Res. 09410-2024 Sala Constitucional — Extension of deadline denied for Río Ocloro flood-control works after eight-year delayRechazo de ampliación de plazo para obras en Río Ocloro por retraso de ocho años

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Sala Constitucional

Resolución Nº 09410 - 2024

Fecha de la Resolución: 12 de Abril del 2024 a las 09:20

Expediente: 16-005730-0007-CO

Redactado por: Paul Rueda Leal

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 16-005730-0007-CO

Res. Nº 2024009410

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del doce de abril de dos mil veinticuatro .

Gestión posterior planteada por JOHNNY ARAYA MONGE, en su condición de ALCALDE DE SAN JOSÉ en relación con la sentencia nro. 2016007570 de las 9:00 horas de 3 de junio de 2016.

Resultando:

 1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 22 de marzo de 2024, el alcalde de San José indica aportar el oficio SCMRP-111-2024, en el que se indica: “Procedo a informarle que según los plazos estipulados por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en los recursos de amparo interpuestos por los vecinos tanto del Río Ocloro como de la Ciudadela Calderón Muñoz (Cuadro No. 1), he de manifestarle al necesidad de que la Sala tome conciencia y en consideración la ampliación de los plazos ya estipulados por cuanto los trabajos requeridos en esos lugares no es posible llevarlos a cabo en periodo de invierno, construir este tipo de obras en invierno es muy peligroso y expone las vidas de las personas que laboraran en este proyecto, además, de exponer a inundaciones a la población, una vez más apelamos a su discernimiento y damos por informada a la Sala sobre este alto riesgo y exponemos nuevamente el cronograma de fechas (Cuadro No. 2), a cumplir bajo plazos reales no sólo adaptados a la naturaleza del clima, sino al debido proceso y apegados a las leyes que rigen nuestro ordenamiento jurídico en materia de ley de contratación, trámites ambientales y manejos presupuestario: (…) No omito manifestarle también que, para finales del I Semestre del 2024, se estará concluyendo con los estudios y diseños para la obtención de planos, dichos estudios se contrataron mediante los siguientes procedimientos SICOP: (…) Se informa que se está solicitando el presupuesto para la ejecución de la etapa 10 A, para que se realice el proceso de licitación en este segundo semestre del 2024 e iniciar ejecución en enero del 2025, tal y como se menciona en el cuadro 2. Todo lo anterior con el objetivo de hacer del conocimiento a la Sala . Constitucional de dicha situación y a la vez, solicitar ampliación de plazos para concluir obras en las zonas de afectación de la manera correcta y sin poner en riesgo a la población." SEGUNDO: Conforme a lo exteriorizado por la Sección de Mantenimiento de la Red Pluvial, mediante el oficio SCMRP-111-2024, esta Municipalidad solicita respetuosamente a esa Honorable Sala Constitucional, la ampliación del plazo otorgado en la Resoluciones supra citadas”.

2.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

 Considerando:

 I.- En la sentencia nro. 2016007570 de las 9:05 horas de 3 de junio de 2016 se dispuso:

“Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Johnny Araya Monge, en su condición de Alcalde Municipal de San José, o a quien ocupe el cargo, que proceda en el plazo improrrogable de 6 meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, a realizar los estudios que se requieran para verificar científicamente la condición hidráulica del Río Ocloro, y en los 6 meses siguientes a dicho plazo, implementar las obras de infraestructura que se requieran para evitar las inundaciones en el sector Ciudadela Calderón Muñoz. Asimismo, se ordena al recurrido adoptar de inmediato todas las medidas necesarias y posibles que coadyuven a mitigar las inundaciones que puedan producirse en dicho lugar, mientras se realizan los estudios y las obras en cuestión; así como también, deberá́ contestar y notificar a la recurrente, en un plazo no mayor a 3 días hábiles a partir de la notificación de este pronunciamiento, el resto de la información solicitada en las gestiones planteadas el 19 de noviembre de 2015, que no fueron atendidas por el recurrido en el oficio ALCALDIA 00689-2016 del 1 de marzo de 2016. Se advierte a la autoridad recurrida, que de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de San José al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a Johnny Araya Monge, en su condición de Alcalde Municipal de San José, o a quien ocupe el cargo, en forma personal. La Magistrada Hernández López salva el voto y rechaza de plano el recurso. El magistrado Jinesta Lobo pone nota”.

Tal pronunciamiento fue notificado de manera personal al alcalde Municipal de San José el 8 de junio de 2016.

II.- Mediante resolución interlocutoria nro. 2016009917 de las 9:20 horas de 15 de julio de 2016, la Sala resolvió:

“II.- En el sub lite, el recurrente acusa desobediencia a lo ordenado por este Tribunal, toda vez que la autoridad recurrida no ha tomado medidas inmediatas para mitigar las inundaciones que se presentan en la ciudadela Calderón Muñoz; toda vez, que el 8 y 10 de junio de 2016 el Rio Ocloro se desbordó y produjo inundaciones en el lugar. Al respecto, informó el Alcalde Municipal de San José , que ha emitido diferentes acciones inmediatas. Indicó que la Sección de Mantenimiento y Construcción de Red Pluvial, en el oficio SCMRP-420-2016 del 17 de junio de 2016, dispuso el Plan de Medidas de Mitigación para Reducir las Inundaciones en toda la microcuenca del Rio Ocloro para la atención integral de la problemática y están en ejecución actualmente trabajos en el cauce con cuadrillas del municipio. Ahora bien, de lo informado bajo juramento y la prueba aportada por el recurrente, esta Sala considera que debe desestimarse la gestión del amparado. Lo anterior, ya que de lo informado -con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, se desprende con claridad, que la Municipalidad recurrida no ha eludido lo ordenado por este Tribunal, toda vez que según informó el recurrido, existe un plan de atención para toda la cuenca del Rio Ocloro y con ello la solución de las inundaciones que se presentan en el sector de Calderón Muñoz; a su vez, se encuentran cuadrillas de la Municipalidad trabajando en el cauce del rio en cuestión para atender la problemática en su corto plazo; además, se trabaja para efectuar las licitaciones de los estudios científicos, construcción de puentes, y tal como consta en el oficio SCMRP-420-2016 del 17 de junio de 2016, mediante el cual se dispuso el Plan de Medidas de Mitigación para Reducir las Inundaciones en toda la microcuenca del Rio Ocloro, para ello se cuenta con un presupuesto de 200.000.000.00 colones; igualmente, este Tribunal contempla que la administración recurrida se encuentra dentro del plazo otorgado de 6 meses para llevar a cabo las obras necesarias para la atención de las inundaciones que se presentan en la zona de la Ciudadela Calderón Muñoz. Así las cosas, la Sala verifica que han existido actuaciones para que se lleve a cabo lo ordenado por la Sala. En consecuencia lo procedente es desestimar la gestión ya que deviene en prematura. (...)

Por tanto:

No ha lugar a la gestión formulada”.

III.- Mediante resolución interlocutoria nro. 2018001791 de las 9:40 horas de 6 de febrero de 2018, se resolvió:

“Se amplía el plazo conferido en la sentencia No. 2016-007570 de las 9:05 horas del 3 de junio de 2016, razón por la cual se le otorga a Johnny Araya Monge, en su condición de Alcalde Municipal de San José, o a quien ocupe dicho cargo, plazo hasta el 11 de abril de 2018 para realizar los estudios que se requieren para verificar científicamente la condición hidráulica del Río Ocloro, y en los 6 meses siguientes a dicha fecha, deberán implementar las obras de infraestructura que se requieran para evitar las inundaciones en el sector Ciudadela Calderón Muñoz. En lo demás, no ha lugar a la gestión planteada”.

IV.- Mediante resolución nro. 2018018870 de las 9:40 horas de 13 de noviembre de 2018, se resolvió:

“VI.- Sobre la gestión de inejecución. En el sub lite, las gestionantes acusan el incumplimiento a lo ordenado por esta Sala mediante sentencia No. 2016- 007570 de las 9:05 horas del 3 de junio de 2016, en la que se dispuso que en el plazo de 6 meses la autoridad recurrida debía realizar los estudios que se requirieran para verificar científicamente la condición hidráulica del Río Ocloro, y en los 6 meses siguientes a dicho plazo, implementar las obras de infraestructura que se requieran para evitar las inundaciones en el sector Ciudadela Calderón Muñoz. De previo debe advertirse, que en efecto la gestión fue planteada prematuramente, pues cuando acudieron a la Sala -12 de marzo de 2018-, la administración aún contaba con el plazo concedido por esta Sala para atender la situación planteada. En todo caso, la autoridad recurrida informó que la empresa DEHC Ingenieros Consultores realizó un estudio que comprende el análisis hidrológico de las cuencas de aporte externo a las microcuencas del Río Ocloro. Dicho estudio incluyó la caracterización morfométrica e hidrológica de dichos aportes externos, la caracterización de precipitaciones históricas en la zona de estudio y la generación de los hidrogramas producidos por las precipitaciones anteriormente mencionadas, para su posterior uso en el análisis hidráulica de los sistemas de drenaje de la microcuenca en cuestión. Se incluyó dentro del análisis general la acequia Las Arias; sin embargo, la misma no presenta aportes externos por lo que la hidrología de esta se consideró́ dentro del informe del análisis hidráulica. Del informe rendido bajo juramento se constató́, que con respecto al sector de Barrio Luján se deben realizar cuatro obras con distinto grado de prioridad y en el Sector Calderón Muñoz se acreditó que se deben realizar cinco obras en distintos plazos –corto, mediado y a largo plazo-. Asimismo, que con la finalidad de atender lo ordenado por esta Sala e iniciar las obras de mitigación en los sectores afectados, la municipalidad accionada promovió́ a finales de 2017 la licitación abreviada No. 2017LA-000057-0015499999, para la instalación de dos tubería de 2.44 m. de diámetro para que en el invierno del año 2018 se tuviera una mayor capacidad hidráulica, y poder mitigar así, el riesgo de inundaciones en el sector de Barrio Luján. Al respecto, la municipalidad recurrida reconoce que la instalación de esas dos tuberías no es la solución definitiva, y que en caso de requerir mayor capacidad se realizarán los trabajos necesarios que en este caso será la colocación de una tercera tubería, según lo ha calculado la empresa DEHC. La licitación supra citada se promovió́ al amparo del Decreto 3l849-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC de 2004 y sus reformas y el Decreto 37803-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC de 2013 con sustento en los cuales se exime a las Municipalidades de realizar los trámites de viabilidad ambiental e impacto ambiental en obras de mantenimiento de alcantarillado pluvial; no obstante, de la gestión planteada y del informe dado bajo juramento se extrae, que existió́ oposición por parte de los vecinos para la realización de las obras y acudieron a la Defensoría de Los Habitantes quien a la fecha no ha emitido su informe, además los vecinos recurrieron a SETENA y la Dirección de Aguas para impedir las acciones del municipio recurrido. Sobre este aspecto, se constató́ que la Dirección de Aguas del MINAE se opuso a los trabajos mencionados y le indicó a la municipalidad accionada que las obras que estaban llevando a cabo requieren de la aprobación de esa entidad y de SETENA. Situación que obligó a la recurrida a suspender las obras, cuya ejecución ahora dependería de lo que dictaminen la Dirección de Aguas del MINAE, SETENA y SINAC. Sobre el particular se desprende, que el estudio ordenado en sentencia ya fue realizado, y que algunas de las obras que la Municipalidad de San José estaba llevando a cabo para implementar las medidas respectivas, fueron suspendidas producto de las denuncias planteadas por los vecinos y los trámites previos que deben realizar; empero, están atendiendo lo prevenido. Por otro lado, debe advertirse a los gestionantes, que esta jurisdicción no es la competente para determinar si lo recomendado en el estudio técnico son las mejores medidas a adoptar, o si debe realizarse otra obra en particular, diversa a la recomendada. Lo anterior es una cuestión de legalidad que debe ser verificada por la propia administración y los demás Órganos encargados de fiscalizar y autorizar las obras.

VII.- Por otro lado, las gestionantes cuestionan que la municipalidad recurrida pretende favorecer los intereses económicos de empresas privadas, específicamente la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, y la Desarrolladora Kirebe, esta última, quien lleva adelante un proyecto para la empresa 3-101-687989 S.A. Condominio Vertical Mixto Torres Trío. Cuestionan que la municipalidad no tiene porqué asumir las obras de dichas empresas ante los eventuales daños que produzcan y que de ser así, deben sentarse las responsabilidades disciplinarias y civiles respectivas a los funcionarios que lo han propiciado. Denuncian que esta última empresa, presentó estudios hidrológicos e hidráulicos confeccionados por “Geotecnia y Construcción”, hechos para el condominio Torres Trío, y no para la Cuenca del Río Ocloro. Asimismo, denuncian que el 2 de marzo de 2018, una cuadrilla de empleados del municipio accionado cortaron árboles en las orillas del cauce del parque municipal El Cerrito, que es reserva de la cuenta del Río Ocloro en Barrio Luján, sin contar con los permisos del Sistema de Áreas de Conservación (SINAC). Lo anterior con la finalidad de iniciar el supuesto entubado de 200 metros que pretende realizar la municipalidad accionada, y que no es producto del estudio técnico realizado. Al respecto, este Tribunal coincide con la autoridad recurrida, en el sentido de que tales alegatos constituyen hechos nuevos, que no fueron invocados en el escrito de interposición de este recurso de amparo, por lo que, lo procedente es que sea en nuevo recurso donde se conozcan tales extremos. En razón de lo anterior, lo procedente es desglosar el escrito planteado, a los efectos de que tales extremos sean resueltos como corresponda en otro recurso.

Por tanto:

No ha lugar a la gestión formulada. Desglósese el escrito agregado a este expediente a las 09:04 horas del 12 de marzo de 2018, a fin de que se tramite como un asunto nuevo los aspectos indicados en el considerando”.

V.- En resolución interlocutoria nro. 2022021485 de las 9:30 horas del 16 de setiembre de 2022, se dispuso:

“Se acoge parcialmente la gestión formulada solo en cuanto a la omisión en la ejecución total de las obras ordenadas en la sentencia n.o 2016-007570 de las 9:05 horas de 3 de junio de 2016. Se reitera a Johnny Araya Monge, en su condición de alcalde de San José, o a quien ocupe el cargo, el cumplimiento inmediato de lo dispuesto en la sentencia n.° 2016- 007570 de las 9:05 horas de 3 de junio de 2016, bajo la advertencia de ordenarse el testimonio de piezas ante el Ministerio Público en su contra si no lo hiciere. En todo lo demás, no ha lugar a la gestión formulada. Notifíquese esta sentencia a Johnny Araya Monge, en su condición de alcalde de San José, en forma personal”.

Tal pronunciamiento fue notificado personalmente a Johnny Araya Monge, en su condición de alcalde de San José el 20 de setiembre de 2022.

VI.- Mediante voto interlocutorio nro. 2023017100 de las 9:30 horas del 14 de julio de 2023 se desestimó una coadyuvancia formulada.

VII.- En resolución interlocutoria nro. 2023022693 de las 9:50 horas del 12 de setiembre de 2023, se indicó:

“VII.- Sobre la gestión de inejecución. En el sub lite, los gestionantes plantean gestión posterior en relación con la sentencia nro. 2016007570 de las 9:05 horas de 3 de junio de 2016. Alegan que, debido a que la Municipalidad de San José no ejecutó las obras que ordenó esta Sala, el 26 de junio de 2023 sufrieron una inundación, en la que el agua alcanzó 1.70 centímetros. Señalan que la fuerza del agua fue de tal magnitud, que arrancó portones, puertas y paredes; incluso, varios vecinos quedaron atrapados en sus casas y vehículos, por lo que debieron ser rescatados por los bomberos. Agregan que las personas adultas mayores de la zona no podían salir de sus casas por sus propios medios y otros sujetos sufrieron ataques de pánico, a causa de lo cual tuvieron que ser auxiliados. Refieren que producto de la inundación perdieron varios bienes, entre ellos, vehículos, línea blanca, ropa, alimentos y las casas sufrieron fuertes daños; además, se presentaron brotes de enfermedades con síntomas como diarrea y vómito. Reclaman que no han recibido visita alguna por parte del alcalde ni del ingeniero accionados a fin de ofrecerles una solución definitiva al problema expuesto. Manifiestan que su preocupación se agrava, ya que los meses más lluviosos son agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre, de manera que temen que se vuelva a inundar la ciudadela. Estiman que esta situación les ha generado daños psicológicos y vulnera sus derechos fundamentales. Solicitan que se acoja el recurso de amparo y se ordene a las autoridades recurridas culminar las obras pertinentes para evitar inundaciones en Ciudadela Calderón Muñoz.

Al respecto, la Sala observa que ninguno de los gestionantes es parte en este proceso. Ahora, independientemente de lo anterior, estos describen una situación que contiene hechos posteriores a los resueltos en el sub lite. Por tal motivo, se desglosa el escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 9 de agosto de 2023, a fin de que sea tramitado como un asunto nuevo (…)

Por tanto:

Desglósese el escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 9 de agosto de 2023, a los efectos de que, en los términos del considerando VII de este pronunciamiento in fine, sea tramitado como un asunto nuevo”.

VIII.- SOBRE LA GESTIÓN FORMULADA. En la especie, el alcalde de San José aporta el oficio nro. SCMRP-111-2024, en el que se lee: “Procedo a informarle que según los plazos estipulados por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en los recursos de amparo interpuestos por los vecinos tanto del Río Ocloro como de la Ciudadela Calderón Muñoz (Cuadro No. 1), he de manifestarle al necesidad de que la Sala tome conciencia y en consideración la ampliación de los plazos ya estipulados por cuanto los trabajos requeridos en esos lugares no es posible llevarlos a cabo en periodo de invierno, construir este tipo de obras en invierno es muy peligroso y expone las vidas de las personas que laboraran en este proyecto, además, de exponer a inundaciones a la población, una vez más apelamos a su discernimiento y damos por informada a la Sala sobre este alto riesgo y exponemos nuevamente el cronograma de fechas (Cuadro No. 2), a cumplir bajo plazos reales no sólo adaptados a la naturaleza del clima, sino al debido proceso y apegados a las leyes que rigen nuestro ordenamiento jurídico en materia de ley de contratación, trámites ambientales y manejos presupuestario: (…) No omito manifestarle también que, para finales del I Semestre del 2024, se estará concluyendo con los estudios y diseños para la obtención de planos, dichos estudios se contrataron mediante los siguientes procedimientos SICOP: (…) Se informa que se está solicitando el presupuesto para la ejecución de la etapa 10 A, para que se realice el proceso de licitación en este segundo semestre del 2024 e iniciar ejecución en enero del 2025, tal y como se menciona en el cuadro 2. Todo lo anterior con el objetivo de hacer del conocimiento a la Sala . Constitucional de dicha situación y a la vez, solicitar ampliación de plazos para concluir obras en las zonas de afectación de la manera correcta y sin poner en riesgo a la población." SEGUNDO: Conforme a lo exteriorizado por la Sección de Mantenimiento de la Red Pluvial, mediante el oficio SCMRP-111-2024, esta Municipalidad solicita respetuosamente a esa Honorable Sala Constitucional, la ampliación del plazo otorgado en la Resoluciones supra citadas”.

Al respecto, si bien se aporta un cronograma, donde se observan obras a finalizar hasta 2028, adviértase que la solicitud de ampliación resulta abiertamente improcedente. En este sentido, nótese que han transcurrido casi ocho años desde el dictado de la sentencia nro. 2016007570 de las 9:05 horas de 3 de junio de 2016, sin que a la fecha se hayan concretado las acciones correspondientes para solventar la situación objeto de este recuro. Incluso, ya medió una ampliación de plazo que se concedió mediante resolución interlocutoria nro. 2018001791 de las 9:40 horas de 6 de febrero de 2018.

Por ende, resulta irrazonable que ahora el recurrido pretenda, según el cronograma aportado, una ampliación de cuatro años más para el cumplimiento de lo ordenado por la Sala. En consecuencia, se desestima la solicitud planteada.

IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.

Por tanto:

No ha lugar a la gestión formulada.

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Ileana Sánchez N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 KVOZ0J9WBUE61

EXPEDIENTE N° 16-005730-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 14:34:02.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twelfth of April, two thousand twenty-four.

Subsequent motion (gestión posterior) filed by JOHNNY ARAYA MONGE, in his capacity as MAYOR OF SAN JOSÉ, in relation to judgment no. 2016007570 of 9:00 a.m. on June 3, 2016.

Whereas (Resultando):

1.- By written brief incorporated into the digital case file on March 22, 2024, the Mayor of San José indicates he is submitting official letter SCMRP-111-2024, which states: "I proceed to inform you that according to the deadlines stipulated by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice in the amparo remedies (recursos de amparo) filed by the residents of both the Río Ocloro and the Ciudadela Calderón Muñoz (Table No. 1), I must express to you the need for the Chamber to become aware of and consider the extension of the already stipulated deadlines, inasmuch as the works required in those places cannot be carried out during the winter period; building this type of works in winter is very dangerous and exposes the lives of the people who will work on this project, besides exposing the population to floods. Once again we appeal to your discernment and we hereby inform the Chamber of this high risk and we present again the schedule of dates (Table No. 2), to be fulfilled under realistic deadlines not only adapted to the nature of the climate, but also to due process and adhering to the laws governing our legal system regarding the procurement law (ley de contratación), environmental procedures (trámites ambientales), and budget management: (...) I also do not omit to inform you that, by the end of the First Half of 2024, the studies and designs for obtaining the plans will be concluding; said studies were contracted through the following SICOP procedures: (...) It is reported that the budget for the execution of stage 10 A is being requested, so that the bidding process (proceso de licitación) can take place in this second half of 2024 and execution can begin in January 2025, as mentioned in Table 2. All of the above with the objective of making this situation known to the Constitutional Chamber and, at the same time, requesting an extension of deadlines to conclude the works in the affected areas correctly and without putting the population at risk." SECOND: In accordance with what was set forth by the Storm Drainage Network Maintenance Section (Sección de Mantenimiento de la Red Pluvial), through official letter SCMRP-111-2024, this Municipality respectfully requests that Honorable Constitutional Chamber grant an extension of the deadline granted in the aforementioned Resolutions."

2.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Judge Rueda Leal; and,

Considering (Considerando):

I.- In judgment no. 2016007570 of 9:05 a.m. on June 3, 2016, it was ordered:

"The amparo remedy (recurso) is granted. Johnny Araya Monge, in his capacity as Municipal Mayor of San José, or whoever holds the office, is ordered to proceed, within the non-extendable period (plazo improrrogable) of 6 months counted from the notification of this judgment, to carry out the studies required to scientifically verify the hydraulic condition of the Río Ocloro, and within the 6 months following said period, implement the infrastructure works required to prevent floods in the Ciudadela Calderón Muñoz sector. Likewise, the respondent is ordered to immediately adopt all necessary and possible measures that help mitigate the floods that may occur in said place, while the studies and the works in question are being carried out; as well as, he must answer and notify the petitioner, within a period of no more than 3 business days from the notification of this pronouncement, the remainder of the information requested in the motions (gestiones) filed on November 19, 2015, which were not addressed by the respondent in official letter ALCALDIA 00689-2016 of March 1, 2016. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo remedy, and fails to comply with it or fails to enforce it, provided the offense is not more severely punished. The Municipality of San José is ordered to pay the costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios) caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment (ejecución de sentencia) of the contentious-administrative jurisdiction (contencioso administrativo). This resolution shall be notified to Johnny Araya Monge, in his capacity as Municipal Mayor of San José, or to whoever holds the office, personally. Judge Hernández López dissents (salva el voto) and rejects the remedy outright (rechaza de plano el recurso). Judge Jinesta Lobo attaches a note."

This pronouncement was notified personally to the Municipal Mayor of San José on June 8, 2016.

II.- By interlocutory resolution (resolución interlocutoria) no. 2016009917 of 9:20 a.m. on July 15, 2016, the Chamber resolved:

"II.- In the case at hand (sub lite), the petitioner alleges disobedience of what was ordered by this Court, given that the respondent authority has not taken immediate measures to mitigate the floods occurring in the Ciudadela Calderón Muñoz; specifically, that on June 8 and 10, 2016, the Río Ocloro overflowed and caused floods in the area. Regarding this, the Municipal Mayor of San José reported that he has issued various immediate actions. He indicated that the Storm Drainage Network Maintenance and Construction Section (Sección de Mantenimiento y Construcción de Red Pluvial), in official letter SCMRP-420-2016 of June 17, 2016, established the Plan of Mitigation Measures to Reduce Floods throughout the entire micro-watershed (microcuenca) of the Río Ocloro for the comprehensive attention of the problem, and work is currently being executed in the channel with municipal crews. Now, based on what was reported under oath and the evidence provided by the petitioner, this Chamber considers that the motion (gestión) of the amparo petitioner must be dismissed. The foregoing, given that from what was reported — with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction — it is clearly evident that the respondent Municipality has not evaded what was ordered by this Court, inasmuch as, according to the respondent, there is an attention plan for the entire watershed (cuenca) of the Río Ocloro and with it, the solution for the floods occurring in the Calderón Muñoz sector; in turn, there are Municipal crews working in the channel of the river in question to address the problem in the short term; additionally, work is underway to carry out the bidding processes for the scientific studies, bridge construction, and as recorded in official letter SCMRP-420-2016 of June 17, 2016, through which the Plan of Mitigation Measures to Reduce Floods throughout the entire micro-watershed of the Río Ocloro was established, for which there is a budget of 200,000,000.00 colones; likewise, this Court contemplates that the respondent administration is within the 6-month period granted to carry out the necessary works to address the floods occurring in the Ciudadela Calderón Muñoz area. This being the case, the Chamber verifies that actions have been taken to carry out what was ordered by the Chamber. Consequently, it is appropriate to dismiss the motion (gestión) as it is premature. (...)

Therefore (Por tanto):

The motion (gestión) filed is without merit (No ha lugar)."

III.- By interlocutory resolution no. 2018001791 of 9:40 a.m. on February 6, 2018, it was resolved:

"The period (plazo) granted in Judgment No. 2016-007570 of 9:05 a.m. on June 3, 2016, is extended. Therefore, Johnny Araya Monge, in his capacity as Municipal Mayor of San José, or whoever holds said office, is granted a deadline until April 11, 2018, to carry out the studies required to scientifically verify the hydraulic condition of the Río Ocloro, and within the 6 months following said date, they must implement the infrastructure works required to prevent floods in the Ciudadela Calderón Muñoz sector. In all other respects, the motion (gestión) filed is without merit."

IV.- By resolution no. 2018018870 of 9:40 a.m. on November 13, 2018, it was resolved:

"VI.- Regarding the non-execution motion (gestión de inejecución). In the case at hand, the petitioners allege non-compliance with what was ordered by this Chamber through Judgment No. 2016-007570 of 9:05 a.m. on June 3, 2016, which ordered that within a period of 6 months the respondent authority had to carry out the studies required to scientifically verify the hydraulic condition of the Río Ocloro, and within the 6 months following said period, implement the infrastructure works required to prevent floods in the Ciudadela Calderón Muñoz sector. It must be warned beforehand that, in effect, the motion was filed prematurely, since when they came to the Chamber —March 12, 2018—, the administration still had the period granted by this Chamber to address the situation presented. In any case, the respondent authority reported that the company DEHC Ingenieros Consultores carried out a study comprising the hydrological analysis of the external contribution watersheds (cuencas de aporte externo) to the micro-watersheds of the Río Ocloro. Said study included the morphometric and hydrological characterization of those external contributions, the characterization of historical rainfall in the study area, and the generation of hydrographs produced by the aforementioned rainfall, for subsequent use in the hydraulic analysis of the drainage systems of the micro-watershed in question. The Acequia Las Arias was included within the general analysis; however, it has no external contributions, so its hydrology was considered within the hydraulic analysis report. From the report rendered under oath, it was confirmed that regarding the Barrio Luján sector, four works must be carried out with varying degrees of priority, and in the Calderón Muñoz Sector, it was accredited that five works must be carried out within different timeframes –short, medium, and long-term–. Likewise, for the purpose of attending to what was ordered by this Chamber and initiating the mitigation works in the affected sectors, the respondent municipality promoted, at the end of 2017, Abbreviated Bidding Process (licitación abreviada) No. 2017LA-000057-0015499999, for the installation of two pipes of 2.44 m in diameter so that, in the winter of 2018, there would be a greater hydraulic capacity, and thus mitigate the risk of floods in the Barrio Luján sector. In this regard, the respondent municipality acknowledges that the installation of those two pipes is not the definitive solution, and that should greater capacity be required, the necessary works will be carried out, which in this case would be the placement of a third pipe, as calculated by the company DEHC. The aforementioned bidding process was promoted under the protection of Decreto 31849-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC of 2004 and its amendments, and Decreto 37803-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC of 2013, based on which Municipalities are exempted from carrying out the environmental feasibility (viabilidad ambiental) and environmental impact (impacto ambiental) procedures in storm sewer maintenance works; however, from the motion filed and the report given under oath, it is extracted that there was opposition from the residents to the execution of the works, and they resorted to the Office of the Ombudsman (Defensoría de Los Habitantes), which to date has not issued its report; additionally, the residents resorted to SETENA and the Water Directorate (Dirección de Aguas) to prevent the actions of the respondent municipality. Regarding this aspect, it was confirmed that the Water Directorate of MINAE opposed the mentioned works and informed the respondent municipality that the works they were carrying out require the approval of that entity and of SETENA. This situation forced the respondent to suspend the works, the execution of which would now depend on what is ruled by the Water Directorate of MINAE, SETENA, and SINAC. In this regard, it is evident that the study ordered in the judgment has already been carried out, and that some of the works that the Municipality of San José was undertaking to implement the respective measures were suspended as a result of the complaints filed by the residents and the prior procedures they must carry out; however, they are attending to what was ordered. On the other hand, the petitioners must be warned that this jurisdiction is not competent to determine whether what was recommended in the technical study represents the best measures to adopt, or whether another particular work, different from the one recommended, should be carried out. The foregoing is a matter of legality that must be verified by the administration itself and the other Bodies responsible for supervising and authorizing the works.

VII.- Furthermore, the petitioners question that the respondent municipality intends to favor the economic interests of private companies, specifically the Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, and the Desarrolladora Kirebe, the latter being the entity developing a project for the company 3-101-687989 S.A. Condominio Vertical Mixto Torres Trío. They question that the municipality does not have to assume the works for said companies in the face of the eventual damages they may produce, and that if so, the respective disciplinary and civil liabilities must be established for the officials who have promoted it. They denounce that this last company presented hydrological and hydraulic studies prepared by “Geotecnia y Construcción”, made for the Torres Trío condominium, and not for the Watershed of the Río Ocloro. Likewise, they denounce that on March 2, 2018, a crew of employees of the respondent municipality cut down trees on the banks of the channel of the Municipal Park El Cerrito, which is a reserve of the watershed of the Río Ocloro in Barrio Luján, without having the permits from the National System of Conservation Areas (Sistema de Áreas de Conservación, SINAC). The foregoing for the purpose of initiating the alleged 200-meter culverting (entubado) that the respondent municipality intends to carry out, and which is not a product of the technical study performed. In this regard, this Court agrees with the respondent authority in that such allegations constitute new facts that were not invoked in the initial brief of filing of this amparo remedy, so the appropriate course is that these points be heard in a new remedy. By virtue of the foregoing, it is appropriate to detach (desglosar) the brief filed, for the purposes of having these points resolved as appropriate in another remedy.

Therefore:

The motion (gestión) filed is without merit. Detach (Desglósese) the brief added to this case file at 09:04 hours on March 12, 2018, so that the aspects indicated in the considering clause are processed as a new matter."

V.- In interlocutory resolution no. 2022021485 of 9:30 a.m. on September 16, 2022, it was ordered:

"The motion (gestión) filed is partially granted only as to the omission in the total execution of the works ordered in judgment no. 2016-007570 of 9:05 a.m. on June 3, 2016. Johnny Araya Monge, in his capacity as Mayor of San José, or whoever holds the office, is reiterated the immediate compliance with the provisions of judgment No. 2016-007570 of 9:05 a.m. on June 3, 2016, under the warning that certified copies of the case records shall be ordered to be sent to the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) against him should he fail to do so. In all other respects, the motion filed is without merit. Notify this judgment to Johnny Araya Monge, in his capacity as Mayor of San José, personally."

This pronouncement was personally notified to Johnny Araya Monge, in his capacity as Mayor of San José, on September 20, 2022.

VI.- By interlocutory vote (voto interlocutorio) no. 2023017100 of 9:30 a.m. on July 14, 2023, a joinder motion (coadyuvancia) filed was dismissed.

VII.- In interlocutory resolution no. 2023022693 of 9:50 a.m. on September 12, 2023, it was stated:

"VII.- Regarding the non-execution motion (gestión de inejecución). In the case at hand, the petitioners file a subsequent motion (gestión posterior) in relation to judgment no. 2016007570 of 9:05 a.m. on June 3, 2016. They allege that, due to the fact that the Municipality of San José did not execute the works ordered by this Chamber, on June 26, 2023, they suffered a flood, in which the water reached 1.70 centimeters. They point out that the force of the water was such that it tore off gates, doors, and walls; furthermore, several residents were trapped in their homes and vehicles, and had to be rescued by firefighters. They add that elderly persons in the area could not leave their homes by their own means, and other individuals suffered panic attacks, as a result of which they had to be assisted. They state that as a product of the flood they lost various possessions, including vehicles, white goods, clothing, food, and their homes suffered heavy damages; additionally, disease outbreaks appeared with symptoms such as diarrhea and vomiting. They complain that they have not received any visit from the respondent Mayor or engineer in order to offer them a definitive solution to the problem presented. They state that their concern is aggravated, as the rainiest months are August, September, October, November, and December, so they fear that the ciudadela will flood again. They consider that this situation has caused them psychological damages and violates their fundamental rights. They request that the amparo remedy be granted and that the respondent authorities be ordered to complete the pertinent works to prevent floods in Ciudadela Calderón Muñoz.

In this regard, the Chamber notes that none of the petitioners is a party in this proceeding. Now, regardless of the foregoing, they describe a situation that contains subsequent facts to those resolved in the case at hand. For this reason, the brief received in the Secretariat of the Chamber on August 9, 2023, is detached (desglosa), so that it may be processed as a new matter (…)

Therefore:

Detach (Desglósese) the brief received in the Secretariat of the Chamber on August 9, 2023, for the purposes of having it processed as a new matter, in accordance with the terms of considering clause VII of this pronouncement in fine."

VIII.- REGARDING THE MOTION (GESTIÓN) FILED. In the instant case, the Mayor of San José provides official letter no. SCMRP-111-2024, which reads: "I proceed to inform you that according to the deadlines stipulated by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice in the amparo remedies filed by the residents of both the Río Ocloro and the Ciudadela Calderón Muñoz (Table No. 1), I must express to you the need for the Chamber to become aware of and consider the extension of the already stipulated deadlines, inasmuch as the works required in those places cannot be carried out during the winter period; building this type of works in winter is very dangerous and exposes the lives of the people who will work on this project, besides exposing the population to floods. Once again we appeal to your discernment and we hereby inform the Chamber of this high risk and we present again the schedule of dates (Table No. 2), to be fulfilled under realistic deadlines not only adapted to the nature of the climate, but also to due process and adhering to the laws governing our legal system regarding the procurement law, environmental procedures, and budget management: (...) I also do not omit to inform you that, by the end of the First Half of 2024, the studies and designs for obtaining the plans will be concluding; said studies were contracted through the following SICOP procedures: (...) It is reported that the budget for the execution of stage 10 A is being requested, so that the bidding process can take place in this second half of 2024 and execution can begin in January 2025, as mentioned in Table 2. All of the above with the objective of making this situation known to the Constitutional Chamber and, at the same time, requesting an extension of deadlines to conclude the works in the affected areas correctly and without putting the population at risk." SECOND: In accordance with what was set forth by the Storm Drainage Network Maintenance Section, through official letter SCMRP-111-2024, this Municipality respectfully requests that Honorable Constitutional Chamber grant an extension of the deadline granted in the aforementioned Resolutions."

In this regard, although a schedule is provided, showing works to be completed through 2028, it must be noted that the request for an extension is openly inadmissible. In this sense, it should be noted that nearly eight years have elapsed since the issuance of judgment no. 2016007570 of 9:05 a.m. on June 3, 2016, without the corresponding actions to solve the situation that is the object of this remedy having materialized to date. An extension of time was even previously granted, which was conceded through interlocutory resolution no. 2018001791 of 9:40 a.m. on February 6, 2018.

Therefore, it is unreasonable that the respondent now seeks, according to the schedule provided, an extension of four more years for compliance with what was ordered by the Chamber. Consequently, the request filed is dismissed.

IX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any document in paper form, as well as objects or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, has been provided, these must be removed from the office within the maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. It is warned that any material not removed within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (Regulations on the Electronic Case File before the Judicial Branch), approved by the Full Court (Corte Plena) in Article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) no. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement of the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial), approved in Article LXXXI of session no. 43-12 held on May 3, 2012.

Therefore:

The motion (gestión) filed is without merit (No ha lugar).

Fernando Castillo V.

President

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Ileana Sánchez N.

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