Res. 07827-2024 Sala Constitucional — Suspension of environmental amparo pending constitutionality challenge to water-use royalty decreeSuspensión de amparo ambiental por pendencia de acción de inconstitucionalidad sobre canon de agua

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Sala Constitucional

Resolución Nº 07827 - 2024

Fecha de la Resolución: 22 de Marzo del 2024 a las 09:20

Expediente: 23-019417-0007-CO

Redactado por: Ingrid Hess Herrera

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 23-019417-0007-CO

Res. Nº 2024007827

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintidos de marzo de dos mil veinticuatro .

  Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 23-019417-0007-CO, interpuesto por GAD AMIT KAUFMAN, cédula de residencia 137600015818, a favor de ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA, cédula jurídica 3002395766, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA), EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG), EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE), EL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA (MIDEPLAN) Y EL SERVICIO NACIONAL DE RIESGO Y AVENAMIENTO (SENARA).

Resultando:

 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 15 de agosto de 2023, la parte recurrente presenta recurso y manifiesta que el proyecto PAACUME tiene más de 40 años de propuesto y estaba planificado sólo para riego, pero nunca se desarrolló. Ahora con el cambio de PAACUME a Agua para la Bajura, el gobierno anunció el inicio de las obras del proyecto, sin que este haya sido esté diseñado, definido y aceptado en todas sus partes y consecuencias. En realidad el "gran cambio" es simplemente darle un papel más activo y a corto plazo al AyA. Lo lamentable es que, no se hace para atender las necesidades de las comunidades de Guanacaste afectadas y vulnerables, en abastecimiento continuo de agua y de calidad potable ni para darle cobertura de alcantarillado. sino para que todos los usuarios paguemos la factura y subvencionemos el costo del proyecto a través de un impuesto cobrado a través de las tarifas del AyA, lo que evidentemente llevará a un aumento en el costo imposibilitándole el acceso a las personas de bajos recursos. Se pretende construir un embalse en el río Piedras y destruir 113 hectáreas del protegido sitio Ramsar, llamado Lomas de Barbudal, las cuales nunca serán reemplazadas. Con ello, se pretende reemplazar el sistema natural de ríos, quebradas, esteros y estanques naturales, que son mantos acuíferos por un embalse artificial y canales de riesgo. Las aguas que vienen del Embalse Arenal y que se pretenden represar en el embalse río Piedras se encuentran contaminadas con materia fecal, plaguicidas y abonos químicos. Trasladarlas en canales abiertos a la orilla poblada del río Tempisque puede provocar la transmisión de enfermedades o contaminar mantos acuíferos. No es apta para uso en ganadería o avicultura. Traerla a regiones pobladas facilitaría la circulación de todo tipo de virus y bacterias, afectándose la salud pública. Para justificar y dar fortaleza al proyecto se sostiene que se va a agregar una planta de tratamiento y potabilización ubicada en Palmira de Carrillo, de 2.000 litros de agua por segundo que se traerían del embalse mencionado. Esto cuando hoy se consumen entre todos los 11 cantones de la provincia de Guanacaste 5.000 litros por segundo y en Palmira de Carrillo sin hacer nada ni gastar dinero hay más agua que los 2.00 litros por segundo prometidos. En ese preciso lugar, coordenadas 277.474 364.630 en Palmira de Carrillo en Guanacaste, a orillas del Río Tempisque se encuentran unas gigantescas bombas de agua, que según el expediente No. 6472 A de la Dirección de Aguas de MINAE, toman agua en concesión para una sola empresa de capital extranjero, para el monocultivo de caña de azúcar, 5.750 litros por segundo. Empresa propiedad de la familia Campollo de Guatemala, la cual paga este año 2023, unos 14 centavos de colon por cada m3 de agua, por tomarla de una fuente superficial, el río Tempisque y el AyA pretende cobrar al menos 11,53 colones, sea 28 veces más caro por m3. Afirma que el artículo 137 de la Ley de Aguas, Ley No. 276 establece que el MINAE "(...) está facultado para modificar, sin exponerse a pago de daños y perjuicios por ningún motivo, los derechos al uso de las aguas públicas, cualquiera que sea el título que ampare el aprovechamiento (...)". Sea que por interés público se le puede disminuir el volumen de agua que se le da a la empresa Central Azucarera del Tempisque, Sociedad Anónima (CATSA), casi regalada y desde hace muchos años. A una sola empresa se le reduce el caudal un 34% y listo y ello se puede hacer de forma paulatina según aumente la demanda de agua potable del AyA. El mismo criterio se aplica para el análisis del caso de aprovisionar al sector turismo costero, con aguas del proyecto PAACUME. Mientras que a CATSA se le cobra el agua en Palmira de Carrillo a solo 14 centavos de colón por metro cúbico, al sector turismo, se le quiere cobrarle 132,89 colones por el mismo m3, alrededor de 949 veces más caro. Además, arguye que para transportarla se tendría que construir acueductos encareciendo el precio final del recurso a ser usado en turismo. Aunque la prioridad legal y constitucional es para el agua de consumo humano, como necesidad para la vida, en la realidad costarricense, el agua potable es solo el 10,7% del recurso hídrico manejado en el país, un 75 % lo acapara el riego, de manera que lo prioritario pasa a ser secundario. Refiere que en la elaboración y diseño del proyecto PAACUME, desde hace muchos años ha existido una enorme maquinaria institucional y empresarial, hermanada en el DRAT. Como ejemplo, indica que el canal del oeste fue construido por los empresarios organizados en bajo la personería de COOPEVICA, quienes entregaron las obras terminadas al DRAT para su operación a cambio de recibir el agua totalmente gratis por al menos 10 años y son los mayores consumidores de agua de Guanacaste. Empresas como Azucarera el Viejo, Hacienda el Pelón, Central Azucarera del Tempisque, Ingenio Taboga y COOPEVICA han participado activamente en la configuración de PAACUME. Añade que las comunidades han sido invitadas como meros observadores, sin tener acceso a la información completa y sin participar en el verdadero debate, sea quién pagara las obras. Aún no hay tarifas fijadas por la ARESEP para cada uno de los usos y volúmenes, de manera que como se va a hacer una inversión sin tener claro, ¿cómo se mantendrá la operación y recuperará la enorme inversión? Hace un tiempo se participó en la audiencia pública del expediente No. ET-069-2022, sobre las futuras tarifas a aplicar en el DRAT de SENARA, pero aún está pendiente la resolución final y nada se conversó sobre PAACUME. Es claro que hay información faltante, a propósito invoca la sentencia de esta Sala No. 2023-001228 de las 9:20 horas de 20 de enero de 2023, dictada en el expediente No. 22-028443-0007-CO. Otro problema con el proyecto es que no se han terminado las expropiaciones de las fincas que "compensan" los daños biológicos a Lomas de Barbudal. Comenta que tampoco se han tomado en cuenta temas tales como el tratamiento de aguas residuales y la posibilidad de desalinización. Sostiene que existe un desorden total en el manejo del recurso hídrico, sea en la determinación del costo de agua, su uso y proveedor (AyA, ASADAS, gobiernos locales y entes privados). Además, existen pozos ilegales no contabilizados y los casos de agua concesionada (alrededor de 16.000) vigentes y más ilegales). Según la Contraloría General de la República entre el 40-50% del causal que opera el AyA se pierde y no se factura. Asegura que el desorden y la controversia es tal que el MINAE solo aplica la legislación que quiere y se maneja con múltiples decretos, pasando por encima de la Ley de Agua vigente. Estima que previo a la realización de un proyecto de la magnitud del PAACUME 2022 se requieren estudios de factibilidad económica y financiera. El presentado para el proyecto de interés es una "burla", no es claro ni transparente. En este no se tomó la participación activa de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y, además el estudio de factibilidad concluyó que no es financieramente rentable y aun así se quiere construirlo. Reclama que en el caso de las concesiones otorgadas por MINAE el canon de aprovechamiento, se fija por Decreto. Es decir, el señor presidente puede modificarlo cuando quiera, para terminar con el ridículo de cobrar 14 y 18 centavos de colón por m 3 a los grandes y poderosos finqueros. Alega que la asociación que representa presentó y está pendiente de resolución la acción de inconstitucionalidad que se tramita en el expediente 22-001372-0007-CO, en la que se planteó la anormal e ilegal diferencia en el monto del canon del riego (se cuestiona específicamente los artículos 7 y 9 del DE-32868-MINAE - Canon por concepto de aprovechamiento de aguas). Solicita a los entes recurridos que se pronuncien sobre la conveniencia de aplicar tarifas diferenciadas, ascendentes según aumente el volumen consumido para riego. Arguye que a mayor caudal, canon más alto. Añade que las diferencias son muy grandes, tanto en volumen como en precio. Estima que los hechos expuestos violan los derechos fundamentales de la amparada. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.

 2.- Informa bajo juramento RONNY A. RODRÍGUEZ CHÁVEZ, en su condición de viceministro de energía, quien señala lo siguiente: “... que

En relación con los alegatos del recurrente, este Despacho procede a rendir informe en los siguientes términos: Este Ministerio es el rector del Sector Ambiente y Energía, y tiene competencias para la gestión de los recursos hídricos del país bajo el desarrollo y aplicación de los principios generales en armonía con las leyes de otras instituciones del Estado y los objetivos nacionales, para el beneficio de la sociedad costarricense. Mediante la Dirección de Agua, como Órgano Técnico de este Ministerio para la gestión y conservación del Recurso Hídrico Nacional. El proyecto denominado PAACUME, aprobado mediante la Ley N° 9610 denominada: Modificación de Límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbuda loara el desarrollo del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media Del Río Tempisque y Comunidades Costeras, publicada en el Alcance 199 de la Gaceta del 23 de noviembre del 2018, señala para efectos de claridad los numerales 5 y 6 lo siguiente: “ARTÍCULO 5- El área del Embalse Río Piedras, que incluye el anillo de protección, forma parte integral del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (Paacume) que desarrollará el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), que permitirá el almacenamiento y la regulación del agua proveniente del Complejo Hidroeléctrico Arenal Dengo Sandillal (Ardesa) con posterior conducción y distribución equitativa para abastecer las necesidades de consumo productivo agropecuario, generación hidroeléctrica, fomento turístico y el abastecimiento poblacional, este último por medio del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), además de aquellas otras actividades que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos propuestos por Paacume. Del canon que cobre el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) a los usuarios por concepto de uso y aprovechamiento de agua, se destinará un cincuenta por ciento (50%) al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para la implementación del Plan General de Manejo de Uso Sostenible y Racional. ARTÍCULO 6- Finalizadas las obras de construcción y puesto en operación el Embalse Río Piedras por parte del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), el área de embalse, que incluye el anillo de protección, se constituirá en un ecosistema de humedal administrado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley N.° 7575, Ley Forestal, de 13 de febrero de 1996. Deberá existir estricta coordinación con Senara para la utilización del agua conforme a diversos usos requeridos. El Poder Ejecutivo, mediante el SINAC, realizará los estudios necesarios para otorgar a dicho espacio una categoría de manejo, que no deberá contraponerse al uso que se le dé al agua producto del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (Paacume). Para la elaboración del Plan General de Manejo de Uso Sostenible y Racional, se conformará una comisión con representación del Sinac, Senara y la Municipalidad de Bagaces.” Ahora bien, en relación a lo alegado el recurrente señala que el proyecto no es para atender las obligaciones urgentes del AYA sino favorecer a unos cuantos usuarios de agua, que en vez de invertir el AYA en infraestructura dentro de PAACUME, podría captar agua del Tempisque sin que ello implique un costo millonario. Asimismo, aduce que CATSA tiene concesionado 5750 litros por segundo del río Tempisque, y paga 14 centavos de colon por cada m³ y que al AyA quieren cobrarle al menos 11 colones con 53 centavos, al patrimonio nacional o el desarrollo económico integral y sostenible. De conformidad con lo anterior este tema será atendido por el AYA, sin embargo, se señala que a la fecha el AYA no ha solicitado ante este Ministerio, inscripción alguna potencial tomada de agua del río Tempisque. Se le presenta a este honorable Tribunal el trabajo de monitoreo y control que durante años ha realizado la Dirección de Aguas para este río. Monitoreo y control que ha generado múltiples informes técnicos que se adjuntan como prueba y que también se encuentran disponibles en la página web oficial de la Dirección de Aguas www.da.go.cr. Siendo así, mediante el memorándum DA-2165-2023 del 19 de septiembre de 2023 , suscrito por el Director de la Dirección de Aguas José Miguel Zeledón Calderón señaló: ¨Por su parte se realizó estudio actualizado oficio DAUHTPNOB-0169-2017 del 31 de marzo del 2017 y versó sobre la disponibilidad de agua condiciones normales en el río Tempisque. Este hace análisis en el que se utiliza como caudal de diseño medido a la altura de la estación hidrométrica en Guardia (datos de la estación del ICE número 741901, período de datos de los años 1951-1969, 1980-2010), mediciones que están afectadas por el caudal asignado en las concesiones aguas arriba del punto de control (estación de Guardia), en tanto se asume que los aprovechamientos de agua se están utilizando conforme lo indicado en cada uno los derechos concesionados. Acorde con lo anterior se tiene un caudal promedio mensual que debe de pasar por el punto de control, que corresponde al dato más representativo de la serie de caudales que permite tener mayor seguridad a la hora de asegurar la distribución de agua, resolviendo la disponibilidad mes a mes. Para la distribución de caudal de agua a disponer, se resta el caudal ambiental para asegurar que éste prevalezca aguas abajo en el rio, y se sustrae el caudal concesionado aguas abajo. A lo mencionado hay que integrar la afectación de la fase cálida del fenómeno El Niño (ENOS en su fase cálida) misma que genera gran impacto al Pacífico Norte; enfocado esto a la cuenca del río Tempisque, la cual se caracteriza por ser susceptible a los extremos secos y lluviosos, conforme esto se analiza la aplicación de una metodología para la adaptación de su aprovechamiento ante la presencia del fenómeno El Niño que corresponde a la fase seca del ENOS. Por otra parte, la Dirección de Agua, como Órgano Técnico del Ministerio de Ambiente y Energía, para la gestión y conservación del Recurso Hídrico Nacional realiza un análisis hidrológico en la cuenca, considerando no solo del río Tempisque como corriente principal, sino igualmente sus afluentes en la parte cuenca alta con el objetivo de evaluar la disponibilidad de agua real en la cuenca, para resolver tomando en consideración las concesiones vigentes y las solicitudes de renovación de concesión que se encuentran en trámite. Es importante señalar, para los efectos de este análisis, que sólo se consideraron los derechos históricos, y no se contemplan nuevas solicitudes de aprovechamiento del recurso hídrico en el Tempisque. Asimismo, para realizar el análisis del caudal ambiental se toma como base el estudio realizado por la Unión Mundial de la Naturaleza (UICN) retomado en el oficio IMN-DA-2391-2005, donde se muestra el caudal ambiental mensual que debe tener la fuente desde el puente de Guardia hasta la desembocadura en el Golfo de Nicoya como se indica en la Revista Forestal (Costa Rica) 5 (13) (Alvarado, 2008). Es importante señalar, que no existe otra fuente científica fiable sobre caudal ambiental, por lo cual el dato establecido en el estudio de la UICN constituye un dato veraz, con sustento científico para la propuesta, tomando como base para su establecimiento el punto de control antes citado. Actualmente la Dirección de Agua suscribió un convenio con la Escuela de Ingeniería Agrícola del Instituto Tecnológico de Costa Rica para el análisis en lo que refiere al caudal ambiental en este río entre otros, que permitirá mayor detalle una vez concluido. Que en relación al análisis de la disponibilidad en escenario de sequía se realizó el análisis considerando los efectos a causa de la fase cálida del Fenómeno ENOS. Para ello se toma como base los datos que presenta la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), que establece el indicador llamado Índice Oceánico del Niño (ONI); siendo un indicador que se maneja a escala general a nivel mundial. No obstante, lo anterior, para Costa Rica la Institución encargada de realizar la alerta y proyecciones es el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), para lo cual se tomará como oficial las prevenciones que realice el IMN. Que la metodología definida en el citado estudio para el análisis de las concesiones, parte de tres escenarios: cuando el Fenómeno El Niño se cataloga en estado moderado: 1. Si los aforos o el registro son Igual o Mayor a 14.90 m3/s, no se presenta afectación hidrológica considerándose caudal normal promedio. 2. Si los aforos o el registro son Menores a 14.90 m3/s y Mayores o igual a 10.40 m3/s, se considerará condiciones anormales con caudales mínimos con una afectación hidrológica moderada. 3. Si los aforos o el registro son Menores a 10.40 m3/s y Mayores o igual a 9.80 m3/s se considerará condiciones anormales con caudales mínimos con una afectación hidrológica fuerte. 4. Si los aforos o el registro son Menores a 9.80 m3/s y mayores o igual a 6.00 m3/s se considerará condiciones anormales con caudales mínimos con una afectación hidrológica muy fuerte. En detalle lo podemos representar de la siguiente manera: 1) Si el caudal promedio correspondiente al mes de enero es igual o mayor a 14.90 m3/s. no se aplica ningún porcentaje de reducción y se mantienen las condiciones de la concesión según el caudal asignado para cada mes (se insertan cuadros)...”. “... De conformidad con lo señalado se presentan dos variables para realizar el ajuste de caudal de concesiones en la fuente: la primera que sería los rangos del ONI y sus respectivos caudales de diseño y la segunda el registro de caudales de la Estación y aforos instantáneos en los meses de diciembre y enero en el sitio levantados por la Dirección de Agua como parte de la gestión de control (producto de la estación de Guardia o aforos manuales). Para cualquiera de las dos variables, debe tenerse como punto de partida, mantener en todo momento el caudal ambiental que fue propuesto en el oficio IMN-DA-2391-2005, el cual es de 6400 litros por segundo en el mes de enero, 5200 litros por segundo en febrero, 3600 litros por segundo en el mes de marzo, 3200 litros por segundo abril y 3400 litros por segundo en mayo. Por otra parte, conforme los datos obtenidos y analizados según lo expuesto y aforos de la Dirección de Agua, en los meses de enero, febrero, marzo y abril existe déficit hídrico el cual se debe recuperar. Para compensar este déficit y lograr recuperar el caudal ambiental del Río Tempisque se deben de ajustar todas las concesiones, esto calculando el porcentaje que representa el déficit al total del caudal concesionado del Tempisque y sus afluentes. Para conseguir lo anterior, se ajustaron todos los caudales de las concesiones del Río Tempisque y sus afluentes aguas arriba de Guardia que estén en trámite, en los siguientes porcentajes y de según sean los meses de aprovechamiento: un 4% para el mes de enero, 20% para el mes de febrero, 25% para el mes de marzo y 31% para el mes de abril. Los demás meses del año no sufren modificaciones. Esta reducción de caudal se realiza con base a los datos que se encuentran desglosados en el informe técnico DA-UHTPNOL-1125-2018, agregado al expediente. También se emitió el Informe Técnico, DA-UHTPNOB-0394- 2017 de 30 de junio del 2017, denominado “Adaptación al cambio climático de las concesiones del río Tempisque Fase cálida del fenómeno ENOS”, con el fin de generar alternativas científicas para que los derechos de agua y su aprovechamiento respecto a la disponibilidad de agua en el río Tempisque puedan enfrentar la variabilidad del clima según el comportamiento cada vez más frecuente del Fenómeno Cálido El Niño Oscilación Sur (ENOS). Como complemento a los estudios señalados, se realiza el análisis técnico oficio DA-UHTPNOL-1125- 2018 del 21 de diciembre del 2018, denominado “Análisis integral del río Tempisque y sus principales afluentes para la recuperación del caudal ambiental e integrar la metodología de adaptación a la fase cálida del fenómeno ENOS. El objetivo principal del estudio es ajustar los derechos de agua actuales y futuros conforme la disponibilidad hídrica actual, además de establecer el caudal ambiental, y el escenario de aprovechamiento de agua en condiciones donde se dé la presencia de El Niño (ENOS fase cálida), todo de forma mensual y con punto de control en la Estación Hidrométrica Guardia. Y es con base en estos estudios y ante la necesidad de asegurar el caudal ambiental en el río Tempisque, mediante el oficio DAUHTPNOL-0220-2019 de 22 de abril del 2019, elaborado por el Ing. Leonardo Solano Romero Coordinador de la Oficina Regional Liberia que atiende la Unidad Hidrológica Tempisque de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, propuso ante la oficina del suscrito, la implementación del instrumento denominado “Protocolo de implementación para el potencial ajuste de caudales en las concesiones ante la disminución de la disponibilidad del recurso hídrico en el río Tempisque, en presencia del fenómeno El Niño”. Para ello se utilizarían los siguientes indicadores: - Presencia del fenómeno El Niño - Alerta de la ONI - Aforos realizados en los meses de diciembre y enero de cada año correspondiente a la transición de la época lluviosa a la seca. - Comparación de caudales de registro con los aforos antes citados. En lo que respecta al caudal se considerará como línea base el promedio mensual del registro de la Estación Guardia y los aforos corresponderán a las mediciones que la Dirección de Agua pueda realizar en el mes de diciembre y enero de cada año que corresponde al inicio de la época seca en la región, a fin de definir si existe o no disminución de caudal en el río. El punto de control será la estación Hidrométrica del Rio Tempisque hoy operada por el AyA a la altura de Guardia. Conforme se tengan probados los criterios indicados y se tenga certeza en la disminución del caudal, se prevé, conforme el estudio DA-UHTPNOL-1125-2018 y DA-UHTPNOL-220-2019, una aplicación de ajuste temporal de los caudales concesionados, a partir de los meses de febrero, marzo, abril y mayo según corresponda, siendo éstos los meses conforme registro histórico que enfrentan las mayores disminuciones de caudal disponible y reflejan datos críticos en época del ENOS. Como complemento de los informes citados, se emitió el DAUHTPNOL-0220-2019 del 22 de abril del 2019, con el que se informa, además, de la metodología que se incluye, lo siguiente: “…Mediante comunicación oficial en la primera semana del mes febrero; con notificación publica y además directamente notificado el concesionario se dispondrá de la alerta y aplicación de los respectivos ajustes, de tal forma que se aplique lo ajustes en las derivaciones de forma inmediata. La Dirección de Agua hará el control periódico y sistemático acostumbrado de las tomas de agua autorizadas, además realizar mediciones de caudal en el punto de control durante los meses de febrero, marzo y abril con el fin de dar seguimiento al comportamiento de la disponibilidad y el aprovechamiento. Además, se realizarán aforos durante la época de estiaje de diciembre a abril de cada año en los principales ríos afluentes del río tempisque con el fin de precisar mejor el comportamiento en la cuenca media y alta sobre la disponibilidad de agua tanto en el río principal como en los afluentes mismos.” El protocolo fue aprobado por el suscrito director de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, Ingeniero José Miguel Zeledón Calderón, mediante oficio DA-0948-2019 del 17 de julio del 2019 y se puso en marcha. Como se puede observar, el manejo del río Tempisque no es simple, no se trata de una suma y resta como lo presenta el recurrente, quien, además, deja de lado la parte productiva, socio-económica de la provincia de Guanacaste, como si esto no fuera aparejado al desarrollo humano. Como pueden darse cuenta, se han hecho una serie de estudios, muy serios, técnicos y científicos, estudios que están a disposición del recurrente, para su lectura.¨. Por lo que, la Dirección de Agua implementa metodología novedosa para atender periodos de seguía hidrológica en la cuenca del río Tempisque, se ha incorporado elementos técnicos científicos habilitantes en las resoluciones de las concesiones para cuando se presenten los criterios dispuesto en el protocolo, se puede realizar un aprovechamiento de agua acorde con la disponibilidad de agua consecuente de la sequía, sino hay sequia se puede dar el aprovechamiento ordinaria según los estudios que lo respaldan. De tal forma en las concesiones de agua del rio Tempisque está integrada la variabilidad climática y el comportamiento de la disponibilidad conforme el cambio del clima. Asimismo, se realiza control mensual por parte de los funcionarios de la oficina de Liberia de la Dirección de Agua. Respecto al costo de agua la forma en cómo se cobra, la discrepancia que tiene el recurrente en cuanto a la aplicación del DE-32868-MINAE, y sus reformas. Y a raíz de eso la disconformidad e impugnación por la no aplicación del artículo 172 de la Ley de Aguas. Este Ministerio ha demostrado técnica y legal, de cómo el operador de la norma, logra poner en marcha el instrumento jurídico adecuado, conforme la figura jurídica por la cual se obtiene la autorización de la Administración Pública para aprovechar el agua, esta es la concesión. Se le explica a esta honorable Sala que el costo del agua que concesiona este Ministerio por medio del Órgano Técnico, está expresamente contenido en el DE-32868-MINAE, siendo un instrumento económico que llevó largos años de debate con todos los sectores interesados, incluido el AyA. Esta modificación o análisis o actualización de costos del canon de aprovechamiento, como quiera definirse está detenida por acción directa del mismo recurrente, quien ha impedido que el mismo avance. Recordar una vez más que fue quien presentó la acción de inconstitucionalidad expediente 22-001372-0007-CO, mediante la cual se cuestiona específicamente los artículos 7 y 9 del DE-32868-MINAE y sus reformas. Este recurso de amparo, está siendo conocido por este Tribunal en el expediente citado. En el tema de falta de contabilización de pozos ilegales, se le indica al recurrente que se ha trabajado con las Asociaciones de Acueducto y Alcantarillados Comunales (Asadas) y el AyA, Ministerio de Salud y otros, en la intervención de pozos ilegales, particularmente en la zona Costera de Guanacaste, esto aprovechando Comisión denominada CONIMBOCO que coordina la Dirección de Aguas, en la cual se ha rendido informes sobre estado de situación como el más reciente informe Oficio DA-1045-2023 del 18 de mayo de 2023. Por su parte, igualmente a través del CTI Agua Subterráneas que coordina la Dirección de Aguas para el caso de los acuíferos Costeros de Potrero, Basilito y Huacas Tamarindo elevo informe Oficio DA-2117- 2023 a este Ministerio, como ente rector en la materia, para promover la regulación de agua en estos acuíferos y se emitió la resolución R-0283-2023 mediante la cual se dispone al respecto. Por otra parte, el término Abrogar, es un término técnico-legal, que para los efectos de que esta Sala tenga claro, fue utilizado para contestarle una vez más entre el sin fin de documentación. y gestiones, que se le ha atendido al recurrente, para explicarle como los actos administrativos por medio de los cuales se emite la autorización para aprovechar el agua, no son susceptibles de pagar impuestos, sino de pagar cánones. Se le explicó, además, la diferencia entre el canon y el impuesto, señalada en diferentes votos y pronunciamientos de la Sala Constitucional. De esta forma, lo alegado por el recurrente en razón a las funciones de ARESEP, conforme al artículo 5 de la Ley N° 7593 no comprendemos en este punto que pretende el recurrente, sin embargo, se le debe aclarar que no cita parte del artículo mencionado que señala : “La autorización para prestar el servicio público será otorgada por los entes citados a continuación: Inciso e): Ministerio del Ambiente y Energía.” De conformidad con lo anterior, conforme el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, C-218-2017 del 22 de septiembre del 2017, para el caso de los Distritos de Riego manejados por SENARA, éste debe de tramitar la respectiva concesión de agua, que es el título habilitante para prestar el servicio público. A partir de entonces, la ARESEP, fija las tarifas dentro de estos Distritos de Riego. Por lo que no comprendemos la acusación de supuesta “usurpación de funciones” por parte de este Ministerio. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (en adelante SINAC), en razón de su competencia definidas en el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad N° 7788 (en adelante Ley 7788), mediante el oficio SINAC-ACAT-D-0221-2023 de fecha 19 de septiembre de 2023 suscrito por el ingeniero Alexander León Campos Director de ACAT señalo lo siguiente: ¨Esta Dirección, estima que por ser el SENARA el ente desarrollador del Proyecto PAACUME corresponde por competencia referirse a tal alegato. Sin embargo, precisa recordar que, de acuerdo al espíritu del legislador, contenido en el proyecto de ley N° 20465 que dio origen a la Ley N°9610 que Modifica límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el desarrollo del proyecto de abastecimiento de agua para la cuenca media del Río Tempisque y comunidades costeras, se sostuvo por parte de la Asamblea Legislativa que el “Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste - Pacífico Norte (PIAAG), ha tenido como objetivo asegurar el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico en la provincia de Guanacaste para satisfacer las demandas de agua por parte de las comunidades y las distintas actividades productivas, mejorando el acceso al agua en cantidad y calidad adecuada. Para ello contempla cuatro ejes estratégicos: I. Seguridad hídrica para las comunidades (Derecho Humano acceso al agua - sistemas de AyA y Acueductos Comunales - ASADAS). II. Seguridad alimentaria (Incremento de la producción alimentaria con sistemas de riego). III. Necesidades de agua de los ecosistemas (Promover la sostenibilidad de los ecosistemas. IV. Gestión de aprovechamiento sostenible (mejorar el aprovechamiento del agua disponible, con prioridad el agua subterránea). V. Conforme los ejes I y II, el Servicio Nacional de Agua Subterránea, Riego y Avenamiento (SENARA) desarrolla el Proyecto Sistema de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME)” Se recuerda que precisamente los votos 2020-13836 y 2020- 021308 , al conocer las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley N°9610 han encontrado constitucional la desafectación de ese terreno (113 hectáreas de la Reserva Biológica Lomas Barbudal) para modificar su uso y protección ambiental por haberse cumplido los procedimientos técnicos y formales requeridos para tal efecto e inclusive se realizó por parte de la Sala Constitucional el análisis respectivo referente a la constitucionalidad de la compensación establecida por la ley de cita, considerando: “Finalmente, la compensación ofrecida en esta ley fue de 5 a 1 para mejorar el resarcimiento ambiental, pues a cambio del uso de las 113 hectáreas actuales, la reserva recibirá más de 5 00 hectáreas, que vendrían a formar parte de esta, incluyendo esas mismas 113 has, pero con un hábitat acuático y de protección diferente. En ese sentido, no solo entra en ponderación la protección ambiental, sino también la necesidad de procurar el suministro a una gran parte de la población guanacasteca, de un líquido que es vital para los seres humanos, como el dotar de agua. De ahí que deban ser valorados todos los escenarios posibles y adoptar las medidas menos lesivas para todas las partes y los derechos involucrados, en atención a lo que procura un desarrollo sostenible. Tampoco se violenta el principio de no regresión ambiental de la reserva biológica Lomas de Barbudal, por el contrario, la normativa impugnada está garantizando un fortalecimiento en materia de protección y administración en temas ambientales, ya que se incrementa el área de la reserva, se protegen e incorporan áreas con humedales naturales (río Cabuyo y Quebrada Amores), se asignan recursos económicos para la administración y manejo de recursos naturales, se integra la coordinación entre instituciones para el manejo y elaboración de los planes correspondientes en materia ambiental, y, finalmente , incorpora un nuevo ecosistema de humedal, el cual, además de ser un nuevo destino para las aves acuáticas, será un ecosistema que contribuirá a la adaptación y al cambio climático en toda la provincia de Guanacaste. Más allá de lo sugerido en el estudio de la OET de adquirir como mínimo 332 ha, la propuesta legislativa que finalmente fue aprobada y respaldada por órganos técnicos nacionales como SENARA y el SINAC, incorporó en la propuesta de compensación de este proyecto, muchas más hectáreas, a fin de facilitar el manejo y control de mínimo 332 ha, la propuesta legislativa que finalmente fue aprobada y respaldada por órganos técnicos nacionales como SENARA y el SINAC, incorporó en la propuesta de compensación de este proyecto, muchas más hectáreas, a fin de facilitar el manejo y control de incendios. Asimismo, al incorporar las propiedades Brindis de Amor y Hacienda Ciruelas, permitió contar con bosque ripario en condiciones adecuadas de conservación, y poder conservar también, al estar dentro del área del proyecto, las nacientes principales del río Cabuyo y quebrada Amores, que se encuentran en esas fincas” De lo expuesto se concluye que tales fines ya han sido expuesto ante la Sala Constitucional y considerados por este honorable Tribunal en los expedientes 19-017939-0007- CO y 19-000257-0007-CO. Asimismo, a la fecha la finca es propiedad Estatal inscrita al folio real 5177359-000 y administrada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación en la cual se encuentran las 113 hectáreas desafectadas de la Reserva Biológica Lomas Barbudal para el proyecto PAACUME no han sido segregadas y que más bien existe un compromiso por parte del SENRA para que el próximo año a más tardar, se compre y traspase al MINAE-SINAC las áreas previstas en la Ley N° 9610 para compensación; ruta que es claramente conocida y respetada por el SENARA. Es importante señalar que el artículo 50 de nuestra carta magna establece que el Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, garantizando el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en respeto del derecho a la protección de la salud humana que se deriva del derecho a la vida; siendo entonces que el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano en armonía con este, en el que la calidad ambiental, y los medios económicos resultan ser de los parámetros fundamentales para las personas. ”.

 3.- Informa bajo juramento LUIS ALEJANDRO GUILLÉN GUARDIA, en su condición de presidente ejecutivo del INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, quien informe lo siguiente: “... PRIMERO: Respecto a la existencia de los Estudios, y que hay un estudio de factibilidad que concluyó que no es financieramente rentable. Con fundamento en el informe SB-AID-2023-00284, primeramente, se debe explicar el contexto del proyecto de la siguiente manera: “… El proyecto PAACUME es un proyecto de infraestructura que tiene como objetivo llevar agua a la región de Guanacaste para diversos fines (uso múltiple del agua), tales como: consumo humano, agricultura y turismo. El proyecto contempla la construcción de una presa y embalse, así como un sistema de distribución de agua para garantizar el suministro sostenible a lo largo de los próximos 50 años. PAACUME es considerado el principal proyecto de adaptación climática en el país y busca asegurar el abastecimiento de agua en una región que históricamente ha enfrentado escasez de este recurso vital. Este proyecto es desarrollado en su totalidad por SENARA. Dentro de la conceptualización de PAACUME se encuentra un componente de agua potable, por lo que SENARA ha solicitado la colaboración del AyA para brindar algunos insumos técnicos que le permita actualizar una serie de requerimientos solicitados por el ente financiador del proyecto. Se adjunta solicitud del SENARA y la primera entrega realizada por parte AyA. De manera paralela se trabaja en CONVENIO MARCO con SENARA que tiene como objetivo establecer relaciones de cooperación entre el AyA y el SENARA que propicien el desarrollo conjunto y la coordinación de proyectos y obras, intercambio de conocimientos y asesoría, así como articular acciones para maximizar la explotación de los recursos y capacidades institucionales. Asimismo, el desarrollo de infraestructura para el uso múltiple, óptimo y eficiente del recurso hídrico, realización de estudios, investigaciones y capacitación, así como todas las acciones asociadas a la gestión integrada del recurso hídrico dentro del ámbito de competencia de cada institución, el cumplimiento de los respectivos planes estratégicos y en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo…” Ahora bien, puntualmente respecto a la consulta de los Estudios, procede indicar con fundamento en este mismo informe, que dichos estudios no han sido responsabilidad del AyA: “…Los estudios de Factibilidad fueron desarrollados por parte del SENARA y cualquier consulta sobre observaciones al contenido y alcance del proyecto deben ser gestionados ante esa entidad. Los componentes de preinversión citados estaría a cargo de SENARA ( https://www.senara.go.cr/proyectos/paacume/componentes.aspx SEGUNDO: En lo que respecta al pago de la factura y subvención del costo del proyecto a través de un impuesto cobrado a través de las tarifas del AyA. Con fundamento en el informe SB-AID-2023-00284, se debe manifestar que todavía se está en una etapa preliminar: “... En la actualidad no se tiene definido el cobro de la tarifa que se deberá implementar cuando el proyecto entre en operación, debido a que no se ha actualizado el estudio de factibilidad para la componente de agua potable tratada y entregada al usuario. Dichos estudios deben ser actualizados por parte del Ejecutor del Proyecto que en este caso es SENARA, con la participación de las áreas especializadas de AyA en esta materia…” Asimismo, con fundamento en el informe operativo GSP-RCHO-2023-02425 se indica: “…lo referente al proceso de comercialización de los servicios y el cobro de los mismos se realiza a través de la aplicación de las tarifas debidamente aprobadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Se aclara que las tarifas vigentes no tienen ningún componente de subvención de impuestos. Estas tarifas aprobadas por ARESEP tienen los siguientes componentes: Cargo Fijo de Agua, Hidrantes, Protección de Recurso Hídrico, IVA (cuando corresponde), consumo de agua, Alcantarillado (Cuando Corresponde). En cuanto al Proyecto PACUME, todos los eventuales nuevos clientes que se integren producto del mismo, se les aplicaría la misma tarifa que se aplica a nivel nacional (la que se encuentre vigente). La institución solo puede cobrar las tarifas vigentes que fije ARESEP…” TERCERO: En cuanto al alegato de “construir un embalse en el río Piedras y destruir 113 hectáreas del sitio protegido Ramsar, llamado Lomas de Barbudal, las cuales nunca serán reemplazadas” El informe UEN-GA-2023-01856, indica el cumplimiento de la Viabilidad Ambiental correspondiente y clarifica lo siguiente: “… a) Mediante el estudio de Línea Base Embalse Piedras, realizado por la Organización para Estudios Tropicales en el año 2017, denominado “Establecimiento de la línea Base de Biodiversidad para la Reserva Biológica Lomas de Barbudal (RBLB) y finca adyacente”, se presenta los análisis y justificaciones técnicas para determinar las características biológicas y geofísicas de los ambientes que serían sustituidos por el embalse de río Piedras (Anexo 1). b) Mediante Ley 9610, con fecha 17 de octubre de 2018, se modifica los límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el desarrollo del proyecto de abastecimiento de agua para la cuenca media del río Tempisque y comunidades costeras. (Anexo 2). c) Mediante resolución de SETENA N° 459-2019-SETENA, con fecha 19 de febrero de 2019 (Anexo 3), se emite la viabilidad ambiental, considerando los aspectos ambientales que el ente competente evalúo para el Proyecto PAACUME. En el Por tanto Primero de la resolución citada, se indica: “PRIMERO: Otorgar la Viabilidad Ambiental Potencial (VAP) al proyecto: Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Rio Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME), presentado por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenimiento SENARA, con cedula jurídica N°3-007-042041, representada por la señora Patricia Quirós Quirós, con cedula de identidad 3-219008, expediente N° D1-21601-2017, a efectos de que pueda llevar a cabo cualquier gestión previa ante entidades bancarias u otras entidades estatales o privadas.” …” Igualmente se vuelve a indicar que la conceptualización del proyecto, hasta donde se conoce de momento, ha sido realizada en su totalidad por SENARA https://www.senara.go.cr/proyectos/paacume/componentes.aspx). El AyA ha brindado insumos técnicos del componente de agua potable, según lo ha solicitado dicha entidad. Debe consultarse al SENARA sobre los resultados del estudio de impacto ambiental del proyecto y cuáles son las afectaciones y compensaciones producto de la construcción del embalse. CUARTO: Respecto al alegato de que: “se pretende reemplazar el sistema natural de ríos, quebradas, esteros y estanques naturales, que son mantos acuíferos por un embalse artificial y canales de riego. Las aguas que vienen del Embalse Arenal y que se pretenden represar en el embalse río Piedras se encuentran contaminadas con materia fecal, plaguicidas y abonos químicos. Trasladarlas en canales abiertos a la orilla poblada del río Tempisque puede provocar la transmisión de enfermedades o contaminar mantos acuíferos. No es apta para uso en ganadería o avicultura. Traerla a regiones pobladas facilitaría la circulación de todo tipo de virus y bacterias, afectándose la salud pública…” Con fundamento en el informe SB-AID-2023-00284 se indica que: “… Efectivamente, se conoce que SENARA propone que AyA aproveche agua proveniente de un futuro canal de riego para que se potabilice. (https://www.senara.go.cr/proyectos/paacume/componentes.aspx). La ruta que seguirán los canales de riego está siendo definida por SENARA. El AyA para poder entregar el servicio de agua a la población debe suministrarla con calidad potable y cumplir con el “Reglamento para la Calidad del Agua Potable”, publicado en el Alcance No. 69 a La Gaceta No. 170 del 1°de setiembre del 2015 (y sus posteriores adiciones). Por tanto, cualquier proyecto que requiera tratar agua cruda, debe asegurar el tratamiento adecuado que permita potabilizar el caudal requerido de forma segura a la población. Para el caso específico del proyecto PAACUME, hasta donde se tiene conocimiento SENARA está realizando mediciones (por un período de tiempo) en diferentes puntos del canal para caracterizar los parámetros del caudal y determinar el tipo de tratamiento requerido. Existe una base de datos bajo la custodia de SENARA y a partir de esta información se estarían tomando las acciones necesarias para potabilizar el caudal de agua que se le asigne al AyA. Además, debe generarse medidas preventivas y mitigadoras que minimicen los riesgos e impactos que se puedan dar ocasionalmente aguas arriba de la toma a la futura planta potabilizadora…” QUINTO: Respecto al alegato de que la “... propuesta de traer 2.000 litros de agua por segundo que se traerían del embalse mencionado. Preguntando si hoy se consumen entre todos los 11 cantones de la provincia de Guanacaste 5.000 litros por segundo y en Palmira de Carrillo sin hacer nada ni gastar dinero hay más agua que los 2.00 litros por segundo prometidos...” Con fundamento en el informe SB-AID-2023-00284 se indica que: “… La propuesta de traer 2000 l/s surge en el marco de una respuesta para mejorar y asegurar la prestación del servicio de agua potable a los cantones centrales de Guanacaste, tanto AyA como SENARA empezaron a reunir esfuerzos para realizar un proyecto que tuviera sostenibilidad para los servicios que prestan ambas instituciones. Es desde el complejo ARDESA (Arenal, Dengo, Sandillal) que encuentra una solución viable debido a que la cantidad de agua disponible para solventar ambas necesidades: riego y consumo Humano, está garantizada con fuentes de agua que provienen de la vertiente norte que tiene una estacionalidad de lluvia inversa a la región Chorotega. En el caso de los aprovechamientos de agua subterránea y superficial dentro de región Chorotega, se han visto afectados por los efectos de la variabilidad y el cambio climático, siendo una zona que se ve regularmente afectada por el déficit de lluvias que impacta la recarga de los acuíferos y se traduce en ciertos periodos con baja producción y sobre explotación que puede poner el peligro la condición de algunos acuíferos y sistemas. Por lo que con este proyecto se garantiza la sostenibilidad de recurso hídrico a largo plazo. Se adjunta informe preliminar remitido a SENARA en setiembre 2023...” SEXTO: En lo que respecta al ejemplo que pone el recurrente: “la concesión para una sola empresa de capital extranjero, para el monocultivo de caña de azúcar, 5.750 litros por segundo. Empresa propiedad de la familia Campollo de Guatemala, la cual paga este año 2023, unos 14 centavos de colon por cada m3 de agua, por tomarla de una fuente superficial, el Río Tempisque y el AyA pretende cobrar al menos 11,53 colones, sea 28 veces más caro por m3” y el otro caso: “Mientras que a CATSA se le cobra el agua en Palmira de Carrillo a solo 14 centavos de colon por metro cúbico, al sector turismo, se le quiere cobrarle 132,89 colones por el mismo m3, alrededor de 949 veces más caro. Y, además, para transportarla se tendría que construir acueductos encareciendo el precio final del recurso a ser usado en turismo.”. Corresponde indicar con fundamento en el informe SB-AID-2023-00284 que: “… El análisis financiero-económico y de rentabilidad del proyecto lo desarrolla SENARA en el Estudio de Factibilidad del proyecto, cualquier duda sobre cómo se obtuvieron los costos por metro cúbico para los diferentes usos deben ser consultados a dicha Institución…” En lo que respecta a los casos particulares citados el informe GSP-RCHO-2023- 02425 indica: “…Acueductos y Alcantarillados solo está facultado a brindar el servicio de abastecimiento de agua potable para uso poblacional. Por lo tanto, AyA no puede dar el servicio de venta de agua para riego. Para el servicio de agua potable AyA solo puede cobrar las tarifas autorizadas por la ARESEP. No es posible que AyA brinde servicio de riego agropecuario para la Familia Campollo o la Finca CATSA, toda vez que por ley constitutiva y según lo establecido en el artículo siete incisos cuatro del reglamento de servicios de AyA, la actividad de riego agropecuario se encuentra excluida del agua para el uso poblacional, por lo que el agua requerida para riego agropecuario es suplida por los entes prestatarios autorizados por ley. Esta Dirección Regional desconoce las tarifas vigentes para el servicio de riego, sobre este tema deben referirse las instituciones correspondientes que lo regulan… Actualmente en la Región Chorotega según consulta al Sistema comercial (OPEN) se registran la existencia de 24 servicios de agua potable a nombre de la Central Azucarera del Tempisque S.A (CATSA); dichos servicios tienen establecida la tarifa domiciliar, toda vez que fueron otorgados para el abastecimiento de agua potable para viviendas unifamiliares en el INVU de Palmira; es decir que estos servicios que no deberían abastecer una actividad de riego agropecuario. En apariencia el abastecimiento de agua para la actividad de riego agropecuario de esta empresa se realiza a través de una concesión, que tal y como se indicó es competencia de otras instituciones. (se inserta cuadro). SEPTIMO: En lo que respecta a lo alegado de que: “… indica que el canal del oeste fue construido por los empresarios organizados en bajo la personería de COOPEVICA, quienes entregaron las obras terminadas al DRAT para su operación a cambio de recibir el agua totalmente gratis por al menos 10 años y son los mayores consumidores de agua de Guanacaste…” En respuesta el informe SB-AID-2023-00284, indica que: “Con respecto al funcionamiento del DRAT debe consultarse a SENARA, pues es el ente operador del Sistema de Riego y el encargado del proyecto, como se ha indicado de forma reiterada. El AyA no administra el DRAT y no es el encargado del proyecto. El informe GSP-RCHO-2023-02425 indica que: “En consulta al Sistema comercial (OPEN) no se registran servicios de abastecimiento de agua potable a nombre de COOPEVICA.” OCTAVO: Respecto a quiénes realmente participan en PAACUME, realmente están las Empresas como Azucarera el Viejo, Hacienda el Pelón, Central Azucarera del Tempisque, Ingenio Taboga y COOPEVICA. De conformidad con el informe SB-AID-2023-00284 se responde indicando que: “Esta información del proyecto solamente la maneja el SENARA que es el ejecutor del proyecto PAACUME, el AyA es un cliente más del proyecto y sobre el cual dará sus consideraciones técnicas y operativas para tomar en cuenta en el diseño y construcción del componente de agua potable de esta fase del proyecto PAACUME”. NOVENO: Respecto a lo alegado de que: “aún no hay tarifas fijadas por la ARESEP para cada uno de los usos y volúmenes, de manera que como se va a hacer una inversión sin tener claro, ¿cómo se mantendrá la operación y recuperará la enorme inversión?” El análisis financiero-económico y de rentabilidad del proyecto lo desarrolla SENARA en el Estudio de Factibilidad del proyecto, estas consultas deben solicitarse a dicha Institución. DECIMO: Respecto a lo indicado de que: “Otro problema con el proyecto es que no se han terminado las expropiaciones de las fincas que "compensan" los daños biológicos a Lomas de Barbudal”. Debe consultarse al SENARA sobre los resultados del estudio de impacto ambiental del proyecto y cuáles son las afectaciones en la reserva biológica Lomas de Barbudal y compensaciones producto de la construcción del embalse. Se vuelve a indicar que dicha institución es la encargada del proyecto. Este mismo aspecto fue abordado en Hecho tercero. DECIMO PRIMERO: En cuanto a lo alegado de que: “no se han tomado en cuenta temas tales como el tratamiento de aguas residuales y la posibilidad de desalinización” A la fecha, el componente del proyecto relacionado con AyA corresponde a otorgar el caudal y obras de infraestructura requeridas para llevar agua potable a la población a partir del caudal proveniente del Embalse a construir de Río Piedras (a través del canal). No se tiene contemplado como alcance del proyecto PAACUME componentes de saneamiento (aguas residuales) o desalinización. DECIMO SEGUNDO: Respecto a lo alegado de que: “pozos ilegales no contabilizados y los casos de agua concesionada (alrededor de 16.000) vigentes y más ilegales en la localidad que abarcaría PAACUME”. Considerando el informe de la UEN de Gestión Ambiental UEN-GA-2023-01856: “En relación con el tema de pozos en el área que abarcaría el Proyecto PAACUME, se indica: • Con respecto al registro de pozos ilegales, por competencia debe ser abordado por la Dirección de Agua del MINAE. • Con respecto al registro de concesiones que se encuentran en el SINIGIRH, se realizó consulta por parte de la UEN Gestión Ambiental 19 de setiembre de 2023, para una distancia de 250 metros a ambos lados del canal propuesto y del actual, obteniéndose los siguiente resultados (Figura 1): o Se encuentra un total de 11 concesiones distribuidos de la siguiente manera: 4 corresponden a pozos, 7 corresponden a tomas superficiales o derivaciones del canal oeste. o De los 4 pozos registrados, dos pozos corresponden a la ASADA Falconiana para consumo humano y los restantes dos pozos a sociedades anónimas para el mismo uso. o De las 7 tomas superficiales, corresponden a 5 concesiones registradas a nombre de privados, 2 concesiones a nombre del SENARA. El uso corresponde a riego y agropecuario…” DECIMO TERCERO: En cuanto al tema de: “… que según la Contraloría General de la República entre el 40-50% del caudal que opera el AyA se pierde y no se factura…” Corresponde aclarar con fundamento en el informe GSP-RCHO-2023-02425: “… El agua no contabilizada es una relación entre el volumen de agua que se produce y el que se factura. La diferencia entre ambos volúmenes se denomina pérdida, sin embargo, son volúmenes que no se facturan, entre otros debido a: a) Precisión de los medidores b) Uso en hidrantes c) Conexiones ilícitas d) Procesos internos para la operación y mantenimiento e) Fugas Por lo tanto, el que el agua no contabilizada se encuentre en un rango entre el 40 y 50%, significa que, de toda el agua producida, entre el 40 y 50% no se factura por razones como las mencionadas. Esta situación se presenta en todos los sistemas de abastecimiento de agua potable de AyA. Al ser una condición inherente a los sistemas de abastecimiento, el porcentaje de agua no contabilizada se considera en los parámetros de diseños de los acueductos…” DECIMO CUARTO: En lo que respecta a que: “No se tomó la participación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)” Tal y como se indicó, “la conceptualización del proyecto, hasta donde se conoce de momento, ha sido realizada en su totalidad por SENARA y es el encargado del proyecto. ( https://www.senara.go.cr/proyectos/paacume/componentes.aspx). AyA no tiene información oficial en este sentido.”. “... Debe tenerse presente que todavía hay muchos componentes que todavía se encuentran en una fase preliminar de parte de SENARA, hay todavía muchos elementos que deben actualizarse. Nótese lo indicado en el Hecho Primero: “… Dentro de la conceptualización de PAACUME se encuentra un componente de agua potable, por lo que SENARA ha solicitado la colaboración del AyA para brindar algunos insumos técnicos que le permita actualizar una serie de requerimientos solicitados por el ente financiador del proyecto. Se adjunta solicitud del SENARA y la primera entrega realizada por parte AyA…” El SENARA está siguiendo el orden lógico del ciclo de elaboración de proyectos mediante la prefactibilidad, factibilidad, en donde parte de ese ciclo son los requerimientos solicitados en colaboración al AyA, para que luego pueda llegarse a la materialización ejecución de proyecto y evaluaciones ex post. A consideración del AyA el presente recurso resulta ser prematuro, pues PAACUME que se encuentra bajo el liderazgo de SENARA, se encuentra todavía en etapa de valoración de factibilidad y reunión de insumos, como los facilitados por este Instituto. Considérese en la resolución de este recurso lo resuelto anteriormente bajo expediente: 15-015883-0007-CO, Resolución 2015-18968 a las nueve horas cinco minutos del cuatro de diciembre de dos mil quince. “… III.- Sobre el fondo, Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica que no ha existido violación alguna a los derechos fundamentales del recurrente, Lo anterior, porque en el informe rendido por el representante de la autoridad recurrida -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que el proyecto que el recurrente reclama que va dañar el ambiente, se trata del proyecto denominado "Agua para Limón", mencionado en el acuerdo N° 2015-253 del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, sin embargo, bajo juramento, se menciona que éste apenas se encuentra en etapa de valoración de prefactibilidad a lo interno de la institución y que actualmente se están definiendo varios puntos relacionados con ese proyecto, siendo que una vez finalizada esta investigación se procederá con la presentación del proyecto a SETENA y con la consulta a la comunidad. Por consiguiente, al constatarse que el proyecto que reclama el recurrente apenas está en la etapa de valoración de prefactibilidad a lo interno de la institución, sin haber empezado ninguna construcción ni haber tenido efecto alguno en el ambiente, no se denota una amenaza real o potencial al ambiente en esta etapa del proyecto, por lo que el presente reclamo del recurrente es prematuro. En virtud de lo expuesto, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso…”.

4.- Informa bajo juramento LAURA FERNÁNDEZ DELGADO, en su condición de ministra de Planificación Nacional y Política Económica, quien aduce lo siguiente: “... Además, los requerimientos de MIDEPLAN para proyectos de inversión pública para la aprobación final de inicio de trámites para obtener créditos, en rigor cuando se realizaron las gestiones de endeudamiento del Proyecto PAACUME, se recogían en las Normas Técnicas Lineamientos y Procedimientos de Inversión Pública, Decreto Ejecutivo N°35374-PLAN de 2 de julio de 2009 y específicamente la Norma 1.23, establecía los siguientes contenidos mínimos necesarios para ser tomado en cuenta para la aprobación final de inicio de trámites para obtener créditos públicos: i. Oficio de solicitud de aprobación final de inicio de trámites para obtener créditos para un proyecto o los proyectos que conforman un programa por parte de la máxima autoridad institucional y dirigida al jerarca del MIDEPLAN, con copia al Ministerio de Hacienda, justificando la importancia del proyecto o programa, tipo de financiamiento, el monto a negociar, objetivo del crédito, unidad responsable y su relación con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) y otros instrumentos de planificación vigentes. ii. Oficio firmado por la máxima autoridad del Ministerio de Hacienda, cuando el Gobierno de la República comparece en el endeudamiento como Prestatario o Garante, donde especifique en qué términos participa el Gobierno y las condiciones de dicha participación, si asume el servicio de la deuda y otros gastos asociados al endeudamiento en forma total o conjuntamente con la institución responsable del proyecto. iii. El proyecto o los proyectos deben estar registrados en el BPIP, contar con su respectivo código y con la información actualizada. iv. Los siguientes estudios según la etapa o etapas a financiar: a) Estudio de prefactibilidad del proyecto o de cada proyecto que conforma el programa y la evaluación financiera y económica-social del programa, si el financiamiento es para el estudio de factibilidad, diseño y viabilidad ambiental. Este estudio deberá elaborarse de acuerdo con las guías metodológicas de identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública del MIDEPLAN Si el financiamiento es para los estudios antes indicados y la fase de ejecución, se debe presentar adicionalmente una evaluación económica-social que demuestre que los beneficios de obtener los recursos sin haber concluido la fase de preinversión son mayores a los costos asociados al endeudamiento público (valorar diferentes escenarios según las posibles fuentes de financiamiento); así como el riesgo relacionado con las variaciones en las inversiones del proyecto y la posibilidad de cubrir esas diferencias. b) Estudio de factibilidad, si el financiamiento es para el diseño y obtención de la viabilidad ambiental. c) Estudio de factibilidad y diseño, si los recursos son para la elaboración de los documentos que permitan conseguir la viabilidad ambiental. d) Estudio de factibilidad, diseño y viabilidad ambiental, si el financiamiento es para la fase de ejecución del proyecto. v. Los términos de referencia de los estudios de preinversión u otros a financiar con el endeudamiento y sus costos. vi. Las instituciones descentralizadas deben presentar una copia del Acuerdo de Junta Directiva en la cual se aprueba el proyecto o proyectos del programa a financiar, se autorice gestionar el crédito público y donde se faculta al Jerarca Institucional para solicitar al MIDEPLAN la aprobación final de inicio de trámites para obtener créditos públicos. vii. Cuando el proyecto genere ingresos, la evaluación financiera debe tener, entre otros, un análisis de sensibilidad ante cambios en la tasa de interés, que considere las posibles condiciones financieras del crédito según las opciones de mercado disponibles y las variaciones que esto genera en los indicadores de rentabilidad del proyecto. viii. Presentar un plan de adquisiciones o expropiaciones de los terrenos que se requieren y exponer la situación en que se encuentran; así como presentar el estado y la coordinación que se ha realizado con instituciones para la reubicación de servicios públicos u otros permisos que podrían afectar el inicio de las obras.” (El destacado es suplido) A este respecto, conviene indicar que el contenido de los estudios de preinversión solicitado para estos proyectos en el SNIP costarricense no es diferente al solicitado por otros Sistemas Nacionales de Inversión Pública en Latinoamérica. b.- TRÁMITE DEL PAACUME (AGUA PARA LA BAJURA) ANTE MIDEPLAN: i.- INSCRIPCIÓN EN EL BPIP: El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), en su rol de responsable técnico inscribió el PAACUME en el BPIP, el 7 de agosto de 2016, asignándosele el código 002299. En cuanto a las actualizaciones, el último movimiento que se registra, es la actualización del estudio de factibilidad del PAACUME en el BPIP, el cual se formalizó el 1° de julio de 2022, donde SENARA registró la información derivada del “Estudio de Factibilidad. PAACUME Río Tempisque” versión actualizada marzo 2022, siendo este el último documento formal vigente del PAACUME y que fue desarrollado principalmente por SENARA, con el aporte de otros insumos elaborados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Desde esa fecha, MIDEPLAN no ha recibido cambios en el proyecto en cuanto a nombre, alcances, objetivos, resultados o aspectos técnicos que requieran modificaciones al estudio de factibilidad. Sin embargo, desde esa actualización a la fecha, la información del PAACUME, registrada en el módulo digital del BPIP, ha tenido 3 ajustes o cambios en las siguientes fechas: 11 de agosto de 2022, 24 de febrero de 2023 y 5 de setiembre de 2023, referidas principalmente a ajustes en las fechas de las etapas del ciclo de vida y distribución de las inversiones por año en la programación de recursos. ii.- APROBACIÓN FINAL DEL INICIO DE TRÁMITES PARA OBTENER UN CRÉDITO: En cuanto a aprobación final del inicio de trámites para obtener un crédito que financiara el PAACUME, en Oficio N°DM-0901-2021 de 23 de agosto de 2021, el señor Elián Villegas Valverde, en su otrora condición de Ministro de Hacienda, en lo que interesa, señaló: “(…) la operación de financiamiento correspondería a un endeudamiento público con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por la suma de hasta US$425.000.000, el cual sería ejecutado por el SENARA. Dicho Proyecto tiene como finalidad incrementar la disponibilidad del agua en la margen derecha del río Tempisque mediante la construcción de obras de infraestructura que permitan un mejor aprovechamiento del agua y un aumento en el desarrollo socioeconómico de la región y su adaptación al cambio climático. El Gobierno de la República de Costa Rica participaría como prestatario de la operación y asumiría el servicio de la deuda, que incluye amortización, intereses y comisiones. Los gastos de contrapartida asociada al proyecto o cualquier necesidad de recursos adicionales al financiamiento para cumplir con sus objetivos serían cubiertos por SENARA como parte de su presupuesto cumpliendo con los límites de gasto y el cumplimiento de la regla fiscal.” (El destacado es suplido) De igual forma, en Oficio N°SENARA-GG-0530-2021 de 20 de setiembre de 2021, la señora Patricia Quirós Quirós, anteriormente Gerente General de SENARA, solicitó la aprobación final de inicio de trámites para obtener crédito para el proyecto Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME), destacándose, para el caso de marras, lo siguiente: “El Proyecto tiene como finalidad incrementar la disponibilidad del agua en la margen derecha del río Tempisque mediante la construcción de obras de infraestructura que permitan un mejor aprovechamiento del agua y un aumento en el desarrollo socioeconómico de la región y su adaptación al cambio climático. El PAACUME es importante ya que tal y como se señala en el Estudio de Factibilidad “representa una excelente iniciativa de aprovechamiento de las aguas del Sistema Hidroeléctrico Arenal, Dengo, Sandillal (Ardesa) en actividades productivas como la agricultura bajo riego, la producción agropecuaria bajo riego y el riego en desarrollos turísticos; así como, para agua potable y generación electricidad. Esto lleva implícito una gran oportunidad de crecimiento y desarrollo de la provincia de Guanacaste”. Senara (2018:p1). Se plantea como la mejor alternativa para desarrollar en el marco de atención al problema del déficit hídrico en la provincia de Guanacaste. Con el proyecto se estima abastecer de agua a una zona históricamente seca, que, por razones de variabilidad y cambio climático, ha aumentado su condición de sequía lo que limita la sostenibilidad y desincentiva el crecimiento socioeconómico de la región y por lo tanto del país en general. Senara (2018:p1). Consiste en la construcción de un embalse de almacenamiento y regulación en el río Piedras, para aprovechar las aguas descargadas por el Sistema Hidroeléctrico ARDESA y conducirla hasta la margen derecha del río Tempisque para suministro de agua potable, riego agropecuario y en desarrollos turísticos en los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya. Paacume está constituido por cuatro componentes; a saber: 1) el embalse río Piedras (el cual incluye la automatización del sistema, la casa de máquinas y la presa y el embalse propiamente dicho), 2) la ampliación del Canal Oeste, 3) la construcción de la red de distribución en la margen derecha del río Tempisque y 4) la propuesta de implementación de un Plan de Desarrollo. Se estará beneficiando con riego a tres cantones de la provincia de Guanacaste, a saber: Carrillo, Santa Cruz y Nicoya. Adicionalmente, se destinará 2 metros cúbicos por segundo de agua para consumo humano cuyo tratamiento y distribución estará a cargo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. A su vez, permitirá abastecer de agua potable a unas 500.000 personas en un horizonte de 50 años y contar una alternativa de solución al problema del déficit hídrico para la cuenca media del río Tempisque, lo que lograría mejorar el desarrollo socioeconómico de la provincia de Guanacaste, reduciendo la brecha existente entre oferta y demanda (déficit) de agua para los diferentes usos como agua potable, riego para producción agropecuaria, riego de áreas verdes en proyectos turísticos y generación hidroeléctrica como fuente de energía renovable, ya que permitirá la generación de 7 MW por año y el riego de un área estimada en 1.213 hectáreas en el sector turístico. El área potencial de riego agropecuario se estima en 18.639 hectáreas en donde se podrían beneficiar 746 productores agropecuarios entre grandes, medianos y pequeños. El financiamiento a ser requerido es un endeudamiento público con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por la suma de hasta US$425.000.000. El objetivo del crédito es financiar las obras constructivas del sitio de presa y embalse, también las obras de mejora y ampliación del Canal Oeste y de la red de distribución de canales en la margen del río Tempisque, además de considerar elementos complementarios como elementos de adquisición, gestión ambiental, puesta en marcha y operación. El proyecto será ejecutado por el SENARA, para lo cual se estará creando una unidad ejecutora de proyecto, una vez se alcance la aprobación del contrato préstamo. Es importante mencionar que el proyecto se encuentra a cargo de la Unidad Gestora del PAACUME, como una unidad responsable de gestionar todas las condiciones previas, oficialmente creada con el aval de Mideplan. El PAACUME se vincula y es considerado en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022 como uno de los proyectos que conforman la intervención estratégica Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste–Pacífico Norte (PIAAG), considerada en el área estratégica Desarrollo Territorial, que posee el siguiente objetivo: Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos que generen crecimiento inclusivo y fuentes de empleo, con base en las particularidades de cada territorio.” (El destacado es suplido) Posteriormente, mediante Oficio N°MIDEPLAN-DM-OF-0945-2021 de 5 de octubre de 2021, MIDEPLAN solicitó al SENARA, información adicional, señalando en lo que interesa: “El endeudamiento que solicita SENARA para PAACUME solo incluye el financiamiento de la etapa de ejecución del proyecto; mientras que todos los costos asociados a la fase de preinversión están a cargo de SENARA. Esto obliga al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) a revisar minuciosamente la documentación del proyecto para garantizar que la gestión del mismo contenga los elementos necesarios para que el endeudamiento se utilice en el tiempo y la forma en que es planificado. (…) Por lo tanto, se solicita verificar, aclarar o presentar los siguientes aspectos: 1) Un documento donde se indica el compromiso de SENARA de asumir el pago de la contrapartida nacional, aportando los recursos necesarios para que la preinversión del proyecto y las indemnizaciones se puedan desarrollar (Ver punto 1.1 del Anexo). 2) Una justificación de por qué la etapa de ejecución está programada hasta el año 2025, lo que generaría que los recursos provenientes del endeudamiento se comenzarán a utilizar años después de la posible formalización del endeudamiento. Esto conlleva a la pérdida de años del periodo de gracia del endeudamiento por el tiempo transcurrido entre la posible formalización del endeudamiento y el inicio de las obras. Por otro lado, el tiempo que estos recursos permanezcan sin desembolsarse genera el pago de comisiones de compromiso (Ver punto 1.2 del Anexo). 3) El análisis de riesgo integral del proyecto, donde se incorpore, al análisis de riesgo realizado al proyecto, los elementos asociados al plan de adquisiciones, relocalización de servicios públicos u otros permisos, SEVRI, fenómenos naturales y antrópicos y otros elementos que SENARA y Unidad Gestora del proyecto considere que puedan afectar el desarrollo del proyecto tal y como se tiene programada en el documento Estudio de Factibilidad versión actualizada Julio 2021 (Ver punto 1.3 del Anexo). 4) Los flujos actualizados del proyecto, de acuerdo a lo indicado en el punto 2.1 del Anexo de este oficio, considerando las variaciones en los costos realizados desde el 2018. 5) Los Anexos del documento Estudio de Factibilidad versión actualizada Julio 2021 con la numeración correcta y la nomenclatura establecida en el Anexo 2 de las Normas Técnicas y contrastarlos con la versión y la numeración de los anexos registrados en el BPIP (Ver punto 2.2 del Anexo). 6) Los diseños del proyecto. Estos diseños deben venir en formato pdf por láminas (Ver punto 2.3 del Anexo).” (El destacado es suplido) Asimismo, mediante Oficio N°MIDEPLAN-DM-OF-1092-2021 de 3 de diciembre de 2021, respecto a la solicitud de recursos del Fondo de Preinversión de MIDEPLAN10, para realizar el estudio denominado “Estudios complementarios para la optimización de la red de canales y obras de la margen derecha del río Tempisque y Canal Oeste”, en lo conducente, se indicó: “Tengo el gusto de informarle que la solicitud ha sido conocida y aprobada en la sesión N°230 del Comité Directivo del Fondo de Preinversión de MIDEPLAN, hasta por la suma de mil novecientos treinta y cuatro millones novecientos ochenta y nueve mil seiscientos setenta y un colones exactos (¢1.934.989.671,00) equivalentes a tres millones cincuenta y siete mil quince dólares con veintiséis céntimos ($3.057.015,26), en la condición de transferencia no reembolsable. La formalización del Convenio de Transferencia no Reembolsable entre SENARA y MIDEPLAN queda sujeta a las siguientes condiciones: • Que el Ministerio de Hacienda disponga de la totalidad de los recursos económicos necesarios, para hacer frente a este financiamiento, de acuerdo con el compromiso previamente asumido; por tanto, SENARA deberá remitir a este Despacho, el oficio de parte del Ministerio de Hacienda en el cual se pone a disposición del Fondo del Preinversión, los recursos económicos para este financiamiento. • SENARA cuenta con tres meses para realizar las acciones necesarias para formalizar el convenio de financiamiento, en donde deberá elaborar y entregar el cartel del concurso público. (…)” Ulteriormente, mediante el Oficio N°SENARA-GG-0178-2022 de 22 de marzo de 2022, SENARA solicitó la actualización del Oficio N°MIDEPLAN-DM-OF-0162-2022 referente a la emisión de la aprobación final de inicio de trámites para el PAACUME, mediante un crédito por US$425.000.00,00 (cuatrocientos veinticinco millones de dólares de los Estados Unidos de América con cero centavos). Además, señaló: “(…) Ante la revisión de las condiciones de financiamiento del proyecto que se han realizado con el Banco Central de Costa Rica recientemente, se realizó un cambio en el proyecto, por lo que mediante nota SENARA-GG-0173-2022 se pidió el retiro de la solicitud de recursos no reembolsables para el Paacume, solicitada al Fondo de Preinversion de MIDEPLAN, dado que es requerido realizar una serie de actividades previas a la construcción de obras y que serán financiadas por recursos propios del empréstito del BCIE, incluidos en el Plan Global de Inversiones (PGI). MIDEPLAN respondió esta solicitud con el Oficio N°MIDEPLAN-DM-OF-0260-2022 de 24 de marzo de 2022 y el Informe técnico NºUIP-DE-0002-2022 de 24 de marzo de 2022, en ellos, se profundiza los análisis del proyecto en los puntos “j. Análisis financiero e indicadores y k. Análisis Económico-social e indicadores.” De estos se desprende lo siguiente: • DEL PUNTO J) ANÁLISIS FINANCIERO E INDICADORES: Después de hacer análisis en 2 escenarios del proyecto: Escenario 1 sin financiamiento y Escenario 2 con financiamiento pagado por Estado, donde el proyecto tiene que cubrir al menos los costos de operación y mantenimiento del sistema, con variaciones en los servicios que se podrían brindar se determina lo siguiente: “Desde el punto de vista financiero, el proyecto no es rentable con la tarifa actual; ya que el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) son negativos para el escenario 1. Esto evidencia que con los ingresos por diferentes servicios que se pueden brindar no son suficientes para que el proyecto rinda al menos el costo de oportunidad representado por la tasa del préstamo. Por otro lado, si se toman en cuenta todos los ingresos del proyecto estos son suficientes para cubrir los costos de operación y mantenimiento si el Estado asume la deuda (escenario 2), con un VAN de US$54.791.827,42 (cincuenta y cuatro millones setecientos noventa y un mil ochocientos veintisiete dólares de los Estados Unidos de América con cuarenta y dos centavos) y una TIR de 10,08%. En el escenario más conservador, solo tomando en cuenta los ingresos por riego, el proyecto debe aumentar la tarifa pasando de ¢11,53 el m3 a ¢13,382 el m3 para cubrir los costos de operación y mantenimiento si el Estado asume la deuda, con un VAN de US$846,11 (ochocientos cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de América con once centavos) y una TIR de 2,95%.” El escenario 1 muestra que asumiendo el endeudamiento SENARA, que implicaría que las inversiones se trasfieren al usuario vía tarifa, el PAACUME no sería rentable. Mientras que el escenario 2 se realiza con el comunicado que el endeudamiento será asumido por el Estado, a partir de la confirmación recibida en el Oficio N°DM-1278-2021 de 23 de noviembre de 2021, en el que el Ministro de Hacienda, indicó lo siguiente: “Me refiero al oficio DM-0901-2021, del 23 de agosto del presente año, relacionado con el Proyecto Sistema de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME), en el cual se indicó que el Gobierno de la República de Costa Rica participaría como prestatario de la operación y asumiría el servicio de la deuda. Al respecto, y teniendo en consideración el oficio SENARA-GG-0659-2021, suscrito por la Sra. Patricia Quirós Quirós, Gerente General del SENARA, se informa que la contrapartida asociada al Proyecto, por el monto de US$ 32.778,6 miles, también será asumida por el Gobierno de la República.”. Este escenario 2, con el endeudamiento y contrapartida asumida por el Estado (escenario 3 del Cuadro 1 y viñeta iii del apartado técnico), implica que el costo de las inversiones no será transferido vía tarifa a los usuarios, entonces se valora la capacidad del proyecto de sostenerse a sí mismo, cubriendo al menos los costos de operación, mantenimiento y posibles costos asociados a los riesgos del PAACUME. Se valoran las variables del escenario 2 y se determinan los indicadores para cada variación, estableciendo un escenario conservador. Es necesario indicar que, para proyectos de este tipo desarrollados por el sector público, no es correcto solamente determinar la factibilidad de un proyecto a partir de su rentabilidad financiera, ya que el Estado no busca ganancia como la empresa privada, sino que busca el bienestar de la población. Por esta razón se realiza también un análisis económico-social para aportar elementos, más allá de los financieros, para tomar la mejor decisión para la sociedad. • DEL PUNTO K) ANÁLISIS ECONÓMICO-SOCIAL E INDICADORES: Para este análisis se tomaron en cuenta los datos del “Estudio de Impacto Ambiental”, sobre todo los beneficios y externalidades positivas (o beneficios incrementales), para los que fue posible su cuantificación y otros que solamente son una descripción cualitativa de lo que el PAACUME estará generando. Estos son los beneficios y externalidades sobre riego, agricultura, agua potable y turismo que se identificaron para el PAACUME: “1. Beneficios cuantitativos 1.1. Beneficios económicos por dotación de agua para riego 1.2. Beneficios incrementales en la producción agrícola 1.3. Beneficios en ahorros por pérdidas evitadas en sequías 1.4. Beneficios económicos por agua potable 1.5. Beneficios económicos por dotación de agua para riego al sector turístico 1.6. Beneficios económicos para el sector turístico 2. Beneficios cualitativos (Externalidades positivas) 2.1. Aumento del empleo en la agricultura debido a aumento en la intensidad de la siembra, área de siembra y productos gracias a la irrigación 2.2. Aumento del empleo fuera de la agricultura debido al incremento en la producción agrícola en industrias relacionadas como la industria de insumos (vínculos hacia atrás) e industria procesadora (vínculos hacia adelante) 2.3. Reducción de la pobreza gracias a incrementos en la productividad y oportunidades de empleo 2.4. Aumento en la seguridad alimentaria a nivel local, regional y nacional 2.5. Reducción en fricciones de la economía rural y en costos de transacción gracias a la mejora en servicios relacionados y no relacionados con las fincas de la región; 2.6. Usos múltiples del agua para los hogares 2.7. Menores precios de comida para los consumidores gracias a incrementos en la productividad y oferta de producto 2.8. Beneficios recreativos y estéticos del Embalse 2.9. Si los bienes producidos son exportables, mayores beneficios en ingresos fiscales por exportación 2.10. Beneficios económicos por recarga de acuíferos y aguas superficiales 3. Externalidades negativas de índole cuantitativas 3.1. Pérdida de beneficios por remoción de carbono 3.2. Pérdida de Valor Comercial de la Madera 3.3. Pérdida por Servicios Ambientales del Bosque 4. Externalidades negativas de índole cualitativo 4.1. Desplazamiento involuntario de habitantes locales; 4.2. Expansión de la frontera agrícola 4.3. Degradación del suelo inducida por la irrigación (salinidad y saturación del suelo) 4.4. Pérdida de fertilidad del suelo debido a la intensificación de cultivos 4.5. Desbalances ecológicos como malas hierbas y pestes 4.6. Contaminación de fuentes de agua superficiales y subterráneas con nutrientes y químicos 4.7. Concentración tóxica de sustancias como sales, metales pesados y pesticidas en aguas superficiales y subterráneas 4.8. Impactos negativos sobre la biodiversidad y ecosistemas frágiles” A partir de los beneficios y externalidades cuantificables se crearon 2 escenarios de análisis: ▪ El escenario 1, corresponde al flujo económico elaborado por el SENARA, en el cual considera todos los beneficios estimados, incluyendo los cuantificados al mismo valor que los ingresos del flujo financiero; así como las externalidades negativas. ▪ El escenario 2, corresponde al escenario conservador elaborado por Mideplan, donde únicamente considera los beneficios relacionados con la parte agrícola y de riego (beneficios incrementales); así como las externalidades negativas. Lo anterior permitió determinar que: “El escenario 2, a pesar de solo considerar los beneficios incrementales en riego y la parte de agricultura, demuestra que el proyecto continúa siendo económicamente rentable, debido a que los beneficios son mayores a los costos, la TIRE es superior al costo de oportunidad para la sociedad (8,31%) y por cada dólar invertido el proyecto generará $1,17 en beneficios, según indica la Relación B/C.” Esto concluye que, PAACUME no es financieramente rentable si SENARA asume las inversiones y el endeudamiento, sin embargo, si el Estado asume la inversión, PAACUME permite cubrir los costos de operación y mantenimiento estimando una tarifa global para el análisis macro que realiza MIDEPLAN, considerando el alcance de los estudios de preinversión, el cual está limitado a los costos y beneficios incrementales que generan los proyectos de inversión pública. La tarifa específica y detallada debe ser estimada mediante un modelo tarifario que incluya el equilibrio financiero de SENARA en la prestación del servicio y cuya definición final está dada por ARESEP antes de que PAACUME inicie las operaciones. Por esta particularidad, las propuestas de tarifas a nivel de preinversión son precisamente eso, propuestas que pueden o no sufrir modificaciones considerando el tiempo que transcurre entre la ejecución y operación del proyecto, cambios financieros que pueda sufrir la entidad que brinda el servicio, elementos asociados al servicio (calidad, continuidad, oportunidad, confiablidad), reinversiones, modificaciones al modelo tarifario existente, cambios normativos y metodológicos, entre otros. No obstante, se mantienen los principios fundamentales sobre los que se establecen las propuestas de tarifa a nivel de preinversión, en particular que los ingresos sean equivalentes a los costos del proyecto para entidades públicas. Los beneficios sociales que genera el PAACUME superan los costos, por lo que es rentable considerando el costo de oportunidad para la sociedad (escenario 3 del Cuadro N°1: Acciones a partir de la eficiencia en el gasto de los recursos públicos). Esto se sustenta en lo indicado en el apartado teórico de este informe y la generación de escenarios conservadores por parte de MIDEPLAN, tomando de referencia la información del estudio de factibilidad y cuyo responsable técnico del contenido de dicho estudio corresponde a SENARA. Finalmente, debe subrayar este Despacho ministerial, que únicamente puede rendir el Informe solicitado, en lo que se refiere a los aspectos dentro su competencia, como en efecto lo ha hecho y en todos aquellos otros aspectos que exceden sus atribuciones o que corresponden a las otras instituciones recurridas, debe estarse a lo que ellas señalen al respecto. ”.

5.- Informa bajo juramento, ERIC ALONSO BOGANTES CABEZAS, en su condición de regulador general y presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos quien acota lo siguiente: “... I. EN CUANTO A LA RELACIÓN DE LA ARESEP CON EL PRESENTE AMPARO. Antes de rendir el informe solicitado a esta Autoridad Reguladora por la Sala Constitucional en este proceso, de conformidad a lo dispuesto en el auto de las 16:20 horas del 18 de octubre de 2023, es importante aclarar que la Aresep no es una de las partes recurridas en el presente amparo constitucional. En este sentido, se desprende de forma diáfana del escrito de interposición del recurso de amparo, que las partes recurridas son únicamente SENARA, el MAG, el presidente de la República, el MINAE, MIDEPLAN y el AyA, por lo que no se está cuestionando, ni solicitando responsabilidad alguna de esta Autoridad Reguladora. Adicionalmente, si bien se hace referencia a esta Autoridad Reguladora en varios de los hechos que componen el escrito del recurso de amparo, lo cierto es que en ninguno de ellos se realiza un cuestionamiento o reproche concreto, contra actuaciones realizadas por la Aresep. Por último, de la revisión de las pretensiones del recurso, las cuales cabe agregar resultan confusas, se desprende que el recurrente tampoco establece pretensiones dirigidas contra esta Autoridad Reguladora de forma clara y directa, sin perjuicio, de lo anterior, establece las siguientes pretensiones de forma genérica: “B.- El proyecto PAACUME carece de viabilidad financiera y económica, lo que imposibilita su realización. No se cargará el costo de PAACUME sobre las tarifas de agua potable. (…) E.- Solicitamos que se pronuncien sobre el debido cumplimiento del inciso e del artículo 5 de la Ley 7593 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos es la Aresep que legalmente debe fijar las tarifas para el agua de riego concesionad por MINAE”. De esta forma, si bien se relacionan las pretensiones anteriores a la fijación de tarifas, es a la Autoridad Judicial a la que el recurrente le solicita la definición de dichos parámetros, en consecuencia de lo anterior, se solicita desde este momento que se declare sin lugar el presente amparo constitucional en lo que respecta a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. III. SOBRE LOS HECHOS ALEGADOS POR EL RECURRENTE Para efectos de rendir el informe solicitado por la Sala Constitucional sobre los hechos contenidos en el escrito de interposición del amparo del recurrente, se reitera que en su gran mayoría se refiere a actuaciones ajenas a esta Autoridad Reguladora, tal y como se indica a continuación: Del uno al cuatro: Estos hechos no se relacionan a competencias concretas de esta Autoridad Reguladora. Cinco: En cuanto a la Aresep indica que no hay tarifas fijadas por la Aresep para cada uno de los usos y volúmenes relacionados al proyecto PAACUME, por lo que se desconoce de qué forma se financiara el mismo, sin embargo, de conformidad al objeto del presente recurso, es posible indicar que a la fecha la Aresep no ha incluido en las tarifas fijadas al AyA lo indicado por el recurrente. Además indica que participó en la audiencia pública celebrada por la Aresep sobre las futuras tarifas a aplicar en el DRAT de SENARA, que se tramita en el expediente ET-069-2022, en donde se propone un aumento de tarifas y subidas escalonadas según volumen y otros puntos, en la que no se habló sobre el proyecto PAACUME, sin embargo, lo anterior sólo hace referencia a un proceso de fijación tarifaria que se lleva a cabo conforme a derecho, sin que se realice un cuestionamiento directo en contra del mismo. En lo demás, se hace referencia a situaciones relacionadas a las entidades recurridas, y no a competencias de esta Autoridad Reguladora. Del Seis al ocho: Estos hechos no se relacionan a competencias concretas de esta Autoridad Reguladora. Nueve: En cuanto al estudio de factibilidad del proyecto, se indica que se toman datos de Aresep, pero no se lleva a cabo una participación real, de esta Autoridad Reguladora, y no se hace referencia a las tarifas que se deberían cobrar si se realizan las obras, ahora bien, de conformidad al objeto del presente recurso, es posible indicar que a la fecha la Aresep no ha incluido en las tarifas fijadas al AyA los costos relacionados al proyecto. En lo demás, se hace referencia a situaciones relacionadas a las entidades recurridas, y no a competencias de esta Autoridad Reguladora. Diez: Estos hechos no se relacionan a competencias concretas de esta Autoridad Reguladora. Once: En cuanto a la Aresep, se limita a indicar que no hay un precio base para el agua, y que con la tarifa del AyA, fijada por la Aresep se subsidia a otros usuarios, ya que se paga más de 400 y hasta 1200 colones en algunos caso por metro cúbico de agua, mientras que los grandes consumidores que utilizan el servicio de riego, pagan solo 14 centavos de colón por el mismo metro cúbico, porque así lo ha definido el poder ejecutivo vía decreto, en cuanto a este punto se remite a lo que se desarrollará en el apartado siguiente, con respecto a la implementación de factores de solidaridad y equidad que podrían ser incluidos por la Autoridad Reguladora en las tarifas de los servicios públicos. Doce: Este hecho lo denomina la recurrente como “Funciones Aresep”, e indica que el artículo 5 de la Ley N.º 7593 dispone que la Aresep fija los precios y tarifas de los servicios públicos regulados, y que estos incluyen tres servicios relacionados con el proyecto PAACUME, suministro de energía, suministro del servicio de acueducto y alcantarillado, y el de riego y avenamiento cuando el servicio se presta por medio de una empresa pública o por concesión o permiso, y añade que a su criterio el MINAE usurpa a este Ente Regulador, una de estas funciones, ya que es por medio de decreto que el Poder Ejecutivo define las tarifas del agua para riego concesionadas por MINAE. Concluye indicando que a pesar de las funciones que le atribuye el legislador a la Aresep, esta Institución no ha sido parte activa y decisiva en cuanto a la valoración de la factibilidad financiera, y la definición de las tarifas que se aplicarán a los servicios relacionados al proyecto PAACUME si se construyen las obras, en cuanto a este punto, y bajo el marco de la preocupación expuesta por el recurrente en su recurso, de que se cargue el costo del proyecto al servicio de agua potable, se remite al desarrollo del apartado siguiente, en cuanto a la necesidad de incorporara En este sentido, claramente este hecho no implica un cuestionamiento a las actuaciones concretas de la Aresep, sino que se limita a realizar una interpretación de la normativa vigente, y a cuestionar las actuaciones del Poder Ejecutivo, por considerar que este incurre en la usurpación de competencias que le corresponden a la Aresep. Trece y Catorce: Estos hechos no se relacionan a competencias concretas de esta Autoridad Reguladora. Quince: En cuanto a la Aresep se indica que el gobierno de la República no ha realizado ninguna gestión ante Aresep, y que ni siquiera la hace parte del proceso del proyecto, Además indica que falta información en cuanto a tarifas aprobadas por Aresep que tomen en cuenta las inversiones previstas, para los diversos usos del agua y para electricidad. IV. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO, COMPETENCIAS DE LA ARESEP EN LA FIJACIÓN DE TARIFAS PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE. En lo que respecta a la disconformidad por las tarifas que se pretenden cobrar en virtud del proyecto “PACUME”, (el cual cambió su nombre a “Agua para la Bajura”), precisa indicar que, en lo que respecta a la Autoridad Reguladora, la competencia para fijar las tarifas de los servicios públicos le fue otorgada por su ley especial N.º 7593, que especifica en su artículo 5, cuáles son esos servicios objeto de la fijación tarifaria; dentro de los que se encuentra, según los incisos c) y e) los siguientes: “c) El suministro del servicio de acueducto y alcantarillado, incluso el agua potable, la recolección, el tratamiento y la evacuación de las aguas negras, las aguas residuales y pluviales, así como la instalación, la operación y el mantenimiento del servicio de hidrantes (…) e) Riego y avenamiento, cuando el servicio se presta por medio de una empresa pública o por concesión o permiso”. Lo anterior implica que, tratándose de estos servicios públicos, la Aresep es la responsable de fijar sus tarifas y para ello debe seguir el procedimiento que se encuentra reglado en la misma Ley N.º 7593, en los artículos 29, 30, 31 y 36. En este sentido, la Aresep tiene la competencia exclusiva y excluyente de regular los servicios públicos que hayan sido declarados como tales por el legislador. Dicha competencia, abarca -entre otras cosas- el establecimiento de las metodologías tarifarias, la fijación de tarifas, la determinación de normas técnicas, las potestades sancionatorias y la resolución de quejas, denuncias y controversias. Por tanto, siendo que la Autoridad Reguladora es el único ente competente por razón de la materia, para realizar las fijaciones tarifarias de los servicios públicos sometidos a su regulación, cualquier otro ente u órgano público o privado, (incluyendo al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) estaría impedido para hacerlo. Para el presente caso, lo expuesto significa que si el AyA realiza una fijación de tarifas para los servicios públicos regulados en el artículo 5 de la Ley N.º 7593, ello implicaría un exceso de sus competencias, ergo, no estaría ajustado al bloque de legalidad. Esto es importante, porque tal y como se explicó, para determinar las tarifas de los servicios públicos, la Ley N.º 7593 estableció el procedimiento específico para hacerlo, en donde rige -entre otros-, el principio de servicio al costo; según el cual, conforme con el numeral 3 inciso b) de la Ley de cita, únicamente se contemplan los costos necesarios para prestar el servicio, de tal manera que permitan una retribución competitiva y garanticen un adecuado desarrollo de la actividad; descartando aquellos que sean considerados como innecesarios o ajenos a la prestación del servicio público, además de los gastos desproporcionados en relación con los gastos normales de actividades equivalentes (artículo 32), tarea que de acuerdo con la normativa citada, sólo puede realizar la Aresep. También es importante señalar que, para el cálculo y la fijación de las tarifas de los servicios públicos, rigen los principios y criterios de solidaridad y equidad en virtud de los cuales cada usuario debe asumir los costos totales que le corresponden, procurando apoyar a los consumidores de menores ingresos. Sobre el particular, establece el artículo 12 de la Ley N.º 7593: “(…) Artículo 12.- Prohibición de discriminación: Los prestadores no podrán establecer ningún tipo de discriminación contra un determinado grupo, sector, clase o consumidor individual. No constituirán discriminación las diferencias tarifarias que se establezcan por razones de orden social (…)” Por lo anterior, los factores de solidaridad y equidad bien podrían ser incluidos por la Autoridad Reguladora en las tarifas de los servicios públicos; sin ser esto considerado como discriminatorio. Sin embargo, cabe recalcar, que esto es diferente a incluir en las tarifas un impuesto que haya sido declarado por Ley; en cuyo caso la factura debe especificarlo claramente y el monto del impuesto debe ser desglosado de forma separada a la tarifa que se está cobrando por el servicio prestado. Sobre lo anterior, vale informar que a la fecha la Aresep no ha incluido en las tarifas fijadas al AyA lo indicado por el recurrente, respecto a “que todos los usuarios paguemos la factura y subvencionemos el costo del proyecto a través de un impuesto cobrado a través de las tarifas del AyA, lo que evidentemente llevará a un aumento en el costo imposibilitándole el acceso a las personas de bajos recursos”. Por otro lado, preocupa al recurrente ¿Cómo se va a mantener la operación y recuperar la enorme inversión? al no existir aún tarifas fijadas por la ARESEP. En lo tocante a lo anterior, se informa que los prestadores de los servicios públicos de agua potable están en la obligación de garantizar el agua a las poblaciones costarricenses; para ello, la Autoridad Reguladora les obliga a través del Reglamento Técnico de “Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2015”, a elaborar programas en materia de expansión, mantenimiento y mejora de los servicios. Es decir, que se obliga a los prestadores a desarrollar los proyectos necesarios para satisfacer la demanda del recurso y garantizar de esta manera la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario e hidrantes en condiciones de calidad y continuidad. De esta manera, los prestadores deben elaborar planes de inversiones en el que indiquen el presupuesto que destinará para atender estas inversiones, cuáles obras construirán y el tiempo para hacerlo, así como los criterios en los que se basen para definirlo. Este plan para justificar los recursos indicados, deberá ser presentado por el prestador de servicio ante la Aresep dentro de la solicitud de ajuste tarifario, según lo establecido en el artículo 30 de la Ley N.º 7593, y una vez recibida la solicitud, esta Autoridad Reguladora analizará las justificaciones correspondientes de conformidad con la ley, para determinar la procedencia de esta; y de encontrarlo apto, procederá a incluir los costos en la fijación tarifaria y de esta manera el prestador podrá no solamente recuperar la inversión, sino mantener en buen estado los activos utilizados en la prestación del servicio público.”.

6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

 Considerando:

ÚNICO.- En el caso en estudio, la parte recurrente reclama que previo a la realización de un proyecto como PAACUME 2022 se requieren estudios de factibilidad económica y financiera. Reclama que en el caso de las concesiones otorgadas por MINAE el canon de aprovechamiento se fija por Decreto. Es decir, el Poder Ejecutivo puede modificarlo cuando quiera, para terminar con el cobro 14 y 18 centavos de colón por m 3 a los grandes y poderosos finqueros. Alega que la asociación que representa presentó y está pendiente de resolución la acción de inconstitucionalidad que se tramita en el expediente N° 22-001372-0007-CO, en la que se planteó la anormal e ilegal diferencia en el monto del canon del riego (se cuestiona específicamente los artículos 7 y 9 del DE-32868-MINAE - Canon por concepto de aprovechamiento de aguas-). Solicita a los entes recurridos que se pronuncien sobre la conveniencia de aplicar tarifas diferenciadas, ascendentes según aumente el volumen consumido para riego. Arguye que a mayor caudal, canon más alto. Añade que las diferencias son muy grandes, tanto en volumen como en precio. Ahora bien, dado que la norma de cita se encuentra impugnada en la acción de inconstitucionalidad que se tramita bajo el expediente N° 22-001372-0007-CO como se indicó ut supra, esta Sala considera procedente suspender la tramitación de este recurso de amparo, hasta tanto no sea resuelto dicho proceso, conforme lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

POR TANTO:

Se suspende la tramitación de este recurso de amparo, hasta tanto no sea resuelta la acción de inconstitucionalidad que se tramita bajo el expediente N° 22-001372-0007-CO.-

 

 

	

Fernando Cruz C.

Presidente a.i

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Ana María Picado B.




Alejandro Delgado F.

	

 

	

Jorge Isaac Solano A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 NQWW9S4OBTC61

EXPEDIENTE N° 23-019417-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 14:30:50.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Constitucional

Resolution No. 07827 - 2024

Date of Resolution: March 22, 2024 at 09:20

Expediente: 23-019417-0007-CO

Drafted by: Ingrid Hess Herrera

Type of matter: Amparo appeal

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL


Text of the resolution

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Exp: 23-019417-0007-CO

Res. No. 2024007827

 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on March twenty-second, two thousand twenty-four.

Amparo appeal processed in expediente No. 23-019417-0007-CO, filed by GAD AMIT KAUFMAN, residence ID 137600015818, on behalf of ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA, legal ID 3002395766, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA), THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK (MAG), THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY (MINAE), THE MINISTRY OF NATIONAL PLANNING AND ECONOMIC POLICY (MIDEPLAN) AND THE SERVICIO NACIONAL DE RIESGO Y AVENAMIENTO (SENARA).

Whereas:

1.- By document received at the Secretariat of the Chamber on August 15, 2023, the appellant files an appeal and states that the PAACUME project has been proposed for over 40 years and was planned only for irrigation, but was never developed. Now with the change from PAACUME to Agua para la Bajura, the government announced the start of the project works, without it having been designed, defined, and accepted in all its parts and consequences. In reality, the "great change" is simply giving a more active and short-term role to AyA. The regrettable thing is that it is not being done to meet the needs of the affected and vulnerable communities of Guanacaste, in terms of continuous supply of quality drinking water, nor to provide sewerage coverage. but rather so that all users pay the bill and subsidize the cost of the project through a tax collected via AyA tariffs, which will evidently lead to an increase in cost making access impossible for low-income people. They intend to build a reservoir (embalse) on the Piedras River and destroy 113 hectares of the protected Ramsar site, called Lomas de Barbudal, which will never be replaced. With this, they intend to replace the natural system of rivers, streams, estuaries, and natural ponds, which are aquifers, with an artificial reservoir and irrigation canals. The waters coming from the Arenal Reservoir and intended to be dammed in the Río Piedras reservoir are contaminated with fecal matter, pesticides, and chemical fertilizers. Transferring them in open canals to the populated edge of the Tempisque River could cause the transmission of diseases or contaminate aquifers. It is not suitable for use in livestock farming or poultry farming. Bringing it to populated regions would facilitate the circulation of all types of viruses and bacteria, affecting public health. To justify and strengthen the project, it is claimed that a treatment and purification plant will be added located in Palmira de Carrillo, producing 2,000 liters of water per second brought from the aforementioned reservoir. This when today, among all 11 cantons of the province of Guanacaste, consumption is 5,000 liters per second, and in Palmira de Carrillo, without doing anything or spending money, there is more water than the promised 2,000 liters per second. In that precise location, coordinates 277,474 364,630 in Palmira de Carrillo in Guanacaste, on the banks of the Tempisque River, there are gigantic water pumps, which according to expediente No. 6472 A of the MINAE Dirección de Aguas, take water under a concession (concesión) for a single foreign-owned company, for the monoculture of sugar cane, 5,750 liters per second. A company owned by the Campollo family of Guatemala, which pays this year 2023, approximately 14 cents of a colón per m3 of water, for taking it from a surface source, the Tempisque River, and the AyA intends to charge at least 11.53 colones, meaning 28 times more expensive per m3. He states that article 137 of the Water Law (Ley de Aguas), Law No. 276 establishes that MINAE "(...) is empowered to modify, without exposing itself to the payment of damages under any circumstances, the rights to the use of public waters, regardless of the title that protects the use (...)". Meaning that for public interest, the volume of water given to the company Central Azucarera del Tempisque, Sociedad Anónima (CATSA), can be reduced, almost given away for many years. For a single company, the flow rate is reduced by 34% and that's it, and this can be done gradually as the demand for drinking water from AyA increases. The same criterion applies to the analysis of the case of supplying the coastal tourism sector with water from the PAACUME project. While CATSA is charged for water in Palmira de Carrillo at only 14 cents of a colón per cubic meter, the tourism sector is intended to be charged 132.89 colones for the same m3, approximately 949 times more expensive. Furthermore, he argues that to transport it, aqueducts would have to be built, increasing the final price of the resource to be used in tourism. Although the legal and constitutional priority is for water for human consumption, as a necessity for life, in Costa Rican reality, drinking water accounts for only 10.7% of the water resources managed in the country, 75% is monopolized by irrigation, so the priority becomes secondary. He refers that in the elaboration and design of the PAACUME project, for many years there has been an enormous institutional and business machinery, twinned in the DRAT. As an example, he indicates that the western canal was built by businesspeople organized under the legal personality of COOPEVICA, who handed over the completed works to the DRAT for its operation in exchange for receiving water completely free for at least 10 years and are the largest water consumers in Guanacaste. Companies such as Azucarera el Viejo, Hacienda el Pelón, Central Azucarera del Tempisque, Ingenio Taboga, and COOPEVICA have actively participated in the configuration of PAACUME. He adds that the communities have been invited as mere observers, without having access to complete information and without participating in the real debate, meaning who will pay for the works. There are still no tariffs set by ARESEP for each of the uses and volumes, so how is an investment to be made without being clear how the operation will be maintained and the enormous investment recovered? Some time ago, they participated in the public hearing of expediente No. ET-069-2022, on the future tariffs to be applied in the DRAT of SENARA, but the final resolution is still pending and nothing was discussed about PAACUME. It is clear that there is missing information; he deliberately invokes the judgment of this Chamber No. 2023-001228 of 9:20 hours on January 20, 2023, issued in expediente No. 22-028443-0007-CO. Another problem with the project is that the expropriations of the properties that "compensate" for the biological damages to Lomas de Barbudal have not been completed. He comments that issues such as wastewater treatment and the possibility of desalination have also not been taken into account. He maintains that there is total disorder in the management of water resources, whether in determining the cost of water, its use, and provider (AyA, ASADAS, local governments, and private entities). In addition, there are unaccounted-for illegal wells and cases of concession water (around 16,000) in force and more illegal ones). According to the Contraloría General de la República, between 40-50% of the flow operated by AyA is lost and not billed. He assures that the disorder and controversy is such that MINAE only applies the legislation it wants and manages through multiple decrees, overriding the current Water Law (Ley de Agua). He believes that prior to carrying out a project of the magnitude of PAACUME 2022, economic and financial feasibility studies (estudios de factibilidad) are required. The one presented for the project of interest is a "mockery", it is not clear or transparent. In it, the active participation of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) was not taken into account, and, furthermore, the feasibility study concluded that it is not financially profitable and even so they want to build it. He complains that in the case of concessions (concesiones) granted by MINAE, the use fee (canon de aprovechamiento) is fixed by Decree. That is, the president can modify it whenever he wants, to end the absurdity of charging 14 and 18 cents of a colón per m3 to the large and powerful landowners. He alleges that the association he represents filed, and is pending resolution, the unconstitutionality action processed in expediente 22-001372-0007-CO, in which the abnormal and illegal difference in the amount of the irrigation fee was raised (specifically questioning articles 7 and 9 of DE-32868-MINAE - Fee for water use [Canon por concepto de aprovechamiento de aguas]). He requests the respondent entities to rule on the advisability of applying differentiated tariffs, ascending as the volume consumed for irrigation increases. He argues that the higher the flow rate, the higher the fee. He adds that the differences are very large, both in volume and in price. He considers that the facts set forth violate the fundamental rights of the amparo beneficiary. He requests that the appeal be granted, with the legal consequences.

2.- RONNY A. RODRÍGUEZ CHÁVEZ, in his capacity as Vice Minister of Energy, reports under oath, stating the following: “... that

In relation to the appellant's allegations, this Office proceeds to provide a report in the following terms: This Ministry is the governing body of the Environment and Energy Sector, and has competencies for the management of the country's water resources under the development and application of general principles in harmony with the laws of other State institutions and national objectives, for the benefit of Costa Rican society. Through the Dirección de Agua, as the Technical Body of this Ministry for the management and conservation of the National Water Resource. The project called PAACUME, approved by Law No. 9610 called: Modification of the Limits of the Lomas de Barbudal Biological Reserve for the development of the Water Supply Project for the Middle Tempisque River Basin and Coastal Communities (Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras), published in Scope 199 of the Gazette of November 23, 2018, states for clarity purposes in numerals 5 and 6 the following: “ARTICLE 5- The area of the Río Piedras Reservoir (Embalse Río Piedras), which includes the buffer zone (anillo de protección), forms an integral part of the Water Supply Project for the Middle Tempisque River Basin and Coastal Communities (Paacume) that will be developed by the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), which will allow the storage and regulation of water from the Arenal Dengo Sandillal Hydroelectric Complex (Ardesa) with subsequent conveyance and equitable distribution to supply the needs of agricultural productive consumption, hydroelectric generation, tourism promotion, and population supply, the latter through the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), in addition to those other activities that are necessary for the fulfillment of the objectives proposed by Paacume. Of the fee (canon) that the Ministry of Environment and Energy (Minae) charges users for the concept of water use and exploitation, fifty percent (50%) will be allocated to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) for the implementation of the General Plan for Sustainable and Rational Use Management (Plan General de Manejo de Uso Sostenible y Racional). ARTICLE 6- Once the construction works are completed and the Río Piedras Reservoir is put into operation by the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), the reservoir area, which includes the buffer zone, will constitute a wetland ecosystem administered by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) and in accordance with the provisions of article 33 of Law No. 7575, Forestry Law (Ley Forestal), of February 13, 1996. There must be strict coordination with Senara for the use of water according to the various required uses. The Executive Power, through SINAC, will carry out the necessary studies to grant said space a management category, which must not conflict with the use given to the water resulting from the Water Supply Project for the Middle Tempisque River Basin and Coastal Communities (Paacume). For the preparation of the General Plan for Sustainable and Rational Use Management, a commission will be formed with representation from Sinac, Senara, and the Municipality of Bagaces.” Now, in relation to what was alleged, the appellant points out that the project is not to meet the urgent obligations of AYA but to favor a few water users, that instead of AYA investing in infrastructure within PAACUME, it could capture water from the Tempisque without implying a millionaire cost. Likewise, he argues that CATSA has a concession for 5750 liters per second from the Tempisque River, and pays 14 cents of a colón per m³ and that AyA wants to charge them at least 11 colones and 53 cents, to the national heritage or comprehensive and sustainable economic development. In accordance with the above, this issue will be addressed by AYA, however, it is noted that to date, AYA has not requested from this Ministry any potential water intake registration from the Tempisque River. The monitoring and control work that the Dirección de Aguas has carried out for years for this river is presented to this honorable Court. Monitoring and control that has generated multiple technical reports that are attached as evidence and that are also available on the official website of the Dirección de Aguas www.da.go.cr. That being so, through memorandum DA-2165-2023 of September 19, 2023, signed by the Director of the Dirección de Aguas, José Miguel Zeledón Calderón, he stated: "For its part, an updated study was carried out, official letter DAUHTPNOB-0169-2017 of March 31, 2017, and it dealt with the availability of water under normal conditions in the Tempisque River. This makes an analysis in which the design flow rate measured at the height of the hydrometric station in Guardia is used (data from the ICE station number 741901, data period from the years 1951-1969, 1980-2010), measurements that are affected by the flow rate assigned in the concessions (concesiones) upstream of the control point (Guardia station), as it is assumed that the water uses are being utilized as indicated in each of the concession rights. In accordance with the above, there is an average monthly flow rate that must pass through the control point, which corresponds to the most representative data of the flow rate series that allows for greater security when ensuring water distribution, resolving availability month by month. For the distribution of the available water flow rate, the environmental flow rate is subtracted to ensure that it prevails downstream in the river, and the downstream concession flow rate is subtracted. To the aforementioned, the impact of the warm phase of the El Niño phenomenon (ENSO in its warm phase) must be integrated, which generates a great impact on the North Pacific; focused on the Tempisque River basin, which is characterized by being susceptible to dry and rainy extremes, accordingly, the application of a methodology for adapting its use in the presence of the El Niño phenomenon corresponding to the dry phase of ENSO is analyzed. On the other hand, the Dirección de Agua, as the Technical Body of the Ministry of Environment and Energy, for the management and conservation of the National Water Resource, carries out a hydrological analysis in the basin, considering not only the Tempisque River as the main current, but also its tributaries in the upper basin area with the objective of evaluating the actual water availability in the basin, to resolve considering the current concessions (concesiones) and the concession renewal applications that are in process. It is important to note, for the purposes of this analysis, that only historical rights were considered, and new applications for the use of water resources in the Tempisque are not contemplated. Likewise, to carry out the environmental flow rate analysis, the study carried out by the World Conservation Union (UICN) is taken as a basis, resumed in official letter IMN-DA-2391-2005, which shows the monthly environmental flow rate that the source must have from the Guardia bridge to its mouth in the Gulf of Nicoya as indicated in the Forestry Magazine (Revista Forestal) (Costa Rica) 5 (13) (Alvarado, 2008). It is important to note that there is no other reliable scientific source on environmental flow rate, for which reason the data established in the UICN study constitutes a truthful piece of data, with scientific support for the proposal, taking as a basis for its establishment the aforementioned control point. Currently, the Dirección de Agua signed an agreement with the Agricultural Engineering School of the Instituto Tecnológico de Costa Rica for the analysis regarding the environmental flow rate in this river, among others, which will allow greater detail once concluded. That in relation to the analysis of availability in a drought scenario, the analysis was carried out considering the effects caused by the warm phase of the ENSO Phenomenon. For this, the data presented by the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) is taken as a basis, which establishes the indicator called the Oceanic Niño Index (ONI); being an indicator that is handled on a general scale worldwide. However, notwithstanding the above, for Costa Rica the Institution in charge of issuing the alert and projections is the Instituto Meteorológico Nacional (IMN), for which the warnings issued by the IMN will be taken as official. That the methodology defined in the cited study for the analysis of the concessions, starts from three scenarios: when the El Niño Phenomenon is categorized in a moderate state: 1. If the gauging measurements (aforos) or the record are Equal to or Greater than 14.90 m3/s, no hydrological impact is presented, considering it a normal average flow rate. 2. If the gauging measurements or the record are Less than 14.90 m3/s and Greater than or equal to 10.40 m3/s, abnormal conditions with minimum flow rates with a moderate hydrological impact will be considered. 3. If the gauging measurements or the record are Less than 10.40 m3/s and Greater than or equal to 9.80 m3/s, abnormal conditions with minimum flow rates with a strong hydrological impact will be considered. 4. If the gauging measurements or the record are Less than 9.80 m3/s and greater than or equal to 6.00 m3/s, abnormal conditions with minimum flow rates with a very strong hydrological impact will be considered. In detail we can represent it as follows: 1) If the average flow rate corresponding to the month of January is equal to or greater than 14.90 m3/s, no percentage reduction is applied and the concession conditions are maintained according to the flow rate assigned for each month (tables are inserted)...". "... In accordance with what was indicated, two variables are presented to adjust the concession flow rate in the source: the first which would be the ONI ranges and their respective design flow rates, and the second the record of flow rates from the Station and instantaneous gauging measurements in the months of December and January at the site carried out by the Dirección de Agua as part of the control management (product of the Guardia station or manual gauging measurements). For either of the two variables, the starting point must be to maintain at all times the environmental flow rate that was proposed in official letter IMN-DA-2391-2005, which is 6400 liters per second in the month of January, 5200 liters per second in February, 3600 liters per second in the month of March, 3200 liters per second in April, and 3400 liters per second in May. On the other hand, according to the data obtained and analyzed as set forth and gauging measurements of the Dirección de Agua, in the months of January, February, March, and April there is a water deficit which must be recovered. To compensate for this deficit and manage to recover the environmental flow rate of the Tempisque River, all concessions must be adjusted, calculating the percentage that the deficit represents of the total concession flow rate of the Tempisque and its tributaries. To achieve the above, all the flow rates of the concessions of the Tempisque River and its tributaries upstream of Guardia that are in process were adjusted, in the following percentages and according to the months of use: 4% for the month of January, 20% for the month of February, 25% for the month of March, and 31% for the month of April. The other months of the year do not undergo modifications. This flow rate reduction is carried out based on the data that is broken down in technical report DA-UHTPNOL-1125-2018, added to the expediente. Technical Report DA-UHTPNOB-0394-2017 of June 30, 2017, called “Adaptation to climate change of the concessions of the Tempisque River Warm phase of the ENSO phenomenon” was also issued, in order to generate scientific alternatives so that the water rights and their use regarding the availability of water in the Tempisque River can face climate variability according to the increasingly frequent behavior of the Warm El Niño Southern Oscillation Phenomenon (ENSO). As a complement to the aforementioned studies, the technical analysis official letter DA-UHTPNOL-1125-2018 of December 21, 2018, called "Comprehensive analysis of the Tempisque River and its main tributaries for the recovery of the environmental flow rate and to integrate the adaptation methodology for the warm phase of the ENSO phenomenon." is carried out. The main objective of the study is to adjust current and future water rights according to the current water availability, in addition to establishing the environmental flow rate, and the water use scenario in conditions where the presence of El Niño (ENSO warm phase) occurs, all on a monthly basis and with a control point at the Guardia Hydrometric Station. And it is based on these studies and given the need to ensure the environmental flow rate in the Tempisque River, through official letter DAUHTPNOL-0220-2019 of April 22, 2019, prepared by Eng. Leonardo Solano Romero, Coordinator of the Liberia Regional Office that serves the Tempisque Hydrological Unit of the Dirección de Agua of the Ministry of Environment and Energy, he proposed before the office of the undersigned, the implementation of the instrument called "Implementation protocol for the potential adjustment of flow rates in concessions in light of the decrease in the availability of water resources in the Tempisque River, in the presence of the El Niño phenomenon." For this, the following indicators would be used: - Presence of the El Niño phenomenon - ONI Alert - Gauging measurements (Aforos) carried out in the months of December and January of each year corresponding to the transition from the rainy to the dry season. - Comparison of record flow rates with the aforementioned gauging measurements. Regarding the flow rate, the monthly average of the Guardia Station record will be considered as the baseline and the gauging measurements will correspond to the measurements that the Dirección de Agua can carry out in the month of December and January of each year, which corresponds to the beginning of the dry season in the region, in order to define whether or not there is a decrease in the flow rate in the river. The control point will be the Hydrometric Station of the Tempisque River currently operated by AyA at the height of Guardia. Once the indicated criteria have been proven and there is certainty of the decrease in the flow rate, an application of temporary adjustment of the concessioned flow rates is foreseen, in accordance with study DA-UHTPNOL-1125-2018 and DA-UHTPNOL-220-2019, starting from the months of February, March, April, and May as applicable, these being the months according to historical records that face the greatest decreases in available flow rate and reflect critical data in the ENSO season. As a complement to the cited reports, DAUHTPNOL-0220-2019 of April 22, 2019, was issued, with which it is reported, in addition to the methodology included, the following: “…By official communication in the first week of February; with public notification and also the concessionaire directly notified, the alert and application of the respective adjustments will be arranged, so that the adjustments are applied in the diversions immediately. The Dirección de Agua will carry out the usual periodic and systematic control of the authorized water intakes, and will also carry out flow rate measurements at the control point during the months of February, March, and April in order to monitor the behavior of availability and use. In addition, gauging measurements (aforos) will be carried out during the dry season (época de estiaje) from December to April of each year in the main tributary rivers of the Tempisque River in order to better specify the behavior in the middle and upper basin regarding the availability of water both in the main river and in the tributaries themselves.” The protocol was approved by the undersigned director of Water of the Ministry of Environment and Energy, Engineer José Miguel Zeledón Calderón, through official letter DA-0948-2019 of July 17, 2019, and was launched. As can be observed, the management of the Tempisque River is not simple; it is not a matter of addition and subtraction as the appellant presents it, who, moreover, leaves aside the productive, socio-economic part of the province of Guanacaste, as if this were not paired with human development. As you can realize, a series of very serious, technical, and scientific studies have been carried out, studies that are available to the appellant for reading." Therefore, the Dirección de Agua implements a novel methodology to address periods of hydrological drought in the Tempisque River basin; enabling technical-scientific elements have been incorporated into the resolutions of the concessions so that when the criteria set forth in the protocol appear, water use can be carried out in accordance with the water availability resulting from the drought; if there is no drought, ordinary use can be made according to the studies that support it. In this way, climate variability and the behavior of availability according to climate change are integrated into the water concessions of the Tempisque River. Likewise, monthly control is carried out by officials of the Liberia office of the Dirección de Agua. Regarding the cost of water, the manner in which it is charged, the discrepancy that the appellant has regarding the application of DE-32868-MINAE, and its reforms. And as a result of that, the disagreement and challenge for the non-application of article 172 of the Water Law (Ley de Aguas). This Ministry has demonstrated technically and legally, how the operator of the norm manages to implement the appropriate legal instrument, according to the legal figure through which the authorization from the Public Administration to use the water is obtained, this is the concession (concesión). It is explained to this honorable Chamber that the cost of water concessioned by this Ministry through the Technical Body, is expressly contained in DE-32868-MINAE, being an economic instrument that took many years of debate with all interested sectors, including the AyA. This modification or analysis or update of use fee (canon de aprovechamiento) costs, however one wishes to define it, is halted by direct action of the appellant himself, who has prevented it from moving forward. Remember once again that it was he who filed the unconstitutionality action expediente 22-001372-0007-CO, through which articles 7 and 9 of DE-32868-MINAE and its reforms are specifically questioned. This amparo appeal is being heard by this Tribunal in the cited expediente. On the issue of lack of accounting for illegal wells, the appellant is informed that work has been done with the Asociaciones de Acueducto y Alcantarillados Comunales (Asadas) and AyA, Ministry of Health and others, in the intervention of illegal wells, particularly in the Coastal Zone of Guanacaste, taking advantage of the Commission called CONIMBOCO coordinated by the Dirección de Aguas, in which situation status reports have been rendered, such as the most recent report Official Letter DA-1045-2023 of May 18, 2023. For its part, also through the CTI Groundwater coordinated by the Dirección de Aguas for the case of the Coastal aquifers of Potrero, Basilito, and Huacas Tamarindo, I forward report Official Letter DA-2117-2023 to this Ministry, as the governing body on the matter, to promote the regulation of water in these aquifers and resolution R-0283-2023 was issued through which provisions are made in this regard. On the other hand, the term Abrogate, is a technical-legal term, which for the purposes of this Chamber to be clear, was used to respond to the appellant once again among the endless documentation and procedures that have been attended to for the appellant, to explain how the administrative acts through which the authorization to use water is issued are not subject to paying taxes, but rather to paying fees (cánones). It was also explained, the difference between the fee (canon) and the tax, pointed out in various rulings and pronouncements of the Sala Constitucional.

Thus, what the appellant alleges regarding ARESEP's functions under Article 5 of Law No. 7593, we do not understand at this point what the appellant intends; however, it must be clarified that they do not cite the part of the mentioned article that states: "The authorization to provide the public service shall be granted by the entities listed below: Subsection e): Ministry of Environment and Energy." In accordance with the foregoing, pursuant to the pronouncement of the Attorney General's Office, C-218-2017 of September 22, 2017, in the case of the Irrigation Districts managed by SENARA, SENARA must process the respective water concession (concesión de agua), which is the enabling title to provide the public service. Thereafter, ARESEP sets the tariffs within these Irrigation Districts. Therefore, we do not understand the accusation of alleged "usurpation of functions" by this Ministry. The National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, hereinafter SINAC), by reason of its competence defined in Article 22 of the Biodiversity Law No. 7788 (hereinafter Law 7788), through official communication SINAC-ACAT-D-0221-2023 dated September 19, 2023, signed by Engineer Alexander León Campos, Director of ACAT, stated the following: "This Directorate considers that, since SENARA is the entity developing the PAACUME Project, it falls within its competence to address such an allegation. However, it is necessary to recall that, according to the spirit of the legislator, contained in bill No. 20465 that gave rise to Law No. 9610 Modifying the limits of the Lomas de Barbudal Biological Reserve for the development of the water supply project for the middle basin of the Tempisque River and coastal communities, the Legislative Assembly maintained that the 'Comprehensive Water Supply Program for Guanacaste - North Pacific (Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste - Pacífico Norte, PIAAG) has aimed to ensure the optimal use of water resources in the province of Guanacaste to satisfy water demands by communities and various productive activities, improving access to water in adequate quantity and quality. To this end, it contemplates four strategic axes: I. Water security for communities (Human Right to access water - AyA systems and Community Aqueducts - ASADAS). II. Food security (Increase in food production with irrigation systems). III. Water needs of ecosystems (Promote the sustainability of ecosystems). IV. Sustainable use management (improve the use of available water, with priority on groundwater). V. In accordance with axes I and II, the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA) is developing the Water Supply System Project for the Middle Basin of the Tempisque River and Coastal Communities (PAACUME).' It is recalled that precisely rulings 2020-13836 and 2020-021308, upon hearing the unconstitutionality actions filed against Law No. 9610, have found the release (desafectación) of that land (113 hectares of the Lomas Barbudal Biological Reserve) to be constitutional in order to modify its use and environmental protection because the required technical and formal procedures were fulfilled for this purpose, and the Constitutional Chamber even carried out the respective analysis regarding the constitutionality of the compensation established by the cited law, considering: 'Finally, the compensation offered in this law was 5 to 1 to improve environmental redress (resarcimiento ambiental), since in exchange for the use of the current 113 hectares, the reserve will receive more than 500 hectares, which would become part of it, including those same 113 has, but with a different aquatic and protection habitat. In this sense, not only environmental protection comes into consideration, but also the need to ensure the supply to a large part of the Guanacastecan population of a liquid that is vital for human beings, such as providing water. Hence, all possible scenarios must be assessed and the least harmful measures adopted for all parties and the rights involved, in pursuit of what sustainable development seeks. The principle of environmental non-regression of the Lomas de Barbudal biological reserve is not violated either; on the contrary, the challenged regulations are guaranteeing a strengthening in protection and administration in environmental matters, since the reserve area is increased, areas with natural wetlands (Cabuyo River and Amores Creek) are protected and incorporated, economic resources are allocated for the administration and management of natural resources, coordination between institutions is integrated for the management and preparation of the corresponding environmental plans, and, finally, it incorporates a new wetland ecosystem, which, in addition to being a new destination for aquatic birds, will be an ecosystem that will contribute to adaptation and climate change throughout the province of Guanacaste. Beyond what was suggested in the OET study of acquiring at least 332 ha, the legislative proposal that was finally approved and endorsed by national technical bodies such as SENARA and SINAC, incorporated into the compensation proposal for this project many more hectares, in order to facilitate the management and control of fires. Likewise, by incorporating the Brindis de Amor and Hacienda Ciruelas properties, it allowed for having riparian forest in adequate conservation conditions, and also being able to conserve, by being within the project area, the main springs (nacientes) of the Cabuyo River and Amores Creek, which are located in those farms.' From the foregoing, it is concluded that such purposes have already been presented before the Constitutional Chamber and considered by this honorable Court in case files 19-017939-0007-CO and 19-000257-0007-CO. Likewise, to date, the farm is State property registered to real folio 5177359-000 and administered by the National System of Conservation Areas, on which the 113 hectares released from the Lomas Barbudal Biological Reserve for the PAACUME project have not been segregated, and rather, there is a commitment by SENARA that by next year at the latest, the areas provided for in Law No. 9610 for compensation will be purchased and transferred to MINAE-SINAC; a path that is clearly known and respected by SENARA. It is important to point out that Article 50 of our Magna Carta establishes that the State must seek the greatest well-being for all the inhabitants of the country, guaranteeing the right to a healthy and ecologically balanced environment, in respect of the right to the protection of human health derived from the right to life; being then that the primary objective of the use and protection of the environment is to obtain development and evolution favorable to human beings in harmony with it, in which environmental quality and economic means turn out to be fundamental parameters for people."

3.- Reports under oath LUIS ALEJANDRO GUILLÉN GUARDIA, in his capacity as executive president of the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS), who reports the following: "... FIRST: Regarding the existence of the Studies, and that there is a feasibility study (estudio de factibilidad) that concluded it is not financially profitable. Based on report SB-AID-2023-00284, first, the context of the project must be explained as follows: '... The PAACUME project is an infrastructure project whose objective is to bring water to the Guanacaste region for various purposes (multiple use of water), such as: human consumption, agriculture, and tourism. The project contemplates the construction of a dam and reservoir (presa y embalse), as well as a water distribution system to guarantee sustainable supply over the next 50 years. PAACUME is considered the main climate adaptation project in the country and seeks to ensure water supply in a region that has historically faced scarcity of this vital resource. This project is developed entirely by SENARA. Within the conceptualization of PAACUME, there is a potable water component, so SENARA has requested the collaboration of AyA to provide some technical inputs that allow it to update a series of requirements requested by the project's financing entity. SENARA's request and the first delivery made by AyA are attached. In parallel, work is being done on a FRAMEWORK AGREEMENT with SENARA that aims to establish cooperation relations between AyA and SENARA that foster joint development and coordination of projects and works, exchange of knowledge and advice, as well as articulating actions to maximize the exploitation of resources and institutional capacities. Likewise, the development of infrastructure for the multiple, optimal, and efficient use of water resources, carrying out studies, research, and training, as well as all actions associated with the integrated management of water resources within the scope of competence of each institution, compliance with the respective strategic plans, and in accordance with the National Development Plan...' Now, specifically regarding the query about the Studies, it is appropriate to indicate, based on this same report, that those studies have not been the responsibility of AyA: '...The Feasibility Studies were developed by SENARA and any query about observations on the content and scope of the project must be made to that entity. The cited pre-investment components would be the responsibility of SENARA (https://www.senara.go.cr/proyectos/paacume/componentes.aspx). SECOND: Regarding the payment of the bill and subsidizing the cost of the project through a tax collected through AyA tariffs. Based on report SB-AID-2023-00284, it must be stated that it is still in a preliminary stage: '... Currently, the tariff charge to be implemented when the project enters into operation has not been defined, because the feasibility study (estudio de factibilidad) for the potable water component treated and delivered to the user has not been updated. These studies must be updated by the Project Executor, which in this case is SENARA, with the participation of AyA's specialized areas in this matter...' Likewise, based on operational report GSP-RCHO-2023-02425, it is indicated: '... the matter regarding the commercialization process of services and the charging thereof is carried out through the application of tariffs duly approved by the Public Services Regulatory Authority (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP). It is clarified that the current tariffs do not have any tax subsidy component. These tariffs approved by ARESEP have the following components: Fixed Water Charge, Hydrants, Water Resource Protection, VAT (when applicable), water consumption, Sewerage (When Applicable). Regarding the PACUME Project, all eventual new clients that are integrated as a result of it would be subject to the same tariff applied nationally (whichever is in force). The institution can only charge the current tariffs set by ARESEP...' THIRD: Regarding the allegation of 'building a reservoir (embalse) on the Piedras River and destroying 113 hectares of the Ramsar protected site called Lomas de Barbudal, which will never be replaced.' Report UEN-GA-2023-01856 indicates compliance with the corresponding Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) and clarifies the following: '... a) Through the Baseline Study Embalse Piedras, carried out by the Organization for Tropical Studies in 2017, called 'Establishment of the Biodiversity Baseline for the Lomas de Barbudal Biological Reserve (RBLB) and adjacent farm,' the analyses and technical justifications are presented to determine the biological and geophysical characteristics of the environments that would be replaced by the Piedras River reservoir (embalse) (Annex 1). b) Through Law 9610, dated October 17, 2018, the limits of the Lomas de Barbudal Biological Reserve are modified for the development of the water supply project for the middle basin of the Tempisque River and coastal communities. (Annex 2). c) Through SETENA Resolution No. 459-2019-SETENA, dated February 19, 2019 (Annex 3), the environmental viability (viabilidad ambiental) is issued, considering the environmental aspects that the competent entity evaluated for the PAACUME Project. In the First Operative Part of the cited resolution, it is indicated: 'FIRST: Grant the Potential Environmental Viability (Viabilidad Ambiental Potencial, VAP) to the project: Water Supply for the Middle Basin of the Tempisque River and Coastal Communities (PAACUME), presented by the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenimiento, SENARA), with legal ID number 3-007-042041, represented by Mrs. Patricia Quirós Quirós, with identity card 3-219008, case file No. D1-21601-2017, so that it may carry out any prior management before banking entities or other state or private entities.' ...' It is also stated again that the conceptualization of the project, as far as is known at the moment, has been carried out entirely by SENARA (https://www.senara.go.cr/proyectos/paacume/componentes.aspx). AyA has provided technical inputs for the potable water component, as requested by said entity. SENARA must be consulted on the results of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) for the project and what the impacts and compensations are resulting from the construction of the reservoir (embalse). FOURTH: Regarding the allegation that: 'it is intended to replace the natural system of rivers, streams (quebradas), estuaries (esteros), and natural ponds, which are aquifers (mantos acuíferos), with an artificial reservoir (embalse) and irrigation canals. The waters coming from the Arenal Reservoir and intended to be dammed in the Piedras River reservoir (embalse) are contaminated with fecal matter, pesticides, and chemical fertilizers. Transporting them in open canals to the populated banks of the Tempisque River could cause the transmission of diseases or contaminate aquifers (mantos acuíferos). It is not suitable for use in livestock or poultry farming. Bringing it to populated regions would facilitate the circulation of all types of viruses and bacteria, affecting public health...' Based on report SB-AID-2023-00284, it is indicated that: '... Effectively, it is known that SENARA proposes that AyA use water from a future irrigation canal to be made potable. (https://www.senara.go.cr/proyectos/paacume/componentes.aspx). The route that the irrigation canals will follow is being defined by SENARA. In order to deliver the water service to the population, AyA must supply it with potable quality and comply with the 'Regulation for the Quality of Potable Water', published in Scope No. 69 to La Gaceta No. 170 of September 1, 2015 (and its subsequent additions). Therefore, any project that requires treating raw water must ensure adequate treatment that allows safely making the required flow potable for the population. For the specific case of the PAACUME project, as far as is known, SENARA is conducting measurements (over a period of time) at different points of the canal to characterize the parameters of the flow and determine the type of treatment required. There is a database under the custody of SENARA and, based on this information, the necessary actions would be taken to make the water flow assigned to AyA potable. In addition, preventive and mitigation measures must be generated to minimize risks and impacts that may occasionally occur upstream of the intake to the future water treatment plant...' FIFTH: Regarding the allegation that the '... proposal is to bring 2,000 liters of water per second from the mentioned reservoir (embalse). Asking if today, among all the 11 cantons of the province of Guanacaste, 5,000 liters per second are consumed, and in Palmira de Carrillo, without doing anything or spending money, there is more water than the 2,000 liters per second promised...' Based on report SB-AID-2023-00284, it is indicated that: '... The proposal to bring 2000 l/s arises within the framework of a response to improve and secure the provision of potable water service to the central cantons of Guanacaste; both AyA and SENARA began to combine efforts to carry out a project that would have sustainability for the services that both institutions provide. It is from the ARDESA complex (Arenal, Dengo, Sandillal) that a viable solution is found because the amount of water available to solve both needs: irrigation and human consumption, is guaranteed with water sources coming from the northern slope that has a rainy season inverse to the Chorotega region. In the case of groundwater and surface water uses within the Chorotega region, they have been affected by the effects of variability and climate change, being a zone that is regularly affected by a rainfall deficit that impacts aquifer recharge and translates into certain periods with low production and over-exploitation that can endanger the condition of some aquifers and systems. Therefore, this project guarantees the long-term sustainability of the water resource. Preliminary report sent to SENARA in September 2023 is attached...' SIXTH: Regarding the example provided by the appellant: 'the concession for a single foreign-owned company, for the monoculture of sugarcane, 5,750 liters per second. A company owned by the Campollo family of Guatemala, which this year 2023 pays about 14 cents of a colón per cubic meter of water, for taking it from a surface source, the Tempisque River, and AyA intends to charge at least 11.53 colones, which is 28 times more expensive per cubic meter' and the other case: 'While CATSA is charged water in Palmira de Carrillo at only 14 cents of a colón per cubic meter, the tourism sector is wanted to be charged 132.89 colones for the same cubic meter, around 949 times more expensive. And, in addition, to transport it, aqueducts would have to be built, increasing the final price of the resource to be used in tourism.' It is appropriate to indicate, based on report SB-AID-2023-00284, that: '... The financial-economic and profitability analysis of the project is developed by SENARA in the Feasibility Study (Estudio de Factibilidad) of the project; any doubt about how the costs per cubic meter for the different uses were obtained must be consulted with said Institution...' Regarding the particular cases cited, report GSP-RCHO-2023-02425 indicates: '...Acueductos y Alcantarillados is only empowered to provide the potable water supply service for population use. Therefore, AyA cannot provide the service of selling water for irrigation. For the potable water service, AyA can only charge the tariffs authorized by ARESEP. It is not possible for AyA to provide agricultural irrigation service for the Campollo Family or the CATSA Farm, since by its constitutive law and as established in article seven, subsection four of AyA's service regulations, agricultural irrigation activity is excluded from water for population use, so the water required for agricultural irrigation is supplied by the provider entities authorized by law. This Regional Directorate is unaware of the current tariffs for irrigation service; on this matter, reference must be made to the corresponding institutions that regulate it... Currently in the Chorotega Region, according to a query to the Commercial System (OPEN), the existence of 24 potable water services registered under the name Central Azucarera del Tempisque S.A (CATSA) is recorded; these services have the household tariff established, since they were granted for the potable water supply for single-family homes in INVU Palmira; that is to say, these services should not supply an agricultural irrigation activity. Seemingly, the water supply for the agricultural irrigation activity of this company is carried out through a concession, which, as indicated, is the competence of other institutions. (table inserted). SEVENTH: Regarding what is alleged that: '... indicates that the west canal was built by businessmen organized under the legal entity of COOPEVICA, who delivered the completed works to the DRAT for its operation in exchange for receiving water totally free for at least 10 years and are the largest water consumers in Guanacaste...' In response, report SB-AID-2023-00284 indicates that: 'Regarding the operation of the DRAT, SENARA must be consulted, as it is the operator of the Irrigation System and the entity in charge of the project, as has been repeatedly indicated. AyA does not administer the DRAT and is not in charge of the project.' Report GSP-RCHO-2023-02425 indicates that: 'Upon consulting the Commercial System (OPEN), no potable water supply services are registered under the name of COOPEVICA.' EIGHTH: Regarding who really participates in PAACUME, really the Companies like Azucarera el Viejo, Hacienda el Pelón, Central Azucarera del Tempisque, Ingenio Taboga, and COOPEVICA. In accordance with report SB-AID-2023-00284, it is responded indicating that: 'This project information is only handled by SENARA, which is the executor of the PAACUME project; AyA is just another client of the project and on which it will give its technical and operational considerations to take into account in the design and construction of the potable water component of this phase of the PAACUME project.' NINTH: Regarding what is alleged that: 'there are still no tariffs set by ARESEP for each of the uses and volumes, so how is an investment going to be made without being clear about how the operation will be maintained and the enormous investment recovered?' The financial-economic and profitability analysis of the project is developed by SENARA in the Feasibility Study (Estudio de Factibilidad) of the project; these queries must be requested from said Institution. TENTH: Regarding what is indicated that: 'Another problem with the project is that the expropriations of the farms that "compensate" for the biological damages to Lomas de Barbudal have not been completed.' SENARA must be consulted on the results of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) of the project and what the effects on the Lomas de Barbudal biological reserve and compensations resulting from the construction of the reservoir (embalse) are. It is again indicated that said institution is in charge of the project. This same aspect was addressed in Fact Three. ELEVENTH: Regarding what is alleged that: 'issues such as wastewater treatment and the possibility of desalination have not been taken into account.' To date, the component of the project related to AyA corresponds to granting the flow and infrastructure works required to bring potable water to the population from the flow coming from the future Piedras River Reservoir (Embalse) (through the canal). No sanitation (wastewater) or desalination components are contemplated within the scope of the PAACUME project. TWELFTH: Regarding what is alleged that: 'unaccounted-for illegal wells and cases of concession water (around 16,000) current and more illegal in the locality that PAACUME would cover.' Considering the report from the Environmental Management UEN UEN-GA-2023-01856: 'In relation to the issue of wells in the area that the PAACUME Project would cover, it is indicated: • Regarding the registry of illegal wells, by competence, it must be addressed by the Water Directorate of MINAE. • Regarding the registry of concessions found in the SINIGIRH, a query was made by the Environmental Management UEN on September 19, 2023, for a distance of 250 meters on both sides of the proposed canal and the current one, obtaining the following results (Figure 1): o A total of 11 concessions are found distributed as follows: 4 correspond to wells, 7 correspond to surface intakes or diversions from the west canal. o Of the 4 registered wells, two wells correspond to ASADA Falconiana for human consumption and the remaining two wells to corporations for the same use. o Of the 7 surface intakes, they correspond to 5 concessions registered under the name of private parties, 2 concessions under the name of SENARA. The use corresponds to irrigation and agriculture...' THIRTEENTH: Regarding the issue of '... that according to the Comptroller General of the Republic, between 40-50% of the flow that AyA operates is lost and not billed...' It is appropriate to clarify, based on report GSP-RCHO-2023-02425: '... Unaccounted-for water is a relationship between the volume of water produced and that which is billed. The difference between both volumes is called loss; however, they are volumes that are not billed, among other reasons due to: a) Accuracy of meters b) Use in hydrants c) Illicit connections d) Internal processes for operation and maintenance e) Leaks Therefore, the fact that unaccounted-for water is in a range between 40 and 50% means that, of all the water produced, between 40 and 50% is not billed for reasons such as those mentioned. This situation occurs in all of AyA's potable water supply systems. Being an inherent condition of supply systems, the percentage of unaccounted-for water is considered in the design parameters of the aqueducts...' FOURTEENTH: Regarding that: 'The participation of the Public Services Regulatory Authority (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP) was not taken.' As indicated, 'the conceptualization of the project, as far as is known at the moment, has been carried out entirely by SENARA and it is in charge of the project. (https://www.senara.go.cr/proyectos/paacume/componentes.aspx). AyA has no official information in this regard.' '... It must be kept in mind that there are still many components that are in a preliminary phase on the part of SENARA; there are still many elements that must be updated. Note what is indicated in Fact One: '... Within the conceptualization of PAACUME, there is a potable water component, so SENARA has requested the collaboration of AyA to provide some technical inputs that allow it to update a series of requirements requested by the project's financing entity. SENARA's request and the first delivery made by AyA are attached...' SENARA is following the logical order of the project elaboration cycle through pre-feasibility, feasibility, where part of that cycle are the requirements requested in collaboration with AyA, so that later the materialization, project execution, and ex-post evaluations can be reached. In AyA's consideration, the present appeal turns out to be premature, since PAACUME, which is under the leadership of SENARA, is still in the stage of feasibility assessment and gathering of inputs, like those provided by this Institute. Consider in the resolution of this appeal what was previously resolved under case file: 15-015883-0007-CO, Resolution 2015-18968 at nine hours and five minutes on December fourth, two thousand fifteen. '... III.- On the merits, After analyzing the evidentiary elements provided, this Court verifies that there has been no violation whatsoever of the fundamental rights of the appellant. The foregoing, because in the report rendered by the representative of the appealed authority - which is taken as given under oath with the consequences, including criminal, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction - and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that the project that the appellant claims will damage the environment is the project called "Agua para Limón", mentioned in agreement No. 2015-253 of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers; however, under oath, it is mentioned that this is barely in the pre-feasibility assessment stage internally within the institution and that currently several points related to that project are being defined, and that once this investigation is completed, the presentation of the project to SETENA and the consultation with the community will proceed. Consequently, upon verifying that the project claimed by the appellant is barely in the pre-feasibility assessment stage internally within the institution, without any construction having begun or having had any effect on the environment, no real or potential threat to the environment is denoted at this stage of the project, so the present claim by the appellant is premature. By virtue of the foregoing, what corresponds is to declare the appeal without merit...'

4.- Reports under oath LAURA FERNÁNDEZ DELGADO, in her capacity as Minister of National Planning and Economic Policy, who adduces the following: "... In addition, MIDEPLAN's requirements for public investment projects for the final approval to begin procedures to obtain loans, strictly speaking when the debt management procedures for the PAACUME Project were carried out, were set forth in the Technical Standards, Guidelines, and Procedures for Public Investment, Executive Decree No. 35374-PLAN of July 2, 2009, and specifically Standard 1.23, which established the following minimum contents necessary to be taken into account for the final approval to begin procedures to obtain public loans: i.

Formal request for final approval to initiate procedures to obtain loans for a project or the projects that make up a program, submitted by the highest institutional authority and addressed to the head of MIDEPLAN, with a copy to the Ministry of Finance, justifying the importance of the project or program, type of financing, the amount to be negotiated, purpose of the loan, responsible unit, and its relationship with the National Development and Public Investment Plan (Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública, PNDIP) and other current planning instruments. ii. Formal communication signed by the highest authority of the Ministry of Finance, when the Government of the Republic appears in the indebtedness as Borrower or Guarantor, specifying the terms under which the Government participates and the conditions of said participation, whether it assumes the debt service and other expenses associated with the indebtedness in full or jointly with the institution responsible for the project. iii. The project or projects must be registered in the BPIP, have their respective code, and contain updated information. iv. The following studies, depending on the stage or stages to be financed: a) Prefeasibility study of the project or of each project that makes up the program, and the financial and economic-social evaluation of the program, if the financing is for the feasibility study, design, and environmental viability. This study must be prepared in accordance with MIDEPLAN’s methodological guides for the identification, formulation, and evaluation of public investment projects. If the financing is for the aforementioned studies and the execution phase, an economic-social evaluation must additionally be presented demonstrating that the benefits of obtaining the resources without having completed the pre-investment phase are greater than the costs associated with public indebtedness (assess different scenarios according to possible sources of financing); as well as the risk related to variations in the project's investments and the possibility of covering those differences. b) Feasibility study, if the financing is for the design and obtaining of environmental viability. c) Feasibility and design study, if the resources are for the preparation of documents that allow obtaining environmental viability. d) Feasibility, design, and environmental viability study, if the financing is for the project execution phase. v. The terms of reference for the pre-investment or other studies to be financed with the indebtedness and their costs. vi. Decentralized institutions must present a copy of the Board of Directors Agreement approving the project or projects of the program to be financed, authorizing the processing of the public loan, and empowering the Institutional Head to request final approval from MIDEPLAN to initiate procedures for obtaining public loans. vii. When the project generates revenue, the financial evaluation must include, among other things, a sensitivity analysis to changes in the interest rate, considering the possible financial conditions of the loan according to available market options and the variations this generates in the project's profitability indicators. viii. Present a plan for acquisitions or expropriations of the required lands and state the situation they are in; as well as present the status and coordination carried out with institutions for the relocation of public services or other permits that could affect the start of works.” (Emphasis supplied) In this regard, it should be noted that the content of the pre-investment studies required for these projects in the Costa Rican SNIP is no different from that required by other National Public Investment Systems in Latin America. b.- PROCESSING OF PAACUME (WATER FOR THE LOWLANDS) BEFORE MIDEPLAN: i.- REGISTRATION IN THE BPIP: The Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), in its role as technical lead, registered PAACUME in the BPIP on August 7, 2016, assigning it code 002299. Regarding updates, the last movement recorded is the update of the PAACUME feasibility study in the BPIP, which was formalized on July 1, 2022, where SENARA recorded the information derived from the “Feasibility Study. PAACUME Río Tempisque” updated version March 2022, this being the last formal, current document for PAACUME, developed mainly by SENARA, with the contribution of other inputs prepared by the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Since that date, MIDEPLAN has not received changes to the project regarding name, scope, objectives, results, or technical aspects requiring modifications to the feasibility study. However, from that update to date, the PAACUME information recorded in the digital module of the BPIP has had 3 adjustments or changes on the following dates: August 11, 2022, February 24, 2023, and September 5, 2023, primarily referring to adjustments in the dates of the lifecycle stages and distribution of investments per year in the resource scheduling. ii.- FINAL APPROVAL TO INITIATE PROCEDURES FOR OBTAINING A LOAN: Regarding the final approval to initiate procedures for obtaining a loan to finance PAACUME, in Official Communication No. DM-0901-2021 of August 23, 2021, Mr. Elián Villegas Valverde, in his former capacity as Minister of Finance, stated, in relevant part: “(…) the financing operation would correspond to a public indebtedness with the Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), for an amount of up to US$425,000,000, which would be executed by SENARA. Said Project aims to increase water availability on the right bank of the Tempisque River through the construction of infrastructure works that allow for better water utilization and an increase in the socioeconomic development of the region and its adaptation to climate change. The Government of the Republic of Costa Rica would participate as the borrower of the operation and would assume the debt service, including amortization, interest, and commissions. The counterpart funds associated with the project or any need for additional resources beyond the financing to meet its objectives would be covered by SENARA as part of its budget, complying with spending limits and fiscal rule compliance.” (Emphasis supplied) Similarly, in Official Communication No. SENARA-GG-0530-2021 of September 20, 2021, Ms. Patricia Quirós Quirós, formerly General Manager of SENARA, requested the final approval to initiate procedures for obtaining a loan for the project Water Supply for the Middle Basin of the Tempisque River and Coastal Communities (Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras, PAACUME), highlighting, for the case at hand, the following: “The Project aims to increase water availability on the right bank of the Tempisque River through the construction of infrastructure works that allow for better water utilization and an increase in the socioeconomic development of the region and its adaptation to climate change. PAACUME is important since, as stated in the Feasibility Study, ‘it represents an excellent initiative for utilizing the waters of the Arenal, Dengo, Sandillal Hydroelectric System (Ardesa) in productive activities such as irrigated agriculture, irrigated agricultural production, and irrigation in tourism developments; as well as for potable water and electricity generation. This implies a great opportunity for growth and development in the province of Guanacaste.’ Senara (2018:p1). It is proposed as the best alternative to develop within the framework of addressing the water deficit problem in the province of Guanacaste. The project is estimated to supply water to a historically dry area, which, due to variability and climate change, has experienced increased drought conditions, limiting sustainability and discouraging socioeconomic growth in the region and, therefore, in the country overall. Senara (2018:p1). It consists of the construction of a storage and regulation reservoir on the Piedras River, to utilize the waters discharged by the ARDESA Hydroelectric System and convey them to the right bank of the Tempisque River for potable water supply, agricultural irrigation, and irrigation in tourism developments in the cantons of Carrillo, Santa Cruz, and Nicoya. Paacume is composed of four components; namely: 1) the Piedras River reservoir (which includes system automation, the powerhouse, and the dam and reservoir itself), 2) the expansion of the West Canal (Canal Oeste), 3) the construction of the distribution network on the right bank of the Tempisque River, and 4) the proposed implementation of a Development Plan. Irrigation benefits will be provided to three cantons in the province of Guanacaste, namely: Carrillo, Santa Cruz, and Nicoya. Additionally, 2 cubic meters per second of water will be allocated for human consumption, the treatment and distribution of which will be the responsibility of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. In turn, it will allow the supply of potable water to approximately 500,000 people over a 50-year horizon and provide an alternative solution to the water deficit problem for the middle basin of the Tempisque River, which would improve the socioeconomic development of the province of Guanacaste, reducing the existing gap between supply and demand (deficit) of water for different uses such as potable water, irrigation for agricultural production, irrigation of green areas in tourism projects, and hydroelectric generation as a source of renewable energy, as it will allow the generation of 7 MW per year and the irrigation of an estimated area of 1,213 hectares in the tourism sector. The potential area for agricultural irrigation is estimated at 18,639 hectares, which could benefit 746 agricultural producers, including large, medium, and small. The financing to be required is a public indebtedness with the Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), for an amount of up to US$425,000,000. The purpose of the loan is to finance the construction works of the dam and reservoir site, as well as the improvement and expansion works of the West Canal (Canal Oeste) and the canal distribution network on the bank of the Tempisque River, also considering complementary elements such as acquisition elements, environmental management, commissioning, and operation. The project will be executed by SENARA, for which a project executing unit will be created once the loan contract approval is achieved. It is important to mention that the project is under the charge of the PAACUME Management Unit, as the unit responsible for managing all preconditions, officially created with the endorsement of Mideplan. PAACUME is linked to and considered in the National Development and Public Investment Plan 2019-2022 as one of the projects comprising the strategic intervention Comprehensive Water Supply Program for Guanacaste–North Pacific (Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste–Pacífico Norte, PIAAG), considered within the strategic area of Territorial Development, which has the following objective: To articulate, coordinate, and follow up on projects that generate inclusive growth and employment sources, based on the particularities of each territory.” (Emphasis supplied) Subsequently, through Official Communication No. MIDEPLAN-DM-OF-0945-2021 of October 5, 2021, MIDEPLAN requested additional information from SENARA, stating in relevant part: “The indebtedness requested by SENARA for PAACUME only includes financing for the project execution phase; whereas all costs associated with the pre-investment phase are the responsibility of SENARA. This obliges the Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) to meticulously review the project documentation to ensure that the project management contains the necessary elements for the indebtedness to be used in the time and manner planned. (…) Therefore, it is requested to verify, clarify, or present the following aspects: 1) A document indicating the commitment of SENARA to assume the payment of the national counterpart contribution, providing the necessary resources so that the project's pre-investment and indemnifications can be developed (See point 1.1 of the Annex). 2) A justification for why the execution phase is scheduled until the year 2025, which would result in the resources from the indebtedness beginning to be used years after the possible formalization of the indebtedness. This entails the loss of years of the grace period of the indebtedness for the time elapsed between the possible formalization of the indebtedness and the start of works. On the other hand, the time these resources remain undisbursed generates the payment of commitment fees (See point 1.2 of the Annex). 3) The comprehensive risk analysis of the project, incorporating into the risk analysis performed for the project the elements associated with the acquisition plan, relocation of public services or other permits, SEVRI, natural and anthropic phenomena, and other elements that SENARA and the Project Management Unit consider may affect the project's development as scheduled in the Feasibility Study document, updated version July 2021 (See point 1.3 of the Annex). 4) The updated cash flows of the project, according to what is indicated in point 2.1 of the Annex of this official communication, considering the variations in costs incurred since 2018. 5) The Annexes of the Feasibility Study document, updated version July 2021, with the correct numbering and the nomenclature established in Annex 2 of the Technical Standards, and cross-check them with the version and numbering of the annexes registered in the BPIP (See point 2.2 of the Annex). 6) The project designs. These designs must be submitted in pdf format per sheet (See point 2.3 of the Annex).” (Emphasis supplied) Likewise, through Official Communication No. MIDEPLAN-DM-OF-1092-2021 of December 3, 2021, regarding the request for resources from the MIDEPLAN Pre-Investment Fund10 to carry out the study called “Complementary studies for the optimization of the canal network and works on the right bank of the Tempisque River and West Canal (Canal Oeste)”, it was stated, in pertinent part: “I am pleased to inform you that the request was heard and approved in Session No. 230 of the Steering Committee of the MIDEPLAN Pre-Investment Fund, for an amount up to one billion nine hundred thirty-four million nine hundred eighty-nine thousand six hundred seventy-one colones exact (₡1,934,989,671.00), equivalent to three million fifty-seven thousand fifteen dollars and twenty-six cents ($3,057,015.26), under the condition of a non-reimbursable transfer. The formalization of the Non-Reimbursable Transfer Agreement between SENARA and MIDEPLAN is subject to the following conditions: • That the Ministry of Finance has available the totality of the necessary economic resources to meet this financing, in accordance with the previously assumed commitment; therefore, SENARA must forward to this Office the official communication from the Ministry of Finance in which the economic resources for this financing are made available to the Pre-Investment Fund. • SENARA has three months to carry out the necessary actions to formalize the financing agreement, during which it must prepare and deliver the tender documents for the public competition. (…)” Subsequently, through Official Communication No. SENARA-GG-0178-2022 of March 22, 2022, SENARA requested the update of Official Communication No. MIDEPLAN-DM-OF-0162-2022 regarding the issuance of the final approval to initiate procedures for PAACUME, through a loan for US$425,000,000.00 (four hundred twenty-five million dollars of the United States of America and zero cents). Furthermore, it stated: “(…) In view of the review of the project's financing conditions recently carried out with the Banco Central de Costa Rica, a change was made to the project, so through note SENARA-GG-0173-2022, the withdrawal of the request for non-reimbursable resources for Paacume, requested from the MIDEPLAN Pre-Investment Fund, was requested, given that a series of activities prior to the construction of works are required and will be financed by the BCIE loan's own resources, included in the Global Investment Plan (Plan Global de Inversiones, PGI). MIDEPLAN responded to this request with Official Communication No. MIDEPLAN-DM-OF-0260-2022 of March 24, 2022, and Technical Report No. UIP-DE-0002-2022 of March 24, 2022. In these, the analysis of the project is deepened in points “j. Financial analysis and indicators and k. Economic-Social analysis and indicators.” From these, the following emerges: • FROM POINT J) FINANCIAL ANALYSIS AND INDICATORS: After performing analyses under 2 project scenarios: Scenario 1 without financing and Scenario 2 with financing paid by the State, where the project must cover at least the system's operation and maintenance costs, with variations in the services that could be provided, the following is determined: “From a financial standpoint, the project is not profitable with the current tariff; since the Net Present Value (NPV) and the Internal Rate of Return (IRR) are negative for scenario 1. This shows that the income from the different services that can be provided is not sufficient for the project to yield at least the opportunity cost represented by the loan rate. On the other hand, if all the project's income is considered, it is sufficient to cover operation and maintenance costs if the State assumes the debt (scenario 2), with an NPV of US$54,791,827.42 (fifty-four million seven hundred ninety-one thousand eight hundred twenty-seven dollars of the United States of America and forty-two cents) and an IRR of 10.08%. In the most conservative scenario, only considering irrigation income, the project must increase the tariff from ₡11.53 per m3 to ₡13.382 per m3 to cover operation and maintenance costs if the State assumes the debt, with an NPV of US$846.11 (eight hundred forty-six dollars of the United States of America and eleven cents) and an IRR of 2.95%.” Scenario 1 shows that if SENARA assumes the indebtedness, which would imply that the investments are transferred to the user via the tariff, PAACUME would not be profitable. Whereas scenario 2 is carried out based on the communication that the indebtedness will be assumed by the State, following the confirmation received in Official Communication No. DM-1278-2021 of November 23, 2021, in which the Minister of Finance stated the following: “I refer to official communication DM-0901-2021, of August 23 of this year, related to the Water Supply System for the Middle Basin of the Tempisque River and Coastal Communities Project (PAACUME), in which it was indicated that the Government of the Republic of Costa Rica would participate as the borrower of the operation and would assume the debt service. In this regard, and taking into consideration official communication SENARA-GG-0659-2021, signed by Ms. Patricia Quirós Quirós, General Manager of SENARA, it is reported that the counterpart contribution associated with the Project, in the amount of US$ 32,778.6 thousand, will also be assumed by the Government of the Republic.” This scenario 2, with the indebtedness and counterpart contribution assumed by the State (scenario 3 of Table 1 and bullet iii of the technical section), implies that the cost of the investments will not be transferred via tariff to the users, thus assessing the project's capacity to sustain itself, covering at least the operation, maintenance, and possible costs associated with PAACUME's risks. The variables of scenario 2 are assessed, and the indicators for each variation are determined, establishing a conservative scenario. It is necessary to indicate that, for projects of this type developed by the public sector, it is not correct to determine the feasibility of a project solely based on its financial profitability, since the State does not seek profit like a private company, but rather seeks the well-being of the population. For this reason, an economic-social analysis is also performed to provide elements, beyond the financial ones, to make the best decision for society. • FROM POINT K) ECONOMIC-SOCIAL ANALYSIS AND INDICATORS: For this analysis, data from the “Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental)” were considered, especially the benefits and positive externalities (or incremental benefits), for which quantification was possible, and others that are only a qualitative description of what PAACUME will be generating. These are the benefits and externalities regarding irrigation, agriculture, potable water, and tourism identified for PAACUME: “1. Quantitative benefits 1.1. Economic benefits from water supply for irrigation 1.2. Incremental benefits in agricultural production 1.3. Benefits in savings from avoided drought losses 1.4. Economic benefits from potable water 1.5. Economic benefits from water supply for irrigation to the tourism sector 1.6. Economic benefits for the tourism sector 2. Qualitative benefits (Positive externalities) 2.1. Increase in agricultural employment due to an increase in planting intensity, planting area, and products thanks to irrigation 2.2. Increase in non-agricultural employment due to the increase in agricultural production in related industries such as the input industry (backward linkages) and processing industry (forward linkages) 2.3. Reduction of poverty thanks to increases in productivity and employment opportunities 2.4. Increase in food security at the local, regional, and national levels 2.5. Reduction in frictions of the rural economy and transaction costs thanks to improved services related and unrelated to the region's farms; 2.6. Multiple uses of water for households 2.7. Lower food prices for consumers thanks to increases in productivity and product supply 2.8. Recreational and aesthetic benefits of the Reservoir 2.9. If the goods produced are exportable, greater benefits in fiscal revenues from exports 2.10. Economic benefits from aquifer and surface water recharge 3. Negative externalities of a quantitative nature 3.1. Loss of benefits from carbon removal 3.2. Loss of Commercial Value of Timber 3.3. Loss of Forest Environmental Services (Servicios Ambientales del Bosque) 4. Negative externalities of a qualitative nature 4.1. Involuntary displacement of local inhabitants; 4.2. Expansion of the agricultural frontier 4.3. Soil degradation induced by irrigation (salinity and soil saturation) 4.4. Loss of soil fertility due to crop intensification 4.5. Ecological imbalances such as weeds and pests 4.6. Contamination of surface and groundwater sources with nutrients and chemicals 4.7. Toxic concentration of substances such as salts, heavy metals, and pesticides in surface and groundwater 4.8. Negative impacts on biodiversity and fragile ecosystems” Based on the quantifiable benefits and externalities, 2 analysis scenarios were created: ▪ Scenario 1 corresponds to the economic cash flow prepared by SENARA, which considers all estimated benefits, including those quantified at the same value as the income from the financial cash flow; as well as the negative externalities. ▪ Scenario 2 corresponds to the conservative scenario prepared by Mideplan, which only considers the benefits related to the agricultural and irrigation part (incremental benefits); as well as the negative externalities. The foregoing allowed the determination that: “Scenario 2, despite only considering the incremental benefits in irrigation and the agriculture part, demonstrates that the project continues to be economically profitable, because the benefits are greater than the costs, the Economic Internal Rate of Return (TIRE) is higher than the opportunity cost for society (8.31%), and for every dollar invested, the project will generate $1.17 in benefits, according to the B/C Ratio.” This concludes that PAACUME is not financially profitable if SENARA assumes the investments and the indebtedness; however, if the State assumes the investment, PAACUME allows covering the operation and maintenance costs, estimating a global tariff for the macro analysis performed by MIDEPLAN, considering the scope of the pre-investment studies, which is limited to the incremental costs and benefits generated by public investment projects. The specific and detailed tariff must be estimated through a tariff model that includes SENARA's financial equilibrium in the provision of the service, and whose final definition is given by ARESEP before PAACUME begins operations. Due to this particularity, tariff proposals at the pre-investment level are precisely that, proposals that may or may not undergo modifications considering the time elapsed between the execution and operation of the project, financial changes that the entity providing the service may undergo, elements associated with the service (quality, continuity, timeliness, reliability), reinvestments, modifications to the existing tariff model, regulatory and methodological changes, among others. However, the fundamental principles upon which the tariff proposals at the pre-investment level are established are maintained, particularly that revenues are equivalent to the project costs for public entities. The social benefits generated by PAACUME exceed the costs, making it profitable considering the opportunity cost for society (scenario 3 of Table No. 1: Actions based on efficiency in the spending of public resources). This is supported by what is indicated in the theoretical section of this report and the generation of conservative scenarios by MIDEPLAN, taking as reference the information from the feasibility study, for which the technical responsibility for the content of said study corresponds to SENARA. Finally, this ministerial Office must underline that it can only render the requested Report regarding aspects within its competence, as it has indeed done, and regarding all other aspects that exceed its authority or that correspond to the other respondent institutions, the determination must be based on what they indicate in that regard.”

5.- Under oath, ERIC ALONSO BOGANTES CABEZAS, in his capacity as Comptroller General and president of the Board of Directors of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, states the following: “... I. REGARDING THE RELATIONSHIP OF ARESEP TO THE PRESENT AMPARO. Before rendering the report requested from this Regulatory Authority by the Constitutional Chamber in this proceeding, in accordance with the provisions of the order issued at 4:20 p.m. on October 18, 2023, it is important to clarify that Aresep is not one of the respondent parties in this constitutional amparo. In this sense, it is clearly evident from the amparo filing brief that the respondent parties are solely SENARA, MAG, the President of the Republic, MINAE, MIDEPLAN, and AyA; therefore, no action is being questioned against, nor any responsibility requested from, this Regulatory Authority. Additionally, although reference is made to this Regulatory Authority in several of the facts composing the amparo brief, the fact is that none of them contains a specific challenge or reproach against actions taken by Aresep. Lastly, from a review of the claims of the appeal, which, it should be added, are confusing, it is clear that the appellant also does not establish claims directed against this Regulatory Authority in a clear and direct manner, without prejudice to the foregoing, establishing the following claims in a generic manner: “B.- The PAACUME project lacks financial and economic viability, which makes its realization impossible. The cost of PAACUME will not be charged to potable water tariffs. (…) E.- We request that you rule on the due compliance with subsection e of Article 5 of Law 7593 by the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos; it is Aresep that must legally set the tariffs for irrigation water concessioned by MINAE.” In this way, although the previous claims are related to tariff setting, it is the Judicial Authority that the appellant requests to define said parameters. As a consequence of the foregoing, it is requested from this moment that this constitutional amparo be dismissed with respect to the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. III. REGARDING THE FACTS ALLEGED BY THE APPELLANT For the purposes of rendering the report requested by the Constitutional Chamber on the facts contained in the appellant's amparo filing brief, it is reiterated that the vast majority refer to actions unrelated to this Regulatory Authority, as indicated below: From one to four: These facts do not relate to specific competencies of this Regulatory Authority.

Five: As for Aresep, it notes that there are no tariffs set by Aresep for each of the uses and volumes related to the PAACUME project, and therefore it is unknown how it will be financed. However, in accordance with the purpose of this appeal, it is possible to state that as of today, Aresep has not included in the tariffs set for AyA what the appellant indicates. It also states that it participated in the public hearing held by Aresep on the future tariffs to be applied in the SENARA DRAT, which is being processed under case file number ET-069-2022, where a tariff increase and staggered increases are proposed based on volume and other points, in which the PAACUME project was not discussed. However, the foregoing only refers to a tariff-setting process carried out in accordance with the law, without a direct challenge being made against it. For the rest, reference is made to situations related to the respondent entities, and not to the powers of this Regulatory Authority. Six through Eight: These facts do not relate to specific powers of this Regulatory Authority. Nine: Regarding the feasibility study (estudio de factibilidad) of the project, it is noted that Aresep data is taken, but no real participation by this Regulatory Authority takes place, and no reference is made to the tariffs that should be charged if the works are carried out. That said, in accordance with the purpose of this appeal, it is possible to state that as of today, Aresep has not included in the tariffs set for AyA the costs related to the project. For the rest, reference is made to situations related to the respondent entities, and not to the powers of this Regulatory Authority. Ten: These facts do not relate to specific powers of this Regulatory Authority. Eleven: As for Aresep, it is limited to indicating that there is no base price for water, and that with AyA's tariff, set by Aresep, other users are subsidized, since in some cases more than 400 and up to 1200 colones are paid per cubic meter of water, while large consumers who use the irrigation service pay only 14 cents of a colón for the same cubic meter, because the Executive Branch has defined it so via decree. On this point, it refers to what will be developed in the following section, regarding the implementation of solidarity and equity factors that could be included by the Regulatory Authority in public service tariffs. Twelve: The appellant labels this fact as "Aresep Functions," and indicates that Article 5 of Law No. 7593 provides that Aresep sets the prices and tariffs of regulated public services, and that these include three services related to the PAACUME project: power supply, provision of the aqueduct and sewerage service, and irrigation and drainage when the service is provided by a public enterprise or by concession or permit. It adds that, in its opinion, MINAE usurps one of these functions from this Regulatory Entity, since it is by decree that the Executive Branch defines the water tariffs for irrigation concessions granted by MINAE. It concludes by indicating that despite the functions attributed by the legislator to Aresep, this Institution has not been an active and decisive part in evaluating the financial feasibility and defining the tariffs that will be applied to the services related to the PAACUME project if the works are built. On this point, and within the framework of the concern raised by the appellant in its appeal, that the cost of the project will be charged to the drinking water service, it refers to the development of the following section, regarding the need to incorporate... In this sense, this fact clearly does not imply a challenge to the specific actions of Aresep, but is limited to making an interpretation of the current regulations and challenging the actions of the Executive Branch, considering that it engages in the usurpation of powers corresponding to Aresep. Thirteen and Fourteen: These facts do not relate to specific powers of this Regulatory Authority. Fifteen: As for Aresep, it is noted that the government of the Republic has not undertaken any procedure before Aresep, and does not even make it a party to the project process. It also indicates that information is lacking regarding tariffs approved by Aresep that take into account the planned investments for the various uses of water and for electricity. IV. AS TO THE MERITS OF THE MATTER, ARESEP'S POWERS IN SETTING TARIFFS FOR THE DRINKING WATER SERVICE. Regarding the disagreement with the tariffs intended to be charged under the "PACUME" project (which changed its name to "Agua para la Bajura"), it must be noted that, as regards the Regulatory Authority, the power to set public service tariffs was granted to it by its special law, No. 7593, which specifies in its Article 5 what those services subject to tariff setting are; among which are found, according to subsections c) and e), the following: "c) The provision of the aqueduct and sewerage service, including drinking water, and the collection, treatment, and disposal of black water, wastewater, and stormwater, as well as the installation, operation, and maintenance of the hydrant service (...) e) Irrigation and drainage, when the service is provided by a public enterprise or by concession or permit." The foregoing implies that, in the case of these public services, Aresep is responsible for setting their tariffs and for doing so must follow the procedure regulated in Law No. 7593 itself, in Articles 29, 30, 31, and 36. In this sense, Aresep has the exclusive and preclusive power to regulate public services that have been declared as such by the legislator. Said power encompasses—among other things—the establishment of tariff methodologies, tariff setting, the determination of technical standards, sanctioning powers, and the resolution of complaints, reports, and disputes. Therefore, since the Regulatory Authority is the only entity competent by subject matter to carry out tariff setting for public services subject to its regulation, any other public or private entity or body (including the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) would be prevented from doing so. For the present case, this means that if AyA sets tariffs for public services regulated under Article 5 of Law No. 7593, this would imply an excess of its powers, ergo, it would not conform to the legal framework. This is important, because as explained, to determine public service tariffs, Law No. 7593 established the specific procedure for doing so, where the cost-of-service principle, among others, applies. According to this principle, pursuant to subsection b) of Article 3 of the cited Law, only costs necessary to provide the service are considered, such that they allow a competitive return and guarantee adequate development of the activity, discarding those considered unnecessary or extraneous to the provision of the public service, in addition to disproportionate expenses compared to normal expenses for equivalent activities (Article 32)—a task that, according to the cited regulations, only Aresep can perform. It is also important to note that, for the calculation and setting of public service tariffs, the principles and criteria of solidarity and equity apply, under which each user must assume the total costs they are responsible for, while seeking to support lower-income consumers. On this matter, Article 12 of Law No. 7593 states: "(...) Article 12.- Prohibition of discrimination: Providers may not establish any type of discrimination against a certain group, sector, class, or individual consumer. Tariff differences established for social reasons shall not constitute discrimination (...)" Therefore, solidarity and equity factors could well be included by the Regulatory Authority in public service tariffs, without this being considered discriminatory. However, it should be emphasized that this is different from including in the tariffs a tax that has been declared by law; in which case the bill must clearly specify it and the tax amount must be itemized separately from the tariff being charged for the service provided. Regarding the above, it is worth reporting that as of today, Aresep has not included in the tariffs set for AyA what the appellant indicated, concerning "that all users pay the bill and subsidize the cost of the project through a tax collected through AyA's tariffs, which will evidently lead to a cost increase, making access impossible for low-income people." On the other hand, the appellant is concerned about: How will the operation be maintained and the enormous investment recovered? since there are still no tariffs set by ARESEP. As for the foregoing, it is reported that providers of drinking water public services are obliged to guarantee water for the Costa Rican populations. To do this, the Regulatory Authority requires them, through the Technical Regulation for "Provision of Aqueduct, Sanitary Sewerage, and Hydrant Services, AR-PSAYA-2015," to develop programs regarding expansion, maintenance, and improvement of services. That is, providers are obliged to develop the necessary projects to satisfy the demand for the resource and thus guarantee the provision of aqueduct, sanitary sewerage, and hydrant services under conditions of quality and continuity. In this way, providers must prepare investment plans indicating the budget they will allocate to address these investments, which works they will build, the time frame for doing them, and the criteria on which they base their definition. This plan, to justify the indicated resources, must be submitted by the service provider to Aresep as part of the tariff adjustment request, as established in Article 30 of Law No. 7593. Once the request is received, this Regulatory Authority will analyze the corresponding justifications in accordance with the law to determine its viability; and if found suitable, it will proceed to include the costs in the tariff setting, and in this way, the provider will be able not only to recover the investment, but also to keep in good condition the assets used in the provision of the public service.

6.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Judge Hess Herrera; and,

Considering:

SOLE.- In the case under study, the appellant claims that prior to carrying out a project like PAACUME 2022, economic and financial feasibility studies are required. It claims that in the case of concessions granted by MINAE, the water-use levy (canon de aprovechamiento) is set by Decree. That is, the Executive Branch can modify it whenever it wants, to end the charge of 14 and 18 cents of a colón per m³ to the large and powerful landowners. It alleges that the association it represents filed, and is pending resolution, the unconstitutionality action being processed under case file No. 22-001372-0007-CO, in which the abnormal and illegal difference in the amount of the irrigation levy was raised (specifically challenging Articles 7 and 9 of DE-32868-MINAE - Canon por concepto de aprovechamiento de aguas-). It requests the respondent entities to pronounce on the convenience of applying differentiated tariffs, increasing as the volume consumed for irrigation increases. It argues that the higher the flow rate, the higher the levy should be. It adds that the differences are very large, both in volume and in price. That said, given that the cited regulation is challenged in the unconstitutionality action being processed under case file No. 22-001372-0007-CO as indicated ut supra, this Chamber deems it appropriate to suspend the processing of this amparo appeal (recurso de amparo) until said process is resolved, pursuant to Article 48 of the Law of the Constitutional Jurisdiction.

THEREFORE:

The processing of this amparo appeal is suspended until the unconstitutionality action being processed under case file No. 22-001372-0007-CO is resolved.-

Fernando Cruz C.

President a.i.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Ingrid Hess H.

Ana María Picado B.

Alejandro Delgado F.

Jorge Isaac Solano A.

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Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, streets 19 and 21, avenues 8 and 6
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