Res. 05140-2024 Sala Constitucional — Administrative inaction on water pollution complaintInercia administrativa en denuncia por contaminación hídrica

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Sala Constitucional

Resolución Nº 05140 - 2024

Fecha de la Resolución: 27 de Febrero del 2024 a las 09:30

Expediente: 23-029441-0007-CO

Redactado por: Ingrid Hess Herrera

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con Voto Salvado

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

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Exp: 23-029441-0007-CO

Res. Nº 2024005140

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro.

 

Recurso de amparo que se tramita en expediente No.23-029441-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], [Nombre 003], cédula de identidad [Valor 003] Y [Nombre 004], cédula de identidad [Valor 004], contra la MUNICIPALIDAD DE PALMARES Y EL MINISTERIO DE SALUD.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Sala el 24 de noviembre de 2023, la parte recurrente interponen recurso de amparo contra la Municipalidad de Palmares y el Ministerio de Salud. Manifiestan que el 21 de septiembre de 2023 denunciaron que la municipalidad recurrida permitió el depósito de aguas en crudo y sin tratar por parte del establecimiento "Pinchos de la Plata" en una quebrada que recorre gran parte del perímetro de Palmares, desde La Granja hasta el sector de Bajo La Cabra, Buenos Aires. Relatan que la municipalidad permite que "Pinchos de la Plata" continúe contaminando Quebrada Azul con aguas sin tratar que son lanzadas al cauce generando contaminación visual, malos olores y lugares para la propagación de vectores de enfermedades como mosquitos transmisores de dengue, ratas y cucarachas que son atraídas por los restos de comida que llevan las aguas. Apuntan que no se cuenta con un convenio para poder recolectar, encausar y desechar aguas. Reclaman que el 29 de setiembre de 2023, la Municipalidad de Palmares resolvió, en oficio MP-AL-052-2023, que no es competente para determinar la posible contaminación por aguas residuales, lo anterior, pese a que fue el municipio el que dio la patente para el funcionamiento del local, por lo que remitieron el caso al Área Rectora de Salud. Acotan que, el 19 de setiembre de 2023, ante las oficinas locales del Ministerio de Salud, en su sede de Palmares, también plantearon una denuncia por los hechos descritos. Alegan que, el mismo día en que se presentó la denuncia, el Ministerio de Salud indicó que se había programado una visita del inspector para el 19 de octubre, pero reclaman que aún no ha habido respuesta sobre los resultados de tal inspección, ni alguna resolución respecto al caso. Acusan inercia de amabas autoridades recurridas ante la situación denunciada, lo que vulnera el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

2.- Mediante resolución de las ocho horas veinte minutos del seis de diciembre de dos mil veintitrés, se tuvo por separado del conocimiento del presente asunto al Magistrado Castillo Víquez, en razón de inhibitoria incorporada al expediente electrónico el 27 de noviembre de 2023; siendo que en su lugar se nombró al Magistrado Suplente Garita Navarro.

3.- Por resolución de las trece horas cuarenta y cuatro minutos del veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, se dio curso al presente amparo.

4.- Mediante escrito incorporado al expediente electrónico el 09 de febrero de 2024, Melania Rodríguez Quirós, Directora del Área Rectora de Salud Palmares, de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud, Central Occidente, Ministerio de Salud, informa que: 1. Efectivamente el 19 de setiembre de 2023, los amparados presentaron denuncia en la Dirección del Área Rectora de Salud denunciando que el establecimiento “Pinchos de la Plata” ubicado en Calle Brujos, La Granja, Palmares los propietarios han realizado una construcción cuyo desagüe descarga aguas contaminantes a la Quebrada Azul. A dicha denuncia se le asigno el consecutivo D-P-127-2023. 2. Que mediante el oficio MP-AL-052-2023 de fecha 29 de setiembre de 2023 la Municipalidad, traslada ante la Dirección del Área Rectora de Salud Palmares la denuncia presentada por los amparados, el 21 de setiembre de 2023 por no ser de su competencia, para determinar la posible contaminación de aguas negras y servidas. 3. De parte de atención al cliente se asignó la denuncia D-P-127-2023 a la funcionaria del proceso de regulación de la salud Ana Lorena Lobo Montero. 4. Dado el horario de apertura del negocio, se llamó al representante legal con el fin de coordinar visita de inspección (ver folio 00096) 5. Se realizó visita de inspección en fecha 7 de febrero 2024, según consta en acta de inspección (ver folio 00099). 6. De acuerdo con el informe técnico MS-DRRSCO-DARS-P-RS-65-2024, luego de realizar las coordinaciones necesarias se realizó en el establecimiento prueba con fluoresceína en la pila de aluminio dentro de la cocina, cuyo resultado fue positivo con descarga al Rio Azul. Se recomendó notificar orden sanitaria para que realizara las mejoras necesarias para que se eliminara la descarga de aguas residuales. (ver folios del 00100 al 00102). 7. Se elaboró orden sanitaria N° MS-DRRSCO-OS-DARSP-12-2024, en donde se ordena: Se le ordena en el plazo de 05 días hábiles mediante la notificación de la presente orden sanitaria: Recolectar, canalizar y disponer las aguas servidas de (pilas de trastos del negocio pinchos de la plata) sanitariamente, evitando que estas se dispongan de manera directa a la quebrada azul, y generando contaminación al Medio Ambiente, proliferación de vectores y malos olores. (ver folios del 00103 al 00105). 8. De acuerdo con el informe técnico MS-DRRSCO-DARS-P-RS-72-2024, se verificó que la descarga de aguas residuales al Río Azul desde el establecimiento Ventana Pinchos de la Plata ya fue corregido por lo que no fue necesario notificar el acto administrativo orden sanitaria MS-DRRSCO-OSDARSP-12-2024 y se recomienda dar por atendida la denuncia ya que no representa riesgo para la salud pública al realizarse las correcciones en dicho establecimiento. (ve folios del 00107 al 00108). 9. Mediante el oficio MS-DRRSCO-DARS-P-0097-2024 se le notifico el 09 de febrero de 2024 a los amparados de la atención de la Denuncia en los siguientes términos: “Dado que la situación denunciada en el establecimiento “Pinchos de la Plata” se corrigió, se da por finiquitada la atención de la denuncia. No se omite manifestar que en caso de identifique alguna situación que atente contra la salud pública, tiene el derecho de presentarlo ante esta unidad organizativa y se le atenderá como nueva denuncia.” Es importante indicarle a esa Honorable Sala Constitucional que el Ministerio de Salud desde antes de conocer el presente recurso de amparo, había realizado acciones con el fin de atender lo denunciado por los amparados por problemas en el manejo de aguas residuales; realizando diversas acciones, entre ellas, visitas de inspección, elaboración de acto administrativo y seguimiento al caso, prueba de ello los antecedentes que constan en el expediente administrativo “Pinchos de la Plata”. Se considera de relevancia indicar que el Ministerio de Salud ya informo a los amparados mediante correo electrónico señalado para recibir notificaciones de las acciones realizadas y concluyendo que lo denunciado fue corregido por lo que se da por atendida la denuncia que se tramito mediante el expediente “Pinchos de la Plata”.

5.- Por memorial incorporado al expediente electrónico el 12 de febrero de 2024, Marta Jeannina Rojas Rojas, Encargada Ambiental de la Municipalidad de Palmares, informa que: 1. Primero que nada, es muy importante aclarar que, en el Cantón de Palmares no existe un alcantarillado o sistema de tratamiento de aguas negras y residuales.  2. De conformidad con la Sentencia Nº 01431 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 21 de Febrero de 2003, la construcción del alcantarillado sanitario para el Cantón de Palmares, le compete al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.  3. La Oficina de Gestión Ambiental desconocía la denuncia que se presentó, sobre la contaminación por las aguas servidas a la Quebrada Azul por parte de Pinchos de la Plata.  4. Según este Recurso de Amparo la primera denuncia la contestó la Asesora Legal de la Municipalidad mediante el oficio MP-AL-052-2023.  5. La ley General de Salud Pública, en el artículo 287 establece: “Toda persona natural o jurídica propietaria de viviendas o de establecimientos o edificios en que las personas desarrollen sus actividades, responderá de que tales bienes dispongan de un sistema de disposición de excretas y de aguas negras y servidas aprobado por el Ministerio y los usuarios de viviendas, establecimientos o edificios estarán obligados a mantener dicho sistema en buenas condiciones de funcionamiento”.  Por lo expuesto es obligación de cada propietario de vivienda, establecimiento, edificio o actividades que desarrollen disponer adecuadamente las aguas que se generan en el inmueble a un sistema de tratamiento aprobado por el Ministerio de Salud, corresponde indicar que en los lugares en que no exista un sistema de alcantarillado sanitario, corresponde al propietario del inmueble dotarlo de las condiciones requeridas por ley, tal y como se citó anteriormente.  6. El artículo 3-13 del Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones establece que: “Cuando no exista un alcantarillado sanitario con capacidad de prestar servicio a la edificación, se permitirá el tratamiento y desecho de las aguas residuales por medio de sistemas individuales, siempre que cumplan con las normas establecidas por las autoridades sanitarias correspondientes (Ministerio de Salud y AyA).  A pesar de que la ley determina que las instituciones responsables de velar por la buena disposición de las aguas residuales, es el Ministerio de Salud y Acueductos y Alcantarillados, el día 08 de febrero en coordinación con la funcionaria del Ministerio de Salud la señora Ana Lorena Lobo se realiza la inspección al local comercial ubicado en calle Brujos de la Granja.  La funcionaria realizo la tinción con Fluoresceína Sódica (colorante que permite detectar el recorrido de las aguas) en la pila del local comercial Pinchos de la Plata, con el fin de probar o no el depósito de las aguas residuales en la Quebrada Azul, nos trasladamos a la quebrada y se observó que el agua si salía teñida a pesar de arreglos que se han realizado.  El Ministerio de Salud giró el día de ayer una orden sanitaria inmediata para que el dueño del local realice las mejoras necesarias para la corrección del problema, dado que no es competencia de la Municipalidad de Palmares, corregir la mala disposición de las aguas negras o servidas, de un propietario de vivienda o negocio.  Según información del Ministerio de Salud el día de hoy ya el dueño del negocio Pinchos de la Plata realizo todas las mejoras solicitadas.

6.- Mediante escrito incorporado al expediente electrónico el 14 de febrero de 2024, Katerine Ramírez González, Alcaldesa de la Municipalidad de Palmares, informa que: PRIMERO: Es cierto en parte. El 21 de setiembre del 2023, la señora [Nombre 001], en conjunto con otros vecinos, presentaron denuncia por contaminación a la Quebrada Azul, en la cual indicaban el aparente desfogue de aguas contaminadas hacia dicha quebrada por parte de los propietarios del local comercial denominado "Pinchos de Plata", pero en ningún momento denunciaron que la Municipalidad de Palmares haya permitido el depósito de aguas en crudo sin tratar hacia la misma. SEGUNDO: No es cierto. La suscrita, como Alcaldesa Municipal, así como el Ingeniero Municipal, encargado de los permisos municipales, ha dado permiso de desfogue de aguas servidas por parte de los propietarios de Pinchos de Plata hacia la Quebrada Azul. TERCERO: No sé. No me consta si los propietarios de Pinchos de Plata tienen planta de tratamiento de aguas residuales, ya que es competencia del Ministerio de Salud, a través del permiso sanitario de funcionamiento, verificar el tratamiento de las mismas y dar la autorización sanitaria de operación del lugar. CUARTO: Es cierto que en la denuncia, la amparada solicitó a la Municipalidad de Palmares realizar una inspección al sitio, sin embargo, dado que la Municipalidad de Palmares no tiene competencia legal para determinar dicha contaminación, así como los medios y personal capacitado para ello, mediante oficio MP-AL-052-2023, notificada mediante correo electrónico de fecha 29 de setiembre del 2023, se dio formal respuesta a la denuncia presentada, así como el traslado de la misma ante el Ministerio de Salud, indicando a la recurrente que: (…) Como puede observarse, la Municipalidad de Palmares actuó apegado la normativa legal vigente, y las competencias legales otorgadas, siendo que, bajo el deber de coordinación interinstitucional procedió a trasladar la denuncia ante el Área Rectora del Ministerio de Salud, Ministerio que atendió la denuncia interpuesta por la recurrente, conforme lo indica en el informe rendido ante la Sala Constitucional.

7.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

Considerando:

I.- DE PREVIO. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción pues, se está ante unas denuncias interpuesta ante la Municipalidad de Palmares y el Ministerio de Salud por una situación ambiental. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.- OBJETO DEL RECURSO. - Manifiestan los recurrentes que el 21 de septiembre de 2023 denunciaron el depósito de aguas en crudo y sin tratar por parte del establecimiento "Pinchos de la Plata" en una quebrada que recorre gran parte del perímetro de Palmares, desde La Granja hasta el sector de Bajo La Cabra, Buenos Aires. Reclaman que el 29 de setiembre de 2023, la Municipalidad recurrida resolvió que no es competente para determinar la posible contaminación por aguas residuales, lo anterior, pese a que fue el municipio el que dio la patente para el funcionamiento del local, por lo que remitieron el caso al Área Rectora de Salud. Acotan que, el 19 de setiembre de 2023, ante las oficinas locales del Ministerio de Salud, en su sede de Palmares, también plantearon una denuncia por los hechos descritos. Acusan inercia de amabas autoridades recurridas ante la situación denunciada, lo que vulnera el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

SOBRE LAS ACTUACIONES DE LA MUNICPALIDAD DE PALMARES

a)     El 21 de setiembre del 2023, la recurrente [Nombre 001], en conjunto con otros vecinos, presentaron denuncia -documento físico- ante la Municipalidad recurrida, por contaminación a la Quebrada Azul, en la cual, indicaban el aparente desfogue de aguas contaminadas hacia dicha quebrada por parte de los propietarios del local comercial denominado "Pinchos de Plata". (ver informe rendido y prueba aportada).

b)    El 29 de setiembre de 2023 mediante oficio MP-AL-052-2023, se le comunicó a los denunciantes en lo que interesa: “(…) Por lo tanto, siendo que la Municipalidad de Palmares no es competente por ley para determinar la posible contaminación por aguas negras y servidas que denuncia su persona, conforme lo dicta el artículo 10 inciso 1) de la Ley de Regulación del Derecho a Petición, se le informa que, en este mismo acto, se está remitiendo su caso al Área Rectora de Salud de Palmares, para que dicho ente atienda su denuncia y resuelva conforme a derecho lo que corresponda.” (sic); documento que, fue notificado ese mismo día a los gestionantes y al Área Rectora de Salud competente, para lo de su cargo. (ver informe rendido y prueba aportada).

SOBRE LAS ACTUACIONES DEL ÁREA RECTORA DE SALUD DE PALMARES

c)     El 19 de setiembre de 2023 los amparados presentaron denuncia en el Área Rectora de Salud recurrida, indicando que el establecimiento “Pinchos de la Plata” ubicado en Calle Brujos, La Granja, Palmares, descarga aguas contaminantes a la Quebrada Azul, misma que, se tramitó bajo el consecutivo D-P-127-2023. (ver informe rendido y prueba aportada).

d)    El 29 de setiembre de 2023 se recibió el oficio MP-AL-052-2023 remitido por la Municipalidad de Palmares, en el cual, traslada al Área Rectora la denuncia presentada por los amparados, el 21 de setiembre de 2023 por no ser de su competencia, para determinar la posible contaminación de aguas negras y servidas. (ver informe rendido y prueba aportada).

e)     El 06 de febrero de 2024 la Sala notificó la resolución de curso del presente a amparo al Área Rectora de Salud. (ver acta de notificación).

f)      El 07 de febrero de 2024 el Área el Área Rectora de Salud realizó inspección del sitio y emitió el informe MS-DRRCO-DARS-P-RS- 65-2024, indicando que luego de realizar las coordinaciones necesarias se realizó en el establecimiento prueba con fluoresceína en la pila de aluminio dentro de la cocina, cuyo resultado fue positivo con descarga al Rio Azul. Se recomendó notificar orden sanitaria para que realizara las mejoras necesarias para que se eliminara la descarga de aguas residuales. (ver informe rendido y prueba aportada).

g)    El 07 de febrero de 2024 el Área Rectora de Salud elaboró la orden sanitaria N° MS-DRRSCO-OS-DARSP-12-2024, en donde se dispuso: Se le ordena en el plazo de 05 días hábiles mediante la notificación de la presente orden sanitaria: Recolectar, canalizar y disponer las aguas servidas de (pilas de trastos del negocio pinchos de la plata) sanitariamente, evitando que estas se dispongan de manera directa a la quebrada azul, y generando contaminación al Medio Ambiente, proliferación de vectores y malos olores. (ver informe rendido y prueba aportada).

h)    El 08 de febrero de 2024 el Área Rectora de Salud en el informe técnico MS-DRRSCO-DARS-P-RS-72-2024 de seguimiento de denuncia, verificó que la descarga de aguas residuales al Río Azul desde el establecimiento Ventana Pinchos de la Plata ya fue corregido por lo que no fue necesario notificar el acto administrativo orden sanitaria MS-DRRSCO-OSDARSP-12-2024 y se recomienda dar por atendida la denuncia ya que no representa riesgo para la salud pública al realizarse las correcciones en dicho establecimiento. (ver informe rendido y prueba aportada).

i)      El 09 de febrero de 2024 el Área Rectora de Salud, mediante el oficio MS-DRRSCO-DARS-P-0097-2024, contestó a los amparados sobre la atención de la denuncia, en los siguientes términos: “(…) 4. CONCLUSIÓN: Dado que la situación denunciada en el establecimiento “Pinchos de la Plata” se corrigió, se da por finiquitada la atención de la denuncia. No se omite manifestar que en caso de identifique alguna situación que atente contra la salud pública, tiene el derecho de presentarlo ante esta unidad organizativa y se le atenderá como nueva denuncia.” (sic); documento que, les fue notificado ese mismo día al medio señalado. (ver informe rendido y prueba aportada).

IV.- SOBRE LAS ACTUACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALMARES. Manifiestan los recurrentes que el 21 de septiembre de 2023 denunciaron el depósito de aguas en crudo y sin tratar por parte del establecimiento "Pinchos de la Plata" en una quebrada que recorre gran parte del perímetro de Palmares, desde La Granja hasta el sector de Bajo La Cabra, Buenos Aires. Reclaman que el 29 de setiembre de 2023, la Municipalidad recurrida resolvió que no es competente para determinar la posible contaminación por aguas residuales, lo anterior, pese a que fue el municipio el que dio la patente para el funcionamiento del local, por lo que remitieron el caso al Área Rectora de Salud.

De los informes rendidos por los representantes de la autoridad recurrida -que se tiene dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y del elenco probatorio, se tiene por acreditado que el 21 de setiembre del 2023, la recurrente [Nombre 001], en conjunto con otros vecinos, presentaron denuncia -documento físico- ante la Municipalidad recurrida, por contaminación a la Quebrada Azul, en la cual, indicaban el aparente desfogue de aguas contaminadas hacia dicha quebrada por parte de los propietarios del local comercial denominado "Pinchos de Plata". Asimismo, se tiene que, el 29 de setiembre de 2023 mediante oficio MP-AL-052-2023, se le comunicó a los denunciantes en lo que interesa: “(…) Por lo tanto, siendo que la Municipalidad de Palmares no es competente por ley para determinar la posible contaminación por aguas negras y servidas que denuncia su persona, conforme lo dicta el artículo 10 inciso 1) de la Ley de Regulación del Derecho a Petición, se le informa que, en este mismo acto, se está remitiendo su caso al Área Rectora de Salud de Palmares, para que dicho ente atienda su denuncia y resuelva conforme a derecho lo que corresponda.” (sic); documento que, fue notificado ese mismo día a los gestionantes y al Área Rectora de Salud competente, para lo de su cargo.

A partir de lo anterior, se comprueba que la denuncia que se reclama fue debidamente tramitada, determinándose por parte del ente municipal, que la instancia competente para conocer de los hechos denunciados era el Área Rectora de Salud, de ahí que, se les explicó dicha situación a los interesados y se procedió con la remisión de la denuncia a dicha instancia para lo de su cargo; actuaciones todas realizadas con anterioridad a la interposición del presente recurso. Bajo tal supuesto, esta Sala no observa una omisión en la atención de la denuncia objeto de este recurso, por lo que, si los amparados se encuentran inconformes con las actuaciones realizadas y resultados obtenidos -lo cual constituye un ámbito ajeno de competencia de esta jurisdicción- ello es algo que deberá, si a bien lo tiene, discutirlo ante la municipalidad accionada o bien, en la vía de legalidad competente. Por lo expuesto, este extremo del recurso se declara sin lugar.

V.- SOBRE LAS ACTUACIONES DEL ÁREA RECTORA DE SALUD. - Refieren los recurrentes que el 19 de setiembre de 2023, ante las oficinas locales del Ministerio de Salud, en su sede de Palmares, también plantearon una denuncia por los hechos descritos. Acusan inercia de la autoridad recurrida ante la situación denunciada.

Al respecto de los informes rendidos por los representantes de la autoridad recurrida -que se tiene dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y del elenco probatorio, se tiene por acreditado que el 19 de setiembre de 2023 los amparados presentaron denuncia en el Área Rectora de Salud recurrida, indicando que el establecimiento “Pinchos de la Plata” ubicado en Calle Brujos, La Granja, Palmares, descarga aguas contaminantes a la Quebrada Azul, misma que, se tramitó bajo el consecutivo D-P-127-2023. De igual forma, el 29 de setiembre de 2023 se recibió el oficio MP-AL-052-2023 remitido por la Municipalidad de Palmares, en el cual, trasladó al Área Rectora la denuncia presentada por los amparados, el 21 de setiembre de 2023 por no ser de su competencia, para determinar la posible contaminación de aguas negras y servidas. Atendiendo lo anterior, el 07 de febrero de 2024 el Área el Área Rectora de Salud realizó inspección del sitio y emitió el informe MS-DRRCO-DARS-P-RS- 65-2024, indicando que luego de realizar las coordinaciones necesarias se realizó en el establecimiento prueba con fluoresceína en la pila de aluminio dentro de la cocina, cuyo resultado fue positivo con descarga al Rio Azul. Se recomendó notificar orden sanitaria para que realizara las mejoras necesarias para que se eliminara la descarga de aguas residuales. Igualmente, ese mismo día, se elaboró la orden sanitaria N° MS-DRRSCO-OS-DARSP-12-2024, en donde se dispuso: Se le ordena en el plazo de 05 días hábiles mediante la notificación de la presente orden sanitaria: Recolectar, canalizar y disponer las aguas servidas de (pilas de trastos del negocio pinchos de la plata) sanitariamente, evitando que estas se dispongan de manera directa a la quebrada azul, y generando contaminación al Medio Ambiente, proliferación de vectores y malos olores. Por otra parte, se tiene que, el 08 de febrero de 2024 el Área Rectora de Salud en el informe técnico MS-DRRSCO-DARS-P-RS-72-2024 de seguimiento de denuncia, verificó que la descarga de aguas residuales al Río Azul desde el establecimiento Ventana Pinchos de la Plata ya fue corregido por lo que no fue necesario notificar el acto administrativo orden sanitaria MS-DRRSCO-OSDARSP-12-2024 y se recomienda dar por atendida la denuncia ya que no representa riesgo para la salud pública al realizarse las correcciones en dicho establecimiento. Finalmente, se acredita que, el 09 de febrero de 2024 el Área Rectora de Salud, mediante el oficio MS-DRRSCO-DARS-P-0097-2024, contestó a los amparados sobre la atención de la denuncia, en los siguientes términos: “(…) 4. CONCLUSIÓN: Dado que la situación denunciada en el establecimiento “Pinchos de la Plata” se corrigió, se da por finiquitada la atención de la denuncia. No se omite manifestar que en caso de identifique alguna situación que atente contra la salud pública, tiene el derecho de presentarlo ante esta unidad organizativa y se le atenderá como nueva denuncia.” (sic); documento que, les fue notificado ese mismo día al medio señalado.

Así las cosas, este extremo debe ser acogido, por cuanto se corrobora que fue con ocasión a la notificación del presente recurso -06 de febrero de 2024- que el Área Rectora de Salud procedió a realizar una inspección en el sitio e incluso adoptaron las acciones necesarias para resolver la problemática expuesta, como lo fue la emisión de la orden sanitaria MS-DRRSCO-OSDARSP-12-2024. Sin embargo, al haberse verificado en visita de seguimiento de fecha 08 de febrero de 2024, que la descarga de aguas residuales ya fue corregida, se dispuso dar por finalizada la atención de la denuncia y se notificó a los accionantes lo resuelto para su conocimiento. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar este extremo del recurso, sin especial condenatoria en cuanto a costas, daños y perjuicios.  

V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL.  Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VI.- Voto salvado parcial de los Magistrados Salazar Alvarado y Garita Navarro, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida.

Si bien coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, nos separamos del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que: 

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional. 

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales. 

En nuestro criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.

Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente: 

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.

Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externamos nuestro voto y reiteramos que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios. 

VII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.

VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, únicamente en contra del Área Rectora de Salud de Palmares. Los Magistrados Salazar Alvarado y Garita Navarro salvan parcialmente el voto y disponen la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. En cuanto a la Municipalidad de Palmares, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.

 




 




 




 

Fernando Cruz C.

Presidente

 




 

	

 




 

	

 




 

	

 




 

Paul Rueda L.

 

	

 

Luis Fdo. Salazar A.




 

	

 




 

	

 




 

	

 




 

Anamari Garro V.

 

	

 

Ingrid Hess H.

 




 

	

 




 

	

 




 

	

 




 

Alejandro Delgado F.

 

	

 

José Roberto Garita N.

 

EXPEDIENTE N° 23-029441-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6



Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL

votado con boleta

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 14:44:55.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Sala Constitucional

Resolution No. 05140 - 2024

Date of Resolution: February 27, 2024 at 09:30

Case File: 23-029441-0007-CO

Drafted by: Ingrid Hess Herrera

Type of Matter: Recurso de amparo

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL



Judgment with Dissenting Vote

Judgment with protected data, in accordance with current regulations


Text of the resolution

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Exp: 23-029441-0007-CO

Res. No. 2024005140

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine thirty hours on the twenty-seventh of February two thousand twenty-four.

Recurso de amparo processed in case file No. 23-029441-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], [Name 002], identity card [Value 002], [Name 003], identity card [Value 003] AND [Name 004], identity card [Value 004], against the MUNICIPALITY OF PALMARES AND THE MINISTRY OF HEALTH.

Resultando:

1.- Through a writing received by the Sala on November 24, 2023, the petitioners filed a recurso de amparo against the Municipality of Palmares and the Ministry of Health. They state that on September 21, 2023, they reported that the respondent municipality allowed the deposit of raw and untreated water by the establishment "Pinchos de la Plata" into a stream (quebrada) that runs through a large part of the perimeter of Palmares, from La Granja to the sector of Bajo La Cabra, Buenos Aires. They recount that the municipality allows "Pinchos de la Plata" to continue polluting Quebrada Azul with untreated water that is discharged into the watercourse (cauce), generating visual pollution, foul odors, and breeding grounds for disease vectors such as dengue-transmitting mosquitoes, rats, and cockroaches that are attracted by the food scraps carried in the waters. They note that there is no agreement in place to collect, channel, and dispose of the waters. They complain that on September 29, 2023, the Municipality of Palmares resolved, in official communication MP-AL-052-2023, that it is not competent to determine potential contamination from residual waters (aguas residuales), this despite the fact that it was the municipality that issued the business license (patente) for the operation of the premises, so they referred the case to the Área Rectora de Salud. They add that, on September 19, 2023, before the local offices of the Ministry of Health, in its Palmares branch, they also filed a complaint regarding the described events. They allege that, on the same day the complaint was filed, the Ministry of Health indicated that an inspector visit had been scheduled for October 19, but they complain that there has still been no response regarding the results of such inspection, nor any resolution regarding the case. They accuse both respondent authorities of inertia in the face of the reported situation, which violates the right to a healthy and ecologically balanced environment (ambiente sano y ecológicamente equilibrado).

2.- By resolution at eight hours twenty minutes on December sixth, two thousand twenty-three, Magistrate Castillo Víquez was removed from knowledge of this matter, by reason of a recusal incorporated into the electronic file on November 27, 2023; and in his place, Alternate Magistrate Garita Navarro was appointed.

3.- By resolution at thirteen hours forty-four minutes on January twenty-fourth, two thousand twenty-four, this amparo was admitted for processing.

4.- Through a brief incorporated into the electronic file on February 9, 2024, Melania Rodríguez Quirós, Director of the Área Rectora de Salud Palmares, from the Dirección Regional de Rectoría de la Salud, Central Occidente, Ministry of Health, reports that: 1. Indeed, on September 19, 2023, the amparo petitioners filed a complaint with the Dirección del Área Rectora de Salud reporting that the establishment "Pinchos de la Plata" located on Calle Brujos, La Granja, Palmares, whose owners have carried out a construction whose drain discharges polluting waters into Quebrada Azul. Said complaint was assigned the consecutive number D-P-127-2023. 2. That through official communication MP-AL-052-2023 dated September 29, 2023, the Municipality referred the complaint filed by the petitioners on September 21, 2023, to the Dirección del Área Rectora de Salud Palmares as it was not within its competence to determine the potential contamination from black water (aguas negras) and wastewater (aguas servidas). 3. The customer service department assigned the complaint D-P-127-2023 to the health regulation process official Ana Lorena Lobo Montero. 4. Given the business's hours of operation, a call was made to the legal representative to coordinate an inspection visit (see folio 00096). 5. An inspection visit was conducted on February 7, 2024, as recorded in the inspection record (acta de inspección) (see folio 00099). 6. According to technical report MS-DRRSCO-DARS-P-RS-65-2024, after making the necessary arrangements, a fluorescein test was conducted at the establishment on the aluminum sink inside the kitchen, the result of which was positive with a discharge to Rio Azul. It was recommended to issue a sanitary order (orden sanitaria) so that the necessary improvements could be made to eliminate the discharge of residual waters. (see folios 00100 to 00102). 7. Sanitary order No. MS-DRRSCO-OS-DARSP-12-2024 was prepared, in which it is ordered: You are ordered, within a period of 05 business days upon notification of this sanitary order: To collect, channel, and dispose of the wastewater from (the dish sinks of the Pinchos de la Plata business) in a sanitary manner, preventing them from being disposed of directly into Quebrada Azul, and generating environmental contamination, vector proliferation, and foul odors. (see folios 00103 to 00105). 8. According to technical report MS-DRRSCO-DARS-P-RS-72-2024, it was verified that the discharge of residual waters to Río Azul from the establishment Ventana Pinchos de la Plata had already been corrected, so it was not necessary to notify the administrative act of sanitary order MS-DRRSCO-OSDARSP-12-2024, and it is recommended that the complaint be considered resolved as it no longer represents a risk to public health, with the corrections having been made at said establishment. (see folios 00107 to 00108). 9. Through official communication MS-DRRSCO-DARS-P-0097-2024, the petitioners were notified on February 9, 2024, of the resolution of the complaint in the following terms: "Given that the situation reported at the 'Pinchos de la Plata' establishment has been corrected, the complaint is hereby considered resolved. It is not omitted to state that if you identify any situation that threatens public health, you have the right to present it before this organizational unit and it will be addressed as a new complaint." It is important to indicate to this Honorable Sala Constitucional that the Ministry of Health, prior to being aware of this recurso de amparo, had carried out actions to address the matters reported by the petitioners regarding problems in the management of residual waters; performing various actions, including inspection visits, preparation of an administrative act, and follow-up on the case, as evidenced by the background records in the administrative file "Pinchos de la Plata". It is considered relevant to indicate that the Ministry of Health has already informed the petitioners, via the email address indicated for receiving notifications, of the actions taken, concluding that the reported matter was corrected, thereby resolving the complaint processed under the "Pinchos de la Plata" file.

5.- By brief incorporated into the electronic file on February 12, 2024, Marta Jeannina Rojas Rojas, Environmental Officer of the Municipality of Palmares, reports that: 1. First of all, it is very important to clarify that, in the Canton of Palmares, there is no sewer system (alcantarillado) or treatment system for black water and residual waters. 2. In accordance with Judgment No. 01431 of Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, of February 21, 2003, the construction of the sanitary sewer system for the Canton of Palmares is the responsibility of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 3. The Environmental Management Office (Oficina de Gestión Ambiental) was unaware of the complaint filed regarding the pollution by wastewater (aguas servidas) into Quebrada Azul by Pinchos de la Plata. 4. According to this Recurso de Amparo, the first complaint was answered by the Municipal Legal Advisor through official communication MP-AL-052-2023. 5. The General Law of Public Health (Ley General de Salud Pública), in article 287, establishes: "Every natural or legal person owning homes or establishments or buildings where people carry out their activities shall be responsible for ensuring such properties have a system for the disposal of excreta, black water, and wastewater approved by the Ministry, and the users of such homes, establishments, or buildings shall be obligated to maintain said system in good working condition." Therefore, it is the obligation of every owner of a home, establishment, building, or activity they develop to properly dispose of the waters generated on the property through a treatment system approved by the Ministry of Health; it is pertinent to indicate that in places where no sanitary sewer system exists, it is the property owner's responsibility to provide the conditions required by law, as cited above. 6. Article 3-13 of the Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones establishes that: "When no sanitary sewer system exists with the capacity to provide service to the building, the treatment and disposal of residual waters through individual systems will be permitted, provided they comply with the standards established by the corresponding health authorities (Ministry of Health and AyA)." Even though the law determines that the institutions responsible for ensuring the proper disposal of residual waters are the Ministry of Health and Acueductos y Alcantarillados, on February 8, in coordination with the Ministry of Health official, Ms. Ana Lorena Lobo, an inspection was carried out at the commercial premises located on Calle Brujos in La Granja. The official performed dye testing with Sodium Fluorescein (a colorant that allows tracing the path of the waters) in the sink of the commercial premises Pinchos de la Plata, in order to prove or disprove the deposit of residual waters into Quebrada Azul; we went to the stream and observed that the water did indeed come out dyed, despite arrangements that had been made. The Ministry of Health issued an immediate sanitary order yesterday for the owner of the premises to make the necessary improvements to correct the problem, as it is not the competence of the Municipality of Palmares to correct the improper disposal of black water or wastewater by a homeowner or business. According to information from the Ministry of Health, as of today, the owner of the Pinchos de la Plata business has already made all the requested improvements.

6.- Through a brief incorporated into the electronic file on February 14, 2024, Katerine Ramírez González, Mayor of the Municipality of Palmares, reports that: FIRST: It is partially true. On September 21, 2023, Ms. [Name 001], together with other neighbors, filed a complaint for pollution of Quebrada Azul, in which they indicated the apparent discharge of contaminated water into said stream by the owners of the commercial premises called "Pinchos de Plata," but at no time did they report that the Municipality of Palmares had permitted the deposit of raw, untreated water into it. SECOND: It is not true. The undersigned, as Municipal Mayor, as well as the Municipal Engineer, in charge of municipal permits, has not given permission for the discharge of wastewater (aguas servidas) by the owners of Pinchos de Plata into Quebrada Azul. THIRD: I do not know. It is not within my knowledge whether the owners of Pinchos de Plata have a residual water treatment plant, as it is the competence of the Ministry of Health, through the sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento), to verify their treatment and grant the sanitary authorization for the place's operation. FOURTH: It is true that in the complaint, the amparo petitioner asked the Municipality of Palmares to conduct an inspection of the site; however, given that the Municipality of Palmares does not have the legal competence to determine such pollution, nor the means and trained personnel to do so, through official communication MP-AL-052-2023, notified via email dated September 29, 2023, a formal response was given to the filed complaint, as well as its referral to the Ministry of Health, indicating to the petitioner that: (…) As can be observed, the Municipality of Palmares acted in accordance with the current legal regulations and the granted legal competences, and under the duty of inter-institutional coordination, it proceeded to refer the complaint to the Área Rectora of the Ministry of Health, a Ministry that addressed the complaint filed by the petitioner, as stated in the report rendered before the Sala Constitucional.

7.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Hess Herrera; and,

Considerando:

I.- PRELIMINARY MATTER. Before analyzing the merits of the matter -for the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure- it must be clarified that, based on judgment No. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Sala has referred to the administrative litigation jurisdiction (jurisdicción contencioso administrativa) -with some exceptions- those matters in which it is debated whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure -initiated ex officio or at the instance of a party- or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, in this case, an exception is raised because it involves complaints filed before the Municipality of Palmares and the Ministry of Health regarding an environmental situation. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

II.- PURPOSE OF THE RECURSO. - The petitioners state that on September 21, 2023, they reported the deposit of raw and untreated water by the establishment "Pinchos de la Plata" into a stream (quebrada) that runs through a large part of the perimeter of Palmares, from La Granja to the sector of Bajo La Cabra, Buenos Aires. They complain that on September 29, 2023, the respondent Municipality resolved that it is not competent to determine the potential contamination from residual waters, this despite the fact that it was the municipality that issued the business license (patente) for the operation of the premises, so they referred the case to the Área Rectora de Salud. They add that, on September 19, 2023, before the local offices of the Ministry of Health, in its Palmares branch, they also filed a complaint regarding the described events. They accuse both respondent authorities of inertia in the face of the reported situation, which violates the right to a healthy and ecologically balanced environment.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided for in the initial order:

REGARDING THE ACTIONS OF THE MUNICIPALITY OF PALMARES

a) On September 21, 2023, the petitioner [Name 001], together with other neighbors, filed a complaint -physical document- before the respondent Municipality, for pollution of Quebrada Azul, in which they indicated the apparent discharge of contaminated water into said stream by the owners of the commercial premises called "Pinchos de Plata". (see the report rendered and evidence provided).

b) On September 29, 2023, through official communication MP-AL-052-2023, the complainants were informed in the relevant part: "(…) Therefore, as the Municipality of Palmares is not competent by law to determine the potential contamination by black water and wastewater you are reporting, as dictated by article 10, subsection 1) of the Ley de Regulación del Derecho a Petición, you are informed that, in this same act, your case is being referred to the Área Rectora de Salud de Palmares, so that said entity may address your complaint and resolve according to law as appropriate." (sic); a document that was notified on that same day to the petitioners and to the competent Área Rectora de Salud, for their respective charge. (see the report rendered and evidence provided).

REGARDING THE ACTIONS OF THE ÁREA RECTORA DE SALUD DE PALMARES

c) On September 19, 2023, the amparo petitioners filed a complaint with the respondent Área Rectora de Salud, indicating that the establishment "Pinchos de la Plata" located on Calle Brujos, La Granja, Palmares, discharges polluting waters into Quebrada Azul, which was processed under consecutive number D-P-127-2023. (see the report rendered and evidence provided).

d) On September 29, 2023, official communication MP-AL-052-2023 sent by the Municipality of Palmares was received, in which it refers to the Área Rectora the complaint filed by the petitioners on September 21, 2023, as it was not within its competence to determine the potential contamination by black water and wastewater. (see the report rendered and evidence provided).

e) On February 6, 2024, the Sala notified the resolution admitting this amparo for processing to the Área Rectora de Salud. (see notification record).

f) On February 7, 2024, the Área Rectora de Salud conducted a site inspection and issued report MS-DRRCO-DARS-P-RS- 65-2024, indicating that after making the necessary arrangements, a fluorescein test was conducted at the establishment on the aluminum sink inside the kitchen, the result of which was positive with a discharge to Rio Azul. It was recommended to issue a sanitary order so that the necessary improvements could be made to eliminate the discharge of residual waters. (see the report rendered and evidence provided).

g) On February 7, 2024, the Área Rectora de Salud issued sanitary order No. MS-DRRSCO-OS-DARSP-12-2024, in which it ordered: You are ordered, within a period of 05 business days upon notification of this sanitary order: To collect, channel, and dispose of the wastewater from (the dish sinks of the Pinchos de la Plata business) in a sanitary manner, preventing them from being disposed of directly into Quebrada Azul, and generating environmental contamination, vector proliferation, and foul odors. (see the report rendered and evidence provided).

h) On February 8, 2024, the Área Rectora de Salud, in technical report MS-DRRSCO-DARS-P-RS-72-2024 on the follow-up of the complaint, verified that the discharge of residual waters to Río Azul from the establishment Ventana Pinchos de la Plata had already been corrected, so it was not necessary to notify the administrative act of sanitary order MS-DRRSCO-OSDARSP-12-2024, and it is recommended that the complaint be considered resolved as it no longer represents a risk to public health, with the corrections having been made at said establishment. (see the report rendered and evidence provided).

i) On February 9, 2024, the Área Rectora de Salud, through official communication MS-DRRSCO-DARS-P-0097-2024, responded to the amparo petitioners regarding the resolution of the complaint, in the following terms: "(…) 4. CONCLUSION: Given that the situation reported at the 'Pinchos de la Plata' establishment has been corrected, the complaint is hereby considered resolved. It is not omitted to state that if you identify any situation that threatens public health, you have the right to present it before this organizational unit and it will be addressed as a new complaint." (sic); a document that was notified to them on that same day to the indicated means. (see the report rendered and evidence provided).

IV.- REGARDING THE ACTIONS OF THE MUNICIPALITY OF PALMARES. The petitioners state that on September 21, 2023, they reported the deposit of raw and untreated water by the establishment "Pinchos de la Plata" into a stream that runs through a large part of the perimeter of Palmares, from La Granja to the sector of Bajo La Cabra, Buenos Aires. They complain that on September 29, 2023, the respondent Municipality resolved that it is not competent to determine the potential contamination from residual waters, this despite the fact that it was the municipality that issued the business license for the operation of the premises, so they referred the case to the Área Rectora de Salud.

From the reports rendered by the representatives of the respondent authority -which are given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in article 44 of the Law governing this Jurisdiction- and the body of evidence, it is accredited that on September 21, 2023, the petitioner [Name 001], together with other neighbors, filed a complaint -physical document- before the respondent Municipality, for pollution of Quebrada Azul, in which they indicated the apparent discharge of contaminated water into said stream by the owners of the commercial premises called "Pinchos de Plata". Likewise, it is established that on September 29, 2023, through official communication MP-AL-052-2023, the complainants were informed in the relevant part: "(…) Therefore, as the Municipality of Palmares is not competent by law to determine the potential contamination by black water and wastewater you are reporting, as dictated by article 10, subsection 1) of the Ley de Regulación del Derecho a Petición, you are informed that, in this same act, your case is being referred to the Área Rectora de Salud de Palmares, so that said entity may address your complaint and resolve according to law as appropriate." (sic); a document that was notified on that same day to the petitioners and to the competent Área Rectora de Salud, for their respective charge.

Based on the foregoing, it is verified that the complaint in question was duly processed, with the municipal entity determining that the competent instance to hear the reported facts was the Área Rectora de Salud; hence, the situation was explained to the interested parties and the complaint was forwarded to said instance for their respective charge; all actions were carried out prior to the filing of this recurso. Under such a scenario, this Sala does not observe an omission in the attention to the complaint that is the subject of this recurso; therefore, if the amparo petitioners are dissatisfied with the actions taken and the results obtained -which constitutes a scope outside the competence of this jurisdiction- that is something they must, if they see fit, discuss before the respondent municipality or, alternatively, in the competent legality jurisdiction. For the foregoing reasons, this aspect of the recurso is declared without merit.

V.- REGARDING THE ACTIONS OF THE ÁREA RECTORA DE SALUD. - The petitioners state that on September 19, 2023, before the local offices of the Ministry of Health, in its Palmares branch, they also filed a complaint regarding the described events. They accuse the respondent authority of inertia in the face of the reported situation.

In this regard, from the reports rendered by the representatives of the respondent authority -which are given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in article 44 of the Law governing this Jurisdiction- and the body of evidence, it is accredited that on September 19, 2023, the amparo petitioners filed a complaint with the respondent Área Rectora de Salud, indicating that the establishment "Pinchos de la Plata" located on Calle Brujos, La Granja, Palmares, discharges polluting waters into Quebrada Azul, which was processed under consecutive number D-P-127-2023. Likewise, on September 29, 2023, official communication MP-AL-052-2023 sent by the Municipality of Palmares was received, in which it referred to the Área Rectora the complaint filed by the petitioners on September 21, 2023, as it was not within its competence to determine the potential contamination by black water and wastewater. Addressing the above, on February 7, 2024, the Área Rectora de Salud conducted a site inspection and issued report MS-DRRCO-DARS-P-RS- 65-2024, indicating that after making the necessary arrangements, a fluorescein test was conducted at the establishment on the aluminum sink inside the kitchen, the result of which was positive with a discharge to Rio Azul. It was recommended to issue a sanitary order so that the necessary improvements could be made to eliminate the discharge of residual waters. Equally, on that same day, sanitary order No. MS-DRRSCO-OS-DARSP-12-2024 was issued, in which it ordered: You are ordered, within a period of 05 business days upon notification of this sanitary order: To collect, channel, and dispose of the wastewater from (the dish sinks of the Pinchos de la Plata business) in a sanitary manner, preventing them from being disposed of directly into Quebrada Azul, and generating environmental contamination, vector proliferation, and foul odors. Furthermore, it is established that on February 8, 2024, the Área Rectora de Salud, in technical report MS-DRRSCO-DARS-P-RS-72-2024 on the follow-up of the complaint, verified that the discharge of residual waters to Río Azul from the establishment Ventana Pinchos de la Plata had already been corrected, so it was not necessary to notify the administrative act of sanitary order MS-DRRSCO-OSDARSP-12-2024, and it is recommended that the complaint be considered resolved as it no longer represents a risk to public health, with the corrections having been made at said establishment. Finally, it is accredited that on February 9, 2024, the Área Rectora de Salud, through official communication MS-DRRSCO-DARS-P-0097-2024, responded to the amparo petitioners regarding the resolution of the complaint, in the following terms: "(…) 4. CONCLUSION: Given that the situation reported at the 'Pinchos de la Plata' establishment has been corrected, the complaint is hereby considered resolved. It is not omitted to state that if you identify any situation that threatens public health, you have the right to present it before this organizational unit and it will be addressed as a new complaint." (sic); a document that was notified to them on that same day to the indicated means.

Thus, this aspect must be upheld, as it is corroborated that it was upon notification of this recurso -February 6, 2024- that the Área Rectora de Salud proceeded to conduct an on-site inspection and even adopted the necessary actions to resolve the described problem, such as the issuance of sanitary order MS-DRRSCO-OSDARSP-12-2024. However, having verified on a follow-up visit dated February 8, 2024, that the discharge of residual waters had already been corrected, it was ordered to conclude the attention to the complaint, and the petitioners were notified of the resolution for their knowledge. Consequently, the appropriate course is to declare this aspect of the recurso with merit, without special condemnation for costs (costas), damages and losses (daños y perjuicios).

V.- REGARDING THE CONDEMNATION FOR COSTS, DAMAGES AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Regarding the condemnation for costs, damages and losses in accordance with article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Upon better consideration, the majority of the Sala considers that, in the sub examine, in accordance with what is provided in paragraph 1 of article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional ("If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the recurso shall be declared with merit solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable"), the ruling must be without special condemnation for costs, damages and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law obligating that the operative part of the judgment indicate that the recurso is declared with merit when, during the course of the amparo, the grievance is resolved, it is no less true that the same paragraph in fine states that the ruling is issued "solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable." It is underlined that the Law states "if they are applicable," which means that the applicability or non-applicability of the indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Tribunal. In cases such as this one, the content of the amparo petitioner's claim and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evident pecuniary nature (as would occur, for example, with an impact on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight what is provided in article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it provides that: "any resolution that grants the recurso shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the recurso, and shall reserve its liquidation for the execution of judgment," where the possibility of assessing whether or not what concerns indemnification and costs is applicable is not foreseen.

The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, as applicable, those of International or Community Law and, furthermore, in order, the General Law of Public Administration and the Administrative Contentious Procedural Code and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of the Constitutional Jurisdiction -cfr. article 14-. For the administrative-contentious jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Administrative Contentious Procedural Code, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if it sees fit, to a plenary proceeding in order to demonstrate that it has suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this appeal without an award of costs, damages, and losses.

VI.- Partially dissenting vote of Judges Salazar Alvarado and Garita Navarro, solely in relation to the non-award of costs, damages, and losses against the respondent party.

Although we concur with the rest of the Chamber in declaring the appeal granted, we depart from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.

The Law of the Constitutional Jurisdiction, in article 52, provides that:

“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared granted solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable.”

On the other hand, article 51 ibidem establishes that:

“...every resolution that grants the appeal shall order in the abstract the compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the sentence.”

This latter norm establishes the general system regulating the matter of compensation and the payment of costs, and which the majority calls the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”.

In the criterion of the majority, article 51, cited, regulates the cases in which the Chamber has deemed the grievance proven; and, as a consequence, the need arises for an award of costs, damages, and losses. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right; and, therefore, declares the appeal granted, as in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo -a situation contemplated in article 52, referred to-, by mandate of articles 50 and 51, of the cited law, the necessary and inescapable consequence is the award against the infringer of the compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of its fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a deterrent, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the granting of the appeal, a matter regulated in article 50, of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration of the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved person (article 52), always, in any of those cases, the imperative need arises for an award of costs, damages, and losses against the infringer, the basis of which lies in the principles of protection of the rights of individuals and in that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes with its unconstitutional conduct.

Thus, the fact that, at the time the amparo is heard and resolved as granted, the effects of the challenged act have already ceased, under the terms of articles 50 and 52, of the cited law, does not negate the appropriateness of the award of costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of mandatory award in those respects, contained in the Law of the Constitutional Jurisdiction.

On the other hand, it is clear that article 52, mentioned, applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard, nor pronounced on the merits of the claim, has verified the violation that the protected party has suffered in its fundamental rights, by virtue of the restoration, in the enjoyment of those rights, that the Administration has agreed in its favor; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an “abnormal termination of the proceeding.”

The legislator established and delimited, precisely, the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is pending, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that admitted the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that provides, unequivocally, the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of award of costs, damages, and losses, notwithstanding the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be declared granted “solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable.” As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the cases strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered from the injury to their constitutional rights.

In our criterion, such an exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, such an award is always appropriate, even in the case where the respondent party issues a resolution, administrative or judicial, that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is established unequivocally and clearly that in the specific case no compensable injury was caused. Only and exclusively in such cases could the respondent Administration be exempted from the payment of those aspects. As in this case, there is no element whatsoever to disprove the presumption of the arising, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions -the specific determination of which does not correspond to this jurisdiction-, the granting of this appeal must necessarily entail the award of costs, damages, and losses, and we so declare.

As an additional reason, it is worth noting that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary object the analysis of the existence or not of damages and losses, but rather, the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of fundamental rights of individuals. From that perspective, the analysis carried out by this court concentrates on said verification, but does not enter into the weighing of whether those issues have or have not generated injuries in the eminently patrimonial sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52, of the LJC, in its grammatical scope, establishes that said award (in damages, losses, and costs) operates, if applicable, we the undersigned do not consider that said examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable), have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable. By way of reference, numerals 179 to 184, of the Administrative Contentious Procedural Code, Law No. 8508, define a special proceeding whose object is the definition of the economic effects derived from awards ordered in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following object:

“ARTICLE 179.- The Administrative-Contentious Court is responsible for the execution of the sentences issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against subjects of Public law, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary compensations.”

It is clear that that proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an award in the abstract in those respects, since that type of claim would not be appropriate within that type of case when the sentence issued within the amparo proceeding expressly established the inappropriateness of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this matter. That is, the special proceeding in the administrative-contentious venue requires, as a sine qua non requirement, an award or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in our judgment, pursuant to the mentioned ordinal 52, of the LJC, the dispensation from that patrimonial award requires the accreditation, in each case, of situations from which the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the facts analyzed, is reasonably estimated. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified application and duly grounded on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the course of the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial sentence is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that, prior to that cessation by the sued entity's own doing or by a third party, the accused indolence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such a substantive issue, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and regarding which, in accordance with what is regulated by mandate 52 alluded to, are proper to an award in the abstract that later constitutes a basis for analysis in the Administrative-Contentious Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, since, it is insisted, that is not their object or primary ratio. Thus, it does not correspond to the protected person to claim or demonstrate damages, as what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, whether those administrative conducts have produced injuries to them is an aspect that, as a matter of principle and except in exceptional cases, does not form part of the basis of analysis of these types of cases. Note that, in the situation regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not make an analysis on the merits of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, it does not proceed to assess whether there is or is not an infraction, with which, much less can it be defined whether, based on what was reported by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation. Thus, the dispensation from an award referred to in that norm is of an exceptional nature, not a rule. Therefore, in those situations, the norm imposes the award in the abstract, so that its appropriateness may be analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that release from damages, losses, and costs were applied as a rule, it would put at risk the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries in their patrimonial sphere, to the detriment of what is established by precept 45, of the Political Constitution, and disregarding the potential responsibility of the Administration, as imposed by article 9 ejusdem. Furthermore, it must not be overlooked that it was by virtue of an action of that nature that conduct was adopted causing the cessation of the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person. That is, for the purpose of obtaining the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is reiterated, whether the persistence of the threat or deterioration of their situation while it was made to cease by the causes alluded to in the norm under examination, generated damages and losses, is a matter that, except for proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, should in no way be denied, as a presupposition, solely because of the materialization of the factual situation regulated in the mentioned ordinal 52, of the LJC. Therefore, with the always respect for the majority position, we set forth our vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily entail the award in the abstract of costs, damages, and losses.

VII.- DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS SENTENCE. Article 52 of the Law of the Constitutional Jurisdiction (LJC) states: “If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared granted solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable.”

My interpretation of that norm is as follows: That “resolution” is any valid and effective act whereby the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are applicable” refers to costs. Moreover, article 197 of the Administrative-Contentious Procedural Code, cited by the majority, on the basis of article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.

Certainly, pursuant to article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not compensatory but restitutive; however, article 51 of the LJC states: “Every resolution that grants the appeal shall order in the abstract the compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the sentence.”

If the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and losses could have arisen. For this reason, an award in the abstract for these is appropriate. If it were not done this way, if such an award were not given, in the event they had indeed occurred, there would be no title –derived from this proceeding– to claim them, which could violate article 41 of the CP. If, despite there being an award in the abstract, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary venue shall so declare, since only they have the authority to deem proven the real existence and magnitude of the same.

With the thesis defended by the majority, I estimate that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only upon the existence of an amparo appeal. It remains to be said that article 52 of the LJC provides the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.

By reason of the foregoing, I partially dissent from the vote regarding the operative part and order the award of damages and losses, but not costs.

VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The appellant is warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this sentence. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on the Electronic File before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:

In accordance with the provisions of article 52 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, the appeal is declared granted, without special award of costs, damages, and losses, solely against the Área Rectora de Salud de Palmares. Judges Salazar Alvarado and Garita Navarro partially dissent from the vote and order the award of damages, losses, and costs. Judge Garro Vargas partially dissents from the vote and orders the award of damages and losses, but not costs. Regarding the Municipalidad de Palmares, the appeal is declared without merit. Notify.

Fernando Cruz C.

Presidente

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Alejandro Delgado F.

José Roberto Garita N.

FILE No. 23-029441-0007-CO

Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Observations from SALA CONSTITUCIONAL

voted with ballot

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 14:44:55.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República