Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)En lo que atañe al objeto del amparo, de las manifestaciones contenidas en el escrito de interposición se determina que este recurso debe ser rechazado de plano. Si bien la recurrente aduce presentar este amparo por la presunta afectación que la actividad con la que está inconforme ocasiona sobre otras personas, omite identificar persona alguna en concreto que pudiere verse afectada directamente con la actividad que pretende desarrollar la corporación municipal, de donde resulta que el amparo es presentado de manera genérica, sin establecer una afectación particular, lo cual, por sí solo, determina la inadmisibilidad de esta acción de garantía.
Por otra parte, igualmente se evidencia que la recurrente, lejos de plantear su inconformidad ante la municipalidad y que esta haya sido omisa en atender su gestión, acude de manera directa a esta jurisdicción, a pesar que para este tipo de situaciones se ha determinado la necesidad de acudir previamente ante las administraciones involucradas. Dicho de otro modo, en el caso bajo estudio no existe denuncia o reclamo previo, sino que la tutelada acude directamente a la vía de amparo.
Asimismo, nótese que la recurrente pretende sustentar su inconformidad en que el acuerdo municipal que habilita la actividad no deseada por ella, contradice un acuerdo previo de la Municipalidad, así como los artículos 214 y 216 de la Ley General de la Administración Pública, de donde resulta que la conflictividad planteada es, en cuanto a ello, un tema de legalidad que debe ser planteado y resuelto por las autoridades competentes del ámbito ordinario.
Finalmente, la recurrente aduce que la actividad autorizada resulta perjudicial para la flora y fauna, sin referenciar de modo alguno, cómo esa actividad ocasional, aislada y de duración previamente determinada, podría dar lugar a un daño irreversible o irreparable que ameritase valorar la misma de conformidad con el artículo 50 de la Constitución Política. Por el contrario, la propia recurrente reconoce que dicha actividad cuenta con los permisos otorgados por la municipalidad del cantón y del ministerio de Salud y, aunque se trata de una actividad que se pretendió no incentivar, tampoco está prohibida por el ordenamiento jurídico.
English (translation)Regarding the object of the amparo, from the statements in the filing it is determined that this action must be rejected outright. Although the claimant asserts she brings this amparo for the alleged harm the disputed activity causes to other persons, she fails to identify any specific person who might be directly affected by the activity the municipal corporation intends to carry out; thus, the amparo is presented generically, without establishing particular harm, which by itself determines the inadmissibility of this constitutional remedy.
Furthermore, it is also evident that the claimant, far from raising her objection before the municipality and having it fail to address her petition, resorts directly to this jurisdiction, despite the fact that for such situations the need to first approach the involved administrations has been determined. In other words, in the case under study there is no prior complaint or claim; instead, the petitioner goes directly to the amparo route.
Additionally, note that the claimant seeks to support her objection on the ground that the municipal agreement enabling the unwanted activity contradicts a prior Municipal Council agreement, as well as Articles 214 and 216 of the General Public Administration Act; therefore, the conflict raised is, in this respect, a matter of legality that must be raised and resolved by the competent ordinary authorities.
Finally, the claimant argues that the authorized activity is harmful to flora and fauna, without in any way explaining how this occasional, isolated, and previously scheduled activity could give rise to irreversible or irreparable damage warranting assessment under Article 50 of the Political Constitution. On the contrary, the claimant herself acknowledges that the activity has permits from the cantonal municipality and the Ministry of Health, and although it is an activity that was not to be encouraged, it is also not prohibited by the legal system.
Inadmissible
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 09175 - 2024 Fecha de la Resolución: 09 de Abril del 2024 a las 09:30 Expediente: 24-003610-0007-CO Redactado por: Fernando Castillo Víquez Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución EXPEDIENTE N° 24-003610-0007-CO PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2024009175 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del nueve de abril de dos mil veinticuatro . Recurso de amparo interpuesto por Mechthild Bors de Barquero, adulta mayor, con cédula de residencia 127600115431, a favor suyo y de un grupo de vecinos del cantón de Dota; contra el ministerio de Salud y la municipalidad de Dota. Resultando: 1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala el 10 de febrero de 2024, la recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que, dentro del programa de las actividades previstos para las fiestas patronales de Santa Maria de Dota se está anunciando para la noche del lunes 12 de febrero, en horario de las 21:30 hasta las 22:00 horas, la presentación de un acto de pirotecnia para el cierre, avisado como “Fenomenal Juego de Pólvora en la Plaza". Aduce que la solicitud correspondiente fue presentada al ministerio de Salud el 10 de enero de 2024 por el Comité de Deportes, instancia municipal, indicando el mismo horario. Este aviso ha llamado, una vez más la atención de muchas personas radicadas dentro y fuera del casco urbano de Santa María, preocupadas por el impacto y daño de este tipo de presentaciones para los seres humanos y animales, en vista del ruido excesivo a niveles que perjudican la salud y el bienestar. Consta que, ya desde el 18 de enero de 2023, existe un acuerdo unánime del Concejo Municipal, oficio nro. 10-SCMD-23, sobre el mismo tema, en el cual llama a la Administración a incentivar a la población en general a no hacer uso de la pólvora sonora y minimizar la afectación de personas vulnerables y el impacto negativo en la fauna silvestre y doméstica. Refiere que, ante este acuerdo, resultaría lógico para los vecinos de esperar la misma actitud preventiva de la municipalidad, ya que sus funcionarios evidentemente son parte de la población aludida en ese acuerdo tomado el 18 de enero del año pasado. Sin embargo, esta delegó la responsabilidad de otorgar el permiso al ministerio de Salud, dirección Regional Los Santos, acto supuestamente no impugnable por el gobierno local, incumpliendo de esta manera el acuerdo tomado el 18 de enero de 2023. Indica que el hecho de que el programa publicado para las actividades incluya para el día 12 de febrero la realización del "Fenomenal Juego de Pólvora”, denota la existencia de la autorización definitiva por parte de la municipalidad. En cuanto a la actuación de otorgar los permisos respectivos, considera inaceptable el hecho de que ni el ministerio de Salud, ni mucho menos la municipalidad, dudaron en dar el permiso para la detonación de pólvora, aunque en el informe técnico presentado por la empresa contratada para esta actividad no hay mención alguna del ruido generado en este tipo de evento. Considera que el primero debería haber observado lo señalado en el Reglamento de Control de Ruido, en cuanto determina los decibles permitidos por zonas de uso de suelo y el horario, en este caso nocturno, mientras que la municipalidad debería haber actuado en cumplimento con lo señalado en el acuerdo tomado una año antes, respecto a las advertencias dirigidas a toda la población del cantón, incluyendo los funcionarios municipales responsables de otorgar el permiso final, con el fin de incentivar a no hacer uso de pólvora sonora, minimizar la afectación y el impacto nocivo por la actividad de detonar pólvora. Considera que tal advertencia a la población implica sin lugar a duda también los funcionarios municipales encargados de dar permisos respectivos al tema, ya que son parte de esta población general. Cita los artículos 214 y 216 de la Ley General de la Administración Pública. El hecho de que el Concejo Municipal haya tomado el acuerdo unánime el 18 de enero de 2023, ha generado en la población del cantón de Dota la percepción y convicción de que la administración estuviera actuando no solo conforme al acuerdo tomado en enero de 2023, sino en cumplimiento a lo señalado en la Ley General de la Administración Pública para sus decisiones posteriores sobre el tema, lo cual evidentemente no se hizo. Señala lo determinado en el Reglamento de Control de Ruido, respecto al límite de decibeles. Indica que en el caso de Santa María de Dota estas zonas están ubicadas a poca distancia del sitio del espectáculo. Además, a pocos kilómetros de distancia inicia la Reserva Forestal Los Santos, con su fauna silvestre. Considera que los recurridos incumplen el reglamento mencionado. Considera que esta actividad violenta el artículo 50 de la Constitución Política, ya que produce efectos nocivos ampliamente estudiados y conocidos que atentan contra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por tratarse el ruido de contaminación ambiental, que afecta a todas las personas, niños, adultos mayores y personas con autismo, así como los animales domésticos y la fauna silvestre de la zona más cercana de la Reserva Forestal Los Santos. Asimismo, refiere que justifica este recurso de amparo con la información accesible en una gran cantidad de estudios nacionales e internacionales y cita, a nivel nacional, la realización del Panel “No a la Pirotecnia, Efectos de la Pirotecnia en el Mundo Animal y el Medio Ambiente del 27 de diciembre de 2023, realizado por parte de la Fundación Justicia y Género sobre el mismo tema. Pide que se declare con lugar el recurso y se dicte una medida cautelar que impida la actividad autorizada. 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, Considerando: I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente muestra inconformidad con la autorización otorgada por la municipalidad de Dota y el ministerio de Salud, para realizar un juego de pólvora en el cantón. II.- INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. De previo, debe hacerse notar que, si bien la recurrente aduce que este amparo se presenta por ella y un grupo de vecinos, lo cierto del caso es que, a tales efectos, se limita a adjuntar una lista de nombres y números de cédula, sin firmar y sin alguna otra indicación, por lo que este amparo debe entenderse presentado únicamente por la recurrente como única persona firmante. En lo que atañe al objeto del amparo, de las manifestaciones contenidas en el escrito de interposición se determina que este recurso debe ser rechazado de plano. Si bien la recurrente aduce presentar este amparo por la presunta afectación que la actividad con la que está inconforme ocasiona sobre otras personas, omite identificar persona alguna en concreto que pudiere verse afectada directamente con la actividad que pretende desarrollar la corporación municipal, de donde resulta que el amparo es presentado de manera genérica, sin establecer una afectación particular, lo cual, por sí solo, determina la inadmisibilidad de esta acción de garantía. Por otra parte, igualmente se evidencia que la recurrente, lejos de plantear su inconformidad ante la municipalidad y que esta haya sido omisa en atender su gestión, acude de manera directa a esta jurisdicción, a pesar que para este tipo de situaciones se ha determinado la necesidad de acudir previamente ante las administraciones involucradas. Dicho de otro modo, en el caso bajo estudio no existe denuncia o reclamo previo, sino que la tutelada acude directamente a la vía de amparo. Asimismo, nótese que la recurrente pretende sustentar su inconformidad en que el acuerdo municipal que habilita la actividad no deseada por ella, contradice un acuerdo previo de la Municipalidad, así como los artículos 214 y 216 de la Ley General de la Administración Pública, de donde resulta que la conflictividad planteada es, en cuanto a ello, un tema de legalidad que debe ser planteado y resuelto por las autoridades competentes del ámbito ordinario. Finalmente, la recurrente aduce que la actividad autorizada resulta perjudicial para la flora y fauna, sin referenciar de modo alguno, cómo esa actividad ocasional, aislada y de duración previamente determinada, podría dar lugar a un daño irreversible o irreparable que ameritase valorar la misma de conformidad con el artículo 50 de la Constitución Política. Por el contrario, la propia recurrente reconoce que dicha actividad cuenta con los permisos otorgados por la municipalidad del cantón y del ministerio de Salud y, aunque se trata de una actividad que se pretendió no incentivar, tampoco está prohibida por el ordenamiento jurídico. De tal forma, por las razones antedichas, lo que corresponde es rechazar de plano el recurso, como en efecto se dispone, sin perjuicio de que la recurrente plantee su inconformidad ante las autoridades recurridas. III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI Por tanto: Se rechaza de plano el recurso. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Alejandro Delgado F. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- AAAAAAAAAAA61 EXPEDIENTE N° 24-003610-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 14:34:27. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
EXPEDIENTE No. 24-003610-0007-CO PROCEEDING: AMPARO ACTION RESOLUTION No. 2024009175 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the ninth of April two thousand twenty-four. Amparo action filed by Mechthild Bors de Barquero, older adult, with residence ID 127600115431, on her own behalf and on behalf of a group of residents of the canton of Dota; against the Ministry of Health and the Municipality of Dota. Whereas: 1.- By written submission filed with the Secretariat of the Chamber on February 10, 2024, the petitioner files an amparo action and states that, within the program of activities scheduled for the patron saint festivities of Santa Maria de Dota, a pyrotechnics display is being announced for the night of Monday, February 12, between 21:30 and 22:00 hours, as the closing event, advertised as “Fenomenal Juego de Pólvora en la Plaza” [Phenomenal Fireworks Display in the Square]. She argues that the corresponding application was submitted to the Ministry of Health on January 10, 2024, by the Sports Committee, a municipal body, indicating the same time slot. This notice has, once again, drawn the attention of many people residing both inside and outside the city center of Santa María, concerned about the impact and harm of this type of display on human beings and animals, given the excessive noise at levels that harm health and well-being. It is on record that, since January 18, 2023, there has been a unanimous agreement of the Municipal Council, official letter no. 10-SCMD-23, on the same topic, in which it calls upon the Administration to encourage the general population not to use noisy pyrotechnics and to minimize the impact on vulnerable persons and the negative impact on wild and domestic fauna. She states that, in view of this agreement, it would be logical for the residents to expect the same preventive attitude from the municipality, since its officials are evidently part of the population referred to in that agreement adopted on January 18 of last year. However, it delegated the responsibility for granting the permit to the Ministry of Health, Los Santos Regional Directorate, an act supposedly not challengeable by the local government, thereby failing to comply with the agreement adopted on January 18, 2023. She indicates that the fact that the published program of activities includes the holding of the “Fenomenal Juego de Pólvora” for February 12 denotes the existence of definitive authorization by the municipality. Regarding the act of granting the respective permits, she considers unacceptable the fact that neither the Ministry of Health, much less the municipality, hesitated to grant the permit for the detonation of pyrotechnics, although in the technical report submitted by the company contracted for this activity there is no mention whatsoever of the noise generated in this type of event. She considers that the former should have observed the provisions of the Noise Control Regulations (Reglamento de Control de Ruido), regarding the decibel limits permitted by land-use zones and the time of day, in this case nighttime, while the municipality should have acted in compliance with the agreement adopted one year earlier, regarding the warnings directed to the entire population of the canton, including the municipal officials responsible for granting the final permit, in order to encourage the non-use of noisy pyrotechnics, to minimize the impact and the harmful effect of the activity of detonating pyrotechnics. She considers that such a warning to the population undoubtedly also implies the municipal officials in charge of granting the respective permits on the matter, since they are part of this general population. She cites Articles 214 and 216 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). The fact that the Municipal Council adopted the unanimous agreement on January 18, 2023, has generated in the population of the canton of Dota the perception and conviction that the administration was acting not only in accordance with the agreement adopted in January 2023, but also in compliance with the provisions of the General Law of Public Administration for its subsequent decisions on the matter, which evidently was not done. She points out the provisions of the Noise Control Regulations (Reglamento de Control de Ruido), regarding the decibel limit. She indicates that in the case of Santa María de Dota, these zones are located at a short distance from the site of the spectacle. Furthermore, a few kilometers away the Los Santos Forest Reserve begins, with its wild fauna. She considers that the respondents violate the aforementioned regulations. She considers that this activity violates Article 50 of the Political Constitution, since it produces harmful effects widely studied and known that threaten the right to a healthy and ecologically balanced environment, as noise is environmental pollution, which affects all persons, children, older adults, and persons with autism, as well as domestic animals and the wild fauna of the closest area of the Los Santos Forest Reserve. Likewise, she states that she justifies this amparo action with the information accessible in a large number of national and international studies and cites, at the national level, the holding of the Panel “No a la Pirotecnia, Efectos de la Pirotecnia en el Mundo Animal y el Medio Ambiente [No to Pyrotechnics, Effects of Pyrotechnics on the Animal World and the Environment] of December 27, 2023, held by the Justice and Gender Foundation on the same topic. She requests that the action be granted and that a precautionary measure be ordered to prevent the authorized activity. 2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its filing, any petition brought to its attention that proves to be manifestly improper, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it involves the simple reiteration or reproduction of a prior identical or similar rejected petition. Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and, Considering: I.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner expresses disagreement with the authorization granted by the Municipality of Dota and the Ministry of Health to hold a fireworks display in the canton. II.- INADMISSIBILITY OF THE AMPARO. Preliminarily, it must be noted that, although the petitioner argues that this amparo is filed by her and a group of residents, the truth of the matter is that, for such purposes, she merely attaches a list of names and ID numbers, unsigned and without any other indication, so this amparo must be understood as filed solely by the petitioner as the only signatory person. As regards the object of the amparo, from the statements contained in the filing brief it is determined that this action must be rejected outright. While the petitioner claims to file this amparo due to the alleged impact that the activity she disagrees with causes to other persons, she omits to identify any specific person who could be directly affected by the activity that the municipal corporation intends to carry out, from which it follows that the amparo is filed generically, without establishing a specific impact, which, by itself, determines the inadmissibility of this guarantee action. Moreover, it is equally evident that the petitioner, far from raising her disagreement before the municipality and the latter having been negligent in addressing her petition, resorts directly to this jurisdiction, despite the fact that for this type of situation the need to first resort to the administrations involved has been determined. In other words, in the case under study there is no prior complaint or claim, but rather the protected party directly resorts to the amparo procedure. Furthermore, note that the petitioner seeks to base her disagreement on the fact that the municipal agreement authorizing the activity she does not desire contradicts a prior agreement of the Municipality, as well as Articles 214 and 216 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), from which it follows that the dispute raised is, in this regard, a matter of legality that must be raised and resolved by the competent authorities of the ordinary jurisdiction. Finally, the petitioner argues that the authorized activity is harmful to flora and fauna, without referencing in any way how this occasional, isolated, and pre-determined duration activity could give rise to irreversible or irreparable harm that would warrant evaluating it in accordance with Article 50 of the Political Constitution. On the contrary, the petitioner herself acknowledges that said activity has the permits granted by the canton municipality and the Ministry of Health, and, although it is an activity that was intended not to be encouraged, it is not prohibited by the legal system either. Thus, for the foregoing reasons, what is appropriate is to reject the action outright, as is hereby ordered, without prejudice to the petitioner raising her disagreement before the respondent authorities. III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the “Regulation on Electronic Case Files before the Judicial Branch” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. Therefore: The action is rejected outright. Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Alejandro Delgado F. Digitally Signed Document -- Verification Code -- AAAAAAAAAAA61 EXPEDIENTE No. 24-003610-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 14:34:27. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República