Res. 06366-2024 Sala Constitucional — Amparo against Environmental Administrative Tribunal for delay in resolving complaintAmparo contra el Tribunal Ambiental Administrativo por mora en resolver denuncia

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Sala Constitucional

Resolución Nº 06366 - 2024

Fecha de la Resolución: 08 de Marzo del 2024 a las 09:15

Expediente: 24-002426-0007-CO

Redactado por: Ingrid Hess Herrera

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con Voto Salvado

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: PODER EJECUTIVO

Subtemas:

QUEJA.

Tema: PRONTA RESOLUCIÓN

Subtemas:

MORA ADMINISTRATIVA..

006366-24. MUNICIPALIDAD. AMBIENTE. PODER EJECUTIVO.  SE ACUSA QUE, LAS AUTORIDADES NO HAN HECHO NADA, ANTE LA INVASIÓN DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE EN PUERTO VIEJO DE TALAMANCA, CON NEGOCIOS COMERCIALES. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO. VCG03/2024

“(…) IV.- Sobre el fondo. En el caso que nos ocupa, el recurrente solicita la intervención de la Sala, para que se agilice la resolución de una denuncia formulada ante el Tribunal Ambiental Administrativo. Ahora bien, de los elementos probatorios aportados, se destaca que el 19 de enero de 2023, el tutelado formuló la denuncia, y en fecha 24 de febrero de 2023, ese Tribunal ordenó a la Municipalidad respectiva realizar una inspección. Asimismo, esta Sala aprecia que, posterior a la notificación de la resolución que dio curso al presente proceso (lo que sucedió el 12 de febrero pasado), se emitió la resolución final, fechada 13 de febrero de 2024, en la cual, el Tribunal Ambiental Administrativo se declara incompetente para conocer el asunto, y ordena remitir a la Municipalidad de Talamanca la denuncia, para que actúe de acuerdo con sus competencias. Dicha resolución fue notificada al recurrente el 14 de febrero de 2024.

De este modo, de la lectura integral del escrito de interposición en relación con los hallazgos de la administración recurrida, se acredita la mora administrativa al resolver la denuncia formulada por el recurrente el 19 de enero de 2023, ante el Tribunal Ambiental Administrativo, que fue tramitada bajo el expediente [Valor 002], toda vez que la decisión fue emitida más de un año después. En consecuencia, esta Sala estima que, como la gestión del recurrente fue resuelta y comunicada en fecha posterior a la notificación de la resolución de curso del asunto que nos ocupa, lo que procede es declarar con lugar el recurso, por estimarse que se dio una lesión a los derechos del tutelado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 41, de la Constitución Política, sin dictarse ninguna orden en concreto, toda vez que la pretensión de fondo ya fue satisfecha, de conformidad con lo establece el artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin especial condenatoria en costas. (…)”

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 052- Cese de acto impugnado con ocasión a la presentación del amparo. Desistimiento y satisfacción extra procesal

Subtemas:

NO APLICA.

 ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

“(…) V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52, DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “ únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes” , lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios. (…)” VCG03/2024

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Tipo de contenido: Voto salvado

Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 052- Cese de acto impugnado con ocasión a la presentación del amparo. Desistimiento y satisfacción extra procesal

Subtemas:

NO APLICA.

VI.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.

Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante, la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así declaro.

Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.

Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.

VCG03/2024

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Tipo de contenido: Voto salvado

Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 052- Cese de acto impugnado con ocasión a la presentación del amparo. Desistimiento y satisfacción extra procesal

Subtemas:

NO APLICA.

VII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

VCG03/2024

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Texto de la resolución

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Exp: 24-002426-0007-CO

Res. Nº 2024006366

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del ocho de marzo de dos mil veinticuatro .

 Recurso de amparo que se tramita en expediente número 24-002426-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO.

Resultando:

 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 20:03 horas del 29 de enero de 2024, el recurrente interpone recurso de amparo contra EL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, y manifiesta que en fecha 19 de enero de 2023, formuló denuncia en contra de la Municipalidad de Talamanca, el Instituto Costarricense de Turismo, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Fuerza Pública y la Dirección General de Migración y Extranjería, en vista de que varias personas han invadido las zona marítimo terrestre de Puerto Viejo de Talamanca. Señala que en esa demanda indicó que la zona está invadida, en su mayoría por extranjeros, que han levantado especies de chinamos o puestos de forma ilegal dentro de los cincuenta metros de la zona pública. Manifiesta que estos interrumpen el libre acceso a la playa, pues obstaculizan el paso de los turistas y demás personas del lugar. Agrega que por las noches esas infraestructuras las utilizan drogadictos y alcohólicos, lo que incrementa la inseguridad de la zona. De igual forma indica que no tienen ningún tipo de cuidado con el manejo de residuos, generando un impacto negativo en el ambiente. Agrega que bajo la figura de artesanías se realiza comercialización de productos y sub productos de la tortuga de carey, pese a ser prohibido. Alega que, aunque el Tribunal Ambiental Administrativo conformó la denuncia en el expediente [Valor 002], en fecha 24 de febrero de 2023 ordenó a la Municipalidad de Talamanca realizar visita al sitio de denuncia, en compañía de funcionarios del SINAC y presentar el informe respectivo, así como indicar las acciones que tomará la municipalidad y el plazo para resolverlo. Añade que a la fecha en la que acciona la vía Constitucional, la autoridad recurrida seguía sin dar respuesta.

2.- Mediante resolución de las ocho horas y veintiocho minutos del 07 de febrero de 2024, se le dio curso al proceso y se le concedió audiencia al Presidente del Tribunal Ambiental Administrativo, para que informe sobre los hechos alegados por el recurrente.

 3.- Informa bajo juramento Adriana Bejarano Alfaro, en este acto actuando en calidad de Presidente del Tribunal Ambiental Administrativo, quien aclara que a la denuncia formulada por el recurrente se le asignó el expediente [Valor 002]. Indica que mediante resolución 333-2023-TAA del 24 de febrero de 2023 se solicitó al Alcalde de Talamanca, que realizara en compañía de funcionarios del SINAC, una visita al sitio objeto de la denuncia, y procediera a informar la situación del lugar en cuanto la presencia de “chinamos” y las acciones que tomaría para solventar la problemática. En fecha 17 de mayo de 2023, mediante resolución 734-2023-TAA se solicitó por segunda vez a la autoridad municipal que informara sobre los hechos solicitados. Añade que en fecha 13 de febrero de 2024, según resolución 161-24-TAA, ese Tribunal acordó declararse incompetente para conocer la denuncia y remitirla a la Municipalidad de Talamanca, para que realice el respectivo trámite. Agrega la resolución señalada fue notificada vía correo electrónico al recurrente de autos en fecha 14 de febrero de 2024, según el correo que aportó para ello. Solicita se declare sin lugar el recurso.

4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

 Considerando:

 I.- Objeto del recurso. El recurrente manifiesta que se están violentando los derechos fundamentales de las personas que viven en Talamanca, al haberse levantado infraestructuras ilegales que impiden el libre tránsito, así como amenazan el ambiente. Por ello, formuló una denuncia el 19 de enero de 2023 ante el Tribunal Ambiental Administrativo. Pide que la autoridad recurrida diligencie la denuncia que interpuso y se protejan los derechos vulnerados.

II.- Cuestión previa. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contenciosa administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea una aparente falta de resolución de una denuncia ambiental. Atendiendo a la materia de denuncias ambientales, esta Sala valora las posibles dilaciones en la resolución de las gestiones de este tipo. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a)    El recurrente formuló denuncia el 19 de enero de 2023 ante el Tribunal Ambiental Administrativo, asignándole el expediente [Valor 002] (ver informes y prueba adjunta).

b)    En fecha 24 de febrero de 2023, mediante resolución 333-2023-TAA, el Tribunal Ambiental Administrativo solicitó a la Municipalidad de Talamanca visita técnica al lugar con informe y acciones a tomar (ver informes y prueba adjunta).

c)     En fecha 17 de mayo de 2023, Roy Alberto Castro, en su condición de asesor legal de la Municipalidad de Talamanca presentó ante el Tribunal Ambiental Administrativo, informe de inspección (ver informes y prueba adjunta).

d)    En fecha 23 de mayo de 2023, el Tribunal Ambiental Administrativo solicitó por segunda ocasión a la Municipalidad de Talamanca, que señalara las acciones a tomar en el caso denunciado. ver informes y prueba adjunta).

e)     A las 13:40 horas del 12 de febrero de 2024, se notificó al Presidente del Tribunal Ambiental Administrativo, la resolución de las ocho horas con veintiocho minutos del 07 de febrero de 2024 (ver acta de notificación).

f)      En fecha 13 de febrero de 2024, el Tribunal Ambiental Administrativo emitió la resolución 161-24-TAA, donde se declaró incompetente para conocer el caso y remitió la denuncia a la Municipalidad de Talamanca (ver informes y prueba adjunta).

g)    En fecha 14 de febrero de 2024, la resolución 161-24-TAA, fue notificada al recurrente mediante el correo electrónico señalado para recibir notificaciones (ver informes y prueba adjunta).

 IV.- Sobre el fondo. En el caso que nos ocupa, el recurrente solicita la intervención de la Sala, para que se agilice la resolución de una denuncia formulada ante el Tribunal Ambiental Administrativo. Ahora bien, de los elementos probatorios aportados, se destaca que el 19 de enero de 2023, el tutelado formuló la denuncia, y en fecha 24 de febrero de 2023, ese Tribunal ordenó a la Municipalidad respectiva realizar una inspección. Asimismo, esta Sala aprecia que, posterior a la notificación de la resolución que dio curso al presente proceso (lo que sucedió el 12 de febrero pasado), se emitió la resolución final, fechada 13 de febrero de 2024, en la cual, el Tribunal Ambiental Administrativo se declara incompetente para conocer el asunto, y ordena remitir a la Municipalidad de Talamanca la denuncia, para que actúe de acuerdo con sus competencias. Dicha resolución fue notificada al recurrente el 14 de febrero de 2024.

De este modo, de la lectura integral del escrito de interposición en relación con los hallazgos de la administración recurrida, se acredita la mora administrativa al resolver la denuncia formulada por el recurrente el 19 de enero de 2023, ante el Tribunal Ambiental Administrativo, que fue tramitada bajo el expediente [Valor 002], toda vez que la decisión fue emitida más de un año después. En consecuencia, esta Sala estima que, como la gestión del recurrente fue resuelta y comunicada en fecha posterior a la notificación de la resolución de curso del asunto que nos ocupa, lo que procede es declarar con lugar el recurso, por estimarse que se dio una lesión a los derechos del tutelado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 41, de la Constitución Política, sin dictarse ninguna orden en concreto, toda vez que la pretensión de fondo ya fue satisfecha, de conformidad con lo establece el artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin especial condenatoria en costas.

 V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52, DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “ únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes” , lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios. 

VI.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.

Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que: 

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional. 

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante, la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales. 

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así declaro.

Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente: 

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.

Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.

 VII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

VIII.-DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta Sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.-

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.




Alejandro Delgado F.

	

 

	

Jorge Isaac Solano A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 24-002426-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:59:58.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Large**
**Normal**
**Small**
**Constitutional Chamber**

**Resolution No. 06366 - 2024**

**Date of Resolution:** March 8, 2024, at 9:15 a.m.
**Case File:** 24-002426-0007-CO
**Drafted by:** Ingrid Hess Herrera
**Type of Matter:** Amparo Appeal
**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER

**Judgment with Dissenting Vote**

**Relevance Indicators**

Relevant judgment

Judgment with protected data, in accordance with current regulations

**Content of Interest:**
**Strategic Themes:** Environmental, Economic, social, cultural, and environmental rights
**Type of content:** Majority vote
**Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS
**Topic:** EXECUTIVE BRANCH
**Subtopics:**
COMPLAINT.
**Topic:** PROMPT RESOLUTION
**Subtopics:**
ADMINISTRATIVE DELAY..
006366-24. MUNICIPALITY. ENVIRONMENT. EXECUTIVE BRANCH. IT IS ALLEGED THAT THE AUTHORITIES HAVE DONE NOTHING IN THE FACE OF THE INVASION OF THE MARITIME TERRESTRIAL ZONE IN PUERTO VIEJO DE TALAMANCA BY COMMERCIAL BUSINESSES. THE APPEAL IS GRANTED. VCG03/2024

“(…) IV.- On the merits. In the case at hand, the petitioner requests the intervention of the Chamber to expedite the resolution of a complaint filed before the Environmental Administrative Tribunal. Now, from the evidentiary elements provided, it is highlighted that on January 19, 2023, the protected party filed the complaint, and on February 24, 2023, that Tribunal ordered the respective Municipality to carry out an inspection. Likewise, this Chamber notes that, after the notification of the resolution that gave course to this proceeding (which occurred on February 12 last), the final resolution was issued, dated February 13, 2024, in which the Environmental Administrative Tribunal declares itself incompetent to hear the matter and orders that the complaint be referred to the Municipality of Talamanca so that it may act in accordance with its powers. Said resolution was notified to the petitioner on February 14, 2024.

In this way, from a comprehensive reading of the filing brief in relation to the findings of the respondent administration, administrative delay in resolving the complaint filed by the petitioner on January 19, 2023, before the Environmental Administrative Tribunal, which was processed under case file [Valor 002], is accredited, given that the decision was issued more than a year later. Consequently, this Chamber considers that, since the petitioner's management was resolved and communicated on a date after the notification of the resolution giving course to the matter at hand, it is appropriate to grant the appeal, as it is deemed that an injury to the rights of the protected party occurred, in accordance with the provisions of numeral 41 of the Political Constitution, without issuing any specific order, given that the underlying claim has already been satisfied, in accordance with the provisions of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction, without special ruling on costs. (…)”

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**Content of Interest:**
**Type of content:** Majority vote
**Branch of Law:** 6. LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE
**Topic:** 052- Cessation of the challenged act on the occasion of the filing of the amparo. Withdrawal and extra-procedural satisfaction
**Subtopics:**
NOT APPLICABLE.
 ARTICLE 52 OF THE LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION

“(…) V.- ON THE RULING OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction ("If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable"), the grant must be without a special ruling on costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that obliges the operative part of the ruling to indicate that the appeal is granted, when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is no less true that the same final paragraph refers that the grant is made ‘solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable’. It is underlined that the Law states ‘if they are applicable’, which means that the applicability or inapplicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Tribunal. In cases like this, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evident patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it states that: ‘any resolution that grants the appeal shall abstractly order the compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, reserving their liquidation for the execution of the sentence,’ where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of General Public and Procedural Law, or, where appropriate, those of International or Community Law, and, additionally, in order, the General Public Administration Law and the Contentious-Administrative Procedural Code and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction -cf. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party of the sub lite retains the possibility of resorting, if they deem it appropriate, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority's criterion to resolve this appeal without a ruling on costs, damages, and losses. (…)” VCG03/2024

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**Content of Interest:**
**Type of content:** Dissenting vote
**Branch of Law:** 6. LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE
**Topic:** 052- Cessation of the challenged act on the occasion of the filing of the amparo. Withdrawal and extra-procedural satisfaction
**Subtopics:**
NOT APPLICABLE.

VI.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO ONLY IN RELATION TO THE NON-RULING OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.

Although I agree with the rest of the Chamber in granting the appeal, I separate myself from the majority criterion in that it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.

The Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 52, provides that:

“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable”.

On the other hand, in Article 51 ibidem, it is established that:

“...any resolution that grants the appeal shall abstractly order the compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, reserving their liquidation for the execution of the sentence”.

This latter norm establishes the general system that regulates the matter of compensation and payment of costs, which the majority calls the “natural or normal form of termination of the process, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”.

In the majority's criterion, Article 51, cited, regulates the cases in which the Chamber has deemed the grievance proven; and, as a consequence, the need for a ruling on costs, damages, and losses arises. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Tribunal verifies an injury to a fundamental right and, therefore, grants the appeal, as in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights once it becomes aware of the amparo - a scenario contemplated in Article 52, referred to - by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the order against the infringer for the compensation of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a deterrent, so that the State does not incur again in the actions that gave basis to the granting of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. So, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it learned of the processing of the amparo, with restoration of the enjoyment of the fundamental rights in favor of the aggrieved person (Article 52), always, in any of those scenarios, the imperative need arises for a ruling on costs, damages, and losses against the infringer, whose foundation lies in the principles of protection of persons' rights and in that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes with its unconstitutional actions.

Thus, the fact that at the time of hearing and granting the amparo, the effects of the challenged act had already ceased, in the terms of Articles 50 and 52 of the cited law, does not nullify the applicability of the ruling on costs, damages, and losses, as such a case forms an integral part of the general system of mandatory ruling on these items contained in the Law of Constitutional Jurisdiction.

On the other hand, it is clear that Article 52, mentioned, applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard nor ruled on the merits of the claim, has verified the violation of the fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restitution in the enjoyment of those rights that the Administration has agreed to in their favor; a situation that, as affirmed by the majority of the Chamber, implies an “abnormal termination of the process”.

The legislator established and delimited, precisely, the conditions under which this Chamber can decree this form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is pending, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution giving course to the amparo; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that provides, unequivocally, for the revocation, stop, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of ruling on costs, damages, and losses, notwithstanding the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be granted ‘solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable’. As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the scenarios strictly contemplated in the norm, not only due to the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of persons to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered from the injury to their constitutional rights.

In my criterion, such an exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic ruling on costs, damages, and losses in the face of a violation of fundamental rights, that ruling is always applicable, even in the case that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is unequivocally and clearly established that in the specific case no compensable loss was caused. Only and solely in such cases could the respondent Administration be exempted from the payment of said items. As in this case, there is no element that rebuts the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions - the concrete determination of which does not correspond to this jurisdiction - the granting of this appeal must necessarily imply the ruling on costs, damages, and losses, and I so declare.

As an additional reason, it should be noted that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary object the analysis of the existence or not of damages and losses, but rather, the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of fundamental rights of persons. From this perspective, the analysis carried out by this venue concentrates on said verification, but does not enter into the weighing of whether these issues have generated or not injuries in the eminently patrimonial sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, establishes that said ruling (on damages, losses, and costs) operates, if applicable, the undersigned do not consider that said examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of proceedings, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conducts or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable), have constituted the adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable. By way of reference, numerals 179 to 184 of the Contentious-Administrative Procedural Code, Law No. 8508, define a special proceeding whose object is the definition of the economic effects derived from rulings issued in these processes. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following object:

“ARTICLE 179.- The Contentious-Administrative Court is responsible for the execution of sentences issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against Public Law subjects, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnities”.

It is clear that this proceeding is directed to the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract ruling on those items, since such types of claims would not be applicable within those types of cases when the sentence issued within the amparo proceeding expressly established the inapplicability of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement regarding this particular. That is, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, a ruling or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in my judgment, according to the tenor of the mentioned ordinal 52 of the LJC, the exemption from that patrimonial ruling requires the accreditation, in each case, of situations from which the inexistence of patrimonial injuries, even potential ones, derived or associated with the facts analyzed, is reasonably estimated. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified application and duly reasoned on a case-by-case basis. The mere circumstance that, in the course of the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial sentence is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that, prior to that cessation due to the respondent entity's own or another's cause, the accused indolence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such a question of merit, regarding the effectiveness of the injuries, their quantification, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and regarding which, in order of what is regulated by the aforementioned mandate 52, are proper to an abstract ruling that later constitutes the basis of analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, as, it is insisted, that is not their primary object or ratio. Thus, it does not correspond to the protected person to claim or demonstrate damages, given that what they seek is the safeguard of their fundamental rights. Later, whether these administrative conducts have caused them injuries is an extreme that, as a thesis of principle and except for exceptional cases, does not form part of the basis of analysis of this type of cases. Note that, in the scenario regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not make an analysis of the merits of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, one does not proceed to assess whether or not there is an infraction, with which, much less can it be defined whether, based on what was reported by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation. In this way, the exemption from ruling alluded to in that norm is of an exceptional, not a principal, nature. Therefore, in those scenarios, the norm imposes the abstract ruling, so that it is within another plenary proceeding that its applicability is analyzed. Otherwise, if that release from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the claimed party, may have suffered injuries in their patrimonial sphere would be put at risk, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution, and ignoring the potential responsibility of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Furthermore, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of that nature that a conduct was adopted that causes the cessation of the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person. That is, for the purpose of obtaining the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by virtue of that, that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is insisted, whether the permanence of the threat or deterioration of their situation while it was caused to cease by the causes alluded to in the norm under examination generated damages and losses is a matter that, unless proven otherwise, must be analyzed within an ordinary proceeding, but that, it is reiterated, in no way should be denied as a presupposition, solely due to the concretization of the factual scenario regulated in the mentioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the respect always held for the majority's stance, I express my vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily imply the abstract ruling on costs, damages, and losses.

VCG03/2024

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**Content of Interest:**
**Type of content:** Dissenting vote
**Branch of Law:** 6. LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE
**Topic:** 052- Cessation of the challenged act on the occasion of the filing of the amparo. Withdrawal and extra-procedural satisfaction
**Subtopics:**
NOT APPLICABLE.

VII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS SENTENCE. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: “If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable”.

My interpretation of this norm is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are applicable” refers to costs. Moreover, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.

Certainly, according to the tenor of Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not compensatory but restitutive; however, Article 51 of the LJC states: “Any resolution that grants the appeal shall abstractly order the compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, reserving their liquidation for the execution of the sentence”.

If the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the case that it has been restored, damages and losses could have arisen. For this reason, an abstract ruling on these is appropriate. If it were not done so, if such a ruling were not given, in the event that they had indeed occurred, there would be no title –derived from this process– to claim them, which could violate Article 41 of the CP. Even if there is an abstract ruling, if no damages and losses occurred, the judge in the ordinary venue will so declare, since only they are responsible for taking as proven the real existence and magnitude thereof.

With the thesis defended by the majority, I estimate that, contrary to what is sought, it would be incentivizing the Administration to respect rights only in the face of the existence of an amparo appeal. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber orders costs, even when the right has been restored.

By reason of the foregoing, I partially dissent from the operative part and order the abstract ruling on damages and losses, but not the ruling on costs.

VCG03/2024

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**Text of the resolution**

****

**Exp: 24-002426-0007-CO**

**Res. No. 2024006366**

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours fifteen minutes on March eight, two thousand twenty-four.

Amparo appeal processed in case file number 24-002426-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Valor 001], against the ENVIRONMENTAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL.

**Whereas:**

**1.-** By brief received in the Secretariat of the Chamber at 20:03 hours on January 29, 2024, the petitioner files an amparo appeal against THE ENVIRONMENTAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, and states that on January 19, 2023, they filed a complaint against the Municipality of Talamanca, the Costa Rican Tourism Institute, the National System of Conservation Areas, the Ministry of Public Works and Transport, Public Force, and the General Directorate of Migration and Foreigners, in view that several persons have invaded the maritime terrestrial zone of Puerto Viejo de Talamanca. They indicate that in that complaint they pointed out that the zone is invaded, mostly by foreigners, who have erected types of shacks or stalls illegally within the fifty meters of the public zone. They state that these interrupt free access to the beach, as they obstruct the passage of tourists and other people from the place. They add that at night these infrastructures are used by drug addicts and alcoholics, which increases insecurity in the zone. Likewise, they indicate that they have no care whatsoever regarding waste management, generating a negative impact on the environment. They add that under the guise of handicrafts, the commercialization of products and sub-products of the hawksbill turtle takes place, despite being prohibited. They allege that, although the Environmental Administrative Tribunal formed the complaint into case file [Valor 002], on February 24, 2023, it ordered the Municipality of Talamanca to conduct a site visit to the place of the complaint, accompanied by officials from SINAC, and to present the respective report, as well as indicate the actions the municipality will take and the deadline to resolve it. They add that on the date they resort to the Constitutional venue, the respondent authority was still failing to provide a response.

**2.-** By resolution at eight hours and twenty-eight minutes on February 7, 2024, the process was given course and a hearing was granted to the President of the Environmental Administrative Tribunal, to report on the facts alleged by the petitioner.

**3.-** Adriana Bejarano Alfaro reports under oath, in this act acting as President of the Environmental Administrative Tribunal, who clarifies that the complaint formulated by the petitioner was assigned case file [Valor 002]. She indicates that by resolution 333-2023-TAA of February 24, 2023, the Mayor of Talamanca was requested, to carry out, accompanied by officials from SINAC, a visit to the site subject of the complaint, and to proceed to report the situation of the place regarding the presence of “shacks” and the actions that would be taken to solve the problem. On May 17, 2023, by resolution 734-2023-TAA, the municipal authority was requested for a second time to report on the requested facts. She adds that on February 13, 2024, according to resolution 161-24-TAA, that Tribunal agreed to declare itself incompetent to hear the complaint and refer it to the Municipality of Talamanca, so that it may carry out the respective procedure. She adds that the indicated resolution was notified via email to the petitioner of the case on February 14, 2024, according to the email provided for that purpose. She requests that the appeal be declared without merit.

**4.-** In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

**Drafted by Magistrate Hess Herrera; and,**

**Considering:**

**I.- Object of the appeal.** The petitioner states that the fundamental rights of the people living in Talamanca are being violated, as illegal infrastructures have been erected that impede free transit, as well as threaten the environment. For this reason, they filed a complaint on January 19, 2023, before the Environmental Administrative Tribunal. They request that the respondent authority diligently process the complaint they filed and protect the violated rights.

**II.- Preliminary matter.** Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of Sentence No. 2008-02545 at 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction - with some exceptions - those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Public Administration Law (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure - initiated ex officio or at the request of a party - or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, in the sub lite, an apparent lack of resolution of an environmental complaint is raised. In view of the matter of environmental complaints, this Chamber assesses possible delays in the resolution of procedures of this type. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

**III.- Proven facts.** Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them according to what was provided in the initial order:

a) The petitioner filed a complaint on January 19, 2023, before the Environmental Administrative Tribunal, assigning it case file [Valor 002] (see reports and attached evidence).

b) On February 24, 2023, by resolution 333-2023-TAA, the Environmental Administrative Tribunal requested the Municipality of Talamanca to conduct a technical visit to the site with a report and actions to be taken (see reports and attached evidence).

c) On May 17, 2023, Roy Alberto Castro, in his capacity as legal advisor to the Municipality of Talamanca, presented an inspection report before the Environmental Administrative Tribunal (see reports and attached evidence).

d) On May 23, 2023, the Environmental Administrative Tribunal requested for a second time that the Municipality of Talamanca indicate the actions to be taken in the reported case.

see reports and attached evidence).

e) At 1:40 p.m. on February 12, 2024, the resolution of eight twenty-eight in the morning on February 7, 2024, was notified to the President of the Environmental Administrative Tribunal (see notification record).

f) On February 13, 2024, the Environmental Administrative Tribunal issued resolution 161-24-TAA, in which it declared itself incompetent to hear the case and referred the complaint to the Municipality of Talamanca (see reports and attached evidence).

g) On February 14, 2024, resolution 161-24-TAA was notified to the appellant via the email address provided for receiving notifications (see reports and attached evidence).

IV.- On the merits. In the case before us, the appellant requests the intervention of the Chamber to expedite the resolution of a complaint filed before the Environmental Administrative Tribunal. Now, from the evidentiary elements provided, it is highlighted that on January 19, 2023, the petitioner filed the complaint, and on February 24, 2023, that Tribunal ordered the respective Municipality to conduct an inspection. Likewise, this Chamber notes that, subsequent to the notification of the resolution that gave course to this proceeding (which occurred on February 12 of last year), the final resolution was issued, dated February 13, 2024, in which the Environmental Administrative Tribunal declares itself incompetent to hear the matter, and orders the complaint to be referred to the Municipality of Talamanca, so that it may act in accordance with its competencies. Said resolution was notified to the appellant on February 14, 2024.

Thus, from a comprehensive reading of the filing brief in relation to the findings of the respondent administration, the administrative delay is confirmed in resolving the complaint filed by the appellant on January 19, 2023, before the Environmental Administrative Tribunal, which was processed under file [Valor 002], given that the decision was issued more than one year later. Consequently, this Chamber considers that, as the appellant’s petition was resolved and communicated on a date subsequent to the notification of the resolution giving course to the matter before us, the appropriate course is to grant the appeal, deeming that an injury to the petitioner’s rights occurred, in accordance with the provisions of Article 41 of the Political Constitution, without issuing any specific order, since the substantive claim has already been satisfied, in accordance with the provisions of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction, without special condemnation for costs.

V.- ON THE CONDEMNATION FOR COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if applicable”), the granting must be without special condemnation for costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that obliges the operative part of the ruling to indicate that the appeal is granted when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same paragraph in fine states that the granting is ordered “solely for the purposes of indemnification and costs, if applicable.” It is emphasized that the Law states “if applicable,” which means that the applicability or non-applicability of indemnification and costs depends on an assessment, appraisal, or weighing by the Court. In cases like this, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to a salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it provides that: “any resolution that upholds the appeal shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment,” where the possibility of assessing whether or not indemnification and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law, or, as applicable, International or Community Law, and, furthermore, in order, the General Law of Public Administration and the Code of Contentious-Administrative Procedure and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction -cfr. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Code of Contentious-Administrative Procedure, which responds to the procedural logic in any matter. In any event, the affected party in the sub lite retains the possibility of resorting, if they so wish, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this appeal without condemnation for costs, damages, and losses.

VI.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUDGE SALAZAR ALVARADO SOLELY IN RELATION TO THE NON-CONDEMNATION FOR COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.

While I concur with the rest of the Chamber in granting the appeal, I dissent from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from being condemned to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.

The Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 52, provides that:

“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if applicable.”

On the other hand, Article 51 ibidem establishes that:

“...any resolution that upholds the appeal shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment.”

This latter norm establishes the general system that regulates matters relating to indemnification and the payment of costs, and which the majority terms the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”.

In the majority’s criterion, Article 51, cited, regulates the scenarios in which the Chamber has verified the grievance; and, as a consequence, the need for a condemnation for costs, damages, and losses arises. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to some fundamental right and, therefore, grants the appeal, and in those where the Administration, by its own decision, restores the injured person in the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo – a scenario contemplated in Article 52, referred to – by imperative of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and inescapable consequence is the condemnation of the violator to the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the violating authorities; and, as a deterrent, so that the State does not incur again in the actions that gave basis to the granting of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has verified the grievance and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration in the enjoyment of the fundamental rights in favor of the injured party (Article 52), always, in any of these scenarios, the imperative need for a condemnation for costs, damages, and losses against the violator arises, whose basis is found in the principles of protection of people’s rights and in that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes through its unconstitutional conduct.

Thus, the fact that, at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act had already ceased, in the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of the condemnation for costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of necessary condemnation in those respects contained in the Law of Constitutional Jurisdiction.

On the other hand, it is clear that Article 52, mentioned, applies solely in cases where the Chamber, even though it has not heard nor pronounced itself on the merits of the claim, has verified the violation of the fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration, in the enjoyment of those rights, that the Administration has agreed upon in their favor; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an “abnormal termination of the proceeding.”

The legislator established and delimited, precisely, the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution giving course to the amparo; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that provides, undoubtedly, for the revocation, cessation, or suspension of the challenged action that violates fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of condemnation for costs, damages, and losses, notwithstanding the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be granted “solely for the purposes of indemnification and costs, if applicable.” As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it is only applicable in the scenarios strictly contemplated in the norm, not only by the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of persons to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered due to the injury to their constitutional rights.

In my criterion, such an exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic condemnation for costs, damages, and losses in the face of a violation of fundamental rights, such condemnation is always applicable, even in the case where the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is established in an undoubtedly and clearly manner that in the specific case no compensable harm whatsoever was caused. Only and solely in such scenarios could the respondent Administration be exempted from the payment of said amounts. As in this case, there is no element whatsoever that rebuts the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions – whose specific determination does not correspond to this jurisdiction – the granting of this appeal must necessarily imply the condemnation for costs, damages, and losses, and I so declare.

As an additional reason, it is worth highlighting that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary object the analysis of the existence or not of damages and losses, but rather, of the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of people’s fundamental rights. From this perspective, the analysis carried out by this venue focuses on said verification, however, it does not enter into the weighing of whether those issues have generated or not injuries in the eminently patrimonial sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, states that said condemnation (for damages, losses, and costs) operates, if applicable, we the undersigned do not consider that said examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conducts or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable), have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable. As a reference, Articles 179 to 184 of the Code of Contentious-Administrative Procedure, Law No. 8508, defines a special proceeding whose object is the definition of the economic effects derived from condemnations issued in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following object:

“ARTICLE 179.- The Contentious-Administrative Court is responsible for the execution of judgments issued by the Constitutional Jurisdiction in habeas corpus and amparo proceedings against subjects of Public Law, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications.”

It is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract condemnation in those items, since such types of claims would not be admissible within that type of cause when the judgment issued within the amparo proceeding expressly established the inapplicability of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement regarding this particular. That is, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, express condemnation or pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in my opinion, under the tenor of the mentioned Article 52 of the LJC, the dispensation from that patrimonial condemnation requires the accreditation, in each case, of situations from which the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the facts analyzed, is reasonably estimated. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the course of the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that, prior to that cessation due to the act of the defendant entity itself or a third party, the accused indolence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such a substantive issue, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and regarding which, in order to what is regulated by the aforementioned Article 52, are proper to an abstract condemnation that later constitutes the basis of analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, since, it is insisted, that is not their object or primary ratio. Thus, it is not for the protected person to claim or demonstrate damages, as what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Then, whether those administrative conducts have caused them injuries is a point that, by thesis of principle and except for exceptional cases, does not form part of the analysis base in this type of cause. Note that, in the scenario regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not make a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, it is not entered into assessing whether there is or is not an infraction, with which, much less can it be defined whether from what is denounced by the requester, there may or may not be situations of possible civil reparation. Thus, the dispensation from condemnation alluded to by that norm is of an exceptional, not a principled, nature. Therefore, in those scenarios, the norm imposes abstract condemnation, so that it is within another plenary proceeding that its applicability is analyzed. Otherwise, if that release from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries in their patrimonial sphere would be put at risk, to the detriment of what is stipulated by precept 45 of the Political Constitution, and ignoring the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Moreover, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of that nature that conduct was adopted that causes the cessation of the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person. That is, for the purpose of obtaining the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is insisted, whether the permanence of the threat or deterioration of their situation while it was made to cease by the causes alluded to in the norm under examination generated damages and losses is a matter that, unless proven otherwise, must be analyzed within an ordinary proceeding, but that, it is reiterated, in no way should be denied, as a presupposition, by the mere materialization of the factual scenario regulated in the mentioned Article 52 of the LJC. Therefore, with the utmost respect for the majority position, I cast my vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily imply abstract condemnation for costs, damages, and losses.

VII.- DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: “If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if applicable.”

My interpretation of that norm is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if applicable” refers to costs. Moreover, Article 197 of the Code of Contentious-Administrative Procedure, cited by the majority, on the basis of Article 14 of the LJC, refers precisely only to these: to costs.

Certainly, under the tenor of Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not compensatory but restitutive; however, Article 51 of the LJC states: “Any resolution that upholds the appeal shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment.”

If the right has been violated and the Chamber so verifies it, even if it has been restored, damages and losses may have arisen. For that reason, abstract condemnation of these is appropriate. If it were not done so, if such condemnation were not given, in the event that they had indeed occurred, there would be no title – derived from this proceeding – to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite there being abstract condemnation, no damages and losses occurred, the judge in the ordinary venue will so declare, as it is solely up to him to have the real existence and magnitude of the same proven.

With the thesis defended by the majority, I consider that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only in the face of the existence of an amparo appeal. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may condemn for costs, even when the right has been restored.

By reason of the foregoing, I partially dissent regarding the operative part and order the condemnation for damages and losses, but not the condemnation for costs.

VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be retrieved from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this Judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period shall be destroyed, according to the provisions of the “Regulation on Electronic Case Files before the Judicial Branch,” approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

THEREFORE:

The appeal is granted, without special condemnation for costs, damages, and losses. Judge Salazar Alvarado partially dissents and orders the condemnation for damages, losses, and costs. Judge Garro Vargas partially dissents and orders the condemnation for damages and losses, but not the condemnation for costs.-

Fernando Castillo V.
President

Fernando Cruz C.

Luis Fdo. Salazar A.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Alejandro Delgado F.

Jorge Isaac Solano A.

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