Res. 10062-2024 Sala Constitucional — Delay in resolving environmental complaint on logging in Cóbano by SETENA and ACTDemora en resolver denuncia ambiental sobre tala en Cóbano por SETENA y ACT

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Sala Constitucional

Resolución Nº 10062 - 2024

Fecha de la Resolución: 19 de Abril del 2024 a las 09:20

Expediente: 23-030389-0007-CO

Redactado por: Fernando Castillo Víquez

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con Voto Salvado

Sentencia con nota separada

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

TALA DE ARBOLES.

Tema: PETICIÓN

Subtemas:

FALTA DE RESPUESTA.

010062-24. AMBIENTE. PETICIÓN. SE ACUSA LA FALTA DE RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES, ANTE LA DENUNCIA DE TALA DE ÁRBOLES EN CÓBANO, SIN PERMISOS. SE  DECLARA CON LUGAR EL RECURSO, SIN ESPECIAL CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS. VCG04/2024

“(…) V.- Sobre el caso concreto. En el presente asunto, se colige de los autos que la inconformidad de la recurrente se circunscribe a la demora en resolver por parte de la SETENA la ampliación a la denuncia inicialmente presentada y que tiene relación con el proyecto Residencias Lati tramitado en el expediente D1-0092-2022-SETENA, al cual, mediante la resolución No. 551-2022-SETENA del 30 de marzo de 2022, otorgó viabilidad ambiental. Se comprueba que las características de ese proyecto son las siguientes: “3 casas de habitación de 1 y 2 niveles que suman 1695 m2 en total, tienen accesos, piscina, áreas verdes y parqueo. Donde se van a utilizar materiales como Concreto, madera, vidrio, estructura metálica, cerámica, entre otros. En la etapa constructiva, primero el movimiento y limpieza de proyecto y después la construcción. Y en la etapa operativa, es la operación de las residencias. La cobertura corresponde a un 33,60% del total del plano y el 66,40% restante se mantendrá como zona verde. Se contempla movimientos de tierra con acarreo fuera del AP de volúmenes hasta 10.000 m3. el movimiento de tierra de 2055,74 m3 y un relleno de 455,08 m3, este movimiento se hará de forma adecuada, y el material que salga del AOP se gestionará con una gestión autorizado el cual dispondrá del material de forma adecuada. Además, se tomarán las medidas de salud e higiene en el equipo que saque el material del AOP. Utilizar un sistema de eficiencia probada como FAFA o tanques mejorados. Respetar los retiros de drenajes con estructuras y linderos de la propiedad. No impermeabilizar el área donde se ubicará el tanque séptico”.

          Se constata que, primeramente, el 20 de abril de 2023 ingresó a la SETENA el consecutivo 04083-2023 referente a denuncia ambiental por parte de la señora [Nombre 001] contra el proyecto antes descrito. En atención a esa gestión, el 26 de abril de 2023, mediante oficio SETENA-DT-ASA-0791-2023, se solicitó al desarrollador del proyecto referirse a la denuncia presentada en un plazo de 10 días hábiles. Además, el 12 de mayo se realizó la visita de campo al área de proyecto por el Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental, según consta en el acta de inspección ASA-ACT-INS-0053-2022, para el seguimiento de la denuncia. Asimismo, en fechas 05 de abril de 2023, 29 de abril de 2023 y 09 de mayo de 2023, mediante los números de caso 17713, 17647, 18135 de la plataforma digital, se presentaron las referencias técnicas por parte del señor Daniel Loría Sims, regente ambiental, en respuesta a la denuncia interpuesta en contra del proyecto, según oficio SETENA-DT-ASA-0791-2023, donde se le dio traslado al desarrollador del proyecto. De ahí que el 1° de junio de 2023, mediante resolución No. 0830-2023-SETENA, se acogió en forma parcial la citada denuncia. Únicamente se acogió parcialmente el hecho denunciando por el arrastre de materiales hacia la vía pública. Ello con el siguiente sustento: “se ha indicado en la visita de inspección que durante las precipitaciones de marzo aún no estaban instaladas las medidas ambientales para mitigar el arrastre de la tierra que aún quedaba en el sitio producto del movimiento de tierras realizado para la construcción de las dos casas de habitación que actualmente se encuentran en obra gris. Si bien los movimientos de tierra habían finalizado e inclusive se exportó dicha tierra hacia una propiedad vecina, lo cierto es que durante las precipitaciones dicho material residual en el área de proyecto llegó a la vía pública; sin embargo, no ha sido el único que aportó dicho material reportado dado que existe otro proyecto con importantes movimientos de tierra, proyecto que colinda con el expediente de referencia y por eso se acoge parcialmente”. En todo lo demás se denegó la denuncia. Además, se ordenó al desarrollador mantener las medidas de mitigación y control para el arrastre de sedimentos. Se comprueba que el 08 de junio de 2023 ingresó recurso de revocatoria contra la anterior resolución interpuesto por parte del señor Álvaro Sagot Rodríguez, apoderado de la recurrente. Objeción que el 30 de agosto de 2023, mediante resolución No. 1257-2023-SETENA, se declaró sin lugar.

         En lo que tiene relación con lo planteado en este amparo, se acredita que el 18 de agosto de 2023 ingresaron a la SETENA los consecutivos 08202 y 08203-2023 referente a un aporte de prueba nueva en referencia a la denuncia ambiental por situaciones irregulares en  el citado proyecto, interpuestos por parte del señor Álvaro Sagot Rodríguez, apoderado de la recurrente. Por ello, el 28 de agosto, mediante oficio SETENA-DT-ASA-1699-2023, se solicitó al desarrollador del proyecto referirse a la ampliación de la denuncia en un plazo de 10 días hábiles, en cumplimiento del debido proceso. Se tiene que el 13 de setiembre se recibió la respuesta correspondiente. Aunque el 19 de setiembre, una vez analizada esa respuesta dada por el desarrollador, mediante oficio SETENA-DT-ASA-1883-2023 se solicitó como prueba para mejor resolver al Área de Conservación Tempisque, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, criterio técnico para proceder con la atención de la denuncia. Esa misiva la recibió dicha Área el 02 de octubre, donde  SETENA señala y solicita lo siguiente: “El informe ACT-OSRC-201-2023 del 04 de agosto del 2023 indica en el cuadro 1. La información de número de plano y propietarios de las fincas investigadas En la página 7 de este informe indican “que es un caso muy grande y complejo, dado que se trata de una finca madre que recientemente se segregó en varias fincas, por lo que es necesario hacer el montaje de los planos de cada una de las propiedades a fin de definir en cuales fincas se dan cada uno de los hechos evidenciados”. Como parte de la información citada en el párrafo anterior, al indicar que el informe técnico, se ajusta para los 9 planos del cuadro 1 y al no determinar puntualmente qué corresponde a la propiedad donde se desarrolla el expediente D1-0092-2022-SETENA, Residencias Lati, requerimos y con fundamento en el principio de coordinación interinstitucional solicitamos a SINAC que indique a esta Secretaría lo siguiente: 1. Si las labores realizadas por el desarrollador bajo el plano P-2248092-2020, número de finca 244707-000, es donde indican que se observa movimientos de tierra, conformación de terrazas y apertura de caminos en área de bosque de conformidad con la determinación de ecosistema de bosque ACT-OSRC-197-2023. 2. Si a partir de las inspecciones de campo con el levantamiento realizado, pueden determinar que los cambios observados en la cobertura forestal corresponden a las construcciones y caminos del proyecto bajo el plano P-2248092-2020, número de finca 244707-000. El informe técnico ACT-OSRPL-197-2023 del 27 de julio del 2022, Determinación de bosque acorde a la definición de Ley Forestal 7575 de Costa Rica, en la página 3, apartado introducción indica que el estudio comprende las fincas 6-244715-000, 6-244720-000, 6- 244718-000, 6-244709-000 y 6-2447708-000, dejando por fuera la finca donde se desarrolla el expediente D1-0092-2022-SETENA, Residencias Lati, plano P-2248092-2020, número de finca 244707-000, por esta razón precisamos nos indiquen si en esta propiedad hay o no bosque y tala del mismo”. Se informa que el 26 de setiembre de 2023, en seguimiento a la causa judicial 23-000028-0611-PE, donde figura como posible imputado el desarrollador bajo el plano P-2248092-2020, número de finca 244707-000, el Área de Conservación Tempisque realiza una pericia de la delimitación de las obras y afectación del bosque en cada una de las fincas investigadas en dicha causa. Además, entre el 26 de setiembre de 2023 y el 23 de noviembre de 2023, termina de analizar la información recabada y se emite el oficio ACT-OSRPL-641-2023 a la Licda. Silvia Solís Dávila, Fiscala Ambiental, Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental. No obstante, el 05 de diciembre de 2023, se emite el oficio ACT-OSRC-274-2023, donde el Área de Conservación Tempisque da respuesta al oficio SETENA-DT-ASA-1883-2023 y se indica lo siguiente: 1) Las labores realizadas por el desarrollador bajo el plano P-2248092-2020, número de finca 244707-000, forman parte de la denuncia por cambio de uso del suelo correspondiente a la causa 23-000028-0611-PE. 2) El informe técnico ACT-OSRPL-197-2023 deja por fuera la finca donde se desarrolla el expediente D1-0092-2022-SETENA, Residencias Lati, plano P-2248092-2020, número de finca 244707-000, considerando que, al momento de la elaboración de la pericia de bosque, la cobertura prexistente en el sitio indicado había sido alterada y removida parcialmente, por tanto, no era viable utilizar esa área como testigo para el estudio. 3) El código Procesal Penal dispone en su artículo 295, Privacidad de las actuaciones: “El procedimiento preparatorio no será público para terceros. Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes. Los abogados que invoquen un interés legítimo serán informados por el Ministerio Público sobre el hecho que se investiga y sobre los imputados o detenidos que existan, con el fin de que decidan si aceptan participar en el caso. Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave.” Al ser un caso en investigación y que se está actuando bajo dirección funcional de la fiscalía de Cóbano este funcionario actúa en apego al código procesal penal en su artículo 295. Por tanto, se les comunica que los hechos denunciados forman parte de una causa judicial abierta, la cual ha sido atendida por la oficina subregional de Cóbano y no puede ser divulgada”. Esa respuesta la recibió la SETENA el 18 de diciembre de 2023. De ahí que, finalmente, por resolución No. 0186-2024-SETENA de las 10:45 horas del 07 de febrero de 2024, resolvió la denuncia presentada por la recurrente en el siguiente sentido: “PRIMERO: Rechazar en forma total, la denuncia presentadas ante la SETENA el día 18 de agosto de 2023, mediante le consecutivo 08203-2023, el señor Álvaro Sagot Rodríguez apoderado de la señora [Nombre 001], contra el proyecto Residencias Lati con expediente D1-0092-2022-SETENA”. Pronunciamiento que le fue notificado a la recurrente ese mismo día.

De la anterior reseña se comprueba que ambas autoridades recurridas incurrieron en demora en tramitar y atender lo que correspondía a cada una en atención a la ampliación de la denuncia presentada por el apoderado de la recurrente. Si bien la SETENA, inicialmente, fue diligente en su tramitación e incluso solicitó con prontitud criterio técnico a quien estimó correspondía, se retrasó en el dictado de la resolución de fondo. Nótese que se acredita que recibió el referido criterio técnico el 18 de diciembre de 2023, pero emite la resolución No. 0186-2024-SETENA, que rechaza esa ampliación de denuncia, hasta el 07 de febrero pasado. En cuanto al Área de Conservación Tempisque se constata que recibió la solicitud de criterio técnico el 02 de octubre de 2023, pero lo emite más de dos meses después, concretamente el 05 de diciembre. En ese sentido, se reconoce que, por necesidad institucional por falta de personal, el funcionario a cargo de la investigación, asume entre otras cosas, a su vez dos recargos de jefaturas en las oficinas subregionales Paquera-Lepanto y Cóbano, lo que condiciona los tiempos de respuesta de atención debido al alto volumen de trabajo de recargo. Situación que es entendible, pero no puede ser un justificante en la demora de atender lo solicitado por la SETENA y que incidió en el retraso en resolver lo planteado, pues se estaba a la espera del criterio requerido. Ante el escenario descrito, no hay duda que se ha producido la infracción del derecho a una justicia administrativa pronta en perjuicio de la recurrente, pues se constata que no se ha sido diligente en el trámite de la gestión presentada. Esa demora, ha implicado una denegación de justicia administrativa, por lo que se recuerda a la parte recurrida la obligación de la Administración de actuar según los principios de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad. De ahí la procedencia del reclamo. Sin embargo, en vista de que, con ocasión a la intervención de esta Sala, se resolvió la ampliación de la denuncia y se notificó lo resuelto a la administrada, lo procedente es estimar el recurso, según se dirá a continuación.

VI.- Conclusión. De tal forma, al acreditarse la infracción constitucional en los términos dichos, el recurso debe ser declarado con lugar contra ambas autoridades recurridas aunque sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues ya se resolvió la ampliación de la denuncia presentada por el apoderado de la recurrente. (…)”

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

“(…) I.- Sobre el conocimiento de este caso por lesión al artículo 41 de la Constitución Política. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-002545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia ambiental que, presuntamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver, la situación concreta planteada en este amparo.

(…)

IV.- Sobre el principio de justicia pronta y cumplida. La Administración, a la luz del artículo 41 constitucional, tiene la obligación de garantizarle a la ciudadanía el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, sin denegación, lo que implica, en el ámbito de la justicia administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos planteados por los administrados, de tal manera que su resolución sea congruente con los extremos alegados, así como de comunicarles a los interesados lo dispuesto, todo ello dentro de un plazo razonable. En este sentido, el carácter "razonable" de la duración de la actividad administrativa se determina casuísticamente con base en diversos elementos, tales como la complejidad técnica del asunto administrativo, la amplitud de la prueba por evacuar o el grado de afectación a la persona o al ambiente del acto impugnado, de lo cual se infiere que no existe un derecho estricto a la constitucionalización de los plazos, sino más bien un derecho a que se aplique el control de constitucionalidad sobre aquellas actuaciones de la Administración, en las cuales no existan motivos suficientes para justificar el tiempo demorado en la solución de algún tipo de gestión administrativa. (…)” VCG04/2024

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 052- Cese de acto impugnado con ocasión a la presentación del amparo. Desistimiento y satisfacción extra procesal

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

“(…) VII.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios. (…)” VCG04/2024

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Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida

Subtemas:

NO APLICA.

VIII.- Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia No. 2008-002545 de las 08:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VCG04/2024

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Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

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TALA DE ARBOLES.

IX.- NOTA DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO. En el sub examine, la parte recurrente menciona que el 18 de agosto de 2023 planteó una denuncia ante la Setena, que se tramita en el expediente nro. D1-0092-2022-SETENA, PROYECTO RESIDENCIAS LATI. Detalla que la queja está referida a la tala sin permisos de un bosque en Cóbano con el fin de construir varias residencias. Reclama que tal gestión no ha sido resuelta ni se ha anulado y que Setena no ha protegido los bosques nacionales, lo que lesiona los numerales 50 y 89 constitucionales. Considera que se debe anular la licencia ambiental emitida.

Al respecto, la gestión formulada por la persona amparada el 18 de agosto de 2023 señala:

“PRIMERO: De hecho al existir bosque, se debieron cuando menos extremar las exigencias ambientales al pedir al desarrollador la más rigurosa valoración de impacto ambiental, pero ello no ocurrió y por esto amerita acoger nuestro pedido de revocatoria de la licencia ambiental.

En la resolución de la Comisión Plenaria No. 0830-2023-SETENA, se resolvió la anterior denuncia se señaló que todo se hizo a derecho, que no hacía falta hacer una inspección de previo al otorgamiento de la licencia, aunque la LOA lo obligaba, que no hubo efectos negativos ambientales en los ecosistemas, que no era materia de SETENA el valorar el sitio del proyecto para considerar si existía o no un bosque etc.

Pero ahora, mediante la documentación que aportamos cobra sentido todo lo que expusimos y pedimos se tomen las medidas restaurativas y se aplique incluso el principio de irreductibilidad del bosque, en uso del principio de inversión en la carga de la prueba, puesto que la finca 6-244707-000, plano catastrado P-2248092-2020 está señalada en la denuncia como parte de lo que es bosque en el cuadro 1 del documento denominado como Informe de inspección sobre posible tala de bosque y cambios de uso en Hermosa de Cóbano. Y es un bosque donde incluso se han hecho caminos de acceso dentro del propio bosque y esto ha contribuido a los daños ambientales que hablamos desde la denuncia inicial.

Es manifiesto que si se hubiese hecho la inspección de rigor que establece la norma de la LOA, se habría detectado lo denunciado y es que esto involucra también a las licencias ambientales que se emitieron para los proyectos ubicados en los alrededores inmediatos que deberán ser analizados por ustedes también para no ser partícipes en daños ambientales.

La determinación de que no existía un bosque en el área del proyecto fue totalmente falsa y la verdad es que nunca existió un decreto de conveniencia nacional, por ello pedimos que se abran los procedimientos administrativos sancionatorios contra los profesionales involucrados y contra los gestores del proyecto. Pedimos que se cancele la licencia ambiental y se ordene hacer una restauración ecosistémica.

El principio de inversión en la carga de la prueba, obliga a tomar acciones inmediatas, suspendiendo la licencia ambiental y así pedimos disponerlo pues sino la propia SETENA sería partícipe de daños ambientales.

Por su parte en la misma línea anterior, recordemos que nuestra Ley de la Biodiversidad incluso señala en el numeral 8 de ese cuerpo normativo, que está vinculado al numeral 50 constitucional por conexidad, que la propiedad privada debe cumplir una función ambiental, pero al parecer en este caso se ha omitido valorar lo pertinente del proyecto y por ello tenemos que se ha dado un cambio de uso del suelo que hace que se deba aplicar el principio de irreductibilidad de los bosques, para que las cosas vuelvan a lo que existía anteriormente mediante los procesos restaurativos respectivos.

En la misma tónica expuesta supra, consideramos que la licencia ambiental se confronta el numeral 49 de la Ley de la Biodiversidad, puesto que han descuidado la biodiversidad al permitirse, sin fiscalización, una tala rasa sin criterios, ni valoraciones técnicas, de un sitio que tenía una clara cobertura boscosa y vocación forestal, tal y como consta en las fotografías aportadas por nosotros inicialmente y por lo señalado en el dictamen de bosque del SINAC que se adjunta.

La norma 17 de la Ley Orgánica del Ambiente y la 92 de la Ley de la Biodiversidad, establecen de manera clara la obligación estatal de hacer evaluaciones de impacto ambiental cuando conlleven impactos ambientales a la biodiversidad y si bien acá si existió una, lo cierto es que la misma no abarcó todas las aristas y por ello hubo situaciones que rozan con la legalidad y generan vicios de nulidad absoluta, pues se cambió el uso del suelo forestal, por el residencial, tal y como hemos venido argumentando y para lo señalado NO mediaron valoraciones de los impactos de la pérdida de ecosistemas en un sitio que hoy en día se sabe que es un bosque y lo peor, es que nunca existió, ni siquiera, una inspección de parte de SETENA, violando con ello el deber normativo previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica del Ambiente, tal y como lo dijimos.

Por lo anterior, tenemos vicios en la licencia que están en el contenido y en el motivo del acto habilitador al faltar elementos esenciales que no se borran con el decirse que se creyó en los informes de los consultores, puesto que acá, como dijimos, estamos ante deberes establecidos por la propia Ley Orgánica del Ambiente de forma expresa. Por otra parte, la misma Ley General de la Administración Pública establece en la norma 132:

"Artículo 132.- l. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarcar todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes interesadas. 2. Deberá ser además, proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, cuando ambos se hallen regulados... "

Y es que al haberse omitido la inspección de rigor, es de decir, la inspección de ley, es manifiesto que NO se abarcaron estudios donde se ponderaran evidentemente todas las situaciones de hecho y derecho y esa falta de valoración integral de obligaciones legales pudieron llevar, a que, por medio de la licencia, se obtuviera ilegalmente a una autorización que cambió el uso del suelo en el área del proyecto.

En la licencia se dijo, a modo de justificación para no realizar la inspección:

"Habiendo revisado la información contenida en el expediente administrativo Dl-00922022-SETENA, y analizado la ubicación del proyecto según informe emitido por el área de Geografía, cumpliendo de esta manera con lo establecido en el Decreto Ejecutivo NO 31849MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y sus modificaciones, el Departamento de Evaluación Ambiental determinó no realizar la inspección de campo. Como elementos adicionales que sustentan esta decisión se tienen: l. La naturaleza del proyecto. 2. La congruencia del proyecto propuesto con el entorno. 3. La significancia de impacto ambiental obtenida en el Documento de Evaluación Ambiental Dl. 4. El contar con un registro fotográfico del área de proyecto. 5. Las conclusiones de los estudios adjuntos al instrumento de evaluación, no determinan indicios particulares que deban ser profundizados y corroborados con la inspección de campo"

 

Con la información del SINAC que se les aporta ahora, aunado a la no inspección y no revisión de las ortofotos de meses atrás, sobre el bosque existente, es claro que nunca hubo un análisis del verdadero entorno ni de la significancia del impacto ambiental y esto acarrea a la nulidad de la licencia y también abre el paso a iniciar acciones contra los proyectistas y los consultores.

 

Como hemos señalado, incluso NUNCA se valoró el efecto acumulado de la tala irracional del bosque que han hecho todos los proyectos ubicados en el bosque en las fincas aledañas y por ello pedimos la nulidad absoluta de la licencia ambiental dado que existe vicios en el contenido y el motivo de la licencia ambiental indiscutiblemente.

 

En el ordinal 14 de la Convención sobre la Diversidad Biológica (Ley No 7416) tenemos que se señala, que las evaluaciones de impacto ambiental deben ser sumamente rigurosas para que únicamente se llegue a tener un impacto ambiental mínimo adverso, pero si se tomó como cierto que no existía un bosque, cuando sí lo existía y lo existe según SINAC, tenemos que la empresa y los consultores deben asumir su responsabilidad que tienen hoy acá y por ello pedimos aplicar la normativa del caso, incluso la convencional, debidamente ratificada.

 

Sobre los criterios fundamentales para acoger la revocatoria de licencia ambiental y la nulidad por violación al principio de tutela científica, véase por ejemplo los votos 200514293, y 2006-17126, donde la propia Sala Constitucional sigue esta línea:

 

"De la objetivación, de la tutela ambiental: el cual, tal y como lo señaló este Tribunal en sentencia número 14293-2005, de las catorce horas cincuenta y dos horas del diecinueve de octubre del dos mil cinco, es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [refiriéndose al principio precautorio], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general —tanto legales como reglamentarias—, de donde se deriva la exigencia de la "vinculación a la ciencia y a la técnica con lo cual se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos —tales como los estudios de impacto ambiental—, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente." (El resaltado es nuestro)

 

Es decir, como lo hemos venido exponiendo, incluso en caso de duda, sobre el mejor proceder, todo se debe inclinar por descartar el proyecto llevado hasta la fecha; dicho de otra manera, es necesario que exista una declaratoria de nulidad absoluta del acto habilitador ambiental, para que se tomen las medidas necesarias, oportunas y restaurativas.

 

Incluso en voto reciente (2022) de la Sala Constitucional, se ha señalado sobre el principio de objetivación:

 

"La jurisprudencia de la Sala es reiterada en el sentido de que las potestades legislativas deben estar vinculadas a reglas unívocas de la ciencia o la técnica, principios elementales de justicia, lógica o conveniencia, cuando el objeto de la actividad legislativa son las cuestiones ambientales, dado que el principio de objetivación de la tutela ambiental ha sido aplicado consistentemente por la jurisprudencia Constitucional (sentencias N 2010-000075 de las 15:01 horas del 6 de enero de 2010, 2012-013367; delas 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, 2013-005964 de las 15:05 horas del 30 de abril del 2013 y 2018-007978 de las 12:45 horas del 18 de mayo de 2018.) " Voto No 2022025307 de las trece horas cuarenta minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintidós." (El resaltado es nuestro)

 

Por lo dicho es manifiesto que el informe presentado por el biólogo confronta la información del SINAC y esa falta de criterio sirvió, para que luego SETENA avalara la cuestionable licencia ambiental, pero todo lo hecho por los consultores está permeado por violaciones a la legalidad, la transparencia, la constitucionalidad y al principio de tutela científica que deben conducir a revocar la licencia y a la apertura de órganos sancionatorios sin lugar a dudas.

 

Por otro lado también, tengamos muy presente que el ANEXO 3, dentro del REGLAMENTO GENERAL SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL' (EIA) Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC de 24 de mayo del 2004. Publicado en La Gaceta No. 125 de 28 de junio del 2004, que señala:

 

"AREAS AMBIENTALMENTE FRÁGILES: Las AAE por su naturaleza, se dividen en dos grupos principales: a) aquellas áreas para las cuales el Estado ha definido un régimen especial de uso (marco jurídico y técnico definido); b) los espacios geográficos que muestran limitantes técnicas y ambientales para su uso... 10. Zona marítimo - terrestre. 11. Áreas con cobertura boscosa natural, (El resaltado es nuestro)

 

Por todo ello pedimos la revocatoria de la licencia ambiental y mientras esto ocurre, rogamos se ordene la suspensión de los efectos de la licencia en aplicación al criterio precautorio, el preventivo y la inversión de la carga de la prueba.

 

SEGUNDO: Y es que incluso se detectó, como lo señalan desde la municipalidad, miles de metros cúbicos de tierra (10.000 mil o más) extraídos de la propiedad, que a la fecha no fueron valorados por SETENA y esto implica situaciones que definitivamente comprometen el ecosistema, el recurso suelo, la biodiversidad y por supuesto que la licencia ambiental y por ello pedimos que se revoque la misma por incumplimientos tan serios.

Nótese que incluso en la propia denuncia municipal, que es del 8 de agosto de este año, se señala que existe a la fecha un potencial ALTO de nuevos deslizamientos y por ello se solicita la intervención INMEDIATA de SETENA que debería tomar acciones más contundentes puesto que a pesar de la pendiente existente, incluso se construye una piscina que agrega más peso a la colina.

Es importante que esta Autoridad señale que los taludes NO fueron autorizados en la licencia ambiental ni tampoco las otras de mitigación o prevención, por lo que el proyecto es totalmente ilegal, dañino al ambiente y riesgoso para la vida de las personas y para bienes públicos como lo sería el camino que está debajo de lo que era un gran bosque.

TERCERO: Finalmente no logramos encontrar en el expediente de SETENA una cesión de la viabilidad ambiental del desarrollador originario, al actual, asunto que también abona en otra irregularidad y así pedimos disponerlo.

(…)

PRETENSIONES

En consideración de todo lo anterior, solicitamos lo siguiente:

-         Que se realice una investigación por parte de la unidad de auditoría y seguimiento ambiental de la SETENA.

-         Que se ordene la nulidad absoluta por vicios de legalidad en licencia ambiental, donde incluso se debió de valorar mediante más exigencias ambientales y otros instrumentos y metodologías la viabilidad ambiental del proyecto.

-         Que se diga que un proyecto a realizarse en un sitio de bosque debió ser tamizado bajo los estándares de valoración más rigurosos de SETENA pero ello no ocurrió y por tanto amerita acogerse la revocatoria de la licencia ambiental.

-         Que se diga que es claro que por irresponsabilidad de los proyectistas nunca se valoró ambientalmente los miles de metros cúbicos que iban a sacar del proyecto y esto es sumamente irregular.

-         Que se diga que las obras de mitigación y el alto potencial de deslizamientos nunca fue valorado por SETENA.

-         Que se ordene la suspensión de la licencia ambiental, mientras se analiza esta denuncia.

-         Que se diga que las únicas obras que se permitan sean las dedicadas a corregir restaurar y mitigar los impactos ambientales negativos generados.

-         Que se aplique la garantía ambiental del proyecto Lati a la demolición respectiva y que los recursos se dediquen a la reposición del daño causado al ecosistema.   Que se diga que la información de los consultores indujo a error a la SETENA.   Que la denuncia del SINAC deja claro incluso que el camino de acceso al proyecto está en un bosque.

 

-         Que se abran expedientes administrativos sancionatorios a los consultores ambientales involucrados y a la empresa por haber proporcionado datos, así como informes contradictorios o inexactos, que solo beneficiaron para que el proyecto obtuviera la viabilidad.

 

-         De lo resuelto pedimos que se informe al Concejo de Distrito de Cóbano para que ellos procedan con la anulación del permiso de construcción.

 

-         Que se disponga informar al Concejo de Distrito de Cóbano que el proyecto debe suspenderse desde ya como medida precautoria.

 

-         Que se disponga la demolición de este proyecto.

 

-         Que se inicien investigaciones y se ordene paralizar todos los proyectos de las fincas aledañas y que luego se ordene la revocatoria de todas las licencias ambientales de esos otros proyectos.

 

CUESTIONES DE TRAMITE

 

MEDIDA CAUTELAR: INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL

 

INICIALMENTE, se debe informar inmediatamente a la Comisión Plenaria de esta nueva prueba, que ahora se aporta, para que resuelva el recurso que se ha interpuesto contra el análisis que se hizo ante la primera denuncia.

 

Con base a lo señalado y el riesgo ambiental y social expuesto, dejamos presentado un incidente de suspensión, de la licencia ambiental, hasta que se resuelva esta gestión que presentamos dada la peligrosidad y las afectaciones a la biodiversidad que podrían ocurrir de seguirse adelante en un sitio que es de considerado como de alta fragilidad ambiental por existir un bosque.

 

PRIMERO.- Apariencia de buen derecho: Como hemos argumentado y aportado información tenemos que es claro que estamos ante violaciones al numeral 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, puesto que el proyecto no ha sido valorado con rigurosidad y además constan informes de los consultores que indujeron a error a los funcionarios de SETENA.

 

La jurisprudencia del Tribunal Contencioso Administrativo ha señalado sobre la aplicación de los principios del derecho ambiental:

 

"Dentro de este ámbito, este Tribunal es sabedor de la extensa legislación sobre el marco tutelar del ambiente, así como de la relevante jurisprudencia que sobre el tema ha emitido la Sala Constitucional. Por demás, es evidente que en ese contexto, principios como el in dubio pro natura, precautorio, preventivo, quien contamina paga, reparación in natura, entre otros, constituyen herramientas de trascendental relevancia, que deben ser ponderadas por el juzgador en cada caso particular, a efectos de no hacer nugatorio el derecho contenido en el ordinal 50 referido. Pues bien, en el contexto del ambiente, los citados presupuestos deben valorarse acorde al contenido de los principios que impregnan el derecho ambiental, lo contrario, podría llevar a vaciar ese derecho y a permitir, vía omisiva, daños al medio..." Resolución número: 250-2010 de 8:00 horas del 29/01/2010, Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI.

 

En el Informe de inspección y denuncia sobre tala de bosque y cambios de uso, en Hermosa de Cóbano del SINAC a la Fiscalía, se señala que la finca del proyecto está ubicada en un sitio que es bosque. De hecho, en la denuncia se señala:

 

"En la inspección realizada el 12 de junio de 2023, se realiza un recorrido hasta los sitios indicados y colindantes con el expediente de SETENA D1-00092- 2022, donde se logra observar múltiples obras de movimientos de tierra, conformación de terrazas y apertura de camino en área de bosque de conformidad con la determinación de ecosistema de bosque ACT-OSRC-197-2023. El camino aparece en los planos como servidumbre de paso, sin embargo, este se habría elaborado en área de bosque. Al parecer las obras se realizan en las distintas propiedades mencionadas en el cuadro 1 y tienen en común el acceso por el camino habilitado e indicado en los planos como servidumbre de paso. A partir de las inspecciones de campo con el levantamiento de la información con el uso de un receptor de señal gps marca Garmin modelo GPSmap 64s y el uso de imágenes satelitales del servidor Planet Explorer, se delimitan los cambios observados en la cobertura forestal del sitio ocasionados posiblemente por las obras de construcción y el camino. Esta información se sobrepone con las imágenes disponibles de los años del proyecto Carta del año 2005, Ortofotos 2014-2017, Google Earth diciembre 2021 y Planet Explorer de febrero 2023 ... De este procesamiento de información se obtiene una posible afectación de bosque aproximadamente 13.070,22 metros cuadrados... de igual manera se observa el camino utilizado como servidumbre de paso desprovisto de cobertura…”

 

Obsérvese y valórese la tala de gran cantidad de árboles que ha informado la municipalidad pues ello sustenta aún más la apariencia de buen derecho que hemos argumentado.

 

Y es que si existe duda al respecto de la situación de bosque pedimos que a pesar de ello se aplique el principio de inversión en la carga de la prueba y de ser necesario se pidan aclaraciones al SINAC.

 

Tómese apunte de la normativa de la Ley Forestal incumplida por el cambio uso del suelo y además lo agravante del problema de destrucción de ecosistemas.

 

Por lo anterior, es que se cumple con este requisito apariencia de buen derecho al existir situaciones de hecho, normas y principios del derecho ambiental que amparan la medida solicitada.

 

SEGUNDO.- Peligro en la demora y daño grave: El requisito del periculum in mora debe basarse en los daños que podría sufrir el medio ambiente ponderado por sobre los intereses particulares o de la propia Administración Pública. Para este caso, como hemos señalado supra, estamos ante inminentes daños al recurso agua, bosque, paisaje y a la biodiversidad.

 

En la conferencia de Bergen, sobre Desarrollo Sustentable, se expuso comentando el principio precautorio:

 

“… es preferible estar más o menos acertado, pero a tiempo, dadas las graves consecuencias de una equivocación grande, que estar precisamente acertado, una vez que ya sea tarde..." (Rodrigo Walsh y otros. 2000. "Ambiente, derecho y sustentabilidad" Editorial La Ley. Argentina) El resaltado no es del original.

 

Se ha señalado sobre este requisito por parte de los Tribunales Contenciosos Administrativos: "Ahora bien, es claro que el daño requerido para el amparo cautelar ha de ser efectivo y real, con independencia de si es material, moral o de otro orden. Si bien es cierto no es preciso que sea actual, pues bien puede ser potencial, es decir, a futuro, ciertamente el daño ha de ser concreto y cierto" Resolución número: 250-2010 de 8:00 horas del 29/01/2010, Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI. (el resaltado es nuestro) El peligro en la demora queda visto también lo señalado por la municipalidad sobre EL ALTO POTENCIAL de deslizamiento que existe incluso en este agosto del 2023.

 

TERCERO.- Ponderación de intereses en juego: En este caso es fundamental detener todo el procedimiento aprobatorio hasta que se defina este recurso y el incidente de nulidad de la licencia ambiental, pues lo contrario podría generar MAS daños ambientales de forma continuada a los ecosistemas.

 

Se ha dispuesto judicialmente: "El acto que se impugna participa de las características apuntadas en considerandos anteriores, es decir, se trata de una medida cautelar orientada a proteger un bien jurídico de rango constitucional e internacional, cual es el medio ambiente, debiendo tenerse claro que los parámetros establecidos en el ordenamiento jurídico para la toma de estas medidas son especiales, rescatándose lo dicho antes, en el sentido de que , la toma de acciones por parte del Estado deben estar dirigidas siempre en favor del ambiente, aún y cuando existiere duda de si el disfrute del derecho del particular, que resultaría limitado con la medida, fuere la causa directa de la posible afectación del elemento que se ve comprometido." Resolución número 53-2009 de las 15:20 horas del 30/06/2009, Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IX.

 

Nótese que de existir viviendas terminadas con personas viviendo allí en ese ecosistema boscoso, es un factor que afecta al bosque y su recuperación. Asimismo, es claro que se transgrede el principio de irreductibilidad del bosque.

 

Pedimos ver y valorar la nueva prueba que se complementa en todo lo que hemos señalado y evidencia la necesidad de ordenar suspender la obra YA.

 

SOBRE LA APERTURA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

 

Respecto a la apertura de procedimientos administrativos sancionatorios, pedimos que se nos tengan como partes denunciantes calificados y nos notifiquen lo pertinente.

 

La Sala Constitucional ha señalado sobre los denunciantes calificados:

 

"El denunciante cualificado puede ser titular de un interés legítimo o de un derecho subjetivo de modo que, de acuerdo con la más moderna doctrina del Derecho administrativo, debe reputársele, para todo efecto, como parte interesada en el procedimiento administrativo respectivo. Ese denunciante cualificado, al tener la condición de parte interesada, le asisten todos los derechos de tal y, específicamente, los derechos al debido proceso y la defensa, de modo que debe contar con la posibilidad efectiva de presentar alegatos, ofrecer prueba, participar en la producción de ésta y de recurrir cualquier resolución de trámite de efectos propios o final que se dicte. Negarle al denunciante cualificado la condición de parte y, por consiguiente, la posibilidad de ejercer el debido proceso y la defensa vulnera flagrantemente el Derecho de la  NO 2015002787)

 

Todo lo anterior, pues existe una clara obligación de cumplir con las normas y los procedimientos, pero en los informes existe información ya desmentidas por el SINAC que no se sustenta dentro de la ciencia y la técnica, yendo todo ello contra lo que establecen las normas reglamentarias sobre los deberes de los consultores. El REGLAMENTO GENERAL SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, señala que existen responsabilidades para los consultores ambientales que han incumplido deberes a partir de la norma 76, 83 102 siguientes y concordantes, que rogamos aplicar. Pedimos que se apliquen las sanciones de desinscripción a los consultores por las situaciones previstas en la norma 100 incisos 1 y 2. Finalmente, pedimos la ejecución de la garantía ambiental con fundamento en el numeral 92 del reglamento citado”.

Atinente a lo anterior, tal órgano determinó en resolución nro. 186-2024-SETENA de las 10:45 horas de 7 de febrero de 2024:

“PROYECTO RESIDENCIAS LATI

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº D1-0092-2022-SETENA

Conoce la Comisión Plenaria de esta Secretaría el informe técnico INF-TEC-DT-ASA-0042-

2024, de fecha 25 de enero del 2024 sobre el proyecto: Residencias Lati, expediente: D10092-2022-SETENA

(…)

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que de conformidad con el artículo 282 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) Nº 6227, y con base en la documentación aportada al expediente, se tiene legitimado a Sivan Cibulski, documento de identificación 32662221, apoderado legal Flor Rivas León, cédula de identidad 1-1324-0905, como representante legal de la Sociedad Magna Pacific Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica3-102-80886, para actuar dentro del expediente.

 

SEGUNDO: Que el Artículo 16 de la Ley General de Administración Pública N° 6227 establece que:

 

“En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica y conveniencia…”.

 

TERCERO: Que el Artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 estipula:

 

“Las resoluciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberán ser fundadas y razonadas. Serán obligatorias tanto para los particulares, como para los entes y organismos públicos.”

 

CUARTO: El Decreto Ejecutivo Nº 43898-MINAE-S- MOPT-MAG-MEIC, en el Artículo 56, establece:

 

“Las denuncias ambientales que se presenten contra una actividad, obra o proyecto en etapa de Evaluación de Impacto Ambiental o en etapa de seguimiento ambiental deberán gestionarse por los mecanismos digitales oficiales. La SETENA tramitará únicamente aquellas denuncias que sean de su competencia, conforme lo establecido en la resolución de viabilidad ambiental respectiva”

 

Por lo anterior expuesto, se procede a brindar respuesta a la denuncia planteada en contra del proyecto.

 

QUINTO: La denuncia señala los siguientes hechos:

 

Hecho 1. De hecho, al existir bosque, se debieron cuando menos extremar las exigencias ambientales al pedir al desarrollador la más rigurosa valoración de impacto ambiental, pero ello no ocurrió y por esto amerita acoger nuestro pedido de revocatoria de la licencia ambiental.

 

Hecho 2. Y es que incluso se detectó, como lo señalan desde la municipalidad, miles de metros cúbicos de tierra (10.000 mil o más) extraídos de la propiedad, que a la fecha no fueron valorados por SETENA, y eso implica situaciones que definitivamente comprometen el ecosistema, el recurso suelo, la biodiversidad, y por supuesto que la licencia ambiental y por ello pedimos que se revoque la misma por incumplimientos tan serios.

 

Hecho 3. Finalmente, no logramos encontrar en el expediente de SETENA una cesión de la viabilidad ambiental del desarrollador originario, al actual, asunto que también abona en otra irregularidad y así pedimos disponerlo.

 

SEXTO: Las pruebas de descargo presentadas a las denuncias son los siguientes:

 

Hecho 1: Este hecho está orientado a la SETENA, donde le solicitan revocar la licencia ambiental; sin embargo, queremos aclarar que el Desarrollador y nuestra Representada aportaron en el estudio de impacto ambiental, todos los requisitos y estudios necesarios para obtener la viabilidad ambiental adecuada a reglamento, para desarrollar este tipo de proyectos. Además, en la misma prueba que aporta la parte denunciante (Informe SINAC) donde se enlistan las fincas que están en área bosque, no se incluye a la finca del partido de Puntarenas inscrita al folio real 244707-000 -y plano catastro número El informe ACTOSRC-20l -2023, que la parte denunciante refiere entre las nuevas pruebas, indica que la localización exacta del inmueble objeto del estudio es la siguiente: El sito se localiza en el distrito de Lepanto, del cantón central de provincia de Puntarenas, específicamente en el caserío Hermosa del distrito de Cóbano del cantón central de la provincia de Puntarenas, que podría comprender las fincas: 6-244707-000, 6-244715-000, 6- 244720-000, 6-244718000, 6-244709-000, 6-244708-000, 6-149464-000, 6-45156-000, 6- 151812-000, o sea, el informe involucra un total de nueve fincas, señal inequívoca, de que el estudio y posterior informe, no está centrado a determinar únicamente las condiciones del Proyecto Residencia Lati, tal y como lo quiere hacer creer la parte denunciante. Sumado a lo anterior, debemos mencionar que en el informe ACT-OSRPL-197-2023, que la introducción indica: El presente documento contiene la evidencia literal geoespacial y de campo recabada con el objetivo de determinar si el sitio muestreado en caserío Hermosa del distrito de Cóbano del cantón central de la provincia de Puntarenas, entre las coordenadas 369678 - 1068900 y 369953 - 1068700, sistema de proyección CRTM05, que comprende las fincas 6-244715-000, 6244720-000, 6-244718-000, 6-244709-000 y 6-244708-000, dejando sin mención a la finca 6-244707-000.

(…)

Hecho 2: La afirmación de que el proyecto realizó movimientos de tierra por más de diez mil metros cúbicos (10.000m2), es totalmente errada, el proyecto realizó los movimientos de tierra conforme a lo indicado en la solicitud de evaluación ambiental. Parece maliciosa la afirmación de que el Desarrollador movilizó tal cantidad de tierra; porque el proyecto Residencia Lati se ajustó a realizar el movimiento de tierra indicado en la evaluación ambiental aprobada por SETENA. El propio ente municipal de la jurisdicción, mediante informes de inspección de sus propios colaboradores, determinó que no se podía cuantificar la cantidad en m3 de los movimientos de tierra, además los informes señalan que hay otros proyectos colindantes que han realizado movimientos de tierra significativos; sin embargo, omiten una realidad complemente demostrada por ellos mismos y que constan en informes elaborados por técnicos de la propia Municipalidad y el SINAC. Además en la Resolución N° 1257-2023-SETENA, la cual se basa en inspección realizada por profesionales de esa Institución se indica “Se determina que el proyecto Lati no es el único proyecto en construcción ubicado en el sitio, dado que en el sector este existe un proyecto que se encuentra finalizando el movimiento de tierras e instalando medidas de mitigación para evitar el arrastre de material, por lo tanto, este pudo también contribuir a que en el mes de marzo se produjera una afectación a la vía pública. (El subrayado es nuestro).

 (…)

Hecho 3: Respecto a este hecho, debemos aclarar que el Desarrollador y responsable del Proyecto sigue siendo el mismo de la Resolución 551-2022-SETENA, Proyecto Residencia Lati con número de expediente administrativo D1-0092-2022 a nombre de MAGNA PACIFIC S.R.L.

OTRAS CONSIDERACIONES INCLUIDAS EN LA DENUNCIA.

CONSIDERACIÓN 1.-CAMBIO DE USO DEL SUELO A LA HORA DE OTORGARSE LA LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO.

El uso de suelo emitido por el Concejo municipal de Cóbano, mediante el oficio ING-US412-2021 indica que el plano en cuestión, NO se encuentra afectado por ningún plan regulador y el uso de suelo residencial es CONFORME de acuerdo al reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones. Por lo tanto, se emite uso de suelo RESIDENCIAL Y COMERCIAL, con las indicaciones respectivas de superficie mínima, frente mínimo, huella constructiva, altura máxima, alineamientos, prevención vial y retiros; y todos estos son respetados en el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, no se ha realizado un cambio de uso de suelo.

(…)

CONSIDERACIÓN 2- TALA INDISCRIMINADA DOCUMENTADA CON INFORME Y

FOTOGRAFÍAS. El proyecto cuenta con una certificación forestal elaborada el 11 de noviembre del año 2021 (antes de iniciar la construcción) en la cual se certifican varios tipos de cobertura entre ellas 2200 m2 de terreno de uso agropecuario sin bosque en la cual se ubica la mayor huella de infraestructura del proyecto la cual corresponde a las casas de habitación. Ver EXP: D1-0092-2022-SETENA

Respuesta- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL. La afirmación que el Proyecto

Residencia Lati, incurrió en tala no autorizada, es incorrecto porque no se realizó ninguna tala indiscriminada, los árboles que requirieron de corta se encontraban en categorías diamétricas menores a 15 centímetros DAP, o eran especies exóticas que no requieren permiso de corta.

Para realizar corta de árboles que requerían permiso de corta, los permisos fueron tramitados a través de solicitud de permiso de corta en el SINAC, oficina subregional de Cóbano, que otorga el permiso para corta de 1 Guácimo y 1 Chaperno en Terrenos de Uso Agropecuario sin Bosque mediante la resolución ACT-OSRC-010-2023.

Adicionalmente, se realizaron otras acciones que consistieron en la poda de árboles, para lo cual no se requiere ningún permiso de la Administración Forestal del Estado.

(…)

Existe evidencia de tala indiscriminada en los proyectos vecinos, actos que fueron denunciados oportunamente por PLANIFICACIÓN Y Diseño Ambiental en la denuncia interpuesta el 12 de abril del año 2023 ante la SETENA y sobre los cuales aún no se ha tenido respuesta. Sin embargo, es evidente que la parte denunciante pretende minimizar incumplimientos y los impactos generados por otros proyectos de la zona colindantes con Proyectos Residencia Lati, enfocando su arsenal contra el proyecto Residencia Lati.

 

CONSIDERACIÓN 3- EXIGIR MEDIDAS RESTAURATIVAS Y EL PRINCIPIO DE IRREDUCTIBILIDAD DEL BOSQUE.

 

Respuesta- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL. El bosque no se redujo, el mayor impacto de la infraestructura se realizó en terreno de uso agropecuario sin bosque tal y como consta en la certificación forestal emitida el 11 de noviembre del año 2021, y consta en el Expediente SETENA.

 

CONSIDERACIÓN 4 - SE HAN HECHO CAMINOS DE ACCESO DENTRO DEL PROPIO BOSQUE CON DAÑOS AMBIENTALES

Respuesta- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL. La finca donde se ubica el proyecto Residencia Lati cuenta con una servidumbre de acceso debidamente inscrita tal y como consta en la certificación literal de la propiedad. No existen pruebas de que el Desarrollador haya talado el bosque para constituir algún nuevo camino de acceso al Proyecto. Las imágenes satelitales no permiten determinar la existencia o no de cambios en la cobertura, a raíz de la construcción de la servidumbre, porque la misma se encuentra cubierta por la copa de los árboles aledaños.

(…)

CONSIDERACIÓN 5- LA DETERMINACIÓN DE QUE NO EXISTÍA BOSQUE EN EL ÁREA DEL PROYECTO FUE TOTALMENTE FALSA

Respuesta- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL. En los informes realizados por SINAC con número de resolución ACT-OSRC-201-2023 y ACT-OSRPL-197-2023, se determinó la definición de bosque en áreas aledañas que no corresponden directamente con el área del proyecto Residencia Lati. Situación evidente en todos los mapas representados, que determinan un área de influencia inmensamente mayor al área que abarca el proyecto Residencia Lati.

 (…)

El área señalada con la flecha roja, se ubica el proyecto Residencia Lati, por lo que el sector, indicado en las resoluciones de SINAC, y del ente municipal que abarca otros proyectos, vecinos a Residencia Lati.

 

Hay que aclarar que el análisis de cobertura a partir de imágenes satelitales, permite determinar áreas con cobertura forestal, pero no permite distinguir de forma certera, entre distintos tipos de cobertura forestal, especialmente en los casos de imágenes de media o baja resolución. Además, la certificación forestal emitida el 11 de noviembre del año 2021, claramente indica que existe un área donde se desarrolló el proyecto Residencia Lati que correspondía a terreno de pasto con árboles dispersos, de los cuales algunos eran especies exóticas con diámetros mayores a 50 cm a 1.30 m de altura, específicamente individuos de Gmelina arborea Melina. Lo cual demuestra que este sector de la propiedad fue intervenido hace más de 30 años, siendo prueba fidedigna de que la cobertura en el área del proyecto fue intervenida antes de la entrada en vigencia de la ley forestal y la prohibición de cambio de uso del suelo.

CONSIDERACIÓN 6- TALA RASA SIN CRITERIOS, NI VALORACIONES TÉCNICAS, DE UN SITIO QUE TENÍA UNA CLARA COBERTURA BOSCOSA Y VOCACIÓN FORESTAL.

Respuesta- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL. En el proyecto Residencia Lati, nunca se realizó “Tala rasa”. La denuncia, además introduce fotografías como elemento de prueba que induce a error, porque se aportan fotografías del informe de SINAC, mismo que incluye áreas que no corresponden al proyecto Residencia Lati, sino que corresponde a la totalidad del área evaluada por los inspectores de ACT para elaborar su informe y que involucró nueve fincas analizadas para fundamentar el informe elaborado y que se incorpora en la denuncia contra Residencia Lati. Esto nos obliga a advertir que existe error o mala fe, cuando aportan imágenes de proyectos que no tienen relación con Residencia Lati.

La cobertura arbórea que se aporta en las imágenes satelitales, no puede asociarse directamente con cobertura de bosque según la ley forestal, previamente hubo una valoración técnica, que da pie a una certificación forestal donde se clasificaron las coberturas presentes en el proyecto Residencia Lati. Es importante señalar que las fotos de los actos denunciados que muestran tocones en el sitio, no corresponden a áreas del proyecto Residencia Lati, sino que pertenecen a un proyecto colindante identificado como Hermosa Mountain House SRL.

 (…)

CONSIDERACIÓN 7- NUNCA HUBO UN ANÁLISIS DEL VERDADERO ENTORNO, NI DEL IMPACTO AMBIENTAL QUE ABRE PASO A INICIAR ACCIONES CONTRA LOS PROYECTISTAS Y LOS CONSULTORES.

Respuesta- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL De conformidad con el Manual de Instrumentos Técnicos para el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental: Parte II Decreto Ejecutivo No. 32712-MINAE, le Desarrollador a través del consultor ambiental, realizó y presentó el protocolo geológico, biológico, arqueológico, forestal y de ingeniería, y demás documentación solicitada, cumpliendo cabalmente con la legislación sobre evaluación ambiental vigente a la fecha de presentación del expediente, en caso contrario el Proyecto Residencia Lati no habría obtenido la viabilidad ambiental otorgada por SETENA, en la resolución 551-2022-SETENA.

CONSIDERACIÓN 8. TALA IRRACIONAL DEL BOSQUE HECHO POR LOS PROYECTOS UBICADOS EN LAS FINCAS ALEDAÑAS; POR ELLO PEDIMOS LA NULIDAD ABSOLUTA DE LA LICENCIA AMBIENTAL.

Respuesta- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL. la parte denunciante pretende con su con los hechos denunciados, achacar toda la responsabilidad al Proyecto Residencia Lati, que dicho sea de paso, es el único que cuenta con la debida rotulación y seguimiento ambiental del proyecto, no sucede con proyectos vecinos. El Proyecto Residencia Lati obtuvo los permisos de corta emitido por la oficina subregional de Cóbano para el proyecto y no cortó sin el permiso correspondiente ninguna especie que ameritara permiso.

CONSIDERACIÓN 9. INFORME DE LA MUNICIPALIDAD, QUE INDICA QUE MILES DE METROS CÚBICOS DE TIERRA (10 000 MIL O MÁS) FUERON EXTRAÍDOS DE LA PROPIEDAD.

R- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL En el proceso de evaluación ambiental se presentó la Declaración Jurada sobre movimientos de tierra donde se indicó que para el proyecto en cuestión el volumen de tierra para corte correspondía a 2055,74 m3 y para relleno se utiliza un volumen de 455,08 m3. Además, se indica que el Proyecto no requiere demolición, por lo que existirá un volumen irrelevante de escombros movilizándose fuera del proyecto, más allá de los generados en el proceso de construcción. Este volumen es muy inferior a los 10 000 m3 que se mencionan y nunca existió un movimiento de tierra de dicha magnitud, aunque la resolución de la SETENA, incluyó esa cantidad como autorizada.  El material generado según la Declaración Jurada sobre movimientos de tierra, se movilizó al proyecto OB Hermosa Properties Ltda, con cédula jurídica 3-102-778114, Además, es importante destacar que el movimiento de tierra y la salida de material fuera del AP se realizó en noviembre del 2022, y los eventos ocurrieron en marzo del 2023, por lo que para esta fecha no existían acumulaciones de tierra dentro del proyecto que pudieran ser arrastradas por la lluvia.

CONSIDERACIÓN 10. LOS TALUDES NO FUERON AUTORIZADOS EN LA LICENCIA AMBIENTAL, POR LO QUE EL PROYECTO ES TOTALMENTE ILEGAL, DAÑINO AL AMBIENTE Y RIESGOSO PARA LA VIDA DE LAS PERSONAS Y PARA BIENES PÚBLICOS COMO LO SERÍA EL CAMINO QUE ESTÁ DEBAJO DE LO QUE ERA UN GRAN BOSQUE.

Respuesta- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL. Durante el proceso de evaluación ambiental ante SETENA se cumplieron con todos los requisitos y se presenta el estudio de suelos y estabilidad de taludes, realizado por la empresa Perforaciones y consultorías Hidrotécnicas S.A., en septiembre del 2021. En las conclusiones del mismo informe se indica que: “...se concluye que el coeficiente de seguridad más bajo es de: 3.5 en condición pseudo estática lo cual indica que conforme al mínimo permitido conforme al Código de Cimentaciones de Costa Rica (FS >2 sin sismo) el área del proyecto presenta rangos de condición estable como bloque” El Estudio de Suelos parte del proceso de evaluación ambiental ante SETENA, y por lo tanto son parte de la viabilidad ambiental otorgada al proyecto. No es cierta la afirmación de la parte denunciante, que indica que los taludes no fueron considerados en la evaluación

CONSIDERACIÓN 11- RESPECTO A LAS AMENAZAS NATURALES QUE ENFRENTA EL PROYECTO.

Respuesta- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL. En el protocolo integrado de geología presentado ante SETENA como parte del proceso de Evaluación Ambiental, específicamente en el capítulo de datos sobre la condiciones de amenazas y riesgos naturales, el geólogo responsable Marco Araya Oviedo indica: “El Mapa de Amenazas Naturales potenciales de la Hoja Río Arío (CNE, 2002) y el Mapa de Amenazas Naturales Potenciales del cantón de Cóbano (CNE, 2013) indica que el AP no está ubicado en ninguna área de inundación o zona con inestabilidad de laderas”. Esto es respaldado por las observaciones de campo durante las cuales no se observaron evidencias de inestabilidad de taludes o problemas de erosión, confirmado por el estudio de suelos realizado incorporado en la evaluación ambiental.

El proyecto no se desarrolla en la zona de talud sino en zona de terraza, es por esta razón que en el resumen del protocolo correspondiente se hace referencia una pendiente de 5% la cual es la pendiente de la terraza en la cual se desarrolla el proyecto.

El evento que provocó arrastre de material en toda el área, de los proyectos ubicados en la zona, fueron eventos lluviosos que se presentaron en el mes de marzo, durante la época seca, hecho que debe considerarse, como un evento extraordinario que no se podía predecir,

Por lo tanto, no había evidencias en sitio de posibles problemas de inestabilidad de taludes y erosión de taludes según las visitas realizadas por el equipo consultor, y además según las bases de datos oficiales de la Comisión Nacional de Emergencias tampoco existen registros de eventos de esta índole. Los eventos se dieron por eventos extraordinarios de lluvias intensas que están afectando todo el territorio nacional.

CONSIDERACIÓN 12- SOBRE ANOTACIONES Y REPORTES DEL REGENTE AMBIENTAL SOBRE AMENAZAS NATURALES QUE ENFRENTA EL PROYECTO, REPORTADOS EN INFORMES DE REGENCIA Y EN ANOTACIONES EN LA BITÁCORA AMBIENTAL DEL PROYECTO 

Respuesta- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL. El 21 de febrero del 2023 se recomienda intervenir de la forma más anticipada posible el talud frente a calle pública del proyecto Residencia Lati, para garantizar el control de erosión durante la época lluviosa. La recomendada queda reportada y consta en las anotaciones de la Bitácora Ambiental para el Proyecto Residencia Lati. Atendiendo la recomendación, el día 22 de marzo de 2022, se inicia la colocación del geotextil en el talud frente a calle pública del proyecto Residencia Lati, con la finalidad de controlar la erosión del terreno del talud, hecho que mencionó en el Informe de Regencia Ambiental 1. El movimiento de tierra del resto del proyecto había finalizado para octubre de 2022 y la tierra ya había sido compactada.

El proyecto ha aplicado las medidas de mitigación, indicadas en la evaluación ambiental del proyecto, según lo han requerido las circunstancias del proyecto, por lo que todo impacto generado en la construcción del proyecto ha sido gestionada y mitigada de forma adecuada.

(…)

El 19 de enero de 2023, en la visita de regencia de Planificación y Diseño Ambiental DLS, la dirección técnica del proyecto Residencias Lati, alerta sobre movimientos de tierra realizados en propiedades vecinas en época festiva (24 dic- 2 ene). Esos movimientos de tierra no se reportaron en los informes porque no existía afectación directa de la acción sobre el AP. Por la magnitud, se le dio seguimiento visual durante las visitas de regencia y se incluyen en la bitácora del 22 de marzo de 2023.

 (…)

SÉTIMO: Analizada la denuncia, pruebas de descargo, expediente, este departamento determina lo siguiente:

Análisis Hecho 1. De hecho, al existir bosque, se debieron cuando menos extremar las exigencias ambientales al pedir al desarrollador la más rigurosa valoración de impacto ambiental, pero ello no ocurrió y por esto amerita acoger nuestro pedido de revocatoria de la licencia ambiental.

Conclusión: El proyecto Residencias Lati obtuvo la Viabilidad mediante la Resolución No.551-2022-SETENA y como parte de los documentos aclaratorios presentados en el momento, fue aportada una Certificación forestal por parte del ingeniero Pablo Castillo Baldares, Regente Forestal, miembro ordinario del Colegio de Ingenieros Agrónomos número 5696, aclarando lo siguiente, copio textualmente

“1. Según el Mapa de cobertura forestal Fonafifo 2000, el predio se encuentra en un área de cobertura de Bosque.

2.Durante la visita de campo se evidenció que la parte de mayor pendiente del predio corresponde a una regeneración natural joven. Las obras de infraestructura a realizarse, se ubican en áreas sin árboles, a excepción de 4 árboles de la especie conocida como guácimo (guazuma ulmifolia).

3.No se identificaron cuerpos de agua.

4.Se adjunta:

a. Mapa 1. Mapa General Plano 6-2248092-2020sobre Fotografía Aérea Rectificada.

b. Mapa 2. Mapa General Plano 6-2248092-2020 capa Fonafifo 2000.

c. Registro Fotográfico.

Por lo tanto, se certifica que existe un área aproximada de 2200 metros cuadrados del área del proyecto que no corresponde a bosque de acuerdo a la definición de bosque contenida en el artículo 3 de la ley forestal 7575. Así mismo no se evidencia que exista cambio de uso de la tierra posterior al año 2000”.

Por otra parte, en la Resolución de VLA, indicó que, si el proyecto requería la corta de árboles, debía tramitar previamente el permiso en la Oficina subregional local del MINAE/SINAC (art. 27 de la Ley Forestal). Según permiso aportado ACT-OSRC010-2023 el desarrollador solicitó los permisos de corta de árboles, donde se indica también que esta resolución fue elaborada por el funcionario evaluador según el informe de campo y evaluación ACT-OSRC-456-2022.

Es importante mencionar que, en los informes presentados en la denuncia, realizados por SINAC con número de resolución ACT-OSRC-201-2023 y ACTOSRPL-197-2023, no se pueden tomar de referencia debido a que se solicitó lo siguiente:

“1. Si las labores realizadas por el desarrollador bajo el plano P-2248092-2020, número de finca 244707-000, es donde indican que se observa movimientos de tierra, conformación de terrazas y apertura de caminos en área de bosque de conformidad con la determinación de ecosistema de bosque ACT-OSRC-197-2023.

2.Si a partir de las inspecciones de campo con el levantamiento realizado, pueden determinar que los cambios observados en la cobertura forestal corresponden a las construcciones y caminos del proyecto bajo el plano P-2248092-2020, número de finca 244707-000.

El informe técnico ACT-OSRPL-197-2023 del 27 de julio del 2022, Determinación de bosque acorde a la definición de Ley Forestal 7575 de Costa Rica, en la página 3, apartado introducción indica que el estudio comprende a las fincas 6-244715-000, 6-244720-000, 6-244718-000, 6-244709-000 y 6-2447708-000, dejando por fuera la finca donde se desarrolla el expediente D1-0092-2022-SETENA, Residencias Lati, plano P-2248092-2020, número de finca 244707-000, por esta razón precisamos nos indiquen si en esta propiedad hay o no bosque y tala del mismo.”

El Área de Conservación Tempisque, en el oficio SINAC-ACT-OR-DR-1991-2023 con traslado de informe ACT-OSRC-274-2023, en respuesta a la consulta realizada mediante oficios SETENA-DT-ASA-1883-2023 y SETENA-DT-ASA-2140-2023, indican lo siguiente:

“1) Las labores realizadas por el desarrollador bajo el plano P-2248092-2020, número de finca 244707-000, forman parte de la denuncia por cambio de uso del suelo correspondiente a la causa 23-000028-0611-PE.

2)    El informe técnico ACT-OSRPL-197-2023 deja por fuera la finca donde se desarrolla el expediente D1-0092-2022- SETENA, Residencias Lati, plano P2248092-2020, número de finca 244707-000, considerando que al momento de la elaboración de la pericia de bosque, la cobertura prexistente en el sitio indicado había sido alterada y removida parcialmente, por tanto, no era viable utilizar esa área como testigo para el estudio.

3)    El código Procesal Penal dispone en su artículo 295, Privacidad de las actuaciones: “El procedimiento preparatorio no será público para terceros. Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes. Los abogados que invoquen un interés legítimo serán informados por el Ministerio Público sobre el hecho que se investiga y sobre los imputados o detenidos que existan, con el fin de que decidan si aceptan participar en el caso. Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave.” Al ser un caso en investigación y que se está actuando bajo dirección funcional de la fiscalía de Cóbano este funcionario actúa en apego al código procesal penal en su artículo 295.

Por tanto, se les comunica que los hechos denunciados forman parte de una causa judicial abierta, la cual ha sido atendida por la oficina subregional de Cóbano y no puede ser divulgada”.

Por tanto, los estudios realizados por el SINAC, no pueden ser vinculantes, ya que no incluyen la finca donde se desarrolla el proyecto Residencias Lati con Expediente Administrativo D1-0092-2022-SETENA, como indican que forma parte de una causa judicial abierta, no puede ser divulgada.

Esta Secretaría en base a todos los criterios expuestos determina que se rechaza el hecho denunciado.

Análisis Hecho 2. Y es que incluso se detectó, como lo señalan desde la municipalidad, miles de metros cúbicos de tierra (10.000 mil o más) extraídos de la propiedad, que a la fecha no fueron valorados por SETENA, y eso implica situaciones que definitivamente comprometen el ecosistema, el recurso suelo, la biodiversidad, y por supuesto que la licencia ambiental y por ello pedimos que se revoque la misma por incumplimientos tan serios

Conclusión: Dentro del formulario presentado durante el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, se contempla en el Impacto en Suelo lo siguiente:

¿Su AOP contempla movimientos de tierra?

Sí, se contempla movimientos de tierra con acarreo fuera del AP de volúmenes hasta de 10.000 m3

Indicar las medidas ambientales principales que se aplicarían para prevenir, mitigar, corregir o compensar el impacto ambiental que se generaría. Debe indicar si las medidas ambientales serán aplicadas durante la construcción o bien, durante la operación de la AOP:

Se realizará el movimiento de tierra de 2055,74 m3 y un relleno de 455,08 m3, este movimiento se hará de forma adecuada, y el material que salga del AOP se gestionará con una gestión autorizado el cual dispondrá de la material de forma adecuada. Además, se tomarán las medidas de salud y (sic) higiene en el equipo que saque el material del AOP.

Esta Secretaría en base al criterio expuesto determina que se rechaza el hecho denunciado.

Análisis Hecho 3. Finalmente, no logramos encontrar en el expediente de SETENA una cesión de la viabilidad ambiental del desarrollador originario, al actual, asunto que también abona en otra irregularidad y así pedimos disponerlo.

Conclusión: El desarrollador actual es la Sociedad MAGNA PACIFIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cédula jurídica 3-102-808861, mismo que solicitó y se le concedió la VLA en la Resolución Nº 551-2022-SETENA.

Esta Secretaría en base al criterio expuesto determina que se rechaza el hecho denunciado.

OCTAVO: Que el artículo 51 del Decreto Ejecutivo N° 43898, indica que la SETENA deberá programar y ejecutar inspecciones ambientales de seguimiento ambiental y control a las actividades, obras o proyectos, de forma aleatoria o bien cuando las implicaciones ambientales de la actividad, obra o proyecto, así lo requieran. En el desarrollo de las inspecciones los funcionarios de la SETENA fiscalizarán el que se esté dando un fiel cumplimiento de los compromisos ambientales suscritos y derivados del Cuadro Gestión Ambiental, el Código de Buenas Prácticas Ambientales.

POR TANTO

LA COMISION PLENARIA RESUELVE

En sesión Ordinaria Nº 011 de esta Secretaría, realizada el 07 de febrero de 2024, en el Artículo Nº. 016 acuerda:

PRIMERO: Rechazar en forma total, la denuncia presentadas ante la SETENA el día 18 de agosto de 2023, mediante le consecutivo 08203-2023, el señor Álvaro Sagot Rodríguez apoderado de la señora [Nombre 001], contra el proyecto Residencias Lati con expediente D1-0092-2022-SETENA. 

SEGUNDO: Notificar a la municipalidad de Cóbano para que verifique los permisos de construcción y proceda según sus competencias. 

TERCERO: Notificar al Área de Conservación Tempisque para el debido seguimiento, según sus competencias. 

CUARTO: Contra esta Resolución cabe interponer dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación, los recursos ordinarios de revocatoria ante la SETENA, y el de apelación ante el Ministro de Ambiente y Energía, de conformidad con los artículos 342 y siguientes de la Ley General de Administración Pública y 87 de la Ley Orgánica del Ambiente.

QUINTO: Toda documentación que sea presentada ante la SETENA deberá indicar claramente el número de expediente, el número de resolución y el nombre completo del proyecto, así como un correo electrónico para atender futuras notificaciones o ratificar el que consta en el expediente administrativo.

SEXTO: Los documentos originales firmados digitalmente (Firma Digital) estarán a disposición del interesado en la dirección web http://www.setena.go.cr, donde debe ser verificado por cualquier interesado e instancia pública o privada. 

SÉTIMO: El resultado de la discusión y análisis del caso de marras es: 6 a favor, 0 en contra y 1 ausente, el detalle de la información de dicha votación puede ser consultada en el acta correspondiente, la cual se encuentra en custodia de esta Secretaría y es de acceso público”.

Desde este panorama, en los términos desarrollados en el escrito de interposición, la parte accionante únicamente reprocha acciones y omisiones a la Setena. De ahí que concurro con el voto de la mayoría, toda vez que la referida denuncia fue resuelta por tal dependencia durante la tramitación del sub iudice. Asimismo, en tesis de principio, no corresponde a la Sala revisar si la licencia emitida cumple o no la legislación ambiental, ni tampoco si esta fue indebidamente otorgada o se presentaron irregularidadmente, si la parte accionante pretende cuestionar tal autorización, o bien, el fondo de lo resuelto por Setena en la gestión, podrá someter a contradictorio su posición en las vías comunes y evacuar la prueba que estime pertinente. Finalmente, en el recurso de amparo no se atribuyeron hechos u omisiones al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, por lo que prima facie es innecesario un análisis de constitucionalidad sobre esto.

VCG04/2024

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Tipo de contenido: Voto salvado

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 049- Jurisdicción Contencioso Administrativa

Subtemas:

NO APLICA.

X.- VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO Y LARA GAMBOA, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO. Con el debido respeto, disentimos del voto de mayoría que declara con lugar el recurso, con base en las siguientes razones:

La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio de los suscritos que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimamos que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

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Tipo de contenido: Voto salvado

Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 052- Cese de acto impugnado con ocasión a la presentación del amparo. Desistimiento y satisfacción extra procesal

Subtemas:

NO APLICA.

XI.- Voto salvado de la magistrada Garro Vargas respecto a la partees durante su tramitación. Justa dispositiva de esta sentencia. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.

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Texto de la resolución

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Exp: 23-030389-0007-CO

Res. Nº 2024010062

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diecinueve de abril de dos mil veinticuatro .

 Recurso de amparo que se tramita en expediente número 23-030389-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], mayor, cédula de identidad [Valor 001], contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y la Dirección Regional del Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, ambos del Ministerio de Ambiente y Energía.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:08 horas del 07 de diciembre de 2023, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental -SETENA- del Ministerio de Ambiente y Energía -MINAE- y expresa que, desde el 18 de agosto de 2023, planteó una denuncia ambiental ante la autoridad recurrida, misma que se tramita en el expediente No. D1-0092-2022-SETENA, PROYECTO RESIDENCIAS LATI. Detalla que la queja estaba referida a la tala sin permisos de un bosque en Cóbano con el fin de construir varias residencias. Alega que para ello, fue cambiado el uso de suelo en un cerro que era montaña, con lo que, hubo pérdida de la biodiversidad de un corredor biológico y se dieron afectaciones al clima y al paisaje. Esgrime que "los recurridos, para ese cambio de uso del suelo, ni siquiera establecieron en la licencia ambiental la necesidad de exigir una declaratoria de conveniencia nacional, si es que ello fuera procedente, como lo exige la normativa ambiental en la Ley Forestal vinculada por conexidad al ordinal 50 constitucional". Dice que el 18 de agosto se aportó un informe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación en el que se detalló la naturaleza de bosque del sitio intervenido y el cambio evidente y manifiesto del mismo, pero nada de ello importó. Alega que “como se aprecia en nuestro escrito de denuncia, se pidió una medida para que se tuviera que aplicar una suspensión del proyecto y nada se ha hecho. 6- Que los recurridos únicamente nos notificaron el 28 de agosto, por medio del oficio SETENA DT ASA L699-2023 que se le daba traslado a la empresa constructora, pero de ello, hasta hoy en día, han pasado más de dos meses y nada se resuelve, a pesar de que pedimos medidas cautelares. 7- Que a la fecha seguimos esperando que se revoque la licencia ambiental, que adopten medidas de restauración y protección ambiental en el cerro donde se construye y donde se eliminó el bosque". Con base en los alegatos expuestos, estima que con la actuación acusada, fueron lesionados derechos fundamentales. Pide se declare con lugar el recurso.

2.- Mediante resolución de las 10:05 horas del 11 de diciembre de 2023, la Presidencia de la Sala dio curso a este proceso y se le solicitó informe al Secretario General de la SETENA sobre los hechos alegados por la recurrente.

3.- Informa bajo juramento Ulises Álvarez Acosta, en su condición de Secretario General de la SETENA (escrito presentado a las 13:20 horas del 19 de diciembre de 2023) que se procedió a solicitar un informe al Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental, el cual fue rendido mediante oficio SETENA-DT-ASA-2361-2023, encargado del trámite de la denuncia, en el cual se detalla el seguimiento que se le ha dado a la misma y que se trascribe a continuación:

“PRIMERO: El 30 de marzo del 2022, mediante la resolución No. 551-2022-SETENA se otorgó la Viabilidad Ambiental al expediente D1-0092-2022-SETENA, proyecto Residencias Lati, con las siguientes características:

“3 casas de habitación de 1 y 2 niveles que suman 1695 m2 en total, tienen accesos, piscina, áreas verdes y parqueo. Donde se van a utilizar materiales como Concreto, madera, vidrio, estructura metálica, cerámica, entre otros. En la etapa constructiva, primero el movimiento y limpieza de proyecto y después la construcción. Y en la etapa operativa, es la operación de las residencias. La cobertura corresponde a un 33,60% del total del plano y el 66,40% restante se mantendrá como zona verde. Se contempla movimientos de tierra con acarreo fuera del AP de volúmenes hasta 10.000 m3. el movimiento de tierra de 2055,74 m3 y un relleno de 455,08 m3, este movimiento se hará de forma adecuada, y el material que salga del AOP se gestionará con una gestión autorizado el cual dispondrá del material de forma adecuada. Además, se tomarán las medidas de salud e higiene en el equipo que saque el material del AOP. Utilizar un sistema de eficiencia probada como FAFA o tanques mejorados. Respetar los retiros de drenajes con estructuras y linderos de la propiedad. No impermeabilizar el área donde se ubicará el tanque séptico”.

SEGUNDO: El día 20 de abril del 2023, ingresó el consecutivo 04083-2023 referente a denuncia ambiental por parte de la señora [Nombre 001] contra el proyecto de referencia.

TERCERO: El día 26 de abril de 2023, mediante oficio SETENA-DT-ASA-0791-2023 se solicitó al desarrollador del proyecto referirse a la denuncia presentada, en un plazo de 10 días hábiles. Lo anterior en cumplimiento del debido proceso.

CUARTO: El 12 de mayo de 2023, se realizó la visita de campo al área de proyecto por el Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental, según consta en el acta de inspección ASA-ACT-INS-0053-2022, para el seguimiento de la denuncia.

QUINTO: Las fechas 05 de abril del 2023 y 29 de abril del 2023, 09 de mayo del 2023, mediante los números de caso 17713, 17647, 18135 de la plataforma digital, se presentaron las referencias técnicas por parte del señor Daniel Loría Sims, regente ambiental, en respuesta a la denuncia interpuesta en contra del proyecto, según oficio SETENA-DT-ASA-0791-2023, donde se le dio traslado al desarrollador del proyecto.

SEXTO: El 1 de junio de 2023, mediante resolución No. 0830-2023-SETENA se acogió en

forma parcial la denuncia presentada ante la SETENA el día 20 de abril del 2023, por parte

de la denunciante [Nombre 001], contra el proyecto Residencias Lati. Únicamente se acogió parcialmente el hecho denunciando por el arrastre de materiales hacia la vía pública. Esto por cuanto se ha indicado en la visita de inspección que durante las precipitaciones de marzo aún no estaban instaladas las medidas ambientales para mitigar el arrastre de la tierra que aún quedaba en el sitio producto del movimiento de tierras realizado para la construcción de las dos casas de habitación que actualmente se encuentran en obra gris. Si bien los movimientos de tierra habían finalizado e inclusive se exportó dicha tierra hacia una propiedad vecina, lo cierto es que durante las precipitaciones dicho material residual en el área de proyecto llegó a la vía pública; sin embargo, no ha sido el único que aportó dicho material reportado dado que existe otro proyecto con importantes movimientos de tierra, proyecto que colinda con el expediente de referencia y por eso se acoge parcialmente. En todo lo demás se denegó la denuncia. Además, se ordenó al desarrollador mantener las medidas de mitigación y control para el arrastre de sedimentos.

SETIMO: El día 08 de junio del 2023, ingresó el consecutivo 05732-2023 sobre el recurso de revocatoria contra resolución 0830-2023-SETENA, interpuesta por parte del señor Álvaro Sagot Rodríguez apoderado de la señora [Nombre 001].

OCTAVO: El 18 de agosto del 2023, ingresaron los consecutivos 08202 y 08203-2023 referente a un aporte de prueba nueva en referencia a la denuncia ambiental por situaciones irregulares en proyecto, interpuesta por parte del señor Álvaro Sagot Rodríguez apoderado de [Nombre 001].

NOVENO: El 28 de agosto de 2023, mediante oficio SETENA-DT-ASA-1699-2023 se solicitó al desarrollador del proyecto nuevamente referirse a la ampliación de la denuncia  presentada el 18 de agosto del 2023, en un plazo de 10 días hábiles, en cumplimiento del debido proceso.

DÉCIMO: El día 30 de agosto de 2023, mediante resolución No. 1257-2023-SETENA se declaró Sin Lugar el recurso de revocatoria contra la de la resolución 0830-2023- SETENA del 1 de junio del 2023, quedando incólume la misma.

DÉCIMO PRIMERO: El 13 de setiembre del 2023, ingresó el consecutivo 09099-2023 referente a la respuesta de las pruebas de descargo solicitado mediante oficio SETENA-DT-ASA-1699-2023, en el cual se le dio audiencia al desarrollador para referirse a la ampliación de la denuncia.

DÉCIMO SEGUNDO: El día 19 de setiembre de 2023, una vez analizada la respuesta dada por el desarrollador, mediante oficio SETENA-DT-ASA-1883-2023 se solicitó al Área de Conservación Tempisque, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, criterio técnico para proceder con la atención de la denuncia, como prueba para mejor resolver.

DÉCIMO TERCERO: El 9 de noviembre del 2023, mediante oficio SETENA-DT-ASA-2140-2023 se realizó al Área de Conservación Tempisque, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, recordatorio de solicitud de criterio técnico, a efectos de poder resolver la denuncia planteada.

DÉCIMO CUARTO: El 18 de diciembre del 2023, se recibió la respuesta por parte del SINAC, bajo el oficio SINAC-ACT-OR-DR-1991-2023 con traslado de informe ACT-OSRC-274-2023, en respuesta a la consulta realizada mediante los oficios 1883-2023 y SETENA-DT-ASA-2140-2023”.

Conclusión. De acuerdo a los antecedentes expuestos en este oficio, se demuestra que  la SETENA ha realizado los actos necesarios en tiempo y forma para el debido seguimiento de la denuncia interpuesta por la señora [Nombre 001], representada por el señor Álvaro Sagot Rodríguez, y que a la fecha de la notificación del presente recurso de amparo, no se había resuelto en espera de la respuesta por parte de Área de Conservación Tempisque, Sistema Nacional de Áreas de Conservación. En esta instancia se enviaron los oficios SETENA-DT-ASA-1883-2023 del día 19 de setiembre de 2023 y notificado el día 02 de octubre de 2023 y como recordatorio el oficio SETENA-DT-ASA-2140-2023 del día 09 de noviembre de 2023 y notificado el día 10 de noviembre de 2023. Por otro lado, esa Secretaría recibió el día lunes 18 de diciembre de 2023 la respuesta por parte del SINAC, bajo el oficio SINAC-ACT-OR-DR-1991-2023 con traslado de informe ACT-OSRC-274-2023, en respuesta a la consulta realizadas mediante los oficios SETENA-DT-ASA-1883-2023 y SETENA-DT-ASA-2140-2023, por lo que se procederá al análisis de la información emitida por el SINAC, para resolver y dar respuesta de la denuncia interpuesta por la señora [Nombre 001]. La respuesta recibida el día lunes 18 de diciembre del 2023, por parte del Área de Conservación Tempisque es indispensable para proceder con la atención de los alegatos expuestos de la denuncia interpuesta, especialmente los descritos a continuación: 1. Si las labores realizadas por el desarrollador bajo el plano P-2248092-2020, número de finca 244707-000, es donde indican que se observa movimientos de tierra, conformación de terrazas y apertura de caminos en área de bosque de conformidad con la determinación de ecosistema de bosque ACT-OSRC-197-2023. 2. Si a partir de las inspecciones de campo con el levantamiento realizado, pueden determinar que los cambios observados en la cobertura forestal corresponden a las construcciones y caminos del proyecto bajo el plano P-2248092-2020, número de finca 244707-000. Solicita declarar sin lugar el recurso.

4.- Mediante resolución de las 16:55 horas del 26 de febrero de 2024, la Magistrada Instructora amplió el recurso contra el Director de la Oficina Regional del Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

5.- Mediante resolución de las 17:17 horas del 26 de febrero de 2024, como prueba para mejor resolver, la Magistrada Instructora a Ulises Álvarez Acosta, en su condición de Secretario General de la SETENA o quien ocupe ese cargo, que informe a esta Sala lo siguiente: 1) La fecha en que se resolvió la denuncia ambiental presentada por la recurrente. 2) La fecha en que se le notificó a la recurrente lo resuelto.

6.- Informa bajo juramento Nelson Marín Mora, en su condición de Director Regional del Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía (escrito presentado a las 10:26 horas del 05 de marzo de 2024) en los siguientes términos:

“PRIMERO: Se recibió el Oficio SETENA-DT-ASA-1883-2023 el día 02 de octubre de 2023 Mediante el oficio SETENA-DT-ASA-1883-2023, la SETENA indica y solicita lo siguiente:

“El informe ACT-OSRC-201-2023 del 04 de agosto del 2023 indica en el cuadro 1. La información de número de plano y propietarios de las fincas investigadas En la página 7 de este informe indican “que es un caso muy grande y complejo, dado que se trata de una finca madre que recientemente se segregó en varias fincas, por lo que es necesario hacer el montaje de los planos de cada una de las propiedades a fin de definir en cuales fincas se dan cada uno de los hechos evidenciados”.

Como parte de la información citada en el párrafo anterior, al indicar que el informe técnico, se ajusta para los 9 planos del cuadro 1 y al no determinar puntualmente qué corresponde a la propiedad donde se desarrolla el expediente D1-0092-2022-SETENA, Residencias Lati, requerimos y con fundamento en el principio de coordinación interinstitucional solicitamos a SINAC que indique a esta Secretaría lo siguiente:

1. Si las labores realizadas por el desarrollador bajo el plano P-2248092-2020, número de finca 244707-000, es donde indican que se observa movimientos de tierra, conformación de terrazas y apertura de caminos en área de bosque de conformidad con la determinación de ecosistema de bosque ACT-OSRC-197-2023.

2. Si a partir de las inspecciones de campo con el levantamiento realizado, pueden determinar que los cambios observados en la cobertura forestal corresponden a las construcciones y caminos del proyecto bajo el plano P-2248092-2020, número de finca 244707-000.

El informe técnico ACT-OSRPL-197-2023 del 27 de julio del 2022, Determinación de bosque acorde a la definición de Ley Forestal 7575 de Costa Rica, en la página 3, apartado introducción indica que el estudio comprende las fincas 6-244715-000, 6-244720-000, 6- 244718-000, 6-244709-000 y 6-2447708-000, dejando por fuera la finca donde se desarrolla el expediente D1-0092-2022-SETENA, Residencias Lati, plano P-2248092-2020, número de finca 244707-000, por esta razón precisamos nos indiquen si en esta propiedad hay o no bosque y tala del mismo.”.

SEGUNDO: El día 26 de setiembre de 2023, en seguimiento a la causa judicial 23-000028- 0611-PE, donde figura como posible imputado el desarrollador bajo el plano P-2248092- 2020, número de finca 244707-000, se realiza una pericia de la delimitación de las obras y afectación del bosque en cada una de las fincas investigadas en dicha causa.

TERCERO: Entre el 26 de setiembre de 2023 y el 23 de noviembre se termina de analizar la información recabada y se emite el oficio ACT-OSRPL-641-2023 a la Licda. Silvia Solís Dávila, Fiscala Ambiental, Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental. Cabe mencionar que, por necesidad institucional por falta de personal, el funcionario a cargo de la investigación, asume entre otras cosas, a su vez dos recargos de jefaturas en las oficinas subregionales Paquera-Lepanto y Cóbano, lo que condiciona los tiempos de respuesta de atención debido al alto volumen de trabajo de recargo.

CUARTO: El 05 de diciembre de 2023, se emite el oficio ACT-OSRC-274-2023, donde se le da respuesta al Oficio SETENA-DT-ASA-1883-2023 y se indica lo siguiente:

1) Las labores realizadas por el desarrollador bajo el plano P-2248092-2020, número de finca 244707-000, forman parte de la denuncia por cambio de uso del suelo correspondiente a la causa 23-000028-0611-PE.

2) El informe técnico ACT-OSRPL-197-2023 deja por fuera la finca donde se desarrolla el expediente D1-0092-2022-SETENA, Residencias Lati, plano P-2248092-2020, número de finca 244707-000, considerando que, al momento de la elaboración de la pericia de bosque, la cobertura prexistente en el sitio indicado había sido alterada y removida parcialmente, por tanto, no era viable utilizar esa área como testigo para el estudio.

3) El código Procesal Penal dispone en su artículo 295, Privacidad de las actuaciones: “El procedimiento preparatorio no será público para terceros. Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes. Los abogados que invoquen un interés legítimo serán informados por el Ministerio Público sobre el hecho que se investiga y sobre los imputados o detenidos que existan, con el fin de que decidan si aceptan participar en el caso. Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave.” Al ser un caso en investigación y que se está actuando bajo dirección funcional de la fiscalía de Cóbano este funcionario actúa en apego al código procesal penal en su artículo 295.

Por tanto, se les comunica que los hechos denunciados forman parte de una causa judicial abierta, la cual ha sido atendida por la oficina subregional de Cóbano y no puede ser divulgada”.

     7.- Informa bajo juramento Ulises Álvarez Acosta, en su condición de Secretario General de la SETENA (escrito presentado a las 13:47 horas del 21 de marzo de 2024) que la denuncia presentada por la recurrente fue resuelta por resolución No. 0186-2024-SETENA de las 10:45 horas del 07 de febrero de 2024. Según comprobante de notificación, la misma fue notificada a la recurrente el día 7 de febrero de 2024, a las 11:36 horas, al correo electrónico: [email protected], lugar indicado en la denuncia. Solicita declarar sin lugar el recurso.

8.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

 Considerando:

I.- Sobre el conocimiento de este caso por lesión al artículo 41 de la Constitución Política. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-002545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia ambiental que, presuntamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver, la situación concreta planteada en este amparo.

II.- Objeto del recurso. La recurrente alega que el 18 de agosto de 2023 planteó una denuncia ambiental ante la SETENA, la cual se tramita en el expediente No. D1-0092-2022-SETENA, PROYECTO RESIDENCIAS LATI. Detalla que la queja está referida a la tala sin permisos de un bosque en Cóbano con el fin de construir varias residencias. Dice que se pidió una medida para que se tuviera que aplicar una suspensión del proyecto y nada se ha hecho. Únicamente les notificaron el 28 de agosto, por medio del oficio SETENA DT ASA L699-2023, que se le daba traslado a la empresa constructora, pero de ello han pasado más de dos meses y nada se resuelve, a pesar de que se pidieron medidas cautelares. Sigue esperando que se revoque la licencia ambiental, así como que adopten medidas de restauración y protección ambiental en el cerro donde se construye y se eliminó el bosque.

 III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque los recurridos hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

1)                        El 30 de marzo de 2022, mediante la resolución No. 551-2022-SETENA, SETENA otorgó la Viabilidad Ambiental al expediente D1-0092-2022-SETENA, proyecto Residencias Lati (véase primer informe del Secretario General de la SETENA).

2)                        El 20 de abril de 2023, ingresó el consecutivo 04083-2023 referente a denuncia ambiental por parte de la señora [Nombre 001] contra el proyecto de referencia (véase primer informe del Secretario General de la SETENA).

3)                        El 26 de abril de 2023, mediante oficio SETENA-DT-ASA-0791-2023, se solicitó al desarrollador del proyecto referirse a la denuncia presentada en un plazo de 10 días hábiles (véase primer informe del Secretario General de la SETENA).

4)                        El 12 de mayo de 2023, se realizó la visita de campo al área de proyecto por el Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental, según consta en el acta de inspección ASA-ACT-INS-0053-2022, para el seguimiento de la denuncia (véase primer informe del Secretario General de la SETENA).

5)                        En fechas 05 de abril de 2023, 29 de abril de 2023 y 09 de mayo de 2023, mediante los números de caso 17713, 17647, 18135 de la plataforma digital, se presentaron las referencias técnicas por parte del señor Daniel Loría Sims, regente ambiental, en respuesta a la denuncia interpuesta en contra del proyecto, según oficio SETENA-DT-ASA-0791-2023, donde se le dio traslado al desarrollador del proyecto (véase primer informe del Secretario General de la SETENA).

6)                        El 1° de junio de 2023, mediante resolución No. 0830-2023-SETENA, se acogió en forma parcial la denuncia presentada ante la SETENA el 20 de abril de 2023, por parte de la denunciante [Nombre 001], contra el proyecto Residencias Lati. Únicamente se acogió parcialmente el hecho denunciando por el arrastre de materiales hacia la vía pública. En todo lo demás se denegó la denuncia. Además, se ordenó al desarrollador mantener las medidas de mitigación y control para el arrastre de sedimentos (véase primer informe del Secretario General de la SETENA).

7)                        El 08 de junio de 2023, ingresó el consecutivo 05732-2023 sobre el recurso de revocatoria contra resolución la 0830-2023-SETENA, interpuesta por parte del señor Álvaro Sagot Rodríguez, apoderado de la señora [Nombre 001] (véase primer informe del Secretario General de la SETENA).

8)                        El 18 de agosto de 2023, ingresaron los consecutivos 08202 y 08203-2023 referente a un aporte de prueba nueva en referencia a la denuncia ambiental por situaciones irregulares en proyecto, interpuesta por parte del señor Álvaro Sagot Rodríguez, apoderado de [Nombre 001] (véase primer informe del Secretario General de la SETENA).

9)                        El 28 de agosto de 2023, mediante oficio SETENA-DT-ASA-1699-2023, se solicitó al desarrollador del proyecto nuevamente referirse a la ampliación de la denuncia presentada el 18 de agosto de 2023, en un plazo de 10 días hábiles, en cumplimiento del debido proceso (véase primer informe del Secretario General de la SETENA).

10)                   El 30 de agosto de 2023, mediante resolución No. 1257-2023-SETENA, se declaró sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto contra la resolución 0830-2023- SETENA del 1° de junio del 2023, quedando incólume la misma (véase primer informe del Secretario General de la SETENA).

11)                   El 13 de setiembre de 2023, ingresó el consecutivo 09099-2023 referente a la respuesta de las pruebas de descargo solicitado mediante oficio SETENA-DT-ASA-1699-2023, en el cual se le dio audiencia al desarrollador para referirse a la ampliación de la denuncia (véase primer informe del Secretario General de la SETENA).

12)                   El 19 de setiembre de 2023, una vez analizada la respuesta dada por el desarrollador, mediante oficio SETENA-DT-ASA-1883-2023 se solicitó como prueba para mejor resolver al Área de Conservación Tempisque, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, criterio técnico para proceder con la atención de la denuncia (véase primer informe del Secretario General de la SETENA).

13)                   El 02 de octubre de 2023, se recibió en el Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación el oficio SETENA-DT-ASA-1883-2023, donde  SETENA solicita criterio técnico  (véase informe del Director Regional del Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación).

14)                   El 26 de setiembre de 2023, en seguimiento a la causa judicial 23-000028-0611-PE, donde figura como posible imputado el desarrollador bajo el plano P-2248092-2020, número de finca 244707-000, el Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación realiza una pericia de la delimitación de las obras y afectación del bosque en cada una de las fincas investigadas en dicha causa (véase informe del Director Regional del Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación).

15)                   Entre el 26 de setiembre de 2023 y el 23 de noviembre de 2023, el Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación termina de analizar la información recabada y se emite el oficio ACT-OSRPL-641-2023 a la Licda. Silvia Solís Dávila, Fiscala Ambiental, Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental. Cabe mencionar que, por necesidad institucional por falta de personal, el funcionario a cargo de la investigación, asume entre otras cosas, a su vez dos recargos de jefaturas en las oficinas subregionales Paquera-Lepanto y Cóbano, lo que condiciona los tiempos de respuesta de atención debido al alto volumen de trabajo de recargo (véase informe del Director Regional del Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación).

16)                   El 09 de noviembre de 2023, mediante oficio SETENA-DT-ASA-2140-2023 se realizó por parte de la SETENA al Área de Conservación Tempisque, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, recordatorio de solicitud de criterio técnico, a efectos de poder resolver la denuncia planteada (véase primer informe del Secretario General de la SETENA).

17)                   El 05 de diciembre de 2023, se emite el oficio ACT-OSRC-274-2023, donde el Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación da respuesta al oficio SETENA-DT-ASA-1883-2023 (véase informe del Director Regional del Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación).

18)                   El 18 de diciembre de 2023, se recibió la respuesta por parte del SINAC, bajo el oficio SINAC-ACT-OR-DR-1991-2023 con traslado de informe ACT-OSRC-274-2023, en respuesta a la consulta realizada mediante los oficios SETENA-DT-ASA-1883-2023 y SETENA-DT-ASA-2140-2023 (véanse primer informe del Secretario General de la SETENA y prueba documental aportada).

19)                   Por resolución No. 0186-2024-SETENA de las 10:45 horas del 07 de febrero de 2024, la SETENA resolvió la denuncia presentada por la recurrente (véanse segundo informe del Secretario General de la SETENA y prueba documental aportada).

20)                   El 07 de febrero de 2024, a las 11:36 horas, mediante  correo electrónico, se le notificó a la recurrente la resolución No. 0186-2024-SETENA (véanse segundo informe del Secretario General de la SETENA y prueba documental aportada).

IV.- Sobre el principio de justicia pronta y cumplida. La Administración, a la luz del artículo 41 constitucional, tiene la obligación de garantizarle a la ciudadanía el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, sin denegación, lo que implica, en el ámbito de la justicia administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos planteados por los administrados, de tal manera que su resolución sea congruente con los extremos alegados, así como de comunicarles a los interesados lo dispuesto, todo ello dentro de un plazo razonable. En este sentido, el carácter "razonable" de la duración de la actividad administrativa se determina casuísticamente con base en diversos elementos, tales como la complejidad técnica del asunto administrativo, la amplitud de la prueba por evacuar o el grado de afectación a la persona o al ambiente del acto impugnado, de lo cual se infiere que no existe un derecho estricto a la constitucionalización de los plazos, sino más bien un derecho a que se aplique el control de constitucionalidad sobre aquellas actuaciones de la Administración, en las cuales no existan motivos suficientes para justificar el tiempo demorado en la solución de algún tipo de gestión administrativa.

V.- Sobre el caso concreto. En el presente asunto, se colige de los autos que la inconformidad de la recurrente se circunscribe a la demora en resolver por parte de la SETENA la ampliación a la denuncia inicialmente presentada y que tiene relación con el proyecto Residencias Lati tramitado en el expediente D1-0092-2022-SETENA, al cual, mediante la resolución No. 551-2022-SETENA del 30 de marzo de 2022, otorgó viabilidad ambiental. Se comprueba que las características de ese proyecto son las siguientes: “3 casas de habitación de 1 y 2 niveles que suman 1695 m2 en total, tienen accesos, piscina, áreas verdes y parqueo. Donde se van a utilizar materiales como Concreto, madera, vidrio, estructura metálica, cerámica, entre otros. En la etapa constructiva, primero el movimiento y limpieza de proyecto y después la construcción. Y en la etapa operativa, es la operación de las residencias. La cobertura corresponde a un 33,60% del total del plano y el 66,40% restante se mantendrá como zona verde. Se contempla movimientos de tierra con acarreo fuera del AP de volúmenes hasta 10.000 m3. el movimiento de tierra de 2055,74 m3 y un relleno de 455,08 m3, este movimiento se hará de forma adecuada, y el material que salga del AOP se gestionará con una gestión autorizado el cual dispondrá del material de forma adecuada. Además, se tomarán las medidas de salud e higiene en el equipo que saque el material del AOP. Utilizar un sistema de eficiencia probada como FAFA o tanques mejorados. Respetar los retiros de drenajes con estructuras y linderos de la propiedad. No impermeabilizar el área donde se ubicará el tanque séptico”.

          Se constata que, primeramente, el 20 de abril de 2023 ingresó a la SETENA el consecutivo 04083-2023 referente a denuncia ambiental por parte de la señora [Nombre 001] contra el proyecto antes descrito. En atención a esa gestión, el 26 de abril de 2023, mediante oficio SETENA-DT-ASA-0791-2023, se solicitó al desarrollador del proyecto referirse a la denuncia presentada en un plazo de 10 días hábiles. Además, el 12 de mayo se realizó la visita de campo al área de proyecto por el Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental, según consta en el acta de inspección ASA-ACT-INS-0053-2022, para el seguimiento de la denuncia. Asimismo, en fechas 05 de abril de 2023, 29 de abril de 2023 y 09 de mayo de 2023, mediante los números de caso 17713, 17647, 18135 de la plataforma digital, se presentaron las referencias técnicas por parte del señor Daniel Loría Sims, regente ambiental, en respuesta a la denuncia interpuesta en contra del proyecto, según oficio SETENA-DT-ASA-0791-2023, donde se le dio traslado al desarrollador del proyecto. De ahí que el 1° de junio de 2023, mediante resolución No. 0830-2023-SETENA, se acogió en forma parcial la citada denuncia. Únicamente se acogió parcialmente el hecho denunciando por el arrastre de materiales hacia la vía pública. Ello con el siguiente sustento: “se ha indicado en la visita de inspección que durante las precipitaciones de marzo aún no estaban instaladas las medidas ambientales para mitigar el arrastre de la tierra que aún quedaba en el sitio producto del movimiento de tierras realizado para la construcción de las dos casas de habitación que actualmente se encuentran en obra gris. Si bien los movimientos de tierra habían finalizado e inclusive se exportó dicha tierra hacia una propiedad vecina, lo cierto es que durante las precipitaciones dicho material residual en el área de proyecto llegó a la vía pública; sin embargo, no ha sido el único que aportó dicho material reportado dado que existe otro proyecto con importantes movimientos de tierra, proyecto que colinda con el expediente de referencia y por eso se acoge parcialmente”. En todo lo demás se denegó la denuncia. Además, se ordenó al desarrollador mantener las medidas de mitigación y control para el arrastre de sedimentos. Se comprueba que el 08 de junio de 2023 ingresó recurso de revocatoria contra la anterior resolución interpuesto por parte del señor Álvaro Sagot Rodríguez, apoderado de la recurrente. Objeción que el 30 de agosto de 2023, mediante resolución No. 1257-2023-SETENA, se declaró sin lugar.

         En lo que tiene relación con lo planteado en este amparo, se acredita que el 18 de agosto de 2023 ingresaron a la SETENA los consecutivos 08202 y 08203-2023 referente a un aporte de prueba nueva en referencia a la denuncia ambiental por situaciones irregulares en  el citado proyecto, interpuestos por parte del señor Álvaro Sagot Rodríguez, apoderado de la recurrente. Por ello, el 28 de agosto, mediante oficio SETENA-DT-ASA-1699-2023, se solicitó al desarrollador del proyecto referirse a la ampliación de la denuncia en un plazo de 10 días hábiles, en cumplimiento del debido proceso. Se tiene que el 13 de setiembre se recibió la respuesta correspondiente. Aunque el 19 de setiembre, una vez analizada esa respuesta dada por el desarrollador, mediante oficio SETENA-DT-ASA-1883-2023 se solicitó como prueba para mejor resolver al Área de Conservación Tempisque, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, criterio técnico para proceder con la atención de la denuncia. Esa misiva la recibió dicha Área el 02 de octubre, donde  SETENA señala y solicita lo siguiente: “El informe ACT-OSRC-201-2023 del 04 de agosto del 2023 indica en el cuadro 1. La información de número de plano y propietarios de las fincas investigadas En la página 7 de este informe indican “que es un caso muy grande y complejo, dado que se trata de una finca madre que recientemente se segregó en varias fincas, por lo que es necesario hacer el montaje de los planos de cada una de las propiedades a fin de definir en cuales fincas se dan cada uno de los hechos evidenciados”. Como parte de la información citada en el párrafo anterior, al indicar que el informe técnico, se ajusta para los 9 planos del cuadro 1 y al no determinar puntualmente qué corresponde a la propiedad donde se desarrolla el expediente D1-0092-2022-SETENA, Residencias Lati, requerimos y con fundamento en el principio de coordinación interinstitucional solicitamos a SINAC que indique a esta Secretaría lo siguiente: 1. Si las labores realizadas por el desarrollador bajo el plano P-2248092-2020, número de finca 244707-000, es donde indican que se observa movimientos de tierra, conformación de terrazas y apertura de caminos en área de bosque de conformidad con la determinación de ecosistema de bosque ACT-OSRC-197-2023. 2. Si a partir de las inspecciones de campo con el levantamiento realizado, pueden determinar que los cambios observados en la cobertura forestal corresponden a las construcciones y caminos del proyecto bajo el plano P-2248092-2020, número de finca 244707-000. El informe técnico ACT-OSRPL-197-2023 del 27 de julio del 2022, Determinación de bosque acorde a la definición de Ley Forestal 7575 de Costa Rica, en la página 3, apartado introducción indica que el estudio comprende las fincas 6-244715-000, 6-244720-000, 6- 244718-000, 6-244709-000 y 6-2447708-000, dejando por fuera la finca donde se desarrolla el expediente D1-0092-2022-SETENA, Residencias Lati, plano P-2248092-2020, número de finca 244707-000, por esta razón precisamos nos indiquen si en esta propiedad hay o no bosque y tala del mismo”. Se informa que el 26 de setiembre de 2023, en seguimiento a la causa judicial 23-000028-0611-PE, donde figura como posible imputado el desarrollador bajo el plano P-2248092-2020, número de finca 244707-000, el Área de Conservación Tempisque realiza una pericia de la delimitación de las obras y afectación del bosque en cada una de las fincas investigadas en dicha causa. Además, entre el 26 de setiembre de 2023 y el 23 de noviembre de 2023, termina de analizar la información recabada y se emite el oficio ACT-OSRPL-641-2023 a la Licda. Silvia Solís Dávila, Fiscala Ambiental, Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental. No obstante, el 05 de diciembre de 2023, se emite el oficio ACT-OSRC-274-2023, donde el Área de Conservación Tempisque da respuesta al oficio SETENA-DT-ASA-1883-2023 y se indica lo siguiente: 1) Las labores realizadas por el desarrollador bajo el plano P-2248092-2020, número de finca 244707-000, forman parte de la denuncia por cambio de uso del suelo correspondiente a la causa 23-000028-0611-PE. 2) El informe técnico ACT-OSRPL-197-2023 deja por fuera la finca donde se desarrolla el expediente D1-0092-2022-SETENA, Residencias Lati, plano P-2248092-2020, número de finca 244707-000, considerando que, al momento de la elaboración de la pericia de bosque, la cobertura prexistente en el sitio indicado había sido alterada y removida parcialmente, por tanto, no era viable utilizar esa área como testigo para el estudio. 3) El código Procesal Penal dispone en su artículo 295, Privacidad de las actuaciones: “El procedimiento preparatorio no será público para terceros. Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes. Los abogados que invoquen un interés legítimo serán informados por el Ministerio Público sobre el hecho que se investiga y sobre los imputados o detenidos que existan, con el fin de que decidan si aceptan participar en el caso. Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave.” Al ser un caso en investigación y que se está actuando bajo dirección funcional de la fiscalía de Cóbano este funcionario actúa en apego al código procesal penal en su artículo 295. Por tanto, se les comunica que los hechos denunciados forman parte de una causa judicial abierta, la cual ha sido atendida por la oficina subregional de Cóbano y no puede ser divulgada”. Esa respuesta la recibió la SETENA el 18 de diciembre de 2023. De ahí que, finalmente, por resolución No. 0186-2024-SETENA de las 10:45 horas del 07 de febrero de 2024, resolvió la denuncia presentada por la recurrente en el siguiente sentido: “PRIMERO: Rechazar en forma total, la denuncia presentadas ante la SETENA el día 18 de agosto de 2023, mediante le consecutivo 08203-2023, el señor Álvaro Sagot Rodríguez apoderado de la señora [Nombre 001], contra el proyecto Residencias Lati con expediente D1-0092-2022-SETENA”. Pronunciamiento que le fue notificado a la recurrente ese mismo día.

De la anterior reseña se comprueba que ambas autoridades recurridas incurrieron en demora en tramitar y atender lo que correspondía a cada una en atención a la ampliación de la denuncia presentada por el apoderado de la recurrente. Si bien la SETENA, inicialmente, fue diligente en su tramitación e incluso solicitó con prontitud criterio técnico a quien estimó correspondía, se retrasó en el dictado de la resolución de fondo. Nótese que se acredita que recibió el referido criterio técnico el 18 de diciembre de 2023, pero emite la resolución No. 0186-2024-SETENA, que rechaza esa ampliación de denuncia, hasta el 07 de febrero pasado. En cuanto al Área de Conservación Tempisque se constata que recibió la solicitud de criterio técnico el 02 de octubre de 2023, pero lo emite más de dos meses después, concretamente el 05 de diciembre. En ese sentido, se reconoce que, por necesidad institucional por falta de personal, el funcionario a cargo de la investigación, asume entre otras cosas, a su vez dos recargos de jefaturas en las oficinas subregionales Paquera-Lepanto y Cóbano, lo que condiciona los tiempos de respuesta de atención debido al alto volumen de trabajo de recargo. Situación que es entendible, pero no puede ser un justificante en la demora de atender lo solicitado por la SETENA y que incidió en el retraso en resolver lo planteado, pues se estaba a la espera del criterio requerido. Ante el escenario descrito, no hay duda que se ha producido la infracción del derecho a una justicia administrativa pronta en perjuicio de la recurrente, pues se constata que no se ha sido diligente en el trámite de la gestión presentada. Esa demora, ha implicado una denegación de justicia administrativa, por lo que se recuerda a la parte recurrida la obligación de la Administración de actuar según los principios de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad. De ahí la procedencia del reclamo. Sin embargo, en vista de que, con ocasión a la intervención de esta Sala, se resolvió la ampliación de la denuncia y se notificó lo resuelto a la administrada, lo procedente es estimar el recurso, según se dirá a continuación.

VI.- Conclusión. De tal forma, al acreditarse la infracción constitucional en los términos dichos, el recurso debe ser declarado con lugar contra ambas autoridades recurridas aunque sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues ya se resolvió la ampliación de la denuncia presentada por el apoderado de la recurrente.

VII.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VIII.- Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia No. 2008-002545 de las 08:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

IX.- NOTA DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO. En el sub examine, la parte recurrente menciona que el 18 de agosto de 2023 planteó una denuncia ante la Setena, que se tramita en el expediente nro. D1-0092-2022-SETENA, PROYECTO RESIDENCIAS LATI. Detalla que la queja está referida a la tala sin permisos de un bosque en Cóbano con el fin de construir varias residencias. Reclama que tal gestión no ha sido resuelta ni se ha anulado y que Setena no ha protegido los bosques nacionales, lo que lesiona los numerales 50 y 89 constitucionales. Considera que se debe anular la licencia ambiental emitida.

Al respecto, la gestión formulada por la persona amparada el 18 de agosto de 2023 señala:

“PRIMERO: De hecho al existir bosque, se debieron cuando menos extremar las exigencias ambientales al pedir al desarrollador la más rigurosa valoración de impacto ambiental, pero ello no ocurrió y por esto amerita acoger nuestro pedido de revocatoria de la licencia ambiental.

En la resolución de la Comisión Plenaria No. 0830-2023-SETENA, se resolvió la anterior denuncia se señaló que todo se hizo a derecho, que no hacía falta hacer una inspección de previo al otorgamiento de la licencia, aunque la LOA lo obligaba, que no hubo efectos negativos ambientales en los ecosistemas, que no era materia de SETENA el valorar el sitio del proyecto para considerar si existía o no un bosque etc.

Pero ahora, mediante la documentación que aportamos cobra sentido todo lo que expusimos y pedimos se tomen las medidas restaurativas y se aplique incluso el principio de irreductibilidad del bosque, en uso del principio de inversión en la carga de la prueba, puesto que la finca 6-244707-000, plano catastrado P-2248092-2020 está señalada en la denuncia como parte de lo que es bosque en el cuadro 1 del documento denominado como Informe de inspección sobre posible tala de bosque y cambios de uso en Hermosa de Cóbano. Y es un bosque donde incluso se han hecho caminos de acceso dentro del propio bosque y esto ha contribuido a los daños ambientales que hablamos desde la denuncia inicial.

Es manifiesto que si se hubiese hecho la inspección de rigor que establece la norma de la LOA, se habría detectado lo denunciado y es que esto involucra también a las licencias ambientales que se emitieron para los proyectos ubicados en los alrededores inmediatos que deberán ser analizados por ustedes también para no ser partícipes en daños ambientales.

La determinación de que no existía un bosque en el área del proyecto fue totalmente falsa y la verdad es que nunca existió un decreto de conveniencia nacional, por ello pedimos que se abran los procedimientos administrativos sancionatorios contra los profesionales involucrados y contra los gestores del proyecto. Pedimos que se cancele la licencia ambiental y se ordene hacer una restauración ecosistémica.

El principio de inversión en la carga de la prueba, obliga a tomar acciones inmediatas, suspendiendo la licencia ambiental y así pedimos disponerlo pues sino la propia SETENA sería partícipe de daños ambientales.

Por su parte en la misma línea anterior, recordemos que nuestra Ley de la Biodiversidad incluso señala en el numeral 8 de ese cuerpo normativo, que está vinculado al numeral 50 constitucional por conexidad, que la propiedad privada debe cumplir una función ambiental, pero al parecer en este caso se ha omitido valorar lo pertinente del proyecto y por ello tenemos que se ha dado un cambio de uso del suelo que hace que se deba aplicar el principio de irreductibilidad de los bosques, para que las cosas vuelvan a lo que existía anteriormente mediante los procesos restaurativos respectivos.

En la misma tónica expuesta supra, consideramos que la licencia ambiental se confronta el numeral 49 de la Ley de la Biodiversidad, puesto que han descuidado la biodiversidad al permitirse, sin fiscalización, una tala rasa sin criterios, ni valoraciones técnicas, de un sitio que tenía una clara cobertura boscosa y vocación forestal, tal y como consta en las fotografías aportadas por nosotros inicialmente y por lo señalado en el dictamen de bosque del SINAC que se adjunta.

La norma 17 de la Ley Orgánica del Ambiente y la 92 de la Ley de la Biodiversidad, establecen de manera clara la obligación estatal de hacer evaluaciones de impacto ambiental cuando conlleven impactos ambientales a la biodiversidad y si bien acá si existió una, lo cierto es que la misma no abarcó todas las aristas y por ello hubo situaciones que rozan con la legalidad y generan vicios de nulidad absoluta, pues se cambió el uso del suelo forestal, por el residencial, tal y como hemos venido argumentando y para lo señalado NO mediaron valoraciones de los impactos de la pérdida de ecosistemas en un sitio que hoy en día se sabe que es un bosque y lo peor, es que nunca existió, ni siquiera, una inspección de parte de SETENA, violando con ello el deber normativo previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica del Ambiente, tal y como lo dijimos.

Por lo anterior, tenemos vicios en la licencia que están en el contenido y en el motivo del acto habilitador al faltar elementos esenciales que no se borran con el decirse que se creyó en los informes de los consultores, puesto que acá, como dijimos, estamos ante deberes establecidos por la propia Ley Orgánica del Ambiente de forma expresa. Por otra parte, la misma Ley General de la Administración Pública establece en la norma 132:

"Artículo 132.- l. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarcar todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes interesadas. 2. Deberá ser además, proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, cuando ambos se hallen regulados... "

Y es que al haberse omitido la inspección de rigor, es de decir, la inspección de ley, es manifiesto que NO se abarcaron estudios donde se ponderaran evidentemente todas las situaciones de hecho y derecho y esa falta de valoración integral de obligaciones legales pudieron llevar, a que, por medio de la licencia, se obtuviera ilegalmente a una autorización que cambió el uso del suelo en el área del proyecto.

En la licencia se dijo, a modo de justificación para no realizar la inspección:

"Habiendo revisado la información contenida en el expediente administrativo Dl-00922022-SETENA, y analizado la ubicación del proyecto según informe emitido por el área de Geografía, cumpliendo de esta manera con lo establecido en el Decreto Ejecutivo NO 31849MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y sus modificaciones, el Departamento de Evaluación Ambiental determinó no realizar la inspección de campo. Como elementos adicionales que sustentan esta decisión se tienen: l. La naturaleza del proyecto. 2. La congruencia del proyecto propuesto con el entorno. 3. La significancia de impacto ambiental obtenida en el Documento de Evaluación Ambiental Dl. 4. El contar con un registro fotográfico del área de proyecto. 5. Las conclusiones de los estudios adjuntos al instrumento de evaluación, no determinan indicios particulares que deban ser profundizados y corroborados con la inspección de campo"

Con la información del SINAC que se les aporta ahora, aunado a la no inspección y no revisión de las ortofotos de meses atrás, sobre el bosque existente, es claro que nunca hubo un análisis del verdadero entorno ni de la significancia del impacto ambiental y esto acarrea a la nulidad de la licencia y también abre el paso a iniciar acciones contra los proyectistas y los consultores.

Como hemos señalado, incluso NUNCA se valoró el efecto acumulado de la tala irracional del bosque que han hecho todos los proyectos ubicados en el bosque en las fincas aledañas y por ello pedimos la nulidad absoluta de la licencia ambiental dado que existe vicios en el contenido y el motivo de la licencia ambiental indiscutiblemente.

En el ordinal 14 de la Convención sobre la Diversidad Biológica (Ley No 7416) tenemos que se señala, que las evaluaciones de impacto ambiental deben ser sumamente rigurosas para que únicamente se llegue a tener un impacto ambiental mínimo adverso, pero si se tomó como cierto que no existía un bosque, cuando sí lo existía y lo existe según SINAC, tenemos que la empresa y los consultores deben asumir su responsabilidad que tienen hoy acá y por ello pedimos aplicar la normativa del caso, incluso la convencional, debidamente ratificada.

Sobre los criterios fundamentales para acoger la revocatoria de licencia ambiental y la nulidad por violación al principio de tutela científica, véase por ejemplo los votos 200514293, y 2006-17126, donde la propia Sala Constitucional sigue esta línea:

"De la objetivación, de la tutela ambiental: el cual, tal y como lo señaló este Tribunal en sentencia número 14293-2005, de las catorce horas cincuenta y dos horas del diecinueve de octubre del dos mil cinco, es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [refiriéndose al principio precautorio], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general —tanto legales como reglamentarias—, de donde se deriva la exigencia de la "vinculación a la ciencia y a la técnica con lo cual se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos —tales como los estudios de impacto ambiental—, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente." (El resaltado es nuestro)

Es decir, como lo hemos venido exponiendo, incluso en caso de duda, sobre el mejor proceder, todo se debe inclinar por descartar el proyecto llevado hasta la fecha; dicho de otra manera, es necesario que exista una declaratoria de nulidad absoluta del acto habilitador ambiental, para que se tomen las medidas necesarias, oportunas y restaurativas.

Incluso en voto reciente (2022) de la Sala Constitucional, se ha señalado sobre el principio de objetivación:

"La jurisprudencia de la Sala es reiterada en el sentido de que las potestades legislativas deben estar vinculadas a reglas unívocas de la ciencia o la técnica, principios elementales de justicia, lógica o conveniencia, cuando el objeto de la actividad legislativa son las cuestiones ambientales, dado que el principio de objetivación de la tutela ambiental ha sido aplicado consistentemente por la jurisprudencia Constitucional (sentencias N 2010-000075 de las 15:01 horas del 6 de enero de 2010, 2012-013367; delas 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, 2013-005964 de las 15:05 horas del 30 de abril del 2013 y 2018-007978 de las 12:45 horas del 18 de mayo de 2018.) " Voto No 2022025307 de las trece horas cuarenta minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintidós." (El resaltado es nuestro)

Por lo dicho es manifiesto que el informe presentado por el biólogo confronta la información del SINAC y esa falta de criterio sirvió, para que luego SETENA avalara la cuestionable licencia ambiental, pero todo lo hecho por los consultores está permeado por violaciones a la legalidad, la transparencia, la constitucionalidad y al principio de tutela científica que deben conducir a revocar la licencia y a la apertura de órganos sancionatorios sin lugar a dudas.

Por otro lado también, tengamos muy presente que el ANEXO 3, dentro del REGLAMENTO GENERAL SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL' (EIA) Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC de 24 de mayo del 2004. Publicado en La Gaceta No. 125 de 28 de junio del 2004, que señala:

"AREAS AMBIENTALMENTE FRÁGILES: Las AAE por su naturaleza, se dividen en dos grupos principales: a) aquellas áreas para las cuales el Estado ha definido un régimen especial de uso (marco jurídico y técnico definido); b) los espacios geográficos que muestran limitantes técnicas y ambientales para su uso... 10. Zona marítimo - terrestre. 11. Áreas con cobertura boscosa natural, (El resaltado es nuestro)

Por todo ello pedimos la revocatoria de la licencia ambiental y mientras esto ocurre, rogamos se ordene la suspensión de los efectos de la licencia en aplicación al criterio precautorio, el preventivo y la inversión de la carga de la prueba.

SEGUNDO: Y es que incluso se detectó, como lo señalan desde la municipalidad, miles de metros cúbicos de tierra (10.000 mil o más) extraídos de la propiedad, que a la fecha no fueron valorados por SETENA y esto implica situaciones que definitivamente comprometen el ecosistema, el recurso suelo, la biodiversidad y por supuesto que la licencia ambiental y por ello pedimos que se revoque la misma por incumplimientos tan serios.

Nótese que incluso en la propia denuncia municipal, que es del 8 de agosto de este año, se señala que existe a la fecha un potencial ALTO de nuevos deslizamientos y por ello se solicita la intervención INMEDIATA de SETENA que debería tomar acciones más contundentes puesto que a pesar de la pendiente existente, incluso se construye una piscina que agrega más peso a la colina.

Es importante que esta Autoridad señale que los taludes NO fueron autorizados en la licencia ambiental ni tampoco las otras de mitigación o prevención, por lo que el proyecto es totalmente ilegal, dañino al ambiente y riesgoso para la vida de las personas y para bienes públicos como lo sería el camino que está debajo de lo que era un gran bosque.

TERCERO: Finalmente no logramos encontrar en el expediente de SETENA una cesión de la viabilidad ambiental del desarrollador originario, al actual, asunto que también abona en otra irregularidad y así pedimos disponerlo.

(…)

PRETENSIONES

En consideración de todo lo anterior, solicitamos lo siguiente:

-         Que se realice una investigación por parte de la unidad de auditoría y seguimiento ambiental de la SETENA.

-         Que se ordene la nulidad absoluta por vicios de legalidad en licencia ambiental, donde incluso se debió de valorar mediante más exigencias ambientales y otros instrumentos y metodologías la viabilidad ambiental del proyecto.

-         Que se diga que un proyecto a realizarse en un sitio de bosque debió ser tamizado bajo los estándares de valoración más rigurosos de SETENA pero ello no ocurrió y por tanto amerita acogerse la revocatoria de la licencia ambiental.

-         Que se diga que es claro que por irresponsabilidad de los proyectistas nunca se valoró ambientalmente los miles de metros cúbicos que iban a sacar del proyecto y esto es sumamente irregular.

-         Que se diga que las obras de mitigación y el alto potencial de deslizamientos nunca fue valorado por SETENA.

-         Que se ordene la suspensión de la licencia ambiental, mientras se analiza esta denuncia.

-         Que se diga que las únicas obras que se permitan sean las dedicadas a corregir restaurar y mitigar los impactos ambientales negativos generados.

-         Que se aplique la garantía ambiental del proyecto Lati a la demolición respectiva y que los recursos se dediquen a la reposición del daño causado al ecosistema.   Que se diga que la información de los consultores indujo a error a la SETENA.   Que la denuncia del SINAC deja claro incluso que el camino de acceso al proyecto está en un bosque.

-         Que se abran expedientes administrativos sancionatorios a los consultores ambientales involucrados y a la empresa por haber proporcionado datos, así como informes contradictorios o inexactos, que solo beneficiaron para que el proyecto obtuviera la viabilidad.

-         De lo resuelto pedimos que se informe al Concejo de Distrito de Cóbano para que ellos procedan con la anulación del permiso de construcción.

-         Que se disponga informar al Concejo de Distrito de Cóbano que el proyecto debe suspenderse desde ya como medida precautoria.

-         Que se disponga la demolición de este proyecto.

-         Que se inicien investigaciones y se ordene paralizar todos los proyectos de las fincas aledañas y que luego se ordene la revocatoria de todas las licencias ambientales de esos otros proyectos.

CUESTIONES DE TRAMITE

MEDIDA CAUTELAR: INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL

INICIALMENTE, se debe informar inmediatamente a la Comisión Plenaria de esta nueva prueba, que ahora se aporta, para que resuelva el recurso que se ha interpuesto contra el análisis que se hizo ante la primera denuncia.

Con base a lo señalado y el riesgo ambiental y social expuesto, dejamos presentado un incidente de suspensión, de la licencia ambiental, hasta que se resuelva esta gestión que presentamos dada la peligrosidad y las afectaciones a la biodiversidad que podrían ocurrir de seguirse adelante en un sitio que es de considerado como de alta fragilidad ambiental por existir un bosque.

PRIMERO.- Apariencia de buen derecho: Como hemos argumentado y aportado información tenemos que es claro que estamos ante violaciones al numeral 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, puesto que el proyecto no ha sido valorado con rigurosidad y además constan informes de los consultores que indujeron a error a los funcionarios de SETENA.

La jurisprudencia del Tribunal Contencioso Administrativo ha señalado sobre la aplicación de los principios del derecho ambiental:

"Dentro de este ámbito, este Tribunal es sabedor de la extensa legislación sobre el marco tutelar del ambiente, así como de la relevante jurisprudencia que sobre el tema ha emitido la Sala Constitucional. Por demás, es evidente que en ese contexto, principios como el in dubio pro natura, precautorio, preventivo, quien contamina paga, reparación in natura, entre otros, constituyen herramientas de trascendental relevancia, que deben ser ponderadas por el juzgador en cada caso particular, a efectos de no hacer nugatorio el derecho contenido en el ordinal 50 referido. Pues bien, en el contexto del ambiente, los citados presupuestos deben valorarse acorde al contenido de los principios que impregnan el derecho ambiental, lo contrario, podría llevar a vaciar ese derecho y a permitir, vía omisiva, daños al medio..." Resolución número: 250-2010 de 8:00 horas del 29/01/2010, Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI.

En el Informe de inspección y denuncia sobre tala de bosque y cambios de uso, en Hermosa de Cóbano del SINAC a la Fiscalía, se señala que la finca del proyecto está ubicada en un sitio que es bosque. De hecho, en la denuncia se señala:

"En la inspección realizada el 12 de junio de 2023, se realiza un recorrido hasta los sitios indicados y colindantes con el expediente de SETENA D1-00092- 2022, donde se logra observar múltiples obras de movimientos de tierra, conformación de terrazas y apertura de camino en área de bosque de conformidad con la determinación de ecosistema de bosque ACT-OSRC-197-2023. El camino aparece en los planos como servidumbre de paso, sin embargo, este se habría elaborado en área de bosque. Al parecer las obras se realizan en las distintas propiedades mencionadas en el cuadro 1 y tienen en común el acceso por el camino habilitado e indicado en los planos como servidumbre de paso. A partir de las inspecciones de campo con el levantamiento de la información con el uso de un receptor de señal gps marca Garmin modelo GPSmap 64s y el uso de imágenes satelitales del servidor Planet Explorer, se delimitan los cambios observados en la cobertura forestal del sitio ocasionados posiblemente por las obras de construcción y el camino. Esta información se sobrepone con las imágenes disponibles de los años del proyecto Carta del año 2005, Ortofotos 2014-2017, Google Earth diciembre 2021 y Planet Explorer de febrero 2023 ... De este procesamiento de información se obtiene una posible afectación de bosque aproximadamente 13.070,22 metros cuadrados... de igual manera se observa el camino utilizado como servidumbre de paso desprovisto de cobertura…”

Obsérvese y valórese la tala de gran cantidad de árboles que ha informado la municipalidad pues ello sustenta aún más la apariencia de buen derecho que hemos argumentado.

Y es que si existe duda al respecto de la situación de bosque pedimos que a pesar de ello se aplique el principio de inversión en la carga de la prueba y de ser necesario se pidan aclaraciones al SINAC.

Tómese apunte de la normativa de la Ley Forestal incumplida por el cambio uso del suelo y además lo agravante del problema de destrucción de ecosistemas.

Por lo anterior, es que se cumple con este requisito apariencia de buen derecho al existir situaciones de hecho, normas y principios del derecho ambiental que amparan la medida solicitada.

SEGUNDO.- Peligro en la demora y daño grave: El requisito del periculum in mora debe basarse en los daños que podría sufrir el medio ambiente ponderado por sobre los intereses particulares o de la propia Administración Pública. Para este caso, como hemos señalado supra, estamos ante inminentes daños al recurso agua, bosque, paisaje y a la biodiversidad.

En la conferencia de Bergen, sobre Desarrollo Sustentable, se expuso comentando el principio precautorio:

“… es preferible estar más o menos acertado, pero a tiempo, dadas las graves consecuencias de una equivocación grande, que estar precisamente acertado, una vez que ya sea tarde..." (Rodrigo Walsh y otros. 2000. "Ambiente, derecho y sustentabilidad" Editorial La Ley. Argentina) El resaltado no es del original.

Se ha señalado sobre este requisito por parte de los Tribunales Contenciosos Administrativos: "Ahora bien, es claro que el daño requerido para el amparo cautelar ha de ser efectivo y real, con independencia de si es material, moral o de otro orden. Si bien es cierto no es preciso que sea actual, pues bien puede ser potencial, es decir, a futuro, ciertamente el daño ha de ser concreto y cierto" Resolución número: 250-2010 de 8:00 horas del 29/01/2010, Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI. (el resaltado es nuestro) El peligro en la demora queda visto también lo señalado por la municipalidad sobre EL ALTO POTENCIAL de deslizamiento que existe incluso en este agosto del 2023.

TERCERO.- Ponderación de intereses en juego: En este caso es fundamental detener todo el procedimiento aprobatorio hasta que se defina este recurso y el incidente de nulidad de la licencia ambiental, pues lo contrario podría generar MAS daños ambientales de forma continuada a los ecosistemas.

Se ha dispuesto judicialmente: "El acto que se impugna participa de las características apuntadas en considerandos anteriores, es decir, se trata de una medida cautelar orientada a proteger un bien jurídico de rango constitucional e internacional, cual es el medio ambiente, debiendo tenerse claro que los parámetros establecidos en el ordenamiento jurídico para la toma de estas medidas son especiales, rescatándose lo dicho antes, en el sentido de que , la toma de acciones por parte del Estado deben estar dirigidas siempre en favor del ambiente, aún y cuando existiere duda de si el disfrute del derecho del particular, que resultaría limitado con la medida, fuere la causa directa de la posible afectación del elemento que se ve comprometido." Resolución número 53-2009 de las 15:20 horas del 30/06/2009, Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IX.

Nótese que de existir viviendas terminadas con personas viviendo allí en ese ecosistema boscoso, es un factor que afecta al bosque y su recuperación. Asimismo, es claro que se transgrede el principio de irreductibilidad del bosque.

Pedimos ver y valorar la nueva prueba que se complementa en todo lo que hemos señalado y evidencia la necesidad de ordenar suspender la obra YA.

SOBRE LA APERTURA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

Respecto a la apertura de procedimientos administrativos sancionatorios, pedimos que se nos tengan como partes denunciantes calificados y nos notifiquen lo pertinente.

La Sala Constitucional ha señalado sobre los denunciantes calificados:

"El denunciante cualificado puede ser titular de un interés legítimo o de un derecho subjetivo de modo que, de acuerdo con la más moderna doctrina del Derecho administrativo, debe reputársele, para todo efecto, como parte interesada en el procedimiento administrativo respectivo. Ese denunciante cualificado, al tener la condición de parte interesada, le asisten todos los derechos de tal y, específicamente, los derechos al debido proceso y la defensa, de modo que debe contar con la posibilidad efectiva de presentar alegatos, ofrecer prueba, participar en la producción de ésta y de recurrir cualquier resolución de trámite de efectos propios o final que se dicte. Negarle al denunciante cualificado la condición de parte y, por consiguiente, la posibilidad de ejercer el debido proceso y la defensa vulnera flagrantemente el Derecho de la  NO 2015002787)

Todo lo anterior, pues existe una clara obligación de cumplir con las normas y los procedimientos, pero en los informes existe información ya desmentidas por el SINAC que no se sustenta dentro de la ciencia y la técnica, yendo todo ello contra lo que establecen las normas reglamentarias sobre los deberes de los consultores. El REGLAMENTO GENERAL SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, señala que existen responsabilidades para los consultores ambientales que han incumplido deberes a partir de la norma 76, 83 102 siguientes y concordantes, que rogamos aplicar. Pedimos que se apliquen las sanciones de desinscripción a los consultores por las situaciones previstas en la norma 100 incisos 1 y 2. Finalmente, pedimos la ejecución de la garantía ambiental con fundamento en el numeral 92 del reglamento citado”.

Atinente a lo anterior, tal órgano determinó en resolución nro. 186-2024-SETENA de las 10:45 horas de 7 de febrero de 2024:

“PROYECTO RESIDENCIAS LATI

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº D1-0092-2022-SETENA

Conoce la Comisión Plenaria de esta Secretaría el informe técnico INF-TEC-DT-ASA-0042-

2024, de fecha 25 de enero del 2024 sobre el proyecto: Residencias Lati, expediente: D10092-2022-SETENA

(…)

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que de conformidad con el artículo 282 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) Nº 6227, y con base en la documentación aportada al expediente, se tiene legitimado a Sivan Cibulski, documento de identificación 32662221, apoderado legal Flor Rivas León, cédula de identidad 1-1324-0905, como representante legal de la Sociedad Magna Pacific Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica3-102-80886, para actuar dentro del expediente.

SEGUNDO: Que el Artículo 16 de la Ley General de Administración Pública N° 6227 establece que:

“En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica y conveniencia…”.

TERCERO: Que el Artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 estipula:

“Las resoluciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberán ser fundadas y razonadas. Serán obligatorias tanto para los particulares, como para los entes y organismos públicos.”

CUARTO: El Decreto Ejecutivo Nº 43898-MINAE-S- MOPT-MAG-MEIC, en el Artículo 56, establece:

“Las denuncias ambientales que se presenten contra una actividad, obra o proyecto en etapa de Evaluación de Impacto Ambiental o en etapa de seguimiento ambiental deberán gestionarse por los mecanismos digitales oficiales. La SETENA tramitará únicamente aquellas denuncias que sean de su competencia, conforme lo establecido en la resolución de viabilidad ambiental respectiva”

Por lo anterior expuesto, se procede a brindar respuesta a la denuncia planteada en contra del proyecto.

QUINTO: La denuncia señala los siguientes hechos:

Hecho 1. De hecho, al existir bosque, se debieron cuando menos extremar las exigencias ambientales al pedir al desarrollador la más rigurosa valoración de impacto ambiental, pero ello no ocurrió y por esto amerita acoger nuestro pedido de revocatoria de la licencia ambiental.

Hecho 2. Y es que incluso se detectó, como lo señalan desde la municipalidad, miles de metros cúbicos de tierra (10.000 mil o más) extraídos de la propiedad, que a la fecha no fueron valorados por SETENA, y eso implica situaciones que definitivamente comprometen el ecosistema, el recurso suelo, la biodiversidad, y por supuesto que la licencia ambiental y por ello pedimos que se revoque la misma por incumplimientos tan serios.

Hecho 3. Finalmente, no logramos encontrar en el expediente de SETENA una cesión de la viabilidad ambiental del desarrollador originario, al actual, asunto que también abona en otra irregularidad y así pedimos disponerlo.

SEXTO: Las pruebas de descargo presentadas a las denuncias son los siguientes:

Hecho 1: Este hecho está orientado a la SETENA, donde le solicitan revocar la licencia ambiental; sin embargo, queremos aclarar que el Desarrollador y nuestra Representada aportaron en el estudio de impacto ambiental, todos los requisitos y estudios necesarios para obtener la viabilidad ambiental adecuada a reglamento, para desarrollar este tipo de proyectos. Además, en la misma prueba que aporta la parte denunciante (Informe SINAC) donde se enlistan las fincas que están en área bosque, no se incluye a la finca del partido de Puntarenas inscrita al folio real 244707-000 -y plano catastro número El informe ACTOSRC-20l -2023, que la parte denunciante refiere entre las nuevas pruebas, indica que la localización exacta del inmueble objeto del estudio es la siguiente: El sito se localiza en el distrito de Lepanto, del cantón central de provincia de Puntarenas, específicamente en el caserío Hermosa del distrito de Cóbano del cantón central de la provincia de Puntarenas, que podría comprender las fincas: 6-244707-000, 6-244715-000, 6- 244720-000, 6-244718000, 6-244709-000, 6-244708-000, 6-149464-000, 6-45156-000, 6- 151812-000, o sea, el informe involucra un total de nueve fincas, señal inequívoca, de que el estudio y posterior informe, no está centrado a determinar únicamente las condiciones del Proyecto Residencia Lati, tal y como lo quiere hacer creer la parte denunciante. Sumado a lo anterior, debemos mencionar que en el informe ACT-OSRPL-197-2023, que la introducción indica: El presente documento contiene la evidencia literal geoespacial y de campo recabada con el objetivo de determinar si el sitio muestreado en caserío Hermosa del distrito de Cóbano del cantón central de la provincia de Puntarenas, entre las coordenadas 369678 - 1068900 y 369953 - 1068700, sistema de proyección CRTM05, que comprende las fincas 6-244715-000, 6244720-000, 6-244718-000, 6-244709-000 y 6-244708-000, dejando sin mención a la finca 6-244707-000.

(…)

Hecho 2: La afirmación de que el proyecto realizó movimientos de tierra por más de diez mil metros cúbicos (10.000m2), es totalmente errada, el proyecto realizó los movimientos de tierra conforme a lo indicado en la solicitud de evaluación ambiental. Parece maliciosa la afirmación de que el Desarrollador movilizó tal cantidad de tierra; porque el proyecto Residencia Lati se ajustó a realizar el movimiento de tierra indicado en la evaluación ambiental aprobada por SETENA. El propio ente municipal de la jurisdicción, mediante informes de inspección de sus propios colaboradores, determinó que no se podía cuantificar la cantidad en m3 de los movimientos de tierra, además los informes señalan que hay otros proyectos colindantes que han realizado movimientos de tierra significativos; sin embargo, omiten una realidad complemente demostrada por ellos mismos y que constan en informes elaborados por técnicos de la propia Municipalidad y el SINAC. Además en la Resolución N° 1257-2023-SETENA, la cual se basa en inspección realizada por profesionales de esa Institución se indica “Se determina que el proyecto Lati no es el único proyecto en construcción ubicado en el sitio, dado que en el sector este existe un proyecto que se encuentra finalizando el movimiento de tierras e instalando medidas de mitigación para evitar el arrastre de material, por lo tanto, este pudo también contribuir a que en el mes de marzo se produjera una afectación a la vía pública. (El subrayado es nuestro).

 (…)

Hecho 3: Respecto a este hecho, debemos aclarar que el Desarrollador y responsable del Proyecto sigue siendo el mismo de la Resolución 551-2022-SETENA, Proyecto Residencia Lati con número de expediente administrativo D1-0092-2022 a nombre de MAGNA PACIFIC S.R.L.

OTRAS CONSIDERACIONES INCLUIDAS EN LA DENUNCIA. 

CONSIDERACIÓN 1.-CAMBIO DE USO DEL SUELO A LA HORA DE OTORGARSE LA LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO.

El uso de suelo emitido por el Concejo municipal de Cóbano, mediante el oficio ING-US412-2021 indica que el plano en cuestión, NO se encuentra afectado por ningún plan regulador y el uso de suelo residencial es CONFORME de acuerdo al reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones. Por lo tanto, se emite uso de suelo RESIDENCIAL Y COMERCIAL, con las indicaciones respectivas de superficie mínima, frente mínimo, huella constructiva, altura máxima, alineamientos, prevención vial y retiros; y todos estos son respetados en el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, no se ha realizado un cambio de uso de suelo.

(…)

CONSIDERACIÓN 2- TALA INDISCRIMINADA DOCUMENTADA CON INFORME Y

FOTOGRAFÍAS. El proyecto cuenta con una certificación forestal elaborada el 11 de noviembre del año 2021 (antes de iniciar la construcción) en la cual se certifican varios tipos de cobertura entre ellas 2200 m2 de terreno de uso agropecuario sin bosque en la cual se ubica la mayor huella de infraestructura del proyecto la cual corresponde a las casas de habitación. Ver EXP: D1-0092-2022-SETENA 

Respuesta- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL. La afirmación que el Proyecto 

Residencia Lati, incurrió en tala no autorizada, es incorrecto porque no se realizó ninguna tala indiscriminada, los árboles que requirieron de corta se encontraban en categorías diamétricas menores a 15 centímetros DAP, o eran especies exóticas que no requieren permiso de corta.

Para realizar corta de árboles que requerían permiso de corta, los permisos fueron tramitados a través de solicitud de permiso de corta en el SINAC, oficina subregional de Cóbano, que otorga el permiso para corta de 1 Guácimo y 1 Chaperno en Terrenos de Uso Agropecuario sin Bosque mediante la resolución ACT-OSRC-010-2023.

Adicionalmente, se realizaron otras acciones que consistieron en la poda de árboles, para lo cual no se requiere ningún permiso de la Administración Forestal del Estado.

(…)

Existe evidencia de tala indiscriminada en los proyectos vecinos, actos que fueron denunciados oportunamente por PLANIFICACIÓN Y Diseño Ambiental en la denuncia interpuesta el 12 de abril del año 2023 ante la SETENA y sobre los cuales aún no se ha tenido respuesta. Sin embargo, es evidente que la parte denunciante pretende minimizar incumplimientos y los impactos generados por otros proyectos de la zona colindantes con Proyectos Residencia Lati, enfocando su arsenal contra el proyecto Residencia Lati.

CONSIDERACIÓN 3- EXIGIR MEDIDAS RESTAURATIVAS Y EL PRINCIPIO DE IRREDUCTIBILIDAD DEL BOSQUE. 

Respuesta- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL. El bosque no se redujo, el mayor impacto de la infraestructura se realizó en terreno de uso agropecuario sin bosque tal y como consta en la certificación forestal emitida el 11 de noviembre del año 2021, y consta en el Expediente SETENA.

CONSIDERACIÓN 4 - SE HAN HECHO CAMINOS DE ACCESO DENTRO DEL PROPIO

BOSQUE CON DAÑOS AMBIENTALES 

Respuesta- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL. La finca donde se ubica el proyecto Residencia Lati cuenta con una servidumbre de acceso debidamente inscrita tal y como consta en la certificación literal de la propiedad. No existen pruebas de que el Desarrollador haya talado el bosque para constituir algún nuevo camino de acceso al Proyecto. Las imágenes satelitales no permiten determinar la existencia o no de cambios en la cobertura, a raíz de la construcción de la servidumbre, porque la misma se encuentra cubierta por la copa de los árboles aledaños.

(…)

CONSIDERACIÓN 5- LA DETERMINACIÓN DE QUE NO EXISTÍA BOSQUE EN EL

ÁREA DEL PROYECTO FUE TOTALMENTE FALSA

Respuesta- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL. En los informes realizados por SINAC con número de resolución ACT-OSRC-201-2023 y ACT-OSRPL-197-2023, se determinó la definición de bosque en áreas aledañas que no corresponden directamente con el área del proyecto Residencia Lati. Situación evidente en todos los mapas representados, que determinan un área de influencia inmensamente mayor al área que abarca el proyecto Residencia Lati.

 (…)

El área señalada con la flecha roja, se ubica el proyecto Residencia Lati, por lo que el sector, indicado en las resoluciones de SINAC, y del ente municipal que abarca otros proyectos, vecinos a Residencia Lati.

Hay que aclarar que el análisis de cobertura a partir de imágenes satelitales, permite determinar áreas con cobertura forestal, pero no permite distinguir de forma certera, entre distintos tipos de cobertura forestal, especialmente en los casos de imágenes de media o baja resolución. Además, la certificación forestal emitida el 11 de noviembre del año 2021, claramente indica que existe un área donde se desarrolló el proyecto Residencia Lati que correspondía a terreno de pasto con árboles dispersos, de los cuales algunos eran especies exóticas con diámetros mayores a 50 cm a 1.30 m de altura, específicamente individuos de Gmelina arborea Melina. Lo cual demuestra que este sector de la propiedad fue intervenido hace más de 30 años, siendo prueba fidedigna de que la cobertura en el área del proyecto fue intervenida antes de la entrada en vigencia de la ley forestal y la prohibición de cambio de uso del suelo.

CONSIDERACIÓN 6- TALA RASA SIN CRITERIOS, NI VALORACIONES TÉCNICAS, DE

UN SITIO QUE TENÍA UNA CLARA COBERTURA BOSCOSA Y VOCACIÓN FORESTAL.

Respuesta- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL. En el proyecto Residencia Lati, nunca se realizó “Tala rasa”. La denuncia, además introduce fotografías como elemento de prueba que induce a error, porque se aportan fotografías del informe de SINAC, mismo que incluye áreas que no corresponden al proyecto Residencia Lati, sino que corresponde a la totalidad del área evaluada por los inspectores de ACT para elaborar su informe y que involucró nueve fincas analizadas para fundamentar el informe elaborado y que se incorpora en la denuncia contra Residencia Lati. Esto nos obliga a advertir que existe error o mala fe, cuando aportan imágenes de proyectos que no tienen relación con Residencia

Lati.

La cobertura arbórea que se aporta en las imágenes satelitales, no puede asociarse directamente con cobertura de bosque según la ley forestal, previamente hubo una valoración técnica, que da pie a una certificación forestal donde se clasificaron las coberturas presentes en el proyecto Residencia Lati. Es importante señalar que las fotos de los actos denunciados que muestran tocones en el sitio, no corresponden a áreas del proyecto Residencia Lati, sino que pertenecen a un proyecto colindante identificado como Hermosa Mountain House SRL.

 (…)

CONSIDERACIÓN 7- NUNCA HUBO UN ANÁLISIS DEL VERDADERO ENTORNO, NI DEL IMPACTO AMBIENTAL QUE ABRE PASO A INICIAR ACCIONES CONTRA LOS PROYECTISTAS Y LOS CONSULTORES.

Respuesta- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL De conformidad con el Manual de Instrumentos Técnicos para el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental: Parte II Decreto Ejecutivo No. 32712-MINAE, le Desarrollador a través del consultor ambiental, realizó y presentó el protocolo geológico, biológico, arqueológico, forestal y de ingeniería, y demás documentación solicitada, cumpliendo cabalmente con la legislación sobre evaluación ambiental vigente a la fecha de presentación del expediente, en caso contrario el Proyecto Residencia Lati no habría obtenido la viabilidad ambiental otorgada por SETENA, en la resolución 551-2022-SETENA.

CONSIDERACIÓN 8. TALA IRRACIONAL DEL BOSQUE HECHO POR LOS PROYECTOS UBICADOS EN LAS FINCAS ALEDAÑAS; POR ELLO PEDIMOS LA NULIDAD ABSOLUTA DE LA LICENCIA AMBIENTAL.

Respuesta- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL. la parte denunciante pretende con su con los hechos denunciados, achacar toda la responsabilidad al Proyecto Residencia Lati, que dicho sea de paso, es el único que cuenta con la debida rotulación y seguimiento ambiental del proyecto, no sucede con proyectos vecinos. El Proyecto Residencia Lati obtuvo los permisos de corta emitido por la oficina subregional de Cóbano para el proyecto y no cortó sin el permiso correspondiente ninguna especie que ameritara permiso.

CONSIDERACIÓN 9. INFORME DE LA MUNICIPALIDAD, QUE INDICA QUE MILES DE METROS CÚBICOS DE TIERRA (10 000 MIL O MÁS) FUERON EXTRAÍDOS DE LA PROPIEDAD.

R- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL En el proceso de evaluación ambiental se presentó la Declaración Jurada sobre movimientos de tierra donde se indicó que para el proyecto en cuestión el volumen de tierra para corte correspondía a 2055,74 m3 y para relleno se utiliza un volumen de 455,08 m3. Además, se indica que el Proyecto no requiere demolición, por lo que existirá un volumen irrelevante de escombros movilizándose fuera del proyecto, más allá de los generados en el proceso de construcción. Este volumen es muy inferior a los 10 000 m3 que se mencionan y nunca existió un movimiento de tierra de dicha magnitud, aunque la resolución de la SETENA, incluyó esa cantidad como autorizada.  El material generado según la Declaración Jurada sobre movimientos de tierra, se movilizó al proyecto OB Hermosa Properties Ltda, con cédula jurídica 3-102-778114, Además, es importante destacar que el movimiento de tierra y la salida de material fuera del AP se realizó en noviembre del 2022, y los eventos ocurrieron en marzo del 2023, por lo que para esta fecha no existían acumulaciones de tierra dentro del proyecto que pudieran ser arrastradas por la lluvia.

CONSIDERACIÓN 10. LOS TALUDES NO FUERON AUTORIZADOS EN LA LICENCIA AMBIENTAL, POR LO QUE EL PROYECTO ES TOTALMENTE ILEGAL, DAÑINO AL AMBIENTE Y RIESGOSO PARA LA VIDA DE LAS PERSONAS Y PARA BIENES PÚBLICOS COMO LO SERÍA EL CAMINO QUE ESTÁ DEBAJO DE LO QUE ERA UN GRAN BOSQUE.

Respuesta- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL. Durante el proceso de evaluación ambiental ante SETENA se cumplieron con todos los requisitos y se presenta el estudio de suelos y estabilidad de taludes, realizado por la empresa Perforaciones y consultorías Hidrotécnicas S.A., en septiembre del 2021. En las conclusiones del mismo informe se indica que: “...se concluye que el coeficiente de seguridad más bajo es de: 3.5 en condición pseudo estática lo cual indica que conforme al mínimo permitido conforme al Código de Cimentaciones de Costa Rica (FS >2 sin sismo) el área del proyecto presenta rangos de condición estable como bloque” El Estudio de Suelos parte del proceso de evaluación ambiental ante SETENA, y por lo tanto son parte de la viabilidad ambiental otorgada al proyecto. No es cierta la afirmación de la parte denunciante, que indica que los taludes no fueron considerados en la evaluación 

CONSIDERACIÓN 11- RESPECTO A LAS AMENAZAS NATURALES QUE ENFRENTA EL PROYECTO. 

Respuesta- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL. En el protocolo integrado de geología presentado ante SETENA como parte del proceso de Evaluación Ambiental, específicamente en el capítulo de datos sobre la condiciones de amenazas y riesgos naturales, el geólogo responsable Marco Araya Oviedo indica: “El Mapa de Amenazas Naturales potenciales de la Hoja Río Arío (CNE, 2002) y el Mapa de Amenazas Naturales Potenciales del cantón de Cóbano (CNE, 2013) indica que el AP no está ubicado en ninguna área de inundación o zona con inestabilidad de laderas”. Esto es respaldado por las observaciones de campo durante las cuales no se observaron evidencias de inestabilidad de taludes o problemas de erosión, confirmado por el estudio de suelos realizado incorporado en la evaluación ambiental. 

El proyecto no se desarrolla en la zona de talud sino en zona de terraza, es por esta razón que en el resumen del protocolo correspondiente se hace referencia una pendiente de 5% la cual es la pendiente de la terraza en la cual se desarrolla el proyecto. 

El evento que provocó arrastre de material en toda el área, de los proyectos ubicados en la zona, fueron eventos lluviosos que se presentaron en el mes de marzo, durante la época seca, hecho que debe considerarse, como un evento extraordinario que no se podía predecir, 

Por lo tanto, no había evidencias en sitio de posibles problemas de inestabilidad de taludes y erosión de taludes según las visitas realizadas por el equipo consultor, y además según las bases de datos oficiales de la Comisión Nacional de Emergencias tampoco existen registros de eventos de esta índole. Los eventos se dieron por eventos extraordinarios de lluvias intensas que están afectando todo el territorio nacional. 

CONSIDERACIÓN 12- SOBRE ANOTACIONES Y REPORTES DEL REGENTE AMBIENTAL SOBRE AMENAZAS NATURALES QUE ENFRENTA EL PROYECTO, REPORTADOS EN INFORMES DE REGENCIA Y EN ANOTACIONES EN LA BITÁCORA

AMBIENTAL DEL PROYECTO  

Respuesta- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL. El 21 de febrero del 2023 se recomienda intervenir de la forma más anticipada posible el talud frente a calle pública del proyecto Residencia Lati, para garantizar el control de erosión durante la época lluviosa. La recomendada queda reportada y consta en las anotaciones de la Bitácora Ambiental para el Proyecto Residencia Lati. Atendiendo la recomendación, el día 22 de marzo de 2022, se inicia la colocación del geotextil en el talud frente a calle pública del proyecto Residencia Lati, con la finalidad de controlar la erosión del terreno del talud, hecho que mencionó en el Informe de Regencia Ambiental 1. El movimiento de tierra del resto del proyecto había finalizado para octubre de 2022 y la tierra ya había sido compactada. 

 

El proyecto ha aplicado las medidas de mitigación, indicadas en la evaluación ambiental del proyecto, según lo han requerido las circunstancias del proyecto, por lo que todo impacto generado en la construcción del proyecto ha sido gestionada y mitigada de forma adecuada.

(…)

El 19 de enero de 2023, en la visita de regencia de Planificación y Diseño Ambiental DLS, la dirección técnica del proyecto Residencias Lati, alerta sobre movimientos de tierra realizados en propiedades vecinas en época festiva (24 dic- 2 ene). Esos movimientos de tierra no se reportaron en los informes porque no existía afectación directa de la acción sobre el AP. Por la magnitud, se le dio seguimiento visual durante las visitas de regencia y se incluyen en la bitácora del 22 de marzo de 2023.

 (…)

SÉTIMO: Analizada la denuncia, pruebas de descargo, expediente, este departamento determina lo siguiente: 

Análisis Hecho 1. De hecho, al existir bosque, se debieron cuando menos extremar las exigencias ambientales al pedir al desarrollador la más rigurosa valoración de impacto ambiental, pero ello no ocurrió y por esto amerita acoger nuestro pedido de revocatoria de la licencia ambiental.

Conclusión: El proyecto Residencias Lati obtuvo la Viabilidad mediante la Resolución No.551-2022-SETENA y como parte de los documentos aclaratorios presentados en el momento, fue aportada una Certificación forestal por parte del ingeniero Pablo Castillo Baldares, Regente Forestal, miembro ordinario del Colegio de Ingenieros Agrónomos número 5696, aclarando lo siguiente, copio textualmente

“1. Según el Mapa de cobertura forestal Fonafifo 2000, el predio se encuentra en un área de cobertura de Bosque.

2.Durante la visita de campo se evidenció que la parte de mayor pendiente del predio corresponde a una regeneración natural joven. Las obras de infraestructura a realizarse, se ubican en áreas sin árboles, a excepción de 4 árboles de la especie conocida como guácimo (guazuma ulmifolia).

3.No se identificaron cuerpos de agua.

4.Se adjunta:

a. Mapa 1. Mapa General Plano 6-2248092-2020sobre Fotografía Aérea Rectificada.

b. Mapa 2. Mapa General Plano 6-2248092-2020 capa Fonafifo 2000.

c. Registro Fotográfico.

Por lo tanto, se certifica que existe un área aproximada de 2200 metros cuadrados del área del proyecto que no corresponde a bosque de acuerdo a la definición de bosque contenida en el artículo 3 de la ley forestal 7575. Así mismo no se evidencia que exista cambio de uso de la tierra posterior al año 2000”.

Por otra parte, en la Resolución de VLA, indicó que, si el proyecto requería la corta de árboles, debía tramitar previamente el permiso en la Oficina subregional local del MINAE/SINAC (art. 27 de la Ley Forestal). Según permiso aportado ACT-OSRC010-2023 el desarrollador solicitó los permisos de corta de árboles, donde se indica también que esta resolución fue elaborada por el funcionario evaluador según el informe de campo y evaluación ACT-OSRC-456-2022.

Es importante mencionar que, en los informes presentados en la denuncia, realizados por SINAC con número de resolución ACT-OSRC-201-2023 y ACTOSRPL-197-2023, no se pueden tomar de referencia debido a que se solicitó lo siguiente: 

“1. Si las labores realizadas por el desarrollador bajo el plano P-2248092-2020, número de finca 244707-000, es donde indican que se observa movimientos de tierra, conformación de terrazas y apertura de caminos en área de bosque de conformidad con la determinación de ecosistema de bosque ACT-OSRC-197-2023. 

2.Si a partir de las inspecciones de campo con el levantamiento realizado, pueden determinar que los cambios observados en la cobertura forestal corresponden a las construcciones y caminos del proyecto bajo el plano P-2248092-2020, número de finca 244707-000.

El informe técnico ACT-OSRPL-197-2023 del 27 de julio del 2022, Determinación de bosque acorde a la definición de Ley Forestal 7575 de Costa Rica, en la página 3, apartado introducción indica que el estudio comprende a las fincas 6-244715-000, 6-244720-000, 6-244718-000, 6-244709-000 y 6-2447708-000, dejando por fuera la finca donde se desarrolla el expediente D1-0092-2022-SETENA, Residencias Lati, plano P-2248092-2020, número de finca 244707-000, por esta razón precisamos nos indiquen si en esta propiedad hay o no bosque y tala del mismo.”

El Área de Conservación Tempisque, en el oficio SINAC-ACT-OR-DR-1991-2023 con traslado de informe ACT-OSRC-274-2023, en respuesta a la consulta realizada mediante oficios SETENA-DT-ASA-1883-2023 y SETENA-DT-ASA-2140-2023, indican lo siguiente: 

“1) Las labores realizadas por el desarrollador bajo el plano P-2248092-2020, número de finca 244707-000, forman parte de la denuncia por cambio de uso del suelo correspondiente a la causa 23-000028-0611-PE.

2)    El informe técnico ACT-OSRPL-197-2023 deja por fuera la finca donde se desarrolla el expediente D1-0092-2022- SETENA, Residencias Lati, plano P2248092-2020, número de finca 244707-000, considerando que al momento de la elaboración de la pericia de bosque, la cobertura prexistente en el sitio indicado había sido alterada y removida parcialmente, por tanto, no era viable utilizar esa área como testigo para el estudio.

3)    El código Procesal Penal dispone en su artículo 295, Privacidad de las actuaciones: “El procedimiento preparatorio no será público para terceros. Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes. Los abogados que invoquen un interés legítimo serán informados por el Ministerio Público sobre el hecho que se investiga y sobre los imputados o detenidos que existan, con el fin de que decidan si aceptan participar en el caso. Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave.” Al ser un caso en investigación y que se está actuando bajo dirección funcional de la fiscalía de Cóbano este funcionario actúa en apego al código procesal penal en su artículo 295.

Por tanto, se les comunica que los hechos denunciados forman parte de una causa judicial abierta, la cual ha sido atendida por la oficina subregional de Cóbano y no puede ser divulgada”.

Por tanto, los estudios realizados por el SINAC, no pueden ser vinculantes, ya que no incluyen la finca donde se desarrolla el proyecto Residencias Lati con Expediente Administrativo D1-0092-2022-SETENA, como indican que forma parte de una causa judicial abierta, no puede ser divulgada.

Esta Secretaría en base a todos los criterios expuestos determina que se rechaza el hecho denunciado.

Análisis Hecho 2. Y es que incluso se detectó, como lo señalan desde la municipalidad, miles de metros cúbicos de tierra (10.000 mil o más) extraídos de la propiedad, que a la fecha no fueron valorados por SETENA, y eso implica situaciones que definitivamente comprometen el ecosistema, el recurso suelo, la biodiversidad, y por supuesto que la licencia ambiental y por ello pedimos que se revoque la misma por incumplimientos tan serios

Conclusión: Dentro del formulario presentado durante el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, se contempla en el Impacto en Suelo lo siguiente: 

¿Su AOP contempla movimientos de tierra?

Sí, se contempla movimientos de tierra con acarreo fuera del AP de volúmenes hasta de 10.000 m3

Indicar las medidas ambientales principales que se aplicarían para prevenir, mitigar, corregir o compensar el impacto ambiental que se generaría. Debe indicar si las medidas ambientales serán aplicadas durante la construcción o bien, durante la operación de la AOP:

Se realizará el movimiento de tierra de 2055,74 m3 y un relleno de 455,08 m3, este movimiento se hará de forma adecuada, y el material que salga del AOP se gestionará con una gestión autorizado el cual dispondrá de la material de forma adecuada. Además, se tomarán las medidas de salud y (sic) higiene en el equipo que saque el material del AOP.

Esta Secretaría en base al criterio expuesto determina que se rechaza el hecho denunciado.

Análisis Hecho 3. Finalmente, no logramos encontrar en el expediente de SETENA una cesión de la viabilidad ambiental del desarrollador originario, al actual, asunto que también abona en otra irregularidad y así pedimos disponerlo.

Conclusión: El desarrollador actual es la Sociedad MAGNA PACIFIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cédula jurídica 3-102-808861, mismo que solicitó y se le concedió la VLA en la Resolución Nº 551-2022-SETENA.

Esta Secretaría en base al criterio expuesto determina que se rechaza el hecho denunciado.

OCTAVO: Que el artículo 51 del Decreto Ejecutivo N° 43898, indica que la SETENA deberá programar y ejecutar inspecciones ambientales de seguimiento ambiental y control a las actividades, obras o proyectos, de forma aleatoria o bien cuando las implicaciones ambientales de la actividad, obra o proyecto, así lo requieran. En el desarrollo de las inspecciones los funcionarios de la SETENA fiscalizarán el que se esté dando un fiel cumplimiento de los compromisos ambientales suscritos y derivados del Cuadro Gestión Ambiental, el Código de Buenas Prácticas Ambientales.

POR TANTO

LA COMISION PLENARIA RESUELVE

En sesión Ordinaria Nº 011 de esta Secretaría, realizada el 07 de febrero de 2024, en el Artículo Nº. 016 acuerda:

PRIMERO: Rechazar en forma total, la denuncia presentadas ante la SETENA el día 18 de agosto de 2023, mediante le consecutivo 08203-2023, el señor Álvaro Sagot Rodríguez apoderado de la señora [Nombre 001], contra el proyecto Residencias Lati con expediente D1-0092-2022-SETENA.  

SEGUNDO: Notificar a la municipalidad de Cóbano para que verifique los permisos de construcción y proceda según sus competencias.  

TERCERO: Notificar al Área de Conservación Tempisque para el debido seguimiento, según sus competencias.  

CUARTO: Contra esta Resolución cabe interponer dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación, los recursos ordinarios de revocatoria ante la SETENA, y el de apelación ante el Ministro de Ambiente y Energía, de conformidad con los artículos 342 y siguientes de la Ley General de Administración Pública y 87 de la Ley Orgánica del Ambiente.

QUINTO: Toda documentación que sea presentada ante la SETENA deberá indicar claramente el número de expediente, el número de resolución y el nombre completo del proyecto, así como un correo electrónico para atender futuras notificaciones o ratificar el que consta en el expediente administrativo.

SEXTO: Los documentos originales firmados digitalmente (Firma Digital) estarán a disposición del interesado en la dirección web http://www.setena.go.cr, donde debe ser verificado por cualquier interesado e instancia pública o privada.  

SÉTIMO: El resultado de la discusión y análisis del caso de marras es: 6 a favor, 0 en contra y 1 ausente, el detalle de la información de dicha votación puede ser consultada en el acta correspondiente, la cual se encuentra en custodia de esta Secretaría y es de acceso público”.

 

Desde este panorama, en los términos desarrollados en el escrito de interposición, la parte accionante únicamente reprocha acciones y omisiones a la Setena. De ahí que concurro con el voto de la mayoría, toda vez que la referida denuncia fue resuelta por tal dependencia durante la tramitación del sub iudice. Asimismo, en tesis de principio, no corresponde a la Sala revisar si la licencia emitida cumple o no la legislación ambiental, ni tampoco si esta fue indebidamente otorgada o se presentaron irregularidadmente, si la parte accionante pretende cuestionar tal autorización, o bien, el fondo de lo resuelto por Setena en la gestión, podrá someter a contradictorio su posición en las vías comunes y evacuar la prueba que estime pertinente. Finalmente, en el recurso de amparo no se atribuyeron hechos u omisiones al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, por lo que prima facie es innecesario un análisis de constitucionalidad sobre esto.

X.- VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO Y LARA GAMBOA, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO. Con el debido respeto, disentimos del voto de mayoría que declara con lugar el recurso, con base en las siguientes razones:

La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio de los suscritos que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimamos que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

XI.- Voto salvado de la magistrada Garro Vargas respecto a la partees durante su tramitación. Justa dispositiva de esta sentencia. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.

XII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Castillo Víquez pone nota. El magistrado Cruz Castro consigna nota. Los magistrados Salazar Alvarado y Lara Gamboa salvan el voto y declaran sin lugar el recurso, por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.




Ileana Sánchez N.

	

 

	

Fernando Enrique Lara G.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 H8H6T38IWBC61

1

 

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 10-03-2026 12:57:47.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

V. – Regarding the specific case. In the present matter, it can be inferred from the case file that the petitioner’s disagreement is limited to the delay by SETENA in resolving the expansion of the complaint initially filed, which relates to the Residencias Lati project processed under file D1-0092-2022-SETENA, which was granted environmental viability (viabilidad ambiental) through resolution No. 551-2022-SETENA of March 30, 2022. It is verified that the characteristics of that project are the following: “3 single-family homes of 1 and 2 levels totaling 1695 m2, with access roads, a pool, green areas, and parking. Materials to be used include concrete, wood, glass, metal structures, ceramics, among others. In the construction stage, first the clearing and cleaning of the project site and then the construction. And in the operational stage, the operation of the residences. The cover (cobertura) corresponds to 33.60% of the total plan and the remaining 66.40% will be maintained as a green area. Earthworks (movimientos de tierra) are contemplated with material hauling outside the AP of volumes up to 10,000 m3. The earthwork (movimiento de tierra) of 2055.74 m3 and a fill of 455.08 m3, this movement will be done properly, and the material that leaves the AOP will be managed with an authorized manager who will dispose of the material appropriately. In addition, health and hygiene measures will be taken for the equipment removing material from the AOP. Use a proven efficiency system such as FAFA or improved tanks. Respect drainage setbacks with structures and property boundaries. Do not waterproof the area where the septic tank will be located.”

         It is confirmed that, first, on April 20, 2023, record number 04083-2023 regarding an environmental complaint by Ms. [Name 001] against the project described above was filed with SETENA. In response to that filing, on April 26, 2023, through official letter SETENA-DT-ASA-0791-2023, the project developer was asked to respond to the complaint filed within a period of 10 business days. Additionally, on May 12, a field visit to the project area was conducted by the Department of Environmental Auditing and Monitoring (Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental), as recorded in inspection report ASA-ACT-INS-0053-2022, for follow-up on the complaint. Likewise, on April 5, 2023, April 29, 2023, and May 9, 2023, through case numbers 17713, 17647, 18135 on the digital platform, technical references were submitted by Mr. Daniel Loría Sims, environmental regent (regente ambiental), in response to the complaint filed against the project, according to official letter SETENA-DT-ASA-0791-2023, where the project developer was given a hearing. Hence, on June 1, 2023, through resolution No. 0830-2023-SETENA, the cited complaint was partially upheld. The complaint was only partially upheld regarding the fact alleged about the dragging of materials onto the public road. This was based on the following: “it was indicated in the inspection visit that during the March rainfall the environmental measures to mitigate the dragging of the earth that still remained on the site as a result of the earthworks (movimiento de tierras) carried out for the construction of the two single-family homes that are currently at the grey structure stage had not yet been installed. Although the earthworks (movimientos de tierra) had concluded and this earth was even exported to a neighboring property, the truth is that during the rainfall said residual material in the project area reached the public road; however, it was not the only source that contributed said reported material given that there is another project with significant earthworks (movimientos de tierra), a project adjoining the reference file, and therefore it is partially upheld.” In all other respects, the complaint was denied. Furthermore, the developer was ordered to maintain the mitigation and control measures for sediment dragging. It is verified that on June 8, 2023, an appeal for reversal (recurso de revocatoria) against the previous resolution was filed by Mr. Álvaro Sagot Rodríguez, legal representative of the petitioner. This objection was declared without merit on August 30, 2023, through resolution No. 1257-2023-SETENA.

         Regarding what was raised in this amparo, it is accredited that on August 18, 2023, records 08202 and 08203-2023 were filed with SETENA regarding a submission of new evidence in reference to the environmental complaint for irregular situations in the cited project, filed by Mr. Álvaro Sagot Rodríguez, legal representative of the petitioner. Therefore, on August 28, through official letter SETENA-DT-ASA-1699-2023, the project developer was asked to respond to the expansion of the complaint within a period of 10 business days, in compliance with due process. It is noted that the corresponding response was received on September 13. Although on September 19, once the response given by the developer was analyzed, through official letter SETENA-DT-ASA-1883-2023, a technical criterion was requested from the Tempisque Conservation Area (Área de Conservación Tempisque), National System of Conservation Areas, as evidence for better resolution (prueba para mejor resolver) to proceed with addressing the complaint. That missive was received by said Area on October 2, where SETENA states and requests the following: “Report ACT-OSRC-201-2023 of August 4, 2023, indicates in table 1. The information on the plan number and owners of the investigated properties. On page 7 of this report they indicate ‘that it is a very large and complex case, given that it involves a parent property that was recently segregated into several properties, so it is necessary to overlay the plans of each of the properties in order to define on which properties each of the evidenced events occurred.’ As part of the information cited in the previous paragraph, by indicating that the technical report is adjusted for the 9 plans in table 1 and not specifically determining what corresponds to the property where file D1-0092-2022-SETENA, Residencias Lati, is being developed, we require and, based on the principle of inter-institutional coordination, request that SINAC indicate to this Secretariat the following: 1. If the work carried out by the developer under plan P-2248092-2020, property number 244707-000, is where they indicate that earthworks (movimientos de tierra), terrace formation, and road openings in a forest area are observed in accordance with the forest ecosystem determination ACT-OSRC-197-2023. 2. If, based on the field inspections with the survey conducted, they can determine that the changes observed in the forest cover (cobertura forestal) correspond to the constructions and roads of the project under plan P-2248092-2020, property number 244707-000. Technical report ACT-OSRPL-197-2023 of July 27, 2022, Forest Determination according to the definition of the Forestry Law (Ley Forestal) 7575 of Costa Rica, on page 3, introduction section, indicates that the study covers properties 6-244715-000, 6-244720-000, 6-244718-000, 6-244709-000 and 6-2447708-000, leaving out the property where file D1-0092-2022-SETENA, Residencias Lati, plan P-2248092-2020, property number 244707-000 is being developed, for this reason we need you to indicate whether or not there is forest and logging of it on this property.” It is reported that on September 26, 2023, in follow-up to judicial case 23-000028-0611-PE, where the developer under plan P-2248092-2020, property number 244707-000 appears as a possible defendant, the Tempisque Conservation Area (Área de Conservación Tempisque) conducted an expert assessment of the delimitation of the works and forest impact on each of the properties investigated in said case. Furthermore, between September 26, 2023, and November 23, 2023, it finished analyzing the collected information and official letter ACT-OSRPL-641-2023 was issued to Licda. Silvia Solís Dávila, Environmental Prosecutor, Deputy Agrarian Environmental Prosecutor's Office. However, on December 5, 2023, official letter ACT-OSRC-274-2023 was issued, where the Tempisque Conservation Area (Área de Conservación Tempisque) responds to official letter SETENA-DT-ASA-1883-2023 and indicates the following: 1) The work carried out by the developer under plan P-2248092-2020, property number 244707-000, forms part of the complaint for land-use change (cambio de uso del suelo) corresponding to case 23-000028-0611-PE. 2) Technical report ACT-OSRPL-197-2023 leaves out the property where file D1-0092-2022-SETENA, Residencias Lati, plan P-2248092-2020, property number 244707-000 is being developed, considering that, at the time of the forest expert assessment, the pre-existing cover (cobertura) on the indicated site had been altered and partially removed, therefore, it was not viable to use that area as a control for the study. 3) The Criminal Procedural Code provides in its article 295, Privacy of Proceedings: “The preparatory procedure shall not be public for third parties. The proceedings may only be examined by the parties, directly or through their representatives. Lawyers who invoke a legitimate interest shall be informed by the Public Prosecutor's Office about the fact being investigated and about the defendants or detainees that exist, in order that they may decide whether they agree to participate in the case. The parties, the officials participating in the investigation, and the other persons who, for any reason, have knowledge of the completed proceedings, shall have the obligation to maintain secrecy. Non-compliance with this obligation shall be considered a serious fault.” As it is a case under investigation and actions are being taken under the functional direction of the Cóbano prosecutor's office, this official acts in adherence to the criminal procedural code in its article 295. Therefore, it is communicated to you that the denounced facts form part of an open judicial case, which has been handled by the Cóbano subregional office and cannot be disclosed.” SETENA received that response on December 18, 2023. Hence, finally, by resolution No. 0186-2024-SETENA at 10:45 a.m. on February 7, 2024, it resolved the complaint filed by the petitioner in the following manner: “FIRST: To reject in full, the complaint filed with SETENA on August 18, 2023, through record number 08203-2023, by Mr. Álvaro Sagot Rodríguez, legal representative of Ms. [Name 001], against the Residencias Lati project under file D1-0092-2022-SETENA”. This ruling was notified to the petitioner that same day.

From the foregoing account, it is verified that both respondent authorities incurred a delay in processing and addressing what pertained to each one regarding the expansion of the complaint filed by the petitioner's legal representative. Although SETENA was initially diligent in its processing and even promptly requested a technical criterion from the entity it deemed appropriate, it delayed in issuing the final resolution. Note that it is accredited that it received the referred technical criterion on December 18, 2023, but issued resolution No. 0186-2024-SETENA, which rejects that expansion of the complaint, only on February 7 of this year. As for the Tempisque Conservation Area (Área de Conservación Tempisque), it is verified that it received the request for a technical criterion on October 2, 2023, but issued it more than two months later, specifically on December 5. In that sense, it is recognized that, due to institutional necessity from a lack of personnel, the official in charge of the investigation assumes, among other things, two additional assignments as headship in the Paquera-Lepanto and Cóbano subregional offices, which conditions response times due to the high workload of the additional assignment. This situation is understandable, but it cannot be a justification for the delay in attending to what was requested by SETENA, which impacted the delay in resolving the matter, as the required criterion was being awaited. Given the scenario described, there is no doubt that the infringement of the right to prompt administrative justice has occurred to the detriment of the petitioner, since it is verified that diligence has not been exercised in the processing of the filed petition. That delay has implied a denial of administrative justice, therefore the respondent party is reminded of the Administration’s obligation to act according to the principles of effectiveness, efficiency, simplicity, and celerity. Hence the admissibility of the claim. However, in view of the fact that, on the occasion of this Chamber’s intervention, the expansion of the complaint was resolved and the decision was notified to the petitioner, what is appropriate is to grant the appeal, as will be stated below.

VI. – Conclusion. Thus, since the constitutional violation is accredited in the terms stated, the appeal must be declared with merit against both respondent authorities, although without special condemnation for costs, damages, and losses, since the expansion of the complaint filed by the petitioner's legal representative has already been resolved. (…)”

The conclusions of the studies attached to the assessment instrument do not identify any particular indications that need to be deepened and corroborated with a field inspection."

With the information from SINAC that is now provided to them, coupled with the failure to inspect and the failure to review orthophotos from months ago of the existing forest, it is clear that there was never an analysis of the true surroundings or of the significance of the environmental impact, and this leads to the nullity of the license and also opens the way to initiate actions against the project developers and the consultants.

As we have pointed out, the cumulative effect of the irrational clearing of the forest carried out by all the projects located in the forest on neighboring properties was NEVER assessed, and for this reason we request the absolute nullity of the environmental license given that there are defects in the content and the grounds for the environmental license indisputably.

In Article 14 of the Convention on Biological Diversity (Law No. 7416) it is stated that environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental) must be extremely rigorous so that only a minimal adverse environmental impact is ultimately produced; however, if it was accepted as true that no forest existed, when it did exist and still exists according to SINAC, the company and the consultants must assume their responsibility that they have here today, and for this reason we request the application of the applicable regulations, including conventional law, duly ratified.

Regarding the fundamental criteria for granting the revocation of an environmental license and nullity for violation of the principle of scientific protection (principio de tutela científica), see, for example, rulings 200514293 and 2006-17126, where the Constitutional Chamber itself follows this line:

"On the objectification of environmental protection: which, as this Court pointed out in judgment number 14293-2005, of fourteen hours fifty-two minutes on October nineteenth, two thousand five, is a principle that in no way can be confused with the previous one [referring to the precautionary principle], insofar as, derived from the provisions of Articles 16 and 160 of the General Law of Public Administration, it translates into the need to support decision-making in this matter with technical studies, both in relation to acts and general provisions—both legal and regulatory—from which derives the requirement of 'linkage to science and technique' which conditions the Administration's discretionary power in this matter. So that, in light of the results derived from those technical studies—such as environmental impact studies—if an objective technical criterion is evident that denotes the probability of clear damage to the environment, natural resources, or the health of people, it becomes obligatory to reject the proposed project, work, or activity; and in the case of a 'reasonable doubt,' it becomes obligatory to make decisions in favor of the environment (pro-natura principle), which can translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures, in order to adequately protect the environment." (Emphasis ours)

That is, as we have been stating, even in case of doubt about the best course of action, everything must lean towards discarding the project carried out to date; put another way, a declaration of absolute nullity of the environmental enabling act is necessary so that the necessary, timely, and restorative measures can be taken.

Even in a recent ruling (2022) of the Constitutional Chamber, it has been stated regarding the principle of objectification:

"The jurisprudence of the Chamber is reiterated in the sense that legislative powers must be linked to unequivocal rules of science or technique, elementary principles of justice, logic, or convenience, when the object of legislative activity is environmental matters, given that the principle of objectification of environmental protection has been consistently applied by Constitutional jurisprudence (judgments No. 2010-000075 of 15:01 hours on January 6, 2010; 2012-013367 of 11:33 hours on September 21, 2012; 2013-005964 of 15:05 hours on April 30, 2013; and 2018-007978 of 12:45 hours on May 18, 2018)." Ruling No. 2022025307 of thirteen hours forty minutes on October twenty-fifth, two thousand twenty-two. (Emphasis ours)

Given the above, it is manifest that the report presented by the biologist contradicts the information from SINAC, and that lack of criteria served for SETENA to later endorse the questionable environmental license; but everything done by the consultants is permeated by violations of legality, transparency, constitutionality, and the principle of scientific protection that must lead to revoking the license and undoubtedly to the opening of sanctioning proceedings.

On another note, let us also bear very much in mind that Annex 3, within the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, EIA), Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of May 24, 2004, published in La Gaceta No. 125 of June 28, 2004, states:

"ENVIRONMENTALLY FRAGILE AREAS: Environmentally fragile areas, by their nature, are divided into two main groups: a) those areas for which the State has defined a special use regime (defined legal and technical framework); b) geographic spaces that show technical and environmental limitations for their use... 10. Maritime-terrestrial zone. 11. Areas with natural forest cover (cobertura boscosa natural). (Emphasis ours)

For all of this, we request the revocation of the environmental license, and while this is pending, we ask that the suspension of the effects of the license be ordered in application of the precautionary criterion, the preventive criterion, and the reversal of the burden of proof.

SECOND: And moreover, it was even detected, as indicated by the municipality, that thousands of cubic meters of earth (10,000 or more) were extracted from the property, which to date have not been assessed by SETENA, and this implies situations that definitively compromise the ecosystem, the soil resource, biodiversity, and of course the environmental license, and for this reason we request that it be revoked for such serious breaches.

Note that even in the municipal complaint itself, which is dated August 8 of this year, it is stated that at present there is a HIGH potential for new landslides, and for this reason, the IMMEDIATE intervention of SETENA is requested, which should take stronger action, given that despite the existing slope, even a swimming pool is being built that adds more weight to the hill.

It is important that this Authority points out that the slopes were NOT authorized in the environmental license, nor were other mitigation or prevention measures, so the project is completely illegal, harmful to the environment, and risky for the lives of people and for public property, such as the road that is below what was previously a large forest.

THIRD: Finally, we were unable to find in the SETENA file a transfer of the environmental viability from the original developer to the current one, a matter that also contributes another irregularity, and we request it be addressed as such.

(...)

RELIEF SOUGHT

Considering all of the foregoing, we request the following:

-         That an investigation be carried out by the environmental audit and monitoring unit of SETENA.

-         That the absolute nullity be ordered due to legality defects in the environmental license, where even the environmental viability of the project should have been assessed through more environmental requirements and other instruments and methodologies.

-         That it be stated that a project to be carried out in a forest site should have been screened under the most rigorous assessment standards of SETENA, but this did not occur, and therefore it warrants granting the revocation of the environmental license.

-         That it be stated that it is clear that due to the irresponsibility of the project developers, the thousands of cubic meters of earth that would be removed from the project were never environmentally assessed, and this is extremely irregular.

-         That it be stated that the mitigation works and the high potential for landslides were never assessed by SETENA.

-         That the suspension of the environmental license be ordered while this complaint is being analyzed.

-         That it be stated that the only works permitted be those dedicated to correcting, restoring, and mitigating the negative environmental impacts generated.

-         That the environmental guarantee of the Lati project be applied toward the respective demolition, and that the resources be dedicated to restoring the damage caused to the ecosystem. That it be stated that the information from the consultants misled SETENA. That the SINAC complaint makes clear that even the access road to the project is located within a forest.

-         That administrative sanctioning proceedings be opened against the environmental consultants involved and the company for having provided data and contradictory or inaccurate reports that only served to enable the project to obtain viability.

-         That whatever is decided be reported to the District Council of Cóbano so that they may proceed with the annulment of the construction permit.

-         That it be ordered to inform the District Council of Cóbano that the project must be suspended immediately as a precautionary measure.

-         That the demolition of this project be ordered.

-         That investigations be initiated and that all projects on neighboring properties be ordered halted, and that subsequently the revocation of all environmental licenses for those other projects be ordered.

PROCEDURAL MATTERS

INTERIM MEASURE: INCIDENT OF SUSPENSION OF ENVIRONMENTAL LICENSE

INITIALLY, the Plenary Commission must be informed immediately of this new evidence, which is now being provided, so that it may adjudicate the appeal that has been filed against the analysis made in response to the first complaint.

Based on what has been stated and the environmental and social risk posed, we hereby file an incident seeking suspension of the environmental license until this request we present is resolved, given the danger and the impacts on biodiversity that could occur if work proceeds on a site considered to be of high environmental fragility due to the existence of a forest.

FIRST: Appearance of good right: As we have argued and provided information, it is clear that we are facing violations of Article 17 of the Organic Law of the Environment, since the project has not been assessed with rigor, and in addition, there are reports from the consultants that misled SETENA officials.

The jurisprudence of the Administrative Litigation Court has stated regarding the application of environmental law principles:

"Within this scope, this Court is aware of the extensive legislation on the protective framework of the environment, as well as the relevant jurisprudence on the subject issued by the Constitutional Chamber. Furthermore, it is evident that in this context, principles such as in dubio pro natura, precautionary, preventive, polluter pays, restoration in natura, among others, constitute tools of transcendental importance that must be weighed by the judge in each particular case, so as not to render nugatory the right contained in the aforementioned Article 50. Thus, in the context of the environment, these aforementioned premises must be assessed according to the content of the principles that permeate environmental law; otherwise, it could lead to emptying that right and allowing, by omission, damage to the environment..." Decision number: 250-2010 of 8:00 hours on 01/29/2010, Administrative Litigation Court, Section VI.

In the SINAC inspection and complaint report on forest clearing and land-use changes (cambios de uso) in Hermosa de Cóbano sent to the Prosecutor's Office, it is stated that the project property is located in an area that is forest. In fact, the complaint states:

"During the inspection carried out on June 12, 2023, a tour was made to the indicated sites and those adjacent to SETENA file D1-00092-2022, where multiple earthworks (movimientos de tierra), terracing, and road opening were observed in forest area, in accordance with the forest ecosystem determination ACT-OSRC-197-2023. The road appears on the plans as a right-of-way easement (servidumbre de paso); however, it was apparently built in a forest area. It seems that the works are carried out on the various properties mentioned in Table 1 and have in common access via the road enabled and indicated on the plans as a right-of-way easement. Based on the field inspections with data collection using a Garmin GPSmap 64s GPS signal receiver and the use of satellite images from the Planet Explorer server, the changes observed in the forest cover of the site, possibly caused by the construction works and the road, are delineated. This information is overlaid with available images from the years of the Carta project 2005, Orthophotos 2014-2017, Google Earth December 2021, and Planet Explorer February 2023 ... From this information processing, a potential forest impact of approximately 13,070.22 square meters is obtained... likewise, the road used as a right-of-way easement is observed to be devoid of cover..."

Note and consider the felling of a large number of trees reported by the municipality, as this further supports the appearance of good right we have argued.

And if there is doubt regarding the forest situation, we request that despite this, the principle of reversal of the burden of proof be applied, and if necessary, that clarification be requested from SINAC.

Take note of the Forestry Law (Ley Forestal) regulations violated by the land-use change (cambio de uso del suelo) and also the aggravating nature of the problem of ecosystem destruction.

Therefore, this requirement of the appearance of good right is met, as there are factual situations, norms, and principles of environmental law supporting the measure requested.

SECOND: Danger in delay and serious harm: The periculum in mora requirement must be based on the harm that the environment could suffer, weighed against the private interests or those of the Public Administration itself. In this case, as we have stated above, we are facing imminent damage to the water resource, forest, landscape, and biodiversity.

At the Bergen Conference on Sustainable Development, the following was stated in commentary on the precautionary principle:

"... it is preferable to be more or less correct, but in time, given the serious consequences of a large error, than to be precisely correct once it is already too late..." (Rodrigo Walsh et al. 2000. "Ambiente, derecho y sustentabilidad" Editorial La Ley. Argentina) Emphasis not from the original.

The Administrative Litigation Courts have stated regarding this requirement: "Now, it is clear that the harm required for interim relief must be effective and real, regardless of whether it is material, moral, or of another nature. While it is true that it need not be current, as it can well be potential, i.e., in the future, the harm certainly must be concrete and certain." Decision number: 250-2010 of 8:00 hours on 01/29/2010, Administrative Litigation Court, Section VI. (emphasis ours) The danger in delay is also demonstrated by what the municipality has stated regarding the HIGH POTENTIAL for landslides that exists even in this August 2023.

THIRD: Weighing of interests at stake: In this case, it is essential to halt the entire approval procedure until this appeal and the incident of nullity of the environmental license are decided, because otherwise, it could generate MORE continuous environmental damage to the ecosystems.

It has been judicially established: "The impugned act shares the characteristics noted in previous recitals, that is, it is an interim measure aimed at protecting a constitutional and international legal right, which is the environment, it being clear that the parameters established in the legal system for taking these measures are special, recalling what was said before, in the sense that the State's actions must always be directed in favor of the environment, even when there is doubt as to whether the enjoyment of the private party's right, which would be limited by the measure, is the direct cause of the possible impact on the element that is compromised." Decision number 53-2009 of 15:20 hours on 06/30/2009, Administrative Litigation Court, Section IX.

Note that if there are finished dwellings with people living there in that forested ecosystem, it is a factor that affects the forest and its recovery. Also, it is clear that the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of the forest is violated.

We request that the new evidence be examined and weighed, as it complements everything we have stated and demonstrates the need to order the suspension of the work NOW.

ON THE OPENING OF ADMINISTRATIVE SANCTIONING PROCEEDINGS

Regarding the opening of administrative sanctioning proceedings, we request that we be considered as qualified complainants (denunciantes calificados) and be notified accordingly.

The Constitutional Chamber has stated regarding qualified complainants:

"The qualified complainant may hold a legitimate interest or a subjective right, so that, according to the most modern doctrine of Administrative law, they must be regarded, for all purposes, as an interested party in the respective administrative procedure. That qualified complainant, having the status of an interested party, enjoys all the rights thereof and, specifically, the rights to due process and defense, so that they must have the effective possibility to submit arguments, offer evidence, participate in the taking of evidence, and to appeal any procedural resolution with substantive effects or final resolution that is issued. Denying the qualified complainant the status of a party and, consequently, the possibility to exercise due process and defense flagrantly violates the Right of the NO 2015002787)

All of the foregoing, because there is a clear obligation to comply with the rules and procedures, but the reports contain information already disproven by SINAC that is not supported by science and technique, all of this going against what the regulatory provisions establish regarding the duties of consultants. The General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC establishes that there are responsibilities for environmental consultants who have breached duties pursuant to rules 76, 83, 102 and following and concordant, which we request be applied. We request that the sanctions of deregistration be applied to the consultants for the situations provided for in rule 100, subsections 1 and 2. Finally, we request the enforcement of the environmental guarantee based on Article 92 of the aforementioned regulation."

In connection with the above, that body determined in resolution No. 186-2024-SETENA of 10:45 hours on February 7, 2024:

"LATI RESIDENCES PROJECT

ADMINISTRATIVE FILE No. D1-0092-2022-SETENA

The Plenary Commission of this Secretariat reviews technical report INF-TEC-DT-ASA-0042-

2024, dated January 25, 2024, regarding the project: Residencias Lati, file: D10092-2022-SETENA

(...)

RECITALS

FIRST: That pursuant to Article 282 of the General Law of Public Administration (LGAP) No. 6227, and based on the documentation provided to the file, Sivan Cibulski, identification document 32662221, legal representative Flor Rivas León, identity card 1-1324-0905, as legal representative of the company Magna Pacific Sociedad de Responsabilidad Limitada, legal ID 3-102-80886, is deemed to have standing to act within the file.

SECOND: That Article 16 of the General Law of Public Administration No. 6227 establishes that:

"In no case may acts be issued contrary to unequivocal rules of science or technique, or to elementary principles of justice, logic, and convenience...".

THIRD: That Article 19 of the Organic Law of the Environment No. 7554 stipulates:

"The resolutions of the National Environmental Technical Secretariat shall be well-founded and reasoned. They shall be mandatory both for private parties and for public entities and bodies."

FOURTH: Executive Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, in Article 56, establishes:

"Environmental complaints filed against an activity, work, or project in the Environmental Impact Assessment stage or in the environmental monitoring stage must be processed through the official digital mechanisms. SETENA shall process only those complaints that fall within its competence, as established in the respective environmental viability resolution."

Therefore, we proceed to provide a response to the complaint filed against the project.

FIFTH: The complaint indicates the following facts:

Fact 1. Indeed, given the existence of forest, the environmental requirements should have at least been heightened by requesting the developer to carry out the most rigorous environmental impact assessment, but this did not occur, and therefore our request for revocation of the environmental license should be granted.

Fact 2. And indeed, as indicated by the municipality, thousands of cubic meters of earth (10,000 or more) were even detected as having been extracted from the property, which to date have not been assessed by SETENA, and this implies situations that definitively compromise the ecosystem, the soil resource, biodiversity, and of course the environmental license, and for this reason we request that it be revoked for such serious breaches.

Fact 3. Finally, we were unable to find in the SETENA file a transfer of the environmental viability from the original developer to the current one, a matter that also contributes another irregularity, and we request it be addressed as such.

SIXTH: The exculpatory evidence presented in response to the complaints are the following:

Fact 1: This fact is directed at SETENA, where they request the revocation of the environmental license; however, we want to clarify that the Developer and our Principal provided, in the environmental impact study, all the requirements and studies necessary to obtain adequate environmental viability according to regulations to develop this type of project. Furthermore, in the very evidence provided by the complaining party (SINAC Report) listing the properties that are in forest area, the property of the Puntarenas registry inscribed under folio real 244707-000 - and cadastral plan number- is not included. Report ACT-OSRC-201-2023, which the complaining party refers to among the new evidence, indicates that the exact location of the property under study is as follows: The site is located in the district of Lepanto, central canton of the province of Puntarenas, specifically in the hamlet of Hermosa, district of Cóbano, central canton of the province of Puntarenas, which could include properties: 6-244707-000, 6-244715-000, 6-244720-000, 6-244718000, 6-244709-000, 6-244708-000, 6-149464-000, 6-45156-000, 6-151812-000, that is, the report involves a total of nine properties, an unmistakable sign that the study and subsequent report is not focused on determining solely the conditions of the Lati Residences Project, as the complaining party wants to make believe. In addition to the above, we must mention that in report ACT-OSRC-197-2023, the introduction states: This document contains the literal geospatial and field evidence gathered with the objective of determining if the site sampled in the hamlet of Hermosa, district of Cóbano, central canton of the province of Puntarenas, between coordinates 369678 - 1068900 and 369953 - 1068700, CRTM05 projection system, encompassing properties 6-244715-000, 6-244720-000, 6-244718-000, 6-244709-000, and 6-244708-000, leaving property 6-244707-000 unmentioned.

(...)

Fact 2: The assertion that the project carried out earthworks of more than ten thousand cubic meters (10,000 m3) is completely erroneous; the project carried out the earthworks as indicated in the environmental assessment application. The assertion that the Developer moved such quantity of earth seems malicious; because the Lati Residences Project limited itself to performing the earthworks indicated in the environmental assessment approved by SETENA. The municipal entity of the jurisdiction itself, through inspection reports from its own staff, determined that the quantity in m3 of earthworks could not be quantified; additionally, the reports indicate that there are other neighboring projects that have carried out significant earthworks; however, they omit a reality fully demonstrated by themselves and contained in reports prepared by technicians from the Municipality itself and SINAC. Furthermore, in Resolution No. 1257-2023-SETENA, which is based on an inspection carried out by professionals from that Institution, it is stated: "It is determined that the Lati project is not the only project under construction located at the site, given that in the eastern sector there is a project that is finalizing earthworks and installing mitigation measures to prevent material dragging; therefore, this could also have contributed to the fact that in March, there was an impact on the public road." (Underlining is ours).

(...)

Fact 3: Regarding this fact, we must clarify that the Developer and party responsible for the Project continues to be the same as in Resolution 551-2022-SETENA, Lati Residences Project with administrative file number D1-0092-2022 in the name of MAGNA PACIFIC S.R.L.

OTHER CONSIDERATIONS INCLUDED IN THE COMPLAINT.

CONSIDERATION 1: LAND-USE CHANGE AT THE TIME OF GRANTING THE ENVIRONMENTAL LICENSE FOR THE PROJECT.

The land use certificate issued by the Municipal Council of Cóbano, through official communication ING-US412-2021, indicates that the site plan in question is NOT affected by any regulatory plan and that residential land use is COMPLIANT according to the subdivisions and urbanizations regulation (Reglamento de Fraccionamientos). Therefore, RESIDENTIAL AND COMMERCIAL land use is issued, with the respective indications of minimum area, minimum frontage, building footprint, maximum height, alignments, road setbacks, and side/back setbacks; and all of these are respected in the development of the project. Therefore, no land-use change has been made.

(...)

CONSIDERATION 2: INDISCRIMINATE TREE FELLING DOCUMENTED WITH REPORT AND

PHOTOGRAPHS. The project has a forestry certification issued on November 11, 2021 (prior to starting construction) in which various types of cover are certified, among them 2,200 m2 of agricultural land without forest on which the largest building footprint of the project is located, corresponding to the dwelling houses. See FILE: D1-0092-2022-SETENA

Response - ENVIRONMENTAL PLANNING AND DESIGN. The assertion that the Lati Residences

Project engaged in unauthorized tree felling is incorrect because no indiscriminate felling was carried out; the trees that required cutting were in diametric categories of less than 15 centimeters DBH or were exotic species that do not require a cutting permit.

To carry out the cutting of trees that required a cutting permit, the permits were processed through an application for a cutting permit at SINAC, subregional office of Cóbano, which granted the permit for the cutting of 1 Guácimo and 1 Chaperno on agricultural land without forest through resolution ACT-OSRC-010-2023.

Additionally, other actions were carried out consisting of tree pruning, for which no permit from the State Forestry Administration is required.

(...)

There is evidence of indiscriminate tree felling on neighboring projects, acts that were duly reported by ENVIRONMENTAL PLANNING AND DESIGN in the complaint filed on April 12, 2023, before SETENA, on which no response has yet been received. However, it is evident that the complaining party seeks to minimize the breaches and the impacts generated by other projects in the area adjacent to the Lati Residences Project, focusing its barrage against the Lati Residences Project.

CONSIDERATION 3: REQUESTING RESTORATIVE MEASURES AND THE PRINCIPLE OF LIFETIME TENURE (IRREDUCTIBILIDAD) OF THE FOREST.

Response - ENVIRONMENTAL PLANNING AND DESIGN. The forest was not reduced; the greatest impact from infrastructure was carried out on agricultural land without forest, as recorded in the forestry certification issued on November 11, 2021, and recorded in the SETENA File.

CONSIDERATION 4: ACCESS ROADS HAVE BEEN BUILT INSIDE THE FOREST ITSELF, CAUSING ENVIRONMENTAL DAMAGE

Response - ENVIRONMENTAL PLANNING AND DESIGN. The property where the Lati Residences Project is located has a duly registered access easement (servidumbre), as recorded in the property's literal certification. There is no evidence that the Developer cleared forest to build any new access road to the Project.

Satellite images do not allow determining the existence or not of changes in cover, as a result of the construction of the easement (servidumbre), because it is covered by the canopy of adjacent trees.

(…)

CONSIDERATION 5- THE DETERMINATION THAT THERE WAS NO FOREST IN THE PROJECT AREA WAS COMPLETELY FALSE

Response- ENVIRONMENTAL PLANNING AND DESIGN. In the reports prepared by SINAC with resolution numbers ACT-OSRC-201-2023 and ACT-OSRPL-197-2023, the definition of forest was determined in adjacent areas that do not correspond directly to the area of the Residencia Lati project. This situation is evident in all the maps represented, which determine an area of influence vastly larger than the area encompassed by the Residencia Lati project.

(…)

The area indicated with the red arrow is where the Residencia Lati project is located, therefore the sector, indicated in the SINAC resolutions, and of the municipal entity encompasses other projects, neighboring Residencia Lati.

It must be clarified that the cover analysis based on satellite images allows determining areas with forest cover (cobertura forestal), but does not allow reliably distinguishing between different types of forest cover, especially in cases of medium or low-resolution images. Furthermore, the forest certification issued on November 11, 2021, clearly indicates that there is an area where the Residencia Lati project was developed that corresponded to pastureland with scattered trees, some of which were exotic species with diameters greater than 50 cm at 1.30 m height, specifically individuals of Gmelina arborea Melina. This demonstrates that this sector of the property was intervened more than 30 years ago, being reliable proof that the cover in the project area was intervened before the entry into force of the Forest Law (Ley Forestal) and the prohibition of land-use change (cambio de uso del suelo).

CONSIDERATION 6- CLEAR-CUTTING WITHOUT CRITERIA, NOR TECHNICAL ASSESSMENTS, OF A SITE THAT HAD A CLEAR FOREST COVER AND FORESTRY VOCATION.

Response- ENVIRONMENTAL PLANNING AND DESIGN. In the Residencia Lati project, "Clear-cutting (Tala rasa)" was never carried out. The complaint also introduces photographs as evidence that induces error, because photographs from the SINAC report are provided, which includes areas that do not correspond to the Residencia Lati project, but rather correspond to the totality of the area evaluated by ACT inspectors to prepare their report and that involved nine farms analyzed to support the prepared report that is incorporated into the complaint against Residencia Lati. This forces us to warn that there is error or bad faith, when they provide images of projects that have no relation to Residencia Lati.

The tree cover provided in the satellite images cannot be directly associated with forest cover according to the Forest Law; previously there was a technical assessment, which gave rise to a forest certification where the covers present in the Residencia Lati project were classified. It is important to note that the photos of the reported acts showing stumps at the site do not correspond to areas of the Residencia Lati project, but rather belong to an adjacent project identified as Hermosa Mountain House SRL.

(…)

CONSIDERATION 7- THERE WAS NEVER AN ANALYSIS OF THE TRUE ENVIRONMENT, NOR OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT THAT OPENS THE WAY TO INITIATE ACTIONS AGAINST THE PROJECT DESIGNERS AND CONSULTANTS.

Response- ENVIRONMENTAL PLANNING AND DESIGN In accordance with the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Procedure: Part II Executive Decree No. 32712-MINAE, the Developer, through the environmental consultant, prepared and submitted the geological, biological, archaeological, forestry, and engineering protocol, and other requested documentation, fully complying with the legislation on environmental assessment in force on the date of submission of the file, otherwise the Residencia Lati Project would not have obtained the environmental feasibility granted by SETENA, in resolution 551-2022-SETENA.

CONSIDERATION 8. IRRATIONAL LOGGING OF THE FOREST CARRIED OUT BY PROJECTS LOCATED ON ADJACENT FARMS; THEREFORE, WE REQUEST THE ABSOLUTE NULLITY OF THE ENVIRONMENTAL LICENSE.

Response- ENVIRONMENTAL PLANNING AND DESIGN. The complainant intends with the reported facts, to place all responsibility on the Residencia Lati Project, which, incidentally, is the only one that has the proper signage and environmental monitoring of the project, which is not the case with neighboring projects. The Residencia Lati Project obtained the logging permits issued by the Cóbano subregional office for the project and did not cut any species requiring a permit without the corresponding permit.

CONSIDERATION 9. REPORT FROM THE MUNICIPALITY, INDICATING THAT THOUSANDS OF CUBIC METERS OF EARTH (10,000 THOUSAND OR MORE) WERE EXTRACTED FROM THE PROPERTY.

R- ENVIRONMENTAL PLANNING AND DESIGN In the environmental assessment process, the Sworn Declaration on Earthworks (Declaración Jurada sobre movimientos de tierra) was submitted indicating that for the project in question the volume of earth for cutting corresponded to 2055.74 m3 and a volume of 455.08 m3 was used for fill. Furthermore, it is indicated that the Project does not require demolition, therefore there will be an irrelevant volume of debris moving outside the project, beyond that generated in the construction process. This volume is far less than the 10,000 m3 mentioned and there never was an earthworks (movimientos de tierra) of such magnitude, although the SETENA resolution included that quantity as authorized. The material generated according to the Sworn Declaration on Earthworks was moved to the project OB Hermosa Properties Ltda, with legal identification number 3-102-778114. Furthermore, it is important to highlight that the earthworks and the removal of material outside the AP were carried out in November 2022, and the events occurred in March 2023, so by that date there were no accumulations of earth within the project that could be washed away by rain.

CONSIDERATION 10. THE SLOPES WERE NOT AUTHORIZED IN THE ENVIRONMENTAL LICENSE, THEREFORE THE PROJECT IS TOTALLY ILLEGAL, HARMFUL TO THE ENVIRONMENT AND RISKY FOR THE LIVES OF PEOPLE AND FOR PUBLIC GOODS SUCH AS THE ROAD THAT IS BELOW WHAT WAS A LARGE FOREST.

Response- ENVIRONMENTAL PLANNING AND DESIGN. During the environmental assessment process before SETENA, all requirements were met and the soil study and slope stability study, carried out by the company Perforaciones y consultorías Hidrotécnicas S.A., in September 2021, was submitted. The conclusions of the same report indicate that: “...it is concluded that the lowest safety coefficient is: 3.5 in pseudo-static condition, which indicates that according to the minimum allowed pursuant to the Costa Rica Foundations Code (FS >2 without earthquake) the project area presents stable condition ranges as a block.” The Soil Study is part of the environmental assessment process before SETENA, and therefore is part of the environmental feasibility granted to the project. The complainant's assertion indicating that the slopes were not considered in the assessment is not true.

CONSIDERATION 11- REGARDING THE NATURAL HAZARDS FACED BY THE PROJECT.

Response- ENVIRONMENTAL PLANNING AND DESIGN. In the integrated geology protocol submitted to SETENA as part of the Environmental Assessment process, specifically in the chapter on data regarding natural hazard and risk conditions, the responsible geologist Marco Araya Oviedo indicates: “The Map of Potential Natural Hazards of the Río Arío Sheet (CNE, 2002) and the Map of Potential Natural Hazards of the Cóbano canton (CNE, 2013) indicate that the AP is not located in any flood zone or area with slope instability.” This is supported by field observations during which no evidence of slope instability or erosion problems was observed, confirmed by the soil study carried out and incorporated into the environmental assessment.

The project is not developed in the slope zone but in the terrace zone, it is for this reason that the summary of the corresponding protocol refers to a 5% slope, which is the slope of the terrace on which the project is developed.

The event that caused material dragging in the entire area, from the projects located in the zone, were rainy events that occurred in the month of March, during the dry season, a fact that must be considered as an extraordinary event that could not be predicted.

Therefore, there was no evidence on site of possible problems of slope instability and slope erosion according to the visits made by the consulting team, and also according to the official databases of the National Emergency Commission there are no records of events of this nature. The events occurred due to extraordinary events of intense rains that are affecting the entire national territory.

CONSIDERATION 12- REGARDING ANNOTATIONS AND REPORTS OF THE ENVIRONMENTAL REGENT ON NATURAL HAZARDS FACED BY THE PROJECT, REPORTED IN REGENCY REPORTS AND IN ANNOTATIONS IN THE PROJECT'S ENVIRONMENTAL LOG BOOK

Response- ENVIRONMENTAL PLANNING AND DESIGN. On February 21, 2023, it was recommended to intervene as early as possible on the slope facing the public street of the Residencia Lati project, to guarantee erosion control during the rainy season. The recommendation is reported and recorded in the annotations of the Environmental Log Book for the Residencia Lati Project. Addressing the recommendation, on March 22, 2022, the placement of geotextile began on the slope facing the public street of the Residencia Lati project, with the purpose of controlling soil erosion of the slope, a fact mentioned in Environmental Regency Report 1. The earthworks for the rest of the project had finished by October 2022 and the soil had already been compacted.

The project has applied the mitigation measures, indicated in the environmental assessment of the project, as required by the project circumstances, therefore any impact generated in the project construction has been adequately managed and mitigated.

(…)

On January 19, 2023, during the regency visit of Planificación y Diseño Ambiental DLS, the technical direction of the Residencias Lati project alerted about earthworks carried out on neighboring properties during the holiday period (Dec 24 - Jan 2). Those earthworks were not reported in the reports because there was no direct effect of the action on the AP. Due to the magnitude, they were visually monitored during the regency visits and included in the log book of March 22, 2023.

(…)

SEVENTH: Having analyzed the complaint, exculpatory evidence, and file, this department determines the following:

Analysis of Fact 1. In fact, given the existence of forest, the environmental requirements should have been at least heightened by asking the developer for the most rigorous environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), but that did not happen and for this reason, our request for revocation of the environmental license merits acceptance.

Conclusion: The Residencias Lati project obtained Feasibility through Resolution No. 551-2022-SETENA and as part of the clarifying documents submitted at the time, a Forest Certification was provided by engineer Pablo Castillo Baldares, Forest Regent, ordinary member of the College of Agronomists number 5696, clarifying the following, I copy verbatim:

“1. According to the Fonafifo 2000 Forest Cover Map, the property is located in a Forest cover area.

2.During the field visit, it was evidenced that the steeper part of the property corresponds to young natural regeneration. The infrastructure works to be carried out are located in areas without trees, with the exception of 4 trees of the species known as guácimo (guazuma ulmifolia).

3.No bodies of water were identified.

4.Attached is:

a. Map 1. General Map Plan 6-2248092-2020 on Rectified Aerial Photograph.

b. Map 2. General Map Plan 6-2248092-2020 Fonafifo 2000 layer.

c. Photographic Record.

Therefore, it is certified that there is an approximate area of 2200 square meters of the project area that does not correspond to forest according to the definition of forest contained in article 3 of the Forest Law 7575. Likewise, there is no evidence of land-use change (cambio de uso de la tierra) after the year 2000.”

On the other hand, in the VLA Resolution, it indicated that, if the project required tree logging, it had to previously process the permit at the local Subregional Office of MINAE/SINAC (art. 27 of the Forest Law). According to the permit provided ACT-OSRC010-2023, the developer requested the tree logging permits, where it is also indicated that this resolution was prepared by the evaluating official according to the field report and evaluation ACT-OSRC-456-2022.

It is important to mention that, in the reports submitted in the complaint, prepared by SINAC with resolution numbers ACT-OSRC-201-2023 and ACTOSRPL-197-2023, they cannot be taken as reference because the following was requested:

“1. Whether the work carried out by the developer under plan P-2248092-2020, property number 244707-000, is where they indicate that earthworks, terrace formation, and road openings are observed in a forest area in accordance with the forest ecosystem determination ACT-OSRC-197-2023.

2.Whether from the field inspections with the survey conducted, they can determine that the observed changes in forest cover correspond to the constructions and roads of the project under plan P-2248092-2020, property number 244707-000.

The technical report ACT-OSRPL-197-2023 of July 27, 2022, Forest Determination according to the definition of Forest Law 7575 of Costa Rica, on page 3, introduction section, indicates that the study includes properties 6-244715-000, 6-244720-000, 6-244718-000, 6-244709-000 and 6-2447708-000, leaving out the property where the file D1-0092-2022-SETENA is developed, Residencias Lati, plan P-2248092-2020, property number 244707-000, for this reason we request that you indicate whether or not there is forest and logging on this property.”

The Tempisque Conservation Area (Área de Conservación Tempisque), in official letter SINAC-ACT-OR-DR-1991-2023 with forwarding of report ACT-OSRC-274-2023, in response to the query made through official letters SETENA-DT-ASA-1883-2023 and SETENA-DT-ASA-2140-2023, indicates the following:

“1) The work carried out by the developer under plan P-2248092-2020, property number 244707-000, is part of the complaint for land-use change corresponding to case 23-000028-0611-PE.

2) The technical report ACT-OSRPL-197-2023 leaves out the property where file D1-0092-2022- SETENA is developed, Residencias Lati, plan P2248092-2020, property number 244707-000, considering that at the time of preparing the forest expert report, the pre-existing cover at the indicated site had been altered and partially removed, therefore, it was not viable to use that area as a control for the study.

3) The Criminal Procedure Code provides in its article 295, Privacy of proceedings: "The preparatory procedure shall not be public for third parties. The proceedings may only be examined by the parties, directly or through their representatives. Lawyers who invoke a legitimate interest shall be informed by the Public Ministry about the fact being investigated and about the accused or detainees that exist, in order for them to decide whether to accept participation in the case. The parties, the officials participating in the investigation, and other persons who, for any reason, have knowledge of the proceedings carried out, shall have the obligation to keep secrecy. Failure to comply with this obligation shall be considered a serious offense." As this is a case under investigation and is being acted upon under functional direction of the Cóbano prosecutor's office, this official acts in accordance with the criminal procedure code in its article 295.

Therefore, you are informed that the reported facts are part of an open judicial case, which has been attended by the Cóbano subregional office and cannot be disclosed.”

Therefore, the studies carried out by SINAC cannot be binding, since they do not include the property where the Residencias Lati project is developed with Administrative File D1-0092-2022-SETENA, as they indicate that it is part of an open judicial case and cannot be disclosed.

This Secretariat, based on all the criteria presented, determines that the reported fact is rejected.

Analysis of Fact 2. And it is that it was even detected, as indicated by the municipality, thousands of cubic meters of earth (10,000 thousand or more) extracted from the property, which to date have not been evaluated by SETENA, and that implies situations that definitively compromise the ecosystem, the soil resource, biodiversity, and of course the environmental license, and for this reason we request that it be revoked for such serious non-compliances.

Conclusion: Within the form submitted during the Environmental Impact Assessment process, the following is contemplated in the Impact on Soil:

Does your AOP contemplate earthworks (movimientos de tierra)?

Yes, earthworks are contemplated with hauling outside the AP of volumes up to 10,000 m3.

Indicate the main environmental measures that would be applied to prevent, mitigate, correct, or compensate the environmental impact that would be generated. You must indicate whether the environmental measures will be applied during construction or during the operation of the AOP:

Earthworks of 2055.74 m3 and a fill of 455.08 m3 will be carried out; this movement will be done appropriately, and the material leaving the AOP will be managed with an authorized manager who will dispose of the material appropriately. In addition, health and (sic) hygiene measures will be taken on the equipment that removes the material from the AOP.

This Secretariat, based on the criteria presented, determines that the reported fact is rejected.

Analysis of Fact 3. Finally, we could not find in the SETENA file an assignment of the environmental feasibility from the original developer to the current one, an issue that also contributes to another irregularity and we request it be so ordered.

Conclusion: The current developer is the Company MAGNA PACIFIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, legal identification number 3-102-808861, the same entity that requested and was granted the VLA in Resolution No. 551-2022-SETENA.

This Secretariat, based on the criteria presented, determines that the reported fact is rejected.

EIGHTH: That article 51 of Executive Decree No. 43898 indicates that SETENA must schedule and execute environmental inspections for environmental follow-up and control of activities, works, or projects, randomly or when the environmental implications of the activity, work, or project so require. In carrying out the inspections, SETENA officials will supervise that there is faithful compliance with the environmental commitments signed and derived from the Environmental Management Matrix, the Code of Good Environmental Practices.

THEREFORE

THE PLENARY COMMISSION RESOLVES

In Ordinary Session No. 011 of this Secretariat, held on February 7, 2024, in Article No. 016, it agrees:

FIRST: To reject in full, the complaint filed before SETENA on August 18, 2023, through consecutive number 08203-2023, by Mr. Álvaro Sagot Rodríguez, legal representative of Ms. [Name 001], against the Residencias Lati project with file D1-0092-2022-SETENA.

SECOND: Notify the municipality of Cóbano so that it verifies the construction permits and proceeds according to its powers.

THIRD: Notify the Tempisque Conservation Area for due follow-up, according to its powers.

FOURTH: Against this Resolution, the ordinary remedies of revocation before SETENA, and appeal before the Minister of Environment and Energy, may be filed within a period of three business days, counted from the day following notification, in accordance with articles 342 and following of the General Law on Public Administration and 87 of the Organic Law of the Environment.

FIFTH: All documentation submitted to SETENA must clearly indicate the file number, the resolution number, and the full name of the project, as well as an email address for receiving future notifications or ratifying the one listed in the administrative file.

SIXTH: The original digitally signed documents (Digital Signature) will be available to the interested party at the web address http://www.setena.go.cr, where it must be verified by any interested party and public or private entity.

SEVENTH: The result of the discussion and analysis of the case at hand is: 6 in favor, 0 against, and 1 absent; the details of the information of said vote can be consulted in the corresponding minutes, which are in the custody of this Secretariat and are of public access.”

From this perspective, under the terms developed in the filing brief, the complainant only reproaches actions and omissions by Setena. Hence, I concur with the majority vote, given that the referred complaint was resolved by such agency during the processing of the sub iudice. Likewise, as a matter of principle, it does not correspond to the Chamber to review whether the issued license complies or not with environmental legislation, nor whether it was improperly granted or presented irregularly; if the complainant intends to challenge such authorization, or the substance of what was resolved by Setena in the proceeding, they may submit their position to contradictorio in ordinary channels and present the evidence they deem pertinent. Finally, in the amparo petition, no facts or omissions were attributed to the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), so prima facie a constitutional analysis on this is unnecessary.

VCG04/2024

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Content of Interest:

Content type: Dissenting Vote

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Topic: 049- Contentious-Administrative Jurisdiction

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

X.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATES SALAZAR ALVARADO AND LARA GAMBOA, WITH THE FIRST DRAFTING. With due respect, we disagree with the majority vote that grants the petition, based on the following reasons:

The protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System, is safeguarded not only in article 50 of the Political Constitution but also in a series of laws and executive decrees (regulations) in force, such as the Organic Law of the Environment, Law No. 7554 of October 4, 1995; the Biodiversity Law, Law No. 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law, Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, to name just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate the constitutionality control from the legality control. In this sense, it is the criterion of the undersigned that this Chamber, through amparo, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the issue must be raised and discussed in the legality channel. Therefore, the simple non-compliance with legally imposed obligations and duties on various public administrations in environmental matters is appropriate to be heard in the legality channel –administrative or jurisdictional– where, with much greater breadth, the alleged non-compliances or omissions may be scrutinized. It must be kept in mind that the amparo petition is a summary, informal, simple, and rapid process, in such a way that from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in exercise of its powers, and processes a procedure, with the issuance of administrative acts, its knowledge falls outside the scope of action of this specialized jurisdiction. Therefore, the review of administrative actions carried out regarding an environmental topic that requires, for its correct assessment, a full knowledge process, is only possible in the ordinary jurisdiction, given that the design of the amparo process is incompatible with the contrasting or review of technical or legal criteria developed under the protection of the legal or regulatory norms in force or with the evacuation of new and greater elements of conviction necessary for the contrasting or review of the criteria already existing in the administrative file of the case. The contrary would imply transforming the amparo into an ordinary full knowledge process, which would denature it and render nugatory the purposes for which it has been designed, thereby losing its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, we consider that when a public entity or body has intervened, in various forms, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its knowledge and oversight correspond to the contentious-administrative jurisdiction. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter is the competence of the legality channel. Consequently, this petition should have been rejected outright, since its object is a matter proper to be discussed, analyzed, and resolved in the legality channel. However, since it was not done so, the appropriate course is to declare it without merit, without making any pronouncement regarding the substance of the issue raised as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically, the contentious-administrative, to determine whether the accused administrative actions and conducts conform or not, in substance, to the provisions of the legal system of statutory rank, regarding the protection, guardianship, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

VCG04/2024

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Content of Interest:

Content type: Dissenting Vote

Branch of Law: 6. LAW OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE

Topic: 052- Cessation of the contested act due to the filing of the amparo. Withdrawal and extra-procedural satisfaction

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

XI.- Dissenting vote of Magistrate Garro Vargas regarding the operative part of this judgment. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: “If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the contested action, the petition shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable.”

My interpretation of that norm is as follows: That “resolution” is any valid and effective act through which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are applicable” refers to costs. Moreover, article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, cited by the majority, based on article 14 of the LJC, refers precisely only to these: the costs.

Certainly, according to article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo petition is not compensatory but restorative; however, article 51 of the LJC indicates: “Any resolution that grants the petition shall condemn in abstracto to compensation for the damages caused and to the payment of the costs of the petition, and its settlement shall be reserved for the execution of judgment.”

If the right has been violated and the Chamber verifies it as such, even in the event it has been restored, damages could have arisen. For this reason, the condemnation in abstracto of these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not given, in the event they did occur, there would be no title –derived from this process– to claim them, which could violate article 41 of the CP. Even if there is condemnation in abstracto, if no damages occurred, the judge in the ordinary channel will declare it so, since only that judge has the authority to consider proven the real existence and magnitude of the same.

With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only in the face of an amparo petition. It remains to be said that article 52 of the LJC provides for the possibility that, if deemed fair, the Chamber may condemn in costs, even when the right has been restored.

By reason of the above, I partially dissent regarding the operative part and order the condemnation in damages, but not in costs.

VCG04/2024

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Text of the resolution

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Exp: 23-030389-0007-CO

Res. No. 2024010062

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.

San José, at nine hours twenty minutes on the nineteenth of April, two thousand twenty-four.

Amparo remedy processed in case file number 23-030389-0007-CO, filed by [Name 001], of legal age, identity card number [Value 001], against the National Environmental Technical Secretariat and the Regional Directorate of the Tempisque Conservation Area of the National System of Conservation Areas, both of the Ministry of Environment and Energy.

Whereas:

1.- By written submission received in the Secretariat of the Chamber at 11:08 hours on December 7, 2023, the petitioner files an amparo remedy against the National Environmental Technical Secretariat -SETENA- of the Ministry of Environment and Energy -MINAE- and states that, since August 18, 2023, she filed an environmental complaint before the respondent authority, which is being processed in case file No. D1-0092-2022-SETENA, PROYECTO RESIDENCIAS LATI. She details that the complaint referred to the unpermitted logging of a forest in Cóbano for the purpose of building several residences. She alleges that, for this purpose, the land use (uso de suelo) was changed on a hill that was mountain, with which there was a loss of biodiversity in a biological corridor and impacts on the climate and the landscape occurred. She argues that "the respondents, for that land-use change (cambio de uso del suelo), did not even establish in the environmental license the need to require a declaration of national convenience, if such were applicable, as required by the environmental regulations in the Forest Law (Ley Forestal) linked by connection to constitutional article 50". She says that on August 18, a report from the National System of Conservation Areas was submitted detailing the forest nature of the intervened site and the evident and manifest change thereof, but none of that mattered. She alleges that "as can be seen in our complaint submission, a measure was requested so that a suspension of the project had to be applied and nothing has been done. 6- That the respondents only notified us on August 28, through official letter SETENA DT ASA L699-2023 that the matter was being transferred to the construction company, but from that, to this day, more than two months have passed and nothing is resolved, despite the fact that we requested precautionary measures. 7- That to date we continue waiting for the environmental license to be revoked, for them to adopt restoration and environmental protection measures on the hill where construction is taking place and where the forest was eliminated". Based on the arguments presented, she considers that with the accused action, fundamental rights were violated. She requests that the remedy be granted.

2.- By resolution at 10:05 hours on December 11, 2023, the Presidency of the Chamber admitted this process and an report was requested from the Secretary General of SETENA regarding the facts alleged by the petitioner.

3.- Ulises Álvarez Acosta, in his capacity as Secretary General of SETENA, reports under oath (submission presented at 13:20 hours on December 19, 2023) that a report was requested from the Department of Environmental Auditing and Follow-up, which was rendered through official letter SETENA-DT-ASA-2361-2023, responsible for processing the complaint, which details the follow-up that has been given to it and which is transcribed below:

"FIRST: On March 30, 2022, through resolution No. 551-2022-SETENA, Environmental Viability was granted to case file D1-0092-2022-SETENA, Residencias Lati project, with the following characteristics:

"3 single-family homes of 1 and 2 levels totaling 1695 m2 in total, having access roads, a swimming pool, green areas, and parking. Where materials such as concrete, wood, glass, metal structure, ceramic, among others, will be used. In the construction stage, first the earthworks (movimientos de tierra) and project clearing and then the construction. And in the operational stage, it is the operation of the residences. The coverage corresponds to 33.60% of the total plot plan and the remaining 66.40% will be maintained as a green zone. Earthworks (movimientos de tierra) are contemplated with hauling outside the AP of volumes up to 10,000 m3. the earthworks (movimiento de tierra) of 2055.74 m3 and a fill of 455.08 m3, this earthworks (movimiento) will be done adequately, and the material leaving the AOP will be managed with an authorized manager which will dispose of the material adequately. In addition, health and hygiene measures will be taken for the equipment removing the material from the AOP. Use a system of proven efficiency such as FAFA or improved tanks. Respect drainage setbacks with structures and property boundaries. Do not waterproof the area where the septic tank will be located."

SECOND: On April 20, 2023, consecutive number 04083-2023 was received regarding an environmental complaint by Mrs. [Name 001] against the referenced project.

THIRD: On April 26, 2023, through official letter SETENA-DT-ASA-0791-2023, the project developer was requested to respond to the complaint filed, within a period of 10 business days. The foregoing in compliance with due process (debido proceso).

FOURTH: On May 12, 2023, a field visit to the project area was conducted by the Department of Environmental Auditing and Follow-up, as recorded in inspection record ASA-ACT-INS-0053-2022, for the follow-up of the complaint.

FIFTH: On the dates April 5, 2023 and April 29, 2023, May 9, 2023, through case numbers 17713, 17647, 18135 of the digital platform, the technical references were presented by Mr. Daniel Loría Sims, environmental regent, in response to the complaint filed against the project, according to official letter SETENA-DT-ASA-0791-2023, where the matter was transferred to the project developer.

SIXTH: On June 1, 2023, through resolution No. 0830-2023-SETENA, the complaint filed before SETENA on April 20, 2023, by the complainant [Name 001], against the Residencias Lati project was partially upheld. The fact alleged regarding the dragging of materials onto the public road was only partially upheld. This because it was indicated in the inspection visit that during the March rainfall, the environmental measures to mitigate the dragging of the earth that still remained on the site as a result of the earthworks (movimiento de tierras) carried out for the construction of the two single-family homes that are currently in grey structure had not yet been installed. While the earthworks (movimientos de tierra) had concluded and said earth was even exported to a neighboring property, the truth is that during the rainfall said residual material in the project area reached the public road; however, it has not been the only project that contributed said reported material given that there is another project with significant earthworks (movimientos de tierra), a project that borders the referenced case file and for that reason it is partially upheld. In all other respects the complaint was denied. In addition, the developer was ordered to maintain mitigation and control measures for sediment dragging.

SEVENTH: On June 8, 2023, consecutive number 05732-2023 was received regarding the appeal for reversal against resolution 0830-2023-SETENA, filed by Mr. Álvaro Sagot Rodríguez, legal representative of Mrs. [Name 001].

EIGHTH: On August 18, 2023, consecutive numbers 08202 and 08203-2023 were received regarding a submission of new evidence in reference to the environmental complaint for irregular situations in the project, filed by Mr. Álvaro Sagot Rodríguez, legal representative of [Name 001].

NINTH: On August 28, 2023, through official letter SETENA-DT-ASA-1699-2023, the project developer was requested again to respond to the amplification of the complaint filed on August 18, 2023, within a period of 10 business days, in compliance with due process (debido proceso).

TENTH: On August 30, 2023, through resolution No. 1257-2023-SETENA, the appeal for reversal against resolution 0830-2023-SETENA of June 1, 2023, was declared Without Merit, leaving the same unaltered.

ELEVENTH: On September 13, 2023, consecutive number 09099-2023 was received regarding the response to the exculpatory evidence requested through official letter SETENA-DT-ASA-1699-2023, in which the developer was granted a hearing to respond to the amplification of the complaint.

TWELFTH: On September 19, 2023, once the response given by the developer was analyzed, through official letter SETENA-DT-ASA-1883-2023, a technical criterion was requested from the Tempisque Conservation Area, National System of Conservation Areas, to proceed with addressing the complaint, as evidence for better resolution.

THIRTEENTH: On November 9, 2023, through official letter SETENA-DT-ASA-2140-2023, a reminder of the request for technical criterion was sent to the Tempisque Conservation Area, National System of Conservation Areas, in order to be able to resolve the complaint filed.

FOURTEENTH: On December 18, 2023, the response was received from SINAC, under official letter SINAC-ACT-OR-DR-1991-2023 with transmittal of report ACT-OSRC-274-2023, in response to the consultation made through official letters SETENA-DT-ASA-1883-2023 and SETENA-DT-ASA-2140-2023.”

Conclusion. According to the background set forth in this official letter, it is demonstrated that SETENA has carried out the necessary acts in a timely manner for the proper follow-up of the complaint filed by Mrs. [Name 001], represented by Mr. Álvaro Sagot Rodríguez, and that as of the date of notification of this amparo remedy, it had not been resolved pending the response from the Tempisque Conservation Area, National System of Conservation Areas. At this instance, official letters SETENA-DT-ASA-1883-2023 of September 19, 2023 and notified on October 2, 2023, and as a reminder official letter SETENA-DT-ASA-2140-2023 of November 9, 2023 and notified on November 10, 2023, were sent. On the other hand, this Secretariat received on Monday, December 18, 2023, the response from SINAC, under official letter SINAC-ACT-OR-DR-1991-2023 with transmittal of report ACT-OSRC-274-2023, in response to the consultations made through official letters SETENA-DT-ASA-1883-2023 and SETENA-DT-ASA-2140-2023, for which reason the analysis of the information issued by SINAC will proceed, in order to resolve and provide a response to the complaint filed by Mrs. [Name 001]. The response received on Monday, December 18, 2023, from the Tempisque Conservation Area is essential to proceed with addressing the arguments set forth in the complaint filed, especially those described below: 1. Whether the work carried out by the developer under plot plan P-2248092-2020, farm number 244707-000, is where they indicate that earthworks (movimientos de tierra), terrace formation, and road openings are observed in a forest area in accordance with the forest ecosystem determination ACT-OSRC-197-2023. 2. Whether from the field inspections with the survey carried out, they can determine that the changes observed in forest cover (cobertura forestal) correspond to the buildings and roads of the project under plot plan P-2248092-2020, farm number 244707-000. It requests that the remedy be declared without merit.

4.- By resolution at 16:55 hours on February 26, 2024, the Instructing Judge extended the remedy against the Director of the Regional Office of the Tempisque Conservation Area of the National System of Conservation Areas.

5.- By resolution at 17:17 hours on February 26, 2024, as evidence for better resolution, the Instructing Judge requested Ulises Álvarez Acosta, in his capacity as Secretary General of SETENA or whoever holds that position, to report to this Chamber the following: 1) The date on which the environmental complaint filed by the petitioner was resolved. 2) The date on which the resolution was notified to the petitioner.

6.- Nelson Marín Mora, in his capacity as Regional Director of the Tempisque Conservation Area of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy, reports under oath (submission presented at 10:26 hours on March 5, 2024) in the following terms:

"FIRST: Official Letter SETENA-DT-ASA-1883-2023 was received on October 2, 2023. Through official letter SETENA-DT-ASA-1883-2023, SETENA indicates and requests the following:

"Report ACT-OSRC-201-2023 of August 4, 2023 indicates in table 1. The plot plan number information and owners of the investigated farms. On page 7 of this report they indicate 'that it is a very large and complex case, given that it involves a mother farm that was recently segregated into several farms, for which it is necessary to assemble the plot plans of each of the properties in order to define on which farms each of the evidenced events occur.'

As part of the information cited in the preceding paragraph, when indicating that the technical report applies to the 9 plot plans in table 1 and by not determining punctually what corresponds to the property where case file D1-0092-2022-SETENA, Residencias Lati is being developed, we require and based on the principle of inter-institutional coordination, we request SINAC to indicate to this Secretariat the following:

1. Whether the work carried out by the developer under plot plan P-2248092-2020, farm number 244707-000, is where they indicate that earthworks (movimientos de tierra), terrace formation, and road openings are observed in a forest area in accordance with the forest ecosystem determination ACT-OSRC-197-2023.

2. Whether from the field inspections with the survey carried out, they can determine that the changes observed in forest cover (cobertura forestal) correspond to the buildings and roads of the project under plot plan P-2248092-2020, farm number 244707-000.

Technical report ACT-OSRPL-197-2023 of July 27, 2022, Forest determination according to the definition of Forest Law (Ley Forestal) 7575 of Costa Rica, on page 3, introduction section indicates that the study comprises farms 6-244715-000, 6-244720-000, 6-244718-000, 6-244709-000 and 6-2447708-000, leaving out the farm where case file D1-0092-2022-SETENA, Residencias Lati is being developed, plot plan P-2248092-2020, farm number 244707-000, for this reason we need you to indicate whether or not there is forest on this property and whether it was logged.”.

SECOND: On September 26, 2023, in follow-up to judicial case 23-000028-0611-PE, where the developer under plot plan P-2248092-2020, farm number 244707-000 appears as a possible accused, an expert examination of the delimitation of the works and forest impact on each of the farms investigated in said case is carried out.

THIRD: Between September 26, 2023 and November 23, 2023, the analysis of the information gathered was completed and official letter ACT-OSRPL-641-2023 was issued to Licda. Silvia Solís Dávila, Environmental Prosecutor, Adjutant Agrarian Environmental Prosecutor's Office. It is worth mentioning that, due to institutional necessity for lack of personnel, the official in charge of the investigation assumes, among other things, in turn two overloads of leadership positions in the subregional offices Paquera-Lepanto and Cóbano, which conditions the response times for attention due to the high volume of overload work.

FOURTH: On December 5, 2023, official letter ACT-OSRC-274-2023 is issued, in which a response is given to Official Letter SETENA-DT-ASA-1883-2023 and the following is indicated:

1) The work carried out by the developer under plot plan P-2248092-2020, farm number 244707-000, forms part of the complaint for land-use change (cambio de uso del suelo) corresponding to case 23-000028-0611-PE.

2) Technical report ACT-OSRPL-197-2023 leaves out the farm where case file D1-0092-2022-SETENA, Residencias Lati is being developed, plot plan P-2248092-2020, farm number 244707-000, considering that, at the time of the elaboration of the forest expert examination, the pre-existing cover (cobertura) at the indicated site had been altered and partially removed, therefore, it was not viable to use that area as a control for the study.

3) The Procedural Code provides in its Article 295, Privacy of proceedings: 'The preparatory procedure shall not be public for third parties. The proceedings may only be examined by the parties, directly or through their representatives. Lawyers who invoke a legitimate interest shall be informed by the Public Prosecutor's Office about the fact being investigated and about the accused or detainees that exist, in order that they may decide whether to accept participation in the case. The parties, the officials participating in the investigation, and the other persons who, for any reason, have knowledge of the proceedings carried out, shall have the obligation to maintain secrecy. Failure to comply with this obligation shall be considered a serious fault.' As it is a case under investigation and is being acted upon under the functional direction of the Cóbano Prosecutor's Office, this official acts in accordance with the procedural code in its Article 295.

Therefore, it is communicated that the reported facts form part of an open judicial case, which has been attended to by the Cóbano subregional office and cannot be disclosed."

7.- Ulises Álvarez Acosta, in his capacity as Secretary General of SETENA, reports under oath (submission presented at 13:47 hours on March 21, 2024) that the complaint filed by the petitioner was resolved by resolution No. 0186-2024-SETENA at 10:45 hours on February 7, 2024. According to the notification receipt, it was notified to the petitioner on February 7, 2024, at 11:36 hours, to the email address: [email protected], the address indicated in the complaint. He requests that the remedy be declared without merit.

8.- In the proceedings conducted, the legal requirements have been observed.

Authored by Judge Castillo Víquez; and,

Considering:

I.- Regarding the cognizance of this case for violation of Article 41 of the Political Constitution. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, starting from judgment No. 2008-002545 at 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative litigation jurisdiction –with some exceptions– those matters in which it is discussed whether the Public Administration has complied or not with the time periods established by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure –initiated ex officio or at the request of a party– or to hear the applicable administrative remedies. Precisely, in the sub lite case, an exception scenario is raised, as it involves an environmental complaint that has allegedly not been resolved within a reasonable time. Having clarified the point, the specific situation raised in this amparo is proceeded to be resolved.

II.- Purpose of the remedy. The petitioner alleges that on August 18, 2023, she filed an environmental complaint before SETENA, which is being processed in case file No. D1-0092-2022-SETENA, PROYECTO RESIDENCIAS LATI. She details that the complaint refers to the unpermitted logging of a forest in Cóbano for the purpose of building several residences. She says that a measure was requested so that a suspension of the project had to be applied and nothing has been done. They were only notified on August 28, through official letter SETENA DT ASA L699-2023, that the matter was being transferred to the construction company, but from that, more than two months have passed and nothing is resolved, despite the fact that precautionary measures were requested. She continues to await the revocation of the environmental license, as well as the adoption of restoration and environmental protection measures on the hill where construction is taking place and the forest was eliminated.

III.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been so accredited or because the respondents have omitted to refer to them as provided in the initial order:

1) On March 30, 2022, through resolution No. 551-2022-SETENA, SETENA granted Environmental Viability to case file D1-0092-2022-SETENA, Residencias Lati project (see first report of the Secretary General of SETENA).

2) On April 20, 2023, consecutive number 04083-2023 was received regarding an environmental complaint by Mrs. [Name 001] against the referenced project (see first report of the Secretary General of SETENA).

3) On April 26, 2023, through official letter SETENA-DT-ASA-0791-2023, the project developer was requested to respond to the complaint filed within a period of 10 business days (see first report of the Secretary General of SETENA).

4) On May 12, 2023, a field visit to the project area was conducted by the Department of Environmental Auditing and Follow-up, as recorded in inspection record ASA-ACT-INS-0053-2022, for the follow-up of the complaint (see first report of the Secretary General of SETENA).

5) On the dates April 5, 2023, April 29, 2023, and May 9, 2023, through case numbers 17713, 17647, 18135 of the digital platform, the technical references were presented by Mr. Daniel Loría Sims, environmental regent, in response to the complaint filed against the project, according to official letter SETENA-DT-ASA-0791-2023, where the matter was transferred to the project developer (see first report of the Secretary General of SETENA).

6) On June 1, 2023, through resolution No. 0830-2023-SETENA, the complaint filed before SETENA on April 20, 2023, by the complainant [Name 001], against the Residencias Lati project was partially upheld. The fact alleged regarding the dragging of materials onto the public road was only partially upheld. In all other respects the complaint was denied. In addition, the developer was ordered to maintain mitigation and control measures for sediment dragging (see first report of the Secretary General of SETENA).

7) On June 8, 2023, consecutive number 05732-2023 was received regarding the appeal for reversal against resolution 0830-2023-SETENA, filed by Mr. Álvaro Sagot Rodríguez, legal representative of Mrs. [Name 001] (see first report of the Secretary General of SETENA).

8) On August 18, 2023, consecutive numbers 08202 and 08203-2023 were received regarding a submission of new evidence in reference to the environmental complaint for irregular situations in the project, filed by Mr. Álvaro Sagot Rodríguez, legal representative of [Name 001] (see first report of the Secretary General of SETENA).

9) On August 28, 2023, through official letter SETENA-DT-ASA-1699-2023, the project developer was requested again to respond to the amplification of the complaint filed on August 18, 2023, within a period of 10 business days, in compliance with due process (debido proceso) (see first report of the Secretary General of SETENA).

10) On August 30, 2023, through resolution No. 1257-2023-SETENA, the appeal for reversal filed against resolution 0830-2023-SETENA of June 1, 2023, was declared Without Merit, leaving the same unaltered (see first report of the Secretary General of SETENA).

11) On September 13, 2023, consecutive number 09099-2023 was received regarding the response to the exculpatory evidence requested through official letter SETENA-DT-ASA-1699-2023, in which the developer was granted a hearing to respond to the amplification of the complaint (see first report of the Secretary General of SETENA).

12) On September 19, 2023, once the response given by the developer was analyzed, through official letter SETENA-DT-ASA-1883-2023, a technical criterion was requested as evidence for better resolution from the Tempisque Conservation Area, National System of Conservation Areas, to proceed with addressing the complaint (see first report of the Secretary General of SETENA).

13) On October 2, 2023, official letter SETENA-DT-ASA-1883-2023 was received at the Tempisque Conservation Area of the National System of Conservation Areas, where SETENA requests a technical criterion (see report of the Regional Director of the Tempisque Conservation Area of the National System of Conservation Areas).

14) On September 26, 2023, in follow-up to judicial case 23-000028-0611-PE, where the developer under plot plan P-2248092-2020, farm number 244707-000 appears as a possible accused, the Tempisque Conservation Area of the National System of Conservation Areas carries out an expert examination of the delimitation of the works and forest impact on each of the farms investigated in said case (see report of the Regional Director of the Tempisque Conservation Area of the National System of Conservation Areas).

15) Between September 26, 2023 and November 23, 2023, the Tempisque Conservation Area of the National System of Conservation Areas finishes analyzing the information gathered and issues official letter ACT-OSRPL-641-2023 to Licda. Silvia Solís Dávila, Environmental Prosecutor, Adjutant Agrarian Environmental Prosecutor's Office. It is worth mentioning that, due to institutional necessity for lack of personnel, the official in charge of the investigation assumes, among other things, in turn two overloads of leadership positions in the subregional offices Paquera-Lepanto and Cóbano, which conditions the response times for attention due to the high volume of overload work (see report of the Regional Director of the Tempisque Conservation Area of the National System of Conservation Areas).

16) On November 9, 2023, through official letter SETENA-DT-ASA-2140-2023, a reminder of the request for technical criterion was sent by SETENA to the Tempisque Conservation Area, National System of Conservation Areas, in order to be able to resolve the complaint filed (see first report of the Secretary General of SETENA).

17) On December 5, 2023, official letter ACT-OSRC-274-2023 is issued, where the Tempisque Conservation Area of the National System of Conservation Areas provides a response to official letter SETENA-DT-ASA-1883-2023 (see report of the Regional Director of the Tempisque Conservation Area of the National System of Conservation Areas).

18) On December 18, 2023, the response was received from SINAC, under official letter SINAC-ACT-OR-DR-1991-2023 with transmittal of report ACT-OSRC-274-2023, in response to the consultation made through official letters SETENA-DT-ASA-1883-2023 and SETENA-DT-ASA-2140-2023 (see first report of the Secretary General of SETENA and documentary evidence provided).

19) By resolution No. 0186-2024-SETENA at 10:45 hours on February 7, 2024, SETENA resolved the complaint filed by the petitioner (see second report of the Secretary General of SETENA and documentary evidence provided).

20) On February 7, 2024, at 11:36 hours, via electronic mail, resolution No. 0186-2024-SETENA was notified to the petitioner (see second report of the Secretary General of SETENA and documentary evidence provided).

IV.- Regarding the principle of swift and fulfilled justice. The Administration, in light of Article 41 of the Constitution, has the obligation to guarantee citizens the fulfillment of swift and fulfilled justice, without denial, which implies, in the field of administrative justice, its obligation to decide with diligence and speed the claims raised by the administered parties, so that its resolution is consistent with the alleged points, as well as to communicate to the interested parties what was decided, all within a reasonable time. In this sense, the "reasonable" nature of the duration of the administrative activity is determined on a case-by-case basis based on various elements, such as the technical complexity of the administrative matter, the extent of the evidence to be evacuated, or the degree of impact on the person or the environment of the contested act, from which it is inferred that there is no strict right to the constitutionalization of time periods, but rather a right for constitutionality control to be applied over those actions of the Administration in which there are insufficient reasons to justify the time taken in the resolution of some type of administrative procedure.

V.- Regarding the specific case. In the present matter, it is deduced from the case record that the petitioner's disagreement is limited to the delay by SETENA in resolving the amplification to the complaint initially filed, which is related to the Residencias Lati project processed in case file D1-0092-2022-SETENA, to which, through resolution No. 551-2022-SETENA of March 30, 2022, environmental viability was granted. It is verified that the characteristics of that project are the following: "3 single-family homes of 1 and 2 levels totaling 1695 m2 in total, having access roads, a swimming pool, green areas, and parking. Where materials such as concrete, wood, glass, metal structure, ceramic, among others, will be used. In the construction stage, first the earthworks (movimiento) and project clearing and then the construction. And in the operational stage, it is the operation of the residences. The coverage corresponds to 33.60% of the total plot plan and the remaining 66.40% will be maintained as a green zone. Earthworks (movimientos de tierra) are contemplated with hauling outside the AP of volumes up to 10,000 m3.

the earthworks (movimiento de tierra) of 2055.74 m³ and a fill of 455.08 m³, this earthworks will be done in an appropriate manner, and the material that comes out of the AOP will be managed with an authorized manager who will dispose of the material appropriately. In addition, health and hygiene measures will be taken for the equipment that removes the material from the AOP. Use a system of proven efficiency such as FAFA or improved tanks. Respect drainage setbacks with structures and property boundaries. Do not waterproof the area where the septic tank will be located.”

It is verified that, first, on April 20, 2023, the consecutive number 04083-2023 was filed with SETENA regarding an environmental complaint by Mrs. [Name 001] against the project described above. In response to that filing, on April 26, 2023, through official letter SETENA-DT-ASA-0791-2023, the project developer was requested to respond to the complaint within 10 business days. Furthermore, on May 12, a field visit to the project area was conducted by the Department of Environmental Auditing and Monitoring, as recorded in inspection report ASA-ACT-INS-0053-2022, for the follow-up of the complaint. Likewise, on April 5, 2023, April 29, 2023, and May 9, 2023, through case numbers 17713, 17647, 18135 of the digital platform, the technical references were submitted by Mr. Daniel Loría Sims, environmental regent, in response to the complaint filed against the project, pursuant to official letter SETENA-DT-ASA-0791-2023, in which the project developer was given notice. Hence, on June 1, 2023, through Resolution No. 0830-2023-SETENA, the cited complaint was partially upheld. Only the fact reported regarding the dragging of materials onto the public road was partially upheld. This was based on the following grounds: “it has been indicated in the inspection visit that during the March rainfall the environmental measures to mitigate the dragging of the soil that still remained on the site as a result of the earthworks carried out for the construction of the two dwelling houses that are currently at the grey structure stage had not yet been installed. While the earthworks had been completed and the soil was even exported to a neighboring property, the truth is that during the rainfall said residual material in the project area reached the public road; however, this project has not been the only one that contributed said reported material since there is another project with significant earthworks, a project that adjoins the reference case file and for that reason it is partially upheld.” The complaint was denied in all other respects. In addition, the developer was ordered to maintain mitigation and control measures for sediment dragging. It is proven that on June 8, 2023, a motion to revoke the previous resolution was filed by Mr. Álvaro Sagot Rodríguez, legal representative of the petitioner. This objection was dismissed on August 30, 2023, through Resolution No. 1257-2023-SETENA.

In relation to what was raised in this amparo, it is accredited that on August 18, 2023, the consecutive numbers 08202 and 08203-2023 were filed with SETENA regarding a contribution of new evidence in reference to the environmental complaint for irregular situations in the cited project, filed by Mr. Álvaro Sagot Rodríguez, legal representative of the petitioner. Consequently, on August 28, through official letter SETENA-DT-ASA-1699-2023, the project developer was requested to respond to the expansion of the complaint within 10 business days, in compliance with due process. It is noted that the corresponding response was received on September 13. Although on September 19, after analyzing that response given by the developer, through official letter SETENA-DT-ASA-1883-2023, a request was made as evidence for a better ruling to the Tempisque Conservation Area (Área de Conservación Tempisque), National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), for a technical opinion to proceed with the handling of the complaint. That communication was received by said Area on October 2, in which SETENA states and requests the following: “Report ACT-OSRC-201-2023 of August 4, 2023, indicates in table 1 the information on the plan number and owners of the investigated properties. On page 7 of this report they indicate ‘that it is a very large and complex case, given that it involves a parent property that was recently subdivided (segregó) into several properties, so it is necessary to assemble the plans for each of the properties in order to define on which properties each of the evidenced facts occur.’ As part of the information cited in the preceding paragraph, since the technical report is tailored for the 9 plans in table 1 and does not specifically determine which one corresponds to the property where case file D1-0092-2022-SETENA, Residencias Lati, is being developed, we require, based on the principle of inter-institutional coordination, that SINAC indicate to this Secretariat the following: 1. Whether the works carried out by the developer under plan P-2248092-2020, property number 244707-000, are where it indicates that earthworks, terrace formation, and road openings are observed in a forest area in accordance with the ecosystem determination of forest ACT-OSRC-197-2023. 2. Whether, based on the field inspections and the survey conducted, they can determine that the changes observed in the forest cover (cobertura forestal) correspond to the constructions and roads of the project under plan P-2248092-2020, property number 244707-000. Technical report ACT-OSRPL-197-2023 of July 27, 2022, Forest Determination according to the definition of the Forest Law (Ley Forestal) 7575 of Costa Rica, on page 3, in the introduction section, indicates that the study covers properties 6-244715-000, 6-244720-000, 6-244718-000, 6-244709-000, and 6-2447708-000, leaving out the property where case file D1-0092-2022-SETENA, Residencias Lati, plan P-2248092-2020, property number 244707-000, is being developed; for this reason we request that you indicate whether or not there is forest and forest clearance on this property.” It is reported that on September 26, 2023, in follow-up to judicial case 23-000028-0611-PE, where the developer under plan P-2248092-2020, property number 244707-000, appears as a possible accused, the Tempisque Conservation Area conducted an expert assessment of the delimitation of the works and the impact on the forest on each of the properties investigated in said case. Furthermore, between September 26, 2023, and November 23, 2023, it finished analyzing the information collected and issued official letter ACT-OSRPL-641-2023 to Attorney Silvia Solís Dávila, Environmental Prosecutor of the Adjacent Agrarian Environmental Prosecutor's Office. However, on December 5, 2023, official letter ACT-OSRC-274-2023 was issued, in which the Tempisque Conservation Area responds to official letter SETENA-DT-ASA-1883-2023 and indicates the following: 1) The works carried out by the developer under plan P-2248092-2020, property number 244707-000, form part of the complaint for land-use change (cambio de uso del suelo) corresponding to case 23-000028-0611-PE. 2) Technical report ACT-OSRPL-197-2023 leaves out the property where case file D1-0092-2022-SETENA, Residencias Lati, plan P-2248092-2020, property number 244707-000, is being developed, considering that, at the time of preparing the forest expert assessment, the pre-existing cover on the indicated site had been altered and partially removed, therefore, it was not feasible to use that area as a control for the study. 3) The Code of Criminal Procedure provides in its Article 295, Privacy of Proceedings: “The preparatory procedure shall not be public for third parties. The proceedings may only be examined by the parties, directly or through their representatives. Attorneys who invoke a legitimate interest shall be informed by the Public Prosecutor’s Office about the fact under investigation and about any accused or detainees that exist, in order for them to decide whether to accept participation in the case. The parties, the officials participating in the investigation, and all other persons who, for any reason, have knowledge of the completed proceedings, shall have the obligation to maintain secrecy. Failure to comply with this obligation shall be considered a serious offense.” As it is a case under investigation and is being conducted under the functional direction of the Cóbano Prosecutor's Office, this official acts in accordance with the Code of Criminal Procedure in its Article 295. Therefore, they are informed that the reported facts form part of an open judicial case, which has been handled by the Cóbano subregional office and cannot be disclosed.” That response was received by SETENA on December 18, 2023. Hence, finally, through Resolution No. 0186-2024-SETENA at 10:45 a.m. on February 7, 2024, it resolved the complaint filed by the petitioner in the following sense: “FIRST: To reject in full, the complaint filed before SETENA on August 18, 2023, through consecutive number 08203-2023, by Mr. Álvaro Sagot Rodríguez, legal representative of Mrs. [Name 001], against the project Residencias Lati with case file D1-0092-2022-SETENA.” This ruling was notified to the petitioner that same day.

From the foregoing account it is verified that both respondent authorities incurred in delay in processing and attending to what corresponded to each of them regarding the expansion of the complaint filed by the petitioner’s legal representative. Although SETENA was initially diligent in its processing and even promptly requested a technical opinion from whomever it deemed appropriate, it delayed the issuance of the final resolution. It is noted that it is accredited that it received the referenced technical opinion on December 18, 2023, but issued Resolution No. 0186-2024-SETENA, which rejects that expansion of the complaint, only on February 7 last. Regarding the Tempisque Conservation Area, it is verified that it received the request for a technical opinion on October 2, 2023, but issued it more than two months later, specifically on December 5. In that sense, it is recognized that, due to institutional necessity for lack of personnel, the official in charge of the investigation assumes, among other things, two leadership reassignments in the Paquera-Lepanto and Cóbano subregional offices, which conditions the response times for attention due to the high volume of reassignment work. A situation that is understandable, but cannot be a justification for the delay in attending to what was requested by SETENA and which contributed to the delay in resolving what was raised, since the required opinion was awaited. Given the scenario described, there is no doubt that a violation of the right to prompt administrative justice has occurred to the detriment of the petitioner, since it is verified that they have not been diligent in the processing of the filed management. That delay has resulted in a denial of administrative justice, therefore the respondent party is reminded of the Administration’s obligation to act according to the principles of effectiveness, efficiency, simplicity, and speed. Hence the suitability of the claim. However, in view of the fact that, on the occasion of the intervention of this Chamber, the expansion of the complaint was resolved and the resolution was notified to the citizen, the appropriate course is to grant the appeal, as shall be stated below.

VI.- Conclusion. Therefore, since the constitutional infringement has been accredited in the terms stated, the amparo must be declared with merit against both respondent authorities, although without a special award of costs, damages, and losses, since the expansion of the complaint filed by the petitioner’s legal representative has already been resolved.

VII.- Regarding the award of costs, damages, and losses in accordance with Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional). Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine case, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (“If, while the amparo is ongoing, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit solely for the purposes of indemnification and costs, if applicable”), the granting decision must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that requires that the operative part of the ruling indicate that the appeal is declared with merit, when the grievance is resolved while the amparo is ongoing, it is no less true that the same paragraph in fine states that the granting decision is made “solely for the purposes of indemnification and costs, if applicable.” It is emphasized that the Law states “if applicable,” which means that the appropriateness or inappropriateness of the indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the claim of the protected person and the respondent authority’s conduct in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Constitutional Jurisdiction Law, when it provides that: “any resolution that upholds the appeal shall condemn in abstracto to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its settlement shall be reserved for the execution of the judgment,” where the possibility of assessing whether what concerns indemnification and costs is applicable or not is not provided for. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, as applicable, those of International or Community Law and, furthermore, in order, the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública) and the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the rules of the Constitutional Jurisdiction Law —cf. Article 14—. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite case retains the possibility of resorting, if they see fit, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority’s criterion to resolve this appeal without an award of costs, damages, and losses.

VIII.- Note by Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported this Court’s thesis that when a person claiming a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings brings a claim, the Courts that must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, the Law Regulating the Right to Petition (Ley de Regulación del Derecho de Petición), it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the remedy of amparo established by Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration’s material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which are suitable for being heard in this jurisdiction through the constitutional remedy of amparo, in the other cases, and for the reasons this Court has given (Judgment No. 2008-002545 at 08:55 a.m. on February 22, 2008), the competent ones are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and rules), and the corresponding legal norms, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

IX.- NOTE BY MAGISTRATE CRUZ CASTRO. In the sub examine case, the petitioner mentions that on August 18, 2023, they filed a complaint before Setena, which is processed in case file No. D1-0092-2022-SETENA, PROYECTO RESIDENCIAS LATI. They detail that the complaint refers to the clearance without permits of a forest in Cóbano for the purpose of building several residences. They claim that such management has not been resolved nor has it been annulled, and that Setena has not protected the national forests, which violates constitutional numerals 50 and 89. They consider that the issued environmental license must be annulled.

In this regard, the filing made by the protected person on August 18, 2023, states:

“FIRST: In fact, since a forest exists, at the very least the environmental requirements should have been maximized by requiring the developer to carry out the most rigorous environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA), but that did not occur, and for this reason our request to revoke the environmental license deserves to be upheld.

In Resolution of the Plenary Commission No. 0830-2023-SETENA, the previous complaint was resolved, stating that everything was done lawfully, that there was no need to conduct an inspection prior to granting the license, even though the LOA required it, that there were no negative environmental effects on the ecosystems, that it was not SETENA’s matter to assess the project site to consider whether or not a forest existed, etc.

But now, through the documentation we provide, everything we set forth makes sense, and we request that restorative measures be taken and that even the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of the forest be applied, using the principle of reversal of the burden of proof, since property 6-244707-000, cadastral plan P-2248092-2020, is identified in the complaint as part of what constitutes forest in table 1 of the document called Inspection Report on possible forest clearance and land-use changes in Hermosa de Cóbano. And it is a forest where access roads have even been built within the forest itself, and this has contributed to the environmental damages we have been discussing since the initial complaint.

It is manifest that if the rigorous inspection established by the LOA regulation had been carried out, what was reported would have been detected, and this also involves the environmental licenses that were issued for the projects located in the immediate surroundings, which must also be analyzed by you so as not to be participants in environmental damages.

The determination that no forest existed in the project area was totally false, and the truth is that a national convenience decree never existed; therefore, we request that the administrative sanctioning procedures be opened against the professionals involved and against the project managers. We request that the environmental license be canceled and that an ecosystem restoration be ordered.

The principle of reversal of the burden of proof requires taking immediate actions, suspending the environmental license, and we thus request that this be ordered, for otherwise SETENA itself would be a participant in environmental damages.

Furthermore, in the same line as the above, let us recall that our Biodiversity Law (Ley de la Biodiversidad) even states in numeral 8 of that regulatory body, which is linked to constitutional numeral 50 by connection, that private property must fulfill an environmental function, but it seems that in this case the relevant assessment of the project has been omitted, and therefore we have a land-use change that necessitates the application of the principle of lifetime tenure of forests, so that things return to what existed previously through the respective restorative processes.

In the same vein as set forth above, we consider that the environmental license conflicts with numeral 49 of the Biodiversity Law, since biodiversity has been neglected by allowing, without oversight, a clear-cut clearing without criteria or technical assessments, of a site that had a clear forest cover and forestry vocation, as recorded in the photographs we initially provided and as indicated in the forest determination report of SINAC that is attached.

Norm 17 of the Organic Environmental Law and 92 of the Biodiversity Law clearly establish the state obligation to conduct environmental impact assessments when they entail environmental impacts on biodiversity, and although one did exist here, the truth is that it did not cover all aspects, and for this reason there were situations that border on legality and generate absolute nullity defects, since the forestry land use was changed to residential, as we have been arguing, and for what was indicated, there was NO assessment of the impacts of the loss of ecosystems in a site that today is known to be a forest, and worse, there never was even an inspection by SETENA, thereby violating the regulatory duty provided for in Article 84 of the Organic Environmental Law, as we have stated.

Therefore, we have defects in the license that lie in the content and the purpose of the enabling act, as essential elements are missing that cannot be erased by claiming that the consultants’ reports were believed, since here, as we have said, we are faced with duties expressly established by the Organic Environmental Law. Furthermore, the General Public Administration Law itself establishes in norm 132:

‘Article 132.- l. The content must be lawful, possible, clear, and precise, and must cover all questions of fact and law arising from the purpose, even if they have not been debated by the interested parties. 2. It must also be proportionate to the legal end and correspond to the purpose, when both are regulated...’

And since the rigorous inspection, that is, the legal inspection, was omitted, it is manifest that studies where all the factual and legal situations would evidently have been weighed were NOT carried out, and this lack of comprehensive assessment of legal obligations could have led, through the license, to illegally obtaining an authorization that changed the land use in the project area.

In the license, it was stated, as a justification for not conducting the inspection:

‘Having reviewed the information contained in administrative file Dl-00922022-SETENA, and analyzed the project’s location according to a report issued by the Geography area, thus complying with the provisions of Executive Decree No. 31849MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC and its amendments, the Department of Environmental Assessment decided not to conduct the field inspection. As additional elements that support this decision are: l. The nature of the project. 2. The congruence of the proposed project with the environment. 3. The significance of the environmental impact obtained in the Environmental Assessment Document Dl. 4. Having a photographic record of the project area. 5. The conclusions of the studies attached to the assessment instrument do not determine particular indications that need to be investigated further and corroborated with a field inspection.’

With the SINAC information now provided to you, combined with the non-inspection and non-review of orthophotos from months earlier regarding the existing forest, it is clear that there was never an analysis of the true environment or the significance of the environmental impact, and this leads to the nullity of the license and also paves the way to initiate actions against the project planners and the consultants.

As we have pointed out, the cumulative effect of the irrational clearing of the forest carried out by all the projects located in the forest on the adjacent properties was NEVER even assessed, and for this reason we request the absolute nullity of the environmental license, since there are defects in the content and the purpose of the environmental license indisputably.

In ordinal 14 of the Convention on Biological Diversity (Law No. 7416), we see that it is stated that environmental impact assessments must be extremely rigorous so that only a minimal adverse environmental impact results, but if it was taken as true that no forest existed, when in fact it did and does exist according to SINAC, we find that the company and the consultants must assume their responsibility here today, and for this reason we request the application of the relevant regulations, including the conventional ones, duly ratified.

Regarding the fundamental criteria for granting the revocation of the environmental license and nullity for violation of the principle of scientific protection, see, for example, rulings 200514293 and 2006-17126, where the Constitutional Chamber itself follows this line:

‘Of the objectification of environmental protection: which, as this Court stated in Judgment Number 14293-2005, at fourteen hours fifty-two minutes on October nineteenth, two thousand five, is a principle that can in no way be confused with the previous one [referring to the precautionary principle], insofar as, derived from the provisions of Articles 16 and 160 of the General Public Administration Law, it translates into the need to substantiate decision-making in this matter with technical studies, both in relation to acts and to provisions of a general character —both legal and regulatory—, from which the requirement of “linkage to science and technique” is derived, thereby conditioning the Administration’s discretion in this matter. So that, in light of the results derived from those technical studies —such as environmental impact studies—, if an objective technical criterion is evidenced denoting the probability of evident harm to the environment, natural resources, or human health, it is mandatory to reject the proposed project, work, or activity; and in the event of a “reasonable doubt,” it is mandatory to make decisions in favor of the environment (pro-natura principle), which may translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures, in order to adequately protect the environment.’ (Emphasis is ours)

That is, as we have been stating, even in case of doubt about the best course of action, everything must lean towards discarding the project carried out to date; put another way, a declaration of absolute nullity of the environmental enabling act is necessary so that the necessary, timely, and restorative measures are taken.

Even in a recent ruling (2022) of the Constitutional Chamber, it has been stated regarding the principle of objectification:

‘The Chamber’s jurisprudence is consistent in the sense that legislative powers must be linked to univocal rules of science or technique, elementary principles of justice, logic, or convenience, when the object of legislative activity is environmental matters, given that the principle of objectification of environmental protection has been consistently applied by Constitutional jurisprudence (Judgments N 2010-000075 at 15:01 hours on January 6, 2010, 2012-013367; at 11:33 hours on September 21, 2012, 2013-005964 at 15:05 hours on April 30, 2013, and 2018-007978 at 12:45 hours on May 18, 2018.)’ Ruling No 2022025307 at thirteen hours forty minutes on October twenty-fifth, two thousand twenty-two.’ (Emphasis is ours)

From what has been said, it is manifest that the report presented by the biologist contradicts the SINAC information, and that lack of proper criterion served for SETENA to subsequently endorse the questionable environmental license, but everything done by the consultants is permeated by violations of legality, transparency, constitutionality, and the principle of scientific protection that must lead to the revocation of the license and the opening of sanctioning bodies without a doubt.

On the other hand, let us also bear very much in mind that ANNEX 3, within the GENERAL REGULATION ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT PROCEDURES (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, EIA) Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC of May 24, 2004. Published in La Gaceta No. 125 of June 28, 2004, states:

‘ENVIRONMENTALLY FRAGILE AREAS: Environmentally Fragile Areas, by their nature, are divided into two main groups: a) those areas for which the State has defined a special use regime (defined legal and technical framework); b) geographical spaces that show technical and environmental limitations for their use... 10. Maritime-terrestrial zone. 11.

Areas with natural forest cover (cobertura boscosa natural), (Highlighting is ours)

For all of this we request the revocation of the environmental license (licencia ambiental) and while this occurs, we beg that the suspension of the effects of the license be ordered in application of the precautionary principle (criterio precautorio), the preventive principle (preventivo), and the reversal of the burden of proof (inversión de la carga de la prueba).

SECOND: And it is that it was even detected, as they point out from the municipality, thousands of cubic meters of earth (10,000 thousand or more) extracted from the property, which to date have not been assessed by SETENA and this implies situations that definitively compromise the ecosystem, the soil resource, biodiversity and of course the environmental license, and for this reason we request that it be revoked for such serious non-compliance.

Note that even in the municipal complaint itself, which is dated August 8 of this year, it is indicated that there is currently a HIGH potential for new landslides and for this reason the IMMEDIATE intervention of SETENA is requested, which should take more forceful actions since despite the existing slope, a swimming pool is even being built that adds more weight to the hill.

It is important that this Authority points out that the slopes (taludes) were NOT authorized in the environmental license, nor were the other mitigation or prevention ones, so the project is totally illegal, harmful to the environment and risky for the life of persons and for public goods such as the road that is below what was a large forest.

THIRD: Finally, we were unable to find in the SETENA file an assignment (cesión) of the environmental viability (viabilidad ambiental) from the original developer to the current one, an issue that also contributes to another irregularity and we so request it to be ordered.

(…)

CLAIMS

In consideration of all the above, we request the following:

-         That an investigation be conducted by the environmental auditing and monitoring unit of SETENA.

-         That the absolute nullity (nulidad absoluta) be ordered due to legality defects (vicios de legalidad) in the environmental license, where the environmental viability of the project should even have been assessed through more environmental requirements and other instruments and methodologies.

-         That it be stated that a project to be carried out in a forest site should have been screened (tamizado) under the most rigorous assessment standards of SETENA but this did not occur and therefore it is appropriate to accept the revocation of the environmental license.

-         That it be stated that it is clear that due to the irresponsibility of the project planners, the thousands of cubic meters that were going to be removed from the project were never environmentally assessed and this is extremely irregular.

-         That it be stated that the mitigation works and the high potential for landslides were never assessed by SETENA.

-         That the suspension of the environmental license be ordered, while this complaint is analyzed.

-         That it be stated that the only works permitted are those dedicated to correcting, restoring and mitigating the negative environmental impacts generated.

-         That the environmental guarantee (garantía ambiental) of the Lati project be applied to the respective demolition and that the resources be dedicated to the restoration of the damage caused to the ecosystem. That it be stated that the information from the consultants induced SETENA into error. That the SINAC complaint makes it clear even that the project access road is in a forest.

-         That administrative sanctioning proceedings be opened against the environmental consultants involved and the company for having provided data, as well as contradictory or inaccurate reports, that only benefited the project in obtaining viability.

-         That once resolved, we request that the District Council of Cóbano be informed so that they may proceed with the annulment of the construction permit.

-         That it be ordered to inform the District Council of Cóbano that the project must be suspended immediately as a precautionary measure (medida precautoria).

-         That the demolition of this project be ordered.

-         That investigations be initiated and that the paralization of all projects on the neighboring properties be ordered, and that subsequently the revocation of all environmental licenses for those other projects be ordered.

PROCEDURAL MATTERS

PRECAUTIONARY MEASURE: INCIDENT OF SUSPENSION OF ENVIRONMENTAL LICENSE

INITIALLY, the Plenary Commission must be informed immediately of this new evidence, which is now provided, so that it may resolve the appeal that has been filed against the analysis conducted regarding the first complaint.

Based on the foregoing and the environmental and social risk exposed, we hereby file an incident of suspension of the environmental license, until this filing we present is resolved given the danger and the effects on biodiversity that could occur if work proceeds on a site that is considered of high environmental fragility (alta fragilidad ambiental) due to the existence of a forest.

FIRST.- Appearance of good right (Apariencia de buen derecho): As we have argued and provided information, it is clear that we are facing violations of numeral 17 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), since the project has not been rigorously assessed and, furthermore, there are reports from the consultants that induced SETENA officials into error.

The jurisprudence of the Administrative Contentious Tribunal has stated regarding the application of the principles of environmental law:

"Within this scope, this Tribunal is aware of the extensive legislation on the environmental protection framework, as well as the relevant jurisprudence that the Constitutional Chamber has issued on the subject. Furthermore, it is evident that in this context, principles such as in dubio pro natura, precautionary, preventive, polluter pays, in natura restoration, among others, constitute tools of transcendental relevance, which must be weighed by the judge in each particular case, in order to not nullify the right contained in the referenced article 50. Thus, in the context of the environment, the aforementioned assumptions must be assessed according to the content of the principles that permeate environmental law, otherwise, it could lead to emptying this right and allowing, through omission, damages to the environment..." Resolution number: 250-2010 of 8:00 a.m. on 01/29/2010, Administrative Contentious Tribunal, Section VI.

In the Inspection and Complaint Report on forest clearing (tala de bosque) and land-use changes, in Hermosa de Cóbano from SINAC to the Prosecutor's Office, it is stated that the project property is located on a site that is a forest. In fact, the complaint states:

"During the inspection carried out on June 12, 2023, a tour was made to the indicated sites and those adjacent to the SETENA file D1-00092-2022, where it was possible to observe multiple earthworks (movimientos de tierra), terrace formation and road opening in a forest area in accordance with the forest ecosystem determination ACT-OSRC-197-2023. The road appears on the plans as an easement (servidumbre de paso), however, it would have been constructed in a forest area. Apparently, the works are being carried out on the different properties mentioned in table 1 and they have in common the access via the enabled road indicated on the plans as an easement. From the field inspections with the collection of information using a Garmin brand GPSmap 64s GPS signal receiver and the use of satellite images from the Planet Explorer server, the changes observed in the forest cover (cobertura forestal) of the site, possibly caused by the construction works and the road, are delineated. This information is overlaid with available images from the years of the Carta project 2005, Orthophotos 2014-2017, Google Earth December 2021 and Planet Explorer February 2023... From this information processing, a possible forest affectation of approximately 13,070.22 square meters is obtained... likewise, the road used as an easement is observed devoid of cover…"

Note and assess the clearing of a large number of trees that the municipality has reported, as this further supports the appearance of good right that we have argued.

And if there is doubt regarding the forest situation, we request that despite this, the principle of reversal of the burden of proof be applied and, if necessary, clarifications be requested from SINAC.

Take note of the regulations of the Forestry Law (Ley Forestal) violated by the land-use change (cambio de uso del suelo) and also the aggravating nature of the ecosystem destruction problem.

For the foregoing, this requirement of appearance of good right is met as there are factual situations, norms and principles of environmental law that support the requested measure.

SECOND.- Danger in delay and serious harm (Peligro en la demora y daño grave): The periculum in mora requirement must be based on the damages that the environment could suffer, weighed against the private interests or those of the Public Administration itself. In this case, as we have stated supra, we are facing imminent damage to the water resource, forest, landscape, and biodiversity.

At the Bergen Conference on Sustainable Development, it was stated, commenting on the precautionary principle:

"… it is preferable to be more or less right, but on time, given the serious consequences of a big mistake, than to be precisely right, once it is already too late..." (Rodrigo Walsh et al. 2000. "Ambiente, derecho y sustentabilidad" Editorial La Ley. Argentina) The highlighting is not from the original.

It has been stated regarding this requirement by the Administrative Contentious Tribunals: "However, it is clear that the damage required for precautionary protection must be effective and real, regardless of whether it is material, moral or of another nature. While it is true that it does not need to be current, as it may well be potential, that is, future, the damage must certainly be concrete and certain" Resolution number: 250-2010 of 8:00 a.m. on 01/29/2010, Administrative Contentious Tribunal, Section VI. (the highlighting is ours) The danger in delay is also evidenced by what the municipality stated about THE HIGH POTENTIAL for landslides that exists even in this August 2023.

THIRD.- Weighing of interests at stake (Ponderación de intereses en juego): In this case, it is essential to stop the entire approval procedure until this appeal and the incident of nullity of the environmental license are resolved, since otherwise it could generate MORE environmental damage continuously to the ecosystems.

It has been judicially ordered: "The act being challenged shares the characteristics noted in previous considerandos, that is, it is a precautionary measure (medida cautelar) aimed at protecting a legal asset of constitutional and international rank, which is the environment, it being necessary to be clear that the parameters established in the legal system for taking these measures are special, recalling what was said before, in the sense that the taking of actions by the State must always be directed in favor of the environment, even when there is doubt as to whether the enjoyment of the right of the individual, which would be limited by the measure, is the direct cause of the possible affectation of the element that is compromised." Resolution number 53-2009 of 3:20 p.m. on 06/30/2009, Administrative Contentious Tribunal, Section IX.

Note that if there were finished homes with people living there in that forest ecosystem, it is a factor that affects the forest and its recovery. Likewise, it is clear that the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of the forest is violated.

We ask to see and assess the new evidence that complements everything we have stated and demonstrates the need to order the suspension of the work NOW.

ON THE OPENING OF ADMINISTRATIVE SANCTIONING PROCEEDINGS

Regarding the opening of administrative sanctioning proceedings, we request that we be considered qualified complaining parties (partes denunciantes calificados) and be notified accordingly.

The Constitutional Chamber has stated regarding qualified complainants:

"The qualified complainant (denunciante cualificado) may be the holder of a legitimate interest or a subjective right such that, in accordance with the most modern doctrine of Administrative Law, they must be deemed, for all purposes, as an interested party in the respective administrative procedure. That qualified complainant, having the status of an interested party, is entitled to all the rights thereof and, specifically, the rights to due process and defense, so they must have the effective possibility of presenting arguments, offering evidence, participating in the production thereof and appealing any procedural resolution with its own effects or final resolution that is issued. Denying the qualified complainant the status of a party and, consequently, the possibility of exercising due process and defense flagrantly violates the Right of the NO 2015002787)

All of the foregoing, as there is a clear obligation to comply with the rules and procedures, but in the reports there is information already refuted by SINAC that is not supported by science and technique, all of which goes against what the regulatory norms establish regarding the duties of consultants. The GENERAL REGULATION ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA) PROCEDURES (REGLAMENTO GENERAL SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, EIA) Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, indicates that there are responsibilities for environmental consultants who have breached duties pursuant to rules 76, 83, 102 onwards and concordant, which we beg to apply. We request that the sanctions of deregistration be applied to the consultants for the situations provided for in rule 100, subsections 1 and 2. Finally, we request the execution of the environmental guarantee based on numeral 92 of the cited regulation."

Regarding the foregoing, said body determined in resolution no. 186-2024-SETENA of 10:45 a.m. on February 7, 2024:

"RESIDENCIAS LATI PROJECT

ADMINISTRATIVE FILE Nº D1-0092-2022-SETENA

The Plenary Commission of this Secretariat hears the technical report INF-TEC-DT-ASA-0042-

2024, dated January 25, 2024, on the project: Residencias Lati, file: D10092-2022-SETENA

(…)

CONSIDERING

FIRST: That in accordance with article 282 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública, LGAP) Nº 6227, and based on the documentation provided in the file, Sivan Cibulski, identification document 32662221, legal representative Flor Rivas León, identity card 1-1324-0905, is legitimized as legal representative of the Company Magna Pacific Sociedad de Responsabilidad Limitada, legal ID 3-102-80886, to act within the file.

SECOND: That Article 16 of the General Public Administration Law N° 6227 establishes that:

"In no case may acts be issued contrary to the unequivocal rules of science or technique, or to elementary principles of justice, logic and convenience…".

THIRD: That Article 19 of the Organic Environmental Law N° 7554 stipulates:

"The resolutions of the National Environmental Technical Secretariat shall be substantiated and reasoned. They shall be binding for both individuals and for public entities and bodies."

FOURTH: The Decreto Ejecutivo Nº 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, in Article 56, establishes:

"Environmental complaints filed against an activity, work or project in the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) stage or in the environmental monitoring stage must be processed through the official digital mechanisms. SETENA shall process only those complaints that fall within its competence, as established in the respective environmental viability resolution."

In light of the foregoing, a response is provided to the complaint filed against the project.

FIFTH: The complaint states the following facts:

Fact 1. In fact, as there is a forest, environmental requirements should have been at least intensified by requesting the developer for the most rigorous environmental impact assessment, but this did not occur and for this reason our request for revocation of the environmental license should be accepted.

Fact 2. And it is that it was even detected, as they point out from the municipality, thousands of cubic meters of earth (10,000 thousand or more) extracted from the property, which to date have not been assessed by SETENA, and that implies situations that definitively compromise the ecosystem, the soil resource, biodiversity, and of course the environmental license, and for this reason we request that it be revoked for such serious non-compliance.

Fact 3. Finally, we were unable to find in the SETENA file an assignment of the environmental viability from the original developer to the current one, an issue that also contributes to another irregularity and we so request it to be ordered.

SIXTH: The evidence for the defense presented against the complaints is the following:

Fact 1: This fact is directed at SETENA, where they request the revocation of the environmental license; however, we want to clarify that the Developer and our Represented Party provided in the environmental impact study, all the requirements and studies necessary to obtain the environmental viability appropriate to regulations, to develop this type of projects. Furthermore, in the very evidence that the complainant provides (SINAC Report) where the properties that are in a forest area are listed, the property of the Puntarenas district registered under real folio 244707-000 -and cadastral plan number- is not included. The report ACTOSRC-20l-2023, which the complainant refers to among the new evidence, indicates that the exact location of the property under study is as follows: The site is located in the district of Lepanto, of the central canton of the province of Puntarenas, specifically in the hamlet of Hermosa of the district of Cóbano of the central canton of the province of Puntarenas, which may comprise the properties: 6-244707-000, 6-244715-000, 6-244720-000, 6-244718000, 6-244709-000, 6-244708-000, 6-149464-000, 6-45156-000, 6-151812-000, that is, the report involves a total of nine properties, an unmistakable sign that the study and subsequent report is not focused solely on determining the conditions of the Residencia Lati Project, as the complainant wants to make believe. Added to the above, we must mention that in report ACT-OSRPL-197-2023, the introduction indicates: This document contains the literal geospatial and field evidence collected with the objective of determining if the site sampled in the hamlet of Hermosa of the district of Cóbano of the central canton of the province of Puntarenas, between coordinates 369678 - 1068900 and 369953 - 1068700, CRTM05 projection system, which comprises properties 6-244715-000, 6244720-000, 6-244718-000, 6-244709-000 and 6-244708-000, leaving out property 6-244707-000.

(…)

Fact 2: The assertion that the project carried out earthworks for more than ten thousand cubic meters (10,000m3), is completely erroneous; the project carried out the earthworks in accordance with what was indicated in the environmental assessment application. The assertion that the Developer mobilized such quantity of earth seems malicious; because the Residencia Lati project limited itself to performing the earthworks indicated in the environmental assessment approved by SETENA. The municipal entity of the jurisdiction itself, through inspection reports from its own collaborators, determined that the quantity in m3 of the earthworks could not be quantified; furthermore, the reports indicate that there are other adjacent projects that have performed significant earthworks; however, they omit a reality completely demonstrated by themselves and that is recorded in reports prepared by technicians from the Municipality itself and SINAC. Also in Resolution N° 1257-2023-SETENA, which is based on an inspection carried out by professionals from that Institution, it is indicated: "It is determined that the Lati project is not the only project under construction located on the site, given that in the eastern sector there is a project that is finishing earth movement and installing mitigation measures to prevent material drag, therefore, this could also have contributed to the fact that in the month of March an affectation to the public road occurred. (The underlining is ours).

 (…)

Fact 3: Regarding this fact, we must clarify that the Developer and responsible party for the Project continues to be the same as in Resolution 551-2022-SETENA, Residencia Lati Project with administrative file number D1-0092-2022 in the name of MAGNA PACIFIC S.R.L.

OTHER CONSIDERATIONS INCLUDED IN THE COMPLAINT.

CONSIDERATION 1.-LAND-USE CHANGE AT THE TIME OF GRANTING THE ENVIRONMENTAL LICENSE FOR THE PROJECT.

The land use (uso de suelo) issued by the Municipal Council of Cóbano, through official letter ING-US412-2021 indicates that the plan in question is NOT affected by any regulatory plan and the residential land use is CONFORMING according to the regulation on subdivisions (fraccionamientos) and urbanizations. Therefore, RESIDENTIAL AND COMMERCIAL land use is issued, with the respective indications of minimum surface area, minimum frontage, construction footprint, maximum height, alignments, road prevention and setbacks; and all these are respected in the development of the project. Therefore, a land-use change has not been made.

(…)

CONSIDERATION 2- INDISCRIMINATE CLEARING DOCUMENTED WITH REPORT AND

PHOTOGRAPHS. The project has a forest certification (certificación forestal) prepared on November 11, 2021 (before starting construction) in which various types of cover are certified, among them 2200 m2 of land for agricultural use without forest where the largest construction footprint of the project is located, which corresponds to the dwelling houses. See EXP: D1-0092-2022-SETENA

Response- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL. The assertion that the Residencia

Lati Project incurred in unauthorized clearing is incorrect because no indiscriminate clearing was carried out; the trees that required felling were in diameter categories less than 15 centimeters DBH, or were exotic species that do not require a felling permit.

To carry out felling of trees that required a felling permit, the permits were processed through an application for a felling permit at SINAC, Cóbano subregional office, which grants the permit for felling of 1 Guácimo and 1 Chaperno on Lands of Agricultural Use without Forest through resolution ACT-OSRC-010-2023.

Additionally, other actions were carried out consisting of the pruning of trees, for which no permit from the State Forestry Administration is required.

(…)

There is evidence of indiscriminate clearing in the neighboring projects, acts that were timely reported by PLANIFICACIÓN Y Diseño Ambiental in the complaint filed on April 12, 2023, before SETENA and on which no response has yet been received. However, it is evident that the complainant intends to minimize non-compliance and the impacts generated by other projects in the area adjacent to the Residencia Lati Project, focusing its arsenal against the Residencia Lati project.

CONSIDERATION 3- DEMAND RESTORATIVE MEASURES AND THE PRINCIPLE OF LIFETIME TENURE OF THE FOREST.

Response- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL. The forest was not reduced; the greatest impact of the infrastructure was carried out on land for agricultural use without forest as stated in the forest certification issued on November 11, 2021, and recorded in the SETENA File.

CONSIDERATION 4 - ACCESS ROADS HAVE BEEN MADE WITHIN THE FOREST

ITSELF WITH ENVIRONMENTAL DAMAGES

Response- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL. The property where the Residencia Lati project is located has a duly registered access easement as stated in the literal certification of the property. There is no evidence that the Developer has cleared the forest to build any new access road to the Project. Satellite images do not allow determining the existence or not of changes in cover, as a result of the construction of the easement, because it is covered by the canopy of the surrounding trees.

(…)

CONSIDERATION 5- THE DETERMINATION THAT THERE WAS NO FOREST IN THE

PROJECT AREA WAS TOTALLY FALSE

Response- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL. In the reports made by SINAC with resolution number ACT-OSRC-201-2023 and ACT-OSRPL-197-2023, the definition of forest was determined in surrounding areas that do not correspond directly to the area of the Residencia Lati project. A situation evident in all the maps represented, which determine an area of influence immensely larger than the area covered by the Residencia Lati project.

 (…)

The area indicated with the red arrow is where the Residencia Lati project is located, so the sector, indicated in the SINAC resolutions, and of the municipal entity covers other projects, neighboring Residencia Lati.

It must be clarified that cover analysis from satellite images allows determining areas with forest cover, but does not allow distinguishing accurately between different types of forest cover, especially in cases of medium or low resolution images. Furthermore, the forest certification issued on November 11, 2021, clearly indicates that there is an area where the Residencia Lati project was developed that corresponded to pastureland with scattered trees, some of which were exotic species with diameters greater than 50 cm at 1.30 m height, specifically individuals of Gmelina arborea Melina. This demonstrates that this sector of the property was intervened more than 30 years ago, being reliable proof that the cover in the project area was intervened before the entry into force of the forestry law and the prohibition of land-use change.

CONSIDERATION 6- CLEAR-CUTTING WITHOUT CRITERIA, NOR TECHNICAL ASSESSMENTS, OF

A SITE THAT HAD CLEAR FOREST COVER AND FORESTRY VOCATION.

Response- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL. At the Residencia Lati project, "Clear-cutting" was never carried out. The complaint also introduces photographs as evidence that is misleading, because photographs from the SINAC report are provided, the same one that includes areas that do not correspond to the Residencia Lati project, but rather corresponds to the totality of the area evaluated by ACT inspectors to prepare their report and which involved nine properties analyzed to substantiate the report prepared and that is incorporated into the complaint against Residencia Lati. This forces us to warn that there is an error or bad faith when they provide images of projects that have no relationship with Residencia

Lati.

The tree cover shown in the satellite images cannot be directly associated with forest cover according to the forestry law; previously there was a technical assessment, which gave rise to a forest certification where the covers present in the Residencia Lati project were classified. It is important to note that the photos of the reported acts showing stumps on the site do not correspond to areas of the Residencia Lati project, but rather belong to an adjacent project identified as Hermosa Mountain House SRL.

 (…)

CONSIDERATION 7- THERE WAS NEVER AN ANALYSIS OF THE TRUE ENVIRONMENT, NOR OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT THAT OPENS THE WAY TO INITIATE ACTIONS AGAINST THE PROJECT PLANNERS AND CONSULTANTS.

Response- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL In accordance with the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Procedure: Part II Decreto Ejecutivo No. 32712-MINAE, the Developer, through the environmental consultant, prepared and presented the geological, biological, archaeological, forestry and engineering protocol, and other requested documentation, fully complying with the legislation on environmental assessment in force on the date of submission of the file; otherwise, the Residencia Lati Project would not have obtained the environmental viability granted by SETENA, in resolution 551-2022-SETENA.

CONSIDERATION 8. IRRATIONAL CLEARING OF THE FOREST CARRIED OUT BY THE PROJECTS LOCATED ON THE SURROUNDING PROPERTIES; FOR THIS REASON WE REQUEST THE ABSOLUTE NULLITY OF THE ENVIRONMENTAL LICENSE.

Response- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL. The complainant intends with their reported facts to attribute all responsibility to the Residencia Lati Project, which, by the way, is the only one that has the proper signage and environmental monitoring of the project; this is not the case with neighboring projects. The Residencia Lati Project obtained the felling permits issued by the Cóbano subregional office for the project and did not cut any species that required a permit without the corresponding permit.

CONSIDERATION 9. MUNICIPALITY REPORT, INDICATING THAT THOUSANDS OF CUBIC METERS OF EARTH (10,000 THOUSAND OR MORE) WERE EXTRACTED FROM THE PROPERTY.

R- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL In the environmental assessment process, the Sworn Statement on earthworks was submitted where it was indicated that for the project in question the volume of earth for cutting corresponded to 2055.74 m3 and for fill a volume of 455.08 m3 was used. Furthermore, it is indicated that the Project does not require demolition, so there will be an irrelevant volume of debris being moved off the project, beyond those generated in the construction process. This volume is much lower than the 10,000 m3 mentioned and there was never an earthworks of such magnitude, although the SETENA resolution included that amount as authorized.

The material generated according to the Sworn Declaration on earthworks (Declaración Jurada sobre movimientos de tierra) was transported to the project OB Hermosa Properties Ltda, with legal identification number 3-102-778114. Furthermore, it is important to note that the earthworks and the removal of material outside the AP took place in November 2022, and the events occurred in March 2023, so that by that date there were no accumulations of earth within the project that could have been swept away by the rain.

CONSIDERATION 10. THE SLOPES WERE NOT AUTHORIZED IN THE ENVIRONMENTAL LICENSE, SO THE PROJECT IS TOTALLY ILLEGAL, HARMFUL TO THE ENVIRONMENT AND RISKY TO THE LIVES OF PEOPLE AND TO PUBLIC PROPERTY SUCH AS THE ROAD THAT IS BELOW WHAT WAS A LARGE FOREST.

Response- ENVIRONMENTAL PLANNING AND DESIGN. During the environmental assessment process before SETENA, all requirements were met and the study of soils and slope stability (estabilidad de taludes), conducted by the company Perforaciones y consultorías Hidrotécnicas S.A., in September 2021, was submitted. The conclusions of the same report indicate that: “...it is concluded that the lowest safety coefficient is: 3.5 in pseudo-static condition, which indicates that according to the minimum permitted under the Costa Rican Foundations Code (Código de Cimentaciones de Costa Rica) (FS >2 without earthquake) the project area presents ranges of stable condition as a block.” The Soil Study is part of the environmental assessment process before SETENA, and therefore is part of the environmental viability (viabilidad ambiental) granted to the project. The claim by the complaining party, stating that the slopes were not considered in the assessment, is not true.

CONSIDERATION 11- REGARDING THE NATURAL HAZARDS FACING THE PROJECT.

Response- ENVIRONMENTAL PLANNING AND DESIGN. In the integrated geology protocol submitted to SETENA as part of the Environmental Assessment process, specifically in the chapter on data regarding natural hazard and risk conditions, the responsible geologist Marco Araya Oviedo states: “The Map of Potential Natural Hazards of the Río Arío Sheet (CNE, 2002) and the Map of Potential Natural Hazards of the Cóbano canton (CNE, 2013) indicate that the AP is not located in any flood area or zone with slope instability (inestabilidad de laderas).” This is supported by field observations during which no evidence of slope instability or erosion problems was observed, confirmed by the soil study conducted and incorporated into the environmental assessment.

The project is not developed in the slope zone but in the terrace zone; it is for this reason that the summary of the corresponding protocol refers to a 5% slope, which is the slope of the terrace on which the project is developed.

The event that caused the dragging of material throughout the area, from the projects located in the zone, were rain events that occurred in the month of March, during the dry season, a fact that must be considered an extraordinary event that could not be predicted.

Therefore, there was no on-site evidence of possible slope instability problems and slope erosion according to the visits made by the consulting team, and furthermore, according to the official databases of the National Emergency Commission (Comisión Nacional de Emergencias), there are also no records of events of this nature. The events were caused by extraordinary events of intense rains that are affecting the entire national territory.

CONSIDERATION 12- REGARDING NOTES AND REPORTS OF THE ENVIRONMENTAL REGENT ON NATURAL HAZARDS FACING THE PROJECT, REPORTED IN REGENCY REPORTS AND IN ENTRIES IN THE PROJECT'S ENVIRONMENTAL LOG

Response- ENVIRONMENTAL PLANNING AND DESIGN. On February 21, 2023, it is recommended to intervene as early as possible on the slope facing the public street of the Residencia Lati project, to guarantee erosion control (control de erosión) during the rainy season. The recommendation is reported and appears in the entries of the Environmental Log (Bitácora Ambiental) for the Residencia Lati Project. Acting on the recommendation, on March 22, 2022, the placement of geotextile on the slope facing the public street of the Residencia Lati project begins, with the purpose of controlling erosion of the slope terrain, a fact mentioned in Environmental Regency Report 1. The earthworks for the rest of the project had finished by October 2022 and the earth had already been compacted.

The project has applied the mitigation measures indicated in the environmental assessment of the project, as required by the circumstances of the project, so that all impact generated during the construction of the project has been managed and mitigated appropriately.

(…)

On January 19, 2023, during the regency visit of Environmental Planning and Design DLS, the technical management of the Residencias Lati project alerted about earthworks (movimientos de tierra) carried out on neighboring properties during the holiday season (Dec 24 - Jan 2). These earthworks were not reported in the reports because there was no direct impact of the action on the AP. Due to the magnitude, they were followed up visually during the regency visits and are included in the log of March 22, 2023.

(…)

SEVENTH: Having analyzed the complaint, exculpatory evidence, and case file, this department determines the following:

Analysis of Fact 1. In fact, since there was forest, environmental requirements should have at least been tightened by demanding the most rigorous environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) from the developer, but that did not happen, and therefore our request for revocation of the environmental license deserves to be granted.

Conclusion: The Residencias Lati project obtained Viability (Viabilidad) through Resolution No. 551-2022-SETENA, and as part of the clarifying documents submitted at the time, a Forest Certification was provided by engineer Pablo Castillo Baldares, Forest Regent (Regente Forestal), ordinary member of the College of Agronomist Engineers number 5696, clarifying the following, I quote verbatim:

“1. According to the Forest Cover Map Fonafifo 2000 (Mapa de cobertura forestal Fonafifo 2000), the property is located in an area of Forest cover (cobertura de Bosque).

2. During the field visit, it was evident that the steepest part of the property corresponds to young natural regeneration. The infrastructure works to be carried out are located in areas without trees, except for 4 trees of the species known as guácimo (guazuma ulmifolia).

3. No bodies of water were identified.

4. Attached:
a. Map 1. General Map Plan 6-2248092-2020 on Rectified Aerial Photograph.
b. Map 2. General Map Plan 6-2248092-2020 Fonafifo 2000 layer.
c. Photographic Record.

Therefore, it is certified that there is an approximate area of 2200 square meters of the project area that does not correspond to forest according to the definition of forest contained in article 3 of the Forestry Law 7575. Likewise, there is no evidence of land-use change (cambio de uso de la tierra) after the year 2000.”

On the other hand, in the Viability Resolution, it was indicated that, if the project required tree felling, it had to previously process the permit at the local Subregional Office of MINAE/SINAC (Art. 27 of the Forestry Law). According to permit provided ACT-OSRC010-2023, the developer requested tree felling permits, where it is also indicated that this resolution was prepared by the evaluating official according to the field report and assessment ACT-OSRC-456-2022.

It is important to mention that the reports submitted in the complaint, conducted by SINAC with resolution numbers ACT-OSRC-201-2023 and ACTOSRPL-197-2023, cannot be taken as reference because the following was requested:

“1. Whether the work carried out by the developer under plan P-2248092-2020, property number 244707-000, is where they indicate that earthworks (movimientos de tierra), terrace formation, and road openings were observed in a forest area in accordance with the forest ecosystem determination ACT-OSRC-197-2023.

2. Whether, based on the field inspections with the survey carried out, they can determine that the changes observed in the forest cover (cobertura forestal) correspond to the constructions and roads of the project under plan P-2248092-2020, property number 244707-000.

Technical report ACT-OSRPL-197-2023 of July 27, 2022, Determination of forest according to the definition of Forestry Law 7575 of Costa Rica, on page 3, introduction section, indicates that the study includes properties 6-244715-000, 6-244720-000, 6-244718-000, 6-244709-000 and 6-2447708-000, leaving out the property where file D1-0092-2022-SETENA, Residencias Lati, plan P-2248092-2020, property number 244707-000, is developed; for this reason, we require that you indicate whether or not there is forest and felling thereof on this property.”

The Tempisque Conservation Area (Área de Conservación Tempisque), in official communication SINAC-ACT-OR-DR-1991-2023 with the forwarding of report ACT-OSRC-274-2023, in response to the consultation made through official communications SETENA-DT-ASA-1883-2023 and SETENA-DT-ASA-2140-2023, indicates the following:

“1) The work carried out by the developer under plan P-2248092-2020, property number 244707-000, is part of the complaint for land-use change (cambio de uso del suelo) corresponding to case 23-000028-0611-PE.

2) Technical report ACT-OSRPL-197-2023 leaves out the property where file D1-0092-2022-SETENA, Residencias Lati, plan P2248092-2020, property number 244707-000, is developed, considering that at the time of preparing the forest expert report, the pre-existing forest cover (cobertura boscosa) at the indicated site had been altered and partially removed, therefore, it was not viable to use that area as a control for the study.

3) The Criminal Procedure Code states in its article 295, Privacy of proceedings: “The preparatory procedure shall not be public for third parties. The proceedings may only be examined by the parties, directly or through their representatives. Lawyers who invoke a legitimate interest shall be informed by the Public Prosecutor's Office of the fact being investigated and of the accused or detainees that exist, in order to decide whether they accept to participate in the case. The parties, the officials participating in the investigation, and other persons who, for any reason, have knowledge of the proceedings carried out, shall have the obligation to maintain secrecy. Failure to comply with this obligation shall be considered a serious offense.” As it is a case under investigation and action is being taken under the functional direction of the Cóbano Prosecutor's Office, this official acts in adherence to the criminal procedure code in its article 295.

Therefore, you are informed that the reported facts are part of an open court case, which has been handled by the Cóbano subregional office and cannot be disclosed.”

Therefore, the studies conducted by SINAC cannot be binding, since they do not include the property where the Residencias Lati project with Administrative File D1-0092-2022-SETENA is developed, as they indicate that it is part of an open court case that cannot be disclosed.

This Secretariat, based on all the criteria set forth, determines that the reported fact is rejected.

Analysis of Fact 2. And it is that it was even detected, as indicated by the municipality, that thousands of cubic meters of earth (10,000 or more) were extracted from the property, which to date have not been assessed by SETENA, and that implies situations that definitively compromise the ecosystem, soil resources, biodiversity, and of course the environmental license, and for this reason we request that it be revoked for such serious non-compliance.

Conclusion: Within the form submitted during the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) process, the following is contemplated under Impact on Soil:

Does your AOP involve earthworks (movimientos de tierra)?
Yes, earthworks are contemplated with transport outside the AP of volumes up to 10,000 m3

Indicate the main environmental measures that would be applied to prevent, mitigate, correct or compensate for the environmental impact that would be generated. You must indicate if the environmental measures will be applied during construction or during operation of the AOP:

Earthworks of 2055.74 m3 and a fill of 455.08 m3 will be carried out; this earthmoving will be done appropriately, and the material leaving the AOP will be managed with an authorized manager who will dispose of the material appropriately. In addition, health and (sic) hygiene measures will be taken for the equipment that removes material from the AOP.

This Secretariat, based on the criterion set forth, determines that the reported fact is rejected.

Analysis of Fact 3. Finally, we were unable to find in the SETENA file a transfer of the environmental viability from the original developer to the current one, an issue that also contributes to another irregularity, and we request it be so ordered.

Conclusion: The current developer is the Company MAGNA PACIFIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, legal identification number 3-102-808861, which requested and was granted the Environmental Viability License (Viabilidad Licencia Ambiental, VLA) in Resolution No. 551-2022-SETENA.

This Secretariat, based on the criterion set forth, determines that the reported fact is rejected.

EIGHTH: That article 51 of Executive Decree No. 43898 indicates that SETENA must schedule and execute environmental inspections for environmental monitoring and control of activities, works, or projects, either randomly or when the environmental implications of the activity, work, or project so require. During the inspections, SETENA officials will oversee that there is faithful compliance with the environmental commitments signed and derived from the Environmental Management Framework (Cuadro Gestión Ambiental) and the Code of Good Environmental Practices (Código de Buenas Prácticas Ambientales).

THEREFORE

THE PLENARY COMMISSION RESOLVES

In Ordinary Session No. 011 of this Secretariat, held on February 7, 2024, in Article No. 016, it is agreed:

FIRST: To reject in full the complaint filed before SETENA on August 18, 2023, through consecutive number 08203-2023, by Mr. Álvaro Sagot Rodríguez, legal representative of Mrs. [Name 001], against the project Residencias Lati with file D1-0092-2022-SETENA.

SECOND: To notify the Municipality of Cóbano so that it verifies the construction permits and proceeds according to its competencies.

THIRD: To notify the Tempisque Conservation Area for due follow-up, according to its competencies.

FOURTH: Against this Resolution, the ordinary remedies of revocation before SETENA and appeal before the Minister of Environment and Energy may be filed within a period of three business days, counted from the day following notification, in accordance with articles 342 and following of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) and 87 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente).

FIFTH: All documentation submitted to SETENA must clearly indicate the file number, the resolution number and the full name of the project, as well as an email address for future notifications or to ratify the one appearing in the administrative file.

SIXTH: The original digitally signed documents (Digital Signature) will be available to the interested party at the web address http://www.setena.go.cr, where it must be verified by any interested party and public or private entity.

SEVENTH: The result of the discussion and analysis of the case at hand is: 6 in favor, 0 against and 1 absent; the details of said voting information can be consulted in the corresponding minutes, which are in the custody of this Secretariat and are of public access.”

From this perspective, in the terms set forth in the filing document, the plaintiff only reproaches actions and omissions by Setena. Hence, I concur with the majority vote, since the aforementioned complaint was resolved by that agency during the processing of the sub iudice. Likewise, as a matter of principle, it is not for this Chamber to review whether the issued license complies with environmental legislation or not, nor whether it was unduly granted or irregularities occurred; if the plaintiff intends to challenge such authorization, or the substance of what was resolved by Setena in the proceeding, they may submit their position to a contradictory process in the ordinary courts and present the evidence they deem pertinent. Finally, in the amparo action, no acts or omissions were attributed to the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), so prima facie a constitutional analysis on this is unnecessary.

X.- DISSENTING VOTE OF JUDGES SALAZAR ALVARADO AND LARA GAMBOA, WITH DRAFTING BY THE FIRST. With due respect, we dissent from the majority vote that grants the appeal, based on the following reasons:

The protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System, is safeguarded not only in Article 50 of the Political Constitution but also in a series of current laws and executive decrees (regulations), such as the Organic Environmental Law, Law No. 7554 of October 4, 1995; the Biodiversity Law, Law No. 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law, Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, to name just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutional control from legality control. In this regard, it is the undersigned's opinion that this Chamber, through amparo, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the issue must be raised and discussed in the legality jurisdiction. Therefore, the mere non-compliance with obligations and duties legally imposed on various public administrations in environmental matters is proper for the legality jurisdiction –administrative or jurisdictional– where, with much greater scope, the alleged non-compliance or omissions can be scrutinized. It must be borne in mind that the amparo action is a summary, informal, simple, and rapid process, such that from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its powers, and conducts a procedure, issuing administrative acts, its examination falls outside the scope of action of this specialized jurisdiction. Therefore, the review of administrative actions carried out regarding an environmental matter that requires, for its proper assessment, a full evidentiary process, is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo process is incompatible with the contrasting or review of technical or legal criteria developed under current legal or regulatory norms or with the introduction of new and additional elements of conviction necessary for the contrasting or review of the criteria already existing in the administrative file of the case. To do otherwise would imply transforming the amparo into an ordinary full evidentiary process, thereby distorting it and nullifying the purposes for which it was designed, causing it to lose its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, we consider that when a public entity or body has intervened, in various ways, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its examination and oversight correspond to the contentious-administrative jurisdiction. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls under the legality jurisdiction. Consequently, this appeal should have been rejected outright, since its object is a matter proper to be discussed, analyzed, and resolved in the legality jurisdiction. However, as this was not done, the proper course is to dismiss it, without making any pronouncement regarding the substance of the issue raised, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the administrative actions and conduct complained of conform or not, in substance, to what is prescribed in the legal system at the statutory level regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

XI.- Dissenting vote of Judge Garro Vargas regarding the operative part of this judgment. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional, LJC) states: “If, during the course of the amparo, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if applicable.”

My interpretation of this norm is as follows: That "resolution" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase "if applicable" refers to costs. Moreover, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso-Administrativo), cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, refers precisely only to these: costs.

Certainly, according to Article 48 of the Political Constitution, the essential content of the right to amparo is not compensatory but restitutive; however, Article 51 of the LJC states: “Any resolution that grants the appeal shall abstractly order the indemnification of the damages caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.”

If the right has been violated and the Chamber so finds, even in the event that it has been restored, damages may have arisen. For this reason, an abstract order for them is appropriate. If this were not done, if such an order were not issued, in the event that damages had indeed occurred, there would be no title –derived from this process– to claim them, which could violate Article 41 of the Political Constitution. If, despite an abstract order, no damages have occurred, the judge in the ordinary court will so declare, as only he/she is responsible for establishing the real existence and magnitude thereof.

With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is intended, it would incentivize the Administration to respect rights only when an amparo action exists. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if deemed fair, the Chamber may order costs, even when the right has been restored.

For the above reasons, I partially dissent from the vote regarding the operative part and order the abstract award of damages, but not costs.

XII.- Documentation provided to the file. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The appeal is granted, without special order on costs, damages. Judge Castillo Víquez adds a note. Judge Cruz Castro records a note. Judges Salazar Alvarado and Lara Gamboa dissent and dismiss the appeal, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the administrative actions and conduct complained of conform or not, in substance, to what is prescribed in the legal system at the statutory level regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Judge Garro Vargas partially dissents and orders the abstract award of damages, but not costs. Notify.