantonal Road Network Program PRVC-ll MOPT/IDB.

VII.- Note from Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and effective administrative justice. I have supported the thesis of this Court that when a petitioner alleges a violation of the right to prompt and effective justice in administrative proceedings, those who must hear the legal dispute are the Administrative Courts (Tribunales de lo Contencioso-Administrativo) and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law n.° 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo action established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is responsible for exclusively defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which do proceed to be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in other cases, and for the reasons given by this Court (judgment N° 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the administrative litigation jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VIII.- NOTE FROM MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. As a general proposition, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work should be dismissed, as such omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested party can debate their disagreements more extensively. However, when some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction derives from that omitted administrative conduct, or when groups considered vulnerable are affected, I do proceed to consider the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this matter, as is the case here, where a violation of the fundamental rights of the petitioner is claimed, since there are waters coming from the sector of the Colegio Técnico de Oreamuno, which are collected and directed to their property, along with garbage from the drains. They state that the omission of the respondent authorities to resolve the reports or requests filed has caused the land to become a garbage dump and a lagoon of dirty water that generates environmental contamination (contaminación ambiental). The described situation constitutes an exception to my general position on this matter, which is why I consider it necessary for this Constitutional Court to analyze the merits of the matter, in order to verify or rule out the petitioner's allegations.

IX.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE RUEDA LEAL. I maintain that this matter should be dismissed outright, because the petitioner files the amparo action on behalf of a legal entity (persona jurídica). Of relevance to the sub examine, in the dissenting vote I recorded in judgment n.° 2019-2355 at 9:30 a.m. on February 12, 2019, I stated:

"in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that while some States recognize the right of petition for legal entities with special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the truth is that 'Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, so legal entities are not holders of the rights enshrined in said treaty'. On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court ruled that, in certain particular contexts, natural persons may exercise their rights through legal entities (for example, through a media outlet, as occurred in the case of Granier et al. v. Venezuela); however, for this to be protectable before the inter-American system, 'the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person who requires protection from the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, since a simple link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons and not of legal entities are indeed being protected. Indeed, it must be proven beyond the natural person's mere participation in the activities of the legal entity, so that such participation is substantially related to the rights alleged as violated.' (emphasis added) (OC. 22/16)".

In my judgment, reading the Law of Constitutional Jurisdiction compels the same reasoning as the supra-cited conventional hermeneutics regarding all fundamental rights. Thus, in a constitutionality proceeding filed on behalf of a legal entity, its admission for study requires an essential and direct relationship between the legal entity that claims to be affected by some violation of the constitutional order and the natural person who, due to such injury, comes to see some fundamental right diminished, in a reflexive but direct manner.

Now, for such purposes, the mere reference to a connection or link between the legal entity and the natural person is insufficient to infer that, precisely, through the constitutionality proceeding, the protection of the fundamental rights of the latter is being sought, not merely those of the former. The aforementioned requirement thus becomes a sine qua non prerequisite for the admissibility of constitutional review by this jurisdiction. Based on the foregoing, I conclude that this must be the guideline under which the Ley de la Jurisdicción Constitucional should be interpreted, so that in the sub iudice, the application of jurisdictional constitutional review becomes inadmissible, since, based on the evidence contained in the record, the essential link between the protected legal entity and any natural person has not been demonstrated, specifically, in relation to the alleged aggrieved right.

X.- PARTIALLY DISSENTING VOTE REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT BY MAGISTRATE GARRO VARGAS. Although I agree with the majority of the Chamber that the appeal should be granted, I differ on where to place the enforcement phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, as is the case here, so that “within a period of TWELVE MONTHS, counted from the notification of this judgment, a definitive solution is provided to the problem denounced by the appellants in Barrio El Alto, San Rafael de Oreamuno, independently of the immediate or temporary measures adopted in the short term, and additionally, it is ordered to keep the appellant party informed of the concrete actions adopted to resolve the problem they denounce.” In contrast, the provisions of the Código Procesal Contencioso-Administrativo regarding enforcement (article 155 et seq.) have obvious advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing liabilities, supervising compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of article 56 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, I consider that the enforcement phase must be carried out before the Enforcement Division of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the judgment enforcement rules of said Code.

(…)

POR TANTO

The appeal is partially granted with respect to the health authorities and the Municipalidad de Oreamuno. Regarding the Ministry of Health, Oscar Rodríguez González, in his capacity as Director of the Área Rectora de Salud de Oreamuno, is ordered to respond, within a period of three days counted from the notification of this resolution, to the petitions raised by the appellants on the dates of September 6, 2018, and September 14, 2018. Regarding the problem of water drainage and channeling, the municipal authorities Erick Jiménez Valverde in his capacity as Mayor, and Ileana María Bonilla Gómez, in her capacity as legal representative, and Nelson Montenegro Masís, all officials of the Municipalidad de Oreamuno de Cartago, or whoever occupies those positions in their stead, are ordered to coordinate and issue the pertinent orders, so that, within a period of TWELVE MONTHS, counted from the notification of this judgment, a definitive solution is provided to the problem denounced by the appellants in Barrio El Alto, San Rafael de Oreamuno, independently of the immediate or temporary measures adopted in the short term, and additionally, it is ordered to keep the appellant party informed of the concrete actions adopted to resolve the problem they denounce (…)".

II.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant party alleges that on June 15, 2023, it filed official letters No. GSJ0010-2023 of June 8, 2023, and No. GSJ-0011-2023 of June 8, 2023, before the Mayor's Office and the Secretariat of the Municipal Council of Oreamuno and the director of the Área Rectora de Salud de Oreamuno, respectively, in which it requested information of its interest. However, as of the date the appeal was filed, it still has no response to its petitions. It requests the intervention of this Court.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:

REGARDING THE ÁREA RECTORA DE SALUD DE OREAMUNO

Through Official Letter No. MS-DRRSCE-DARSO-0435-2023 of May 17, 2023, the directorate of the Área Rectora de Salud Oreamuno informed the appellant party of the following: “Regarding this situation, it is worth mentioning that on September 6, 2018, a formal complaint was received against several dwellings located in San Rafael de Oreamuno, Barrio El Alto. Said complaint was assigned number N' 1399-2018 (See folios 00001 to 00024 = folios 00001 to 00024). In response to the filed complaint, on September 19, 2018, an inspection visit was carried out by Dipl. Gretel Quesada Moya, as recorded in Inspection Report No. 01-201 8 (folios 00030 to 00034 = folios 00025 to 00029) and in Technical Report No. CE-ARS-O-RS-665-2018 (folios 00054 to 00063 = folios 00030 to 00039), on the days of September 19, 2018, October 2, 3, 16, 17, and 31, 2018, in order to corroborate the reported facts and thereby determine the actions to take. In said inspections, an impact from wastewater (aguas servidas) and rainwater (aguas pluviales) flowing towards the complainants' property is corroborated, for which the following sanitary orders were issued (See folio 00064 to 00089 = folios 00040 to 00065). The following Sanitary Orders were notified: No. CE-ARS-O-OS-00001-2019, to Presbyter Carlos Mena León. Sanitary Order No. CE-ARS-OOS-00002-2019, to Mr. Luis Arias Leiva. Sanitary Order No. CE-ARS-O-OS-00003-2019, to Mr. Bernardo Sánchez Ramírez. Sanitary Order No. CE-ARS-O-OS-00004-2019, to Mr. Tranquilino Núñez Núñez. Sanitary Order No. CE-ARS-O-OS-00005-2019, to Mr. Eduardo Solano Solano (Asociación de Desarrollo Barrio Corazón de Jesús, El Alto, San Rafael de Oreamuno). Sanitary Order No. CE-ARS-O-OS-00006-2019, to Mrs. María Ulloa Redondo. Sanitary Order No. CE-ARS-O-OS-00007-2019, to Lic. Catalina Coghí Ulloa (Municipalidad de Oreamuno). In said Sanitary Orders, it is ordered that, in coordination with the Municipalidad de Oreamuno, the adequate evaluation of wastewater and rainwater be carried out. After this, on January 24, 2019, an extension was requested by the Catholic Church. Therefore, from this Área Rectora de Salud, a deadline was granted until March 25, 2019, since the rainwater works must be carried out jointly with the Municipalidad de Oreamuno (see folios 00092 and 00093 = folios 00066 to 00067). In response to this complaint, on January 28, 2019, official letter No. MUOR-UTGV-050-2019 was received from the Municipalidad de Oreamuno (see folios 00094 to 00102 = folios 00068 to 00076), indicating that the implementation of a storm sewer project is planned to resolve the problems of said community. Regarding this, on February 18, 2019, official letter No. MUOR-AM-162-2019 was received at this Área Rectora de Salud (see folio 00130 = folio 77), in which an extension is requested by the Municipalidad de Oreamuno to schedule the project in the 2020 budget. According to Technical Report No. MSDRRSCE-ARSO-IT-330-2019 of October 9, 2019, signed by Dipl. Grettel Quesada Moya (See folios 00155 to 00158 = folios 00078 to 00081), the following is stated as conclusions: 1. 'The property of the complainant party is a very large and vacant lot.' D 2. 'The unevenness of the land, both on the properties where construction already exists and on the vacant lot, is quite pronounced with a north-to-south slope, so that rainwater runoff would reach the lowest part of the land bordering the Villalta property, causing ponding' (Highlighting not in the original). 3. 'The existing infrastructure in the sector for channeling rainwater is insufficient, since the sewer system does not reach the nearest river, but rather ends at the end of the route, so the water is diverted through a pipe that was installed in past times and that crosses the Community Hall of the Asociación de Desarrollo of Barrio El Alto, reaching the land of the complainant party and ponding there.' 4. 'At the time of this follow-up, it is not possible for this official to consider the Sanitary Orders fulfilled, since as long as the Municipality does not carry out the preliminary infrastructure works, the neighbors bordering the complainant party's land have nowhere to drain those waters.' (Highlighting not in the original). On April 7, 2021, and July 21, 2021, official Dipl. Quesada Moya carried out follow-ups to Complaint No. 1399-2018, for which she appeared at the Municipalidad de Oreamuno (See folios No. 00164 to 00172 = folios 00082 to 00090); on said occasions, she was informed by the Municipalidad de Oreamuno that they were managing funds with the Banco Interamericano de Desarrollo (BID). On December 8, 2022, official Lic. Raquel Melania Acuña Salazar appeared at the Municipalidad de Oreamuno to verify the status of the works and communicated by telephone with Eng. Mauricio González of the Unidad Técnica Vial, and he reported that with the help of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) and the 2023 budget, the works in the community of El Alto will be carried out to rectify said problems. The evidence proving the above is attached, 90 folios. The foregoing was notified to the protected party on that same date (see evidence provided by the respondent authority added to the digital file).

On June 15, 2023, the appellant party filed before the Ministry of Health official letter No. GSJ-0011-2023 of June 8 of the current year, addressed to the director of the Área Rectora de Salud de Oreamuno, in which the following was requested: “(…) 1. We be informed of the immediate or temporary measures to be adopted in the short term, especially since the rainy season is already beginning, and channeled waters are still being discharged onto my represented party's property, both by the Municipalidad de Oreamuno and by neighbors to the north such as the Community Hall, among others. This generates water ponding in the south of the property and generates contamination of both garbage and water whose nature and condition we do not know. 2. We be informed of the actions to be taken by the Ministry of Health against the owners who have disobeyed the sanitary orders and the Municipalidad de Oreamuno. 3. We be informed whether any study has been carried out on the waters ponded there and their condition. Whether or not they are contaminated with septic waters and others. If not, when will said assessment be carried out by the health authorities. (...)” (see evidence provided by the appellant party).

REGARDING THE MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO

On June 15, 2023, the appellant party provided to the Mayor's Office and the Secretariat of the Municipal Council of Oreamuno official letter No. GSJ0010-2023 of June 8, 2023, addressed to the respondent authorities of the local government of Oreamuno, in which the following information was requested: “(…) 1. Date of the storm drainage system works based on the Hydrological study provided by the Hydrology Department of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes. We request a copy of the latter. 2. We be informed whether the corresponding bidding (sic) has already been carried out with the resources from BID No. 4507/OC-CR. 3. Start date for the construction of the 10-meter-long bridge and the storm drainage system outlet, 150 meters of piping, and 4 manholes. 4. As stated, the existence of one hundred twenty million colones from the 2022 extraordinary budget. We request to be informed of the status of said resource and, since it was not executed in 2022, we request to be informed of its existence for this year and under which budget line item it is found. 5. Likewise, the actions that will be taken regarding the neighbors bordering to the north of our property who continue to drain their waters into my represented party's property. 6. We be informed of the immediate or temporary measures to be adopted in the short term, especially since the rainy season is already beginning (...)” (Sic) (see evidence provided).

By agreement taken in article IV, item 14 taken in session No. 253-2023 of June 20, 2022, the Council of Oreamuno determined that responding to the previous petition was not its competence, but rather that of the Mayor's Office, to which it was referred (see in this regard the report rendered by the respondent authority added to the digital file).

III.- UNPROVEN FACT. The following fact of relevance for the resolution of the matter is not deemed demonstrated.

SOLE. That, as of the date of filing of this amparo appeal, the information requested since June 15, 2023, had been sent to the protected party from the Municipalidad de Oreamuno and the Área Rectora de Salud de Oreamuno.

IV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the appellant party comes before this Chamber because on June 15, 2023, it filed official letters No. GSJ0010-2023 of June 8, 2023, and No. GSJ-0011-2023 of June 8, 2023, before the Mayor's Office and Secretariat of the Municipal Council of Oreamuno and the director of the Área Rectora de Salud de Oreamuno, respectively, in which it requested information of its interest. However, as of the date the appeal was filed, it still has no response to its petitions.

In this regard, the respondent authorities, in their report rendered under the solemnity of an oath, state firstly that, regarding the Área Rectora de Salud de Oreamuno, through official letter No. MS-DRRSCE-DARSO-0435-2023 of May 17, 2023, the respondent directorate informed the appellant party of the actions that have been taken by its authority, as well as that the waters flowing through the property are rainwater and wastewater, and that the Municipalidad de Oreamuno has presented a proposal for the works to be carried out to correct said problems; furthermore, it is important to clarify to this authority that regarding this case, the solution to definitively resolve the presented problem is in process, because the execution of the works with the 2023 budget is still pending by the Municipalidad de Oreamuno, as indicated by the Municipality to this Dirección de Área Rectora de Salud. Therefore, on June 15, 2023, the appellant party filed before the Ministry of Health official letter No. GSJ-0011-2023 of June 8 of the current year, addressed to the director of the Área Rectora de Salud de Oreamuno, in which information of its interest was requested.

On the other hand, regarding the Municipalidad de Oreamuno, on June 15, 2023, the appellant party provided to the Mayor's Office and the Secretariat of the Municipal Council of Oreamuno official letter No. GSJ0010-2023 of June 8, 2023, addressed to the respondent authorities of the local government of Oreamuno, requesting information of its interest. However, as of the date the appeal was filed, there is no record that the respondent authority has provided a response to the queries raised by the appellant party.

It should be noted that what the protected party requires is that the respondent authorities provide a response to its queries, given that, on the merits of the matter, the problem in question was already known to this Chamber, as was indicated in the Considering part of this Judgment.

Consequently, this Court considers that an injury to the fundamental rights of the protected party has indeed occurred, given that it is not demonstrated that the respondent authorities provided the information as requested in official letters No. GSJ0010-2023 of June 8, 2023, and No. GSJ-0011-2023 of June 8, 2023, to the respondent authorities; that is, a period of approximately one month and seventeen days has elapsed since the appellant party filed its petition, and as of the date the amparo appeal was filed, the respondent authority has not provided the requested information. This being the case, as the alleged violation of the fundamental rights of the protected party is accredited, the appropriate course is to grant the appeal, in the terms set forth in the operative part of this judgment.

VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the Office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in Session No. 27-11, of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin No. 19, of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, article LXXXI.

POR TANTO:

The appeal is granted; and, consequently, Oscar Rodríguez González and Mauricio González Jiménez, in that same order, Director of the Área Rectora de Salud de Oreamuno and Director of the Unidad Técnica de Gestión Vial of the Municipalidad de Oreamuno, or whoever holds those positions, are ordered to, within a period of TEN DAYS, counted from the notification of this judgment, provide the protected party with the information requested since June 15, 2023. The respondent authority is warned that, under penalty and in accordance with the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and fails to comply with or enforce it, provided that the offense is not more severely punished. The Municipalidad de Oreamuno and the State are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the events that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the enforcement of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction.-

Fernando Castillo V.

President

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Digitally Signed Document

-- Verification Code --

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4716P347AWPI61

FILE No. 23-017800-0007-CO

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