Res. 11793-2024 Sala Constitucional — Dysfunctional treatment plant violates right to healthy environmentPlanta de tratamiento en desuso lesiona derecho a ambiente sano

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Sala Constitucional

Resolución Nº 11793 - 2024

Fecha de la Resolución: 03 de Mayo del 2024 a las 09:20

Expediente: 24-006426-0007-CO

Redactado por: Ingrid Hess Herrera

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con Voto Salvado

Sentencia con nota separada

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

011793-24. MUNICIPALIDAD. SE ORDENA AL PRESIDENTE DEL CONCEJO, AMBOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, QUE ADOPTEN LAS MEDIDAS INMEDIATAS QUE SEAN NECESARIAS, DENTRO DEL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE MITIGAR EL DAÑO AMBIENTAL QUE ESTÁ OCASIONANDO EL MAL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL RESIDENCIAL LA GIRALDA, UBICADO EN EL DISTRITO DE DESAMPARADOS DE ALAJUELA. ASIMISMO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOCE MESES, DEBERÁ DE DARSE UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA AL PROBLEMA. VCG05/2024

“(…) IV.- CASO CONCRETO.- Después de analizar los elementos probatorios aportados al expediente, esta Sala constata la lesión de los derechos fundamentales alegados por la parte recurrente.  En el caso concreto, se acusa que desde el año 1999, la urbanizadora entregó a la municipalidad accionada la planta de tratamiento, la cual está actualmente en completo deterioro y hay olores nauseabundos en el residencial.  Al respecto, las autoridades de la municipalidad accionada aceptan y confirman los reclamo de la recurrente, y señalan que en la actualidad la planta de tratamiento de urbanización La Giralda no opera adecuadamente. La causa de esta situación es que la Municipalidad no ha ejecutado el Plan de Inversión 2021-2023 al que se comprometió con la Contraloría General de la República según lo ordenado en el informe de auditoría N° DFOE-DL-IF-00005-2017, esto por la falta de contenido económico ocasionada por el Concejo Municipal al no cumplir con su obligación de dotar de tarifas actualizadas a todos los servicios establecidos en el Reglamento para la Prestación de Servicios de Saneamiento de la Municipalidad de Alajuela. En consecuencia, esta Sala tiene por acreditado el reclamo de la recurrente, por lo que se estima procedente acoger el recurso, con las consecuencias que se dirán. (…)”

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida

Subtemas:

NO APLICA.

V.-  NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VCG05/2024

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

VI.-  NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente, indica que es vecina del Residencial La Giralda, ubicado en el distrito de Desamparados de Alajuela. Acusa que la municipalidad recurrida no da tratamiento a las aguas negras y servidas del residencial. Alega que desde el año 1999, la urbanizadora entregó a la municipalidad accionada la planta de tratamiento, la cual está actualmente en completo deterioro y hay olores nauseabundos en el residencial. Lo anterior, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

VCG05/2024

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Tipo de contenido: Voto salvado

Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 056- Ejecución de sentencias

Subtemas:

NO APLICA.

VII.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que en el plazo de doce meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se mitigue el daño ambiental que está ocasionando el mal funcionamiento de la planta de tratamiento del Residencial La Giralda, ubicada en Desamparados de Alajuela. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.

VCG05/2024

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Texto de la resolución

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Exp: 24-006426-0007-CO

Res. Nº 2024011793

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del tres de mayo de dos mil veinticuatro .

 

 Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA.

     RESULTANDO:

 1.- Por escrito agregado el 8 de marzo del año 2024, la recurrente presenta recurso de amparo y manifiesta lo siguiente: el 8 de marzo de 2024, la parte recurrente aduce que es vecina del Residencial La Giralda, ubicado en el distrito de Desamparados de Alajuela. Acusa que la municipalidad recurrida no da tratamiento a las aguas negras y servidas del residencial. Alega que desde el año 1999, la urbanizadora entregó a la municipalidad accionada la planta de tratamiento, la cual está actualmente en completo deterioro. Apunta que hay olores nauseabundos en el residencial. Expone que la municipalidad le paga cada cierto tiempo a dos trabajadores para que limpien el terreno y el colador entrante, pero lo que hacen es tirar el papel higiénico y residuos al aire libre, generando contaminación.

2.-  Mediante resolución de las 17:44 horas del 8 de marzo de 2024, se previno al recurrente para que indicara “si ha planteado de manera formal y por escrito la gestión correspondiente a efecto de denunciar ante la autoridad accionada la situación que expone en el memorial de interposición de este recurso.

3.- - Según constancia del 19 de marzo de 2024, suscrita por la secretaria de la Sala y el técnico judicial encargado de tramitar este expediente, se indica que “no aparece que del ocho de marzo de dos mil veinticuatro al quince de marzo de dos mil veinticuatro, la parte recurrente haya(n) presentado escrito o documento alguno, para cumplir con lo prevenido en la resolución de las diecisiete horas cuarenta y cuatro minutos del ocho de marzo de dos mil veinticuatro.”.

4.-  Ante el no cumplimiento de la prevención realizada, la Sala dispuso mediante sentencia 2024-008162 del 22 de marzo del año en curso,  rechazar de plano el recurso que nos ocupa.

5.-  El 2 de abril del año en curso, la recurrente se apersona y manifiesta que ella sí cumplió con la prevención realizada mediante escrito del 12 de marzo del año en curso.

6.- Por resolución número 2024009203 de las nueve horas treinta minutos del nueve de abril de dos mil veinticuatro, Se anula la sentencia número 2024008162 de las 09:20 horas del 22 de marzo de 2024.

7.-  Por resolución del 10 de abril del año en curso, se dio curso al expediente que nos ocupa y solicitó informe al Alcalde y el Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad  de Alajuela. 

8.- Informan bajo juramento Humberto Gerardo Soto Herrera, en calidad de Alcalde  y Randall E. Barquero Piedra, en su condición de Presidente del Concejo, ambos funcionarios de la Municipalidad de Alajuela, que mediante oficio N° MA-SAN-041702, de fecha 17 de Abril del 2024, el Ing. Luis Francisco Alpízar Barrantes, Coordinador Subproceso Saneamiento, indicó: “(...) me permito informar que la planta de tratamiento de aguas residuales de urbanización La Giralda, la cual fue construida hace aproximadamente 30 años, es un sistema de tratamiento de tipo anaeróbico cuyo diseño original es incapaz de alcanzar los niveles de depuración exigidos por la legislación actual. Aunado a esto, se tiene que el sistema cuenta con un alto grado de deterioro debido a su antigüedad. Si bien La Municipalidad de Alajuela, a través del Subproceso de Saneamiento brinda mantenimiento rutinario al sistema, tales medidas son insuficientes para alcanzar los niveles de depuración requeridos, por lo que de acuerdo con el último reporte operacional presentado ante el Ministerio de Salud (primer trimestre 2024) el efluente de la planta no cumple con los límites establecidos por el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales (Decreto N°33601). Esta situación fue advertida en el año 2017 por la Contraloría General de la República, que mediante el informe de auditoría N° DFOE-DL-IF-00005-2017 emitió una serie de disposiciones de acatamiento obligatorio referentes al funcionamiento del servicio municipal de saneamiento. Entre dichas disposiciones, la 4.6 se refería específicamente a la planta de tratamiento de urbanización La Giralda, e indicaba lo siguiente: 4.6. Definir e implementar mecanismos de control para que los procesos de tratamiento de aguas residuales efectuados en las plantas Cataluña, Giralda, Colinas del Viento y Trinidad, cumplan con los límites para el vertido de aguas residuales establecidos  en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, N° 33601 (ver párrafos 2.18 al 2.20). Para atender lo ordenado por la Contraloría General de la República, la Alcaldía se comprometió a ejecutar un Plan de Inversión para el período 2021-2023 que contemplaba la inversión escalonada de cerca de $ [Valor 002] que permitiría rehabilitar por completo los sistemas de tratamiento obsoletos, entre los que se encontraba la planta de tratamiento La Giralda. Los recursos para ejecutar este plan de inversión provendrían de la ampliación de la cobertura y alcance de los servicios de saneamiento brindados por la Municipalidad, de manera que se pudiera aumentar la disponibilidad de recursos para inversión, que de acuerdo con el artículo 83 del Código Municipal, corresponde al 10% de las tarifas cobradas (utilidad para el desarrollo). Bajo esta premisa, la Municipalidad redactó y aprobó un nuevo reglamento de servicios (Reglamento para la Prestación de Servicios de Saneamiento de la Municipalidad de Alajuela, publicado en el Alcance N°56 de La Gaceta N° 53 del 17 de marzo del 2021), el cual como principal novedad incluía dentro de los servicios municipales la recolección y tratamiento de lodos de tanque séptico para las viviendas que no tienen acceso a la red de alcantarillado sanitario. Luego de esto, lo que procedía era dotar de tarifa a los nuevos servicios incluidos en el Reglamento, así como actualizar las tarifas existentes, todo según el Plan de Inversión. Estas gestiones fueron presentadas ante la Alcaldía y el Concejo Municipal desde el año 2020 en reiteradas ocasiones, sin embargo, en última instancia el Concejo Municipal decidió no aprobarlas, razón por la cual hoy en día no se cuenta con tarifas para los nuevos servicios y las antiguas tarifas de alcantarillado sanitario se encuentran desactualizadas desde el año 2021, ocasionando que no existan recursos para ejecutar el Plan de Inversión. Así las cosas, se considera que lleva razón la recurrente en cuanto a que en la actualidad la planta de tratamiento de urbanización La Giralda no opera adecuadamente. La causa de esta situación es que la Municipalidad no ha ejecutado el Plan de Inversión 2021-2023 al que se comprometió con la Contraloría General de la República según lo ordenado en el informe de auditoría N° DFOE-DL-IF-00005-2017, esto por la falta de contenido económico ocasionada por el Concejo Municipal al no cumplir con su obligación de dotar de tarifas actualizadas a todos los servicios establecidos en el Reglamento para la Prestación de Servicios de Saneamiento de la Municipalidad de Alajuela. (…..).”

9.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

Considerando:

 I.- CUESTIÓN PRELIMINAR. Previo a analizar el fondo del asunto —por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido— debe aclararse que a partir del voto No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha estimado que deben remitirse a la jurisdicción contencioso administrativa —con algunas excepciones— aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte— o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción pues se está ante una queja por problemas en el funcionamiento de la planta de tratamiento de suspensión del Residencial La Giralda, ubicado en el distrito de Desamparados de Alajuela, la cual, según se aduce, no ha sido atendida dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver, la situación concreta planteada en este proceso.

II.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente indica que es vecina del Residencial La Giralda, ubicado en el distrito de Desamparados de Alajuela. Acusa que la municipalidad recurrida no da tratamiento a las aguas negras y servidas del residencial. Alega que desde el año 1999, la urbanizadora entregó a la municipalidad accionada la planta de tratamiento, la cual está actualmente en completo deterioro y hay olores nauseabundos en el residencial.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:  a)    la recurrente es vecina del Residencial La Giralda, ubicado en el distrito de Desamparados de Alajuela (hecho no controvertido); b) la planta tratamiento de aguas negras y servidas del Residencial La Giralda, ubicado en el distrito de Desamparados de Alajuela, desde el año 1999, fue entregada a la municipalidad recurrida y su mal funcionamiento fue denunciado por la recurrente el 15 de noviembre del año 2023, ante las autoridades municipales (prueba aporta); c) la planta de tratamiento de aguas residuales de urbanización La Giralda, la cual fue construida hace aproximadamente 30 años, es un sistema de tratamiento de tipo anaeróbico cuyo diseño original es incapaz de alcanzar los niveles de depuración exigidos por la legislación actual, aunado a esto, se tiene que el sistema cuenta con un alto grado de deterioro debido a su antigüedad (informe rendido bajo juramento por las autoridades municipales); d) que en la actualidad la planta de tratamiento de urbanización La Giralda no opera adecuadamente  (informe rendido bajo juramento por las autoridades municipales).

IV.- CASO CONCRETO.- Después de analizar los elementos probatorios aportados al expediente, esta Sala constata la lesión de los derechos fundamentales alegados por la parte recurrente.  En el caso concreto, se acusa que desde el año 1999, la urbanizadora entregó a la municipalidad accionada la planta de tratamiento, la cual está actualmente en completo deterioro y hay olores nauseabundos en el residencial.  Al respecto, las autoridades de la municipalidad accionada aceptan y confirman los reclamo de la recurrente, y señalan que en la actualidad la planta de tratamiento de urbanización La Giralda no opera adecuadamente. La causa de esta situación es que la Municipalidad no ha ejecutado el Plan de Inversión 2021-2023 al que se comprometió con la Contraloría General de la República según lo ordenado en el informe de auditoría N° DFOE-DL-IF-00005-2017, esto por la falta de contenido económico ocasionada por el Concejo Municipal al no cumplir con su obligación de dotar de tarifas actualizadas a todos los servicios establecidos en el Reglamento para la Prestación de Servicios de Saneamiento de la Municipalidad de Alajuela. En consecuencia, esta Sala tiene por acreditado el reclamo de la recurrente, por lo que se estima procedente acoger el recurso, con las consecuencias que se dirán.

V.-  NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VI.-  NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente, indica que es vecina del Residencial La Giralda, ubicado en el distrito de Desamparados de Alajuela. Acusa que la municipalidad recurrida no da tratamiento a las aguas negras y servidas del residencial. Alega que desde el año 1999, la urbanizadora entregó a la municipalidad accionada la planta de tratamiento, la cual está actualmente en completo deterioro y hay olores nauseabundos en el residencial. Lo anterior, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

VII.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que en el plazo de doce meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se mitigue el daño ambiental que está ocasionando el mal funcionamiento de la planta de tratamiento del Residencial La Giralda, ubicada en Desamparados de Alajuela. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.

VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documento, ya sea en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a Humberto Gerardo Soto Herrera, en calidad de alcalde y Randall E. Barquero Piedra, en su condición de presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Alajuela, o a quienes en su lugar ejerzan dichos cargos, que adopten las medidas inmediatas que sean necesarias, dentro del ejercicio de sus competencias, a fin de mitigar el daño ambiental que está ocasionando el mal funcionamiento de la planta de tratamiento del Residencial La Giralda, ubicado en el distrito de Desamparados de Alajuela. Asimismo dentro del plazo máximo de doce meses contado a partir de la notificación de esta sentencia deberá de darse una solución definitiva al problema. Se advierte a los recurridos, que de no acatar la orden dicha, incurrirán en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se les impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Alajuela, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. La Magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Alejandro Delgado F.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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EXPEDIENTE N° 24-006426-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:05:14.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Constitucional

Resolution No. 11793 - 2024

Resolution Date: May 3, 2024, at 09:20

Expediente: 24-006426-0007-CO

Drafted by: Ingrid Hess Herrera

Type of Matter: Amparo appeal

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL

Judgment with Dissenting Vote

Judgment with Separate Note

Relevance Indicators

Relevant Judgment

Judgment with protected data, in accordance with current regulations

Content of Interest:

Strategic Themes: Environmental, Economic, social, cultural and environmental rights

Type of Content: Majority vote

Branch of Law: 4. MATTERS OF GUARANTEE

Topic: MUNICIPALITY

Subtopics:

INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

011793-24. MUNICIPALITY. THE PRESIDENT OF THE COUNCIL, BOTH OF THE MUNICIPALITY OF ALAJUELA, ARE ORDERED TO ADOPT THE IMMEDIATE MEASURES THAT ARE NECESSARY, WITHIN THE EXERCISE OF THEIR COMPETENCIES, IN ORDER TO MITIGATE THE ENVIRONMENTAL DAMAGE BEING CAUSED BY THE POOR OPERATION OF THE TREATMENT PLANT OF RESIDENCIAL LA GIRALDA, LOCATED IN THE DISTRICT OF DESAMPARADOS DE ALAJUELA. LIKEWISE, WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF TWELVE MONTHS, A DEFINITIVE SOLUTION TO THE PROBLEM MUST BE PROVIDED. VCG05/2024

“(…) IV.- SPECIFIC CASE.- After analyzing the evidentiary elements provided in the case file, this Chamber verifies the injury to the fundamental rights alleged by the appealing party. In the specific case, it is alleged that since 1999, the developer delivered the treatment plant to the respondent municipality, which is currently in complete deterioration and there are nauseating odors in the residential complex. In this regard, the authorities of the respondent municipality accept and confirm the appellant's claims, and indicate that currently the treatment plant for the La Giralda urbanization does not operate properly. The cause of this situation is that the Municipality has not executed the Investment Plan 2021-2023 to which it committed to the Contraloría General de la República as ordered in audit report No. DFOE-DL-IF-00005-2017, due to the lack of economic substance caused by the Municipal Council by failing to comply with its obligation to provide updated rates for all services established in the Reglamento para la Prestación de Servicios de Saneamiento de la Municipalidad de Alajuela. Consequently, this Chamber considers the appellant's claim to be proven, and therefore it is deemed appropriate to grant the appeal, with the consequences that will be stated. (…)”

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Content of Interest:

Type of Content: Separate Note

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Topic: 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

V.- NOTE FROM MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported the thesis of this Court that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in the administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as it is responsible, based on numeral 7 of its Law, for exclusively defining its own competence. Therefore, except for those juridical-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo guarantee, in other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VCG05/2024

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Content of Interest:

Type of Content: Separate Note

Branch of Law: 4. MATTERS OF GUARANTEE

Topic: MUNICIPALITY

Subtopics:

INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

VI.- NOTE FROM MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the undersigned's criterion that if the Public Administration has already intervened, its understanding and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of persons affected by the source of contamination are involved, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Constitución Política), as is the case here, where the appealing party states she is a resident of Residencial La Giralda, located in the district of Desamparados de Alajuela. She claims that the respondent municipality does not treat the black and greywater of the residential complex. She alleges that since 1999, the developer delivered the treatment plant to the respondent municipality, which is currently in complete deterioration and there are nauseating odors in the residential complex. The foregoing, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified quality of life.

VCG05/2024

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Content of Interest:

Type of Content: Dissenting Vote

Branch of Law: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA

Topic: 056- Execution of judgments

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

VII.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. While I agree with the majority of the Chamber that the appeal must be granted, I differ on where to locate the execution phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment involving highly complex technical aspects, as is the case here so that within twelve months from the notification of this judgment, the environmental damage caused by the poor operation of the treatment plant of Residencial La Giralda, located in Desamparados de Alajuela, is mitigated. In contrast, the provisions of the Código Procesal Contencioso-Administrativo regarding execution (Article 155 et seq.) have obvious advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, monitoring compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, I believe that the execution phase must be carried out before the Execution Area of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the judgment execution rules of said Code.

VCG05/2024

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Text of the Resolution

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Exp: 24-006426-0007-CO

Res. No. 2024011793

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on May third, two thousand twenty-four.

Amparo appeal filed by [Name 001], identification number [Value 001], against the MUNICIPALITY OF ALAJUELA.

WHEREAS:

1.- Through a document added on March 8, 2024, the appellant files an amparo appeal and states the following: on March 8, 2024, the appealing party claims she is a resident of Residencial La Giralda, located in the district of Desamparados de Alajuela. She claims that the respondent municipality does not treat the black and greywater of the residential complex. She alleges that since 1999, the developer delivered the treatment plant to the respondent municipality, which is currently in complete deterioration. She notes that there are nauseating odors in the residential complex. She explains that the municipality pays two workers from time to time to clean the land and the incoming strainer, but what they do is throw toilet paper and waste into the open air, generating pollution.

2.- By resolution at 5:44 p.m. on March 8, 2024, the appellant was warned to indicate "if she has formally and in writing filed the corresponding petition in order to report to the respondent authority the situation she describes in the filing brief of this appeal."

3.- According to a record dated March 19, 2024, signed by the Chamber's secretary and the judicial technician in charge of processing this case file, it is indicated that "it appears that from March 8, two thousand twenty-four, to March 15, two thousand twenty-four, the appealing party has not filed any document or writing to comply with what was warned in the resolution at seventeen hours forty-four minutes on March 8, two thousand twenty-four."

4.- Given the non-compliance with the warning issued, the Chamber ordered by judgment 2024-008162 of March 22 of the current year, to reject the appeal outright.

5.- On April 2 of the current year, the appellant appears and states that she did comply with the warning issued through a document dated March 12 of the current year.

6.- By resolution number 2024009203 at nine hours thirty minutes on April 9, two thousand twenty-four, judgment number 2024008162 at 09:20 a.m. on March 22, 2024, is annulled.

7.- By resolution of April 10 of the current year, the case file was processed and a report was requested from the Mayor and the President of the Council, both of the Municipality of Alajuela.

8.- Under oath, Humberto Gerardo Soto Herrera, acting as Mayor, and Randall E. Barquero Piedra, in his capacity as President of the Council, both officials of the Municipality of Alajuela, report that through official letter No. MA-SAN-041702, dated April 17, 2024, Engineer Luis Francisco Alpízar Barrantes, Coordinator of the Sanitation Subprocess, stated: “(...) I am informing you that the wastewater treatment plant for the La Giralda urbanization, which was built approximately 30 years ago, is an anaerobic-type treatment system whose original design is incapable of achieving the purification levels required by current legislation. Added to this, the system has a high degree of deterioration due to its age. Although the Municipality of Alajuela, through the Sanitation Subprocess, provides routine maintenance to the system, such measures are insufficient to achieve the required purification levels, so according to the last operational report presented to the Ministry of Health (first quarter 2024), the plant's effluent does not comply with the limits established by the Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales (Decree No. 33601). This situation was warned in 2017 by the Contraloría General de la República, which through audit report No. DFOE-DL-IF-00005-2017 issued a series of mandatory compliance provisions regarding the operation of the municipal sanitation service. Among these provisions, 4.6 referred specifically to the treatment plant of the La Giralda urbanization, and indicated the following: 4.6. Define and implement control mechanisms so that the wastewater treatment processes carried out in the Cataluña, Giralda, Colinas del Viento, and Trinidad plants comply with the limits for wastewater discharge established in the Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, No. 33601 (see paragraphs 2.18 to 2.20). To comply with what was ordered by the Contraloría General de la República, the Mayor's Office committed to executing an Investment Plan for the 2021-2023 period that contemplated the staggered investment of approximately $ [Value 002] that would allow the complete rehabilitation of obsolete treatment systems, among which was the La Giralda treatment plant. The resources to execute this investment plan would come from the expansion of the coverage and scope of the sanitation services provided by the Municipality, so as to increase the availability of resources for investment, which according to Article 83 of the Código Municipal, corresponds to 10% of the rates charged (utility for development). Under this premise, the Municipality drafted and approved a new service regulation (Reglamento para la Prestación de Servicios de Saneamiento de la Municipalidad de Alajuela, published in Supplement No. 56 of La Gaceta No. 53 of March 17, 2021), which as its main novelty included within municipal services the collection and treatment of septic tank sludge for homes that do not have access to the sanitary sewer network. After this, the appropriate step was to establish a rate for the new services included in the Regulation, as well as update existing rates, all according to the Investment Plan. These efforts were presented before the Mayor's Office and the Municipal Council since 2020 on repeated occasions; however, ultimately the Municipal Council decided not to approve them, which is why today there are no rates for the new services and the old sanitary sewer rates have been outdated since 2021, causing a lack of resources to execute the Investment Plan. Thus, it is considered that the appellant is correct in that the treatment plant for the La Giralda urbanization does not currently operate properly. The cause of this situation is that the Municipality has not executed the 2021-2023 Investment Plan to which it committed to the Contraloría General de la República as ordered in audit report No. DFOE-DL-IF-00005-2017, due to the lack of economic substance caused by the Municipal Council by failing to comply with its obligation to provide updated rates for all services established in the Reglamento para la Prestación de Servicios de Saneamiento de la Municipalidad de Alajuela. (…..).”

9.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Hess Herrera; and,

Considering:

I.- PRELIMINARY ISSUE. Before analyzing the merits of the matter —for the alleged violation of the right to a prompt and completed procedure— it must be clarified that based on vote No. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has considered that those matters in which it is discussed whether the Public Administration has complied or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party— or to hear the appropriate administrative appeals, must be referred to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions—. Precisely, in the sub lite, an exception case is raised because it involves a complaint about problems in the operation of the suspension treatment plant of Residencial La Giralda, located in the district of Desamparados de Alajuela, which, as alleged, has not been addressed within a reasonable timeframe. Having clarified the point, the specific situation raised in this process is addressed.

II.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appealing party states she is a resident of Residencial La Giralda, located in the district of Desamparados de Alajuela. She claims that the respondent municipality does not treat the black and greywater of the residential complex. She alleges that since 1999, the developer delivered the treatment plant to the respondent municipality, which is currently in complete deterioration and there are nauseating odors in the residential complex.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are considered duly proven: a) the appellant is a resident of Residencial La Giralda, located in the district of Desamparados de Alajuela (uncontroverted fact); b) the black and greywater treatment plant of Residencial La Giralda, located in the district of Desamparados de Alajuela, was delivered to the respondent municipality in 1999, and its malfunction was reported by the appellant on November 15, 2023, before the municipal authorities (evidence provided); c) the wastewater treatment plant of the La Giralda urbanization, which was built approximately 30 years ago, is an anaerobic-type treatment system whose original design is incapable of achieving the purification levels required by current legislation, added to this, the system has a high degree of deterioration due to its age (report rendered under oath by the municipal authorities); d) that currently the treatment plant of the La Giralda urbanization does not operate properly (report rendered under oath by the municipal authorities).

IV.- SPECIFIC CASE.- After analyzing the evidentiary elements provided in the case file, this Chamber verifies the injury to the fundamental rights alleged by the appealing party. In the specific case, it is alleged that since 1999, the developer delivered the treatment plant to the respondent municipality, which is currently in complete deterioration and there are nauseating odors in the residential complex. In this regard, the authorities of the respondent municipality accept and confirm the appellant's claims, and indicate that currently the treatment plant for the La Giralda urbanization does not operate properly. The cause of this situation is that the Municipality has not executed the Investment Plan 2021-2023 to which it committed to the Contraloría General de la República as ordered in audit report No. DFOE-DL-IF-00005-2017, due to the lack of economic substance caused by the Municipal Council by failing to comply with its obligation to provide updated rates for all services established in the Reglamento para la Prestación de Servicios de Saneamiento de la Municipalidad de Alajuela. Consequently, this Chamber considers the appellant's claim to be proven, and therefore it is deemed appropriate to grant the appeal, with the consequences that will be stated.

V.- NOTE FROM MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported the thesis of this Court that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in the administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as it is responsible, based on numeral 7 of its Law, for exclusively defining its own competence. Therefore, except for those juridical-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo guarantee, in other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VI.- NOTE FROM MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the undersigned's criterion that if the Public Administration has already intervened, its understanding and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of persons affected by the source of contamination are involved, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Constitución Política), as is the case here, where the appealing party states she is a resident of Residencial La Giralda, located in the district of Desamparados de Alajuela. She claims that the respondent municipality does not treat the black and greywater of the residential complex. She alleges that since 1999, the developer delivered the treatment plant to the respondent municipality, which is currently in complete deterioration and there are nauseating odors in the residential complex. The foregoing, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified quality of life.

VII.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. While I agree with the majority of the Chamber that the appeal must be granted, I differ on where to locate the execution phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment involving highly complex technical aspects, as is the case here so that within twelve months from the notification of this judgment, the environmental damage caused by the poor operation of the treatment plant of Residencial La Giralda, located in Desamparados de Alajuela, is mitigated. In contrast, the provisions of the Código Procesal Contencioso-Administrativo regarding execution (Article 155 et seq.) have obvious advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, monitoring compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, I believe that the execution phase must be carried out before the Execution Area of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the judgment execution rules of said Code.

VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the appealing party that if any document has been provided, whether on paper, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment, otherwise everything will be destroyed in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

THEREFORE:

The appeal is granted. Consequently, Humberto Gerardo Soto Herrera, as Mayor, and Randall E. Barquero Piedra, in his capacity as President of the Council, both of the Municipality of Alajuela, or those who in their place hold said positions, are ordered to adopt the immediate measures that are necessary, within the exercise of their competencies, in order to mitigate the environmental damage being caused by the poor operation of the treatment plant of Residencial La Giralda, located in the district of Desamparados de Alajuela. Likewise, within a maximum period of twelve months from the notification of this judgment, a definitive solution to the problem must be provided. The respondents are warned that if they fail to comply with said order, they will incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The Municipality of Alajuela is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be settled in execution of judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Castillo Víquez records a note. Magistrate Salazar Alvarado records a note. Magistrate Garro Vargas dissents regarding the execution of this judgment and, in accordance with Article 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, orders that it must be carried out before the Execution Area of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the execution rules established in Articles 155 et seq. of the Código Procesal Contencioso Administrativo. Likewise, it is ordered that a copy of the judgment be sent so that the execution procedures of this ruling may be initiated.

Fernando Castillo V.

President

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Alejandro Delgado F.

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Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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