Res. 06999-2024 Sala Constitucional — Non-compliance in amparo for right to water and order for immediate complianceIncumplimiento en amparo por derecho al agua y orden de cumplimiento inmediato

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Sala Constitucional

Resolución Nº 06999 - 2024

Fecha de la Resolución: 13 de Marzo del 2024 a las 09:20

Expediente: 17-015023-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 17-015023-0007-CO

Res. Nº 2024006999

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del trece de marzo de dos mil veinticuatro .

 Gestión posterior que se tramita en expediente número 17-015023-0007-CO, interpuesto por RIGOBERTO GERARDO GONZALEZ FERNEY, cédula de identidad 0600980662, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.  

Resultando:

 1.- Mediante escritos presentados ante esta Jurisdicción Constitucional el 21 y 22 de febrero de 2024, la parte recurrente acusa el incumplimiento de la sentencia No. 2018002405 de las 09:15 horas del 16 de febrero de 2018. Adicionalmente, señala que los accionados no han cumplido con el envío de agua para el abastecimiento del sistema provisional de distribución, así como el sedimento que presenta el tanque provisional de almacenamiento.

 2.- Mediante auto de las 17:12 horas del 26 de febrero de 2024, se otorgó audiencia a las autoridades accionadas para que se refieran y aporten las pruebas correspondientes respecto a los hechos y omisiones que se les atribuyen.

 3.- Por escrito presentado el 06 de marzo de 2023, rinden informe bajo juramento ELIECER EDGARDO ROBLES VARGAS, en condición de Director Regional y LIANY ALFARO GARCIA, en condición de Jefe de la oficina de Atención de ASADAS, ambos funcionarios de la Región Chorotega del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y señala que: “(…) PRIMERO: Que mediante la resolución No 2022029704 de las 9:21 hrs del 16 de diciembre de dos mil veintidós, se acoge la gestión de ampliación de plazo por parte de la Sala Constitucional que anteriormente se había solicitado por AyA, con un plazo adicional de doce meses, tal y como consta en el expediente judicial bajo este mismo número de amparo, mediante el cual se indicó que en la comunidad de Berlín, existen alrededor de 30 viviendas, las cuales fueron construidas al margen de la normativa urbanística en materia de construcción y fraccionamiento; cabe resaltar que en la comunidad no existe ente operador autorizado legalmente para la prestación de servicio de agua potable, no obstante, respetuosos de la resolución emitida, se han hecho todos los esfuerzos posibles para atender la orden en el plazo otorgado, lo que ha resultado insuficiente..

SEGUNDO: Que de conformidad al informe técnico No GSP-RCHO-2023-02500, suscrito por el funcionario Alejandro Contreras López, expone el avance y estado del proyecto para el abastecimiento del suministro de agua para las comunidades del Consuelo, Quebrada Grande, Santa Clara, Berlin y Las Lilas, a continuación se detalla lo indicado en el informe

“El abastecimiento de las comunidades del Consuelo, Quebrada Grande, Santa Clara, Berlin y Las Lilas, se incluyó en el Proyecto de Mejoras al sistema de Quebrada Grande, el cual se a venido gestionado entre el Instituto de Acueductos y Alcantarillado (AyA) he INDER.

Primera etapa: Consistirá en la construcción de un tanque almacenamiento en la pare alta del consuelo, construcción de la línea de impulsión y de líneas de distribución que se conectaran a las redes existentes de los sistemas del Consuelo y Quebrada Grande, equipamiento he interconexión de pozo quebrada grande 3.

Estado de Proyecto

Para esta primera etapa y de los compromisos adquiridos, la institución realiza compra de tubería para la dotación de tubería de PVC DE 150 MM, SDR 26 y SDR17, que se utilizara en la construcción de las líneas de impulsión y distribución como parte de la ampliación del Acueducto de Quebrada Grande. La compra se realizo bajo la contratación 2022CD-000006-0021400007, el cual se encuentra ejecutada al 100%, y ya la tubería se encuentra en Manos del INDER.

A la fecha y dentro de los componentes del Proyectos que correspondían al instituto, se cuenta con aprobación de ruptura del derecho de vías por parte de previsión vial del MOPT, los cuales se solicitaron bajo oficio DVOP-DI-DV-PV-2022-642.

Actualmente los planos constructivos de la fase I, se encuentra finalizados y firmados. Como última actividad asignada a AyA para continuar con el trámite de la ejecución de las obras del proyecto descrito, se tiene pendiente el trámite de estudios ambientales. Así las cosas y una vez que se tenga aprobación ambiental, se trasladara dicho insumo al INDER, para que esta institución inicie con los procesos de financiamiento y contratación de las obras necesarias para la ampliación del Acueducto Quebrada Grande en su primera Fase.

Este es un Hito importante del proyecto y se está notificando al INDER sobre este aspecto, para que se proceda de parte de ellos con el proceso de contratación, a partir del primer semestre del año 2024”.

TERCERO: Que conforme lo indicado mediante el informe No.GSP-RCHO-2024-00661 suscrito por Alejandro Contreras, indica se trancribe textualmente:

Tercero: Mediante convenio AyA- INDER, se designan tareas a cada institución y se ha venido trabajando para el logro del objetivo común que conlleva este proyecto, siendo responsabilidad de AyA lo siguiente :

Aumento de oferta Hídrica .

Equipamiento y puesta en marcha de pozo 3

Esta tarea ya fue superada y actualmente el pozo 3 se encuentra operando, por lo tanto ya se tiene, la oferta hídrica necesaria que permitiría la ampliación de la cobertura del Acueducto de Quebrada grande

Tuberías, líneas de conducción y distribución

Tal y como se ha venido informando, actualmente ya se cuenta con la totalidad de la tubería para las obras de las nuevas líneas de conducción y distribución.

Entregables para el proceso de contratación

• Planos

• Viabilidad Ambiental

• Permisos de rompimiento de calles

Planos

Los planos Fueron elaborados por personal operativo de la Región chorotega Permisos de Rompimiento de Calles Mediante resolución DVOP-DI-DV-PV-2022-2460 del departamento de previsión vial del MOPT, ya se cuenta con los permisos de rompimiento de calles aprobados por dicha entidad.

Viabilidad ambiental

Al ser la Dirección Regional Chorotega una dirección de Operación y Mantenimiento de sistemas de acueductos no cuenta con profesionales autorizados para la gestión y regencia ambiental para el proyecto, en razón de lo anterior se solicitó apoyo a la UEN programación y control de AyA y en acuerdo a reunión sostenida , ellos estarían laborando las gestiones correspondiente a la viabilidad ambiental y revisión final de planos ( VLA) según minuta SG-GSP-OS-2023-00065.

CUARTO : Que actualmente AyA se encuentra en la revisión de planos finales y gestión ambiental del proyecto, como parte de los entregables que serán enviados a INDER, para la puesta en marcha del proceso de contratación esto en apego a la Ley de Contratación Pública. Asimismo no se omite en resaltar que el proyecto que se gestiona es una solución integral para Quebrada Grande, y las comunidades de Santa Clara, Berlín, Las Lilas y el Consuelo, mismo que esta para desarrollar en etapas y debe considerarse que estos proyectos de inversión no son a corto plazo por las diferentes etapas de desarrollo del mismo, a la fecha se puede indicar que se realizó equipamiento de Pozo e interconexión al sistema, lo que permite continuar con el desarrollo del proyecto al generarse mayor producción y capacidad hídrica, y mediante LICITACION 2021LN-00027-PRI se procedió a la compra de tubería PVC, por un monto de ¢ 85,150,900.58, por otro lado se realizaron diseños, se gestionó permiso de rompimiento de calles ante el MOP, se inició los trámites de Gestión Ambiental para la Viabilidad, lo que se demuestra que estamos avanzando en el proyecto, ahora bien es importante resaltar que los proyectos planteados son de un alcance integral para las comunidades y no de soluciones individuales. Para el caso del Señor RIGOBERTO GERARDO GONZALEZ FERNEY este se vería beneficiado una ves se materialicen los proyectos ya sea el convenio con INDER o la iniciativa de proyecto de las Lilas, esto por cuanto el inmueble en el cual habita el recurrente específicamente en el sector de Berlín mismo que en la actualidad esta completamente fuera del área de cobertura de AyA, no se cuenta con una solución permanente individual de abastecimiento, la misma se dará una vez que se desarrollen los proyectos mencionados.

QUINTO : Que es importante indicar a esta honorable Sala que la situación de faltante de abastecimiento individual del recurrente no es ocasionada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, si no más bien por el mismo habitante que se asentó al parecer de forma voluntaria en un sector en el cual no existía un operador formal para el servicio de agua y que de acuerdo a los estudios técnicos que se han realizado, el inmueble del recurrente se ubica a 3.3 kilómetros del sistema más cercano administrado por el AyA sector Quebrada Grande y que además, se encuentra fuera de los NIVELES PIEZOMETRICOS, lo que conlleva a que, no se cuenten con las presiones adecuadas para garantizar el servicio, sin obviar que, no existe capacidad hídrica en el sector, es decir, no hay agua ni capacidad hidráulica (no existe infraestructura), lo que actualmente hace imposible la prestación del servicio, la institución solicito a la sala constitucional mediante escrito remitido 21 de diciembre de 2023, una ampliación de plazo de 20 meses, mismo que no fue concedido y que nos tiene en una situación de incumplimiento ante la falta de plazo, pero se reitera que el Instituto a realizado acciones de acuerdo a nuestra competencia y capacidades tanto técnicas como operativas que tal como se ha indicado en los informes remitidos a la Sala hay un avance significativo en el desarrollo del proyecto, pero que las actividades pendientes no están en control de este Instituto. Se debe tener en cuenta que una vez se complete el proceso de viabilidad ambiental y revisión de planos, este proyecto será enviado a INDER para su construcción, por lo que involucra además otra institución y plazos que no están en nuestro control.

SEXTO: Como se deriva de las consideraciones anteriores, este proyecto está siendo coordinado conjuntamente entre AyA y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), por ello hay tareas que le corresponden ejecutar al segundo, considerando lo expuesto en los puntos anteriores, se hace indispensable indicar a la honorable Sala Constitucional la ampliación del plazo otorgado, toda vez que aún y cuando nuestra Institución ha realizado un gran esfuerzo en cumplir con el plazo establecido, lo cierto es que el abastecimiento formal de la comunidad de Berlín debe realizarse como parte de un proyecto integral de mejoras; es decir, que las mejoras buscan no solo garantizar el abastecimiento de Berlín, sino de otras comunidades como el Consuelo, Quebrada Grande, Santa Clara, Berlin y Las Lilas. Teniendo claro que lo que se busca el bienestar general (público) de la población y no solamente el del señor Gonzalez Ferney, pues por tratarse de un proyecto de alta complejidad y por así requerirlo el proyecto integral para el abastecimiento de las comunidades supra indicadas, y conforme el informe técnico de previa cita, por lo que solicitamos formalmente ante esta respetable Sala Constitucional, se otorgue a AyA una ampliación del plazo conferido en la última resolución, No 2022029704 de las 9:21 hrs del 16 de diciembre de dos mil veintidós para que se amplíe hasta 20 meses, toda vez que tal y como se indica en líneas anteriores, no encontramos en avance significativo por lo que se estima que para año 2025, se podrá contar con la finalización de las obras.”

4.- En este proceso se han cumplido las prescripciones de ley.

 Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

 Considerando:

 I.- Mediante escritos presentados ante esta Jurisdicción Constitucional el 21 y 22 de febrero de 2024, el recurrente acusa, la desobediencia a lo ordenado por esta Sala en la sentencia No. 2018002405 de las 09:15 horas del 16 de febrero de 2018, así como, en la resolución 2019-006706 de las 09:15 hora del 23 de abril de 2019, toda vez que en esa sentencia se ordenó a las autoridades accionadas su deber de asegurar que el recurrente tenga disponibilidad de agua de manera continua a través de los medios temporales que se han dispuesto.

 II.- Mediante resolución No. 2022029704 de las 09:21 del 16 de diciembre de 2022, este Tribunal dispuso en lo que interesa lo siguiente: “(…) atendiendo a las razones fundamentadas por los accionados y considerando que la primera fase del proyecto está finalizada y, para el siguiente año, la segunda fase permitiría la prestación del servicio de agua al recurrente y a las comunidades indicadas, se estima necesario prorrogar nuevamente, y por una última vez, el plazo otorgado en la sentencia dictada dentro de este proceso (2018- 002405 de las 09:15 hrs. del 16 de febrero de 2018), para así lograr el cumplimiento efectivo de lo ordenado en sentencia.

Resulta importante recordar a los accionados que este proceso tiene como objetivo principal la restitución de los derechos fundamentales de las personas, lo que aún no se ha logrado en el caso concreto, y considerando que, para dar cabal cumplimiento de las resoluciones dictadas y de conformidad con lo indicado en los artículos 12 y 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se amplía el plazo para dar cabal cumplimiento de lo ordenado en la sentencia indicada hasta el 30 de diciembre de 2023. A efectos de dar seguimiento de lo ya ordenado dentro de este proceso de amparo, se requiere a la autoridad accionada que rinda un informe trimestral a este Tribunal hasta la conclusión del proyecto. Asimismo, se recuerda a las autoridades recurridas del ICCA su deber de asegurar que el recurrente tenga disponibilidad de agua de manera continua a través de los medios temporales que se han dispuesto.

Finalmente, se apercibe a ELIECER EDGARDO ROBLES VARGAS, en condición de Director Regional y, a LIANY ALFARO GARCIA, en condición de Jefe de la oficina de Atención de ASADAS, ambos funcionarios de la Región Chorotega del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o a quienes ocupen esos cargos que, con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.”

III.- Mediante resolución No. 2024-002987 de las 10:36 del 06 de febrero de 2024, este Tribunal dispuso en lo que interesa lo siguiente: “(…) es claro que las autoridades recurridas no han atendido en forma definitiva lo ordenado por parte de este Tribunal Constitucional pese a que se ha otorgado en varias oportunidades una extensión del plazo inicialmente concedido. Se advierte que su actuación contraviene no solo lo ordenado por parte de esta Sala, sino también los derechos fundamentales del amparado. De igual manera, se valora que en la resolución de 2022029704 de las 09:21 del 16 de diciembre de 2022, ya se había indicado que se extendía el plazo, por una última vez hasta el 30 de diciembre de 2023, así, habiendo transcurrido el plazo indicado, no sería procedente una nueva ampliación de este, por lo que la gestión formulada por parte de las autoridades recurridas debe ser desestimada, no pudiendo otorgarse una nueva ampliación como lo pretenden. Consecuentemente, se rechaza la gestión formulada y se apercibe a ELIECER EDGARDO ROBLES VARGAS, en condición de Director Regional y, a LIANY ALFARO GARCIA, en condición de Jefe de la oficina de Atención de ASADAS, ambos funcionarios de la Región Chorotega del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o a quienes ocupen esos cargos que, con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. De igual manera, se previene a los accionados que, en caso de incumplimiento, se dispondrá lo preceptuado en el ordinal 53 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que establece:

“Artículo 53. Firme la sentencia que declare procedente el amparo, el órgano o servidor responsable del agravio deberá cumplirla sin demora.

Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su firmeza, la Sala se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél.

Al mismo tiempo, mandará abrir proceso contra el culpable o los culpables, y, pasadas otras cuarenta y ocho horas, contra el superior que no hubiere procedido conforme con lo expuesto, salvo cuando se trate de funcionarios que gocen de fuero privilegiado, en cuyo caso se comunicará al Ministerio Público para lo que proceda.”

De lo anteriormente expuesto, es claro que las autoridades recurridas no han atendido en forma definitiva lo ordenado por parte de este Tribunal Constitucional pese a que se ha otorgado en varias oportunidades una extensión del plazo inicialmente concedido. Se advierte que su actuación contraviene no solo lo ordenado por parte de esta Sala, sino también los derechos fundamentales del amparado. De igual manera, se valora que en la resolución de 2022029704 de las 09:21 del 16 de diciembre de 2022, ya se había indicado que se extendía el plazo, por una última vez hasta el 30 de diciembre de 2023, así, habiendo transcurrido dicho plazo, no sería procedente una nueva ampliación de este, por lo que la gestión formulada por parte de las autoridades recurridas debe ser desestimada, no pudiendo otorgarse una nueva ampliación como lo pretenden. En ese sentido, se reitera que, mediante resolución No. 2024002987 de las 10:36 horas del 06 de febrero de 2024, este Tribunal resolvió no otorgar una nueva ampliación del plazo para el cumplimiento de la sentencia.

Finalmente, si bien este Tribunal reconoce la magnitud del proyecto y las obras realizadas hasta el momento, también hace ver a las autoridades accionadas que se encuentran en incumplimiento de una sentencia dictada por este Tribunal, no pudiendo soslayarse el hecho de que esto además vulneran los derechos fundamentales del amparado.

Consecuentemente, corresponde reiterar a los recurrentes lo ordenado por esta Sala en la sentencia No. 2018002405 de las 09:15 horas del 16 de febrero de 2018, así como, en la resolución 2019-006706 de las 09:15 hora del 23 de abril de 2019. Asimismo, se apercibe a ELIECER EDGARDO ROBLES VARGAS, en condición de Director Regional y, a LIANY ALFARO GARCIA, en condición de Jefe de la oficina de Atención de ASADAS, ambos funcionarios de la Región Chorotega del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o a quienes ocupen esos cargos que, con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. De igual manera, se previene a los accionados que, en caso de incumplimiento, se dispondrá lo preceptuado en el ordinal 53 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que establece:

“Artículo 53. Firme la sentencia que declare procedente el amparo, el órgano o servidor responsable del agravio deberá cumplirla sin demora.

Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su firmeza, la Sala se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél.

Al mismo tiempo, mandará abrir proceso contra el culpable o los culpables, y, pasadas otras cuarenta y ocho horas, contra el superior que no hubiere procedido conforme con lo expuesto, salvo cuando se trate de funcionarios que gocen de fuero privilegiado, en cuyo caso se comunicará al Ministerio Público para lo que proceda.”

Así las cosas, se acoge la gestión de incumplimiento acusada por el recurrente, lo anterior de conformidad y con las advertencias que se indican en la parte dispositiva de esta resolución.

 III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se reitera a ELIECER EDGARDO ROBLES VARGAS, en condición de Director Regional y, a LIANY ALFARO GARCIA, en condición de Jefe de la oficina de Atención de ASADAS, ambos funcionarios de la Región Chorotega del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o a quienes ocupen esos cargos, su deber de cumplir, de forma INMEDIATA, lo ordenado en la sentencia 2018-002405 de las 09:15 horas del 16 de febrero de 2018, así como, en la resolución 2019-006706 de las 09:15 hora del 23 de abril de 2019. Asimismo, se lea advierte que, con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. De igual manera, se previene que, transcurridas las cuarenta y ocho horas se dará traslado y ordenará, al superior responsable, para que lo haga cumplir lo ordenado en sentencia y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra los funcionarios remisos a cumplir con las órdenes de este Tribunal. Notifíquese.-

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Alejandro Delgado F.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 UR21438FNBOE61

EXPEDIENTE N° 17-015023-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 14:28:38.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the thirteenth of March of two thousand twenty-four.

Post-judgment proceeding being processed in case file number 17-015023-0007-CO, filed by RIGOBERTO GERARDO GONZALEZ FERNEY, identity card number 0600980662, against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS).

Resultando:

1.- Through briefs filed before this Constitutional Jurisdiction on February 21 and 22, 2024, the petitioner alleges non-compliance with judgment No. 2018002405 of 09:15 hours on February 16, 2018. Additionally, he indicates that the respondents have not complied with the delivery of water for the supply of the provisional distribution system, nor addressed the sediment present in the provisional storage tank.

2.- By order of 17:12 hours on February 26, 2024, a hearing was granted to the respondent authorities so that they could address and provide the corresponding evidence regarding the acts and omissions attributed to them.

3.- Through a brief filed on March 6, 2023, ELIECER EDGARDO ROBLES VARGAS, in his capacity as Regional Director, and LIANY ALFARO GARCIA, in her capacity as Head of the ASADAS (Administrative Associations of Communal Aqueduct and Sewer Systems) Support Office, both officials of the Chorotega Region of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, submit a report under oath and state: "(...) FIRST: That by resolution No. 2022029704 of 9:21 hrs on December 16, two thousand twenty-two, the request for an extension of time by the Constitutional Chamber, previously sought by AyA, was granted, with an additional period of twelve months, as recorded in the judicial file under this same amparo (constitutional appeal) number, through which it was indicated that in the community of Berlín, there are approximately 30 dwellings, which were built outside the urban planning regulations regarding construction and subdivision (fraccionamiento); it should be noted that in the community there is no legally authorized operating entity for the provision of drinking water service; however, respectful of the issued resolution, every possible effort has been made to attend to the order within the granted period, which has proven insufficient.

SECOND: That in accordance with technical report No. GSP-RCHO-2023-02500, signed by official Alejandro Contreras López, the progress and status of the project for the water supply for the communities of El Consuelo, Quebrada Grande, Santa Clara, Berlín, and Las Lilas are set forth; the details indicated in the report are transcribed below:

'The supply for the communities of El Consuelo, Quebrada Grande, Santa Clara, Berlín, and Las Lilas was included in the Quebrada Grande System Improvement Project, which has been managed jointly between the Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) and INDER.

First stage: Will consist of the construction of a storage tank in the upper part of El Consuelo, construction of the pumping line and distribution lines that will connect to the existing networks of the El Consuelo and Quebrada Grande systems, equipping and interconnection of Quebrada Grande well 3.

Project Status

For this first stage and the commitments undertaken, the institution is purchasing pipe for the provision of 150 MM PVC pipe, SDR 26 and SDR17, to be used in the construction of the pumping and distribution lines as part of the expansion of the Quebrada Grande Aqueduct. The purchase was made under procurement 2022CD-000006-0021400007, which is 100% executed, and the pipe is already in the hands of INDER.

To date, and within the project components that corresponded to the institute, approval for the right-of-way breaks has been obtained from the MOPT's Road Prevision department, which were requested under official letter DVOP-DI-DV-PV-2022-642.

Currently, the construction plans for Phase I are finalized and signed. As the last activity assigned to AyA to continue with the execution procedure for the described project works, the environmental studies (estudios ambientales) process is pending. Therefore, once environmental approval is obtained, this input will be transferred to INDER so that this institution can begin the financing and contracting processes for the necessary works for the first Phase expansion of the Quebrada Grande Aqueduct.

This is an important project milestone, and INDER is being notified of this aspect so that they can proceed with the contracting process starting from the first half of 2024.'

THIRD: That as indicated in report No. GSP-RCHO-2024-00661 signed by Alejandro Contreras, it is transcribed literally:

Third: Through the AyA-INDER agreement, tasks are designated to each institution and work has been ongoing to achieve the common goal that this project entails, with AyA being responsible for the following:

Increase in water supply.

Equipping and commissioning of well 3.

This task has already been completed, and currently well 3 is operating. Therefore, the necessary water supply is already available to allow for the expansion of the coverage of the Quebrada Grande Aqueduct.

Pipes, conveyance and distribution lines.

As has been reported, the entire quantity of pipe for the new conveyance and distribution line works is already available.

Deliverables for the contracting process

• Plans

• Environmental Feasibility (Viabilidad Ambiental)

• Street-breaking permits

Plans

The plans were prepared by operational staff of the Chorotega Region. Street-Breaking Permits: By resolution DVOP-DI-DV-PV-2022-2460 from the Road Prevision department of MOPT, the street-breaking permits approved by said entity are already in hand.

Environmental feasibility

Since the Chorotega Regional Directorate is an Aqueduct System Operation and Maintenance directorate, it does not have authorized professionals for environmental management and oversight (gestión y regencia ambiental) for the project. Consequently, support was requested from AyA's UEN Programming and Control, and according to a meeting held, they would be working on the procedures corresponding to the environmental feasibility and final plan review (VLA), per minute SG-GSP-OS-2023-00065.

FOURTH: That AyA is currently in the final plan review and environmental management stage of the project, as part of the deliverables to be sent to INDER for the start-up of the contracting process, in accordance with the Public Procurement Law. Likewise, it must be emphasized that the project being managed is an integral solution for Quebrada Grande and the communities of Santa Clara, Berlín, Las Lilas, and El Consuelo, which is to be developed in stages, and it must be considered that these investment projects are not short-term due to their different development stages. To date, it can be indicated that the Well equipping and interconnection to the system has been completed, which allows the project development to continue by generating greater production and water capacity. Through BID 2021LN-00027-PRI, the purchase of PVC pipe was made for an amount of ¢85,150,900.58. On the other hand, designs were completed, the street-breaking permit was obtained from MOPT, and Environmental Management procedures for Feasibility were initiated, demonstrating that we are advancing on the project. However, it is important to highlight that the proposed projects are of an integral scope for the communities and not individual solutions. In the case of Mr. RIGOBERTO GERARDO GONZALEZ FERNEY, he would benefit once the projects materialize, whether it be the agreement with INDER or the Las Lilas project initiative. This is because the property where the petitioner lives is specifically in the Berlín sector, which is currently completely outside the AyA coverage area, and there is no permanent individual supply solution; this will be provided once the mentioned projects are developed.

FIFTH: That it is important to indicate to this honorable Chamber that the situation of lack of individual supply for the petitioner is not caused by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, but rather by the resident himself, who apparently settled voluntarily in a sector where there was no formal operator for water service, and that according to the technical studies that have been conducted, the petitioner's property is located 3.3 kilometers from the nearest system administered by AyA, in the Quebrada Grande sector, and furthermore, it is outside the PIEZOMETRIC LEVELS (NIVELES PIEZOMÉTRICOS), which means that there are not adequate pressures to guarantee service, without ignoring that there is no water capacity in the sector, that is, there is no water and no hydraulic capacity (no infrastructure exists), which currently makes service provision impossible. The institution requested from the Constitutional Chamber, through a brief submitted on December 21, 2023, a 20-month extension of time, which was not granted and places us in a state of non-compliance due to the lack of time. However, it is reiterated that the Institute has taken actions according to our competence and both technical and operational capacities, and as indicated in the reports sent to the Chamber, there is significant progress in the development of the project, but the pending activities are not within the control of this Institute. It must be taken into account that once the environmental feasibility and plan review process is completed, this project will be sent to INDER for construction, therefore involving another institution and timelines that are not within our control.

SIXTH: As derived from the preceding considerations, this project is being jointly coordinated between AyA and the Institute of Rural Development (INDER), therefore, there are tasks that the latter must execute. Considering what was set forth in the previous points, it is essential to indicate to the honorable Constitutional Chamber the need for an extension of the granted period, since even though our Institution has made a great effort to meet the established deadline, the truth is that the formal supply for the community of Berlín must be carried out as part of an integral improvement project; that is, the improvements seek not only to guarantee the supply to Berlín, but also to other communities such as El Consuelo, Quebrada Grande, Santa Clara, Berlín, and Las Lilas. Bearing in mind that what is sought is the general (public) welfare of the population and not only that of Mr. González Ferney, as it is a highly complex project and as required by the integral project for the supply of the aforementioned communities, and according to the previously cited technical report, we formally request before this respectable Constitutional Chamber that AyA be granted an extension of the period conferred in the last resolution, No. 2022029704 of 9:21 hrs on December 16, two thousand twenty-two, for it to be extended up to 20 months, since, as indicated in the preceding lines, we are seeing significant progress and therefore it is estimated that by the year 2025, the completion of the works will be achieved."

4.- The legal requirements have been met in this proceeding.

Drafted by Judge Cruz Castro; and,

Considerando:

I.- Through briefs filed before this Constitutional Jurisdiction on February 21 and 22, 2024, the petitioner alleges disobedience of what was ordered by this Chamber in judgment No. 2018002405 of 09:15 hours on February 16, 2018, as well as in resolution 2019-006706 of 09:15 hours on April 23, 2019, since that judgment ordered the respondent authorities their duty to ensure that the petitioner has continuous water availability through the temporary means that have been established.

II.- By resolution No. 2022029704 of 09:21 on December 16, 2022, this Court decided, in pertinent part, the following: "(...) in view of the reasons substantiated by the respondents and considering that the first phase of the project is finished and that, for the following year, the second phase would allow the provision of water service to the petitioner and the indicated communities, it is deemed necessary to extend again, and for a final time, the period granted in the judgment issued within this proceeding (2018-002405 of 09:15 hrs. on February 16, 2018), in order to achieve effective compliance with what was ordered in the judgment.

It is important to remind the respondents that the main objective of this proceeding is the restitution of the fundamental rights of individuals, which has not yet been achieved in the specific case, and considering that, to provide full compliance with the resolutions issued and in accordance with the provisions of articles 12 and 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the period for full compliance with the indicated judgment is extended until December 30, 2023. For the purpose of monitoring what was already ordered within this amparo proceeding, the respondent authority is required to submit a quarterly report to this Tribunal until the project's conclusion. Likewise, the respondent authorities of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA) are reminded of their duty to ensure that the petitioner has continuous water availability through the temporary means that have been established.

Finally, ELIECER EDGARDO ROBLES VARGAS, in his capacity as Regional Director, and LIANY ALFARO GARCIA, in her capacity as Head of the ASADAS Support Office, both officials of the Chorotega Region of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever holds those positions, are warned that, based on the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on whoever receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished."

III.- By resolution No. 2024-002987 of 10:36 on February 6, 2024, this Court decided, in pertinent part, the following: "(...) it is clear that the respondent authorities have not definitively complied with what was ordered by this Constitutional Court, despite the fact that an extension of the initially granted period has been provided on several occasions. It is warned that their conduct contravenes not only what was ordered by this Chamber, but also the fundamental rights of the protected party. Likewise, it is assessed that in resolution 2022029704 of 09:21 on December 16, 2022, it had already been indicated that the period was being extended, for a final time, until December 30, 2023. Thus, having elapsed said period, a new extension thereof would not be appropriate, and therefore, the petition filed by the respondent authorities must be dismissed, and a new extension cannot be granted as they intend. Consequently, the filed petition is rejected, and ELIECER EDGARDO ROBLES VARGAS, in his capacity as Regional Director, and LIANY ALFARO GARCIA, in her capacity as Head of the ASADAS Support Office, both officials of the Chorotega Region of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever holds those positions, are warned that, based on the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on whoever receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished. Similarly, the respondents are warned that, in case of non-compliance, the provisions of article 53 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional will apply, which establishes:

"Article 53. Once the judgment declaring the amparo admissible is final, the organ or official responsible for the grievance must comply with it without delay.

If it is not done within forty-eight hours following its finality, the Chamber shall address the superior of the responsible party and require them to enforce it and to open the corresponding disciplinary proceeding against the former.

At the same time, it shall order proceedings to be initiated against the guilty party or parties, and, after another forty-eight hours have elapsed, against the superior who has not proceeded in accordance with the foregoing, except when it involves officials who enjoy special immunity (fuero privilegiado), in which case the Public Prosecutor's Office will be notified to proceed as appropriate."

Based on the foregoing, it is clear that the respondent authorities have not definitively complied with what was ordered by this Constitutional Court, despite the fact that an extension of the initially granted period has been provided on several occasions. It is warned that their conduct contravenes not only what was ordered by this Chamber, but also the fundamental rights of the protected party. Likewise, it is assessed that in resolution 2022029704 of 09:21 on December 16, 2022, it had already been indicated that the period was being extended, for a final time, until December 30, 2023. Thus, having elapsed said period, a new extension thereof would not be appropriate, and therefore, the petition filed by the respondent authorities must be dismissed, and a new extension cannot be granted as they intend. In that regard, it is reiterated that, by resolution No. 2024002987 of 10:36 hours on February 6, 2024, this Court decided not to grant a new extension of the period for compliance with the judgment.

Finally, while this Court recognizes the magnitude of the project and the works carried out to date, it also makes the respondent authorities aware that they are in non-compliance with a judgment issued by this Court, and the fact that this also violates the fundamental rights of the protected party cannot be overlooked.

Consequently, it is appropriate to reiterate to the respondents what was ordered by this Chamber in judgment No. 2018002405 of 09:15 hours on February 16, 2018, as well as in resolution 2019-006706 of 09:15 hours on April 23, 2019. Likewise, ELIECER EDGARDO ROBLES VARGAS, in his capacity as Regional Director, and LIANY ALFARO GARCIA, in her capacity as Head of the ASADAS Support Office, both officials of the Chorotega Region of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever holds those positions, are warned that, based on the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on whoever receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished. Similarly, the respondents are warned that, in case of non-compliance, the provisions of article 53 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional will apply, which establishes:

"Article 53. Once the judgment declaring the amparo admissible is final, the organ or official responsible for the grievance must comply with it without delay.

If it is not done within forty-eight hours following its finality, the Chamber shall address the superior of the responsible party and require them to enforce it and to open the corresponding disciplinary proceeding against the former.

At the same time, it shall order proceedings to be initiated against the guilty party or parties, and, after another forty-eight hours have elapsed, against the superior who has not proceeded in accordance with the foregoing, except when it involves officials who enjoy special immunity (fuero privilegiado), in which case the Public Prosecutor's Office will be notified to proceed as appropriate."

Thus, the non-compliance petition alleged by the petitioner is accepted, in accordance with and subject to the warnings indicated in the dispositiva (operative part) of this resolution.

III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (Regulation on Electronic File before the Judiciary), approved by the Corte Plena (Full Court) in session No. 27-11 on August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 on January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial (Superior Council of the Judiciary) in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

POR TANTO:

It is reiterated to ELIECER EDGARDO ROBLES VARGAS, in his capacity as Regional Director, and to LIANY ALFARO GARCIA, in her capacity as Head of the ASADAS Support Office, both officials of the Chorotega Region of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever holds those positions, their duty to IMMEDIATELY comply with what was ordered in judgment 2018-002405 of 09:15 hours on February 16, 2018, as well as in resolution 2019-006706 of 09:15 hours on April 23, 2019. Likewise, they are warned that, based on the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on whoever receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished. Similarly, they are warned that, after forty-eight hours have elapsed, it will be referred and ordered to the responsible superior to enforce what was ordered in the judgment and to open the corresponding disciplinary proceeding against the officials who are remiss in complying with the orders of this Tribunal. Notify.-

Fernando Castillo V.
President

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Alejandro Delgado F.

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