Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)VII.- SOBRE LAS ACTUACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD. [...] Así, según lo informado bajo juramento por la autoridad sanitaria, el recurrente no ha cumplido con los criterios de admisibilidad mínimos que ha establecido el Ministerio de Salud, para la recepción de la denuncia por contaminación sónica, los cuales resultan relevantes para la recopilación de información tendiente a atender la problemática denunciada. En todo caso, según se extrae de los autos, se plantearon dos denuncias por los mismos hechos -por parte de personas ajenas a este proceso-, las cuales han sido atendidas por el Ministerio de Salud. En consecuencia, en situaciones como la expuesta, lo procedente es que la parte amparada acuda ante la autoridad recurrida a plantear el reclamo aludido, a fin de que se tomen las medidas pertinentes para solucionar el problema denunciado. Lo anterior, sin demérito de que la parte recurrente acuda a la vía constitucional, luego de que transcurriere un plazo irrazonable sin un actuar efectivo de las autoridades competentes, y siempre que hubiere amenaza o lesión a un derecho fundamental. Por lo expuesto, el presente recurso debe ser desestimado, como en efecto se dispone.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso.
English (translation)VII.- ON THE ACTIONS OF THE MINISTRY OF HEALTH. [...] Thus, as sworn by the health authority, the complainant has not met the minimum admissibility criteria established by the Ministry of Health for receiving noise pollution complaints, which are relevant for gathering information to address the reported problem. In any case, as derived from the record, two complaints about the same facts—by persons unrelated to this proceeding—have been filed and addressed by the Ministry of Health. Consequently, in such situations, the appropriate course is for the petitioner to approach the respondent authority to lodge the aforementioned claim, so that the relevant measures may be taken to resolve the reported issue. This is without prejudice to the petitioner’s right to seek constitutional relief after an unreasonable delay without effective action by the competent authorities, and provided there is a threat or violation of a fundamental right. For these reasons, this amparo should be dismissed, as is hereby ordered.
THEREFORE:
The amparo is dismissed.
Dismissed
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 07066 - 2024 Fecha de la Resolución: 15 de Marzo del 2024 a las 09:20 Expediente: 23-018390-0007-CO Redactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 23-018390-0007-CO Res. Nº 2024007066 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del quince de marzo de dos mil veinticuatro . Recurso de amparo que se tramita bajo el expediente N° 23-018390-0007-CO, interpuesto por JORGE JAFET MONTENEGRO CASTILLO, cédula de identidad 0111070856, contra la MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN Y EL MINISTERIO DE SALUD. RESULTANDO: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 07:53 horas del 03 de agosto de 2023, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Pérez Zeledón y el Ministerio de Salud, y manifiesta que el 31 de octubre del 2022, a las 11:59 horas, envió una denuncia al Ministerio de Salud, mediante un archivo denominado "DENUNCIA EL RANCHO MS.pdf", contra un establecimiento comercial por contaminación sónica durante todo el día. Indica que el documento fue enviado al correo oficial de la entidad para tales fines, sea [email protected]. Agrega que la denuncia, en lo medular, indicaba: "solicito de la forma más atenta, se sirva efectuar inspección en el Bar el Rancho que cuenta con la patente municipal 33393 y permiso sanitario de funcionamiento RB-ARS-PZ-0058--2022 , lo anterior debido a que, tal y como fue evidenciado con fecha 30 de septiembre del 2022, mediante acta de inspección 1085-22-SPL-06, donde se logró detectar que el local no respeta los niveles en el volumen permitidos, situación que a la fecha, desde la apertura de dicho local, en forma diaria no se cumple y, desde las 20 horas y hasta las 2:30 am del día siguiente, es común y reiterativo el uso de música a alto volumen, karaoke a alto volumen, gritos, conciertos, personas en evidente y excesivo estado de ebriedad alterando el orden público y todo tipo de actividad que genera ruido, por lo cual, solicito de la forma más atenta, inspeccionar regularmente el sitio a efectos que se evite estas conductas, ello debido a que en la zona afectada, habitan adultos mayores que se les perturba el sueño y tienen diversos padecimientos médicos. Aunado a lo anterior, la medición sónica se puede efectuar cita 75m sur de la plaza de deportes de quebradas como primer punto y un segundo punto 75m sur y 125 oeste de la plaza de quebradas, calle doña lia", y aportó el correo [email protected] para efectos de notificaciones. Por otro lado, el 31 de octubre de 2022, a las 08:03 horas, presentó denuncia ante la Municipalidad de Pérez Zeledón, mediante un archivo denominado "DENUNCIA EL RANCHO.pdf", contra un establecimiento comercial por contaminación sónica durante todo el día. Añade que el documento fue remitido al correo oficial de la Alcaldía, habilitado para tales fines, sea [email protected]. Indica que en esa misiva se indicó: "solicito de la forma más atenta, se sirva efectuar inspección en el Bar el Rancho que cuenta con la patente 33393, lo anterior debido a que, tal y como fue evidenciado con fecha 30 de septiembre del 2022, mediante acta de inspección 1085-22-SPL-06, donde se logró detectar que el local no respeta los niveles en el volumen permitidos, situación que a la fecha, desde la apertura de dicho local, en forma diaria no se cumple y, desde las 20 horas y hasta las 2:30 am del día siguiente, es común y reiterativo el uso de música a alto volumen, karaoke a alto volumen, gritos, conciertos, personas en evidente y excesivo estado de ebriedad alterando el orden público y todo tipo de actividad que genera ruido, por lo cual, solicito de la forma más atenta, inspeccionar regularmente el sitio a efectos que se evite estas conductas, ello debido a que en la zona afectada, habitan adultos mayores que se les perturba el sueño y tienen diversos padecimientos médicos. Aunado a lo anterior, debido a lo indicado mediante acta de inspección 1085-22-SPL-06 en la cual se constató un primer incumplimiento evidente y certificado, solicito se aplique la sanción económica y administrativa correspondiente de conformidad con lo resuelto mediante resolución RES-1038-22-SPL". Lo anterior a efectos que, de conformidad con la Ley N°8220 y su reglamento, así como el principio de coordinación institucional, efectuaran las diligencias conjuntas con el Ministerio de Salud para dar solución a la problemática sonora denunciada. Reclama que a pesar del tiempo transcurrido, a la fecha de interposición de este recurso, no se le ha notificado ni respondido nada sobre sus gestiones, lo que estima violatorio de sus derechos fundamentales. 2.- Mediante resolución de las 15:59 horas del 04 de agosto de 2023, se dio curso al presente asunto y se concedió audiencia al Alcalde Municipal de Pérez Zeledón, así como al Director del Área Rectora de Salud de Pérez Zeledón, sobre los hechos alegados por la parte recurrente. 3.- Informa bajo juramento Jeffry Montoya Rodríguez, en su condición de Alcalde Municipal de Pérez Zeledón, que el centro comercial denominado “El Rancho”, poseía adjudicada, desde el 27 de septiembre de 2022, la licencia N° 33393 para la actividad de restaurante con expendio de bebidas con contenido Alcohólico (licencia tipo C), por lo que Grupo Homafa Pérez Zeledón S.R.L, que figuró como licenciatario, estuvo debidamente autorizado para la explotación de esa actividad en ese local comercial hasta el 24 de mayo de 2023, fecha en la cual se hizo efectiva la renuncia a la licencia comercial. Añade que, con ocasión a la denuncia presentada por el recurrente, se realizaron inspecciones los días 26 de septiembre y 01 de noviembre; ambas fechas de 2022, donde se corroboró que el local reunía los permisos requeridos para su funcionamiento. Señala que, recibida la denuncia del amparado, se dio el seguimiento correspondiente a través del Subproceso de Licencias y Patentes. Dichas actuaciones fueron informadas por medio del documento N°OFI-2496-22-DAM de fecha 09 de noviembre de 2022. Por lo expuesto, solicita se declare sin lugar el recurso. 4.- Informa bajo juramento Gustavo Rodríguez Herrera, en su condición de Director del Área Rectora de Salud de Pérez Zeledón, que: “Tal y como consta en el expediente administrativo, a las 12:00 horas del 31 de octubre de 2022 se recibió en el buzón del correo electrónico [email protected] un escrito firmado por el señor Jafet Montenegro Castillo, el cual, en resumen señala: “solicito efectuar inspección en Bar el Rancho debido a que, según el acta de inspección 1085-22-SPL-06, se logró detectar que el local no respeta los niveles en el volumen permitidos, situación que desde la apertura de dicho local, en forma diaria no cumple, desde las 20 horas y hasta las 2:30 am del día siguiente, es común y reiterativo el uso de música a alto volumen, Karaoke a alto volumen, gritos, conciertos, personas en evidente estado de ebriedad, y todo tipo de actividad que genera ruido, por lo cual solicito de la manera más atenta, inspeccionar regularmente el sitio a efectos de que se evite estas conductas” (sic). En atención al correo electrónico referido, el mismo 31 de octubre de 2022 a las 20:34 horas respondo a la dirección [email protected], le informé que de la revisión realizada al expediente, el establecimiento únicamente cuenta con Permiso Sanitario de Funcionamiento para venta de alimentos y bebidas; asimismo le comuniqué que a ese local ya se le había realizado una inspección en horario diurno; le informé que el número de acta que indica en el escrito corresponde a un acta de la Municipalidad y que no era correcto afirmar que ya se determinó que el local no respeta los niveles de ruido permitidos pues esto es competencia del Ministerio de Salud y se establece siguiendo el procedimiento para la Medición de Ruido y el Reglamento para el Control de la Contaminación por ruido. Finalmente en mi correo le informé que para presentar una denuncia en el Ministerio de Salud, la misma debía cumplir con los criterios de admisibilidad establecidos por el protocolo RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y TRASLADO DE DENUNCIAS MS.NI.SLA.07.P.06, y que según dicho protocolo, toda denuncia debe presentarse en el Formulario Unificado y adjuntar el anexo que corresponda. Así mismo, le indico la dirección en la página oficial del Ministerio de Salud y los enlaces donde puede encontrar y descargar los documentos, pero además adjunto a mi correo dichos formularios para mayor facilidad y le explico las tres formas en que puede presentar la denuncia (por correo electrónico, personalmente en el Área Rectora o por medio de un tercero). Es decir le facilité toda la información correspondiente para la correcta presentación y formalización de una denuncia según el protocolo institucional. En fecha 07 de noviembre de 2022 y en respuesta a mi correo, el recurrente me indica que “siendo que el correo que antecede se citó por su parte que, “ya se realizó una inspección en el horario diurno”, solicito copia de la misma. En lo relacionado a lo anterior, el documento aportado por parde del suscrito, contiene los datos solicitados y necesarios por Ley y Reglamento y, de conformidad con la Ley 8220, si la denuncia cumple con los requisitos necesarios, los formularios son meras formalidades y debe este Ministerio dar trámite a la denuncia, para lo cual, no omito manifestarle que ostentan plazo hasta el 14 del presente mes, bajo la advertencia que se accionará conforme a derecho corresponda” (sic). En respuesta a este correo electrónico, el mismo 07 de noviembre de 2022 a las 12:27 horas le adjunté copia del informe MS-DRRSBRU-DARS-PZ-IT-1776-2022, relacionado con visita de inspección realizada el 17 de octubre de 2022, le informé nuevamente que el establecimiento cuenta únicamente con Permiso para venta de alimentos y bebidas y que no tiene autorizado ningún tipo de actividad productora de ruido, finalmente le insisto en la presentación de la denuncia en los formularios correspondientes a fin de conformar el expediente y programar una posible medición sónica para lo cual nuevamente adjunté los formularios oficializados por la institución. La formalización de la denuncia es muy importante porque se debe coordinar con la persona afectada para realizar la medición en el inmueble que éste habite y que esté siendo afectado por el supuesto ruido, de acuerdo con el procedimiento establecido para la Medición de Ruido en el Reglamento para el Control de la Contaminación por ruido por Decreto Ejecutivo. En razón de lo expuesto, no es cierto lo señalado por el recurrente en que a pesar del tiempo trascurrido al día de interposición de este recurso no se le haya notificado ni respondido nada sobre las gestiones y que se haya violentado sus derechos, pues de la prueba se puede observar que el correo electrónico de fecha 31 de octubre de 2022 fue respondido el mismo día, brindándose una adecuada orientación en cuanto al trámite que desea presentar ante este Ministerio, inclusive, el otro correo que el señor envió el 07 de noviembre de 2022 también se le respondió el mismo día. Lo que pareciera es que el señor Jorge Jafet Montenegro Castillo no quiere o se niega a utilizar los formularios oficializados por la institución por medio del protocolo Recepción, Clasificación y Traslado de Denuncias MS.NI.SLA.07.P.06, mismos que fueron facilitados en dos oportunidades (31 de octubre y 07 de noviembre de 2023), no obstante, en el correo electrónico de fecha 07 de noviembre de 2023 queda clara su renuencia en utilizar los formularios oficializados al señalar: “si la denuncia cumple con los requisitos necesarios, los formularios son meras formalidades y debe este ministerio dar trámite a la denuncia, para lo cual no omito manifestarle que ostentan plazo hasta el 14 del presente mes, bajo la advertencia que se accionará conforme a derecho corresponda” (sic). Es importante indicar que la oficialización de protocolos y estandarización de formularios no es algo que corresponde únicamente al Ministerio de Salud, todas las instituciones emiten protocolos que permitan estandarizar sus trámites y formularios a fin de brindar un instrumento amigable tanto a los administrados como a los funcionarios, y además para mantener un orden de gestiones debido al gran volumen de la mismas que ingresan. Dicho orden requiere de una formalización de la solicitud, conformación del expediente, registro de la misma, programación de inspección y demás gestiones. No comprende el suscrito la renuencia del recurrente en utilizar el formulario que se encuentra oficializado en la página del Ministerio de Salud y que le fuera suministrado para su mayor comodidad, tanto los formularios como el enlace donde puede descargarlos de la página oficial. A la fecha actual, el recurrente no ha formalizado la presentación de una denuncia, ni se volvió a comunicar con el suscrito, ni consultar el expediente, lo que haría pensar que desistió de la gestión. Una vez que se ha establecido que no es cierto lo señalado por el recurrente en cuanto a que no se ha brindado respuesta a sus gestiones, no podría achacarse a esta oficina la responsabilidad de lo que alega el recurrente. Consta en el expediente que, a gestión de otra parte que no es el recurrente, este Ministerio realizó una inspección el 17 de octubre de 2022 al establecimiento comercial Bar y Restaurante el Rancho, según el informe MS-DRRSBRU-DARS-PZ-IT-1776-2022 se determina que no se observa que se realicen otras actividades comerciales en el lugar. En fecha 15 de noviembre de 2022 se registra en esta Área Rectora de Salud dos denuncias por ruido. Según informe MS-DRRSBRU-DARS-PZ-IT-2051-2022 de fecha 18 de noviembre de 2022 y suscrito por los técnicos Leonardo Solís Varela y Francisco Camacho Ureña, el sábado 12 de noviembre de 2022, se realizó una visita de inspección al establecimiento comercial y no se desarrollaba ninguna actividad, pero se observó una tarima de madera con estructura de metal, de uso normal para instalar luces y equipo de sonido; agregan que el establecimiento es totalmente abierto, lo que no permite confinar los ruidos, esto en razón de que el 17 de noviembre de 2022 se presentó formal solicitud de Permiso Sanitario de Funcionamiento para la actividad de espectáculos públicos y karaoke. Según informe MS-DRRSBRU-DARS-PZ-IT-2065-2022 de fecha 18 de noviembre de 2022 y suscrito por los técnicos Jairo Rodríguez Ureña y Francisco Camacho Ureña, se realizó visita el 17 de noviembre de 2023 previa coordinación con una de las personas denunciantes, a la vivienda llegaron a las 21:55 horas y se retiraron al ser las 23:15 horas sin que se percibiera la realización de actividades afín a lo denunciado, no obstante, se realizó medición de ruido ambiente. Por otra parte, según resolución MS-DRRSBRU-DARS-PZ-830-2022 de fecha 21 de noviembre de 2022, el suscrito rechaza la solicitud de Permiso Sanitario de Funcionamiento para la actividad de Espectáculos Públicos y Karaoke. Como parte de una labor interinstitucional ante las denuncias que se han presentado por ruidos generados en este establecimiento comercial, el 17 de enero de 2023 se mantuvo una reunión en la Municipalidad de Pérez Zeledón, participan funcionarios del Ministerio de Salud, Fuerza Pública y Municipalidad de Pérez Zeledón, y los señores Mario Mata Leiva y Joseph Artavia, permisionario y representante del inmueble; se discutió el tema de las denuncias por ruido, y aunque negaron estar desarrollando este tipo de actividades se les insta a no realizar actividades de este tipo. Según acta de inspección MS-DRRSBRU-DARS-PZ-IT-0237-2023 se realiza inspección al establecimiento Bar y Restaurante el Rancho a fin de verificar las condiciones de funcionamiento, se desprende del informe que el local cuenta con Permiso Sanitario de Funcionamiento vigente, cumple con lo establecido en la ley 9028 y las cervezas y licores cuentan con registro sanitario. En fecha 24 de mayo de 2023 se presenta una solicitud de Permiso Sanitario de Funcionamiento por primera vez para el establecimiento comercial Bar y Restaurante el Rancho a nombre de Gustavo Alonso Rojas Corrales (por primera vez porque corresponde a un cambio de permisionario), para la actividad de servicio de comidas y bebidas, el cual fue aprobado y se otorgó el Permiso Sanitario de Funcionamiento RB-ARS-PZ-0672-2023, en fecha 31 de mayo se realiza una corrección en cuanto a la dirección del establecimiento. Según el informe técnico MS-DRRSBRU-DARS-PZ-IT-1039-2023 de fecha 13 de junio de 2023 y suscrito por el técnico Jairo Rodríguez Ureña, el 09 de junio de 2023 se realizó visita de inspección, al llegar al lugar no se evidencia realización de actividades generadoras de ruido, el local cuenta con Permiso Sanitario de Funcionamiento vigente, los licores y cervezas cuentan con los registros sanitarios correspondientes y cumple con lo establecido en la Ley 9028. Es claro que esta Dirección del Área Rectora de Salud de Pérez Zeledón brindó atención al correo electrónico que fuera remitido por el recurrente, sin que a la fecha haya formalizado la denuncia en los formularios que la institución tiene debidamente oficializados, estos documentos han sido incorporados al finalizar el expediente en razón de que se estaba a la espera de la denuncia formal en el medio oficial para agregar al expediente administrativo. No obstante, es importante resaltar que por parte de esta Área Rectora de Salud se han realizado varias visitas al establecimiento comercial, algunas de ellas en operativos interinstitucionales (Fuerza Pública, Municipalidad y Ministerio de Salud), sin que se logre evidenciar la realización de actividades generadoras de ruido (…)”. 5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y, CONSIDERANDO: I.- CUESTIÓN PRELIMINAR. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la Jurisdicción Contencioso Administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante la supuesta falta de atención de una denuncia por parte de las autoridades recurridas, por problemas de contaminación sónica generados en un establecimiento comercial, la cual no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. II.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente alega que ha denunciado, ante la Municipalidad de Pérez Zeledón y el Área Rectora de Salud de esa localidad, los problemas de contaminación sónica generados por el establecimiento “El Rancho”. No obstante, a la fecha de interposición de este recurso, esas denuncias no han sido atendidas de forma satisfactoria. Solicita una solución definitiva a la problemática expuesta. III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: a) El 31 de octubre de 2022, el recurrente remitió un documento al Área Rectora de Salud de Pérez Zeledón, en el que indicó: “solicito efectuar inspección en Bar el Rancho debido a que, según el acta de inspección 1085-22-SPL-06, se logró detectar que el local no respeta los niveles en el volumen permitidos, situación que desde la apertura de dicho local, en forma diaria no cumple, desde las 20 horas y hasta las 2:30 am del día siguiente, es común y reiterativo el uso de música a alto volumen, Karaoke a alto volumen, gritos, conciertos, personas en evidente estado de ebriedad, y todo tipo de actividad que genera ruido, por lo cual solicito de la manera más atenta, inspeccionar regularmente el sitio a efectos de que se evite estas conductas” (véase informe rendido y prueba aportada por el Ministerio de Salud). b) El 31 de octubre de 2022, el recurrente remitió una gestión a la Municipalidad de Pérez Zeledón, indicando: "solicito de la forma más atenta, se sirva efectuar inspección en el Bar el Rancho que cuenta con la patente 33393, lo anterior debido a que, tal y como fue evidenciado con fecha 30 de septiembre del 2022, mediante acta de inspección 1085-22-SPL-06, donde se logró detectar que el local no respeta los niveles en el volumen permitidos, situación que a la fecha, desde la apertura de dicho local, en forma diaria no se cumple y, desde las 20 horas y hasta las 2:30 am del día siguiente, es común y reiterativo el uso de música a alto volumen, karaoke a alto volumen, gritos, conciertos, personas en evidente y excesivo estado de ebriedad alterando el orden público y todo tipo de actividad que genera ruido, por lo cual, solicito de la forma más atenta, inspeccionar regularmente el sitio a efectos que se evite estas conductas, ello debido a que en la zona afectada, habitan adultos mayores que se les perturba el sueño y tienen diversos padecimientos médicos. Aunado a lo anterior, debido a lo indicado mediante acta de inspección 1085-22-SPL-06 en la cual se constató un primer incumplimiento evidente y certificado, solicito se aplique la sanción económica y administrativa correspondiente de conformidad con lo resuelto mediante resolución RES-1038-22-SPL" (véase prueba aportada). c) Al ser las 20:34 horas del 31 de octubre de 2022, el Área Rectora de Salud de Pérez Zeledón dio respuesta a la gestión del recurrente, indicándole que el establecimiento denunciado contaba con Permiso Sanitario de Funcionamiento únicamente para venta de alimentos y bebidas. Asimismo, se le aclaró que debía cumplir con los criterios de admisibilidad establecidos en el Protocolo N°MS.NI-SLA.07-P.06, para lo que debía completar el Formulario Unificado y adjuntar los anexos correspondientes. En esa oportunidad, se adjuntaron los formularios a facilitar y se indicaron los medios por los cuales podía presentar la denuncia (véase informe rendido y prueba aportada por el Ministerio de Salud). d) El 01 de noviembre de 2022, el Subproceso de Licencias y Patentes de la Municipalidad de Pérez Zeledón realizó una inspección en el establecimiento “El Rancho”, donde se corroboró que el local reunía los permisos municipales requeridos para su funcionamiento (véase informe rendido por la Municipalidad de Pérez Zeledón). e) El 07 de noviembre de 2022, el recurrente remitió un correo electrónico al Área Rectora de Salud de Pérez Zeledón, indicando que: “siendo que el correo que antecede se citó por su parte que, ´ya se realizó una inspección en el horario diurno´, solicito copia de la misma. En lo relacionado a lo anterior, el documento aportado por parde del suscrito, contiene los datos solicitados y necesarios por Ley y Reglamento y, de conformidad con la Ley 8220, si la denuncia cumple con los requisitos necesarios, los formularios son meras formalidades y debe este Ministerio dar trámite a la denuncia, para lo cual, no omito manifestarle que ostentan plazo hasta el 14 del presente mes, bajo la advertencia que se accionará conforme a derecho corresponda (…)” (véase informe rendido y prueba aportada por el Ministerio de Salud). f) Al ser las 12:27 horas del 07 de noviembre de 2022, el Área Rectora de Salud de Pérez Zeledón dio respuesta a la gestión del amparado, adjuntando la copia del informe solicitado y, además, reiterando la necesidad de presentar formalmente la denuncia, a través de los mecanismos instaurados para tales efectos (véase informe rendido y prueba aportada por el Ministerio de Salud). g) Mediante el oficio N°OFI-2496-22-DAM, remitido al recurrente el 09 de noviembre de 2022, la Municipalidad de Pérez Zeledón dio respuesta a la gestión remitida, en el que se le informaron los hallazgos de la inspección realizada (véase informe rendido y prueba aportada por la Municipalidad de Pérez Zeledón). h) Contra el establecimiento “El Rancho” se han planteado dos denuncias por ruido, por parte de personas ajenas al recurrente, las cuales han sido atendidas por el Ministerio de Salud (véase informe rendido por el Ministerio de Salud). IV.- HECHO NO PROBADO. No se puede tener como debidamente demostrado el siguiente hecho, de relevancia para la resolución de este asunto: ÚNICO. Que el recurrente haya planteado formal denuncia ante el Ministerio de Salud, relacionada a los presuntos problemas de contaminación sónica producidos por el establecimiento “El Rancho”. V.- SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. En reiteradas ocasiones, este Tribunal ha desarrollado el contenido de este derecho, contemplado en el artículo 50, de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. El Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado, por lo que, tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas. VI.- SOBRE LA MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN. La parte recurrente acusa que denunció, ante la Municipalidad de Pérez Zeledón, los problemas de ruido que genera el establecimiento “El Rancho”. No obstante, no se le ha brindado una solución definitiva. Al respecto, la autoridad municipal, en su informe rendido bajo juramento -con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44, de la Ley que rige esta Jurisdicción-, indica que, en efecto, se recibió la denuncia del recurrente, por lo que el 01 de noviembre de 2022, el Subproceso de Licencias y Patentes de ese municipio realizó una inspección en el sitio, de conformidad a sus competencias, y verificó que el establecimiento contaba con todos los permisos municipales de funcionamiento, por lo que no se evidenció irregularidad alguna. Asegura que tales hallazgos fueron comunicados al amparado el 09 de noviembre de ese año. Así las cosas, esta Sala no logra evidenciar la lesión a derecho fundamental alguno. Nótese, que fue previo a la interposición del presente recurso, que las autoridades municipales atendieron y notificaron lo correspondiente al amparado, en relación a su gestión y de conformidad con las competencias del municipio. Por ende, en cuanto a este extremo, el recurso debe ser desestimado. VII.- SOBRE LAS ACTUACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD. Por otro lado, la parte recurrente asegura que, de igual manera, interpuso una denuncia ante el Área Rectora de Salud de Pérez Zeledón, respecto a la contaminación sónica producida por el local “El Rancho”. Dicha autoridad, en su informe, expone que se recibió la denuncia del amparado el 31 de octubre de 2022 y, en esa misma fecha, se dio respuesta a la gestión, indicándole que el establecimiento denunciado contaba con Permiso Sanitario de Funcionamiento únicamente para venta de alimentos y bebidas. Asimismo, se le aclaró que debía cumplir con los criterios de admisibilidad establecidos en el Protocolo N°MS.NI-SLA.07-P.06, para lo que debía completar el Formulario Unificado y adjuntar los anexos correspondientes. En esa oportunidad, se adjuntaron los formularios a facilitar y se indicaron los medios por los cuales podía presentar la denuncia. A pesar de ello, el 07 de noviembre de 2022 el recurrente dio respuesta, indicando: “siendo que el correo que antecede se citó por su parte que, ´ya se realizó una inspección en el horario diurno´, solicito copia de la misma. En lo relacionado a lo anterior, el documento aportado por parde del suscrito, contiene los datos solicitados y necesarios por Ley y Reglamento y, de conformidad con la Ley 8220, si la denuncia cumple con los requisitos necesarios, los formularios son meras formalidades y debe este Ministerio dar trámite a la denuncia, para lo cual, no omito manifestarle que ostentan plazo hasta el 14 del presente mes, bajo la advertencia que se accionará conforme a derecho corresponda (…)”. Por ello, en esa misma fecha, la autoridad recurrida remitió la documentación requerida y reiteró la necesidad de formalizar la denuncia. Explica que se requiere la conformación del expediente administrativo a través de los formularios establecidos, ya que, de esa manera, la autoridad cuenta con toda la información necesaria -tales como direcciones, programación de inspecciones, entre otros-. Bajo el cuadro fáctico expuesto, resulta menester indicar que este Tribunal no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias, ni es una instancia tramitadora de denuncias. Así, según lo informado bajo juramento por la autoridad sanitaria, el recurrente no ha cumplido con los criterios de admisibilidad mínimos que ha establecido el Ministerio de Salud, para la recepción de la denuncia por contaminación sónica, los cuales resultan relevantes para la recopilación de información tendiente a atender la problemática denunciada. En todo caso, según se extrae de los autos, se plantearon dos denuncias por los mismos hechos -por parte de personas ajenas a este proceso-, las cuales han sido atendidas por el Ministerio de Salud. En consecuencia, en situaciones como la expuesta, lo procedente es que la parte amparada acuda ante la autoridad recurrida a plantear el reclamo aludido, a fin de que se tomen las medidas pertinentes para solucionar el problema denunciado. Lo anterior, sin demérito de que la parte recurrente acuda a la vía constitucional, luego de que transcurriere un plazo irrazonable sin un actuar efectivo de las autoridades competentes, y siempre que hubiere amenaza o lesión a un derecho fundamental. Por lo expuesto, el presente recurso debe ser desestimado, como en efecto se dispone. VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico. IX.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Considero que, en asuntos ambientales, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa contaminación sónica proveniente del establecimiento “El Rancho”, que presuntamente produce ruido por música en vivo, karaoke y gritos, lo que afecta el derecho a disfrutar de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida al amparado y demás vecinos. X.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. POR TANTO: Se declara sin lugar el recurso. Los Magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado, de forma separada, consignan notas.- Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Luis Fdo. Salazar A. Ingrid Hess H. Alejandro Delgado F. Rosibel Jara V. Jose Roberto Garita N. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- 8FHJ3YYKXTO61 EXPEDIENTE N° 23-018390-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 14:28:39. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**Constitutional Chamber** **Resolution No. 07066 – 2024** **Date of Resolution:** 15 March 2024 at 09:20 **Expediente:** 23-018390-0007-CO **Drafted by:** Luis Fdo. Salazar Alvarado **Type of Matter:** Amparo appeal **Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER **Text of the Resolution** Exp: 23-018390-0007-CO Res. No. 2024007066 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the fifteenth of March two thousand twenty-four. Amparo appeal processed under expediente No. 23-018390-0007-CO, filed by JORGE JAFET MONTENEGRO CASTILLO, identity card number 0111070856, against the MUNICIPALITY OF PÉREZ ZELEDÓN AND THE MINISTRY OF HEALTH. **WHEREAS:** 1.- By a writing received in the Secretariat of the Chamber at 07:53 hours on 03 August 2023, the appellant files an amparo appeal against the Municipality of Pérez Zeledón and the Ministry of Health, and states that on 31 October 2022, at 11:59 hours, he sent a complaint to the Ministry of Health, via a file named "DENUNCIA EL RANCHO MS.pdf", against a commercial establishment for sonic pollution throughout the day. He indicates that the document was sent to the entity's official email for such purposes, namely [email protected]. He adds that the complaint, in its core, stated: "I most attentively request that you conduct an inspection at Bar el Rancho which holds municipal patent 33393 and sanitary operating permit RB-ARS-PZ-0058--2022, this due to the fact that, as was evidenced on 30 September 2022, via inspection record 1085-22-SPL-06, where it was possible to detect that the premises does not respect the permitted volume levels, a situation that to date, since the opening of said premises, is not complied with on a daily basis and, from 8:00 p.m. until 2:30 a.m. the following day, the use of loud music, loud karaoke, shouting, concerts, people in an evident and excessive state of drunkenness disturbing public order and any type of noise-generating activity is common and repeated, for which reason I most attentively request that you regularly inspect the site so that these behaviors are prevented, this because in the affected area, there live older adults whose sleep is disturbed and who have various medical conditions. In addition to the above, the sonic measurement can be conducted at 75m south of the Quebradas sports plaza as a first point and a second point 75m south and 125 west of the Quebradas plaza, Doña Lia Street", and he provided the email [email protected] for notification purposes. On the other hand, on 31 October 2022, at 08:03 hours, he filed a complaint before the Municipality of Pérez Zeledón, via a file named "DENUNCIA EL RANCHO.pdf", against a commercial establishment for sonic pollution throughout the day. He adds that the document was sent to the Mayor's official email, enabled for such purposes, namely [email protected]. He indicates that in that missive it was stated: "I most attentively request that you conduct an inspection at Bar el Rancho which holds patent 33393, this due to the fact that, as was evidenced on 30 September 2022, via inspection record 1085-22-SPL-06, where it was possible to detect that the premises does not respect the permitted volume levels, a situation that to date, since the opening of said premises, is not complied with on a daily basis and, from 8:00 p.m. until 2:30 a.m. the following day, the use of loud music, loud karaoke, shouting, concerts, people in an evident and excessive state of drunkenness disturbing public order and any type of noise-generating activity is common and repeated, for which reason I most attentively request that you regularly inspect the site so that these behaviors are prevented, this because in the affected area, there live older adults whose sleep is disturbed and who have various medical conditions. In addition to the above, due to what was indicated via inspection record 1085-22-SPL-06 in which a first evident and certified non-compliance was verified, I request that the corresponding economic and administrative sanction be applied in accordance with what was resolved via resolution RES-1038-22-SPL". The foregoing so that, in accordance with Law No. 8220 and its regulation, as well as the principle of institutional coordination, they would carry out joint proceedings with the Ministry of Health to resolve the reported noise problem. He complains that despite the time elapsed, by the date of filing this appeal, he has not been notified of or received any response regarding his actions, which he deems violative of his fundamental rights. 2.- By resolution at 15:59 hours on 04 August 2023, this matter was processed and a hearing was granted to the Municipal Mayor of Pérez Zeledón, as well as to the Director of the Governing Health Area of Pérez Zeledón, regarding the facts alleged by the appellant. 3.- Jeffry Montoya Rodríguez, in his capacity as Municipal Mayor of Pérez Zeledón, reports under oath that the commercial center called "El Rancho", had been assigned, since 27 September 2022, license No. 33393 for the activity of a restaurant with the sale of alcoholic beverages (type C license), for which Grupo Homafa Pérez Zeledón S.R.L, which figured as the licensee, was duly authorized to operate that activity in that commercial premises until 24 May 2023, the date on which the resignation of the commercial license became effective. He adds that, on the occasion of the complaint filed by the appellant, inspections were conducted on 26 September and 01 November; both dates in 2022, where it was corroborated that the premises met the required permits for its operation. He states that, once the protected party's complaint was received, the corresponding follow-up was given through the Licensing and Patents Sub-process. These actions were reported via document No. OFI-2496-22-DAM dated 09 November 2022. For the reasons stated, he requests the appeal be dismissed. 4.- Gustavo Rodríguez Herrera, in his capacity as Director of the Governing Health Area of Pérez Zeledón, reports under oath that: " As recorded in the administrative file, at 12:00 hours on 31 October 2022, a writing signed by Mr. Jafet Montenegro Castillo was received in the email box [email protected], which, in summary states: 'I request to conduct an inspection at Bar el Rancho because, according to inspection record 1085-22-SPL-06, it was possible to detect that the premises does not respect the permitted volume levels, a situation that since the opening of said premises, is not complied with on a daily basis, from 8:00 p.m. until 2:30 a.m. the following day, the use of loud music, loud Karaoke, shouting, concerts, people in an evident state of drunkenness, and any type of noise-generating activity is common and repeated, for which reason I most attentively request that you regularly inspect the site so that these behaviors are prevented' (sic). In response to the referenced email, on the same 31 October 2022 at 20:34 hours, I replied to the address [email protected], I informed him that from the review conducted of the file, the establishment only has a Sanitary Operating Permit for the sale of food and beverages; likewise, I informed him that an inspection had already been conducted at that premises during daytime hours; I informed him that the record number indicated in the writing corresponds to a Municipality record and that it was not correct to assert that it had already been determined that the premises does not respect the permitted noise levels, as this is the competence of the Ministry of Health and is established following the procedure for Noise Measurement and the Regulation for the Control of Noise Pollution. Finally, in my email, I informed him that to file a complaint with the Ministry of Health, it had to meet the admissibility criteria established by the protocol RECEPTION, CLASSIFICATION AND TRANSFER OF COMPLAINTS MS.NI.SLA.07.P.06, and that according to said protocol, every complaint must be submitted on the Unified Form and attach the corresponding annex. Likewise, I indicated the address on the official Ministry of Health page and the links where he could find and download the documents, but I also attached said forms to my email for greater ease and explained the three ways in which he could file the complaint (by email, in person at the Governing Health Area, or through a third party). That is, I provided him with all the corresponding information for the correct filing and formalization of a complaint according to the institutional protocol. On 07 November 2022, and in response to my email, the appellant tells me that 'given that in the preceding email you stated that, "an inspection has already been conducted during daytime hours", I request a copy of the same. Regarding the above, the document provided by the undersigned contains the data requested and necessary by Law and Regulation and, in accordance with Law 8220, if the complaint meets the necessary requirements, the forms are mere formalities and this Ministry must process the complaint, for which I do not omit to state that you have a deadline until the 14th of this month, under the warning that legal action will be taken as appropriate' (sic). In response to this email, on the same 07 November 2022 at 12:27 hours, I attached a copy of report MS-DRRSBRU-DARS-PZ-IT-1776-2022, related to an inspection visit conducted on 17 October 2022, I informed him again that the establishment only has a Permit for the sale of food and beverages and that it is not authorized for any type of noise-producing activity, and finally, I insisted on the submission of the complaint on the corresponding forms in order to compile the file and schedule a possible sonic measurement, for which I again attached the forms made official by the institution. The formalization of the complaint is very important because coordination with the affected person is required to conduct the measurement in the property they inhabit and which is being affected by the alleged noise, in accordance with the procedure established for Noise Measurement in the Regulation for the Control of Noise Pollution by Executive Decree. Due to the foregoing, it is not true what the appellant states, that despite the time elapsed by the day of filing this appeal, he has not been notified of or received any response regarding his actions and that his rights have been violated, since from the evidence it can be observed that the email dated 31 October 2022 was answered the same day, providing adequate guidance regarding the procedure he wishes to file before this Ministry, and further, the other email that the gentleman sent on 07 November 2022 was also answered the same day. What appears is that Mr. Jorge Jafet Montenegro Castillo does not want to or refuses to use the forms made official by the institution through the protocol Reception, Classification and Transfer of Complaints MS.NI.SLA.07.P.06, which were provided on two occasions (31 October and 07 November 2023), however, in the email dated 07 November 2023 his refusal to use the official forms is clear when he states: 'if the complaint meets the necessary requirements, the forms are mere formalities and this ministry must process the complaint, for which I do not omit to state that you have a deadline until the 14th of this month, under the warning that legal action will be taken as appropriate' (sic). It is important to indicate that the officialization of protocols and standardization of forms is not something that corresponds only to the Ministry of Health; all institutions issue protocols that allow them to standardize their procedures and forms in order to provide a user-friendly instrument for both the administered parties and the officials, and also to maintain an order of proceedings due to the large volume of them that are received. Such order requires a formalization of the request, compilation of the file, registration thereof, scheduling of an inspection, and other actions. The undersigned does not understand the appellant's refusal to use the form that is published on the Ministry of Health's page and which was provided to him for his greater convenience, both the forms and the link where he can download them from the official page. As of today's date, the appellant has not formalized the filing of a complaint, nor has he communicated again with the undersigned, nor consulted the file, which would lead one to think that he abandoned the procedure. Once it has been established that what the appellant stated, that no response has been provided to his actions, is not true, responsibility for what the appellant alleges cannot be attributed to this office. The file records that, at the request of another party who is not the appellant, this Ministry conducted an inspection on 17 October 2022 at the commercial establishment Bar y Restaurante el Rancho. According to report MS-DRRSBRU-DARS-PZ-IT-1776-2022, it is determined that no other commercial activities were observed at the location. On 15 November 2022, two noise complaints were registered in this Governing Health Area. According to report MS-DRRSBRU-DARS-PZ-IT-2051-2022 dated 18 November 2022 and signed by technicians Leonardo Solís Varela and Francisco Camacho Ureña, on Saturday, 12 November 2022, an inspection visit was made to the commercial establishment and no activity was being conducted, but a wooden platform with a metal structure was observed, of normal use for installing lights and sound equipment; they add that the establishment is completely open, which does not allow noise to be contained, this due to the fact that on 17 November 2022 a formal application for a Sanitary Operating Permit was filed for the activity of public shows and karaoke. According to report MS-DRRSBRU-DARS-PZ-IT-2065-2022 dated 18 November 2022 and signed by technicians Jairo Rodríguez Ureña and Francisco Camacho Ureña, a visit was conducted on 17 November 2023 with prior coordination with one of the complainants; they arrived at the residence at 21:55 hours and left at 23:15 hours without perceiving the realization of activities related to what was reported; however, an ambient noise measurement was taken. Furthermore, according to resolution MS-DRRSBRU-DARS-PZ-830-2022 dated 21 November 2022, the undersigned rejects the application for a Sanitary Operating Permit for the activity of Public Shows and Karaoke. As part of an inter-institutional effort regarding the complaints that have been filed for noise generated at this commercial establishment, on 17 January 2023 a meeting was held at the Municipality of Pérez Zeledón, with the participation of officials from the Ministry of Health, Public Force, and the Municipality of Pérez Zeledón, and Messrs. Mario Mata Leiva and Joseph Artavia, permit holder and representative of the property; the issue of the noise complaints was discussed, and although they denied conducting these types of activities, they were urged not to perform activities of this type. According to inspection record MS-DRRSBRU-DARS-PZ-IT-0237-2023, an inspection was conducted at the establishment Bar y Restaurante el Rancho to verify the operating conditions; it is evident from the report that the premises has a current Sanitary Operating Permit, complies with the provisions of Law 9028, and the beers and liquors have sanitary registration. On 24 May 2023, an application for a Sanitary Operating Permit was filed for the first time for the commercial establishment Bar y Restaurante el Rancho in the name of Gustavo Alonso Rojas Corrales (for the first time because it corresponds to a change of permit holder), for the activity of food and beverage service, which was approved and Sanitary Operating Permit RB-ARS-PZ-0672-2023 was granted; on 31 May, a correction was made regarding the establishment's address. According to technical report MS-DRRSBRU-DARS-PZ-IT-1039-2023 dated 13 June 2023 and signed by technician Jairo Rodríguez Ureña, on 09 June 2023 an inspection visit was conducted; upon arriving at the location, no realization of noise-generating activities was evidenced; the premises has a current Sanitary Operating Permit; the liquors and beers have the corresponding sanitary registrations and it complies with the provisions of Law 9028. It is clear that this Directorate of the Governing Health Area of Pérez Zeledón attended to the email that was sent by the appellant, though to date he has not formalized the complaint on the forms that the institution has duly made official; these documents have been incorporated upon finalizing the file because we were awaiting the formal complaint in the official medium to add to the administrative file. However, it is important to highlight that this Governing Health Area has conducted several visits to the commercial establishment, some of them in inter-institutional operations (Public Force, Municipality, and Ministry of Health), without being able to evidence the realization of noise-generating activities (...)”. 5.- In the followed procedures, legal requirements have been observed. Drafted by Judge Salazar Alvarado; and, **WHEREAS:** I.- PRELIMINARY ISSUE. Prior to analyzing the merits of the matter—for the alleged violation of the right to a prompt and full procedure—it must be clarified that, since Judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on 22 February 2008, this Chamber has referred to the Contentious-Administrative Jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the Public Administration has or has not complied with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the relevant administrative appeals. Precisely, in this case an exception is posed, as we are faced with the alleged failure to address a complaint by the respondent authorities, regarding sonic pollution problems generated at a commercial establishment, which has not been resolved within a reasonable period. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. II.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant alleges that he has reported, to the Municipality of Pérez Zeledón and the Governing Health Area of that locality, the sonic pollution problems generated by the establishment “El Rancho”. However, by the date of filing this appeal, those complaints have not been satisfactorily addressed. He requests a definitive solution to the problem described. III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order: a) On 31 October 2022, the appellant sent a document to the Governing Health Area of Pérez Zeledón, in which he stated: “I request to conduct an inspection at Bar el Rancho because, according to inspection record 1085-22-SPL-06, it was possible to detect that the premises does not respect the permitted volume levels, a situation that since the opening of said premises, is not complied with on a daily basis, from 8:00 p.m. until 2:30 a.m. the following day, the use of loud music, loud Karaoke, shouting, concerts, people in an evident state of drunkenness, and any type of noise-generating activity is common and repeated, for which reason I most attentively request that you regularly inspect the site so that these behaviors are prevented” (see report rendered and evidence provided by the Ministry of Health). b) On 31 October 2022, the appellant sent a communication to the Municipality of Pérez Zeledón, stating: "I most attentively request that you conduct an inspection at Bar el Rancho which holds patent 33393, this due to the fact that, as was evidenced on 30 September 2022, via inspection record 1085-22-SPL-06, where it was possible to detect that the premises does not respect the permitted volume levels, a situation that to date, since the opening of said premises, is not complied with on a daily basis and, from 8:00 p.m. until 2:30 a.m. the following day, the use of loud music, loud karaoke, shouting, concerts, people in an evident and excessive state of drunkenness disturbing public order and any type of noise-generating activity is common and repeated, for which reason I most attentively request that you regularly inspect the site so that these behaviors are prevented, this because in the affected area, there live older adults whose sleep is disturbed and who have various medical conditions. In addition to the above, due to what was indicated via inspection record 1085-22-SPL-06 in which a first evident and certified non-compliance was verified, I request that the corresponding economic and administrative sanction be applied in accordance with what was resolved via resolution RES-1038-22-SPL" (see evidence provided). c) At 20:34 hours on 31 October 2022, the Governing Health Area of Pérez Zeledón responded to the appellant's communication, informing him that the reported establishment had a Sanitary Operating Permit solely for the sale of food and beverages. Likewise, it was clarified that he had to meet the admissibility criteria established in Protocol No. MS.NI-SLA.07-P.06, for which he had to complete the Unified Form and attach the corresponding annexes. On that occasion, the forms were attached for ease and the means by which he could file the complaint were indicated (see report rendered and evidence provided by the Ministry of Health). d) On 01 November 2022, the Licensing and Patents Sub-process of the Municipality of Pérez Zeledón conducted an inspection at the establishment “El Rancho”, where it was corroborated that the premises met the required municipal permits for its operation (see report rendered by the Municipality of Pérez Zeledón). e) On 07 November 2022, the appellant sent an email to the Governing Health Area of Pérez Zeledón, indicating that: “given that in the preceding email you stated that, 'an inspection has already been conducted during daytime hours', I request a copy of the same. Regarding the above, the document provided by the undersigned contains the data requested and necessary by Law and Regulation and, in accordance with Law 8220, if the complaint meets the necessary requirements, the forms are mere formalities and this Ministry must process the complaint, for which I do not omit to state that you have a deadline until the 14th of this month, under the warning that legal action will be taken as appropriate (…)” (see report rendered and evidence provided by the Ministry of Health). f) At 12:27 hours on 07 November 2022, the Governing Health Area of Pérez Zeledón responded to the protected party's communication, attaching the requested copy of the report and, furthermore, reiterating the need to formally file the complaint, through the mechanisms established for such purposes (see report rendered and evidence provided by the Ministry of Health). g) Via official letter No. OFI-2496-22-DAM, sent to the appellant on 09 November 2022, the Municipality of Pérez Zeledón responded to the communication sent, informing him of the findings of the inspection conducted (see report rendered and evidence provided by the Municipality of Pérez Zeledón). h) Two noise complaints have been filed against the establishment “El Rancho” by persons other than the appellant, which have been addressed by the Ministry of Health (see report rendered by the Ministry of Health). IV.- UNPROVEN FACT. The following fact, of relevance for the resolution of this matter, cannot be considered duly demonstrated: SOLE. That the appellant has filed a formal complaint with the Ministry of Health, related to the alleged sonic pollution problems produced by the establishment “El Rancho”. V.- ON THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. On repeated occasions, this Court has developed the content of this right, contemplated in Article 50 of the Political Constitution. Environmental protection is an adequate mechanism to safeguard and improve the quality of life for all, which necessitates the intervention of the Public Authorities regarding factors that can alter its balance and hinder a person's development and well-being in a healthy environment. The State is constituted as the guarantor in the protection and tutelage of the environment and natural resources. In this sense, the control and oversight of environmental matters and activities constitute an essential function of the State. Therefore, regarding environmental protection, the functions of governance, control, and oversight of environmental matters correspond to the State, in charge of the various administrative dependencies. VI.- REGARDING THE MUNICIPALITY OF PÉREZ ZELEDÓN. The appellant accuses that he reported the noise problems generated by the establishment “El Rancho” to the Municipality of Pérez Zeledón. However, he has not been provided a definitive solution. In this regard, the municipal authority, in its report rendered under oath—with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—indicates that, indeed, the appellant's complaint was received, and therefore, on 01 November 2022, the Licensing and Patents Sub-process of that municipality conducted an on-site inspection, in accordance with its competencies, and verified that the establishment had all the municipal operating permits, so no irregularity was evidenced. It assures that such findings were communicated to the protected party on 09 November of that year. Thus, this Chamber cannot evidence any violation of a fundamental right. Note that it was prior to the filing of this appeal that the municipal authorities addressed and notified the protected party regarding his communication and in accordance with the municipality's competencies. Therefore, regarding this point, the appeal must be dismissed. VII.- ON THE ACTIONS OF THE MINISTRY OF HEALTH. On the other hand, the appellant assures that he similarly filed a complaint before the Governing Health Area of Pérez Zeledón, regarding the sonic pollution produced by the premises “El Rancho”. Said authority, in its report, states that the protected party's complaint was received on 31 October 2022, and on that same date, a response was given to the communication, informing him that the reported establishment had a Sanitary Operating Permit solely for the sale of food and beverages. Likewise, it was clarified that he had to meet the admissibility criteria established in Protocol No. MS.NI-SLA.07-P.06, for which he had to complete the Unified Form and attach the corresponding annexes. On that occasion, the forms were attached for ease and the means by which he could file the complaint were indicated. Despite this, on 07 November 2022, the appellant responded, stating: “given that in the preceding email you stated that, 'an inspection has already been conducted during daytime hours', I request a copy of the same. Regarding the above, the document provided by the undersigned contains the data requested and necessary by Law and Regulation and, in accordance with Law 8220, if the complaint meets the necessary requirements, the forms are mere formalities and this Ministry must process the complaint, for which I do not omit to state that you have a deadline until the 14th of this month, under the warning that legal action will be taken as appropriate (…)”. Therefore, on that same date, the respondent authority sent the required documentation and reiterated the need to formalize the complaint. It explains that the assembly of the administrative file (expediente administrativo) is required through the established forms, since, in this manner, the authority has all the necessary information—such as addresses, scheduling of inspections, among others. Under the factual framework set forth, it is necessary to indicate that this Court must not substitute the active Administration in its competencies, nor is it a complaint-processing instance. Thus, according to what was reported under oath by the health authority, the petitioner has not met the minimum admissibility criteria that the Ministry of Health has established for the receipt of a noise-pollution complaint, criteria that are relevant for compiling information aimed at addressing the reported problem. In any event, as gleaned from the record, two complaints for the same facts were filed—by persons unrelated to this proceeding—which have been addressed by the Ministry of Health. Consequently, in situations such as the one presented, the proper course is for the protected party to appear before the respondent authority to present the aforementioned claim, so that the pertinent measures are taken to resolve the reported problem. The foregoing is without prejudice to the petitioner’s right to resort to the constitutional avenue, after an unreasonable period has elapsed without effective action by the competent authorities, and provided there is a threat to or impairment of a fundamental right. For the reasons stated, this petition for constitutional relief (recurso) must be dismissed, as is hereby ordered. VIII.—NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court’s thesis that, when a person subject to the law alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, it is the Administrative-Contentious Courts and not this Chamber that must hear the legal dispute. That said, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the petition for constitutional relief (recurso de amparo) set forth in Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting his or her fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as it is responsible, based on Article 7 of its Law, for defining exclusively its own jurisdiction. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional protective process of the petition for constitutional relief (amparo), in all other cases, and for the reasons this Court has provided (judgment No. 2008-02545 of 08:55 hours on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the administrative-contentious jurisdiction, all of which is in accordance with Article 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal rules, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order. IX.—NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. I consider that, in environmental matters, if the Public Administration has already intervened, their knowledge and resolution fall under the administrative-contentious jurisdiction. However, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as happens in this case, in which noise pollution is alleged from the establishment “El Rancho,” which reportedly produces noise from live music, karaoke, and shouting, affecting the right to enjoy a healthy, ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life for the protected party and other neighbors. X.—DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are advised that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be retrieved from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not retrieved within this period will be destroyed, in accordance with the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. POR TANTO: The petition for constitutional relief is declared without merit. Magistrates Castillo Víquez and Salazar Alvarado, separately, enter notes.— Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Luis Fdo. Salazar A. Ingrid Hess H. Alejandro Delgado F. Rosibel Jara V. Jose Roberto Garita N. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- 8FHJ3YYKXTO61 EXPEDIENTE N° 23-018390-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 14:28:39. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República