Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Partiendo de este cuadro fáctico, se estima violentado el derecho a la justicia pronta y cumplida, por cuanto, si bien el asunto revierte un grado de complejidad, no menos cierto resulta que han transcurrido más diecinueve años y cuatro meses desde la interposición de la denuncia en cuestión, la cual no ha finalizado. Esta Sala mediante sentencia No. 2016-2168 de las 9:05 horas de 12 de febrero de 2016, indicó lo siguiente:
“En criterio de la Sala, la falta de impulso procesal por parte del Tribunal Ambiental Administrativo ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que ha vulnerado el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido. El artículo 110, de la Ley Orgánica del Ambiente, consagra el principio de celeridad en el trámite de los procedimientos administrativos relacionados con denuncias ambientales, al establecer, en forma expresa, lo siguiente: "De oficio, el Tribunal Ambiental Administrativo deberá impulsar el procedimiento y el trámite de los asuntos de su competencia, con la rapidez requerida por la situación afectada. El fallo deberá dictarse en un término no mayor de treinta días; en casos especiales, el plazo podrá ampliarse hasta por treinta días más. Se establece la obligación de la administración de dar respuesta pronta y cumplida”.
Aunado a lo anterior, este Tribunal comprende que los casos ambientales pueden ser de naturaleza compleja y requerir de un contradictorio amplio; sin embargo, no puede estimarse razonable que una denuncia presentada primeramente por el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central del Ministerio de Ambiente y Energía, luego por la Municipalidad de Heredia e incluso por los vecinos de la zona, denuncias que fueron acumuladas posteriormente todavía no haya concluido el procedimiento seguido por la institución accionada. Nótese que, en la actualidad, no se tiene ni siquiera un periodo de tiempo aproximado para el dictado de la resolución final de la denuncia, aspecto que resulta contrario al Derecho de la Constitución, luego haber transcurrido a la fecha de interposición del recurso más de diecinueve años y cuatro meses. Bajo el escenario descrito, estima esta Sala que sí se ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que vulnera el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido de la parte amparada, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política.
English (translation)Based on this factual scenario, the Court finds a violation of the right to prompt and timely justice, given that, although the matter presents a degree of complexity, it is no less true that over nineteen years and four months have elapsed since the filing of the complaint in question, which has still not concluded. This Chamber, in ruling No. 2016-2168 of 9:05 a.m. on February 12, 2016, stated the following:
“In the Court's view, the lack of procedural momentum on the part of the Administrative Environmental Tribunal has produced an undue delay or unjustified postponement that has violated the fundamental right to a prompt and timely administrative procedure. Article 110 of the Organic Environmental Law enshrines the principle of expedition in the processing of administrative procedures related to environmental complaints, by expressly establishing the following: 'Ex officio, the Administrative Environmental Tribunal shall drive the procedure and the processing of matters within its jurisdiction, with the speed required by the affected situation. The ruling shall be issued within a term no greater than thirty days; in special cases, the term may be extended by up to thirty additional days. The obligation of the administration to provide a prompt and timely response is established.'
In addition to the above, this Court understands that environmental cases may be complex in nature and require broad proceedings; however, it cannot be considered reasonable that a complaint initially filed by the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area of the Ministry of Environment and Energy, then by the Municipality of Heredia, and even by neighbors of the area —complaints that were later consolidated— has still not concluded the procedure followed by the respondent institution. It is noted that, currently, there is not even an approximate time frame for issuing the final resolution on the complaint, a fact contrary to Constitutional Law, following the passage of more than nineteen years and four months as of the filing date of the petition. Under the described scenario, this Chamber finds that an undue delay or unjustified postponement has indeed occurred, violating the fundamental right to a prompt and timely administrative procedure of the protected party, enshrined in article 41 of the Political Constitution.
Granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 12481 - 2024 Fecha de la Resolución: 10 de Mayo del 2024 a las 09:20 Expediente: 24-002386-0007-CO Redactado por: Alexandra Alvarado Paniagua Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés: Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas: CONSTRUCCION. 012481-24. AMBIENTE. SE CUESTIONA LA FALTA DE RESOLUCIÓN A LA DENUNCIA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN QUE SE HIZO EN QUEBRADA GRANADA, EN HEREDIA. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO, ÚNICAMENTE, CONTRA EL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO. SE ORDENA AL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, QUE, EN UN PLAZO NO MAYOR A TRES MESES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA, SE RESUELVA DE FORMA DEFINITIVA LA DENUNCIA AMBIENTAL TRAMITADA BAJO EL EXPEDIENTE NO. 286-04-03-TAA Y SE NOTIFIQUE LO RESUELTO. VCG05/2024 “(…) IV.- Sobre el caso concreto. El presente asunto el recurrente reclama que en el 2004 se denunció un relleno de tierra y entubamiento de treinta y siete metros de largo dentro del cauce del río, estrangulamiento del cauce y construcción de un muro prefabricado de baldosas dentro del área de protección de la quebrada La Granada. Agrega que dichas obras generaron un severo estancamiento de aguas y ha afectado la propiedad inscrita en el Registro de la Propiedad con el plano No.H-1811311-2015, colindante con la empresa [Nombre 003], lo cual pone en riesgo su salud, la de sus empleados y la de los vecinos denunciantes, pues se convirtió en un criadero de zancudos, y de acuerdo al expediente del Ministerio de Salud, se ha generado gran cantidad de casos de dengue y una violación de la legislación vigente al ubicarse las obras dentro del área de protección de la quebrada La Granada. Refiere que se planteó la denuncia ante la Municipalidad de Heredia y el MINAE de Heredia, quienes valoraron el sitio y mediante acta de inspección No. CPI-001-2004 del 12 de agosto de 2004, verificaron los hechos denunciados. Asimismo, el 23 de febrero de 2004, la Municipalidad de Heredia mediante el oficio No. DIM-0289-2004, verificó en el sitio los hechos denunciados y solicitó la intervención del MINAE. Por su parte, el Ingeniero [Nombre 005], mediante el oficio No. OH-471 del 03 de setiembre de 2004, en su condición de funcionario del MINAE de Heredia, presentó denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo. Sin embargo, a la fecha de interposición del recurso, no ha dictado la sentencia del caso y, por ende, la problemática continúa. Reclama que no ha existido justicia pronta y cumplida, pues han estado esperando por veinte años la resolución del caso. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el recurso. Al respecto, después de analizar los elementos probatorios aportados y los informes rendidos bajo juramento por las autoridades recurridas, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el 03 de setiembre de 2004, [Nombre 005], en su condición de funcionario de la oficina de Heredia del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, Ministerio de Ambiente y Energía, presentó ante el Tribunal Ambiental Administrativo una denuncia de carácter ambiental, contra el señor [Nombre 002], representante legal de la Empresa [Nombre 003] por la supuesta afectación al área de protección de quebrada La Granada y a la denuncia le fue asignado el número de expediente administrativo [Valor 002]. Luego, también la Dirección Operativa de la Municipalidad de Heredia, el 02 de octubre de 2009 por oficio DOPR-0548-2009 de suscrito por Teresita Granados Villalobos, coordinadora del Departamento Ambiental, interpuso formal denuncia de carácter ambiental en contra de la empresa denominada [Nombre 003], por la supuesta afectación ambiental de una laguna producto de los movimientos de tierra y de relleno dentro de la zona de protección de quebrada La Granada. Después, el 09 de diciembre de 2015, el encargado de Control Fiscal y Urbano de la Municipalidad de Heredia, presentó ante el Tribunal Ambiental Administrativo una denuncia de carácter ambiental bajo el oficio No. CFU-5562015 del 15 de noviembre de 2015 en contra del señor [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 010]; en su condición de presidente y apoderado generalísimo sin límite de suma de la Empresa [Nombre 003] S.A. cédula jurídica [Valor 007]. Asimismo, que el 28 de agosto de 2018, el señor [Nombre 006], cédula de identidad [Valor 009] y vecinos de Heredia, Guarari, Nísperos Tres, La Milpa, presentaron ante el Tribunal Ambiental Administrativo denuncia de carácter ambiental, en contra de la Empresa [Nombre 003] S.A. cédula jurídica [Valor 007]. Cabe agregar que, de la relación de hechos probados se observa que estas denuncias fueron acumuladas al expediente de la denuncia inicial que data del 03 de setiembre de 2004 y se han presentado vicisitudes para notificar al denunciado, así como se han dictado múltiples resoluciones para que se lleve a cabo una audiencia con esta parte y demás involucradas; sin embargo, el procedimiento no ha concluido ni se ha emitido la resolución final. Partiendo de este cuadro fáctico, se estima violentado el derecho a la justicia pronta y cumplida, por cuanto, si bien el asunto revierte un grado de complejidad, no menos cierto resulta que han transcurrido más diecinueve años y cuatro meses desde la interposición de la denuncia en cuestión, la cual no ha finalizado. Esta Sala mediante sentencia No. 2016-2168 de las 9:05 horas de 12 de febrero de 2016, indicó lo siguiente: “En criterio de la Sala, la falta de impulso procesal por parte del Tribunal Ambiental Administrativo ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que ha vulnerado el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido. El artículo 110, de la Ley Orgánica del Ambiente, consagra el principio de celeridad en el trámite de los procedimientos administrativos relacionados con denuncias ambientales, al establecer, en forma expresa, lo siguiente: "De oficio, el Tribunal Ambiental Administrativo deberá impulsar el procedimiento y el trámite de los asuntos de su competencia, con la rapidez requerida por la situación afectada. El fallo deberá dictarse en un término no mayor de treinta días; en casos especiales, el plazo podrá ampliarse hasta por treinta días más. Se establece la obligación de la administración de dar respuesta pronta y cumplida”. Aunado a lo anterior, este Tribunal comprende que los casos ambientales pueden ser de naturaleza compleja y requerir de un contradictorio amplio; sin embargo, no puede estimarse razonable que una denuncia presentada primeramente por el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central del Ministerio de Ambiente y Energía, luego por la Municipalidad de Heredia e incluso por los vecinos de la zona, denuncias que fueron acumuladas posteriormente todavía no haya concluido el procedimiento seguido por la institución accionada. Nótese que, en la actualidad, no se tiene ni siquiera un periodo de tiempo aproximado para el dictado de la resolución final de la denuncia, aspecto que resulta contrario al Derecho de la Constitución, luego haber transcurrido a la fecha de interposición del recurso más de diecinueve años y cuatro meses. Bajo el escenario descrito, estima esta Sala que sí se ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que vulnera el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido de la parte amparada, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política. Así las cosas, en virtud de que a la fecha de interposición del presento recurso el proceso en cuestión todavía no ha sido resuelto por el Tribunal Ambiental Administrativo recurrido, lo procedente es acoger el recurso, con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia V.- Por otra parte, si bien en el presente proceso de amparo se tiene como partes recurridas al Ministerio de Ambiente y Energía y la Municipalidad de Heredia, lo cierto es que no se acredita acción u omisión por parte de estas en caso bajo estudio. En consecuencia, se desestima el recurso respecto a dichas partes accionadas. (…)” ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida Subtemas: NO APLICA. VI.- Nota del Magistrado Castillo Víquez en cuanto la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico. VCG05/2024 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas: CONSTRUCCION. VII.- Nota del magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa que se denunció un relleno de tierra y entubamiento del cauce del río, estrangulamiento del cauce y construcción de un muro prefabricado de baldosas dentro del área de protección de la quebrada La Granada, donde se generó un severo estancamiento de aguas, lo cual pone en riesgo la salud pues se convirtió en un criadero de zancudos, y se ha generado gran cantidad de casos de dengue, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida. VCG05/2024 ... Ver más Texto de la resolución Exp: 24-002386-0007-CO Res. Nº 2024012481 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diez de mayo de dos mil veinticuatro. Recurso de amparo promovido por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA y el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. Resultando 1.- Por escrito presentado el 29 de enero de 2024, la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que en el 2004 se denunció un relleno de tierra y entubamiento de treinta y siete metros de largo dentro del cauce del río, estrangulamiento del cauce del río y construcción de un muro prefabricado de baldosas dentro del área de protección de la quebrada la Granada. Agrega que dichas obras generaron un severo estancamiento de aguas y desde 2004 ha afectado la propiedad inscrita en el Registro de la Propiedad con el plano No. H-1811311-2015, colindante con la empresa [Nombre 003], lo cual pone en riesgo su salud, la de sus empleados y la de los vecinos denunciantes, pues se convirtió en un criadero de zancudos, y de acuerdo al expediente del Ministerio de Salud, se ha generado gran cantidad de casos de dengue y una clara violación de la legislación vigente al ubicarse las obras dentro del área de protección de la quebrada La Granada. Refiere que se planteó la denuncia ante la Municipalidad de Heredia y el MINAE de Heredia, quienes valoraron el sitio y mediante acta de inspección No. CPI-001-2004 del 12 de agosto de 2004, visible a folio 21 del expediente No. 286-04-03 TM, verificaron los hechos denunciados. Asimismo, el 23 de febrero de 2004, como consta a folio No. 18 del expediente de cita, la Municipalidad de Heredia mediante el oficio No. DIM-0289-2004, verificó en el sitio los hechos denunciados y solicitó la intervención del MINAE. Por su parte, el Ingeniero [Nombre 005], mediante el oficio No. OH-471 del 03 de setiembre de 2004, visible a folios Nos. 22 al 24 del expediente, en su condición de funcionario del MINAE de Heredia, presentó denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) y en contra de [Nombre 004], representante legal de la empresa [Nombre 003], por rellenos de tierra dentro de área protegida, estrangulamiento del cauce al instalarse una tubería de escasos cuarenta y cinco centímetros de diámetro que tendría una afectación sobre un área aproximada de 8.5 hectáreas, y la construcción de un muro prefabricado de baldosas dentro del área de protección de la quebrada La Granada. Refiere que a través del oficio No. SG-2893-004 del 24 de agosto de 2004, visible a folio No. 6 del expediente, la SETENA, certificó que no existen permisos de viabilidad ambiental para movimientos de tierra, obras dentro del cauce y la construcción de un muro prefabricado de baldosas en la empresa [Nombre 003]. Además, que mediante el oficio No. IMN-DA\2283-2004 del 31 de agosto de 2004, visible a folios Nos. 1 al 3 del expediente, la Dirección de Aguas del MINAE, certificó que los trabajos realizados en la quebrada La Granada, en propiedad de la empresa [Nombre 003], no cuenta con los permisos para obras en cauce requeridos en la Ley de Aguas (Ley 276) y que se construyeron de forma ilegal. Menciona que mediante resolución No. 1067-04 del 19 de octubre de 2004, visible a folio No. 26 del expediente, el TAA convocó a [Nombre 004], en su condición de representante legal de la empresa [Nombre 003], a una comparecencia oral y privada, en fecha 14 de diciembre del 2004. No obstante, a través de la resolución No. 1428-04-TAA del 14 de diciembre de 2004, visible a folios Nos. 34 y 35, el TAA suspendió la comparecencia; luego se reprogramó, pero mediante resolución No. 769-05-TAA del 26 de mayo de 2005, visible a folio No. 58 del expediente, se suspendió nuevamente la audiencia, según consta en el expediente No. [Valor 002]. Apunta que durante 13 años se estuvo suspendiendo las audiencias y no es hasta el 12 de febrero de 2018, mediante resolución No-822018 TAA, visible a folios 93 al 95, que el TAA convocó a las partes a nueva audiencia; sin embargo, la volvieron a suspender, arguyendo errores materiales en el proceso. Luego, mediante resolución No. 830-2019 TAA del 28 de mayo de 2019, visible a folios Nos. 411 al 415, convocó a las partes a audiencia en fecha 30 de agosto de 2019; no obstante, no se evidencia seguimiento al expediente [Valor 002], y no existe resolución final del caso. Acusa que casi veinte años después de haber puestos las denuncias ante la Municipalidad de Heredia y el MINAE, el TAA sigue sin resolver el caso, no existe conclusión de los procesos y las dilaciones indebidas son evidentes, con lo cual se viola el artículo 110 de la Ley Orgánica del Ambiente, sobre celeridad del trámite. Aunado a que los problemas ambientales continúan en el sitio, sin que exista en el expediente una resolución final del caso. Tampoco se han establecido en vía administrativa, las indemnizaciones que puedan originarse en relación con los daños producidos por las violaciones a la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales, tal y como lo ordena el artículo 111 de la Ley Orgánica del Ambiente. Reclama que no ha existido justicia pronta y cumplida, pues han estado esperando por veinte años la resolución del caso. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el recurso. 2.- En resolución de las 19:27 horas del 09 de febrero de 2024, se da curso al proceso y solicita informe al presidente del Tribunal Ambiental Administrativo, así como el alcalde de la Municipalidad de Heredia y el jefe de la Oficina en Heredia del MINAE, sobre los hechos alegados por la parte recurrente. 3.- Mediante escrito incorporado al expediente digital el 20 de febrero de 2024, informa bajo juramento Edwin Arguedas Campos, en su condición de jefe de la Oficina Subregional de Heredia del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del MINAE, que “El actuar de esta oficina ha sido el de recibir la denuncia, atenderla y presentar la declaración de hechos ante el Tribunal Ambiental Administrativo, órgano que tiene la responsabilidad de resolverla y a la cual le asigno el número de expediente [Valor 006] y que mediante la resolución 830-2019-TAA, informa sobre la apertura del proceso ordinario Administrativo y se imputa la empresa [Nombre 003] Sociedad Anónima, cédula Jurídica [Valor 017], representada por [Nombre 004] cédula [Valor 005],en su calidad de Presidente con Representación Judicial y Extrajudicial de dicha Sociedad. Conforme se dice y se demuestra en el expediente adjunto esta Administración actúo conforme al marco de legalidad y el marco constitucional dando el trámite correspondiente a la denuncia presentada en el tiempo o plazo que la Ley estipula. Conocidas las consideraciones, esta Oficina ha cumplido conforme al mandato constitucional con el trámite pertinente de la atención y presentación de la denuncia respectiva. Petitoria. Se tenga por rendido el informe por parte de esta Oficina Subregional del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, debidamente emitido en el marco de mis competencias y se declare sin lugar el recurso de amparo por carecer de fundamento y no haberse violentado ninguna norma constitucional por parte de esta Oficina institucional”. 4.- Por escrito incorporado al expediente digital el 22 de febrero de 2024, informa bajo juramento Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo y se apersona Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, en su condición de juez vicepresidenta del Tribunal Ambiental Administrativo. Señalan que “PRIMERO: Que el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) por disposición del artículo 103 de la Ley Orgánica del Ambiente (publicada en La Gaceta N° 215 del 13 de noviembre de 1995), establece que es un órgano desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energía, con competencia exclusiva e independencia funcional en el desempeño de sus atribuciones. Acorde con las potestades del Tribunal Ambiental Administrativo conforme a la Ley Orgánica del Ambiente, esta institución actúa a partir de ser presentada la denuncia a instancia de parte (Art. 108 de LOA) o de oficio (Art. 111 de LOA). SEGUNDO: Antecedentes en relación con el expediente administrativo número [Valor 002]. 1. Que el día 03 de setiembre del 2006 (sic), el Ingeniero [Nombre 005], cédula número 2-328-772, en su condición de funcionario de la oficina de Heredia del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, Ministerio de Ambiente y Energía, presentó ante el Tribunal Ambiental Administrativo denuncia de carácter ambiental, en contra del señor [Nombre 002], representante legal de la Empresa [Nombre 003] por la supuesta afectación al área de protección de la Quebrada Granada, recibida en este Despacho el día 16 de setiembre del mismo año y mediante oficio OH-471 (folio 01-24) 2. Que a la denuncia le fue asignado el número de expediente administrativo N° [Valor 002]. 3. Que mediante Resolución N° 1067-04-TAA de las 12 horas con 2 minutos del 19 de octubre del 2004, folios 25 y 26 del expediente administrativo, este Tribunal inició Procedimiento Ordinario Administrativo citó "...al señor [Nombre 002], en calidad de denunciado a una comparecencia oral y privada. En calidad de denunciantes se cita al señor [Nombre 005]. Además este Tribunal establece que deben ser citado en calidad de coadyuvantes a está comparecencia a los señores Ing. Andrés Phillips Ureña y al Ing. José Joaquín Chacón Solano ambos funcionarios del Departamento de Aguas del Instituto Meteorológico Nacional del Ministerio de Ambiente Energía". Audiencia que debía realizarse el día 14 de diciembre del año 2004 a las 8:30 horas, en la sede del Tribunal Ambiental Administrativo. 4. Que a folios 27 a 30 del expediente administrativo consta el oficio SRC-601 del 16 de noviembre del 2004 y recibido en este Despacho en fecha 06 de diciembre del mismo año, suscrito por el Ing. [Nombre 005], en su condición de Jefe de la Subregión Central del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, en respuesta a la Resolución No.1067-04-TAA y en donde establece que no se pudo notificar a [Nombre 002] ya que: "...en múltiples ocasiones se trató de localizar a dicho señor; sin embargo no se tuvo respuesta positiva....". 5. Que a folios 31 33 del expediente administrativo consta el oficio IMN-DA-37522004 del 14 de diciembre del 2004 y recibido en este Despacho el mismo día, suscrito por el Ing. José Chacón Solano, en su condición de Subjefe del Departamento de Aguas del Instituto Meteorológico Nacional del Ministerio de Ambiente y Energía, en respuesta a la Resolución No.1067-04-TAA y en donde establece que ...por razones de fuerza mayor no podré asistir a la audiencia del día de hoy...". 6. Que mediante Resolución N°1428-04-TAA de las 9 horas con 24 minutos del 14 de diciembre del 2004, a folios 34 35 expediente administrativo, este Tribunal acordó "...suspender la comparecencia oral y privada señalada para el día 14 de diciembre del año dos mil cuatro, y proceder en el momento procesal oportuno a dictar un nuevo acto de apertura del procedimiento ordinario administrativo." 7. Que mediante Resolución N° 1429-04-TAA de las 10 horas con 7 minutos del 14 de diciembre del 2004, a folios 38 a 40 expediente administrativo, este Tribunal acordó citar a las partes interesadas del caso en cuestión, a una comparecencia oral y privada a realizarse el día 23 de marzo del año 2005 a las 8:30 horas, en la sede del Tribunal Ambiental Administrativo. 8. Que a folio 47 del expediente administrativo consta el oficio SRC-018 del 17 de enero del 2005 y recibido en este Despacho en fecha 20 de enero del mismo año, suscrito por el Ing. [Nombre 005], en su condición de Jefe de la Subregión Central del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, en respuesta a las Resoluciones No.1428-04-TAA y No. 1429-04-TAA, en donde se establece que no se pudo notificar [Nombre 002] ya que según su secretaria se encontraba fuera del país. 9. Que mediante Resolución N° 536-05-TAA de las 13 horas con 39 minutos del 25 de abril del 2005, a folios 48 49 expediente administrativo, este Tribunal acordó citar a las partes interesadas del caso en cuestión, a una comparecencia oral y privada a realizarse el día 09 de junio del año 2005 a las 13:30 horas, en la sede del Tribunal Ambiental Administrativo. 10. Que visible a folio 53 del expediente administrativo consta la constancia del notificador mediante el cual establece que no fue posible notificar al denunciado ya que el mismo "...se encontraba en la reforma." 11. Que mediante Resolución N° 769-05-TAA de las 15 horas con 30 minutos del 26 de mayo del 2005, a folios 56 a 58 expediente administrativo, este Tribunal acordó "...suspender la comparecencia oral y privada señalada para el día 09 de junio del año dos mil cinco a las 13:30 hrs en la sede del Tribunal Ambiental Administrativo y proceder en el momento procesal oportuno a dictar un nuevo acto de apertura del procedimiento ordinario administrativo." 12. Que mediante Resolución N° 770-05-TAA de las 13 horas con 52 minutos del 26 de mayo del 2005, a folios 60 y 61 del expediente administrativo, este Tribunal acordó citar a las partes interesadas del caso en cuestión, a una comparecencia oral y privada a realizarse el día 12 de julio del año 2005 a las 13:30 horas, en la sede del Tribunal Ambiental Administrativo. 13. Que la Resolución N° 1377-2017 de las 11 horas del 03 de noviembre del 2017, a folios 68 a 72 del expediente administrativo, corresponde a la apertura del procedimiento ordinario administrativo. 14. Que consta a folio 76 del expediente administrativo certificación de cuenta cedular emitida por el Oficial Mayor Electoral. 15. Que consta entre los folios 78-92 del expediente administrativo certificación de imágenes de bienes inmuebles del Registro Nacional de Costa Rica. 16. Que la Resolución N° 82-2018 de las 10 horas y 30 minutos del 12 de febrero del 2018, a folios 93 a 95 del expediente administrativo, corresponde a la corrección del error material de la Resolución N°1377-2017. 17. Que consta entre los folios 98-101 del expediente administrativo boleta de notificación del Correo Nacional al Sr. [Nombre 004] de manera infructuosa. 18. Que la Resolución N° 331-2018 de las 10 horas del 26 de abril del 2018, a folios 102 a 103 del expediente administrativo, corresponde a la reprogramación de la audiencia oral y pública al día 05 de octubre 2018. 19. Que consta a folio 110 del expediente administrativo el oficio DA-723-2018 del 30 de mayo 2018, y recibido el 05 de junio del mismo año, suscrito por el Ing. José Joaquín Chacón Solano, Subdirector de la Dirección de Agua mediante el cual informa a este Tribunal que "el día de la audiencia me encontraré gozando de vacaciones de Ley, las que no puedo variar, pues posterior al goce de las mismas, me acogeré a la jubilación. En razón de ello y que nuestro funcionario el Ing. Ignacio Campos Rodríguez, de la Unidad Hidrológica Tárcoles Pacífico Central, fue quien realizó la última inspección..". 20. Que la Resolución N° 1044-2018 de las 09 horas del 02 de octubre del 2018, a folios 111 a 112 del expediente administrativo, corresponde la reprogramación de la audiencia oral y pública al día 29 de marzo 2019. 21. Que consta entre los folios 119-123 del expediente administrativo el oficio 692-18TAA del 16 de noviembre 2018, se solicita al área administrativa de este Tribunal, proceder a realizar la notificación por medio de publicación de edicto. 22. Que consta entre los folios 124-144 del expediente administrativo la publicación de las resoluciones en el Alcance N° 216, 218, 221 del Diario Oficial La Gaceta. 23. Que consta a folio 145 del expediente administrativo el oficio DA-UHTPCOSJ-3214-2018 del 08 de noviembre 2018, y recibido el 13 de noviembre del mismo año, suscrito por la Ing. Marilyn Mora Vega, Coordinadora de la UH-Tárcoles Pacífico Central de la Dirección de Agua; mediante el cual aporta el correo electrónico de los funcionarios. 24. Que consta entre los folios 146-148 del expediente administrativo el oficio SINACACC-OH-1424-2018 del07 de diciembre 2018, suscrito por Ing. Meryll Arias Quirós, Jefe de la Oficina Subregional Heredia, Área de Conservación Central- 25. Que el día 02 de octubre del 2009 se recibe el oficio DOPR-0548-2009 de la Dirección Operativa de la Municipalidad de Heredia, suscrito por la señora Teresita Granados Villalobos Coordinadora a.i. del Departamento Ambiental, mediante el cual interpone formal denuncia de carácter ambiental en contra de la empresa denominada [Nombre 003], por la supuesta afectación ambiental de una laguna producto de los movimientos de tierra y de relleno dentro de la zona de protección de la Quebrada Granada. 26. Que consta a folio 155 del expediente administrativo el oficio DOPR-845-2009 del 16 de diciembre 2009, y recibido el 18 de diciembre del mismo año, suscrito por la señora Teresita Granados Villalobos Coordinadora a.i. del Departamento Ambiental de la Municipalidad de Heredia. 27. Que consta a folio 156 del expediente administrativo el oficio DOPR-14-2010 del 08 de enero 2010, y recibido el 11 de enero del mismo año, suscrito por la Ing. Lorelly Marín Mena, Directora de Operaciones de la Municipalidad de Heredia. 28. Que consta entre los folios 168-187 del expediente administrativo el oficio RCNARSH-R-4837-2009 del 03 de diciembre 2009, y recibido en este Despacho el 12 de enero 2010 suscrito por la Dra. Mayela Víquez Guido, Directora del Área Rectora de Salud de Heredia. 29. Que consta entre los folios 188-193 del expediente administrativo el oficio DRRSDR-CN-AJ-019-2010 del 19 de enero 2009, y recibido en este Despacho el 21 de enero 2010 suscrito por la Dra. Karina Garita Montoya, Directora Región Central Norte a.i. 30. Que mediante Resolución N° 1615-09-TAA de las 09 horas con 09 minutos del 11 de diciembre del 2009, se acuerda solicitar a la señora Teresita Granados Villalobos Coordinadora a.i. del Departamento Ambiental de la Municipalidad de Heredia, que remita los informes emitidos por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones, con relación al problema denunciado, con la finalidad de analizar lo establecido por dichos Ministerios, siendo que en la denuncia se menciona el hecho, sin embargo, no se adjuntan los informes respectivos. (folios 194-195). 31. Que el día 08 de febrero del 2010, se recibe el oficio DOPR-0082-2010 del 05 de febrero 2010 de la Dirección de Operaciones de la Municipalidad de Heredia, mediante el cual indica sobre las visitas junto con funcionarios del Ministerio de Salud el MINAE. (folios 196-244). 32. Que visible a los folios 97 al 102 del expediente administrativo consta el oficio TAADT-021 del Departamento Técnico del Tribunal Ambiental Administrativo. 33. Que mediante la Resolución No. 284-10-TAA de las nueve horas cincuenta y siete minutos del día nueve de marzo del año dos mil diez este Despacho acordó: Primero: Ordenar al representante legal de la empresa denominada [Nombre 003] cumplir con la medida cautelar ordenada en el considerando quinto de la presente resolución. Para la ejecución y notificación de la presente medida cautelar este Despacho designa como responsable al señor [Nombre 007], en su condición de Jefe de la Oficina Subregional Heredia del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, para que proceda de forma inmediata con lo establecido en el considerando quinto de la presente resolución. Los efectos de la presente medida cautelar interlocutoria persistirán hasta que este Despacho proceda a dictar el acto final en el presente procedimiento ordinario administrativo de investigación o se pronuncie de forma distinta. Se le otorga al representante legal de la empresa denominada [Nombre 003], el plazo de tres días hábiles, los cuales comenzarán a correr el día hábil siguiente de notificada la presente resolución, para que manifieste lo que corresponda en torno a la medida cautelar impuesta mediante la presente resolución. Asimismo, se le hace saber que el no acatar la presente medida cautelar en todos sus extremos, lo podría hacer incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad previsto y sancionado con pena de prisión por el artículo 307 del Código Penal. Segundo: Solicitar al señor José Manuel Ulate Avendaño, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Heredia, o a quien ocupe su cargo, que presente el informe solicitado en el considerando sexto de la presente resolución en un plazo de diez días naturales, los cuales comenzarán a correr el día hábil siguiente de notificada la presente resolución. Tercero: Solicitar a la señora Karina Garita Montoya, en su condición de Directora de la Región Central Norte del Ministerio de Salud, o a quien ocupe su cargo, que presente el informe solicitado en el considerando sétimo de la presente resolución en un plazo de diez días naturales, los cuales comenzarán a correr el día hábil siguiente de notificada la presente resolución. Cuarto: Solicitar a la señora Sonia Espinoza Valverde, en su condición de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o a quien ocupe su cargo, que presente el informe solicitado en el considerando octavo de la presente resolución en un plazo de diez días naturales, los cuales comenzarán a correr el día hábil siguiente de notificada la presente resolución. Quinto: Solicitar al señor José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Director de la Dirección de Aguas del MINAE, o a quien ocupe su cargo, que presente el informe solicitado en el considerando noveno de la presente resolución en un plazo de diez días naturales. (folios 251 a 258). 34. Que a folio 258 del expediente administrativo se tiene el oficio N° 226-10-TAA, dirigido al Ing. Freddy Valerio Seguro, en el cual se le indica que debe proceder a notificar la presente resolución a la Empresa [Nombre 003]. 35. Que en fecha 08 de abril del 2010 ingresa oficio N° AMH-0460-2010 suscrito por el MBA. José Manuel Ulate Avendaño, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Heredia, en el cual le informa a este Tribunal que dicha empresa [Nombre 003] no cuenta con el correspondiente permiso Municipal para realizar obras de entubamiento de agua. (folios 264 a 266). 36. Que el 09 de abril del 2010 ingresa el oficio No. SRC-OH-329 suscrito por el Ing. Freddy Valerio, en su condición de Jefe de la Oficina de Heredia, en donde procede a indicarle a este Tribunal que no ha sido posible notificarle a los señores de [Nombre 003] la resolución de la Medida Cautelar. (Ver folios 267-278). 37. Que en fecha 03 de mayo del año 2010 se recibe oficio No.DRRS-DR-CN-803-2010, suscrito por la Dra. Karina Garita Montoya, en su condición de Directora Regional del Ministerio de Salud, en el cual aporta el resultado de la valoración del vertido en la laguna formada en la Quebrada La Granada. (folios 281-282). 38. Que el 11 de mayo del 2010 ingresa el oficio No. SG-ASA-0492-2010-SETENA suscrito por la MSc. Sonia Espinoza Valverde en su condición de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en la cual informa que la Empresa [Nombre 003] No cuenta con Viabilidad Ambiental ni tampoco se encuentra en trámite. (folio 284) 39. Que en fecha 09 de junio del 2010 se recibe oficio No. DA-1466-10 suscrito por el funcionario de la Dirección de Agua señor Douglas Alvarado Rojas en el cual rinde informe e indica: Los trabajos realizados por [Nombre 003] se ubican en el primer tramo, descrito supra e implicó movimientos de tierra para la conformación de terrazas y relleno del cauce y la construcción de una tapia. En cuanto al entubamiento, por no contar con permisos, se desconoce la capacidad pendiente, período de retorno del diseño y otros parámetros necesarios para evacuar su capacidad hidráulica y la posibilidad de causar un taponamiento y represamiento, que podría eventualmente, causar daño a terceros. (folios 285-286) 40. Que en fecha 07 de abril del 2011 ingresa oficio N° AMH-0428-2011 suscrito por el MBA. José Manuel Ulate Avendaño, Alcalde de la Municipalidad de Heredia dirigido a la Dra. Mayela Víquez Guido de la Dirección Área Rectora de la Salud de Heredia, y con copia al Tribunal Ambiental. (folios 287-294). 41. Que en fecha 16 de noviembre del 2018 ingresa oficio N° ACC-OH-1324-2018 suscrito por el Sr. Carlos Carballo Sánchez, de la Oficina de Protección y Control SINAC-Heredia. (folio 295) 42. Que en fecha 22 de noviembre del 2018 ingresa oficio N° DIP-GA-187-2018 suscrito por el Lic. Roger Araya Guerrero, Gestor Ambiental de la Municipalidad de Heredia. (folio 296) 43. Que mediante Resolución N° 145-19-TAA de las 10 horas y 30 minutos del 29 de enero del 2019, resuelve acumular ..el expediente administrativo número [Valor 014] dentro del expediente número [Valor 015], prevaleciendo éste último; por ello de ahora en adelante la investigación del caso se realizará únicamente dentro del expediente administrativo número [Valor 015]..." (folios 297-303) 44. Que el día 09 de diciembre del 2015, el Arq. Alejandro Chaves Di Luca, encargado de Control Fiscal y Urbano de la Municipalidad de Heredia, presentó ante el Tribunal Ambiental Administrativo denuncia de carácter ambiental bajo el oficio CFU-5562015 del 15 de noviembre 2015 en contra del señor [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 005]; en su condición de presidente y apoderado generalísimo sin límite de suma de la Empresa [Nombre 003] S.A. cédula jurídica [Valor 007]. (folios 317-320) 45. Que mediante Resolución N° 162-16-TAA de las 07 horas y 15 minutos del 22 de febrero del 2016, resuelve solicitar criterio técnico a diversas dependencias administrativas. (folio 322-324) 46. Que en fecha 26 de abril del 2016 ingresa oficio N° OH-453-2016 del 21 de abril 2016 suscrito por el Sr. Carlos Carballo Sánchez, de la Oficina de Protección y Control SINAC-Heredia. (folios 333-334) 47. Que en fecha 30 de mayo del 2016 ingresa oficio N° SG-DEA-1370-2016 del 12 de mayo del mismo año, suscrito por el Lic. Marco Arroyo, Secretario General de SETENA, en respuesta a la Resolución N°162-16-TAA. (folios 335-336) 48. Que en fecha 23 agosto del 2016 ingresa oficio N° DA-UHTPCOSJ-2110-2016 del 10 de agosto 2016, suscrito por el Ing. Ignacio Campos Rodríguez de la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Central, en respuesta a la Resolución N° 162-16-TAA. (folios 337-339) 49. Que el día 28 de agosto del 2018, el señor [Nombre 006], cédula de identidad [Valor 009] y vecinos de Heredia, Guarari, Nísperos Tres, La Milpa, presentaron ante el Tribunal Ambiental Administrativo denuncia de carácter ambiental, en contra de la Empresa [Nombre 003] S.A. cédula jurídica [Valor 007]. (folios 340-350) 50. Que mediante Resolución N° 237-19-TAA de las 08 horas 20 minutos del 15 de febrero del 2019, resuelve acumular ....el expediente administrativo número [Valor 016] dentro del expediente número [Valor 002], prevaleciendo éste último; por ello de ahora en adelante la investigación del caso se realizará únicamente dentro del expediente administrativo número [Valor 002] ...". (folios 351-358) 51. Que consta a folio 371 del expediente administrativo certificación de personería jurídica de la sociedad [Nombre 003] S.A., cédula jurídica [Valor 017]. 52. Que mediante Resolución N° 487-2019-TAA de las 10 horas y 30 minutos del 27 de marzo del 2019, folios 372 y 373, resuelve "SUSPENDER la audiencia oral y pública señalada para las 8 horas 30 minutos de 29 de marzo del 2019...". 53. Que mediante resolución número 829-2019-TAA de las 14 horas del 28 de mayo del 2019, visible a folios 392 a 399, se declara la nulidad absoluta de la Resolución N° 1429-04-TAA de las 10 horas del 14 de diciembre 2004 (folios 39-40 Tomo I), consecuentemente las resoluciones N° 1377-2017-TAA de las 11 horas del 03 de noviembre del 2017 (folios 68-72); N° 82-2018-TAA de las 10 horas y 30 minutos del 12 de febrero 2018 (folios 93-95 Tomo I), N° 331-2018-TAA de las 10 horas del 26 de abril 2018 (folios 102-103 Tomo I) y N° 1044-2018-TAA de las 09 horas del 02 de octubre del 2018 (folios 111-112 Tomo l); retrotrayendo el presente expediente a la fase de investigación previa a la apertura formal del procedimiento administrativo. 54. Que mediante resolución número 830-2019-TAA de las 14 horas 35 minutos del 28 de mayo del 2019, visible a folios 411 a 415, se declara formalmente la apertura de un proceso ordinario administrativo y se imputa a la empresa [Nombre 003] Sociedad Anónima, cédula jurídica N° [Valor 017], representada por el Sr. [Nombre 004], cédula de identidad N° [Valor 005] en su condición de Presidente con representación judicial ) extrajudicial (folio 371 Tomo I1); y a este último, por una eventual responsabilidad solidaria conforme al Art. 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, quien es la propietaria registral del bien inmueble Finca Matrícula N° 157180-000 de la Provincia de Heredia inscrita en el Registro Nacional de Costa Rica el 24 de mayo 2005 (folio 318) plano de catastro N° H-948705-2004, ubicada en el Distrito: San Francisco, Cantón: Heredia, Provincia: Heredia; y consecuentemente se imputa al Sr. [Nombre 004], cédula de identidad N° [Valor 005] en su condición personal por eventual responsabilidad solidaria conforme al Art. 101 de la Ley Orgánica del Ambiente; todos ellos en virtud de la denuncia incoada mediante: 1) oficio N° OH-471 del 03 de setiembre 2004, suscrito por Ingeniero [Nombre 005], cédula número 2-328-772, en su condición de funcionario de la oficina de Heredia del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, el cual es recibido en este Despacho el día 16 de setiembre 2004 (folios 01-24 Tomo I), 2) MPr. Teresita Granados Villalobos, Coordinadora Ambiental a.i. de la Dirección Operativa de la Municipalidad de Heredia emitido bajo el oficio DOPR-548-2009 del 01 de octubre 2009 (folios 149-154 Tomo 1), 3) Arq. Alejandro Chaves Di Luca, encargado de Control Fiscal y Urbano de la Municipalidad de Heredia emitido bajo el oficio CFU-556-2015 del 15 de noviembre 2015 (folios 317-320 Tomo 1I), y 4) el señor [Nombre 006], cédula de identidad [Valor 009] y vecinos de Heredia, Guarari, Nísperos Tres, La Milpa (folios 340-350 Tomo II), citando a todas las partes a una Audiencia Oral y Pública que se celebrará en la sede del Tribunal Ambiental Administrativo a las 08 HORAS 30 MINUTOS DEL 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2019. 55. Que a folios 452 a 454 consta acta de audiencia de las 08 horas 30 minutos del 30 de agosto del 2019, misma que fue suspendida. CONSIDERACIONES DE FONDO Al efecto y vista la descripción del expediente administrativo, este Tribunal indica que mediante resolución 193-2024-TAA de las 12 horas 10 minutos del 21 de febrero del 2024, se procedió a reprogramar la celebración de audiencia oral y pública para las 08 horas 30 minutos del 26 de abril del 2024, encontrándose a la fecha del presente informe en proceso de notificación, en razón de que algunas de las notificaciones se deben realizar de manera personal y por medio de fax (con los intentos que por Ley sean necesarios), esto para resguardar el debido proceso y derechos de las partes. Cabe aclarar a la Honorable Sala Constitucional, para un mejor entender del expediente administrativo y su desarrollo a través del tiempo, que la resolución N°1067-04 del 19 de octubre de 2004 (folio 25-26) inicia formal Procedimiento Ordinario Administrativo, mediante el cual se comunica al señor [Nombre 004], cédula de identidad [Valor 010] en su condición personal, no así, como lo señala el recurrente en "su condición de represente legal de la empresa [Nombre 003]" para una comparecencia oral y privada, en fecha 14 de diciembre 2004. Fue con la emisión de la resolución administrativa N° 1428-04-TAA del 14 de diciembre del 2004 (folios 34 y 35) que se acordó suspender la comparecencia. Al emitirse la resolución N° 536-05-TAA del 25 de abril del 2005, se reprograma para realizarse el 09 de junio del 2005 (folio 51-52), pero en virtud de que la constancia de notificación visible a folio 53 establece que no fue posible notificar al denunciado, este Despacho procedió en emitir la resolución 769-05-TAA del 26 de mayo 2005 (folio 56-58) a fin de suspender la comparecencia señalada. Posteriormente, mediante resolución número 770-05-TAA de las 13 horas con 52 minutos del 26 de mayo del 2005, a folios 60 y 61 del expediente administrativo, este Tribunal acordó citar a las partes interesadas del caso en cuestión, a una comparecencia oral y privada a realizarse el día 12 de julio del año 2005 las 13:30 horas, en la sede del Tribunal Ambiental Administrativo. Mediante resolución número 1377-2017 de las 11 horas del 03 de noviembre del 2017, a folios 68 72 del expediente administrativo, corresponde a la apertura del procedimiento ordinario administrativo. Por su parte, la resolución número 82-2018 de las 10 horas y 30 minutos del 12 de febrero del 2018, a folios 93 a 95 del expediente administrativo, corresponde a la corrección del error material de la Resolución N° 1377-2017, y la resolución número 331-2018 de las 10 horas del 26 de abril del 2018, a folios 102 103 del expediente administrativo, corresponde a la reprogramación de la audiencia oral y pública al día 05 de octubre 2018.Que la resolución número 1044-2018 de las 09 horas del 02 de octubre del 2018, a folios 111 a 112 del expediente administrativo, corresponde a la reprogramación de la audiencia oral y pública al día 29 de marzo 2019. Posteriormente, mediante Resolución N° 237-19-TAA de las 08 horas y 20 minutos del 15 de febrero del 2019, resuelve acumular “el expediente administrativo número 373-09-01TAA dentro del expediente número [Valor 002], prevaleciendo éste último; por ello de ahora en adelante la investigación del caso se realizará únicamente dentro del expediente administrativo número [Valor 002] ...”. (folios 351-358) Nuevamente, mediante resolución número 487-2019-TAA de las 10 horas y 30 minutos del 27 de marzo del 2019, folios 372 y 373, resuelve "SUSPENDER la audiencia oral y pública señalada para las 8 horas 30 minutos de 29 de marzo del 2019...". Visto lo anterior, mediante resolución número 829-2019-TAA de las 14 horas del 28 de mayo del 2019, visible folios 392 a 399, se declara la nulidad absoluta de la Resolución N° 142904-TAA de las 10 horas del 14 de diciembre 2004 (folios 39-40 Tomo I), y consecuentemente las resoluciones N° 1377-2017-TAA de las 11 horas del 03 de noviembre del 2017 (folios 6872); N° 82-2018-TAA de las 10 horas y 30 minutos del 12 de febrero 2018 (folios 93-95 Tomo I), N° 331-2018-TAA de las 10 horas del 26 de abril 2018 (folios 102-103 Tomo I) y N° 1044-2018-TAA de las 09 horas del 02 de octubre del 2018 (folios 111-112 Tomo I); retrotrayendo el presente expediente a la fase de investigación previa a la apertura formal del procedimiento administrativo. Posteriormente, mediante resolución administrativa N° 830-2019-TAA de las 14 horas con 35 minutos del día 28 de mayo de 2019, visible a folios 411 a 415 del expediente administrativo, este Tribunal acordó declarar formalmente la apertura del proceso ordinario administrativo, imputando cargos a: [Nombre 003] Sociedad Anónima, cédula jurídica N° [Valor 017], representada por el Sr. [Nombre 004], cédula de identidad N° [Valor 005] en su condición de Presidente con representación judicial y extrajudicial (folio 371 Tomo II), y en su condición personal por eventual responsabilidad solidaria, y citando a audiencia oral y pública para las 08 horas 30 minutos del día 30 de agosto del 2019. Además, consta entre los folios 452 a 454 a del expediente administrativo, el Acta de Audiencia Oral y Pública del 30 de agosto del 2019; misma en la que se resuelve suspender como consta a folio 453 del expediente, indicando que "(...) el señor [Nombre 004], cédula de identidad número [Valor 005] en su condición personal, quien no se encuentra debidamente notificado conforme consta a folios 427, 444| 447 (...)", sin que conste fecha de reprogramación de audiencia. Por lo anterior, este Despacho procede en emitir la resolución número 193-2024-TAA de las 12 horas 10 minutos del 21 de febrero 2024, antes mencionada. En virtud de lo anterior, se informa a la Honorable Sala Constitucional que en este Tribunal se encuentra notificando a todas las partes e interesados del proceso la resolución número 193-2024-TAA, y consecuentemente a la espera de efectuar válidamente la Audiencia Oral y Pública el día 26 de abril del 2024; posterior a eso se procederá a emitir la resolución final que corresponda conforme a Derecho. (…) PETITORIA Con fundamento en las razones de hecho y de Derecho señaladas, se tiene por atendida la gestión y rendido el informe solicitado, y consecuentemente se solicita que se declare sin lugar el recurso de amparo interpuesto por Sr. [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001] que se tramita bajo expediente número 24-02386-0007-CO, expediente administrativo número [Valor 002], y sin especial condenatoria en costas”. 5.- Mediante escrito incorporado al expediente digital el 23 de febrero de 2024, informa bajo juramento Ángela Ileana Aguilar Vargas, en su condición de alcaldesa de la Municipalidad de Heredia, que “I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES Como punto de partida es fundamental señalar que la actuación de mi representada ha procurado en todo momento buscar una solución por las vías de la coordinación y gestión interinstitucional al originarse el problema en una zona de protección de una quebrada que de conformidad con el oficio IMNDA-1839-04, 12 julio de 2004 (Folio impreso 4-5 del expediente [Valor 002]) es de carácter permanente y se encuentra bajo regencia del MINAE. En ese entendido, los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, Ley 7575 contemplan un régimen jurídico especial al imponer limitaciones de interés social que son de acatamiento obligatorio por parte de los titulares de inmuebles que, como en este caso, colindan con estas áreas que integran el dominio público. Partiendo de lo anterior, al TAA le compete la resolución de controversias ambientales en apego a las disposiciones del numeral 111 de la Ley 7554 que en lo conducente señala: Artículo 111- Competencia del Tribunal. El Tribunal Ambiental Administrativo será competente para: a) Conocer y resolver, en sede administrativa, de oficio o a instancia de parte las denuncias establecidas referentes a comportamientos activos y omisos contra todas las personas, públicas o privadas, por violaciones a la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales que puedan generar daño ambiental. (…)” Así las cosas, se cuenta con registros de actuaciones del municipio en el inmueble que origina la interposición del presente recurso desde el año 2004, época en la cual se empezaron a realizar inspecciones e informar al MINAE de las obras ejecutadas en cauce y que dieron origen a la apertura de un procedimiento ante el TAA tramitado bajo expediente 286-04-TAA, del cual aportamos copia integra en formato digital para conocimiento de su autoridad, proceso que dicho sea de paso no ha concluido como veremos de seguido. II. DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA ALCADIA MUNICIPAL DE HEREDIA Y EL PERSONAL MUNICIPAL • Como punto de partida y así consta en el expediente del TAA desde el año 2004 el municipio advirtió de las obras que se desarrollaron en el inmueble de la empresa denominada Busetas Herediana y que afectaron la Quebrada Granada. El recuento de actuaciones desde ese momento es desarrollado por el amparado en su escrito; no obstante, resulta fundamental para la valoración a cargo de ese tribunal de justicia constitucional. • En ese orden de ideas mediante oficio DIPGA-033-2024, el Lic. Roger Araya Guerrero, Gestor Ambiental del municipio, detalló las acciones ejecutadas por el municipio y que evidencian que se ha procurado una solución al problema que motiva este recurso de amparo. • Para el 1 de octubre de 2009 el municipio presentó formalmente una denuncia ante el TAA mediante oficio DOPR-0548-2009 solicitando la intervención de esa instancia para que valoren el daño ambiental causado por los propietarios del inmueble del plantel de las [Nombre 003], a dicha denuncia se le asignó el expediente [Valor 015]. • El 16 de diciembre de 2009, se presentó ante el TAA el oficio DOPR-0845-2009, dándole seguimiento a la gestión presentada en octubre de ese mismo año. • El 11 de enero de 2010, mediante oficio DOPR-0014-2010, se solicita una audiencia ante el TAA para tratar el tema de la problemática ambiental generada por la empresa [Nombre 003]. Se solicitó una pronta atención dada la urgencia para la atención de lo denunciado. • Mediante resolución 1615-09-TAA dictada dentro del expediente [Valor 015], se solicita al municipio por parte del Tribunal Ambiental aportar informes emitidos por el Ministerio de Salud y del Ministerio del Ambiente que guardan relación con el tema denunciado. Lo anterior denota que igualmente ha existido una intervención del ente ministerial rector de la Salud Pública y que su participación es de conocimiento directo del TAA. • A través del oficio DOPR-0082-2012 el municipio aporta la información requerida y cumple con la prevención del TAA. • Que esta Alcaldía a través del oficio AMH-0460-2010 cumple con lo requerido por el TAA en la resolución 284-10-TAA y realiza una serie de aclaraciones pertinentes respecto a la actuación del Gobierno Local. • Mediante oficio CFU-0556-2015, el Arq. Alejandro Chaves Di Luca, Encargado de Control Fiscal y Urbano de este municipio, informa nuevamente al TAA de los daños ambientales que se estarían produciendo por las acciones ejecutadas por los titulares del inmueble de la empresa [Nombre 003]. En ese acto se solicita colaboración para que se adopten las acciones correctivas a la instancia especializada y competente en materia de tutela ambiental. • La unidad ambiental del municipio solicitó información del expediente mediante oficio DIP-GA-2018 del 22 de noviembre de 2018. • Es importante aclarar que mediante resolución 237-19-TAA, de las 08:2ohrs del 15 de febrero de 2019, el TAA acumulo los procesos [Valor 015], 199-15-01-TAA al expediente [Valor 002], prevaleciendo este último por ser el primero que se apertura. • Mediante resolución 830-2019-TAA de las 14:35hrs del 28 de mayo de 2019, el TAA declara formalmente la apertura de un proceso ordinario administrativo con imputación a la empresa [Nombre 003] S.A. por los daños causados, fungiendo como denunciantes por parte del municipio la Máster Teresita Granados Villalobos, Coordinadora Ambiental para ese entonces y el Arq. Alejandro Chaves Di Luca, Encargado de Control Fiscal y Urbano. • El 9 de setiembre de 2019 presentamos ante el TAA el informe DIP-GA-157-2019 de la Sección de Gestión Ambiental, así como fotografías del estado que presentaba en ese momento la laguna que se formó y que era objeto de las denuncias formuladas por contaminación ambiental. • Para el 15 de noviembre de 2021, se le brinda impulso procesal al proceso en investigación a cargo del TAA a efectos de que se puedan atender las denuncias formuladas. • A la fecha, el municipio en condición de denunciante e interesado en este proceso, no solo ha aportado prueba pertinente, sino que además a dado impulso procesal a la investigación a cargo del TAA, al día de hoy estamos a la espera de la convocatoria que debe realizar la entidad ministerial para que se resuelva en definitiva esta denuncia. PETITORIA Es claro entonces que las acciones del Gobierno Local respecto al objeto del recurso de amparo se han ajustado a las disposiciones legales, ya que fuimos gestores de denuncias, elaboramos informes, efectuamos inspecciones, aportamos prueba, cumplimos con los requerimientos del TAA y dimos impulso procesal a la investigación que lleva a cabo el TAA, tal y como puede apreciarse en los expedientes que aportamos como elementos de prueba. En ese sentido no se evidencia inacción alguna de mi representada que vulnere los derechos fundamentales del amparado y por el contrario, hemos sido diligentes al acudir ante el órgano competente por mandato de ley para determinar factores de contaminación ambiental como los denunciados oportunamente. En virtud de lo anterior, solicito que el presente recurso de amparo sea desestimado en todos sus extremos en lo que atañe a mi representada”. 6.- Por escrito incorporado al expediente digital el 23 de abril de 2024, la parte recurrente reitera sus pretensiones. 7.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. Redacta la Magistrada Alvarado Paniagua; y, Considerando: I.- Objeto del recurso. El recurrente alega que en el 2004 se denunció un relleno de tierra y entubamiento de treinta y siete metros de largo dentro del cauce del río, estrangulamiento del cauce y construcción de un muro prefabricado de baldosas dentro del área de protección de la quebrada La Granada. Agrega que dichas obras generaron un severo estancamiento de aguas y ha afectado la propiedad inscrita en el Registro de la Propiedad con el plano No. H-1811311-2015, colindante con la empresa [Nombre 003], lo cual pone en riesgo su salud, la de sus empleados y la de los vecinos denunciantes, pues se convirtió en un criadero de zancudos, y de acuerdo al expediente del Ministerio de Salud, se ha generado gran cantidad de casos de dengue y una violación de la legislación vigente al ubicarse las obras dentro del área de protección de la quebrada La Granada. Refiere que se planteó la denuncia ante la Municipalidad de Heredia y el MINAE de Heredia, quienes valoraron el sitio y mediante acta de inspección No. CPI-001-2004 del 12 de agosto de 2004, verificaron los hechos denunciados. Asimismo, el 23 de febrero de 2004, la Municipalidad de Heredia mediante el oficio No. DIM-0289-2004, verificó en el sitio los hechos denunciados y solicitó la intervención del MINAE. Por su parte, el Ingeniero [Nombre 005], mediante el oficio No. OH-471 del 03 de setiembre de 2004, en su condición de funcionario del MINAE de Heredia, presentó denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo. Sin embargo, a la fecha de interposición del recurso, no ha dictado la sentencia del caso y, por ende, la problemática continúa. Reclama que no ha existido justicia pronta y cumplida, pues han estado esperando por veinte años la resolución del caso. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el recurso. II.- De previo. De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción, pues, se trata de un retardo en resolución de una denuncia ambiental tramitada por parte del Tribunal Ambiental Administrativo, siendo que esta Sala ha continuado admitiendo para valoración aquellos asuntos en los que está de por medio la presunta violación al medio ambiente. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: a) El 03 de setiembre de 2004, [Nombre 005], en su condición de funcionario de la oficina de Heredia del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, Ministerio de Ambiente y Energía, presentó ante el Tribunal Ambiental Administrativo una denuncia de carácter ambiental, contra el señor [Nombre 002], representante legal de la Empresa [Nombre 003] por la supuesta afectación al área de protección de quebrada La Granada y a la denuncia le fue asignado el número de expediente administrativo [Valor 002] (véase informe de la autoridad recurrida y prueba documental aportada). b) Por resolución No. 1067-04 del 19 de octubre de 2004, el Tribunal accionado inició formalmente el procedimiento ordinario administrativo, mediante el cual se comunica al señor [Nombre 004], cédula de identidad [Valor 010] en su condición personal, no en su condición de represente legal de la empresa [Nombre 003] para una comparecencia oral y privada para el 14 de diciembre de 2004, así como a otras partes (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital). c) El 06 de diciembre de 2004, mediante oficio No. SRC-601, suscrito por la Subregión Central del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, comunicó que no fue posible notificar al denunciado [Nombre 002] ya que “en múltiples ocasiones se trató de localizar a dicho señor; sin embargo no se tuvo respuesta positiva” (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital). d) El 14 de diciembre de 2004, por oficio No. IMN-DA-37522004 del subjefe del Departamento de Aguas del Instituto Meteorológico Nacional del Ministerio de Ambiente y Energía, en respuesta a la resolución No.1067-04-TAA comunicó que “por razones de fuerza mayor no podré asistir a la audiencia del día de hoy” (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital). e) Mediante resolución administrativa No. 1428-04-TAA del 14 de diciembre de 2004 que se acordó suspender la comparecencia oral y privada señalada para el 14 de diciembre de 2004 (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital). f) Por resolución No. 1429-04-TAA del 14 de diciembre de 2004, se citó a las partes interesadas a una comparecencia oral y privada para el 23 de marzo de 2005 (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital). g) El 20 de enero de 2005, por oficio No. SRC-018 el jefe de la Subregión Central del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, en respuesta a las resoluciones Nos. 1428-04-TAA y 1429-04-TAA, pone en conocimiento que no fue posible notificar al denunciado [Nombre 002], ya que según su secretaria se encontraba fuera del país (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital). h) Mediante resolución No. 536-05-TAA del 25 de abril de 2005, fueron citadas las partes interesadas a una comparecencia oral y privada a realizarse el 09 de junio de 2005, pero debido a que no fue posible notificar al denunciado se emitió la resolución No. 769-05-TAA del 26 de mayo de 2005, a fin de suspender la comparecencia señalada (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital). i) Mediante resolución No. 770-05-TAA del 26 de mayo de 2005, fueron citas las partes interesadas a una comparecencia oral y privada a realizarse el 12 de julio de 2005 (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital). j) El 02 de octubre de 2009 por oficio DOPR-0548-2009 de la Dirección Operativa de la Municipalidad de Heredia, suscrito por Teresita Granados Villalobos, coordinadora del Departamento Ambiental, interpuso formal denuncia de carácter ambiental en contra de la empresa denominada [Nombre 003], por la supuesta afectación ambiental de una laguna producto de los movimientos de tierra y de relleno dentro de la zona de protección de quebrada La Granada (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital). k) Mediante resolución No. 1615-09-TAA del 11 de diciembre de 2009, le fue solicitado a la coordinadora del Departamento Ambiental de la Municipalidad de Heredia que remitiera los informes emitidos por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones, con relación al problema denunciado, con la finalidad de analizar lo establecido por dichos ministerios (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital). l) Mediante la resolución No. 284-10-TAA el 09 de marzo de 2010, se dispuso, entre otras cosas, ordenar al representante legal de la empresa [Nombre 003] cumplir con la medida cautelar de apertura del relleno y eliminación de las obras en cause para permitir el flujo normal del agua que se encuentra estancada y respetar el área de protección de la quebrada La Granada, así como que los efectos de la medida cautelar deben persistir hasta el dictado del acto final del procedimiento. Además, se solicita las partes la emisión de distintos informes (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital). m) El 08 de abril de 2010, por oficio No. AMH-0460-2010 suscrito por el alcalde de Heredia informa al Tribunal Ambiental Administrativo que la Empresa [Nombre 003] no cuenta con el correspondiente permiso municipal para realizar obras de entubamiento de agua (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital). n) El 09 de abril de 2010, por oficio No. SRC-OH-329 suscrito por el jefe de la Oficina Subregional Heredia del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, comunicó al Tribunal Ambiental Administrativo que no ha sido posible notificara la parte denunciada la resolución de la medida cautelar (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital). o) El 03 de mayo de 2010, por oficio No. DRRS-DR-CN-803-2010, suscrito por la directora regional del Ministerio de Salud, aportó el resultado de la valoración del vertido en la laguna formada en la quebrada La Granada (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital). p) El 11 de mayo de 2010, por oficio No. SG-ASA-0492-2010-SETENA suscrito por secretaria general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en la cual informó que la Empresa [Nombre 003] no cuenta con viabilidad ambiental ni tampoco se encuentra en trámite (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital). q) El 09 de junio de 2010, por oficio No. DA-1466-10 suscrito por la dirección de Agua, informa al Tribunal Ambiental Administrativo que los trabajos realizados por la Empresa [Nombre 003] implicaron movimientos de tierra para la conformación de terrazas y relleno del cauce y la construcción de una tapia. En cuanto al entubamiento, por no contar con permisos, se desconoce la capacidad pendiente, período de retorno del diseño y otros parámetros necesarios para evacuar su capacidad hidráulica y la posibilidad de causar un taponamiento y represamiento, que podría eventualmente, causar daño a terceros (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital). r) El 09 de diciembre de 2015, el encargado de Control Fiscal y Urbano de la Municipalidad de Heredia, presentó ante el Tribunal Ambiental Administrativo una denuncia de carácter ambiental bajo el oficio No.CFU-5562015 del 15 de noviembre de 2015 en contra del señor [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 010]; en su condición de presidente y apoderado generalísimo sin límite de suma de la Empresa [Nombre 003] S.A. cédula jurídica [Valor 007] (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital). s) Mediante resolución No. 162-16-TAA del 22 de febrero de 2016, se solicitó el criterio técnico a diversas dependencias administrativas (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital). t) El 30 de mayo de 2016, por oficio No. SG-DEA-1370-2016, suscrito por secretario General de SETENA, aportó el criterio técnico solicitado en la resolución No. 162-16-TAA (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital). u) El 23 de agosto de 2016, por oficio No. DA-UHTPCOSJ-2110-2 016, suscrito por la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Central, aportó el criterio técnico solicitado en la resolución No. 162-16-TAA (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital). v) Por resolución No. 331-2018 de las 10 horas del 26 de abril del 2018, se suspendió la audiencia programada para el 05 de octubre de 2018 y se reprogramó para el 05 de octubre 2018 (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital). w) El 28 de agosto de 2018, el señor [Nombre 006], cédula de identidad [Valor 009] y vecinos de Heredia, Guarari, Nísperos Tres, La Milpa, presentaron ante el Tribunal Ambiental Administrativo denuncia de carácter ambiental, en contra de la Empresa [Nombre 003] S.A. cédula jurídica [Valor 007] (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital). x) Por resolución No. 1044-2018 de las 09 horas del 02 de octubre del 2018, se reprogramó una audiencia oral y pública para el 29 de marzo de 2019 (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital). y) Mediante oficio No. 692-18-TAA del 16 de noviembre 2018, se dispuso notificar al denunciado por medio de publicación de edicto, debido a que no fue posible notificarlo (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital). z) Mediante resolución No. 145-19-TAA del 29 de enero de 2019, se resolvió acumular el expediente administrativo No. [Valor 014] dentro del expediente No. [Valor 015], prevaleciendo este último (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital). aa) Mediante resolución No. 237-19-TAA del 15 de febrero de 2019, se resolvió acumular el expediente administrativo No. [Valor 015] dentro del expediente número [Valor 002], prevaleciendo este último (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital). bb) Mediante resolución No. 487-2019-TAA del 27 de marzo de 2019, se suspendió la audiencia oral y pública señalada para el 29 de marzo de 2019 (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital). cc) Mediante resolución No. 829-2019-TAA de las 14 horas del 28 de mayo del 2019, se declaró la nulidad absoluta de la resolución No. 142904-TAA del 14 de diciembre 2004 y consecuentemente las resoluciones Nos. 1377-2017-TAA del 03 de noviembre de 2017, 82-2018-TAA del 12 de febrero de 2018, 331-2018-TAA del 26 de abril de 2018 y 1044-2018-TAA del 02 de octubre de 2018; retrotrayendo el expediente a la fase de investigación previa a la apertura formal del procedimiento administrativo (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital). dd) Mediante resolución administrativa No. 830-2019-TAA del 28 de mayo de 2019, se declaró formalmente la apertura del proceso ordinario administrativo imputando cargos a: [Nombre 003] Sociedad Anónima, cédula jurídica No. [Valor 017], representada por [Nombre 004], cédula de identidad [Valor 010] en su condición de presidente con representación judicial y extrajudicial, y en su condición personal por eventual responsabilidad solidaria, en virtud de las denuncias incoadas: 1) oficio No. OH-471 del 03 de setiembre 2004, suscrito por [Nombre 005], cédula número [Valor 013], en su condición de funcionario de la oficina de Heredia del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central; 2) oficio No. DOPR-548-2009 del 01 de octubre de 2009, por Teresita Granados Villalobos, coordinadora ambiental de la Dirección Operativa de la Municipalidad de Heredia; 3) oficio No. CFU-556-2015 del 15 de noviembre de 2015, por Alejandro Chaves Di Luca, encargado de Control Fiscal y Urbano de la Municipalidad de Heredia y 4) el señor [Nombre 006], cédula de identidad [Valor 009] y vecinos de Heredia, Guarari, Nísperos Tres, La Milpa. Citando a todas las partes a una audiencia oral y pública para el 30 de agosto de 2019 (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital). ee) La audiencia del 30 de agosto de 2019 fue suspendida (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital). ff) Mediante resolución No. 193-2024-TAA del 21 de febrero de 2024, se procedió a reprogramar la celebración de audiencia oral y pública para las 08 horas 30 minutos del 26 de abril del 2024 (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital). IV.- Sobre el caso concreto. El presente asunto el recurrente reclama que en el 2004 se denunció un relleno de tierra y entubamiento de treinta y siete metros de largo dentro del cauce del río, estrangulamiento del cauce y construcción de un muro prefabricado de baldosas dentro del área de protección de la quebrada La Granada. Agrega que dichas obras generaron un severo estancamiento de aguas y ha afectado la propiedad inscrita en el Registro de la Propiedad con el plano No.H-1811311-2015, colindante con la empresa [Nombre 003], lo cual pone en riesgo su salud, la de sus empleados y la de los vecinos denunciantes, pues se convirtió en un criadero de zancudos, y de acuerdo al expediente del Ministerio de Salud, se ha generado gran cantidad de casos de dengue y una violación de la legislación vigente al ubicarse las obras dentro del área de protección de la quebrada La Granada. Refiere que se planteó la denuncia ante la Municipalidad de Heredia y el MINAE de Heredia, quienes valoraron el sitio y mediante acta de inspección No. CPI-001-2004 del 12 de agosto de 2004, verificaron los hechos denunciados. Asimismo, el 23 de febrero de 2004, la Municipalidad de Heredia mediante el oficio No. DIM-0289-2004, verificó en el sitio los hechos denunciados y solicitó la intervención del MINAE. Por su parte, el Ingeniero [Nombre 005], mediante el oficio No. OH-471 del 03 de setiembre de 2004, en su condición de funcionario del MINAE de Heredia, presentó denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo. Sin embargo, a la fecha de interposición del recurso, no ha dictado la sentencia del caso y, por ende, la problemática continúa. Reclama que no ha existido justicia pronta y cumplida, pues han estado esperando por veinte años la resolución del caso. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el recurso. Al respecto, después de analizar los elementos probatorios aportados y los informes rendidos bajo juramento por las autoridades recurridas, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el 03 de setiembre de 2004, [Nombre 005], en su condición de funcionario de la oficina de Heredia del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, Ministerio de Ambiente y Energía, presentó ante el Tribunal Ambiental Administrativo una denuncia de carácter ambiental, contra el señor [Nombre 002], representante legal de la Empresa [Nombre 003] por la supuesta afectación al área de protección de quebrada La Granada y a la denuncia le fue asignado el número de expediente administrativo [Valor 002]. Luego, también la Dirección Operativa de la Municipalidad de Heredia, el 02 de octubre de 2009 por oficio DOPR-0548-2009 de suscrito por Teresita Granados Villalobos, coordinadora del Departamento Ambiental, interpuso formal denuncia de carácter ambiental en contra de la empresa denominada [Nombre 003], por la supuesta afectación ambiental de una laguna producto de los movimientos de tierra y de relleno dentro de la zona de protección de quebrada La Granada. Después, el 09 de diciembre de 2015, el encargado de Control Fiscal y Urbano de la Municipalidad de Heredia, presentó ante el Tribunal Ambiental Administrativo una denuncia de carácter ambiental bajo el oficio No. CFU-5562015 del 15 de noviembre de 2015 en contra del señor [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 010]; en su condición de presidente y apoderado generalísimo sin límite de suma de la Empresa [Nombre 003] S.A. cédula jurídica [Valor 007]. Asimismo, que el 28 de agosto de 2018, el señor [Nombre 006], cédula de identidad [Valor 009] y vecinos de Heredia, Guarari, Nísperos Tres, La Milpa, presentaron ante el Tribunal Ambiental Administrativo denuncia de carácter ambiental, en contra de la Empresa [Nombre 003] S.A. cédula jurídica [Valor 007]. Cabe agregar que, de la relación de hechos probados se observa que estas denuncias fueron acumuladas al expediente de la denuncia inicial que data del 03 de setiembre de 2004 y se han presentado vicisitudes para notificar al denunciado, así como se han dictado múltiples resoluciones para que se lleve a cabo una audiencia con esta parte y demás involucradas; sin embargo, el procedimiento no ha concluido ni se ha emitido la resolución final. Partiendo de este cuadro fáctico, se estima violentado el derecho a la justicia pronta y cumplida, por cuanto, si bien el asunto revierte un grado de complejidad, no menos cierto resulta que han transcurrido más diecinueve años y cuatro meses desde la interposición de la denuncia en cuestión, la cual no ha finalizado. Esta Sala mediante sentencia No. 2016-2168 de las 9:05 horas de 12 de febrero de 2016, indicó lo siguiente: “En criterio de la Sala, la falta de impulso procesal por parte del Tribunal Ambiental Administrativo ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que ha vulnerado el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido. El artículo 110, de la Ley Orgánica del Ambiente, consagra el principio de celeridad en el trámite de los procedimientos administrativos relacionados con denuncias ambientales, al establecer, en forma expresa, lo siguiente: "De oficio, el Tribunal Ambiental Administrativo deberá impulsar el procedimiento y el trámite de los asuntos de su competencia, con la rapidez requerida por la situación afectada. El fallo deberá dictarse en un término no mayor de treinta días; en casos especiales, el plazo podrá ampliarse hasta por treinta días más. Se establece la obligación de la administración de dar respuesta pronta y cumplida”. Aunado a lo anterior, este Tribunal comprende que los casos ambientales pueden ser de naturaleza compleja y requerir de un contradictorio amplio; sin embargo, no puede estimarse razonable que una denuncia presentada primeramente por el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central del Ministerio de Ambiente y Energía, luego por la Municipalidad de Heredia e incluso por los vecinos de la zona, denuncias que fueron acumuladas posteriormente todavía no haya concluido el procedimiento seguido por la institución accionada. Nótese que, en la actualidad, no se tiene ni siquiera un periodo de tiempo aproximado para el dictado de la resolución final de la denuncia, aspecto que resulta contrario al Derecho de la Constitución, luego haber transcurrido a la fecha de interposición del recurso más de diecinueve años y cuatro meses. Bajo el escenario descrito, estima esta Sala que sí se ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que vulnera el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido de la parte amparada, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política. Así las cosas, en virtud de que a la fecha de interposición del presento recurso el proceso en cuestión todavía no ha sido resuelto por el Tribunal Ambiental Administrativo recurrido, lo procedente es acoger el recurso, con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia V.- Por otra parte, si bien en el presente proceso de amparo se tiene como partes recurridas al Ministerio de Ambiente y Energía y la Municipalidad de Heredia, lo cierto es que no se acredita acción u omisión por parte de estas en caso bajo estudio. En consecuencia, se desestima el recurso respecto a dichas partes accionadas. VI.- Nota del Magistrado Castillo Víquez en cuanto la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico. VII.- Nota del magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa que se denunció un relleno de tierra y entubamiento del cauce del río, estrangulamiento del cauce y construcción de un muro prefabricado de baldosas dentro del área de protección de la quebrada La Granada, donde se generó un severo estancamiento de aguas, lo cual pone en riesgo la salud pues se convirtió en un criadero de zancudos, y se ha generado gran cantidad de casos de dengue, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida. VIII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto Se declara con lugar el recurso, únicamente, contra el Tribunal Ambiental Administrativo. Se ordena a Adriana Bejarano Alfaro y a Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, en sus respectivas condiciones de presidenta y jueza, ambas del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quienes en sus lugares ocupen tales cargos, que en un plazo no mayor a TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva de forma definitiva la denuncia ambiental tramitada bajo el expediente No. [Valor 002] y se notifique lo resuelto. Se advierte a las recurridas, o a quienes ocupen su cargo, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto al Ministerio de Ambiente y Energía y la Municipalidad de Heredia, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Ingrid Hess H. Alejandro Delgado F. Alexandra Alvarado P. Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:06:17. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**Constitutional Chamber** **Resolution No. 12481 - 2024** **Date of Resolution:** May 10, 2024, at 09:20 **Case File:** 24-002386-0007-CO **Drafted by:** Alexandra Alvarado Paniagua **Type of Matter:** Amparo appeal **Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER **Judgment with separate note** **Relevance Indicators** Relevant judgment Judgment with protected data, in accordance with current regulations **Content of Interest:** **Strategic Themes:** Environmental, Economic, Social, Cultural and Environmental Rights **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** ENVIRONMENT **Subtopics:** CONSTRUCTION. 012481-24. ENVIRONMENT. THE LACK OF RESOLUTION TO THE COMPLAINT ABOUT THE CONSTRUCTION THAT WAS MADE IN QUEBRADA GRANADA, IN HEREDIA, IS QUESTIONED. THE APPEAL IS GRANTED, SOLELY, AGAINST THE TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO. THE TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO IS ORDERED TO, WITHIN A PERIOD NOT EXCEEDING THREE MONTHS, COUNTED FROM THE NOTIFICATION OF THIS JUDGMENT, ISSUE A DEFINITIVE RESOLUTION ON THE ENVIRONMENTAL COMPLAINT PROCESSED UNDER CASE FILE NO. 286-04-03-TAA AND NOTIFY THE RESOLUTION. VCG05/2024 “(…) IV.- On the specific case. In the present matter, the appellant claims that in 2004, earth filling and the culverting of thirty-seven meters in length within the riverbed, strangulation of the riverbed, and the construction of a prefabricated tile wall within the protection area of the La Granada stream (quebrada) were reported. He adds that these works generated severe water stagnation and have affected the property registered in the Property Registry with plan No. H-1811311-2015, adjacent to the company [Name 003], which endangers his health, that of his employees, and that of the reporting neighbors, since it became a mosquito breeding ground, and according to the Ministry of Health file, a large number of dengue cases have been generated and a violation of current legislation by locating the works within the protection area of the La Granada stream (quebrada). He states that the complaint was filed before the Municipalidad de Heredia and the MINAE of Heredia, who assessed the site and, through inspection report No. CPI-001-2004 of August 12, 2004, verified the reported facts. Likewise, on February 23, 2004, the Municipalidad de Heredia, through official letter No. DIM-0289-2004, verified the reported facts at the site and requested the intervention of MINAE. Meanwhile, Engineer [Name 005], through official letter No. OH-471 of September 3, 2004, in his capacity as an official of MINAE of Heredia, filed a complaint before the Tribunal Ambiental Administrativo. However, as of the date of filing the appeal, the judgment in the case has not been issued and, therefore, the problem continues. He claims that there has been no prompt and complete justice, as they have been waiting for twenty years for the resolution of the case. For the foregoing reasons, he comes to the Chamber in protection of his fundamental rights and requests that the appeal be granted. In this regard, after analyzing the evidentiary elements provided and the reports rendered under oath by the respondent authorities, with timely warning of the consequences provided in Article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, on September 3, 2004, [Name 005], in his capacity as an official of the Heredia office of the Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, Ministerio de Ambiente y Energía, filed an environmental complaint before the Tribunal Ambiental Administrativo against Mr. [Name 002], legal representative of the Company [Name 003] for the alleged impact on the protection area of the La Granada stream (quebrada), and the complaint was assigned administrative case file number [Value 002]. Then, also the Dirección Operativa of the Municipalidad de Heredia, on October 2, 2009, through official letter DOPR-0548-2009 signed by Teresita Granados Villalobos, coordinator of the Environmental Department, filed a formal environmental complaint against the company called [Name 003], for the alleged environmental impact of a lagoon resulting from earthworks (movimientos de tierra) and fill within the protection zone of the La Granada stream (quebrada). Afterwards, on December 9, 2015, the head of Fiscal and Urban Control of the Municipalidad de Heredia filed an environmental complaint before the Tribunal Ambiental Administrativo under official letter No. CFU-5562015 of November 15, 2015, against Mr. [Name 002], identification card [Value 010]; in his capacity as president and unrestricted general attorney-in-fact of the Company [Name 003] S.A., legal ID [Value 007]. Likewise, on August 28, 2018, Mr. [Name 006], identification card [Value 009] and neighbors of Heredia, Guarari, Nísperos Tres, La Milpa, filed an environmental complaint before the Tribunal Ambiental Administrativo against the Company [Name 003] S.A., legal ID [Value 007]. It should be added that, from the statement of proven facts, it is observed that these complaints were consolidated into the file of the initial complaint dating from September 3, 2004, and there have been vicissitudes in notifying the respondent, as well as multiple resolutions issued to hold a hearing with this party and others involved; however, the procedure has not concluded nor has the final resolution been issued. Based on this factual picture, the right to prompt and complete justice is deemed violated, since, although the matter has a degree of complexity, it is no less true that more than nineteen years and four months have elapsed since the filing of the complaint in question, which has not concluded. This Chamber, through judgment No. 2016-2168 of 9:05 a.m. on February 12, 2016, stated the following: “In the Chamber's opinion, the lack of procedural impetus by the Tribunal Ambiental Administrativo has produced an undue delay or unjustified retardation that has violated the fundamental right to a prompt and complete administrative procedure. Article 110 of the Ley Orgánica del Ambiente enshrines the principle of speed in the processing of administrative procedures related to environmental complaints, by expressly establishing the following: 'Ex officio, the Tribunal Ambiental Administrativo must drive the procedure and processing of matters within its competence, with the speed required by the affected situation. The ruling must be issued within a term not exceeding thirty days; in special cases, the term may be extended for up to thirty more days. The obligation of the administration to provide a prompt and complete response is established.'” In addition to the above, this Court understands that environmental cases can be of a complex nature and require a broad contradictory process; however, it cannot be considered reasonable that a complaint filed first by the Área de Conservación Cordillera Volcánica Central of the Ministerio de Ambiente y Energía, then by the Municipalidad de Heredia and even by the neighbors of the area, complaints that were later consolidated, has still not concluded the procedure followed by the respondent institution. Note that, currently, there is not even an approximate timeframe for the issuance of the final resolution of the complaint, an aspect that is contrary to the Law of the Constitution, after more than nineteen years and four months having elapsed as of the filing date of the appeal. Under the described scenario, this Chamber finds that an undue delay or unjustified retardation has indeed occurred that violates the fundamental right to a prompt and complete administrative procedure of the protected party, enshrined in Article 41 of the Political Constitution. Thus, by virtue of the fact that as of the filing date of this appeal the process in question has still not been resolved by the respondent Tribunal Ambiental Administrativo, it is appropriate to grant the appeal, with the consequences indicated in the operative part of this judgment. V.- On the other hand, although in this amparo proceeding the respondent parties include the Ministerio de Ambiente y Energía and the Municipalidad de Heredia, the truth is that no action or omission on their part in the case under study is proven. Consequently, the appeal is dismissed with respect to said respondent parties. (…)” ... See more **Related Judgments** **Content of Interest:** **Type of content:** Separate note **Branch of Law:** 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE **Topic:** 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice **Subtopics:** NOT APPLICABLE. VI.- Note of Judge Castillo Víquez regarding prompt and complete administrative justice. I have supported the thesis of this Court that when a claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, has the exclusive authority to define its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases that are appropriate to be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee process, in all other cases, and for the reasons this Court has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent parties are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system. VCG05/2024 ... See more **Content of Interest:** **Type of content:** Separate note **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** ENVIRONMENT **Subtopics:** CONSTRUCTION. VII.- Note of Judge Salazar Alvarado. In environmental matters, it is also the opinion of the undersigned that if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its knowledge and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of pollution are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as happens in this case, where the appellant claims that earth filling and culverting of the riverbed, strangulation of the riverbed, and construction of a prefabricated tile wall within the protection area of the La Granada stream (quebrada) were reported, which generated severe water stagnation, endangering health because it became a mosquito breeding ground, and a large number of dengue cases have been generated, violating the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a decent level of quality of life. VCG05/2024 ... See more **Text of the Resolution** **Exp: 24-002386-0007-CO** **Res. No. 2024012481** **CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours twenty minutes on the tenth of May of two thousand twenty-four. Amparo appeal filed by [Name 001], identification card [Value 001], against the TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, the MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, and the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. **Whereas** 1.- Through a brief filed on January 29, 2024, the appellant files an amparo appeal and states that in 2004, earth filling and the culverting of thirty-seven meters in length within the riverbed, strangulation of the riverbed, and the construction of a prefabricated tile wall within the protection area of the La Granada stream (quebrada) were reported. He adds that these works generated severe water stagnation and have affected, since 2004, the property registered in the Property Registry with plan No. H-1811311-2015, adjacent to the company [Name 003], which endangers his health, that of his employees, and that of the reporting neighbors, since it became a mosquito breeding ground, and according to the Ministry of Health file, a large number of dengue cases and a clear violation of current legislation have been generated by locating the works within the protection area of the La Granada stream (quebrada). He states that the complaint was filed before the Municipalidad de Heredia and the MINAE of Heredia, who assessed the site and, through inspection report No. CPI-001-2004 of August 12, 2004, visible on folio 21 of case file No. 286-04-03 TM, verified the reported facts. Likewise, on February 23, 2004, as recorded on folio No. 18 of the cited file, the Municipalidad de Heredia, through official letter No. DIM-0289-2004, verified the reported facts at the site and requested the intervention of MINAE. Meanwhile, Engineer [Name 005], through official letter No. OH-471 of September 3, 2004, visible on folios Nos. 22 to 24 of the file, in his capacity as an official of MINAE of Heredia, filed a complaint before the Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) against [Name 004], legal representative of the company [Name 003], for earth fills within a protected area, strangulation of the riverbed by installing a pipe barely forty-five centimeters in diameter that would affect an approximate area of 8.5 hectares, and the construction of a prefabricated tile wall within the protection area of the La Granada stream (quebrada). He states that through official letter No. SG-2893-004 of August 24, 2004, visible on folio No. 6 of the file, SETENA certified that there are no environmental viability (viabilidad ambiental) permits for earthworks (movimientos de tierra), works within the riverbed, and the construction of a prefabricated tile wall at the company [Name 003]. Also, that through official letter No. IMN-DA\\2283-2004 of August 31, 2004, visible on folios Nos. 1 to 3 of the file, the Dirección de Aguas of MINAE certified that the works carried out in the La Granada stream (quebrada), on the property of the company [Name 003], do not have the permits for works in the riverbed required in the Ley de Aguas (Law 276) and that they were constructed illegally. He mentions that through resolution No. 1067-04 of October 19, 2004, visible on folio No. 26 of the file, the TAA summoned [Name 004], in his capacity as legal representative of the company [Name 003], to an oral and private hearing on December 14, 2004. However, through resolution No. 1428-04-TAA of December 14, 2004, visible on folios Nos. 34 and 35, the TAA suspended the hearing; it was then rescheduled, but through resolution No. 769-05-TAA of May 26, 2005, visible on folio No. 58 of the file, the hearing was suspended again, as recorded in case file No. [Value 002]. He notes that hearings were suspended for 13 years and it was not until February 12, 2018, through resolution No-822018 TAA, visible on folios 93 to 95, that the TAA summoned the parties to a new hearing; however, they suspended it again, alleging material errors in the process. Then, through resolution No. 830-2019 TAA of May 28, 2019, visible on folios Nos. 411 to 415, the parties were summoned to a hearing on August 30, 2019; however, no follow-up is evident in file [Value 002], and there is no final resolution of the case. He accuses that almost twenty years after having filed the complaints before the Municipalidad de Heredia and MINAE, the TAA still has not resolved the case, there is no conclusion of the processes, and the undue delays are evident, thereby violating Article 110 of the Ley Orgánica del Ambiente regarding speed of procedure. In addition to the fact that the environmental problems continue at the site, with no final resolution of the case in the file. Nor have the compensations that may arise in relation to the damages produced by violations of the environmental and natural resource protection legislation been established in administrative proceedings, as mandated by Article 111 of the Ley Orgánica del Ambiente. He claims that there has been no prompt and complete justice, as they have been waiting for twenty years for the resolution of the case. For the foregoing reasons, he comes to the Chamber in protection of his fundamental rights and requests that the appeal be granted. 2.- In a resolution at 7:27 p.m. on February 9, 2024, the process is admitted and a report is requested from the president of the Tribunal Ambiental Administrativo, as well as the mayor of the Municipalidad de Heredia and the head of the MINAE Office in Heredia, regarding the facts alleged by the appellant. 3.- Through a brief incorporated into the digital file on February 20, 2024, Edwin Arguedas Campos reports under oath, in his capacity as head of the Subregional Office of Heredia of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) of MINAE, that “The action of this office has been to receive the complaint, attend to it, and present the statement of facts before the Tribunal Ambiental Administrativo, an organ that has the responsibility to resolve it and to which it assigned case file number [Value 006] and which, through resolution 830-2019-TAA, reports on the opening of the ordinary Administrative process and imputes the company [Name 003] Sociedad Anónima, Legal ID [Value 017], represented by [Name 004] ID [Value 005], in his capacity as President with Judicial and Extrajudicial Representation of said Company. As stated and demonstrated in the attached file, this Administration acted in accordance with the legal framework and the constitutional framework, giving the corresponding processing to the complaint filed within the time or period stipulated by Law. Having considered the considerations, this Office has fulfilled, in accordance with the constitutional mandate, the pertinent processing of the attention and presentation of the respective complaint. Petition. Let the report rendered by this Subregional Office of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, duly issued within the scope of my powers, be accepted and let the amparo appeal be dismissed for lacking merit and for no constitutional norm having been violated by this institutional Office.” 4.- Through a brief incorporated into the digital file on February 22, 2024, Adriana Bejarano Alfaro reports under oath, in her capacity as president of the Tribunal Ambiental Administrativo, and Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez appears, in her capacity as vice-president judge of the Tribunal Ambiental Administrativo. They indicate that “FIRST: That the Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), by provision of Article 103 of the Ley Orgánica del Ambiente (published in La Gaceta No. 215 of November 13, 1995), establishes that it is a decentralized organ of the Ministerio de Ambiente y Energía, with exclusive competence and functional independence in the performance of its attributions. In accordance with the powers of the Tribunal Ambiental Administrativo established by the Ley Orgánica del Ambiente, this institution acts upon the filing of a complaint by an interested party (Art. 108 of LOA) or ex officio (Art. 111 of LOA). SECOND: Background in relation to administrative case file number [Value 002]. 1. That on September 3, 2006 (sic), Engineer [Name 005], identification number 2-328-772, in his capacity as an official of the Heredia office of the Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, Ministerio de Ambiente y Energía, filed an environmental complaint before the Tribunal Ambiental Administrativo against Mr. [Name 002], legal representative of the Company [Name 003] for the alleged impact on the protection area of the Quebrada Granada, received in this Office on September 16 of the same year and through official letter OH-471 (folio 01-24). 2. That the complaint was assigned administrative case file number No. [Value 002]. 3. That through Resolution No. 1067-04-TAA at 12:02 p.m. on October 19, 2004, folios 25 and 26 of the administrative file, this Court initiated an Ordinary Administrative Proceeding, summoning \"...Mr. [Name 002], as the respondent to an oral and private hearing. As complainants, Mr. [Name 005] is summoned. Furthermore, this Court establishes that Engineers Andrés Phillips Ureña and José Joaquín Chacón Solano, both officials of the Department of Waters of the Instituto Meteorológico Nacional of the Ministerio de Ambiente y Energía, must be summoned as coadjuvants to this hearing.\" A hearing that was to be held on December 14, 2004, at 8:30 a.m., at the headquarters of the Tribunal Ambiental Administrativo. 4. That on folios 27 to 30 of the administrative file, there is official letter SRC-601 of November 16, 2004, and received in this Office on December 6 of the same year, signed by Eng. [Name 005], in his capacity as Head of the Central Subregion of the Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, in response to Resolution No. 1067-04-TAA, stating that it was not possible to notify [Name 002] because: \"...on multiple occasions, attempts were made to locate said gentleman; however, no positive response was obtained....\". 5. That on folios 31 to 33 of the administrative file, there is official letter IMN-DA-37522004 of December 14, 2004, and received in this Office on the same day, signed by Eng. José Chacón Solano, in his capacity as Deputy Head of the Department of Waters of the Instituto Meteorológico Nacional of the Ministerio de Ambiente y Energía, in response to Resolution No. 1067-04-TAA, stating that \"...for reasons of force majeure I will not be able to attend today's hearing...\". 6. That through Resolution No. 1428-04-TAA at 9:24 a.m. on December 14, 2004, on folios 34 and 35 of the administrative file, this Court agreed \"...to suspend the oral and private hearing scheduled for December 14, two thousand four, and to proceed at the appropriate procedural moment to issue a new act opening the ordinary administrative proceeding.\" 7. That through Resolution No. 1429-04-TAA at 10:07 a.m. on December 14, 2004, on folios 38 to 40 of the administrative file, this Court agreed to summon the interested parties in the case in question to an oral and private hearing to be held on March 23, 2005, at 8:30 a.m., at the headquarters of the Tribunal Ambiental Administrativo. 8. That on folio 47 of the administrative file, there is official letter SRC-018 of January 17, 2005, and received in this Office on January 20 of the same year, signed by Eng. [Name 005], in his capacity as Head of the Central Subregion of the Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, in response to Resolutions No. 1428-04-TAA and No. 1429-04-TAA, stating that it was not possible to notify [Name 002] because, according to his secretary, he was out of the country. 9. That through Resolution No. 536-05-TAA at 1:39 p.m. on April 25, 2005, on folios 48 and 49 of the administrative file, this Court agreed to summon the interested parties in the case in question to an oral and private hearing to be held on June 9, 2005, at 1:30 p.m., at the headquarters of the Tribunal Ambiental Administrativo. 10. That visible on folio 53 of the administrative file is the notifier's record stating that it was not possible to notify the respondent because he \"...was at the reformatory.\" 11. That through Resolution No. 769-05-TAA at 3:30 p.m. on May 26, 2005, on folios 56 to 58 of the administrative file, this Court agreed \"...to suspend the oral and private hearing scheduled for June 9, two thousand five, at 1:30 p.m., at the headquarters of the Tribunal Ambiental Administrativo, and to proceed at the appropriate procedural moment to issue a new act opening the ordinary administrative proceeding.\" 12. That through Resolution No. 770-05-TAA at 1:52 p.m. on May 26, 2005, on folios 60 and 61 of the administrative file, this Court agreed to summon the interested parties in the case in question to an oral and private hearing to be held on July 12, 2005, at 1:30 p.m., at the headquarters of the Tribunal Ambiental Administrativo. 13. That Resolution No. 1377-2017 at 11:00 a.m. on November 3, 2017, on folios 68 to 72 of the administrative file, corresponds to the opening of the ordinary administrative proceeding. 14. That on folio 76 of the administrative file, a certification of identity card account issued by the Oficial Mayor Electoral is recorded. 15. That among folios 78-92 of the administrative file, a certification of real estate images from the National Registry of Costa Rica is recorded. 16. That Resolution No. 82-2018 at 10:30 a.m. on February 12, 2018, on folios 93 to 95 of the administrative file, corresponds to the correction of the material error in Resolution No. 1377-2017. 17. That among folios 98-101 of the administrative file, an unsuccessful notification slip from Correo Nacional to Mr. [Name 004] is recorded. 18. That Resolution No. 331-2018 at 10:00 a.m. on April 26, 2018, on folios 102 to 103 of the administrative file, corresponds to the rescheduling of the oral and public hearing for October 5, 2018. 19. That on folio 110 of the administrative file, official letter DA-723-2018 of May 30, 2018, and received on June 5 of the same year, signed by Eng. José Joaquín Chacón Solano, Deputy Director of the Dirección de Agua, is recorded, informing this Court that \"on the day of the hearing I will be enjoying my statutory vacations, which I cannot change, since after enjoying them, I will avail myself of retirement. Due to this, and because our official Eng. Ignacio Campos Rodríguez, from the Tárcoles Pacífico Central Hydrological Unit, was the one who conducted the last inspection...\". 20. That Resolution No. 1044-2018 at 09:00 a.m. on October 2, 2018, on folios 111 to 112 of the administrative file, corresponds to the rescheduling of the oral and public hearing for March 29, 2019. 21. That among folios 119-123 of the administrative file, official letter 692-18TAA of November 16, 2018, is recorded, requesting the administrative area of this Court to proceed with notification by means of edict publication. 22. That among folios 124-144 of the administrative file, the publication of the resolutions in Alcance No. 216, 218, 221 of the Diario Oficial La Gaceta is recorded. 23. That on folio 145 of the administrative file, official letter DA-UHTPCOSJ-3214-2018 of November 8, 2018, and received on November 13 of the same year, signed by Eng. Marilyn Mora Vega, Coordinator of the UH-Tárcoles Pacífico Central of the Dirección de Agua is recorded; through which the officials' email is provided. 24. That among folios 146-148 of the administrative file, official letter SINACACC-OH-1424-2018 of December 7, 2018, signed by Eng. Meryll Arias Quirós, Head of the Subregional Office Heredia, Área de Conservación Central, is recorded. 25. That on October 2, 2009, official letter DOPR-0548-2009 from the Dirección Operativa of the Municipalidad de Heredia, signed by Mrs. Teresita Granados Villalobos, Acting Coordinator of the Environmental Department, is received, through which a formal environmental complaint is filed against the company called [Name 003], for the alleged environmental impact of a lagoon resulting from earthworks (movimientos de tierra) and fill within the protection zone of the Quebrada Granada. 26. That on folio 155 of the administrative file, official letter DOPR-845-2009 of December 16, 2009, and received on December 18 of the same year, signed by Mrs. Teresita Granados Villalobos, Acting Coordinator of the Environmental Department of the Municipalidad de Heredia, is recorded. 27. That on folio 156 of the administrative file, official letter DOPR-14-2010 of January 8, 2010, and received on January 11 of the same year, signed by Eng. Lorelly Marín Mena, Director of Operations of the Municipalidad de Heredia, is recorded. That official letter RCNARSH-R-4837-2009 dated December 3, 2009, and received at this Office on January 12, 2010, signed by Dr. Mayela Víquez Guido, Director of the Área Rectora de Salud de Heredia, is contained in folios 168-187 of the administrative file. 29. That official letter DRRSDR-CN-AJ-019-2010 dated January 19, 2009, and received at this Office on January 21, 2010, signed by Dr. Karina Garita Montoya, Acting Director of the Región Central Norte, is contained in folios 188-193 of the administrative file. 30. That by means of Resolution No. 1615-09-TAA of 09 hours and 09 minutes on December 11, 2009, it was agreed to request Mrs. Teresita Granados Villalobos, Acting Coordinator of the Environmental Department of the Municipalidad de Heredia, to forward the reports issued by the Ministerio de Salud and the Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones, regarding the reported problem, in order to analyze what was established by said Ministries, given that the complaint mentions the fact, however, the respective reports are not attached. (folios 194-195). 31. That on February 8, 2010, official letter DOPR-0082-2010 dated February 5, 2010, was received from the Operations Directorate of the Municipalidad de Heredia, by means of which it indicates regarding the visits together with officials from the Ministerio de Salud and MINAE. (folios 196-244). 32. That official letter TAADT-021 from the Technical Department of the Tribunal Ambiental Administrativo is visible at folios 97 to 102 of the administrative file. 33. That by means of Resolution No. 284-10-TAA at nine hours fifty-seven minutes on March nine, two thousand ten, this Office agreed: First: To order the legal representative of the company named [Name 003] to comply with the precautionary measure ordered in the fifth whereas clause of this resolution. For the execution and notification of this precautionary measure, this Office designates as responsible Mr. [Name 007], in his capacity as Head of the Oficina Subregional Heredia of the Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, so that he proceeds immediately with what is established in the fifth whereas clause of this resolution. The effects of this interlocutory precautionary measure shall persist until this Office proceeds to issue the final act in this ordinary administrative investigation procedure or rules otherwise. The legal representative of the company named [Name 003] is granted a period of three business days, which shall commence on the business day following notification of this resolution, to state what is appropriate regarding the precautionary measure imposed by means of this resolution. Likewise, it is made known that failure to comply with this precautionary measure in all its aspects could cause them to incur the crime of disobedience to authority, as provided for and punishable by imprisonment under Article 307 of the Código Penal. Second: To request Mr. José Manuel Ulate Avendaño, in his capacity as Mayor of the Municipalidad de Heredia, or whoever holds his position, to submit the report requested in the sixth whereas clause of this resolution within a period of ten calendar days, which shall commence on the business day following notification of this resolution. Third: To request Mrs. Karina Garita Montoya, in her capacity as Director of the Región Central Norte of the Ministerio de Salud, or whoever holds her position, to submit the report requested in the seventh whereas clause of this resolution within a period of ten calendar days, which shall commence on the business day following notification of this resolution. Fourth: To request Mrs. Sonia Espinoza Valverde, in her capacity as Secretaria General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, or whoever holds her position, to submit the report requested in the eighth whereas clause of this resolution within a period of ten calendar days, which shall commence on the business day following notification of this resolution. Fifth: To request Mr. José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Director of the Dirección de Aguas of MINAE, or whoever holds his position, to submit the report requested in the ninth whereas clause of this resolution within a period of ten calendar days. (folios 251 to 258). 34. That at folio 258 of the administrative file, there is official letter No. 226-10-TAA, addressed to Ing. Freddy Valerio Seguro, in which he is instructed that he must proceed to notify the present resolution to the Company [Name 003]. 35. That on April 8, 2010, official letter No. AMH-0460-2010 signed by MBA. José Manuel Ulate Avendaño, in his capacity as Mayor of the Municipalidad de Heredia, was filed, in which he informs this Tribunal that said company [Name 003] does not have the corresponding Municipal permit to carry out water piping works (obras de entubamiento de agua). (folios 264 to 266). 36. That on April 9, 2010, official letter No. SRC-OH-329 signed by Ing. Freddy Valerio, in his capacity as Head of the Oficina de Heredia, was filed, in which he proceeds to inform this Tribunal that it has not been possible to notify the gentlemen from [Name 003] of the Precautionary Measure resolution. (See folios 267-278). 37. That on May 3, 2010, official letter No. DRRS-DR-CN-803-2010, signed by Dr. Karina Garita Montoya, in her capacity as Regional Director of the Ministerio de Salud, was received, in which she provides the result of the assessment of the discharge into the lagoon (laguna) formed in the Quebrada La Granada. (folios 281-282). 38. That on May 11, 2010, official letter No. SG-ASA-0492-2010-SETENA signed by MSc. Sonia Espinoza Valverde in her capacity as Secretaria General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental was filed, in which she reports that the Company [Name 003] does not have Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) nor is it in process. (folio 284) 39. That on June 9, 2010, official letter No. DA-1466-10 signed by the official of the Dirección de Agua, Mr. Douglas Alvarado Rojas, was received, in which he renders a report and indicates: The works carried out by [Name 003] are located in the first section, described above, and involved earthworks (movimientos de tierra) for the formation of terraces and filling of the channel (cauce) and the construction of a wall (tapia). Regarding the piping, due to the lack of permits, the pending capacity, return period of the design, and other parameters necessary to evacuate its hydraulic capacity and the possibility of causing clogging and ponding, which could eventually cause damage to third parties, are unknown. (folios 285-286) 40. That on April 7, 2011, official letter No. AMH-0428-2011 signed by MBA. José Manuel Ulate Avendaño, Mayor of the Municipalidad de Heredia, addressed to Dr. Mayela Víquez Guido of the Dirección Área Rectora de la Salud de Heredia, and with a copy to the Tribunal Ambiental, was filed. (folios 287-294). 41. That on November 16, 2018, official letter No. ACC-OH-1324-2018 signed by Mr. Carlos Carballo Sánchez, from the Oficina de Protección y Control SINAC-Heredia, was filed. (folio 295) 42. That on November 22, 2018, official letter No. DIP-GA-187-2018 signed by Lic. Roger Araya Guerrero, Environmental Manager (Gestor Ambiental) of the Municipalidad de Heredia, was filed. (folio 296) 43. That by means of Resolution No. 145-19-TAA at 10 hours and 30 minutes on January 29, 2019, it resolves to consolidate "..administrative file number [Value 014] into file number [Value 015], the latter prevailing; therefore, from now on, the investigation of the case will be conducted solely within administrative file number [Value 015]..." (folios 297-303) 44. That on December 9, 2015, Arq. Alejandro Chaves Di Luca, in charge of Fiscal and Urban Control (Control Fiscal y Urbano) of the Municipalidad de Heredia, filed an environmental complaint with the Tribunal Ambiental Administrativo under official letter CFU-5562015 dated November 15, 2015, against Mr. [Name 002], identity card [Value 005]; in his capacity as president and unlimited general proxy (apoderado generalísimo sin límite de suma) of the Company [Name 003] S.A., legal ID [Value 007]. (folios 317-320) 45. That by means of Resolution No. 162-16-TAA at 07 hours and 15 minutes on February 22, 2016, it resolves to request a technical opinion from various administrative agencies. (folio 322-324) 46. That on April 26, 2016, official letter No. OH-453-2016 dated April 21, 2016, signed by Mr. Carlos Carballo Sánchez, from the Oficina de Protección y Control SINAC-Heredia, was filed. (folios 333-334) 47. That on May 30, 2016, official letter No. SG-DEA-1370-2016 dated May 12 of the same year, signed by Lic. Marco Arroyo, Secretario General of SETENA, in response to Resolution No. 162-16-TAA, was filed. (folios 335-336) 48. That on August 23, 2016, official letter No. DA-UHTPCOSJ-2110-2016 dated August 10, 2016, signed by Ing. Ignacio Campos Rodríguez from the Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Central, in response to Resolution No. 162-16-TAA, was filed. (folios 337-339) 49. That on August 28, 2018, Mr. [Name 006], identity card [Value 009] and neighbors from Heredia, Guarari, Nísperos Tres, La Milpa, filed an environmental complaint with the Tribunal Ambiental Administrativo against the Company [Name 003] S.A., legal ID [Value 007]. (folios 340-350) 50. That by means of Resolution No. 237-19-TAA at 08 hours 20 minutes on February 15, 2019, it resolves to consolidate "....the administrative file number [Value 016] into file number [Value 002], the latter prevailing; therefore, from now on, the investigation of the case will be conducted solely within administrative file number [Value 002] ...". (folios 351-358) 51. That a certification of legal personality (personería jurídica) for the company [Name 003] S.A., legal ID [Value 017], is recorded at folio 371 of the administrative file. 52. That by means of Resolution No. 487-2019-TAA at 10 hours and 30 minutes on March 27, 2019, folios 372 and 373, it resolves "TO SUSPEND the oral and public hearing scheduled for 8 hours 30 minutes on March 29, 2019...". 53. That by means of resolution number 829-2019-TAA at 14 hours on May 28, 2019, visible at folios 392 to 399, the absolute nullity of Resolution No. 1429-04-TAA at 10 hours on December 14, 2004 (folios 39-40 Volume I) is declared, and consequently resolutions No. 1377-2017-TAA at 11 hours on November 3, 2017 (folios 68-72); No. 82-2018-TAA at 10 hours and 30 minutes on February 12, 2018 (folios 93-95 Volume I), No. 331-2018-TAA at 10 hours on April 26, 2018 (folios 102-103 Volume I) and No. 1044-2018-TAA at 09 hours on October 2, 2018 (folios 111-112 Volume I); setting the present file back to the investigation phase prior to the formal opening of the administrative procedure. 54. That by means of resolution number 830-2019-TAA at 14 hours 35 minutes on May 28, 2019, visible at folios 411 to 415, the opening of an ordinary administrative proceeding is formally declared, and charges are brought against the company [Name 003] Sociedad Anónima, legal ID No. [Value 017], represented by Mr. [Name 004], identity card No. [Value 005] in his capacity as President with judicial and extrajudicial representation (folio 371 Volume II); and against the latter, for potential subsidiary liability pursuant to Art. 101 of the Ley Orgánica del Ambiente, who is the registered owner of the real property Finca Matrícula No. 157180-000 of the Province of Heredia, registered in the Registro Nacional de Costa Rica on May 24, 2005 (folio 318), cadastral plan No. H-948705-2004, located in District: San Francisco, Canton: Heredia, Province: Heredia; and consequently, charges are brought against Mr. [Name 004], identity card No. [Value 005] in his personal capacity for potential subsidiary liability pursuant to Art. 101 of the Ley Orgánica del Ambiente; all of them by virtue of the complaint initiated through: 1) official letter No. OH-471 dated September 3, 2004, signed by Ingeniero [Name 005], identity card number 2-328-772, in his capacity as official of the Heredia office of the Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, which was received at this Office on September 16, 2004 (folios 01-24 Volume I), 2) MPr. Teresita Granados Villalobos, Acting Environmental Coordinator of the Operations Directorate of the Municipalidad de Heredia, issued under official letter DOPR-548-2009 dated October 1, 2009 (folios 149-154 Volume I), 3) Arq. Alejandro Chaves Di Luca, in charge of Fiscal and Urban Control of the Municipalidad de Heredia, issued under official letter CFU-556-2015 dated November 15, 2015 (folios 317-320 Volume II), and 4) Mr. [Name 006], identity card [Value 009] and neighbors from Heredia, Guarari, Nísperos Tres, La Milpa (folios 340-350 Volume II), summoning all parties to an Oral and Public Hearing to be held at the headquarters of the Tribunal Ambiental Administrativo at 08 HOURS 30 MINUTES ON AUGUST 30, 2019. 55. That the minutes of the hearing at 08 hours 30 minutes on August 30, 2019, which was suspended, are recorded at folios 452 to 454. SUBSTANTIVE CONSIDERATIONS To this effect, and in view of the description of the administrative file, this Tribunal indicates that by means of resolution 193-2024-TAA of 12 hours 10 minutes on February 21, 2024, it proceeded to reschedule the holding of the oral and public hearing for 08 hours 30 minutes on April 26, 2024, which as of the date of this report is in the process of notification, because some of the notifications must be carried out personally and by fax (with the attempts that are necessary by Law), this to safeguard due process and the rights of the parties. It is worth clarifying to the Honorable Sala Constitucional, for a better understanding of the administrative file and its development over time, that resolution No. 1067-04 of October 19, 2004 (folio 25-26) formally initiates an Ordinary Administrative Procedure, by means of which Mr. [Name 004], identity card [Value 010] is notified in his personal capacity, and not, as the appellant points out, in "his capacity as legal representative of the company [Name 003]" for an oral and private hearing, on December 14, 2004. It was with the issuance of administrative resolution No. 1428-04-TAA of December 14, 2004 (folios 34 and 35) that it was agreed to suspend the hearing. When resolution No. 536-05-TAA of April 25, 2005, was issued, it was rescheduled to be held on June 9, 2005 (folio 51-52), but by virtue of the notification certificate visible at folio 53 stating that it was not possible to notify the accused, this Office proceeded to issue resolution 769-05-TAA of May 26, 2005 (folio 56-58) in order to suspend the scheduled hearing. Subsequently, by means of resolution number 770-05-TAA at 13 hours and 52 minutes on May 26, 2005, at folios 60 and 61 of the administrative file, this Tribunal agreed to summon the interested parties in the case in question to an oral and private hearing to be held on July 12, 2005, at 13:30 hours, at the headquarters of the Tribunal Ambiental Administrativo. By means of resolution number 1377-2017 at 11 hours on November 3, 2017, at folios 68 to 72 of the administrative file, corresponds to the opening of the ordinary administrative proceeding. For its part, resolution number 82-2018 at 10 hours and 30 minutes on February 12, 2018, at folios 93 to 95 of the administrative file, corresponds to the correction of the material error in Resolution No. 1377-2017, and resolution number 331-2018 at 10 hours on April 26, 2018, at folios 102 to 103 of the administrative file, corresponds to the rescheduling of the oral and public hearing to October 5, 2018. Resolution number 1044-2018 at 09 hours on October 2, 2018, at folios 111 to 112 of the administrative file, corresponds to the rescheduling of the oral and public hearing to March 29, 2019. Subsequently, by means of Resolution No. 237-19-TAA at 08 hours and 20 minutes on February 15, 2019, it resolves to consolidate "the administrative file number 373-09-01TAA into file number [Value 002], the latter prevailing; therefore, from now on, the investigation of the case will be conducted solely within administrative file number [Value 002] ...". (folios 351-358) Again, by means of resolution number 487-2019-TAA at 10 hours and 30 minutes on March 27, 2019, folios 372 and 373, it resolves "TO SUSPEND the oral and public hearing scheduled for 8 hours 30 minutes on March 29, 2019...". In view of the foregoing, by means of resolution number 829-2019-TAA at 14 hours on May 28, 2019, visible at folios 392 to 399, the absolute nullity of Resolution No. 1429-04-TAA of 10 hours on December 14, 2004 (folios 39-40 Volume I) is declared, and consequently resolutions No. 1377-2017-TAA at 11 hours on November 3, 2017 (folios 68-72); No. 82-2018-TAA at 10 hours and 30 minutes on February 12, 2018 (folios 93-95 Volume I), No. 331-2018-TAA at 10 hours on April 26, 2018 (folios 102-103 Volume I) and No. 1044-2018-TAA at 09 hours on October 2, 2018 (folios 111-112 Volume I); setting the present file back to the investigation phase prior to the formal opening of the administrative procedure. Subsequently, by means of administrative resolution No. 830-2019-TAA at 14 hours and 35 minutes on May 28, 2019, visible at folios 411 to 415 of the administrative file, this Tribunal agreed to formally declare the opening of the ordinary administrative proceeding, bringing charges against: [Name 003] Sociedad Anónima, legal ID No. [Value 017], represented by Mr. [Name 004], identity card No. [Value 005] in his capacity as President with judicial and extrajudicial representation (folio 371 Volume II), and in his personal capacity for potential subsidiary liability, and summoning to an oral and public hearing for 08 hours 30 minutes on August 30, 2019. Furthermore, the Minutes of the Oral and Public Hearing of August 30, 2019, are recorded among folios 452 to 454 of the administrative file; in which it is resolved to suspend, as stated at folio 453 of the file, indicating that "(...) Mr. [Name 004], identity card number [Value 005] in his personal capacity, who is not duly notified as recorded at folios 427, 444, 447 (...)", with no rescheduling date for the hearing indicated. Therefore, this Office proceeds to issue the aforementioned resolution number 193-2024-TAA of 12 hours 10 minutes on February 21, 2024. By virtue of the foregoing, the Honorable Sala Constitucional is informed that this Tribunal is in the process of notifying all parties and interested parties in the proceeding of resolution number 193-2024-TAA, and consequently is awaiting to validly hold the Oral and Public Hearing on April 26, 2024; after which it will proceed to issue the corresponding final resolution in accordance with the Law. (…) PETITION Based on the factual and legal grounds stated, the request is deemed addressed and the solicited report rendered, and consequently, it is requested that the amparo appeal filed by Mr. [Name 001], identity card [Value 001], processed under file number 24-02386-0007-CO, administrative file number [Value 002], be declared without merit, and without special condemnation for costs." 5.- By means of a brief incorporated into the digital file on February 23, 2024, Ángela Ileana Aguilar Vargas, in her capacity as mayor of the Municipalidad de Heredia, reports under oath that “I. PRELIMINARY CONSIDERATIONS As a starting point, it is essential to point out that my represented party's actions have sought at all times a solution through inter-institutional coordination and management channels, as the problem originated in a protection zone (zona de protección) of a stream (quebrada) that, in accordance with official letter IMNDA-1839-04, July 12, 2004 (Printed folio 4-5 of file [Value 002]), is of a permanent nature and is under the purview of MINAE. In that understanding, articles 33 and 34 of the Ley Forestal, Ley 7575, contemplate a special legal regime by imposing limitations of social interest that are mandatorily to be complied with by the owners of properties that, as in this case, are adjacent to these areas that form part of the public domain. Based on the foregoing, the TAA is responsible for resolving environmental disputes in accordance with the provisions of numeral 111 of Ley 7554, which, in its relevant part, states: Article 111- Jurisdiction of the Tribunal. The Tribunal Ambiental Administrativo shall have jurisdiction to: a) Hear and resolve, in administrative venue, ex officio or at the instance of a party, the established complaints referring to active and omissive behaviors against all persons, public or private, for violations of legislation protecting the environment and natural resources that may generate environmental damage. (…)” Thus, there are records of actions by the municipality regarding the property that gives rise to the filing of this appeal since 2004, a time when inspections began and MINAE was informed of the works carried out in the riverbed (cauce) that gave rise to the opening of a proceeding before the TAA processed under file 286-04-TAA, a complete copy of which we provide in digital format for your authority's knowledge, a process which, incidentally, has not concluded as we will see below. II. OF THE ADMINISTRATIVE ACTIONS CARRIED OUT BY THE MAYORAL OFFICE OF MUNICIPALIDAD DE HEREDIA AND MUNICIPAL PERSONNEL • As a starting point, and as recorded in the TAA file, since 2004 the municipality warned of the works that were developed on the property of the company named Busetas Herediana and that affected the Quebrada Granada. The recount of actions from that moment on is developed by the petitioner in his brief; however, it is fundamental for the assessment to be carried out by that court of constitutional justice. • In that order of ideas, through official letter DIPGA-033-2024, Lic. Roger Araya Guerrero, Environmental Manager of the municipality, detailed the actions executed by the municipality and that show that a solution to the problem motivating this amparo appeal has been sought. • On October 1, 2009, the municipality formally filed a complaint before the TAA through official letter DOPR-0548-2009, requesting the intervention of that instance to assess the environmental damage caused by the owners of the property of the [Name 003] depot; said complaint was assigned file [Value 015]. • On December 16, 2009, official letter DOPR-0845-2009 was filed before the TAA, following up on the request filed in October of that same year. • On January 11, 2010, through official letter DOPR-0014-2010, a hearing is requested before the TAA to address the issue of the environmental problem generated by the company [Name 003]. Prompt attention was requested given the urgency for addressing what was reported. • By means of resolution 1615-09-TAA issued within file [Value 015], the municipality is requested by the Tribunal Ambiental to provide reports issued by the Ministerio de Salud and the Ministerio del Ambiente that are related to the reported issue. The foregoing denotes that there has also been an intervention by the ministerial entity governing Public Health and that its participation is directly known to the TAA. • Through official letter DOPR-0082-2012, the municipality provides the required information and complies with the TAA's requirement. • This Mayoral Office, through official letter AMH-0460-2010, complies with what was required by the TAA in resolution 284-10-TAA and makes a series of pertinent clarifications regarding the Local Government's actions. • Through official letter CFU-0556-2015, Arq. Alejandro Chaves Di Luca, in charge of Fiscal and Urban Control of this municipality, again informs the TAA of the environmental damage that was allegedly being produced by the actions carried out by the owners of the property of the company [Name 003]. In that act, collaboration is requested for the specialized and competent instance in environmental protection matters to adopt corrective actions. • The municipality's environmental unit requested information on the file through official letter DIP-GA-2018 of November 22, 2018. • It is important to clarify that through resolution 237-19-TAA, of 08:20 hrs on February 15, 2019, the TAA consolidated processes [Value 015], 199-15-01-TAA into file [Value 002], the latter prevailing as it was the first one opened. • Through resolution 830-2019-TAA of 14:35 hrs on May 28, 2019, the TAA formally declares the opening of an ordinary administrative proceeding with charges against the company [Name 003] S.A. for the damages caused, with Máster Teresita Granados Villalobos, Environmental Coordinator at that time, and Arq. Alejandro Chaves Di Luca, in charge of Fiscal and Urban Control, acting as complainants on behalf of the municipality. • On September 9, 2019, we filed before the TAA report DIP-GA-157-2019 from the Environmental Management Section, as well as photographs of the condition that the lagoon that had formed—and that was the subject of the complaints filed for environmental contamination—presented at that time. • On November 15, 2021, procedural impetus was given to the investigation process under the charge of the TAA so that the complaints filed could be addressed. • To date, the municipality, in its condition of complainant and interested party in this process, has not only provided pertinent evidence but has also given procedural impetus to the investigation under the charge of the TAA; today we are awaiting the summons that the ministerial entity must issue for this complaint to be definitively resolved. PETITION It is clear then that the Local Government's actions regarding the subject matter of the amparo appeal have conformed to legal provisions, since we were the originators of complaints, drafted reports, conducted inspections, provided evidence, complied with the TAA's requirements, and gave procedural impetus to the investigation carried out by the TAA, as can be seen in the files we provide as evidence. In that sense, no inaction is evident on the part of my represented party that violates the fundamental rights of the petitioner and, on the contrary, we have been diligent in resorting to the competent body mandated by law to determine environmental contamination factors such as those timely reported. By virtue of the foregoing, I request that this amparo appeal be dismissed in all its aspects as far as it concerns my represented party.” 6.- By a brief incorporated into the digital file on April 23, 2024, the appellant reiterates their claims. 7.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed. Drafted by Magistrate Alvarado Paniagua; and, Considering: I.- Object of the appeal. The appellant alleges that in 2004, a landfill of earth and piping of thirty-seven meters in length within the riverbed, strangulation of the channel (cauce), and construction of a prefabricated tile wall within the protection area (área de protección) of the Quebrada La Granada were reported. He adds that these works generated severe water stagnation and have affected the property registered in the Registro de la Propiedad under plan No. H-1811311-2015, adjacent to the company [Name 003], which puts his health, that of his employees, and that of the complaining neighbors at risk, as it became a breeding ground for mosquitoes, and according to the Ministerio de Salud file, a large number of dengue cases have been generated and a violation of current legislation by locating the works within the protection area of the Quebrada La Granada. He states that the complaint was filed with the Municipalidad de Heredia and MINAE de Heredia, who assessed the site and, through inspection report No. CPI-001-2004 of August 12, 2004, verified the reported facts. Likewise, on February 23, 2004, the Municipalidad de Heredia, through official letter No. DIM-0289-2004, verified the reported facts on site and requested the intervention of MINAE. For his part, Ingeniero [Name 005], through official letter No. OH-471 of September 3, 2004, in his capacity as an official of MINAE de Heredia, filed a complaint with the Tribunal Ambiental Administrativo. However, as of the date the appeal was filed, the judgment on the case has not been issued and, therefore, the problem continues. He complains that there has been no prompt and complete justice, as they have been waiting for twenty years for the case to be resolved. For the foregoing reasons, he comes to the Sala for protection of his fundamental rights and requests that the appeal be granted. II.- Preliminary. Before analyzing the substance of the matter—due to the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure—it must be clarified that, as of judgment No. 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008, this Sala has referred—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the time limits, established by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or by sectoral laws relating to special administrative procedures, both to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the instance of a party—and to hear the appropriate administrative appeals, to the contentious-administrative jurisdiction. Precisely, in this case, an exception scenario arises, since it involves a delay in the resolution of an environmental complaint processed by the Administrative Environmental Tribunal, and this Chamber has continued to admit for assessment those matters in which the alleged violation of the environment is at stake. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. III.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order: a) On September 3, 2004, [Nombre 005], in his capacity as an official of the Heredia office of the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area (Área de Conservación Cordillera Volcánica Central), Ministry of Environment and Energy, filed an environmental complaint before the Administrative Environmental Tribunal against Mr. [Nombre 002], legal representative of the Company [Nombre 003], for the alleged impact on the protection area (área de protección) of the La Granada stream (quebrada La Granada), and the complaint was assigned administrative case file number [Valor 002] (see the report of the respondent authority and documentary evidence provided). b) By resolution No. 1067-04 of October 19, 2004, the respondent Tribunal formally initiated the ordinary administrative procedure, by which Mr. [Nombre 004], identity card (cédula de identidad) [Valor 010], was notified in his personal capacity, not in his capacity as legal representative of the company [Nombre 003], for an oral and private hearing (comparecencia oral y privada) on December 14, 2004, as well as other parties (see the report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital case file). c) On December 6, 2004, by official letter No. SRC-601, signed by the Central Subregion of the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area (Área de Conservación Cordillera Volcánica Central), it was reported that it was not possible to notify the accused [Nombre 002] since "on multiple occasions attempts were made to locate said gentleman; however, no positive response was obtained" (see the report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital case file). d) On December 14, 2004, by official letter No. IMN-DA-37522004 from the deputy chief of the Water Department of the National Meteorological Institute of the Ministry of Environment and Energy, in response to resolution No. 1067-04-TAA, it was reported that "for reasons of force majeure (fuerza mayor) I will not be able to attend today's hearing" (see the report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital case file). e) By administrative resolution No. 1428-04-TAA of December 14, 2004, it was agreed to suspend the oral and private hearing (comparecencia oral y privada) scheduled for December 14, 2004 (see the report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital case file). f) By resolution No. 1429-04-TAA of December 14, 2004, the interested parties were summoned to an oral and private hearing (comparecencia oral y privada) for March 23, 2005 (see the report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital case file). g) On January 20, 2005, by official letter No. SRC-018, the head of the Central Subregion of the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area (Área de Conservación Cordillera Volcánica Central), in response to resolutions Nos. 1428-04-TAA and 1429-04-TAA, made it known that it was not possible to notify the accused [Nombre 002], since according to his secretary he was out of the country (see the report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital case file). h) By resolution No. 536-05-TAA of April 25, 2005, the interested parties were summoned to an oral and private hearing (comparecencia oral y privada) to be held on June 9, 2005, but because it was not possible to notify the accused, resolution No. 769-05-TAA of May 26, 2005, was issued to suspend the scheduled hearing (see the report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital case file). i) By resolution No. 770-05-TAA of May 26, 2005, the interested parties were summoned to an oral and private hearing (comparecencia oral y privada) to be held on July 12, 2005 (see the report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital case file). j) On October 2, 2009, by official letter DOPR-0548-2009 from the Operational Directorate of the Municipality of Heredia, signed by Teresita Granados Villalobos, coordinator of the Environmental Department, a formal environmental complaint was filed against the company named [Nombre 003], for the alleged environmental impact of a lagoon resulting from earthworks (movimientos de tierra) and fill (relleno) within the protection zone (zona de protección) of the La Granada stream (quebrada La Granada) (see the report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital case file). k) By resolution No. 1615-09-TAA of December 11, 2009, the coordinator of the Environmental Department of the Municipality of Heredia was requested to submit the reports issued by the Ministry of Health and the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, in relation to the reported problem, in order to analyze the findings of said ministries (see the report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital case file). l) By resolution No. 284-10-TAA on March 9, 2010, it was ordered, among other things, that the legal representative of the company [Nombre 003] comply with the precautionary measure (medida cautelar) of opening the fill (relleno) and eliminating the works in the channel to permit the normal flow of the stagnant water and to respect the protection area (área de protección) of the La Granada stream (quebrada La Granada), and that the effects of the precautionary measure must persist until the issuance of the final act of the procedure. Furthermore, the parties were requested to issue various reports (see the report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital case file). m) On April 8, 2010, by official letter No. AMH-0460-2010, signed by the mayor of Heredia, the Administrative Environmental Tribunal was informed that the Company [Nombre 003] does not have the corresponding municipal permit to carry out water piping works (obras de entubamiento de agua) (see the report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital case file). n) On April 9, 2010, by official letter No. SRC-OH-329, signed by the head of the Heredia Subregional Office of the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area (Área de Conservación Cordillera Volcánica Central), the Administrative Environmental Tribunal was informed that it has not been possible to notify the accused party of the resolution of the precautionary measure (medida cautelar) (see the report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital case file). o) On May 3, 2010, by official letter No. DRRS-DR-CN-803-2010, signed by the regional director of the Ministry of Health, the results of the assessment of the discharge into the lagoon formed in the La Granada stream (quebrada La Granada) were provided (see the report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital case file). p) On May 11, 2010, by official letter No. SG-ASA-0492-2010-SETENA, signed by the general secretary of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), it was reported that the Company [Nombre 003] does not have environmental viability (viabilidad ambiental) nor is it in process (see the report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital case file). q) On June 9, 2010, by official letter No. DA-1466-10, signed by the Water Directorate, the Administrative Environmental Tribunal was informed that the works carried out by the Company [Nombre 003] involved earthworks (movimientos de tierra) for the formation of terraces and fill (relleno) of the channel and the construction of a wall. Regarding the piping, due to the lack of permits, the pending capacity, design return period, and other parameters necessary to assess its hydraulic capacity and the possibility of causing blockage and damming, which could eventually cause damage to third parties, are unknown (see the report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital case file). r) On December 9, 2015, the person in charge of Fiscal and Urban Control of the Municipality of Heredia filed an environmental complaint before the Administrative Environmental Tribunal under official letter No. CFU-5562015 of November 15, 2015, against Mr. [Nombre 002], identity card (cédula de identidad) [Valor 010]; in his capacity as president and general attorney-in-fact without limit of sum of the Company [Nombre 003] S.A., legal identity card (cédula jurídica) [Valor 007] (see the report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital case file). s) By resolution No. 162-16-TAA of February 22, 2016, a technical opinion was requested from various administrative dependencies (see the report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital case file). t) On May 30, 2016, by official letter No. SG-DEA-1370-2016, signed by the General Secretary of SETENA, the technical opinion requested in resolution No. 162-16-TAA was provided (see the report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital case file). u) On August 23, 2016, by official letter No. DA-UHTPCOSJ-2110-2 016, signed by the Tárcoles-Central Pacific Hydrological Unit, the technical opinion requested in resolution No. 162-16-TAA was provided (see the report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital case file). v) By resolution No. 331-2018 at 10:00 a.m. on April 26, 2018, the hearing scheduled for October 5, 2018, was suspended and rescheduled for October 5, 2018 (see the report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital case file). w) On August 28, 2018, Mr. [Nombre 006], identity card (cédula de identidad) [Valor 009], and neighbors from Heredia, Guarari, Nísperos Tres, La Milpa, filed an environmental complaint before the Administrative Environmental Tribunal against the Company [Nombre 003] S.A., legal identity card (cédula jurídica) [Valor 007] (see the report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital case file). x) By resolution No. 1044-2018 at 9:00 a.m. on October 2, 2018, an oral and public hearing was rescheduled for March 29, 2019 (see the report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital case file). y) By official letter No. 692-18-TAA of November 16, 2018, it was ordered to notify the accused by publication of an edict, because it was not possible to notify him (see the report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital case file). z) By resolution No. 145-19-TAA of January 29, 2019, it was resolved to consolidate (acumular) administrative case file No. [Valor 014] into case file No. [Valor 015], the latter prevailing (see the report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital case file). aa) By resolution No. 237-19-TAA of February 15, 2019, it was resolved to consolidate (acumular) administrative case file No. [Valor 015] into case file number [Valor 002], the latter prevailing (see the report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital case file). bb) By resolution No. 487-2019-TAA of March 27, 2019, the oral and public hearing scheduled for March 29, 2019, was suspended (see the report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital case file). cc) By resolution No. 829-2019-TAA at 2:00 p.m. on May 28, 2019, the absolute nullity (nulidad absoluta) of resolution No. 142904-TAA of December 14, 2004, and consequently resolutions Nos. 1377-2017-TAA of November 3, 2017, 82-2018-TAA of February 12, 2018, 331-2018-TAA of April 26, 2018, and 1044-2018-TAA of October 2, 2018, was declared; rolling back the case file to the investigation phase prior to the formal opening of the administrative procedure (see the report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital case file). dd) By administrative resolution No. 830-2019-TAA of May 28, 2019, the opening of the ordinary administrative process was formally declared, imputing charges to: [Nombre 003] Sociedad Anónima, legal identity card (cédula jurídica) No. [Valor 017], represented by [Nombre 004], identity card (cédula de identidad) [Valor 010] in his capacity as president with judicial and extrajudicial representation, and in his personal capacity for eventual joint and several liability (responsabilidad solidaria), by virtue of the complaints filed: 1) official letter No. OH-471 of September 3, 2004, signed by [Nombre 005], ID number [Valor 013], in his capacity as an official of the Heredia office of the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area (Área de Conservación Cordillera Volcánica Central); 2) official letter No. DOPR-548-2009 of October 1, 2009, by Teresita Granados Villalobos, environmental coordinator of the Operational Directorate of the Municipality of Heredia; 3) official letter No. CFU-556-2015 of November 15, 2015, by Alejandro Chaves Di Luca, person in charge of Fiscal and Urban Control of the Municipality of Heredia; and 4) Mr. [Nombre 006], identity card (cédula de identidad) [Valor 009] and neighbors from Heredia, Guarari, Nísperos Tres, La Milpa. Summoning all parties to an oral and public hearing for August 30, 2019 (see the report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital case file). ee) The hearing of August 30, 2019, was suspended (see the report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital case file). ff) By resolution No. 193-2024-TAA of February 21, 2024, the holding of an oral and public hearing was rescheduled for 8:30 a.m. on April 26, 2024 (see the report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital case file). IV.- On the specific case. In this matter, the appellant claims that in 2004, a land fill (relleno de tierra) and piping (entubamiento) of thirty-seven meters in length within the river channel, strangulation of the channel, and construction of a prefabricated tile wall within the protection area (área de protección) of the La Granada stream (quebrada La Granada) were reported. He adds that said works generated severe water stagnation and have affected the property registered in the Property Registry with plan No. H-1811311-2015, adjacent to the company [Nombre 003], which endangers his health, that of his employees, and that of the complaining neighbors, as it has become a breeding ground for mosquitoes, and according to the Ministry of Health's case file, a large number of dengue cases have been generated, and a violation of current legislation by locating the works within the protection area (área de protección) of the La Granada stream (quebrada La Granada). He states that the complaint was filed before the Municipality of Heredia and the MINAE of Heredia, who assessed the site and, through inspection report No. CPI-001-2004 of August 12, 2004, verified the reported facts. Likewise, on February 23, 2004, the Municipality of Heredia, through official letter No. DIM-0289-2004, verified the reported facts on site and requested the intervention of MINAE. For his part, Engineer [Nombre 005], through official letter No. OH-471 of September 3, 2004, in his capacity as an official of MINAE of Heredia, filed a complaint before the Administrative Environmental Tribunal. However, as of the date of filing the appeal, the judgment in the case has not been issued and, therefore, the problem continues. He claims that there has been no prompt and complete justice, as they have been waiting for twenty years for the resolution of the case. For the foregoing reasons, he comes before the Chamber in protection of his fundamental rights and requests that the appeal be granted. In this regard, after analyzing the evidentiary elements provided and the reports rendered under oath by the respondent authorities, with timely warning of the consequences provided for in Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), on September 3, 2004, [Nombre 005], in his capacity as an official of the Heredia office of the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area (Área de Conservación Cordillera Volcánica Central), Ministry of Environment and Energy, filed an environmental complaint before the Administrative Environmental Tribunal against Mr. [Nombre 002], legal representative of the Company [Nombre 003], for the alleged impact on the protection area (área de protección) of the La Granada stream (quebrada La Granada), and the complaint was assigned administrative case file number [Valor 002]. Subsequently, the Operational Directorate of the Municipality of Heredia, on October 2, 2009, by official letter DOPR-0548-2009 signed by Teresita Granados Villalobos, coordinator of the Environmental Department, also filed a formal environmental complaint against the company named [Nombre 003], for the alleged environmental impact of a lagoon resulting from earthworks (movimientos de tierra) and fill (relleno) within the protection zone (zona de protección) of the La Granada stream (quebrada La Granada). Later, on December 9, 2015, the person in charge of Fiscal and Urban Control of the Municipality of Heredia filed an environmental complaint before the Administrative Environmental Tribunal under official letter No. CFU-5562015 of November 15, 2015, against Mr. [Nombre 002], identity card (cédula de identidad) [Valor 010]; in his capacity as president and general attorney-in-fact without limit of sum of the Company [Nombre 003] S.A., legal identity card (cédula jurídica) [Valor 007]. Also, on August 28, 2018, Mr. [Nombre 006], identity card (cédula de identidad) [Valor 009], and neighbors from Heredia, Guarari, Nísperos Tres, La Milpa, filed an environmental complaint before the Administrative Environmental Tribunal against the Company [Nombre 003] S.A., legal identity card (cédula jurídica) [Valor 007]. It should be added that, from the list of proven facts, it is observed that these complaints were consolidated (acumuladas) into the case file of the initial complaint dating from September 3, 2004, and there have been vicissitudes in notifying the accused, as well as multiple resolutions having been issued to hold a hearing with this party and others involved; however, the procedure has not concluded, nor has the final resolution been issued. Starting from this factual picture, the right to prompt and complete justice is deemed violated, inasmuch as, although the matter presents a degree of complexity, it is no less true that more than nineteen years and four months have elapsed since the filing of the complaint in question, which has not concluded. This Chamber, in judgment No. 2016-2168 at 9:05 a.m. on February 12, 2016, indicated the following: "In the Chamber's opinion, the lack of procedural impetus (impulso procesal) by the Administrative Environmental Tribunal has produced an undue delay or unjustified tardiness that has violated the fundamental right to a prompt and complete administrative procedure. Article 110 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) enshrines the principle of celerity in the processing of administrative procedures related to environmental complaints, by expressly establishing the following: 'Ex officio, the Administrative Environmental Tribunal must drive the procedure and the processing of matters under its competence, with the speed required by the affected situation. The ruling must be issued within a term not exceeding thirty days; in special cases, the period may be extended for up to thirty more days. The obligation of the administration to provide a prompt and complete response is established.'" In addition to the above, this Tribunal understands that environmental cases can be complex in nature and require a broad contradictory process (contradictorio amplio); however, it cannot be considered reasonable that a complaint filed initially by the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area (Área de Conservación Cordillera Volcánica Central) of the Ministry of Environment and Energy, then by the Municipality of Heredia, and even by the neighbors of the area, complaints that were subsequently consolidated (acumuladas), has still not concluded the procedure followed by the respondent institution. It should be noted that, at present, there is not even an approximate period of time for the issuance of the final resolution of the complaint, an aspect that is contrary to the Law of the Constitution, after more than nineteen years and four months having elapsed as of the date of filing the appeal. Under the described scenario, this Chamber considers that an undue delay or unjustified tardiness has indeed occurred that violates the fundamental right of the protected party to a prompt and complete administrative procedure, enshrined in Article 41 of the Political Constitution. Thus, by virtue of the fact that, as of the date of filing this appeal, the process in question has still not been resolved by the respondent Administrative Environmental Tribunal, it is appropriate to grant the appeal, with the consequences indicated in the operative part of this judgment. V.- On the other hand, although in this amparo proceeding the Ministry of Environment and Energy and the Municipality of Heredia are considered respondent parties, the truth is that no action or omission on their part in the case under study is accredited. Consequently, the appeal is dismissed with respect to said respondent parties. VI.- Note by Magistrate Castillo Víquez regarding prompt and complete administrative justice. I have supported the thesis of this Tribunal that when the petitioner alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, the Administrative-Contentious Tribunals, and not this Chamber, should hear the legal controversy. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition (Ley de Regulación del Derecho de Petición), it has been established that this right is subject to judicial protection by means of the amparo remedy (recurso de amparo) established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, since, based on Article 7 of its Law, it is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which do proceed to be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in other cases, and for the reasons given by this Tribunal (judgment No. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the administrative-contentious jurisdiction, all of which is in accordance with Article 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system. VII.- Note by Magistrate Salazar Alvarado. In environmental matters, it is also the opinion of the undersigned that if the Public Administration has already intervened, I consider that its knowledge and resolution correspond to the administrative-contentious jurisdiction. However, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as occurs in this case, in which the appellant accuses that a land fill (relleno de tierra) and piping (entubamiento) of the river channel, strangulation of the channel, and construction of a prefabricated tile wall within the protection area (área de protección) of the La Granada stream (quebrada La Granada) were reported, where severe water stagnation was generated, which endangers health as it became a breeding ground for mosquitoes, and a large number of dengue cases have been generated, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life. VIII.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that, if any documents on paper have been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary," approved by the Full Court in Session No. 27-11, of August 22, 2011, article XXVI, and published in Judicial Bulletin No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, article LXXXI. Therefore (Por tanto) The appeal is granted, solely, against the Administrative Environmental Tribunal. Adriana Bejarano Alfaro and Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, in their respective capacities as president and judge, both of the Administrative Environmental Tribunal, or whoever occupies such positions in their stead, are ordered to, within a period not exceeding THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, definitively resolve the environmental complaint processed under case file No. [Valor 002] and notify the resolution. The respondents, or whoever occupies their position, are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo remedy (recurso de amparo), and fails to comply with it or fails to enforce it, provided the crime is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment in the administrative-contentious jurisdiction. Regarding the Ministry of Environment and Energy and the Municipality of Heredia, the appeal is dismissed. Magistrate Castillo Víquez records a note. Magistrate Salazar Alvarado records a note. Notify. Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Ingrid Hess H. Alejandro Delgado F. Alexandra Alvarado P. Classification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judiciary. Reproduction and/or distribution for a fee is prohibited. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 13:06:17. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República