Res. 03227-2024 Sala Constitucional — Mandatory EIA for small-scale mariculture projectsObligatoriedad de EIA para proyectos de maricultura de menor escala

Grande
Normal
Pequeña
Sala Constitucional

Resolución Nº 03227 - 2024

Fecha de la Resolución: 07 de Febrero del 2024 a las 12:16

Expediente: 22-003781-0007-CO

Redactado por: Ingrid Hess Herrera

Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad

Control constitucional: Sentencia desestimatoria

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con Voto Salvado

Sentencia con nota separada

Sentencias del mismo expediente


Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental,Constitución Política

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

NO APLICA.

AMBIENTE. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS MENORES Y ESPECÍFICOS DE MARICULTURA
Expediente: 22-003781-0007-CO
Sentencia: 003227-24 del 07 de febrero de 2024
Tipo de asunto: Acción de inconstitucionalidad
Norma impugnada: Omisión de los artículos 1, 2, 3, 4 y sus anexos, contenidos en el Decreto Ejecutivo N° 42755 publicado el 22 de febrero de 2021 en el alcance N° 38, de exigir estudios de impacto ambiental para la aprobación de proyectos menores y específicos de maricultura.
Parte dispositiva: Se declara SIN LUGAR la acción. El magistrado Rueda Leal consigna nota. El magistrado Cruz Castro salva el voto y declara con lugar la acción.

 

TEMAS ANALIZADOS

SOBRE EL DERECHO AL AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. CO05/24

... Ver más
Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Tema: Protección al ambiente

Subtemas:

NO APLICA.

PROTECCIÓN AL AMBIENTE. “…Sin embargo, en la norma constitucional la tutela del ambiente se reconoce en una doble dimensión, primero, como un verdadero derecho fundamental, reconocible a toda persona y, en ese sentido es individualizable (nacional, extranjero, mayor de edad o menor, incapaz, persona física o jurídica), por cuanto su defensa atañe a la colectividad en su conjunto (no sólo a los nacionales, sino de toda la colectividad mundial); y segundo, como una verdadera potestad pública , que como tal, se traduce en obligaciones concretas para el Estado en su conjunto, condicionando así, los objetivos políticos, y en consecuencia, la acción de los poderes públicos en general, para darle cabal cumplimiento a este derecho fundamental. Así,  se establece una verdadera obligación del Estado de proteger el ambiente, mediante los mecanismos (actuaciones formales y materiales, disposiciones legales y reglamentarias) que se traduzcan en una efectiva tutela del ambiente y de los recursos naturales que lo integran, con la finalidad de mejorar el entorno de vida del ser humano, con lo cual se desbordan los criterios de conservación natural, para ubicarse dentro de toda la esfera en que se desarrolla la persona que facilite su desarrollo integral – físico, psíquico, mental –. La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado, encuentra su primera manifestación en que por definición los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos, sino que tienen trascendencia en la propia estructura del Estado, en su papel de garante de los mismos, y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad…” CO05/24

... Ver más
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Tema: Protección al ambiente

Subtemas:

NO APLICA.

PRINCIPIO PRECAUTORIO O PRINCIPIO DE LA EVITACIÓN PRUDENTE “…Este concepto, desarrollado en las resoluciones número 2806-98, 2003-06322, 2004-1923 y 2005-12039, entre otras, de este Tribunal, se sustenta en el artículo 15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, que alude a la necesaria acción y efecto de prevenir anticipadamente los posibles daños en los elementos integrantes del ambiente; con lo cual, se propugna por la implementación de acciones tendentes a la debida protección, conservación y adecuada gestión de los recursos, esto es, la adopción de todas las medidas técnicas u operativas para evitar, prevenir o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible – o una duda objetiva al respecto– , se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate; por cuanto la coacción posterior resulta ineficaz en esta materia, dado que, en la mayoría de los casos, los efectos biológicos son irreversibles, donde la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente. Asimismo, el principio precautorio aplica cuando no existe certeza científica sobre los riesgos o impacto al ambiente de una medida, los estudios o información disponible generan dudas acerca de los riesgos o de su posible impacto negativo. Por su parte, el principio de prevención o preventivo aplica en aquellos casos en que existe evidencia científica de que la medida va a causar daños al ambiente…” CO05/24

... Ver más
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Tema: Protección al ambiente

Subtemas:

NO APLICA.

PRINCIPIOS DE PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIÓN DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL. “…El primero ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Asimismo, del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. Este principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección…” CO05/24

... Ver más
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 089- Protección de bellezas naturales y patrimonio histórico y artístico

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. PRINCIPIOS DE LA OBJETIVACIÓN DE LA TUTELA AMBIENTAL O PRINCIPIO DE LA VINCULACIÓN A LA CIENCIA Y A LA TÉCNICA. “…Este principio, tal y como señaló este Tribunal en sentencia número 14293-2005 de las 14:52 horas del 29 de octubre de 2005, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con la actuación de la Administración como de las disposiciones de carácter general – legales y reglamentarias –, de donde se deriva la exigencia de la "vinculación a la ciencia y a la  técnica", elemento que le da un sustento técnico-científico a las decisiones de la Administración en esta materia, y, en tal virtud, limitan y condicionan la discrecionalidad de la Administración en su actuación – en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública–. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos – tales como los estudios de impacto ambiental– , se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la viabilidad ambiental del proyecto o la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, circunstancia que obliga a establecer medidas de precaución o el rechazo del proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura)…” CO05/24

... Ver más
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 069- Explotación racional de la tierra

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 69 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. PRINCIPIO DE USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES. “…Este axioma exige que exista el necesario equilibrio entre el desarrollo del país y el derecho al ambiente y con el artículo 69 constitucional, del cual se deriva el principio de explotación racional de la tierra, imponiendo tanto a los particulares como al Estado, la obligación de proteger y preservar los recursos naturales renovables (véase la sentencia número 2012-12716 de las 16:01 del 12 de setiembre de 2012). De esta forma, con fundamento en este principio, es que este Tribunal – en sus diversas resoluciones- ha establecido los parámetros constitucionales para el uso adecuado de los mismos; y en virtud de los cuales queda claro que la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político (desarrollo sostenible), para con ello salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras…” CO05/24

... Ver más
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 050- Ambiente

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. “…la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar el derecho al ambiente, establecida en el numeral 50 de la Constitución Política, como ya se indicó, también es impuesta por instrumentos internacionales, que establecen obligaciones concretas que deben ser respetadas. En materia ambiental se ha definido el deber de prevención que debe existir en este ámbito; la Declaración de Río, adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo…La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido el daño, las consecuencias biológicas y socialmente nocivas pueden ser irreparables; la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente…” CO05/24

... Ver más
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

NO APLICA.

XIII.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. En el sub examine, expongo estas precisiones de dogmática jurídica.

Primeramente, atinente al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, este Tribunal señaló en la sentencia nro. 2022022070 de las 9:20 horas del 23 de setiembre de 2022:

“Concerniente a la naturaleza de los agravios acusados en el sub lite, este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones respecto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Verbigracia, en la sentencia n.° 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Cámara señaló:

“En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha subrayado que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra reconocido tanto a nivel constitucional como convencional. Asimismo, se ha indicado que la protección efectiva a ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, contexto en que el Estado y la ciudadanía en general deben actuar según los principios que rigen la materia ambiental. En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos. Así, el Estado costarricense se encuentra obligado a adoptar las medidas que garanticen la defensa y preservación efectiva del ambiente conforme a tales principios. Ahora, tal obligación objetiva no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los órganos jurisdiccionales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades, o bien, de personas físicas y jurídicas, conforme la reconocida teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales (Drittwirkung der Menschenrechte), entre cuyas manifestaciones procesales se encuentra el amparo contra sujetos de derecho privado.

Interesa también resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, desarrolló lo atinente a las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente, en aras de la salvaguardia a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En esa opinión, la Corte reconoció la interrelación entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos, en tanto la degradación ambiental afecta el goce y desarrollo efectivo de los derechos humanos. En tal sentido, señaló:

“47. Esta Corte ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos. Asimismo, el preámbulo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “Protocolo de San Salvador”), resalta la estrecha relación entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales -que incluye el derecho a un medio ambiente sano - y la de los derechos civiles y políticos, e indica que las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros (…)

49. Por su parte, la Comisión Interamericana ha resaltado que varios derechos de rango fundamental requieren, como una precondición necesaria para su ejercicio, una calidad medioambiental mínima, y se ven afectados en forma profunda por la degradación de los recursos naturales. En el mismo sentido, la Asamblea General de la OEA ha reconocido la estrecha relación entre la protección al medio ambiente y los derechos humanos (supra párr. 22) y destacado que el cambio climático produce efectos adversos en el disfrute de los derechos humanos. 50. En el ámbito europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que la degradación severa del medio ambiente puede afectar el bienestar del individuo y, como consecuencia, generar violaciones a los derechos de las personas, tales como los derechos a la vida, al respeto a la vida privada y familiar68 y a la propiedad privada. De manera similar, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha indicado que el derecho a un “medio ambiente general satisfactorio, favorable al desarrollo” está estrechamente relacionado con los derechos económicos y sociales en la medida en que el medio ambiente afecta la calidad de vida y la seguridad del individuo (…) 52. Por otra parte, existe un amplio reconocimiento en el derecho internacional sobre la relación interdependiente entre la protección al medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Dicha interrelación se ha afirmado desde la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (en adelante “Declaración de Estocolmo”), donde se estableció que “[e]l desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la Tierra las condiciones necesarias para mejorar la calidad de la vida”, afirmándose la necesidad de balancear el desarrollo con la protección del medio humano. Posteriormente, en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (en adelante “Declaración de Río”), los Estados reconocieron que “[l]os seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible” y, a la vez, destacaron que “a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo”. En seguimiento de lo anterior, en la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible se establecieron los tres pilares del desarrollo sostenible: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección ambiental. Asimismo, en el correspondiente Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, los Estados reconocieron la consideración que se debe prestar a la posible relación entre el medio ambiente y los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo. 53. Además, al adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que el alcance de los derechos humanos de todas las personas depende de la consecución de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, social y ambiental. En el mismo sentido, varios instrumentos del ámbito interamericano se han referido a la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, tales como la Carta Democrática Interamericana la cual prevé que “[e]l ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente”, por lo cual “es esencial que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones” (…) 55. Como consecuencia de la estrecha conexión entre la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos (supra párrs. 47 a 55), actualmente (i) múltiples sistemas de protección de derechos humanos reconocen el derecho al medio ambiente sano como un derecho en sí mismo, particularmente el sistema interamericano de derechos humanos, a la vez que no hay duda que (ii) otros múltiples derechos humanos son vulnerables a la degradación del medio ambiente, todo lo cual conlleva una serie de obligaciones ambientales de los Estados a efectos del cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de estos derechos. Precisamente, otra consecuencia de la interdependencia e indivisibilidad entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente es que, en la determinación de estas obligaciones estatales, la Corte puede hacer uso de los principios, derechos y obligaciones del derecho ambiental internacional, los cuales como parte del corpus iuris internacional contribuyen en forma decisiva a fijar el alcance de las obligaciones derivadas de la Convención Americana en esta materia (supra párrs. 43 a 45) (…) 59. El derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un derecho con connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión colectiva, el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras. Ahora bien, el derecho al medio ambiente sano también tiene una dimensión individual, en la medida en que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad.”.

Esta interrelación entre el medio ambiente y el disfrute de otros derechos humanos también ha sido reconocida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien en la resolución A/HRC/RES/46/7, adoptada el 23 de marzo de 2021 en el 46° periodo de sesiones, sostuvo:

“Reconociendo también que el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, incluidos los ecosistemas, contribuyen al bienestar humano y al disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos a la vida, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a un nivel de vida adecuado, a una alimentación adecuada, al agua potable y el saneamiento y a la vivienda, y los derechos culturales.”.

También, recientemente, en la resolución A/HRC/RES/48/13, adoptada el 8 de octubre de 2021, ese Consejo señaló:

 “(…) Reconociendo que el desarrollo sostenible, en sus tres dimensiones (social, económica y ambiental), y la protección del medio ambiente, incluidos los ecosistemas, contribuyen al bienestar humano y al disfrute de los derechos humanos y promueven ambos, incluido el disfrute de los derechos a la vida, al más alto nivel posible de salud física y mental, a un nivel de vida adecuado, a una alimentación adecuada, a la vivienda, al agua potable y el saneamiento y a la participación en la vida cultural, para las generaciones presentes y futuras (…)

Reconociendo además que la degradación del medio ambiente, el cambio climático y el desarrollo insostenible son algunas de las amenazas más acuciantes y graves a la capacidad de las generaciones presentes y futuras de disfrutar de los derechos humanos, incluido el derecho a la vida (…)

Reconociendo la importancia de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como algo fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos (…)

1. Reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano importante para el disfrute de los derechos humanos;

2. Observa que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos y el derecho internacional vigente (…)”. (El resaltado no corresponde al original).

De este modo, se refleja la particular relevancia del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, cuya defensa trasciende la protección de este bien constitucional en sí, toda vez que su preservación constituye un factor esencial para el resguardo efectivo de otros bienes primordiales del ser humano (como la vida, la salud, la propiedad, la igualdad), de modo que si en lo primero se falla, el resguardo efectivo de lo segundo no se alcanza.

Allende de lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión supra aludida, reconoció el derecho a un ambiente sano como uno autónomo, susceptible de protección con independencia de algún riesgo de afectación a personas individuales. En tal sentido, dispuso:

“62. Esta Corte considera importante resaltar que el derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia de otros derechos, protege los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. En este sentido, la Corte advierte una tendencia a reconocer personería jurídica y, por ende, derechos a la naturaleza no solo en sentencias judiciales sino incluso en ordenamientos constitucionales. 63. De esta manera, el derecho a un medio ambiente sano como derecho autónomo es distinto al contenido ambiental que surge de la protección de otros derechos, tales como el derecho a la vida o el derecho a la integridad personal.”. (El resaltado no corresponde al original).

Esta tesitura fue adoptada en la sentencia de 6 de febrero de 2020 relativa al caso “Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina”, en la que, superando un enfoque antropocéntrico, la CorteIDH afirma que el derecho al ambiente sano, amén de ser fundamental para la propia existencia del ser humano, constituye un derecho autónomo y universal, de manera que la protección a diversos componentes del ambiente (como bosques, mares, ríos y otros) configura un interés jurídico por sí mismo. En palabras de la CorteIDH: “Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta.” Dada la trascendencia de esta afirmación, resulta oportuno transcribir este apartado de la referida resolución:

“203. La Corte ya se ha referido al contenido y alcance de este derecho, considerando diversas normas relevantes, en su Opinión Consultiva OC-23/17, por lo que se remite a dicho pronunciamiento. Afirmó en esa oportunidad que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo […] protege los componentes del […] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales.”. (El resaltado no corresponde al original).

Con base en lo expuesto, esta Sala, como garante de los derechos fundamentales, debe velar por el respeto a las obligaciones convencionales y constitucionales, que constriñen al Estado no solo a reconocer los derechos ahí consagrados, sino también a imponer las medidas jurídicas requeridas para su resguardo” (el resaltado es del original).

Aunado a lo anterior, recientemente, la Asamblea General de las Naciones Unidad adoptó la resolución nro. A/RES/76/1-A/RES/76/300 del 28 de julio de 2022, en la que se consignó:

“1. Reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano;

2. Observa que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos y el derecho internacional vigente;

3. Afirma que la promoción del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible requiere la plena aplicación de los acuerdos multilaterales relativos al medio ambiente con arreglo a los principios del derecho ambiental internacional;

4. Exhorta a los Estados, las organizaciones internacionales, las empresas y otros interesados pertinentes a que adopten políticas, aumenten la cooperación internacional, refuercen la creación de capacidad y sigan compartiendo buenas prácticas con el fin de intensificar los esfuerzos para garantizar un medio ambiente limpio, saludable y sostenible para todos”.

Esta resolución es la expresión formal de la voluntad del órgano principal de deliberación, adopción de políticas y representación de la Organización de Naciones Unidas. En consecuencia, constituye un compromiso político de carácter universal que debe ser valorado como fuente de soft law de la mayor relevancia.

Precisamente, la resolución nro. A/RES/76/1-A/RES/76/300 afirma que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado tiene naturaleza de derecho humano. Con esto, en buena medida contribuye a su positivización, de lo que resulta su comprensión técnica como “derecho fundamental”. Asimismo, robustece la noción de que la protección al ambiente es un derecho humano “autónomo”, esto es, que vale por sí mismo, de manera que, por un lado, tiene una existencia conceptual propia y distinta al contenido ambiental que sin duda surge de la protección de otros derechos (como la vida o la salud) y, por otro, su objeto de protección trasciende al ser humano, puesto que brinda cobijo a los diversos componentes de la naturaleza debido a su trascendencia para preservar la existencia de los organismos vivos en general, independientemente de su utilidad para con los seres humanos.

Asimismo, reitera y, por esa vía, fortalece la tesitura de que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra vinculado con otros derechos humanos, lo que implica que su transgresión puede acarrear la vulneración de la salud, la vida, el desarrollo sostenible democrático, por citar tan solo algunos ejemplos. Lo anterior confiere un significado jurídico particularmente relevante al derecho de marras.

En adición, la Asamblea General de la ONU preceptúa que la protección al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado demanda la plena aplicación de los derechos convencionales relacionados con el ambiente en consonancia con los principios del derecho ambiental internacional. De lo anterior se colige su imprescindible inclusión dentro del control jurisdiccional de constitucionalidad por parte de esta Sala.

Por último, en armonía con la reconocida teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales (Drittwirkung der Menschenrechte), la resolución nro. A/RES/76/1-A/RES/76/300 regula que la obligación de resguardar al ambiente, allende de los estados, se extiende a organizaciones internacionales, empresas y otros interesados, término último que comprende a los seres humanos en general. Justamente es en ese sentido, que la Ley de la Jurisdicción Constitucional contempla el amparo contra sujetos de derecho privado.

En suma, bajo el marco conceptual explicado ut supra, este Tribunal Constitucional, como garante de los derechos fundamentales, debe velar por el cumplimiento de los compromisos convencionales y constitucionales que al Estado costarricense y a la sociedad en general le imponen no solo la obligación de reconocer los derechos, principios y valores de la materia ambiental, sino también la de implementar todas aquellas medidas y actuaciones que se precisan para asegurar la efectiva protección a aquellos” (el resaltado es del original).

En lo relativo a los principios precautorio y preventivo, en la sentencia nro. 2004002473 de las 8:32 horas del 12 de marzo de 2004 se conceptualizan de esta forma:

“IV.- PRINCIPIO PRECAUTORIO DEL DERECHO AMBIENTAL. Uno de los principios rectores del Derecho Ambiental lo constituye el precautorio o de evitación prudente. Este principio se encuentra recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, la cual literalmente indica “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. En el ordenamiento jurídico interno la Ley de Biodiversidad (No. 7788 del 30 de abril de 1998), en su artículo 11 recoge como parámetros hermenéuticos los siguientes principios: “1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterios precautorio o indubio (sic) pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”. En el Voto de esta Sala No. 1250-99 de las 11:24 horas del 19 de febrero de 1999 (reiterado en los Votos Nos. 9773-00 de las 9:44 horas del 3 de noviembre del 2000, 1711-01 de las 16:32 horas del 27 de febrero del 2001 y 6322-03 de las 14:14 horas del 3 de julio del 2003) este Tribunal estimó lo siguiente: “(...) La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente”. Posteriormente, en el Voto No. 3480-03 de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003, este Tribunal indicó que “Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente”. Para casos como el de estudio, el principio precautorio o de indubio (sic) pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las regla unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente o éstos (sic) sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esencia, una gestión ambiental segura pasa por proteger el recurso antes de su degradación”.

Tal criterio ha sido reiterado en múltiples pronunciamientos; verbigracia, en la sentencia nro. 2019012579 de las 13:20 horas del 5 de julio de 2019:

“… el principio precautorio o de in dubio pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las reglas unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (…)”. (Ver en igual sentido, las sentencias nros. 2019012549 de 13:20 horas del 5 de julio de 2019, y 2012016866 de las 14:30 horas del 4 de diciembre de 2012, entre muchas otras).

En adición considero ineludible aclarar la noción del principio precautorio o in dubio pro natura en varios sentidos.

Primeramente, no se debe confundir el principio preventivo con el precautorio, toda vez que poseen particularidades que los diferencian entre sí, lo cual quedó reflejado en la sentencia nro. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, en la que esta Sala detalló: “En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos (…)” (la negrita fue suplida).

De segundo, el principio precautorio debe ser entendido justamente como se contempla en el principio XV de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Es decir, no se trata de la exigencia de tener estudios científicos para arribar a la ‘certeza absoluta’ de la inocuidad de una actividad para con el ambiente (en tesis de principio una seguridad total difícilmente es alcanzable), sino, más bien, de que, aunque el peligro de un daño grave o irreversible al ambiente no esté totalmente asegurado, tal incertidumbre jamás justifique o excuse que se postergue la ejecución de medidas efectivas para impedir la degradación del ambiente. Al respecto, nótese, por un lado, que no se trata de cualquier amenaza -plausiblemente debe involucrar un peligro serio-, y, por otro, que la medida demanda un uso eficaz y eficiente de los recursos empleados. En el sentido expuesto, aun cuando el principio precautorio está ligado a un cierto nivel de incerteza científica, ello no implica que se pueda emplear de forma irrestricta bajo el argumento de que cualquier actividad podría generar daños al ambiente, lo cual desnaturalizaría su razón de ser, sino que es menester que se cuente con cierto grado de identificación de los peligros de un daño grave o irreversible que se podría generar, cuya determinación varía en atención de las particularidades propias del caso concreto. Así, cuando se está ante una situación que exige la aplicación del principio precautorio, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación que razonablemente implique un riesgo grave; incluso, se encuentran obligados a suspender las actividades que se encontrasen en curso, asimismo en paralelo tienen que adoptar con eficiencia todas las medidas requeridas para la preservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

El referido principio se recoge de igual modo en una fuente jurídica del hard law, toda vez que el principio 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático -ratificada por Costa Rica mediante la ley nro. 7414 del 13 de junio de 1994 y por todos los estados miembros de la OEA- estatuye:

“3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, teniendo en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas” (el destacado fue incorporado).

El principio precautorio también se encuentra previsto en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el cual se encuentra ratificado por 32 Estados Miembros de la OEA, entre ellos, Costa Rica -véase ley nro. 8538 del 23 de agosto de 2006-, en la que se lee:

“ARTÍCULO 1 Objetivo Teniendo presente el principio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (…)”.

Igualmente, tal principio está contemplado en otro instrumento del derecho internacional de los derechos humanos, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por 34 Estados Miembros de la OEA, incluido Costa Rica, por medio de la ley nro. 7416 del 30 de junio de 1994, en cuyo preámbulo se establece: “(…) Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica. Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza (…)”.

En consonancia con la referida normativa vigente en el país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se refirió al principio precautorio en la OC 23/17 del 15 de noviembre de 2017:

“180. (…) Por tanto, esta Corte entiende que, los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. Por tanto, los Estados deben actuar con la debida cautela para prevenir el posible daño. En efecto, en el contexto de la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte considera que los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, por lo cual, aún en ausencia de certeza científica, deben adoptar las medidas que sean “eficaces” para prevenir un daño grave o irreversible” (el resaltado fue añadido).

Posterior a tal resolución y por medio de una sentencia, en Comunidades Indígenas miembros de la Asociación lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina, la Corte IDEH se pronunció el 6 de febrero de 2020 de esta forma: “el derecho a un medio ambiente sano “debe considerarse incluido entre los derechos [...] protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana”, dada la obligación de los Estados de alcanzar el “desarrollo integral” de sus pueblos, que surge de los artículos 30, 31, 33 y 34 de la Carta”. De alta significación, se debe subrayar que, en este pronunciamiento, la Corte IDH remite a la opinión consultiva nro. OC-23/17 con la finalidad de desarrollar el contenido y alcance de tal derecho, merced a lo cual las consideraciones jurídicas de la última lógicamente han venido a alcanzar la obligatoriedad jurídica propia de una sentencia. En tal sentido, el órgano jurisdiccional internacional reitera “que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo [...] protege los componentes del [...] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales”. Justamente, en el desarrollo de la conceptualización del derecho al ambiente, la Corte IDH con toda claridad detalla las obligaciones estatales frente a posibles daños al ambiente, tales como el deber de prevención, el principio de precaución, la obligación de cooperación y el acceso a la información.

En suma, la aplicación del principio precautorio implica que cuando existan indicadores de que cierta actividad plausiblemente podría ocasionar daños graves e irreversibles al ambiente, la falta de certeza o evidencia científica absoluta al respecto no exime de la obligación de adoptar todas aquellas medidas eficientes y eficaces para impedir una vulneración al ambiente. En virtud de la teoría de la Drittwirkung der Grundrechte, tal principio extiende su función orientadora a las conductas de sujetos de derecho tanto público como privado.

De otro lado, cabe indicar que, en la sentencia nro. 2012013367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, este Tribunal Constitucional se refirió a los principios de progresividad y de no regresión en materia ambiental en este sentido:

“V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de los estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: “…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: “Lo anterior constituye una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-10)”. (Lo destacado no corresponde al original). (En el mismo sentido, las sentencias 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 y 2019-017397)”.

De este modo, de acuerdo con el principio de progresividad, el Estado asume la obligación de aumentar, en la medida de lo posible, los niveles de protección de los derechos humanos, incluido el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por su parte, la aplicación del principio de no regresión consiste en una garantía que constriñe al Estado a abstenerse de adoptar medidas, políticas o normas que empeoren, sin una justificación razonable y proporcionada, el grado de protección a los derechos fundamentales ya alcanzado.

Finalmente culmino esta nota haciendo referencia a lo señalado por este Tribunal sobre el principio de objetivación de la tutela ambiental:

“En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental expuesto, nuestra Carta Magna exige además que sea “sano”. La exigencia “sano” nos conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión” para garantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se desprende la necesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la calidad de vida y la calidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con los conceptos de “ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas o administrativas, de tal manera que, en los términos de los ordinales 16 de la Ley General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, las actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden contradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de lograr el goce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, además, un “mayor bienestar para todos los habitantes del país”. En cuanto al sometimiento de las decisiones legislativas y administrativas a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, la Sala lo ha denominado principio de objetivación de la tutela ambiental: “De la objetivación de la tutela ambiental (…) es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [principio precautorio o “principio de la evitación prudente”], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la vinculación a la ciencia y a la técnica con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)” (el resaltado fue agregado). (Resolución nro. 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).

CO05/24

... Ver más
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto salvado

Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

NO APLICA.

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO. Resulta inconstitucional relativizar el estudio de impacto ambiental en ciertas actividades que tendrán efecto negativo en el ambiente.-

 

En esta acción he dictado un voto disidente, porque considero que debe acogerse la acción, por violación al principio de reserva legal y además al derecho al ambiente, al principio precautorio, al principio de no regresión y al principio de objetivación. Lo anterior con fundamento en las siguientes razones:

Las normas se impugnan en tanto exoneran del estudio de impacto ambiental la aprobación de proyectos de maricultura de escala familiar, pequeña escala y mediana escala. La accionante considera que el estudio de impacto ambiental se impone como obligación en razón del principio precautorio, establecido en normas nacionales e internacionales con rango supra legal -principios 15 y 17 de la Declaración de Río (voto N°2002-5977).

Se observa que la pretensión es una inconstitucionalidad por omisión, por ello, la consecuencia de una declaratoria con lugar sería proceder con la reforma correspondiente, pero por medio de ley y no de un decreto ejecutivo.

 

Se constata que efectivamente el Decreto Ejecutivo impugnado sólo exige el estudio de impacto ambiental para los proyectos que sean de gran escala, y, para el resto de escalas, establece otros instrumentos de evaluación.

Al respecto, es preciso recordar que el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente no. 7554 de 4 de octubre de 1995) dispone que las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, cuya aprobación previa será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos; y que las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán someterse a esa valoración. La evaluación de impacto ambiental es un concepto general que hace referencia al procedimiento administrativo técnico-científico que lleva a cabo la SETENA para identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones (artículo 3° inciso 39) del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, (Decreto Ejecutivo no. 31849 de 24 de mayo de 2004). Ahora bien, tal como lo dice la PGR, la realización de una evaluación de impacto ambiental para las actividades que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, no constituye sólo una obligación legal, sino también, una obligación  constitucional (ver voto no. 6322-2003 de las 14 horas 14 minutos de 3 de julio de 2003 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-239147 ). En este voto esta Sala consideró que no se podía excepcionar de su realización, con base en criterios o condicionamientos generales establecidos en leyes y reglamentarios, por cuanto ello implica vaciar de contenido el derecho de a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, regulado en el artículo 50 de la Constitución Política. La tutela del ambiente y las consecuencias de su omisión, son de tal gravedad y irreversibilidad, en algunos casos, que siempre se requiere, para una buena administración y protección de los bienes de la Madre Tierra, un criterio técnico que defina las amenazas y previsiones que deben adoptarse, tal como se hace en una evaluación de impacto ambiental.

La Procuraduría consideró en su informe que la normativa impugnada no es inconstitucional, pues no está excluyendo a los proyectos que clasifiquen en esas tres categorías particulares del requisito previo de someterse a una evaluación de impacto ambiental; indicando que esa evaluación se lleva a cabo mediante otras herramientas técnicas que no son el estudio de impacto ambiental. Ahora bien, al respecto consideramos que, si se admite que hay muchos otros instrumentos técnicos para realizar dicha evaluación, más allá del estudio de impacto ambiental, tal criterio  resultaría una burla a la obligación constitucional de realizar una evaluación de impacto ambiental para las actividades que alteren el ambiente. Ello debería ser definido por ley y no por decreto como en este caso, constituyéndose entonces en una violación al principio de reserva legal; además, tal decisión conculcaría el derecho al ambiente y varios principios ambientales (el principio precautorio, el principio de no regresión y el principio de objetivación). Nótese que el documento D5 es un instrumento nuevo de evaluación de impacto ambiental que no está considerado en el Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental.

Aunque se argumente que el hecho de que una norma no contemple, para un determinado tipo de proyecto o actividad que pueda afectar el ambiente, el estudio de impacto ambiental como instrumento a utilizar, no implica su inconstitucionalidad, pues no se está excluyendo a ese proyecto o actividad del procedimiento de evaluación de impacto ambiental exigido por la Ley Orgánica del Ambiente. Es lo cierto que el estudio de impacto ambiental debe convertirse en la regla, pues es el instrumento que mejor  protege el derecho al ambiente. Así, para poder autorizar una evaluación ambiental mediante otros instrumentos que no sean el estudio de impacto ambiental, debe realizarse por ley (reserva legal), y con las justificaciones pertinentes (principio de objetivación ambiental), quedando claro que no se trata de una regresión ambiental que viole el derecho al ambiente y sus principios.

Debe recordarse lo que he indicado mediante el voto salvado a la sentencia no. 2022-008750, en la que  se cuestionó el concepto de alteración al ambiente en grado de “alta significancia de impacto ambiental” como calificativo para proceder a considerarse un daño ambiental y exigir una evaluación ambiental:

“La aplicación de este criterio deja de lado esas otras intensidades o significancias, con la gravedad que no han sido objeto de valoración técnica antecedente, lo que ha impedido que, en orden al principio precautorio y preventivo, así como de reducción de significancia, haya sido objeto de medidas de prevención, mitigación, reducción o de reducción. Lo anterior supone, aquellos impactos de baja o mediana significancia, son dejados de lado por el concepto bajo examen, dado que, el concepto mismo de daño supone, se reitera, que no fue objeto de análisis mediante una herramienta técnica. De ahí que el concepto aludido supedita el daño ambiental a una alta significancia, relativizando la relevancia y trascendencia de los impactos ambientales que si bien no ostentan la misma consecuencia intrusiva del medio, sin duda, genera una patología, una amenaza y un deterioro no valorado a priori, en el ambiente, con el riesgo correspondiente de dejar ayuno de amparo esas lesiones y eliminando la posible concurrencia de criterios de imputación que luego permitan asignación de juicios de responsabilidad a quienes incurren en conductas de polución o quebranto ambiental. Este tratamiento supone un deterioro a los principios que dimanan del ordinal 50 constitucional, relativizando la protección y reparación de las lesiones al ambiente, sobre la base de un criterio de alta significancia que no encuentra sustento en norma legal alguna y que, en todo caso, desaplica la tutela del ambiente que impone la citada norma constitucional.”

 

Asimismo, véase que la PGR considera que “al amparo de la Constitución Política, cualquier actividad, obra o proyecto que altere significativamente el ambiente, debe someterse a una evaluación de impacto ambiental; esa evaluación puede ser llevada a cabo por alguno de los instrumentos técnicos que al efecto disponga la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y, el estudio de impacto ambiental es uno de esos instrumentos técnicos.” Sin embargo, estimamos que los instrumentos técnicos para realizar la evaluación de impacto ambiental deben ser definidos por ley, y no puede tener la Setena la competencia para “derogar” o “excepcionar” por medio de un decreto a ciertas actividades del estudio de impacto ambiental, si previamente no está así establecido por ley.

No comparto la afirmación del MINAE que dice: “Conforme lo anterior, SETENA es la competente por ley de establecer vía reglamentaria según lo permite el artículo 17 de la LOA, y basado en criterios técnicos, los procesos e instrumentos de Evaluación Ambiental, según el tipo de actividad, obra o proyecto y según sus especialidad, por lo que en el caso que nos ocupa no hay un exceso de potestad reglamentaria.” Aunque ciertamente, no todo proceso de Evaluación Ambiental debe realizarse por medio del Instrumento ESIA, que es el determinado para las actividades de mayor impacto ambiental potencial, consideramos que ello debe ser así determinado por ley y con la justificación correspondiente. Admitir lo contrario, que sea por reglamento y sin justificación alguna, puede propiciar una violación al principio constitucional indicado de que toda actividad que altere el ambiente, debe someterse a una evaluación ambiental. Crear instrumentos particulares para realizar esas evaluaciones puede convertirse en una práctica para crear evaluaciones ambientales a la “medida” o ad hoc, sin mayor justificación, e irrespetando el principio de no regresión.

Finalmente, claramente dice el informe de la UNA que, si bien la actividad de acuicultura (actividad destinada a cultivar y producir peces, camarones, algas, moluscos y otros organismos en el medio acuático cuyo destino es en general el consumo humano) es menos perjudicial para el ambiente en comparación con otras actividades pecuarias de producción de alimentos, también puede tener efectos ambientales negativos en el medio ambiente si no se desarrolla adecuadamente. Lo cual ratifica, en mi criterio, que esos efectos negativos deban ser previstos y sometidos a estudio. Además, se indica que el INCOPESCA coordina el sector acuícola, con lo cual no solamente SETENA tiene competencias en la materia. De todo lo anterior es claro que nuestro país ha adolecido de exceso de trámites en materia ambiental, pero ello no se soluciona en detrimento del derecho al ambiente, exonerando o relativizando los requisitos, como lo es el estudio ambiental en cierto tipo de actividades que se sabe tendrán efectos negativos en el ambiente.

Por todas las razones que he expuesto, considero que esta acción debe ser declarada con lugar. La tutela ambiental requiere una cuidadosa actividad preventiva, que es lo que pretende determinar los estudios de impacto ambiental. CO05/24

... Ver más
Texto de la resolución

*CO*

Exp: 22-003781-0007-CO

Res. Nº 2024003227

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas dieciséis minutos del siete de febrero de dos mil veinticuatro.

Acción de inconstitucionalidad promovida por ANA LUCRECIA QUIRÓS MONTOYA, mayor, casada, cédula de identidad número 105120418, vecina de Alajuela, para que se declaren inconstitucionales los artículos 1, 2, 3, 4,5, 6 y sus anexos del Decreto Ejecutivo N°42755 publicado el 22 de febrero de 2021 en el alcance N°38 a La Gaceta N.36.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 24 de febrero de 2022, la  accionante plantea acción de inconstitucionalidad para que se declaren inconstitucionales los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y sus anexos del Decreto Ejecutivo N°42755, por estimarlos contrarios a los numerales 7, 9, 10, 11, 21, 50, 89 140  incisos 3 y 18 de la Constitución Política, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los principios 15 y 17 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río. La recurrente fundamenta su legitimación en el artículo 75, párrafo 2° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que acude en defensa de intereses difusos, como lo es la protección del medio ambiente. Las normas se impugnan en tanto exoneran del estudio de impacto ambiental  la aprobación de proyectos de maricultura de escala familiar, pequeña escala y mediana escala. En criterio de la accionante, la omisión de la exigencia de aprobación de estudios de impacto ambiental, como requisito para otorgar la autorización de procedimientos especiales, de proyectos menores y específicos de maricultura dispuesta, viola el principio de jerarquía de las leyes, contenido en el artículo 7 constitucional, por cuanto, por vía reglamentaria, se crean procedimientos especiales que burlan normas de derecho internacional, ratificadas por Costa Rica, las cuales exigen los estudios de impacto ambiental para garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Asimismo, se lesiona el artículo 140, incisos 3) y 8), en razón de que el Poder Ejecutivo excedió su potestad reglamentaria. Esto, además, lesiona el artículo 11 de la Constitución Política, que dispone que los funcionarios son simples depositarios de la autoridad. Los artículos impugnados pretenden dejar sin efecto los preceptos legales estipulados en la Ley Orgánica del Ambiente, previo análisis y aprobación del estudio correspondiente que se realice sobre el impacto ambiental de tales actividades que puedan alterar o destruir elementos del ambiente o generar residuos, materiales tóxicos o peligrosos. También lesionan el artículo 21 constitucional que garantiza el derecho a la vida, pues la reglamentación lesiona la vida humana y la integridad física de las personas, en cuanto crea procedimientos especiales de maricultura sin cumplir con los necesarios estudios de impacto ambiental. En cuanto al artículo 50 constitucional, que garantiza el derecho del hombre a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, lo que implica el deber correlativo de proteger y preservar el medio, mediante el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo. En cuanto al documento D5, afirma que es un instrumento nuevo de evaluación de impacto ambiental que no está considerado en el Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental. Se  trata de una guía para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría, promulgado mediante el Decreto N°42755-MINAE. Indica que el documento parece contener contradicciones en cuanto a la normativa de evaluación de impacto ambiental del país y del estándar internacional, por lo que requiere una valoración detallada. Reitera que la inconstitucionalidad reclamada deriva del hecho de que, en los artículos que regulan la solicitud y requisitos respectivos, anexos uno y dos, no se incluye el estudio de impacto ambiental y, en general, no se establece una limitación al número de permisos autorizables por esos procedimientos. Apunta que la Sala Constitucional ha señalado que las instituciones del Estado son las primeras llamadas a cumplir la legislación cautelar ambiental, sin que exista justificación para eximirlas del cumplimiento de requisitos ambientales, como el estudio de impacto ambiental que exige la Ley Orgánica del Ambiente para las actividades que, por su naturaleza, puedan alterar o destruir el ambiente (voto N° 2001-6503). También ha señalado que no es constitucionalmente posible realizar excepciones del estudio de impacto ambiental con fundamento en criterios o condicionamientos generales establecidos en leyes y reglamentos, pues ello vaciaría de contenido el artículo 50 constitucional (voto N°2002-01220, cuya importancia destaca). El estudio de impacto ambiental se impone como obligación en razón del principio precautorio, establecido en normas nacionales e internacionales con rango supra legal -principios 15 y 17 de la Declaración de Río (voto N°2002-5977). Solicita que se declare con lugar la acción y se anule por inconstitucional el decreto número 42755-Minae por ser contrario a los artículos 7,9, 10,11, 21 y 50 y 89 de la Constitución Política. La infracción constitucional se deriva de la omisión de exigir la presentación de un estudio de impacto ambiental y su correspondiente aprobación por parte de la Setena, como requisito previo para los proyectos de maricultura de escala familiar, pequeña y mediana.

2.- Por resolución de las 12:00 horas del 16 de marzo de 2022, el Presidente de la Sala previno a la accionante identificar las normas impugnadas. En escrito presentado el 21 de marzo de 2022 la accionante indicó que se impugnan los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y anexos del Decreto Ejecutivo N.42755 publicado el 22 de febrero de 2021 en el Alcance N.38 a la Gaceta.

3.-  Por resolución de las 14:54 horas del 23 de agosto de 2022 marzo de 2023 el Presidente de la Sala dio curso a la acción de inconstitucionalidad y confirió audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República y al Ministro de Ambiente y Energía.

4.- Los edictos a los que se refiere el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los Boletines Judiciales N°164, N°165 y N°166 de los días 1, 2 y 5 de setiembre de 2022.

5.- En escrito presentado el 8 de setiembre de 2022, Magda Inés Rojas Chaves, en su condición de Procuradora General Adjunta, contestó la audiencia conferida y manifestó:  Sobre la legitimación. Considera que la accionante está legitimada para interponer la acción, en tanto alega la defensa de intereses difusos respecto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sobre el fondo. Apunta que el Decreto impugnado tiene como fin establecer el procedimiento por medio del cual se lleva a cabo la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de maricultura. Para ello, establece cuatro escalas para clasificar los proyectos, dependiendo de las especies a utilizar, y así, determinar los requisitos e instrumento de evaluación de impacto ambiental al que deben sujetarse: 1. Acuicultura Social-Familiar, 2. Pequeña Escala, 3. Mediana Escala, 4. Gran Escala. Según el anexo 1, los proyectos que clasifiquen en la escala 1 se evaluarán por medio de un registro; los que se ubiquen en la escala 2, por medio de una declaración jurada de compromisos ambientales; los de mediana escala, a través de un pronóstico plan de gestión ambiental; y, los proyectos de gran escala, se evaluarán mediante un estudio de impacto ambiental. Además, para cada una de esas escalas, se especifican los requisitos que deben cumplirse. Efectivamente, el Decreto Ejecutivo impugnado solo exige el estudio de impacto ambiental para los proyectos que sean de gran escala, y, para el resto de escalas, establece otros instrumentos de evaluación. A efectos de determinar si la no exigencia del estudio de impacto ambiental para todas las escales de maricultura es inconstitucional o no, es preciso recordar que el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente (no. 7554 de 4 de octubre de 1995) dispone que las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, cuya aprobación previa será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos; y que las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán someterse a esa valoración. La evaluación de impacto ambiental es un concepto general que hace referencia al procedimiento administrativo técnico-científico que lleva a cabo la SETENA para identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones (artículo 3° inciso 39) del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo no. 31849 de 24 de mayo de 2004). La realización de una evaluación de impacto ambiental para las actividades que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, no constituye solo una obligación legal, sino también, una obligación  constitucional. En efecto, la Sala Constitucional ha reconocido que la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental, es uno de los principios que sirven de parámetro de constitucionalidad y que han sido desarrollados con el fin de que el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política, no sea un simple postulado formal (cita el voto no. 6322-2003 de las 14 horas 14 minutos de 3 de julio de 2003). Aunque en ese precedente la Sala haga referencia directa al estudio de impacto ambiental, como se expondrá más adelante, puede entenderse que la obligación que se deriva del artículo 50 Constitucional es la de llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental para todas aquellas actividades, obras o proyectos que puedan generar afectaciones al ambiente. De tal forma, no existe duda de que la realización de evaluaciones de impacto ambiental previas integra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y, por tanto, el incumplimiento de esa obligación lesiona ese derecho fundamental. Además de lo anterior, la evaluación de impacto ambiental es una medida acorde con el principio preventivo, también desarrollado por la jurisprudencia constitucional, en el tanto, permite evaluar y determinar cuáles serán los efectos negativos que una actividad, obra o proyecto causará en el ambiente de previo a su ejecución y, que permite establecer las acciones tendentes a mitigar o compensar esos efectos adversos, haciendo que la actividad, obra o proyecto se ejecuten de manera controlada, evitando la generación de daños al ambiente. Esa obligación también se encuentra íntimamente ligada al cumplimiento del principio de objetivación de la tutela ambiental, que “…se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con la actuación de la Administración como de las disposiciones de carácter general –legales y reglamentarias-, de donde se deriva la exigencia de la «vinculación a la ciencia y a la técnica», elemento que le da un sustento técnico-científico a las decisiones de la Administración en esta materia, y en tal virtud, limitan y condicionan la discrecionalidad de la Administración en su actuación -en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública-. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, se evidencia un criterio técnico objetivo que denote, o la viabilidad ambiental del proyecto o la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, circunstancia que obliga a establecer medidas de precaución o el rechazo del proyecto, obra o actividad propuestas. (Voto no. 2063-2007 de las 14 horas 40 minutos de 14 de febrero de 2007. Se añade la negrita). Adicionalmente, esa obligación de evaluar ambientalmente las actividades, obras o proyectos, encuentra fundamento en el artículo 14 del Convenio sobre Diversidad Biológica (aprobado mediante Ley no. 7416 de 30 de junio de 1994), en cuanto dispone que cada Estado parte “establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos”; y en el principio 17 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que establece que “deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.” Recalca que ni el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, ni los  instrumentos internacionales antes expuestos, exigen que para todas las actividades, obras o proyectos que puedan generar alteraciones al ambiente, deba requerirse un estudio de impacto ambiental. Lo que establecen esas disposiciones es una obligación general de efectuar evaluaciones de impacto ambiental de previo a la aprobación de aquellas obras o actividades que puedan producir un impacto negativo considerable en el ambiente. El Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental antes citado, dispone que la evaluación de impacto ambiental abarca tres fases: a) la Evaluación Ambiental Inicial, b) la confección del Estudio de Impacto Ambiental o de otros instrumentos de evaluación ambiental que corresponda, y c) el Control y Seguimiento Ambiental de la actividad, obra o proyecto a través de los compromisos ambientales establecidos. (Artículo 3° inciso 39). Según ese mismo Reglamento, el estudio de impacto ambiental es “un instrumento técnico de la evaluación de impacto ambiental, cuya finalidad es la de analizar la actividad, obra o proyecto propuesto, respecto a la condición ambiental del espacio geográfico en que se propone y, sobre esta base, predecir, identificar y valorar los impactos ambientales significativos que determinadas acciones puedan causar sobre ese ambiente y a definir el conjunto de medidas ambientales que permitan su prevención, corrección, mitigación, o en su defecto compensación, a fin de lograr la inserción más armoniosa y equilibrada posible entre la actividad, obra o proyecto propuesto y el ambiente en que se localizará”. (Artículo 3° inciso 36). De tal forma, el estudio de impacto ambiental es solo uno de los instrumentos técnicos a través de los cuales puede llevarse a cabo la evaluación de impacto ambiental. Entonces, la evaluación ambiental que exige la ley, los instrumentos internacionales citados y la jurisprudencia constitucional, puede llevarse a cabo a través de un estudio de impacto ambiental o de algún otro instrumento técnico, según el impacto ambiental potencial de la actividad u obra a desarrollar. Así, el hecho de que una norma no contemple, para un determinado tipo de proyecto o actividad que pueda afectar el ambiente, el estudio de impacto ambiental como instrumento a utilizar, no implica su inconstitucionalidad, pues no se está excluyendo a ese proyecto o actividad del procedimiento de evaluación de impacto ambiental exigido por la Ley Orgánica del Ambiente. Nótese que la propia Ley Orgánica del Ambiente, en su artículo 17, dispone que las obras, actividades o proyectos que deben someterse a la evaluación de impacto ambiental son las que determinen las leyes y reglamentos. Al respecto, cita el voto 5994-2017 de las 11:00 horas del 26 de abril de 2017 de la Sala Constitucional, según el cual, es posible que existan actividades, obras o proyectos que, por no alterar el ambiente en un grado significativo, no deban ser objeto de una evaluación de impacto ambiental, y ello puede determinarse legal o reglamentariamente. Ahora, para el caso de actividades, obras o proyectos que sí alteren significativamente el ambiente y que, por ello, deban someterse a una evaluación de impacto ambiental previa, la determinación de cuál mecanismo o instrumento técnico deba utilizarse para esa evaluación es una competencia técnica conferida a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en el artículo 84 inciso f) de la Ley Orgánica del Ambiente, que señala que a ese organismo le corresponde “elaborar guías para las actividades, obras y proyectos de evaluación de impacto ambiental, así como gestionar su disposición y divulgación.” En resumen, al amparo de la Constitución Política, cualquier actividad, obra o proyecto que altere significativamente el ambiente, debe someterse a una evaluación de impacto ambiental; esa evaluación puede ser llevada a cabo por alguno de los instrumentos técnicos que al efecto disponga la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y, el estudio de impacto ambiental es uno de esos instrumentos técnicos. Por ello, puede concluirse que el hecho de que una norma no contemple que la evaluación de impacto ambiental de una actividad, obra o proyecto específicos deba realizarse por medio de un estudio de impacto ambiental, sino que, establezca otros instrumentos técnicos de evaluación, no la hace inconstitucional, pues no está incumpliendo la obligación de someter la actividad, obra o proyecto potencialmente dañinos a una evaluación de impacto ambiental (al respecto cita el voto 17397-2019 de las 12:54 horas del 11 de setiembre de 2019). El Decreto impugnado, que tiene como fin establecer el procedimiento por medio del cual se lleva a cabo la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de maricultura y determinar mediante cuáles instrumentos técnicos se llevará a cabo esa evaluación. Y, aunque para los proyectos de acuicultura social familiar y pequeña y mediana escala no prevea la utilización del estudio de impacto ambiental como instrumento de evaluación, no está excluyendo a esos proyectos de la obligación de someterse a una evaluación de impacto ambiental previa. Lo que sucede es que esa evaluación se lleva a cabo mediante otras herramientas técnicas. Por lo tanto, la Procuraduría considera que la normativa impugnada no es inconstitucional, pues no está excluyendo a los proyectos que clasifiquen en esas tres categorías particulares del requisito previo de someterse a una evaluación de impacto ambiental. De tal forma, no se violenta el artículo 50 Constitucional ni el artículo 21, porque, además, no se determina de qué modo el Decreto impugnado lesiona la vida humana y la integridad física de las personas. Tampoco existe violación del artículo 7° de la Constitución Política, porque las disposiciones impugnadas no son contrarias a los convenios e instrumentos internacionales citados por la actora, ya que, como se dijo, éstos no imponen la obligación de que las actividades, obras o proyectos que puedan afectar el ambiente de manera significativa deban ser evaluadas mediante un estudio de impacto ambiental. Además, la Sala Constitucional ha reconocido la facultad de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y del Poder Ejecutivo, dispuesta en la Ley Orgánica del Ambiente, de establecer, mediante reglamento, cuáles obras, actividades o proyectos, según su magnitud e impacto potencial, deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y, además, el instrumento técnico de evaluación correspondiente. Por ello, el Poder Ejecutivo no se ha excedido en el ejercicio de su potestad reglamentaria, y, en consecuencia, no existe violación de los artículos 11 y 140 incisos 3) y 18) de la Constitución Política. Otra discusión aparte es si, técnicamente, lo dispuesto en las normas impugnadas es correcto o no, y si con la clasificación e instrumentos allí fijados es posible efectuar una adecuada evaluación de impacto ambiental de los proyectos de maricultura familiares y de pequeña y mediana escala. La clasificación de los proyectos y la determinación de los instrumentos de evaluación que se plasmó en el Decreto impugnado es una decisión estrictamente técnica, que no podría ser valorada por la Procuraduría en su carácter de asesor jurídico. Y, en todo caso, en la acción de inconstitucionalidad no se exponen argumentos ni se hace referencia a documentos o criterios tendentes a acreditar cuáles son las falencias técnicas de la norma impugnada. Sobre la manifestación de la accionante en cuanto a que la norma no establece una limitación al número de permisos autorizables por los procedimientos fijados, sin perjuicio de las consideraciones que emita al respecto el Ministerio de Ambiente y Energía en su informe, señala que los anexos del Decreto se establecen límites de producción para cada escala, según cada grupo de especie, y, además, se fijan distancias mínimas que deben respetarse entre áreas de cultivo. Solicita que se declare sin lugar la acción.

6.- Por resolución de las 11:08 horas del 27 de setiembre de 2022 se tuvo por contestada la audiencia conferida a la Procuraduría General de la República. Asimismo, se tuvo por no contestada, la audiencia conferida al Ministro de Ambiente y Energía, porque no constaba en el Sistema de Gestión registro de documento alguno presentado a fin de contestar la audiencia dentro del plazo otorgado, y se pasó la acción para estudio de la magistrada instructura.

7.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala el 5 de octubre de 2022, FRANZ TATTENBACH CAPRA, Ministro de Ambiente y Energía contestó la audiencia conferida, indicando que el informe se rinde en coordinación con la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se creó como un órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Ambiente y Energía, cuyo propósito fundamental será entre otros armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos. Asimismo el artículo 17 de dicha ley, que regula la evaluación de impacto ambiental, dispone: “Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental.” Cita la sentencia  de la Sala Constitucional  No. 9927-2004 de las 11 horas 1 minuto del 3 de setiembre del 2004, que sobre la viabilidad ambiental indica: “La viabilidad ambiental por su parte, representa la condición de armonización o de equilibrio aceptable, desde el punto de vista de carga ambiental, entre el desarrollo y ejecución de una actividad, obra o proyecto y sus impactos ambientales potenciales, y el ambiente del espacio geográfico donde se desea implementar. Desde el punto de vista administrativo y jurídico, la viabilidad ambiental corresponde al acto en que se aprueba el proceso de evaluación de impacto ambiental, ya sea en su fase de Evaluación Ambiental Inicial, o en la fase de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental o del Plan de Gestión Ambiental, según la actividad de que se trate y amerite. (…) Es así como la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado obliga al Estado a tomar las medidas de carácter preventivo a efecto de evitar su afectación; y dentro de las principales medidas dispuestas por el legislador en este sentido, se encuentran varios instrumentos técnicos entre los que destaca el Estudio de Impacto Ambiental, según lo dispuesto en el artículo citado, siendo la condición del proyecto o de la obra, la que determinará en cada caso, su necesidad.”(Sala Constitucional, Voto No. 9927-2004 de las 11 horas 1 minuto del 3 de setiembre del 2004, lo subrayado no es del original). De conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, toda obra, proyecto o actividad que genere impactos ambientales debe ser sometida al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental a partir de la entrada en vigencia de dicho cuerpo normativo, es precisamente la naturaleza de la Evaluación de Impacto Ambiental, predecir las posibles consecuencias que se puedan generar en el ambiente, y establecer todas aquellas medidas de mitigación que se deban implementar, que son directamente proporcionales al mayor o menor impacto que genere según la naturaleza y alcance del proyecto, de manera que existe una categorización de instrumentos de Evaluación Ambiental según el impacto. El artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente dispone además que las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos deberán ser sometidos a una evaluación ambiental. Es decir, el Poder Ejecutivo en ejercicio de su potestad reglamentaria y desarrollando lo dispuesto en el citado numeral 17 de la LOA, puede establecer cuáles son las actividades humanas que, por la relevancia del impacto que provocan sobre el ambiente, requieren de una evaluación ambiental. Ahora, si bien toda actividad humana altera de alguna manera el ambiente, la función tuitiva de la norma ambiental entra en juego cuando dicha alteración adquiere un determinado grado. Entonces, las actividades humanas que deben ser evaluadas ambientalmente son aquellas que alteran el ambiente en un grado significativo como para que dicha evaluación sea necesaria y la ley señala que las actividades que deban ser evaluadas ambientalmente serán determinadas por ley o reglamento. En la norma analizada hay un concepto jurídico indeterminado, las actividades humanas impactantes del ambiente en el grado en que se hace necesaria su evaluación. Tal concepto jurídico requiere, para su determinación, de un componente técnico y científico especialmente importante. El Poder Ejecutivo, al reglamentar cuáles son las actividades humanas que requieren de una previa evaluación ambiental está, en el ámbito de sus potestades, determinando cuáles son esas actividades humanas significativamente impactantes del ambiente. Se trata, obviamente, de una determinación sujeta a control jurisdiccional, pero que no por ello deja de ser una decisión de la Administración. Cabe advertir, en todo caso, que se trata de una decisión reglada porque la determinación de cuáles son esas actividades significativamente impactantes del ambiente, no es discrecional. Conforme lo anterior, SETENA es la competente por ley de establecer vía reglamentaria según lo permite el artículo 17 de la LOA, y basado en criterios técnicos, los procesos e instrumentos de Evaluación Ambiental, según el tipo de actividad, obra o proyecto y según sus especialidad, por lo que en el caso que nos ocupa no hay un exceso de potestad reglamentaria, sino que se está cumpliendo de acuerdo a su competencia, así como lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 31849 que es la norma general para crear instrumentos que toman en cuenta la tutela del ambiente, por lo que la Secretaría con la creación del Decreto 42755-MINAE no ha violado los artículos Constitucionales supra mencionados. Agrega que el reglamento 31849 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC es de carácter general, y abarca actividades terrestres, de manera que al no existir en dicha normativa un instrumento específico para la actividad de maricultura se vio la necesidad técnica de generar uno específico para dicha actividad, de manera que para esos casos se estableciera los estudios técnicos necesarios para garantizar la armonización del desarrollo con el ambiente, de manera que la normativa lejos de vulnerar el artículo 50 constitucional lo hace cumplir de manera puntual para esta actividad. De manera que el decreto antes mencionado, no entra en ninguna contradicción con esa norma. Indica que la Evaluación de Impacto Ambiental es: “(…) Procedimiento de análisis de las características ambientales de la actividad, obra o proyecto, con respecto a su localización para determinar la significancia del impacto ambiental. Involucra la presentación de un documento ambiental firmado por el desarrollador, con el carácter y los alcances de una declaración jurada. De su análisis, puede derivarse el otorgamiento de la viabilidad (licencia) ambiental o en el condicionamiento de la misma a la presentación de otros instrumentos de la EIA. De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental del Decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC hay una categorización general de las actividades, obras o proyectos, según su impacto ambiental potencial (IAP) y hay un listado que ordena en tres categorías a saber: Categoría A: Alto Impacto Ambiental Potencial. Categoría B: Moderado Impacto Ambiental Potencial. Esta categoría, se subdivide a su vez en dos categorías menores a saber: Subcategoría B1: Moderado – Alto Impacto Ambiental Potencial, y Subcategoría B2: Moderado – Bajo Impacto Ambiental Potencial. Categoría C: Bajo Impacto Ambiental Potencial. Conforme con lo anterior, según la categorización se aplican los siguientes instrumentos ambientales: 1. B2 Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA). 2. B1 Pronóstico - Plan de Gestión Ambiental (P-PGA). 3. A Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Ahora bien, el Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC en su artículo 3 define los diferentes instrumentos técnicos de la Evaluación, que se aplican en la Evaluación de Impacto Ambiental, según su categorización. 30.- Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA): Manifestación que se hace bajo juramento y autenticada por un notario público, para los desarrolladores privados y en el caso de Instituciones del Estado, aquella que es, emitida por el jerarca, sin necesidad de autenticación, en la que el desarrollador de la actividad, obra o proyecto, se compromete a cumplir íntegra y totalmente con los términos y condiciones estipuladas en el Pronóstico - Plan de Gestión Ambiental, o bien aquellos otros lineamientos emanados del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. 36. Estudio de Impacto Ambiental (EsIA): Es un instrumento técnico de la evaluación de impacto ambiental, cuya finalidad es la de analizar la actividad, obra o proyecto propuesto, respecto a la condición ambiental del espacio geográfico en que se propone y, sobre esta base, predecir, identificar y valorar los impactos ambientales significativos que determinadas acciones puedan causar sobre ese ambiente y a definir el conjunto de medidas ambientales que permitan su prevención, corrección, mitigación, o en su defecto compensación, a fin de lograr la inserción más armoniosa y equilibrada posible entre la actividad, obra o proyecto propuesto y el ambiente en que se localizará. 60. Pronóstico - Plan de Gestión Ambiental (P-GA): Instrumento técnico de la Evaluación de Impacto Ambiental y es un documento, de formato preestablecido, que además de realizar un pronóstico general de los aspectos e impactos ambientales más relevantes que generará la actividad, obra o proyecto a desarrollar, incluye: las medidas ambientales, sus posibles costos, plazos, responsables de aplicación, destinadas a prevenir, mitigar, corregir, compensar o restaurar impactos ambientales que se producirían. Al respecto, cita la sentencia de la Sala Constitucional No. 2019020625 que se refiere a las fases de la Evaluación de Impacto  Ambiental y los diferentes instrumentos de evaluación de impacto ambiental.

Para el caso del Decreto 42755-MINAE, la categorización aplica según lo establecido en los instrumentos técnicos, según ha explicado por SETENA ante la Sala Constitucional mediante el oficio SETENA-SG-0766-2022 de fecha 9 de setiembre del 2022; de acuerdo al grado de impacto en el ambiente, y es totalmente congruente con el Decreto Ejecutivo No. 31849, de manera que no todo proceso de Evaluación Ambiental debe realizarse por medio del Instrumento ESIA, que es el determinado para las actividades de mayor impacto ambiental potencial, sostener esa tesis resulta desproporcionado y no tiene un asidero técnico, que lo respalde. Así las cosas, se tiene que los instrumentos técnicos de la Evaluación Ambiental han sido avalados por la Sala Constitucional y están establecidos según el impacto mayor o menor, por lo que se reitera que no toda actividad, obra o proyecto requiere presentar un EsIA que es el instrumento para actividades de mayor impacto. El Decreto Ejecutivo No. 42755 se promulga luego de que la Secretaría Técnica Ambiental identifica un vacío legal y carencia de estudios técnicos específicos, necesarios para evaluar adecuadamente actividades que se desarrollen y conceptualicen en el mar. La actividad de maricultura requiere, por sus características particulares, mecanismos de gobernanza y de ordenamiento espacial que aseguren la participación, coordinación y desarrollo sostenible a través de instrumentos técnicos de Evaluación específicos, que coadyuven a que los proyectos que se presenten sean analizados de forma efectiva y eficiente asegurando la sostenibilidad en equilibrio con el desarrollo, por cuanto el aprovechamiento de los recursos marinos debe realizarse en el marco de un modelo que promueva beneficios para las comunidades costeras y la salud del océano. Los instrumentos creados antes de la conceptualización del decreto No. 42755, solicitaban la presentación de estudios orientados a determinar la línea base de elementos ambientales inherentes a los ambientes terrestres, siendo ámbitos técnicos como la geotecnia, la geología o la arqueología, elementos ambientales irrelevantes para la determinación de impactos ambientales en el mar. Por tanto, con el fin de tramitar actividades, obras o proyectos relacionados con Maricultura, se procede a establecer el instrumento técnico necesario para la elaboración de Instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental, además de sus instructivos para la valoración de los impactos ambientales y los formularios de referencia para la preparación de los mismos, al amparo del artículo 84 de la Ley Orgánica del Ambiental No. 7554, que  establece como una de las Funciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, la elaboración de guías para las actividades, obras y proyectos de evaluación de impacto ambiental. Durante la elaboración del decreto analizado, hubo disposición de mejorar e implementar los procesos y recomendaciones generadas por iniciativas como el proyecto “Descubre Maricultura” liderado por COMEX, sectores externos como la academia (UNA, UNED, INA), así como el gobierno central liderado por el Viceministerio de Aguas y Mares, Casa Presidencial, SINAC y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), generando el formulario denominado D5 como herramienta que permite realizar actividades de maricultura con estudios específicos ambientalmente sostenibles, que permitan un mayor desarrollo de la acuicultura marina como alternativa productiva y multiplicador económico para las zonas costeras. El decreto que contiene las guías de EIA para la actividad de Acuicultura Marina, se contempló bajo el principio de proporcionalidad y razonabilidad, solicitando los requisitos necesarios al usuario, basado en el impacto y magnitud del proyecto, los cuales pueden ser directamente determinados, en función del área a concesionar y los kg de producción anual. Esto genera que la determinación de la categoría de un proyecto de Maricultura deje de ser subjetivo a la determinación de un consultor ambiental, y sea una definición basada en el sustento técnico, brindando además seguridad jurídica al administrado, sobre la categoría en la que se desarrollará un determinado proyecto. La  Secretaría considera que la implementación y aplicación de la Guía General para la Valoración de los Impactos Ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría, contenida en el Decreto Ejecutivo No. 42755, da herramientas específicas para determinar y evaluar correctamente los posibles impactos ambientales generados por las actividades de Maricultura, apegada a la ciencia y la técnica, los requisitos necesarios para la escala y magnitud de proyecto a desarrollar, cumpliendo así con los principios de razonabilidad y proporcionalidad que rigen a la función pública. Considera que el  decreto no atenta con la integridad del ambiente ni contra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,  al contrario, genera una mayor protección ambiental debido a que solicita los estudios técnicos específicos para esta actividad. Señala que, la accionante cuestiona la constitucionalidad del decreto por “(...) el hecho de que en  los artículos que regulan la solicitud y requisitos respectivos, en los anexos uno y dos no se incluya el estudio de impacto ambiental y de que, en general, no se establezca una limitación al número de permisos autorizables por esos procedimientos (...).” Respecto a la cantidad de permisos que se pueden otorgar, indica que el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental es solo uno, para los diferentes trámites que una actividad de maricultura debe realizar para poder operar. Ahora bien, el ente técnico encargado del tema de acuicultura marina es el INCOPESCA, y el ente encargado de otorgar una concesión marina para el aprovechamiento de este espacio es la Dirección de Aguas del MINAE, por lo que serán estas instituciones las que deberán velar por la cantidad de permisos y concesiones finales que se otorguen, en función de las políticas que estas definan. Las actividades de maricultura se desarrollan en zonas concesionadas en el mar, y sólo se puede desarrollar un proyecto por área concesionada. El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental se encarga de establecer los estudios de línea base y los posibles impactos de esta actividad, dentro del AP (área concesionada). El decreto ejecutivo N°42755, establece zonas de retiro o distanciamiento, como áreas de amortiguamiento entre proyectos de maricultura, en donde se puede contener cualquier impacto que se genere dentro del área concesionada, y que pueda movilizarse fuera del AP. Estas áreas de separación o amortiguamiento también tienen como función disminuir o eliminar por completo los efectos acumulativos entre proyectos de Maricultura, teniendo distancias de separación entre proyecto de hasta 4 000 m. En conclusión, la cantidad de permisos o concesiones otorgadas, concierne a las instituciones rectoras en el ámbito técnico de la acuicultura marina, y de concesiones. En el ámbito ambiental, según lo establecido en la norma, los impactos asociados a la actividad y a los posibles impactos acumulativos, son contemplados de manera conservativa. Solicita que se declare sin lugar la  acción de inconstitucionalidad.

8.- El 13 de octubre de 2022, la accionante, replica el informe rendido por la Procuraduría General de la República. Manifiesta que el D5 fija rutas de decisión según la escala de producción de maricultura, sin considerar otros factores ambientales irrespetando la lógica de la evaluación ambiental inicial, tal  y como se acredita con el estudio realizado por el Doctor Allan Astorga, el cual adjunta. 

9.- Por resolución de las diez horas cuarenta y cinco minutos del quince de enero de dos mil veinticuatro, la magistrada instructora confirió audiencia al Director de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura y al Director de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional.

10.- En memorial presentado el 25 de enero de 2024, Ángel Francisco Herrera Ulloa, Director de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, contestó la audiencia conferida y manifestó:

“En la UNA trabajamos asociados a muchas instituciones, para apoyar una región del país deprimida social y económicamente, con unos pequeños proyectos en el mar, equivalentes en tierra a pequeñas finquitas de café.

Contexto general de la acuicultura

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima que, con el fin de hacer frente a la creciente demanda global de alimentos, la agricultura debe aumentar su producción en casi un 50 %. Este desafío no solo implica la necesidad de incrementar la cantidad de producción, sino, de manera crucial, mejorar la eficiencia y reducir los impactos ambientales. La premisa fundamental es la producción sostenible y competitiva, llevando a cabo prácticas agrícolas que sean beneficiosas tanto para el entorno como para la economía[1]. En este contexto, es inevitable que las actividades agropecuarias sigan creciendo para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en cada país y Costa Rica no es la excepción.

La acuicultura marina es una actividad del sector agropecuario que se realiza en los mares. Y representa una de las actividades más importantes para el desarrollo del "Crecimiento Azul" una estrategia actualmente impulsada por la Organización de las Naciones Unidas a través de la FAO, donde la acuicultura marina se considera un elemento clave para lograr el desarrollo sostenible   ya que sus metas están rigurosamente alineadas con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus respetivos objetivos (ODS).https://www.fao.org/documents/card/ru/c/8801244b-8c61-469e-ab33-7774ae232285/.

La acuicultura es una actividad destinada a cultivar y producir peces, camarones, algas, moluscos y otros organismos en el medio acuático cuyo destino es en general el consumo humano [2]. Es una actividad con similitudes a la producción desarrollada en tierra, cómo por ejemplo la producción de ganado vacuno, no obstante, con mucho menos efectos negativos en el medio ambiente. Por ejemplo, en la industria ganadera se talan millones de hectáreas de bosque para el pastoreo [3], se consumen miles de litros de agua dulce para la producción de un Kilogramo de carne y se genera una alta emisión de metano a la atmósfera (gas de efecto invernadero) que aumenta el calentamiento global lo que incide negativamente en el cambio climático, entro otros efectos negativos [4]. Por esta razón es que se fomenta cada día más esta actividad por encima de otras actividades de producción de carne para consumo humano.

Erróneamente se relaciona la acuicultura marina a la pesca extractiva, pero la realidad es que difiere significativamente de ésta 2, ya que los organismos no son extraídos del medio ambiente para el cultivo, con la consecuente disminución de sus poblaciones naturales. Para la acuicultura se utilizan técnicas de reproducción en condiciones controladas de cautiverio para obtener los peces, camarones y otros organismos, que son los que se llevan a las granjas en el mar para su crecimiento y posterior comercialización2. En este contexto, inclusive, la acuicultura es una herramienta exitosa para la repoblación de especies que han sido sobrexplotadas por la industria pesquera o afectadas por la contaminación humana[5].

Además, se ha logrado constatar que la acuicultura marina tiene importantes beneficios sociales, económicos y medioambientales como son: mayor impacto en la seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza; oportunidades de empleo para las comunidades rurales; mayor suministro y disponibilidad de productos alimentarios marinos; mejoramiento de la nutrición y el bienestar humano; mayor entrada de divisas; y la mejora del reciclaje de los nutrientes cuando se utilizan sistemas de acuicultura integrada. Todos estos factores deben ser tenidos en consideración y sopesados por su importancia en una comparación equilibrada de los sistemas de producción alimentaria[6].

Sin embargo, a pesar de que esta actividad es menos perjudicial para el ambiente en comparación con otras actividades pecuarias de producción de alimentos, también puede tener efectos ambientales negativos en el medio ambiente si no se desarrolla adecuadamente. No obstante, es claro que los efectos negativos en el ambiente dependerán estrictamente de la escala de producción que se establezca.

En el sector agropecuario es normal y prácticamente universal la utilización de 3 escalas[7]: pequeña, mediana y gran escala. Esta diferenciación se establece con el principio de establecer normas, regulaciones e inclusive incentivos dependiendo de la intensidad de la producción. A mayor producción mayor normativa en todos los ámbitos, incluyendo el ámbito ambiental. A menor intensidad de producción disminuye la normativa y los requisitos debido a que los efectos de la producción en el ambiente disminuyen e inclusive pueden llegar a ser tan bajos que se consideren no significativos en términos de daño ambiental. Ámbito en el que normalmente se ubica la categoría de pequeña escala o similares.

Sobre la acuicultura de pequeña escala y su desarrollo en Costa Rica

De forma general la acuicultura de pequeña escala se refiere a la práctica de cultivar y criar organismos acuáticos, como peces, moluscos, crustáceos y plantas acuáticas, en instalaciones de menor tamaño, generalmente gestionadas por comunidades locales o pequeños productores. La producción anual ejercida en esta escala es muy baja y no se prevén daños significativos en el medio ambiente. Debido a estas virtudes en Costa Rica la acuicultura de pequeña escala es fomentada por diversas instituciones del Estado cómo el IMAS, Universidades estatales (UNA, UCR, UTN, UNED), INA, MINAE, INDER, INAMU, Sistema de Banca para el Desarrollo y el INCOPESCA quien por ley es el ente encargado de la promoción y ordenación del subsector de acuicultura, creado por la Ley N.° 7 384 del 29 de marzo de 19947. Se fomenta el desarrollo de la acuicultura debido a su potencial de generar desarrollo sostenible por medio de la generación de empleo en zonas marginadas, por ejemplo, las zonas costeras del país donde el sector pesquero artesanal se ha visto afectado por varios factores que lo han llevado a condiciones sociales de pobreza y exclusión [8].

En consecuencia, se dirigen específicamente asociaciones y cooperativas locales de zonas costeras conformadas por personas con bajos recursos económicos y pocas posibilidades de empleo y de desarrollar nuevas ideas productivas, especialmente pescadores artesanales.

Estos proyectos pueden generar un impacto económico a más de 15 familias directamente y 30 indirectamente. Además, dinamizan el turismo y mercado de insumos y productos relacionados en la comunidad por lo que sus impactos sociales son significativos. Además, permiten el traslado de pescadores artesanales de una actividad extractiva como la pesca a una productiva de muy baja escala y por ende de muy bajo impacto ambiental, una estrategia acorde con las políticas ambientales sostenibles del país y cumpliendo con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030: (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Acuicultura). (https://doi.org/10.4060/ca9229es), por ejemplo:

ODS 1. Fin de la pobreza.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la acuicultura proporciona trabajo a más de 20 millones de personas en el mundo y es una de las actividades que puede desempeñar un papel fundamental en la reducción de la pobreza generando fuente de empleo directos e indirectos suministradores de productos y servicios que giran alrededor de la acuicultura.

ODS 2. Hambre cero.

La acuicultura supone una de las principales fuentes de proteína en muchas regiones del mundo. “Los océanos nos proporcionarán una gran parte de los alimentos nutritivos que necesitamos mediante el desarrollo de nuevas formas de acuicultura sostenible, la acuicultura representa la mejor forma de ayudar a alimentar a unos 10.000 millones de personas durante los próximos años.” https://news.un.org/es/story/2020/11/1484232.

ODS 12. Producción y consumo sostenible

La acuicultura no se libra de la huella de carbono, ya que todos los sectores productivos, incluida esta actividad, generan gases de efecto invernadero a través de sus procesos de fabricación, transformación, transporte, almacenamiento y comercialización de sus productos. Sin embargo, no todos los alimentos de origen animal tienen la misma contribución de este tipo de gases, y los productos de acuicultura tienen unas emisiones ligeramente por debajo de las aves, y muy inferiores a las del sector porcino y vacuno.

ODS 14. Vida submarina

La acuicultura, además de colaborar en el aumento de las poblaciones que viven en las aguas, tiene la posibilidad de ayudar a conservar las especies que han estado expuestas a una excesiva explotación por la pesca tradicional.

Además, estos proyectos también contribuyen a la seguridad y soberanía alimentaria del país, aportando un alimento, reconocido por su calidad nutricional, y ayuda a no depender de mariscos importados de otras regiones del mundo cómo son el pangasio y la tilapia proveniente de Asia.

Respecto al Marco jurídico actual vigente sobre proyectos en acuicultura marina en Costa Rica y su relación con el caso

El ente rector de la acuicultura en Costa Rica es el INCOPESCA y es la autoridad ejecutora de la Ley de Pesca y Acuacultura (Ley N° 8436) aprobada por la ASAMBLEA LEGISLATIVA. LEY ESPECÍFICA PARA LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA.hhtp://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=54688&nValor3=95742

Por lo tanto, el INCOPESCA coordina el sector acuícola, mediante la promoción y el ordenamiento de la acuicultura. Siendo éste el encargado de otorgar las autorizaciones para el cultivo de organismos acuáticos en aguas marinas o continentales. En este contexto la Ley de Pesca y Acuacultura N° 8436 en su Título III, Acuicultura, Capítulos I, II establece las directrices necesarias para el cumplimiento, control y autorización de proyectos acuícolas marinos.

Segundo: El artículo 83 de la Ley de pesca y acuicultura establece: Para solicitar la autorización acuícola y la concesión para el uso de aguas, los interesados deberán aportar los respectivos proyectos de acuicultura, junto con una evaluación de impacto ambiental establecida por la SETENA según corresponda.

Tercero: La Ley de pesca y acuicultura establece que la evaluación de impacto ambiental deberá ser resuelta y otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental SETENA.

Cuarto: Que las viabilidades ambientales para proyectos de acuicultura marina se rigen actualmente en la SETENA por la Guía general para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría Nº 42755-MINAE.

En este caso es relevante indicar que este decreto en cuestionamiento establece una categoría inferior a la pequeña escala, llamada Social Familiar, creada para ser consecuente con las políticas del Estado de fomento de la acuicultura de pequeña escala dirigida especialmente a personas de bajos recursos de las zonas costeras que buscan empleo. Se extrae del decreto la siguiente definición:

“Representa cultivos de organismos acuáticos marinos realizados por un  núcleo familiar solamente con fines de subsistencia, autoconsumo, o con fines comerciales para generar su propio empleo, así como, cultivos de organismos acuáticos marinos realizados por asociaciones, cooperativas u otros grupos organizados apoyados y acompañados durante al menos los dos primeros años, por al menos dos instituciones del Estado, cuyo objetivo principal sea la generación de empleo en las zonas marino costeras del país. Se caracterizan por ser actividades con bajo impacto ambiental potencial inclusive si se ubican en áreas marinas protegidas cuya constitución legal permita este tipo de actividades, según el Sistema Nacional de área de Conservación SINAC. Son Proyectos considerados de registro (D5-SF). Los límites de producción dependerán de cada grupo de especies tal como se muestra en el cuadro 1 y los requisitos para optar por el aval ambiental en el cuadro 2.”

Esta es la escala que se somete al cuestionamiento por no tener que realizar un estudio mayor de impacto ambiental, y solo se realiza un registro, no obstante, es evidente que esta escala además de ser menor a una pequeña escala, de muy baja producción y por ende con impactos potenciales no significativos en el medio ambiente, fue definida en función de la equidad promulgada en el concepto de desarrollo sostenible, para que puedan tener acceso a ella las personas con bajos recursos económicos.

Adicionalmente es importante indicar que la normativa anterior ejercida sobre esta actividad no hacía diferencia sobre las escalas de producción por lo que se hacía prácticamente imposible a pequeños productores optar por una viabilidad ambiental ya que se le solicitaban requisitos similares a una gran empresa.

Este problema era evidente y manifestado años atrás cómo se puede leer en el informe de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre la Acuicultura de pequeña escala y recursos limitados en América Latina y el Caribe, donde funcionarios de INCOPESCA, expresaron para Costa Rica que una de las limitaciones más importantes para el desarrollo de la acuicultura en era:

“el exceso de trámites para obtener permisos de viabilidad ambiental, concesiones de agua y autorizaciones acuícolas. Ello ha generado que sean pocos los emprendimientos que actualmente cuentan con una autorización oficial para operar, debido a que un buen número de productores, especialmente los de pequeña escala, no cumplen con los requisitos necesarios para obtenerla”.

Por lo tanto, es evidente que la SETENA tomó medidas para mejorar la legislación ambigua y dar mayor claridad con la separación de escalas. A cómo aumenta la escala aumentan los requisitos y estudios ambientales a presentar, lo cual a todas luces cumple con la lógica de una normativa equitativa con los seres humanos y el medio ambiente.

Quinto: Que la concesión de aprovechamiento del agua marina será otorgada por la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía MINAE. Acto jurídico mediante el cual el MINAE confiere a personas físicas y jurídicas un derecho limitado de aprovechamiento sostenible sobre las aguas para el desarrollo de las actividades acuícolas para la producción y el aprovechamiento de determinadas especies, en los términos y las condiciones expresamente establecidos en dicho contrato. (Ley de Pesca y Acuicultura, Ley N°8436 - artículo N° 101).

Corresponderá al MINAE normar la forma, el modo, los requisitos y los procedimientos aplicables para su respectivo otorgamiento. El criterio emitido por el MINAE será vinculante para las partes y para el INCOPESCA.

En el área de la concesión (Art. 86), los concesionarios podrán realizar todas las obras materiales, inversiones e instalaciones, previa evaluación y autorización de los organismos competentes.

Sexto: Adicional a lo anterior, al iniciar la operación del cultivo se debe obtener el Certificado Veterinario de Operación CVO: otorgado por el Servicio Nacional de Salud Animal SENASA. Certificado mediante el cual se hará constar la autorización, a fin de que el establecimiento se dedique a una o varias actividades de las enumeradas en el artículo 56 de la Ley SENASA, Nº 8495. (Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación Veterinario de Operación Nº 34859-MAG).

Conclusiones:

1. La acuicultura marina es una actividad en crecimiento, que responde a las necesidades de seguridad y soberanía alimentaria y a la necesidad de nuevas alternativas productivas sostenibles que estén acorde con las políticas y tratados internacionales relacionados al desarrollo sostenible. Actualmente la acuicultura marina sostenible es clave para las estrategias de crecimiento azul que impulsa la ONU y la FAO. Por lo tanto, su desarrollo está acorde con los tratados firmados por Costa Rica para la protección del ambiente marino.

2. La acuicultura cómo toda actividad ejercida por el ser Humano puede contaminar, no obstante, su potencial contaminación depende estrictamente de la intensidad de la producción. En otras palabras, depende de la escala de producción. Contexto en el cual se entiende que la pequeña escala o en su efecto una escala inferior cómo la establecida en el decreto Nº 42755-MINAE presenta un impacto potencial no significativo en el ambiente, debido a su baja producción y al contrario podría tener un impacto positivo en el ambiente por el traslado de pescadores artesanales de una actividad extractiva a una productiva. Además de otros beneficios, cómo el acceso a un trabajo digno amparado en nuestra constitución política.

3. La Universidad Nacional es una de las muchas instituciones estatales que se han sumado al fomento de la acuicultura marina de pequeña escala o en su efecto para Costa Rica la escala Social Familiar. Su papel en este tipo de proyectos de cultivo se consigna especialmente al aporte de conocimiento técnico científico para la producción y cultivo, respetando las directrices legales establecidas a la fecha para su desarrollo. En este caso la UNA respeta la legislación ambiental establecida por las instancias competentes.

4. La Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 del 13 de noviembre de 1995, crea la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), como órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), cuyo propósito fundamental será entre otros armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos, así como el de analizar las evaluaciones de impacto ambiental y resolverlas dentro de los plazos previstos por la Ley General de la Administración Pública, y cualesquiera otras funciones necesarias para cumplir con sus fines (artículo 84 y 85 de la Ley Orgánica Ambiental). Por lo tanto, es la SETENA el ente responsable de establecer este tipo de normas.

5. El desarrollo sostenible es el eje principal de los tratados internacionales relacionados a la protección del ambiente, ratificado en todas las cumbres de la Tierra y otras cumbres relacionadas dirigidas por las Naciones Unidas. El Desarrollo Sostenible implica el uso sostenible de los recursos no la protección absoluta.”

11.- El 31 de enero de 2023, el Técnico Judicial y la Secretaria de la Sala Constitucional hicieron constar que, revisado en el Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales, el control de documentos recibidos y este expediente, no aparece que del 16 al 29 de enero de 2024, el Director de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, haya presentado escrito o documento alguno, a fin de contestar la audiencia que se le confirió en la resolución dictada a las 10:45 horas del 15 de enero de 2024.

12.- Heiner Jorge Méndez Barrientos, Presidente Ejecutivo con rango de Ministro del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, contestó la audiencia conferida y manifestó, sobre la legitimación de la accionante, que ésta justifica su legitimación, en que se trata de intereses difusos. Desde esa óptica y a la luz de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, indica que no tiene observaciones al respecto. Sobre el fondo del asunto indica, como antecedente, que el Estado costarricense ya ha establecido la normativa para la implementación de proyectos de maricultura en nuestras costas, para tal fin se encuentra el decreto ejecutivo MINAE N 031849 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, reglamento general sobre los "Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)", así como la "Guía general para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura" Decreto Ejecutivo No. 42755 y formularios por categoría. El Decreto N°42755, se establece como "Guía General para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de maricultura y formularios por categoría", misma que tiene como fin desarrollar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para los proyectos de maricultura, clasificándolos en escalas siendo estas: Acuicultura Social-Familiar, Pequeña Escala, Mediana Escala, Gran Escala. Pretende la accionante que la Sala declare inconstitucional la omisión de los artículos 1,2,3,4 y sus anexos, contenidos en el Decreto Ejecutivo N°42755 publicado el 22 de febrero del 2021 en el alcance N.38, de exigir estudios de impacto ambiental para la aprobación de proyectos menores y específicos de maricultura. La accionante justifica su pretensión, afirmando que la inconstitucionalidad de la norma está en regularse la solicitud y requisitos en los anexos 1 y 2 relacionados con proyectos menores de maricultura, cuyas categorías han sido denominadas Acuicultura Social- Familiar y Pequeña, ya que no se exige un estudio de impacto ambiental, además, no se establece una limitación al número de permisos. Sostiene  que la accionante no lleva razón, ya que si bien para estas categorías no se exige un estudio de impacto ambiental, requiriéndolo únicamente para los proyectos que sean de gran escala, lo cierto también es que se establecen otros instrumentos de evaluación para poder otorgar la autorización del proyecto. En la Tabla 1 -Categorías de maricultura-, se enumeran los requisitos para cada categoría de maricultura. Agrega que se encuentra establecido el nivel de impacto ambiental según categoría, que va de bajo impacto a moderado impacto para la categoría social familiar y grande respectivamente, además indica los formularios a aplicar según tipo de categoría de producción a desarrollar -Tabla 2,  Impactos ambientales según categoría de producción y formularios asociados-. Por otra parte, SETENA también tiene establecida el área en hectáreas y los niveles de producción en kilogramos por año, para cada categoría y por especie de interés de cultivo como camarón, peces y ostras-mejillón -Tabla 3. Área establecida para producción en hectáreas y producción kg año- La presentación del instrumento D5, es realizado por un profesional con calidad de regente ambiental que facilitará el proceso de llenado de la información y gestión ante la SETENA. Una vez obtenido por parte de la SETENA el REGISTRO AMBIENTAL para el proyecto de maricultura, se debe solicitar al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Dirección de Aguas la solicitud de concesión de caudal de agua de mar (litros por segundo), para utilizar en la producción de camarones, peces, ostra o mejillones según corresponda. Para la estimación del caudal de agua el INCOPESCA estableció el caudal de agua requerido para la maricultura de la categoría social familiar. Referencia: Alvarado-Ruiz, C. (2022). Estimación del requerimiento de caudal L/seg para maricultura. El Bohío boletín electrónico. Vol. 12. No IO. 2939 p. INCOPESCA. Con respecto al número ilimitado de autorizaciones que alega la accionante, indica que en atención a esto, se han seleccionado sitios en la costa Pacífica y el Caribe para el desarrollo de estos proyectos, y para ello el Incopesca se encuentra en el proceso de revisión final de los términos de referencia para establecer la zonificación para la maricultura en Costa Rica, mediante el documento “Términos de referencia para la contratación de una empresa o persona física para establecer la zonificación de la maricultura sostenible en la costa pacífica y caribe de Costa Rica (Programa de desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura en Costa Rica).” Además, para que el Incopesca, autorice un proyecto de maricultura en cualquiera de sus escalas, primero se deberá contar con la resolución de la SETENA y de la Dirección de Aguas, luego un Biólogo de la Dirección de Fomento del Incopesca, realiza una inspección de campo, para emitir una recomendación de viabilidad desde el punto de vista acuícola y solo si ésta es positiva, la máxima autoridad otorgará la autorización, por lo cual se evidencia que las solicitudes pasan por filtros de todas las instituciones involucradas, y que en cada una deben de cumplir requisitos establecidos para llevar a cabo el proyecto. Es importante establecer que contario a lo que plantea la accionante, en cuanto a la vulneración de los derechos humanos, la vida y la salud, según los registros del Incopesca, todos los proyectos de maricultura aprobados o autorizados posterior a la entrada en vigencia del Decreto impugnado, se encuentran en la escala de Social- Familiar, siendo liderados por mujeres, atendiendo a los principios de cero hambre, inclusión de la mujer, equidad de género, entre otros. Ver los informes Troell et al., 2023 mediante una revisión de la literatura científica indican que la acuicultura contribuye con los 17 ODS entre las que se resaltan. J World Aquac Soc.2023;54:251—342/@2023 Food and Agriculture Organization of the United Nations. Journal of the World Aquaculture Society published by Wiley Periodicals LLC on behalf of World Aquaculture Society. Concluye que, en su criterio, la norma impugnada no solo cuenta con el aporte técnico, sino que además se sometió a los controles de legalidad que determina el ordenamiento jurídico, ya que no se pretende causar un retroceso normativo, ya que la misma dinámica del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, hace que esta materia sea muy dinámica y cambiante, de toda suerte que lo se permite hoy mañana puede estar prohibido o viceversa, sin que ello demerite que se pretenda causar un perjuicio a los recursos naturales, para lo cual precisamente el Incopesca, como ente autónomo, debe velar por el cumplimiento del principio de legalidad y el debido proceso de todos los proyectos que son autorizados, además de que no todos los proyectos de maricultura generaran alteraciones al ambiente, como en el caso que nos ocupa sin que esto signifique que estén a la libre o que no tengan regulaciones adaptadas a su escala que cumplir, por ejemplo los compromisos ambientales, a diferencia de aquellos proyectos que sí pueden eventualmente generar alteraciones considerables al medio ambiente, estos sin excepción, previa autorización deberán contar con evaluación del impacto ambiental. Actuar de manera distinta sería desconocer por completo la naturaleza jurídica del Incopesca y de los principios que rigen el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros, mismos que han sido reiteradamente reconocidos por la Sala Constitucional.

13.- En memorial presentado el 1o. de febrero de 2023, José Miguel Zeledón Calderón, Director de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, contestó la audiencia conferida y manifestó, con respecto a la acción  planteada, que la  accionante solicita se declarare la inconstitucionalidad del Decreto 42755-MINAE, por cuanto omite solicitar estudios de impacto ambiental para la aprobación de proyectos menores y específicos de maricultura, y la falta de limitación al número de permisos autorizables por esos procedimientos. Al respecto, indica que el decreto impugnado está relacionado con el quehacer ordinario de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, y los diferentes instrumentos técnicos que esta desarrolla y aplica para evaluar el posible impacto de una actividad sobre el medio ambiente, tal y como lo señala el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, por lo que sobre sus competencias, no se pronuncia. En relación con las concesiones de agua para proyectos de maricultura, cuyo análisis técnico, y recomendación para el Ministro lo realiza esa Dirección, debe tenerse en cuenta lo siguiente: cuando el solicitante llega a la Dirección de Aguas, ésta lleva un Registro de Concesiones otorgadas, su duración, su ubicación, caudal concedido entre otros. De forma tal que no existan sobreposiciones ni se extralimiten las concesiones en una zona determinada. Tal y como se ha indicado en su oportunidad, a este mismo tribunal, en materia de solicitud y resolución de concesiones de agua superficial y subterránea, se cuenta con un vasto marco jurídico de regulación y protección, que por sí solo procura cumplir las garantías ambientales programadas en la Constitución Política y las leyes, lo que se logra, además, gracias al criterio emitido por el experto que posee la Dirección de Aguas del MINAE sobre la materia. En razón de lo anterior, la evaluación ambiental de parte de la SETENA no garantiza la protección del recurso hídrico y el medio ambiente, como sí lo asegura el procedimiento por el cual se obtiene una concesión de aprovechamiento de aguas. Lo anterior tomando en consideración los artículos 17, 176 y 177 de la Ley de Aguas, por medio de los cuales el Ministro del MINAE es el ente rector del recurso hídrico y el encargado de autorizar las concesiones de aprovechamiento de este. El procedimiento de concesión de aguas se ha estructurado de manera, que integra no sólo criterios de protección al recurso, sino que, además, incorpora, en la recomendación técnica que sustenta las resoluciones que otorgan o deniegan las concesiones, estudios técnicos y criterio de las otras instituciones como AyA y SENARA, entre otros, según corresponda. De este modo, la Dirección de Aguas, al recibir una solicitud de concesión de agua, ubica el punto cartográfico de toma para identificar si se ubica dentro de alguna área silvestre protegida. Lo anterior, con el propósito de dar audiencia al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el que indica si existe alguna objeción particular, desde la óptica de la regulación ambiental y, consecuentemente, emite un criterio para la resolución de la concesión. A mayor abundamiento, el procedimiento de solicitud de concesión de agua conlleva una fase técnica, en la cual, la Dirección efectúa una evaluación de campo donde se analiza, entre otros factores, el levantamiento de información hidrométrica de la fuente solicitada, los aprovechamientos autorizados sobre la misma fuente. No hay que olvidar que la Dirección de Aguas, tiene identificadas zonas críticas en materia de disponibilidad hídrica, que ameritan evaluaciones más detalladas y extensas, temporalmente, a fin de obtener mayor certeza científica. Además, se analizan aspectos técnicos para el cálculo de las necesidades de verificación, con base en instrumentos como el “Manual Técnico de Dotaciones del Departamento de Aguas”, publicado en La Gaceta Nº 204 del 22 de octubre del 2021.A mayor abundamiento, en lo tocante a la aplicación de criterios de protección al recurso hídrico, la Ley Orgánica del Ambiente establece en su artículo 51, en relación con el artículo 52, inciso b), los criterios que deben aplicarse para la conservación y el uso sostenible del agua, específicamente, en el otorgamiento de concesiones y permisos para aprovechar cualquier componente del régimen hídrico. Criterios anteriores que son los siguientes: a) Proteger, conservar y, en lo posible, recuperar los ecosistemas acuáticos y los elementos que intervienen en el ciclo hidrológico; b) proteger los ecosistemas que permiten regular el régimen hídrico y c) mantener el equilibrio del sistema de agua, protegiendo cada uno de los componentes de las cuencas hidrográficas, tales criterios se aplican en la fase de monitoreo de las concesiones, tal y como ha sucedido en los casos de reglamentación de fuentes. Agrega que en la fase final del procedimiento de concesión de aprovechamiento de aguas, la Dirección de Aguas recomienda otorgar o denegar ésta última, con fundamento en el caudal disponible, los estudios técnicos, las evaluaciones de campo, las audiencias a otras instituciones que tiene competencia sobre el recurso hídrico, las necesidades reales del solicitante y el Manual Técnico indicado. Por otra parte, el MINAE, a través de la Dirección de Aguas, puede aplicar el Código de Buenas Prácticas Ambientales y el principio de responsabilidad ambiental para exigir el cumplimiento de requisitos especiales que deba cumplir el solicitante de una concesión de agua, por lo que, ambientalmente, el recurso hídrico está siendo protegido. Concluye indicando que, conforme el Manual de Procedimientos de la SETENA y el decreto impugnado, las actividades contenidas en este último no carecen de evaluación por parte de SETENA, sino que los instrumentos diseñados por ésta están en función de valoraciones técnicas que, como ente experto en la materia,  ha determinado.

14.- Se prescinde de la vista señalada en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad que otorga a la Sala el numeral 9 ibídem, al estimar suficientemente fundada esta resolución en principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia de este Tribunal.

15.- En los procedimientos se ha cumplido las prescripciones de ley.

 Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

Considerando:

 I.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN Y LEGITIMACIÓN DE LA ACCIONANTE. La acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que deben ser satisfechas a efecto de que la Sala pueda conocer el fondo de la impugnación. El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional contiene los presupuestos de admisibilidad para las acciones  de inconstitucionalidad, y regula tres situaciones distintas. En el párrafo primero exige la existencia de un asunto pendiente de resolver, sea en sede judicial -en el que se incluyen los recursos de hábeas corpus o de amparo- o en la administrativa, únicamente en el procedimiento de agotamiento de esta vía, en el que se invoque la inconstitucionalidad de la norma cuestionada como medio razonable de amparar el derecho que se considera lesionado en el asunto principal. Por su parte, en los párrafos segundo y tercero se regula la acción directa, aquella que no requiere de asunto base, en los siguientes supuestos: a) cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa; b) cuando se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto y, c) cuando la acción sea promovida por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes en asuntos  de su competencia.

En el presente caso, la accionante fundamenta su legitimación en la defensa de intereses difusos, según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Al respecto, este Tribunal ha indicado lo siguiente:

“(…) En segundo lugar, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de "intereses difusos"; este concepto, cuyo contenido ha ido siendo delineado paulatinamente por parte de la Sala, podría ser resumido en los términos empleados en la sentencia de este tribunal número 3750-93, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres)

"… Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter".

En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. En estos casos, claro, la impugnación que el miembro de uno de estos sectores podría efectuar amparado en el párrafo 2° del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de "difusos", tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. Al respecto deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren en principio a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés de todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su obligación – como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda de ninguna manera llegar a entenderse que solo pueden ser considerados derechos difusos aquellos que la Sala expresamente haya reconocido como tales; lo anterior implicaría dar un vuelco indeseable en los alcances del Estado de Derecho, y de su correlativo "Estado de derechos", que –como en el caso del modelo costarricense- parte de la premisa de que lo que debe ser expreso son los límites a las libertades, ya que éstas subyacen a la misma condición humana y no requieren por ende de reconocimiento oficial. Finalmente, cuando el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional habla de intereses "que atañen a la colectividad en su conjunto", se refiere a los bienes jurídicos explicados en las líneas anteriores, es decir, aquellos cuya titularidad reposa en los mismos detentadores de la soberanía, en cada uno de los habitantes de la República. No se trata por ende de que cualquier persona pueda acudir a la Sala Constitucional en tutela de cualesquiera intereses (acción popular), sino que todo individuo puede actuar en defensa de aquellos bienes que afectan a toda la colectividad nacional, sin que tampoco en este campo sea válido ensayar cualquier intento de enumeración taxativa” (ver sentencia No. 2007-01145).

Según lo indicado, la Sala ha admitido dentro de los supuestos de legitimación de los intereses difusos, la defensa del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derivado del artículo 50 constitucional, en la forma de su uso y disfrute de toda la población actual o potencial que es, precisamente, lo que se discute con la impugnación del Decreto Ejecutivo N°42755 “Guía general para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría” publicado el 22 de febrero de 2021 en el alcance N°38 a la Gaceta N.36. Por consiguiente, la accionante ostenta legitimación suficiente para impugnar el decreto indicado. Por otra parte, las objeciones de inconstitucionalidad que se plantean, tratan en efecto, de materia cuya constitucionalidad procede revisar en esta vía. Finalmente, se han cumplido los requisitos estipulados en los numerales 78 y 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por lo que la acción es admisible en los términos indicados.

II.- EL OBJETO DE LA ACCIÓN.- La accionante plantea acción de inconstitucionalidad contra los artículos 1,2,3,4,5,6 del Decreto Ejecutivo N.42755-MINAE y sus anexos, sea la totalidad del decreto, que dispone:

N.42755-MINAE

 “Guía general para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría"

“Artículo 1º-De la Guía General para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría. Aplíquese la Guía General para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura, concretamente Estudios de Impacto Ambiental, los Pronósticos de Planes de Gestión Ambiental y Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, conforme a lo que se dispone en el Anexo 1 del presente Reglamento, y a fin de implementar lo relativo a actividades, obras o proyectos según la clasificación de categorías establecida en el presente Decreto Ejecutivo. Esta guía se aplica en su totalidad para aquellas actividades, obras o proyectos que presentan el Documento Evaluación Ambiental 05.

Artículo 2°- De los formularios D5 para Estudios de Impacto Ambiental, para Pronósticos de Plan de Gestión Ambiental, Declaración Jurada de Compromisos Ambientales y Registro Social Familiar. En el Anexo 2 se indican los formularios D5 por tipo de instrumento, ya sea Estudios de Impacto Ambiental, para Pronósticos de Plan de Gestión Ambiental, Declaración Jurada de Compromisos Ambientales y Registro Social Familiar.

(Corregido mediante Fe de Erratas y publicada en el Alcance Digital N° 177 a La Gaceta N° 173 del 8 de setiembre del 2021, que corrigió el contenido del presente numeral)

Artículo 3º-Del instructivo para la valoración de impactos ambientales. Aplíquese el Instructivo para la valoración de impactos ambientales, conforme a lo que se dispone en el Anexo 3 del presente Reglamento, a fin de implementar la guía para elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental y los Pronósticos - Planes de Gestión Ambiental, Declaraciones Juradas de Compromisos Ambientales y Registro Social Familiar de las actividades, obras o proyectos del Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT- MAG-MEJC.

(Corregido mediante Fe de Erratas y publicada en el Alcance Digital N° 177 a La Gaceta N° 173 del 8 de setiembre del 2021, que corrigió el contenido del presente numeral)

Artículo 4- Del Procedimiento para la definición de la categorización para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental y Pronósticos de Plan de Gestión Ambiental, Declaración Jurada de Compromisos Ambientales y Registro Social Familiar. Aplíquese el Procedimiento de la categorización para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, Pronósticos de Plan de Gestión Ambiental, Declaración Jurada de Compromisos Ambienta/es y Registro Social Familiar, conforme a lo que se dispone en el Anexo 1, cuadro 1 del presente Reglamento.

(Corregido mediante Fe de Erratas y publicada en el Alcance Digital N° 177 a La Gaceta N° 173 del 8 de setiembre del 2021, que corrigió el contenido del presente numeral)

Artículo 5°.- Acceso a los formularios D5. Los formularios D5 estarán a disposición del usuario en la Plataforma Digital de SETENA accesible en el siguiente link: https://www.setena.ga.crles/Catalogold5"

(Corregido mediante Fe de Erratas y publicada en el Alcance Digital N°177 a La Gaceta N°173 del 8 de setiembre del 2021, que corrigió el contenido del presente numeral).

Artículo 6º.- De la vigencia. El presente Decreto Ejecutivo rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.”

ANEXOS

 

"Guía general para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría"

 

Información General

 

1. La Guía General para la elaboración de instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental (Guía de EIA), es una orientación básica de referencia para el equipo consultor responsable de la elaboración del instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que se desee confeccionar. Esto por cuanto serán las características del espacio geográfico y del proyecto, obra o actividad que se pretende desarrollar las que determinen la aplicabilidad de los temas de la Guía de EIA y la profundidad que requiere el instrumento de evaluación de impacto ambiental que se va a elaborar. Este mismo principio, también es utilizado por la SETENA para evaluar los Instrumentos de EIA.

 

2. El grupo consultor que prepara el instrumento de evaluación de impacto ambiental en cuestión, debe designar un profesional coordinador, quien será el que aparece primero en la lista de los autores. Los profesionales coautores serán responsables por el contenido temático de su disciplina específica y de los términos generales de valoración vinculados a dichas disciplinas. El coordinador del Instrumento de EIA será el principal responsable del contenido temático sobre los aspectos generales, no atribuibles a una disciplina en particular.

 

3. Conforme al mandato de la Ley Orgánica del Ambiente N°7554, el desarrollador, los consultores ambientales y quienes aprobaron el instrumento de EIA, son directa y solidariamente responsables por el daño ambiental que pueda ocurrir al desarrollar la actividad, obra o proyecto. Por esta razón, el instrumento de EIA debe armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos.

 

4. La guía está dirigida a todos aquellos cultivos realizados directamente en el mar, no incluye acuicultura costera continental como el caso de las fincas de camarón en lagunas o laboratorios de producción de semilla, ya que sus características difieren significativamente de las grajas marinas. En este ámbito se recomienda en otro proceso analizar mejoras en los procesos de obtención de viabilidades ambientales para las fincas camaroneras y especialmente para los laboratorios de producción de semilla (peces, camarones, moluscos, otros emergentes).

 

5. El enfoque aplicado a los instrumentos propuestos debe abordar la maricultura desde el contexto del desarrollo sostenible considerando los cuatro pilares básicos de éste: sociedad, economía, cultura y ambiente.

 

6. En Costa Rica, actualmente en la zona marina, con fines comerciales, se cultiva el pargo manchado Lutjanus guttatus, la ostra Crassostrea gigas, el camarón blanco Litopenaeus vannamei y el mejillón Mytel/a sp. Considerando que las tecnologías de cultivo varían entre las especies y en espera de una mayor diversificación de la actividad, se ha considerado oportuno que las escalas se establezcan según cada grupo de especies (peces, moluscos bivalvos y camarones marinos).

 

7.Se ha considerado necesario, para efectos de solicitar una viabilidad ambiental en la SETENA, establecer cuatro escalas en base a la producción anual de cada grupo de especies y en base a rangos de producción que permitan rentabilidad económica según las características y condiciones de cada proyecto y sitio de cultivo. Producciones inferiores al rango recomendado podrían limitar la rentabilidad y desarrollo actividad haciendo inoperantes escalas de menor rango. Cada escala sugiere la ubicación espacial en relación con las áreas silvestres protegidas según lo establecido en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC (Figura 1).”

 

 

 

 

 

“ANEXO 1

 

ESCALAS EN MATERIA DE MARICULTURA

 

Las escalas propuestas para el trámite de la viabilidad ambiental son:

 

1. Acuicultura Social-Familiar

 

Representa cultivos de organismos acuáticos marinos realizados por un núcleo familiar solamente con fines de subsistencia, autoconsumo, o con fines comerciales para generar su propio empleo, así como, cultivos de organismos acuáticos marinos realizados por asociaciones, cooperativas u otros grupos organizados apoyados y acompañados durante al menos los dos primeros años, por al menos dos instituciones del Estado, cuyo objetivo principal sea la generación de empleo en las zonas marino costeras del país. Se caracterizan por ser actividades con bajo impacto ambiental potencial inclusive si se ubican en áreas marinas protegidas cuya constitución legal permita este tipo de actividades, según el Sistema Nacional de área de Conservación SINAC. Son Proyectos considerados de registro (D5-SF). Los límites de producción dependerán de cada grupo de especies tal como se muestra en el cuadro 1 y los requisitos para optar por el aval ambiental en el cuadro 2.

 

2. Pequeña Escala:

 

Cultivos de organismos acuáticos marinos con una baja producción en kilogramos al año. Considerados proyectos de bajo impacto ambiental potencial. Los proyectos de esta escala no pueden ser llevados a cabo dentro los límites de áreas marinas protegidas, a menos que se establezca la viabilidad de esta actividad en los Planes Generales de Manejo y lo permita su categoría según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC, asimismo, deben guardar una distancia mínima de 100 metros desde su infraestructura flotante hasta el límite de toda área silvestre protegida y no podrán afectar la sostenibilidad de arrecifes de coral y/o pastos marinos y/o ecosistemas de manglar, cualquiera que sea su ubicación, dentro o fuera de áreas silvestres protegidas, Son Proyectos presentados con Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (OS PE). Los límites de producción en esta escala dependerán de cada grupo de especies según el cuadro 1 y los requisitos para optar por el aval ambiental en el cuadro 3.

 

3. Mediana Escala:

 

Cultivos de organismos acuáticos marinos con una mediana producción en kilogramos al año. Considerados proyectos de Moderado Impacto Ambiental Potencial. Los proyectos de esta escala no pueden ser llevados a cabo dentro de los límites de las áreas marinas protegidas según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC y no podrán afectar la sostenibilidad arrecifes de coral y/o pastos marinos, y/o ecosistemas de manglar cualquiera que sea su ubicación, dentro o fuera de áreas silvestres protegidas, asimismo, deben guardar una distancia mínima de 500 metros desde su límite de área de impacto en el fondo marino hasta el límite de toda área silvestre protegida. Deben ser evaluados de acuerdo a los requisitos (05-ME). Los límites de producción en esta escala dependerán de cada grupo de especies del cuadro 1 y los requisitos para optar por el aval ambiental en el cuadro 4.

 

 

4. Gran Escala:

 

Cultivo de organismos acuáticos marinos con una alta producción en kilogramos al año. Considerados proyectos de Moderado a un mayor Impacto Ambiental Potencial. Los proyectos de esta escala no pueden ser llevados a cabo en áreas marinas protegidas según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC y no podrán afectar la sostenibilidad de arrecifes de coral y/Ó pastos marinos y/o ecosistemas de manglar, cualquiera que sea su ubicación, dentro o fuera de áreas silvestres protegidas, asimismo, deben guardar una distancia mínima de 1000 metros, desde su límite del área de impacto en el fondo marino hasta el límite de toda área silvestre protegida. Deben ser evaluados por los requisitos (OS-GE). Los límites de producción en esta escala dependerán de cada grupo de especies cuadro 1 y los requisitos para optar por el aval ambiental en el cuadro 5.

 

 

Cuadro 1. Escalas de cultivo de la maricultura según tipo de organismos marinos (Instructivo para la valoración de impactos ambientales) “

 

 

En caso de nuevas especies de invertebrados aún no cultivadas cómo moluscos no bivalvos, equinodermos, macroalgas, entre otras especies, se utilizará la misma categoría de Moluscos bivalvos.

 

La producción (Kg/año) se establece para camarón entero sin cabeza, pescado eviscerado y ostras enteras con ambas conchas.

 

La viabilidad ambiental para la acuicultura multitrófica integrada (ver definiciones) será permitida, e incentivada por sus beneficios de sostenibilidad ambiental en las diferentes escalas de producción (social/familiar pequeña, mediana y gran escala). La categoría por aplicar según tipo de organismo (cuadro 1) dependerá de la especie que supere el 60% de producción. Por ejemplo, si se cultiva un 60% de peces y un 40% de moluscos, se empleará la categoría de peces marinos.

 

El área de los proyectos de pequeña, mediana y gran escala se aplicará proporcionalmente a la producción definida. El perfil del proyecto debe establecer claramente el área máxima a utilizar y esta debe ser consecuente con la producción y plan integral del proyecto.

 

En caso de que se solicite un área que no corresponde a la descripción técnica del proyecto, con la intensión de abarcar más área de la necesaria, la viabilidad podría ser rechazada o en su efecto se le adjudicaría un aval para una menor área consecuente con la producción real del proyecto y su tecnología.

 

En el caso de que la producción de un proyecto de cultivo aumente la producción hasta alcanzar los niveles de la escala superior, el responsable del proyecto deberá presentar los restantes requisitos de la nueva escala.

 

Para el otorgamiento de la viabilidad ambiental, se deberá respetar la distancia entre los límites de cada área de cultivo solicitada para concesión según lo dispuesto en el siguiente cuadro:

 

 

Cuadro 2. Distancia mínima en metros entre el límite de un área de cultivo solicitada para concesión entre la misma y las demás escalas”

 

 

 

Anexo 2 

 

 

 

 

 

CLAUSULA DE COMPROMISO AMBIENTAL FUNDAMENTAL: El presente registro ambiental se otorga en el entendido que el desarrollador del proyecto, obra o actividad cumplirá de forma íntegra y cabal con todas las regulaciones y normas técnicas, legales y ambientales vigentes en el país y a ejecutarse en otras autoridades del estado costarricense. El incumplimiento de esta cláusula por parte del desarrollador no solo lo hará acreedor de las sanciones que implica el no cumplimiento de dicha regulación, sino que además , al constituir la misma, parte de la base fundamental sobre el que se sustenta el registro ambiental, hará que de forma automática dicho registro se anule con las consecuencias técnicas, administrativas y jurídicas que elfo tiene para la actividad obra o proyecto y para su desarrollador, en particular con respecto a /os alcances que tiene la aplicación del artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente.

 

(…)

 

 

CLAÚSULA DE CLAUSULA DE JNTRANSFERIBIL/DAD (SIC): El suscito se compromete a no realizar otra solicitud de aval para /os mismos fines mientras el proyecto por el cual solicitó la viabilidad esté en desarrollo, igualmente deberá declarar que no alquilará, venderá o cederá a terceros la concesión con el aval ambiental solicitado por este medio.

 

(Corregido mediante Fe de Erratas y publicada en el Alcance Digital N° 177 a La Gaceta N° 173 del 8 de setiembre del 2021, que corrigió el contenido del presente numeral)”

 

 

 

ANEXO 3

 

Requisitos para cada escala de Maricultura según instrumento Los requisitos contemplados en este Decreto Ejecutivo son únicos e invariables por las partes para la obtención de las viabilidades ambientales en Maricultura según cada escala.

 

 

 

Cuadro 7: SOCIAL/FAMILIAR (D5-SF}. Registro

 

 

Tiempo de Asignación de la Viabilidad Ambiental por la SETENA: No mayor a 1 O días hábiles,

según el cumplimento y llenado del formulario en el cuadro 3.

 

Cuadro 8: PEQUEÑA ESCALA (D5-PE). DJCA

 

Tiempo de Asignación de la Viabilidad Ambiental por la SETENA: No mayor a 30 días hábiles,

según el cumplimento y llenado del formulario en el cuadro 4.

 

Cuadro 9: MEDIANA ESCALA (O5-ME) P-PGA CONTENIDOS PARA PRONÓSTICO - PLAN DE GESTION AMBIENTAL*

*De acuerdo con lo establecido en los Términos de referencia del Decreto Ejecutivo Nº 32966-MINAE, del 20 de febrero de 2006

 

 

Tiempo de Asignación de la Viabilidad Ambiental por la SETENA: No mayor a 40 días hábiles más un tiempo prudencial de subsane, según el cumplimento y llenado del formulario en el cuadro 5.

 

En este mismo Anexo y Cuadro, bajo el título, elimínese la frase: " De acuerdo con lo establecido en los Términos de referencia del Decreto Ejecutivo Nº32966-MINAE, del 20 de febrero de 2006.

 

(Corregido el cuadro 9) anterior mediante Fe de Erratas y publicada en el Alcance Digital N° 177 a La Gaceta N° 173 del 8 de setiembre del 2021, que corrigió el contenido del presente numeral)

 

Cuadro 10:, GRAN ESCALA (DS-GE}. EslA

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL

FORMULARIO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EslA)

 

De acuerdo con lo establecido en los Términos de referencia del Decreto Ejecutivo N ° 32966-MINAE, del 20 de febrero de 2006”

 

 

Tiempo de Asignación de la Viabilidad Ambiental por la SETENA: No mayor a 60 días hábiles, según el cumplimento de los requisitos solicitados en el cuadro 6.

 

En este mismo Anexo y Cuadro, bajo el título, elimínese la frase: " De acuerdo con lo establecido en los Términos de referencia del Decreto Ejecutivo Nº32966-MINAE, del 20 de febrero de 2006.”

 

Nota: Los cuadros 7, 8, 9 y 10 del Anexo 3 pueden ser consultados en este enlace: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=93705&nValor3=124511&strTipM=TC

 

 

 

ANEXO 4

 

Guía para Indicadores Ambientales

 

Definición:

 

Los· Indicadores ambientales, son parámetros que tienen la función de evaluar el estado actual de un sistema ambiental (como el clima, un paisaje o un ecosistema), que, a su vez, son difíciles de medir o evaluar.

 

Los indicadores ambientales ayudan a seguir los avances en el logro de objetivos ambientales (por ejemplo, de los objetivos de del desarrollo sostenible, su uso facilita la vigilancia y la toma de decisiones)1 .

 

 

1Indicadores Ambientales Informe técnico elaborado por Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - Oficina Regional para América Latina y el Caribe. (UNEP/LAC-IGWG.XIV/lnf.11 del 9 de octubre de 2003.

 

 

Los indicadores, deben de ser medibles, verificables, cuantificables y/o cualitativos y deben de contener una descripción básica.

 

 

Para la Evaluación Ambiental que fiscalizará SETENA, se centrara en la revisión de indicadores de cumplimiento, los cuales se han clasificado en tres tipos: l.

 

 

1. Tipo I: Son indicadores que cuentan con información y datos cuantitativos disponibles, generada por monitoreo constante. Corresponden a una normativa específica.

 

 

2. Tipo II: Son indicadores que contienen información de datos cuantitativos completos o parciales, generados por monitoreo constante, pero se necesita datos o información adicional o más amplia, así como mayor análisis y manejo de la misma antes de poder presentar una tendencia o estatus.

 

 

3. Tipo III: Son indicadores conceptuales para cuando no exista suficientes datos disponibles, estos podrán ser descriptivos, cualitativos y/o predictivos.

 

Notas: a. Para los indicadores tipo III, se deberá actualizar el cuadro de PGA, en la etapa de seguimiento ambiental, cuando a nivel de diseño y de EIA se cuente con información más detallada para generar indicadores tipo l.

 

 

b. Se deberá contemplar que, al momento de presentar los Informes de Regencia, todos los indicadores Tipo III, deben de ser presentados en términos de indicadores Tipo l.

c. Registro y corrección en bitácora (Cuadro PGA).

 

 

ANEXO 5

 

Glosario de definiciones relevantes para el presente decreto

 

 

l. Definiciones

 

 

1.1. Acuicultor: Persona física y jurídica que habitualmente se dedica a la producción de organismos de flora y fauna en medios acuáticos, bajo condiciones controladas. (artículo N ° 2 de la Ley de Pesca y Acuicultura)

 

 

1.2. Acuicultura: Producción comercial en cautividad de animales y de plantas acuáticas en condiciones controladas. La acuicultura comercial implica la propiedad individual o colectiva de los organismos cultivados, así como los procesos de transporte, industrialización y comercialización de esos organismos. (artículo N º 2 de la Ley de Pesca y Acuicultura)

 

 

1.3. Maricultura: La maricultura es una rama especializada de la acuicultura involucrada en el cultivo de organismos marinos para productos alimenticios en estructuras navales de cultivo ubicados en mar abierto, en una sección cerrada del océano, práctica que difiere de la Acuacultura tierras adentro, que emplea estanques o canales que se llenan con agua de zona intermareal.

 

1.4. Acuicultura multitrófica integrada: Es una práctica en el cual los subproductos (desechos) de algunas especies son reciclados para que sirvan como insumos (fertilizantes, alimento) para otros. La acuicultura, en la cual se· usa alimento (por ejemplo: peces, camarones), combinada con la acuicultura de extractores inorgánicos (algas marinas) y con la acuicultura de extractores orgánicos (moluscos), con la finalidad de crear un sistema balanceado para la sustentabilidad ambiental (biomitigación), estabilidad económica (diversificación de los productos y reducción del riesgo) y aceptabilidad social (mejores prácticas de manejo)

 

 

1.5. Concesión: Acto jurídico mediante el cual el MINAE confiere a personas físicas y jurídicas un derecho limitado de aprovechamiento sostenible sobre las aguas para el desarrollo de las actividades acuícolas para la producción y el aprovechamiento de determinadas especies, en los términos y las condiciones expresamente establecidos en dicho contrato. (artículo Nº 101 de la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley N ° 8436)

 

 

1.6. Consultor .Ambiental: Persona física que se encuentra inscrita en el registro de consultores de la SETENA, para brindar asesoría técnica a un desarrollador de actividades, obras o proyectos y que es responsable de la elaboración de las EIA que se presenten a la SETENA, conforme a lo establecido en este reglamento. (Artículo N ° 3, DE N° 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC)

 

 

1.7. Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA): Manifestación que se hace bajo juramento, otorgada en escritura pública ante notario público, en la que el desarrollador de la actividad, obra o proyecto, se compromete a cumplir íntegra y totalmente con los términos y condiciones estipuladas en el Pronóstico - Plan de Gestión Ambiental, o bien aquellos otros lineamientos emanados del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. (Artículo N º 3, DE N º 31849-M/NAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC)

 

1.8. Desarrollador: Es la persona física o jurídica, pública o privada, que legalmente está facultada para. llevar a cabo la actividad, obra o proyecto y quien funge como proponente de la misma ante la SETENA y tiene interés directo en llevarla a cabo. Es asimismo quien asumirá los compromisos ambientales y será la responsable directa de su cumplimiento. (Artículo N ° 3, DE N° 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC)

 

1.9. Impacto Ambiental Potencial (IAP): Efecto ambiental positivo o negativo latente que ocasionaría la ejecución de una actividad, obra o proyecto sobre el ambiente. Puede ser preestablecido, tomando como base de referencia el impacto ambiental causado por la generalidad de actividades, obras o proyectos similares, que ya se encuentran en operación. (Artículo N º 3 del DE N ° 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC)

 

1.10. Permiso: Acto administrativo especial, mediante el cual se autoriza a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para que ejerzan actividades pesqueras y acuícolas de fomento, didáctica y con fines investigativos, en los términos indicados en el artículo Nº2 de la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley N°8436

 

(Corregido el inciso anterior mediante Fe de Erratas y publicada en el Alcance Digital N° 177 a La Gaceta N° 173 del 8 de setiembre del 2021, que corrigió el contenido del presente inciso)

 

1.11. Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA): Representa la condición de armonización o de equilibrio aceptable, desde el punto de vista de carga ambiental, entre el desarrollo y ejecución de una actividad, obra o proyecto y sus impactos ambientales potenciales, y el ambiente del espacio geográfico donde se desea implementar. Desde el punto de vista administrativo y jurídico, corresponde al acto en que se aprueba el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, ya sea en su fase de Evaluación Ambiental Inicial, o de Estudio de Impacto Ambiental o de otro documento de EIA. (Artículo N° 3 del DE N° 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC).”

 

La accionante acusa que la exoneración del estudio de impacto ambiental para la aprobación de proyectos menores y específicos de maricultura, y el hecho de que no se establezca una limitación al número de permisos autorizables por esos procedimientos, viola los artículos 7, 11, 21. 33, 50, 89, 140 incisos 3 y 18 de la Constitución Política. También tal omisión es contraria al artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al principio 1 de la DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE HUMANO, adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 16 de junio de 1972. Acusa también la vulneración de los principios 15 y 17 de la Declaración de Río, adoptada  en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. 

III.- PRECISIÓN SOBRE EL OBJETO DE LA ACCIÓN. El Presidente de la Sala, por resolución de las 12:00 horas del 16 de marzo de 2022,  previno a la accionante identificar las normas impugnadas y, a fin de cumplir lo prevenido, presentó escrito el 21 de marzo de 2022, indicando que se impugnan los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto N°42755-MINAE y sus anexos. Sin embargo, tanto en el escrito de interposición como en el memorial de la fecha indicada, hace referencia y transcribe únicamente los artículos 1 al 4 del Decreto impugnado, que son los que guardan relación con los reproches de inconstitucionalidad planteados, ya que acusa que la omisión de exigir estudios de impacto ambiental para la aprobación de proyectos menores y específicos de maricultura, así como la inexistencia de una limitación al número de permisos autorizables por esos procedimientos, es inconstitucional. De allí que, como se dispuso en la resolución que dio curso a esta acción, el objeto del proceso se circunscribe a la inconstitucionalidad por omisión de los artículos 1, 2, 3, 4 del Decreto Ejecutivo N°42755-MINAE y sus anexos.

IV. SOBRE EL DERECHO AL AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. Con la reforma del artículo 50 de la Constitución Política mediante Ley número 7412, de 3 de junio de 1994, se consagró en forma expresa en el Texto Fundamental el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual previamente había sido reconocido por este Tribunal como un derecho  fundamental – en particular, pueden consultarse las sentencias número 2233-93, 3705-93, 6240-93, 5399-93, 1394-94, 4480-94, 5668-94– al derivarlo de lo dispuesto en los artículos 21 (derecho a la vida), 69 (exigencia constitucional a la "explotación racional de la tierra") y 89 (protección de las bellezas naturales), todos de la Constitución Política. Sin embargo, en la norma constitucional la tutela del ambiente se reconoce en una doble dimensión, primero, como un verdadero derecho fundamental, reconocible a toda persona y, en ese sentido es individualizable (nacional, extranjero, mayor de edad o menor, incapaz, persona física o jurídica), por cuanto su defensa atañe a la colectividad en su conjunto (no sólo a los nacionales, sino de toda la colectividad mundial); y segundo, como una verdadera potestad pública , que como tal, se traduce en obligaciones concretas para el Estado en su conjunto, condicionando así, los objetivos políticos, y en consecuencia, la acción de los poderes públicos en general, para darle cabal cumplimiento a este derecho fundamental. Así,  se establece una verdadera obligación del Estado de proteger el ambiente, mediante los mecanismos (actuaciones formales y materiales, disposiciones legales y reglamentarias) que se traduzcan en una efectiva tutela del ambiente y de los recursos naturales que lo integran, con la finalidad de mejorar el entorno de vida del ser humano, con lo cual se desbordan los criterios de conservación natural, para ubicarse dentro de toda la esfera en que se desarrolla la persona que facilite su desarrollo integral – físico, psíquico, mental –. La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado, encuentra su primera manifestación en que por definición los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos, sino que tienen trascendencia en la propia estructura del Estado, en su papel de garante de los mismos, y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad (véase la sentencia número 2007-2063 de las 14:40 horas del 14 de febrero de 2007).

En cuanto a la conceptualización del “ambiente” objeto del derecho fundamental, este Tribunal señaló en la sentencia Nº2012013367 de las 11:33 horas del 21de setiembre de 2012 que  no es la suma o yuxtaposición de recursos, más bien se refiere a las interrelaciones y equilibrios, a la idea de sistema, indicando que, la ecología como ciencia enseña que la naturaleza debe ser concebida como un sistema. La naturaleza consiste en las relaciones de los organismos con el mundo exterior en la lucha por su existencia. En un lugar determinado se da una biocenosis (vida común) o comunidad de vida, que involucra un cierto número de especies e individuos que se influyen mutuamente. Lo que la caracteriza es su nivel de integración que hace que tengan su propia forma de regulación, toda modificación de uno de los factores determinantes de esta, provocará modificaciones en los otros, esto puede suceder por razones naturales o por la intervención del ser humano. Así que en la comunidad se da un cierto orden que trae un resultado beneficioso para cada especie, porque genera la productividad y estabilidad máxima del conjunto. Como todo sistema, se caracteriza no solo por la interacción entre sus elementos, sino también porque produce un resultado global o general relativo a todo el sistema: su propia existencia, que es lo que podemos llamar equilibrio dinámico, comprendido dentro del concepto de “equilibrio” que exige la Constitución. Existe una conexión entre la vida y el ambiente al extremo de constituir un único sistema. La vida depende del ambiente, por tanto, se debe velar para que esas condiciones que garantizan la vida, se mantengan en el tiempo; para ello, la Constitución exige que las medidas de cualquier índole deben desarrollarse de manera que respeten las leyes naturales que informan los ecosistemas independientemente del modelo de desarrollo que se adopte. En la misma sentencia, detalló el Tribunal sobre el  término ambiente:

“La Sala ha indicado que el ambiente, debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras. Los orígenes de los problemas ambientales son complejos y corresponden a una articulación de procesos naturales y sociales en el marco del estilo de desarrollo socioeconómico que adopte el país. Por ejemplo, se producen problemas ambientales cuando las modalidades de explotación de los recursos naturales dan lugar a una degradación de los ecosistemas superior a su capacidad de regeneración, lo que conduce a que amplios sectores de la población resulten perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que redunda en un deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia, del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo (…)”Por otro lado, las metas del desarrollo sostenible tienen que ver con la supervivencia y el bienestar del ser humano y con el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, es decir, de la calidad ambiental y de la sobrevivencia de las otras especies. Hablar de desarrollo sostenible en términos de satisfacción de las necesidades humanas presentes y futuras y del mejoramiento de la calidad de vida es hablar de la demanda de los recursos naturales a nivel individual y de los medios directos o de apoyo necesarios para que la economía funcione generando empleo y creando los bienes de capital, que a su vez hagan posible la transformación de los recursos en productos de consumo, de producción y de exportación. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 601-2009).

En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental expuesto, nuestra Carta Magna exige además que sea “sano”. La exigencia “sano” nos conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión” para garantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se desprende la necesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la calidad de vida y la calidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con los conceptos de “ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas o administrativas, de tal manera que, en los términos de los ordinales 16 de la Ley General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, las actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden contradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de lograr el goce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, además, un “mayor bienestar para todos los habitantes del país” (…) “(sentencia número 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).

 

En cuanto al sustento normativo del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se detallan los siguientes tratados e instrumentos internacionales, por ser los más relevantes para el caso que se analiza:

- El artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, aprobado por Ley No. 7907 de 3 de setiembre de 1999 que señala que “ 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.  2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”.

- El párrafo tercero del artículo 3 del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Ley No. 7414 del 13 de junio de 1994), indica que los Estados partes deben “tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos”.

- El artículo 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (Ley No. 7416 de 30 de junio de 1994), establece como deber del Estado el administrar los recursos “importantes para la conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar su conservación” (inciso c),  y promover “la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales” (inciso d). Asimismo, el artículo 14 dispone que cada Estado parte “establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos”.

- El artículo 5 de la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural (Ley No. 5980 de 16 de noviembre de 1976), obliga a adoptar medidas jurídicas adecuadas para la protección y conservación del patrimonio natural (inciso d).

- El Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central (Ley No. 7433 de 14 de setiembre de 1994), menciona la obligación estatal de tomar “todas las medidas posibles para asegurar la conservación de la biodiversidad” (artículo 10) ; entre éstas, las “que contribuyan a conservar los hábitats naturales y sus poblaciones de especies naturales” (artículo 13, inciso c) ; y de priorizar la conservación de la biodiversidad en sus estrategias de desarrollo (artículo 14 ).

V. LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES AMBIENTALES. La acción del Estado para garantizar la efectiva tutela ambiental, está condicionada por los principios constitucionales ambientales, los cuales coadyuvan a determinar el contenido del derecho fundamental de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (véase la sentencia número 2007-2063 de las 14:40 horas del 14 de febrero de 2007). Entre los principios constitucionales ambientales desarrollados por esta Cámara Constitucional, encontramos los siguientes:

1. De la tutela del derecho ambiental a cargo del Estado: Este principio se deriva de lo indicado en el numeral 50 constitucional al establecer la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante de la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales (véase la sentencia número 0644-99 de las 11:24 horas del 29 de enero de 1999 y reiterada en la sentencia número 2002-4947 de las 09:24 horas del 24 de mayo de 2002).

2. Principio precautorio o principio de la evitación prudente : Este concepto, desarrollado en las resoluciones número 2806-98, 2003-06322, 2004-1923 y 2005-12039, entre otras, de este Tribunal, se sustenta en el artículo 15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, que alude a la necesaria acción y efecto de prevenir anticipadamente los posibles daños en los elementos integrantes del ambiente; con lo cual, se propugna por la implementación de acciones tendentes a la debida protección, conservación y adecuada gestión de los recursos, esto es, la adopción de todas las medidas técnicas u operativas para evitar, prevenir o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible – o una duda objetiva al respecto– , se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate; por cuanto la coacción posterior resulta ineficaz en esta materia, dado que, en la mayoría de los casos, los efectos biológicos son irreversibles, donde la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente. Asimismo, el principio precautorio aplica cuando no existe certeza científica sobre los riesgos o impacto al ambiente de una medida, los estudios o información disponible generan dudas acerca de los riesgos o de su posible impacto negativo. Por su parte, el principio de prevención o preventivo aplica en aquellos casos en que existe evidencia científica de que la medida va a causar daños al ambiente. En este segundo caso, la información disponible puede ser suficiente o insuficiente, pero con la que existe, se alcanza un grado de certeza sobre los impactos negativos que la medida va a provocar sobre el ambiente. La diferencia entre uno y otro está en la existencia o no de certeza científica sobre los posibles riesgos o lesiones al ambiente (véase la sentencia número 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).

En suma, este principio, con fundamento en el artículo 50 de la Constitución Política y artículo 15 de la Convención de Río, ya mencionados, obliga a la Administración a adoptar las medidas necesarias para dar cabal protección al ambiente, y evitar daños que son irreversibles.

3. Principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El primero ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Asimismo, del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. Este principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección (véase la sentencia número 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012). De esta forma, encontramos relación entre el principio de razonabilidad como parámetro de constitucionalidad y el derecho al ambiente, pues, como ha indicado este Tribunal en la sentencia número 7294-1998, “el principio de razonabilidad, en relación con el derecho fundamental al ambiente, obliga a que las normas que se dicten con respecto a esta materia estén debidamente motivadas en estudios técnicos serios, aún cuando no existiera otra normativa legal que así lo estableciera expresamente”.

En síntesis, conforme a estos principios, está prohibido para el Estado tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales, en este caso, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

4.- Principios de la objetivación de la tutela ambiental o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica. Este principio, tal y como señaló este Tribunal en sentencia número 14293-2005 de las 14:52 horas del 29 de octubre de 2005, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con la actuación de la Administración como de las disposiciones de carácter general – legales y reglamentarias –, de donde se deriva la exigencia de la "vinculación a la ciencia y a la  técnica", elemento que le da un sustento técnico-científico a las decisiones de la Administración en esta materia, y, en tal virtud, limitan y condicionan la discrecionalidad de la Administración en su actuación – en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública–. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos – tales como los estudios de impacto ambiental– , se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la viabilidad ambiental del proyecto o la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, circunstancia que obliga a establecer medidas de precaución o el rechazo del proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura).

5. Principio de uso racional de los recursos naturales. Este axioma exige que exista el necesario equilibrio entre el desarrollo del país y el derecho al ambiente y con el artículo 69 constitucional, del cual se deriva el principio de explotación racional de la tierra, imponiendo tanto a los particulares como al Estado, la obligación de proteger y preservar los recursos naturales renovables (véase la sentencia número 2012-12716 de las 16:01 del 12 de setiembre de 2012). De esta forma, con fundamento en este principio, es que este Tribunal – en sus diversas resoluciones- ha establecido los parámetros constitucionales para el uso adecuado de los mismos; y en virtud de los cuales queda claro que la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político (desarrollo sostenible), para con ello salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras. Por ello, el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es que a través de la producción y uso de la tecnología, se obtengan no sólo ganancias económicas (libertad de empresa) sino sobre todo un desarrollo y evolución favorable del medio ambiente y los recursos naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause daño o perjuicio” (véase la sentencia número 6322-2003 de las 14:14 horas del 03 de julio de 2003).

Igualmente, en este principio también encontramos relación con el principio de razonabilidad como parámetro de constitucionalidad y el derecho al ambiente, ya que, la exigencia del uso racional de los recursos naturales está directamente vinculada con un parámetro de constitucionalidad de la conducta – administrativa y de los particulares– y de la normativa que rige la materia, como lo es la razonabilidad –según desarrollo de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, por ejemplo véase la sentencia número 2410-2007 de las 10:15 horas del 21 de febrero de 2007- en tanto su finalidad es tender a la sostenibilidad del uso de los recursos naturales y de los elementos que conforman el ambiente, a través de su “uso adecuado”.

VI.- SOBRE LA RECTORÍA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, ASÍ COMO LA NECESARIA COORDINACIÓN DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EN MATERIA AMBIENTAL.- Sobre la rectoría del Ministerio de Ambiente y Energía en la materia ambiental, este Tribunal, en la sentencia número 2004-8928 de las 16:37 horas del 18 de agosto de 2004, indicó que el Estado central es el ente primariamente encomendado para la defensa del medio ambiente, lo que es reafirmado en la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554 del 04 de octubre de 1996, que delega en el Ministerio de Ambiente y Energía buena parte de las competencias en esta materia, sin descargar a los otros entes públicos de sus responsabilidades en este campo. El Ministerio de Ambiente y Energía también tiene la potestad de administrar los refugios nacionales y los humedales, lo cual se deriva además de los artículos 82 y 84 de la Ley de la Conservación Silvestre, 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, 13 de la Ley Forestal, y 58 de la Ley de Biodiversidad (ver sentencia número 2004-8928 de las 16:37 horas del 18 de agosto de 2004).

No obstante lo anterior, el Estado, en sentido amplio, es el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales, por lo que las  demás instituciones del Estado tienen también responsabilidad en esta materia. Al respecto, esta Cámara Constitucional ha expresado la necesidad de que exista una coordinación entre las dependencias públicas que busque garantizar la protección del ambiente. De esta forma, mencionó que:

“En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el (sic) peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central – Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); así como también las instituciones descentralizadas, caso del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el SENARA, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; tarea en la que por supuesto tienen gran responsabilidad las municipalidades, en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Es por ello, que podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas (…)” (véase sentencia número 2009-000139 de las 08:53 horas del 13 de enero de 2009).

En síntesis, aunque el Ministerio de Ambiente y Energía ostenta buena parte de las competencias en esta materia, en su condición de rector en materia ambiental y, por tanto, de responsable de emitir las políticas de protección ambiental, manejo y uso sostenible de los recursos naturales; también es cierto que existe la necesidad de coordinar entre las distintas dependencias públicas que garantizan la protección del ambiente. (ver sentencia número 8713-2008 de las 09:06 horas del 23 de marzo de 2006).

VII.- SOBRE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. Ahora bien, la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar el derecho al ambiente, establecida en el numeral 50 de la Constitución Política, como ya se indicó, también es impuesta por instrumentos internacionales, que establecen obligaciones concretas que deben ser respetadas. En materia ambiental se ha definido el deber de prevención que debe existir en este ámbito; la Declaración de Río, adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, dispone al respecto que:

"Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.

Principio 17.- Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.”

La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido el daño, las consecuencias biológicas y socialmente nocivas pueden ser irreparables; la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente. Se establece así la obligación de realizar evaluación previa de impacto ambiental de “cualquier actividad que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente”. Esta obligación es desarrollada en la normativa ambiental patria, específicamente en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, que dispone:

“Artículo 17.- Evaluación de impacto ambiental. Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental.”

En congruencia con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la evaluación de impacto ambiental previa integra el derecho al ambiente. Tal  procedimiento administrativo permite identificar y predecir desde un punto de vista técnico-científico los efectos que una actividad puede provocar sobre el ambiente. La exigencia de estudios técnicos previos responde al principio de sometimiento de las decisiones relacionadas con el ambiente a criterios de la ciencia y la técnica, a fin de proteger el equilibrio ecológico del sistema y la sanidad del ambiente. Además, el requerimiento de estudios técnicos no es una mera formalidad, sino que se trata de un requisito material, es decir materialmente se tiene que demostrar, mediante un análisis científico e individualizado, el grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente, plantear recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en este, y demostrar cómo tal medida implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades (véase la sentencia número 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).

Como indicó esta Sala en la sentencia Nº2022025307 de las 13:40 horas del 25 de octubre de 2022, la Ley Orgánica del Ambiente, N°7554 del 4 de octubre de 1995, en desarrollo del artículo 50 de la Constitución Política y como medio de resguardo o aseguramiento del principio precautorio, el preventivo y el de objetivación del derecho al ambiente, establece la competencia técnica de valoración científica del impacto ambiental de las diversas conductas y proyectos desarrollados por el ser humano. Es en ese sentido que dicha legislación confiere esa competencia especializada a un órgano técnico denominado Secretaría Técnica Nacional Ambiental, como órgano de desconcentración máxima del Ministerio del Ambiente y Energía. Congruente con esa finalidad, se le asigna el propósito fundamental de armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos (artículo 83). Para ello, la ley le confiere la potestad de analizar las evaluaciones de impacto ambiental y resolverlas dentro de los plazos previstos por la Ley General de la Administración Pública y recomendar las acciones necesarias para minimizar el impacto sobre el medio, así como las técnicamente convenientes para recuperarlo.  Por su parte, el artículo 7 de la Ley de Biodiversidad, Ley N°7788, define la Evaluación de Impacto Ambiental como un procedimiento científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente una acción o proyecto específico, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. Incluye los efectos específicos, su evaluación global, las alternativas de mayor beneficio ambiental, un programa de control y minimización de los efectos negativos, un programa de monitoreo, un programa de recuperación, así como la garantía de cumplimiento ambiental. Es el artículo 17 la Ley Orgánica del Ambiente la norma que asigna a SETENA la competencia de realizar la evaluación de impacto ambiental de las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos y dispone que la aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Establece, además, que las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental. El artículo 18 prescribe que la aprobación de las evaluaciones de impacto ambiental, deberá gestionarse ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental de conformidad con las guías elaboradas por ella y el numeral 19 señala que las resoluciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberán ser fundadas y razonadas, estableciendo su obligatoriedad tanto para los particulares, como para los entes y organismos públicos.

Ahora bien, para la evaluación de impacto ambiental, competencia asignada por el legislador a SETENA, será la condición del proyecto o de la obra, la que determinará en cada caso, el instrumento técnico necesario para la valoración de dicho impacto, siendo el estudio impacto ambiental uno de ellos, pero no el único posible. Al respecto, esta Sala indicó: 

"d-El estudio de impacto ambiental como instrumento de protección. Las normas dirigidas a proteger al ambiente deben tener un sustento técnico, pues su aplicación tiene que partir de las condiciones en las cuáles debe sujetarse el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Esto es así porque al ser los daños y contaminación del medio evaluables, el impacto de estos elementos requiere de un análisis y tratamiento científico. Por ello, la necesidad de una valoración del impacto en el ambiente que según determina el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, consiste en un procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el medio, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. De conformidad con el Reglamento citado, que es decreto No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC publicado el 28 de junio del 2004, y que reformó el decreto ejecutivo No. 25705-MINAE, la evaluación del impacto ambiental abarca tres fases: a) una evaluación ambiental inicial, que consiste en un procedimiento de análisis de las características ambientales de la actividad, obra o proyecto, con respecto a su localización para determinar la relevancia del impacto, de este análisis previo se puede otorgar incluso una viabilidad ambiental potencial (que es temporal) o el condicionamiento de la misma a la presentación de otros instrumentos de valoración de dicho impacto; b) la confección del estudio de impacto ambiental o de otros instrumentos de evaluación según corresponda. El estudio de impacto ambiental es un documento de naturaleza u orden técnico de carácter interdisciplinario, que constituye un instrumento de análisis del ambiente, que debe presentar el desarrollador de una actividad, obra o proyecto, de previo a su realización y que está destinado a predecir, identificar, valorar, y corregir los impactos ambientales que determinadas acciones puedan causar sobre el medio y a definir la viabilidad (licencia) ambiental del proyecto, obra o actividad objeto del estudio; y c) el control y seguimiento de la actividad, obra o proyecto a través de los compromisos ambientales establecidos. La viabilidad ambiental por su parte, representa la condición de armonización o de equilibrio aceptable, desde el punto de vista de carga ambiental, entre el desarrollo y ejecución de una actividad, obra o proyecto y sus impactos ambientales potenciales, y el ambiente del espacio geográfico donde se desea implementar. Desde el punto de vista administrativo y jurídico, la viabilidad ambiental corresponde al acto en que se aprueba el proceso de evaluación de impacto ambiental, ya sea en su fase de Evaluación Ambiental Inicial, o en la fase de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental o del Plan de Gestión Ambiental, según la actividad de que se trate y amerite. De conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, las actividades que requieren un estudio de impacto ambiental aprobado por SETENA son aquellas actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos materiales tóxicos o peligrosos. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Es así como la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado obliga al Estado a tomar las medidas de carácter preventivo a efecto de evitar su afectación; y dentro de las principales medidas dispuestas por el legislador en este sentido, se encuentran varios instrumentos técnicos entre los que destaca el Estudio de Impacto Ambiental, según lo dispuesto en el artículo citado, siendo la condición del proyecto o de la obra, la que determinará en cada caso, su necesidad…El legislador encomendó a la "Secretaría Técnica Nacional Ambiental", las evaluaciones a cargo de "un equipo interdisciplinario de profesionales, inscritos y autorizados por la Secretaría… de conformidad con las guías elaboradas por ella…” (sentencia No. 2004-9927 énfasis agregado, ver además sentencias  1220-2002, de las 14:48 horas del 6 de febrero del 2002, 2005-05544 de las 15:38 horas del 10 de mayo de 2005 y 2008-15315 de las 14:59 horas del 10 de octubre de 2008)

 

Más recientemente, en la sentencia Nº2019020625 de las 9:30 horas del 29 de octubre de 2019, indicó la Sala sobre la exigencia del estudio de impacto ambiental:

“(…) El estudio de impacto ambiental es un documento de naturaleza u orden técnico de carácter interdisciplinario, que constituye un instrumento de análisis del ambiente, que debe presentar el desarrollador de una actividad, obra o proyecto, de previo a su realización y que está destinado a predecir, identificar, valorar, y corregir los impactos ambientales que determinadas acciones puedan causar sobre el medio y a definir la viabilidad (licencia) ambiental del proyecto, obra o actividad objeto del estudio; y c) el control y seguimiento de la actividad, obra o proyecto a través de los compromisos ambientales establecidos. Sin embargo, de conformidad con la naturaleza y efectos que pueda producir una actividad, la administración puede evaluar dicho impacto también a través del Plan de Gestión Ambiental, el cual también es un instrumento de la Evaluación de Impacto Ambiental y es un documento que contiene el conjunto de alternativas, modificaciones y medidas destinadas a prevenir, mitigar, corregir, compensar o restaurar los riesgos o impactos ambientales del proyecto, obra o actividad. Una vez utilizados dichos instrumentos, en el caso en que sean procedentes, es que SETENA determina la viabilidad ambiental de un proyecto. Esta viabilidad, representa la condición de armonización o de equilibrio aceptable, desde el punto de vista de carga ambiental, entre el desarrollo y ejecución de una actividad, obra o proyecto y sus impactos ambientales potenciales, y el ambiente del espacio geográfico donde se desea implementar. Desde el punto de vista administrativo y jurídico, la viabilidad ambiental corresponde al acto en que se aprueba el proceso de evaluación de impacto ambiental, ya sea en su fase de Evaluación Ambiental Inicial, o en la fase de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental o del Plan de Gestión Ambiental, según la actividad de que se trate y amerite.”

 

En igual sentido, la sentencia Nº2022025307 de las 13:40 horas del 25 de octubre de 2022, alude a que, a mayor intensidad de la afectación de los elementos del ambiente, más pormenorizado será el análisis preventivo:

“Tomando en cuenta que los proyectos que requieren evaluación ambiental, dependiendo de su envergadura y del grado de afectación a los elementos del ambiente, según las diferentes categorías establecidas en las leyes y reglamentos aplicables, y que podrían incluso requerir estudio de impacto ambiental en los términos del artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, si las actividades a realizar alteran o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, el análisis requerido será más pormenorizado según la intensidad de la afectación, por lo que en criterio de la Sala una disposición que generalice para todos los proyectos un plazo de 60 días calendario, para resolver la viabilidad ambiental mediante el instrumento técnico que corresponda, sin atender las diferencias apuntadas, es contrario al numeral 50 de la Constitución Política.” (la negrita es agregada)

 

En síntesis, la realización de una evaluación de impacto ambiental para las actividades que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, no constituye solo una obligación legal, sino también, una obligación constitucional. Además, la evaluación de impacto ambiental deberá realizarse, mediante el instrumento técnico que corresponda, dependiendo del grado de afectación al ambiente, siendo uno de ellos, pero no el único,  el estudio de impacto ambiental.

VIII.- SOBRE LA ACUICULTURA EN GENERAL Y LA ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA. La acuicultura, según indica el Director de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, debe ser analizada en el contexto de uno de los desafíos que enfrenta la humanidad: la creciente demanda global de alimentos. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) estima que, con el fin de hacer frente a la creciente demanda global de alimentos, la agricultura debe aumentar su producción en casi un 50 %. Para ello no sólo es necesario incrementar la producción, sino, hacerlo de forma más eficiente y, lo que es crucial, reducir los impactos ambientales de la actividad. La premisa fundamental es la producción sostenible y competitiva, llevando a cabo prácticas agrícolas que sean beneficiosas tanto para el entorno como para la economía. En este contexto, es inevitable que las actividades agropecuarias sigan creciendo para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en cada país y Costa Rica no es la excepción.

 La acuicultura marina, es una actividad del sector agropecuario que se realiza en los mares, destinada a cultivar y producir peces, camarones, algas, moluscos y otros organismos en el medio acuático cuyo destino es, en general, el consumo humano. La acuicultura marina difiere significativamente de la pesca extractiva, ya que los organismos no son extraídos del medio ambiente para el cultivo, con la consecuente disminución de sus poblaciones naturales. Para la acuicultura marina se utilizan técnicas de reproducción en condiciones controladas de cautiverio para obtener los peces, camarones y otros organismos, que son los que se llevan a las granjas en el mar para su crecimiento y posterior comercialización. Es por ello que la acuicultura es una herramienta exitosa para la repoblación de especies que han sido sobrexplotadas por la industria pesquera o afectadas por la contaminación humana. Además, se ha logrado constatar que la actividad genera importantes beneficios sociales, económicos y medioambientales como son: mayor impacto en la seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza; oportunidades de empleo para las comunidades rurales; mayor suministro y disponibilidad de productos alimentarios marinos; mejoramiento de la nutrición y el bienestar humano; mayor entrada de divisas; y la mejora del reciclaje de los nutrientes cuando se utilizan sistemas de acuicultura integrada. Sin embargo si bien esta actividad es menos perjudicial para el ambiente en comparación con otras actividades pecuarias de producción de alimentos, también puede tener efectos negativos si no se desarrolla adecuadamente. La afectación negativa en el ambiente dependerá estrictamente de la escala de producción que realice. A efecto de clasificar la producción agropecuaria, en el sector agropecuario es normal y prácticamente universal, la utilización de tres escalas: pequeña, mediana y gran escala; esta diferenciación se establece con el principio de establecer normas, regulaciones e inclusive incentivos, de acuerdo con la intensidad de la producción. A mayor producción, mayor normativa en todos los ámbitos, incluyendo el ambiental. A menor intensidad de producción, disminuye la normativa y los requisitos debido a que los efectos de la producción en el ambiente disminuyen, e inclusive pueden llegar a ser tan bajos que se consideren no significativos en términos de daño ambiental.

Debido a estas características, la acuicultura marina es una de las actividades más importantes para el desarrollo del “Crecimiento Azul”, una estrategia actualmente impulsada por la Organización de Naciones Unidas a través de la FAO,  pues se considera un elemento clave para lograr el desarrollo sostenible (FAO. (2017). «El futuro de la alimentación y la agricultura tendencias y desafíos». Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i6881s.pdf), ya que sus metas están alineadas con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus respectivos objetivos (ODS)  

Sobre la acuicultura de pequeña escala y su desarrollo en Costa Rica. La acuicultura de pequeña escala se refiere a la práctica de cultivar y criar organismos acuáticos, como peces, moluscos, crustáceos y plantas acuáticas, en instalaciones de menor tamaño, generalmente gestionadas por comunidades locales o pequeños productores. Según el informe del Director de la Escuela de Ciencias Biológicas de la UNA, la producción anual ejercida en esta escala es muy baja y no se prevén daños significativos en el medio ambiente. Es por ello que la acuicultura de pequeña escala es fomentada por diversas instituciones del Estado cómo el IMAS, Universidades estatales (UNA, UCR, UTN, UNED), INA, MINAE, INDER, INAMU, Sistema de Banca para el Desarrollo y el INCOPESCA, ente encargado de la promoción y ordenación del subsector de acuicultura. Se fomenta el desarrollo de la acuicultura debido a su potencial de generar desarrollo sostenible por medio de la generación de empleo en zonas marginadas, por ejemplo, las zonas costeras del país donde el sector pesquero artesanal se ha visto afectado por varios factores que lo han llevado a condiciones sociales de pobreza y exclusión. Tales esfuerzos se dirigen específicamente a asociaciones y cooperativas locales de zonas costeras conformadas por personas con bajos recursos económicos y pocas posibilidades de empleo y de desarrollar nuevas ideas productivas, especialmente pescadores artesanales. Agrega el informe aportado que los proyectos de acuicultura de pequeña escala pueden generar un impacto económico a más de 15 familias directamente y 30 indirectamente. Además, permiten el traslado de pescadores artesanales de una actividad extractiva como la pesca a una productiva de muy baja escala, y por ende de muy bajo impacto ambiental, por lo que es una estrategia acorde con las políticas ambientales sostenibles del país, que cumple varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030: (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Acuicultura). (https://doi.org/10.4060/ca9229es), y cita como ejemplo:

“ODS 1. Fin de la pobreza

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la acuicultura proporciona trabajo a más de 20 millones de personas en el mundo y es una de las actividades que puede desempeñar un papel fundamental en la reducción de la pobreza generando fuente de empleo directos e indirectos suministradores de productos y servicios que giran alrededor de la acuicultura.

ODS 2. Hambre cero

La acuicultura supone una de las principales fuentes de proteína en muchas regiones del mundo. “Los océanos nos proporcionarán una gran parte de los alimentos nutritivos que necesitamos mediante el desarrollo de nuevas formas de acuicultura sostenible, la acuicultura representa la mejor forma de ayudar a alimentar a unos 10.000 millones de personas durante los próximos años.” https://news.un.org/es/story/2020/11/1484232.

ODS 12. Producción y consumo sostenible

La acuicultura no se libra de la huella de carbono, ya que todos los sectores productivos, incluida esta actividad, generan gases de efecto invernadero a través de sus procesos de fabricación, transformación, transporte, almacenamiento y comercialización de sus productos. Sin embargo, no todos los alimentos de origen animal tienen la misma contribución de este tipo de gases, y los productos de acuicultura tienen unas emisiones ligeramente por debajo de las aves, y muy inferiores a las del sector porcino y vacuno.

ODS 14. Vida submarina

La acuicultura, además de colaborar en el aumento de las poblaciones que viven en las aguas, tiene la posibilidad de ayudar a conservar las especies que han estado expuestas a una excesiva explotación por la pesca tradicional.

Además, estos proyectos también contribuyen a la seguridad y soberanía alimentaria del país, aportando un alimento, reconocido por su calidad nutricional, y ayuda a no depender de mariscos importados de otras regiones del mundo cómo son el pangasio y la tilapia proveniente de Asia.”

IX.- SOBRE LA REGULACIÓN JURÍDICA DE LA ACUICULTURA EN COSTA RICA. El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) es el ente rector de la acuicultura en Costa Rica, y le corresponde su promoción, coordinación y ordenamiento, conforme las disposiciones del Título III de la Ley de Pesca y Acuicultura N.8436, de 1 de marzo de 2005. Según dispone el artículo 80, el Estado fomentará la diversificación del esfuerzo pesquero fortaleciendo el desarrollo de la actividad acuícola y otorgándole los incentivos y beneficios especiales previstos en esta o en otras leyes de incentivos a las actividades no tradicionales. Quienes realicen esta actividad, que consiste según el artículo 81 en el cultivo y la producción de organismos acuáticos, sean flora o fauna, mediante el empleo de métodos y técnicas para su desarrollo controlado; abarca su ciclo biológico completo o parcial, en ambientes hídricos naturales o artificiales, tanto en aguas marinas como continentales, deben obtener autorización de INCOPESCA para el cultivo de organismos acuáticos en aguas marinas o continentales, además de contar con una concesión de uso y aprovechamiento de aguas otorgadas por el Ministerio de Ambiente y Energía (artículo 82). Asimismo, establece la ley como requisito previo para solicitar la autorización acuícola y la concesión para uso de aguas, los interesados deben aportar los proyectos de acuicultura con una evaluación de impacto ambiental establecida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), cuyo criterio será vinculante (artículo 83). Al contestar la audiencia conferida en esta acción, especificó el presidente ejecutivo de INCOPESCA que si bien para estas categorías no se exige un estudio de impacto ambiental, requiriéndolo únicamente para los proyectos que sean de gran escala, lo cierto también es que se establecen otros instrumentos de evaluación para poder otorgar la autorización del proyecto. En la Tabla 1 -Categorías de maricultura-, se enumeran los requisitos para cada categoría de maricultura. Agrega que se encuentra establecido el nivel de impacto ambiental según categoría, que va de bajo impacto a moderado impacto para la categoría social familiar y grande respectivamente, además indica los formularios a aplicar según tipo de categoría de producción a desarrollar -Tabla 2,  Impactos ambientales según categoría de producción y formularios asociados-. Por otra parte, SETENA también tiene establecida el área en hectáreas y los niveles de producción en kilogramos por año, para cada categoría y por especie de interés de cultivo como camarón, peces y ostras-mejillón -Tabla 3. Área establecida para producción en hectáreas y producción kg año- La presentación del instrumento D5, es realizado por un profesional con calidad de regente ambiental que facilitará el proceso de llenado de la información y gestión ante la SETENA. Una vez obtenido por parte de la SETENA el REGISTRO AMBIENTAL para el proyecto de maricultura, se debe solicitar al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Dirección de Aguas la solicitud de concesión de caudal de agua de mar (litros por segundo), para utilizar en la producción de camarones, peces, ostra o mejillones según corresponda. Para la estimación del caudal de agua el INCOPESCA estableció el caudal de agua requerido para la maricultura de la categoría social familiar. Referencia: Alvarado-Ruiz, C. (2022). Estimación del requerimiento de caudal L/seg para maricultura. El Bohío boletín electrónico. Vol. 12. No IO. 2939 p. INCOPESCA. Con respecto al número ilimitado de autorizaciones que alega la accionante, indica que en atención a esto, se han seleccionado sitios en la costa Pacífica y el Caribe para el desarrollo de estos proyectos, y para ello el Incopesca se encuentra en el proceso de revisión final de los términos de referencia para establecer la zonificación para la maricultura en Costa Rica, mediante el documento “Términos de referencia para la contratación de una empresa o persona física para establecer la zonificación de la maricultura sostenible en la costa pacífica y caribe de Costa Rica (Programa de desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura en Costa Rica).” Además, para que el Incopesca, autorice un proyecto de maricultura en cualquiera de sus escalas, primero se deberá contar con la resolución de la SETENA y de la Dirección de Aguas, luego un Biólogo de la Dirección de Fomento del Incopesca, realiza una inspección de campo, para emitir una recomendación de viabilidad desde el punto de vista acuícola y solo si ésta es positiva, la máxima autoridad otorgará la autorización, por lo cual se evidencia que las solicitudes pasan por filtros de todas las instituciones involucradas, y que en cada una deben de cumplir requisitos establecidos para llevar a cabo el proyecto. Es importante establecer que contario a lo que plantea la accionante, en cuanto a la vulneración de los derechos humanos, la vida y la salud, según los registros del Incopesca, todos los proyectos de maricultura aprobados o autorizados posterior a la entrada en vigencia del Decreto impugnado, se encuentran en la escala de Social- Familiar, siendo liderados por mujeres, atendiendo a los principios de cero hambre, inclusión de la mujer, equidad de género, entre otros. Ver los informes Troell et al., 2023 mediante una revisión de la literatura científica indican que la acuicultura contribuye con los 17 ODS entre las que se resaltan. J World Aquac Soc.2023;54:251—342/@2023 Food and Agriculture Organization of the United Nations. Journal of the World Aquaculture Society published by Wiley Periodicals LLC on behalf of World Aquaculture Society. Concluye que, en su criterio, la norma impugnada no solo cuenta con el aporte técnico, sino que además se sometió a los controles de legalidad que determina el ordenamiento jurídico, ya que no se pretende causar un retroceso normativo, ya que la misma dinámica del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, hace que esta materia sea muy dinámica y cambiante, de toda suerte que lo se permite hoy mañana puede estar prohibido o viceversa, sin que ello demerite que se pretenda causar un perjuicio a los recursos naturales, para lo cual precisamente el Incopesca, como ente autónomo, debe velar por el cumplimiento del principio de legalidad y el debido proceso de todos los proyectos que son autorizados, además de que no todos los proyectos de maricultura generaran alteraciones al ambiente, como en el caso que nos ocupa sin que esto signifique que estén a la libre o que no tengan regulaciones adaptadas a su escala que cumplir, por ejemplo los compromisos ambientales, a diferencia de aquellos proyectos que sí pueden eventualmente generar alteraciones considerables al medio ambiente, estos sin excepción, previa autorización deberán contar con evaluación del impacto ambiental.

X.- SOBRE EL DECRETO EJECUTIVO N°42755-MINAE DE 22 DE FEBRERO DE 2021. El Decreto Ejecutivo N°42755-MINAE,  “Guía general para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría”, establece el procedimiento por medio del cual se lleva a cabo la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de maricultura, también denominada acuicultura marina. Según el artículo 2 de la Ley de Pesca y Acuicultura, N.8436 de 1 de marzo de 2005, la actividad acuícola es el cultivo y producción de organismos acuáticos, sea flora o fauna, mediante el empleo de métodos y técnicas para su desarrollo controlado; abarca su ciclo biológico completo o parcial, en ambientes hídricos naturales o controlados, en aguas tanto marinas como continentales. No obstante, el objeto de regulación del Decreto Ejecutivo N.42755-MINAE, aquí impugnado es la maricultura o acuicultura marina. Según el acápite 1, 3 del Anexo 5 del Decreto en análisis, “la maricultura es una rama especializada de la acuicultura involucrada en el cultivo de organismos marinos para productos alimenticios en estructuras navales de cultivo ubicados en mar abierto, en una sección cerrada del océano, práctica que difiere de la Acuacultura tierras adentro, que emplea estanques o canales que se llenan con agua de zona intermareal.”.

La normativa comprende el  instrumento técnico necesario para la elaboración de Instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental, además de sus instructivos para la valoración de los impactos ambientales y los formularios de referencia para la preparación de los mismos. La  guía brinda un instrumento específico para el tipo de actividad a realizarse en el mar, bajo criterios técnicos establecidos por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, de acuerdo con lo  dispuesto en el artículo 84 inciso f) de la Ley Orgánica del Ambiente que establece la obligación y competencia de SETENA de realizar las guías de Instrumentos sobre Evaluación de Impacto Ambiental, que considere necesarios por tipo de actividad. Los considerandos del decreto impugnado indican que el aprovechamiento de los recursos marinos se debe realizar en el marco de un modelo que promueva beneficios para las comunidades costeras y la salud del océano. En cuanto al contexto de la maricultura en Costa Rica, destaca que las mejores perspectivas se presentan en el área marina con los cultivos de peces, y moluscos como los pargos, corvinas, ostras, mejillones, aunque el cultivo de camarones en jaulas y otros invertebrados cómo pepinos de mar, están tomando un mayor interés para su desarrollo, lo que genera perspectivas de desarrollo técnico y generación de empleo para las zonas costeras que presentan altos porcentajes de desempleo. Agrega la parte considerativa que  la emisión de la guía responde a la necesidad de cumplir obligaciones adquiridas por el estado costarricense,  derivadas de la aprobación de la Convención Ramsar, según la cual las partes se comprometen a la protección de los humedales costeros y marinos,  para asegurar su conservación y uso racional. En ese sentido, se indica que Costa Rica, asume el mandato de la Resolución Xlll.20 sobre el fomento de la conservación y el uso racional de los humedales intermareales y hábitats ecológicamente relacionados,  y por lo tanto deberá asegurar que las actividades, obras o proyectos relacionados con maricultura se desarrollen de una forma que no incumplan lo dispuesto por la Convención, de la cual Costa Rica forma parte desde su ratificación por ley N°7224 de 9 de abril de 1991.

 A fin de implementar el trámite de las actividades, obras o proyectos relacionados con maricultura, establece el instrumento técnico necesario para la elaboración de Instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental, el instructivo para la valoración de los impactos ambientales y los formularios de referencia para la elaboración de éstos. En cuanto al contexto técnico de la  propuesta, define diferentes escalas de acuicultura marina dirigidas a la obtención de la viabilidad ambiental otorgada por la SETENA, según la producción (Kg) de cada grupo de especies y el área a concesionar. Define las categorías de impacto ambiental potencial de cada escala y los requisitos concretos según cada categoría y escala. En atención a que en Costa Rica, actualmente en la zona marina, con fines comerciales, se cultiva el pargo manchado -Lutjanus guttatus-, la ostra -Crassostrea gigas-, el camarón blanco Litopenaeus vannamei y el mejillón Mytel/a sp.- se  establecen las escalas según cada grupo de especies (peces, moluscos bivalvos y camarones marinos).

XI.- SOBRE LA ACUSADA INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO EJECUTIVO N.42755 MINAE. La accionante acusa que la exoneración del estudio de impacto ambiental para la aprobación de proyectos menores y específicos de maricultura, y la falta de limitación al número de permisos autorizables por esos procedimientos, viola los artículos 7, 11, 21. 33, 50, 89, 140 incisos 3 y 18 de la Constitución Política, el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los principios 15 y 17 de la Declaración de Río, adoptada  en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. 

A.- Sobre la alegada inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo N.42755 por la exoneración de exigir un estudio de impacto ambiental a los proyectos de maricultura de escala Social-Familiar, Pequeña y Mediana Escala.

La “Guía general para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría" DE N.42755-MINAE, señala cuatro escalas de clasificación de proyectos que realicen esa actividad, en función del área a concesionar y el volumen de producción anual, dependiendo de la especie a cultivar. La escala del proyecto determina no sólo los requisitos que se deben presentar  sino también el instrumento de evaluación de impacto ambiental al que debe sujetarse. Las escalas que se describen en el Anexo 1 son:

1. Acuicultura Social-Familiar: Representa cultivos de organismos acuáticos marinos realizados por un núcleo familiar solamente con fines de subsistencia, autoconsumo, o con fines comerciales para generar su propio empleo, así como, cultivos de organismos acuáticos marinos realizados por asociaciones, cooperativas u otros grupos organizados apoyados y acompañados durante al menos los dos primeros años, por al menos dos instituciones del Estado, cuyo objetivo principal sea la generación de empleo en las zonas marino costeras del país. Se caracterizan por ser actividades con bajo impacto ambiental potencial inclusive si se ubican en áreas marinas protegidas cuya constitución legal permita este tipo de actividades, según el Sistema Nacional de área de Conservación SINAC.

2. Pequeña Escala: se trata de cultivos de organismos acuáticos marinos con una baja producción en kilogramos al año. Considerados proyectos de bajo impacto ambiental potencial. Los proyectos de esta escala no pueden ser llevados a cabo dentro los límites de áreas marinas protegidas, a menos que se establezca la viabilidad de esta actividad en los Planes Generales de Manejo y lo permita su categoría según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC, asimismo, deben guardar una distancia mínima de 100 metros desde su infraestructura flotante hasta el límite de toda área silvestre protegida y no podrán afectar la sostenibilidad de arrecifes de coral y/o pastos marinos y/o ecosistemas de manglar, cualquiera que sea su ubicación, dentro o fuera de áreas silvestres protegidas.

3. Mediana Escala: en esta categoría están los cultivos de organismos acuáticos marinos con una mediana producción en kilogramos al año. Considerados proyectos de Moderado Impacto Ambiental Potencial. Los proyectos de esta escala no pueden ser llevados a cabo dentro de los límites de las áreas marinas protegidas según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC y no podrán afectar la sostenibilidad arrecifes de coral y/o pastos marinos, y/o ecosistemas de manglar cualquiera que sea su ubicación, dentro o fuera de áreas silvestres protegidas, asimismo, deben guardar una distancia mínima de 500 metros desde su límite de área de impacto en el fondo marino hasta el límite de toda área silvestre protegida.

4. Gran Escala: representa el cultivo de organismos acuáticos marinos con una alta producción en kilogramos al año. Considerados proyectos de Moderado a un mayor Impacto Ambiental Potencial. Los proyectos de esta escala no pueden ser llevados a cabo en áreas marinas protegidas según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC y no podrán afectar la sostenibilidad de arrecifes de coral y/o pastos marinos y/o ecosistemas de manglar, cualquiera que sea su ubicación, dentro o fuera de áreas silvestres protegidas, asimismo, deben guardar una distancia mínima de 1000 metros, desde su límite del área de impacto en el fondo marino hasta el límite de toda área silvestre protegida.

En cuanto al instrumento de evaluación ambiental aplicable a cada una de las escalas descritas,  el anexo 1 del Decreto impugnado  establece que los proyectos que clasifiquen en la escala 1. Social Familiar, se evaluarán por medio de un registro ambiental; los que se ubiquen en la escala 2. Pequeña Escala, por medio de una declaración jurada de compromisos ambientales; los de Mediana Escala, a través de un pronóstico plan de gestión ambiental; y, los proyectos de Gran Escala, se evaluarán mediante un estudio de impacto ambiental.

Analizado lo anterior, se concluye en primer término que la normativa cuestionada establece para todas las escalas una Evaluación de Impacto Ambiental y que la misma será llevada a cabo, en cada caso concreto mediante el instrumento técnico que corresponda a cada una de esas escalas, para lo cual es determinante el mayor o menor impacto potencial que puedan  causar  los proyectos así clasificados, en los elementos del ambiente.  Se observa además que, para establecer tales escalas de clasificación de proyectos de maricultura, la normativa cuestionada recurre a criterios técnicos objetivos, como el área a concesionar y el volumen en kg anual de producción, dependiendo del tipo de especie a cultivar.

Ahora bien,  respecto al motivo de inconstitucionalidad alegado por la accionante, es claro que en efecto, el Decreto N.42755 sólo exige el instrumento técnico de evaluación denominado “estudio de impacto ambiental” para los proyectos de maricultura de gran escala, mientras que para los proyectos de mediana escala determina que corresponde aplicar el “Pronóstico Plan de Gestión Ambiental”;  para los proyectos de pequeña escala,  corresponde la “Declaración Jurada de Compromisos Ambientales” mientras que para los proyectos clasificados como Acuicultura Social-Familiar, se aplica el “Registro Ambiental”. Sin embargo, en criterio de la Sala el reclamo no es procedente.

El Decreto cuestionado no es inconstitucional por omisión, al no exigir la realización de un estudio de impacto ambiental para evaluar el impacto ambiental de los proyectos de maricultura social-familiar,  pequeña y mediana escala, por las razones que de seguido se indican. 

En primer término, si bien los precedentes de esta Sala a los que alude la accionante a fin de fundamentar su alegato de inconstitucionalidad, ciertamente   hacen referencia directa al estudio de impacto ambiental, instrumento técnico de la evaluación ambiental, definido en el artículo 3.36 del “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC”, hoy derogado por el artículo 101 del  “Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental”, decreto ejecutivo N°43898 del 21 de diciembre del 2022, vigente desde el 20 de agosto de 2023. Sin embargo, de la lectura integral de los fallos, se evidencia que los mismos aluden a la Evaluación de Impacto Ambiental, concepto más general, definido en el artículo 3.39 del referido Reglamento, como el procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el medio, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones, que “de forma general, abarca tres fases: a) una evaluación ambiental inicial, que consiste en un procedimiento de análisis de las características ambientales de la actividad, obra o proyecto, con respecto a su localización para determinar la relevancia del impacto, de este análisis previo se puede otorgar incluso una viabilidad ambiental potencial (que es temporal) o el condicionamiento de la misma a la presentación de otros instrumentos de valoración de dicho impacto; b) la confección del estudio de impacto ambiental o de otros instrumentos de evaluación según corresponda.” (la negrita es agregada).  Por lo que, resulta claro que la obligación constitucional de realizar evaluación de impacto ambiental a  cualquier actividad, obra o proyecto que altere significativamente el ambiente, puede ser cumplida mediante alguno de los instrumentos técnicos que al efecto disponga la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, según corresponda. No obstante, no se desprende de las normas constitucionales invocadas ni de los instrumentos internacionales citados por la accionante, que la evaluación de impacto ambiental en todos los casos deba ser realizada mediante el instrumento técnico denominado “estudio de impacto ambiental” como se alega.

Por otra parte,  el desarrollo y confección de Instructivos y Guías de Evaluación de Impacto Ambiental es una de las funciones que la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, atribuye a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (artículo 84 inciso f)) y en concordancia con dicha atribución el poder ejecutivo en el decreto impugnado, establece la guía de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para la actividad de Acuicultura Marina, estableciendo escalas según el impacto y magnitud del proyecto, con base en parámetros objetivos que son: el área a concesionar y los kilogramos de producción anual, según la especie.

En criterio de este Tribunal, las disposiciones en análisis, que establecen los instrumentos de evaluación ambiental aplicables a la maricultura, son congruentes con el principio de que, las regulaciones aplicables a un proyecto productivo dependen de la intensidad de la producción, donde, a mayor producción, mayor regulación en todos los ámbitos, incluyendo el ambiental. Entonces, a menor intensidad de producción, menores son los requisitos para realizar la actividad productiva, por cuanto los efectos negativos de la actividad productiva en el ambiente disminuyen, e inclusive, pueden ser tan bajos que se consideren no significativos en términos de daño ambiental.

En el caso de la Escala Acuicultura Social Familiar, la regulación no sólo  establece el límite máximo de área concesionada, y el volumen máximo de producción anual por especie, correspondiente a esta categoría especial de maricultura de pequeña escala, que corresponden a actividades con bajo impacto ambiental potencial, sino  que además contempla condiciones y requisitos para los individuos o grupos que desarrollen esta actividad productiva: a) que el cultivo de organismos acuáticos marinos sea realizado por un núcleo familiar, solamente con fines de subsistencia, autoconsumo, o con fines comerciales para generar su propio empleo; b) el cultivo de organismos acuáticos marinos lo realicen asociaciones, cooperativas u otros grupos organizados, que reciben apoyo y acompañamiento técnico durante al menos los dos primeros años, por al menos dos instituciones del Estado, cuyo objetivo principal sea la generación de empleo en las zonas marino costeras del país.

Según el informe del Director de la Escuela de Ciencias Biológicas de la UNA, la acuicultura de pequeña escala es fomentada por diversas instituciones del Estado -IMAS, universidades estatales (UNA, UCR, UTN, UNED), INA, MINAE, INDER, INAMU, Sistema de Banca para el Desarrollo y el INCOPESCA, ente encargado de la promoción y ordenación del subsector de acuicultura. Se fomenta el desarrollo de la acuicultura debido a su potencial de generar desarrollo sostenible por medio de la generación de empleo en zonas marginadas, por ejemplo, las zonas costeras del país donde el sector pesquero artesanal se ha visto afectado por varios factores que lo han llevado a condiciones sociales de pobreza y exclusión. Tales esfuerzos se dirigen específicamente a asociaciones y cooperativas locales de zonas costeras conformadas por personas con bajos recursos económicos y pocas posibilidades de empleo y de desarrollar nuevas ideas productivas, especialmente pescadores artesanales.

El fomento de la acuicultura en esta modalidad de pequeña escala, en criterio de la Sala no sólo tiene sustento en lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Pesca y Acuicultura, según el cual “el Estado fomentará la diversificación del esfuerzo pesquero, fortaleciendo el desarrollo de la actividad acuícola y otorgándole los incentivos y beneficios especiales previstos en esta o en otras leyes de incentivos a las actividades no tradicionales (…)”, sino que armoniza con el párrafo primero del numeral 50 de la Constitución Política, en tanto establece que “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, estimulando y organizando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.”, ya que las instituciones del estado intervienen brindando asesoría técnica especializada y acompañamiento a un sector de la población altamente vulnerable, con el fin de que desarrollen una actividad  productiva que les garantice el sustento, y también los medios para  mejorar sus condiciones de vida, superando la situación de pobreza y desempleo en la que se encuentran gran parte de los habitantes de las zonas costeras en Costa Rica. A la vez, se procura con este acompañamiento que los grupos que realicen la actividad productiva en esta modalidad especial de pequeña escala, tengan acceso al conocimiento necesario para ejecutarla en forma apropiada con el menor impacto posible al ambiente, por lo que se cumple la obligación de tutela, que impone al Estado el numeral 50 de la Constitución Política.

Por otra parte, la normativa agrega, en el acápite de Información General de los anexos, que la Guía es una orientación básica de referencia para el equipo consultor responsable de la elaboración del instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), “ya que serán las características del espacio geográfico y del proyecto, obra o actividad que se pretende desarrollar, las que determinen la aplicabilidad de la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la profundidad que requiere el instrumento de evaluación de impacto ambiental que se va a elaborar. Este mismo principio, también es utilizado por la SETENA para evaluar los Instrumentos de EIA.” De allí que en todas las escalas establecidas para clasificar los proyectos se toma en cuenta la ubicación espacial del mismo, en relación con las áreas silvestres protegidas según lo establecido en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC, por lo que se considera el posible impacto ambiental de todos los proyectos, independientemente de su envergadura, en las áreas ambientalmente frágiles, lo que es acorde con la obligación de tutela establecida en el artículo 50 de la Constitución Política y los convenios internacionales aprobados por Costa Rica.

Por todo lo anterior, la Sala considera que el decreto N.42755 no lesiona el numeral 50 de la Constitución Política, ni el numeral 11 del Principio 17 de la Declaración de Río, por cuanto la actividad de maricultura, independientemente de la escala a la que se lleve a cabo, está sujeta a una evaluación de impacto ambiental previa a fin de obtener viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.  Se observa además que, para los proyectos en los cuales el éxito de la actividad genera la expansión del proyecto, se permite dicha la movilidad a escalas mayores, siempre y cuando el solicitante actualice los estudios necesarios para las nuevas áreas de concesión, como se indica en el Anexo 1:

“En el caso de que la producción de un proyecto de cultivo aumente la producción hasta alcanzar los niveles de la escala superior, el responsable del proyecto deberá presentar los restantes requisitos de la nueva escala.”.

Cabe precisar que tal y como apunta la Procuraduría General de la República, no se analiza en este proceso si, con la clasificación e instrumentos fijados  en el decreto cuestionado, es posible efectuar una adecuada evaluación de impacto ambiental de los proyectos de maricultura familiares y de pequeña y mediana escala.  En tanto la clasificación de los proyectos  y la determinación de los instrumentos de evaluación que se regula en el Decreto impugnado es una decisión estrictamente técnica, tal examen requeriría una adecuada fundamentación del agravio, sustentada en documentos o criterios técnicos, que permitan acreditar la infracción al principio de la objetivación de la tutela ambiental o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica. En todo caso, la accionante se limita a afirmar que el documento D5, promulgado mediante el Decreto N°42755-MINAE “parece contener contradicciones en cuanto a la normativa de evaluación de impacto ambiental del país y del estándar internacional, por lo que requiere una valoración detallada”, por lo que es improcedente que la Sala se pronuncie sobre tal extremo, por la imprecisión del planteamiento y la inexistencia de elementos técnicos en el expediente que lo sustente. Resulta improcedente también que la Sala se pronuncie  sobre el documento aportado el 13 de octubre de 2022, con posterioridad a la interposición de la acción, pues conforme dispone el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, los fundamentos de la acción de inconstitucionalidad deben ser expuestos en forma clara y precisa, y suficientemente fundamentada.

De manera que el decreto ejecutivo N.42755.MINAE “Guía general para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría" no es inconstitucional por no exigir la realización de un estudio de impacto ambiental a los proyectos de maricultura clasificados como Escala Social Familiar, Pequeña Escala y Mediana Escala, y no lesiona el numeral 50 de la Constitución Política ni los instrumentos internacionales invocados. 

Tampoco existe exceso en la potestad reglamentaria porque, como se analizó, en la Ley Orgánica del Ambiente se ha otorgado a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y al Poder Ejecutivo, la atribución de establecer, mediante reglamento, cuáles obras, actividades o proyectos, según su magnitud e impacto potencial, deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y, además, el instrumento técnico de evaluación correspondiente. En consecuencia, no existe violación de los artículos 11 y 140 incisos 3) y 18) de la Constitución Política, como se alegó.

Por lo anterior, en cuanto a tales extremos, la acción resulta improcedente.

B. Sobre la ausencia de límite al número de permisos autorizables por los procedimientos establecidos. La accionante alega que el Decreto Ejecutivo N-42755 lesiona el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado porque no establece una limitación al número de permisos autorizables por esos procedimientos.

Al respecto, es criterio de la Sala que no existe omisión que lesione el numeral 50 de la Constitución Política pues el Decreto N42755, aquí cuestionado, en el Anexo 1, prevé un ordenamiento y posibles efectos acumulativos en áreas donde se tenga una alta densidad de proyectos, dictando distancias de retiro con respecto a otros proyectos a desarrollar y en función de la escala en la que se encuentren, distancias que deben ser respetadas a efecto de otorgar la viabilidad ambiental. La disposición establece:

“Para el otorgamiento de la viabilidad ambiental, se deberá respetar la distancia entre los límites de cada área de cultivo solicitada para concesión según lo dispuesto en el siguiente cuadro:

Cuadro 2. Distancia mínima en metros entre el límite de un área de cultivo solicitada para concesión entre la misma y las demás escalas:

 

	

Social familiar

	

Pequeña Escala

	

Mediana Escala

	

Gran escala




Social

Familiar

	

250

	

 

	

 

	

 




Pequeña escala

	

500

	

750

	

 

	

 




Mediana escala

	

750

	

1000

	

1500

	

 




Gran escala

	

1000

	

1500

	

2000

	

4000

 

 

Por otra parte, al realizarse los proyectos de maricultura en el mar, cuyas aguas  son de dominio público, la actividad está sujeta a un régimen jurídico especial. Es necesaria la solicitud de una concesión de aprovechamiento de aguas superficiales ante la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía  (artículos 1 y 19 de la Ley de Aguas N. 276 y artículo 2 inciso f) de la Ley 7152 Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente y Energía). Adicionalmente, la acuicultura es una actividad regulada en la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley N.8436 cuyo artículo 81 la define como el cultivo y la producción de organismos acuáticos, sean flora o fauna, mediante el empleo de métodos y técnicas para su desarrollo controlado; abarca su ciclo biológico completo o parcial, en ambientes hídricos naturales o artificiales, tanto en aguas marinas como continentales. Para desarrollar proyectos de acuicultura debe obtenerse, además de la concesión de aprovechamiento de aguas, una autorización otorgada por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura. Según el artículo 83 de la Ley de Pesca y Acuicultura, para solicitar la autorización acuícola y la concesión para el uso de aguas, los interesados deberán aportar los respectivos proyectos de acuicultura, junto con una evaluación de impacto ambiental establecida  para lo que debe presentarse los respectivos proyectos de acuicultura, junto con una evaluación de impacto ambiental establecida por la SETENA según corresponda, el cual será vinculante para las partes. Las disposiciones  mencionadas garantizan también la protección del ambiente.

No existe entonces inconstitucionalidad por omisión del Decreto cuestionado, por el motivo alegado por la accionante, por cuanto la normativa impugnada sí contempla disposiciones que tienen como efecto la limitación de la cantidad de proyectos de maricultura en una determinada zona geográfica, en protección del ambiente, pues a fin de obtener viabilidad ambiental de los proyectos de maricultura exige el cumplimiento de distancias de separación entre éstos.

Además, al ser una actividad realizada en aguas marinas, otras normas de rango legal la regulan, con el objeto de que se desarrolle en forma tal, que no impacte negativamente el ambiente. Así, el interesado debe obtener una concesión de aprovechamiento de aguas superficiales ante la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, acto jurídico mediante el cual el MINAE confiere a personas físicas y jurídicas un derecho limitado de aprovechamiento sostenible sobre las aguas para el desarrollo de las actividades acuícolas para la producción y el aprovechamiento de determinadas especies, en los términos y las condiciones expresamente establecidos en dicho contrato (artículo 2.13 de la Ley de Pesca y Acuicultura N.8436). Además,  según lo dispuesto por el artículo 112 de Ley de Pesca y Acuicultura, N.8436 para desarrollar la actividad acuícola, debe obtenerse autorización de INCOPESCA, así como para la modificación del área de la concesión acuícola y el cambio o sustitución de las especies autorizadas para el cultivo del proyecto acuícola. Por lo anterior, las disposiciones de rango legal indicadas  atribuyen al Ministerio de Ambiente y Energía y al Incopesca la competencia de determinar la procedencia de concesiones de aprovechamiento de aguas y autorizaciones para realizar actividad de maricultura, disposiciones que también establecen la necesidad de una evaluación de impacto ambiental ante la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, que como se ha venido indicando, evalúa el impacto ambiental de los proyectos de maricultura aplicando la normativa ambiental vigente, y la guía de evaluación de impacto ambiental contenida en el Decreto Ejecutivo N.42755 aquí impugnado. En consecuencia, en cuanto a este extremo la acción también debe ser desestimada.

XII.- CONCLUSIÓN. Por las consideraciones previas, la Sala estima que el Decreto Ejecutivo N°42755 “Guía general para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría” no es inconstitucional por omisión, y no lesiona el artículo 50 Constitucional. Tampoco existe violación del artículo 7° de la Constitución Política, porque las disposiciones impugnadas no son contrarias a los convenios e instrumentos internacionales invocados. Finalmente, no se configura la alegada infracción de los artículos 140 incisos 3) y 18) de la Constitución Política porque el Poder Ejecutivo no se ha excedido en el ejercicio de su potestad reglamentaria.

 XIII.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. En el sub examine, expongo estas precisiones de dogmática jurídica.

Primeramente, atinente al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, este Tribunal señaló en la sentencia nro. 2022022070 de las 9:20 horas del 23 de setiembre de 2022:

“Concerniente a la naturaleza de los agravios acusados en el sub lite, este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones respecto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Verbigracia, en la sentencia n.° 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Cámara señaló:

“En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha subrayado que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra reconocido tanto a nivel constitucional como convencional. Asimismo, se ha indicado que la protección efectiva a ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, contexto en que el Estado y la ciudadanía en general deben actuar según los principios que rigen la materia ambiental. En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos. Así, el Estado costarricense se encuentra obligado a adoptar las medidas que garanticen la defensa y preservación efectiva del ambiente conforme a tales principios. Ahora, tal obligación objetiva no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los órganos jurisdiccionales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades, o bien, de personas físicas y jurídicas, conforme la reconocida teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales (Drittwirkung der Menschenrechte), entre cuyas manifestaciones procesales se encuentra el amparo contra sujetos de derecho privado.

Interesa también resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, desarrolló lo atinente a las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente, en aras de la salvaguardia a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En esa opinión, la Corte reconoció la interrelación entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos, en tanto la degradación ambiental afecta el goce y desarrollo efectivo de los derechos humanos. En tal sentido, señaló:

“47. Esta Corte ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos. Asimismo, el preámbulo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “Protocolo de San Salvador”), resalta la estrecha relación entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales -que incluye el derecho a un medio ambiente sano - y la de los derechos civiles y políticos, e indica que las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros (…)

49. Por su parte, la Comisión Interamericana ha resaltado que varios derechos de rango fundamental requieren, como una precondición necesaria para su ejercicio, una calidad medioambiental mínima, y se ven afectados en forma profunda por la degradación de los recursos naturales. En el mismo sentido, la Asamblea General de la OEA ha reconocido la estrecha relación entre la protección al medio ambiente y los derechos humanos (supra párr. 22) y destacado que el cambio climático produce efectos adversos en el disfrute de los derechos humanos. 50. En el ámbito europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que la degradación severa del medio ambiente puede afectar el bienestar del individuo y, como consecuencia, generar violaciones a los derechos de las personas, tales como los derechos a la vida, al respeto a la vida privada y familiar68 y a la propiedad privada. De manera similar, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha indicado que el derecho a un “medio ambiente general satisfactorio, favorable al desarrollo” está estrechamente relacionado con los derechos económicos y sociales en la medida en que el medio ambiente afecta la calidad de vida y la seguridad del individuo (…) 52. Por otra parte, existe un amplio reconocimiento en el derecho internacional sobre la relación interdependiente entre la protección al medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Dicha interrelación se ha afirmado desde la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (en adelante “Declaración de Estocolmo”), donde se estableció que “[e]l desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la Tierra las condiciones necesarias para mejorar la calidad de la vida”, afirmándose la necesidad de balancear el desarrollo con la protección del medio humano. Posteriormente, en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (en adelante “Declaración de Río”), los Estados reconocieron que “[l]os seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible” y, a la vez, destacaron que “a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo”. En seguimiento de lo anterior, en la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible se establecieron los tres pilares del desarrollo sostenible: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección ambiental. Asimismo, en el correspondiente Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, los Estados reconocieron la consideración que se debe prestar a la posible relación entre el medio ambiente y los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo. 53. Además, al adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que el alcance de los derechos humanos de todas las personas depende de la consecución de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, social y ambiental. En el mismo sentido, varios instrumentos del ámbito interamericano se han referido a la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, tales como la Carta Democrática Interamericana la cual prevé que “[e]l ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente”, por lo cual “es esencial que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones” (…) 55. Como consecuencia de la estrecha conexión entre la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos (supra párrs. 47 a 55), actualmente (i) múltiples sistemas de protección de derechos humanos reconocen el derecho al medio ambiente sano como un derecho en sí mismo, particularmente el sistema interamericano de derechos humanos, a la vez que no hay duda que (ii) otros múltiples derechos humanos son vulnerables a la degradación del medio ambiente, todo lo cual conlleva una serie de obligaciones ambientales de los Estados a efectos del cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de estos derechos. Precisamente, otra consecuencia de la interdependencia e indivisibilidad entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente es que, en la determinación de estas obligaciones estatales, la Corte puede hacer uso de los principios, derechos y obligaciones del derecho ambiental internacional, los cuales como parte del corpus iuris internacional contribuyen en forma decisiva a fijar el alcance de las obligaciones derivadas de la Convención Americana en esta materia (supra párrs. 43 a 45) (…) 59. El derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un derecho con connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión colectiva, el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras. Ahora bien, el derecho al medio ambiente sano también tiene una dimensión individual, en la medida en que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad.”.

Esta interrelación entre el medio ambiente y el disfrute de otros derechos humanos también ha sido reconocida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien en la resolución A/HRC/RES/46/7, adoptada el 23 de marzo de 2021 en el 46° periodo de sesiones, sostuvo:

“Reconociendo también que el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, incluidos los ecosistemas, contribuyen al bienestar humano y al disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos a la vida, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a un nivel de vida adecuado, a una alimentación adecuada, al agua potable y el saneamiento y a la vivienda, y los derechos culturales.”.

También, recientemente, en la resolución A/HRC/RES/48/13, adoptada el 8 de octubre de 2021, ese Consejo señaló:

 “(…) Reconociendo que el desarrollo sostenible, en sus tres dimensiones (social, económica y ambiental), y la protección del medio ambiente, incluidos los ecosistemas, contribuyen al bienestar humano y al disfrute de los derechos humanos y promueven ambos, incluido el disfrute de los derechos a la vida, al más alto nivel posible de salud física y mental, a un nivel de vida adecuado, a una alimentación adecuada, a la vivienda, al agua potable y el saneamiento y a la participación en la vida cultural, para las generaciones presentes y futuras (…)

Reconociendo además que la degradación del medio ambiente, el cambio climático y el desarrollo insostenible son algunas de las amenazas más acuciantes y graves a la capacidad de las generaciones presentes y futuras de disfrutar de los derechos humanos, incluido el derecho a la vida (…)

Reconociendo la importancia de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como algo fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos (…)

1. Reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano importante para el disfrute de los derechos humanos;

2. Observa que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos y el derecho internacional vigente (…)”. (El resaltado no corresponde al original).

De este modo, se refleja la particular relevancia del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, cuya defensa trasciende la protección de este bien constitucional en sí, toda vez que su preservación constituye un factor esencial para el resguardo efectivo de otros bienes primordiales del ser humano (como la vida, la salud, la propiedad, la igualdad), de modo que si en lo primero se falla, el resguardo efectivo de lo segundo no se alcanza.

Allende de lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión supra aludida, reconoció el derecho a un ambiente sano como uno autónomo, susceptible de protección con independencia de algún riesgo de afectación a personas individuales. En tal sentido, dispuso:

“62. Esta Corte considera importante resaltar que el derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia de otros derechos, protege los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. En este sentido, la Corte advierte una tendencia a reconocer personería jurídica y, por ende, derechos a la naturaleza no solo en sentencias judiciales sino incluso en ordenamientos constitucionales. 63. De esta manera, el derecho a un medio ambiente sano como derecho autónomo es distinto al contenido ambiental que surge de la protección de otros derechos, tales como el derecho a la vida o el derecho a la integridad personal.”. (El resaltado no corresponde al original).

Esta tesitura fue adoptada en la sentencia de 6 de febrero de 2020 relativa al caso “Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina”, en la que, superando un enfoque antropocéntrico, la CorteIDH afirma que el derecho al ambiente sano, amén de ser fundamental para la propia existencia del ser humano, constituye un derecho autónomo y universal, de manera que la protección a diversos componentes del ambiente (como bosques, mares, ríos y otros) configura un interés jurídico por sí mismo. En palabras de la CorteIDH: “Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta.” Dada la trascendencia de esta afirmación, resulta oportuno transcribir este apartado de la referida resolución:

“203. La Corte ya se ha referido al contenido y alcance de este derecho, considerando diversas normas relevantes, en su Opinión Consultiva OC-23/17, por lo que se remite a dicho pronunciamiento. Afirmó en esa oportunidad que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo […] protege los componentes del […] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales.”. (El resaltado no corresponde al original).

Con base en lo expuesto, esta Sala, como garante de los derechos fundamentales, debe velar por el respeto a las obligaciones convencionales y constitucionales, que constriñen al Estado no solo a reconocer los derechos ahí consagrados, sino también a imponer las medidas jurídicas requeridas para su resguardo” (el resaltado es del original).

Aunado a lo anterior, recientemente, la Asamblea General de las Naciones Unidad adoptó la resolución nro. A/RES/76/1-A/RES/76/300 del 28 de julio de 2022, en la que se consignó:

“1. Reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano;

2. Observa que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos y el derecho internacional vigente;

3. Afirma que la promoción del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible requiere la plena aplicación de los acuerdos multilaterales relativos al medio ambiente con arreglo a los principios del derecho ambiental internacional;

4. Exhorta a los Estados, las organizaciones internacionales, las empresas y otros interesados pertinentes a que adopten políticas, aumenten la cooperación internacional, refuercen la creación de capacidad y sigan compartiendo buenas prácticas con el fin de intensificar los esfuerzos para garantizar un medio ambiente limpio, saludable y sostenible para todos”.

Esta resolución es la expresión formal de la voluntad del órgano principal de deliberación, adopción de políticas y representación de la Organización de Naciones Unidas. En consecuencia, constituye un compromiso político de carácter universal que debe ser valorado como fuente de soft law de la mayor relevancia.

Precisamente, la resolución nro. A/RES/76/1-A/RES/76/300 afirma que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado tiene naturaleza de derecho humano. Con esto, en buena medida contribuye a su positivización, de lo que resulta su comprensión técnica como “derecho fundamental”. Asimismo, robustece la noción de que la protección al ambiente es un derecho humano “autónomo”, esto es, que vale por sí mismo, de manera que, por un lado, tiene una existencia conceptual propia y distinta al contenido ambiental que sin duda surge de la protección de otros derechos (como la vida o la salud) y, por otro, su objeto de protección trasciende al ser humano, puesto que brinda cobijo a los diversos componentes de la naturaleza debido a su trascendencia para preservar la existencia de los organismos vivos en general, independientemente de su utilidad para con los seres humanos.

Asimismo, reitera y, por esa vía, fortalece la tesitura de que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra vinculado con otros derechos humanos, lo que implica que su transgresión puede acarrear la vulneración de la salud, la vida, el desarrollo sostenible democrático, por citar tan solo algunos ejemplos. Lo anterior confiere un significado jurídico particularmente relevante al derecho de marras.

En adición, la Asamblea General de la ONU preceptúa que la protección al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado demanda la plena aplicación de los derechos convencionales relacionados con el ambiente en consonancia con los principios del derecho ambiental internacional. De lo anterior se colige su imprescindible inclusión dentro del control jurisdiccional de constitucionalidad por parte de esta Sala.

Por último, en armonía con la reconocida teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales (Drittwirkung der Menschenrechte), la resolución nro. A/RES/76/1-A/RES/76/300 regula que la obligación de resguardar al ambiente, allende de los estados, se extiende a organizaciones internacionales, empresas y otros interesados, término último que comprende a los seres humanos en general. Justamente es en ese sentido, que la Ley de la Jurisdicción Constitucional contempla el amparo contra sujetos de derecho privado.

En suma, bajo el marco conceptual explicado ut supra, este Tribunal Constitucional, como garante de los derechos fundamentales, debe velar por el cumplimiento de los compromisos convencionales y constitucionales que al Estado costarricense y a la sociedad en general le imponen no solo la obligación de reconocer los derechos, principios y valores de la materia ambiental, sino también la de implementar todas aquellas medidas y actuaciones que se precisan para asegurar la efectiva protección a aquellos” (el resaltado es del original).

En lo relativo a los principios precautorio y preventivo, en la sentencia nro. 2004002473 de las 8:32 horas del 12 de marzo de 2004 se conceptualizan de esta forma:

“IV.- PRINCIPIO PRECAUTORIO DEL DERECHO AMBIENTAL. Uno de los principios rectores del Derecho Ambiental lo constituye el precautorio o de evitación prudente. Este principio se encuentra recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, la cual literalmente indica “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. En el ordenamiento jurídico interno la Ley de Biodiversidad (No. 7788 del 30 de abril de 1998), en su artículo 11 recoge como parámetros hermenéuticos los siguientes principios: “1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterios precautorio o indubio (sic) pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”. En el Voto de esta Sala No. 1250-99 de las 11:24 horas del 19 de febrero de 1999 (reiterado en los Votos Nos. 9773-00 de las 9:44 horas del 3 de noviembre del 2000, 1711-01 de las 16:32 horas del 27 de febrero del 2001 y 6322-03 de las 14:14 horas del 3 de julio del 2003) este Tribunal estimó lo siguiente: “(...) La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente”. Posteriormente, en el Voto No. 3480-03 de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003, este Tribunal indicó que “Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente”. Para casos como el de estudio, el principio precautorio o de indubio (sic) pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las regla unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente o éstos (sic) sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esencia, una gestión ambiental segura pasa por proteger el recurso antes de su degradación”.

Tal criterio ha sido reiterado en múltiples pronunciamientos; verbigracia, en la sentencia nro. 2019012579 de las 13:20 horas del 5 de julio de 2019:

“… el principio precautorio o de in dubio pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las reglas unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (…)”. (Ver en igual sentido, las sentencias nros. 2019012549 de 13:20 horas del 5 de julio de 2019, y 2012016866 de las 14:30 horas del 4 de diciembre de 2012, entre muchas otras).

En adición considero ineludible aclarar la noción del principio precautorio o in dubio pro natura en varios sentidos.

Primeramente, no se debe confundir el principio preventivo con el precautorio, toda vez que poseen particularidades que los diferencian entre sí, lo cual quedó reflejado en la sentencia nro. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, en la que esta Sala detalló: “En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos (…)” (la negrita fue suplida).

De segundo, el principio precautorio debe ser entendido justamente como se contempla en el principio XV de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Es decir, no se trata de la exigencia de tener estudios científicos para arribar a la ‘certeza absoluta’ de la inocuidad de una actividad para con el ambiente (en tesis de principio una seguridad total difícilmente es alcanzable), sino, más bien, de que, aunque el peligro de un daño grave o irreversible al ambiente no esté totalmente asegurado, tal incertidumbre jamás justifique o excuse que se postergue la ejecución de medidas efectivas para impedir la degradación del ambiente. Al respecto, nótese, por un lado, que no se trata de cualquier amenaza ‑plausiblemente debe involucrar un peligro serio‑, y, por otro, que la medida demanda un uso eficaz y eficiente de los recursos empleados. En el sentido expuesto, aun cuando el principio precautorio está ligado a un cierto nivel de incerteza científica, ello no implica que se pueda emplear de forma irrestricta bajo el argumento de que cualquier actividad podría generar daños al ambiente, lo cual desnaturalizaría su razón de ser, sino que es menester que se cuente con cierto grado de identificación de los peligros de un daño grave o irreversible que se podría generar, cuya determinación varía en atención de las particularidades propias del caso concreto. Así, cuando se está ante una situación que exige la aplicación del principio precautorio, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación que razonablemente implique un riesgo grave; incluso, se encuentran obligados a suspender las actividades que se encontrasen en curso, asimismo en paralelo tienen que adoptar con eficiencia todas las medidas requeridas para la preservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

El referido principio se recoge de igual modo en una fuente jurídica del hard law, toda vez que el principio 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ‑ratificada por Costa Rica mediante la ley nro. 7414 del 13 de junio de 1994 y por todos los estados miembros de la OEA- estatuye:

“3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, teniendo en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas” (el destacado fue incorporado).

El principio precautorio también se encuentra previsto en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el cual se encuentra ratificado por 32 Estados Miembros de la OEA, entre ellos, Costa Rica ‑véase ley nro. 8538 del 23 de agosto de 2006‑, en la que se lee:

“ARTÍCULO 1 Objetivo Teniendo presente el principio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (…)”.

Igualmente, tal principio está contemplado en otro instrumento del derecho internacional de los derechos humanos, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por 34 Estados Miembros de la OEA, incluido Costa Rica, por medio de la ley nro. 7416 del 30 de junio de 1994, en cuyo preámbulo se establece: “(…) Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica. Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza (…)”.

En consonancia con la referida normativa vigente en el país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se refirió al principio precautorio en la OC 23/17 del 15 de noviembre de 2017:

“180. (…) Por tanto, esta Corte entiende que, los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. Por tanto, los Estados deben actuar con la debida cautela para prevenir el posible daño. En efecto, en el contexto de la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte considera que los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, por lo cual, aún en ausencia de certeza científica, deben adoptar las medidas que sean “eficaces” para prevenir un daño grave o irreversible” (el resaltado fue añadido).

Posterior a tal resolución y por medio de una sentencia, en Comunidades Indígenas miembros de la Asociación lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina, la Corte IDEH se pronunció el 6 de febrero de 2020 de esta forma: “el derecho a un medio ambiente sano “debe considerarse incluido entre los derechos [...] protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana”, dada la obligación de los Estados de alcanzar el “desarrollo integral” de sus pueblos, que surge de los artículos 30, 31, 33 y 34 de la Carta”. De alta significación, se debe subrayar que, en este pronunciamiento, la Corte IDH remite a la opinión consultiva nro. OC-23/17 con la finalidad de desarrollar el contenido y alcance de tal derecho, merced a lo cual las consideraciones jurídicas de la última lógicamente han venido a alcanzar la obligatoriedad jurídica propia de una sentencia. En tal sentido, el órgano jurisdiccional internacional reitera “que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo [...] protege los componentes del [...] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales”. Justamente, en el desarrollo de la conceptualización del derecho al ambiente, la Corte IDH con toda claridad detalla las obligaciones estatales frente a posibles daños al ambiente, tales como el deber de prevención, el principio de precaución, la obligación de cooperación y el acceso a la información.

En suma, la aplicación del principio precautorio implica que cuando existan indicadores de que cierta actividad plausiblemente podría ocasionar daños graves e irreversibles al ambiente, la falta de certeza o evidencia científica absoluta al respecto no exime de la obligación de adoptar todas aquellas medidas eficientes y eficaces para impedir una vulneración al ambiente. En virtud de la teoría de la Drittwirkung der Grundrechte, tal principio extiende su función orientadora a las conductas de sujetos de derecho tanto público como privado.

De otro lado, cabe indicar que, en la sentencia nro. 2012013367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, este Tribunal Constitucional se refirió a los principios de progresividad y de no regresión en materia ambiental en este sentido:

“V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de los estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: “…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: “Lo anterior constituye una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-10)”. (Lo destacado no corresponde al original). (En el mismo sentido, las sentencias 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 y 2019-017397)”.

De este modo, de acuerdo con el principio de progresividad, el Estado asume la obligación de aumentar, en la medida de lo posible, los niveles de protección de los derechos humanos, incluido el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por su parte, la aplicación del principio de no regresión consiste en una garantía que constriñe al Estado a abstenerse de adoptar medidas, políticas o normas que empeoren, sin una justificación razonable y proporcionada, el grado de protección a los derechos fundamentales ya alcanzado.

Finalmente culmino esta nota haciendo referencia a lo señalado por este Tribunal sobre el principio de objetivación de la tutela ambiental:

“En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental expuesto, nuestra Carta Magna exige además que sea “sano”. La exigencia “sano” nos conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión” para garantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se desprende la necesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la calidad de vida y la calidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con los conceptos de “ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas o administrativas, de tal manera que, en los términos de los ordinales 16 de la Ley General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, las actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden contradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de lograr el goce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, además, un “mayor bienestar para todos los habitantes del país”. En cuanto al sometimiento de las decisiones legislativas y administrativas a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, la Sala lo ha denominado principio de objetivación de la tutela ambiental: “De la objetivación de la tutela ambiental (…) es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [principio precautorio o “principio de la evitación prudente”], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la vinculación a la ciencia y a la técnica con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)” (el resaltado fue agregado). (Resolución nro. 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).

XIV- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

 Se declara SIN LUGAR la acción. El magistrado Rueda Leal consigna nota. El magistrado Cruz Castro salva el voto y declara con lugar la acción.

 




 




 




 

Fernando Castillo V.

Presidente

 




 

	

 




 

	

 




 

	

 




 

Fernando Cruz C.

 

	

 

Paul Rueda L.




 

	

 




 

	

 




 

	

 




 

Luis Fdo. Salazar A.

 

	

 

Jorge Araya G.

 




 

	

 




 

	

 




 

	

 




 

Ingrid Hess H.

 

	

 

Ileana Sánchez N.

 




EXP. 22-003781-0007-CO

Voto n°. 2024-3227

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO. Resulta inconstitucional relativizar el estudio de impacto ambiental en ciertas actividades que tendrán efecto negativo en el ambiente.-

 

En esta acción he dictado un voto disidente, porque considero que debe acogerse la acción, por violación al principio de reserva legal y además al derecho al ambiente, al principio precautorio, al principio de no regresión y al principio de objetivación. Lo anterior con fundamento en las siguientes razones:

Las normas se impugnan en tanto exoneran del estudio de impacto ambiental la aprobación de proyectos de maricultura de escala familiar, pequeña escala y mediana escala. La accionante considera que el estudio de impacto ambiental se impone como obligación en razón del principio precautorio, establecido en normas nacionales e internacionales con rango supra legal -principios 15 y 17 de la Declaración de Río (voto N°2002-5977).

Se observa que la pretensión es una inconstitucionalidad por omisión, por ello, la consecuencia de una declaratoria con lugar sería proceder con la reforma correspondiente, pero por medio de ley y no de un decreto ejecutivo.

 

Se constata que efectivamente el Decreto Ejecutivo impugnado sólo exige el estudio de impacto ambiental para los proyectos que sean de gran escala, y, para el resto de escalas, establece otros instrumentos de evaluación.

Al respecto, es preciso recordar que el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente no. 7554 de 4 de octubre de 1995) dispone que las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, cuya aprobación previa será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos; y que las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán someterse a esa valoración. La evaluación de impacto ambiental es un concepto general que hace referencia al procedimiento administrativo técnico-científico que lleva a cabo la SETENA para identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones (artículo 3° inciso 39) del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, (Decreto Ejecutivo no. 31849 de 24 de mayo de 2004). Ahora bien, tal como lo dice la PGR, la realización de una evaluación de impacto ambiental para las actividades que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, no constituye sólo una obligación legal, sino también, una obligación  constitucional (ver voto no. 6322-2003 de las 14 horas 14 minutos de 3 de julio de 2003 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-239147 ). En este voto esta Sala consideró que no se podía excepcionar de su realización, con base en criterios o condicionamientos generales establecidos en leyes y reglamentarios, por cuanto ello implica vaciar de contenido el derecho de a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, regulado en el artículo 50 de la Constitución Política. La tutela del ambiente y las consecuencias de su omisión, son de tal gravedad y irreversibilidad, en algunos casos, que siempre se requiere, para una buena administración y protección de los bienes de la Madre Tierra, un criterio técnico que defina las amenazas y previsiones que deben adoptarse, tal como se hace en una evaluación de impacto ambiental.

La Procuraduría consideró en su informe que la normativa impugnada no es inconstitucional, pues no está excluyendo a los proyectos que clasifiquen en esas tres categorías particulares del requisito previo de someterse a una evaluación de impacto ambiental; indicando que esa evaluación se lleva a cabo mediante otras herramientas técnicas que no son el estudio de impacto ambiental. Ahora bien, al respecto consideramos que, si se admite que hay muchos otros instrumentos técnicos para realizar dicha evaluación, más allá del estudio de impacto ambiental, tal criterio  resultaría una burla a la obligación constitucional de realizar una evaluación de impacto ambiental para las actividades que alteren el ambiente. Ello debería ser definido por ley y no por decreto como en este caso, constituyéndose entonces en una violación al principio de reserva legal; además, tal decisión conculcaría el derecho al ambiente y varios principios ambientales (el principio precautorio, el principio de no regresión y el principio de objetivación). Nótese que el documento D5 es un instrumento nuevo de evaluación de impacto ambiental que no está considerado en el Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental.

Aunque se argumente que el hecho de que una norma no contemple, para un determinado tipo de proyecto o actividad que pueda afectar el ambiente, el estudio de impacto ambiental como instrumento a utilizar, no implica su inconstitucionalidad, pues no se está excluyendo a ese proyecto o actividad del procedimiento de evaluación de impacto ambiental exigido por la Ley Orgánica del Ambiente. Es lo cierto que el estudio de impacto ambiental debe convertirse en la regla, pues es el instrumento que mejor  protege el derecho al ambiente. Así, para poder autorizar una evaluación ambiental mediante otros instrumentos que no sean el estudio de impacto ambiental, debe realizarse por ley (reserva legal), y con las justificaciones pertinentes (principio de objetivación ambiental), quedando claro que no se trata de una regresión ambiental que viole el derecho al ambiente y sus principios.

Debe recordarse lo que he indicado mediante el voto salvado a la sentencia no. 2022-008750, en la que  se cuestionó el concepto de alteración al ambiente en grado de “alta significancia de impacto ambiental” como calificativo para proceder a considerarse un daño ambiental y exigir una evaluación ambiental:

“La aplicación de este criterio deja de lado esas otras intensidades o significancias, con la gravedad que no han sido objeto de valoración técnica antecedente, lo que ha impedido que, en orden al principio precautorio y preventivo, así como de reducción de significancia, haya sido objeto de medidas de prevención, mitigación, reducción o de reducción. Lo anterior supone, aquellos impactos de baja o mediana significancia, son dejados de lado por el concepto bajo examen, dado que, el concepto mismo de daño supone, se reitera, que no fue objeto de análisis mediante una herramienta técnica. De ahí que el concepto aludido supedita el daño ambiental a una alta significancia, relativizando la relevancia y trascendencia de los impactos ambientales que si bien no ostentan la misma consecuencia intrusiva del medio, sin duda, genera una patología, una amenaza y un deterioro no valorado a priori, en el ambiente, con el riesgo correspondiente de dejar ayuno de amparo esas lesiones y eliminando la posible concurrencia de criterios de imputación que luego permitan asignación de juicios de responsabilidad a quienes incurren en conductas de polución o quebranto ambiental. Este tratamiento supone un deterioro a los principios que dimanan del ordinal 50 constitucional, relativizando la protección y reparación de las lesiones al ambiente, sobre la base de un criterio de alta significancia que no encuentra sustento en norma legal alguna y que, en todo caso, desaplica la tutela del ambiente que impone la citada norma constitucional.”

 

Asimismo, véase que la PGR considera que “al amparo de la Constitución Política, cualquier actividad, obra o proyecto que altere significativamente el ambiente, debe someterse a una evaluación de impacto ambiental; esa evaluación puede ser llevada a cabo por alguno de los instrumentos técnicos que al efecto disponga la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y, el estudio de impacto ambiental es uno de esos instrumentos técnicos.” Sin embargo, estimamos que los instrumentos técnicos para realizar la evaluación de impacto ambiental deben ser definidos por ley, y no puede tener la Setena la competencia para “derogar” o “excepcionar” por medio de un decreto a ciertas actividades del estudio de impacto ambiental, si previamente no está así establecido por ley.

No comparto la afirmación del MINAE que dice: “Conforme lo anterior, SETENA es la competente por ley de establecer vía reglamentaria según lo permite el artículo 17 de la LOA, y basado en criterios técnicos, los procesos e instrumentos de Evaluación Ambiental, según el tipo de actividad, obra o proyecto y según sus especialidad, por lo que en el caso que nos ocupa no hay un exceso de potestad reglamentaria.” Aunque ciertamente, no todo proceso de Evaluación Ambiental debe realizarse por medio del Instrumento ESIA, que es el determinado para las actividades de mayor impacto ambiental potencial, consideramos que ello debe ser así determinado por ley y con la justificación correspondiente. Admitir lo contrario, que sea por reglamento y sin justificación alguna, puede propiciar una violación al principio constitucional indicado de que toda actividad que altere el ambiente, debe someterse a una evaluación ambiental. Crear instrumentos particulares para realizar esas evaluaciones puede convertirse en una práctica para crear evaluaciones ambientales a la “medida” o ad hoc, sin mayor justificación, e irrespetando el principio de no regresión.

Finalmente, claramente dice el informe de la UNA que, si bien la actividad de acuicultura (actividad destinada a cultivar y producir peces, camarones, algas, moluscos y otros organismos en el medio acuático cuyo destino es en general el consumo humano) es menos perjudicial para el ambiente en comparación con otras actividades pecuarias de producción de alimentos, también puede tener efectos ambientales negativos en el medio ambiente si no se desarrolla adecuadamente. Lo cual ratifica, en mi criterio, que esos efectos negativos deban ser previstos y sometidos a estudio. Además, se indica que el INCOPESCA coordina el sector acuícola, con lo cual no solamente SETENA tiene competencias en la materia. De todo lo anterior es claro que nuestro país ha adolecido de exceso de trámites en materia ambiental, pero ello no se soluciona en detrimento del derecho al ambiente, exonerando o relativizando los requisitos, como lo es el estudio ambiental en cierto tipo de actividades que se sabe tendrán efectos negativos en el ambiente.

Por todas las razones que he expuesto, considero que esta acción debe ser declarada con lugar. La tutela ambiental requiere una cuidadosa actividad preventiva, que es lo que pretende determinar los estudios de impacto ambiental.

 

 

 

 

 

Fernando Cruz Castro

EXPEDIENTE N° 22-003781-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

[1] FAO. (2017). «El futuro de la alimentación y la agricultura tendencias y desafíos». Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i6881s.pdf

 

[2] Gutiérrez, F. J. E. (2020). La acuicultura como activo económico y social. Mediterráneo económico, (33), 289-307.

 

[3] SILVA, Rafael De Oliveira; BARIONI, Luis G.; MORAN, Dominic. Fire, deforestation, and livestock: When the smoke clears. Land Use Policy, 2021, vol. 100, p. 104949.

 

[4] Post, P. M., Hogerwerf, L., Bokkers, E. A., Baumann, B., Fischer, P., Rutledge-Jonker, S., ... & de Boer, I. J. (2020). Effects of Dutch livestock production on human health and the environment. Science of the Total Environment, 737, 139702.

 

[5] Chacón Guzmán, J., Carvajal Oses, M., Herrera-Ulloa, Á., Corrales Gómez, N., Granados, R., Otárola, Á., ... & Fajardo Espinoza, O. A. (2019). Liberación de juveniles de pargo manchado Lutjanus guttatus (Steindachner, 1869), como estrategia para la conservación de la especie y educación ambiental marino costera.

 

[6] Isla, M., Loria, H. B., & Tello, J. A. (2020). Sistemas sostenibles de producción para el desarrollo del maricultivo con enfoque ecosistémico. La Acuicultura Multitrófica Integrada (AMTI).

 

[7] Horacio Rodríguez Vázquez y Alejandro Flores Navas. 2014. Acuicultura de pequeña escala y recursos limitados en América Latina y el Caribe Hacia un enfoque integral de políticas públicas. FAO. Santiago de Chile. 94 p.

 

[8]  Carvajal, D. F. (2013). Pesca artesanal y pobreza en comunidades aledañas al Golfo de Nicoya. Revista de Ciencias Sociales, 2(140), 137-152. https://doi.org/10.15517/RCS.V0I140.12319

 



Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL

votado con boleta

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:05:27.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Constitutional Chamber**

**Resolution No. 03227 - 2024**

**Date of Resolution:** February 7, 2024, at 12:16

**Case File:** 22-003781-0007-CO

**Drafted by:** Ingrid Hess Herrera

**Type of Matter:** Unconstitutionality action

**Constitutional Control:** Dismissive judgment

**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER



**Judgment with Dissenting Vote**

**Judgment with Separate Note**

**Judgments from the same case file**


**Content of Interest:**

**Strategic Themes:** Environmental, Political Constitution

**Type of Content:** Majority vote

**Branch of Law:** 3. CONSTITUTIONALITY CONTROL MATTERS

**Subject:** ENVIRONMENT

**Subtopics:**

DOES NOT APPLY.

ENVIRONMENT. ENVIRONMENTAL IMPACT STUDIES FOR MINOR AND SPECIFIC MARICULTURE PROJECTS
Case File: 22-003781-0007-CO
Judgment: 003227-24 of February 7, 2024
Type of Matter: Unconstitutionality action
Impugned Norm: Omission of Articles 1, 2, 3, 4 and their annexes, contained in Decreto Ejecutivo N° 42755 published on February 22, 2021, in scope N° 38, to require environmental impact studies for the approval of minor and specific mariculture projects.
Operative Part: The action is declared WITHOUT MERIT. Judge Rueda Leal records a note. Judge Cruz Castro dissents and declares the action with merit.



**ANALYZED TOPICS**

**ON THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. CO05/24**

... See more
Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments
**Content of Interest:**

**Type of Content:** Majority vote

**Branch of Law:** 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE

**Subject:** Environmental Protection

**Subtopics:**

DOES NOT APPLY.

ENVIRONMENTAL PROTECTION. “…However, in the constitutional norm, environmental protection is recognized in a double dimension: first, as a true fundamental right, recognizable by every person and, in that sense, it is individualizable (national, foreigner, of legal age or minor, incapacitated person, natural or juridical person), since its defense concerns the community as a whole (not only nationals, but the entire global community); and second, as a true public power, which, as such, translates into concrete obligations for the State as a whole, thus conditioning the political objectives, and consequently, the action of the public powers in general, to give full compliance to this fundamental right. Thus, a true obligation of the State to protect the environment is established, through mechanisms (formal and material actions, legal and regulatory provisions) that translate into an effective protection of the environment and the natural resources that comprise it, with the purpose of improving the living environment of the human being, thereby overflowing the criteria of natural conservation, to be located within the entire sphere in which the person develops, facilitating their integral development – physical, psychic, mental –. The incidence that the right to a healthy and ecologically balanced environment has within the State's activity finds its first manifestation in that, by definition, rights are not limited to the private sphere of individuals, but have transcendence in the very structure of the State, in its role as guarantor of the same, and, secondly, because the State's activity is directed towards the satisfaction of the community's interests…” CO05/24

... See more
**Content of Interest:**

**Type of Content:** Majority vote

**Branch of Law:** 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE

**Subject:** Environmental Protection

**Subtopics:**

DOES NOT APPLY.

PRECAUTIONARY PRINCIPLE OR PRINCIPLE OF PRUDENT AVOIDANCE “…This concept, developed in resolutions number 2806-98, 2003-06322, 2004-1923 and 2005-12039, among others, from this Court, is based on Article 15 of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, which alludes to the necessary action and effect of anticipating possible damages to the component elements of the environment; thereby advocating for the implementation of actions aimed at the due protection, conservation, and adequate management of resources, that is, the adoption of all technical or operational measures to avoid, prevent, or contain the possible affectation of the environment or the health of people. In this way, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage – or an objective doubt in this regard –, a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed; because subsequent coercion is ineffective in this matter, given that, in most cases, the biological effects are irreversible, where repression may have moral transcendence, but it will hardly compensate for the damages caused to the environment. Likewise, the precautionary principle applies when there is no scientific certainty about the risks or environmental impact of a measure, or the available studies or information generate doubts about the risks or their possible negative impact. On the other hand, the principle of prevention or preventive principle applies in those cases where there is scientific evidence that the measure will cause damage to the environment…” CO05/24

... See more
**Content of Interest:**

**Type of Content:** Majority vote

**Branch of Law:** 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE

**Subject:** Environmental Protection

**Subtopics:**

DOES NOT APPLY.

PRINCIPLES OF PROGRESSIVITY AND NON-REGRESSION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION. “…The former has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is contained in Articles 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Articles 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and Article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under these norms, the State assumes the obligation to gradually increase, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights, with special consideration for those, which, like the right to the environment (Article 11 of the Protocol), require multiple positive actions from the State for their protection and full enjoyment by all their holders. Likewise, from the principle of progressivity of human rights and the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, contained in Article 34 of the Magna Carta, derives the principle of non-regression or irreversibility of the benefits or protection achieved. This principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obliged not to adopt measures, policies, or approve legal norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the situation of the rights achieved up to that point. This principle does not imply absolute irreversibility since all States experience national situations, of an economic, political, social nature, or due to nature, that negatively impact the achievements made until then and force a downward reconsideration of the new level of protection…” CO05/24

... See more
**Content of Interest:**

**Type of Content:** Majority vote

**Branch of Law:** 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

**Subject:** 089- Protection of natural beauties and historical and artistic heritage

**Subtopics:**

DOES NOT APPLY.

ARTICLE 89 OF THE POLITICAL CONSTITUTION. PRINCIPLES OF THE OBJECTIVIZATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION OR PRINCIPLE OF LINKAGE TO SCIENCE AND TECHNIQUE. “…This principle, as this Court indicated in judgment number 14293-2005 of 14:52 hours on October 29, 2005, translates into the need to accredit technical studies for decision-making in this matter, both in relation to the actions of the Administration and to provisions of a general nature – legal and regulatory –, from which derives the requirement of 'linkage to science and technique', an element that gives a technical-scientific basis to the Administration's decisions in this matter, and, by virtue of this, limits and conditions the Administration's discretion in its actions – in the terms provided in Article 16 of the General Law of Public Administration –. So that in response to the results derived from these technical studies – such as environmental impact studies –, an objective technical criterion is evidenced that denotes the environmental viability of the project or the probability of evident damage to the environment, natural resources, or people's health, a circumstance that obliges the establishment of precautionary measures or the rejection of the proposed project, work, or activity; and in the case of 'reasonable doubt', it is mandatory to take decisions in favor of the environment (pro-natura principle)…” CO05/24

... See more
**Content of Interest:**

**Type of Content:** Majority vote

**Branch of Law:** 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

**Subject:** 069- Rational exploitation of land

**Subtopics:**

DOES NOT APPLY.

ARTICLE 69 OF THE POLITICAL CONSTITUTION. PRINCIPLE OF RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES. “…This axiom requires that there exists the necessary balance between the country's development and the right to the environment and with Article 69 of the Constitution, from which derives the principle of rational exploitation of the land, imposing on both individuals and the State the obligation to protect and preserve renewable natural resources (see judgment number 2012-12716 of 16:01 on September 12, 2012). In this way, based on this principle, this Court – in its various resolutions – has established the constitutional parameters for the appropriate use of the same; and by virtue of which it is clear that environmental protection must be directed towards the adequate and intelligent use of its elements and in their natural, sociocultural, technological, and political relations (sustainable development), in order to thereby safeguard the heritage to which present and future generations have a right…” CO05/24

... See more
**Content of Interest:**

**Type of Content:** Majority vote

**Branch of Law:** 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

**Subject:** 050- Environment

**Subtopics:**

DOES NOT APPLY.

ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION. “…the obligation of the State to guarantee, defend, and protect the right to the environment, established in Article 50 of the Political Constitution, as already indicated, is also imposed by international instruments, which establish concrete obligations that must be respected. In environmental matters, the duty of prevention that must exist in this area has been defined; the Rio Declaration, adopted at the United Nations Conference on Environment and Development…Prevention seeks to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible affectation of the environment or people's health. In this way, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage - or a doubt in this regard -, a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. The foregoing due to the fact that in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the damage has occurred, the biological and socially harmful consequences may be irreparable; repression may have moral transcendence, but it will hardly compensate for the damages caused to the environment…” CO05/24

... See more
**Content of Interest:**

**Type of Content:** Separate note

**Branch of Law:** 3. CONSTITUTIONALITY CONTROL MATTERS

**Subject:** ENVIRONMENT

**Subtopics:**

DOES NOT APPLY.

XIII.- NOTE OF JUDGE RUEDA LEAL. In the *sub examine*, I set forth these precisions of legal dogmatics.

Firstly, regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment, this Court stated in judgment no. 2022022070 of 9:20 hours on September 23, 2022:

“Concerning the nature of the grievances alleged in the *sub lite*, this Court has repeatedly ruled regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment. For example, in judgment no. 2021024807 of 9:20 hours on November 5, 2021, this Chamber stated:

“On repeated occasions, the jurisprudence of this Chamber has emphasized that the right to a healthy and ecologically balanced environment is recognized at both the constitutional and conventional levels. Likewise, it has been indicated that the effective protection of this right requires that resources be used rationally, a context in which the State and the citizenry in general must act according to the principles that govern environmental matters. In this vein, specialized doctrine has pointed out that the preventive principle demands that, when there is certainty of possible damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned upon compliance with certain requirements. In general, this principle applies when there are clearly defined risks identified at least as probable; likewise, this principle is useful when there are no technical reports or administrative permits that guarantee the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee eventual negative impacts. On the other hand, the precautionary principle states that, when there is danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty should not be used as a reason to postpone the adoption of effective measures in terms of costs to prevent the degradation of the environment. From the foregoing, it is noted that the principle starts from reasonable scientific uncertainty together with the threat of serious and irreversible environmental damage. In general terms, a relevant difference between the preventive principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty of the risks that an activity or work may cause. While in the former such certainty exists, in the latter what is noted is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies. Thus, the Costa Rican State is obliged to adopt measures that guarantee the effective defense and preservation of the environment in accordance with such principles. Now, such objective obligation does not necessarily entail a subjective right of individuals to demand, through jurisdictional bodies, that a specific measure be taken, but rather that measures that are suitable for the protection of that right be adopted, in the face of openly negligent attitudes of the authorities, or indeed, of natural and juridical persons, in accordance with the recognized theory of the horizontal effect of fundamental rights (*Drittwirkung der Menschenrechte*), among whose procedural manifestations is the amparo against subjects of private law.

It is also important to highlight that the Inter-American Court of Human Rights, in Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017, developed what pertains to State obligations in relation to the environment, for the sake of safeguarding the human rights enshrined in the American Convention on Human Rights.

In that opinion, the Court recognized the interrelationship between environmental protection and the realization of other rights, insofar as environmental degradation affects the effective enjoyment and development of human rights. In this regard, it stated:

“47. This Court has recognized the existence of an undeniable relationship between the protection of the environment and the realization of other human rights, insofar as environmental degradation and the adverse effects of climate change affect the effective enjoyment of human rights. Likewise, the preamble of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter “Protocol of San Salvador”), highlights the close relationship between the validity of economic, social and cultural rights - which includes the right to a healthy environment - and that of civil and political rights, and indicates that the different categories of rights constitute an indissoluble whole that finds its basis in the recognition of the dignity of the human person, for which they require permanent protection and promotion in order to achieve their full validity, without the violation of some ever being justifiable for the sake of the realization of others (…)

49. For its part, the Inter-American Commission has highlighted that several fundamental rights require, as a necessary precondition for their exercise, a minimum environmental quality, and are profoundly affected by the degradation of natural resources. In the same sense, the OAS General Assembly has recognized the close relationship between environmental protection and human rights (supra para. 22) and highlighted that climate change produces adverse effects on the enjoyment of human rights. 50. In the European sphere, the European Court of Human Rights has recognized that severe environmental degradation can affect the well-being of the individual and, as a consequence, generate violations of people's rights, such as the rights to life, respect for private and family life68 and private property. Similarly, the African Commission on Human and Peoples' Rights has indicated that the right to a “general satisfactory environment favorable to development” is closely related to economic and social rights to the extent that the environment affects the quality of life and the security of the individual (…) 52. On the other hand, there is broad recognition in international law of the interdependent relationship between environmental protection, sustainable development and human rights. This interrelation has been affirmed since the Stockholm Declaration on the Human Environment (hereinafter “Stockholm Declaration”), where it was established that “[e]conomic and social development is essential to ensure a favorable living and working environment for man and to create on Earth the conditions necessary to improve the quality of life”, affirming the need to balance development with the protection of the human environment. Subsequently, in the Rio Declaration on Environment and Development (hereinafter “Rio Declaration”), the States recognized that “[h]uman beings are at the centre of concerns for sustainable development” and, at the same time, highlighted that “in order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process”. Following up on the above, the Johannesburg Declaration on Sustainable Development established the three pillars of sustainable development: economic development, social development and environmental protection. Likewise, in the corresponding Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development, the States recognized the consideration that must be given to the possible relationship between the environment and human rights, including the right to development. 53. Moreover, upon adopting the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations General Assembly recognized that the scope of human rights for all people depends on the achievement of the three dimensions of sustainable development: economic, social and environmental. In the same sense, various instruments of the inter-American sphere have referred to environmental protection and sustainable development, such as the Inter-American Democratic Charter which provides that “[t]he exercise of democracy facilitates the preservation and proper management of the environment”, for which “it is essential that the States of the Hemisphere implement policies and strategies for environmental protection, respecting the various treaties and conventions, to achieve sustainable development for the benefit of future generations” (…) 55. As a consequence of the close connection between environmental protection, sustainable development and human rights (supra paras. 47 to 55), currently (i) multiple human rights protection systems recognize the right to a healthy environment as a right in itself, particularly the inter-American human rights system, while there is no doubt that (ii) multiple other human rights are vulnerable to environmental degradation, all of which entails a series of environmental obligations on the part of the States for the purpose of fulfilling their obligations to respect and guarantee these rights. Precisely, another consequence of the interdependence and indivisibility between human rights and environmental protection is that, in the determination of these State obligations, the Court may make use of the principles, rights and obligations of international environmental law, which as part of the international *corpus iuris* contribute decisively to setting the scope of the obligations derived from the American Convention in this matter (supra paras. 43 to 45) (…) 59. The human right to a healthy environment has been understood as a right with both individual and collective connotations. In its collective dimension, the right to a healthy environment constitutes a universal interest, owed to both present and future generations. However, the right to a healthy environment also has an individual dimension, to the extent that its violation can have direct or indirect repercussions on individuals due to its connection with other rights, such as the right to health, personal integrity or life, among others. Environmental degradation can cause irreparable harm to human beings, which is why a healthy environment is a fundamental right for the existence of humanity.”.

This interrelation between the environment and the enjoyment of other human rights has also been recognized by the United Nations Human Rights Council, which in resolution A/HRC/RES/46/7, adopted on March 23, 2021 at the 46th session, held:

“Recognizing also that sustainable development and the protection of the environment, including ecosystems, contribute to human well-being and the enjoyment of human rights, in particular the rights to life, the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, an adequate standard of living, adequate food, to safe drinking water and sanitation and to housing, and cultural rights.”.

Also, recently, in resolution A/HRC/RES/48/13, adopted on October 8, 2021, that Council stated:

 “(…) Recognizing that sustainable development, in its three dimensions (social, economic and environmental), and the protection of the environment, including ecosystems, contribute to human well-being and the enjoyment of human rights and promote both, including the enjoyment of the rights to life, the highest attainable standard of physical and mental health, an adequate standard of living, adequate food, to housing, to safe drinking water and sanitation and to participation in cultural life, for present and future generations (…)

Recognizing further that environmental degradation, climate change and unsustainable development constitute some of the most pressing and serious threats to the ability of present and future generations to enjoy human rights, including the right to life (…)

Recognizing the importance of a clean, healthy and sustainable environment as fundamental to the enjoyment of all human rights (…)

1. Recognizes the right to a clean, healthy and sustainable environment as a human right important for the enjoyment of human rights;

2. Notes that the right to a clean, healthy and sustainable environment is related to other rights and existing international law (…)”. (The highlighting does not correspond to the original).

In this way, the particular relevance of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment is reflected, whose defense transcends the protection of this constitutional good in itself, since its preservation constitutes an essential factor for the effective safeguarding of other primordial goods of the human being (such as life, health, property, equality), so that if the first fails, the effective safeguarding of the second is not achieved.

Beyond the foregoing, the Inter-American Court of Human Rights, in the aforementioned advisory opinion, recognized the right to a healthy environment as an autonomous one, susceptible of protection regardless of any risk of affectation to individual persons. In this regard, it provided:

“62. This Court considers it important to highlight that the right to a healthy environment as an autonomous right, unlike other rights, protects the components of the environment, such as forests, rivers, seas and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence of risk to individual persons. It is about protecting nature and the environment not only for its connection with a utility for the human being or for the effects that its degradation could cause on other rights of individuals, such as health, life or personal integrity, but for its importance for the other living organisms with whom we share the planet, also deserving of protection in themselves. In this sense, the Court notes a tendency to recognize legal personhood and, therefore, rights to nature not only in judicial rulings but even in constitutional systems. 63. In this way, the right to a healthy environment as an autonomous right is different from the environmental content that arises from the protection of other rights, such as the right to life or the right to personal integrity.”. (The highlighting does not correspond to the original).

This approach was adopted in the judgment of February 6, 2020, relating to the case “Indigenous Communities members of the Lhaka Honhat Association (Our Land) vs. Argentina”, in which, overcoming an anthropocentric focus, the IACHR affirms that the right to a healthy environment, besides being fundamental for the very existence of the human being, constitutes an autonomous and universal right, so that the protection of various components of the environment (such as forests, seas, rivers and others) constitutes a legal interest in itself. In the words of the IACHR: “It is about protecting nature”, not only for its “utility” or “effects” with respect to human beings, “but for its importance for the other living organisms with whom we share the planet.” Given the transcendence of this affirmation, it is appropriate to transcribe this section of the aforementioned resolution:

“203. The Court has already referred to the content and scope of this right, considering various relevant norms, in its Advisory Opinion OC-23/17, to which it refers to said pronouncement. It affirmed on that occasion that the right to a healthy environment 'constitutes a universal interest' and 'is a fundamental right for the existence of humanity', and that 'as an autonomous right […] protects the components of the […] environment, such as forests, seas, rivers and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence of risk to individual persons. It is about protecting nature', not only for its 'utility' or 'effects' with respect to human beings, 'but for its importance for the other living organisms with whom we share the planet'. The foregoing does not preclude, of course, that other human rights may be violated as a consequence of environmental damage.”. (The highlighting does not correspond to the original).

Based on the foregoing, this Chamber, as guarantor of fundamental rights, must ensure respect for conventional and constitutional obligations, which constrain the State not only to recognize the rights enshrined therein, but also to impose the legal measures required for their safeguarding” (the highlighting is from the original).

In addition to the foregoing, recently, the United Nations General Assembly adopted resolution no. A/RES/76/1-A/RES/76/300 of July 28, 2022, in which it was recorded:

“1. Recognizes the right to a clean, healthy and sustainable environment as a human right;

2. Notes that the right to a clean, healthy and sustainable environment is related to other rights and existing international law;

3. Affirms that the promotion of the human right to a clean, healthy and sustainable environment requires the full implementation of the multilateral environmental agreements in accordance with the principles of international environmental law;

4.

Urges States, international organizations, businesses, and other relevant stakeholders to adopt policies, increase international cooperation, strengthen capacity-building, and continue sharing good practices in order to intensify efforts to ensure a clean, healthy, and sustainable environment for all."

This resolution is the formal expression of the will of the main deliberative, policy-making, and representative organ of the United Nations. Consequently, it constitutes a political commitment of a universal nature that must be valued as a source of soft law of the greatest relevance.

Precisely, Resolution No. A/RES/76/1-A/RES/76/300 affirms that the right to a healthy and ecologically balanced environment has the nature of a human right. By this, it contributes significantly to its positivization, resulting in its technical understanding as a "fundamental right." Likewise, it strengthens the notion that the protection of the environment is an "autonomous" human right, that is, one that is valuable in itself, such that, on the one hand, it has its own conceptual existence distinct from the environmental content that undoubtedly arises from the protection of other rights (such as life or health), and, on the other hand, its object of protection transcends the human being, since it shelters the diverse components of nature due to their importance for preserving the existence of living organisms in general, independently of their utility for human beings.

Likewise, it reiterates and, by that means, strengthens the position that the right to a healthy and ecologically balanced environment is linked to other human rights, which implies that its transgression can lead to the violation of health, life, and democratic sustainable development, to cite just a few examples. The foregoing confers a particularly relevant legal significance to the right in question.

In addition, the UN General Assembly prescribes that the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment demands the full application of conventional rights related to the environment in accordance with the principles of international environmental law. From the above, its indispensable inclusion within the jurisdictional control of constitutionality by this Chamber is inferred.

Finally, in harmony with the recognized theory of the horizontal effect of fundamental rights (Drittwirkung der Menschenrechte), Resolution No. A/RES/76/1-A/RES/76/300 regulates that the obligation to safeguard the environment, beyond states, extends to international organizations, businesses, and other stakeholders, the latter term encompassing human beings in general. It is precisely in this sense that the Law of Constitutional Jurisdiction contemplates the amparo against subjects of private law.

In sum, under the conceptual framework explained ut supra, this Constitutional Court, as guarantor of fundamental rights, must ensure compliance with the conventional and constitutional commitments that impose upon the Costa Rican State and society in general not only the obligation to recognize the rights, principles, and values of environmental matters, but also the obligation to implement all those measures and actions required to ensure their effective protection" (the highlighting is from the original).

Regarding the precautionary and preventive principles, judgment No. 2004002473 of 8:32 a.m. on March 12, 2004, conceptualizes them in this way:

"IV.- PRECAUTIONARY PRINCIPLE OF ENVIRONMENTAL LAW. One of the guiding principles of Environmental Law is the precautionary principle or principle of prudent avoidance. This principle is contained in the United Nations Conference on Environment and Development or Rio Declaration, which literally states 'Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.' In the domestic legal system, the Biodiversity Law (No. 7788 of April 30, 1998), in its Article 11, includes the following principles as hermeneutical parameters: '1.- Preventive criterion: It is recognized that it is vitally important to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2.- Precautionary criterion or in dubio (sic) pro natura: When there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason for postponing the adoption of effective protection measures.' In Vote of this Chamber No. 1250-99 of 11:24 a.m. on February 19, 1999 (reiterated in Votes Nos. 9773-00 of 9:44 a.m. on November 3, 2000, 1711-01 of 4:32 p.m. on February 27, 2001, and 6322-03 of 2:14 p.m. on July 3, 2003), this Tribunal considered the following: '(...) Prevention aims to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid containing the possible effect on the environment or people's health. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage—or a doubt about it—a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. The foregoing is because, in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the socially harmful biological consequences have already occurred, repression may have moral significance, but it will hardly compensate for the damages caused to the environment.' Later, in Vote No. 3480-03 of 2:02 p.m. on May 2, 2003, this Tribunal indicated that 'Properly understood, the precautionary principle refers to the adoption of measures not in the face of ignorance of risk-generating facts, but rather in the face of a lack of certainty that such facts will effectively produce harmful effects on the environment.' For cases such as the one under study, the precautionary principle or in dubio (sic) pro natura supposes that when there are no studies or reports carried out in accordance with the univocal and exactly applicable rules of science and technique that allow reaching a state of absolute certainty about the harmlessness of the activity intended to be developed on the environment, or these (sic) are contradictory among themselves, the entities and organs of the central and decentralized administration must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification request, suspend those in progress until the dubious state is resolved, and, in parallel, adopt all measures tending to its protection and preservation in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment. In essence, safe environmental management involves protecting the resource before its degradation."

Such a criterion has been reiterated in multiple pronouncements; for example, in judgment No. 2019012579 of 1:20 p.m. on July 5, 2019:

"… the precautionary principle or in dubio pro natura supposes that when there are no studies or reports carried out in accordance with the univocal and exactly applicable rules of science and technique that allow reaching a state of absolute certainty about the harmlessness of the activity intended to be developed on the environment, public entities and organs must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification request, suspend those in progress until the dubious state is resolved, and, in parallel, adopt all measures tending to its protection and preservation in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment (…)". (See in the same sense, judgments Nos. 2019012549 of 1:20 p.m. on July 5, 2019, and 2012016866 of 2:30 p.m. on December 4, 2012, among many others).

In addition, I consider it unavoidable to clarify the notion of the precautionary principle or in dubio pro natura in several respects.

Firstly, the preventive principle must not be confused with the precautionary principle, since they possess particularities that differentiate them from each other, which was reflected in judgment No. 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021, in which this Chamber detailed: "In this order of ideas, specialized doctrine has indicated that the preventive principle demands that, when there is certainty of possible damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned on the fulfillment of certain requirements. In general, this principle applies when there are clearly defined risks identified at least as probable; likewise, such a principle is useful when there are no technical reports or administrative permits that guarantee the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee eventual negative impacts. On the other hand, the precautionary principle states that where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. From the foregoing, it is noted that the principle starts from a reasonable scientific uncertainty together with the threat of serious and irreversible environmental damage. In general terms, a relevant difference between the preventive and precautionary principles lies in the level of knowledge and certainty of the risks that an activity or work provokes. While in the former such certainty exists, in the latter what is noted is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies (…)" (the bold was supplied).

Secondly, the precautionary principle must be understood exactly as it is contemplated in Principle XV of the Rio Declaration on Environment and Development: "Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." That is, it is not about the requirement to have scientific studies to arrive at the 'absolute certainty' of the harmlessness of an activity towards the environment (in principle, total safety is hardly achievable), but rather that, although the danger of serious or irreversible damage to the environment is not fully assured, such uncertainty should never justify or excuse the postponement of effective measures to prevent environmental degradation. In this regard, note, on the one hand, that it is not about any threat—it must plausibly involve a serious danger—and, on the other hand, that the measure demands an efficacious and efficient use of the resources employed. In the stated sense, even though the precautionary principle is linked to a certain level of scientific uncertainty, this does not imply that it can be used unrestrictedly under the argument that any activity could generate damage to the environment, which would denature its reason for being. Rather, it is necessary to have a certain degree of identification of the dangers of serious or irreversible damage that could be generated, whose determination varies according to the particularities of the specific case. Thus, when faced with a situation that demands the application of the precautionary principle, public entities and organs must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification request that reasonably implies a serious risk; they are even obliged to suspend the activities that may be in progress, and in parallel, they must efficiently adopt all the measures required for the preservation of a healthy and ecologically balanced environment.

The aforementioned principle is also contained in a legal source of hard law, since Principle 3 of the United Nations Framework Convention on Climate Change—ratified by Costa Rica through Law No. 7414 of June 13, 1994, and by all OAS member states—stipulates:

"3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to deal with climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible cost. To this end, such policies and measures should take into account different socio-economic contexts, be comprehensive, include all relevant sources, sinks and reservoirs of greenhouse gases and cover all economic sectors. Efforts to address climate change may be carried out cooperatively by interested Parties" (the highlighting was incorporated).

The precautionary principle is also provided for in the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, which is ratified by 32 OAS Member States, among them Costa Rica—see Law No. 8538 of August 23, 2006—, in which it reads:

"ARTICLE 1 Objective. Mindful of the precautionary approach as set forth in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this Convention is to protect human health and the environment from persistent organic pollutants (…)."

Equally, this principle is contemplated in another international human rights law instrument, such as the Convention on Biological Diversity ratified by 34 OAS Member States, including Costa Rica, through Law No. 7416 of June 30, 1994, in whose preamble it is established: "(…) Noting that it is vital to anticipate, prevent and attack the causes of significant reduction or loss of biological diversity at its source. Noting also that where there is a threat of significant reduction or loss of biological diversity, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing measures to avoid or minimize such a threat (…)".

In accordance with the referenced regulations in force in the country, the Inter-American Court of Human Rights also referred to the precautionary principle in Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017:

"180. (…) Therefore, this Court understands that States must act in accordance with the precautionary principle for the purposes of protecting the right to life and to personal integrity in cases where there are plausible indicators that an activity could entail serious and irreversible damage to the environment, even in the absence of scientific certainty. Hence, States must act with due caution to prevent possible damage. In effect, in the context of the protection of the rights to life and to personal integrity, the Court considers that States must act in accordance with the precautionary principle, and therefore, even in the absence of scientific certainty, they must adopt such measures as are 'effective' to prevent serious or irreversible damage" (the highlighting was added).

Subsequent to that resolution and through a judgment, in Indigenous Communities members of the Lhaka Honhat Association (Our Land) vs. Argentina, the IACHR Court pronounced on February 6, 2020, in this way: "the right to a healthy environment 'must be considered included among the rights [...] protected by Article 26 of the American Convention', given the obligation of the States to achieve the 'integral development' of their peoples, which arises from Articles 30, 31, 33, and 34 of the Charter." Of high significance, it must be underscored that, in this pronouncement, the IACHR Court refers to Advisory Opinion No. OC-23/17 for the purpose of developing the content and scope of such right, whereby the legal considerations of the latter have logically come to attain the legal binding force proper to a judgment. In that sense, the international jurisdictional organ reiterates "that the right to a healthy environment 'constitutes a universal interest' and 'is a fundamental right for the existence of humanity,' and that 'as an autonomous right [...] it protects the components of the [...] environment, such as forests, seas, rivers, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence about the risk to individual persons. It is a matter of protecting nature,' not only for its 'utility' or 'effects' regarding human beings, 'but because of its importance for the other living organisms with whom we share the planet.' This does not preclude, of course, that other human rights may be violated as a consequence of environmental damage." Precisely, in developing the conceptualization of the right to the environment, the IACHR Court with complete clarity details the State obligations in the face of possible damage to the environment, such as the duty of prevention, the precautionary principle, the obligation of cooperation, and access to information.

In sum, the application of the precautionary principle implies that when there are indicators that a certain activity could plausibly cause serious and irreversible damage to the environment, the lack of absolute scientific certainty or evidence in that regard does not exempt from the obligation to adopt all those efficient and effective measures to prevent a violation of the environment. By virtue of the theory of Drittwirkung der Grundrechte, this principle extends its guiding function to the conduct of subjects of both public and private law.

On the other hand, it is worth indicating that, in judgment No. 2012013367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012, this Constitutional Court referred to the principles of progressivity and non-regression in environmental matters in this sense:

"V. On the principles of progressivity and non-regression of environmental protection. The principle of progressivity of human rights has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is contained in Articles 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and Article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under these norms, the State assumes the obligation of gradually increasing, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights, with special consideration for those, which, like the right to the environment (Art. 11 of the Protocol), require multiple positive actions by the State for their protection and full enjoyment by all their holders. From the principle of progressivity of human rights and from the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, contained in numeral 34 of the Magna Carta, the principle of non-regression or irreversibility of the benefits or protection achieved is derived. The principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obliged not to adopt measures, policies, nor approve legal norms that worsen, without reasonable and proportional justification, the rights situation achieved until then. This principle does not suppose absolute irreversibility since all States experience national situations, of an economic, political, social nature, or caused by nature, that negatively impact the achievements attained until then and force a downward reconsideration of the new level of protection. In those cases, the Right to the Constitution and the principles under examination oblige one to justify, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, the reduction of the levels of protection. In this sense, the Constitutional Chamber has expressed in its jurisprudence, regarding the right to health: '…in accordance with the PRINCIPLE OF NON-REGRESSION, it is prohibited to take measures that diminish the protection of fundamental rights. Thus, if the Costa Rican State, in order to protect the right to health and the right to life, has a policy of openness regarding access to medicines, it cannot—much less by means of an International Treaty—reduce such access and make it more restricted, under the excuse of protecting trade. (Judgment of the Constitutional Chamber Nº 9469-07). In relation to the right to the environment, it stated: 'The foregoing constitutes an evolutionary interpretation in the protection of the environment in accordance with the Right of the Constitution, which does not admit a regression to its detriment.' (Judgment of the Constitutional Chamber Nº 18702-10).'" (The highlighting does not correspond to the original). (In the same sense, judgments 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745, and 2019-017397)."

Thus, in accordance with the principle of progressivity, the State assumes the obligation to increase, as far as possible, the levels of protection of human rights, including the right to a healthy and ecologically balanced environment. For its part, the application of the principle of non-regression consists of a guarantee that constrains the State to refrain from adopting measures, policies, or norms that worsen, without reasonable and proportional justification, the degree of protection of fundamental rights already achieved.

Finally, I conclude this note by referring to what was stated by this Tribunal regarding the principle of objectivization of environmental protection:

"Regarding the environment, the object of the stated fundamental right, our Magna Carta further requires that it be 'healthy.' The requirement 'healthy' leads us to the 'regenerative capacity' and the 'succession capacity' to guarantee life. From both requirements: 'healthy' and 'ecologically balanced,' the need for sustainable and sustained development is derived; the quality of life and environmental quality depend on this. Now then, with the concepts of 'environment,' 'healthy,' 'ecologically balanced,' the constitutional norm introduced science and technique into environmental decisions, be they legislative or administrative, in such a way that, in the terms of numerals 16 of the General Law of Public Administration and 38 of the Organic Law of the Environment, state actions in environmental matters must be based on and cannot contradict the univocal rules of science and technique in order to achieve the full and universal enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment and, in addition, a 'greater well-being for all the inhabitants of the country.' Regarding the submission of legislative and administrative decisions to the univocal rules of science and technique, the Chamber has called it the principle of objectivization of environmental protection: 'From the objectivization of environmental protection (…) is a principle that in no way can be confused with the previous one [precautionary principle or 'principle of prudent avoidance'], since, as derived from the provisions in Articles 16 and 160 of the General Law of Public Administration, it translates into the need to accredit with technical studies the decision-making in this matter, both in relation to acts and to provisions of a general nature—both legal and regulatory—, from which the requirement of linkage to science and technique is derived, thereby conditioning the discretion of the Administration in this matter. So, in attention to the results derived from those technical studies—such as environmental impact studies—, if an objective technical criterion is evidenced that denotes the probability of evident damage to the environment, natural resources, or people's health, it is then obligatory to reject the proposed project, work, or activity; and in case of a "reasonable doubt" it is obligatory to make decisions in favor of the environment (pro-natura principle), which can translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures in order to adequately protect the environment." (Judgment of the Constitutional Chamber Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)'" (the highlighting was added). (Resolution No. 2012-13367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012).

CO05/24

... See more
Content of Interest:

Content Type: Dissenting vote

Branch of Law: 3. CONSTITUTIONALITY CONTROL MATTERS

Topic: ENVIRONMENT

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

DISSENTING VOTE OF JUDGE CRUZ CASTRO. It is unconstitutional to relativize the environmental impact study in certain activities that will have a negative effect on the environment.-

In this action, I have issued a dissenting vote because I consider that the action should be granted, for violation of the principle of legal reserve and also the right to the environment, the precautionary principle, the principle of non-regression, and the principle of objectivization. The foregoing is based on the following reasons:

The rules are challenged insofar as they exempt the approval of family-scale, small-scale, and medium-scale mariculture projects from the environmental impact study (estudio de impacto ambiental). The petitioner considers that the environmental impact study is imposed as an obligation due to the precautionary principle, established in national and international norms of supra-legal rank—Principles 15 and 17 of the Rio Declaration (vote No. 2002-5977).

It is observed that the claim is an unconstitutionality by omission; therefore, the consequence of a granted declaration would be to proceed with the corresponding reform, but by means of a law and not an executive decree.

It is verified that, indeed, the challenged Executive Decree only requires the environmental impact study for projects that are large-scale, and, for the remaining scales, it establishes other evaluation instruments.

In this regard, it is necessary to remember that Article 17 of the Organic Law of the Environment No. 7554 of October 4, 1995) provides that human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic, or hazardous materials shall require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) by the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), whose prior approval will be an indispensable requirement to begin the activities, works, or projects; and that the laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects will be required to undergo that assessment. The environmental impact assessment is a general concept that refers to the technical-scientific administrative procedure carried out by SETENA to identify and predict what effects an activity, work, or project will have on the environment, quantifying and weighing them to lead to decision-making (Article 3, subsection 39) of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures, (Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004)). Now then, as the Attorney General's Office (PGR) states, the performance of an environmental impact assessment for activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic, or hazardous materials constitutes not only a legal obligation, but also a constitutional obligation (see vote No. 6322-2003 of 2:14 p.m. on July 3, 2003 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-239147). In this vote, this Chamber considered that its performance could not be exempted based on general criteria or conditions established in laws and regulations, since this implies emptying the right to a healthy and ecologically balanced environment, regulated in Article 50 of the Political Constitution, of its content. The protection of the environment and the consequences of its omission are of such gravity and irreversibility, in some cases, that for good administration and protection of the goods of Mother Earth, a technical criterion that defines the threats and provisions that must be adopted is always required, as is done in an environmental impact assessment.

The Attorney General's Office considered in its report that the challenged regulations are not unconstitutional, since they are not excluding projects that classify in those three particular categories from the prior requirement of undergoing an environmental impact assessment; indicating that this assessment is carried out through other technical tools that are not the environmental impact study. Now then, in this respect we consider that, if it is admitted that there are many other technical instruments to carry out said assessment, beyond the environmental impact study, such a criterion would constitute a mockery of the constitutional obligation to carry out an environmental impact assessment for activities that alter the environment.

That should be defined by law and not by decree as in this case, thereby constituting a violation of the principle of legal reservation; furthermore, such a decision would violate the right to the environment and several environmental principles (the precautionary principle, the principle of non-regression, and the principle of objectivization). Note that document D5 is a new environmental impact assessment instrument that is not contemplated in the Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental.

Although it may be argued that the fact that a regulation does not contemplate the environmental impact study (estudio de impacto ambiental, EIA) as the instrument to be used for a specific type of project or activity that may affect the environment does not imply its unconstitutionality, since that project or activity is not being excluded from the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) procedure required by the Ley Orgánica del Ambiente. The truth is that the EIA study must become the rule, as it is the instrument that best protects the right to the environment. Thus, in order to authorize an environmental assessment (evaluación ambiental) through instruments other than the EIA study, it must be done by law (legal reservation), and with the pertinent justifications (principle of environmental objectivization), making it clear that this is not an environmental regression that violates the right to the environment and its principles.

It should be recalled what I indicated through the dissenting vote to judgment no. 2022-008750, in which the concept of alteration to the environment in a degree of “high significance of environmental impact” as a qualifier to proceed to consider an environmental damage and require an environmental assessment was questioned:

“The application of this criterion leaves aside those other intensities or significances, with the seriousness that they have not been the subject of prior technical assessment, which has prevented them, in accordance with the precautionary and preventive principle, as well as the principle of significance reduction, from being the subject of prevention, mitigation, reduction, or reduction measures. The foregoing implies that those impacts of low or medium significance are set aside by the concept under examination, given that the very concept of damage implies, it is reiterated, that it was not subject to analysis through a technical tool. Hence, the aforementioned concept conditions environmental damage on high significance, relativizing the relevance and transcendence of environmental impacts that, although they do not possess the same intrusive consequence on the environment, undoubtedly generate a pathology, a threat, and a deterioration not assessed a priori in the environment, with the corresponding risk of leaving those injuries without protection and eliminating the possible concurrence of imputation criteria that later allow the assignment of liability judgments to those who engage in pollution conduct or environmental harm. This treatment implies a deterioration of the principles emanating from constitutional article 50, relativizing the protection and reparation of injuries to the environment, based on a criterion of high significance that finds no support in any legal norm and that, in any case, disapplies the protection of the environment imposed by the cited constitutional norm.”

Likewise, it should be noted that the PGR considers that “under the Political Constitution, any activity, work, or project that significantly alters the environment must undergo an EIA; that assessment may be carried out by any of the technical instruments that the Secretaría Técnica Nacional Ambiental provides for such purpose, and the EIA study is one of those technical instruments.” However, we consider that the technical instruments for carrying out the EIA must be defined by law, and Setena cannot have the authority to “repeal” or “exempt” certain activities from the EIA study by means of a decree, if this has not been previously established by law.

I do not share the statement of MINAE that says: “In accordance with the foregoing, SETENA is the entity empowered by law to establish, via regulation as permitted by Article 17 of the LOA and based on technical criteria, the Environmental Assessment processes and instruments, depending on the type of activity, work, or project and according to its specialty; therefore, in the case before us, there is no excess of regulatory power.” Although it is true that not every Environmental Assessment process must be carried out through the ESIA Instrument, which is the one determined for activities with the greatest potential environmental impact, we consider that this must be determined by law and with the corresponding justification. Admitting the opposite, that it be done by regulation and without any justification, may lead to a violation of the constitutional principle indicated, that any activity that alters the environment must undergo an environmental assessment. Creating particular instruments to carry out these assessments may become a practice for creating environmental assessments that are “tailor-made” or ad hoc, without further justification, and disrespecting the principle of non-regression.

Finally, the UNA report clearly states that, although aquaculture activity (activity aimed at cultivating and producing fish, shrimp, algae, mollusks, and other organisms in the aquatic environment, generally for human consumption) is less harmful to the environment compared to other livestock food production activities, it can also have negative environmental effects on the environment if not properly developed. This confirms, in my opinion, that these negative effects should be foreseen and subjected to study. Furthermore, it is indicated that INCOPESCA coordinates the aquaculture sector, meaning that not only SETENA has authority in this matter. From all of the foregoing, it is clear that our country has suffered from an excess of environmental procedures, but this is not resolved to the detriment of the right to the environment, by exempting or relativizing requirements, such as the environmental study in certain types of activities that are known to have negative effects on the environment.

For all the reasons I have set forth, I consider that this action must be declared with merit. Environmental protection requires careful preventive activity, which is what EIA studies aim to determine. CO05/24

... See more
Text of the resolution

*CO*

Exp: 22-003781-0007-CO

Res. Nº 2024003227

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at twelve hours sixteen minutes on February seventh, two thousand twenty-four.

Unconstitutionality action brought by ANA LUCRECIA QUIRÓS MONTOYA, of legal age, married, identity card number 105120418, resident of Alajuela, seeking a declaration that Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, and their annexes of Decreto Ejecutivo N°42755, published on February 22, 2021, in supplement N°38 to La Gaceta N.36, are unconstitutional.

Whereas:

1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber on February 24, 2022, the plaintiff files an unconstitutionality action seeking a declaration that Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, and their annexes of Decreto Ejecutivo N°42755 are unconstitutional, deeming them contrary to articles 7, 9, 10, 11, 21, 50, 89, 140 subsections 3 and 18 of the Political Constitution, the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights, as well as Principles 15 and 17 of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration. The plaintiff bases her standing on Article 75, paragraph 2 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, as she acts in defense of diffuse interests, such as the protection of the environment. The norms are challenged insofar as they exempt the approval of family-scale, small-scale, and medium-scale mariculture projects from the EIA study. In the plaintiff's opinion, the omission of the requirement for approval of EIA studies, as a prerequisite for granting authorization for special procedures for minor and specific mariculture projects as set forth, violates the principle of hierarchy of laws, contained in constitutional Article 7, in that, through regulatory means, special procedures are created that circumvent norms of international law, ratified by Costa Rica, which require EIA studies to guarantee a healthy and ecologically balanced environment. Likewise, Article 140, subsections 3) and 8) are harmed, because the Executive Branch exceeded its regulatory power. This also harms Article 11 of the Political Constitution, which provides that officials are mere depositaries of authority. The challenged articles seek to nullify the legal precepts stipulated in the Ley Orgánica del Ambiente, prior to the analysis and approval of the corresponding study to be carried out on the environmental impact of such activities that may alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic, or hazardous materials. They also harm constitutional Article 21, which guarantees the right to life, because the regulation harms human life and the physical integrity of persons, insofar as it creates special mariculture procedures without completing the necessary EIA studies. Regarding constitutional Article 50, which guarantees the right of man to use the environment for his own development, which implies the correlative duty to protect and preserve the environment, through the rational exercise and useful enjoyment of the right itself. Regarding document D5, she affirms that it is a new EIA instrument not contemplated in the Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental. It is a guide for the assessment of environmental impacts generated by mariculture activity and forms by category, promulgated through Decreto N°42755-MINAE. She indicates that the document seems to contain contradictions regarding the country's EIA regulations and the international standard, for which it requires a detailed assessment. She reiterates that the unconstitutionality claimed derives from the fact that, in the articles regulating the respective application and requirements, annexes one and two, the EIA study is not included, and, in general, no limitation is established on the number of permits authorizable through these procedures. She points out that the Constitutional Chamber has indicated that State institutions are the first called upon to comply with environmental precautionary legislation, with no justification existing to exempt them from compliance with environmental requirements, such as the EIA study required by the Ley Orgánica del Ambiente for activities that, by their nature, may alter or destroy the environment (vote N° 2001-6503). It has also been indicated that it is not constitutionally possible to make exceptions to the EIA study based on general criteria or conditions established in laws and regulations, because this would empty constitutional Article 50 of its content (vote N°2002-01220, whose importance she highlights). The EIA study is imposed as an obligation based on the precautionary principle, established in national and international norms with supra-legal rank - Principles 15 and 17 of the Rio Declaration (vote N°2002-5977). She requests that the action be declared with merit and that decree number 42755-Minae be annulled as unconstitutional for being contrary to Articles 7, 9, 10, 11, 21, and 50, and 89 of the Political Constitution. The constitutional infringement derives from the omission to require the submission of an EIA study and its corresponding approval by Setena, as a prerequisite for family-scale, small-scale, and medium-scale mariculture projects.

2.- By resolution at 12:00 hours on March 16, 2022, the President of the Chamber ordered the plaintiff to identify the challenged norms. In a brief filed on March 21, 2022, the plaintiff indicated that Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, and annexes of Decreto Ejecutivo N.42755, published on February 22, 2021, in Supplement N.38 to La Gaceta, are challenged.

3.- By resolution at 14:54 hours on August 23, 2022 March 2023, the President of the Chamber admitted the unconstitutionality action and granted a fifteen-day hearing to the Procuraduría General de la República and the Minister of Environment and Energy.

4.- The edicts referred to in Article 81 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional were published in Judicial Bulletins N°164, N°165, and N°166 of September 1, 2, and 5, 2022.

5.- In a brief filed on September 8, 2022, Magda Inés Rojas Chaves, in her capacity as Deputy Attorney General, answered the granted hearing and stated: Regarding standing. She considers that the plaintiff has standing to file the action, insofar as she alleges the defense of diffuse interests related to the right to a healthy and ecologically balanced environment. On the merits. She points out that the challenged Decree aims to establish the procedure by which the EIA of mariculture projects is carried out. To this end, it establishes four scales to classify the projects, depending on the species to be used, and thus, to determine the requirements and EIA instrument to which they must be subject: 1. Social-Family Aquaculture, 2. Small Scale, 3. Medium Scale, 4. Large Scale. According to Annex 1, projects classified in scale 1 will be evaluated through a registration; those located in scale 2, through an affidavit of environmental commitments; those of medium scale, through an environmental management plan forecast; and, large-scale projects will be evaluated through an EIA study. Furthermore, for each of these scales, the requirements to be met are specified. Indeed, the challenged Decreto Ejecutivo only requires the EIA study for large-scale projects and, for the other scales, establishes other assessment instruments. To determine whether the non-requirement of the EIA study for all mariculture scales is unconstitutional or not, it is necessary to recall that Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente (No. 7554 of October 4, 1995) provides that human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic, or hazardous materials will require an EIA by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, whose prior approval will be an indispensable requirement to initiate the activities, works, or projects; and that the laws and regulations will indicate which activities, works, or projects will require submitting to said assessment. The EIA is a general concept that refers to the technical-scientific administrative procedure carried out by SETENA to identify and predict what effects an activity, work, or project will have on the environment, quantifying and pondering them to lead to decision-making (Article 3, subsection 39) of the Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo No. 31849 of May 24, 2004). Carrying out an EIA for activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic, or hazardous materials constitutes not only a legal obligation but also a constitutional obligation. Indeed, the Constitutional Chamber has recognized that the obligation to carry out EIAs is one of the principles that serve as a parameter of constitutionality and that have been developed so that the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment set forth in Article 50 of the Political Constitution is not a mere formal postulate (citing vote no. 6322-2003 of 14 hours 14 minutes on July 3, 2003). Although in that precedent the Chamber directly refers to the EIA study, as will be discussed below, it can be understood that the obligation derived from constitutional Article 50 is to carry out EIAs for all those activities, works, or projects that may generate environmental effects. Therefore, there is no doubt that carrying out prior EIAs is part of the right to a healthy and ecologically balanced environment, and, therefore, failure to comply with that obligation harms that fundamental right. In addition to the foregoing, the EIA is a measure consistent with the preventive principle, also developed by constitutional jurisprudence, insofar as it allows the evaluation and determination of what negative effects an activity, work, or project will cause on the environment prior to its execution and allows the establishment of actions aimed at mitigating or compensating for those adverse effects, ensuring that the activity, work, or project is executed in a controlled manner, avoiding the generation of environmental damage. This obligation is also intimately linked to the fulfillment of the principle of objectivization of environmental protection, which “…translates into the need to accredit decisions in this matter with technical studies, both in relation to the actions of the Administration and to provisions of a general nature –legal and regulatory–, from which derives the requirement of «linkage to science and technique», an element that provides technical-scientific support to the decisions of the Administration in this matter, and by virtue of this, limits and conditions the discretion of the Administration in its actions –in the terms provided in Article 16 of the Ley General de la Administración Pública–. So that, in attention to the results derived from those technical studies –such as EIA studies–, an objective technical criterion is evidenced that denotes either the environmental viability of the project or the probability of evident damage to the environment, natural resources, or people's health, a circumstance that obliges the establishment of precautionary measures or the rejection of the proposed project, work, or activity. (Vote no. 2063-2007 of 14 hours 40 minutes on February 14, 2007. Bold added). Additionally, this obligation to environmentally assess activities, works, or projects finds support in Article 14 of the Convention on Biological Diversity (approved through Ley no. 7416 of June 30, 1994), insofar as it provides that each State party “shall introduce appropriate procedures requiring environmental impact assessment of its proposed projects that are likely to have significant adverse effects on biological diversity with a view to avoiding or minimizing such effects”; and in Principle 17 of the Rio Declaration on Environment and Development, which states that “Environmental impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority.” She emphasizes that neither Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente, nor the international instruments set forth above, require that an EIA study must be required for all activities, works, or projects that may generate alterations to the environment. What those provisions establish is a general obligation to carry out EIAs prior to the approval of those works or activities that may produce a significant negative impact on the environment. The aforementioned Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental provides that the EIA encompasses three phases: a) the Initial Environmental Assessment, b) the preparation of the EIA Study or other corresponding environmental assessment instruments, and c) the Environmental Control and Follow-up of the activity, work, or project through the established environmental commitments. (Article 3, subsection 39). According to that same Regulation, the EIA study is “a technical instrument of the EIA, the purpose of which is to analyze the proposed activity, work, or project, with respect to the environmental condition of the geographical space in which it is proposed, and, on this basis, to predict, identify, and assess the significant environmental impacts that certain actions may cause on that environment, and to define the set of environmental measures that allow their prevention, correction, mitigation, or, failing that, compensation, in order to achieve the most harmonious and balanced insertion possible between the proposed activity, work, or project and the environment in which it will be located”. (Article 3, subsection 36). Thus, the EIA study is only one of the technical instruments through which the EIA can be carried out. Therefore, the environmental assessment required by law, the cited international instruments, and constitutional jurisprudence can be carried out through an EIA study or some other technical instrument, depending on the potential environmental impact of the activity or work to be developed. Thus, the fact that a regulation does not contemplate, for a specific type of project or activity that may affect the environment, the EIA study as the instrument to be used does not imply its unconstitutionality, since that project or activity is not being excluded from the EIA procedure required by the Ley Orgánica del Ambiente. Note that the Ley Orgánica del Ambiente itself, in its Article 17, provides that the works, activities, or projects that must undergo an EIA are those determined by laws and regulations. In this regard, she cites vote 5994-2017 of 11:00 hours on April 26, 2017, from the Constitutional Chamber, according to which it is possible that there are activities, works, or projects that, because they do not alter the environment to a significant degree, should not be subject to an EIA, and this can be determined legally or by regulation. Now, in the case of activities, works, or projects that do significantly alter the environment and that, therefore, must undergo a prior EIA, the determination of which mechanism or technical instrument to use for that assessment is a technical competence conferred on the Secretaría Técnica Nacional Ambiental in Article 84, subsection f) of the Ley Orgánica del Ambiente, which states that this body is responsible for “developing guides for EIA activities, works, and projects, as well as managing their provision and dissemination.” In summary, under the Political Constitution, any activity, work, or project that significantly alters the environment must undergo an EIA; that assessment can be carried out by any of the technical instruments that the Secretaría Técnica Nacional Ambiental provides for such purpose, and the EIA study is one of those technical instruments. Therefore, it can be concluded that the fact that a regulation does not contemplate that the EIA of a specific activity, work, or project must be carried out through an EIA study, but rather establishes other technical assessment instruments, does not make it unconstitutional, since it is not failing to comply with the obligation to subject the potentially harmful activity, work, or project to an EIA (in this regard she cites vote 17397-2019 of 12:54 hours on September 11, 2019). The challenged Decree, which aims to establish the procedure by which the EIA of mariculture projects is carried out and to determine through which technical instruments that assessment will be carried out. And although for social-family aquaculture and small and medium-scale projects it does not foresee the use of the EIA study as an assessment instrument, it is not excluding those projects from the obligation to undergo a prior EIA. What happens is that this assessment is carried out through other technical tools. Therefore, the Procuraduría considers that the challenged regulation is not unconstitutional, since it is not excluding projects classified in those three particular categories from the prerequisite of undergoing an EIA. Thus, constitutional Article 50 and Article 21 are not violated, because, in addition, it is not determined how the challenged Decree harms human life and the physical integrity of persons. There is also no violation of Article 7 of the Political Constitution, because the challenged provisions are not contrary to the international conventions and instruments cited by the plaintiff, since, as stated, these do not impose the obligation that activities, works, or projects that may significantly affect the environment must be assessed through an EIA study. Furthermore, the Constitutional Chamber has recognized the power of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental and the Executive Branch, set forth in the Ley Orgánica del Ambiente, to establish, by regulation, which works, activities, or projects, according to their magnitude and potential impact, must undergo the EIA procedure, and, in addition, the corresponding technical assessment instrument. Therefore, the Executive Branch has not exceeded its regulatory power, and, consequently, there is no violation of Articles 11 and 140, subsections 3) and 18) of the Political Constitution. A separate discussion is whether, technically, the provisions in the challenged norms are correct or not, and whether with the classification and instruments established therein it is possible to carry out an adequate EIA of family and small and medium-scale mariculture projects. The classification of the projects and the determination of the assessment instruments set forth in the challenged Decree is a strictly technical decision, which could not be assessed by the Procuraduría in its capacity as legal advisor. And, in any case, in the unconstitutionality action, no arguments are made nor is reference made to documents or criteria tending to prove what the technical deficiencies of the challenged norm are. Regarding the plaintiff's statement that the norm does not establish a limitation on the number of permits authorizable through the established procedures, without prejudice to the considerations issued in this regard by the Ministry of Environment and Energy in its report, she indicates that the Decree's annexes establish production limits for each scale, according to each species group, and, in addition, set minimum distances that must be respected between cultivation areas. She requests that the action be declared without merit.

6.- By a resolution at 11:08 hours on September 27, 2022, the hearing granted to the Procuraduría General de la República was deemed answered. Likewise, the hearing granted to the Minister of Environment and Energy was deemed not answered, because there was no record in the Management System of any document filed to answer the hearing within the granted deadline, and the action was referred for study by the investigating magistrate.

7.- By brief filed in the Secretariat of the Chamber on October 5, 2022, FRANZ TATTENBACH CAPRA, Minister of Environment and Energy, answered the granted hearing, indicating that the report is issued in coordination with the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. In accordance with the provisions of Article 83 of the Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental was created as a body of maximum deconcentration of the Ministry of Environment and Energy, whose fundamental purpose shall be, among others, to harmonize environmental impact with productive processes. Likewise, Article 17 of said law, which regulates the EIA, provides: “Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic, or hazardous materials shall require an environmental impact assessment by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental created in this law. Its prior approval by this body shall be an indispensable requirement to initiate the activities, works, or projects. The laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects shall require the environmental impact assessment.” He cites Constitutional Chamber judgment No. 9927-2004 of 11 hours 1 minute on September 3, 2004, which states regarding environmental viability: “Environmental viability, for its part, represents the condition of harmonization or acceptable balance, from the point of view of environmental load, between the development and execution of an activity, work, or project and its potential environmental impacts, and the environment of the geographical space where it is intended to be implemented.”

From an administrative and legal standpoint, environmental viability corresponds to the act approving the environmental impact assessment process, whether in its Initial Environmental Assessment phase, or in the approval phase of the Environmental Impact Study or the Environmental Management Plan, depending on the activity in question and as warranted. (…) Thus, the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment obligates the State to take preventive measures to avoid its impairment; and among the main measures provided by the legislator in this regard are several technical instruments, notably the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental), as set forth in the cited article, with the condition of the project or work determining, in each case, its necessity.” (Constitutional Chamber, Voto No. 9927-2004 of 11:01 a.m. on September 3, 2004, underscoring not in the original). In accordance with Article 17 of the Environmental Organic Law (Ley Orgánica del Ambiente), any work, project, or activity that generates environmental impacts must be subjected to the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental, EIA) procedure from the entry into force of said regulatory body; it is precisely the nature of the Environmental Impact Assessment to predict the possible consequences that may be generated in the environment and to establish all those mitigation measures that must be implemented, which are directly proportional to the greater or lesser impact generated according to the nature and scope of the project, such that there is a categorization of Environmental Assessment instruments according to impact. Article 17 of the Environmental Organic Law further provides that laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects must be subjected to an environmental assessment. That is, the Executive Branch, in exercise of its regulatory power and developing the provisions of the aforementioned numeral 17 of the LOA, may establish which human activities, due to the relevance of the impact they cause on the environment, require an environmental assessment. Now, while all human activity alters the environment in some way, the protective function of the environmental norm comes into play when such alteration reaches a certain degree. Thus, the human activities that must be environmentally assessed are those that alter the environment to a significant enough degree that such assessment is necessary, and the law states that the activities to be environmentally assessed shall be determined by law or regulation. In the analyzed norm there is an indeterminate legal concept: human activities impacting the environment to the degree that their assessment becomes necessary. Such a legal concept requires, for its determination, a particularly important technical and scientific component. The Executive Branch, when regulating which human activities require a prior environmental assessment, is, within the scope of its powers, determining which are those human activities significantly impacting the environment. This is, obviously, a determination subject to jurisdictional control, but it is nonetheless a decision of the Administration. It should be noted, in any case, that this is a regulated decision because the determination of which are those activities significantly impacting the environment is not discretionary. In accordance with the foregoing, SETENA is the entity legally competent to establish, via regulation as permitted by Article 17 of the LOA and based on technical criteria, the Environmental Assessment processes and instruments, according to the type of activity, work, or project and according to its specialty; therefore, in the case at hand there is no excess of regulatory power, but rather it is acting in compliance with its competence, as well as with the provisions of Decreto Ejecutivo No. 31849, which is the general norm for creating instruments that take into account the protection of the environment; thus, the Secretariat, with the creation of Decreto 42755-MINAE, has not violated the aforementioned Constitutional articles. It adds that regulation 31849 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC is general in nature and covers terrestrial activities, such that in the absence in said regulations of a specific instrument for the activity of mariculture, a technical need arose to generate one specifically for that activity, so that for those cases the necessary technical studies would be established to guarantee the harmonization of development with the environment; thus, the regulation, far from violating Article 50 of the Constitution, ensures its punctual compliance for this activity. Therefore, the aforementioned decree does not enter into any contradiction with that norm. It indicates that the Environmental Impact Assessment is: “(…) An analysis procedure of the environmental characteristics of the activity, work, or project, with respect to its location, to determine the significance of the environmental impact. It involves the submission of an environmental document signed by the developer, with the character and scope of a sworn statement (declaración jurada). From its analysis, the granting of environmental viability (licencia) may result, or the conditioning thereof upon the presentation of other EIA instruments. According to Article 6 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures of Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, there is a general categorization of activities, works, or projects, according to their potential environmental impact (IAP), and there is a list that classifies them into three categories, namely: Category A: High Potential Environmental Impact. Category B: Moderate Potential Environmental Impact. This category is further subdivided into two subcategories, namely: Subcategory B1: Moderate – High Potential Environmental Impact, and Subcategory B2: Moderate – Low Potential Environmental Impact. Category C: Low Potential Environmental Impact. In accordance with the foregoing, according to the categorization, the following environmental instruments apply: 1. B2 Sworn Statement of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, DJCA). 2. B1 Prognosis - Environmental Management Plan (Pronóstico - Plan de Gestión Ambiental, P-PGA). 3. A Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA). Now, Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC in its Article 3 defines the different technical instruments of the Assessment, which are applied in the Environmental Impact Assessment, according to their categorization. 30.- Sworn Statement of Environmental Commitments (DJCA): A declaration made under oath and authenticated by a notary public, for private developers, and in the case of State Institutions, that which is issued by the head of the institution, without need for authentication, in which the developer of the activity, work, or project commits to fully and totally comply with the terms and conditions stipulated in the Prognosis - Environmental Management Plan, or those other guidelines emanating from the Environmental Impact Assessment process. 36. Environmental Impact Study (EsIA): It is a technical instrument of the environmental impact assessment, whose purpose is to analyze the proposed activity, work, or project, with respect to the environmental condition of the geographic space in which it is proposed and, on this basis, to predict, identify, and assess the significant environmental impacts that certain actions may cause on that environment and to define the set of environmental measures that allow their prevention, correction, mitigation, or failing that, compensation, in order to achieve the most harmonious and balanced integration possible between the proposed activity, work, or project and the environment in which it will be located. 60. Prognosis - Environmental Management Plan (P-GA): A technical instrument of the Environmental Impact Assessment and it is a document, with a pre-established format, which, in addition to making a general prognosis of the most relevant environmental aspects and impacts that the activity, work, or project to be developed will generate, includes: the environmental measures, their possible costs, timelines, and those responsible for implementation, aimed at preventing, mitigating, correcting, compensating, or restoring environmental impacts that would occur. In this regard, it cites the judgment of the Constitutional Chamber No. 2019020625, which refers to the phases of the Environmental Impact Assessment and the different environmental impact assessment instruments.

In the case of Decreto 42755-MINAE, the categorization applies according to what is established in the technical instruments, as explained by SETENA to the Constitutional Chamber via official communication SETENA-SG-0766-2022 dated September 9, 2022; according to the degree of impact on the environment, and it is entirely congruent with Decreto Ejecutivo No. 31849, such that not every Environmental Assessment process must be carried out through the EsIA Instrument, which is the one determined for activities with the highest potential environmental impact; upholding that thesis is disproportionate and lacks a technical basis to support it. Thus, it is understood that the technical instruments of the Environmental Assessment have been endorsed by the Constitutional Chamber and are established according to the greater or lesser impact; therefore, it is reiterated that not every activity, work, or project requires submitting an EsIA, which is the instrument for activities with the highest impact. Decreto Ejecutivo No. 42755 was enacted after the Secretaría Técnica Ambiental identified a legal vacuum and a lack of specific technical studies necessary to adequately evaluate activities developed and conceptualized at sea. The activity of mariculture requires, due to its particular characteristics, governance and spatial planning mechanisms that ensure participation, coordination, and sustainable development through specific technical Assessment instruments, which help ensure that the projects submitted are analyzed effectively and efficiently, ensuring sustainability in balance with development, since the utilization of marine resources must be carried out within the framework of a model that promotes benefits for coastal communities and the health of the ocean. The instruments created before the conceptualization of decree No. 42755 required the submission of studies aimed at determining the baseline of environmental elements inherent to terrestrial environments, these being technical fields such as geotechnics, geology, or archaeology—environmental elements irrelevant for determining environmental impacts at sea. Therefore, in order to process activities, works, or projects related to Mariculture, the necessary technical instrument for the preparation of Environmental Impact Assessment Instruments was established, along with its instructions for assessing environmental impacts and the reference forms for their preparation, under the protection of Article 84 of the Environmental Organic Law No. 7554, which establishes as one of the Functions of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental the preparation of guides for environmental impact assessment activities, works, and projects. During the drafting of the analyzed decree, there was a willingness to improve and implement the processes and recommendations generated by initiatives such as the "Descubre Maricultura" project led by COMEX, external sectors such as academia (UNA, UNED, INA), as well as the central government led by the Vice-Ministry of Waters and Seas, Casa Presidencial, SINAC, and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), generating the form called D5 as a tool that enables mariculture activities with specific environmentally sustainable studies, allowing for greater development of marine aquaculture as a productive alternative and economic multiplier for coastal zones. The decree containing the EIA guides for the Marine Aquaculture activity was designed under the principle of proportionality and reasonableness, requesting the necessary requirements from the user, based on the impact and magnitude of the project, which can be directly determined based on the area to be concessioned and the kg of annual production. This means that the determination of the category of a Mariculture project ceases to be subjective to the determination of an environmental consultant and becomes a definition based on technical support, also providing legal certainty to the regulated party regarding the category under which a given project will be developed. The Secretariat considers that the implementation and application of the General Guide for the Assessment of Environmental Impacts Generated by the Mariculture Activity and forms by category, contained in Decreto Ejecutivo No. 42755, provides specific tools to correctly determine and evaluate the possible environmental impacts generated by Mariculture activities, adhering to science and technique, the necessary requirements for the scale and magnitude of the project to be developed, thus complying with the principles of reasonableness and proportionality that govern public function. It considers that the decree does not threaten the integrity of the environment or the right to a healthy and ecologically balanced environment; on the contrary, it generates greater environmental protection because it requests the specific technical studies for this activity. It notes that the plaintiff questions the constitutionality of the decree because “(...) the fact that the articles regulating the respective request and requirements, in annexes one and two, do not include the environmental impact study and that, in general, no limitation is established on the number of permits authorizable through these procedures (...).” Regarding the number of permits that can be granted, it indicates that the Environmental Impact Assessment process is only one, for the different procedures that a mariculture activity must carry out in order to operate. Now, the technical entity in charge of the marine aquaculture issue is INCOPESCA, and the entity in charge of granting a marine concession for the use of this space is the Water Directorate (Dirección de Aguas) of MINAE; therefore, it will be these institutions that must ensure the number of permits and final concessions granted, based on the policies they define. Mariculture activities are developed in concessioned zones at sea, and only one project can be developed per concessioned area. The Environmental Impact Assessment process is responsible for establishing the baseline studies and the possible impacts of this activity, within the PA (concessioned area). Decreto Ejecutivo N°42755 establishes setback or distancing zones as buffer areas between mariculture projects, where any impact generated within the concessioned area that might mobilize outside the PA can be contained. These separation or buffer areas also serve to reduce or completely eliminate cumulative effects between Mariculture projects, with separation distances between projects of up to 4,000 m. In conclusion, the number of permits or concessions granted concerns the governing institutions in the technical field of marine aquaculture and of concessions. In the environmental field, as established in the norm, the impacts associated with the activity and possible cumulative impacts are considered conservatively. It requests that the unconstitutionality action be dismissed.

8.- On October 13, 2022, the plaintiff replied to the report rendered by the Procuraduría General de la República. It states that the D5 sets decision paths according to the scale of mariculture production, without considering other environmental factors, disrespecting the logic of the initial environmental assessment, as is accredited by the study conducted by Doctor Allan Astorga, which it attaches.

9.- By resolution at ten hours and forty-five minutes on January fifteen, two thousand twenty-four, the investigating magistrate granted a hearing to the Water Director of the Ministry of Environment and Energy, the Executive President of the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture (Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura), and the Director of the School of Biological Sciences of the National University.

10.- In a brief filed on January 25, 2024, Ángel Francisco Herrera Ulloa, Director of the School of Biological Sciences of the National University, responded to the granted hearing and stated:

“At UNA we work in association with many institutions to support a socially and economically depressed region of the country, with small projects at sea, equivalent on land to small coffee farms.

General context of aquaculture

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) estimates that, in order to meet the growing global demand for food, agriculture must increase its production by nearly 50%. This challenge not only implies the need to increase the quantity of production but, crucially, to improve efficiency and reduce environmental impacts. The fundamental premise is sustainable and competitive production, carrying out agricultural practices that are beneficial for both the environment and the economy[1]. In this context, it is inevitable that agricultural activities will continue to grow to guarantee food security and sovereignty in each country, and Costa Rica is no exception.

Marine aquaculture is an activity of the agricultural sector carried out in the seas. And it represents one of the most important activities for the development of the "Blue Growth," a strategy currently promoted by the United Nations Organization through the FAO, where marine aquaculture is considered a key element for achieving sustainable development, as its goals are rigorously aligned with the 2030 Agenda for Sustainable Development and its respective objectives (SDGs). https://www.fao.org/documents/card/ru/c/8801244b-8c61-469e-ab33-7774ae232285/.

Aquaculture is an activity aimed at cultivating and producing fish, shrimp, algae, mollusks, and other organisms in the aquatic environment, whose destination is generally human consumption [2]. It is an activity with similarities to production developed on land, such as, for example, cattle production; however, with far fewer negative effects on the environment. For example, in the cattle industry, millions of hectares of forest are cut down for grazing [3], thousands of liters of fresh water are consumed for the production of one kilogram of meat, and a high emission of methane into the atmosphere (greenhouse gas) is generated, which increases global warming, negatively affecting climate change, among other negative effects [4]. For this reason, this activity is increasingly promoted over other meat production activities for human consumption.

Marine aquaculture is erroneously related to extractive fishing, but the reality is that it differs significantly from the latter 2, since the organisms are not extracted from the environment for cultivation, with the consequent decrease in their natural populations. For aquaculture, reproduction techniques under controlled captive conditions are used to obtain the fish, shrimp, and other organisms, which are then taken to the farms at sea for their growth and subsequent commercialization2. In this context, aquaculture is even a successful tool for repopulating species that have been overexploited by the fishing industry or affected by human contamination[5].

Furthermore, it has been verified that marine aquaculture has important social, economic, and environmental benefits, such as: greater impact on food security and poverty mitigation; employment opportunities for rural communities; greater supply and availability of marine food products; improvement of nutrition and human well-being; greater inflow of foreign currency; and improved nutrient recycling when integrated aquaculture systems are used. All these factors must be taken into consideration and weighed for their importance in a balanced comparison of food production systems[6].

However, although this activity is less harmful to the environment compared to other livestock food production activities, it can also have negative environmental effects on the environment if not properly developed. Nonetheless, it is clear that the negative effects on the environment will strictly depend on the scale of production established.

In the agricultural sector, the use of 3 scales[7] is normal and practically universal: small, medium, and large scale. This differentiation is established with the principle of establishing norms, regulations, and even incentives depending on the intensity of production. Greater production leads to greater regulation in all areas, including the environmental field. With lower production intensity, regulations and requirements decrease because the effects of production on the environment diminish and can even become so low as to be considered non-significant in terms of environmental damage. This is the scope in which the small-scale or similar category is normally located.

On small-scale aquaculture and its development in Costa Rica

Generally speaking, small-scale aquaculture refers to the practice of cultivating and raising aquatic organisms, such as fish, mollusks, crustaceans, and aquatic plants, in smaller facilities, generally managed by local communities or small producers. The annual production exercised at this scale is very low, and no significant damage to the environment is foreseen. Due to these virtues, in Costa Rica, small-scale aquaculture is promoted by various State institutions such as IMAS, State Universities (UNA, UCR, UTN, UNED), INA, MINAE, INDER, INAMU, the Development Banking System, and INCOPESCA, which by law is the entity in charge of the promotion and regulation of the aquaculture subsector, created by Law No. 7 384 of March 29, 19947. The development of aquaculture is promoted due to its potential to generate sustainable development through job creation in marginalized zones, for example, the coastal zones of the country where the artisanal fishing sector has been affected by several factors that have led it to social conditions of poverty and exclusion [8].

Consequently, they are specifically directed at local associations and cooperatives in coastal zones made up of people with low economic resources and few possibilities for employment and developing new productive ideas, especially artisanal fishermen.

These projects can generate an economic impact for more than 15 families directly and 30 indirectly. In addition, they stimulate tourism and the market for supplies and related products in the community, so their social impacts are significant. Furthermore, they allow the transition of artisanal fishermen from an extractive activity like fishing to a very low-scale productive activity and therefore of very low environmental impact, a strategy in line with the country's sustainable environmental policies and fulfilling several of the Sustainable Development Goals (SDGs) of the 2030 Agenda: (Food and Agriculture Organization of the United Nations). (https://doi.org/10.4060/ca9229es), for example:

SDG 1. No poverty.

According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), aquaculture provides work for more than 20 million people worldwide and is one of the activities that can play a fundamental role in poverty reduction by generating direct and indirect employment sources and suppliers of products and services revolving around aquaculture.

SDG 2. Zero hunger.

Aquaculture represents one of the main sources of protein in many regions of the world. “The oceans will provide us with a large part of the nutritious food we need through the development of new forms of sustainable aquaculture; aquaculture represents the best way to help feed about 10 billion people over the coming years.” https://news.un.org/es/story/2020/11/1484232.

SDG 12. Sustainable production and consumption

Aquaculture is not free from its carbon footprint, as all productive sectors, including this activity, generate greenhouse gases through their processes of manufacturing, transformation, transportation, storage, and commercialization of their products. However, not all foods of animal origin have the same contribution of these types of gases, and aquaculture products have emissions slightly below those of poultry and much lower than those of the pork and beef sectors.

SDG 14. Life below water

Aquaculture, in addition to collaborating in the increase of populations living in waters, has the possibility of helping to conserve species that have been exposed to excessive exploitation by traditional fishing.

In addition, these projects also contribute to the country's food security and sovereignty, providing a food recognized for its nutritional quality, and helping to avoid dependence on seafood imported from other regions of the world, such as pangasius and tilapia from Asia.

Regarding the Current Legal Framework for Marine Aquaculture Projects in Costa Rica and its Relationship to the Case

The governing body of aquaculture in Costa Rica is INCOPESCA, and it is the executing authority of the Fisheries and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuacultura, Law N° 8436) approved by the LEGISLATIVE ASSEMBLY. SPECIFIC LAW FOR THE AQUACULTURE ACTIVITY. http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=54688&nValor3=95742

Therefore, INCOPESCA coordinates the aquaculture sector through the promotion and regulation of aquaculture. It is the entity in charge of granting authorizations for the cultivation of aquatic organisms in marine or continental waters. In this context, the Fisheries and Aquaculture Law N° 8436 in its Title III, Aquaculture, Chapters I, II, establishes the necessary guidelines for the compliance, control, and authorization of marine aquaculture projects.

Second: Article 83 of the Fisheries and Aquaculture Law establishes: To request the aquaculture authorization and the concession for the use of waters, interested parties must provide the respective aquaculture projects, along with an environmental impact assessment established by SETENA as appropriate.

Third: The Fisheries and Aquaculture Law establishes that the environmental impact assessment must be resolved and granted by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental SETENA.

Fourth: That the environmental viabilities for marine aquaculture projects are currently governed at SETENA by the General Guide for the Assessment of Environmental Impacts Generated by the Mariculture Activity and forms by category Nº 42755-MINAE.

In this case, it is relevant to indicate that this decree in question establishes a category lower than small-scale, called Social Familiar, created to be consistent with State policies for promoting small-scale aquaculture aimed especially at low-income people in coastal zones seeking employment. The following definition is extracted from the decree:

“It represents the cultivation of marine aquatic organisms carried out by a family nucleus solely for subsistence purposes, self-consumption, or for commercial purposes to generate their own employment, as well as the cultivation of marine aquatic organisms carried out by associations, cooperatives, or other organized groups supported and accompanied for at least the first two years by at least two State institutions, whose main objective is the generation of employment in the country's coastal marine zones. They are characterized as activities with low potential environmental impact, even if located in protected marine areas whose legal constitution allows this type of activity, according to the National System of Conservation Areas SINAC. These are considered registration projects (D5-SF).”

Production limits will depend on each species group as shown in table 1, and the requirements to opt for the environmental approval (aval ambiental) are in table 2."

This is the scale that is being challenged because it does not require a major environmental impact study (estudio mayor de impacto ambiental), and only a registration is made; however, it is evident that this scale, besides being smaller than a small scale, with very low production and therefore with non-significant potential environmental impacts, was defined based on the equity promulgated in the sustainable development concept, so that people with low economic resources can access it.

Additionally, it is important to note that the previous regulations governing this activity did not differentiate between production scales, making it practically impossible for small producers to obtain environmental viability (viabilidad ambiental), as they were subject to requirements similar to those for a large company.

This problem was evident and had been expressed years ago, as can be read in the report of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) on small-scale aquaculture and limited resources in Latin America and the Caribbean, where INCOPESCA officials expressed for Costa Rica that one of the most important limitations for aquaculture development was:

"the excessive paperwork to obtain permits for environmental viability (viabilidad ambiental), water concessions (concesiones de agua), and aquaculture authorizations. This has resulted in very few ventures currently having an official authorization to operate, because a good number of producers, especially small-scale ones, do not meet the necessary requirements to obtain it."

Therefore, it is evident that SETENA took measures to improve the ambiguous legislation and provide greater clarity by separating scales. As the scale increases, so do the requirements and environmental studies to be submitted, which clearly aligns with the logic of a regulation that is equitable to human beings and the environment.

Fifth: That the concession for marine water use (concesión de aprovechamiento del agua marina) will be granted by the Dirección de Aguas of the Ministerio de Ambiente y Energía MINAE. A legal act through which the MINAE grants natural and legal persons a limited right of sustainable use (aprovechamiento sostenible) over the waters for the development of aquaculture activities for the production and use of specific species, under the terms and conditions expressly established in said contract. (Ley de Pesca y Acuicultura, Ley N°8436 - article N° 101).

It will be the responsibility of the MINAE to regulate the form, manner, requirements, and applicable procedures for its respective granting. The criterion issued by the MINAE shall be binding on the parties and on INCOPESCA.

Within the concession area (Art. 86), the concessionaires may carry out all material works, investments, and installations, subject to prior evaluation and authorization by the competent bodies.

Sixth: In addition to the above, upon starting cultivation operations, the Certificado Veterinario de Operación CVO must be obtained: granted by the Servicio Nacional de Salud Animal SENASA. A certificate through which the authorization will be recorded, so that the establishment can engage in one or several of the activities listed in article 56 of the SENASA Law, Nº 8495. (Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación Veterinario de Operación Nº 34859-MAG).

Conclusions:

1. Marine aquaculture is a growing activity that responds to the needs of food security and sovereignty and the need for new sustainable productive alternatives that align with international policies and treaties related to sustainable development. Currently, sustainable marine aquaculture is key to the blue growth strategies promoted by the UN and FAO. Therefore, its development is in line with the treaties signed by Costa Rica for the protection of the marine environment.

2. Aquaculture, like any activity carried out by humans, can pollute; however, its potential contamination strictly depends on the intensity of production. In other words, it depends on the scale of production. In this context, it is understood that the small scale (pequeña escala), or in effect a lower scale such as that established in decree Nº 42755-MINAE, presents a non-significant potential impact on the environment, due to its low production, and on the contrary, could have a positive impact on the environment through the shift of artisanal fishers from an extractive activity to a productive one. In addition to other benefits, such as access to decent work protected by our political constitution.

3. The Universidad Nacional is one of many state institutions that have joined the promotion of small-scale marine aquaculture, or in effect, for Costa Rica, the Social Family scale (escala Social Familiar). Its role in this type of cultivation projects is specifically committed to providing scientific technical knowledge for production and cultivation, respecting the legal guidelines established to date for its development. In this case, UNA respects the environmental legislation established by the competent authorities.

4. The Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 of November 13, 1995, creates the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), as the maximum deconcentration body of the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), whose fundamental purpose shall be, among others, to harmonize the environmental impact with productive processes, as well as to analyze the environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental) and resolve them within the deadlines provided by the Ley General de la Administración Pública, and any other functions necessary to fulfill its purposes (articles 84 and 85 of the Ley Orgánica Ambiental). Therefore, SETENA is the entity responsible for establishing these types of regulations.

5. Sustainable development is the main axis of international treaties related to environmental protection, ratified at all Earth Summits and other related summits led by the United Nations. Sustainable Development implies the sustainable use of resources, not absolute protection."

11.- On January 31, 2023, the Judicial Technician and the Secretary of the Sala Constitucional certified that, after reviewing the Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales, the control of received documents, and this file, it does not appear that from January 16 to 29, 2024, the Director of Aguas of the Ministerio de Ambiente y Energía, filed any document or brief in response to the hearing granted in the resolution issued at 10:45 a.m. on January 15, 2024.

12.- Heiner Jorge Méndez Barrientos, Executive President with the rank of Minister of the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, responded to the granted hearing and stated, regarding the petitioner's standing (legitimación), that she justifies her standing on the basis that these are diffuse interests (intereses difusos). From that perspective and in light of the provisions of article 75 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, he indicated that he has no observations on the matter. Regarding the merits of the matter, he indicates as background that the Costa Rican State has already established regulations for the implementation of mariculture projects on our coasts, for which purpose there exists the executive decree MINAE N 031849 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, general regulation on the "Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)", as well as the "Guía general para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura" Decreto Ejecutivo No. 42755 and forms by category. Decree N°42755 is established as the "Guía General para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de maricultura y formularios por categoría," which aims to develop the environmental impact assessment procedure (procedimiento de evaluación de impacto ambiental) for mariculture projects, classifying them into scales, these being: Social-Family Aquaculture (Acuicultura Social-Familiar), Small Scale (Pequeña Escala), Medium Scale (Mediana Escala), Large Scale (Gran Escala). The petitioner seeks that the Court declare unconstitutional the omission of articles 1,2,3,4 and their annexes, contained in Decreto Ejecutivo N°42755 published on February 22, 2021, in scope N.38, to require environmental impact studies for the approval of smaller, specific mariculture projects. The petitioner justifies her claim by stating that the unconstitutionality of the regulation lies in regulating the request and requirements in Annexes 1 and 2 related to smaller mariculture projects, whose categories have been called Social-Family Aquaculture and Small Scale, since an environmental impact study is not required, and also, no limitation is established on the number of permits. He argues that the petitioner is not correct, because even though an environmental impact study is not required for these categories, being required only for large-scale projects, it is also true that other evaluation instruments are established to be able to grant project authorization. In Table 1 -Mariculture Categories-, the requirements for each mariculture category are listed. He adds that the level of environmental impact by category is established, ranging from low impact to moderate impact for the social-family and large categories respectively; it also indicates the forms to apply according to the type of production category to be developed -Table 2, Environmental impacts according to production category and associated forms-. On the other hand, SETENA has also established the area in hectares and production levels in kilograms per year, for each category and by species of cultivation interest such as shrimp, fish, and oysters-mussels -Table 3. Area established for production in hectares and production kg per year-. The presentation of instrument D5 is carried out by a professional with the status of environmental regent (regente ambiental) who will facilitate the process of filling out the information and managing before SETENA. Once the REGISTRO AMBIENTAL for the mariculture project is obtained from SETENA, a request must be made to the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Dirección de Aguas, for the concession (concesión) of seawater flow (caudal) (liters per second), to be used in the production of shrimp, fish, oysters, or mussels as appropriate. For the estimation of water flow, INCOPESCA established the required water flow for mariculture in the social-family category. Reference: Alvarado-Ruiz, C. (2022). Estimación del requerimiento de caudal L/seg para maricultura. El Bohío boletín electrónico. Vol. 12. No IO. 2939 p. INCOPESCA. Regarding the unlimited number of authorizations alleged by the petitioner, he indicates that in response to this, sites have been selected on the Pacific and Caribbean coasts for the development of these projects, and to that end, Incopesca is in the process of final review of the terms of reference to establish zoning for mariculture in Costa Rica, through the document "Términos de referencia para la contratación de una empresa o persona física para establecer la zonificación de la maricultura sostenible en la costa pacífica y caribe de Costa Rica (Programa de desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura en Costa Rica)." Furthermore, for Incopesca to authorize a mariculture project at any of its scales, the resolution from SETENA and the Dirección de Aguas must first be obtained, then a Biologist from the Dirección de Fomento of Incopesca carries out a field inspection to issue a viability recommendation from the aquaculture point of view, and only if this is positive, the highest authority will grant authorization. This demonstrates that applications go through filters from all involved institutions, and that in each one, they must meet the established requirements to carry out the project. It is important to establish that, contrary to what the petitioner suggests regarding the violation of human rights, life, and health, according to Incopesca's records, all mariculture projects approved or authorized after the entry into force of the challenged decree are on the Social-Family scale, led by women, addressing the principles of zero hunger, inclusion of women, gender equality, among others. See the reports Troell et al., 2023 through a review of scientific literature indicate that aquaculture contributes to the 17 SDGs among those highlighted. J World Aquac Soc.2023;54:251—342/@2023 Food and Agriculture Organization of the United Nations. Journal of the World Aquaculture Society published by Wiley Periodicals LLC on behalf of World Aquaculture Society. He concludes that, in his opinion, the challenged regulation not only has technical support, but was also subjected to the legality controls determined by the legal system, since it is not intended to cause a regulatory setback, given that the very dynamics of sustainable use (aprovechamiento sostenible) of natural resources makes this matter highly dynamic and changing, such that what is permitted today may be prohibited tomorrow, or vice versa, without this detracting from the fact that it is intended to cause harm to natural resources, for which precisely Incopesca, as an autonomous entity, must ensure compliance with the principle of legality and due process of all projects that are authorized, in addition to the fact that not all mariculture projects will generate alterations to the environment, as in the case at hand, without this meaning they are unregulated or that they do not have regulations adapted to their scale to comply with, for example the environmental commitments (compromisos ambientales), unlike those projects that could potentially generate considerable alterations to the environment, these, without exception, must have an environmental impact assessment prior to authorization. Acting differently would be to completely disregard the legal nature of Incopesca and the principles governing the sustainable use of fishery resources, which have been repeatedly recognized by the Sala Constitucional.

13.- In a brief filed on February 1st, 2023, José Miguel Zeledón Calderón, Director of Aguas of the Ministerio de Ambiente y Energía, responded to the granted hearing and stated, regarding the filed action, that the petitioner requests that the unconstitutionality of Decree 42755-MINAE be declared, because it omits requesting environmental impact studies for the approval of smaller, specific mariculture projects, and the lack of limitation on the number of permits authorizable through those procedures. In this regard, he indicates that the challenged decree is related to the ordinary work of the Secretaria Técnica Nacional Ambiental, and the different technical instruments it develops and applies to evaluate the possible impact of an activity on the environment, as stated in article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente, so regarding his competencies, he does not make a pronouncement. In relation to water concessions for mariculture projects, whose technical analysis and recommendation for the Minister is carried out by that Directorate, the following must be considered: when the applicant arrives at the Dirección de Aguas, it maintains a Registry of concessions granted, their duration, their location, granted flow, among others. So that there are no overlaps or that concessions exceed limits in a given area. As has been indicated on previous occasions to this same court, in the matter of requesting and resolving surface and groundwater concessions (concesiones de agua superficial y subterránea), there is a vast legal framework of regulation and protection, which by itself seeks to fulfill the environmental guarantees enshrined in the Constitución Política and the laws, which is achieved, moreover, thanks to the criterion issued by the expert within the Dirección de Aguas of the MINAE on the matter. For this reason, the environmental evaluation by SETENA does not guarantee the protection of the water resource and the environment, as is ensured by the procedure through which a water use concession is obtained. The above taking into consideration articles 17, 176, and 177 of the Ley de Aguas, through which the Minister of MINAE is the governing body of the water resource and the person responsible for authorizing its use concessions. The water concession procedure has been structured in such a way that it integrates not only criteria for protecting the resource, but also incorporates, in the technical recommendation that supports the resolutions granting or denying concessions, technical studies and the criterion of other institutions such as AyA and SENARA, among others, as appropriate. Thus, the Dirección de Aguas, upon receiving a water concession application, locates the cartographic point of intake to identify if it is located within any protected wildlife area (área silvestre protegida). The purpose of this is to give a hearing to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), which indicates if there is any particular objection from the perspective of environmental regulation and, consequently, issues a criterion for the concession resolution. Furthermore, the water concession application procedure involves a technical phase, in which the Directorate carries out a field evaluation where, among other factors, the hydrometric data collection of the requested source and the authorized uses (aprovechamientos) on that same source are analyzed. It must not be forgotten that the Dirección de Aguas has identified critical zones in terms of water availability, which merit more detailed and temporally extensive evaluations in order to obtain greater scientific certainty. Furthermore, technical aspects for calculating verification needs are analyzed, based on instruments such as the “Manual Técnico de Dotaciones del Departamento de Aguas”, published in La Gaceta Nº 204 of October 22, 2021. Furthermore, regarding the application of criteria for protecting the water resource, the Ley Orgánica del Ambiente establishes in its article 51, in relation to article 52, subsection b), the criteria that must be applied for the conservation and sustainable use of water, specifically, in the granting of concessions and permits to use any component of the water regime. The previous criteria are the following: a) Protect, conserve, and, as far as possible, recover aquatic ecosystems and the elements involved in the hydrological cycle; b) protect the ecosystems that allow for the regulation of the water regime; and c) maintain the balance of the water system, protecting each of the components of the hydrographic basins; such criteria are applied in the monitoring phase of concessions, as has happened in cases of source regulation. He adds that in the final phase of the water use concession procedure, the Dirección de Aguas recommends granting or denying the concession, based on available flow, technical studies, field evaluations, hearings with other institutions that have competence over the water resource, the real needs of the applicant, and the indicated Technical Manual. On the other hand, the MINAE, through the Dirección de Aguas, can apply the Code of Good Environmental Practices and the principle of environmental responsibility to require compliance with special requirements that the applicant for a water concession must meet, so that, environmentally, the water resource is being protected. He concludes by indicating that, according to the Manual de Procedimientos of SETENA and the challenged decree, the activities contained in the latter are not without evaluation by SETENA, but rather the instruments designed by it are based on technical assessments that, as an expert entity in the matter, it has determined.

14.- The hearing indicated in articles 10 and 85 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional is dispensed with, based on the power granted to the Court by numeral 9 ibidem, considering this resolution to be sufficiently grounded in clear principles and norms, as well as in the jurisprudence of this Tribunal.

15.- The legal requirements have been met in the proceedings.

Drafted by Magistrate Hess Herrera; and,

Considering:

I.- ON THE ADMISSIBILITY OF THE ACTION AND THE PETITIONER'S STANDING. The action of unconstitutionality is a process with certain formalities that must be satisfied so that the Court can hear the merits of the challenge. Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional contains the admissibility requirements for actions of unconstitutionality, and regulates three different situations. The first paragraph requires the existence of a pending matter to be resolved, either in the judicial venue—including hábeas corpus or amparo appeals—or in the administrative venue, only in the process of exhausting this route, in which the unconstitutionality of the challenged norm is invoked as a reasonable means to protect the right that is considered injured in the main matter. For its part, the second and third paragraphs regulate the direct action, one that does not require a base matter, in the following cases: a) when by the nature of the matter there is no individual and direct injury; b) when it concerns the defense of diffuse interests (intereses difusos), or those that concern the community as a whole; and, c) when the action is brought by the Procurador General de la República, the Contralor General de la República, the Fiscal General de la República, and the Defensor de los Habitantes in matters within their competence.

In the present case, the petitioner bases her standing on the defense of diffuse interests, as provided in the second paragraph of article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. In this regard, this Tribunal has indicated the following:

"(…) Secondly, the possibility of resorting in defense of 'diffuse interests' is foreseen; this concept, whose content has been gradually delineated by the Court, could be summarized in the terms used in this court's judgment number 3750-93, at three o'clock in the afternoon on July thirtieth, nineteen ninety-three)

'… Diffuse interests, although difficult to define and even more difficult to identify, cannot be in our law – as this Court has already stated – purely collective interests; nor so diffuse that their ownership is confused with that of the national community as a whole, nor so concrete that against them, determined or easily identifiable persons, or personalized groups, are identified, whose standing would derive, not from diffuse interests, but from corporate ones that concern a community as a whole. It is, then, about individual interests, but at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous groups of people who share an interest and, therefore, suffer actual or potential harm, more or less the same for all, so it is rightly said that they are equal interests of the groups that find themselves in certain circumstances and, at the same time, of each one of them. That is, diffuse interests partake of a dual nature, as they are both collective—being common to a generality—and individual, so they can be claimed in that character.'

In summary, diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of people not formally organized, but united based on a specific social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a specific personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is blurred, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. In these cases, of course, the challenge that a member of one of these sectors could bring, relying on paragraph 2 of article 75, must necessarily refer to provisions that affect them as such. This Court has enumerated various rights to which it has given the qualifier 'diffuse,' such as the environment, cultural heritage, the defense of the country's territorial integrity, and the proper management of public spending, among others. In this regard, two clarifications must be made: on one hand, the referred assets transcend the sphere traditionally recognized for diffuse interests, since they refer in principle to aspects that affect the national community and not particular groups thereof; environmental damage does not only affect the residents of a region or consumers of a product, but injures or seriously endangers the natural heritage of the entire country and even of Humanity; similarly, the defense of the proper management of public funds authorized in the Budget of the Republic is an interest of all inhabitants of Costa Rica, not just any particular group of them. On the other hand, the enumeration made by the Sala Constitucional is nothing more than a simple description inherent to its obligation—as a jurisdictional body—to limit itself to hearing the cases submitted to it, without it being possible in any way to understand that only those rights that the Court has expressly recognized as such can be considered diffuse rights; the foregoing would imply an undesirable shift in the scope of the Rule of Law, and its correlative 'State of rights,' which—as in the case of the Costa Rican model—starts from the premise that what must be express are the limits to freedoms, since these underlie the human condition itself and therefore do not require official recognition. Finally, when paragraph 2 of article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional speaks of interests 'that concern the community as a whole,' it refers to the legal assets explained in the preceding lines, that is, those whose ownership rests in the very holders of sovereignty, in each of the inhabitants of the Republic. Therefore, it is not a matter of any person being able to appeal to the Sala Constitucional in protection of any interests (actio popularis), but rather that every individual can act in defense of those assets that affect the entire national community, without it being valid in this field either to attempt any attempt at an exhaustive enumeration” (see judgment No. 2007-01145).

According to what has been indicated, the Court has admitted, within the standing assumptions for diffuse interests, the defense of the right to a healthy and ecologically balanced environment, derived from article 50 of the Constitution, in the form of its use and enjoyment by the entire current or potential population, which is precisely what is discussed with the challenge of Decreto Ejecutivo N°42755 “Guía general para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría” published on February 22, 2021, in scope N°38 to Gaceta N.36. Consequently, the petitioner holds sufficient standing to challenge the indicated decree. On the other hand, the objections of unconstitutionality raised indeed concern matters whose constitutionality can be reviewed through this channel. Finally, the requirements stipulated in numerals 78 and 79 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional have been met, so the action is admissible under the indicated terms.

II.- THE SUBJECT OF THE ACTION.- The petitioner files an action of unconstitutionality against articles 1,2,3,4,5,6 of Decreto Ejecutivo N.42755-MINAE and its annexes, that is, the entirety of the decree, which provides:

N.42755-MINAE

 “Guía general para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría\"

“Article 1º-Of the General Guide for the assessment of environmental impacts generated by Mariculture activity and forms by category. Apply the General Guide for the assessment of environmental impacts generated by Mariculture activity, specifically the Environmental Impact Studies (Estudios de Impacto Ambiental), the Environmental Management Plan Prognoses (Pronósticos de Planes de Gestión Ambiental), and the Sworn Declaration of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales), in accordance with the provisions of Annex 1 of this Regulation, and in order to implement matters relating to activities, works, or projects according to the classification of categories established in this Executive Decree. This guide is applied in its entirety for those activities, works, or projects that present Environmental Assessment Document 05.

Article 2°- Of the D5 forms for Environmental Impact Studies, for Environmental Management Plan Prognoses, Sworn Declaration of Environmental Commitments, and Social Family Registry. Annex 2 indicates the D5 forms by type of instrument, whether Environmental Impact Studies, for Environmental Management Plan Prognoses, Sworn Declaration of Environmental Commitments, and Social Family Registry.

(Corrected via Fe de Erratas and published in Alcance Digital N° 177 to La Gaceta N° 173 of September 8, 2021, which corrected the content of this numeral)

Article 3º-Of the instructions for the assessment of environmental impacts.

Apply the Instruction for the assessment of environmental impacts, as set forth in Annex 3 of this Regulation, in order to implement the guide for preparing Environmental Impact Studies and the Forecasts - Environmental Management Plans, Sworn Statements of Environmental Commitments, and Family Social Registry for the activities, works, or projects of Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEJC.

(Corrected via Errata and published in Alcance Digital N° 177 to La Gaceta N° 173 of September 8, 2021, which corrected the content of this section)

Article 4- Of the Procedure for defining the categorization for the Preparation of Environmental Impact Studies and Forecasts of Environmental Management Plans, Sworn Statements of Environmental Commitments, and Family Social Registry. Apply the Categorization Procedure for the Preparation of Environmental Impact Studies, Forecasts of Environmental Management Plans, Sworn Statements of Environmental Commitments, and Family Social Registry, as set forth in Annex 1, table 1 of this Regulation.

(Corrected via Errata and published in Alcance Digital N° 177 to La Gaceta N° 173 of September 8, 2021, which corrected the content of this section)

Article 5°.- Access to D5 forms. The D5 forms will be available to the user on the SETENA Digital Platform accessible at the following link: https://www.setena.ga.crles/Catalogold5"

(Corrected via Errata and published in Alcance Digital N° 177 to La Gaceta N° 173 of September 8, 2021, which corrected the content of this section).

Article 6º.- Of the validity. This Decreto Ejecutivo takes effect upon its publication in the Diario Oficial La Gaceta.”

ANNEXES

"General guide for the assessment of environmental impacts generated by Mariculture activity and forms by category"

General Information

1. The General Guide for the preparation of environmental impact assessment instruments (EIA Guide) is a basic reference orientation for the consulting team responsible for preparing the desired environmental impact assessment (EIA) instrument. This is because the characteristics of the geographical space and the project, work, or activity to be developed will determine the applicability of the EIA Guide's topics and the depth required for the environmental impact assessment instrument to be prepared. This same principle is also used by SETENA to evaluate EIA Instruments.

2. The consulting group preparing the environmental impact assessment instrument in question must designate a coordinating professional, who will be the one appearing first in the list of authors. The co-author professionals will be responsible for the thematic content of their specific discipline and the general assessment terms linked to said disciplines. The coordinator of the EIA Instrument will be primarily responsible for the thematic content on general aspects not attributable to a particular discipline.

3. Pursuant to the mandate of Ley Orgánica del Ambiente N°7554, the developer, the environmental consultants, and those who approved the EIA instrument are directly and jointly responsible for the environmental damage that may occur when developing the activity, work, or project. For this reason, the EIA instrument must harmonize the environmental impact with the productive processes.

4. The guide is directed at all those cultures carried out directly in the sea; it does not include continental coastal aquaculture such as shrimp farms in lagoons or seed production laboratories, as their characteristics differ significantly from marine farms. In this area, it is recommended in another process to analyze improvements in the processes for obtaining environmental viability (viabilidades ambientales) for shrimp farms and especially for seed production laboratories (fish, shrimp, mollusks, other emerging).

5. The approach applied to the proposed instruments should address mariculture from the context of sustainable development, considering its four basic pillars: society, economy, culture, and environment.

6. In Costa Rica, currently in the marine zone, for commercial purposes, the spotted snapper Lutjanus guttatus, the oyster Crassostrea gigas, the white shrimp Litopenaeus vannamei, and the mussel Mytel/a sp. are cultivated. Considering that cultivation technologies vary between species and awaiting greater diversification of the activity, it has been deemed appropriate that the scales be established according to each group of species (fish, bivalve mollusks, and marine shrimp).

7. It has been deemed necessary, for the purposes of requesting an environmental viability (viabilidad ambiental) from SETENA, to establish four scales based on the annual production of each species group and based on production ranges that allow economic profitability according to the characteristics and conditions of each project and cultivation site. Productions below the recommended range could limit the profitability and development of the activity, rendering smaller-range scales inoperative. Each scale suggests the spatial location in relation to protected wild areas as established in the Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC (Figure 1).”

"ANNEX 1

SCALES FOR MARICULTURE

The scales proposed for processing the environmental viability (viabilidad ambiental) are:

1. Social-Family Aquaculture

Represents cultures of marine aquatic organisms carried out by a family nucleus solely for subsistence purposes, self-consumption, or for commercial purposes to generate their own employment, as well as cultures of marine aquatic organisms carried out by associations, cooperatives, or other organized groups supported and accompanied during at least the first two years by at least two State institutions, whose main objective is the generation of employment in the country's marine-coastal zones. They are characterized as activities with low potential environmental impact even if located in protected marine areas whose legal constitution permits this type of activity, according to the Sistema Nacional de área de Conservación SINAC. These are Projects considered for registration (D5-SF). The production limits will depend on each species group as shown in table 1, and the requirements to opt for the environmental approval (aval ambiental) are in table 2.

2. Small Scale:

Cultures of marine aquatic organisms with a low production in kilograms per year. Considered projects of low potential environmental impact. Projects of this scale cannot be carried out within the boundaries of protected marine areas, unless the feasibility of this activity is established in the General Management Plans and permitted by their category according to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC; likewise, they must maintain a minimum distance of 100 meters from their floating infrastructure to the boundary of any protected wild area and may not affect the sustainability of coral reefs and/or seagrass beds and/or mangrove ecosystems, regardless of their location, inside or outside protected wild areas. These are Projects presented with a Sworn Statement of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales) (OS PE). The production limits on this scale will depend on each species group according to table 1, and the requirements to opt for the environmental approval (aval ambiental) are in table 3.

3. Medium Scale:

Cultures of marine aquatic organisms with a medium production in kilograms per year. Considered projects of Moderate Potential Environmental Impact. Projects of this scale cannot be carried out within the boundaries of protected marine areas according to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC and may not affect the sustainability of coral reefs and/or seagrass beds, and/or mangrove ecosystems, regardless of their location, inside or outside protected wild areas; likewise, they must maintain a minimum distance of 500 meters from their impact area limit on the seabed to the boundary of any protected wild area. They must be evaluated according to the requirements (05-ME). The production limits on this scale will depend on each species group in table 1, and the requirements to opt for the environmental approval (aval ambiental) are in table 4.

4. Large Scale:

Cultivation of marine aquatic organisms with a high production in kilograms per year. Considered projects of Moderate to a higher Potential Environmental Impact. Projects of this scale cannot be carried out in protected marine areas according to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC and may not affect the sustainability of coral reefs and/or seagrass beds and/or mangrove ecosystems, regardless of their location, inside or outside protected wild areas; likewise, they must maintain a minimum distance of 1000 meters from their impact area limit on the seabed to the boundary of any protected wild area. They must be evaluated by the requirements (OS-GE). The production limits on this scale will depend on each species group in table 1, and the requirements to opt for the environmental approval (aval ambiental) are in table 5.

Table 1. Mariculture cultivation scales according to type of marine organisms (Instruction for the assessment of environmental impacts) "

In the case of new invertebrate species not yet cultivated, such as non-bivalve mollusks, echinoderms, macroalgae, among other species, the same category as Bivalve mollusks will be used.

The production (Kg/year) is established for headless whole shrimp, gutted fish, and whole oysters with both shells.

Environmental viability (viabilidad ambiental) for integrated multi-trophic aquaculture (see definitions) will be permitted and encouraged for its environmental sustainability benefits across the different production scales (social/family, small, medium, and large scale). The category to be applied according to the type of organism (table 1) will depend on the species exceeding 60% of the production. For example, if 60% fish and 40% mollusks are cultivated, the marine fish category will be used.

The area for small, medium, and large-scale projects will be applied proportionally to the defined production. The project profile must clearly establish the maximum area to be used, and this must be consistent with the production and the project's comprehensive plan.

In the event that an area is requested that does not correspond to the technical description of the project, with the intention of encompassing more area than necessary, the viability (viabilidad) could be rejected or, accordingly, an approval (aval) would be granted for a smaller area consistent with the project's actual production and technology.

In the event that the production of a cultivation project increases production to reach the levels of the next scale, the project manager must submit the remaining requirements of the new scale.

For the granting of environmental viability (viabilidad ambiental), the distance between the boundaries of each cultivation area requested for concession must be respected, as set forth in the following table:

Table 2. Minimum distance in meters between the boundary of a cultivation area requested for concession between the same and the other scales"

Annex 2

FUNDAMENTAL ENVIRONMENTAL COMMITMENT CLAUSE: This environmental registry is granted on the understanding that the developer of the project, work, or activity will fully and completely comply with all regulations and technical, legal, and environmental standards in force in the country and to be executed in other authorities of the Costa Rican state. The developer's breach of this clause will not only make them liable for the sanctions implied by non-compliance with said regulation, but also, by constituting the same, part of the fundamental basis upon which the environmental registry is sustained, said registry will automatically be annulled with the technical, administrative, and legal consequences that this entails for the activity, work, or project and for its developer, particularly with respect to the scope of the application of Article 99 of the Ley Orgánica del Ambiente.

(...)

NON-TRANSFERABILITY CLAUSE (SIC): The undersigned undertakes not to make another request for approval (aval) for the same purposes while the project for which the viability (viabilidad) was requested is under development; they must also declare that they will not rent, sell, or transfer to third parties the concession with the environmental approval (aval ambiental) requested by this means.

(Corrected via Errata and published in Alcance Digital N° 177 to La Gaceta N° 173 of September 8, 2021, which corrected the content of this section)”

ANNEX 3

Requirements for each Mariculture scale according to the instrument The requirements contemplated in this Decreto Ejecutivo are unique and invariable by the parties for obtaining environmental viability approvals (viabilidades ambientales) in Mariculture according to each scale.

Table 7: SOCIAL/FAMILY (D5-SF}. Registry

Time for Assignment of Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) by SETENA: Not more than 10 business days,
according to the fulfillment and completion of the form in table 3.

Table 8: SMALL SCALE (D5-PE). Sworn Statement of Environmental Commitments (DJCA)

Time for Assignment of Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) by SETENA: Not more than 30 business days,
according to the fulfillment and completion of the form in table 4.

Table 9: MEDIUM SCALE (O5-ME) FORECAST - ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN (P-PGA) CONTENTS FOR FORECAST - ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN*
*In accordance with the provisions of the Terms of Reference of Decreto Ejecutivo Nº 32966-MINAE, of February 20, 2006

Time for Assignment of Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) by SETENA: Not more than 40 business days plus a reasonable correction period, according to the fulfillment and completion of the form in table 5.

In this same Annex and Table, under the title, eliminate the phrase: "In accordance with the provisions of the Terms of Reference of Decreto Ejecutivo Nº32966-MINAE, of February 20, 2006."

(Table 9) above was corrected via Errata and published in Alcance Digital N° 177 to La Gaceta N° 173 of September 8, 2021, which corrected the content of this section)

Table 10:, LARGE SCALE (DS-GE}. Environmental Impact Study (EslA)

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL

TERMS OF REFERENCE FORM FOR THE PREPARATION OF ENVIRONMENTAL IMPACT STUDY (EslA)

In accordance with the provisions of the Terms of Reference of Decreto Ejecutivo N ° 32966-MINAE, of February 20, 2006”

Time for Assignment of Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) by SETENA: Not more than 60 business days, according to the fulfillment of the requirements requested in table 6.

In this same Annex and Table, under the title, eliminate the phrase: "In accordance with the provisions of the Terms of Reference of Decreto Ejecutivo Nº32966-MINAE, of February 20, 2006.”

Note: Tables 7, 8, 9, and 10 of Annex 3 can be consulted at this link: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=93705&nValor3=124511&strTipM=TC

ANNEX 4

Guide for Environmental Indicators

Definition:

Environmental indicators are parameters that have the function of evaluating the current state of an environmental system (such as climate, a landscape, or an ecosystem), which, in turn, are difficult to measure or evaluate.

Environmental indicators help track progress in achieving environmental objectives (for example, the objectives of sustainable development; their use facilitates monitoring and decision-making)1 .

1Environmental Indicators Technical report prepared by the United Nations Environment Program - Regional Office for Latin America and the Caribbean. (UNEP/LAC-IGWG.XIV/lnf.11 of October 9, 2003.

The indicators must be measurable, verifiable, quantifiable, and/or qualitative and must contain a basic description.

For the Environmental Assessment that SETENA will supervise, it will focus on the review of compliance indicators, which have been classified into three types: l.

1. Type I: These are indicators that have available quantitative information and data, generated by constant monitoring. They correspond to a specific regulation.

2. Type II: These are indicators containing complete or partial quantitative data information, generated by constant monitoring, but additional or broader data or information is needed, as well as greater analysis and handling thereof, before a trend or status can be presented.

3. Type III: These are conceptual indicators for when sufficient data is not available; these may be descriptive, qualitative, and/or predictive.

Notes: a. For Type III indicators, the Environmental Management Plan (PGA) table must be updated during the environmental follow-up stage, when more detailed information is available at the design and EIA level to generate Type I indicators.

b. It must be considered that, when submitting the Oversight Reports (Informes de Regencia), all Type III indicators must be presented in terms of Type I indicators.
c. Registration and correction in logbook (PGA Table).

ANNEX 5

Glossary of definitions relevant to this decree

l. Definitions

1.1. Aquaculturist: Natural or legal person who is habitually dedicated to the production of flora and fauna organisms in aquatic environments, under controlled conditions. (Article N° 2 of the Ley de Pesca y Acuicultura)

1.2. Aquaculture: Commercial production in captivity of aquatic animals and plants under controlled conditions. Commercial aquaculture implies the individual or collective ownership of the cultivated organisms, as well as the processes of transportation, industrialization, and commercialization of those organisms. (Article N° 2 of the Ley de Pesca y Acuicultura)

1.3. Mariculture: Mariculture is a specialized branch of aquaculture involved in the cultivation of marine organisms for food products in naval cultivation structures located in the open sea, in an enclosed section of the ocean, a practice that differs from inland aquaculture, which uses ponds or channels filled with water from the intertidal zone.

1.4. Integrated multi-trophic aquaculture: It is a practice in which the by-products (waste) of some species are recycled to serve as inputs (fertilizers, food) for others. Aquaculture, in which feed is used (for example: fish, shrimp), combined with aquaculture of inorganic extractors (seaweeds) and with aquaculture of organic extractors (mollusks), with the purpose of creating a balanced system for environmental sustainability (biomitigation), economic stability (product diversification and risk reduction), and social acceptability (better management practices)

1.5. Concession: Legal act through which MINAE confers upon natural and legal persons a limited right of sustainable use over the waters for the development of aquaculture activities for the production and use of determined species, under the terms and conditions expressly established in said contract. (Article N° 101 of the Ley de Pesca y Acuicultura, Ley N° 8436)

1.6. Environmental Consultant: Natural person who is registered in the SETENA registry of consultants to provide technical advice to a developer of activities, works, or projects and who is responsible for preparing the EIAs submitted to SETENA, in accordance with the provisions of this regulation. (Article N° 3, DE N° 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC)

1.7. Sworn Statement of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, DJCA): Manifestation made under oath, granted in a public deed before a notary public, in which the developer of the activity, work, or project undertakes to fully and totally comply with the terms and conditions stipulated in the Forecast - Environmental Management Plan, or those other guidelines emanating from the Environmental Impact Assessment process. (Article N° 3, DE N° 31849-M/NAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC)

1.8. Developer: Is the natural or legal person, public or private, who is legally empowered to carry out the activity, work, or project and who acts as the proponent thereof before SETENA and has a direct interest in carrying it out. They are also the one who will assume the environmental commitments and will be directly responsible for their fulfillment. (Article N° 3, DE N° 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC)

1.9. Potential Environmental Impact (IAP): Positive or negative latent environmental effect that the execution of an activity, work, or project would cause on the environment. It can be pre-established, taking as a reference basis the environmental impact caused by the generality of similar activities, works, or projects that are already in operation. (Article N° 3 of DE N° 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC)

1.10. Permit: Special administrative act through which natural or legal persons, public or private, are authorized to exercise fishing and aquaculture activities for promotion, didactic, and research purposes, under the terms indicated in Article N° 2 of the Ley de Pesca y Acuicultura, Ley N°8436

(The previous subsection was corrected via Errata and published in Alcance Digital N° 177 to La Gaceta N° 173 of September 8, 2021, which corrected the content of this subsection)

1.11. Environmental Viability (License) (VLA): Represents the condition of harmonization or acceptable balance, from the point of view of environmental load, between the development and execution of an activity, work, or project and its potential environmental impacts, and the environment of the geographical space where it is desired to be implemented. From the administrative and legal point of view, it corresponds to the act in which the Environmental Impact Assessment process is approved, whether in its Initial Environmental Assessment phase, or Environmental Impact Study, or another EIA document. (Article N° 3 of DE N° 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC).”

The claimant argues that the exemption from the environmental impact study for the approval of minor and specific mariculture projects, and the fact that no limitation is established on the number of permits authorizable through these procedures, violates Articles 7, 11, 21, 33, 50, 89, 140 subsections 3 and 18 of the Constitución Política. Also, such omission is contrary to Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights, to Principle 1 of the DECLARATION OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON THE HUMAN ENVIRONMENT, adopted at the United Nations Conference on the Human Environment, June 16, 1972. It also alleges the violation of Principles 15 and 17 of the Rio Declaration, adopted at the United Nations Conference on Environment and Development.

III.- CLARIFICATION ON THE OBJECT OF THE ACTION. The President of the Chamber, by resolution at 12:00 hours on March 16, 2022, warned the claimant to identify the challenged norms and, in order to comply with the warning, submitted a brief on March 21, 2022, indicating that Articles 1, 2, 3, 4, 5, and 6 of Decreto N°42755-MINAE and its annexes are challenged. However, both in the filing brief and in the memorial of the indicated date, reference is made and transcribed only Articles 1 through 4 of the challenged Decreto, which are the ones related to the alleged grounds of unconstitutionality raised, as it argues that the omission to require environmental impact studies for the approval of minor and specific mariculture projects, as well as the absence of a limitation on the number of permits authorizable through these procedures, is unconstitutional. Hence, as ordered in the resolution that gave course to this action, the object of the process is limited to the unconstitutionality by omission of Articles 1, 2, 3, 4 of Decreto Ejecutivo N°42755-MINAE and its annexes.

IV. ON THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. With the reform of Article 50 of the Constitución Política through Ley número 7412, of June 3, 1994, the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment was expressly enshrined in the Fundamental Text, which had previously been recognized by this Tribunal as a fundamental right – in particular, see judgments number 2233-93, 3705-93, 6240-93, 5399-93, 1394-94, 4480-94, 5668-94– by deriving it from the provisions of Articles 21 (right to life), 69 (constitutional requirement for the "rational exploitation of the land"), and 89 (protection of natural beauties), all of the Constitución Política. However, in the constitutional norm, environmental protection is recognized in a double dimension: first, as a true fundamental right, recognizable to every person and, in that sense, individualizable (national, foreigner, of legal age or minor, incapacitated, natural or legal person), because its defense pertains to the community as a whole (not only nationals, but the entire global community); and second, as a true public power, which, as such, translates into concrete obligations for the State as a whole, thus conditioning political objectives, and consequently, the action of public powers in general, to fully comply with this fundamental right. Thus, a true obligation of the State to protect the environment is established, through mechanisms (formal and material actions, legal and regulatory provisions) that translate into effective protection of the environment and the natural resources that comprise it, with the purpose of improving the living environment of the human being, thereby overflowing the criteria of natural conservation to be situated within the entire sphere in which the person develops to facilitate their integral development – physical, psychic, mental –. The incidence that the right to a healthy and ecologically balanced environment has within State activity finds its first manifestation in that, by definition, rights are not limited to the private sphere of individuals but have transcendence in the very structure of the State, in its role as guarantor thereof, and, secondly, because State activity is directed towards the satisfaction of the interests of the community (see judgment number 2007-2063 at 14:40 hours on February 14, 2007).

Regarding the conceptualization of the “environment” that is the object of the fundamental right, this Tribunal indicated in judgment Nº2012013367 at 11:33 hours on September 21, 2012, that it is not the sum or juxtaposition of resources, but rather refers to interrelations and balances, to the idea of a system, indicating that ecology as a science teaches that nature must be conceived as a system. Nature consists of the relationships of organisms with the external world in the struggle for existence. In a specific place, a biocenosis (common life) or community of life occurs, involving a certain number of species and individuals that influence each other. What characterizes it is its level of integration, meaning it has its own form of regulation; any modification of one of its determining factors will cause modifications in the others; this can happen for natural reasons or due to human intervention. Thus, in the community, a certain order arises that brings a beneficial result for each species because it generates the maximum productivity and stability of the whole. Like any system, it is characterized not only by the interaction between its elements but also because it produces a global or general result relative to the entire system: its own existence, which is what we can call dynamic equilibrium, included within the concept of “equilibrium” that the Constitution requires. There is a connection between life and the environment to the extreme of constituting a single system. Life depends on the environment; therefore, care must be taken to ensure that the conditions guaranteeing life are maintained over time; for this, the Constitution requires that measures of any nature must be developed in a way that respects the natural laws that inform ecosystems, regardless of the development model adopted. In the same judgment, the Tribunal detailed the term environment:

“The Chamber has indicated that the environment must be understood as a development potential to be used appropriately, and action must be taken in an integrated manner in its natural, sociocultural, technological, and political order relationships, since, otherwise, its productivity for the present and future is degraded and the heritage of future generations could be put at risk.

The origins of environmental problems are complex and correspond to an articulation of natural and social processes within the framework of the socioeconomic development style adopted by the country. For example, environmental problems occur when the modalities of natural resource exploitation lead to a degradation of ecosystems beyond their capacity for regeneration, which results in broad sectors of the population being harmed and generates a high environmental and social cost that leads to a deterioration in the quality of life; since precisely the primary objective of the use and protection of the environment is to obtain development and evolution favorable to human beings. Environmental quality is a fundamental parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, employment, housing, education, etc., but more important than that is understanding that while human beings have the right to make use of the environment for their own development, they also have the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation, to this subject matter, of the principle of "lesión" (harm), already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: On one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself (...) “On the other hand, the goals of sustainable development have to do with the survival and well-being of human beings and with the maintenance of essential ecological processes, that is, of environmental quality and the survival of other species. Speaking of sustainable development in terms of satisfying present and future human needs and improving the quality of life is speaking of the demand for natural resources at the individual level and of the direct or support means necessary for the economy to function, generating employment and creating capital goods, which in turn make possible the transformation of resources into consumer, production, and export products. (Judgment of the Constitutional Chamber No. 601-2009).

Regarding the environment, the object of the fundamental right set forth, our Magna Carta further requires that it be “healthy” (sano). The requirement “healthy” leads us to “regenerative capacity” and “successional capacity” to guarantee life. From both requirements: “healthy and ecologically balanced” (sano y ecológicamente equilibrado), the need for sustainable and enduring development follows; quality of life and environmental quality depend on it. Now then, with the concepts of “environment,” “healthy” “ecologically balanced,” the constitutional norm introduced science and technique into environmental decisions, whether legislative or administrative, in such a way that, in the terms of articles 16 of the General Law of Public Administration and 38 of the Organic Law of the Environment, state actions in environmental matters must be based on and cannot contradict the unequivocal rules of science and technique in order to achieve the full and universal enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment and, furthermore, a “greater well-being for all the inhabitants of the country” (...) “(judgment number 2012-13367 of 11:33 hours on September 21, 2012).

 

Regarding the normative support for the right to a healthy and ecologically balanced environment, the following international treaties and instruments are detailed, as they are the most relevant to the case being analyzed:

- Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social, and Cultural Rights, “Protocol of San Salvador,” approved by Law No. 7907 of September 3, 1999, which states that “ 1. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services. 2. The States Parties shall promote the protection, preservation, and improvement of the environment”.

- The third paragraph of Article 3 of the United Nations Framework Convention on Climate Change (Law No. 7414 of June 13, 1994), indicates that States Parties must “take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects”.

- Article 8 of the Convention on Biological Diversity (Law No. 7416 of June 30, 1994), establishes as a duty of the State to manage resources “important for the conservation of biological diversity, whether within or outside protected areas, to ensure their conservation” (subsection c), and to promote “the protection of ecosystems and natural habitats and the maintenance of viable populations of species in natural surroundings” (subsection d). Likewise, Article 14 provides that each State Party “shall introduce appropriate procedures requiring environmental impact assessment of its proposed projects that are likely to have significant adverse effects on biological diversity with a view to avoiding or minimizing such effects”.

- Article 5 of the Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Law No. 5980 of November 16, 1976), obligates the adoption of adequate legal measures for the protection and conservation of the natural heritage (subsection d).

- The Convention for the Conservation of Biodiversity and Protection of Priority Wilderness Areas in Central America (Law No. 7433 of September 14, 1994), mentions the state obligation to take “all possible measures to ensure the conservation of biodiversity” (Article 10); among these, those “that contribute to conserving natural habitats and their populations of natural species” (Article 13, subsection c); and to prioritize the conservation of biodiversity in their development strategies (Article 14).

V. ENVIRONMENTAL CONSTITUTIONAL PRINCIPLES. The action of the State to guarantee effective environmental protection is conditioned by environmental constitutional principles, which help determine the content of the fundamental right of every person to a healthy and ecologically balanced environment (see judgment number 2007-2063 of 14:40 hours on February 14, 2007). Among the environmental constitutional principles developed by this Constitutional Chamber, we find the following:

1. On the protection of the environmental right by the State: This principle derives from what is indicated in constitutional article 50 by establishing the obligation of the State to guarantee, defend, and protect this right, with which the State becomes the guarantor of the protection and defense of the environment and natural resources (see judgment number 0644-99 of 11:24 hours on January 29, 1999, and reiterated in judgment number 2002-4947 of 09:24 hours on May 24, 2002).

2. Precautionary principle or principle of prudent avoidance: This concept, developed in resolutions number 2806-98, 2003-06322, 2004-1923, and 2005-12039, among others, of this Court, is based on Article 15 of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, which alludes to the necessary action and effect of preventing in advance possible damage to the constituent elements of the environment; thereby, it advocates for the implementation of actions tending towards the due protection, conservation, and adequate management of resources, that is, the adoption of all technical or operational measures to avoid, prevent, or contain the possible impact on the environment or the health of people. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage – or an objective doubt in this regard – a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed; since subsequent coercion proves ineffective in this area, given that, in most cases, the biological effects are irreversible, where repression may have moral significance, but will hardly compensate for the damage caused to the environment. Likewise, the precautionary principle applies when there is no scientific certainty about the risks or environmental impact of a measure, the available studies or information generate doubts about the risks or their possible negative impact. For its part, the principle of prevention or preventive principle applies in those cases where there is scientific evidence that the measure will cause environmental damage. In this second case, the available information may be sufficient or insufficient, but with what exists, a degree of certainty is reached about the negative impacts that the measure will cause on the environment. The difference between one and the other lies in the existence or not of scientific certainty about the possible risks or injuries to the environment (see judgment number 2012-13367 of 11:33 hours on September 21, 2012).

In summary, this principle, based on Article 50 of the Political Constitution and Article 15 of the Rio Convention, already mentioned, obligates the Administration to adopt the necessary measures to give full protection to the environment and avoid damage that is irreversible.

3. Principles of progressivity and non-regression of environmental protection. The former has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is contained in Articles 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and Article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social, and Cultural Rights. Under these norms, the State assumes the obligation to progressively increase, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights, giving special consideration to those, which like the right to the environment (Art. 11 of the Protocol), require multiple positive actions by the State for their protection and full enjoyment by all their holders. Likewise, from the principle of progressivity of human rights and the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, contained in article 34 of the Magna Carta, derives the principle of non-regressivity or irreversibility of the benefits or protection achieved. This principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obligated not to adopt measures, policies, or approve legal norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the situation of the rights achieved until then. This principle does not imply absolute irreversibility because all States experience national situations, of an economic, political, social nature, or due to natural causes, that negatively impact the achievements made until then and force a downward reconsideration of the new level of protection. In such cases, Constitutional Law and the principles under examination require justifying, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, the reduction of protection levels (see judgment number 2012-13367 of 11:33 hours on September 21, 2012). Thus, we find a relationship between the principle of reasonableness as a parameter of constitutionality and the right to the environment, since, as this Court has indicated in judgment number 7294-1998, “the principle of reasonableness, in relation to the fundamental right to the environment, requires that the norms that are issued regarding this matter be duly grounded in serious technical studies, even if there were no other legal regulation that expressly established it so”.

In synthesis, in accordance with these principles, the State is prohibited from taking measures that diminish the protection of fundamental rights, in this case, the right to a healthy and ecologically balanced environment.

4.- Principles of the objectification of environmental protection or the principle of linkage to science and technique. This principle, as this Court indicated in judgment number 14293-2005 of 14:52 hours on October 29, 2005, translates into the need to substantiate decision-making in this matter with technical studies, both in relation to the actions of the Administration and to provisions of a general nature – legal and regulatory – from which derives the requirement of "linkage to science and technique" (vinculación a la ciencia y a la técnica), an element that provides technical-scientific support to the Administration's decisions in this area, and, by such virtue, limits and conditions the discretion of the Administration in its actions – in the terms provided in Article 16 of the General Law of Public Administration. So that, in attention to the results derived from those technical studies – such as environmental impact studies – an objective technical criterion is evidenced that denotes the environmental viability (viabilidad ambiental) of the project or the probability of evident damage to the environment, natural resources, or the health of people, a circumstance that obligates the establishment of precautionary measures or the rejection of the proposed project, work, or activity; and in case of a "reasonable doubt" it is obligatory to make decisions in favor of the environment (pro-natura principle).

5. Principle of rational use of natural resources. This axiom demands that there be the necessary balance between the country's development and the right to the environment and with constitutional article 69, from which derives the principle of rational exploitation of the land, imposing on both individuals and the State the obligation to protect and preserve renewable natural resources (see judgment number 2012-12716 of 16:01 on September 12, 2012). Thus, based on this principle, this Court – in its various resolutions – has established the constitutional parameters for their adequate use; and by virtue of which it is clear that environmental protection must be directed towards the adequate and intelligent utilization of its elements and in their natural, sociocultural, technological, and political order relationships (sustainable development), in order thereby to safeguard the heritage to which present and future generations have a right. Therefore, the primary objective of the use and protection of the environment is that through the production and use of technology, not only economic gains (freedom of enterprise) are obtained but above all a favorable development and evolution of the environment and natural resources with human beings, that is, without causing damage or harm” (see judgment number 6322-2003 of 14:14 hours on July 3, 2003).

Likewise, in this principle we also find a relationship with the principle of reasonableness as a parameter of constitutionality and the right to the environment, since the requirement of the rational use of natural resources is directly linked to a constitutionality parameter of conduct – administrative and of individuals – and of the regulations governing the matter, such as reasonableness – according to the development of the jurisprudence of this Constitutional Court, for example see judgment number 2410-2007 of 10:15 hours on February 21, 2007 – insofar as its purpose is to tend towards the sustainability of the use of natural resources and the elements that make up the environment, through their “adequate use”.

VI.- ON THE RECTORSHIP OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY, AS WELL AS THE NECESSARY COORDINATION OF DIFFERENT INSTITUTIONS IN ENVIRONMENTAL MATTERS.- Regarding the rectorship of the Ministry of Environment and Energy in environmental matters, this Court, in judgment number 2004-8928 of 16:37 hours on August 18, 2004, indicated that the central State is the entity primarily entrusted with the defense of the environment, which is reaffirmed in the Organic Law of the Environment, number 7554 of October 4, 1996, which delegates to the Ministry of Environment and Energy a good part of the competences in this matter, without discharging other public entities from their responsibilities in this field. The Ministry of Environment and Energy also has the authority to administer national wildlife refuges and wetlands, which derives further from Articles 82 and 84 of the Wildlife Conservation Law, 32 of the Organic Law of the Environment, 13 of the Forest Law, and 58 of the Biodiversity Law (see judgment number 2004-8928 of 16:37 hours on August 18, 2004).

Notwithstanding the above, the State, in a broad sense, is the guarantor of the protection and defense of the environment and natural resources, therefore the other State institutions also have responsibility in this matter. In this regard, this Constitutional Chamber has expressed the need for coordination among public agencies that seeks to guarantee environmental protection. Thus, it mentioned that:

“On various occasions, constitutional jurisprudence has indicated that environmental protection is a task that corresponds to all equally, that is, that there is an obligation for the State – as a whole – to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, excessive or inadequate use of natural resources, that endanger the health of the administered. In this task, by public institution, must be understood to include both the Central Administration – Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health, which by reason of subject matter, have broad participation and responsibility regarding the conservation and preservation of the environment; which act, most of the time, through their specialized agencies in the matter, such as, for example, the General Directorate of Wildlife, the Forestry Directorate, and the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA); as well as decentralized institutions, in the case of the National Institute of Housing and Urbanism, the SENARA, the Costa Rican Tourism Institute or the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers; a task in which of course municipalities have great responsibility, regarding their territorial jurisdiction. It is for this reason, that one might think that this multiple responsibility would provoke chaos in administrative management, which is not true, because in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships between the various agencies of the Executive Branch and decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to be able to carry out the functions that have been entrusted to them (...)” (see judgment number 2009-000139 of 08:53 hours on January 13, 2009).

In synthesis, although the Ministry of Environment and Energy holds a good part of the competences in this matter, in its capacity as rector in environmental matters and, therefore, responsible for issuing environmental protection, management, and sustainable use policies for natural resources; it is also true that there is a need to coordinate among the different public agencies that guarantee environmental protection. (see judgment number 8713-2008 of 09:06 hours on March 23, 2006).

VII.- ON THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT. Now then, the obligation of the State to guarantee, defend, and protect the right to the environment, established in article 50 of the Political Constitution, as already indicated, is also imposed by international instruments, which establish concrete obligations that must be respected. In environmental matters, the duty of prevention that must exist in this area has been defined; the Rio Declaration, adopted at the United Nations Conference on Environment and Development, provides in this regard that:

"Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.

Principle 17.- Environmental impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority.”

Prevention aims to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or the health of people. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage – or a doubt in this regard – a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. The foregoing is due to the fact that in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the damage has occurred, the biological and socially harmful consequences may be irreparable; repression may have moral significance, but it will hardly compensate for the damage caused to the environment. Thus, the obligation is established to carry out a prior environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) of “any activity that is likely to have a significant adverse impact on the environment.” This obligation is developed in national environmental regulations, specifically in Article 17 of the Organic Law of the Environment, which provides:

“Article 17.- Environmental impact assessment. Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous waste or materials shall require an environmental impact assessment by the National Environmental Technical Secretariat created in this law. Its prior approval, by this agency, shall be an indispensable requirement to initiate the activities, works, or projects. The laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects shall require the environmental impact assessment.”

In congruence with the above, constitutional jurisprudence has held that the prior environmental impact assessment forms part of the right to the environment. Such an administrative procedure allows for identifying and predicting from a technical-scientific point of view the effects that an activity may cause on the environment. The requirement of prior technical studies responds to the principle of subjecting decisions related to the environment to criteria of science and technique, in order to protect the ecological balance of the system and the healthiness of the environment. Furthermore, the requirement of technical studies is not a mere formality, but rather a material requirement, that is, materially it must be demonstrated, through a scientific and individualized analysis, the degree of impact of the corresponding measure on the environment, propose recommendations aimed at mitigating the negative impact on it, and demonstrate how such a measure implies development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs (see judgment number 2012-13367 of 11:33 hours on September 21, 2012).

As this Chamber indicated in judgment No. 2022025307 of 13:40 hours on October 25, 2022, the Organic Law of the Environment, No. 7554 of October 4, 1995, in development of Article 50 of the Political Constitution and as a means of safeguarding or ensuring the precautionary principle, the preventive principle, and that of objectification of the right to the environment, establishes the technical competence for the scientific assessment of the environmental impact of the various human behaviors and projects. It is in this sense that said legislation confers that specialized competence to a technical body called the National Environmental Technical Secretariat, as an organ of maximum deconcentration of the Ministry of Environment and Energy. Consistent with that purpose, it is assigned the fundamental purpose of harmonizing environmental impact with productive processes (Article 83). For this, the law confers on it the authority to analyze environmental impact assessments and resolve them within the deadlines provided by the General Law of Public Administration and to recommend the necessary actions to minimize the impact on the environment, as well as those technically appropriate to recover it. For its part, Article 7 of the Biodiversity Law, Law No. 7788, defines the Environmental Impact Assessment as a scientific-technical procedure that allows identifying and predicting which effects a specific action or project will exert on the environment, quantifying and weighing them to lead to decision-making. It includes the specific effects, their global evaluation, the alternatives of greatest environmental benefit, a program for the control and minimization of negative effects, a monitoring program, a recovery program, as well as the guarantee of environmental compliance. It is Article 17 of the Organic Law of the Environment, the norm that assigns to SETENA the competence to carry out the environmental impact assessment of human activities that alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous waste or materials and provides that prior approval, by this agency, shall be an indispensable requirement to initiate the activities, works, or projects. It also establishes that the laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects shall require the environmental impact assessment. Article 18 prescribes that the approval of environmental impact assessments must be processed before the National Environmental Technical Secretariat in accordance with the guidelines prepared by it, and article 19 indicates that the resolutions of the National Environmental Technical Secretariat must be grounded and reasoned, establishing their obligatory nature for both individuals and public entities and bodies.

Now then, for the environmental impact assessment, a competence assigned by the legislator to SETENA, it will be the condition of the project or work that will determine, in each case, the technical instrument necessary for the evaluation of said impact, the environmental impact study being one of them, but not the only possible one. In this regard, this Chamber indicated:

"d-The environmental impact study as an instrument of protection. The norms aimed at protecting the environment must have a technical basis, because their application must be based on the conditions under which the use and exploitation of natural resources must be subjected. This is so because, as environmental damage and contamination are evaluable, the impact of these elements requires scientific analysis and treatment. For this reason, the need for an impact assessment on the environment which, as determined by the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures, consists of a scientific-technical administrative procedure that allows identifying and predicting which effects an activity, work, or project will exert on the environment, quantifying and weighing them to lead to decision-making. In accordance with the cited Regulation, which is decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC published on June 28, 2004, and which reformed executive decree No. 25705-MINAE, the environmental impact assessment covers three phases: a) an initial environmental assessment, which consists of a procedure for analyzing the environmental characteristics of the activity, work, or project, with respect to its location to determine the relevance of the impact, from this prior analysis, a potential environmental viability (which is temporary) may even be granted or its conditioning to the submission of other instruments for assessing said impact; b) the preparation of the environmental impact study or other evaluation instruments as appropriate. The environmental impact study is a document of a technical nature or order, of an interdisciplinary nature, that constitutes an instrument for environmental analysis, which the developer of an activity, work, or project must submit prior to its execution and that is intended to predict, identify, assess, and correct the environmental impacts that certain actions may cause on the environment and to define the environmental viability (license) of the project, work, or activity subject to the study; and c) the control and follow-up of the activity, work, or project through the established environmental commitments. Environmental viability, for its part, represents the condition of harmonization or acceptable balance, from the point of view of environmental load, between the development and execution of an activity, work, or project and its potential environmental impacts, and the environment of the geographical space where it is desired to be implemented.

From an administrative and legal standpoint, environmental viability (viabilidad ambiental) corresponds to the act by which the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) process is approved, whether in its Initial Environmental Evaluation (Evaluación Ambiental Inicial) phase, or in the approval phase of the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) or the Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental), depending on the activity in question and as required. Pursuant to Article 17 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), number 7554, of September eighteenth, nineteen ninety-five, activities requiring an environmental impact study approved by SETENA are those human activities that alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous material waste. Its prior approval by this agency shall be an indispensable requirement to initiate the activities, works, or projects. Thus, the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment obligates the State to take preventive measures to avoid its impairment; and among the main measures established by the legislator in this regard are several technical instruments, among which the Environmental Impact Study stands out, as stipulated in the cited article, with the condition of the project or work determining its necessity in each case… The legislator entrusted the "Secretaría Técnica Nacional Ambiental" with the evaluations, to be conducted by "a multidisciplinary team of professionals, registered and authorized by the Secretariat… in accordance with the guidelines prepared by it…” (judgment No. 2004-9927, emphasis added; see also judgments 1220-2002, of 14:48 hours on February 6, 2002; 2005-05544 of 15:38 hours on May 10, 2005; and 2008-15315 of 14:59 hours on October 10, 2008)

 

More recently, in judgment No. 2019020625 of 9:30 hours on October 29, 2019, the Chamber indicated regarding the requirement for an environmental impact study:

"(…) The environmental impact study is a document of a technical nature or order, of an interdisciplinary character, which constitutes an instrument for environmental analysis that must be submitted by the developer of an activity, work, or project prior to its execution and is intended to predict, identify, assess, and correct the environmental impacts that certain actions may cause on the environment and to define the environmental viability (license) of the project, work, or activity under study; and c) the control and monitoring of the activity, work, or project through the established environmental commitments. However, in accordance with the nature and effects that an activity may produce, the administration may also evaluate said impact through the Environmental Management Plan, which is also an instrument of the Environmental Impact Assessment and is a document containing the set of alternatives, modifications, and measures intended to prevent, mitigate, correct, compensate for, or restore the risks or environmental impacts of the project, work, or activity. Once these instruments have been used, where applicable, it is SETENA that determines the environmental viability of a project. This viability represents the condition of acceptable harmonization or balance, from the point of view of environmental load, between the development and execution of an activity, work, or project and its potential environmental impacts, and the environment of the geographical space where it is intended to be implemented. From an administrative and legal standpoint, environmental viability corresponds to the act by which the environmental impact assessment process is approved, whether in its Initial Environmental Evaluation phase, or in the approval phase of the Environmental Impact Study or the Environmental Management Plan, depending on the activity in question and as required."

 

In the same vein, judgment No. 2022025307 of 13:40 hours on October 25, 2022, alludes to the fact that, the greater the intensity of the impact on the environment, more detailed the preventive analysis will be:

"Taking into account that projects requiring environmental evaluation, depending on their magnitude and the degree of impact on environmental elements, according to the different categories established in applicable laws and regulations, and which could even require an environmental impact study under the terms of Article 17 of the Organic Environmental Law, if the activities to be carried out alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, the required analysis will be more detailed according to the intensity of the impact. Therefore, in the Chamber's opinion, a provision that generalizes a period of 60 calendar days for all projects to resolve environmental viability through the corresponding technical instrument, without addressing the noted differences, is contrary to numeral 50 of the Political Constitution." (bold text is added)

 

In summary, carrying out an environmental impact assessment for activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, constitutes not only a legal obligation but also a constitutional obligation. Furthermore, the environmental impact assessment must be conducted using the corresponding technical instrument, depending on the degree of environmental impact, one of which, but not the only one, is the environmental impact study.

VIII.- ON AQUACULTURE IN GENERAL AND SMALL-SCALE AQUACULTURE. Aquaculture, as indicated by the Director of the School of Biological Sciences of the Universidad Nacional, must be analyzed in the context of one of the challenges facing humanity: the growing global demand for food. The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) estimates that, in order to meet the growing global demand for food, agriculture must increase its production by nearly 50%. To achieve this, it is necessary not only to increase production but to do so more efficiently and, crucially, reduce the environmental impacts of the activity. The fundamental premise is sustainable and competitive production, implementing agricultural practices that are beneficial both for the environment and the economy. In this context, it is inevitable that agricultural activities will continue to grow to guarantee food security and sovereignty in each country, and Costa Rica is no exception.

 Marine aquaculture is an activity within the agricultural sector conducted in the seas, aimed at cultivating and producing fish, shrimp, algae, mollusks, and other organisms in the aquatic environment, generally destined for human consumption. Marine aquaculture differs significantly from extractive fishing, as the organisms are not extracted from the environment for cultivation, with the consequent reduction of their natural populations. For marine aquaculture, reproduction techniques under controlled captivity conditions are used to obtain the fish, shrimp, and other organisms, which are then taken to farms in the sea for growth and subsequent commercialization. This is why aquaculture is a successful tool for the repopulation of species that have been overexploited by the fishing industry or affected by human pollution. Furthermore, it has been verified that the activity generates significant social, economic, and environmental benefits, such as: greater impact on food security and poverty mitigation; employment opportunities for rural communities; greater supply and availability of marine food products; improved nutrition and human well-being; increased foreign exchange earnings; and improved nutrient recycling when integrated aquaculture systems are used. However, while this activity is less harmful to the environment compared to other livestock food production activities, it can also have negative effects if not properly developed. The negative impact on the environment will strictly depend on the scale of production undertaken. For the purpose of classifying agricultural production, the use of three scales is normal and practically universal in the agricultural sector: small, medium, and large scale; this differentiation is established based on the principle of setting rules, regulations, and even incentives according to the intensity of production. The greater the production, the greater the regulation in all areas, including the environmental one. The lower the production intensity, the fewer the regulations and requirements because the effects of production on the environment decrease, and may even become so low as to be considered non-significant in terms of environmental damage.

Due to these characteristics, marine aquaculture is one of the most important activities for the development of the "Blue Growth" initiative, a strategy currently promoted by the United Nations Organization through the FAO, as it is considered a key element to achieve sustainable development (FAO. (2017). «El futuro de la alimentación y la agricultura tendencias y desafíos». Available at: http://www.fao.org/3/a-i6881s.pdf), since its goals are aligned with the 2030 Agenda for Sustainable Development and its respective Objectives (SDGs) 

Regarding small-scale aquaculture and its development in Costa Rica. Small-scale aquaculture refers to the practice of cultivating and raising aquatic organisms, such as fish, mollusks, crustaceans, and aquatic plants, in smaller facilities, generally managed by local communities or small producers. According to the report by the Director of the UNA School of Biological Sciences, the annual production carried out at this scale is very low, and significant damage to the environment is not anticipated. This is why small-scale aquaculture is promoted by various State institutions such as IMAS, State universities (UNA, UCR, UTN, UNED), INA, MINAE, INDER, INAMU, the Development Banking System, and INCOPESCA, the entity responsible for promoting and regulating the aquaculture sub-sector. The development of aquaculture is fostered due to its potential to generate sustainable development through job creation in marginalized areas, for example, the country's coastal zones where the artisanal fishing sector has been affected by several factors that have led it to social conditions of poverty and exclusion. Such efforts are specifically directed at local associations and cooperatives in coastal zones formed by people with low economic resources and few opportunities for employment or for developing new productive ideas, especially artisanal fishers. The provided report adds that small-scale aquaculture projects can generate a direct economic impact on more than 15 families and indirectly on 30. Furthermore, they allow the transition of artisanal fishers from an extractive activity like fishing to a very low-scale, and therefore very low environmental impact, productive activity, making it a strategy consistent with the country's sustainable environmental policies, which fulfills several of the Sustainable Development Goals (SDGs) of the 2030 Agenda: (Food and Agriculture Organization of the United Nations). (https://doi.org/10.4060/ca9229es), and cites as an example:

"SDG 1. End of poverty

According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), aquaculture provides work for more than 20 million people worldwide and is one of the activities that can play a fundamental role in reducing poverty by generating direct and indirect employment for suppliers of products and services revolving around aquaculture.

SDG 2. Zero hunger

Aquaculture represents one of the main sources of protein in many regions of the world. "The oceans will provide us with a large part of the nutritious food we need through the development of new forms of sustainable aquaculture; aquaculture represents the best way to help feed some 10 billion people in the coming years." https://news.un.org/es/story/2020/11/1484232.

SDG 12. Sustainable production and consumption

Aquaculture is not exempt from the carbon footprint, as all productive sectors, including this activity, generate greenhouse gases through their manufacturing, transformation, transport, storage, and commercialization processes of their products. However, not all foods of animal origin contribute equally to this type of gas, and aquaculture products have emissions slightly below poultry and much lower than the pig and cattle sectors.

SDG 14. Life below water

Aquaculture, besides collaborating in the increase of populations living in waters, has the potential to help conserve species that have been exposed to excessive exploitation by traditional fishing.

Furthermore, these projects also contribute to the country's food security and sovereignty, providing a food recognized for its nutritional quality, and help avoid dependency on imported seafood from other regions of the world, such as pangasius and tilapia from Asia."

IX.- ON THE LEGAL REGULATION OF AQUACULTURE IN COSTA RICA. The Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) is the governing entity for aquaculture in Costa Rica, and is responsible for its promotion, coordination, and regulation, in accordance with the provisions of Title III of the Fishing and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura) No. 8436, of March 1, 2005. As stipulated in Article 80, the State shall promote the diversification of fishing effort by strengthening the development of aquaculture activity and granting it the special incentives and benefits provided in this or other laws providing incentives for non-traditional activities. Those who carry out this activity, which consists, according to Article 81, of the cultivation and production of aquatic organisms, whether flora or fauna, through the use of methods and techniques for their controlled development, encompassing their complete or partial biological cycle, in natural or artificial water environments, both in marine and continental waters, must obtain authorization from INCOPESCA for the cultivation of aquatic organisms in marine or continental waters, in addition to having a concession for the use and exploitation of waters granted by the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía) (Article 82). Likewise, the law establishes as a prerequisite for applying for the aquaculture authorization and the water use concession, interested parties must submit the aquaculture projects with an environmental impact assessment established by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), whose opinion shall be binding (Article 83). When responding to the hearing granted in this action, INCOPESCA's executive president specified that although an environmental impact study is not required for these categories, being required only for large-scale projects, the truth is that other evaluation instruments are established to be able to grant project authorization. Table 1 -Mariculture Categories- lists the requirements for each mariculture category. He adds that the level of environmental impact according to category is established, ranging from low impact to moderate impact for the social-family and large categories respectively, and also indicates the forms to be applied according to the type of production category to be developed -Table 2, Environmental impacts according to production category and associated forms-. Furthermore, SETENA also has established the area in hectares and production levels in kilograms per year, for each category and by species of cultivation interest such as shrimp, fish, and oysters-mussels -Table 3. Area established for production in hectares and production kg year-. The submission of the D5 instrument is carried out by a professional with the status of environmental regent (regente ambiental) who will facilitate the process of filling out the information and managing it before SETENA. Once the ENVIRONMENTAL REGISTRY (REGISTRO AMBIENTAL) for the mariculture project has been obtained from SETENA, the concession application for seawater flow (liters per second) must be requested from the Ministry of Environment and Energy (MINAE), Water Directorate (Dirección de Aguas), for use in the production of shrimp, fish, oysters, or mussels, as applicable. For the estimation of water flow, INCOPESCA established the water flow required for mariculture in the social-family category. Reference: Alvarado-Ruiz, C. (2022). Estimación del requerimiento de caudal L/seg para maricultura. El Bohío boletín electrónico. Vol. 12. No IO. 2939 p. INCOPESCA. Regarding the unlimited number of authorizations alleged by the plaintiff, he indicates that in response to this, sites on the Pacific and Caribbean coasts have been selected for the development of these projects, and to this end, Incopesca is in the process of final review of the terms of reference to establish zoning for mariculture in Costa Rica, through the document "Terms of Reference for the contracting of a company or individual to establish zoning for sustainable mariculture on the Pacific and Caribbean coast of Costa Rica (Program for the sustainable development of fishing and aquaculture in Costa Rica)." Furthermore, for Incopesca to authorize a mariculture project at any of its scales, it must first have the resolution from SETENA and the Water Directorate, then a Biologist from Incopesca's Development Directorate conducts a field inspection to issue a viability recommendation from the aquaculture point of view, and only if this is positive will the highest authority grant the authorization. This demonstrates that applications pass through filters of all the institutions involved, and that in each one they must meet established requirements to carry out the project. It is important to note that contrary to what the plaintiff argues regarding the violation of human rights, life, and health, according to Incopesca's records, all mariculture projects approved or authorized after the challenged Decree came into effect are on the Social-Family scale, being led by women, in accordance with the principles of zero hunger, women's inclusion, gender equity, among others. See reports Troell et al., 2023 through a review of scientific literature indicating that aquaculture contributes to the 17 SDGs, among which are highlighted. J World Aquac Soc.2023;54:251—342/@2023 Food and Agriculture Organization of the United Nations. Journal of the World Aquaculture Society published by Wiley Periodicals LLC on behalf of World Aquaculture Society. He concludes that, in his opinion, the challenged regulation not only has technical input but was also subjected to the legality controls determined by the legal system, as it is not intended to cause a regulatory setback, given that the very dynamics of the sustainable use of natural resources make this subject very active and changing, such that what is permitted today may be prohibited tomorrow or vice versa, without this detracting from the intention to prevent harm to natural resources. For this very purpose, Incopesca, as an autonomous entity, must ensure compliance with the principle of legality and due process for all projects that are authorized. Additionally, not all mariculture projects will generate alterations to the environment, as in the case at hand, without this meaning they are unregulated or lack regulations adapted to their scale to comply with, such as environmental commitments, unlike those projects that could eventually generate considerable alterations to the environment; these must, without exception, have an environmental impact assessment prior to authorization.

X.- ON EXECUTIVE DECREE No. 42755-MINAE OF FEBRUARY 22, 2021. Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 42755-MINAE, "General guide for the assessment of environmental impacts generated by Mariculture activity and forms by category", establishes the procedure through which the environmental impact assessment is carried out for mariculture projects, also called marine aquaculture. According to Article 2 of the Fishing and Aquaculture Law, No. 8436 of March 1, 2005, aquaculture activity is the cultivation and production of aquatic organisms, whether flora or fauna, through the use of methods and techniques for their controlled development; it encompasses their complete or partial biological cycle, in natural or controlled water environments, in both marine and continental waters. However, the object of regulation of Executive Decree No. 42755-MINAE, challenged here, is mariculture or marine aquaculture. According to section 1.3 of Annex 5 of the Decree under analysis, "mariculture is a specialized branch of aquaculture involved in the cultivation of marine organisms for food products in naval cultivation structures located in the open sea, in an enclosed section of the ocean, a practice that differs from inland Aquaculture, which uses ponds or channels filled with water from the intertidal zone.".

The regulation includes the necessary technical instrument for the preparation of Environmental Impact Assessment Instruments (Instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental), as well as its instructions for the assessment of environmental impacts and the reference forms for their preparation. The guide provides a specific instrument for the type of activity to be carried out at sea, under technical criteria established by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, in accordance with the provisions of Article 84, subsection f) of the Organic Environmental Law, which establishes the obligation and competence of SETENA to create the guides on Environmental Impact Assessment Instruments it deems necessary by type of activity. The recitals (considerandos) of the challenged decree indicate that the use of marine resources must be carried out within the framework of a model that promotes benefits for coastal communities and the health of the ocean. Regarding the context of mariculture in Costa Rica, it emphasizes that the best prospects are in the marine area with the cultivation of fish and mollusks such as snappers, croakers, oysters, mussels, although the cultivation of shrimp in cages and other invertebrates such as sea cucumbers are gaining greater interest for their development, which generates prospects for technical development and job creation for coastal zones presenting high unemployment rates. The recital section adds that the issuance of the guide responds to the need to fulfill obligations assumed by the Costa Rican State, derived from the approval of the Ramsar Convention, under which the parties commit to the protection of coastal and marine wetlands, to ensure their conservation and rational use. In this sense, it is indicated that Costa Rica assumes the mandate of Resolution XIII.20 on promoting the conservation and rational use of intertidal wetlands and ecologically related habitats, and therefore must ensure that activities, works, or projects related to mariculture are developed in a way that does not breach the provisions of the Convention, of which Costa Rica has been a part since its ratification by Law No. 7224 of April 9, 1991.

 In order to implement the processing of activities, works, or projects related to mariculture, it establishes the necessary technical instrument for the preparation of Environmental Impact Assessment Instruments, the instruction for the assessment of environmental impacts, and the reference forms for their preparation. Regarding the technical context of the proposal, it defines different scales of marine aquaculture aimed at obtaining the environmental viability granted by SETENA, according to the production (Kg) of each group of species and the area to be conceded. It defines the categories of potential environmental impact for each scale and the specific requirements according to each category and scale. Given that in Costa Rica, currently in the marine zone, for commercial purposes, the spotted snapper -Lutjanus guttatus-, the oyster -Crassostrea gigas-, the white shrimp Litopenaeus vannamei, and the mussel Mytel/a sp.- are cultivated, the scales are established according to each group of species (fish, bivalve mollusks, and marine shrimp).

XI.- ON THE ALLEGED UNCONSTITUTIONALITY OF EXECUTIVE DECREE No. 42755 MINAE. The plaintiff alleges that the exemption from the environmental impact study for the approval of minor and specific mariculture projects, and the lack of limitation on the number of permits authorized through these procedures, violates Articles 7, 11, 21, 33, 50, 89, 140 subsections 3 and 18 of the Political Constitution, Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights, and Principles 15 and 17 of the Rio Declaration, adopted at the United Nations Conference on Environment and Development. 

A.- On the alleged unconstitutionality of Executive Decree No. 42755 for exempting Social-Family, Small-Scale, and Medium-Scale mariculture projects from the requirement of an environmental impact study.

The "General guide for the assessment of environmental impacts generated by Mariculture activity and forms by category" Executive Decree No. 42755-MINAE, outlines four classification scales for projects undertaking this activity, based on the area to be conceded and the annual production volume, depending on the species to be cultivated. The scale of the project determines not only the requirements to be submitted but also the environmental impact assessment instrument to which it must adhere. The scales described in Anexo 1 are:

1. Social-Family Aquaculture: Represents the cultivation of marine aquatic organisms carried out by a family unit solely for subsistence, self-consumption, or for commercial purposes to generate their own employment, as well as cultivation of marine aquatic organisms carried out by associations, cooperatives, or other organized groups supported and accompanied during at least the first two years by at least two State institutions, whose main objective is job creation in the country's marine-coastal zones. They are characterized as activities with low potential environmental impact, even if located in protected marine areas whose legal constitution allows this type of activity, according to the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC).

2. Small Scale: This involves cultivation of marine aquatic organisms with low production in kilograms per year. Considered low potential environmental impact projects. Projects at this scale cannot be carried out within the boundaries of protected marine areas, unless the viability of this activity is established in the General Management Plans (Planes Generales de Manejo) and permitted by their category according to the National System of Conservation Areas SINAC. Likewise, they must maintain a minimum distance of 100 meters from their floating infrastructure to the boundary of any protected wilderness area and may not affect the sustainability of coral reefs and/or seagrass beds and/or mangrove ecosystems, regardless of their location, inside or outside protected wilderness areas.

3. Medium Scale: This category includes the cultivation of marine aquatic organisms with medium production in kilograms per year. Considered Moderate Potential Environmental Impact projects. Projects at this scale cannot be carried out within the boundaries of protected marine areas according to the National System of Conservation Areas SINAC and may not affect the sustainability of coral reefs and/or seagrass beds and/or mangrove ecosystems, regardless of their location, inside or outside protected wilderness areas. Likewise, they must maintain a minimum distance of 500 meters from their impact area boundary on the seabed to the boundary of any protected wilderness area.

4. Large Scale: Represents the cultivation of marine aquatic organisms with high production in kilograms per year. Considered projects with Moderate to higher Potential Environmental Impact. Projects at this scale cannot be carried out in protected marine areas according to the National System of Conservation Areas SINAC and may not affect the sustainability of coral reefs and/or seagrass beds and/or mangrove ecosystems, regardless of their location, inside or outside protected wilderness areas. Likewise, they must maintain a minimum distance of 1000 meters from their impact area boundary on the seabed to the boundary of any protected wilderness area.

Regarding the environmental assessment instrument applicable to each of the described scales, Anexo 1 of the challenged Decree establishes that projects classified under scale 1. Social-Family shall be evaluated through an environmental registry (registro ambiental); those falling under scale 2.

Small Scale, by means of a sworn statement of environmental commitments (declaración jurada de compromisos ambientales); Medium Scale, through an environmental management plan forecast (pronóstico plan de gestión ambiental); and, Large Scale projects shall be evaluated by means of an environmental impact study (estudio de impacto ambiental).

Having analyzed the foregoing, it is concluded first that the challenged regulations establish an Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) for all scales and that it shall be carried out, in each specific case, by means of the technical instrument corresponding to each of those scales, for which the greater or lesser potential impact that the projects so classified may cause on the elements of the environment is determinative. It is also observed that, to establish such classification scales for mariculture projects, the challenged regulations resort to objective technical criteria, such as the area to be granted in concession and the annual production volume in kg, depending on the type of species to be cultivated.

Now, regarding the ground of unconstitutionality alleged by the petitioner, it is clear that, indeed, Decree No. 42755 only requires the technical assessment instrument called "environmental impact study (estudio de impacto ambiental)" for large-scale mariculture projects, while for medium-scale projects it determines that the "Environmental Management Plan Forecast (Pronóstico Plan de Gestión Ambiental)" is applicable; for small-scale projects, the "Sworn Statement of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales)" is applicable, while for projects classified as Social-Family Aquaculture, the "Environmental Registry (Registro Ambiental)" is applied. However, in the opinion of this Chamber, the claim is not admissible.

The challenged Decree is not unconstitutional by omission for not requiring an environmental impact study (estudio de impacto ambiental) to evaluate the environmental impact of social-family, small, and medium-scale mariculture projects, for the reasons set forth below.

First, although the precedents of this Chamber cited by the petitioner to support its claim of unconstitutionality do indeed make direct reference to the environmental impact study (estudio de impacto ambiental), the technical instrument of environmental assessment, defined in Article 3.36 of the "General Regulations on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)), Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC," now repealed by Article 101 of the "Regulations for Environmental Assessment, Control, and Monitoring (Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental)," Executive Decree No. 43898 of December 21, 2022, effective since August 20, 2023. However, a comprehensive reading of the rulings shows that they refer to the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental), a more general concept, defined in Article 3.39 of the aforementioned Regulations as the administrative scientific-technical procedure that allows identifying and predicting what effects an activity, work, or project will have on the environment, quantifying and weighing them to lead to decision-making, which "generally encompasses three phases: a) an initial environmental assessment (evaluación ambiental inicial), which consists of a procedure for analyzing the environmental characteristics of the activity, work, or project, with respect to its location to determine the relevance of the impact; from this prior analysis, even a potential environmental viability (which is temporary) can be granted, or the conditioning thereof to the presentation of other assessment instruments for said impact; b) the preparation of the environmental impact study (estudio de impacto ambiental) or other assessment instruments as applicable." (emphasis added). It is therefore clear that the constitutional obligation to carry out an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) for any activity, work, or project that significantly alters the environment can be fulfilled by means of one of the technical instruments that the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) provides for this purpose, as applicable. However, it does not follow from the invoked constitutional norms or from the international instruments cited by the petitioner that the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) must in all cases be carried out by means of the technical instrument called "environmental impact study (estudio de impacto ambiental)," as alleged.

Furthermore, the development and preparation of Instructions and Guides for Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) is one of the functions that the Organic Environmental Law No. 7554 assigns to the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) (Article 84, subsection f)), and in accordance with that attribution, the executive branch, in the challenged decree, establishes the guide for Environmental Impact Assessment (EIA) for the Marine Aquaculture activity, establishing scales based on the impact and magnitude of the project, based on objective parameters which are: the area to be granted in concession and the kilograms of annual production, according to the species.

In the opinion of this Court, the provisions under analysis, which establish the environmental assessment instruments applicable to mariculture, are consistent with the principle that the regulations applicable to a productive project depend on the intensity of production, where greater production means greater regulation in all areas, including the environmental one. Thus, the lower the production intensity, the fewer the requirements for carrying out the productive activity, since the negative effects of the productive activity on the environment decrease, and may even be so low as to be considered non-significant in terms of environmental damage.

In the case of the Social Family Aquaculture Scale, the regulation not only establishes the maximum limit of the concessioned area, and the maximum annual production volume per species, corresponding to this special category of small-scale mariculture, which correspond to activities with low potential environmental impact, but also includes conditions and requirements for the individuals or groups that carry out this productive activity: a) that the cultivation of marine aquatic organisms is carried out by a family nucleus, solely for subsistence purposes, self-consumption, or for commercial purposes to generate their own employment; b) the cultivation of marine aquatic organisms is carried out by associations, cooperatives, or other organized groups, which receive support and technical assistance for at least the first two years, from at least two State institutions, whose main objective is the generation of employment in the country's marine-coastal zones.

According to the report of the Director of the School of Biological Sciences of the UNA, small-scale aquaculture is promoted by various State institutions—IMAS, state universities (UNA, UCR, UTN, UNED), INA, MINAE, INDER, INAMU, the Development Banking System (Sistema de Banca para el Desarrollo) and INCOPESCA, the entity responsible for the promotion and management of the aquaculture subsector. The development of aquaculture is promoted due to its potential to generate sustainable development through the creation of employment in marginalized zones, for example, the country's coastal zones where the artisanal fishing sector has been affected by various factors that have led it to social conditions of poverty and exclusion. Such efforts are specifically directed at local associations and cooperatives in coastal zones made up of people with low economic resources and few possibilities for employment and for developing new productive ideas, especially artisanal fishers.

The promotion of aquaculture in this small-scale modality, in the opinion of this Chamber, not only has support in the provisions of Article 80 of the Fisheries and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura), according to which "the State shall promote the diversification of the fishing effort, strengthening the development of aquaculture activity and granting it the special incentives and benefits provided for in this or other laws of incentives for non-traditional activities (…)," but also harmonizes with the first paragraph of Section 50 of the Political Constitution, insofar as it establishes that "The State shall procure the greatest well-being for all the inhabitants of the country, stimulating and organizing production and the most adequate distribution of wealth," since state institutions intervene by providing specialized technical advice and accompaniment to a highly vulnerable sector of the population, so that they may develop a productive activity that guarantees their sustenance and also the means to improve their living conditions, overcoming the situation of poverty and unemployment in which a large part of the inhabitants of the coastal zones in Costa Rica find themselves. At the same time, this accompaniment ensures that the groups carrying out the productive activity in this special small-scale modality have access to the knowledge necessary to execute it appropriately with the least possible impact on the environment, thus fulfilling the duty of guardianship imposed on the State by Section 50 of the Political Constitution.

Moreover, the regulations add, in the General Information section of the annexes, that the Guide is a basic reference orientation for the consulting team responsible for preparing the Environmental Impact Assessment (EIA) instrument (Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)), "since it will be the characteristics of the geographical space and of the project, work, or activity to be developed that determine the applicability of the Environmental Impact Assessment (EIA) Guide (Guía de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)) and the depth required for the environmental impact assessment instrument (instrumento de evaluación de impacto ambiental) to be prepared. This same principle is also used by SETENA to evaluate the EIA Instruments." Hence, in all the scales established for classifying projects, the spatial location of the project is taken into account, in relation to the protected wild areas as established in the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) SINAC, so the possible environmental impact of all projects, regardless of their scale, on environmentally fragile areas is considered, which is in accordance with the obligation of guardianship established in Article 50 of the Political Constitution and the international conventions approved by Costa Rica.

For all the foregoing reasons, the Chamber considers that Decree No. 42755 does not violate Section 50 of the Political Constitution, nor Section 11 of Principle 17 of the Rio Declaration, since the activity of mariculture, regardless of the scale at which it is carried out, is subject to a prior environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) in order to obtain environmental viability from the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental). It is also observed that, for projects in which the success of the activity generates the expansion of the project, such mobility to larger scales is permitted, provided that the applicant updates the necessary studies for the new concession areas, as indicated in Annex 1:

"In the event that the production of a cultivation project increases production to reach the levels of the higher scale, the project manager must submit the remaining requirements of the new scale."

It should be clarified that, as pointed out by the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), this proceeding does not analyze whether, with the classification and instruments set forth in the challenged decree, it is possible to carry out an adequate environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) of family-scale and small and medium-scale mariculture projects. Insofar as the classification of projects and the determination of the assessment instruments regulated in the challenged Decree is a strictly technical decision, such an examination would require an adequate substantiation of the grievance, supported by documents or technical criteria that allow the violation of the principle of the objectivization of environmental guardianship (objetivación de la tutela ambiental) or the principle of linkage to science and technique to be proven. In any case, the petitioner merely states that document D5, promulgated by Decree No. 42755-MINAE, "appears to contain contradictions regarding the country's environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) regulations and the international standard, and therefore requires a detailed assessment," so it is inadmissible for this Chamber to rule on that extreme, due to the imprecision of the claim and the lack of technical elements in the case file to support it. It is also inadmissible for this Chamber to rule on the document submitted on October 13, 2022, after the filing of the action, since pursuant to Article 78 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), the grounds for the action of unconstitutionality must be set forth clearly, precisely, and sufficiently substantiated.

Therefore, Executive Decree No. 42755-MINAE, "General guide for the assessment of environmental impacts generated by Mariculture activity and forms by category" (Guía general para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría), is not unconstitutional for not requiring an environmental impact study (estudio de impacto ambiental) for mariculture projects classified as Social Family Scale, Small Scale, and Medium Scale, nor does it violate Section 50 of the Political Constitution or the cited international instruments.

Nor is there an excess of regulatory power because, as analyzed, the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) has granted the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) and the Executive Branch the authority to establish, through regulation, which works, activities, or projects, according to their magnitude and potential impact, must undergo the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) procedure, and, furthermore, the corresponding technical assessment instrument. Consequently, there is no violation of Articles 11 and 140, subsections 3) and 18) of the Political Constitution, as alleged.

For the foregoing reasons, regarding these points, the action is inadmissible.

B. Regarding the absence of a limit on the number of permits authorizable through the established procedures. The petitioner alleges that Executive Decree No. 42755 violates the right to a healthy and ecologically balanced environment because it does not establish a limitation on the number of permits authorizable through these procedures.

In this regard, it is the opinion of this Chamber that there is no omission that violates Section 50 of the Political Constitution because Decree No. 42755, challenged here, in Annex 1, provides for spatial planning and possible cumulative effects in areas where there is a high density of projects, dictating setback distances with respect to other projects to be developed and depending on the scale in which they are found, distances that must be respected in order to grant environmental viability. The provision establishes:

"For the granting of environmental viability, the distance between the limits of each cultivation area requested for concession must be respected as provided in the following table:

Table 2. Minimum distance in meters between the limit of a cultivation area requested for concession between the same and the other scales:

|                   | Social Familiar    | Pequeña Escala     | Mediana Escala     | Gran escala        |
| :---------------- | :----------------: | :----------------: | :----------------: | :----------------: |
| Social Familiar   | 250               |                    |                    |                    |
| Pequeña escala    | 500               | 750               |                    |                    |
| Mediana escala    | 750               | 1000              | 1500              |                    |
| Gran escala       | 1000              | 1500              | 2000              | 4000              |

Furthermore, since mariculture projects are carried out in the sea, whose waters are public domain, the activity is subject to a special legal regime. It is necessary to request a concession for the use of surface waters (concesión de aprovechamiento de aguas superficiales) from the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy (articles 1 and 19 of the Water Law No. 276 (Ley de Aguas N. 276) and article 2, subsection f) of Law 7152, Organic Law of the Ministry of Environment and Energy (Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente y Energía)). Additionally, aquaculture is an activity regulated in the Fisheries and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura), Law No. 8436, whose article 81 defines it as the cultivation and production of aquatic organisms, whether flora or fauna, through the use of methods and techniques for their controlled development; it covers their complete or partial biological cycle, in natural or artificial water environments, both in marine and continental waters. To develop aquaculture projects, in addition to the water use concession, an authorization granted by the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture (Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura) must be obtained. According to article 83 of the Fisheries and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura), to request the aquaculture authorization and the concession for water use, the interested parties must submit the respective aquaculture projects, together with an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) established by SETENA as applicable, which shall be binding on the parties. The mentioned provisions also guarantee the protection of the environment.

There is therefore no unconstitutionality by omission of the challenged Decree, for the reason alleged by the petitioner, because the challenged regulations do include provisions that have the effect of limiting the number of mariculture projects in a specific geographic zone, in protection of the environment, since to obtain environmental viability for mariculture projects, compliance with separation distances between them is required.

Moreover, as an activity conducted in marine waters, other legal-rank norms regulate it, with the purpose that it be developed in such a way that it does not negatively impact the environment. Thus, the interested party must obtain a concession for the use of surface waters (concesión de aprovechamiento de aguas superficiales) from the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, a legal act through which MINAE confers on individuals and legal entities a limited right of sustainable use of the waters for the development of aquaculture activities for the production and use of specific species, under the terms and conditions expressly established in said contract (article 2.13 of the Fisheries and Aquaculture Law No. 8436 (Ley de Pesca y Acuicultura N.8436)). Furthermore, according to the provisions of article 112 of the Fisheries and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura), No. 8436, to develop the aquaculture activity, authorization must be obtained from INCOPESCA, as well as for the modification of the aquaculture concession area and the change or substitution of the authorized species for cultivation in the aquaculture project. Therefore, the indicated legal-rank provisions grant the Ministry of Environment and Energy and INCOPESCA the competence to determine the admissibility of water use concessions and authorizations to carry out mariculture activity, provisions that also establish the need for an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) before the National Environmental Technical Secretariat (Secretaria Técnica Nacional Ambiental), which, as has been stated, evaluates the environmental impact of mariculture projects by applying the current environmental regulations, and the environmental impact assessment guide (guía de evaluación de impacto ambiental) contained in Executive Decree No. 42755 challenged here. Consequently, regarding this point, the action must also be dismissed.

XII.- CONCLUSION. For the foregoing considerations, the Chamber finds that Executive Decree No. 42755, "General guide for the assessment of environmental impacts generated by Mariculture activity and forms by category" (Guía general para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría), is not unconstitutional by omission, and does not violate Article 50 of the Constitution. Nor is there a violation of Article 7 of the Political Constitution, because the challenged provisions are not contrary to the international conventions and instruments invoked. Finally, the alleged violation of Articles 140, subsections 3) and 18) of the Political Constitution is not configured because the Executive Branch has not exceeded its regulatory power.

XIII.- NOTE BY JUDGE RUEDA LEAL. In the sub examine, I set forth these legal theory clarifications.

First, regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment, this Court stated in ruling no. 2022022070 of 9:20 a.m. on September 23, 2022:

"Concerning the nature of the grievances alleged in the sub lite, this Court has repeatedly ruled on the right to a healthy and ecologically balanced environment. For instance, in ruling no. 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021, this Chamber stated:

'Repeatedly, the jurisprudence of this Chamber has emphasized that the right to a healthy and ecologically balanced environment is recognized at both the constitutional and conventional levels. Likewise, it has been indicated that the effective protection of this right requires that resources be used rationally, a context in which the State and citizens in general must act according to the principles governing environmental matters. In this regard, specialized doctrine has pointed out that the preventive principle demands that, when there is certainty of possible damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned upon compliance with certain requirements. In general, this principle applies when there are clearly defined risks identified at least as probable; likewise, this principle is useful when there are no technical reports or administrative permits that guarantee the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee eventual negative impacts. On the other hand, the precautionary principle states that, where there is a threat of serious and irreversible damage, the lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. From the foregoing, it is noted that the principle stems from reasonable scientific uncertainty together with the threat of serious and irreversible environmental damage. In general terms, a relevant difference between the preventive principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty of the risks that an activity or work may cause. While such certainty exists in the former, the latter involves a state of doubt resulting from scientific information or technical studies. Thus, the Costa Rican State is obliged to adopt measures that guarantee the effective defense and preservation of the environment in accordance with these principles. Now, such an objective obligation does not inevitably entail a subjective right of individuals to demand, through jurisdictional bodies, that a specific measure be taken, but it does entail that suitable measures be adopted to protect that right, in the face of openly negligent attitudes of the authorities, or of individuals and legal entities, according to the recognized theory of the horizontal effect of fundamental rights (Drittwirkung der Menschenrechte), among whose procedural manifestations is the amparo action against subjects of private law.'

It is also important to highlight that the Inter-American Court of Human Rights, in Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017, developed matters related to state obligations regarding the environment, in order to safeguard the human rights enshrined in the American Convention on Human Rights.

In that opinion, the Court recognized the interrelationship between environmental protection and the realization of other rights, insofar as environmental degradation affects the effective enjoyment and development of human rights. In this sense, it stated:

'47. This Court has recognized the existence of an undeniable relationship between the protection of the environment and the realization of other human rights, as environmental degradation and the adverse effects of climate change affect the effective enjoyment of human rights. Likewise, the preamble of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter "Protocol of San Salvador"), highlights the close relationship between the validity of economic, social, and cultural rights—which includes the right to a healthy environment—and that of civil and political rights, and indicates that the different categories of rights constitute an indivisible whole that finds its basis in the recognition of the dignity of the human person, for which reason they require permanent protection and promotion in order to achieve their full validity, without the violation of some ever being justifiable in the pursuit of the realization of others (…)

49. For its part, the Inter-American Commission has highlighted that several fundamental rights require, as a necessary precondition for their exercise, a minimum environmental quality, and are profoundly affected by the degradation of natural resources. In the same sense, the General Assembly of the OAS has recognized the close relationship between environmental protection and human rights (supra para. 22) and highlighted that climate change produces adverse effects on the enjoyment of human rights. 50. In the European sphere, the European Court of Human Rights has recognized that severe environmental degradation can affect the well-being of the individual and, as a consequence, generate violations of the rights of persons, such as the rights to life, to respect for private and family life, and to private property. Similarly, the African Commission on Human and Peoples' Rights has indicated that the right to a "general satisfactory environment, favorable to development" is closely related to economic and social rights to the extent that the environment affects the quality of life and the safety of the individual (…) 52. Furthermore, there is broad recognition in international law of the interdependent relationship between environmental protection, sustainable development, and human rights. This interrelationship has been affirmed since the Stockholm Declaration on the Human Environment (hereinafter "Stockholm Declaration"), where it was established that "[e]conomic and social development is essential for ensuring a favorable living and working environment for man and for creating conditions on earth that are necessary for the improvement of the quality of life," affirming the need to balance development with the protection of the human environment. Subsequently, in the Rio Declaration on Environment and Development (hereinafter "Rio Declaration"), States recognized that "[h]uman beings are at the centre of concerns for sustainable development" and, at the same time, emphasized that "in order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process." Following this, the Johannesburg Declaration on Sustainable Development established the three pillars of sustainable development: economic development, social development, and environmental protection. Likewise, in the corresponding Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development, States recognized the consideration that must be given to the possible relationship between the environment and human rights, including the right to development. 53. Additionally, upon adopting the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations General Assembly recognized that the realization of the human rights of all people depends on the achievement of the three dimensions of sustainable development: economic, social, and environmental. In the same vein, several instruments in the inter-American sphere have referred to environmental protection and sustainable development, such as the Inter-American Democratic Charter, which provides that "[t]he exercise of democracy facilitates the preservation and proper management of the environment," for which reason "it is essential that the states of the Hemisphere implement policies and strategies to protect the environment, including respect for the various treaties and conventions, to achieve sustainable development for the benefit of future generations" (…) 55. As a consequence of the close connection between environmental protection, sustainable development, and human rights (supra paras. 47 to 55), currently (i) multiple human rights protection systems recognize the right to a healthy environment as a right in itself, particularly the inter-American human rights system, while there is no doubt that (ii) multiple other human rights are vulnerable to environmental degradation, all of which entails a series of environmental obligations for States in order to fulfill their obligations to respect and guarantee these rights. Precisely, another consequence of the interdependence and indivisibility between human rights and environmental protection is that, in determining these state obligations, the Court can make use of the principles, rights, and obligations of international environmental law, which, as part of the international corpus juris, contribute decisively to setting the scope of the obligations derived from the American Convention in this matter (supra paras. 43 to 45) (…) 59. The human right to a healthy environment has been understood as a right with both individual and collective connotations. In its collective dimension, the right to a healthy environment constitutes a universal interest, owed to both present and future generations.

Now, the right to a healthy environment also has an individual dimension, insofar as its violation can have direct or indirect repercussions on persons due to its interconnectedness with other rights, such as the right to health, personal integrity, or life, among others. The degradation of the environment can cause irreparable harm to human beings, which is why a healthy environment is a fundamental right for the existence of humanity.".

This interrelationship between the environment and the enjoyment of other human rights has also been recognized by the United Nations Human Rights Council, which, in resolution A/HRC/RES/46/7, adopted on March 23, 2021, during its 46th session, stated:

"Recognizing also that sustainable development and the protection of the environment, including ecosystems, contribute to human well-being and the enjoyment of human rights, in particular the rights to life, the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, an adequate standard of living, adequate food, safe drinking water and sanitation, and housing, and cultural rights.".

Also, recently, in resolution A/HRC/RES/48/13, adopted on October 8, 2021, that Council noted:

"(…) Recognizing that sustainable development, in its three dimensions (social, economic, and environmental), and the protection of the environment, including ecosystems, contribute to and promote human well-being and the enjoyment of human rights, including the enjoyment of the rights to life, the highest attainable standard of physical and mental health, an adequate standard of living, adequate food, housing, safe drinking water and sanitation, and participation in cultural life, for present and future generations (…)

Recognizing further that environmental degradation, climate change (cambio climático), and unsustainable development are some of the most pressing and serious threats to the ability of present and future generations to enjoy human rights, including the right to life (…)

Recognizing the importance of a clean, healthy, and sustainable environment as fundamental to the enjoyment of all human rights (…)

1. Recognizes the right to a clean, healthy, and sustainable environment as a human right important for the enjoyment of human rights;

2. Notes that the right to a clean, healthy, and sustainable environment is related to other rights and existing international law (…)". (Highlighting does not correspond to the original).

In this way, the particular relevance of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment is reflected, whose defense transcends the protection of this constitutional good in itself, since its preservation constitutes an essential factor for the effective safeguarding of other primordial human goods (such as life, health, property, equality), so that if the first fails, the effective safeguarding of the second is not achieved.

Beyond the foregoing, the Inter-American Court of Human Rights, in the aforementioned advisory opinion, recognized the right to a healthy environment as an autonomous right, susceptible to protection independently of any risk of harm to individual persons. In this regard, it held:

"62. This Court considers it important to emphasize that the right to a healthy environment as an autonomous right, unlike other rights, protects components of the environment, such as forests, rivers, seas, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence of risk to individual persons. It is about protecting nature and the environment not only because of its connection to a utility for human beings or because of the effects that its degradation could cause on other rights of persons, such as health, life, or personal integrity, but because of its importance for the other living organisms with whom the planet is shared, also deserving of protection in themselves. In this sense, the Court notes a trend toward recognizing legal personhood and, therefore, rights to nature not only in judicial rulings but even in constitutional orders. 63. Thus, the right to a healthy environment as an autonomous right is distinct from the environmental content that arises from the protection of other rights, such as the right to life or the right to personal integrity.". (Highlighting does not correspond to the original).

This position was adopted in the judgment of February 6, 2020, concerning the case "Indigenous Communities members of the Lhaka Honhat Association (Our Land) vs. Argentina," in which, overcoming an anthropocentric focus, the Inter-American Court affirms that the right to a healthy environment, besides being fundamental for the very existence of the human being, constitutes an autonomous and universal right, such that the protection of various components of the environment (such as forests, seas, rivers, and others) constitutes a legal interest in itself. In the words of the Inter-American Court: "It is about protecting nature," not only for its "utility" or "effects" with respect to human beings, "but because of its importance for the other living organisms with whom the planet is shared." Given the significance of this statement, it is appropriate to transcribe this section of the referred resolution:

"203. The Court has already referred to the content and scope of this right, considering various relevant norms, in its Advisory Opinion OC-23/17, and therefore refers to that pronouncement. It affirmed on that occasion that the right to a healthy environment 'constitutes a universal interest' and 'is a fundamental right for the existence of humanity,' and that 'as an autonomous right […] it protects the components of the […] environment, such as forests, seas, rivers, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence regarding the risk to individual persons. It is about protecting nature,' not only for its 'utility' or 'effects' with respect to human beings, 'but because of its importance for the other living organisms with whom the planet is shared.' The foregoing does not prevent, of course, other human rights from being violated as a consequence of environmental damage.". (Highlighting does not correspond to the original).

Based on the foregoing, this Chamber, as guarantor of fundamental rights, must ensure respect for the conventional and constitutional obligations, which constrain the State not only to recognize the rights enshrined therein, but also to impose the legal measures required for their safeguarding" (highlighting is from the original).

In addition to the above, recently, the United Nations General Assembly adopted resolution no. A/RES/76/1-A/RES/76/300 of July 28, 2022, which stated:

"1. Recognizes the right to a clean, healthy and sustainable environment as a human right;

2. Notes that the right to a clean, healthy and sustainable environment is related to other rights and existing international law;

3. Affirms that the promotion of the human right to a clean, healthy and sustainable environment requires the full implementation of the multilateral environmental agreements in accordance with the principles of international environmental law;

4. Calls upon States, international organizations, business enterprises, and other relevant stakeholders to adopt policies, enhance international cooperation, strengthen capacity-building, and continue to share good practices in order to intensify efforts to ensure a clean, healthy and sustainable environment for all".

This resolution is the formal expression of the will of the principal deliberative, policy-making, and representative organ of the United Nations Organization. Consequently, it constitutes a political commitment of a universal nature that must be valued as a source of soft law of the highest relevance.

Precisely, resolution no. A/RES/76/1-A/RES/76/300 affirms that the right to a healthy and ecologically balanced environment has the nature of a human right. With this, it significantly contributes to its positivization, resulting in its technical understanding as a "fundamental right." Likewise, it strengthens the notion that environmental protection is an "autonomous" human right, that is, one that stands on its own merits, such that, on the one hand, it has its own conceptual existence distinct from the environmental content that undoubtedly arises from the protection of other rights (such as life or health) and, on the other, its object of protection transcends the human being, since it provides shelter to the various components of nature due to their importance for preserving the existence of living organisms in general, independently of their utility for human beings.

Likewise, it reiterates and, thereby, strengthens the position that the right to a healthy and ecologically balanced environment is linked to other human rights, which implies that its transgression can lead to the violation of health, life, democratic sustainable development, to cite just a few examples. The foregoing confers a particularly relevant legal significance to the right in question.

In addition, the UN General Assembly prescribes that the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment demands the full application of conventional rights related to the environment in accordance with the principles of international environmental law. From the foregoing, its indispensable inclusion within the jurisdictional control of constitutionality by this Chamber is inferred.

Finally, in harmony with the recognized theory of the horizontal effect of fundamental rights (Drittwirkung der Menschenrechte), resolution no. A/RES/76/1-A/RES/76/300 regulates that the obligation to protect the environment, beyond states, extends to international organizations, business enterprises, and other stakeholders, the latter term encompassing human beings in general. It is precisely in that sense that the Constitutional Jurisdiction Law contemplates the amparo action against subjects of private law.

In sum, under the conceptual framework explained supra, this Constitutional Court, as guarantor of fundamental rights, must ensure compliance with the conventional and constitutional commitments that impose upon the Costa Rican State and society in general not only the obligation to recognize the rights, principles, and values of environmental matters, but also that of implementing all those measures and actions required to ensure their effective protection" (highlighting is from the original).

Regarding the precautionary and preventive principles, judgment no. 2004002473 of 8:32 a.m. on March 12, 2004, conceptualizes them in this way:

"IV.- PRECAUTIONARY PRINCIPLE OF ENVIRONMENTAL LAW. One of the guiding principles of Environmental Law is the precautionary principle or principle of prudent avoidance. This principle is enshrined in the United Nations Conference on Environment and Development or Rio Declaration, which literally states 'Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.' In the domestic legal system, the Biodiversity Law (No. 7788 of April 30, 1998), in its Article 11, enshrines the following principles as hermeneutical parameters: '1.- Preventive criterion: It is recognized that it is of vital importance to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2.- Precautionary criterion or indubio (sic) pro natura: When there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason for postponing the adoption of effective protection measures.' In Vote of this Chamber No. 1250-99 of 11:24 a.m. on February 19, 1999 (reiterated in Votes Nos. 9773-00 of 9:44 a.m. on November 3, 2000, 1711-01 of 4:32 p.m. on February 27, 2001, and 6322-03 of 2:14 p.m. on July 3, 2003), this Court held the following: '(...) Prevention seeks to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid containing the possible impact on the environment or people's health. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage—or doubt thereof—a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. The foregoing is because in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the socially harmful biological consequences have already occurred, repression may have moral significance but will hardly compensate for the damage caused to the environment.' Subsequently, in Vote No. 3480-03 of 2:02 p.m. on May 2, 2003, this Court indicated that 'Properly understood, the precautionary principle refers to the adoption of measures not in the face of ignorance of facts generating risk, but in the face of a lack of certainty that such facts will effectively produce harmful effects on the environment.' For cases such as the one under study, the precautionary principle or indubio (sic) pro natura supposes that when there are no studies or reports carried out according to the unequivocal rules and exact application of science and technique that allow arriving at a state of absolute certainty about the innocuousness of the activity intended to be developed on the environment, or these are contradictory among themselves, the entities and organs of the central and decentralized administration must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification request, suspend those in progress until the dubious state is clarified, and, in parallel, adopt all measures aimed at its protection and preservation in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment. In essence, safe environmental management involves protecting the resource before its degradation. "

Such criterion has been reiterated in multiple pronouncements; for example, in judgment no. 2019012579 of 1:20 p.m. on July 5, 2019:

"… the precautionary principle or in dubio pro natura supposes that when there are no studies or reports carried out according to the unequivocal rules and exact application of science and technique that allow arriving at a state of absolute certainty about the innocuousness of the activity intended to be developed on the environment, public entities and organs must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification request, suspend those in progress until the dubious state is clarified, and, in parallel, adopt all measures aimed at its protection and preservation in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment (…)". (See, in the same sense, judgments nos. 2019012549 of 1:20 p.m. on July 5, 2019, and 2012016866 of 2:30 p.m. on December 4, 2012, among many others).

In addition, I consider it unavoidable to clarify the notion of the precautionary principle or in dubio pro natura in several senses.

Firstly, the preventive principle must not be confused with the precautionary principle, since they possess particularities that differentiate them from each other, which was reflected in judgment no. 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021, in which this Chamber detailed: "In this order of ideas, specialized doctrine has pointed out that the preventive principle demands that, when there is certainty of possible damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned on compliance with certain requirements. In general, this principle applies when there are clearly defined risks identified at least as probable; likewise, this principle is useful when there are no technical reports or administrative permits guaranteeing the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee potential negative impacts. On the other hand, the precautionary principle states that where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. From the foregoing, it is noted that the principle arises from reasonable scientific uncertainty together with the threat of serious and irreversible environmental damage. In general terms, a relevant difference between the preventive principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty of the risks that an activity or work causes. While in the former such certainty exists, in the latter what is noted is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies (…)" (bold text was supplied).

Secondly, the precautionary principle must be understood precisely as contemplated in Principle XV of the Rio Declaration on Environment and Development: "Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." That is to say, it is not about the requirement of having scientific studies to arrive at the 'absolute certainty' of the innocuousness of an activity for the environment (in principle, total safety is hardly achievable), but rather that even if the danger of serious or irreversible damage to the environment is not totally assured, such uncertainty never justifies or excuses postponing the execution of effective measures to prevent environmental degradation. In this regard, note, on the one hand, that it is not just any threat—it must plausibly involve a serious danger—and, on the other hand, that the measure demands effective and efficient use of the resources employed. In the stated sense, even though the precautionary principle is linked to a certain level of scientific uncertainty, this does not imply that it can be used unrestrictedly under the argument that any activity could generate damage to the environment, which would denature its reason for being; rather, it is necessary to have some degree of identification of the dangers of a serious or irreversible damage that could be generated, the determination of which varies according to the particularities of the specific case. Thus, when facing a situation that requires the application of the precautionary principle, public entities and organs must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification request that reasonably implies a serious risk; indeed, they are obligated to suspend activities that are in progress, and likewise, in parallel, they must efficiently adopt all measures required for the preservation of a healthy and ecologically balanced environment.

The referred principle is also enshrined in a source of hard law, since Principle 3 of the United Nations Framework Convention on Climate Change—ratified by Costa Rica through Law No. 7414 of June 13, 1994, and by all OAS member states—establishes:

"3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to deal with climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible cost. To this end, such policies and measures should take into account different socio-economic contexts, be comprehensive, cover all relevant sources, sinks and reservoirs of greenhouse gases and adaptation, and comprise all economic sectors. Efforts to address climate change may be carried out cooperatively by interested Parties" (highlighting was added).

The precautionary principle is also provided for in the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, which is ratified by 32 OAS Member States, among them, Costa Rica—see Law No. 8538 of August 23, 2006—in which it reads:

"ARTICLE 1 Objective Mindful of the precautionary approach as set forth in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this Convention is to protect human health and the environment from persistent organic pollutants (…)".

Equally, such principle is contemplated in another instrument of international human rights law, such as the Convention on Biological Diversity, ratified by 34 OAS Member States, including Costa Rica, through Law No. 7416 of June 30, 1994, in whose preamble it is established: "(…) Noting that it is vital to anticipate, prevent and attack the causes of significant reduction or loss of biological diversity at source. Noting also that where there is a threat of significant reduction or loss of biological diversity, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing measures to avoid or minimize such a threat (…)".

In accordance with the referenced regulations in force in the country, the Inter-American Court of Human Rights also referred to the precautionary principle in Advisory Opinion OC 23/17 of November 15, 2017:

"180. (…) Therefore, this Court understands that States must act in accordance with the precautionary principle, for purposes of protecting the right to life and personal integrity, in cases where there are plausible indicators that an activity could lead to serious and irreversible damage to the environment, even in the absence of scientific certainty. Therefore, States must act with due caution to prevent possible damage. Indeed, in the context of protecting the rights to life and personal integrity, the Court considers that States must act in accordance with the precautionary principle, whereby, even in the absence of scientific certainty, they must adopt measures that are 'effective' to prevent serious or irreversible damage" (highlighting was added).

After that resolution and through a judgment, in Indigenous Communities members of the Lhaka Honhat Association (Our Land) vs. Argentina, the Inter-American Court ruled on February 6, 2020, in this manner: "the right to a healthy environment 'must be considered included among the rights [...] protected by Article 26 of the American Convention', given the obligation of States to achieve the 'integral development' of their peoples, arising from Articles 30, 31, 33, and 34 of the Charter." Of high significance, it must be underscored that, in this pronouncement, the Inter-American Court refers to Advisory Opinion No. OC-23/17 for the purpose of developing the content and scope of such right, thanks to which the legal considerations of the latter have logically come to attain the legal bindingness characteristic of a judgment. In this sense, the international jurisdictional body reiterates "that the right to a healthy environment 'constitutes a universal interest' and 'is a fundamental right for the existence of humanity,' and that 'as an autonomous right [...] it protects the components of the [...] environment, such as forests, seas, rivers, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence regarding the risk to individual persons. It is about protecting nature,' not only for its 'utility' or 'effects' with respect to human beings, 'but because of its importance for the other living organisms with whom the planet is shared.' The foregoing does not prevent, of course, other human rights from being violated as a consequence of environmental damage." Precisely, in developing the conceptualization of the right to the environment, the Inter-American Court clearly details the State obligations in the face of possible damage to the environment, such as the duty of prevention, the precautionary principle, the duty of cooperation, and access to information.

In sum, the application of the precautionary principle implies that when there are indicators that a certain activity could plausibly cause serious and irreversible damage to the environment, the lack of absolute scientific certainty or evidence in this regard does not exempt from the obligation to adopt all those efficient and effective measures to prevent a violation of the environment. By virtue of the theory of Drittwirkung der Grundrechte, this principle extends its guiding function to the conduct of subjects of both public and private law.

On the other hand, it should be noted that, in judgment no. 2012013367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012, this Constitutional Court referred to the principles of progressivity and non-regression in environmental matters in this sense:

"V. On the principles of progressivity and non-regression of environmental protection. The principle of progressivity of human rights has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is enshrined in Articles 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and Article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under these norms, the State assumes the obligation to continuously increase, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights, especially those, such as the right to the environment (Art. 11 of the Protocol), which require multiple positive actions from the State for their protection and full enjoyment by all their holders. From the principle of progressivity of human rights and the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, enshrined in numeral 34 of the Magna Carta, the principle of non-regressivity or irreversibility of the benefits or protection achieved is derived. The principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obligated not to adopt measures, policies, or approve legal norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the situation of the rights achieved until then. This principle does not imply absolute irreversibility since all States experience national situations, of an economic, political, social nature or due to nature itself, which negatively impact the achievements reached until then and force a downward reconsideration of the new level of protection. In those cases, the Law of the Constitution and the principles under examination require justifying, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, the reduction of protection levels. In this sense, the Constitutional Chamber has expressed in its jurisprudence, regarding the right to health: '...pursuant to the PRINCIPLE OF NON-REGRESSIVITY, it is prohibited to take measures that diminish the protection of fundamental rights. Thus, if the Costa Rican State, in order to protect the right to health and the right to life, has a policy of openness to access to medicines, it cannot—much less through an International Treaty—reduce such access and make it more restricted, under the excuse of protecting trade. (Judgment of the Constitutional Chamber No. 9469-07). Regarding the right to the environment it stated: 'The foregoing constitutes an evolutionary interpretation in the protection of the environment in accordance with the Law of the Constitution, which does not admit regression to its detriment.' (Judgment of the Constitutional Chamber No. 18702-10)." (The highlighting does not correspond to the original). (In the same sense, judgments 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745, and 2019-017397)".

Thus, according to the principle of progressivity, the State assumes the obligation to increase, to the extent possible, the levels of protection of human rights, including the right to a healthy and ecologically balanced environment.

For its part, the application of the principle of non-regression consists of a guarantee that constrains the State to refrain from adopting measures, policies, or norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the level of protection of fundamental rights already achieved.

Finally, I conclude this note by referencing what this Court has stated regarding the principle of objectification of environmental protection:

“Regarding the environment, the object of the fundamental right set forth, our Magna Carta also requires that it be ‘healthy.’ The requirement of ‘healthy’ leads us to ‘regenerative capacity’ and ‘succession capacity’ to guarantee life. From both requirements: ‘healthy’ and ‘ecologically balanced,’ the need for sustainable and enduring development arises; quality of life and environmental quality depend on it. Now, with the concepts of ‘environment,’ ‘healthy,’ ‘ecologically balanced,’ the constitutional norm introduced science and technique into environmental decisions, whether legislative or administrative, in such a way that, under the terms of articles 16 of the Ley General de la Administración Pública and 38 of the Ley Orgánica del Ambiente, state actions in environmental matters must be based on and cannot contradict the unequivocal rules of science and technique in order to achieve the full and universal enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment and, furthermore, a ‘greater well-being for all the inhabitants of the country.’ Regarding the submission of legislative and administrative decisions to the unequivocal rules of science and technique, the Chamber has termed it the principle of objectification of environmental protection: ‘The objectification of environmental protection (…) is a principle that can in no way be confused with the previous one [precautionary principle or “principle of prudent avoidance”], since, as derived from the provisions of articles 16 and 160 of the Ley General de la Administración Pública, it translates into the need to accredit decision-making in this area with technical studies, both in relation to acts and provisions of a general nature – both laws and regulations –, from which derives the requirement of binding to science and technique, thus conditioning the Administration’s discretion in this area. So that, in light of the results derived from those technical studies – such as environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental) –, if an objective technical criterion is evidenced that denotes the probability of evident environmental damage, damage to natural resources, or to people’s health, it becomes mandatory to reject the proposed project, work, or activity; and in the case of a “reasonable doubt,” it is mandatory to make decisions in favor of the environment (pro-natura principle), which can translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures, in order to adequately protect the environment.’ (Judgment of the Sala Constitucional Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)” (highlighting added). (Resolution no. 2012-13367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012).

XIV- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The action is declared WITHOUT MERIT. Magistrate Rueda Leal records a note. Magistrate Cruz Castro issues a dissenting vote and declares the action with merit.

 






 






 

Fernando Castillo V.

Presidente

 






 

 






 

 






 

Fernando Cruz C.

 

 

 

Paul Rueda L.



 

 






 

 






 

Luis Fdo. Salazar A.

 

 

 

Jorge Araya G.

 






 

 






 

 






 

Ingrid Hess H.

 

 

 

Ileana Sánchez N.

 

EXP. 22-003781-0007-CO

Voto n°. 2024-3227

 

DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE CRUZ CASTRO. It is unconstitutional to relativize the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) for certain activities that will have a negative effect on the environment.-

 

In this action, I have issued a dissenting vote because I consider that the action should be granted, for violation of the principle of legal reserve and also the right to the environment, the precautionary principle, the principle of non-regression, and the principle of objectification. The foregoing is based on the following reasons:

The norms are challenged insofar as they exempt the approval of family-scale, small-scale, and medium-scale mariculture projects from the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental). The plaintiff considers that the environmental impact assessment is imposed as an obligation by reason of the precautionary principle, established in national and international norms of supra-legal rank - principles 15 and 17 of the Rio Declaration (Voto N°2002-5977).

It is observed that the claim is one of unconstitutionality by omission; therefore, the consequence of a ruling with merit would be to proceed with the corresponding reform, but by means of law and not by executive decree.

 

It is verified that, indeed, the challenged Decreto Ejecutivo only requires the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) for projects that are large-scale, and for the other scales, it establishes other evaluation instruments.

In this regard, it is necessary to recall that article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente no. 7554 of October 4, 1995) provides that human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, will require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, whose prior approval will be an indispensable requirement to initiate the activities, works, or projects; and that laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects will require undergoing that assessment. The environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) is a general concept that refers to the technical-scientific administrative procedure carried out by SETENA to identify and predict what effects an activity, work, or project will have on the environment, quantifying and weighing them to lead to decision-making (article 3°, subsection 39) of the Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, (Decreto Ejecutivo no. 31849 of May 24, 2004). Now, as the PGR states, carrying out an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) for activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials constitutes not only a legal obligation but also a constitutional one (see Voto no. 6322-2003 of 2:14 p.m. on July 3, 2003 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-239147 ). In this vote, this Chamber considered that its execution could not be excepted based on general criteria or conditions established in laws and regulations, since this implies emptying the content of the right to a healthy and ecologically balanced environment, regulated in article 50 of the Constitución Política. The protection of the environment and the consequences of its omission are of such gravity and irreversibility, in some cases, that a technical criterion defining the threats and precautions that must be adopted, as is done in an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), is always required for good administration and protection of the goods of Mother Earth.

The Procuraduría considered in its report that the challenged regulation is not unconstitutional, as it is not excluding projects classified in those three particular categories from the prior requirement of undergoing an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental); indicating that this evaluation is carried out through other technical tools that are not the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental). Now, in this regard, we consider that, if it is admitted that there are many other technical instruments to carry out said evaluation, beyond the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental), such a criterion would be a mockery of the constitutional obligation to carry out an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) for activities that alter the environment. This should be defined by law and not by decree as in this case, thus constituting a violation of the principle of legal reserve; moreover, such a decision would violate the right to the environment and several environmental principles (the precautionary principle, the principle of non-regression, and the principle of objectification). Note that document D5 is a new environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) instrument that is not contemplated in the Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental.

Although it is argued that the fact that a norm does not contemplate, for a certain type of project or activity that may affect the environment, the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) as an instrument to use does not imply its unconstitutionality, since that project or activity is not being excluded from the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) procedure required by the Ley Orgánica del Ambiente. The truth is that the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) must become the rule, as it is the instrument that best protects the right to the environment. Thus, in order to authorize an environmental assessment through instruments other than the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental), it must be done by law (legal reserve), and with the pertinent justifications (principle of environmental objectification), making it clear that it is not an environmental regression that violates the right to the environment and its principles.

It should be recalled what I have indicated through the dissenting vote to judgment no. 2022-008750, in which the concept of alteration to the environment to a degree of “high significance of environmental impact” was questioned as a qualifier to proceed to consider environmental damage and require an environmental assessment:

“The application of this criterion leaves aside those other intensities or significances, with the gravity that they have not been subject to prior technical assessment, which has prevented them from being subject to prevention, mitigation, reduction, or significance-reduction measures in accordance with the precautionary and preventive principles. The foregoing implies that impacts of low or medium significance are left aside by the concept under examination, given that the very concept of damage implies, it is reiterated, that it was not subject to analysis through a technical tool. Hence, the aforementioned concept subordinates environmental damage to high significance, relativizing the relevance and transcendence of environmental impacts that, while not having the same intrusive consequence on the environment, undoubtedly generate a pathology, a threat, and a deterioration not assessed a priori in the environment, with the corresponding risk of leaving these injuries without protection and eliminating the possible concurrence of imputation criteria that later allow assigning judgments of responsibility to those who engage in pollution or environmental harm. This treatment implies a deterioration of the principles emanating from constitutional article 50, relativizing the protection and repair of injuries to the environment, based on a criterion of high significance that finds no support in any legal norm and that, in any case, disapplies the environmental protection imposed by the cited constitutional norm.”

 

Likewise, see that the PGR considers that “under the protection of the Constitución Política, any activity, work, or project that significantly alters the environment must undergo an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental); that evaluation can be carried out by any of the technical instruments that the Secretaría Técnica Nacional Ambiental has for that purpose, and the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) is one of those technical instruments.” However, we estimate that the technical instruments for carrying out the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) must be defined by law, and SETENA cannot have the competence to “repeal” or “except” certain activities from the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) by means of a decree if it is not previously thus established by law.

I do not share the statement by MINAE that says: “In accordance with the above, SETENA is the entity competent by law to establish, via regulation as permitted by article 17 of the LOA and based on technical criteria, the processes and instruments of Environmental Assessment, according to the type of activity, work, or project and according to its specialty; therefore, in the case at hand, there is no excess of regulatory power.” Although certainly, not every Environmental Assessment process must be carried out by means of the ESIA Instrument, which is the one determined for activities with greater potential environmental impact, we consider that this must be so determined by law and with the corresponding justification. Admitting the opposite, that it be by regulation and without any justification, can lead to a violation of the indicated constitutional principle that every activity that alters the environment must undergo an environmental assessment. Creating particular instruments to carry out these evaluations can become a practice to create environmental assessments that are “custom-made” or ad hoc, without further justification, and disrespecting the principle of non-regression.

Finally, the UNA report clearly states that, while aquaculture activity (activity aimed at cultivating and producing fish, shrimp, algae, mollusks, and other organisms in the aquatic environment whose destination is generally human consumption) is less harmful to the environment compared to other livestock food production activities, it can also have negative environmental effects on the environment if not developed properly. This confirms, in my opinion, that these negative effects should be foreseen and subjected to study. Furthermore, it is indicated that INCOPESCA coordinates the aquaculture sector, meaning that SETENA is not the only entity with jurisdiction in this area. From all of the above, it is clear that our country has suffered from an excess of procedures in environmental matters, but this is not solved to the detriment of the right to the environment, by exempting or relativizing requirements, such as the environmental study in certain types of activities known to have negative effects on the environment.

For all the reasons I have set forth, I consider that this action must be declared with merit. Environmental protection requires careful preventative activity, which is precisely what environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental) aim to determine.

 

 

 

 

 

Fernando Cruz Castro

EXPEDIENTE N° 22-003781-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

[1] FAO. (2017). «El futuro de la alimentación y la agricultura tendencias y desafíos». Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i6881s.pdf

 

[2] Gutiérrez, F. J. E. (2020). La acuicultura como activo económico y social. Mediterráneo económico, (33), 289-307.

 

[3] SILVA, Rafael De Oliveira; BARIONI, Luis G.; MORAN, Dominic. Fire, deforestation, and livestock: When the smoke clears. Land Use Policy, 2021, vol. 100, p. 104949.

 

[4] Post, P. M., Hogerwerf, L., Bokkers, E. A., Baumann, B., Fischer, P., Rutledge-Jonker, S., ... & de Boer, I. J. (2020). Effects of Dutch livestock production on human health and the environment. Science of the Total Environment, 737, 139702.

 

[5] Chacón Guzmán, J., Carvajal Oses, M., Herrera-Ulloa, Á., Corrales Gómez, N., Granados, R., Otárola, Á., ... & Fajardo Espinoza, O. A. (2019). Liberación de juveniles de pargo manchado Lutjanus guttatus (Steindachner, 1869), como estrategia para la conservación de la especie y educación ambiental marino costera.

 

[6] Isla, M., Loria, H. B., & Tello, J. A. (2020). Sistemas sostenibles de producción para el desarrollo del maricultivo con enfoque ecosistémico. La Acuicultura Multitrófica Integrada (AMTI).

 

[7] Horacio Rodríguez Vázquez y Alejandro Flores Navas. 2014. Acuicultura de pequeña escala y recursos limitados en América Latina y el Caribe Hacia un enfoque integral de políticas públicas. FAO. Santiago de Chile. 94 p.

 

[8]  Carvajal, D. F. (2013). Pesca artesanal y pobreza en comunidades aledañas al Golfo de Nicoya. Revista de Ciencias Sociales, 2(140), 137-152. https://doi.org/10.15517/RCS.V0I140.12319

 

Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL

votado con boleta

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:05:27.