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Res. 05590-2024 Sala Constitucional — Potable water contamination with xylene in Goicoechea and duties of AyA and MunicipalityContaminación de agua potable con xileno en Goicoechea y deberes de AyA y Municipalidad

constitutional decision Sala Constitucional 01/03/2024 Topic: water-law

Summary

English
The Constitutional Chamber hears an amparo filed by residents of Montelimar, Guadalupe, against the Municipality of Goicoechea and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) for the interruption of potable water service due to xylene contamination since January 2024. The complainants allege lack of continuous supply, insufficient water tankers, and omission of a municipal contingency plan. The Chamber analyzes the legal competencies of both institutions and the proven facts: AyA preventively suspended the service, activated emergency protocols, coordinated with the Ministry of Health, and distributed water by tankers; the Municipality informed the community, arranged meetings with authorities, and supported logistics. The Chamber concludes that both entities acted within their possibilities and competencies, without violating fundamental rights, and that the service had already been restored at the time of filing. The amparo is denied.
Español
La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo presentado por vecinos de Montelimar, Guadalupe, contra la Municipalidad de Goicoechea y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), por la interrupción del servicio de agua potable debido a contaminación con xileno desde enero de 2024. Los recurrentes alegan falta de suministro continuo, insuficiencia de camiones cisterna y omisión de un plan de contingencia municipal. La Sala analiza las competencias legales de ambas instituciones y los hechos probados: el AyA suspendió el servicio preventivamente, activó protocolos de emergencia, coordinó con el Ministerio de Salud, y distribuyó agua por cisternas; la Municipalidad informó a la comunidad, gestionó reuniones con autoridades y apoyó la logística. La Sala concluye que ambas entidades actuaron dentro de sus posibilidades y competencias, sin vulnerar derechos fundamentales, y que el servicio ya se había restablecido al momento de la interposición. Declara sin lugar el recurso.

Key excerpt

Español (source)
Conclusión. De lo expuesto, contrario a lo que afirman los recurrentes en su escrito de interposición, esta Sala determina que la autoridad recurrida del AyA, no suspendió de manera arbitraria el servicio de agua a los tutelados de la zona de Montelimar de Goicoecha, sino que fue una vez que tuvo conocimiento de la sospecha de agua contaminada, el 22 de enero de 2024, que de inmediato, en aras de evitar el grave riesgo la salud de la población, procedió a realizar los análisis de laboratorio, que mostraron presencia de hidrocarburos totales en bajas concentraciones, en algunas comunidades de los cantones de la GAM (Moravia, Goicoechea, Tibás y San José), afectando de esa manera la calidad y continuidad del servicio de agua potable a un aproximado de 107 mil usuarios.

Además de determinar y ubicar los focos de la posible contaminación, el AyA recurrido adoptó, múltiples acciones con el fin de dotar de agua potable a las áreas afectadas, activando de esa manera el Protocolo para la atención de eventos de afectación o potencial afectación en la calidad del recurso hídrico utilizado para el abastecimiento poblacional.

En virtud de lo expuesto, este Tribunal determina que las acciones adoptadas por las autoridades recurridas ejecutas fueron ejecutadas de forma coordinada entre las autoridades recurridas responsables, que han buscado una solución definitiva al problema de contaminación en el agua destinada al consumo humano. Además, incluyeron las previsiones para dar el servicio mediante camiones cisterna en la comunidad, siendo que a la fecha de interponerse este recurso, ya la situación se había normalizado.
English (translation)
Conclusion. Based on the foregoing, contrary to what the complainants assert in their filing, this Chamber determines that the respondent authority of AyA did not arbitrarily suspend water service to the protected residents of the Montelimar area of Goicoechea, but rather, once it became aware of the suspicion of contaminated water on January 22, 2024, in order to avoid serious risk to public health, it immediately proceeded to carry out laboratory analyses, which showed the presence of total hydrocarbons in low concentrations in some communities of the cantons of the GAM (Moravia, Goicoechea, Tibás and San José), thereby affecting the quality and continuity of the potable water service for approximately 107,000 users.

In addition to determining and locating the sources of possible contamination, the respondent AyA adopted multiple actions aimed at providing potable water to the affected areas, thereby activating the Protocol for the attention of events affecting or potentially affecting the quality of water resources used for public supply.

In light of the above, this Tribunal determines that the actions adopted by the respondent authorities were executed in a coordinated manner among the responsible respondent authorities, and that they have sought a definitive solution to the problem of contamination of water intended for human consumption. Furthermore, they included provisions to provide service through tanker trucks in the community, and as of the date of filing this appeal, the situation had already returned to normal.

Outcome

Denied

English
The appeal is denied upon finding that the AyA and the Municipality of Goicoechea acted timely and within their competencies to manage the potable water contamination.
Español
Se declara sin lugar el recurso al constatar que el AyA y la Municipalidad de Goicoechea actuaron oportunamente y dentro de sus competencias para gestionar la contaminación del agua potable.

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Keywords

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Sala Constitucional

Resolución Nº 05590 - 2024

Fecha de la Resolución: 01 de Marzo del 2024 a las 09:20

Expediente: 24-002885-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 24-002885-0007-CO

Res. Nº 2024005590

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del uno de marzo de dos mil veinticuatro .

 

Recurso de amparo que se tramita en expediente nro. 24-002885-0007-CO, interpuesto por ANDREA DEL CARMEN RAMIREZ BRENES, cédula de identidad 0110740173, BYRONE ZOLY MONGE MADRIGAL, cédula de identidad 0116710481, DANIELA DEL CARMEN RAMIREZ BRENES, cédula de identidad 0117410221, EDELWEISS SCHUMACHER HANKE, cédula de identidad 0900630050, FELIPE GUADAMUZ FLORES, cédula de identidad 0111860941, JOSE HUMBERTO MONGE ZUÑIGA, cédula de identidad 0301680323, JULIA ISABEL VALVERDE SALGADO, cédula de identidad 0112570380, LIA QUESADA CHAVERRI, cédula de identidad 0104340748, MARIA EMILIA MADRIGAL MADRIGAL, cédula de identidad 0105710180, MARIA PAZ VALVERDE SALGADO, cédula de identidad 0117830534, MARIETA MADRIGAL MADRIGAL, cédula de identidad 0105060674, MARIO ANTONIO PANCRACIO SOLERA VARGAS, cédula de identidad 0105870563, OSCAR DAVID MOYA ZAMORA, cédula de identidad 0115630631, PATRICIA SALGADO MUÑOZ, cédula de identidad 0104180050, contra LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA Y EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:42 horas del 2 de febrero de  2024, la parte recurrente Andrea del Carmen Ramírez Brenes y otros interponen recurso de amparo. Señalan  que se han visto afectados ya que, desde fecha desconocida, el servicio público de agua potable suministrado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se ha visto interrumpido por contaminación con xileno, según las informaciones publicadas en prensa. Acotan que, en el caso de los vecinos de Montelimar, los cisterna no han repartido agua en dos días. Aseguran que no hay registros de que la Municipalidad de Goicoechea implementara un plan de contingencia o llevara a cabo diligencias para paliar los problemas del suministro de agua. Explican que el problema no ha perdido vigencia pues si bien las autoridades indican haberlo solucionado, en la práctica sigue habiendo irregularidades periódicas y falta de continuidad en el suministro del agua potable. Estima lesionado su derecho a la salud. Pide se declare con lugar el recurso.

2.-Mediante resolución de las 15:21 horas del 7 de febrero de 2024 se dio curso al proceso y se solicitó informe al Alcalde de Goicoechea y el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

3.-Informan Roosevelt Alvarado Ramírez, en su condición de Subgerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.  Explica: “(…) según informan el Ingeniero Carlos Camacho Soto, funcionario de la UEN Producción y Distribución Operación y Control del Acueducto GAM de este Instituto, mediante Memorando N°UEN-PyDOCA-GAM-2024-00088 de fecha 11 de febrero del 2024; el Ingeniero Oscar Ramírez Sánchez Director de la UEN Producción y Distribución Plantas Potabilizadoras GAM de este Instituto, mediante Memorando N°UEN-PyDPP-GAM;- 2024-00039 de fecha 12 de febrero del 2024 y los funcionarios Viviana Ramos Sánchez Directora de la UEN Gestión Ambiental y Héctor Enrique Zúñiga Mora Coordinador de la Unidad de Gestión del Recurso Hídrico de este Instituto, mediante Memorando N°UEN-GA-2024-00176 de fecha 12 de febrero del 2024, según información que al efecto se registra en este Instituto, a partir del primer reporte realizado por los usuarios el lunes 22 de enero del 2024 en horas de la noche por posible presencia de hidrocarburos en el suministro de agua potable, y posteriormente confirmada mediante los análisis de laboratorio realizados, donde mostraron presencia de hidrocarburos totales en bajas concentraciones, en algunas comunidades de los cantones de la GAM (Moravia, Goicoechea, Tibás y San José), afectando de esa manera la calidad y continuidad del servicio de agua potable a un aproximado de 107 mil usuarios. El AYA inició una investigación para determinar y ubicar los focos de la posible contaminación, así como acciones con el fin de dotar de agua potable a las áreas afectadas, activando de esa manera el Protocolo para la atención de eventos de afectación o potencial afectación en la calidad del recurso hídrico utilizado para el abastecimiento poblacional aprobado mediante acuerdo de Junta Directiva N°AN-2020- 435 el cual es aportado como anexo de la prueba que se adjunta con este escrito. SEGUNDO: Que, el área afectada en la que se identificaron concentraciones de hidrocarburos corresponde con una zona claramente delimitada y contenida la cual se puede apreciar en la siguiente imagen: Figura 1. Zonas de Operación Guadalupe y Tibás afectadas por contaminación Los sectores aledaños a la zona afectada se abastecen de sistemas completamente independientes a l la planta potabilizadora de Guadalupe, de forma que no poseen ninguna afectación ante la emergencia que se ha presentado. Por tanto, la zona afectada está limitada y no afecta a los cantones mencionados en su totalidad, sino en pequeñas secciones de cada cantón, como se aprecia en el Cuadro 1 que se muestra al finalizar este párrafo, las aguas de otros sistemas no se mezclan con las del sector afectado, que corresponde específicamente a la producción de la Planta Potabilizadora de Guadalupe

TERCERO: Que, de acuerdo con el Protocolo para la atención de eventos de afectación o potencial afectación en la calidad del recurso hídrico utilizado para el abastecimiento poblacional aprobado mediante acuerdo de Junta Directiva N°AN-2020-435, el AYA desde el lunes 22 de enero del 2024, ha destinado un equipo técnico, operativo y experto que ha implementado labores preventivas y realizando recorridos y muestreos en diversos lugares para analizar la calidad del agua. Este equipo articuló a las distintas áreas de apoyo de la Institución según el Protocolo y de acuerdo con las necesidades para la atención del evento. Entre estas articulaciones se tiene la activación de los procesos que se incluyen como anexos del Protocolo que se adjunta en los anexos de la prueba que se aporta con este escrito: • Procedimiento Eventos Contaminación – UEN Producción y Distribución: Este es de aplicación obligatoria para todas las Plantas Potabilizadoras ante la ocurrencia de un evento de contaminación con cualquier tipo de sustancia o material que no esperado en el agua cruda y que produce un efecto negativo en el proceso de potabilización. • Procedimiento Atención y generación de denuncias por afectación de recurso hídrico – AF Cuencas Hidrográficas y Dirección Jurídica: procedimiento institucional para estandarizar las acciones que se realizan para tramitar las denuncias por la afectación al recurso hídrico producido por conductas que atentan contra la calidad y cantidad del agua que es utilizada para consumo poblacional. • Procedimiento de Comunicación para emergencias y desastres: contempla una sucesión de acciones de comunicación que nos permiten manejar de forma conveniente todas las situaciones que se generen, con el propósito de poner a disposición de los funcionarios una guía clara de gestión comunicacional para enfrentar eventuales emergencias, que permitan estar mejor preparados para manejar este tipo de situaciones. En los anexos de la prueba se aporta una de las tantas notas que se publicaron en prensa como parte del protocolo de comunicación. • Protocolo distribución de agua mediante tanques cisterna: protocolo nacional con los estándares mínimos para la distribución de agua potable mediante camiones cisterna para la atención de incidentes que comprometan el servicio de abastecimiento de agua potable intradomiciliaria de cualquier ente operador. En los anexos de la prueba se muestran las gestiones realizadas por Mantenimiento de Redes para la distribución de agua mediante camiones cisterna en la zona y así garantizar el acceso al agua potable a través de medios alternativos ante la discontinuidad del servicio. Los horarios de ruta de los camiones cisterna, mientras se requirieren en la zona son anunciados en los canales oficiales de la Institución, a modo de ejemplo se incluye una captura de las redes sociales del AyA donde se anuncian las gestiones de las cisternas:

 

Figura 2. Información de reparto de agua por camiones cisterna Adicionalmente a las actividades indicadas, se ejecutaron una serie de maniobras operativas específicas para la atención de la emergencia, en las que se destacan: • La planta potabilizadora de Guadalupe estuvo fuera de Operación del 28 de enero al 31 de enero del 2024 mientras se realizaban las investigaciones correspondientes; se realizó lavado profundo en la Planta Potabilizadora de Guadalupe, y se ejecutaron pruebas organolépticas para percibir el olor del agua. La planta se encuentra en estos momentos en operación, pero su producción actual no es la habitual, se espera a que el Ministerio de Salud levante la orden sanitaria en una de las captaciones para retornar a su capacidad productiva normal • Se realizó un lavado sanitario de los tanques de Guadalupe, ala norte de San Blas y tanque de Tibás, para sanitizar las estructuras y eliminar cualquier residuo del contaminante. • Se ejecutó una purga de la red por medio de los hidrantes de la zona para garantizar que cualquier residuo de contaminación fuera eliminado. En imagen adjunta al final de este párrafo se muestra los diferentes puntos de limpieza utilizados de acuerdo con el plan establecido para realizar el lavado completo de las tuberías a través de los hidrantes de la zona afectada: Figura 3. Mapa del protocolo utilizado para el lavado sanitario de tuberías y toma de muestras • Las pruebas químicas realizadas, se han hecho con un laboratorio certificado en puntos de muestreo clave como La Florida, San Juan, Anselmo de Tibás, El Alto, Santa Eduviges de Guadalupe, Moravia y otras comunidades donde recibieron reportes de olores irregulares en el agua. • Se ha desarrollado un programa que en el momento en el que la Planta de Guadalupe estuvo fuera de operación o como se encuentra actualmente con una reducción en su producción, permite abastecer la zona afectada mediante trasvases de los sistemas Tres Ríos, La Valencia y Los Sitios, estableciendo maniobras para optimizar el suministro, distribuyendo el recurso disponible de manera equitativa sin desproteger los usuarios prioritarios. Se aporta en los anexos de la prueba que se adjunta con este escrito el “Plan de acciones operativas para el abastecimiento alternativo de las poblaciones afectadas por contaminación de la Planta de Guadalupe”, el cual detalla más las maniobras que se están realizando para poder contar con ese abastecimiento alternativo y así asegurar el derecho a la salud y al agua potable tal y como lo establece la Constitución Política. Es relevante indicar que de acuerdo con lo que se establece en el Art. 10 del reglamento “Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes”. El regulador (ARESEP) permite las prestaciones de servicio en condiciones inferiores a la prestación óptima en situaciones excepcionales. Artículo 10.- Prestación del servicio en condiciones inferiores a la prestación óptima. Solo en situaciones excepcionales: caso fortuito, fuerza mayor, daño causado por tercero o suspensiones programadas, se permitirá brindar los servicios en condiciones inferiores a la prestación óptima. Sin embargo, el prestador deberá implementar a la mayor brevedad posible, las medidas correctivas temporales que correspondan para suministrar los servicios hasta tanto se logre reestablecer el servicio a condiciones óptimas. Cabe resaltar que en este caso la causa que origina que se tenga que prestar un servicio en condiciones no óptimas se debe a una contaminación en la cuenca de una de las fuentes de agua utilizadas por el AyA y esto es debido a daños causados por un tercero que se encuentran en investigación por las autoridades competentes, por lo que el reglamento justifica que la prestación del servicio haya sido dada bajo condiciones menores a las que usualmente se da para el sector. Así mismo, la Institución además de contar con medios alternativos de abastecimiento desde que se verificó la contaminación de la fuente, ha tomado una serie de medidas para abastecer a las comunidades con agua potable dentro de las posibilidades técnicas y con la infraestructura disponible. CUARTO: Que, tal y como se indicó se procedió activar el “PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS DE AFECTACIÓN O POTENCIAL AFECTACIÓN EN LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO POBLACIONAL”, aprobado por mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 2020-435, del 1 de diciembre del 2020, el cual establece las funciones y responsabilidades aplicables a todas las dependencias del AyA, que deben dar respuesta oportuna durante un evento de afectación o potencial afectación a la calidad del recurso hídrico empleado como fuente de abastecimiento: Subgerencia Gestión Sistemas GAM y Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos (UEN Producción y Distribución respectiva), Laboratorio Nacional de Aguas, Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo (UEN Gestión Ambiental, UEN Investigación y Desarrollo, Subgerencia Gestión Sistemas Delegados, así como dependencias institucionales de Comunicación Institucional y Dirección Jurídica. El protocolo establece las responsabilidades y jerarquía de las decisiones que deban tomar las áreas que participan en la atención del evento. Para el caso de la UEN Producción y Distribución, entre sus responsabilidades, se tiene la aplicación del Procedimiento Eventos Contaminación – UEN Producción y Distribución, que le establece 3 posibles escenarios de actuación: • Presencia de una sustancia contaminante cerca de la obra de captación, pero que aún no ha ingresado al sistema. • Presencia de una sustancia contaminante en alguna de las etapas de tratamiento. • Reportes de un evento de contaminación en las Redes de Distribución Por lo anterior y de acuerdo con las actividades que le corresponden a la Dirección de Plantas Potabilizadoras, preventivamente se realizó lo siguiente: 1. Inspección de las obras de captación y las unidades de tratamiento (presedimentador, sedimentador, filtros, tanque de almacenamiento), sin encontrar en ninguna de las revisiones que se han realizado hasta la fecha evidencia de hidrocarburos, presencia de capas aceitosas, formación de tornasoles en los espejos de agua y en paredes. 2. No se detectó olor o sabor anormales en el agua cruda y potable de la Planta Potabilizadora Guadalupe. 3. Se procedió a realizar diariamente el lavado sanitario y desinfección de las unidades de tratamiento, junto con la aplicación de una solución de carbón activado en las paredes de las unidades para la adsorción de cualquier traza de contaminante que puede existir en las unidades 4. Se realizó el Lavado Sanitario del Tanque de Almacenamiento San Blas, de forma preventiva se realizaron dos lavados sanitarios. La Planta Potabilizadora Guadalupe estuvo fuera de operación entre el 28 y 31 de enero del 2024, y tal y como ya se mencionó párrafos atrás, conforme el Ministerio de Salud, levante las ordenes sanitarias existentes en una de las captaciones, se espera lograr aumentar la producción. QUINTO: Que, es menester hacer del conocimiento de esta Honorable Magistratura que la UEN Gestión Ambiental procedió a remitir el informe titulado “Caracterización de la zona de estudio ante la presencia de un contaminante en los sistemas abastecidos por la Planta Potabilizadora de Guadalupe”, donde se concluyó lo siguiente: a. A partir de lo indicado en el informe GG-UEPIAYA-BCIE-2024-00319A, elaborado por la Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AyA BCIE, en la cual se realiza la inspección y verificación de las tuberías, por medio de equipos electroacústicos de detección de fugas, se concluyó lo siguiente: “Con los trabajos realizados, no se detectan potenciales puntos de fuga en los sitios de intersección analizados, donde se da la intersección entre el poliducto de RECOPE y las líneas de tubería del AyA, tanto de agua potable como cruda”. b. A partir de lo indicado en el informe N° DGTCC-DL-2024-017, elaborado por la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles del MINAE (DGTCC), se concluyó: “Según las visitas de fiscalización y lo indicado en el cuadro resumen del apartado anterior, se concluye que las estaciones y los elementos fiscalizados tienen una operación de funcionamiento normal. Se recomienda que la Estación de Servicio Delta Coronado, que limpie las trampas de aguas oleaginosas de carácter inmediato y adjunte el reporte de mantenimiento de las mismas”. c. Basado en el trabajo de campo, realizado en conjunto entre la Dirección de Agua – MINAE, Ministerio de Salud y la UEN Gestión Ambiental del AyA, se ubicaron 14 pozos en el área de estudio, de los cuales, en 9 de ellos se utilizó la sonda multifase, determinándose que no se detectó la presencia de hidrocarburos livianos, por lo que se descarta la presencia de hidrocarburos en el agua subterránea en el área analizada. d. De los resultados obtenidos por el Laboratorio ChemLabs, los días 29, 30 de enero y 1° de febrero del 2024, la Quebrada Lupe, no muestran indicios de contaminación. Por otro lado, en el caso del río Durazno, mediante los muestreos del 29, 31 de enero y 1° de febrero del 2024, se determina que no muestra contaminación. Así también, se han tomado muestras de agua en puntos estratégicos, correspondientes a la Quebrada Honda 1 y Quebrada Honda 2, donde a partir de los resultados de la muestra del 26 de enero del 2024, se determina que la Quebrada Honda 2, mostraba contaminación. Sin embargo, a partir de los muestreos de los días 29 y 30 de enero y 1° de febrero del 2024, la Quebrada Honda 2, no muestra indicios de contaminación. En el caso de la Quebrada Honda 1, los días 26 y 29 de enero del 2024, muestra indicios de contaminación. No obstante, en lo que respecta a la muestra del 30 de enero y 1° de febrero del 2024, no muestra indicios de contaminación. e. Para identificar los focos de contaminación, se realizaron inspecciones en tres etapas, de manera conjunta entre la UEN Gestión Ambiental y el Ministerio de Salud, de las cuales se concluye: - La primera etapa se realizó el 29 de enero del 2024, en la cual se obtuvo un total de 80 hallazgos, categorizados de la siguiente forma - En las dos primeras etapas, los hallazgos ameritan dar seguimiento por parte del Ministerio de Salud, sin embargo, no son correlacionables al foco de contaminación que afectó la calidad del agua. En la tercera etapa, a partir de los resultados del levantamiento de campo, en la cuenca de la Quebrada Honda 1, se muestran dos posibles focos de contaminación a los cuales deben darse seguimiento, el AyA, el Ministerio de Salud – Área Rectora de Coronado, y con el gobierno local correspondiente, con el objetivo de crear alianzas y a la vez concientización en la ciudadanía, en la importancia de conservar y proteger los ríos de los cuales se capta el agua para abastecimiento poblacional f. Es importante destacar la coordinación interinstitucional lograda en la presente investigación, la cual permitió la toma de decisiones conjuntas, así como el uso eficiente de los recursos y la conformación de equipos multidisciplinarios que cuentan con la experiencia y especialización necesaria para la atención de los casos; esto permitió una rápida comunicación y el direccionamiento de las acciones técnicas, a los tomadores de decisiones. g. En referencia al tema de la calidad biológica de los cuerpos de agua captados para abastecimiento poblacional en el área de estudio, es de suma importancia implementar por parte del MINSA y gobierno local, en los asentamientos cercanos a las quebradas, el uso del tanque séptico y la separación de aguas pluviales de las aguas grises y negras generadas, con el objetivo de reducir vulnerabilidades a estas captaciones; además, que se realice un análisis por parte del SINAC, de las invasiones a las áreas de protección de estas quebradas, e implementar las acciones que así correspondan.

SEXTO: Que, en virtud de lo anteriormente señalado, podemos concluir que en AyA: • Se ejecutaron las acciones de acuerdo con lo que establece el “Protocolo para la atención de eventos de afectación o potencial afectación en la calidad del recurso hídrico utilizado para el abastecimiento poblacional” aprobado mediante acuerdo de Junta Directiva N°AN-2020-435, donde el operador activó los procedimientos que requirió para atender la afectación. • Se ejecutaron las acciones operativas para aplicar el Procedimiento Eventos Contaminación – UEN Producción y Distribución. Se activó el Procedimiento Atención y generación de denuncias por afectación de recurso hídrico para tramitar la denuncia por la afectación al recurso hídrico producido. • Se activó el Procedimiento de Comunicación para emergencias y desastres para la gestión de la comunicación. • Se activó el Protocolo distribución de agua mediante tanques cisterna para la distribución de agua potable mediante camiones cisterna para la atención de la población, con la finalidad de brindar medios alternativos de abastecimiento de agua potable a la población afectada Se generó el Plan de acciones operativas para el abastecimiento alternativo de las poblaciones afectadas por contaminación de la Planta de Guadalupe para asegurar el servicio dentro de las capacidades actuales del sistema, con la finalidad de distribuir el agua potable disponible, dentro de las posibilidades técnicas entre toda la población. • Se han realizado las investigaciones correspondientes para establecer el origen de la contaminación, actividad que se ha ejecutado en coordinación con otros entes gubernamentales y donde las investigaciones han determinado que la contaminación se produjo en quebradas que la Institución utiliza para captar el agua, daños causados por la acción de un tercero, hechos que se encuentran en investigación por parte de las autoridades pertinentes. SÉPTIMO: En respaldo de lo anteriormente señalado, es menester indicar lo que al respecto establecen el Reglamento para la Prestación de los Servicios  de AyA y el Reglamento Técnico Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2015: Reglamento para la Prestación de los Servicios de de AyA Artículo 7- Definiciones. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: (…) 20. Capacidad hidráulica: Existencia de infraestructura instalada y en uso de los sistemas de abastecimiento y saneamiento para trasegar los caudales para la prestación efectiva de los servicios. 21. Capacidad hídrica: Existencia real del recurso hídrico con factibilidad técnica configurada a partir de la certeza del diseño y procesos de tratamiento, desinfección y potabilización para su posterior explotación y la potencial atención de la demanda de los usuarios actuales y futuros por parte del prestador público. Asimismo, el aprovechamiento supone: que la fuente se ubique dentro de un inmueble inscrito o en posesión del prestador de servicio público, que el caudal autorizado se encuentre debidamente concesionado a favor de éste y que haya solvencia en el inventario hídrico. Artículo 8- De los servicios. AyA prestará los servicios de abastecimiento de agua para uso poblacional y saneamiento de aguas residuales dentro de la zona de cobertura, siempre que el área cuente con factibilidad técnica y legal. Los sistemas e instalaciones internos necesarios para el disfrute de los servicios son responsabilidad del usuario. Artículo 9- De las condiciones técnicas para la prestación de los servicios. Es obligación del prestador de los servicios de agua potable y saneamiento brindarlos dentro de los parámetros de prestación óptima en cuanto a calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, igualdad, acceso universal, eficiencia, oportunidad, sostenibilidad y con un enfoque de derechos humanos, salvo en casos de fuerza mayor, caso fortuito o periodos de mantenimiento debidamente divulgados que afecten la zona de cobertura donde está localizada la propiedad. En cuanto al parámetro de presión dinámica mínima por servicio, la prestación óptima que el prestador deberá de garantizar es de 10 metros columna de agua (m.c.a.) en el punto de conexión en donde se ubique el sistema de medición. (El resaltado no corresponde al original). Reglamento Técnico Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2015: Artículo 5.- Definiciones Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: Caso fortuito: Lo que acontece casualmente sin premeditación ni previsión; o que aun previéndose no pudo ser evitado. Artículo 56.- Prestación del servicio en condiciones inferiores a la prestación óptima. Solo en situaciones excepcionales: caso fortuito, fuerza mayor o suspensiones programadas, se permitirá brindar los servicios en condiciones inferiores a la prestación óptima. Artículo 57.- Escasez del suministro de agua. En condiciones de escasez de agua, el prestador podrá restringir su uso, para ello deberá notificar a sus abonados mediante los medios de comunicación colectiva y dar aviso por escrito a la Autoridad Reguladora y al Benemérito Cuerpo de Bomberos, al menos veinticuatro horas naturales antes de que tal restricción se haga efectiva. Las notificaciones especificarán: a. Justificación, naturaleza y magnitud de la restricción; b. Fecha de inicio y fecha probable de finalización; c. Zonas afectadas; d. Horarios especiales de suministro; y e. Medios alternativos de suministro. Durante el periodo de escasez, el prestador deberá racionar con criterios de equidad el suministro del agua disponible, con la debida atención hacia la salud. Para asegurar la equidad en el suministro podrá establecer restricciones de uso. (Reformado por la Junta Directiva de la ARESEP, según resolución N° RJD-053-2016, publicada en Alcance 55, La Gaceta N° 69 del 12 de abril de 2016) Artículo 58.- Servicios alternativos de suministro del servicio de acueducto. Los servicios alternativos de suministro del servicio de acueducto podrán ser camiones cisternas, tuberías temporales u otro medio, siempre que éstos garanticen que el agua distribuida reúna la característica de calidad potable y asegure una dotación mínima de subsistencia a la población afectada por la interrupción. (Reformado por la Junta Directiva de la ARESEP, según resolución N° RJD-053-2016, publicada en Alcance 55, La Gaceta N° 69 del 12 de abril de 2016) Artículo 61.- Prioridad del abastecimiento en caso de escasez. En caso de que el servicio de acueducto deba ser restringido, éste se brindará de acuerdo con el siguiente orden de prioridades: a. Hospitales, centros penitenciarios; b. Clínicas, centros educativos y de salud, albergues para niños y para adultos mayores; c. Viviendas, para atender las necesidades básicas de las familias y de los campamentos de damnificados; d. Instalaciones comerciales, industriales y agroindustriales; e. Instalaciones municipales, gubernamentales, religiosas, organizaciones internacionales, diplomáticas y no gubernamentales, y similares; y f. Actividades e instalaciones temporales. (Reformado por la Junta Directiva de la ARESEP, según resolución N° RJD-053-2016, publicada en Alcance 55, La Gaceta N° 69 del 12 de abril de 2016). (El resaltado no corresponde al original). OCTAVO: En consecuencia, resulta importante referirnos al principio de legalidad consagrado en el artículo 11 de nuestra Constitución Política, el cual advierte que los actos y comportamientos de la Administración deben de estar regulados por norma escrita, de tal manera, AyA debe someterse a la Constitución Política y a la ley preferentemente; y en general a todas las normas del Ordenamiento Jurídico, conocido como Principio de Juridicidad de la Administración, lo que significa que las instituciones públicas solamente pueden actuar en la medida en la que se encuentren apoderadas para hacerlo por el mismo ordenamiento y normalmente a texto expreso, en consecuencia solo le es permitido lo que esté constitucionalmente y legalmente autorizado en forma expresa y todo lo que no les esté autorizado les está vedado. NOVENO: Partiendo del principio supracitado, este Instituto debe ajustarse a la normativa reglamentaria que nos rige y a los principios generales de la ciencia y la técnica; de conformidad con el artículo 16 inciso 1) de la ley General de la Administración Pública, que señala: “En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica…”; de ahí que de conformidad a los artículos mencionados, AyA garantiza el servicio hasta donde técnicamente le sea factible y siempre y cuando se cumpla con la totalidad de los requerimientos que se han establecido para esos efectos, como lo es que existan condiciones hídricas e hidráulicas suficientes, aspectos técnicos necesarios para la prestación del servicio público, y que no se presenten situaciones emergentes, fortuitas y/o de fuerza mayor que afecten el servicio y/o las condiciones de su suministro; condiciones que en virtud de los hechos que particularmente se presentan en el caso concreto, según ha quedado plenamente demostrado, no se dieron en la zona objeto de este Recurso de Amparo, así mismo AyA ha dado información y atención oportuna a los usuarios y no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la señora Ramírez Brenes ni los demás recurrentes, por lo que no es posible acoger la solicitud de los recurrentes en las condiciones como ellos pretenden. (…). Además, ha reconocido esta Honorable Sala también en anteriores pronunciamientos, en relación con los problemas de abastecimiento de agua potable, que en el tanto las autoridades recurridas demuestren que se ha actuado dentro de sus posibilidades materiales a fin de lograr un adecuado abastecimiento, no quebrantan los derechos fundamentales de las personas tal y como se dicta en la Resolución Nº2014-014706, de las nueve horas cinco minutos del cinco de setiembre de dos mil catorce (…)”.Así mismo podemos mencionar la siguiente jurisprudencia. “Por otra parte, se le debe indicar al recurrente que el carácter de derecho fundamental al agua potable no implica un acceso irrestricto a dicho servicio público, por cuanto pueden presentarse imposibilidades técnicas o incumplimiento de requisitos infraconstitucionales como en su caso-, con base en los cuales la Administración, válidamente, puede denegar el servicio.” DÉCIMO PRIMERO: Como puede constatarlo este Honorable Tribunal, el AyA ha actuado conforme a la normativa que lo regula, sin manipulación antojadiza de la prestación del servicio, ni del ejercicio de sus funciones, llevando a cabo en todo momento actuaciones debidamente fundamentadas y razonadas como se detalló; se evidencia así que el Instituto ha procedido conforme a derecho, sin que ninguno de sus actos haya violentado ningún derecho constitucional, por el contrario, de los argumentos expuestos y la prueba aportada se puede concluir que efectivamente el AyA ha procedido según le corresponde. Pide se declare sin lugar el recurso.

 5.- Informa Irene Campos Jiménez, en su condición de Alcaldesa Municipal de Goicoechea que, el pasado 23 de enero de 2024, apenas pasado el mediodía, se tuvo reportes por parte de los servidores en el Palacio Municipal, así como de algunos vecinos de Guadalupe sobre aparente sabor y olor a combustible en el sistema de abastecimiento de agua potable que del AyA.  Señala que de inmediato inició acciones tendientes para informar de lo ocurrido a la ciudadanía a través de las distintas redes sociales. Explica: “El jueves 25 de enero del 2024, los tres Alcaldes Municipales, a saber, de Tibás, Moravia y Goicoechea visitaron las oficinas administrativas del AYA, en Pavas, en dicha reunión nuestro interés era que se nos dieran informes reales de la situación, de cómo podría afectar a nuestros ciudadanos y cuáles eran las acciones del AyA para atender esta situación, principalmente cuándo y cómo abastecerían de agua potable a la población. Cabe recalcar que como parte de los acuerdos verbales a los que se llegó en esa cita la suscrita Alcaldesa solicite (sic) a las autoridades que la comunicación fuera más directa, que se nos informan de manera cierta qué estaba pasando y cómo el AyA lo iba a solucionar, y, reiterándole a los representantes de AyA que era vital el apoyo del abastecimiento del agua con camiones cisternas. Adjunto de seguido otra publicación en nuestras redes sociales para demostrar a los señores Magistrados que, contrario al dicho de los recurrentes, si estuvimos informado en todo momento que estaba haciendo. En ejercicio de mis competencias como Alcaldesa le comuniqué a los asesores de la Presidencia Ejecutiva, que en ese momento ejercía el señor Alejandro Guillén, que días antes de este encuentro, y justo cuando inicio la alerta por aparente contaminación del agua, solicité ante el AyA la asistencia de camiones cisterna, y que la respuesta que se nos dio fue que no atenderían mi petición, aludiendo que no había desabastecimiento del líquido en Goicoechea, cuando lo cierto es que el agua que llegaba a nuestras casa estaba altamente contaminada con sileno, como después el laboratorio del UCR lo confirmó, a pesar de la reiterada negativa de AyA a las noticias sobre ese mismo tema. A raíz de ese encuentro del jueves 25 de enero del 2024, en las oficinas de AyA, se logró que me incorporaran a un chat de WhatsApp por el que, hasta la primera semana de febrero, se compartió información e inquietudes de ciudadanos que indicaban que no tenían agua y requerían de un camión cisterna en sus barrios. Es determinante precisar que justo después de que finalizó la reunión, en horas de la tarde, en el AYA, ese jueves 25 de enero del 2024, fue que se oficializó que había habido contaminación en las fuentes que alimentan los tanques de captación del AYA de El Alto de Guadalupe. Hasta ese momento, nadie tenía certeza de con qué se había contaminado, y AyA no admitía ninguna noticia al respecto, ni los informes de los ciudadanos, únicamente admitían e informaban tanto a la opinión pública, los medio de prensa como a las Municipalidades que creían que era una especie de "aceite". El viernes 26 de enero del 2024, los alcaldes municipales de Tibás, Moravia y Goicoechea visitamos la Defensoría de los Habitantes, donde nos reunimos con la señora Defensora, Angie Cruickshank, a quien se le explicaron las afectaciones que estaban sufriendo las comunidades y también se expuso la necesidad de reforzar el apoyo para abastecer del líquido a los habitantes. Hasta el martes 30 de enero del 2024, fuimos visitados por dos funcionarias que se identificaron del área social del AyA, quienes se pusieron a las órdenes del municipio, y se les expuso la urgencia de que se lograra restablecer el servicio y también el reforzamiento del servicio de camiones cisterna en los distritos de Guadalupe, San Francisco y Calle Blancos, les hicimos ver la necesidad de todos nuestros ciudadanos de contar con un abastecimiento oportuno y suficiente, al menos para tener agua no contaminada para consumir y preparar sus alimentos. De seguido una imagen de la vista de esas funcionarias del AyA a mi oficina. El miércoles 31 de enero del 2024, recibí en mi Despacho a funcionarios de AyA, de la Universidad de Costa Rica y miembros de la Comisión Especial del Agua del Concejo Municipal de Goicoechea, en primer término, para que el AyA nos informaran, por fin, de la versión oficial de lo que estaba ocurriendo en el cantón con el servicio de agua potable y, segundo, para con base en dicha información diseñar una estrategia de aplicación inmediata para dar solución al problema y claro esta pedirle a los representantes de ya que continuasen y se aumentase el abastecimiento de agua potable a la población mediante camiones cisternas, en lo que les fui muy enfática en mi pedido,  pues teníamos informes de los mismos ciudadanos en cuanto a que las acciones del AyA en abastecer con sus camiones a las comunidades era insuficiente. De seguido podrá verse el registro fotográfico de dicha reunión. En cuanto recibí la información del cambio en la presidencia ejecutiva del AyA, ese mismo miércoles 31 de enero del 2024, en conjunto con los alcaldes de Tibás y Moravia remitimos una misiva al Sr. Juan Manuel Quesada Espinoza, pidiéndole una nueva reunión para tratar de resolver el tema cuanto antes, y conocer cuáles serían sus acciones inmediatas en el cargo, además de ofrécele la colaboración que pudiésemos dar, de forma inmediata. Lo anterior lo podrán constatar en la siguiente imagen, que al igual que todas nuestras anteriores actuaciones de inmediato fue informado en todas nuestras redes sociales a la ciudadanía. Así queda demostrado que los argumentos de los recurrentes de la falta de acción, o de información a la comunidad por parte de este Municipio durante dicha situación de emergencia están totalmente alejados de la verdad real. No es sino hasta ese mismo día, el miércoles 31 de enero del 2024, es decir 8 días después de iniciada esta anómala situación y cerca de la medianoche, que a través de un comunicado oficial de la Universidad de Costa Rica (UCR), se le comunica a la población que es mediante un producto el químico, denominado xileno que se causó la contaminación del agua. El jueves 1.° de febrero del 2024, gracias a la coordinación con el AYA, se logró colocar un tanque de 10.000 litros de agua potable en el parque Centenario, de Guadalupe, para que vecinos de esa comunidad lograran abastecerse del líquido. De lo anterior de forma inmediata lo informé a la comunidad, mediante un video explicativo difundido a través de nuestras redes sociales, que es el método más inmediato actualmente existente, para difundir información a más gente, prácticamente en tiempo real. El viernes 2 de febrero del 2024, los alcaldes de Tibás, Moravia y Goicoechea nos reunimos con el señor Quesada Espinoza para comunicarle nuestras preocupaciones, pero también para plantear algunas necesidades como, por ejemplo, lo hice yo misma solicitando la colocación de otro tanque, como el que ahora estaba disponible en el distrito Guadalupe, para abastecer a los vecinos de los distritos Calle Blancos y San Francisco. De seguido el registro fotográfico de dicha reunión. Esa petición fue parte de varios acuerdos que se tomaron en dicha reunión, pues en la misma la administración del AyA se comprometió con nosotros los alcaldes ahí presentes a enviar, tan pronto fuera posible, esos tanques d agua potable y así solucionar en parte el problema de abastecimiento de es comunidades, ante la demostrada insuficiencia de abastecimiento de agua potable con camiones cisternas, que estaba realizando ese Instituto, sin embargo, hasta la fecha que se redactó este informe (14 de febrero del 2024) no se ha recibido la minuta de dicha reunión, ni se ha cumplido con lo que nos fue ofrecido, a pesar de que volví a solicitar esos tanques en Calle Blancos y San Francisco lo (sic) a través de un correo electrónico que se le envió a la presidencia ejecutiva del AyA, hasta ahora sin repuesta de su parte, dicho sea de paso.

Señores Magistrados, en todo momento desde el mismo 23 de enero tomamos acciones tendientes a informar a la comunidad del problema del agua contaminada, a pesar de que el mismo Ay A informaba que no tenían certeza de esa situación que no había problema de abastecimiento de agua a las comunidades de Guadalupe, San Fráncicos y Calle Blancos, sino hasta el 31 de enero que la UCR informo a la opinión pública que ello no era cierto y que el agua potable en esas comunidades si estaba contaminación con un producto químico altamente peligroso, llamado xileno. Como verán en las fotografías que se aportan, desde ese mismo martes 23 en que se detecta el extraño olor y sabor del agua, iniciamos una campaña de información a través de nuestras redes, no solo con nuestras propias comunicaciones a la comunidad, sino además replicando todas las publicaciones de AyA en nuestras propias redes, como una forma de aumentar la cantidad de información disponible para la ciudadanía. De igual forma no es nuestra competencia funcional el dotar de agua potable a la comunidad, no tenemos disponibilidad de equipos, como las cisternas que si tiene AyA, no contamos con fuentes propias de agua potable, ello es una potestad legal de AyA, no podemos destinar recursos a atender las competencias y obligaciones de otros entes públicos que por mandato de ley deben brindar servicios a la colectividad. De igual forma, estimamos que por más que se intentó por este Municipio, en compañía del alcalde de Moravia y el de Tibás, todas nuestras acciones tendientes a buscar un pleno entendimiento que nos permitiera una coordinación, colaboración y entendimiento con AyA, simplemente no fueron tan exitosas como lo esperábamos, claro no conocemos qué problemas o limitaciones. haya enfrentado ese Instituto en su atención esta situación de emergencia.” Pide se declare sin lugar el recurso.

6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

 I.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes, vecinos de Montelimar, Guadalupe, Provincia de San José, exponen que el servicio público de agua potable suministrado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se ha visto interrumpido por contaminación con xileno, según las informaciones publicadas en prensa. Pese a la problemática descrita, reclaman que los camiones cisterna no han repartido agua en dos días y aseguran que no hay registros de que la Municipalidad de Goicoechea implementara un plan de contingencia o llevara a cabo diligencias para paliar los problemas del suministro de agua. Explican que el problema no ha perdido vigencia pues si bien las autoridades indican haberlo solucionado, en la práctica sigue habiendo irregularidades periódicas y falta de continuidad en el suministro del agua potable. Piden se declare con lugar el recurso.

II.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

En cuanto a Acueductos y Alcantarillados

a)     El lunes 22 de enero del 2024 en horas de la noche usuarios del servicio de agua de la localidad donde habitan los recurrentes denunciaron ante el AyA recurrido, posible presencia de hidrocarburos en el suministro de agua potable; lo que fue  confirmado mediante los análisis de laboratorio realizados, donde mostraron presencia de hidrocarburos totales en bajas concentraciones, en algunas comunidades de los cantones de la GAM (Moravia, Goicoechea, Tibás y San José), afectando de esa manera la calidad y continuidad del servicio de agua potable a un aproximado de 107 mil usuarios (ver informe).

b)    El AYA inició una investigación para determinar y ubicar los focos de la posible contaminación, así como acciones con el fin de dotar de agua potable a las áreas afectadas, activando de esa manera el Protocolo para la atención de eventos de afectación o potencial afectación en la calidad del recurso hídrico utilizado para el abastecimiento poblacional aprobado mediante acuerdo de Junta Directiva N°AN-2020- 435 (ver prueba)

c)     Para atender el problema de agua, el AyA ha destinado un equipo técnico, operativo y experto que ha implementado labores preventivas y realizando recorridos y muestreos en diversos lugares para analizar la calidad del agua. Este equipo articuló a las distintas áreas de apoyo de la Institución según el Protocolo y de acuerdo con las necesidades para la atención del evento. Entre estas articulaciones se tiene la activación de los diversos procesos: • Procedimiento Eventos Contaminación – UEN Producción y Distribución: Este es de aplicación obligatoria para todas las Plantas Potabilizadoras ante la ocurrencia de un evento de contaminación con cualquier tipo de sustancia o material que no esperado en el agua cruda y que produce un efecto negativo en el proceso de potabilización. • Procedimiento Atención y generación de denuncias por afectación de recurso hídrico – AF Cuencas Hidrográficas y Dirección Jurídica: procedimiento institucional para estandarizar las acciones que se realizan para tramitar las denuncias por la afectación al recurso hídrico producido por conductas que atentan contra la calidad y cantidad del agua que es utilizada para consumo poblacional. • Procedimiento de Comunicación para emergencias y desastres: contempla una sucesión de acciones de comunicación que nos permiten manejar de forma conveniente todas las situaciones que se generen, con el propósito de poner a disposición de los funcionarios una guía clara de gestión comunicacional para enfrentar eventuales emergencias, que permitan estar mejor preparados para manejar este tipo de situaciones. • Protocolo de distribución de agua mediante tanques cisterna: protocolo nacional con los estándares mínimos para la distribución de agua potable mediante camiones cisterna para la atención de incidentes que comprometan el servicio de abastecimiento de agua potable intradomiciliaria de cualquier ente operador, para garantizar el acceso al agua potable a través de medios alternativos ante la discontinuidad del servicio (ver informe).

d)    En la zona se realizó por parte del AyA:  Inspección de las obras de captación y las unidades de tratamiento (presedimentador, sedimentador, filtros, tanque de almacenamiento), sin encontrar en ninguna de las revisiones que se han realizado hasta la fecha evidencia de hidrocarburos, presencia de capas aceitosas, formación de tornasoles en los espejos de agua y en paredes. 2. No se detectó olor o sabor anormales en el agua cruda y potable de la Planta Potabilizadora Guadalupe. 3. Se procedió a realizar diariamente el lavado sanitario y desinfección de las unidades de tratamiento, junto con la aplicación de una solución de carbón activado en las paredes de las unidades para la adsorción de cualquier traza de contaminante que puede existir en las unidades 4. Se realizó el Lavado Sanitario del Tanque de Almacenamiento San Blas, de forma preventiva se realizaron dos lavados sanitarios (ver informe).

e)     La Planta Potabilizadora Guadalupe estuvo fuera de operación entre el 28 y 31 de enero del 2024, y conforme el Ministerio de Salud levante las ordenes sanitarias existentes en una de las captaciones, se espera lograr aumentar la producción (ver informe).

f)      Según informe titulado “Caracterización de la zona de estudio ante la presencia de un contaminante en los sistemas abastecidos por la Planta Potabilizadora de Guadalupe”, se concluyó (…) “Con los trabajos realizados, no se detectan potenciales puntos de fuga en los sitios de intersección analizados, donde se da la intersección entre el poliducto de RECOPE y las líneas de tubería del AyA, tanto de agua potable como cruda”. b. A partir de lo indicado en el informe N° DGTCC-DL-2024-017, elaborado por la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles del MINAE (DGTCC), se concluyó: “Según las visitas de fiscalización y lo indicado en el cuadro resumen del apartado anterior, se concluye que las estaciones y los elementos fiscalizados tienen una operación de funcionamiento normal. Se recomienda que la Estación de Servicio Delta Coronado, que limpie las trampas de aguas oleaginosas de carácter inmediato y adjunte el reporte de mantenimiento de las mismas”. c. Basado en el trabajo de campo, realizado en conjunto entre la Dirección de Agua – MINAE, Ministerio de Salud y la UEN Gestión Ambiental del AyA, se ubicaron 14 pozos en el área de estudio, de los cuales, en 9 de ellos se utilizó la sonda multifase, determinándose que no se detectó la presencia de hidrocarburos livianos, por lo que se descarta la presencia de hidrocarburos en el agua subterránea en el área analizada.

g)    En el caso de la Quebrada Lupe, los días 29, 30 de enero y 1° de febrero del 2024, no muestra indicios de contaminación (ver informe).

h)    En el caso del río Durazno, los muestreos del 29, 31 de enero y 1° de febrero del 2024,  no muestran contaminación (ver informe).

i)      En el caso de la Quebrada Honda 2, los muestreos del 26 de enero del 2024, se determina que mostraba contaminación. Sin embargo, a partir de los muestreos de los días 29 y 30 de enero y 1° de febrero del 2024, la Quebrada Honda 2, no muestra indicios de contaminación (ver informe).

j)      En el caso de la Quebrada Honda 1, los muestreos de los días 26 y 29 de enero del 2024, presentan indicios de contaminación. No obstante, en lo que respecta a la muestra del 30 de enero y 1° de febrero del 2024, no muestra indicios de contaminación (ver informe).

En cuanto a la Municipalidad de Goicoechea:

k)    El 23 de enero de 2024, ante la Municipalidad recurrida se presentaron reportes de servidores municipales y de vecinos de Guadalupe, sobre aparente sabor y olor a combustible en el sistema de abastecimiento de agua potable que del AyA, lo que informaron a la ciudadanía a través de las distintas redes sociales. (ver informe y prueba).

l)      El  25 de enero del 2024, los tres Alcaldes Municipales, a saber, de Tibás, Moravia y Goicoechea visitaron las oficinas administrativas del AYA, en Pavas, para conocer sobre abastecimiento de agua  y enterarse de cómo podría afectar a sus ciudadanos y coordinar acciones en conjunto con el  AyA el apoyo del abastecimiento del agua con camiones cisternas (ver informe y prueba).

m)  El jueves 25 de enero del 2024, en  horas de la tarde, en el AyA, se oficializó que había habido contaminación en las fuentes que alimentan los tanques de captación del AyA de El Alto de Guadalupe (ver informe y prueba).

n)    El viernes 26 de enero del 2024, los alcaldes municipales de Tibás, Moravia y Goicoechea visitaron la Defensoría de los Habitantes, donde explicaron las afectaciones que estaban sufriendo las comunidades y también se expuso la necesidad de reforzar el apoyo para abastecer del líquido a los habitantes (ver informe).

o)    El martes 30 de enero del 2024, dos funcionarias del área social del AyA, acudieron a la municipalidad recurrida,  con el fin de coordinar para restablecer el servicio y también con la intención de reforzar el servicio de camiones cisterna en los distritos de Guadalupe, San Francisco y Calle Blancos (ver informe).

p)    El miércoles 31 de enero del 2024, la Alcaldesa recurrida se reunió con  funcionarios de AyA, de la Universidad de Costa Rica y miembros de la Comisión Especial del Agua del Concejo Municipal de Goicoechea, en primer término, para que el AyA  informara, la versión oficial de lo que estaba ocurriendo en el cantón con el servicio de agua potable y, a partir de ahí  diseñar una estrategia de aplicación inmediata para dar solución al problema (ver informe)

 

III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el presente asunto, la parte recurrente reclama que desde fecha desconocida, el servicio público de agua potable suministrado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se ha visto interrumpido por contaminación del líquido con xileno, según las informaciones publicadas en prensa. Acotan que, en el caso de los vecinos de Montelimar, los camiones cisterna no han repartido agua en dos días. Aseguran que no hay registros de que la Municipalidad de Goicoechea implementara un plan de contingencia o llevara a cabo diligencias para paliar los problemas del suministro de agua. Explican que el problema no ha perdido vigencia pues si bien las autoridades indican haberlo solucionado, en la práctica sigue habiendo irregularidades periódicas y falta de continuidad en el suministro del agua potable.

Por lo expuesto, acuden a la Sala en protección de sus derechos fundamentales y solicitan que se declare con lugar el recurso ordenándole a las recurridas buscar una solución pronta.

En reiteradas resoluciones esta Sala ha reconocido un derecho fundamental al agua potable, así se dispuso en la sentencia No. 2006-05606 de las 15:21 horas del 26 de abril de 2006, lo siguiente:

“VIII.- El acceso al agua potable como derecho humano. Adicionalmente a lo señalado, y talvez el aspecto más relevante en este tema, lo constituye la naturaleza y función del agua para la vida humana. No es necesario detallar aquí una explicación sobre la realidad evidente y notoria de que sin agua no puede haber vida, ni calidad de vida, y que por lo tanto, con ley o sin ley de nacionalización, por su propia esencia, este tema, no es ni puede ser un tema territorial o local. La propia Sala en su jurisprudencia constitucional ha dicho que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, en cuanto se configura como un integrante del contenido del derecho a la salud y a la vida. (SALA CONSTITUCIONAL, sentencias números 534-96,2728-91, 3891-93,1108-96, 2002-06157              2002 10776; 2004-1923). Esta misma línea se ha mantenido en las sentencias 2003-04654 y 2004-07779 («)

IX.- Sobre el adecuado funcionamiento de los servicios públicos. Nuestra Constitución Política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Esa garantía individual atípica o innominada se acentúa en tratándose de servicios públicos esenciales como el suministro de agua potables. Los jerarcas de las instituciones involucradas no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria, la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que un imperativo constitucional es la obligación de que los servicios públicos sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere, máxime cuando está de por medio el resguardo de derechos constitucionales absolutamente esenciales: la salud y la vida las personas.

X.- Sobre las competencias del Ministerio de Salud, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el SENARA y las municipalidades en materia de suministro de agua destinada al consumo de la población. De conformidad con dicha legislación, la utilización del agua para el consumo humano es prioritaria y, por ende, todo sistema de abastecimiento de agua destinada al uso y consumo de la población debe suministrar agua potable en forma continua y en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de las personas (art. 267). El artículo 268 de ese cuerpo normativo establece que corresponde al Ministerio de Salud verificar la calidad del agua que se suministre a la población y velar porque los elementos constitutivos de los sistemas, su funcionamiento y estado de conservación garanticen el suministro adecuado y seguro, pudiendo ser intervenido por el Ministerio si hubiera peligro para la salud de los habitantes. En concordancia con lo anterior, el numeral 368 faculta al Ministerio de Salud a intervenir en casos de peligro, amenaza o de invasión de epidemia, para tomar a su cargo la protección de las fuentes de agua potable y adoptar las acciones correspondientes para proteger la salud de la población. En lo que respecta a las competencias del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, cabe indicar que mediante su Ley Constitutiva, Ley No. 2726 de 14 de abril de 1961 y sus reformas, se estableció que es la institución competente para dirigir y vigilar todo lo concerniente a proveer a los habitantes de la República de un servicio de suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras, así como de residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas. Sobre el particular, el artículo 2° señala en lo conducente:

³Artículo 2.- (*)

Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:

a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas;

b) Determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos que se propongan para construir, reformar, ampliar, modificar obras de acueductos y alcantarillados; las cuales no se podrán ejecutar sin su aprobación;

c) Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas;

d) Asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades públicas y privadas en todos los asuntos relativos al establecimiento de acueductos y alcantarillados y control de la contaminación de los recursos de agua, siendo obligatoria, en todo caso, su consulta, e inexcusable el cumplimiento de sus recomendaciones;

e) Elaborar todos los planos de las obras públicas relacionadas con los fines de esta ley, así como aprobar todos los de las obras privadas que se relacionen con los sistemas de acueductos y alcantarillados, según lo determinen los reglamentos respectivos;

(...)

g) Administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país, los cuales se irán asumiendo tomando en cuenta la conveniencia y disponibilidad de recursos. Los sistemas que actualmente están administrados y operados por las corporaciones municipales podrán seguir a cargo de éstas, mientras suministren un servicio eficiente.

Bajo ningún concepto podrá delegar la administración de los sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario del Área Metropolitana.

Tampoco podrá delegar la administración de los sistemas sobre los cuales exista responsabilidad financiera y mientras ésta corresponda directamente al Instituto.

h) Hacer cumplir la Ley General de Agua Potable, para cuyo efecto el Instituto se considerará como el organismo sustituto de los ministerios y municipalidades indicados en dicha ley;

i) Construir, ampliar y reformar los sistemas de acueductos y alcantarillados en aquellos casos en que sea necesario y así lo aconseje la mejor satisfacción de las necesidades nacionales; y

j) Controlar la adecuada inversión de todos los recursos que el Estado asigne para obras de acueductos y alcantarillado sanitario. ´ (lo subrayado no es del original)

Así, por imperativo legal, compete al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país ±con la salvedad de los casos de delegación por convenio con organismos locales (ASADAS)-, y de conformidad a las competencias fijadas en la Ley es el competente de dirigir y vigilar todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos. Por su parte, el SENARA (Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento), a pesar de tener aparentemente limitada su competencia a los distritos de riego, avenamiento y control de inundaciones ±unidades físicas técnico administrativas de carácter agropecuario para el logro de su desarrollo socioeconómico definidas por Decreto Ejecutivo a solicitud de este ente (artículos 17 y 18 de su Ley de Creación No. 6877 del 18 de julio de 1983 y sus reformas)-, es lo cierto que su ley constitutiva le asigna importantes competencias en materia de protección de recurso hídrico. Lo anterior resulta corroborado por los antecedentes de este ente público, puesto que, la Ley No. 5438 del 17 de diciembre de 1973 ±que ratificó y sustituyó el Decreto Ejecutivo No. 1878-P del 22 de julio de 1972-, actualmente derogada, creó el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas (SENAS) con una vocación claramente nacional para la planificación, investigación y asesoría de todo lo relativo a la materia. Por su parte, en la ley vigente número 6877 del 18 de julio de 1983, entre sus funciones, figura la de ³Investigar, proteger y fomentar el uso de los recursos hídricos del país tanto superficiales como subterráneos´y ³Realizar, coordinar, promover y mantener actualizadas las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas (...)´(art. 3, incisos ch y e). En el artículo 4 se establece que le compete al SENARA promover y dirigir la coordinación y colaboración con otras instituciones y entidades competentes en materias tales como ³Prevención, corrección y eliminación de todo tipo de contaminación de las aguas en los distritos de riego´, ³Elaboración y actualización de un inventario de las aguas nacionales, así como la evaluación de su uso potencial para efectos de aprovechamiento en los distritos de riego´y ³Construcción y mantenimiento de las obras necesarias para la conservación y renovación de los manos acuíferos aprovechables para las actividades agropecuarias en los distritos de riego´(incisos c, ch y f). Dentro de las atribuciones de la Junta Directiva está la de expedir los acuerdos de solicitud de recuperación, expropiación o compra de las ³(...) tierras en que asienten o subyazcan recursos hídricos (...)´(artículos 6° y 7°).

Finalmente, procede destacar que las Municipalidades también juegan un papel muy importante en esta materia. Conforme lo establece el artículo 169 de la Constitución Política y el Código Municipal, corresponde a las Municipalidades la administración de los servicios e intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional. Además de atender tales servicios e intereses, está claro que las municipalidades están obligadas a velar por los derechos de sus munícipes. El gobierno municipal se debe a los miembros de sus propios cantones, de manera que no puede permanecer inerte, cuando a los munícipes se les afectan derechos fundamentales, como ocurre en la especie con el derecho a recibir agua potable a los efectos de la salud y la vida. Lo anterior más que evidente cuando se trata de acueductos municipales, que son responsabilidad de la propia municipalidad, pero también aplica cuando la competencia recae en otras dependencias (Ministerio de Salud e ICAA), en cuyo caso las corporaciones municipales deben activar los mecanismos que sean necesarios para defender los derechos de los munícipes. El caso que nos ocupa no es la excepción, de manera que corresponde a las municipalidades promover una labor activa de planificación y coordinación con los demás entes involucrados a fin de tutelar los intereses de sus comunidades y con ello los derechos fundamentales de sus habitantes. Ahora bien, podría pensarse que todas estas múltiples responsabilidades mencionadas anteriormente provocarían un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala con anterioridad -y en forma bastante clara- se refirió al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes -lo cual, obviamente se debe hacer extensivo a la relación que en esta importante función realizan las instituciones de la Administración Central y las descentralizadas-, para lo cual se remite a lo indicado en aquella ocasión (sentencia número 1999-5445, de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve):

"De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa
en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector).´

Partiendo de lo dicho, no cabe duda de que en el presente asunto, cualquier omisión al deber de coordinación entre instituciones públicas podría poner en peligro la salud de la población, por cuanto la solución definitiva a la problemática objeto de amparo abarca una serie de actores interinstitucionales, cada uno con sus competencias legales.”

 

Respecto de la coordinación interinstucional para abastecer a las comunidades afaectadas de Goicoechea con agua potable, mientras se encuentra una solución al problema de contaminación por xileno el 22 de enero de 2024, esta Sala procede por su orden, a analizar lo realizado por la Municipalidad de Goicoechea y el AyA recurridos.

En cuanto a la Municipalidad de Goicoechea: En el caso particular, de los informes dados a esta Sala bajo la gravedad de juramento por parte de las autoridades recurridas, se tiene que efectivamente el  22 de enero del 2024 surge un problema en la calidad del agua en varios sectores de la ciudad capital, por presencia de hidrocarburos totales, afectando la continuidad del servicio de agua potable a un aproximado de 107 mil usuarios- en algunas comunidades de los cantones de la GAM (Moravia, Goicoechea, Tibás y San José). Ante la problemática presentada, de manera inmediata la autoridad municipal promueve una campaña de información  a la comunidad en relación al problema del agua contaminada,  a través de sus redes sociales y  replicando las publicaciones de AyA en las  redes municipales.

Además, la Municipalidad de Goicoechea  colaboró con la instalación de cisternas en coordinación con el AYA, para que los vecinos afectados lograran abastecerse del líquido. Al efecto, queda demostrado que el  25 de enero del 2024,  tres Alcaldes Municipales cuyas poblaciones se vieron afectadas por el problema de agua, a saber, de Tibás, Moravia y Goicoechea visitaron las oficinas administrativas del AyA, en Pavas, para conocer sobre abastecimiento de agua  y enterarse de cómo podría afectar a sus ciudadanos y coordinar acciones en conjunto con el  AyA, para dar  apoyo del abastecimiento del agua con camiones cisternas.

Ante la situación descrita, el  viernes 26 de enero del 2024, los alcaldes municipales de Tibás, Moravia y Goicoechea visitaron la Defensoría de los Habitantes, donde explicaron  las afectaciones que estaban sufriendo las comunidades y la necesidad de reforzar el apoyo para abastecer del líquido a los habitantes. Asimismo, coordinaron con funcionarias del área social del AyA, quienes el 30 de enero de 2024 se pusieron a las órdenes del municipio, para intentar restablecer y reforzar el servicio a través de camiones cisterna en los distritos de Guadalupe, San Francisco y Calle Blancos, con el propósito de tener acceso a agua no contaminada para el consumo humano y preparar sus alimentos. El  miércoles 31 de enero del 2024, en conjunto con los alcaldes de Tibás y Moravia, la Alcaldesa de Goicoecha, remitió una misiva al nuevo jerarca del AyA, pidiéndole resolver el tema de abastecimiento de agua potable cuanto antes, y conocer cuáles serían sus acciones inmediatas para dar una solución a los vecinos de ese cantón.

Además, se desprende que  las actuaciones descritas fueron puestas en conocimiento de la comunidad afectada y a la ciudadanía en general,  a través de las redes sociales. Así las cosas, estima esta Sala que la autoridad municipal, dentro del marco del marco de sus competencias, sí comunicó los actos para enfrentar la situación y colaboró para garantizar el abastecimiento del líquido.  Para la resolución de este asunto, es oportuno mencionar que para el día jueves 1.° de febrero del 2024, en  coordinación con el AyA, la Municipalidad de Goicoechea logró colocar un tanque de 10.000 litros de agua potable en el parque Centenario, de Guadalupe, para que los vecinos de esa comunidad lograran abastecerse del líquido. Al día siguiente, viernes 2 de febrero del 2024, los alcaldes de Tibás, Moravia y Goicoechea se reunieron con autoridades del AyA para comunicarle  algunas necesidades como, por ejemplo, la colocación de otro tanque, como el estaba disponible en el distrito Guadalupe, para abastecer a los vecinos de los distritos Calle Blancos y San Francisco, petición que fue acogida para solucionar en parte el problema de abastecimiento de las comunidades, ante la demostrada insuficiencia de abastecimiento de agua potable con camiones cisternas, que estaba realizando el Instituto. 

De lo descrito, se descarta la vulneración a los derechos fundamentales de los tutelados que se atribuye a la Municipalidad de Goicoechea que, según el informe dado a esta Sala y prueba agregada al expediente,  dentro de sus límites de competencia  coordinó y colaboró hasta donde pudo con las demás municipalidades afectadas y el  AyA, para atender  el problema de abastecimiento de agua en las comunidades afectadas. Como consecuencia procede desestimar el recurso en cuanto se dirige contra la Municipalidad de Goicoechea, como en efecto se dispone.

 

En cuanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA): Ahora bien, en cuanto al reclamo de los tutelados dirigido contra el  AyA recurrido, por no haber supuestamente garantizado el suministro de agua potable a las comunidades del Cantón de Goicoechea afectadas por la contaminación de sus fuentes de agua,  de los autos se determina por un lado que a la fecha de interposición de este recurso, el 02 de febrero de 2024, ya el servicio de agua había sido restablecido en las comunidades afectadas. Además, según la prueba aportada por el AyA recurrido, el 01 de febrero de 2024, luego de realizados los análisis correspondientes, el Ministerio de Salud comunicó a la población que el agua que les estaba llegando por las redes de distribución ya era apta para consumo humano, lo que fue debidamente comunicado a través de redes sociales. Se tiene también por demostrado, que pese a que el consumo de agua se normalizó a partir del 1 de febrero de 2024,  el AyA continuó con las labores de suministro de agua a través de camiones cisterna hasta el 08 de febrero con el fin de cubrir cualquier necesidad de sectores donde aún el recurso no estuviese llegando.  Adicionalmente, logró incorporar otras fuentes a la Planta Potabilizadora de Guadalupe y un pozo en el Tanque de San Blas, lo que ha permitido ir estabilizando el sistema. A partir del 01 de febrero el personal operativo ha realizado varias inspecciones por los sectores afectados, logrando cerciorarse de que la población paulatinamente ha ido recuperando la normalidad en su servicio de acueducto. Finalmente, a partir del 09 de febrero de 2024, se mantienen cisternas de respaldo a la espera de cualquier reporte o incidente que se pueda presentar, sin embargo, no se realizan más viajes a la población pues el servicio se ha mantenido estable sin reportes por desabastecimiento en los sectores dentro de la zona de la emergencia.

Asimismo, antes de que el servicio de agua se normalizara, del informe dado a esta Sala por el jerarca institucional del AyA recurrido, y de la prueba traída al expediente, en particular del  “Informe sobre el abastecimiento a la población de los Cantones de Tibás, Goicoechea y Moravia mediante camiones cisterna y otros para la atención de la emergencia por contaminación de fuentes” se determina que desde el día 22 de enero 2024  el AyA  como ente rector de velar por el acceso al agua potable y lo correspondiente a su infraestructura, ha dado atención a los reportes de los usuarios por olor y sabor en el agua en los cantones de Goicoechea, Moravia y Tibás. Ante tal situación, el servicio debió ser suspendido  en aras de proteger la salud de la población; y el laboratorio Nacional de Aguas junto con otras Direcciones de la Subgerencia de Gestión de Sistemas GAM activaron protocolos para iniciar con los muestreos y análisis correspondientes.

 Asimismo, el Ministerio de Salud, con vista en el informe MS-DPRS-0052-2023 (sic), suscrito por la Dirección de Protección y Salud Ambiental, así como en los estudios de laboratorio CHEM-ID-00368-2924, CHEM-ID-00369-2024, CHEM-ID-00370-2024, CHEM-ID-00371-2024, CHEM-ID-00372-2024 de fecha 24 de enero de 2024, determinó la presencia de concentraciones de hidrocarburos totales que superan los 100 microgramos por litro (ug/l); valores que no resultan aceptables para el consumo de seres. Dados los resultados de los muestreos donde se detecta presencia de hidrocarburos, se procedió a suspender el servicio de agua para consumo humano intradomiciliaria a más de cien mil personas.

Ante tal situación, la autoridad recurrida activó los protocolos correspondientes y comenzó con la entrega de agua para consumo humano a partir de cisternas a las comunidades afectadas desde el 24 de enero de 2024. (4). Adicionalmente, el 25 de enero de 2024, el Ministerio de Salud emite la orden sanitaria MS-DRRSCS-ARS-G-0060-24 donde se ordena, en lo que respecta al suministro a la población, lo siguiente: “1. Proveer de forma inmediata a los habitantes afectados de los distritos de: Anselmo Llorente, Calle Blancos, Carmen, Cinco Esquinas, Colima, Guadalupe, León XIII, Merced, Mercedes, San Francisco, San Juan, San Vicente, Uruca correspondientes a los cantones de Goicoechea, Moravia, San José y Tibás agua potable mediante la utilización de camiones cisterna o cualquier otro mecanismo que permita dotar de agua potable en calidad y cantidad que cumpla con las condiciones organolépticas adecuadas para su consumo. Dicho suministro deberá mantenerse hasta tanto no se demuestre mediante pruebas técnicas de laboratorio que el agua para consumo humano no presente trazas o concentraciones de hidrocarburo.” .

Luego de recibida la orden sanitaria del Ministerio de Salud, el AyA recurrido  realiza una revisión por parte de la Subgerencia GAM sobre los sectores afectados incluidos en dicha orden. Ante esta situación se generaron comunicados en los diferentes medios de comunicación oficiales de la Institución y se planificó el suministro a la población afectada mediante medios alternativos. Específicamente para el sector de Calle Blancos, donde provienen los tutelados, el servicio de cisterna se atendió  en  Montelimar, El Encanto, Ciprés, Colonia Florida, Esquivel Bonilla, La Concretera, Oficinas, Pinos, Progreso, San Antonio, San Gabriel, Santo Tomás, Volio, Barrio Independencia, Barrio Moreno Cañas, Walmart. Se explica en el informe que cada día se realizó una programación con la distribución de los vehículos disponibles, procurando abarcar la mayor cantidad de población. Como  los recursos disponibles no eran suficientes para cubrir el 100% de las necesidades, hubo zonas donde se podía cubrir tanto en la mañana como en la tarde y otras en las que solo se podía cubrir una vez al día.

Adicionalmente, en aras de mejorar la atención, se establecieron puntos fijos de suministro de agua potable a la población en puntos estratégicos por medio de tanques plásticos que se recargaban constantemente por los cisternas. En el siguiente cuadro se resumen los puntos de atención fija definidos en Goicoechea:

   Descripción                           Capacidad (litros)                Ubicación

Tanque de almacenamiento portátil    10000                       Parque Centenario Guadalupe

Tanque de almacenamiento portátil      5000                         Agencia AyA Guadalupe

 

Explican las autoridades recurridas que, con la ayuda de la herramienta SATGEO se logró realizar la coordinación necesaria para que entre todos los vehículos disponibles se atendiera la máxima población posible. Se instaló un GPS a cada vehículo con el cual se logra visualizar su ruta y todos los sitios abastecidos de manera puntual. Describe que el cisterna realizaba una ruta específica, los usuarios de los barrios cercanos acudían al cisterna con lo que se lograba cubrir un amplio sector.

Conclusión. De lo expuesto, contrario a lo que afirman los recurrentes en su escrito de interposición, esta Sala determina que la autoridad recurrida del AyA, no suspendió de manera arbitraria el servicio de agua a los tutelados de la zona de Montelimar de Goicoecha, sino que fue  una vez que tuvo conocimiento de la sospecha de agua contaminada, el 22 de enero de 2024, que de inmediato, en aras de evitar el grave riesgo la salud de la población, procedió a realizar los análisis de laboratorio, que mostraron presencia de hidrocarburos totales en bajas concentraciones, en algunas comunidades de los cantones de la GAM (Moravia, Goicoechea, Tibás y San José), afectando de esa manera la calidad y continuidad del servicio de agua potable a un aproximado de 107 mil usuarios. 

Además de   determinar y ubicar los focos de la posible contaminación, el AyA recurrido adoptó, múltiples acciones con el fin de dotar de agua potable a las áreas afectadas, activando de esa manera el Protocolo para la atención de eventos de afectación o potencial afectación en la calidad del recurso hídrico utilizado para el abastecimiento poblacional. Según la prueba aportada a esta Sala, lo anterior fue comunicado tanto a través de sus canales de comunicación oficial, según su protocolo de comunicación para emergencias y desastres, que contempla una sucesión de acciones de comunicación. Además, el AyA aplicó en este evento que afectó a la comunidad de Montelimar,  el Protocolo de distribución de agua mediante tanques cisterna, útil para la distribución de agua potable mediante camiones cisterna para la atención de incidentes que comprometan el servicio de abastecimiento de agua potable intradomiciliaria, como en este caso, dando el servicio al menos 1 o 2 veces al día.

En virtud de lo expuesto, este Tribunal determina que las acciones adoptadas por las autoridades recurridas ejecutas fueron ejecutadas de forma coordinada entre las autoridades recurridas responsables, que han buscado una solución definitiva al problema de contaminación en el agua destinada al consumo humano. Además, incluyeron las previsiones para dar el servicio mediante camiones cisterna en la comunidad, siendo que a la fecha de interponerse este recurso, ya la situación se había normalizado.

En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso,

 

 

IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso.

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.




Ana María Picado B.

	

 

	

Alejandro Delgado F.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 STU5HQF0TP861

EXPEDIENTE N° 24-002885-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 14:23:50.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República
English translation (78,508 chars)
**Constitutional Chamber**

**Resolution No. 05590 - 2024**

**Date of Resolution:** March 1, 2024, at 09:20

**Case File:** 24-002885-0007-CO

**Drafted by:** Fernando Cruz Castro

**Type of Matter:** Amparo appeal

**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER


**Text of the resolution**

Exp: 24-002885-0007-CO

Res. No. 2024005590

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on March first, two thousand twenty-four.

Amparo appeal processed in case file no. 24-002885-0007-CO, filed by ANDREA DEL CARMEN RAMIREZ BRENES, identity card 0110740173, BYRONE ZOLY MONGE MADRIGAL, identity card 0116710481, DANIELA DEL CARMEN RAMIREZ BRENES, identity card 0117410221, EDELWEISS SCHUMACHER HANKE, identity card 0900630050, FELIPE GUADAMUZ FLORES, identity card 0111860941, JOSE HUMBERTO MONGE ZUÑIGA, identity card 0301680323, JULIA ISABEL VALVERDE SALGADO, identity card 0112570380, LIA QUESADA CHAVERRI, identity card 0104340748, MARIA EMILIA MADRIGAL MADRIGAL, identity card 0105710180, MARIA PAZ VALVERDE SALGADO, identity card 0117830534, MARIETA MADRIGAL MADRIGAL, identity card 0105060674, MARIO ANTONIO PANCRACIO SOLERA VARGAS, identity card 0105870563, OSCAR DAVID MOYA ZAMORA, identity card 0115630631, PATRICIA SALGADO MUÑOZ, identity card 0104180050, against THE MUNICIPALITY OF GOICOECHEA AND THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS

**Whereas:**

1.- By document received at the Secretariat of the Chamber at 11:42 hours on February 2, 2024, the appellants Andrea del Carmen Ramírez Brenes and others filed an amparo appeal. They state that they have been affected because, for an unknown period, the public potable water service provided by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AyA) has been interrupted due to contamination with xylene, according to information published in the press. They note that, in the case of the residents of Montelimar, the cistern trucks have not distributed water for two days. They assert that there are no records that the Municipality of Goicoechea implemented a contingency plan or carried out steps to alleviate the water supply problems. They explain that the problem has not lost its relevance because although the authorities indicate they have resolved it, in practice there continue to be periodic irregularities and a lack of continuity in the potable water supply. They consider their right to health harmed. They request that the appeal be granted.

2.- By means of a resolution at 15:21 hours on February 7, 2024, the process was initiated and a report was requested from the Mayor of Goicoechea and the Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers.

3.- Roosevelt Alvarado Ramírez reports, in his capacity as Deputy General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. He explains: “(...) according to the report of Engineer Carlos Camacho Soto, official of the UEN Production and Distribution Operation and Control of the GAM Aqueduct of this Institute, via Memorandum No. UEN-PyDOCA-GAM-2024-00088 dated February 11, 2024; Engineer Oscar Ramírez Sánchez Director of the UEN Production and Distribution GAM Potabilization Plants of this Institute, via Memorandum No. UEN-PyDPP-GAM;- 2024-00039 dated February 12, 2024; and the officials Viviana Ramos Sánchez Director of the UEN Environmental Management and Héctor Enrique Zúñiga Mora Coordinator of the Water Resource Management Unit of this Institute, via Memorandum No. UEN-GA-2024-00176 dated February 12, 2024, according to information recorded in this Institute for that purpose, beginning with the first report made by users on Monday, January 22, 2024, during the evening hours, regarding the possible presence of hydrocarbons in the potable water supply, and subsequently confirmed through laboratory analyses performed, which showed the presence of total hydrocarbons in low concentrations, in some communities of the cantons of the GAM (Moravia, Goicoechea, Tibás, and San José), thereby affecting the quality and continuity of the potable water service for approximately 107,000 users. The AyA initiated an investigation to determine and locate the sources of the possible contamination, as well as actions to provide potable water to the affected areas, thereby activating the Protocol for the attention of events of affectation or potential affectation in the quality of the water resource used for population supply (Protocolo para la atención de eventos de afectación o potencial afectación en la calidad del recurso hídrico utilizado para el abastecimiento poblacional) approved by Board of Directors Agreement No. AN-2020-435, which is provided as an annex to the evidence attached with this document. SECOND: That the affected area in which hydrocarbon concentrations were identified corresponds to a clearly delimited and contained zone, which can be seen in the following image: Figure 1. Guadalupe and Tibás Operation Zones affected by contamination The sectors adjacent to the affected zone are supplied by systems completely independent of the Guadalupe potabilization plant, such that they have not suffered any affectation from the emergency that has arisen. Therefore, the affected zone is limited and does not affect the mentioned cantons in their entirety, but only small sections of each canton, as seen in Table 1 shown at the end of this paragraph; the waters from other systems are not mixed with those of the affected sector, which specifically corresponds to the production of the Guadalupe Potabilization Plant

THIRD: That, in accordance with the Protocol for the attention of events of affectation or potential affectation in the quality of the water resource used for population supply approved by Board of Directors Agreement No. AN-2020-435, since Monday, January 22, 2024, the AyA has assigned a technical, operational, and expert team that has implemented preventive work and conducted patrols and sampling in various locations to analyze water quality. This team coordinated the different support areas of the Institution according to the Protocol and in accordance with the needs for attending the event. Among these coordinations is the activation of the processes included as annexes to the Protocol attached in the evidence appendices provided with this document: • Contamination Events Procedure – UEN Production and Distribution (Procedimiento Eventos Contaminación – UEN Producción y Distribución): This is mandatory for all Potabilization Plants upon the occurrence of a contamination event with any type of substance or material not expected in the raw water and that produces a negative effect on the potabilization process. • Procedure for the Attention and generation of complaints for water resource affectation – AF Hydrographic Basins and Legal Directorate (Procedimiento Atención y generación de denuncias por afectación de recurso hídrico – AF Cuencas Hidrográficas y Dirección Jurídica): institutional procedure to standardize the actions taken to process complaints for the affectation of the water resource caused by behaviors that threaten the quality and quantity of the water used for population consumption. • Communication Procedure for emergencies and disasters (Procedimiento de Comunicación para emergencias y desastres): contemplates a succession of communication actions that allow us to conveniently manage all the situations that arise, with the purpose of making available to officials a clear guide for communicational management to face eventual emergencies, to allow for better preparation in handling this type of situation. The evidence appendices provide one of the many press releases published as part of the communication protocol. • Protocol for water distribution via cistern tanks (Protocolo distribución de agua mediante tanques cisterna): national protocol with minimum standards for the distribution of potable water via cistern trucks for attending incidents that compromise the residential potable water supply service of any operating entity. The evidence appendices show the efforts made by Network Maintenance for the distribution of water via cistern trucks in the area, thereby ensuring access to potable water through alternative means given the discontinuity of service. The route schedules for the cistern trucks, while required in the area, are announced on the Institution's official channels; as an example, a screenshot is included of the AyA's social media where the cistern operations are announced:

Figure 2. Information on water distribution by cistern trucks In addition to the indicated activities, a series of specific operational maneuvers were executed for the attention of the emergency, among which the following stand out: • The Guadalupe potabilization plant was out of operation from January 28 to January 31, 2024, while the corresponding investigations were carried out; a deep cleaning was performed at the Guadalupe Potabilization Plant, and organoleptic tests were executed to detect the odor of the water. The plant is currently in operation, but its current production is not the usual; it is expected that the Ministry of Health will lift the sanitary order on one of the intakes to return to its normal productive capacity • A sanitary washing was performed on the Guadalupe tanks, the north wing of San Blas, and the Tibás tank, to sanitize the structures and eliminate any residue of the contaminant. • A network purge was executed via the fire hydrants in the zone to guarantee that any contamination residue was eliminated. In the image attached at the end of this paragraph, the different cleaning points used are shown according to the plan established to perform the complete washing of the pipes through the hydrants in the affected zone: Figure 3. Map of the protocol used for the sanitary washing of pipes and sample collection • The chemical tests performed were done with a certified laboratory at key sampling points such as La Florida, San Juan, Anselmo de Tibás, El Alto, Santa Eduviges de Guadalupe, Moravia, and other communities where reports of irregular odors in the water were received. • A program has been developed such that when the Guadalupe Plant was out of operation or is currently operating with a reduction in its production, the affected zone can be supplied through transfers from the Tres Ríos, La Valencia, and Los Sitios systems, establishing maneuvers to optimize supply, distributing the available resource equitably without leaving priority users unprotected. The evidence appendices attached to this document provide the “Operational Action Plan for the alternative supply of populations affected by contamination of the Guadalupe Plant” (Plan de acciones operativas para el abastecimiento alternativo de las poblaciones afectadas por contaminación de la Planta de Guadalupe), which further details the maneuvers being carried out to provide this alternative supply and thus ensure the right to health and to potable water as established in the Political Constitution. It is relevant to indicate that, according to what is established in Article 10 of the regulation “Provision of Aqueduct, Sanitary Sewer, and Hydrant Services” (Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes). The regulator (ARESEP) permits the provision of services in conditions below optimal provision in exceptional situations. Article 10.- Provision of the service in conditions below optimal provision. Only in exceptional situations: act of God, force majeure (caso fortuito, fuerza mayor), damage caused by a third party, or scheduled suspensions, will providing services in conditions below optimal provision be allowed. However, the provider must implement, as soon as possible, the corresponding temporary corrective measures to supply the services until the service can be restored to optimal conditions. It should be noted that in this case, the cause originating the need to provide a service in non-optimal conditions is due to contamination in the basin of one of the water sources used by the AyA, and this is due to damages caused by a third party, which are under investigation by the competent authorities; therefore, the regulation justifies that the service provision was given under conditions inferior to those usually provided for the sector. Likewise, the Institution, in addition to having alternative means of supply since the contamination of the source was verified, has taken a series of measures to supply the communities with potable water within technical possibilities and with the available infrastructure. FOURTH: That, as indicated, the “PROTOCOL FOR THE ATTENTION OF EVENTS OF AFFECTATION OR POTENTIAL AFFECTATION IN THE QUALITY OF THE WATER RESOURCE USED FOR POPULATION SUPPLY” (PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS DE AFECTACIÓN O POTENCIAL AFECTACIÓN EN LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO POBLACIONAL), approved by Board of Directors Agreement No. 2020-435, of December 1, 2020, was activated; this Protocol establishes the functions and responsibilities applicable to all AyA departments that must provide a timely response during an event of affectation or potential affectation to the quality of the water resource used as a supply source: GAM Systems Management Sub-management and Peripheral Systems Management Sub-management (respective UEN Production and Distribution), National Water Laboratory, Environmental, Research and Development Sub-management (UEN Environmental Management, UEN Research and Development), Delegated Systems Management Sub-management, as well as institutional departments of Institutional Communication and the Legal Directorate. The protocol establishes the responsibilities and hierarchy of decisions to be made by the areas participating in the event's attention. In the case of the UEN Production and Distribution, among its responsibilities is the application of the Contamination Events Procedure – UEN Production and Distribution, which establishes 3 possible action scenarios: • Presence of a contaminating substance near the intake works, but which has not yet entered the system. • Presence of a contaminating substance at one of the treatment stages. • Reports of a contamination event in the Distribution Networks Therefore, and in accordance with the activities corresponding to the Director of Potabilization Plants, the following were preventively carried out: 1. Inspection of the intake works and treatment units (pre-sedimentation tank, sedimentation tank, filters, storage tank), without finding, in any of the inspections carried out to date, evidence of hydrocarbons, presence of oily layers, formation of oil slicks on the water surfaces and walls. 2. Abnormal odor or taste was not detected in the raw and potable water of the Guadalupe Potabilization Plant. 3. Daily sanitary washing and disinfection of the treatment units was carried out, along with the application of an activated carbon solution on the unit walls for the adsorption of any trace of contaminant that may exist in the units. 4. Sanitary Washing of the San Blas Storage Tank was performed; two sanitary washings were preventively conducted. The Guadalupe Potabilization Plant was out of operation between January 28 and 31, 2024, and as already mentioned in previous paragraphs, as the Ministry of Health lifts the existing sanitary orders on one of the intakes, it is expected to be able to increase production. FIFTH: That, it is necessary to inform this Honorable Magistracy that the UEN Environmental Management proceeded to submit the report titled “Characterization of the study zone given the presence of a contaminant in the systems supplied by the Guadalupe Potabilization Plant” (Caracterización de la zona de estudio ante la presencia de un contaminante en los sistemas abastecidos por la Planta Potabilizadora de Guadalupe), in which the following was concluded: a. Based on what is indicated in report GG-UEPIAYA-BCIE-2024-00319A, prepared by the Executing Unit of the AyA BCIE Investment Portfolio, in which the inspection and verification of the pipes is carried out by means of electro-acoustic leak detection equipment, the following was concluded: “With the work carried out, potential leak points were not detected at the analyzed intersection sites, where the intersection between the RECOPE pipeline and the AyA pipe lines, both potable and raw water, occurs.” b. Based on what is indicated in report No. DGTCC-DL-2024-017, prepared by the General Directorate of Fuel Transportation and Commercialization of MINAE (DGTCC), it was concluded: “According to the inspection visits and what is indicated in the summary table of the prior section, it is concluded that the stations and the inspected elements have normal functioning operation. It is recommended that the Delta Coronado Service Station clean the oily water traps immediately and attach the corresponding maintenance report.” c. Based on the field work, conducted jointly by the Water Directorate – MINAE, the Ministry of Health, and the UEN Environmental Management of the AyA, 14 wells were located in the study area; of these, in 9 of them, the multiphase probe was used, determining that the presence of light hydrocarbons was not detected, thus ruling out the presence of hydrocarbons in the groundwater in the analyzed area. d. From the results obtained by the ChemLabs Laboratory on January 29, 30, and February 1, 2024, the Lupe Creek (Quebrada Lupe) shows no signs of contamination. On the other hand, in the case of the Durazno River, through sampling on January 29, 31, and February 1, 2024, it is determined that it shows no contamination. Likewise, water samples have been taken at strategic points corresponding to Honda Creek 1 (Quebrada Honda 1) and Honda Creek 2 (Quebrada Honda 2), where, based on the results of the sample from January 26, 2024, it is determined that Honda Creek 2 showed contamination. However, based on sampling on January 29 and 30 and February 1, 2024, Honda Creek 2 shows no signs of contamination. In the case of Honda Creek 1, on January 26 and 29, 2024, it shows signs of contamination. However, regarding the sample from January 30 and February 1, 2024, it shows no signs of contamination. e. To identify the contamination sources, inspections were carried out in three stages, jointly between the UEN Environmental Management and the Ministry of Health, from which the following is concluded: - The first stage was carried out on January 29, 2024, in which a total of 80 findings were obtained, categorized as follows - In the first two stages, the findings warrant follow-up by the Ministry of Health; however, they are not correlatable to the contamination source that affected the water quality. In the third stage, based on the results of the field survey in the Honda Creek 1 basin, two possible contamination sources are shown, which must be followed up on by the AyA, the Ministry of Health – Coronado Health Area, and with the corresponding local government, with the objective of creating alliances and simultaneously raising awareness among citizens on the importance of conserving and protecting the rivers from which water is collected for population supply. f. It is important to highlight the inter-institutional coordination achieved in this investigation, which permitted joint decision-making, as well as the efficient use of resources and the formation of multidisciplinary teams with the necessary experience and specialization for attending the cases; this permitted rapid communication and the directing of technical actions to decision-makers. g. In reference to the issue of biological quality of the water bodies collected for population supply in the study area, it is of utmost importance that the MINSA and local government implement, in the settlements near the creeks, the use of septic tanks and the separation of rainwater from the generated greywater and blackwater, with the objective of reducing vulnerabilities to these intakes; furthermore, that an analysis be carried out by the SINAC of the invasions of the protection areas of these creeks, and that the corresponding actions be implemented.

SIXTH: That, by virtue of the foregoing, we can conclude that at AyA: • The actions were executed in accordance with what is established in the “Protocol for the attention of events of affectation or potential affectation in the quality of the water resource used for population supply” approved by Board of Directors Agreement No. AN-2020-435, where the operator activated the procedures it required to attend the affectation. • The operational actions were executed to apply the Contamination Events Procedure – UEN Production and Distribution. The Procedure for the Attention and generation of complaints for water resource affectation was activated to process the complaint for the produced water resource affectation. • The Communication Procedure for emergencies and disasters was activated for communication management. • The Protocol for water distribution via cistern tanks was activated for the distribution of potable water via cistern trucks for the attention of the population, with the aim of providing alternative means of potable water supply to the affected population. The Operational Action Plan for the alternative supply of the populations affected by contamination of the Guadalupe Plant was generated to ensure service within the current system capacities, with the aim of distributing the available potable water, within technical possibilities, among the entire population. • The corresponding investigations have been carried out to establish the origin of the contamination, an activity that has been executed in coordination with other governmental entities and where the investigations have determined that the contamination occurred in creeks that the Institution uses to collect water, damages caused by the action of a third party, facts that are under investigation by the pertinent authorities. SEVENTH: In support of the foregoing, it is necessary to indicate what the Regulation for the Provision of AyA Services (Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA) and the Technical Regulation for the Provision of Aqueduct, Sanitary Sewer, and Hydrant Services, AR-PSAYA-2015 (Reglamento Técnico Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2015) establish in this regard: Regulation for the Provision of AyA Services Article 7- Definitions. For the purposes of this Regulation, the following shall be understood by: (...) 20. Hydraulic Capacity (Capacidad hidráulica): Existence of installed infrastructure and in use of the supply and sanitation systems to transfer the flow rates for the effective provision of services. 21. Water Capacity (Capacidad hídrica): Real existence of the water resource with technical feasibility configured based on the certainty of the design and processes of treatment, disinfection, and potabilization for its subsequent exploitation and the potential attention of the demand of current and future users by the public provider. Likewise, the use assumes: that the source is located within a registered property or one possessed by the public service provider, that the authorized flow rate is duly concession in its favor, and that there is solvency in the water inventory. Article 8- Of the services. AyA shall provide potable water supply services for population use and wastewater sanitation within the coverage zone, provided that the area has technical and legal feasibility. The internal systems and installations necessary for the enjoyment of the services are the responsibility of the user. Article 9- Of the technical conditions for the provision of services. It is the obligation of the provider of potable water and sanitation services to provide them within the parameters of optimal provision regarding quality, quantity, continuity, reliability, equality, universal access, efficiency, timeliness, sustainability, and with a human rights approach, except in cases of force majeure, act of God, or duly disclosed maintenance periods that affect the coverage zone where the property is located. Regarding the parameter of minimum dynamic pressure per service, the optimal provision that the provider must guarantee is 10 meters of water column (m.c.a.) at the connection point where the measurement system is located. (The highlighting does not correspond to the original). Technical Regulation for the Provision of Aqueduct, Sanitary Sewer, and Hydrant Services, AR-PSAYA-2015: Article 5.- Definitions For the purposes of this Regulation, the following shall be understood by: Act of God (Caso fortuito): That which happens casually without premeditation or foresight; or which even being foreseen could not have been avoided. Article 56.- Provision of the service in conditions below optimal provision. Only in exceptional situations: act of God, force majeure, or scheduled suspensions, will providing services in conditions below optimal provision be allowed. Article 57.- Water supply scarcity. In conditions of water scarcity, the provider may restrict its use, for which it must notify its subscribers through mass media and give written notice to the Regulatory Authority and the Benemérito Fire Department, at least twenty-four calendar hours before such restriction takes effect. The notifications shall specify: a. Justification, nature, and magnitude of the restriction; b. Start date and probable end date; c. Affected zones; d. Special supply schedules; and e. Alternative means of supply. During the period of scarcity, the provider must ration the available water supply with criteria of equity, with due attention to health. To ensure equity in the supply, it may establish use restrictions. (Reformed by the Board of Directors of ARESEP, according to resolution No. RJD-053-2016, published in Supplement 55, La Gaceta No. 69 of April 12, 2016) Article 58.- Alternative services for the supply of the aqueduct service. The alternative services for the supply of the aqueduct service may be cistern trucks, temporary pipes, or other means, provided that they guarantee that the distributed water meets the characteristic of potable quality and ensures a minimum subsistence daily allocation to the population affected by the interruption. (Reformed by the Board of Directors of ARESEP, according to resolution No. RJD-053-2016, published in Supplement 55, La Gaceta No. 69 of April 12, 2016) Article 61.- Priority of supply in case of scarcity. In the event that the aqueduct service must be restricted, it shall be provided in accordance with the following order of priorities: a. Hospitals, penitentiary centers; b. Clinics, educational and health centers, shelters for children and the elderly; c. Homes, to meet the basic needs of families and disaster victim camps; d. Commercial, industrial, and agro-industrial facilities; e. Municipal, governmental, religious, international, diplomatic, and non-governmental organizations, and similar facilities; and f. Temporary activities and facilities. (Reformed by the Board of Directors of ARESEP, according to resolution No. RJD-053-2016, published in Supplement 55, La Gaceta No. 69 of April 12, 2016). (The highlighting does not correspond to the original). EIGHTH: Consequently, it is important to refer to the principle of legality enshrined in Article 11 of our Political Constitution, which warns that the acts and behaviors of the Administration must be regulated by written norm; in such a way, AyA must submit to the Political Constitution and the law preferentially; and in general to all the norms of the Legal System, known as the Principle of Juridicity of the Administration, which means that public institutions can only act to the extent that they are empowered to do so by the same legal system and normally by express text; consequently, only what is constitutionally and legally authorized in an express manner is permitted, and everything that is not authorized is forbidden.

NINTH: Based on the aforementioned principle, this Institute must comply with the regulatory framework that governs us and with the general principles of science and technology; in accordance with Article 16, subsection 1) of the General Law of Public Administration, which states: “In no case may acts contrary to unequivocal rules of science or technology be issued…”; hence, in accordance with the mentioned articles, AyA guarantees the service to the extent technically feasible and provided that all the requirements established for such purposes are fully met, such as the existence of sufficient water and hydraulic conditions, technical aspects necessary for the provision of the public service, and that no emergent, fortuitous, and/or force majeure situations arise that affect the service and/or its supply conditions; conditions which, by virtue of the facts that particularly arise in the specific case, as has been fully demonstrated, did not occur in the area that is the subject of this Amparo Appeal, likewise AyA has provided timely information and attention to users and has not violated any fundamental right of Mrs. Ramírez Brenes or the other appellants, so it is not possible to grant the appellants' request under the conditions they intend. (…). Furthermore, this Honorable Chamber has also recognized in previous pronouncements, in relation to drinking water supply problems, that as long as the respondent authorities demonstrate that they have acted within their material possibilities to achieve an adequate supply, they do not violate the fundamental rights of persons, as stated in Resolution No. 2014-014706, of nine hours five minutes on September fifth, two thousand fourteen (…)”. Likewise, we can mention the following jurisprudence. “On the other hand, the appellant must be told that the character of the fundamental right to drinking water does not imply unrestricted access to said public service, since technical impossibilities or non-compliance with infra-constitutional requirements may arise - as in this case - based on which the Administration, validly, can deny the service.” ELEVENTH: As this Honorable Court can verify, AyA has acted in accordance with the regulations that govern it, without arbitrary manipulation of the provision of the service, nor of the exercise of its functions, carrying out at all times duly substantiated and reasoned actions as detailed; it is thus evidenced that the Institute has proceeded according to law, without any of its acts having violated any constitutional right; on the contrary, from the arguments presented and the evidence provided, it can be concluded that AyA has indeed proceeded as it is obliged to do. It requests that the appeal be declared without merit.

 5.- Irene Campos Jiménez reports, in her capacity as Municipal Mayor of Goicoechea, that on the past 23rd of January 2024, just past noon, reports were received from employees in the Municipal Building, as well as from some residents of Guadalupe, regarding an apparent taste and smell of fuel in the drinking water supply system from AyA. She indicates that she immediately initiated actions aimed at informing the citizenry of what had occurred through various social networks. She explains: “On Thursday, January 25, 2024, the three Municipal Mayors, namely, of Tibás, Moravia, and Goicoechea visited the administrative offices of AYA, in Pavas; in that meeting, our interest was to be given real reports on the situation, on how it could affect our citizens, and what AyA’s actions were to address this situation, mainly when and how they would supply drinking water to the population. It should be emphasized that as part of the verbal agreements reached at that meeting, the undersigned Mayor requested that the authorities communicate more directly, that we be informed with certainty of what was happening and how AyA was going to solve it, and, reiterating to the AyA representatives that support for water supply via tanker trucks was vital. I attach below another publication on our social networks to demonstrate to the Magistrates that, contrary to the appellants' claim, we were indeed informed at all times of what was being done. In the exercise of my competencies as Mayor, I communicated to the advisors of the Executive Presidency, held at that time by Mr. Alejandro Guillén, that days before this meeting, and just when the alert for apparent water contamination began, I requested assistance from AyA with tanker trucks, and that the response we received was that they would not attend to my request, alluding that there was no shortage of the liquid in Goicoechea, when the truth is that the water reaching our homes was highly contaminated with xylene, as the UCR laboratory later confirmed, despite AyA’s repeated denial of the news on that same issue. As a result of that meeting on Thursday, January 25, 2024, at the AyA offices, it was achieved that I was added to a WhatsApp chat through which, until the first week of February, information and concerns from citizens who indicated they had no water and required a tanker truck in their neighborhoods were shared. It is crucial to specify that it was just after the meeting concluded, in the afternoon hours, at AYA, that Thursday, January 25, 2024, that it was made official that there had been contamination in the sources feeding the AYA collection tanks of El Alto de Guadalupe. Up to that moment, no one had certainty about what the contamination was, and AyA did not admit any news about it, nor the reports from citizens; they only admitted and informed the public, the press media, and the Municipalities that they believed it was a kind of “oil.” On Friday, January 26, 2024, the municipal mayors of Tibás, Moravia, and Goicoechea visited the Ombudsman's Office, where we met with the Ombudswoman, Angie Cruickshank, to whom the impacts the communities were suffering were explained, and the need to reinforce support to supply the liquid to the inhabitants was also presented. It was not until Tuesday, January 30, 2024, that we were visited by two officials who identified themselves as being from AyA's social area, who placed themselves at the municipality's disposal, and the urgency of restoring the service and also reinforcing the tanker truck service in the districts of Guadalupe, San Francisco, and Calle Blancos was explained to them; we made them see the need of all our citizens to have a timely and sufficient supply, at least to have uncontaminated water to consume and prepare their food. Below is an image of the visit of those AyA officials to my office. On Wednesday, January 31, 2024, I received in my office officials from AyA, from the University of Costa Rica, and members of the Special Water Commission of the Municipal Council of Goicoechea, firstly, so that AyA would finally inform us of the official version of what was happening in the canton with the drinking water service, and, second, to design, based on that information, a strategy for immediate application to solve the problem and, of course, to ask the AyA representatives to continue and increase the supply of drinking water to the population via tanker trucks, on which I was very emphatic in my request, as we had reports from the citizens themselves that AyA’s actions in supplying the communities with their trucks were insufficient. Below can be seen the photographic record of that meeting. As soon as I received the information about the change in the executive presidency of AyA, that same Wednesday, January 31, 2024, jointly with the mayors of Tibás and Moravia, we sent a missive to Mr. Juan Manuel Quesada Espinoza, requesting a new meeting to try to resolve the issue as soon as possible, and to know what his immediate actions in office would be, in addition to offering him whatever collaboration we could provide, immediately. The foregoing can be verified in the following image, which, like all our previous actions, was immediately reported to the citizenry on all our social networks. It is thus demonstrated that the appellants' arguments regarding the lack of action, or of information to the community by this Municipality during said emergency situation are completely far from the real truth. It is not until that same day, Wednesday, January 31, 2024, that is, 8 days after this anomalous situation began and near midnight, that through an official communication from the University of Costa Rica (UCR), the population is informed that it was a chemical product called xylene that caused the water contamination. On Thursday, February 1, 2024, thanks to coordination with AYA, a 10,000-liter tank of drinking water was placed in Parque Centenario, in Guadalupe, so that residents of that community could obtain a supply of the liquid. I immediately informed the community of the foregoing through an explanatory video disseminated through our social networks, which is the most immediate existing method currently to disseminate information to more people, practically in real time. On Friday, February 2, 2024, the mayors of Tibás, Moravia, and Goicoechea met with Mr. Quesada Espinoza to communicate our concerns, but also to raise some needs such as, for example, I myself did by requesting the placement of another tank, like the one now available in the Guadalupe district, to supply the residents of the Calle Blancos and San Francisco districts. Below is the photographic record of that meeting. That request was part of several agreements reached in that meeting, since in it the AyA administration committed to us, the mayors present there, to send, as soon as possible, those tanks of drinking water and thus partly solve the supply problem in these communities, given the demonstrated insufficiency of the drinking water supply by tanker trucks that that Institute was carrying out; however, as of the date this report was written (February 14, 2024), the minutes of that meeting have not been received, nor has what was offered to us been fulfilled, despite the fact that I again requested those tanks in Calle Blancos and San Francisco through an email sent to the executive presidency of AyA, so far without a response, it is worth mentioning.

Gentlemen Magistrates, at all times since that same January 23rd, we took actions aimed at informing the community of the contaminated water problem, despite the fact that AyA itself reported that they were not certain of that situation, that there was no water supply problem in the communities of Guadalupe, San Francisco, and Calle Blancos, until January 31st when the UCR informed the public that this was not true and that the drinking water in those communities was indeed contaminated with a highly dangerous chemical product called xylene. As you will see in the photographs provided, from that same Tuesday the 23rd when the strange smell and taste of the water was detected, we began an information campaign through our networks, not only with our own communications to the community, but also replicating all of AyA’s publications on our own networks, as a way to increase the amount of information available to the citizenry. Likewise, it is not our functional competence to provide drinking water to the community; we do not have equipment available, like the tankers that AyA does have; we do not have our own sources of drinking water; that is a legal authority of AyA; we cannot allocate resources to attend to the competencies and obligations of other public entities that by legal mandate must provide services to the community. Similarly, we estimate that as much as was attempted by this Municipality, in the company of the mayor of Moravia and that of Tibás, all our actions aimed at seeking a full understanding that would allow us coordination, collaboration, and understanding with AyA, were simply not as successful as we had hoped; of course, we do not know what problems or limitations that Institute may have faced in its attention to this emergency situation.” She requests that the appeal be declared without merit.

6.- In the procedures followed, the legal requirements have been observed.

 Magistrate Cruz Castro writes; and,

Considering:

 I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellants, residents of Montelimar, Guadalupe, Province of San José, state that the public drinking water service supplied by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has been interrupted by contamination with xylene, according to information published in the press. Despite the described problem, they claim that the tanker trucks have not distributed water in two days and assert there are no records that the Municipality of Goicoechea implemented a contingency plan or carried out steps to alleviate the water supply problems. They explain that the problem has not lost its validity because, although the authorities indicate they have solved it, in practice there continue to be periodic irregularities and a lack of continuity in the drinking water supply. They request that the appeal be granted.

II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them, as provided for in the initial order:

Regarding Acueductos y Alcantarillados

a)     On Monday, January 22, 2024, in the evening hours, users of the water service in the locality where the appellants live reported to the respondent AyA the possible presence of hydrocarbons in the drinking water supply; this was confirmed through laboratory analyses performed, which showed the presence of total hydrocarbons in low concentrations in some communities of the cantons of the GAM (Moravia, Goicoechea, Tibás, and San José), thereby affecting the quality and continuity of the drinking water service for approximately 107 thousand users (see report).

b)    AYA began an investigation to determine and locate the sources of the possible contamination, as well as actions to provide drinking water to the affected areas, thereby activating the Protocol for addressing events of affectation or potential affectation to the quality of the water resource used for population supply, approved by Board of Directors Agreement No. AN-2020-435 (see evidence).

c)     To address the water problem, AyA has deployed a technical, operational, and expert team that has implemented preventive work and carried out tours and sampling in various places to analyze water quality. This team coordinated the Institution's various support areas according to the Protocol and in accordance with the needs for addressing the event. Among these coordinated efforts was the activation of various processes: • Contamination Events Procedure – UEN Production and Distribution: This is mandatory for all Potabilization Plants upon the occurrence of a contamination event with any type of substance or material not expected in the raw water and that produces a negative effect on the potabilization process. • Procedure for Attention and generation of complaints for affectation of water resources – AF Hydrographic Basins and Legal Directorate: institutional procedure to standardize the actions taken to process complaints for the affectation of water resources produced by behaviors that threaten the quality and quantity of water used for population consumption. • Communication Procedure for Emergencies and Disasters: contemplates a succession of communication actions that allow us to conveniently manage all generated situations, with the purpose of making available to officials a clear communication management guide to face eventual emergencies, allowing us to be better prepared to handle such situations. • Protocol for water distribution via tanker trucks: national protocol with minimum standards for the distribution of drinking water via tanker trucks for addressing incidents that compromise the intradomiciliary drinking water supply service of any operating entity, to guarantee access to drinking water through alternative means during service discontinuity (see report).

d)    In the zone, AyA carried out: Inspection of the collection works and treatment units (pre-sedimentation tank, sedimentation tank, filters, storage tank), without finding in any of the reviews carried out to date evidence of hydrocarbons, presence of oily layers, formation of iridescence on water surfaces and on walls. 2. No abnormal smell or taste was detected in the raw and potable water of the Guadalupe Potabilization Plant. 3. Daily sanitary washing and disinfection of the treatment units was carried out, along with the application of an activated carbon solution on the walls of the units for the adsorption of any trace of contaminant that may exist in the units. 4. Sanitary Washing of the San Blas Storage Tank was carried out; preventively, two sanitary washes were carried out (see report).

e)     The Guadalupe Potabilization Plant was out of operation between January 28 and 31, 2024, and once the Ministry of Health lifts the existing sanitary orders on one of the collection points, it is expected to achieve an increase in production (see report).

f)      According to the report titled “Characterization of the study zone given the presence of a contaminant in the systems supplied by the Guadalupe Potabilization Plant,” it was concluded (…) “With the work carried out, no potential leak points are detected at the analyzed intersection sites, where the intersection occurs between the RECOPE pipeline and the AyA pipe lines, both for potable and raw water.” b. Based on what is indicated in report No. DGTCC-DL-2024-017, prepared by the Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles of MINAE (DGTCC), it was concluded: “According to the inspection visits and what is indicated in the summary table of the preceding section, it is concluded that the stations and the inspected elements have normal functioning operation. It is recommended that the Delta Coronado Service Station immediately clean the oily water traps and attach the maintenance report for same.” c. Based on the field work, carried out jointly by the Dirección de Agua – MINAE, the Ministry of Health, and the UEN Gestión Ambiental of AyA, 14 wells were located in the study area, of which, in 9 of them the multiphase probe was used, determining that the presence of light hydrocarbons was not detected, so the presence of hydrocarbons in the groundwater in the analyzed area is ruled out.

g)    In the case of Quebrada Lupe, on January 29, 30, and February 1, 2024, it shows no signs of contamination (see report).

h)    In the case of Río Durazno, the samplings of January 29, 31, and February 1, 2024, do not show contamination (see report).

i)      In the case of Quebrada Honda 2, the samplings of January 26, 2024, determine that it showed contamination. However, based on the samplings of January 29 and 30 and February 1, 2024, Quebrada Honda 2 shows no signs of contamination (see report).

j)      In the case of Quebrada Honda 1, the samplings of January 26 and 29, 2024, show signs of contamination. However, regarding the sample of January 30 and February 1, 2024, it shows no signs of contamination (see report).

Regarding the Municipality of Goicoechea:

k)    On January 23, 2024, reports were presented to the respondent Municipality from municipal employees and residents of Guadalupe regarding an apparent taste and smell of fuel in the drinking water supply system from AyA, which they reported to the citizenry through various social networks. (see report and evidence).

l)      On January 25, 2024, the three Municipal Mayors, namely, of Tibás, Moravia, and Goicoechea visited the administrative offices of AYA, in Pavas, to learn about the water supply and find out how it could affect their citizens and coordinate joint actions with AyA for support of the water supply with tanker trucks (see report and evidence).

m)  On Thursday, January 25, 2024, in the afternoon hours, at AyA, it was made official that there had been contamination in the sources feeding the AyA collection tanks of El Alto de Guadalupe (see report and evidence).

n)    On Friday, January 26, 2024, the municipal mayors of Tibás, Moravia, and Goicoechea visited the Ombudsman's Office, where they explained the impacts the communities were suffering and also presented the need to reinforce support to supply the liquid to the inhabitants (see report).

o)    On Tuesday, January 30, 2024, two officials from AyA's social area attended the respondent municipality, with the purpose of coordinating to restore the service and also with the intention of reinforcing the tanker truck service in the districts of Guadalupe, San Francisco, and Calle Blancos (see report).

p)    On Wednesday, January 31, 2024, the respondent Mayor met with officials from AyA, from the University of Costa Rica, and members of the Special Water Commission of the Municipal Council of Goicoechea, firstly, so that AyA would report the official version of what was happening in the canton with the drinking water service and, from there, design a strategy for immediate application to solve the problem (see report).

III.- ON THE SPECIFIC CASE. In the present matter, the appellants claim that for an unknown length of time, the public drinking water service supplied by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has been interrupted by contamination of the liquid with xylene, according to information published in the press. They note that, in the case of the residents of Montelimar, the tanker trucks have not distributed water in two days. They assert there are no records that the Municipality of Goicoechea implemented a contingency plan or carried out steps to alleviate the water supply problems. They explain that the problem has not lost its validity because, although the authorities indicate they have solved it, in practice there continue to be periodic irregularities and a lack of continuity in the drinking water supply.

Based on the foregoing, they come to the Chamber in protection of their fundamental rights and request that the appeal be granted, ordering the respondents to seek a prompt solution.

In reiterated resolutions, this Chamber has recognized a fundamental right to drinking water, as established in judgment No. 2006-05606 of 3:21 p.m. on April 26, 2006, as follows:

“VIII.- Access to drinking water as a human right. In addition to what has been indicated, and perhaps the most relevant aspect in this matter, is the nature and function of water for human life. It is not necessary to detail here an explanation about the evident and notorious reality that without water there can be no life, nor quality of life, and that therefore, with or without a nationalization law, by its very essence, this matter is not and cannot be a territorial or local matter. The Chamber itself in its constitutional jurisprudence has stated that access to drinking water is a fundamental human right, insofar as it is configured as an integral part of the content of the right to health and life. (SALA CONSTITUCIONAL, judgments numbers 534-96, 2728-91, 3891-93, 1108-96, 2002-06157 2002 10776; 2004-1923). This same line has been maintained in judgments 2003-04654 and 2004-07779 («)

IX.- On the adequate functioning of public services. Our Political Constitution implicitly enshrines the fundamental right of the administered to the good and efficient functioning of public services, that is, that they be provided with high-quality standards, which has as its necessary corollary the obligation of public administrations to provide them continuously, regularly, swiftly, effectively, and efficiently. This atypical or unnamed individual guarantee is accentuated in the case of essential public services such as the supply of drinking water. The heads of the institutions involved cannot invoke, to justify a deficient and precarious attention, the lack of financial, human, and technical resources, since a constitutional imperative is the obligation that public services be provided efficiently, effectively, continuously, regularly, and swiftly, especially when the safeguarding of absolutely essential constitutional rights is at stake: the health and life of persons.

X.- On the competencies of the Ministry of Health, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, SENARA, and the municipalities in matters of water supply destined for population consumption. In accordance with said legislation, the use of water for human consumption is a priority and, therefore, every water supply system destined for the use and consumption of the population must supply drinking water continuously and in sufficient quantity to satisfy the needs of persons (art. 267). Article 268 of that normative body establishes that it corresponds to the Ministry of Health to verify the quality of the water supplied to the population and to ensure that the constituent elements of the systems, their functioning, and state of conservation guarantee the adequate and safe supply, and may be intervened by the Ministry if there is danger to the health of the inhabitants. In concordance with the foregoing, numeral 368 empowers the Ministry of Health to intervene in cases of danger, threat, or epidemic outbreak, to take charge of the protection of drinking water sources and adopt the corresponding actions to protect the health of the population. Regarding the competencies of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, it should be noted that through its Constitutive Law, Law No. 2726 of April 14, 1961, and its reforms, it was established that it is the competent institution to direct and oversee everything concerning providing the inhabitants of the Republic with a service of drinking water supply and collection and evacuation of sewage, as well as liquid industrial waste and pluvial waters in urban areas. On this matter, Article 2 states in the relevant part:

³Article 2.- (*)

It corresponds to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:

a) To direct and oversee everything concerning providing the inhabitants of the republic with a service of drinking water, collection, and evacuation of sewage and liquid industrial waste, and of pluvial waters in urban areas;

b) To determine the priority, convenience, and viability of the different projects proposed to construct, reform, expand, modify aqueduct and sewer works; which may not be executed without its approval;

c) To promote the conservation of hydrographic basins and ecological protection, as well as the control of water contamination;

d) To advise the other State bodies and coordinate public and private activities in all matters relating to the establishment of aqueducts and sewers and control of water resource contamination, its consultation being obligatory in every case, and compliance with its recommendations inexcusable;

e) To elaborate all plans for public works related to the purposes of this law, as well as to approve all those for private works related to aqueduct and sewer systems, as determined by the respective regulations;

(...)

g) To administer and operate directly the aqueduct and sewer systems throughout the country, which will be progressively assumed taking into account convenience and availability of resources.

Systems currently administered and operated by municipal corporations may remain under their charge, as long as they provide efficient service.

Under no circumstances may the administration of the aqueduct and sanitary sewerage systems (sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario) of the Metropolitan Area be delegated.

Nor may the administration of systems for which financial responsibility exists be delegated while such responsibility corresponds directly to the Institute.

h) Enforce the General Potable Water Law (Ley General de Agua Potable), for which purpose the Institute shall be considered the substitute body for the ministries and municipalities indicated in said law;

i) Build, expand, and reform aqueduct and sewerage systems in those cases where necessary and where it best serves the satisfaction of national needs; and

j) Control the adequate investment of all resources that the State allocates for aqueduct and sanitary sewerage works. ´ (the underlined portion is not in the original)

Thus, by legal imperative, it is the responsibility of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to directly administer and operate the aqueduct and sewerage systems nationally—with the exception of cases of delegation by agreement with local bodies (ASADAS)—and, in accordance with the powers set forth in the Law, it is the competent entity to direct and oversee everything related to the supply of potable water and the collection and evacuation of blackwater and liquid industrial waste. For its part, SENARA (Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento), despite its authority apparently being limited to irrigation districts, drainage, and flood control—technical-administrative physical units of an agricultural nature for achieving their socioeconomic development, defined by Executive Decree at the request of this entity (articles 17 and 18 of its Creation Law No. 6877 of July 18, 1983, and its reforms)— the fact is that its constituent law assigns it important powers regarding water resource protection. The foregoing is corroborated by the background of this public entity, given that Law No. 5438 of December 17, 1973—which ratified and replaced Executive Decree No. 1878-P of July 22, 1972—, currently repealed, created the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas (SENAS) with a clearly national vocation for the planning, research, and advisory services related to the subject matter. For its part, in the current law number 6877 of July 18, 1983, among its functions is that of “Investigating, protecting, and promoting the use of the country's water resources, both surface and underground” and “Carrying out, coordinating, promoting, and keeping updated hydrological, hydrogeological research (...)” (art. 3, subsections ch and e). Article 4 establishes that it is the responsibility of SENARA to promote and direct coordination and collaboration with other institutions and entities competent in matters such as “Prevention, correction, and elimination of all types of water contamination in irrigation districts,” “Preparation and updating of an inventory of national waters, as well as the evaluation of their potential use for exploitation purposes in irrigation districts,” and “Construction and maintenance of the necessary works for the conservation and renewal of aquifer resources usable for agricultural activities in irrigation districts” (subsections c, ch, and f). Among the powers of the Board of Directors (Junta Directiva) is that of issuing the agreements for the request for recovery, expropriation, or purchase of “(...) lands on which water resources sit or underlie (...)” (articles 6 and 7).

Finally, it is pertinent to highlight that the Municipalities also play a very important role in this matter. As established in article 169 of the Political Constitution and the Municipal Code, the Municipalities are responsible for the administration of local services and interests, in order to promote the comprehensive development of the cantons in harmony with national development. In addition to attending to such services and interests, it is clear that the municipalities are obligated to safeguard the rights of their residents. The municipal government owes itself to the members of its own cantons, so it cannot remain inactive when the fundamental rights of its residents are affected, as occurs in this specific case with the right to receive potable water for the purposes of health and life. The foregoing is more than evident when dealing with municipal aqueducts, which are the responsibility of the municipality itself, but it also applies when the authority falls on other agencies (Ministry of Health and ICAA), in which case the municipal corporations must activate the necessary mechanisms to defend the residents' rights. The case before us is no exception, so it is the responsibility of the municipalities to promote active planning and coordination with the other involved entities in order to protect the interests of their communities and thereby the fundamental rights of their inhabitants. Now, one might think that all these multiple responsibilities mentioned above would cause chaos in administrative management, which is not true, because in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships between the various agencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to carry out the functions that have been entrusted to them. This Chamber has previously—and quite clearly—referred to the principle of coordination of public agencies with the municipalities in carrying out common goals—which, obviously, must be extended to the relationship that Central Administration and decentralized institutions carry out in this important function—, for which purpose it refers to what was indicated on that occasion (judgment number 1999-5445, of fourteen hours thirty minutes on July fourteenth, nineteen ninety-nine):

“So that coordination is the ordering of relations between these various independent activities, which takes charge of that concurrence in a single object or entity, to make it useful to a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the agent subjects. As there is no hierarchical relationship of the decentralized institutions, nor of the State itself in relation to the municipalities, the imposition of determined conduct on the latter is not possible, with which the essential inter-institutional ‘concert’ arises, in the strict sense, insofar as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one fulfills a role with a view to a mission entrusted to the others. Thus, the relationships of the municipalities with other public entities can only be carried out on a plane of equality, which results in agreed-upon forms of coordination, excluding any imperative form to the detriment of their autonomy, which would allow subjecting the corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest of the State (through the ‘administrative oversight’ (tutela administrativa) of the State, and specifically, in the function of legality control that corresponds to it, with powers of general surveillance over the entire sector).”

Based on the foregoing, there is no doubt that in the present matter, any omission in the duty of coordination between public institutions could endanger the population's health, since the definitive solution to the problem subject to this amparo encompasses a series of inter-institutional actors, each with their legal powers.”

Regarding the inter-institutional coordination to supply the affected communities of Goicoechea with potable water, while a solution to the xylene contamination problem is found on January 22, 2024, this Chamber proceeds in order to analyze what has been done by the appealed Municipality of Goicoechea and AyA.

Regarding the Municipality of Goicoechea: In this particular case, from the reports given to this Chamber under the gravity of oath by the appealed authorities, it is established that on January 22, 2024, a problem in water quality arose in several sectors of the capital city, due to the presence of total hydrocarbons, affecting the continuity of potable water service for approximately 107,000 users in some communities of the cantons of the GAM (Moravia, Goicoechea, Tibás, and San José). Faced with the problem presented, the municipal authority immediately promoted an information campaign to the community regarding the contaminated water problem, through its social media and by sharing AyA's publications on municipal networks.

Furthermore, the Municipality of Goicoechea collaborated with the installation of cisterns in coordination with AyA, so that the affected residents could obtain a supply of the liquid. In effect, it is demonstrated that on January 25, 2024, three Municipal Mayors whose populations were affected by the water problem, namely, from Tibás, Moravia, and Goicoechea visited the administrative offices of AyA, in Pavas, to learn about the water supply, find out how it could affect their citizens, and coordinate joint actions with AyA to provide water supply support with cistern trucks.

Given the situation described, on Friday, January 26, 2024, the municipal mayors of Tibás, Moravia, and Goicoechea visited the Office of the Ombudsman (Defensoría de los Habitantes), where they explained the impacts the communities were suffering and the need to reinforce support for supplying the liquid to the inhabitants. Likewise, they coordinated with officials from the social area of AyA, who on January 30, 2024, placed themselves at the disposal of the municipality, to attempt to reestablish and reinforce the service through cistern trucks in the districts of Guadalupe, San Francisco, and Calle Blancos, with the purpose of having access to uncontaminated water for human consumption and preparing their food. On Wednesday, January 31, 2024, together with the mayors of Tibás and Moravia, the Mayoress of Goicoechea sent a missive to the new head of AyA, asking him to resolve the potable water supply issue as soon as possible, and to know what his immediate actions would be to provide a solution to the residents of that canton.

Furthermore, it follows that the described actions were made known to the affected community and to the citizenry in general, through social media. Accordingly, this Chamber considers that the municipal authority, within the framework of its powers, did communicate the acts to face the situation and collaborated to guarantee the supply of the liquid. For the resolution of this matter, it is timely to mention that by Thursday, February 1, 2024, in coordination with AyA, the Municipality of Goicoechea managed to place a 10,000-liter potable water tank in Parque Centenario, in Guadalupe, so that the residents of that community could obtain a supply of the liquid. The following day, Friday, February 2, 2024, the mayors of Tibás, Moravia, and Goicoechea met with authorities from AyA to communicate some needs, such as, for example, the placement of another tank, like the one available in the Guadalupe district, to supply the residents of the Calle Blancos and San Francisco districts, a petition that was accepted to partially solve the water supply problem for the communities, given the demonstrated insufficiency of potable water supply by cistern trucks that the Institute was carrying out.

From what has been described, the violation of the fundamental rights of the protected parties attributed to the Municipality of Goicoechea is dismissed; according to the report given to this Chamber and evidence added to the case file, within its limits of authority, it coordinated and collaborated as much as possible with the other affected municipalities and AyA, to address the water supply problem in the affected communities. Consequently, it is appropriate to dismiss the appeal as it is directed against the Municipality of Goicoechea, as is hereby ordered.

Regarding the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA): Now, regarding the claim of the protected parties directed against the appealed AyA, for allegedly failing to guarantee the supply of potable water to the communities of the Canton of Goicoechea affected by the contamination of its water sources, it is determined from the case records, on one hand, that by the date of filing of this appeal, February 2, 2024, the water service had already been reestablished in the affected communities. Furthermore, according to the evidence provided by the appealed AyA, on February 1, 2024, after the corresponding analyses were carried out, the Ministry of Health informed the population that the water reaching them through the distribution networks was now suitable for human consumption, which was duly communicated through social media. It is also proven that, even though water consumption normalized as of February 1, 2024, AyA continued with the water supply work via cistern trucks until February 8 in order to cover any need in sectors where the resource was still not arriving. Additionally, it managed to incorporate other sources to the Guadalupe Water Treatment Plant and a well at the San Blas Tank, which has allowed the system to gradually stabilize. As of February 1, the operational staff carried out several inspections in the affected sectors, succeeding in verifying that the population has gradually been returning to normality in its aqueduct service. Finally, as of February 9, 2024, backup cisterns are maintained awaiting any report or incident that may arise; however, no more trips to the population are made because the service has remained stable without reports of shortages in the sectors within the emergency zone.

Likewise, before the water service normalized, from the report given to this Chamber by the institutional head of the appealed AyA, and from the evidence brought into the case file, particularly from the “Report on the supply to the population of the Cantons of Tibás, Goicoechea, and Moravia by cistern trucks and other means for attending to the emergency due to source contamination,” it is determined that since January 22, 2024, AyA, as the governing body for ensuring access to potable water and matters relating to its infrastructure, has addressed user reports of odor and taste in the water in the cantons of Goicoechea, Moravia, and Tibás. Given this situation, the service had to be suspended in order to protect the population's health; and the National Water Laboratory along with other Directorates of the GAM Systems Management Sub-Management activated protocols to begin the corresponding sampling and analysis.

Likewise, the Ministry of Health, in view of report MS-DPRS-0052-2023 (sic), issued by the Directorate of Environmental Health Protection, as well as laboratory studies CHEM-ID-00368-2924, CHEM-ID-00369-2024, CHEM-ID-00370-2024, CHEM-ID-00371-2024, CHEM-ID-00372-2024 dated January 24, 2024, determined the presence of total hydrocarbon concentrations exceeding 100 micrograms per liter (ug/l); values that are not acceptable for human consumption. Given the results of the sampling where the presence of hydrocarbons is detected, the water service for intra-domiciliary human consumption was suspended for more than one hundred thousand people.

Given this situation, the appealed authority activated the corresponding protocols and began delivering water for human consumption via cisterns to the affected communities starting January 24, 2024. (4). Additionally, on January 25, 2024, the Ministry of Health issued sanitary order MS-DRRSCS-ARS-G-0060-24 which orders, regarding the supply to the population, the following: “1. Immediately provide the affected inhabitants of the districts of: Anselmo Llorente, Calle Blancos, Carmen, Cinco Esquinas, Colima, Guadalupe, León XIII, Merced, Mercedes, San Francisco, San Juan, San Vicente, Uruca corresponding to the cantons of Goicoechea, Moravia, San José, and Tibás with potable water through the use of cistern trucks or any other mechanism that allows providing potable water in quality and quantity that meets the adequate organoleptic conditions for its consumption. Said supply must be maintained until it is demonstrated through technical laboratory tests that water for human consumption does not present traces or concentrations of hydrocarbons.” .

After receiving the sanitary order from the Ministry of Health, the appealed AyA conducted a review by the GAM Sub-Management on the affected sectors included in said order. Faced with this situation, communications were generated on the different official communication channels of the Institution, and the supply to the affected population was planned through alternative means. Specifically for the Calle Blancos sector, from which the protected parties originate, the cistern service was provided in Montelimar, El Encanto, Ciprés, Colonia Florida, Esquivel Bonilla, La Concretera, Oficinas, Pinos, Progreso, San Antonio, San Gabriel, Santo Tomás, Volio, Barrio Independencia, Barrio Moreno Cañas, Walmart. The report explains that each day a schedule was created with the distribution of the available vehicles, striving to cover the largest possible portion of the population. Since the available resources were insufficient to cover 100% of the needs, there were zones that could be covered both in the morning and afternoon, and others that could only be covered once a day.

Additionally, in order to improve service, fixed potable water supply points were established for the population at strategic locations through plastic tanks that were constantly refilled by the cisterns. The following table summarizes the fixed service points defined in Goicoechea:

| Descripción | Capacidad (litros) | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| Tanque de almacenamiento portátil | 10000 | Parque Centenario Guadalupe |
| Tanque de almacenamiento portátil | 5000 | Agencia AyA Guadalupe |

The appealed authorities explain that, with the help of the SATGEO tool, the necessary coordination was achieved so that among all available vehicles, the maximum possible population was served. A GPS was installed on each vehicle with which its route and all the sites supplied can be visualized precisely. It is described that the cistern followed a specific route; users from nearby neighborhoods would come to the cistern, thus covering a broad sector.

Conclusion. From the foregoing, contrary to what the appellants state in their petition document, this Chamber determines that the appealed authority, AyA, did not arbitrarily suspend the water service to the protected parties of the Montelimar area of Goicoechea, but rather, once it became aware of the suspicion of contaminated water on January 22, 2024, immediately, to avoid serious risk to the population's health, it proceeded to carry out laboratory analyses, which showed the presence of total hydrocarbons in low concentrations in some communities of the cantons of the GAM (Moravia, Goicoechea, Tibás, and San José), thus affecting the quality and continuity of potable water service for approximately 107,000 users.

In addition to determining and locating the sources of possible contamination, the appealed AyA adopted multiple actions to provide potable water to the affected areas, thus activating the Protocol for the attention of events of impact or potential impact on the quality of the water resource used for population supply. According to the evidence provided to this Chamber, the foregoing was communicated both through its official communication channels, according to its emergency and disaster communication protocol, which contemplates a succession of communication actions. Furthermore, AyA applied in this event that affected the community of Montelimar the Protocol for water distribution via cistern tanks, useful for the distribution of potable water through cistern trucks for attending to incidents that compromise the intra-domiciliary potable water supply service, as in this case, providing service at least 1 or 2 times a day.

By virtue of the foregoing, this Tribunal determines that the actions adopted by the appealed authorities were executed in a coordinated manner among the responsible appealed authorities, who have sought a definitive solution to the problem of contamination in the water intended for human consumption. Additionally, they included the provisions to provide the service via cistern trucks in the community, and as of the date of filing this appeal, the situation had already normalized.

Consequently, it is appropriate to declare the appeal without merit,

IV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any paper documents have been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Full Court in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is declared without merit.

Fernando Castillo V.
Presidente

Fernando Cruz C.

Luis Fdo. Salazar A.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Ana María Picado B.

Alejandro Delgado F.

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