Res. 06188-2024 Sala Constitucional — Compliance with ruling on visitor cap in Manuel Antonio National ParkCumplimiento de sentencia sobre aforo en Parque Nacional Manuel Antonio

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Sala Constitucional

Resolución Nº 06188 - 2024

Fecha de la Resolución: 06 de Marzo del 2024 a las 09:15

Expediente: 23-006531-0007-CO

Redactado por: Paul Rueda Leal

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 23-006531-0007-CO

Res. Nº 2024006188

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del seis de marzo de dos mil veinticuatro .

 Gestión posterior planteada por LUIS DIEGO MARÍN SCHUMACHER, en relación con la sentencia nro. 2023011233 de las 14:00 horas de 12 de mayo de 2023.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 21 de febrero de 2024, el recurrente interpone gestión de desobediencia en relación con la sentencia nro. 2023011233 de las 14:00 horas de 12 de mayo de 2023. Manifiesta: “(…) LOS HECHOS En el expediente y resolución antes mencionados, se hace clara referencia de que la biodiversidad y los ecosistemas del PNMA se han visto bajo una incesante presión producto de la visitación turística que ha ido en aumento aún luego de dicha sentencia sin contar con criterios científicos imparciales y objetivos que determinen con precisión y considerando diversas fuentes de conocimiento con experiencia en la investigación científica en el PNMA, la cantidad de personas que diariamente se puedan permitir sin vulnerar el estado de los ecosistemas y la biodiversidad. La administración, representada por el SINAC y la CI-PNMA, no solo no han cumplido con dicha sentencia, sino que ha aumentado el aforo permitido en tal resolución a un total hoy en día de 1806 (un mil ochocientas seis) personas representando más del 65% de lo que los señores magistrados establecieron en la sentencia mencionada. El argumento esgrimido por la administración en oficio R-CI-PNMA del 14 de julio de 2023, se indica que los criterios utilizados para aumentar el aforo, provienen de la aplicación de la "Herramienta para el Manejo de los Flujos de Visitación en las Áreas Silvestres Protegidas del SINAC' En una primer consulta. se indica por parte del CI-PNMA que en ese momento (julio 2023) que ya se ha aumentado a 1526 (un mil quinientas veintiséis) personas y luego en un correo electrónico fechado el 14 de diciembre de 2023, enviado por el Lic. Alvaro (sic) Francisco Conejo Arias, interventor de la Cl-PNMA, al Sr Christian Mata Bonilla, quien planteó el recurso de amparo que implicó la sentencia antes mencionada, indica un nuevo aumento del aforo a 1806 (un mil ochocientas seis) personas violentando la sentencia previa de la Sala Constitucional sin que se aplique una metodología confiable y blindada contra la manipulación política de las autoridades de turno. EL FONDO Ante el incumplimiento de la sentencia previa ya indicado y la recurrencia en la aplicación de metodologías que siguen sin adaptar el criterio científico de investigaciones con un contundente resultado a favor de regular de manera responsable y más apegado a criterios técnicos, solicito respetuosamente a los excelentísimos señores magistrados la suspensión absoluta del acto administrativo aquí impugnado como es el aumento en el aforo de visitantes y sea devuelto al número esgrimido en la sentencia previa y que concordante con criterios legales, científicos y administrativos, se obligue al Sistema Nacional de Áreas de Conservación a que cualquier estudio o investigación tendiente a un eventual aumento de la visitación turística en esta área protegida, se haga bajo el modelo de concurso público y licitación abiertas para la participación de entidades nacionales e internacionales especializadas en el tema de los estudios de capacidad de carga turística y limites de cambio aceptable apelando a los principios de respeto a la tutela científica, la responsabilidad legal del Estado de la conservación de las áreas silvestres protegidas, el principio jurídico de "in dubio pro natura" y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sustentado en el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica”.

 2.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

 I.- En la sentencia nro. 2023011233 de las 14:00 horas de 12 de mayo de 2023, se dispuso:

“VI.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, el recurrente señala que el Parque Nacional Manuel Antonio (PNMA) recibe diariamente unas 3000 personas. Acusa que tal cantidad de visitantes deteriora el ecosistema y la sostenibilidad del parque. Apunta que no hay estudios científicos que respalden esa carga turística, pues el último es de 2010 y únicamente justificaba una visitación diaria máxima de 600 personas. Considera que se viola el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Luego de analizar los autos, la Sala tuvo por probado que, mediante acuerdo nro. 12 de la sesión ordinaria nro. 06-2014 del 23 de junio de 2014, el Consejo Nacional de Áreas de Conservación aprobó la “Herramienta para el manejo de los flujos de visitación en las Áreas Silvestres Protegidas del SINAC” e instruyó al director ejecutivo para que la oficializara. En 2016 se efectúo el primer trabajo de campo en playas y senderos del sector del PNMA para identificar posibles indicadores a monitorear y crear la línea base en los casos requeridos. En 2018, el Comité Científico Técnico del Área de Conservación Pacífico Central acordó la implementación de la herramienta para las áreas silvestres protegidas de esa área de conservación. Con respecto a la visitación diaria del PNMA, mediante resolución nro. SINAC-ACOPAC-DRES-039-2021 de las 15:05 horas del 30 de abril de 2021, la parte accionada estableció un máximo de 1500 visitantes diarios. Luego, por resolución nro. INAC-ACOPAC-DRES-042-2021 de las 15:20 horas del 5 de agosto de 2021, la autoridad recurrida aumentó el aforo a un máximo de 2000 visitantes diarios. Asimismo, se tuvo como hecho incontrovertido ‑lo que se deriva también de las pruebas aportadas con el informe rendido (véanse, por ejemplo, los oficios SINAC-ACOPAC-D-201-2023 y SINAC-ACOPAC-D-190-2023)‑ que las autoridades accionadas aumentaron este año el aforo permitido a 3000 visitantes diarios. Como consecuencia de lo anterior, varios días de abril de 2023 registraron cantidades de visitación superiores a las 2000 personas: 2 de abril, 2592 personas; 3 de abril, 2867 personas; 5 de abril, 2765; 6 de abril, 2754 personas; 7 de abril, 2734 personas; 8 de abril, 2755 personas; 9 de abril, 2746 personas. Atinente a este tema, la Administración recurrida estima que la visitación del PNMA corresponde actualmente a un 267.9% de la capacidad instalada. Por este motivo, mediante oficio nro. SINAC-ACOPAC-D-140-2023 del 16 de marzo de 2023, el director regional y la directora de Áreas Silvestres Protegidas del Área de Conservación Pacífico Central externaron al director ejecutivo del SINAC su preocupación por las decisiones jerárquicas concernientes a la visitación del PNMA. En cuanto a la afectación al ecosistema, ese oficio indicó: “…Sin lugar a dudas y tal y como se indicó líneas arriba, haber aumentado la capacidad de carga a 3000 visitantes (50% de más del límite que se venía manejando) supone una carga bruta total de más del 200%, como se indicó en el primer apartado, por encima de lo que se debería más bien estar recibiendo en este momento; lo que supone un riesgo inminente de deterioro a las condiciones ambientales y de sostenibilidad del sector habilitado para visitantes. Hay que recordar que los turistas desean visitar el PNMA por su belleza escénica y biodiversidad, en gran medida por la oportunidad de observar fauna silvestre, misma que si sobre explotamos, no tendrían quizás a corto o mediano plazo la oportunidad de observar los futuros visitantes, por ello el balance entre protección y desarrollo turístico que debemos promover como autoridad en la materia…”

En igual sentido, por oficio nro. SINAC-ACOPAC-D-190-2023 del 17 de abril de 2023, el director regional del Área de Conservación Pacífico Central comunicó al director ejecutivo del SINAC: “Por todo lo anterior, y en apego a las funciones encomendadas por Ley, artículo 50 de nuestra constitución política, artículos 31 y 61 de la Ley de Biodiversidad y 25 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad, y al principio indubio (sic) pro natura, bajo la responsabilidad en el ejercicio de mi cargo de aplicar el ordenamiento jurídico que rigen la materia, asimismo, de implementar las políticas nacionales y todas las indicadas en el ordenamiento jurídico y técnico vinculante, así como el deber jerárquico en el ámbito geográfico a mi cargo de implementar, evaluar y sistematizar, las políticas, lineamientos, metodologías, normas y estrategias internas; por todo lo expuesto anteriormente, es mi deber que ante la ausencia de instrucciones y directrices directas de manera formal y escrita por parte de mis jerarquías en cuanto al cambio y aplicación de una capacidad de carga, superior a la establecida mediante la aplicación de la herramienta de capacidad de carga y no siendo además oficializada por resolución administrativa alguna, esta dirección no tiene base legal y técnica, así como capacidad presupuestaria y de personal, para continuar recibiendo la visitación de 3000 personas diarias dentro del PNMA, por lo anterior en apego al deber de conservación y uso sostenible de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que permitan asegurarles a todos los ciudadanos un ambiente ecológicamente equilibrado, se le comunica que a partir del día 30 de abril del 2023, el área de conservación estará solicitando formalmente al encargado de la fiscalización del SICORE, se aplique la resolución SINAC-ACOPAC-DRES-042-2021 de las quince horas veinte minutos del cinco de agosto del dos mil veinte uno, vigente a la fecha, en el sentido de reducir la capacidad de reservaciones a dos mil personas”. Adicionalmente, es de suma relevancia para la resolución del sub iudice, que la Sala no pudo verificar la aplicación de las herramientas técnicas respectivas para aumentar la visitación del PNMA.

Los hechos anteriores evidencian que la cantidad de visitación del PNMA sobrepasa la capacidad de ese parque en detrimento de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Incluso, más allá del reproche esgrimido por el accionante, tal situación se desprende de las propias manifestaciones de los informantes. Verbigracia, dichas autoridades estimaron que la visitación actual del PNMA corresponde a un 267.9% de la capacidad instalada. Obsérvese que, según el modelo de flujo de visitantes, efectuado en diciembre de 2022, la capacidad de carga es de 1120 visitantes diarios. Empero, para esta época, el aforo diario supera por mucho esa cantidad, ya que el PNMA recibió un promedio superior a las 2500 personas diarias durante los primeros días de abril de 2023.

En el plano normativo, primeramente, la Sala destaca la ‘Convención para la protección de la flora, fauna y bellezas escénicas naturales de los países de américa’ (ley nro. 3763):

“Los Gobiernos Americanos deseosos de proteger y conservar en su medio ambiente natural, ejemplares de todas las especies y géneros de su flora y su fauna indígenas, incluyendo las aves migratorias, en número suficiente y en regiones lo bastante vastas para evitar su extinción por cualquier medio al alcance del hombre; y

Deseosos de proteger y conservar los paisajes de incomparable belleza, las formaciones geológicas y extraordinarias, las regiones y los objetos naturales de interés estético o valor histórico o científico, y los lugares donde existen condiciones primitivas dentro de los casos a que esta Convención se refiere; y

Deseosos de concertar una convención sobre la protección de la flora, la fauna, y las bellezas escénicas naturales dentro de los propósitos arriba enunciados han convenido en los siguientes artículos:

ARTICULO 1

Definición de los términos y expresiones empleados en esta Convención.

1.-Se entenderá por Parques Nacionales: Las regiones establecidas para la protección y conservación de las bellezas escénicas naturales y de la flora y la fauna de importancia nacional, de las que el público pueda disfrutar mejor al ser puestas bajo la vigilancia oficial.

(…)

ARTICULO 3

(…)

Los Gobiernos Contratantes convienen además en proveer los parques nacionales de las facilidades para el solaz y la educación del público, de acuerdo con los fines que persigue esta Convención”.

En consonancia con lo anterior, el Reglamento a la Ley de Biodiversidad (decreto ejecutivo nro. 34433) dispone:

“Artículo 70.-Categorías de manejo de ASP. Para efectos de la clasificación de las distintas categorías de manejo de áreas silvestres protegidas se establecen los siguientes criterios técnicos para cada una de ellas:

(…)

c) Parques Nacionales: Áreas geográficas, terrestres, marinas, marino-costeras, de agua dulce o una combinación de éstas, de importancia nacional, establecidas para la protección y la conservación de las bellezas naturales y la biodiversidad, así como para el disfrute por parte del público. Estas áreas presentan uno o varios ecosistemas en que las especies, hábitat y los sitios geomorfológicos son de especial interés científico, cultural, educativo y recreativo o contienen un paisaje natural de gran belleza. (…)”

 En el caso particular del PNMA, la Sala resalta que cuenta con una regulación propia, en concreto, el Reglamento de Uso Público para el Parque Nacional Manuel Antonio (decreto ejecutivo nro. 22482-MIRENEM). En lo que interesa al objeto de este proceso, ese decreto dispone:

 “Considerando:

 (…)

3º-Que de conformidad con un estudio de impacto ambiental, efectuado sobre el Parque Nacional Manuel Antonio, la visitación no controlada esta (sic) provocando su deterioro en forma acelerada, creando un grave riesgo para su preservación futura.

4º-Que administración de los terrenos propiedad del Estado que conforman este Parque Nacional, le corresponde al Servicio de Parques Nacionales del Ministerio de Recursos Nacionales, Energía y Minas, debiendo velar porque exista un verdadero equilibrio entre la visitación y la conservación de los recursos del Parque, con el fin de asegurar la preservación a perpetuidad de esta área silvestre. Por tanto,

DECRETAN:

Artículo 1º-EI presente reglamento tiene como finalidad mejorar la calidad de experiencia del visitante al Parque Nacional Manuel Antonio y procurar su preservación a perpetuidad.

(…)

Artículo 3: Sobre la capacidad de carga de la zona de uso público (alta intervención): Basados en los resultados de la aplicación de las herramientas técnicas establecidas por el SINAC, la Dirección Regional del ACOPAC determinará el aumento, disminución o regulación de la visitación de los diferentes sitios autorizados, vía resolución administrativa. (…)” (El subrayado es agregado).

Con base en las disposiciones recién transcritas, la Sala establece que la finalidad prioritaria de los parques nacionales (entre ellos, el PNMA) es la conservación de los ecosistemas presentes en sus respectivas áreas o zonas. Un objetivo secundario es posibilitar a las personas el esparcimiento y el disfrute de la naturaleza que hay en ellos. Este orden de prelación no se deriva únicamente de la normativa, sino que es la consecuencia de la dependencia que el segundo tiene de la primera. Es decir, el requisito para que las personas puedan disfrutar de la naturaleza es inexorablemente la conservación de la naturaleza; si esta no se conserva, desaparece lo que se pretende visitar. En el caso del PNMA, la ratio del Reglamento de Uso Público para el Parque Nacional Manuel Antonio fue manifiesta en señalar que la visitación causaba “…su deterioro en forma acelerada, creando un grave riesgo para su preservación futura”, por lo que se debía “…velar porque exista un verdadero equilibrio entre la visitación y la conservación de los recursos del Parque, con el fin de asegurar la preservación a perpetuidad de esta área silvestre”. En ese mismo orden de ideas, una medida que contempla ese cuerpo normativo para alcanzar el citado equilibrio y asegurar la conservación del parque es la regulación de la cantidad de visitantes en las zonas de uso público del parque. Así, la determinación de la visitación se basará “…en los resultados de la aplicación de las herramientas técnicas establecidas por el SINAC…” (artículo 3). La Sala avala esta exigencia, dado que es una expresión del principio de objetivación de la tutela ambiental:

“En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental expuesto, nuestra Carta Magna exige además que sea “sano”. La exigencia “sano” nos conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión” para garantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se desprende la necesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la calidad de vida y la calidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con los conceptos de “ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas o administrativas, de tal manera que, en los términos de los ordinales 16 de la Ley General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, las actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden contradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de lograr el goce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, además, un “mayor bienestar para todos los habitantes del país”. En cuanto al sometimiento de las decisiones legislativas y administrativas a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, la Sala lo ha denominado principio de objetivación de la tutela ambiental: “De la objetivación de la tutela ambiental (…) es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [principio precautorio o “principio de la evitación prudente”], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general -tanto legales como reglamentarias-, de donde se deriva la exigencia de la vinculación a la ciencia y a la técnica con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos -tales como los estudios de impacto ambiental-, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05).” (Resolución nro. 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, reiterada en la resolución nro. 2022-012509 de las 12:10 horas del 31 de mayo de 2022).

Por otro lado, la aplicación del principio preventivo en materia ambiental también obliga a la Sala a tomar medidas para evitar que la conducta administrativa reprochada incida de manera negativa en los ecosistemas que protege el PNMA. Según se indicó supra, ese principio señala:

“…el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos.”

Las manifestaciones de la parte recurrida revelan que existe un riesgo claro para los ecosistemas del PNMA, si la visitación no es regulada mediante herramientas técnicas que permitan establecer la carga que puede manejar ese parque de manera sostenible. Se reitera lo indicado en el oficio nro. SINAC-ACOPAC-D-140-2023 del 16 de marzo de 2023:

“…Sin lugar a dudas y tal y como se indicó líneas arriba, haber aumentado la capacidad de carga a 3000 visitantes (50% de más del límite que se venía manejando) supone una carga bruta total de más del 200%, como se indicó en el primer apartado, por encima de lo que se debería más bien estar recibiendo en este momento; lo que supone un riesgo inminente de deterioro a las condiciones ambientales y de sostenibilidad del sector habilitado para visitantes. Hay que recordar que los turistas desean visitar el PNMA por su belleza escénica y biodiversidad, en gran medida por la oportunidad de observar fauna silvestre, misma que si sobre explotamos, no tendrían quizás a corto o mediano plazo la oportunidad de observar los futuros visitantes, por ello el balance entre protección y desarrollo turístico que debemos promover como autoridad en la materia…” (El subrayado es agregado).

En conclusión, el resultado del estudio efectuado por la Sala demuestra que las autoridades accionadas aumentaron la visitación permitida al PNMA sin aplicar las herramientas técnicas respectivas, aun cuando se evidenciaba que la capacidad instalada del parque sería insuficiente para garantizar el equilibrio entre la conservación de la naturaleza y su disfrute por parte de los visitantes. En virtud de lo expuesto, se declara con lugar el recurso. Visto que en el modelo de flujo aplicado en diciembre de 2022 se indica una capacidad de carga de 1120 visitantes diarios, se ordena reducir la visitación diaria a esa cantidad, sin demérito de que un nuevo estudio técnico determine tal capacidad en las condiciones actuales del parque.

(…)

Por tanto:

 Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Rafael Gutiérrez Rojas y Jeffrey Hernández Espinoza, por su orden director ejecutivo y director regional del Área de Conservación Pacífico Central, ambos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, o a quienes ejerzan esos cargos, que giren las órdenes y efectúen las coordinaciones necesarias para que, en el plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se reduzca la visitación al Parque Nacional Manuel Antonio a la capacidad de carga calculada en el modelo de flujo aplicado en diciembre de 2022. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez pone nota. El magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso en cuanto a la aducida infracción al artículo 50 de la Constitución Política. La Magistrada Garro Vargas salva el voto y declara sin lugar el recurso. Notifíquese”.

Tal sentencia fue notificada a las partes por correo electrónico el 15 de junio de 2023.

II.- SOBRE LA GESTIÓN PLANTEADA. En la especie, el recurrente interpone gestión de desobediencia en relación con la sentencia nro. 2023011233 de las 14:00 horas de 12 de mayo de 2023. Manifiesta: “(…) LOS HECHOS En el expediente y resolución antes mencionados, se hace clara referencia de que la biodiversidad y los ecosistemas del PNMA se han visto bajo una incesante presión producto de la visitación turística que ha ido en aumento aún luego de dicha sentencia sin contar con criterios científicos imparciales y objetivos que determinen con precisión y considerando diversas fuentes de conocimiento con experiencia en la investigación científica en el PNMA, la cantidad de personas que diariamente se puedan permitir sin vulnerar el estado de los ecosistemas y la biodiversidad. La administración, representada por el SINAC y la CI-PNMA, no solo no han cumplido con dicha sentencia, sino que ha aumentado el aforo permitido en tal resolución a un total hoy en día de 1806 (un mil ochocientas seis) personas representando más del 65% de lo que los señores magistrados establecieron en la sentencia mencionada. El argumento esgrimido por la administración en oficio R-CI-PNMA del 14 de julio de 2023, se indica que los criterios utilizados para aumentar el aforo, provienen de la aplicación de la "Herramienta para el Manejo de los Flujos de Visitación en las Áreas Silvestres Protegidas del SINAC' En una primer consulta. se indica por parte del CI-PNMA que en ese momento (julio 2023) que ya se ha aumentado a 1526 (un mil quinientas veintiséis) personas y luego en un correo electrónico fechado el 14 de diciembre de 2023, enviado por el Lic. Alvaro (sic) Francisco Conejo Arias, interventor de la Cl-PNMA, al Sr Christian Mata Bonilla, quien planteó el recurso de amparo que implicó la sentencia antes mencionada, indica un nuevo aumento del aforo a 1806 (un mil ochocientas seis) personas violentando la sentencia previa de la Sala Constitucional sin que se aplique una metodología confiable y blindada contra la manipulación política de las autoridades de turno. EL FONDO Ante el incumplimiento de la sentencia previa ya indicado y la recurrencia en la aplicación de metodologías que siguen sin adaptar el criterio científico de investigaciones con un contundente resultado a favor de regular de manera responsable y más apegado a criterios técnicos, solicito respetuosamente a los excelentísimos señores magistrados la suspensión absoluta del acto administrativo aquí impugnado como es el aumento en el aforo de visitantes y sea devuelto al número esgrimido en la sentencia previa y que concordante con criterios legales, científicos y administrativos, se obligue al Sistema Nacional de Áreas de Conservación a que cualquier estudio o investigación tendiente a un eventual aumento de la visitación turística en esta área protegida, se haga bajo el modelo de concurso público y licitación abiertas para la participación de entidades nacionales e internacionales especializadas en el tema de los estudios de capacidad de carga turística y limites de cambio aceptable apelando a los principios de respeto a la tutela científica, la responsabilidad legal del Estado de la conservación de las áreas silvestres protegidas, el principio jurídico de "in dubio pro natura" y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sustentado en el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica”.

Atinente a lo anterior, el tutelado narra hechos nuevos y posteriores al dictado de la sentencia principal de este proceso (nro. 2023011233 de las 14:00 horas de 12 de mayo de 2023). Justamente, reclama que las autoridades administrativas se basaron en los criterios vertidos en el oficio R-CI-PNMA del 14 de julio de 2023 para aumentar el aforo del Parque Nacional Manuel Antonio; además, señala que se debe obligar al Sinac a realizar un concurso público y licitación abierta para aumentar el aforo en esta área protegida, de manera que puedan participar entidades nacionales e internacionales especializadas en el tema. Dentro de este contexto, lo procedente es desglosar el escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 21 de febrero de 2024, a fin de que sea tramitado como un asunto nuevo.

III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.

Por tanto:

 Desglósese el escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 21 de febrero de 2024, a los efectos de que sea tramitado como un asunto nuevo.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.




Alejandro Delgado F.

	

 

	

Rosibel Jara V.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 TO00L243SSTO61

EXPEDIENTE N° 23-006531-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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Resolution No. 06188 - 2024

Resolution Date: 06 March 2024 at 09:15

Expediente: 23-006531-0007-CO

Drafted by: Paul Rueda Leal

Type of Matter: Amparo appeal

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER




Text of the resolution

**********

Exp: 23-006531-0007-CO

Res. No. 2024006188

 

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the sixth of March of two thousand twenty-four.

 Subsequent procedure filed by LUIS DIEGO MARÍN SCHUMACHER, in relation to judgment No. 2023011233 of 14:00 hours of 12 May 2023.

Whereas:

1.- By written submission received at the Secretariat of the Chamber on 21 February 2024, the appellant files a non-compliance procedure in relation to judgment No. 2023011233 of 14:00 hours of 12 May 2023. He states: “(…) THE FACTS In the aforementioned case file and resolution, clear reference is made that the biodiversity and ecosystems of the PNMA have been under incessant pressure as a result of tourist visitation that has continued to increase even after said judgment, without impartial and objective scientific criteria that determine precisely, and considering diverse knowledge sources with experience in scientific research in the PNMA, the number of people that can be permitted daily without violating the state of the ecosystems and biodiversity. The administration, represented by SINAC and the CI-PNMA, has not only failed to comply with said judgment, but has also increased the capacity allowed in such resolution to a total today of 1806 (one thousand eight hundred six) people, representing more than 65% of what the magistrates established in the aforementioned judgment. The argument put forward by the administration in official letter R-CI-PNMA of 14 July 2023 indicates that the criteria used to increase the capacity come from the application of the 'Herramienta para el Manejo de los Flujos de Visitación en las Áreas Silvestres Protegidas del SINAC'. In a first consultation, the CI-PNMA indicates that at that time (July 2023) it had already been increased to 1526 (one thousand five hundred twenty-six) people, and then in an email dated 14 December 2023, sent by Lic. Alvaro (sic) Francisco Conejo Arias, intervenor of the CI-PNMA, to Mr. Christian Mata Bonilla, who filed the amparo appeal that resulted in the aforementioned judgment, indicates a new increase in the capacity to 1806 (one thousand eight hundred six) people, violating the prior judgment of the Constitutional Chamber without applying a reliable methodology shielded against political manipulation by the authorities in office. THE SUBSTANCE Given the non-compliance with the prior judgment already indicated and the recurrence in the application of methodologies that still fail to adopt the scientific criteria of investigations with a compelling result in favor of regulating responsibly and more closely aligned with technical criteria, I respectfully request the most excellent magistrates for the absolute suspension of the administrative act challenged herein, which is the increase in the visitor capacity, and that it be returned to the number set forth in the prior judgment and that, consistent with legal, scientific, and administrative criteria, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación be compelled so that any study or investigation aimed at a possible increase in tourist visitation in this protected wild area (área silvestre protegida) be conducted under an open public tender and bidding process model for the participation of national and international entities specialized in the subject of tourism carrying capacity studies and limits of acceptable change, appealing to the principles of respect for scientific guardianship (tutela científica), the State's legal responsibility for the conservation of protected wild areas (áreas silvestres protegidas), the legal principle of 'in dubio pro natura,' and the right to a healthy and ecologically balanced environment (ambiente sano y ecológicamente equilibrado), supported by Article 50 of the Political Constitution of Costa Rica.”

 2.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

 Drafted by Magistrate Rueda Leal; and,

Considering:

 I.- In judgment No. 2023011233 of 14:00 hours of 12 May 2023, it was ordered:

“VI.- On the specific case. In the sub examine, the appellant notes that the Manuel Antonio National Park (PNMA) receives some 3000 people daily. He accuses that such a quantity of visitors deteriorates the ecosystem and the sustainability of the park. He points out that there are no scientific studies supporting that tourist carrying capacity, as the last one is from 2010 and only justified a maximum daily visitation of 600 people. He considers that the right to a healthy and ecologically balanced environment (ambiente sano y ecológicamente equilibrado) is being violated.

After analyzing the case file, the Chamber deemed it proven that, by agreement No. 12 of the ordinary session No. 06-2014 of 23 June 2014, the National Council of Conservation Areas approved the “Herramienta para el manejo de los flujos de visitación en las Áreas Silvestres Protegidas del SINAC” and instructed the executive director to formalize it. In 2016, the first fieldwork was carried out on beaches and trails in the PNMA sector to identify possible indicators to monitor and create the baseline in the required cases. In 2018, the Technical Scientific Committee of the Central Pacific Conservation Area agreed to the implementation of the tool for the protected wild areas (áreas silvestres protegidas) of that conservation area. Regarding the daily visitation of the PNMA, by resolution No. SINAC-ACOPAC-DRES-039-2021 of 15:05 hours of 30 April 2021, the respondent party established a maximum of 1500 daily visitors. Later, by resolution No. INAC-ACOPAC-DRES-042-2021 of 15:20 hours of 5 August 2021, the respondent authority increased the capacity to a maximum of 2000 daily visitors. Likewise, it was held as an incontrovertible fact ‑which is also derived from the evidence provided with the report rendered (see, for example, official letters SINAC-ACOPAC-D-201-2023 and SINAC-ACOPAC-D-190-2023)‑ that the respondent authorities increased the permitted capacity this year to 3000 daily visitors. As a consequence of the foregoing, several days in April 2023 recorded visitation quantities exceeding 2000 people: 2 April, 2592 people; 3 April, 2867 people; 5 April, 2765; 6 April, 2754 people; 7 April, 2734 people; 8 April, 2755 people; 9 April, 2746 people. Regarding this issue, the respondent Administration estimates that the PNMA's visitation currently corresponds to 267.9% of the installed capacity. For this reason, by official letter No. SINAC-ACOPAC-D-140-2023 of 16 March 2023, the regional director and the director of Protected Wild Areas (Áreas Silvestres Protegidas) of the Central Pacific Conservation Area expressed to the executive director of SINAC their concern about the hierarchical decisions concerning the PNMA's visitation. Regarding the impact on the ecosystem, that official letter stated: “…Without a doubt, and as indicated above, having increased the carrying capacity to 3000 visitors (50% more than the limit that had been managed) represents a total gross load of more than 200%, as indicated in the first section, above what should rather be being received at this time; which represents an imminent risk of deterioration to the environmental conditions and sustainability of the sector enabled for visitors. It must be remembered that tourists wish to visit the PNMA for its scenic beauty and biodiversity, largely for the opportunity to observe wildlife, which if we overexploit, future visitors would perhaps not have the opportunity to observe in the short or medium term, hence the balance between protection and tourism development that we must promote as the authority on the matter…”

In the same vein, by official letter No. SINAC-ACOPAC-D-190-2023 of 17 April 2023, the regional director of the Central Pacific Conservation Area communicated to the executive director of SINAC: “For all the foregoing, and in accordance with the functions mandated by Law, Article 50 of our political constitution, Articles 31 and 61 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) and 25 of the Regulation to the Biodiversity Law (Reglamento a la Ley de Biodiversidad), and the in dubio (sic) pro natura principle, under the responsibility in the exercise of my position to apply the legal system governing the matter, likewise, to implement national policies and all those indicated in the binding legal and technical system, as well as the hierarchical duty in the geographical area under my charge to implement, evaluate, and systematize internal policies, guidelines, methodologies, norms, and strategies; for all the above reasons, it is my duty that, in the absence of formal and written instructions and directives directly from my superiors regarding the change and application of a carrying capacity, higher than the one established through the application of the carrying capacity tool and not yet formalized by any administrative resolution, this directorate has no legal and technical basis, as well as no budgetary and personnel capacity, to continue receiving the visitation of 3000 people daily within the PNMA, therefore, in adherence to the duty of conservation and sustainable use of biodiversity and the ecosystem services that ensure a healthy and ecologically balanced environment for all citizens, you are hereby notified that as of 30 April 2023, the conservation area will be formally requesting the person in charge of SICORE supervision to apply resolution SINAC-ACOPAC-DRES-042-2021 of fifteen hours twenty minutes of five August two thousand twenty-one, in force as of the date, in the sense of reducing the reservation capacity to two thousand people”. Additionally, it is of utmost relevance for the resolution of the sub iudice that the Chamber was unable to verify the application of the respective technical tools to increase the PNMA's visitation.

The foregoing facts show that the quantity of visitation to the PNMA exceeds the capacity of that park to the detriment of a healthy and ecologically balanced environment (ambiente sano y ecológicamente equilibrado). In fact, beyond the criticism made by the plaintiff, this situation is evident from the statements of the respondents themselves. Verbigratia, said authorities estimated that the current visitation of the PNMA corresponds to 267.9% of the installed capacity. Note that, according to the visitor flow model, carried out in December 2022, the carrying capacity is 1120 daily visitors. However, for this period, the daily capacity far exceeds that amount, since the PNMA received an average of more than 2500 people daily during the first days of April 2023.

At the normative level, first, the Chamber highlights the 'Convención para la protección de la flora, fauna y bellezas escénicas naturales de los países de américa' (Law No. 3763):

“The American Governments, desirous of protecting and conserving in their natural environment, specimens of all species and genera of their indigenous flora and fauna, including migratory birds, in sufficient numbers and in regions extensive enough to prevent their extinction by any means within man's reach; and

Desirous of protecting and conserving the landscapes of incomparable beauty, the extraordinary geological formations, the regions and natural objects of aesthetic interest or historical or scientific value, and the places where primitive conditions exist within the cases to which this Convention refers; and

Desirous of concluding a convention on the protection of flora, fauna, and natural scenic beauties within the purposes set forth above, have agreed on the following articles:

ARTICLE 1

Definition of the terms and expressions used in this Convention.

1.- National Parks shall be understood to mean: The regions established for the protection and conservation of natural scenic beauties and flora and fauna of national importance, which the public can best enjoy when placed under official surveillance.

(…)

ARTICLE 3

(…)

The Contracting Governments also agree to provide the national parks with facilities for public recreation and education, in accordance with the purposes pursued by this Convention”.

In consonance with the foregoing, the Regulation to the Biodiversity Law (Reglamento a la Ley de Biodiversidad) (Executive Decree No. 34433) provides:

“Article 70.- Management categories of ASP. For the purposes of classifying the different management categories of protected wild areas (áreas silvestres protegidas), the following technical criteria are established for each:

(…)

c) National Parks: Geographic areas, terrestrial, marine, marine-coastal, freshwater, or a combination thereof, of national importance, established for the protection and conservation of natural beauties and biodiversity, as well as for public enjoyment. These areas present one or more ecosystems in which the species, habitats, and geomorphological sites are of special scientific, cultural, educational, and recreational interest or contain a natural landscape of great beauty. (…)”

 In the particular case of the PNMA, the Chamber highlights that it has its own regulation, specifically, the Public Use Regulation for the Manuel Antonio National Park (Reglamento de Uso Público para el Parque Nacional Manuel Antonio) (Executive Decree No. 22482-MIRENEM). As relevant to the object of this proceeding, that decree provides:

 “Considering:

 (…)

3º-That in accordance with an environmental impact study, carried out on the Manuel Antonio National Park, uncontrolled visitation is causing its accelerated deterioration, creating a serious risk for its future preservation.

4º-That the administration of the State-owned lands that make up this National Park corresponds to the National Parks Service of the Ministry of National Resources, Energy and Mines, which must ensure that there is a true balance between visitation and the conservation of the Park's resources, in order to ensure the perpetual preservation (preservación a perpetuidad) of this wild area. Therefore,

DECREES:

Article 1º-This regulation aims to improve the quality of the visitor's experience to the Manuel Antonio National Park and to ensure its perpetual preservation (preservación a perpetuidad).

(…)

Article 3: On the carrying capacity of the public use zone (high intervention): Based on the results of the application of the technical tools established by SINAC, the Regional Directorate of ACOPAC shall determine the increase, decrease, or regulation of visitation to the different authorized sites, via administrative resolution. (…)” (Emphasis added).

Based on the provisions just transcribed, the Chamber establishes that the primary purpose of national parks (among them, the PNMA) is the conservation of the ecosystems present in their respective areas or zones. A secondary objective is to enable people's recreation and enjoyment of the nature within them. This order of priority derives not only from the regulations but is the consequence of the dependence that the second has on the first. That is, the requirement for people to be able to enjoy nature is inexorably the conservation of nature; if nature is not conserved, what is intended to be visited disappears. In the case of the PNMA, the ratio of the Public Use Regulation for the Manuel Antonio National Park (Reglamento de Uso Público para el Parque Nacional Manuel Antonio) was manifest in pointing out that visitation caused “…its accelerated deterioration, creating a serious risk for its future preservation,” for which it was necessary to “…ensure that there is a true balance between visitation and the conservation of the Park's resources, in order to ensure the perpetual preservation (preservación a perpetuidad) of this wild area.” In that same line of thought, one measure contemplated by that regulatory body to achieve the aforementioned balance and ensure the park's conservation is the regulation of the number of visitors in the park's public use zones. Thus, the determination of visitation shall be based “…on the results of the application of the technical tools established by SINAC…” (Article 3). The Chamber endorses this requirement, given that it is an expression of the principle of objectification of environmental guardianship (principio de objetivación de la tutela ambiental):

“Regarding the environment, the object of the fundamental right set forth, our Magna Carta also requires it to be “healthy.” The requirement of “healthy” leads us to “regenerative capacity” and “succession capacity” to guarantee life. From both requirements: “healthy” and “balanced,” the need for sustainable and enduring development is derived; quality of life and environmental quality depend on it. Now, with the concepts of “environment,” “healthy,” “ecologically balanced,” the constitutional norm introduced science and technology into environmental decisions, whether legislative or administrative, such that, in the terms of Articles 16 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) and 38 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), state actions in environmental matters must be based on and cannot contradict the unequivocal rules of science and technology in order to achieve the full and universal enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment and, furthermore, “greater well-being for all the inhabitants of the country.” Regarding the subjection of legislative and administrative decisions to the unequivocal rules of science and technology, the Chamber has called it the principle of objectification of environmental guardianship (principio de objetivación de la tutela ambiental): “The objectification of environmental guardianship (…) is a principle that in no way can be confused with the former [precautionary principle or “principle of prudent avoidance”], as, derived from the provisions of Articles 16 and 160 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), it translates into the need to accredit decision-making in this matter with technical studies, both in relation to acts and provisions of a general nature -both legal and regulatory-, from which derives the requirement of being bound to science and technology, thereby conditioning the Administration's discretion in this matter. So that, in light of the results derived from those technical studies -such as environmental impact studies-, if an objective technical criterion is evidenced that denotes the probability of evident harm to the environment, natural resources, or people's health, it becomes mandatory to reject the proposed project, work, or activity; and in the case of 'reasonable doubt,' it becomes mandatory to make decisions in favor of the environment (pro-natura principle), which may translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures, in order to adequately protect the environment.” (Judgment of the Constitutional Chamber Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05).” (Resolution No. 2012-13367 of 11:33 hours of 21 September 2012, reiterated in resolution No. 2022-012509 of 12:10 hours of 31 May 2022).

On the other hand, the application of the preventive principle in environmental matters also compels the Chamber to take measures to prevent the reproached administrative conduct from negatively impacting the ecosystems protected by the PNMA. As indicated supra, this principle states:

“…the preventive principle demands that, when there is certainty of possible damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned on compliance with certain requirements. In general, this principle applies when there are risks clearly defined and identified at least as probable; likewise, this principle is useful when there are no technical reports or administrative permits guaranteeing the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee eventual negative impacts.”

The statements of the respondent party reveal that there is a clear risk to the ecosystems of the PNMA if visitation is not regulated using technical tools that allow establishing the sustainable carrying capacity of that park. What was indicated in official letter No. SINAC-ACOPAC-D-140-2023 of 16 March 2023 is reiterated:

“…Without a doubt, and as indicated above, having increased the carrying capacity to 3000 visitors (50% more than the limit that had been managed) represents a total gross load of more than 200%, as indicated in the first section, above what should rather be being received at this time; which represents an imminent risk of deterioration to the environmental conditions and sustainability of the sector enabled for visitors. It must be remembered that tourists wish to visit the PNMA for its scenic beauty and biodiversity, largely for the opportunity to observe wildlife, which if we overexploit, future visitors would perhaps not have the opportunity to observe in the short or medium term, hence the balance between protection and tourism development that we must promote as the authority on the matter…” (Emphasis added).

In conclusion, the result of the study carried out by the Chamber shows that the respondent authorities increased the permitted visitation to the PNMA without applying the respective technical tools, even when it was evident that the installed capacity of the park would be insufficient to guarantee the balance between the conservation of nature and its enjoyment by visitors. By virtue of the foregoing, the appeal is granted. Seeing that the flow model applied in December 2022 indicates a carrying capacity of 1120 daily visitors, it is ordered to reduce daily visitation to that number, without prejudice to a new technical study determining said capacity under the current conditions of the park.

(…)

Therefore:

 The appeal is granted. Rafael Gutiérrez Rojas and Jeffrey Hernández Espinoza, in their order, executive director and regional director of the Central Pacific Conservation Area, both from the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, or those occupying those positions, are ordered to issue the orders and make the necessary arrangements so that, within a period of TWENTY-FOUR HOURS, counted from the notification of this judgment, visitation to the Manuel Antonio National Park is reduced to the carrying capacity calculated in the flow model applied in December 2022. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on whoever receives an order that must be carried out or enforced, issued within an amparo appeal, and does not carry it out or have it carried out, provided that the crime is not more severely punished. The State is sentenced to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this ruling, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the administrative contentious court. Magistrate Castillo Víquez makes a note. Magistrate Salazar Alvarado dissents and dismisses the appeal regarding the alleged infringement of Article 50 of the Political Constitution. Magistrate Garro Vargas dissents and dismisses the appeal. Notify.”

Said judgment was notified to the parties by email on 15 June 2023.

II.- ON THE PROCEDURE FILED. In the present case, the appellant files a non-compliance procedure in relation to judgment No. 2023011233 of 14:00 hours of 12 May 2023. He states: “(…) THE FACTS In the aforementioned case file and resolution, clear reference is made that the biodiversity and ecosystems of the PNMA have been under incessant pressure as a result of tourist visitation that has continued to increase even after said judgment, without impartial and objective scientific criteria that determine precisely, and considering diverse knowledge sources with experience in scientific research in the PNMA, the number of people that can be permitted daily without violating the state of the ecosystems and biodiversity. The administration, represented by SINAC and the CI-PNMA, has not only failed to comply with said judgment, but has also increased the capacity allowed in such resolution to a total today of 1806 (one thousand eight hundred six) people, representing more than 65% of what the magistrates established in the aforementioned judgment. The argument put forward by the administration in official letter R-CI-PNMA of 14 July 2023 indicates that the criteria used to increase the capacity come from the application of the 'Herramienta para el Manejo de los Flujos de Visitación en las Áreas Silvestres Protegidas del SINAC'. In a first consultation, the CI-PNMA indicates that at that time (July 2023) it had already been increased to 1526 (one thousand five hundred twenty-six) people, and then in an email dated 14 December 2023, sent by Lic. Alvaro (sic) Francisco Conejo Arias, intervenor of the CI-PNMA, to Mr. Christian Mata Bonilla, who filed the amparo appeal that resulted in the aforementioned judgment, indicates a new increase in the capacity to 1806 (one thousand eight hundred six) people, violating the prior judgment of the Constitutional Chamber without applying a reliable methodology shielded against political manipulation by the authorities in office. THE SUBSTANCE Given the non-compliance with the prior judgment already indicated and the recurrence in the application of methodologies that still fail to adopt the scientific criteria of investigations with a compelling result in favor of regulating responsibly and more closely aligned with technical criteria, I respectfully request the most excellent magistrates for the absolute suspension of the administrative act challenged herein, which is the increase in the visitor capacity, and that it be returned to the number set forth in the prior judgment and that, consistent with legal, scientific, and administrative criteria, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación be compelled so that any study or investigation aimed at a possible increase in tourist visitation in this protected wild area (área silvestre protegida) be conducted under an open public tender and bidding process model for the participation of national and international entities specialized in the subject of tourism carrying capacity studies and limits of acceptable change, appealing to the principles of respect for scientific guardianship (tutela científica), the State's legal responsibility for the conservation of protected wild areas (áreas silvestres protegidas), the legal principle of 'in dubio pro natura,' and the right to a healthy and ecologically balanced environment (ambiente sano y ecológicamente equilibrado), supported by Article 50 of the Political Constitution of Costa Rica.”

Regarding the above, the protected party narrates new facts subsequent to the issuance of the main judgment of this process (No. 2023011233 of 14:00 hours of 12 May 2023). Precisely, he claims that the administrative authorities relied on the criteria expressed in official letter R-CI-PNMA of 14 July 2023 to increase the capacity of the Manuel Antonio National Park; furthermore, he indicates that SINAC must be compelled to conduct an open public tender and bidding process to increase the capacity in this protected wild area (área protegida), so that national and international entities specialized in the subject can participate. In this context, the appropriate course of action is to separate the written submission received at the Secretariat of the Chamber on 21 February 2024, in order for it to be processed as a new matter.

III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Full Court in Article XXVI of session No. 27-11 of 22 August 2011, published in the Boletín Judicial No. 19 of 26 January 2012, as well as in the agreement of the Superior Council of the Judiciary, approved in Article LXXXI of session No. 43-12 held on 3 May 2012.

Therefore:

 The written submission received at the Secretariat of the Chamber on 21 February 2024 is hereby separated, for the purposes of being processed as a new matter.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.




Alejandro Delgado F.

	

 

	

Rosibel Jara V.

 

 

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