Res. 03964-2024 Sala Constitucional — Timely communication of actions on environmental complaintsComunicación oportuna de actuaciones en denuncias ambientales

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Sala Constitucional

Resolución Nº 03964 - 2024

Fecha de la Resolución: 16 de Febrero del 2024 a las 09:30

Expediente: 23-017827-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

1

 

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Exp: 23-017827-0007-CO

Res. Nº 2024003964

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del dieciseis de febrero de dos mil veinticuatro .

 Recurso de amparo interpuesto por ANNETTE FISCHEL QUIRÓS, cédula de identidad 1-1191-0890 y JULIE MEKO, contra el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).  

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 8:12 horas de 27 de julio de 2023, las recurrentes interponen recurso de amparo contra el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Manifiestan que el 29 de mayo de 2023, presentaron ante la recurrida denuncia escrita por tala de árboles en bosque privado. Indican que en la denuncia aportaron fotografías y solicitaron expresamente, lo siguiente: “(…) Que se realice una investigación en el campo y se efectué un análisis de imágenes satelitales y todas las herramientas oportunas para valorar el daño ambiental al bosque.... Solicitamos se nos exponga si esta oficina ha emitido autorizaciones para hacer tala, o cortar árboles en la zona denunciada que es el cerro en mención (…)”. Reclaman que a la fecha que acuden a la Sala, no han recibido respuesta alguna, por lo que suponen que la denuncia se traspapeló, situación que además de violentar sus derechos también afecta el ecosistema y el paisajismo.

2.- En resolución de las 17:32 horas de 1° de agosto de 2023, se da curso al proceso y se solicita informe al Director Ejecutivo y el Jefe Subregional de Cóbano del Área de Conservación Tempisque, ambos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), sobre los hechos alegados por las recurrentes. 

3.- Mediante escrito agregado al expediente digital a las 13:11 horas de 9 de agosto de 2023, informa bajo juramento Sandra Jiménez Calderón, en su condición de Directora Ejecutiva a.i. del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), que “(…) se solicitó informe al señor Pedro Andrey Rojas Chaves, Jefe a.i Oficinas Subregionales Paquera-Lepanto y Cóbano del Área de Conservación Tempisque en adelante ACT; en el cual se fundamenta el presente informe oficio ACT-OSRC-203-2023 del 04 de agosto de 2023 adjunto como prueba. TERCERO: Que en relación con la denuncia interpuesta a la oficina subregional de Paquera-Lepanto y Cóbano el Área de Conservación Tempisque realizó las siguientes acciones para dar respuesta a la solicitud de la recurrente según informe ACT-OSRC-203-2023 que se indican a continuación: 1) El día 26 de mayo de 2023 ingresa una llamada de la Licda. Silvia Solís Dávila, Fiscala Auxiliar, Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, y me pone en conocimiento una situación de denuncia de posible cambio de uso en la comunidad de Playa Hermosa del Distrito de Cóbano, luego de explicar los supuestos hechos me envía al correo [email protected] información e indicaciones de la línea de investigación a seguir. 2) El 29 de junio (sic) de 2023, se recibe en la oficina subregional de Cóbano una denuncia escrita presentada por Annette Fischel Quirós cédula de identidad 1-1191-0890 y Julie Meko pasaporte 508219333, informando los hechos contra el medio ambiente en la comunidad de Playa Hermosa del Distrito de Cóbano que coinciden con la investigación abierta desde el 26 de mayo de 2023. 3) El miércoles 7 de junio se hace de conocimiento de la Fiscala, que el día 05 de junio de 2023 se interpuso la denuncia sobre parte de los hechos denunciados, esto se investigó días atrás en coordinación interinstitucional con Dirección de Aguas y Gestión Ambiental del Concejo Municipal de Cóbano, correspondientes a aparente cambio de cauce e invasión de área de protección de la quebrada Peñón, esto corresponde a la causa 23-000157-0591-PE. 4) El día 12 de junio de 2023, se realiza una inspección al sitio de las posibles afectaciones al ecosistema de bosque, donde se recopila información referente a área de obras de construcción y caminos, además, se ejecuta un recorrido por áreas próximas a las obras con el objetivo de tener información necesaria para planificar la pericia de bosque. Esta inspección es realizada por Pedro Andrey Rojas Chaves y José Alexis Obregón Carrillo funcionarios de la oficina subregional Cóbano y Paquera-Lepanto respectivamente. 5) Se realiza la planificación de la aplicación de la pericia de bosque, la cual conlleva un tiempo en ejecutarse debido a la carencia de personal de apoyo y a la abrumadora cantidad de procesos que se llevan en las oficinas subregionales de Cóbano y de Paquera-Lepanto, la cual este servidor tiene como recargo la jefatura, así como todos los demás procesos y que tampoco cuenta con el personal suficiente para ser funcional. 6) El día 26 de junio de 2023, se realiza una nueva visita al sitio, donde se aplica el trabajo de campo de la pericia de bosque, para el procedimiento en la evaluación de campo y oficina se toma como base el documento “Fallas Jorge. 2019. Determinación de bosque acorde a la definición de ley Forestal 7575 de Costa Rica. Manual de procedimientos. San José, Costa Rica. 80 p.”. Dicho protocolo fue desarrollado sustentado en la legislación nacional y en los enunciados de la ciencia y la técnica. 7) El día 27 de julio se termina de procesar la información obtenida y se redacta el informe “Determinación de bosque acorde a la definición de Ley Forestal 7575 de Costa Rica” oficio ACT-OSRC-197-2023. 8) El día 28 de julio este funcionario contacta a la fiscala Licda. Silvia Solís Dávila, para infórmale sobre los avances en la investigación, en dicha llamada le solicito al menos 15 días de tiempo a fin de poder ordenar toda la información y hacer envío formal del informe sobre los hechos de la denuncia. Cabe destacar, que es un caso complejo donde se da que una finca madre es segregada varias fincas, y se debe corroborar cuales de estas fincas se están desarrollando las obras del posible cambio de uso. 9) El 04 de agosto de 2023, se envía a la Fiscalía Ambiental el informe de hechos ACT-OSRC201-2023 con la información de los hechos denunciados, junto con el informe de sustento “Determinación de bosque acorde a la definición de Ley Forestal 7575 de Costa Rica” oficio ACT-OSRC-197-2023. CUARTO: Que, con respecto a la gestión planteada por el amparado ante Sistema Nacional de Áreas de Conservación, oficina Subregional de Paquera-Lepanto y Cóbano del Área de Conservación Tempisque, mediante el oficio ACT-OSRC-202-2023, el pasado 04 de agosto de 2023 se le da respuesta a la denunciante en este caso la parte recurrente y fue notificada al correo indicado como [email protected] (…)”. Solicita se declare sin lugar el recurso.

4.- Por constancia de 17 de agosto de 2023, se indica que no consta que el Jefe Subregional de Cóbano del Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó.

5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.             

 Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.- Cuestión Preliminar. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia ambiental, la cual, presuntamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable por parte del SINAC. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.- Sobre las consecuencias de no rendir el informe solicitado por esta Sala. En vista de que el Jefe Subregional de Cóbano del Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) omitió rendir el informe dentro del plazo fijado por este Tribunal en la resolución de las 17:32 horas de 1° de agosto de 2023, y de conformidad con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tienen por ciertos los hechos en cuanto a ese funcionario y se procede a analizar la constitucionalidad con base en lo expuesto por la recurrente y demás autoridades recurridas.

III.- Objeto del recurso. Alegan las recurrentes que el 29 de mayo de 2023, presentaron una denuncia ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en virtud de la tala de árboles que se realizó en Playa Hermosa de Cóbano. Aseguran que, a la fecha en que presentan este recurso, la denuncia no ha sido resuelta ni se les ha indicado cómo procederá la autoridad recurrida para atenderla, lo que estiman lesivo de sus derechos fundamentales.

IV.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

1)    El 26 de mayo de 2023, la Fiscalía Agrario Ambiental pone en conocimiento del SINAC sobre una denuncia penal por posible cambio de uso en la comunidad de Playa Hermosa de Cóbano, la cual está en investigación en la causa penal No. 23-000157-0591-PE (ver informe rendido por la autoridad recurrida).

2)    El 29 de mayo de 2023, las recurrentes presentaron ante la Subregional de Cóbano del Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) una denuncia por presunta tala de árboles (ver prueba aportada al expediente).

3)    El 7 de junio de 2023, las autoridades del SINAC hacen de conocimiento de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, que los hechos denunciados se investigaron días atrás en coordinación interinstitucional con Dirección de Aguas y Gestión Ambiental del Concejo Municipal de Cóbano, correspondientes a aparente cambio de cauce e invasión de área de protección de la quebrada Peñón (ver informe rendido por la autoridad recurrida).

4)    El 12 de junio de 2023, las autoridades del SINAC realizan una inspección al sitio, para verificar las posibles afectaciones al ecosistema de bosque, donde se recopila información referente a área de obras de construcción y caminos, además, se ejecuta un recorrido por áreas próximas a las obras con el objetivo de tener información necesaria para planificar la pericia de bosque (ver informe rendido por la autoridad recurrida y prueba aportada al expediente).

5)    El 26 de junio de 2023, las autoridades recurridas realizan una nueva visita al sitio, donde se aplica el trabajo de campo de la pericia de bosque (ver informe rendido por la autoridad recurrida y prueba aportada al expediente).

6)    El día 27 de julio de 2023, la autoridad recurrida termina de procesar la información obtenida y se redacta el informe “Determinación de bosque acorde a la definición de Ley Forestal 7575 de Costa Rica” oficio ACT-OSRC-197-2023 (ver informe rendido por la autoridad recurrida y prueba aportada al expediente).

7)    El 28 de julio de 2023, las autoridades del SINAC contactan a la fiscala Licda. Silvia Solís Dávila de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, para infórmale sobre los avances en la investigación, en dicha llamada se le solicita al menos 15 días de tiempo a fin de poder ordenar toda la información y hacer envío formal del informe sobre los hechos de la denuncia (ver informe rendido por la autoridad recurrida y prueba aportada al expediente).

8)    El 3 de agosto de 2023, se notificó a las autoridades recurridas la resolución de curso de este proceso de amparo (ver acta de notificación).

9)    Con ocasión del recurso, se remite a las recurrentes el oficio No. ACT-OSRC-202-2023 de 4 de agosto de 2023, en el que se les indica: “En respuesta a su denuncia presentada el día 29 de mayo de 2023, se le informa lo siguiente: 1) Los hechos denunciados son parte de una investigación abierta que se lleva en la fiscalía ambiental desde el día 26 de mayo de 2023, que desde su conocimiento ha sido abordada bajo dirección funcional de la fiscalía ambiental. 2) El 29 de junio de 2023, se recibe en la oficina subregional de Cóbano la denuncia escrita presentada por Annette Fischel Quirós cédula de identidad 1-1191-0890 y Julie Meko pasaporte 508219333, informando los hechos contra el medio ambiente en la comunidad de Playa Hermosa del Distrito de Cóbano que coinciden con la investigación abierta desde el 26 de mayo de 2023. 3) El día 05 de junio de 2023 se interpuso la denuncia sobre parte de los hechos denunciados, esto se investigó días atrás en coordinación interinstitucional con Dirección de Aguas y Gestión Ambiental del Concejo Municipal de Cóbano, denuncia interpuesta por este servidor ante la fiscalía de Cóbano corresponde a la causa 23- 000157-0591-PE. 4) El día 12 de junio de 2023, se realiza una nueva inspección al sitio de la denuncia, donde se recopila información para el caso y necesaria para planificar la pericia de bosque. Esta inspección es realizada por Pedro Andrey Rojas Chaves y José Alexis Obregón Carrillo funcionarios de la oficina subregional Cóbano y Paquera-Lepanto respectivamente. 5) Se realiza la planificación de la aplicación de la pericia de bosque, la cual conlleva un tiempo en ejecutarse, debido a la carencia de personal de apoyo y a la abrumadora cantidad de procesos que se llevan en las oficinas subregionales de Cóbano y de Paquera-Lepanto, sobre la cual este servidor tiene como recargo la jefatura, así como todos los demás procesos y que tampoco cuenta con el personal suficiente para ser funcional. 6) El día 26 de junio de 2023, se realiza una nueva visita al sitio, donde se aplica el trabajo de campo de la pericia de bosque, para el procedimiento en la evaluación de campo y oficina se toma como base el documento “Fallas Jorge. 2019. Determinación de bosque acorde a la definición de ley Forestal 7575 de Costa Rica. Manual de procedimientos. San José, Costa Rica. 80 p.”. Dicho protocolo fue desarrollado sustentado en la legislación nacional y en los enunciados de la ciencia y la técnica. 7) El día 27 de julio se termina de procesar la información obtenida y se redacta el informe “Determinación de bosque acorde a la definición de Ley Forestal 7575 de Costa Rica” oficio ACT-OSRC-197-2023. 8) El día 28 de julio este funcionario contacta a la fiscalía para infórmale sobre los avances en la investigación, en dicha llamada le solicito al menos 15 días de tiempo a fin de poder ordenar toda la información y hacer envío formal del informe sobre los hechos de la denuncia. Cabe destacar, que es un caso complejo. 9) El 04 de agosto de 2023, se envía a la fiscalía ambiental el informe de hechos ACTOSRC-201-2023 con la información de los hechos denunciados, junto con el informe de sustento “Determinación de bosque acorde a la definición de Ley Forestal 7575 de Costa Rica” oficio ACT-OSRC-197-2023. 10) El código Procesal Penal dispone en su artículo 295, Privacidad de las actuaciones: “El procedimiento preparatorio no será público para terceros. Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes. Los abogados que invoquen un interés legítimo serán informados por el Ministerio Público sobre el hecho que se investiga y sobre los imputados o detenidos que existan, con el fin de que decidan si aceptan participar en el caso. Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave.” Al ser un caso en investigación y que se está actuando bajo dirección funcional de la fiscalía ambiental, este funcionario actúa en apego al código procesal penal en su artículo 295. Por tanto, se les comunica que los hechos denunciados forman parte de una causa judicial abierta, la cual ha sido atendida por la oficina subregional de Cóbano (…)” (ver informe rendido por la autoridad recurrida y prueba aportada al expediente).

  V.- Sobre el caso croncreto. En el sub lite, la parte recurrente acusa que el 29 de mayo de 2023, presentaron una denuncia ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en virtud de la tala de árboles que se realizó en Playa Hermosa de Cóbano. Aseguran que, a la fecha en que presentan este recurso, la denuncia no ha sido resuelta ni se les ha indicado cómo procederá la autoridad recurrida para atenderla, lo que estiman lesivo de sus derechos fundamentales.

Al respecto, esta Sala verifica que, en el caso concreto, efectivamente, el día 29 de mayo de 2023, las amparadas presentaron una denuncia ante el SINAC, en virtud de la tala de árboles y otras actividades que presuntamente afectan el ambiente en la zona de Playa Hermosa de Cóbano. Asimismo, se verificó que la autoridad recurrida recibió la denuncia y que paralelamente se tramita sobre los mismos hechos la causa penal No. 23-000157-0591-PE, en la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental.

Ciertamente, se pudo verificar que, la autoridad recurrida realizó diversas actuaciones tanto para atender la denuncia penal, como la denuncia en sede administrativa, dentro de estas actuaciones se realizaron dos inspecciones en el sitio los días 12 y 26 de junio de 2023. Además, en virtud de las inspecciones el 27 de julio de 2023 se empieza a confeccionar un informe para ser remitido a solicitud de la Fiscalía.

En este sentido, esta Sala pudo verificar que las autoridades del SINAC adoptaron acciones para atender la denuncia planteada en sede administrativa por las recurrentes; no obstante, no consta que, lo actuado haya sido informado de manera oportuna a las denunciantes, sino que, no fue sino hasta con ocasión de la notificación de al resolución de curso de este proceso a las autoridades recurridas, y luego de transcurridos aproximadamente tres meses de la presentación de la denuncia, que las autoridades procedieron a comunicarles a las recurrentes el oficio No. ACT-OSRC-202-2023 de 4 de agosto de 2023, en el que se les indica las actuaciones que se han realizado y se les hace la advertencia que al estar en curso una investigación penal sobre el mismo tema, no pueden brindarles de momento mayor información a la que se está comunicando. 

 Al respecto, debe indicar que  el hecho de que exista una investigación penal que, si bien marcha de forma paralela con lo investigado en sede administrativa, esto no impide de forma alguna a la autoridad recurrida informar a las personas denunciantes sobre el estado de su denuncia en sede administrativa, la tramitación realizada, lo que se ha hecho y demás aspectos de interés, puesto que, dichas actuaciones corresponden a lo realizado en el ámbito meramente administrativo y según lo denunciado por las recurrentes en esa vía, por lo que, debe y puede serles oportunamente comunicado. Asimismo, los documentos que per se son públicos, pueden ser suministrados al petente.

En consecuencia, si bien se pudo tener por acreditado que la denuncia sí ha sido atendida, y se han adoptado las acciones conducentes a su valoración y resolución, lo cierto es que el amparo debe ser estimado, por la falta de comunicación oportuna de lo actuado, puesto que, el plazo que transcurrió para que las autoridades del SINAC les comunicaran a las recurrentes el estado de su denuncia, es desproporcionado y causó una lesión a los derechos fundamentales de las amparadas. Bajo esta inteligencia, considera esta Sala que el recurso debe ser declarado con lugar, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues con ocasión del recurso se les brindó una respuesta a las amparadas sobre su denuncia.

VI.- En todo caso, se recuerda a las autoridades recurridas del SINAC que, si bien existe una investigación penal en curso, tienen la obligación y el deber de mantener informadas a las denunciantes sobre el avance que tenga la investigación en sede administrativa. Asimismo, los documentos que per se son públicos, pueden ser suministrados al petente.

VII.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes” ), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional - cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VIII.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

IX.- Voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida.

Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”. 

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.

Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:  

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”. 

Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.

X.- Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.

XI.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Tomen nota las autoridades recurridas de lo indicado en el VI considerando de esta sentencia. El Magistrado Castillo Víquez pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 VBHDG3WPR0A61

EXPEDIENTE N° 23-017827-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 14:21:25.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Constitucional

Resolution No. 03964 - 2024

Date of Resolution: February 16, 2024 at 09:30

Expediente: 23-017827-0007-CO

Drafted by: Jorge Araya Garcia

Type of matter: Amparo appeal

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL

Text of the resolution

1

 

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Exp: 23-017827-0007-CO

Res. No. 2024003964

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours thirty minutes on February sixteen, two thousand twenty-four.

 Amparo appeal filed by ANNETTE FISCHEL QUIRÓS, identity card 1-1191-0890 and JULIE MEKO, against the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).

Resultando:

1.- By document received in the Secretariat of the Sala at 8:12 hours on July 27, 2023, the appellants file an amparo appeal against the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). They state that on May 29, 2023, they filed a written complaint with the respondent for tree felling in a private forest. They indicate that in the complaint they provided photographs and expressly requested the following: “(…) That a field investigation be carried out and an analysis of satellite images and all appropriate tools be performed to assess the environmental damage to the forest.... We request that we be informed whether this office has issued authorizations for felling, or cutting trees in the reported area, which is the hill in question (…)”. They claim that as of the date they come to the Sala, they have not received any response, so they assume that the complaint was misplaced, a situation which, in addition to violating their rights, also affects the ecosystem and the landscape.

2.- In a resolution at 17:32 hours on August 1, 2023, the proceeding is commenced and a report is requested from the Executive Director and the Subregional Chief of Cóbano of the Área de Conservación Tempisque, both of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), regarding the facts alleged by the appellants.

3.- By document added to the digital expediente at 13:11 hours on August 9, 2023, Sandra Jiménez Calderón reports under oath, in her capacity as Acting Executive Director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), that “(…) a report was requested from Mr. Pedro Andrey Rojas Chaves, Acting Chief of the Paquera-Lepanto and Cóbano Subregional Offices of the Área de Conservación Tempisque, hereinafter ACT; upon which this report is based, official document ACT-OSRC-203-2023 dated August 4, 2023, attached as evidence. THIRD: That regarding the complaint filed with the Paquera-Lepanto and Cóbano subregional office, the Área de Conservación Tempisque took the following actions to respond to the appellant's request, according to report ACT-OSRC-203-2023, as indicated below: 1) On May 26, 2023, a call came in from Licda. Silvia Solís Dávila, Assistant Prosecutor, Adjunta Agrario Ambiental Prosecutor's Office, informing me of a complaint situation regarding possible land-use change (cambio de uso) in the community of Playa Hermosa in the District of Cóbano; after explaining the alleged facts, she sends information and instructions on the line of investigation to follow to the email [email protected]. 2) On June 29 (sic), 2023, a written complaint is received at the Cóbano subregional office, filed by Annette Fischel Quirós, identity card 1-1191-0890, and Julie Meko, passport 508219333, reporting facts against the environment in the community of Playa Hermosa in the District of Cóbano, which coincide with the investigation opened on May 26, 2023. 3) On Wednesday, June 7, the Prosecutor is informed that on June 5, 2023, a complaint was filed regarding part of the reported facts; this was investigated days earlier in inter-institutional coordination with the Dirección de Aguas y Gestión Ambiental of the Concejo Municipal de Cóbano, pertaining to an apparent change of watercourse and invasion of the protection area of the Peñón stream (quebrada), corresponding to case 23-000157-0591-PE. 4) On June 12, 2023, an inspection is carried out at the site of the possible effects on the forest ecosystem, where information is gathered regarding the area of construction works and roads; additionally, a tour is conducted through areas near the works with the objective of obtaining information necessary to plan the forest expertise (pericia de bosque). This inspection is carried out by Pedro Andrey Rojas Chaves and José Alexis Obregón Carrillo, officials of the Cóbano and Paquera-Lepanto subregional offices, respectively. 5) The planning for the application of the forest expertise (pericia de bosque) is carried out, which takes time to execute due to the lack of support personnel and the overwhelming number of processes handled in the Cóbano and Paquera-Lepanto subregional offices, for which this servant has the additional duty of the chief position, as well as all other processes, and which also lacks sufficient personnel to be functional. 6) On June 26, 2023, a new visit to the site is conducted, where the fieldwork of the forest expertise (pericia de bosque) is applied; the field and office evaluation procedure is based on the document “Fallas Jorge. 2019. Determinación de bosque acorde a la definición de ley Forestal 7575 de Costa Rica. Manual de procedimientos. San José, Costa Rica. 80 p.”. This protocol was developed based on national legislation and the principles of science and technique. 7) On July 27, the processing of the information obtained is completed, and the report “Determinación de bosque acorde a la definición de Ley Forestal 7575 de Costa Rica” is drafted, official document ACT-OSRC-197-2023. 8) On July 28, this official contacts the prosecutor, Licda. Silvia Solís Dávila, to inform her of the progress in the investigation; in that call, I request at least 15 days to be able to organize all the information and formally send the report on the facts of the complaint. It should be noted that it is a complex case where a parent farm is segregated into several farms, and it must be corroborated on which of these farms the works of the possible land-use change (cambio de uso) are being developed. 9) On August 4, 2023, the facts report ACT-OSRC201-2023 is sent to the Fiscalía Ambiental with the information on the reported facts, along with the supporting report “Determinación de bosque acorde a la definición de Ley Forestal 7575 de Costa Rica,” official document ACT-OSRC-197-2023. FOURTH: That, with respect to the matter raised by the amparo petitioner before the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Subregional Office of Paquera-Lepanto and Cóbano of the Área de Conservación Tempisque, by official document ACT-OSRC-202-2023, on August 4, 2023, a response is given to the complainant, in this case the appellant, and was notified to the indicated email as [email protected] (…)”. It requests that the appeal be dismissed.

4.- By certification of August 17, 2023, it is indicated that there is no record that the Subregional Chief of Cóbano of the Área de Conservación Tempisque of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) has filed any document or writing, in order to render the report requested from him.

5.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

 Drafted by Magistrate Araya García; and,

Considerando:

I.- Preliminary Matter. Before analyzing the merits of the matter —for the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure— it must be clarified that, as of judgment No. 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008, this Sala has referred to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party— or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, in this case, an exception scenario is presented, as it involves an environmental complaint, which, presumably, has not been resolved within a reasonable time by SINAC. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

II.- On the consequences of not rendering the report requested by this Sala. Given that the Subregional Chief of Cóbano of the Área de Conservación Tempisque of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) omitted to render the report within the deadline set by this Tribunal in the resolution at 17:32 hours on August 1, 2023, and in accordance with article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the facts are deemed to be true with respect to that official, and we proceed to analyze the constitutionality based on what was stated by the appellant and the other respondent authorities.

III.- Object of the appeal. The appellants claim that on May 29, 2023, they filed a complaint with the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, due to the felling of trees that took place in Playa Hermosa de Cóbano. They assert that, as of the date they file this appeal, the complaint has neither been resolved nor have they been informed how the respondent authority will proceed to address it, which they consider harmful to their fundamental rights.

IV.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven:

1)    On May 26, 2023, the Fiscalía Agrario Ambiental informs SINAC of a criminal complaint for possible land-use change (cambio de uso) in the community of Playa Hermosa de Cóbano, which is under investigation in criminal case No. 23-000157-0591-PE (see report rendered by the respondent authority).

2)    On May 29, 2023, the appellants filed with the Subregional Office of Cóbano of the Área de Conservación Tempisque of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) a complaint for alleged tree felling (see evidence provided to the expediente).

3)    On June 7, 2023, the SINAC authorities inform the Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental that the reported facts were investigated days earlier in inter-institutional coordination with the Dirección de Aguas y Gestión Ambiental of the Concejo Municipal de Cóbano, pertaining to an apparent change of watercourse and invasion of the protection area of the Peñón stream (quebrada) (see report rendered by the respondent authority).

4)    On June 12, 2023, the SINAC authorities carry out an inspection at the site, to verify the possible effects on the forest ecosystem, where information is gathered regarding the area of construction works and roads; additionally, a tour is conducted through areas near the works with the objective of obtaining information necessary to plan the forest expertise (pericia de bosque) (see report rendered by the respondent authority and evidence provided to the expediente).

5)    On June 26, 2023, the respondent authorities carry out a new visit to the site, where the fieldwork of the forest expertise (pericia de bosque) is applied (see report rendered by the respondent authority and evidence provided to the expediente).

6)    On July 27, 2023, the respondent authority finishes processing the information obtained and drafts the report “Determinación de bosque acorde a la definición de Ley Forestal 7575 de Costa Rica,” official document ACT-OSRC-197-2023 (see report rendered by the respondent authority and evidence provided to the expediente).

7)    On July 28, 2023, the SINAC authorities contact prosecutor Licda. Silvia Solís Dávila of the Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, to inform her of the progress in the investigation; in that call, at least 15 days are requested in order to organize all the information and formally send the report on the facts of the complaint (see report rendered by the respondent authority and evidence provided to the expediente).

8)    On August 3, 2023, the respondent authorities were notified of the resolution commencing this amparo proceeding (see notification record).

9)    On the occasion of the appeal, official document No. ACT-OSRC-202-2023 dated August 4, 2023, is sent to the appellants, indicating: “In response to your complaint filed on May 29, 2023, you are informed of the following: 1) The reported facts are part of an open investigation being conducted by the fiscalía ambiental since May 26, 2023, which since its recognition has been addressed under the functional direction of the fiscalía ambiental. 2) On June 29, 2023, the written complaint filed by Annette Fischel Quirós identity card 1-1191-0890 and Julie Meko passport 508219333 is received at the Cóbano subregional office, reporting the facts against the environment in the community of Playa Hermosa in the District of Cóbano, which coincide with the investigation opened on May 26, 2023. 3) On June 5, 2023, a complaint was filed regarding part of the reported facts; this was investigated days earlier in inter-institutional coordination with the Dirección de Aguas y Gestión Ambiental of the Concejo Municipal de Cóbano; the complaint filed by this servant with the fiscalía of Cóbano corresponds to case 23-000157-0591-PE. 4) On June 12, 2023, a new inspection is carried out at the site of the complaint, where information is gathered for the case and necessary to plan the forest expertise (pericia de bosque). This inspection is carried out by Pedro Andrey Rojas Chaves and José Alexis Obregón Carrillo, officials of the Cóbano and Paquera-Lepanto subregional offices, respectively. 5) The planning for the application of the forest expertise (pericia de bosque) is carried out, which takes time to execute due to the lack of support personnel and the overwhelming number of processes handled in the Cóbano and Paquera-Lepanto subregional offices, for which this servant has the additional duty of the chief position, as well as all other processes, and which also lacks sufficient personnel to be functional. 6) On June 26, 2023, a new visit to the site is conducted, where the fieldwork of the forest expertise (pericia de bosque) is applied; the field and office evaluation procedure is based on the document “Fallas Jorge. 2019. Determinación de bosque acorde a la definición de ley Forestal 7575 de Costa Rica. Manual de procedimientos. San José, Costa Rica. 80 p.”. This protocol was developed based on national legislation and the principles of science and technique. 7) On July 27, the processing of the information obtained is completed, and the report “Determinación de bosque acorde a la definición de Ley Forestal 7575 de Costa Rica” is drafted, official document ACT-OSRC-197-2023. 8) On July 28, this official contacts the fiscalía to inform it of the progress in the investigation; in that call, I request at least 15 days to be able to organize all the information and formally send the report on the facts of the complaint. It should be noted that it is a complex case. 9) On August 4, 2023, the facts report ACTOSRC-201-2023 is sent to the fiscalía ambiental with the information on the reported facts, along with the supporting report “Determinación de bosque acorde a la definición de Ley Forestal 7575 de Costa Rica,” official document ACT-OSRC-197-2023. 10) The Código Procesal Penal stipulates in its article 295, Privacy of proceedings: “The preparatory proceeding shall not be public for third parties. The proceedings may only be examined by the parties, directly or through their representatives. Lawyers invoking a legitimate interest shall be informed by the Ministerio Público about the fact being investigated and about any accused or detained persons that exist, so that they may decide whether to accept participation in the case. The parties, the officials participating in the investigation, and the other persons who, for any reason, have knowledge of the proceedings carried out, shall have the obligation to maintain secrecy. Failure to comply with this obligation shall be considered a serious fault.” As this is a case under investigation and action is being taken under the functional direction of the fiscalía ambiental, this official acts in compliance with the Código Procesal Penal in its article 295. Therefore, you are informed that the reported facts form part of an open judicial case, which has been addressed by the Cóbano subregional office (…)” (see report rendered by the respondent authority and evidence provided to the expediente).

  V.- On the specific case. In the sub lite, the appellant alleges that on May 29, 2023, they filed a complaint with the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, due to the felling of trees that took place in Playa Hermosa de Cóbano. They assert that, as of the date they file this appeal, the complaint has neither been resolved nor have they been informed how the respondent authority will proceed to address it, which they consider harmful to their fundamental rights.

In this regard, this Sala verifies that, in the specific case, indeed, on May 29, 2023, the amparo petitioners filed a complaint with SINAC, due to the felling of trees and other activities that allegedly affect the environment in the area of Playa Hermosa de Cóbano. Likewise, it was verified that the respondent authority received the complaint and that, simultaneously, criminal case No. 23-000157-0591-PE is being processed on the same facts in the Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental.

Certainly, it could be verified that the respondent authority carried out various actions both to address the criminal complaint and the complaint in the administrative venue; among these actions, two on-site inspections were carried out on June 12 and 26, 2023. Furthermore, by virtue of the inspections, on July 27, 2023, a report began to be prepared to be sent at the request of the Fiscalía.

In this sense, this Sala was able to verify that the SINAC authorities took action to address the complaint filed in the administrative venue by the appellants; however, there is no record that what had been done was communicated in a timely manner to the complainants, but rather, it was not until the occasion of the notification of the resolution commencing this proceeding to the respondent authorities, and after approximately three months had elapsed since the filing of the complaint, that the authorities proceeded to communicate to the appellants official document No. ACT-OSRC-202-2023 dated August 4, 2023, in which the actions taken are indicated and they are warned that, since a criminal investigation on the same matter is underway, they cannot provide them with more information at the moment than what is being communicated.

 In this regard, it must be noted that the fact that a criminal investigation exists, which indeed progresses in parallel with what is being investigated in the administrative venue, in no way prevents the respondent authority from informing the complainants about the status of their complaint in the administrative venue, the processing carried out, what has been done, and other aspects of interest, since such actions correspond to what has been carried out in the purely administrative sphere and according to what the appellants denounced via that route; therefore, it must and can be timely communicated to them. Likewise, documents that are per se public may be provided to the petitioner.

Consequently, although it could be established that the complaint has indeed been addressed, and the appropriate actions for its assessment and resolution have been taken, the truth is that the amparo must be granted due to the lack of timely communication of what has been done, since the time that elapsed for the SINAC authorities to communicate to the appellants the status of their complaint is disproportionate and caused harm to the fundamental rights of the amparo petitioners. Under this understanding, this Sala considers that the appeal must be declared granted, without special condemnation for costs (costas), damages, and losses, since on the occasion of the appeal, a response was provided to the amparo petitioners regarding their complaint.

VI.- In any case, the respondent authorities of SINAC are reminded that, although a criminal investigation is underway, they have the obligation and the duty to keep the complainants informed about the progress of the investigation in the administrative venue. Likewise, documents that are per se public may be provided to the petitioner.

VII.- On the condemnation for costs (costas), damages, and losses in accordance with article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Upon better consideration, the majority of the Sala considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (“If, while the amparo is ongoing, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared granted solely for the purposes of compensation and costs (costas), if they are applicable”), the granting must be without special condemnation for costs (costas), damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that requires the operative part of the judgment to state that the appeal is declared granted, when the grievance is resolved while the amparo is ongoing, it is no less true that the same paragraph in fine refers that the granting is decreed “solely for the purposes of compensation and costs (costas), if they are applicable”. It is underlined that the Law states “if they are applicable”, which means that the applicability or inapplicability of compensation and costs (costas) depends on an assessment, appreciation, or weighting by the Tribunal. In cases such as this, the content of the claim of the amparo-protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it stipulates that: “any resolution upholding the appeal shall condemn in the abstract to the compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs (costas) of the appeal, and shall reserve their liquidation for the execution of judgment”, where the possibility of assessing whether compensation and costs (costas) apply is not provided for. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law, or, as applicable, those of International or Community Law and, furthermore, in that order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional - cf. article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite retains the possibility to resort, if it deems appropriate, to a plenary process in order to demonstrate that they have suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this appeal without condemnation for costs (costas), damages, and losses.

VIII.- Note of Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and fulfilled administrative justice. I have supported the thesis of this Tribunal, that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in the administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Courts of the Contentious-Administrative jurisdiction and not this Sala. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is subject to judicial protection by means of the amparo appeal established by article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Sala as cases of exception, which are appropriate to be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in all other cases, and for the reasons given by this Tribunal (judgment No. 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

IX.- Partial dissenting vote of Magistrate Salazar Alvarado, solely in relation to the non-condemnation for costs (costas), damages, and losses against the respondent party.

Although I agree with the rest of the Sala in declaring the appeal granted, I separate from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from being condemned to pay the costs (costas), damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.

The Ley de la Jurisdicción Constitucional, in article 52, stipulates that:

“If, while the amparo is ongoing, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared granted solely for the purposes of compensation and costs (costas), if they are applicable”.

On the other hand, article 51 ibidem establishes that:

“...any resolution upholding the appeal shall condemn in the abstract to the compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs (costas) of the appeal, and shall reserve their liquidation for the execution of judgment”.

This last norm establishes the general system that regulates matters related to compensation and the payment of costs (costas), and which the majority calls the “natural or normal form of termination of the process, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”.

In the majority's opinion, article 51, cited, regulates the scenarios in which the Sala has found the grievance proven; and, as a consequence, the need for a condemnation for costs (costas), damages, and losses arises. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Tribunal verifies an injury to some fundamental right; and, therefore, declares the appeal granted, as well as in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo —a scenario contemplated in article 52, referenced—, by imperative of articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the condemnation of the infringer to compensate for the damages and losses caused and to pay the costs (costas) of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a dissuasive measure, so that the State does not again incur the actions that gave basis to the granting of the appeal, a matter regulated in article 50 of the law that governs this jurisdiction.

Thus, whether the Chamber has deemed the grievance proven and proceeded to examine the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restitution in the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of those scenarios, the imperative need arises for an award of costs, damages, and losses against the offender, the basis of which lies in the principles of protecting individuals' rights and in the principle that the Administration must be held responsible for the damages and losses caused by its unconstitutional actions.

Thus, the fact that, at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased, in the terms set forth in Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the appropriateness of an award of costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of mandatory condemnation in those respects contained in the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional).

Furthermore, it is clear that the aforementioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard nor ruled on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restitution, in the enjoyment of those rights, that the Administration has granted in their favor; a situation which, as the majority of the Chamber affirms, implies an “abnormal termination of the proceeding.”

The legislator precisely established and delimited the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is pending, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that granted leave to proceed with the amparo; and 2) that there exists an administrative or judicial resolution that indisputably orders the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the provision in question contemplates an exception to the general system of awarding costs, damages, and losses, despite the granting of the recourse, by stipulating that, in the cases regulated therein, the recourse shall be granted “solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate.” As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it is only appropriate in the scenarios strictly contemplated by the provision, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, a detriment to the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered due to the injury to their constitutional rights.

In my view, such an exception should be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic condemnation for costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, such condemnation is always appropriate, even in the case that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, ceases, or suspends the challenged action, unless it is indisputably and clearly established that in the specific case no compensable injury was caused. Only and solely under such circumstances could the respondent Administration be exempted from payment of those items. Since, in this case, there is no evidence whatsoever to rebut the presumption that economic damages and losses arose for the protected party from the challenged actions—the specific determination of which does not correspond to this jurisdiction—the granting of this recourse must necessarily entail condemnation for costs, damages, and losses, and we so declare.

As an additional reason, it should be noted that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary object the analysis of the existence or non-existence of damages and losses, but rather the existence or non-existence of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of individuals' fundamental rights. From this perspective, the analysis conducted by this venue focuses on said verification; however, it does not enter into the weighing of whether those issues have generated or not injuries in the strictly patrimonial sphere of the protected persons. Although the aforementioned Article 52 of the LJC, in its grammatical scope, provides that said condemnation (for damages, losses, and costs) operates, if appropriate, we the undersigned do not consider that this examination of pertinence can be automatically excluded a priori in this type of proceeding, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo recourse, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable), have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally indemnifiable. For reference, numerals 179 through 184 of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), Law No. 8508, define a special proceeding whose object is the definition of the economic effects derived from condemnations issued in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following object:

“ARTICLE 179.- The Contentious-Administrative Court is responsible for the execution of judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against subjects of Public Law, solely as regards the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications.”

It is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract condemnation in those items, since that type of claim would not be appropriate within that type of cause when the judgment issued in the amparo proceeding expressly established the impropriety of damages, losses and/or costs, just as when there is no express ruling on this matter. That is, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, a condemnation or express ruling by this Constitutional Chamber. In this vein, in our judgment, pursuant to the aforementioned section 52 of the LJC, the waiver of that patrimonial condemnation requires the accreditation, in each case, of situations from which the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the facts analyzed, is reasonably estimated. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified and duly substantiated application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the course of the proceeding, the Administration issued a resolution or a judicial judgment was issued that revokes, ceases, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that, prior to that cessation by cause attributable to the respondent entity or otherwise, the accused indolence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such a substantive question, concerning the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that fall outside the nature of these proceedings and regarding which, pursuant to what is regulated by the aforementioned mandate 52, are proper to an abstract condemnation that subsequently constitutes the basis for analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, since, it is reiterated, this is not its object or primary ratio. Thus, it does not correspond to the protected person to claim or demonstrate damages, given that what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, if those administrative conducts have caused them injuries, that is an aspect which, as a matter of principle and except for exceptional cases, does not form part of the basis for analysis in this type of cause. Note that, in the scenario regulated by that mandate, the Constitutional Chamber does not conduct a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, the court does not proceed to assess whether or not there is an infraction, and consequently, much less can it be defined whether, based on what is denounced by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation. In this manner, the waiver of condemnation referred to by that provision is of an exceptional, not a principled, nature. Therefore, in those scenarios, the provision imposes an abstract condemnation, so that it is within another plenary proceeding that its appropriateness is analyzed. Otherwise, if that exemption from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries in their patrimonial sphere would be jeopardized, to the detriment of what is provided by Article 45 of the Political Constitution (Constitución Política), and ignoring the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Furthermore, it must not be overlooked that it was by virtue of an action of this nature that conduct was adopted causing the cessation of the actions that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person. That is, in order to obtain the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by virtue of that, that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is reiterated, whether the persistence of the threat or deterioration of their situation until it was caused to cease by the causes alluded to in the provision under examination generated damages and losses, is a matter that, absent proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, we reiterate, in no way should be denied, as a presupposition, solely due to the materialization of the factual scenario regulated in the mentioned section 52 of the LJC. Therefore, with the utmost respect always for the majority position, I cast my vote and reiterate that the granting of this recourse must necessarily entail abstract condemnation for costs, damages, and losses.

X.- Dissenting vote of Magistrate Garro Vargas regarding the operative part of this judgment. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: “If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, ceases, or suspends the challenged action, the recourse shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate.”

My interpretation of that provision is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restitutes the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are appropriate” refers to costs. Indeed, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.

Certainly, pursuant to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo remedy is not indemnificatory but restitutory; however, Article 51 of the LJC states: “Every resolution that grants the recourse shall condemn in abstracto to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the recourse, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment.”

If the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the case where it has been restituted, damages and losses may have arisen. For that reason, an abstract condemnation for these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not ordered, in the event that they had indeed occurred, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite the abstract condemnation, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary venue shall so declare, as only he is responsible for establishing the actual existence and magnitude thereof.

With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would encourage the Administration to respect rights only when faced with an amparo recourse. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restituted.

By reason of the foregoing, I partially dissent from the operative part and order condemnation for damages and losses, but not for costs.

XI.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, according to the provisions of the "Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:

The recourse is granted, without special award of costs, damages, and losses. Let the respondent authorities take note of what is indicated in recital VI of this judgment. Magistrate Castillo Víquez adds a note. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents and orders the award of damages, losses, and costs. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages and losses, but not costs. Notify. -

Fernando Castillo V.

Presidente

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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