Res. 06272-2024 Sala Constitucional — Amparo regarding felines at La Marina ZooAmparo sobre felinos en el Zoológico La Marina

Grande
Normal
Pequeña
Sala Constitucional

Resolución Nº 06272 - 2024

Fecha de la Resolución: 08 de Marzo del 2024 a las 09:15

Expediente: 23-022854-0007-CO

Redactado por: Alejandro Delgado Faith

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución



Exp: 23-022854-0007-CO

Res. Nº 2024006272

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del ocho de marzo de dos mil veinticuatro .

Recurso de amparo interpuesto por ANGÉLICA GUZMÁN VILLALOBOS, cédula de identidad No. 208440018, ELENA ANDRADE MORA, cédula de identidad No. 901330931, RACHELL XIMENA HERRERA SOLÍS, cédula de identidad 504430968, y YENDRI JOHANNA GAMBOA RODRÍGUEZ, cédula de identidad No. 208300701, contra el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN y la FUNDACIÓN CENTRO DE RESCATE PARA LA VIDA SILVESTRE LA MARINA.

Resultando:

1.- Por escrito recibido mediante Gestión en Línea de la Sala el 19 de setiembre de 2023, las recurrentes interponen recurso de amparo contra el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y Fundación Centro de Rescate para la Vida Silvestre La Marina. Comentan que acuden en amparo en favor de cuatro felinas, conocidas como "caucel titi", "tigrilla", "marta" y "puma nito", además de un manigordo, quien no posee un nombre, los cuales, son sujetos sintientes no humanos y con derechos. Afirman que todos se encuentran ubicados en San Carlos, específicamente en un terreno que administra el Centro de Rescate para Vida Silvestre La Marina. Sostienen que desde hace 4 años esas felinas están encerradas en jaulas. Manifiestan que esos encierros son un espacio reducido, artificial y no digno, que ha provocado que las felinas pierdan la posibilidad de movilidad, así como la imposibilidad de reintegración a un medio natural. Agregan que lo anterior, ha tenido como resultado que sus estados de salud se deterioren, pues las felinas requieren grandes espacios para el buen desarrollo y calidad de vida. Asimismo, añaden que se les ha degradado al no reconocer que es necesario que tengan condiciones de vida dignas y que alivianen el hecho de que habitan en cautiverio. Alegan que no existe razón para no trasladarlas inmediatamente a un refugio o santuario digno, donde puedan tener paz y mayor movilidad, en vez de estar atrapadas en una ambiente hostil totalmente deshumanizado, donde se cobra por su exhibición. Además, reclaman que tampoco habría razón para que se evite la debida adecuación de las instalaciones y se adapten a las necesidades de las felinas, lo que en su criterio sería otra posibilidad u opción. Reclaman que el espacio donde actualmente habitan y son mantenidas las felinas, es tan pequeño que mide pocos metros cuadrados y ello es totalmente irregular para un sujeto sintiente y menos de las especies a las que pertenecen, por lo que consideran que es violatorio a sus derechos tenerlas encerradas en vez de trasladarlas a un sitio más digno con amplitud y áreas verdes acordes a la naturaleza de vida silvestre que son, pues aunque estén encerradas no pierden su condición de seres de vida silvestre. Manifiestan que las aludidas felinas, no han cometido crimen o delito alguno, pero al ser "cosificadas", pues han sido encerradas y mantenidas así para exhibición, perdiendo cualquier ápice de dignidad que estas podrían tener. Mencionan que aunque llegaron ahí por una situación de un eventual accidente, ello no justifica que no tengan un espacio digno para vivir que sea más amplio. Arguyen que nuestra legitimación está dada, en que actuamos a favor de seres sintientes que ahora, por sus encierros, son víctimas. Acotan que las felinas no tienen posibilidades de comunicarse como nosotros los humanos, pero viven en situaciones no dignas y no merecen estar en hacinamiento y encerradas. Sostienen que los recurridos tienen la obligación de velar para que sean tratadas dignamente como seres sintientes que son ya que tienen derecho a no estar encerradas en celdas pequeñas. Reiteran que las felinas han vivido enclaustradas con muchísimas limitaciones de espacio, han perdido la posibilidad de ser reincorporadas a nuestros bosques por diferentes razones, tanto de salud como de domesticación; sin embargo, esto no debería limitar al Estado para que pueda asegurarse de que sean llevadas a sitios dignos y con mayor amplitud, en donde al menos puedan caminar más que algunos pocos metros al día y que esté acondicionado con elementos naturales que les permitan vivir en un lugar más acorde a su naturaleza silvestre. Indican que es necesario que con base al artículo 50 de la Constitución Política, se comiencen a reconocer progresivamente derechos a la naturaleza y sujetos no humanos, que como seres sintientes viven, comen, se reproducen y mueren, al igual que nosotros los sujetos humanos, además que merecen vivir en condiciones dignas, aún, si es bajo encierro. Señalan que tanto el Estado como las entidades públicas o privadas deben velar por el bienestar de la naturaleza, independientemente del valor que tenga para los seres humanos. Por lo anterior, aseguran que independientemente del beneficio que pueda traer la exposición de las felinas para el centro de rescate, es necesario que velen por el bienestar de cada una de estas. Por los motivos expuestos, solicitan la intervención de la Sala en el presente asunto.

2.- Mediante resolución de Presidencia de las 11:05 horas del 28 de setiembre de 2023, se dio curso al proceso. Se solicitó informe al director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación -SINAC, y se le dio traslado al presidente de la Fundación Centro de Rescate para la Vida Silvestre La Marina, sobre los hechos alegados por las accionantes.

3.- Por escritos recibidos mediante Gestión en Línea de la Sala los días 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13 y 16 de octubre, todos de 2023, los señores Álvaro Sagot Rodríguez, Marlon Delgado Morena, Juan Carlos Peralta Víquez, Cinthia Mireya Calderón Solís, Raquel Rojas Sagot, Isela Patricia Ramírez Madrigal, Diana Jossette Rivera Gómez y Kenneth Mora Salazar, solicitan que se le incluyan como coadyuvantes activos. Solicitan que las 4 felinas que se encuentra en el lugar recurrido sean trasladadas a un ambiente más acorde con su naturaleza y no sean expuestas a exhibición.

4.- Por escrito recibido mediante correo electrónico de la Sala el 3 de octubre de 2023, informan bajo juramento David Chavarría Morales y José Manuel Quirós Rodríguez, por su orden director ejecutivo a.i. y encargado del Área de Conservación Arena Huetar Norte de la Subregión San Carlos-Los Chiles, ambos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que el sitio localizado en la Marina de San Carlos, se encuentra inscrito como sitio de manejo categoría zoológico con fines comerciales, mediante resolución de permiso N° SINAC-ACAHN-SCH-089-2022, del 20 de junio del 2022. Precisan que la Ley de Conservación para la Vida Silvestre N° 7317, y sus reformas, define al zoológico: “sitio de manejo que mantiene vida silvestre en cautiverio, puede ser con fines comerciales o no, bajo la dirección de un cuerpo profesional que les garantiza condiciones de vida silvestre en forma atractiva y didáctica para el púbico. Sus principales objetivos son la conservación, educación, investigación y exhibición de la fauna silvestre de una manera científica”. Afirman que dichas condiciones la sociedad anónima Marina Silvestre (permisionario), ha venido cumpliendo, ya que, se optó por ejecutar un plan de acción en el zoológico la Marina, con el propósito de mejorar las condiciones de cautiverio de las especies albergadas y el manejo en general, el cual, incluye a los felinos albergados, lo anterior con el acompañamiento del regente y asesor veterinario. Sostienen que la cantidad de felinos registrado al día de hoy en el inventario de especímenes del Zoológico La marina se compone solamente de 4 animales -manigordo, caucel, puma y tigrillo-. Agregan que con respecto a las mejoras ejecutadas en los recintos de los felinos, para el primer trimestre del 2023, se logró finalizar los trabajos de acondicionamiento de nuevo recinto para el puma, labores que dieron inicio en el cuarto trimestre del 2022, trasladando el animal a un recinto con dimensiones 9.5 metros de ancho por 20 metros de largo (con área de exhibición y contención). Señalan que los demás recintos que albergan felinos (manigordo, caucel y trigrillo), a partir del traslado del puma a su nuevo recinto, se aumentó el espacio al doble, debido a que se habilitaron dos jaulas por animal, es decir, cada animal paso de estar en un espacio de 5 metros por 4 metros a un espacio de 10 metros por 4 metros, con mejoras de ambientación significativas como arbustos en recinto, dormitorios, etc. Amplían que el plan de acción 2022-2024, contempla agrandar aún más el espacio, modificar el sustrato en uno de los módulos, y mejorar la ambientación, de la mano con cambios estructurales, como cambio de malla y construcción de puerta de seguridad. Refieren que los reportes presentados por el cuerpo profesional del Zoológico La Marina, justifican que las condiciones de los animales albergados son óptimas y que en los recintos donde más se trabaja ambientación es con los felinos, colocando troncos y esferas para el entretenimiento. Concluyen que las condiciones reportadas en el recurso posiblemente datan de años anteriores (debido a las incongruencias sobre el inventario de especímenes y el tamaño de recintos), pero como se mencionó la sociedad anónima La Marina Silvestre, se encuentra ejecutando un plan de mejoras o acción, con el seguimiento de lo ejecutado por parte de la Subregión San Carlos-Los Chiles. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

5.- Por escrito recibido mediante correo electrónico de la Sala el 4 de octubre de 2023, manifiesta Juan José Rojas Alfaro, en su condición de presidente de Marina Silvestre Sociedad Anónima, que en cuanto a los felinos alegados, el centro o permisionario ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservacion es Marina Silvestre S.A., con permiso No. SINAC-ACAHN-089-2022, y no la fundación antes descrita en dicho amparo. Precisa que el Zoológico Comercial La Marina se encuentra con todos los permisos al día, acorde a los requerimientos de la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Afirma que aunado a lo anterior, el centro posee un plan de mejoramiento estructural activo, en el cual, se han ido implementando mejoras sustanciales en todos los aspectos del centro, incluso en el área de los felinos mencionados. Sostiene que en cuanto a mejoras estructurales en el área de felinos, se dio la construcción de nuevos recintos, así como ampliación de nuevos recintos y mejoramientos de los mismos, bajo la tutela de una bióloga regente y un médico veterinario, los cuales, ven a detalle cada aspecto de los mismos, tutelando en todo momento el bienestar, salud y necesidades de todos los animales que habitan en el centro, de igual manera se cuenta con visitas periódicas e inspecciones por parte de los funcionarios del SINAC, específicamente, del Área de Conservación Arenal Huetar Norte, Subregión San Carlos-Los Chiles, siendo la última realizada el 20 de setiembre de 2023. Agrega que dentro del plan de manejo y mejoramiento estructural en las instalaciones del centro, el cual, se ha venido llevando a cabo desde el 2022 con la renovación de los permisos correspondientes. Señala que dentro de las mejoras descritas en dicho plan se mantienen incluidas mejoras muy significativas en el área de felinos, algunas de ellas ya están concluidas en su totalidad desde enero de 2023, como es la construcción de un nuevo recinto para el puma, el cual, posee dimensiones de 9 metros de ancho, 20 metros de largo y la altura va de 7.5 metros hasta los 10 metros de altura. Amplía que a los felinos de menor tamaño se les duplicó el tamaño de los espacios de una manera temporal, esto por un periodo, y para el cuarto trimestre de 2023 se iniciará y se espera concluir con éxito la ampliación y construcción de nuevos espacios, esto con los debidos acondicionamientos en sus áreas que van desde materia en los sustratos, arboles, ramas, refugios y piletas de agua, todas estas condiciones ya se presentan en los recintos en los cuales están presentes los animales mencionados. Refiere que los felinos de encuentran bajo el cuidado y tutela de los especialistas, los cuales, dan fe de lo descrito, así como de las personas entrenadas por ellos mismos para el cuidado de los animales, que velan día con día la alimentación, comportamiento y demás aspectos concernientes a la salud y cuido de los animales. Asegura que los felinos mencionados deben de mantenerse en el centro debido a que sus capacidades físicas, psicológicas, así como su gran imprimación o cercanía con el ser humano con el cual llegaron al centro no les permitieron regresar a su medio natural en su momento. Concluye que los lugares en los que se encuentran en ningún momento imposibilitan su movilidad y parte de lo que se realiza en el centro es otorgarles medios para que jueguen, así como la utilización de utensilios y presas durante su alimentación para incentivarla.

6.- Por escrito recibido mediante correo electrónico de la Sala el 5 de octubre de 2023, manifiesta Andrea Arce Chinchilla, en su condición de bióloga regente del Zoológico La Marina, que en su condición de bióloga regente para el Zoológico La Marina, sitio de manejo activo bajo resolución No. SINAC-ACAHN-089-2022, tiene como deber supervisar y fiscalizar que las labores de conservación y protección de la vida silvestre albergada se lleven a cabo de acuerdo con la Ley de Conservación de la Vida Silvestre Nº 7317 y su reglamento. Precisa que se cumple a cabalidad con los estándares de bienestar y necesidades biológicas de los animales del sitio, incluidos los felinos. Afirma que el Zoológico La Marina se encuentra en un proceso de cumplimiento de un plan de mejora a nivel de infraestructura, al cual, se le da seguimiento de forma mensual y que se ha ido cumpliendo conforme a los objetivos establecidos bajo la vigilancia de las autoridades del SINAC, correspondientes al Área de Conservación Huetar Norte. Sostiene que a pesar de que el plan está en proceso de ejecución, actualmente ninguna de las instalaciones representa algún riesgo en la salud ni en la seguridad, tanto para los animales como para los visitantes del lugar, y se ha priorizado el mejoramiento de los espacios designados para el grupo de felinos del zoológico, por lo que sus condiciones han mejorado de forma considerable. Agrega que debido a su posición como bióloga regente, tiene fe pública, y puede confirmar que a los animales se les realiza chequeos veterinarios de forma constante y por ello presentan excelentes condiciones de salud. Señala que los animales se albergan en espacios en los que se les ha dado el enriquecimiento ambiental adecuado según sus necesidades, además de contar con sitios de alimentación apropiados. Indica que el Zoológico La Marina, al ser un sitio de manejo con categoría de zoológico, mantiene bajo custodia animales que por sus antecedentes de salud y conductuales, no pueden ser rehabilitados y liberados, ya que se ha determinado que se arriesgaría su supervivencia. Concluye que por ello, sitios como éste, son de gran importancia para la conservación y la educación ambiental, así como un importante recurso de apoyo para el MINAE-SINAC, en su deber como ente protector de la vida silvestre de nuestro país.

7.- Por escrito recibido mediante correo electrónico de la Sala el 5 de octubre de 2023, manifiesta Michael Eduardo Arroyo Campos, en su condición de médico veterinario, a cargo de la salud de los animales en el Zoológico de La Marina. Precisa que los animales presentes en el centro se encuentran bajo constante vigilancia médica de su persona, así como de todos los trabajadores y del personal administrativo del lugar. Precisa que en caso de observarse o sospecharse alguna conducta no acorde a su comportamiento normal, los mismos son valorados de una manera más exhaustiva, según los protocolos médicos existentes. Afirma que dada la naturaleza de los animales mencionado (felinos), las revisiones se hacen de manera visual en las cuales se aprecian patrones como movimiento, respuesta a estímulos como luces y sonidos entre otros. Sostiene que en caso de determinarse necesario, se realizan revisiones completas en las cuales es necesario sedar al animal completamente. Agrega que esas revisiones como médico veterinario no son recomendadas en este tipo de animales, ya que se pone al animal bajo un estrés y solo se recurren a las mismas en caso de ser completa y estrictamente necesarias. Señala que las afirmaciones dadas en el recurso son completamente falsas, carecen de criterio técnico y científico, además para poder determinar cualquiera de las afirmaciones dadas en el documento se requiere periodos prolongados de estudio y múltiples observaciones, así como conocimiento previo de los animales en cuestión. Amplía que los felinos presentes en el centro poseen excelente movilidad, esto se ha revisado y verificado en múltiples ocasiones mediante la utilización de estímulos como juegos y otros utensilios, especialmente, a la hora de la alimentación, mismas que se realiza bajo supervisión del personal del centro, así como de su persona, y estas se realizan en horas en las cuales no existen visitación. Refiere que la salud de los felinos mencionados se encuentra en perfecto estado y dentro de los parámetros adecuados para los animales de este tipo y edad. Asegura que durante el cuarto trimestre del 2023 se pretende realizar revisiones en los demás felinos, esto en el momento que se realicen los movimientos a los recintos mejorados. Resalta que se mantiene una vigilancia completa en la alimentación de los felinos, esto es de vital importancia para evitar trastornos en la salud de los felinos, especialmente, cabe destacar que a los mismos se les realiza variaciones en las dietas y las presas esto para así mantener un estado de salud óptimo. Indica que cualquier cambio de manejo en los felinos debe de manejarse de una manera muy mesurada ya que son muy susceptibles a los cambios de todo tipo, por ello nunca es recomendable realizar movimientos a no ser que sean estrictamente necesarios en este tipo de animales, ya que los mismos podrían desencadenar deterioros en la salud de los animales, provocados por estrés generados en traslados, ambientes nuevos, olores, sonidos, factores climáticos o incluso rutinas a los cuales no están acostumbrados.

8.- Por escrito recibido por Gestión en Línea de la Sala el 5 de octubre de 2023, la recurrente, Yendri Johanna Gamboa Rodríguez, indica que aporta como prueba fotografías del 3 de setiembre de 2023, donde se demuestra que los felinos alegados se encuentran en jaulas entre concreto y barrotes y mallas a la mirada de todas las personas que ingresan al sitio, que debería ser un lugar de paz y tranquilidad para la vida silvestre que está en cautiverio, pero no lo es.

9.- Por escrito recibido por correo electrónico de la Sala el 16 de octubre de 2023, el señor Álvaro Sagot Rodríguez, refutó lo informado por la autoridad recurrida y el presidente del Zoológico La Marina.

10.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Delgado Faith; y,

Considerando:

I.- De previo. En este asunto es importante recalcar que, con base en lo aducido por la parte recurrente, y los criterios jurisprudenciales de la Sala sobre la materia que versa este amparo, el conocimiento de este recurso se centra en lo concerniente al derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de conformidad con el contenido y alcance reconocidos al artículo 50 de la Constitución Política.

II.- Sobre el amparo contra sujetos de derecho privado. El artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al crear este proceso, dispuso varios requisitos de admisibilidad. En primer lugar, que las entidades o personas privadas "actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas". Si no se trata de esta hipótesis, y el sujeto de derecho privado, de hecho o de derecho, está en una posición de poder, el amparo será procedente, únicamente, como remedio subsidiario de la legislación común si se cumplen otras dos condiciones: a) Que los remedios jurisdiccionales comunes no sean suficientes; y, b) que los remedios jurisdiccionales comunes sean tardíos. En el caso en estudio, la Marina Silvestre Sociedad Anónima, podría estar en una posición de poder frente a una posible violación al artículo 50 de la Constitución Política y no hay mecanismos jurisdiccionales ágiles para ser revertidos. Por ello, es criterio de este Tribunal Constitucional, que nos encontramos ante el supuesto del numeral 57 ya citado y el recurso resulta admisible (véase, al respecto la Sentencia de esta Sala Nº 2014-008506, de las 9:05 horas, del 13 de junio de 2014).

III.- Sobre las solicitudes de coadyuvancia activa. Mediante escritos agregados a los autos el 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13 y 16 de octubre, todos de 2023, los señores Álvaro Sagot Rodríguez, Marlon Delgado Morena, Juan Carlos Peralta Víquez, Cinthia Mireya Calderón Solís, Raquel Rojas Sagot, Isela Patricia Ramírez Madrigal, Diana Jossette Rivera Gómez y Kenneth Mora Salazar, solicitan a la Sala ser considerados como coadyuvantes activos. La coadyuvancia es una forma de intervención adhesiva que se da cuando una persona actúa en un proceso adhiriéndose a las pretensiones de alguna de las partes principales, como consecuencia está legitimado para actuar como coadyuvante quien ostente un interés directo en el resultado del recurso, pero al no ser actor principal, el coadyuvante no resultará directamente afectado por la sentencia, es decir, la eficacia de ésta no podrá alcanzarle de manera directa e inmediata, ni le afecta la condición de cosa juzgada del pronunciamiento, aunque en materia de amparo pueda favorecerle la eficacia de lo resuelto, debido al carácter de "erga omnes" que tiene la jurisprudencia y precedentes de la jurisdicción constitucional (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). En este caso, la Sala procede a admitir las coadyuvancias presentadas (en los términos del artículo 34 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), por cuanto, lo alegado se basa en derechos difusos.

IV.- Objeto del recurso. Las recurrentes aducen que las condiciones con que cuenta el Centro de Rescate para Vida Silvestre La Marina para albergar ciertas especies de felinos, contraría el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, e imposibilita su reintegro a un medio natural.

 V.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a)    La Marina Silvestre S.A. se encuentra inscrito como sitio de manejo categoría zoológico con fines comercial, mediante resolución de permiso N° SINAC-ACAHN-SCH-089-2022, del 20 de junio del 2022 (ver prueba aportada al expediente).

b)    El Zoológico La Marina, al ser un sitio de manejo con categoría de zoológico, mantiene bajo custodia animales que por sus antecedentes de salud y conductuales, no pueden ser rehabilitados y liberados, ya que se ha determinado que se arriesgaría su supervivencia (ver manifestaciones de la bióloga regente del Zoológico La Marina).

c)     En el Zoológico La Marina se encuentran 4 felinos -manigordo, caucel, puma y tigrillo- (ver prueba aportada al expediente).

d)    En el Zoológico La Marina se efectúan un plan de acción 2022-2024, que contempla mejoras en los recintos de los felinos, los cuales, incluyen agrandar el espacio, modificar el sustrato en uno de los módulos, y mejorar la ambientación, como cambios estructurales - cambio de malla y construcción de puerta de seguridad- (ver prueba aportada al expediente).

e)     En el primer trimestre del 2023, se realizaron trabajos de acondicionamiento de nuevo recinto para el puma, labores que dieron inicio en el cuarto trimestre del 2022, trasladando al animal a un recinto con dimensiones 9 metros de ancho, 20 metros de largo y la altura va de 7.5 metros hasta los 10 metros de altura (con área de exhibición y contención). Los recintos que albergan al manigordo, caucel y trigrillo, aumentó al doble, debido a que se habilitaron dos jaulas por animal. Cada animal está en un espacio de 10 metros por 4 metros, con mejoras de ambientación significativas como arbustos en recinto, dormitorios (ver prueba aportada al expediente).

f)      El Zoológico La Marina cuenta con una bióloga regente y un médico veterinario, tutelando el bienestar, salud y necesidades de todos los animales que habitan en el centro, así como visitas periódicas e inspecciones por parte de los funcionarios del SINAC, específicamente, del Área de Conservación Arenal Huetar Norte, Subregión San Carlos-Los Chiles (ver prueba aportada al expediente).

g)    Los animales que se albergan en el Zoológico La Marina cuentan con espacios en los que se les ha dado el enriquecimiento ambiental adecuado según sus necesidades, además de contar con sitios de alimentación apropiados (ver manifestaciones de la bióloga regente del Zoológico La Marina).

h)    Los felinos presentes en el centro recurrido poseen adecuada movilidad, la salud de estos se encuentra en perfecto estado y dentro de los parámetros adecuados para los animales de este tipo y edad (ver manifestaciones del médico veterinario del establecimiento).

 VI.- Sobre caso concreto. El Ministerio de Ambiente y Energía, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, entre sus funciones tiene el deber de velar por la condición los zoológicos a su cargo o autorizados para el ejercicio de dicha actividad, tomando una serie de medidas y precauciones para la protección del ambiente (véase resolución 99-5174).

 A partir de lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política, este Tribunal Constitucional ha reconocido, ampliamente, el deber que le atañe al Estado de proteger el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con lo cual, el Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del ambiente y los recursos naturales pertenecientes a los diferentes reinos naturales. Es al tenor de dichas disposiciones, que nace la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia, según lo dispone la propia norma constitucional en comentario, función que desarrolla la normativa infraconstitucional ambiental. El cumplimiento de este requisito es fundamental garantía para la protección de la vida y la salud públicas, siendo así que la violación a estos fundamentales preceptos conlleva la posibilidad de lesión o puesta en peligro de intereses a corto, mediano y largo plazo. La contaminación o destrucción del medio es una de las formas a través de las cuales puede ser rota la integridad del ambiente, con resultados que pudieren ser irreversibles o irreparables, imperecederos y acumulativos. Ante ello, el Estado costarricense se encuentra en la obligación de actuar para prevenir o evitar la realización de actos que lesionen el ambiente, y en la correlativa e igualmente ineludible prohibición de fomentar su degradación (ver sentencia No. 2006007998 de las 9:01 horas del 2 de junio de 2006).

 En el sub-examine, tanto el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, como Marina Silvestre Sociedad Anónima, permisionario que tiene a su cargo el zoológico, se encuentran en consonancia con la protección que requiere el ambiente, al disponerse de un sitio controlado para la protección ambiental y donde se ha procurado que las instalaciones reúnan las condiciones apropiadas para el desarrollo natural. Se tiene que el establecimiento alegado en este amparo, Marina Silvestre S.A., se encuentra inscrito y autorizado como sitio de manejo categoría zoológico con fines comercial, mediante resolución de permiso N° SINAC-ACAHN-SCH-089-2022, del 20 de junio del 2022. Al ser un sitio de manejo con categoría de zoológico, mantiene bajo custodia animales que por sus antecedentes de salud y conductuales, no pueden ser rehabilitados y liberados, ya que se ha determinado que se arriesgaría su supervivencia. De los hechos probados, así como del informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, se verifica que, con motivo de la supervisión que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación ejerce sobre el funcionamiento y manejo del zoológico desde antes de la interposición del recurso de amparo, al renovarse el permiso del establecimiento en el 2022, se efectuó un plan de acción 2022-2024, el cual, se encuentra en ejecución y contempla mejoras en la infraestructura para favorecer la protección ambiental. Se constata, además, que la empresa recurrida ha tomado acciones concretas para la protección ambiental; lo anterior, se verifica con acciones de mejora para favorecer la protección ambiental del zoológico, como los espacios asignados para las especies que se encuentra en el lugar. Asimismo, fue recalcado por la bióloga regente y un médico veterinario, quienes velan por las adecuadas condiciones del establecimiento, así como visitas periódicas e inspecciones por parte de los funcionarios del SINAC, específicamente, del Área de Conservación Arenal Huetar Norte, Subregión San Carlos-Los Chiles. A partir de lo anterior, se tiene que las diferentes autoridades ejecutaron las acciones correspondientes y dentro del marco de sus competencias, con el fin de proteger el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

 Por último, debe indicarse que cualquier otra circunstancia relacionada con los intereses de las especies que se encuentran en el Zoológico La Marina, es una cuestión que requiere de un pormenorizado análisis que escapa de un procedimiento sumario como lo es el amparo, además de que ello constituye una cuestión de legalidad que corresponde dilucidarse ante las instancias administrativas y judiciales correspondientes y no ante la sede constitucional, de conformidad con el ordenamiento infraconstitucional vigente para tales efectos (ver sentencia No. 2017001567 de las 10:27 horas del 1 de febrero de 2017). Ergo, se declara sin lugar el recurso.

 VII.- Se advierte a las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Zoológico La Marina, que la importancia de brindar el adecuado seguimiento al plan de acción 2022-2024, con el fin de garantizar su debido cumplimiento.

 VIII.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Con el debido respeto, concuerdo con el voto de mayoría que declara sin lugar el recurso; sin embargo, lo fundamento con las siguientes razones:

La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

 IX.- RAZONES DIFERENTES DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS

En el sub lite, respetuosamente considero que el recurso de amparo debe ser desestimado, pero por razones diferentes a las señaladas por la mayoría de este Tribunal.

En primer término, no se puede soslayar que los recurrentes acuden en directo ante este Tribunal Constitucional para velar por la integridad de unos animales silvestres ‒concretamente felinos‒ que se encuentran en un sitio de manejo categoría zoológico con fines comerciales. Dicho establecimiento cuenta con autorización del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), órgano al que le correspondería velar por el adecuado funcionamiento del centro mencionado. En esa medida, no corresponde que esta Sala asuma directamente las competencias atribuidas a los órganos administrativos competentes que conllevan el deber de garantizar el adecuado funcionamiento del establecimiento comercial y, dentro de ello, por el bienestar de las especies mencionadas. Al no acreditarse en autos una denuncia ante las autoridades competentes, no puede esta Sala asumir el análisis de una supuesta conducta omisiva del SINAC a efecto de que esta autoridad realizara oportunamente las valoraciones y dictara las medidas de corrección que estimara procedentes. 

Al respecto, convendría reiterar que la Sala no es una instancia tramitadora de denuncias capaz de investigar por sí misma y ordenar las medidas técnicas o administrativas que correspondan. En segundo lugar, al no existir una denuncia concreta planteada de forma reciente en que se acusen los problemas directamente cuestionados en esta sede ‒ante una eventual amenaza al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado‒ es imposible atribuir a las autoridades recurridas una omisión ilegítima en atender las competencias legalmente establecidas. Es decir, no es posible atribuirles, sobre el particular, una conducta omisa ilegítima, toda vez que las situaciones no han sido puestas en conocimiento de las autoridades citadas con el fin de que pongan en ejercicio sus atribuciones e investiguen con detalle lo denunciado. Este es un primer motivo para rechazar este recurso de amparo.

En segundo lugar, no se puede obviar que el resultando primero de la resolución de marras dice lo siguiente:

“Comentan que acuden en amparo en favor de cuatro felinas, conocidas como "cau-cel titi", "tigrilla", "marta" y "puma nito", además de un manigordo, quien no posee un nombre, los cuales, son sujetos sintientes no humanos y con derechos”.

 

Es decir, la parte recurrente pretende la protección de los derechos fundamentales de cuatro felinas concretas. Respecto de lo anterior, me corresponde atenerme al precedente más reciente de la Sala sobre el particular, en el sentido de que si bien el ser humano tiene un deber moral de respeto y cuidado por los animales, no hay un correlativo derecho fundamental de los animales tutelable en un recurso de amparo. En la sentencia n.°2023-014630, esta Sala, por mayoría advirtió lo siguiente:

“I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente reclama que la recurrida quiere aplicarle la eutanasia a la perrita Carmela, pese a que su representada tiene la disposición de recibirla y brindarle la atención respectiva. Solicita la intervención de la Sala para que se prohíba a la recurrida practicarle la eutanasia a la perrita y que se ordene su traslado a la [Nombre 002].   

 II.- SOBRE EL OBJETO DEL RECURSO DE AMPARO.  El art. 48 de la Constitución Política dispone expresamente que el recurso de amparo es un derecho que tiene toda persona para mantener o restablecer el goce de sus derechos constitucionales y fundamentales. Dice la norma lo siguiente: 

“Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la República. Ambos recursos serán de competencia de la Sala indicada en el artículo 10”. (Lo destacado no corresponde al original).  

 Lo anterior se complementa con lo establecido en el art. 2° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que establece en lo conducente, lo siguiente: 

“Art. 2. Le corresponde específicamente a la jurisdicción constitucional: 

a) Garantizar, mediante los recursos de hábeas corpus y de amparo, los derechos y libertades consagrados por la Constitución Política y los derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional vigente en Costa Rica”. 

Paralelamente, los arts. 1° y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos ordenan lo siguiente:  

“Art. 1.  Obligación de Respetar los Derechos 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los  derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno   ejercicio a toda persona que éste sujeta a su jurisdicción, sin  discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,  opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,  posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 

 

Art. 25. Protección Judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de   sus funciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen: 

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; 

b) a desarrollar las posibilidades del recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”. 

 A la luz del anterior marco normativo resulta evidente que no hay una protección singular de los animales como sujetos de derechos. Es decir, el animal en sí mismo no es titular de derechos fundamentales que correspondan ser discutidos mediante un recurso de amparo.  

 Es verdad que este Tribunal se ha referido, por ejemplo, a la constitucionalidad de la normativa sobre el bienestar de los animales y ha afirmado que la prohibición del maltrato animal tiene asidero constitucional en el ordenamiento costarricense, derivado de los artículos 28 y 50 de la Constitución Política. Además, la Sala ha determinado que los seres humanos no sólo tenemos un deber moral de actuación con respecto a las demás personas, sino también en relación con el entorno natural que nos rodea, lo que incluye a los animales y, en tal sentido, se ha reprochado el maltrato o la crueldad hacia los animales (ver por ejemplo las resoluciones números 2012-004620 y 2016-13553). Incluso, la Sala ha avalado intervenciones de las autoridades administrativas en aras de controlar actividades que puedan afectar a una especie animal y su entorno natural (ver, las sentencias números 2008-005844, 2017-014518 y 2018-005938, entre otras).  

 

Dichos antecedentes confirman que la Sala ha concebido que el bienestar animal o las medidas tendientes a evitar la crueldad animal forman parte de un derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a un deber moral y ético del comportamiento humano, pero no conllevan la consecuencia de amparar directamente al animal como si este fuera titular de derechos en sí mismo.  

 

Debe advertirse, en atención a lo anterior, que si la parte accionante considera que el refugio está operando en condiciones irregulares o existe algún indicio de que estén cometiendo alguna acción de maltrato animal, lo propio es que lo denuncie ante las autoridades competentes para esos efectos y se realicen las investigaciones en las sedes ordinarias.  

 Corolario de las consideraciones realizadas, se impone rechazar de plano este recurso”.  (Lo resaltado en los últimos párrafos no corresponde al original).

 

Lo dicho en el precedente es significativo, pues justamente descarta que esta Sala pueda amparar directamente a los animales como si fueran titulares de derechos fundamentales y que, además, en caso de maltrato animal, lo propio es que las partes accionantes interpongan las correspondientes denuncias ante las autoridades competentes y, solamente en caso de omisión, esta Sala podría calibrar una eventual lesión a los artículos 50 o 89 de la Constitución Política.               

 X.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

 Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las partes recurridas de lo dispuesto en el sétimo considerando de esta sentencia. El Magistrado Salazar Alvarado consigna razones diferentes, al estimar que corresponde a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La magistrada Garro Vargas consigna sus propias razones. Notifíquese.-

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.




Alejandro Delgado F.

	

 

	

Jorge Isaac Solano A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 A0JP2KHOMHK61

EXPEDIENTE N° 23-022854-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 14:28:41.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and fifteen minutes on the eighth of March, two thousand twenty-four.

Amparo action filed by ANGÉLICA GUZMÁN VILLALOBOS, identity card No. 208440018, ELENA ANDRADE MORA, identity card No. 901330931, RACHELL XIMENA HERRERA SOLÍS, identity card 504430968, and YENDRI JOHANNA GAMBOA RODRÍGUEZ, identity card No. 208300701, against the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN and the FUNDACIÓN CENTRO DE RESCATE PARA LA VIDA SILVESTRE LA MARINA.

Whereas:

1.- By written submission received via the Chamber's Online Filing system on September 19, 2023, the petitioners file an amparo action against the Sistema Nacional de Áreas de Conservación and Fundación Centro de Rescate para la Vida Silvestre La Marina. They state that they bring the amparo on behalf of four felines, known as "caucel titi", "tigrilla", "marta", and "puma nito", as well as an ocelot (manigordo), who does not have a name, which are non-human sentient subjects with rights. They affirm that all are located in San Carlos, specifically on a property managed by the Centro de Rescate para Vida Silvestre La Marina. They maintain that for 4 years, these felines have been confined in cages. They state that these enclosures are a reduced, artificial, and undignified space, which has caused the felines to lose the possibility of mobility, as well as the impossibility of reintegration into a natural environment. They add that the foregoing has resulted in the deterioration of their health, since felines require large spaces for proper development and quality of life. Likewise, they add that they have been degraded by the failure to recognize the need for dignified living conditions and to alleviate the fact that they live in captivity. They allege that there is no reason not to immediately transfer them to a dignified refuge or sanctuary, where they can have peace and greater mobility, instead of being trapped in a hostile, totally dehumanized environment, where admission is charged for their exhibition. Furthermore, they claim that there is also no reason to prevent the proper adaptation of the facilities to suit the felines' needs, which in their view would be another possibility or option. They claim that the space where the felines currently live and are maintained is so small that it measures a few square meters, and this is completely irregular for a sentient subject, much less for the species to which they belong, for which they consider it to be a violation of their rights to keep them confined instead of transferring them to a more dignified site with spaciousness and green areas in accordance with the nature of the wild animals they are, for even though they are confined, they do not lose their status as wild animals. They state that the aforementioned felines have not committed any crime or offense, but by being "objectified," they have been confined and kept for exhibition, losing any shred of dignity they might have. They mention that although they arrived there due to a possible accident, this does not justify their not having a dignified, more spacious living space. They argue that our standing is established in that we are acting on behalf of sentient beings who, due to their confinement, are now victims. They note that the felines cannot communicate like us humans, but they live in undignified conditions and do not deserve to be in overcrowded and confined conditions. They maintain that the respondents have the obligation to ensure they are treated with dignity as the sentient beings they are, since they have the right not to be confined in small cells. They reiterate that the felines have lived cloistered with enormous space limitations and have lost the possibility of being reintroduced into our forests for various reasons, both health-related and due to domestication; however, this should not limit the State from being able to ensure they are taken to dignified and more spacious sites, where they can at least walk more than a few meters a day and which are equipped with natural elements that allow them to live in a place more suited to their wild nature. They indicate that it is necessary, based on Article 50 of the Political Constitution, to begin progressively recognizing rights to nature and non-human subjects, who, as sentient beings, live, eat, reproduce, and die, just like us human subjects, and also deserve to live in dignified conditions, even if in confinement. They point out that both the State and public or private entities must ensure the well-being of nature, regardless of the value it holds for human beings. For the foregoing, they assert that regardless of the benefit the center's exhibition of the felines may bring, it is necessary to ensure the well-being of each one. For the reasons stated, they request the intervention of the Chamber in this matter.

2.- By ruling of the Presidency at 11:05 a.m. on September 28, 2023, the proceeding was admitted. A report was requested from the executive director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación -SINAC, and a copy of the complaint was transferred to the president of the Fundación Centro de Rescate para la Vida Silvestre La Marina, regarding the facts alleged by the petitioners.

3.- By written submissions received via the Chamber's Online Filing system on October 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, and 16, all of 2023, Messrs. Álvaro Sagot Rodríguez, Marlon Delgado Morena, Juan Carlos Peralta Víquez, Cinthia Mireya Calderón Solís, Raquel Rojas Sagot, Isela Patricia Ramírez Madrigal, Diana Jossette Rivera Gómez, and Kenneth Mora Salazar, request to be included as active coadjuvants. They request that the 4 felines located at the site in question be transferred to an environment more suited to their nature and not be subjected to exhibition.

4.- By written submission received via email by the Chamber on October 3, 2023, David Chavarría Morales and José Manuel Quirós Rodríguez, in their respective capacities as acting executive director and head of the Área de Conservación Arena Huetar Norte of the Subregión San Carlos-Los Chiles, both of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, report under oath that the site located in La Marina de San Carlos is registered as a management site under the category of a zoo for commercial purposes, by permit resolution No. SINAC-ACAHN-SCH-089-2022, dated June 20, 2022. They specify that the Ley de Conservación para la Vida Silvestre No. 7317, and its amendments, defines a zoo as: “a management site that maintains wildlife in captivity, which may be for commercial or non-commercial purposes, under the direction of a professional body that guarantees wildlife living conditions in an attractive and educational manner for the public. Its main objectives are the conservation, education, research, and exhibition of wild fauna in a scientific manner.” They affirm that these conditions have been met by the corporation Marina Silvestre (permit holder), as it opted to execute an action plan at the La Marina Zoo, with the purpose of improving the captivity conditions of the sheltered species and general management, which includes the sheltered felines, with the support of the supervising biologist (regente) and veterinary advisor. They maintain that the number of felines currently registered in the inventory of specimens at the La Marina Zoo consists of only 4 animals -ocelot (manigordo), margay (caucel), puma (puma), and oncilla (tigrillo)-. They add that regarding the improvements made to the feline enclosures, during the first quarter of 2023, the conditioning work for the new puma enclosure was completed, work that began in the fourth quarter of 2022, moving the animal to an enclosure with dimensions of 9.5 meters wide by 20 meters long (with an exhibition and containment area). They point out that for the other enclosures that house felines (ocelot, margay, and oncilla), after the relocation of the puma to its new enclosure, the space was doubled, because two cages were enabled per animal, meaning each animal went from being in a space of 5 meters by 4 meters to a space of 10 meters by 4 meters, with significant environmental enrichment improvements such as shrubs in the enclosure, sleeping quarters, etc. They elaborate that the 2022-2024 action plan contemplates further enlarging the space, modifying the substrate in one of the modules, and improving the environmental enrichment, together with structural changes, such as replacing mesh and constructing a safety door. They refer that the reports submitted by the professional body of the La Marina Zoo justify that the conditions of the sheltered animals are optimal and that the enclosures where environmental enrichment is most extensively worked on are those for the felines, placing logs and spheres for entertainment. They conclude that the conditions reported in the appeal possibly date from previous years (due to inconsistencies regarding the inventory of specimens and the size of enclosures), but as mentioned, the corporation La Marina Silvestre is executing an improvement or action plan, with monitoring of its execution by the Subregión San Carlos-Los Chiles. They request that the appeal be dismissed.

5.- By written submission received via email by the Chamber on October 4, 2023, Juan José Rojas Alfaro, in his capacity as president of Marina Silvestre Sociedad Anónima, states that regarding the felines alleged, the center or permit holder before the Sistema Nacional de Áreas de Conservacion is Marina Silvestre S.A., with permit No. SINAC-ACAHN-089-2022, and not the foundation previously described in said amparo. He specifies that the Zoológico Comercial La Marina has all its permits up to date, in accordance with the requirements of the Ley de Conservación de Vida Silvestre. He affirms that in addition to the above, the center has an active structural improvement plan, in which substantial improvements have been implemented in all aspects of the center, including the area of the mentioned felines. He maintains that regarding structural improvements in the feline area, new enclosures were constructed, as well as expansions of existing enclosures and improvements to them, under the supervision of a supervising biologist (bióloga regente) and a veterinary doctor, who examine every aspect of them in detail, overseeing at all times the well-being, health, and needs of all the animals that live in the center; likewise, there are periodic visits and inspections by SINAC officials, specifically from the Área de Conservación Arenal Huetar Norte, Subregión San Carlos-Los Chiles, the last one conducted on September 20, 2023. He adds that within the management and structural improvement plan at the center's facilities, which has been carried out since 2022 with the renewal of the corresponding permits, the described improvements include very significant ones in the feline area, some of which have been completed in their entirety since January 2023, such as the construction of a new enclosure for the puma, which has dimensions of 9 meters wide, 20 meters long, and a height ranging from 7.5 meters to 10 meters high. He elaborates that for the smaller felines, the size of the spaces was doubled temporarily, for a period, and by the fourth quarter of 2023, the expansion and construction of new spaces will begin and is expected to be successfully completed, with the proper conditioning in their areas, ranging from substrates, trees, branches, shelters, and water pools, all of these conditions already present in the enclosures where the mentioned animals are located. He refers that the felines are under the care and supervision of specialists, who attest to the described conditions, as well as of the people trained by them for the care of the animals, who daily oversee the feeding, behavior, and other aspects concerning the health and care of the animals. He asserts that the mentioned felines must remain in the center because their physical and psychological capacities, as well as their strong habituation (imprimación) or closeness to the human being with whom they arrived at the center, did not allow them to return to their natural environment at the time. He concludes that the places where they are located in no way impede their mobility, and part of what is done at the center is to provide them with means to play, as well as the use of utensils and prey during their feeding to encourage it.

6.- By written submission received via email by the Chamber on October 5, 2023, Andrea Arce Chinchilla, in her capacity as supervising biologist (bióloga regente) of the La Marina Zoo, states that in her capacity as supervising biologist for the La Marina Zoo, an active management site under resolution No. SINAC-ACAHN-089-2022, she has the duty to supervise and oversee that the conservation and protection tasks for the sheltered wildlife are carried out in accordance with the Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317 and its regulations. She specifies that the welfare standards and biological needs of the animals at the site, including the felines, are fully met. She affirms that the La Marina Zoo is in the process of complying with an infrastructure improvement plan, which is monitored monthly and has been met according to the objectives established under the oversight of SINAC authorities, corresponding to the Área de Conservación Huetar Norte. She maintains that despite the plan being in the execution phase, none of the facilities currently represent any risk to the health or safety of either the animals or the visitors to the site, and priority has been given to improving the spaces designated for the zoo's feline group, so their conditions have improved considerably. She adds that due to her position as supervising biologist, she has public faith (fe pública), and can confirm that the animals undergo constant veterinary check-ups and therefore present excellent health conditions. She points out that the animals are housed in spaces where they have been given appropriate environmental enrichment according to their needs, in addition to having appropriate feeding sites. She indicates that the La Marina Zoo, being a management site under the zoo category, keeps in custody animals that, due to their health and behavioral history, cannot be rehabilitated and released, since it has been determined that their survival would be at risk. She concludes that for this reason, sites like this are of great importance for conservation and environmental education, as well as an important support resource for MINAE-SINAC, in its duty as the protective entity of wildlife in our country.

7.- By written submission received via email by the Chamber on October 5, 2023, Michael Eduardo Arroyo Campos, in his capacity as a veterinary doctor, in charge of the health of the animals at the La Marina Zoo, states. He specifies that the animals present at the center are under constant medical surveillance by himself, as well as by all the workers and administrative staff of the site. He specifies that if any behavior not consistent with their normal behavior is observed or suspected, they are assessed more exhaustively, according to the existing medical protocols. He affirms that given the nature of the mentioned animals (felines), check-ups are done visually, during which patterns such as movement and response to stimuli like lights and sounds, among others, are observed. He maintains that if deemed necessary, full check-ups are performed, in which it is necessary to completely sedate the animal. He adds that these check-ups, as a veterinary doctor, are not recommended for this type of animal, as the animal is placed under stress, and they are only used if completely and strictly necessary. He points out that the allegations made in the appeal are completely false, lack technical and scientific criteria; furthermore, to determine any of the allegations made in the document requires prolonged periods of study and multiple observations, as well as prior knowledge of the animals in question. He elaborates that the felines present at the center have excellent mobility; this has been reviewed and verified on multiple occasions through the use of stimuli such as games and other utensils, especially at feeding time, which is carried out under the supervision of the center's staff, as well as himself, and is done at times when there are no visitors. He refers that the health of the mentioned felines is in perfect condition and within the appropriate parameters for animals of this type and age. He asserts that during the fourth quarter of 2023, it is intended to perform check-ups on the other felines, at the time the moves to the improved enclosures are made. He highlights that complete surveillance of the felines' diet is maintained; this is of vital importance to avoid health disorders in the felines; especially, it is noteworthy that variations are made in their diets and prey in order to maintain optimal health status. He indicates that any change in the management of the felines must be handled very cautiously as they are very susceptible to changes of all kinds, therefore, it is never advisable to make moves unless strictly necessary for this type of animal, as these could trigger deterioration in the animals' health, caused by stress generated during transfers, new environments, smells, sounds, climatic factors, or even routines to which they are not accustomed.

8.- By written submission received via the Chamber's Online Filing system on October 5, 2023, the petitioner, Yendri Johanna Gamboa Rodríguez, indicates that she provides as evidence photographs from September 3, 2023, which show that the felines alleged are in cages among concrete, bars, and mesh, in plain view of all the people who enter the site, which should be a place of peace and tranquility for the wildlife in captivity, but it is not.

9.- By written submission received via email by the Chamber on October 16, 2023, Mr. Álvaro Sagot Rodríguez, rebutted the report made by the respondent authority and the president of the La Marina Zoo.

10.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Delgado Faith; and,

Considering:

I.- Preliminary matter. In this matter, it is important to emphasize that, based on what was argued by the petitioner, and this Chamber's jurisprudential criteria on the subject matter of this amparo, the review of this appeal is focused on concerns regarding the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, in accordance with the content and scope recognized in Article 50 of the Political Constitution.

II.- Regarding amparo against subjects of private law. Article 57 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in creating this process, established several admissibility requirements. In the first place, that private entities or persons "act or must act in the exercise of public functions or powers." If this is not the case, and the subject of private law, de facto or de jure, is in a position of power, the amparo will be admissible, only as a subsidiary remedy to ordinary legislation if two other conditions are met: a) That common jurisdictional remedies are not sufficient; and, b) that common jurisdictional remedies are untimely. In the case under study, Marina Silvestre Sociedad Anónima, could be in a position of power in the face of a possible violation of Article 50 of the Political Constitution, and there are no agile jurisdictional mechanisms to reverse it. Therefore, it is the criterion of this Constitutional Court that we are faced with the situation provided in numeral 57 already cited, and the appeal is admissible (see, in this regard, Ruling of this Chamber No. 2014-008506, from 9:05 a.m., on June 13, 2014).

III.- Regarding the requests for active coadjuvancy. Through written submissions added to the case file on October 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, and 16, all of 2023, Messrs. Álvaro Sagot Rodríguez, Marlon Delgado Morena, Juan Carlos Peralta Víquez, Cinthia Mireya Calderón Solís, Raquel Rojas Sagot, Isela Patricia Ramírez Madrigal, Diana Jossette Rivera Gómez, and Kenneth Mora Salazar, request that the Chamber consider them as active coadjuvants. Coadjuvancy is a form of adhesive intervention that occurs when a person acts in a proceeding adhering to the claims of one of the main parties; consequently, whoever holds a direct interest in the outcome of the appeal is legitimized to act as a coadjuvant, but not being the main party, the coadjuvant will not be directly affected by the judgment; that is, the efficacy of the judgment cannot directly and immediately reach them, nor does the res judicata nature of the ruling affect them, although in amparo matters, the efficacy of the decision may benefit them, due to the "erga omnes" character that the jurisprudence and precedents of the constitutional jurisdiction have (article 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional). In this case, the Chamber proceeds to admit the coadjuvancies presented (under the terms of article 34 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional), as the claims are based on diffuse rights.

IV.- Object of the appeal. The petitioners argue that the conditions of the Centro de Rescate para Vida Silvestre La Marina for housing certain feline species contravene the right to a healthy and ecologically balanced environment, and make their reintegration into a natural environment impossible.

V.- Proven facts. The following facts are deemed duly demonstrated as important for the decision in this matter:

a) La Marina Silvestre S.A. is registered as a management site under the category of a zoo for commercial purposes, by permit resolution No. SINAC-ACAHN-SCH-089-2022, dated June 20, 2022 (see evidence provided in the case file).

b) The La Marina Zoo, being a management site under the zoo category, keeps in custody animals that, due to their health and behavioral history, cannot be rehabilitated and released, since it has been determined that their survival would be at risk (see statements of the supervising biologist of the La Marina Zoo).

c) In the La Marina Zoo, there are 4 felines -ocelot (manigordo), margay (caucel), puma (puma), and oncilla (tigrillo)- (see evidence provided in the case file).

d) In the La Marina Zoo, a 2022-2024 action plan is being carried out, which contemplates improvements in the feline enclosures, which include enlarging the space, modifying the substrate in one of the modules, and improving environmental enrichment, such as structural changes - mesh replacement and construction of a safety door- (see evidence provided in the case file).

e) In the first quarter of 2023, conditioning work was carried out for a new enclosure for the puma, work that began in the fourth quarter of 2022, moving the animal to an enclosure with dimensions of 9 meters wide, 20 meters long, and a height ranging from 7.5 meters to 10 meters high (with an exhibition and containment area). The enclosures that house the ocelot, margay, and oncilla were doubled in size, because two cages were enabled per animal. Each animal is in a space of 10 meters by 4 meters, with significant environmental enrichment improvements such as shrubs in the enclosure and sleeping quarters (see evidence provided in the case file).

f) The La Marina Zoo has a supervising biologist (bióloga regente) and a veterinary doctor, overseeing the well-being, health, and needs of all the animals that live in the center, as well as periodic visits and inspections by SINAC officials, specifically from the Área de Conservación Arenal Huetar Norte, Subregión San Carlos-Los Chiles (see evidence provided in the case file).

g) The animals housed at the La Marina Zoo have spaces in which they have been given appropriate environmental enrichment according to their needs, in addition to having appropriate feeding sites (see statements of the supervising biologist of the La Marina Zoo).

h) The felines present at the center in question possess adequate mobility; their health is in perfect condition and within the appropriate parameters for animals of this type and age (see statements of the establishment's veterinary doctor).

VI.- On the specific case. The Ministerio de Ambiente y Energía, through the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, has, among its functions, the duty to ensure the condition of the zoos under its charge or authorized for the exercise of such activity, taking a series of measures and precautions for the protection of the environment (see resolution 99-5174).

Based on the provisions of Article 50 of the Political Constitution, this Constitutional Court has widely recognized the duty incumbent upon the State to protect the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, whereby the State constitutes the guarantor in the protection and guardianship of the environment and the natural resources belonging to the different natural kingdoms. It is in light of these provisions that the State's responsibility to exercise a tutelary and governing function in this matter arises, as provided by the constitutional norm under comment itself, a function developed by the environmental infralegal regulations. Compliance with this requirement is a fundamental guarantee for the protection of public life and health, such that the violation of these fundamental precepts entails the possibility of injury or endangerment of interests in the short, medium, and long term. The contamination or destruction of the environment is one of the ways through which the integrity of the environment can be broken, with results that could be irreversible or irreparable, imperishable, and cumulative. In view of this, the Costa Rican State is obliged to act to prevent or avoid the commission of acts that harm the environment, and it is under the correlative and equally unavoidable prohibition of fostering its degradation (see ruling No. 2006007998 from 9:01 a.m. on June 2, 2006).

In the sub-examine, both the Sistema Nacional de Áreas de Conservación and Marina Silvestre Sociedad Anónima, the permit holder in charge of the zoo, are aligned with the protection required by the environment, by having a controlled site for environmental protection where it has been sought to ensure that the facilities meet the appropriate conditions for natural development. It is established that the establishment alleged in this amparo, Marina Silvestre S.A., is registered and authorized as a management site under the category of a zoo for commercial purposes, by permit resolution No. SINAC-ACAHN-SCH-089-2022, dated June 20, 2022. Being a management site under the zoo category, it keeps in custody animals that, due to their health and behavioral history, cannot be rehabilitated and released, since it has been determined that their survival would be at risk. From the proven facts, as well as from the report rendered under oath by the respondent authority, it is verified that, due to the supervision that the Sistema Nacional de Áreas de Conservación exercises over the operation and management of the zoo since before the filing of the amparo action, upon renewing the establishment's permit in 2022, a 2022-2024 action plan was executed, which is currently underway and contemplates improvements in infrastructure to favor environmental protection. It is further verified that the respondent company has taken concrete actions for environmental protection; the foregoing is verified by improvement actions to favor the zoo's environmental protection, such as the spaces assigned for the species found at the site. Likewise, it was emphasized by the supervising biologist and a veterinary doctor, who ensure the adequate conditions of the establishment, as well as periodic visits and inspections by SINAC officials, specifically from the Área de Conservación Arenal Huetar Norte, Subregión San Carlos-Los Chiles.

Based on the foregoing, it is evident that the various authorities executed the corresponding actions within the framework of their competencies, in order to protect the right to a healthy and ecologically balanced environment.

Lastly, it should be noted that any other circumstance related to the interests of the species found at La Marina Zoo is a matter requiring a detailed analysis that falls outside the scope of a summary proceeding such as an amparo action. Furthermore, this constitutes a question of legality that must be resolved before the corresponding administrative and judicial instances, not in the constitutional court, in accordance with the infra-constitutional legal framework in force for such purposes (see judgment No. 2017001567 of 10:27 a.m. on February 1, 2017). Ergo, the appeal is declared without merit.

VII.- The authorities of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) and La Marina Zoo are warned of the importance of providing adequate follow-up to the 2022-2024 action plan, in order to guarantee its due compliance.

VIII.- SEPARATE REASONS OF JUDGE SALAZAR ALVARADO. With due respect, I concur with the majority vote declaring the appeal without merit; however, I base my decision on the following reasons:

The protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System, is safeguarded not only in Article 50 of the Political Constitution but also in a series of current laws and executive decrees (regulations), such as the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), Law No. 7554 of October 4, 1995; the Biodiversity Law, Law No. 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law, Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)), to cite just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutionality control from legality control. In this regard, it is the undersigned's criterion that this Chamber, through an amparo action, should only hear a matter alleging a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the issue must be raised and discussed in the legality channel. Therefore, the mere breach of obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is properly heard in the legality channel – administrative or jurisdictional – where, with much greater breadth, the alleged breaches or omissions can be scrutinized. It must be borne in mind that the amparo action is a summary, informal, simple, and rapid process, such that from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its competencies, and processes a procedure, issuing administrative acts, its cognizance falls outside the scope of action of this specialized jurisdiction. Consequently, the review of administrative actions carried out regarding an environmental issue that requires, for its proper assessment, a full evidentiary process is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo process is incompatible with the contrasting or reviewing of technical or legal criteria developed under the protection of current legal or regulatory norms, or with the evacuation of new and greater elements of conviction necessary for the contrasting or reviewing of the criteria already present in the case's administrative file. To do otherwise would transform the amparo into an ordinary, full evidentiary process, thereby denaturing it and rendering nugatory the purposes for which it was designed, causing it to lose its character as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened, in various ways, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its cognizance and scrutiny correspond to the contentious-administrative jurisdiction. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines whether the matter falls under the competency of the legality channel. Consequently, this appeal should have been rejected outright, as its object is a matter proper to be discussed, analyzed, and resolved in the legality channel. However, as this was not done, the appropriate course is to declare it without merit, without making any pronouncement regarding the substance of the matter raised, since it falls to the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the challenged administrative actions and conduct conform or not, in substance, to the precepts of the statutory legal system concerning the protection, guardianship, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

IX.- SEPARATE REASONS OF JUDGE GARRO VARGAS

In the case sub lite, I respectfully consider that the amparo appeal must be dismissed, but for reasons different from those indicated by the majority of this Tribunal.

In the first place, one cannot ignore that the appellants come directly to this Constitutional Tribunal to ensure the integrity of certain wild animals – specifically felines – that are in a management site, category zoo, for commercial purposes. Said establishment has authorization from the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), the body responsible for ensuring the proper functioning of the aforementioned center. To that extent, it is not appropriate for this Chamber to directly assume the competencies attributed to the competent administrative bodies, which entail the duty to guarantee the proper functioning of the commercial establishment and, within that, the welfare of the mentioned species. Since the record does not provide evidence of a complaint filed with the competent authorities, this Chamber cannot assume the analysis of a supposed omission by SINAC, such that this authority could have timely performed assessments and issued the corrective measures it deemed appropriate.

In this regard, it would be worth reiterating that the Chamber is not a complaint-processing instance capable of investigating on its own and ordering the corresponding technical or administrative measures. In second place, without a specific, recently filed complaint alleging the problems directly challenged in this venue – in the face of a potential threat to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment – it is impossible to attribute an illegitimate omission to the respondent authorities in addressing their legally established competencies. That is, it is not possible to attribute to them, on this particular matter, an illegitimate omission, since the situations have not been brought to the attention of the cited authorities so that they might exercise their powers and investigate the complaint in detail. This is a first reason to reject this amparo appeal.

In second place, one cannot overlook that the first operative fact (resultando) of the resolution in question states the following:

“They state that they file this amparo in favor of four female felines, known as 'cau-cel titi', 'tigrilla', 'marta', and 'puma nito', as well as a margay, who does not have a name, which are non-human sentient subjects with rights.”

That is, the appellant party seeks the protection of the fundamental rights of four specific felines. Regarding the above, I must abide by the Chamber's most recent precedent on the matter, in the sense that while human beings have a moral duty of respect and care for animals, there is no correlative fundamental right for animals that can be protected in an amparo appeal. In judgment No. 2023-014630, this Chamber, by majority, stated the following:

“I.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellant claims that the respondent wants to euthanize the dog Carmela, despite the fact that her represented party is willing to receive her and provide the respective care. She requests the Chamber’s intervention to prohibit the respondent from euthanizing the dog and to order her transfer to [Name 002].

II.- ON THE OBJECT OF THE AMPARO APPEAL. Article 48 of the Political Constitution expressly provides that the amparo appeal is a right that every person has to maintain or restore the enjoyment of their constitutional and fundamental rights. The norm states the following:

‘Every person has the right to the habeas corpus remedy to guarantee their personal liberty and integrity, and to the amparo remedy to maintain or restore the enjoyment of the other rights enshrined in this Constitution, as well as those of a fundamental nature established in international human rights instruments, applicable to the Republic. Both remedies shall fall under the jurisdiction of the Chamber indicated in Article 10.’ (Emphasis not in original).

The foregoing is complemented by the provisions of Article 2 of the Constitutional Jurisdiction Law, which establishes, in pertinent part, the following:

‘Art. 2. It specifically corresponds to the constitutional jurisdiction:

a) To guarantee, through the remedies of habeas corpus and amparo, the rights and freedoms enshrined by the Political Constitution and the human rights recognized by the current International Law in Costa Rica.’

Simultaneously, Articles 1 and 25 of the American Convention on Human Rights mandate the following:

‘Art. 1. Obligation to Respect Rights

1. The States Parties to this Convention undertake to respect the rights and freedoms recognized herein and to ensure to all persons subject to their jurisdiction the free and full exercise of those rights and freedoms, without any discrimination for reasons of race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, economic status, birth, or any other social condition.

2. For the purposes of this Convention, person means every human being.

Art. 25. Right to Judicial Protection

1. Everyone has the right to simple and prompt recourse, or any other effective recourse, to a competent court or tribunal for protection against acts that violate his fundamental rights recognized by the constitution or laws of the state concerned or by this Convention, even though such violation may have been committed by persons acting in the course of their official duties.

2. The States Parties undertake:

a) to ensure that any person claiming such remedy shall have his rights determined by the competent authority provided for by the legal system of the state;

b) to develop the possibilities of judicial remedy; and c) to ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted.’

In light of the above regulatory framework, it is evident that there is no singular protection for animals as subjects of rights. That is, the animal itself is not a holder of fundamental rights that can be discussed through an amparo appeal.

It is true that this Tribunal has referred, for example, to the constitutionality of regulations on animal welfare and has affirmed that the prohibition of animal mistreatment has a constitutional basis in the Costa Rican legal system, derived from Articles 28 and 50 of the Political Constitution. Furthermore, the Chamber has determined that human beings not only have a moral duty of conduct towards other people but also in relation to the natural environment that surrounds us, which includes animals, and in that sense, mistreatment or cruelty towards animals has been reproved (see, for example, resolutions numbers 2012-004620 and 2016-13553). Indeed, the Chamber has endorsed interventions by administrative authorities in order to control activities that may affect an animal species and its natural environment (see judgments numbers 2008-005844, 2017-014518 and 2018-005938, among others).

These precedents confirm that the Chamber has conceived that animal welfare, or measures aimed at preventing animal cruelty, form part of a right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as a moral and ethical duty of human behavior, but they do not entail the consequence of directly protecting the animal as if it were a holder of rights in itself.

It must be warned, in view of the foregoing, that if the appellant party considers that the refuge is operating under irregular conditions or there is any indication that they are committing an act of animal mistreatment, the proper course is to report it to the competent authorities for those purposes and for investigations to be carried out in the ordinary venues.

Corollary to the considerations made, it is imperative to reject this appeal outright.’ (The highlighting in the last paragraphs is not in the original).

What was stated in the precedent is significant, as it precisely rules out that this Chamber can directly protect animals as if they were holders of fundamental rights, and that, additionally, in the event of animal mistreatment, the proper course is for the appellant parties to file the corresponding complaints before the competent authorities, and only in the event of an omission could this Chamber gauge a possible injury to Articles 50 or 89 of the Political Constitution.

X.- Documentation provided to the file. The parties are warned that if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Regulation on Electronic Court Records before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The appeal is declared without merit. Let the respondent parties take note of the provisions of the seventh considering clause of this judgment. Judge Salazar Alvarado sets forth separate reasons, considering that it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the challenged administrative actions and conduct conform or not, in substance, to the precepts of the statutory legal system concerning the protection, guardianship, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Judge Garro Vargas sets forth her own reasons. Let this be notified.-

Fernando Castillo V.
Presidente

Fernando Cruz C.

Luis Fdo. Salazar A.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Alejandro Delgado F.

Jorge Isaac Solano A.

Digitally Signed Document
-- Verification code --

A0JP2KHOMHK61
CASE FILE No. 23-022854-0007-CO

Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception for matters of vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 14:28:41.
SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República