Res. 08500-2024 Sala Constitucional — Amparo on illegal water supply in Rancho CartagenaAmparo sobre suministro ilegal de agua en Rancho Cartagena

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Sala Constitucional

Resolución Nº 08500 - 2024

Fecha de la Resolución: 02 de Abril del 2024 a las 09:45

Expediente: 24-007141-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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EXPEDIENTE N° 24-007141-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2024008500

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del dos de abril de dos mil veinticuatro .

   Recurso de amparo interpuesto por JÉNNIFER DIANE DALTON JONES, identificación número 184001433002, en su condición de gerente de la sociedad BOM BOM DE TAMARINDO, LIMITADA, cédula jurídica 3-102-471877, PAUL ALAN TURNER, de un solo apellido en razón de su nacionalidad, identificación número 112400383014, en su condición de gerente de la sociedad 3-102-803524 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LARA LEGAL CORP, cédula jurídica 3-102-803524, PATRICIA ODELL MC CULLOUGH, de un solo apellido en razón de su nacionalidad, identificación número 184002185427, en su condición de gerente de la sociedad CIMARRON HOLDINGS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cédula jurídica 3-102-706893, JAMES MARK WOODWARD, de un solo apellido en razón de su nacionalidad, identificación número 184000047515 en su condición de gerente de la sociedad MONKEY BREAD BMK LIMITADA, cédula jurídica 3-102-383564, así como MARTÍN ZENHAEUSERN de un solo apellido en razón de su nacionalidad, pasaporte de su país número x0642120 y RITA MARÍA BRUNNER ZENHAEUSERN en de un solo apellido en razón de su nacionalidad, pasaporte de su país número 72727030, ambos en condición de gerentes de la sociedad RITA & MARTIN PURA VIDA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LINITADA, cédula jurídica 3102-77421122, JOSEH GEORGE AUGUSTINE en de un solo apellido en razón de su nacionalidad, pasaporte de su país número 200427135, PEBRINCA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-297931, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, LA SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, CHIPCOM SOCIEDAD ANÓNIMA, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA Y LA AUTORIDAD REGULADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Resultando:

1.- Por escrito agregado al Sistema de Gestión de Despachos Judiciales de esta Sala a las as diez horas veintiocho minutos del quince de marzo de dos mil veinticuatro, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, LA SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, CHIPCOM SOCIEDAD ANÓNIMA, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA Y LA AUTORIDAD REGULADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS, y manifiestan que son representantes de las sociedades amparadas en las que ejercen, desde hace varios años, el título de nuevos de bienes inmuebles, situados en el Rancho Cartagena, en Guanacaste. Explican que compraron de buena fe a un desarrollador privado. Acotan que el Rancho Cartagena, es un proyecto que fue desarrollado por inversionistas privados, a quien cada recurrente compró y es donde actualmente habitan. Explican que ese proyecto se ubica exactamente, en el distrito Belén, cantón Santa Cruz de la provincia de Guanacaste, donde el sistema de acueducto se alimenta de dos pozos de tres localizados en la parte alta del acueducto. Asimismo, comentan cuenta con tres tanques de almacenamiento que bombean el agua a todo el sistema. Explican que ese sistema de acueducto debe de suministrar el agua potable de forma directa a los aquí recurridos; sin embargo, el acueducto no posee desinfección por lo que estamos expuestos a enfermedades infecto contagiosas transportadas por el agua. Manifiesta que los 3 pozos perforados que suministran agua al proyecto no tramitaron los permisos de perforación vigentes emitidos por el Departamento de Aguas del MINAE, y como resultado de lo anterior, tampoco los tienen concesionados. Manifiesta que las solicitudes de las concesiones de aguas de esos pozos tampoco obtuvieron aprobación por parte de SETENA. Expresa que el sistema cuenta con los pozos profundos, uno de 36 metros de profundidad y el otro de 34 metros, encontrándose en la parte posterior del proyecto. Añaden que el agua captada en los pozos se lleva hasta la zona de los tanques, que distribuyen por gravedad, a cada lote del proyecto. Narra que se encuentran ubicados tres tanques de almacenamiento dentro del proyecto con zonas determinadas. Añaden que existía una concesión vigente y expiró en el mes de octubre de 2017. Esgrimen que esa fecha de vencimiento fue el impulso (inició el proceso en 2016) para comenzar la solicitud original para la propia ASADA de Rancho Cartagena, la cual nunca progresó. Reclaman que actualmente hay 4 tanques de retención adicionales y desconocen si alguno de ellos contiene una bomba para distribuir el agua. Arguyen que, desde hace mucho tiempo atrás, a los vecinos de Rancho Cartagena no les brinda el servicio de agua de una forma legal. Manifiestan que se les ha brindado ese recurso ilegalmente por medio de la sociedad CHIPCOM SA., quien brinda el abastecimiento del agua para consumo humano y animal, violentando a ley y sus reglamentos, cobrando por su uso y por mantenimiento de tuberías, el cual todos los propietarios de Rancho Cartagena deben pagar mensualmente ya que de lo contrario les indican que se les quitará el servicio de agua sin saber si son o no además los montos establecidos por la ARESEP. Acusan que esa sociedad no tiene facultades legales y técnicas para administrar y cobrar por la venta de recurso de agua potable. Entienden que esa ilegalidad de abastecimiento que no posee desinfección ha causado un impacto gigante a los aquí recurrentes, especialmente en niños, personas adultas mayores y animales que tienen los propietarios de cada una de las fincas que existen en Rancho Cartagena, sin saber la calidad del recurso que reciben. Expresan que el 90% de la población de Rancho Cartagena son personas extranjeras, las cuales invirtieron en Costa Rica y que por no contar con una asesoría correcta incurrieron, en forma independiente, en el error de comprar y construir su casa creyendo que la sociedad CHIPCOM SA. era la entidad encargada legal del agua y que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -ICAA- era una ASADA. Exponen que la ausencia de este servicio no obedece a la falta de agua, sino, a una falta grave de querer poner en orden, según establece nuestro ordenamiento jurídico, por parte del ICAA y ASADA, obligándolos a recurrir al acceso del recurso hídrico para sus propiedades en el estado de ilegalidad en que se encuentran, usando a quien les suministra el agua CHIPCOM S.A, que reiteran es de privados, sin tener algún permiso para administrar el agua de ese proyecto y mucho menos cobrar como lo hace actualmente. Manifiestan que, en los últimos años, los propietarios del Proyecto Rancho Cartagena han establecido contactos con diferentes niveles administrativos del ICAA, a fin de lograr algún acuerdo que les permita seguir administrando la prestación del servicio de agua Potable o en su defecto que esa institución acepte administrar directamente ese servicio. Añaden que, como parte de esa iniciativa, aparentemente el ICAA delegó en varios de los funcionarios de la Oficina Regional de Santa Cruz, la realización de un estudio técnico del acueducto en funcionamiento; pero a la fecha no tiene una respuesta del instituto recurrido. Añaden que la fuente pública más cercana de agua potable es administrada por la ASADA de Lorena, la cual que se encuentra a 1 kilómetros de distancia y las siguiente es ASADA del Llano que se encuentra a 3 kilómetros de distancia de Rancho Cartagena. Expresan que actualmente no tienen conocimiento si existen informes o exámenes para verificar si esa fuente es agua potable, por lo que también es preocupante para la salud de los habitantes del lugar. Explican que entre los años 2018-2022 -no precisa la fecha exacta- se tiene conocimiento que alguno de los propietarios del proyecto han establecido conversaciones directas con en la Gerencia General, la Sub-Gerencia de Acueductos Delegados y la Dirección Legal, todas esas instancias del en las oficinas de San José del ICAA, para tratar de legalizar la crítica situación y poner en orden la situación legal de la administración del acueducto. Menciona que lo anterior, con el fin de evitar seguir pagando por el servicio de agua a una sociedad privada que "es administradora del recurso de agua", teniendo además que hacerlo con conocimiento de que los pozos antes mencionados podrían ser cancelados y sellados por el MINAE. Sostiene que, entre los años 2018- 2022 -no se precisa la fecha exacta-, se tiene conocimiento que la Oficina Regional de Santa Cruz del ICAA produjo un informe técnico; sin embargo, se desconoce en el grado de avance o estado actual. Agregan que el Rancho Cartagena tiene un área de 237 hectáreas de bosques y praderas, que constan de más de 90 lotes de parcelas agrícolas. Explican que existe una población aproximada de 47 propietarios actualmente viviendo en ese sitio. Comenta que, para poder comprar una propiedad en Rancho Cartagena, es un requisito obtener una constancia de disponibilidad de agua potable, de manera que estiman inaudito creer que la sociedad CHIPCOM S.A. elaboró constancias en estado de ilegalidad, haciendo creer al comprador de su legalidad. Acotan que el gobierno local de Santa Cruz de Guanacaste, desmintió a CHIPCOM SA, a raíz de que se utilizó una de esas constancias de disponibilidad de agua potable para pedir un permiso de construcción, lo cual fue negado ya que esa empresa no está autorizada para emitirla. Manifiestan que el agua es un bien de dominio público y los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales son servicios públicos esenciales, por lo que el Estado debe garantizar una gestión equitativa para que los derechos humanos de acceso al agua potable, al saneamiento, a la vida, a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado sean reconocidos. Expresan que el acceso al agua es un derecho humano y es, por tanto, un asunto público, que atañe a todas las personas. Indican que la gobernabilidad del agua se refiere a la toma de decisiones para garantizar ese derecho humano al agua. Señalan que la gobernabilidad es fundamental el papel que juegan las instituciones públicas y en el caso de Costa Rica, también las ASADAS participan en los procesos de gobernabilidad del agua, mediante la firma con el ICAA, de un convenio de delegación para prestar el servicio de abastecimiento de agua potable, además con la participación de quienes se benefician con el servicio que prestan. Reiteran que existen dos ASADAS muy cerca del proyecto Rancho Cartagena. Por los motivos expuestos, solicitan que se declare con lugar el presente recurso.

2.- Que por resolución dictada a las quince horas cero minutos del quince de marzo de dos mil veinticuatro, se le previno a la parte recurrente que dentro de tercero día contado a partir de la notificación de ese proveído y bajo apercibimiento de rechazar de plano el recurso si no lo hacía, aportara lo siguiente: "(...) copia completa, legible y con el respectivo comprobante de recibido o envío de las gestiones que plantearon ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, relativas la situación que expone en el memorial de interposición de este recurso. Lo anterior, por cuanto tal información resulta esencial para resolver lo que en derecho corresponda (...)".

3.- Que de conformidad con las actas de notificación contenidas en el expediente electrónico, la parte recurrente fue notificada por medio de correo electrónico, a las diez horas treinta minutos y a las diez horas treinta y un minutos, ambos del dieciocho de marzo de dos mil veinticuatro.

 4.- Que por escrito agregado al Sistema de Gestión de Despachos Judiciales de esta Sala a las ocho horas cincuenta y seis minutos del dieciocho de marzo de dos mil veinticuatro; la parte recurrente aportó manifestaciones indicando lo siguiente: “(…) me apersono con el debido respeto ante su autoridad para contestar la prevención según resolución de las quince horas cero minutos del quince de marzo de dos mil veinticuatro. UNICO. De conformidad con el artículo 155 de la Constitución Política, solicito muy respetuosamente a esta honorable Sala, garantista de derechos constitucionales según nuestra Carta Magna, ordenar mediante oficio al INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS aportar el expediente administrativo de las gestiones realizadas de los habitantes del Rancho Cartagena con el fin de que su autoridad pueda resolver conforme a derecho, sin perjuicio de que esta honorable Sala rechace de plano dicho recurso de amparo en el que solicitamos más que un derecho constitucional, un derecho humano fundamentado por la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHO HUMANOS. Asimismo, si su autoridad lo tiene a bien, omitir dicho oficio y a gestión de parte solicitamos el expediente al departamento encargado del AYA. (…)”.

5.- Que la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 42, faculta a la Sala para rechazar de plano, aquel amparo en el que no se corrijan los defectos en que se hubiere incurrido al tiempo de interponerlo.

 Redacta el Magistrado Cruz Castro; y, Considerando:

 I.- Previo a la resolución de este recurso, la parte recurrente debía cumplir la prevención realizada por este Tribunal por medio de la resolución de las quince horas cero minutos del quince de marzo de dos mil veinticuatro, la cual se notificó de conformidad con la Ley de Notificaciones Judiciales. No obstante lo anterior, si bien la parte recurrente aportó manifestaciones indicando “(…) me apersono con el debido respeto ante su autoridad para contestar la prevención según resolución de las quince horas cero minutos del quince de marzo de dos mil veinticuatro. (…) solicito muy respetuosamente a esta honorable Sala (…) ordenar mediante oficio al INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS aportar el expediente administrativo de las gestiones realizadas de los habitantes del Rancho Cartagena (…)”. Dado que la documentación solicitada resultaba esencial para dar trámite al proceso de amparo, al no haberse cumplido a cabalidad con lo prevenido, lo procedente es rechazar este recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

II.- Voto salvado del magistrado Rueda Leal. En el sub lite, los accionantes acuden en representación de distintas personas jurídicas y reclaman que las sociedades amparadas en las que ejercen sin titulares de bienes inmuebles situados en el Rancho Cartagena, en Guanacaste. Explican que tales propiedades fueron compradas de buena fe a un desarrollador privado. Acotan que el Rancho Cartagena es un proyecto que fue desarrollado por inversionistas privados. Explican que ese proyecto se ubica exactamente en el distrito Belén, cantón Santa Cruz, provincia de Guanacaste, donde el sistema de acueducto se alimenta de dos pozos de tres localizados en la parte alta del acueducto. Comentan que se cuenta con tres tanques de almacenamiento que bombean el agua a todo el sistema. Explican que ese sistema de acueducto debe de suministrar el agua potable de forma directa; sin embargo, el acueducto no posee desinfección por lo que se encuentran expuestos a enfermedades infectocontagiosas transportadas por el agua. Manifiestan que los 3 pozos perforados que suministran agua al proyecto no tramitaron los permisos de perforación vigentes emitidos por el Departamento de Aguas del Minae, y como resultado, tampoco los tienen concesionados. Manifiestan que las solicitudes de las concesiones de aguas de esos pozos tampoco obtuvieron aprobación por parte de Setena. Expresan que el sistema cuenta con los pozos profundos, uno de 36 metros de profundidad y el otro de 34 metros, encontrándose en la parte posterior del proyecto. Añaden que el agua captada en los pozos se lleva hasta la zona de los tanques, que distribuyen por gravedad, a cada lote del proyecto. Narra que se encuentran ubicados tres tanques de almacenamiento dentro del proyecto con zonas determinadas. Añaden que existía una concesión vigente, pero expiró en el mes de octubre de 2017. Esgrimen que esa fecha de vencimiento fue el impulso para comenzar la solicitud original para la propia Asada de Rancho Cartagena, la cual nunca progresó. Reclaman que actualmente hay 4 tanques de retención adicionales y desconocen si alguno de ellos contiene una bomba para distribuir el agua. Arguyen que, desde hace mucho tiempo atrás, a los vecinos de Rancho Cartagena no se les brinda el servicio de agua de legal. Manifiestan que se les ha brindado ese recurso ilegalmente por medio de la sociedad CHIPCOM SA., quien brinda el abastecimiento del agua para consumo humano y animal, violentando a ley y sus reglamentos, cobrando por su uso y por mantenimiento de tuberías, el cual todos los propietarios de Rancho Cartagena deben pagar mensualmente ya que de lo contrario les indican que se les quitará el servicio de agua, lo anterior sin saber si son o no los montos establecidos por la Aresep. Exponen que la ausencia del servicio no obedece a la falta de agua, sino, a una falta grave de querer poner en orden, según establece nuestro ordenamiento jurídico. Manifiestan que, en los últimos años, los propietarios del Proyecto Rancho Cartagena han establecido contactos con diferentes niveles administrativos del ICAA, a fin de lograr algún acuerdo que les permita seguir administrando la prestación del servicio de agua potable, o en su defecto que esa institución acepte administrar directamente ese servicio. Añaden que, como parte de esa iniciativa, aparentemente el ICAA delegó en varios de los funcionarios de la Oficina Regional de Santa Cruz, la realización de un estudio técnico del acueducto en funcionamiento, pero no tienen una respuesta del instituto recurrido. Agregan que el Rancho Cartagena tiene un área de 237 hectáreas de bosques y praderas, que constan de más de 90 lotes de parcelas agrícolas. Explican que existe una población aproximada de 47 propietarios actualmente viviendo en ese sitio. Comenta que, para poder comprar una propiedad en Rancho Cartagena, es un requisito obtener una constancia de disponibilidad de agua potable, de manera que estiman inaudito creer que la sociedad CHIPCOM S.A. elaboró constancias en estado de ilegalidad, haciendo creer al comprador de su legalidad. Acotan que el gobierno local de Santa Cruz de Guanacaste, desmintió a CHIPCOM SA, a raíz de que se utilizó una de esas constancias de disponibilidad de agua potable para pedir un permiso de construcción, lo cual fue negado ya que esa empresa no está autorizada para emitirla.

En virtud de tales alegatos, en primer lugar, debo indicar que en el sub examine se verifica la existencia de un vínculo entre las personas jurídicas tuteladas y las personas físicas, pues la falta de agua en los inmuebles de los recurridos trasciende a las personas naturales que los habitan.

Hecha esa precisión, considero que es necesario contar con más elementos de conocimiento, pues la situación acusada es de una envergadura particular, pues nótese que no solo se reclama de problemas de abastecimiento de agua potable a una comunidad completa, sino que el sistema de acueducto debe de suministrar el agua potable de forma directa; sin embargo, el acueducto no posee desinfección por lo que se encuentran expuestos a enfermedades infectocontagiosas transportadas por el agua. Además, se refiere que el Rancho Cartagena tiene un área de 237 hectáreas de bosques y praderas, que constan de más de 90 lotes de parcelas agrícolas. 

Con base en lo expuesto, salvo el voto y dispongo que se curse el amparo con relación a la alegada lesión al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como en relación con el derecho de acceso al agua potables, contemplados en el artículo 50 de la Constitución Política.

 III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

 Se rechaza de plano el recurso. El magistrado Rueda Leal salva el voto y dispone cursar el amparo.

 

 

	

Fernando Cruz C.

Presidente a.i

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.




Alejandro Delgado F.

	

 

	

Jorge Isaac Solano A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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EXPEDIENTE N° 24-007141-0007-CO

 

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 14:33:07.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

CONSTITUTIONAL CHAMBER

Resolution No. 08500 - 2024

Date of Resolution: April 2, 2024, at 09:45

Expediente: 24-007141-0007-CO

Drafted by: Fernando Cruz Castro

Type of matter: Amparo Action

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL

Text of the resolution

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EXPEDIENTE No. 24-007141-0007-CO

PROCEEDING: RECURSO DE AMPARO

RESOLUTION No. 2024008500

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours forty-five minutes on the second of April of two thousand twenty-four.

An amparo action filed by JÉNNIFER DIANE DALTON JONES, identification number 184001433002, in her capacity as manager of the company BOM BOM DE TAMARINDO, LIMITADA, legal ID 3-102-471877, PAUL ALAN TURNER, having a single surname due to his nationality, identification number 112400383014, in his capacity as manager of the company 3-102-803524 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LARA LEGAL CORP, legal ID 3-102-803524, PATRICIA ODELL MC CULLOUGH, having a single surname due to her nationality, identification number 184002185427, in her capacity as manager of the company CIMARRON HOLDINGS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, legal ID 3-102-706893, JAMES MARK WOODWARD, having a single surname due to his nationality, identification number 184000047515 in his capacity as manager of the company MONKEY BREAD BMK LIMITADA, legal ID 3-102-383564, as well as MARTÍN ZENHAEUSERN having a single surname due to his nationality, passport from his country number x0642120 and RITA MARÍA BRUNNER ZENHAEUSERN having a single surname due to her nationality, passport from her country number 72727030, both in their capacity as managers of the company RITA & MARTIN PURA VIDA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LINITADA, legal ID 3102-77421122, JOSEH GEORGE AUGUSTINE having a single surname due to his nationality, passport from his country number 200427135, PEBRINCA SOCIEDAD ANÓNIMA, legal ID 3-101-297931, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, LA SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, CHIPCOM SOCIEDAD ANÓNIMA, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA and LA AUTORIDAD REGULADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Resultando:

1.- Through a document added to the Judicial Desk Management System of this Chamber at ten hours twenty-eight minutes on March fifteenth of two thousand twenty-four, the petitioners filed an amparo action against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, LA SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, CHIPCOM SOCIEDAD ANÓNIMA, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA and LA AUTORIDAD REGULADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS, and state that they are representatives of the protected companies in which they exercise, for several years, title over new real estate, located in Rancho Cartagena, in Guanacaste. They explain that they bought in good faith from a private developer. They note that Rancho Cartagena is a project that was developed by private investors, from whom each petitioner bought and where they currently reside. They explain that this project is located exactly in the Belén district, Santa Cruz canton of the Guanacaste province, where the aqueduct system is fed by two of three wells located in the upper part of the aqueduct. Likewise, they comment that it has three storage tanks that pump water to the entire system. They explain that this aqueduct system must supply potable water directly to the respondents here; however, the aqueduct lacks disinfection, so we are exposed to infectious-contagious diseases transported by water. They state that the 3 drilled wells supplying water to the project did not process the valid drilling permits issued by the Department of Waters of MINAE, and as a result, they also do not have them conceded. They state that the applications for water concessions for those wells also did not obtain approval from SETENA. They state that the system has deep wells, one 36 meters deep and the other 34 meters, located at the rear of the project. They add that the water captured from the wells is taken to the tank area, which distributes it by gravity, to each lot in the project. They recount that three storage tanks are located within the project with defined zones. They add that there was a valid concession and it expired in October 2017. They argue that this expiration date was the impetus (the process began in 2016) to start the original application for Rancho Cartagena's own ASADA, which never progressed. They claim that there are currently 4 additional retention tanks and they do not know if any of them contain a pump to distribute the water. They argue that, for a very long time, the residents of Rancho Cartagena have not been provided water service in a legal manner. They state that this resource has been provided to them illegally through the company CHIPCOM SA., which provides water supply for human and animal consumption, violating the law and its regulations, charging for its use and for pipeline maintenance, which all Rancho Cartagena owners must pay monthly since otherwise they are told their water service will be cut off without knowing whether or not the amounts are those established by ARESEP. They accuse that this company does not have the legal and technical faculties to administer and charge for the sale of potable water resources. They understand that this illegality of supply lacking disinfection has caused a huge impact on the petitioners here, especially on children, older adults, and animals owned by the owners of each of the properties that exist in Rancho Cartagena, without knowing the quality of the resource they receive. They state that 90% of the population of Rancho Cartagena are foreign persons, who invested in Costa Rica and who, by not having correct advice, independently made the mistake of buying and building their house believing that the company CHIPCOM SA. was the entity legally in charge of water and that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -ICAA- was an ASADA. They explain that the absence of this service is not due to a lack of water, but rather to a serious failure to want to put things in order, as established by our legal system, on the part of ICAA and ASADA, forcing them to resort to accessing water resources for their properties in the state of illegality in which they find themselves, using whoever supplies them water, CHIPCOM S.A, which they reiterate is a private entity, without having any permit to administer the water for that project, much less to charge as it currently does. They state that, in recent years, the owners of the Proyecto Rancho Cartagena have established contacts with different administrative levels of ICAA, in order to reach some agreement that allows them to continue managing the provision of potable water service or, failing that, for that institution to agree to directly administer that service. They add that, as part of that initiative, ICAA apparently delegated to several officials of the Santa Cruz Regional Office the performance of a technical study of the operating aqueduct; but to date they have no response from the respondent institute. They add that the closest public source of potable water is administered by the ASADA of Lorena, which is 1 kilometer away, and the next is ASADA of Llano, which is 3 kilometers away from Rancho Cartagena. They state that they currently have no knowledge if there are reports or tests to verify if that source is potable water, so it is also worrying for the health of the place's inhabitants. They explain that between the years 2018-2022—they do not specify the exact date—it is known that some of the project owners have established direct conversations with the General Management, the Sub-Management of Delegated Aqueducts, and the Legal Directorate, all these instances in the San José offices of ICAA, to try to legalize the critical situation and put in order the legal situation of the aqueduct administration. They mention that the foregoing was in order to avoid continuing to pay for water service to a private company that "is the administrator of the water resource," also having to do so with knowledge that the aforementioned wells could be canceled and sealed by MINAE. They maintain that, between the years 2018-2022—the exact date is not specified—it is known that the Santa Cruz Regional Office of ICAA produced a technical report; however, the degree of progress or current status is unknown. They add that Rancho Cartagena has an area of 237 hectares of forests and grasslands, consisting of more than 90 lots of agricultural parcels. They explain that there is an approximate population of 47 owners currently living at that site. They comment that, in order to buy a property in Rancho Cartagena, it is a requirement to obtain a certificate of availability (constancia de disponibilidad) of potable water, so they find it unheard of to believe that the company CHIPCOM S.A. issued certificates in a state of illegality, making the buyer believe in their legality. They note that the local government of Santa Cruz de Guanacaste refuted CHIPCOM SA, after one of those certificates of availability of potable water was used to request a construction permit, which was denied since that company is not authorized to issue it. They state that water is a public domain good and potable water supply and wastewater sanitation services are essential public services, so the State must guarantee equitable management so that the human rights of access to potable water, sanitation, life, health, and a healthy and ecologically balanced environment are recognized. They state that access to water is a human right and is, therefore, a public matter that concerns all persons. They indicate that water governability refers to decision-making to guarantee that human right to water. They point out that the role played by public institutions is fundamental for governability and, in the case of Costa Rica, ASADAS also participate in water governability processes, through the signing with ICAA of a delegation agreement to provide potable water supply service, in addition to the participation of those who benefit from the service they provide. They reiterate that there are two ASADAS very close to the Rancho Cartagena project. For the reasons set forth, they request that the present action be granted.

2.- That by resolution issued at fifteen hours zero minutes on March fifteenth of two thousand twenty-four, the petitioners were warned that within three days counted from the notification of that ruling and under warning of rejecting the action outright if they did not do so, they must provide the following: "(...) a complete, legible copy with the respective proof of receipt or dispatch of the actions they raised before the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, related to the situation set forth in the filing brief for this action. The foregoing, as such information is essential to resolve what is appropriate by law (...)".

3.- That in accordance with the notification records contained in the electronic expediente, the petitioners were notified via email, at ten hours thirty minutes and at ten hours thirty-one minutes, both on March eighteenth of two thousand twenty-four.

4.- That by written statement added to the Judicial Desk Management System of this Chamber at eight hours fifty-six minutes on March eighteenth of two thousand twenty-four; the petitioners submitted statements indicating the following: "(...) I appear with due respect before your authority to answer the warning as per the resolution of fifteen hours zero minutes on March fifteenth of two thousand twenty-four. SINGLE. In accordance with Article 155 of the Political Constitution, I very respectfully request this honorable Chamber, guarantor of constitutional rights according to our Magna Carta, to order by official letter the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS to provide the administrative expediente of the actions taken by the inhabitants of Rancho Cartagena so that your authority can resolve according to law, without prejudice to this honorable Chamber rejecting outright said amparo action in which we seek more than a constitutional right, a human right grounded by the INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Likewise, if your authority deems it fit, to omit said official letter and upon party request we will request the expediente from the department in charge at AYA. (...)”.

5.- That the Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 42, empowers the Chamber to reject outright any amparo in which the defects incurred at the time of filing are not corrected.

Drafted by Magistrate Cruz Castro; and,

Considering:

I.- Prior to the resolution of this action, the petitioners had to comply with the warning made by this Tribunal through the resolution of fifteen hours zero minutes on March fifteenth of two thousand twenty-four, which was notified in accordance with the Law of Judicial Notifications. Notwithstanding the foregoing, although the petitioners submitted statements indicating "(...) I appear with due respect before your authority to answer the warning as per the resolution of fifteen hours zero minutes on March fifteenth of two thousand twenty-four. (...) I very respectfully request this honorable Chamber (...) to order by official letter the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS to provide the administrative expediente of the actions taken by the inhabitants of Rancho Cartagena (...)". Given that the requested documentation was essential to process the amparo proceeding, and the warning not having been fully complied with, the appropriate course is to reject this action, in accordance with the provisions of Article 42 of the Law of Constitutional Jurisdiction.

II.- Dissenting vote of Magistrate Rueda Leal. In the sub lite case, the claimants appear on behalf of various legal entities and claim that the protected companies in which they act are titleholders of real estate located in Rancho Cartagena, in Guanacaste. They explain that such properties were bought in good faith from a private developer. They note that Rancho Cartagena is a project that was developed by private investors. They explain that this project is located exactly in the Belén district, Santa Cruz canton, Guanacaste province, where the aqueduct system is fed by two of three wells located in the upper part of the aqueduct. They comment that there are three storage tanks that pump water to the entire system. They explain that this aqueduct system must supply potable water directly; however, the aqueduct lacks disinfection, so they are exposed to infectious-contagious diseases transported by water. They state that the 3 drilled wells supplying water to the project did not process the valid drilling permits issued by the Department of Waters of Minae, and as a result, they also do not have them conceded. They state that the applications for water concessions for those wells also did not obtain approval from Setena. They state that the system has deep wells, one 36 meters deep and the other 34 meters, located at the rear of the project. They add that the water captured from the wells is taken to the tank area, which distributes it by gravity, to each lot in the project. They recount that three storage tanks are located within the project with defined zones. They add that there was a valid concession, but it expired in October 2017. They argue that this expiration date was the impetus to start the original application for Rancho Cartagena's own Asada, which never progressed. They claim that there are currently 4 additional retention tanks and they do not know if any of them contain a pump to distribute the water. They argue that, for a very long time, the residents of Rancho Cartagena have not been legally provided water service. They state that this resource has been provided to them illegally through the company CHIPCOM SA., which provides water supply for human and animal consumption, violating the law and its regulations, charging for its use and for pipeline maintenance, which all Rancho Cartagena owners must pay monthly since otherwise they are told their water service will be cut off, the foregoing without knowing whether or not the amounts are those established by Aresep. They explain that the absence of service is not due to a lack of water, but rather to a serious failure to want to put things in order, as established by our legal system. They state that, in recent years, the owners of the Proyecto Rancho Cartagena have established contacts with different administrative levels of ICAA, in order to reach some agreement that allows them to continue managing the provision of potable water service, or failing that, for that institution to agree to directly administer that service. They add that, as part of that initiative, ICAA apparently delegated to several officials of the Santa Cruz Regional Office the performance of a technical study of the operating aqueduct, but they have no response from the respondent institute. They add that Rancho Cartagena has an area of 237 hectares of forests and grasslands, consisting of more than 90 lots of agricultural parcels. They explain that there is an approximate population of 47 owners currently living at that site. They comment that, in order to buy a property in Rancho Cartagena, it is a requirement to obtain a certificate of availability of potable water, so they find it unheard of to believe that the company CHIPCOM S.A. issued certificates in a state of illegality, making the buyer believe in their legality. They note that the local government of Santa Cruz de Guanacaste refuted CHIPCOM SA, after one of those certificates of availability of potable water was used to request a construction permit, which was denied since that company is not authorized to issue it.

By virtue of such allegations, firstly, I must indicate that in the sub examine case, the existence of a link between the protected legal entities and the natural persons is verified, since the lack of water on the respondents' properties transcends to the natural persons who inhabit them.

Having made that clarification, I consider that it is necessary to have more elements of knowledge, as the accused situation is of a particular magnitude, for note that not only are problems of potable water supply to an entire community claimed, but the aqueduct system must supply potable water directly; however, the aqueduct lacks disinfection, so they are exposed to infectious-contagious diseases transported by water. Furthermore, it is stated that Rancho Cartagena has an area of 237 hectares of forests and grasslands, consisting of more than 90 lots of agricultural parcels.

Based on the foregoing, I dissent and order that the amparo be processed in relation to the alleged infringement of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as in relation to the right of access to potable water, contemplated in Article 50 of the Political Constitution.

III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on the Electronic Expediente before the Judicial Branch," approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The action is rejected outright. Magistrate Rueda Leal dissents and orders the amparo to be processed.

Fernando Cruz C.

Acting President

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Alejandro Delgado F.

Jorge Isaac Solano A.

Digitally Signed Document

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KQHXRGDVCEK61

EXPEDIENTE No. 24-007141-0007-CO

Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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